Opinion 13 MINJUS

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
OPINIÓN JURÍDICA N° 013-2023-JUS/DGDNCR
A : CARMEN MARÍA MARROU GARCÍA

Gerente General
Autoridad Nacional del Servicio Civil
DE : GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
ASUNTO : Solicitud de opinión jurídica sobre Informe de Resultados.
REFERENCIA: Oficio Nº 029-2023-SERVIR-GG
FECHA : Miraflores, 12 de abril de 2023
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin

de informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTE
1. Mediante Oficio N° 152-2022-SERVIR-GG del 2 de diciembre de 2022, la Autoridad

Nacional del Servicio Civil (en adelante, SERVIR), a través de su Gerencia General,
formula consulta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante,
MINJUSDH), concretamente a la Dirección General de Desarrollo Normativo y
Calidad Regulatoria (en adelante, la DGDNCR), consistente en las interrogantes
siguientes:
a) En los Organismos Técnicos Especializados dentro de sus atribuciones se

encuentra efectuar actividades de supervisión, las cuales no son calificadas
como procedimientos administrativos; por ello, es importante consultar, si por
la infracción a los plazos establecidos en dichos procedimientos, se interponen
quejas por defecto de tramitación (artículo 169 del TUO de la Ley Nº 27444) o
reclamos (Decreto Supremo N° 007-2020-PCM).
b) Asimismo, se consulta si contra la infracción en los plazos del procedimiento

de atención de consultas, que no es calificado como procedimiento
administrativo, se interponen quejas por defecto de tramitación (artículo 169 del
TUO de la Ley Nº 27444) o reclamos (Decreto Supremo N° 007-2020-PCM)
2. En respuesta, a través de la Opinión Jurídica N° 002-2023-JUS/DGDNCR de fecha

20 de Enero de 2023, esta Dirección General brindó respuesta a las interrogantes
planteadas en los términos siguientes:
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el
caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según
corresponda.”
1
a. Respecto de la primera consulta, se señaló que “corresponde que la

Directiva para la Atención de Denuncias y Actuación de Oficio determine los
plazos para el ejercicio de dicha función y sus formas de conclusión, así
como los mecanismos de control o impugnación frente a la demora en la
atención de las denuncias y en el desarrollo del procedimiento especial. De
no existir regulación específica sobre dichos extremos, corresponderá la
aplicación de los plazos previstos en el TUO LPAG así como el mecanismo
de la queja previsto en dicha legislación.”
b. Respecto de la segunda consulta, se indicó que “corresponderá que la
Directiva para la Atención de Consultas determine los plazos para la
absolución de consultas, así como los mecanismos de control o
impugnación frente a la demora en la atención de las denuncias y el
desarrollo del procedimiento especial correspondiente. De no existir
regulación específica sobre dichos extremos, corresponderá la aplicación
del D.S. 007-2020-PCM, y por ende, la vía del reclamo ante el
incumplimiento de los plazos establecidos en dicha Directiva.”
3. Mediante Oficio Nº 029-2023-SERVIR-GG de fecha 27 de febrero de 2023, la

Gerencia General de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (en adelante, SERVIR)
solicita a la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria (en
adelante, la DGDNCR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante,
el MINJUSDH) absolver una nueva consulta sobre la naturaleza jurídica del Informe
de Resultados con el que concluye su función supervisora (atendiendo a lo que fuera
expuesto por esta Dirección General en la Opinión Jurídica N° 002-2023-
JUS/DGDNCR, fundamentos 26 a 30), en los siguientes términos:
a) Determinar si el Informe de Resultados, que se emite en el marco de un

procedimiento de supervisión, tiene la naturaleza de acto administrativo,
conforme a lo establecido en el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, por lo tanto, proceden contra él la
interposición de los recursos administrativos.
b) Determinar si los pedidos de nulidad presentados por las entidades
supervisadas o los terceros interesados, contra los Informes de Resultados
emitidos en el marco de un procedimiento de supervisión, pueden ser
encauzados como una petición gracial, regulada en el artículo 123 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444; y, en consecuencia, son atendidas por la
misma autoridad emisora del Informe de Resultados: precisando, además, si
procede la interposición de algún recurso administrativo contra la denegatoria a
una petición gracial.
corresponda.”
2
II. OBJETO
4. El presente informe tiene por objeto emitir opinión jurídica respecto a la solicitud
presentada por SERVIR, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del
Lineamiento para la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones
Jurídicas e Informes Legales1 (en adelante, el Lineamiento). Cabe precisar que en
virtud a la complejidad de la materia objeto de consulta, corresponde observar lo
señalado en el numeral 7.2.6 de los Lineamientos respecto a la ampliación del plazo
para su atención.
III. BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de

