Opinion 15 MINJUS

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
OPINIÓN JURÍDICA N° 015-2023-JUS/DGDNCR
A : WIDMER LODOALDO GUTIÉRREZ CUÉLLAR

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao
DE : GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
ASUNTO : Solicitud de opinión jurídica sobre la suspensión del procedimiento

administrativo de ejecución coactiva.
REFERENCIA: a) Oficio Nº 041-2023-ALC-MDSMO

b) Oficio Nº 002-2023-MDSMO/A
b) Informe Legal N° 02-2023-AJE
FECHA : Miraflores, 9 de mayo de 2023
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin

de informarle lo siguiente:
I. ANTECEDENTE
1. Mediante Oficio Nº 041-2023-ALC-MDSMO de fecha 28 de febrero de 2023, el

Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Mateo de Otao (en adelante, la MDSMO)
solicita a la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria (en
adelante, la DGDNCR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante,
el MINJUSDH) emitir opinión jurídica respecto a la siguiente consulta: ¿El Ejecutor
Coactivo deberá suspender el Procedimiento de Ejecución Coactiva en mérito de la
presentación de una Demanda Contenciosa Administrativa sin que exista mandato
expreso emitido por el Poder Judicial o Medida Cautelar dentro o fuera del proceso?.
2. Con Oficio N° 049-2023-JUS/DGDNCR de fecha 16 de marzo de 2023, la DGDNCR

comunica a la MDSMO la inadmisibilidad de su solicitud de opinión jurídica al no
haberse cumplido el requisito establecido en el literal b) del numeral 7.2.3 del
“Lineamiento para la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones
Jurídicas e Informes Legales”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-
JUS-VMJ; otorgándole el plazo máximo de siete (7) días hábiles computados desde
la recepción de dicho documento para subsanar dicho requisito.
3. Mediante Oficio Nº 002-2023-MDSMO/A de fecha 23 de marzo de 2023, el Alcalde

de la MDSMO, a fin de subsanar lo señalado en el Oficio N° 049-2023-JUS/DGDNCR,
remite el Informe Legal N° 02-2023-AJE; precisando además que el Dr. Vicenzo
Paolo Passoni Cordova es el Asesor Jurídico de la Municipalidad Distrital de San
Mateo de Otao.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso
o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según
corresponda.”
1
II. OBJETO
4. El presente informe tiene por objeto emitir opinión jurídica respecto a la solicitud
presentada por la MDSMO, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.2 del
Lineamiento para la atención de solicitudes de Dictámenes Dirimentes, Opiniones
Jurídicas e Informes Legales1 (en adelante, el Lineamiento). Cabe precisar que en
virtud a la complejidad de la materia objeto de consulta, corresponde observar lo
señalado en el numeral 7.2.6 de los Lineamientos respecto a la ampliación del plazo
para su atención.
III. BASE LEGAL
a) Constitución Política del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de

diciembre de 1993 (en adelante, la Constitución).
b) Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, publicada en el diario

oficial El Peruano el 23 de septiembre de 1998, cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2008-JUS (en adelante, TUO de la Ley N°
26979).
c) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario

oficial El Peruano el 11 de abril de 2001; cuyo Texto Único Ordenado ha sido
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG).
d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El

Peruano el 27 de mayo de 2003 (en adelante, la LOM).
e) Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre del 2011 (en
adelante, la LOF del MINJUSDH).
f) Ley N° 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, publicado en el diario oficial El

Peruano el 23 de julio de 2021 (en adelante, el actual Código Procesal
Constitucional).
g) Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de junio de 2017 (en adelante, el ROF
del MINJUSDH).
1 Aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, publicada en el diario oficial El