diciembre de 1993 (en adelante, la Constitución).
b) Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo Texto Único
Ordenado es aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el
diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019 (en adelante, el TUO LPAG).
c) Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre del 2011 (en
adelante, la LOF del MINJUSDH).
d) Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, publicado
en el diario oficial El Peruano el 31 de agosto de 2008 (en adelante, el ROF de
SERVIR).
e) Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter General, publicado en el diario
oficial El Peruano el 15 de enero de 2009 (en adelante, el Reglamento sobre
publicación y difusión de Proyectos Normativos y Normas Legales).
f) Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2017 (en adelante, el ROF
del MINJUSDH).
g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 078-2020-SERVIR/PE, Formalizan Acuerdo

de Consejo Directivo que aprueba la Directiva “Normas para el procedimiento de
1 Aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, publicada en el diario oficial El

Peruano el 26 de junio de 2021.
corresponda.”
3
atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora

de la Autoridad Nacional del Servicio Civil”, publicada en el diario oficial El Peruano
el 26 de setiembre de 2020 (en adelante, la Directiva para la Atención de Denuncias
y Actuación de Oficio de SERVIR).
IV. ANÁLISIS
SOBRE LAS FUNCIONES DE LA DGDNCR DEL MINJUSDH
5. El literal a) del artículo 6 de la LOF del MINJUSDH establece que es función rectora
del MINJUSDH “[v]elar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del
respeto de la Constitución y la legalidad, brindando la orientación y asesoría jurídica
que garantice la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y contribuya al
fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
6. En ese sentido, el artículo 53 del ROF del MINJUSDH establece que la DGDNCR es
el órgano de línea encargado, entre otros, de brindar asesoría jurídica a las entidades
del Sector Público y coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades
públicas; conforme a lo cual en los literales b), c) y e) del artículo 54 del citado ROF,
se establece que es función de la DGDNCR, entre otras, el promover la aplicación
uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a
materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales; el brindar
asesoría jurídica a las entidades de la Administración Pública, en los asuntos que le
consulten y en el marco de su competencia; así como emitir opiniones jurídicas sobre
los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales o sobre la
naturaleza jurídica de la institución comprendida en una norma jurídica de
efectos generales, con relación a una situación o relación jurídica concreta o sin
referencia a caso concreto alguno, respectivamente.
7. Asimismo, conforme al numeral V y VI del Lineamiento, la DGDNCR es el órgano

responsable de emitir, entre otros, opiniones jurídicas en los asuntos que le consulten
en el marco de su competencia.
SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS
8. Respecto a los requisitos materiales para la atención de opiniones jurídicas, se debe

considerar que los numerales 7.2.1 y 7.2.2 del Lineamiento establecen lo siguiente:
7.2.1 Las solicitudes de opiniones jurídicas son presentadas por las entidades de la
Administración Pública, respecto a los alcances de una o más normas
jurídicas de efectos generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución
comprendida en una norma jurídica de efectos generales, con relación a una
situación o relación jurídica concreta o sin referencia a caso concreto alguno.
corresponda.”
4
7.2.2 No corresponde a la DGDNCR emitir opiniones jurídicas sobre consultas

formuladas por las entidades públicas que, por la naturaleza de sus funciones,
están encargadas de interpretar normas e instrumentos de gestión institucional,
conocer o resolver controversias (de orden jurisdiccional o administrativo),
diseñar estrategias de defensa jurídica, se refieran a consultas sobre un caso
específico o sobre interpretación de actuaciones administrativas concretas al
interior de la entidad solicitante, salvo que se trate de asuntos que no se
relacionen con el ejercicio de dichas funciones. Tampoco corresponde atender
aquellas que sean de competencia de otros entes rectores.
(Negritas agregadas)
9. Al respecto, se precisa que conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 4.1

de los Lineamientos, se entiende por entidad de la Administración Pública a “aquellas
comprendidas en los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”2;
requisito que esta DGDNCR considera se ha sido cumplido en el presente caso, en
tanto la solicitud de opinión jurídica ha sido presentada por SERVIR.
10. Por otro lado, conforme al artículo 4 del Reglamento sobre publicación y difusión de
Proyectos Normativos y Normas Legales, se entiende “por norma legal de carácter
general a aquella que crea, modifica, regula, declare o extingue derechos u
obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato genérico,
objetivo y obligatorio, vinculando a la Administración Pública y a los administrados,
sea para el cumplimiento de una disposición o para la generación de una
consecuencia jurídica”; razón por la cual esta DGDNCR considera que dicho requisito
ha sido cumplido, en tanto la opinión jurídica solicitada gira en torno a la interpretación
y aplicación de diversas disposiciones del TUO de la LPAG.
11. Con relación a los requisitos formales para la atención de opiniones jurídicas por
parte de esta DGDNCR, el numeral 7.2.3 del Lineamiento, establece lo siguiente:
2 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo I, párrafo 2: “Para los fines de la presente Ley, se entenderá
por ‘entidad’ o ‘entidades’ de la Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas actividades
se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa
de la materia”.
corresponda.”
5
7.2.3 Las entidades de la Administración Pública que soliciten opiniones jurídicas

deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Oficio suscrito por el superior jerárquico de la Oficina de Asesoría
Jurídica o quien haga sus veces en la entidad solicitante, dirigido a
la DGDNCR, en el que se deberá formular de forma concisa, clara y
concreta el asunto sobre el cual se solicita opinión jurídica.
b) Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, o quien haga sus veces
en la entidad solicitante, conteniendo la opinión jurídica respecto al
asunto consultado.
c) De ser el caso, presentar documentación que permita una mejor
comprensión del asunto respecto del cual se solicita opinión jurídica.
12. Con relación al requisito a) supra, se advierte que el Oficio N° 029-2023-SERVIR-GG

ha sido dirigido a la DGDNCR y suscrito por la Gerencia General de SERVIR;
verificándose que, conforme al artículo 6 del ROF de SERVIR3, la Gerencia General
de dicha entidad es el superior jerárquico de la Oficina de Asesoría Jurídica; razón
por la cual se considera que dicho requisito ha sido cumplido.
13. Respecto al requisito establecido en el literal b) supra, se verifica que SERVIR ha

remitido el Informe Legal N° 045-2023-SERVIR-GG-OAJ de su Oficina de Asesoría
Jurídica, en cuyo Punto 3.1 obra su opinión jurídica respecto al asunto consultado;
razón por la cual se considera que dicho requisito ha sido cumplido.
14. Con relación al requisito establecido en el literal c) supra, se precisa que el

cumplimiento de dicho requisito no resulta de cumplimiento obligatorio, por cuanto
corresponde a la entidad consultante determinar la necesidad de enviar
documentación adicional.
15. Por lo expuesto, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos materiales y

formales establecidos en el numeral 7.2 del Lineamiento, corresponde a esta
DGDNCR emitir la opinión jurídica solicitada; precisando que, de acuerdo al numeral
6.9 del Lineamiento, “[l]as opiniones jurídicas e informes jurídicos tendrán carácter
orientativo sin efecto vinculante. En este sentido, la entidad que solicita dichas
opiniones e informes los puede tener en cuenta al momento de tomar una decisión,
ajustando su actuación conforme a sus normas de organización funcional” (Negritas
agregadas).
3 ROF de SERVIR, artículo 6: “SERVIR cuenta con la estructura orgánica siguiente:

(…)
01.2 Gerencia General
(…)
05.1 Oficina de Asesoría Jurídica
corresponda.”
6
SOBRE LA OPINIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES EN LA