Peruano el 26 de junio de 2021.
corresponda.”
2
IV. ANÁLISIS
Sobre las funciones de la DGDNCR del MINJUSDH
5. El literal a) del artículo 6 de la LOF del MINJUSDH establece que es función rectora
del MINJUSDH “[v]elar porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del
respeto de la Constitución y la legalidad, brindando la orientación y asesoría jurídica
que garantice la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y contribuya al
fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
6. En ese sentido, el artículo 53 del ROF del MINJUSDH establece que la DGDNCR es
el órgano de línea encargado, entre otros, de brindar asesoría jurídica a las entidades
del Sector Público y coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades
públicas; conforme a lo cual en los literales b), c) y e) del artículo 54 del citado ROF,
se establece que es función de la DGDNCR, entre otras, el promover la aplicación
uniforme del ordenamiento jurídico nacional, siempre que no corresponda a
materias propias de otros sistemas administrativos o funcionales; el brindar
asesoría jurídica a las entidades de la Administración Pública, en los asuntos que le
consulten y en el marco de su competencia; así como emitir opiniones jurídicas sobre
los alcances de una o más normas jurídicas de efectos generales o sobre la
naturaleza jurídica de la institución comprendida en una norma jurídica de
efectos generales, con relación a una situación o relación jurídica concreta o sin
referencia a caso concreto alguno, respectivamente.
7. Asimismo, conforme al numeral V y VI del Lineamiento, la DGDNCR es el órgano

responsable de emitir, entre otros, opiniones jurídicas en los asuntos que le consulten
en el marco de su competencia.
Sobre las disposiciones del Lineamiento para la atención de opiniones jurídicas
8. Respecto a los requisitos materiales para la atención de opiniones jurídicas, se debe

considerar que, los numerales 7.2.1 y 7.2.2 del Lineamiento, establecen lo siguiente:
“7.2.1 Las solicitudes de opiniones jurídicas son presentadas por las entidades de la
Administración Pública, respecto a los alcances de una o más normas
jurídicas de efectos generales o sobre la naturaleza jurídica de la institución
comprendida en una norma jurídica de efectos generales, con relación a una
situación o relación jurídica concreta o sin referencia a caso concreto alguno.
7.2.2 No corresponde a la DGDNCR emitir opiniones jurídicas sobre consultas
formuladas por las entidades públicas que, por la naturaleza de sus funciones,
están encargadas de interpretar normas e instrumentos de gestión institucional,
conocer o resolver controversias (de orden jurisdiccional o administrativo),
diseñar estrategias de defensa jurídica, se refieran a consultas sobre un caso
específico o sobre interpretación de actuaciones administrativas concretas al
interior de la entidad solicitante, salvo que se trate de asuntos que no se
corresponda.”
3
relacionen con el ejercicio de dichas funciones. Tampoco corresponde atender

aquellas que sean de competencia de otros entes rectores”.(Negritas agregadas)
9. Al respecto, se precisa que conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 4.1

de los Lineamientos, se entiende por entidad de la Administración Pública a “aquellas
comprendidas en los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General”2;
requisito que esta DGDNCR considera se ha sido cumplido en el presente caso, en
tanto la solicitud de opinión jurídica ha sido presentada por la MDSMO que constituye
un órgano del gobierno local.
10. Por otro lado, conforme al artículo 4 del Reglamento sobre publicación y difusión de
Proyectos Normativos y Normas Legales, se entiende “por norma legal de carácter
general a aquella que crea, modifica, regula, declare o extingue derechos u
obligaciones de carácter general, de cuyo texto se derive un mandato genérico,
objetivo y obligatorio, vinculando a la Administración Pública y a los administrados,
sea para el cumplimiento de una disposición o para la generación de una
consecuencia jurídica”; razón por la cual esta DGDNCR considera que dicho requisito
ha sido cumplido, en tanto la opinión jurídica solicitada gira en torno a la interpretación
y aplicación de los artículos 16 y 23 de la Ley N° 26979.
11. Con relación a los requisitos formales para la atención de opiniones jurídicas por
parte de esta DGDNCR, el numeral 7.2.3 del Lineamiento, establece lo siguiente:
“7.2.3 Las entidades de la Administración Pública que soliciten opiniones jurídicas

deben cumplir los siguientes requisitos:
a) Oficio suscrito por el superior jerárquico de la Oficina de Asesoría
Jurídica o quien haga sus veces en la entidad solicitante, dirigido a
la DGDNCR, en el que se deberá formular de forma concisa, clara y
concreta el asunto sobre el cual se solicita opinión jurídica.
2 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo I, párrafo 2: Para los fines de la presente Ley, se entenderá
por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales, cuyas
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas
a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro
régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la
normativa de la materia.
(Negritas agregadas)
corresponda.”
4
b) Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, o quien haga sus veces