ENTIDAD CONSULTANTE
16. Al respecto, se advierte que, en el Punto 3.1 del Informe Legal N° 045-2023-SERVIR-
GG-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica de SERVIR concluye que “el Informe de
Resultados producto del procedimiento de supervisión ejecutado por SERVIR no
constituye un acto administrativo, por lo que no procede la interposición de recursos
administrativos; en ese sentido, los pedidos de nulidad contra dichos informes, que
presenten las entidades supervisadas o los terceros, deben ser encauzados como
una petición gracial, y atendidas por la misma autoridad emisora del Informe de
Resultados”.
17. De acuerdo a ello, a continuación, se absolverá la consulta formulada, descrita en el

punto 3 del presente informe.
SOBRE LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DGDNCR
18. La DGDNCR dilucidó en abstracto, en el punto 27 de su Opinión Jurídica N° 002-

2023-JUS/DGDNCR que, “a la luz de lo previsto en el TUO LPAG, el ejercicio de la
función supervisora se encuentra incorporada como una actividad específica dentro
de aquella denominada “actividad administrativa de fiscalización”, conforme describe
el numeral 239.1. del artículo 239 de la norma acotada. En consecuencia, y en
concordancia con lo anotado en el punto 20 del presente informe, aunque su ejercicio
no da lugar a un procedimiento administrativo conducente a la emisión de un acto
administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre
intereses, obligaciones o derechos de los administrados (aspecto que fuera
desarrollado por esta Dirección General en la Consulta Jurídica N° 005-2017-
JUS/DGDOJ8, respecto a la función fiscalizadora prevista en el artículo 239 del TUO
de la LPAG), sí supone un procedimiento administrativo sui generis o especial
que puede dar lugar a actos administrativos de distinta naturaleza a los que
son resultado de un procedimiento administrativo en el sentido estricto del
artículo 29 del TUO LPAG, actos de administración interna o hechos
administrativos, según la enumeración que anota el artículo 245 numeral 245.1
del TUO LPAG.” (resaltado nuestro)
19. En efecto, como se aprecia del artículo 245 del TUO LPAG, la actividad de
fiscalización (en tanto procedimiento administrativo sui generis o especial) puede dar
lugar o concluir en: 1) una certificación o constancia de conformidad de la actividad
desarrollada por el administrado; 2) una recomendación de mejoras o correcciones
de la actividad desarrollada por el administrado; 3) una advertencia de la existencia
de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de
responsabilidades administrativa; 4) una recomendación del inicio de un
procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que
corresponda.”
7
correspondan; 5) la adopción de medidas correctivas; o 6) otras formas según lo

establezcan las leyes especiales.
20. La DGDNCR, en el punto 20 de su Opinión Jurídica N° 002-2023-JUS/DGDNCR cita

a Morón Urbina cuando señala que “la actividad de fiscalización sí se desarrolla
mediante un procedimiento administrativo pero de naturaleza especial. (…) En
puridad, la fiscalización no es un procedimiento administrativo en el sentido formal
del término que adopta la ley del procedimiento administrativo. Si bien comprende
una serie de acciones por parte de la autoridad fiscalizadora destinadas a verificar la
adecuación de las actividades de los particulares al ordenamiento jurídico, su
desarrollo no concluye con la emisión de un acto administrativo”. Esta afirmación
ratifica la posición expresada respecto a la distinción existente en el TUO LPAG
respecto de un procedimiento administrativo formal que concluye en un acto
administrativo, frente a procedimientos administrativos materiales (sui generis, en la
línea del autor) que no concluyen necesariamente con actos administrativos, como
fuera anotado en el punto 27 de la Opinión Jurídica N° 002-2023-JUS/DGDNCR.
21. En todo caso, para precisar lo expuesto, Morón anota que “el resultado de la actividad
administrativa de fiscalización, como la constancia de conformidad, la recomendación
de mejoras o correcciones, la advertencia de la existencia de incumplimientos que no
suscita determinación de responsabilidad administrativa, la recomendación de inicio
de procedimiento si bien pueden no constituir un acto administrativo definitivo
decisorio, sí califican como actos administrativos, según sea el caso, de trámite o de
gravamen”.4
22. Ahora bien, en el caso del denominado “informe de resultados” de una actividad de
fiscalización a que alude la consulta, éste no se encuentra descrito expresamente
como una forma de conclusión de una actividad de fiscalización, en los términos del
artículo 245 del TUO LPAG antes citado, ni tampoco posee una naturaleza tal que
encaje en alguno de las formas conclusivas previstas en dicha norma. En esa
4 Morón Urbina, J. C. Comentarios a la Ley del procedimiento administrativo general (14 ed.). Lima:
Gaceta, 2019. T. II. p. 322. Importa anota que Morón formula una crítica respecto a la Consulta Jurídica
N° 005-2017-JUS/DGDOJ cuando ella señala que “la actividad administrativa de fiscalización, no
constituye un procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la realización de actividades
destinadas a advertir el cumplimiento o no de la norma imperativa atribuible al administrado, sumado a
ello, su fin no está encaminado a la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo. Asimismo,
teniendo en consideración lo prescrito en el artículo 245 del TU O de la LPAG, las formas de conclusión
de la referida actividad no constituyen ninguna de ellas un acto administrativo”. Sobre ello, el autor
señala que se “confunde los objetivos con la naturaleza Jurídica de la actividad, porque no podemos
derivar su naturaleza no procedimental del hecho que “su enfoque está dirigido a la realización de
actividades destinadas a advertir el cumplimiento o no de la norma imperativa atribuible al administrado”
o que su “fin no está encaminado a la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo”; posición
que compartimos y que importa una variación de criterio sobre este tema a través de la Opinión Jurídica
N° 002-2023-JUS/DGDNCR como la expuesta en el presente informe.
corresponda.”
8
medida, no es exacto afirmar que un “informe de resultados que se emite para