en la entidad solicitante, conteniendo la opinión jurídica respecto al
asunto consultado.
c) De ser el caso, presentar documentación que permita una mejor
comprensión del asunto respecto del cual se solicita opinión jurídica”.
(Negritas agregadas)
12. Con relación al requisito a) supra, se advierte que los Oficios Nos. 041-2023-ALC-
MDSMO y 002-2023-MDSMO/A han sido dirigidos a la DGDNCR y suscritos por el
Alcalde de la MDSMO, verificándose así que, conforme al artículo 6 de la LOM3, el
alcalde es la máxima autoridad administrativa del gobierno local y, por tanto, el
superior jerárquico de la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces en la
entidad; razón por la cual se considera que dicho requisito ha sido cumplido.
13. Respecto al requisito establecido en el literal b) supra, se verifica que la MDSMO ha

remitido el Informe Legal N° 002-2023-AJE suscrito por el Dr. Vicenzo Paolo Passoni
Córdova; advirtiéndose que en el Oficio N° 002-2023-MDSMO/A, la máxima
autoridad administrativa de dicho órgano de gobierno local, afirma que dicho
profesional es el Asesor Jurídico de la MDSMO, en cuyo literal d) de su numeral IV,
obra su opinión jurídica respecto al asunto consultado. Al respecto, corresponde
precisar que no ha sido posible verificar en el Portal de Transparencia de dicha
Municipalidad el nombre del funcionario que ocupa la Oficina General de Asesoría
Jurídica o el que haga sus veces en la entidad; razón por la cual en atención al
principio de informalismo y presunción de veracidad regulados en los numerales 1.64
y 1.75 del artículo IV del TUO de la LPAG, se considera para efectos de la emisión
del presente informe que dicho requisito ha sido cumplido.
14. Con relación al requisito establecido en el literal c) supra, se precisa que el

cumplimiento de dicho requisito no resulta de cumplimiento obligatorio, por cuanto
corresponde a la entidad consultante determinar la necesidad de enviar
documentación adicional.
15. Por lo expuesto, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos materiales y

formales establecidos en el numeral 7.2 del Lineamiento, corresponde a esta
DGDNCR emitir la opinión jurídica solicitada; precisando que, de acuerdo al numeral
6.9 del Lineamiento, “[l]as opiniones jurídicas e informes jurídicos tendrán carácter
3 “Artículo 6.- La Alcaldía

La alcaldía es el órgano del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su
máxima autoridad administrativa”. (Negritas agregadas)
4
“Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable
a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro
del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público”
5
“Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta
Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario
corresponda.”
5
orientativo sin efecto vinculante. En este sentido, la entidad que solicita dichas
opiniones e informes los puede tener en cuenta al momento de tomar una decisión,
ajustando su actuación conforme a sus normas de organización funcional”. (Negritas
agregadas).
Sobre la consulta formulada
16. Mediante Oficios Nos. 041-2023-ALC-MDSMO y 002-2023-MDSMO/A, el Alcalde de

la MDSMO formula la consulta siguiente:
“¿El Ejecutor Coactivo deberá suspender el Procedimiento de Ejecución Coactiva en

mérito de la presentación de una Demanda Contenciosa Administrativa sin que exista
mandado expreso emitido por el Poder Judicial o Medida Cautelar dentro o fuera del
proceso?”
Sobre la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces en

la entidad consultante
17. Al respecto, se advierte que, en el literal d) del numeral IV del Informe Legal N° 002-
2023-AJE, se concluye lo siguiente:
“Es de opinión de esta asesoría, que la presentación de una Demanda Contenciosa

Administrativa donde se pide la nulidad de título de ejecución para el procedimiento de
Ejecución Coactiva o en general, no suspende el procedimiento de Ejecución Coactiva
que persigue el Área de Ejecutoria Coactiva”.
18. Teniendo en cuenta dicha posición institucional, a continuación, se absolverá la

consulta formulada.
Sobre la opinión jurídica de la DGDNCR
19. Al respecto, resulta oportuno precisar que el 24 de setiembre de 1998, entró en

vigencia la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva; en cuyo
numeral 16.1 de su artículo 16 (texto original), se establecía que ninguna autoridad
ni órgano administrativo o político podía suspender dicho Procedimiento, con
excepción del Ejecutor que debía hacerlo, bajo responsabilidad, en los ocho (8)
supuestos establecidos en dicho artículo, regulando en el numeral 16.2 del citado
artículo, la posibilidad de que, además del Ejecutor, el Poder Judicial disponga la
suspensión del Procedimiento, sólo cuando dentro de un proceso de acción de
amparo o de demanda contencioso administrativa, exista medida cautelar firme;
previendo asimismo en su artículo 23 la revisión judicial del procedimiento de
ejecución coactiva6, conforme al cual, sólo después de concluido el
6 Ley N° 26979 (versión prístina)

Artículo 16.- Suspensión del Procedimiento.
corresponda.”
6
Procedimiento, el obligado podía interponer demanda ante la Corte Superior dentro

de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al
Procedimiento; en cuyo marco, la Corte Superior sólo examinaba si dicho
procedimiento se había tramitado conforme a ley sin la posibilidad de que pueda
efectuar el análisis de fondo del asunto o la procedencia de la cobranza o de la
obligación de hacer o no hacer; advirtiéndose que no existía conflicto entre ambas
disposiciones.
20. Sin embargo, el 10 de enero de 2004, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley
N° 28165, Ley que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley de Procedimiento
de Ejecución Coactiva Nº 26979; y modificó, entre otros, los artículos 16, 23 y 31 de
la Ley N° 26979.
21. En ese sentido, el artículo 16 del TUO de la Ley N° 26979 contempla los supuestos
y efectos frente a la suspensión de un procedimiento de ejecución coactiva:
"Artículo 16.- Suspensión del procedimiento.
16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con

excepción del ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;
b) La deuda u obligación esté prescrita;
c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado;
d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título
para la ejecución;
e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación

del recurso administrativo de reconsideración, apelación, revisión o demanda
contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido por ley
contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución, o contra el acto
16.1. Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el Procedimiento, con
excepción del Ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando…
16.2. Además del Ejecutor, podrá disponer la suspensión del Procedimiento… sólo cuando dentro de
un proceso de acción de amparo o de demanda contencioso administrativa, exista medida
cautelar firme.
(…)
Artículo 23. - Revisión judicial del Procedimiento.
23.1. Sólo después de concluido el Procedimiento, el Obligado podrá interponer demanda ante la Corte
Superior dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin
al Procedimiento.
23.2. Al resolver, la Corte Superior examinará únicamente si se ha tramitado el Procedimiento
conforme a ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la
cobranza o, en su caso, de la procedencia de la obligación de hacer o no hacer.
corresponda.”
7
administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado

en el artículo 18, numeral 18.3, de la presente Ley;
f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de

conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el Obligado haya sido
declarado en quiebra;
g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago;
h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo

de lo establecido en la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal, o norma que
la sustituya o reemplace, o se encuentren comprendidas dentro de los alcances del
Decreto Ley Nº 25604; e,
i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en

cuestión ante otra Municipalidad que se atribuye la misma competencia territorial por
conflicto de límites. Dilucidado el conflicto de competencia, si la Municipalidad que inició
el procedimiento de cobranza coactiva es la competente territorialmente tendrá
expedito su derecho de repetir contra la Municipalidad que efectuó el cobro de la
obligación no tributaria.
16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse, bajo

responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial en el curso
de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se dicte
medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo. En tales
casos, la suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente
a la notificación del mandato judicial y/o medida cautelar o de la puesta en conocimiento
de la misma por el ejecutado o por tercero encargado de la retención, en este último
caso, mediante escrito adjuntando copia del mandato o medida cautelar y sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley en lo referido a la demanda de
revisión judicial.
16.3 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento siempre que se

fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo, presentando
al Ejecutor las pruebas correspondientes.
16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los

ocho (8) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento
expreso, el Ejecutor estará obligado a suspender el Procedimiento, cuando el Obligado
acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.
16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas

cautelares que se hubieran trabado.
16.6 Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales anteriores, el Ejecutor Coactivo está
sometido a la decisión de la Entidad a la que representa y de la cual es mandatario, la
misma que en cualquier momento tiene la potestad de suspender el procedimiento
coactivo, mediante acto administrativo expreso.
corresponda.”
8
En caso de que la autoridad competente, administrativa o judicial, revoque la decisión

de la Entidad que dio origen al Procedimiento, esta última suspenderá el procedimiento
de ejecución coactiva, bajo responsabilidad, dictando la orden correspondiente al
Ejecutor Coactivo, dentro de un plazo que no excederá de los tres (3) días hábiles de
notificada la revocación.
16.7 La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva de la Obligación principal