concluir un procedimiento de supervisión” (citado del Oficio que contiene la consulta)
efectivamente concluya una actividad supervisora o fiscalizadora, puesto que ella
concluye únicamente bajo las formas descritas en el artículo aludido.
23. Y es que, si bien, para efectos de concluir un procedimiento o actividad de

fiscalización, expresado en alguna de las formas aludidas, la autoridad a cargo de
dicha actividad debe expedir un informe final que se constituya en la actuación
justificatoria; sin embargo, dicho informe final no puede asimilarse, sin más, a las
formas descritas en el artículo 245 del TUO LPAG bajo las cuales se concluye un
procedimiento o actividad de fiscalización. En consecuencia, el “informe de
resultados” a que alude la consulta como aquel informe final que justificará la
conclusión de la actividad de fiscalización, se configura entonces en un acto de
administración interna. Como tal, dicho acto podrá servir de fuente para exteriorizar
una certificación o constancia o formalizar una recomendación o advertencia o
adoptar una medida correctiva o iniciar un procedimiento sancionador.
24. Lo expuesto, por lo demás, se alinea a lo expresado en la Directiva para la Atención

de Denuncias y Actuación de Oficio de SERVIR que preceptúa que su función
supervisora puede concluir con “[l]a confirmación del cumplimiento de las normas y
políticas del [Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos]”, con “[l]a
recomendación de mejoras o de correcciones”, con “[l]a disposición de medidas
correctivas” o con “[l]a recomendación del inicio de un procedimiento administrativo
sancionador”5. La propia Directiva precisa en su numeral 7.3.2.2. que “el informe de
resultados podrá concluir con una o varias de las situaciones señalada (sic), según
corresponda a cada caso en concreto”, con lo cual, queda claro que, en tanto la
Directiva en cuestión alude a la conclusión de la función supervisora, se aprecia que
el sentido de cada una de las formas en que ella está descrita, está apuntando a la
emisión de un informe de resultados previo que, como ya se anotado en el punto
anterior, puede dar lugar a algunas de las formas que, no solamente el TUO LPAG
determina6, sino también la propia Directiva en su numeral 7.3.2.2. ratifica.
25. Siendo entonces el “informe de resultados” un acto de administración interna no

podrá ser objeto de impugnación administrativa, en tanto no es un acto que concluye
la actividad fiscalizadora, debiendo someterse, en todo caso, a la regla prevista en el
numeral 217.2 del artículo 217 del TUO LPAG que establece que los actos de trámite
pueden ser impugnados cuando 1) determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o 2) produzcan indefensión.
5 Directiva para la Atención de Denuncias y Actuación de Oficio de SERVIR, Punto 7.3.2.1.

6 Téngase en cuenta que, conforme al artículo II del Título Preliminar del TUO LPAG, dicha norma se
concibe como norma común en la actuación de la función administrativa del Estado, no pudiendo los
procedimientos especiales imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas
en el TUO LPAG.
corresponda.”
9
26. En esa medida, respecto de la segunda consulta planteada, queda entendido que
una petición de nulidad (que, de acuerdo al numeral 11.1 del artículo 11 del TUO
LPAG, debiera ser planteada a través de un recurso administrativo) supone que el
administrado exponga alguna de las causales contenida en el artículo 10 del TUO
LPAG para alegarla. Siendo ello así, la impugnación que contenga un pedido de
nulidad de un acto de trámite o de administración interna como es un “informe de
resultados”, solo podrá ser objeto de atención siempre que dicha nulidad esté
sustentada o asociada a alguno de los dos supuestos que permite el TUO LPAG para
impugnar actos de trámite, vale decir, que 1) el informe de resultados sea un acto
que determine la imposibilidad de continuarse el procedimiento o actividad de
fiscalización o 2) el informe de resultados produzca o haya producido indefensión.
27. En consecuencia, no corresponde que una petición de nulidad contra un informe de

resultados pueda ser encauzada como una petición gracial, en la medida en que, en
resguardo al ejercicio del derecho constitucional de petición, corresponde que sea
atendida y respondida bajo los cánones que la ley expresamente establece, no
siendo la petición gracial el medio idóneo, en tanto ésta se ha configurado como una
de carácter residual, ejercitable por el administrado “cuando no cuenta con otro
título legal específico que permita exigirlo como una petición en interés particular”7;
es decir, cuando no pueda ejercer otra de las expresiones del derecho de petición
previstos en el artículo 117, numeral 2 del TUO LPAG, lo que no es el caso, porque
como ya se ha anotado, existe una regulación explícita descrita en el punto anterior.
Y, en esa línea, conforme al segundo párrafo del numeral 11.2 del artículo 11 del
TUO LPAG, la autoridad que resuelva dicha petición, deberá canalizarla -en virtud al
principio de informalismo- como un recurso impugnatorio de reconsideración o
apelación y ser resuelto por la autoridad competente para ello. Frente a dicho recurso
contra un acto de trámite o de administración interna, deberá estarse a lo previsto en
el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO LPAG determinando su inimpugnabilidad
o su impugnabilidad si es que se produce alguno de los dos supuestos que dicha
norma establece.
V. CONCLUSIÓN
Estando a las consideraciones expuestas, la DGDNCR opina lo siguiente:
a) Sobre la consulta: Si el Informe de Resultados, que se emite en el marco de un

procedimiento de supervisión, tiene la naturaleza de acto administrativo, conforme a
lo establecido en el artículo 1 del TUO de la LPAG; y, por lo tanto, proceden contra
él la interposición de los recursos administrativos., se concluye que el “informe de
resultados” no es un acto administrativo sino un acto de administración interna. En
ese sentido, no podrá ser objeto de impugnación administrativa, en tanto no es un
acto que concluye la actividad fiscalizadora, debiendo someterse, en todo caso, a la
7 Ibidem, artículo 123, numeral 1.

corresponda.”
10
regla prevista en el numeral 217.2 del artículo 217 del TUO LPAG que establece que
los actos de trámite pueden ser impugnados cuando 1) determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o 2) produzcan indefensión.
b) Sobre la consulta: Si los pedidos de nulidad presentados por las entidades

supervisadas o los terceros interesados, contra los Informes de Resultados emitidos
en el marco de un procedimiento de supervisión, pueden ser encauzados como una
petición gracial, regulada en el artículo 123 del TUO de la LPAG; y, en consecuencia,
son atendidas por la misma autoridad emisora del Informe de Resultados;
precisando, además, si procede la interposición de algún recurso administrativo
contra la denegatoria a una petición gracial, se concluye que no es factible que una
petición de nulidad pueda ser canalizada como una petición gracial, pues al ser el
informe de resultados un acto de administración interna, la petición de nulidad contra
éste (que la autoridad tendría que calificar como un recurso de reconsideración o
apelación, en virtud al principio de informalismo) deberá atenerse a lo previsto en el
numeral 217.2 del artículo 217 del TUO LPAG, correspondiendo a la autoridad
competente determinar su inimpugnabilidad o su impugnabilidad si es que se produce
alguno de los dos supuestos que dicho artículo establece.
Atentamente,
Firmado digitalmente por

VALDIVIESO PAYVA
Guillermo Steve FAU
20131371617 soft
Fecha: 2023.04.12
18:28:14 -05'00'
GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Firmado digitalmente por CHILO

GUTIERREZ Evelyn Milagros FAU
20131371617 soft
Fecha: 2023.04.12 18:18:38
-05'00'
EVELYN MILAGROS CHILO GUTIERREZ

Directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
corresponda.”
11

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A : CARMEN MARÍA MARROU GARCÍA

DE : GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

ASUNTO : Solicitud de opinión jurídica sobre Informe de Resultados.

REFERENCIA: Oficio Nº 029-2023-SERVIR-GG

FECHA : Miraflores, 12 de abril de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin

1. Mediante Oficio N° 152-2022-SERVIR-GG del 2 de diciembre de 2022, la Autoridad

a) En los Organismos Técnicos Especializados dentro de sus atribuciones se

b) Asimismo, se consulta si contra la infracción en los plazos del procedimiento

2. En respuesta, a través de la Opinión Jurídica N° 002-2023-JUS/DGDNCR de fecha

a. Respecto de la primera consulta, se señaló que “corresponde que la

3. Mediante Oficio Nº 029-2023-SERVIR-GG de fecha 27 de febrero de 2023, la

a) Determinar si el Informe de Resultados, que se emite en el marco de un

III. BASE LEGAL

a) Constitución Política del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de

c) Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos

d) Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

e) Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

f) Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

g) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 078-2020-SERVIR/PE, Formalizan Acuerdo

1 Aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, publicada en el diario oficial El

atención de denuncias y actuación de oficio en el marco de la atribución supervisora

SOBRE LAS FUNCIONES DE LA DGDNCR DEL MINJUSDH

7. Asimismo, conforme al numeral V y VI del Lineamiento, la DGDNCR es el órgano

SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL LINEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS

8. Respecto a los requisitos materiales para la atención de opiniones jurídicas, se debe

7.2.2 No corresponde a la DGDNCR emitir opiniones jurídicas sobre consultas

9. Al respecto, se precisa que conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 4.1

7.2.3 Las entidades de la Administración Pública que soliciten opiniones jurídicas

12. Con relación al requisito a) supra, se advierte que el Oficio N° 029-2023-SERVIR-GG

13. Respecto al requisito establecido en el literal b) supra, se verifica que SERVIR ha

14. Con relación al requisito establecido en el literal c) supra, se precisa que el

15. Por lo expuesto, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos materiales y

3 ROF de SERVIR, artículo 6: “SERVIR cuenta con la estructura orgánica siguiente:

SOBRE LA OPINIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES EN LA

17. De acuerdo a ello, a continuación, se absolverá la consulta formulada, descrita en el

SOBRE LA OPINIÓN JURÍDICA DE LA DGDNCR

18. La DGDNCR dilucidó en abstracto, en el punto 27 de su Opinión Jurídica N° 002-

correspondan; 5) la adopción de medidas correctivas; o 6) otras formas según lo

20. La DGDNCR, en el punto 20 de su Opinión Jurídica N° 002-2023-JUS/DGDNCR cita

medida, no es exacto afirmar que un “informe de resultados que se emite para

23. Y es que, si bien, para efectos de concluir un procedimiento o actividad de

24. Lo expuesto, por lo demás, se alinea a lo expresado en la Directiva para la Atención

25. Siendo entonces el “informe de resultados” un acto de administración interna no

5 Directiva para la Atención de Denuncias y Actuación de Oficio de SERVIR, Punto 7.3.2.1.

27. En consecuencia, no corresponde que una petición de nulidad contra un informe de

Estando a las consideraciones expuestas, la DGDNCR opina lo siguiente:

a) Sobre la consulta: Si el Informe de Resultados, que se emite en el marco de un

7 Ibidem, artículo 123, numeral 1.

b) Sobre la consulta: Si los pedidos de nulidad presentados por las entidades

Firmado digitalmente por

GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

Firmado digitalmente por CHILO

EVELYN MILAGROS CHILO GUTIERREZ

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