conlleva la suspensión de cualquier otro procedimiento respecto de todas las
Obligaciones derivadas de ésta.”
22. Conforme puede advertirse del texto transcrito, con la modificación efectuada al
artículo 16 de la Ley N° 26979, se prevé la posibilidad de suspender el procedimiento
de ejecución coactiva no solamente por mandato del Poder Judicial emitido en el
curso de un proceso de amparo o contencioso administrativo, o cuando se dicte
medida cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo (sea de
amparo o contencioso-administrativo)7; supuesto que fue recogido en la modificación
efectuada al numeral 31.4 del artículo 31 de dicha Ley8, sino también cuando exista
una demanda contencioso-administrativa presentada dentro del plazo establecido
por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución.
23. Sin perjuicio de ello, el numeral 23.3 del artículo 23 del TUO de la Ley N° 26979,
dispone que “La sola presentación de la demanda de revisión judicial
suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución
coactiva únicamente en los casos de actos administrativos que contengan
obligaciones de dar hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento del Juez
Especializado en lo Contencioso Administrativo o el órgano jurisdiccional que haga
sus veces, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, de la
presente Ley. El obligado o el administrado al cual se imputa responsabilidad
solidaria sujeto a ejecución coactiva, entregará a los terceros copia simple del
cargo de presentación de la demanda de revisión judicial, la misma que
constituirá elemento suficiente para que se abstengan de efectuar retenciones
7 Cabe precisar que, en el caso del proceso de amparo, conforme al artículo 19 del Código Procesal
Constitucional, aprobado por Ley Nº 31307, sólo es posible solicitar medida cautelar dentro del proceso
de amparo.
8 “31.4 Además de los supuestos previstos en el numeral 31.1, el procedimiento de ejecución coactiva se
suspenderá, bajo responsabilidad, cuando exista mandato emitido por el Poder Judicial, en el
curso de un proceso de Amparo o Contencioso Administrativo, o cuando se dicte medida
cautelar dentro o fuera del proceso contencioso administrativo.
La suspensión del procedimiento deberá producirse dentro del día hábil siguiente a la notificación del
mandato judicial y/o de la medida cautelar, o de la puesta en conocimiento de la misma por el ejecutado
o tercero encargado de la retención, en este último caso, mediante escrito adjuntando copia del mandato
o medida cautelar, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley en lo referido a
la demanda de revisión judicial”.
corresponda.”
9
y/o proceder a la entrega de los bienes sobre los que hubiere recaído medida
cautelar de embargo, así como efectuar nuevas retenciones, bajo responsabilidad,
mientras dure la suspensión del procedimiento”.
24. Ahora bien, en el ámbito de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva

dispuesta por mandato del Poder Judicial, lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo
16 y en el numeral 31.4 del artículo 31 del TUO de la Ley N° 26979, parecerían no
resultar congruentes con lo dispuesto en el numeral 23.3 del artículo 23 de dicho
TUO; pues, mientras el numeral 16.2 del artículo 16 y el numeral 31.4 del artículo 31
disponen como requisitos para dicha suspensión la existencia de i) un mandato
emitido por el Poder Judicial en el curso de un proceso de amparo o
contencioso administrativo o ii) la emisión de una medida cautelar dentro o fuera
del proceso contencioso administrativo o de amparo9; conforme al numeral 23.3
del artículo 23 de dicha norma parecería que resulta suficiente la presentación de la
demanda de revisión judicial, para suspender dicho procedimiento de ejecución
coactiva.
25. Al respecto, debe considerarse que en las sentencias emitidas en los Expedientes
Nos. 015-2005-PI/TC y 1451-2012-PA/TC en el año 2006 y 2013 respectivamente, el
Tribunal Constitucional ha reconocido la vigencia del numeral 23.3 del artículo 23 de
la Ley N° 26979. Así pues, en la primera sentencia confirma la constitucionalidad,
entre otros, del numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 2697910; mientras que, en
la segunda sentencia, establece que el ejecutor coactivo contraviene dicho artículo
si, a pesar que se le alcanza el cargo de recepción de la demanda de revisión judicial
presentada ante el Poder judicial, no suspende el procedimiento de ejecución
coactiva11.
26. Por su parte, en lo que concierne a la suspensión del procedimiento de ejecución

coactiva durante el desarrollo de dicho procedimiento, la Ley N° 28165 incorpora un
supuesto adicional al contemplado en el original literal e) del numeral 16.1 del artículo
9
Ver pie de página 7.
10 Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional, Lima, Expediente N° 015-2005-PI/TC, Sentencia del 5 de
enero de 2006, Fundamentos 14, 15 y en particular el 19 en el que señala: “19. Al suspenderse la
tramitación del procedimiento de ejecución coactiva se evita que la administración ejecute el patrimonio
del administrado, situación que garantiza la efectividad de las decisiones del Poder Judicial.
Evidentemente, las demandas contencioso-administrativas o de revisión judicial del procedimiento no
serían efectivas si la Administración ejecutó coactivamente el cumplimiento de una obligación antes de
conocer el pronunciamiento en sede judicial sobre la actuación de la Administración Pública o sobre la
legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el trámite del procedimiento de
ejecución coactiva”.
11 Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Lima, Expediente N° 1451-2012-AA/TC, Sentencia del 9 de
mayo de 2013, subsanación del voto de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz (Fundamentos 6 y
7) y voto dirimente del magistrado Calle Hayen (Fundamento 14). Cabe precisar que dicha Sentencia
declara FUNDADA la demanda con base “(…) los fundamentos que a continuación se exponen en los
votos que se acompañan, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú” siendo dichos fundamentos los consignados en la subsanación del voto de los
magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz y el voto dirimente del magistrado Calle Hayen.
corresponda.”
10
16, al considerar como obligación del Ejecutor Coactivo de suspender su propio

procedimiento cuando se le presente una demanda contencioso-administrativa
presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que sirve
de título para la ejecución; disposición que tampoco fue objeto de observación por
parte del Tribunal Constitucional conforme a la sentencia recaída en el Exp. 015-
2005-PI/TC.
27. Así, interpretando sistemáticamente las disposiciones anotadas, se puede afirmar

que el procedimiento de ejecución coactiva puede suspenderse en los
siguientes supuestos:
i) Fuera del proceso contencioso-administrativo, si antes de su inicio:

El Poder Judicial emite medida cautelar fuera del proceso contencioso
administrativo.
ii) Dentro del proceso de amparo, si una vez iniciado dicho proceso el Poder
Judicial emite una medida cautelar o cualquier otro mandato judicial que
disponga expresamente dicha suspensión.
iii) Dentro de un proceso contencioso – administrativo, con la sola

presentación de la demanda dentro del plazo establecido por ley contra el acto
administrativo que sirve de título para la ejecución; o, si una vez iniciado dicho
proceso el Poder Judicial emite una medida cautelar o cualquier otro mandato
judicial que disponga expresamente dicha suspensión.
iv) En el proceso de revisión judicial, que constituye una vía a través de la cual
el procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que
tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y
cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite, en cuyo caso
la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspende el
procedimiento de ejecución coactiva, únicamente en los casos de actos
administrativos que contengan obligaciones de dar hasta la emisión del
correspondiente pronunciamiento del Juez Especializado en lo Contencioso
Administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, siendo de
aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la Ley N° 26979
(referido al levantamiento de medidas cautelares.
V. CONCLUSIÓN
Estando a las consideraciones expuestas, esta Dirección General opina que, conforme a
lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16, en el numeral 23.3 del artículo 23 y en el
numeral 31.4 del artículo 31 de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, el Ejecutor Coactivo deberá suspender el Procedimiento de Ejecución Coactiva
únicamente en los siguientes supuestos:
corresponda.”
11
i) Fuera del proceso contencioso-administrativo, si antes de su inicio:

El Poder Judicial emite medida cautelar fuera del proceso contencioso
administrativo.
ii) Dentro del proceso de amparo, si una vez iniciado dicho proceso el Poder
Judicial emite una medida cautelar o cualquier otro mandato judicial que
disponga expresamente dicha suspensión.
iii) Dentro de un proceso contencioso – administrativo, con la sola

presentación de la demanda dentro del plazo establecido por ley contra el acto
administrativo que sirve de título para la ejecución; o, si una vez iniciado dicho
proceso el Poder Judicial emite una medida cautelar o cualquier otro mandato
judicial que disponga expresamente dicha suspensión.
iv) En el proceso de revisión judicial, que constituye una vía a través de la cual
el procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso que
tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y
cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite, en cuyo caso
la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspende el
procedimiento de ejecución coactiva, únicamente en los casos de actos
administrativos que contengan obligaciones de dar hasta la emisión del
correspondiente pronunciamiento del Juez Especializado en lo Contencioso
Administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces, siendo de
aplicación lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5 de la Ley N° 26979
(referido al levantamiento de medidas cautelares.
Es todo cuanto se tiene que informar.
Atentamente, Firmado digitalmente por

VALDIVIESO PAYVA Guillermo
Steve FAU 20131371617 soft
Fecha: 2023.05.09 19:43:51
-05'00'
GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

Director General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Firmado digitalmente por CHILO

GUTIERREZ Evelyn Milagros FAU
20131371617 soft
Fecha: 2023.05.09 19:32:20 -05'00'
EVELYN MILAGROS CHILO GUTIERREZ

Directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
corresponda.”
12

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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

OPINIÓN JURÍDICA N° 015-2023-JUS/DGDNCR

A : WIDMER LODOALDO GUTIÉRREZ CUÉLLAR

DE : GUILLERMO STEVE VALDIVIESO PAYVA

ASUNTO : Solicitud de opinión jurídica sobre la suspensión del procedimiento

REFERENCIA: a) Oficio Nº 041-2023-ALC-MDSMO

FECHA : Miraflores, 9 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, a fin

1. Mediante Oficio Nº 041-2023-ALC-MDSMO de fecha 28 de febrero de 2023, el

2. Con Oficio N° 049-2023-JUS/DGDNCR de fecha 16 de marzo de 2023, la DGDNCR

3. Mediante Oficio Nº 002-2023-MDSMO/A de fecha 23 de marzo de 2023, el Alcalde

III. BASE LEGAL

a) Constitución Política del Perú, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de

b) Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, publicada en el diario

c) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada en el diario

d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el diario oficial El

e) Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos

f) Ley N° 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional, publicado en el diario oficial El

g) Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

1 Aprobado por Resolución Viceministerial N° 003-2021-JUS-VMJ, publicada en el diario oficial El

Sobre las funciones de la DGDNCR del MINJUSDH

7. Asimismo, conforme al numeral V y VI del Lineamiento, la DGDNCR es el órgano

Sobre las disposiciones del Lineamiento para la atención de opiniones jurídicas

8. Respecto a los requisitos materiales para la atención de opiniones jurídicas, se debe

relacionen con el ejercicio de dichas funciones. Tampoco corresponde atender

9. Al respecto, se precisa que conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 4.1

“7.2.3 Las entidades de la Administración Pública que soliciten opiniones jurídicas

b) Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica, o quien haga sus veces

13. Respecto al requisito establecido en el literal b) supra, se verifica que la MDSMO ha

14. Con relación al requisito establecido en el literal c) supra, se precisa que el

15. Por lo expuesto, al haberse verificado el cumplimiento de los requisitos materiales y

3 “Artículo 6.- La Alcaldía

Sobre la consulta formulada

16. Mediante Oficios Nos. 041-2023-ALC-MDSMO y 002-2023-MDSMO/A, el Alcalde de

“¿El Ejecutor Coactivo deberá suspender el Procedimiento de Ejecución Coactiva en

Sobre la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica o la que haga sus veces en

“Es de opinión de esta asesoría, que la presentación de una Demanda Contenciosa

18. Teniendo en cuenta dicha posición institucional, a continuación, se absolverá la

Sobre la opinión jurídica de la DGDNCR

19. Al respecto, resulta oportuno precisar que el 24 de setiembre de 1998, entró en

6 Ley N° 26979 (versión prístina)

Procedimiento, el obligado podía interponer demanda ante la Corte Superior dentro

"Artículo 16.- Suspensión del procedimiento.

16.1 Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el Procedimiento, con

a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;

b) La deuda u obligación esté prescrita;

c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado;

e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la presentación

administrativo que determine la responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado

f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de

g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago;

h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación no tributaria en

16.2 Adicionalmente, el procedimiento de ejecución coactiva deberá suspenderse, bajo

16.3 El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento siempre que se

16.4 El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los

16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas