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Voy a pasar a explicarles la situación actual del Perú en cuanto a los
derechos humanos: Sabemos que Grandes protestas han sacudido

Perú desde que el presidente Pedro Castillo fue destituido por el
Congreso después de que intentara disolverlo ilegalmente e instalar
un gobierno de emergencia el 7 de diciembre de 2022. Después de
su destitución, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió
en la sexta presidenta de Perú en esos mismos años, pasando con su
mandato sabemos que: En los dos meses transcurridos desde
entonces, según la Defensoría del Pueblo de Perú, al menos 58
civiles han muerto en el contexto de los disturbios que han estallado
en todo el país. De estas muertes, 47 han ocurrido por heridas de
bala o por otros proyectiles, como de gas lacrimógeno, según la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Pruebas de vídeo y
testimoniales, incluyendo en algunos casos informes de balística,
apuntan al papel de la policía y las fuerzas armadas de Perú en estas
muertes. También se ha informado de cientos de manifestantes con
heridas, incluyendo a 59 periodistas. además, otras 11 personas
murieron en el contexto de las decenas de bloqueos de carreteras
levantados por manifestantes en todo el país. Un agente de policía
fue encontrado muerto por quemaduras ósea podemos decir que la
situacion en cuanto a derechos humanos por esta parte esta muy
mal, debido a que no están respetando el derecho a la vida ni el
derecho a la no violencia, mostrarles un ejemplo de violacion de
derechos humanos
Perú no protegió los derechos a la vida y de reunión pacífica de dos

manifestantes que, mientras se dispersaban y encontrándose de
espaldas, recibieron disparos de la policía que abrió el fuego contra
personas que realizaban una marcha pacífica, en 2008. Perú
tampoco investigó ni enjuició a los responsables, según el Comité
de Derechos Humanos de la ONU.
En una decisión publicada hoy, el Comité de Derechos Humanos

estableció que, en las manifestaciones pacíficas, el uso de la fuerza
letal para el mantenimiento del orden público es una medida
extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea necesario para
proteger la vida o evitar lesiones de gravedad derivadas de una
amenaza inminente. También se dijo en que los estados son
responsables de tomar todas las medidas necesarias para evitar la
muerte de individuos por parte de sus agentes encargados de hacer
cumplir la ley.
“Cualquier uso de la fuerza debe estar en línea con los principios

fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, dijo el
miembro del Comité Carlos Gómez Martínez. “Nunca se deberían
utilizar armas de fuego con el único propósito de dispersar una
asamblea”
Los señores García Mendoza y Pariona Camposano, junto con otras

700 personas, participaron en una manifestación agraria en
Ayacucho, en febrero de 2008. Cuando los manifestantes llegaron a
una calle donde se encontraban 12 policías para resguardar el orden,
el oficial a cargo arrojó de repente una bomba lacrimógena entre la
multitud. Cuando los manifestantes se dispersaban, se escucharon
dos disparos antes de que los señores García Mendoza y Pariona
Camposano cayeran al suelo con heridas en la cabeza de las que
emanaba abundante sangre. Ambos fallecieron inmediatamente.
El fiscal provincial formuló denuncia penal por homicidio

calificado en contra de un policía que admitió haber utilizado su
arma, solicitando una pena de 30 años de prisión.
El Congreso de la República creó una Comisión Investigadora, que

en 2009 emitió un informe concluyendo que ambas muertes
“constituyen ejecuciones extrajudiciales” y que los oficiales al
mando incumplieron su obligación de garantes de la vida de los
ciudadanos.
Las investigaciones judiciales sobre los dos homicidios, sin
embargo, no se llevaron a cabo de manera adecuada. En el incidente
más significativo, el oficial de policía imputado entregó su arma a la
armería de la policía y no a la Oficina de Criminalística, por lo que
posteriormente el resultado del análisis del arma indicó que no
presentaba características de haber sido utilizada para disparar. Con
base en lo anterior, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho
absolvió al acusado en 2013 y la Corte Suprema de Justicia
confirmó la absolución en 2016.
Familiares de las víctimas presentaron por ende una comunicación

al Comité en 2017.
El Comité encontró que Perú violó los derechos a la vida y de

reunión pacífica, en perjuicio de los dos fallecidos, así como el
derecho de sus familiares a un recurso efectivo.
“Según consta en el dictamen forense del Instituto de Medicina

Legal, los disparos se realizaron desde una distancia aproximada de
25 metros cuando los señores García Mendoza y Pariona
Camposano se encontraban de espaldas, por lo que las víctimas no
representaban peligro para los policías”, dijo Gómez Martínez. Por
lo tanto, “no había motivos legítimos para abrir fuego contra las dos
víctimas”, agregó.
“La privación arbitraria de la vida por parte de agentes estatales es

un asunto de suma gravedad. La obligación de proteger el derecho a
la vida también requiere que los Estados partes investiguen y
juzguen los posibles casos de privación ilícita de la vida, sancionen
a los responsables y proporcionen una reparación integral”, agregó.
Derecho a la vida: Este derecho fue violado cuando dos
manifestantes fueron asesinados por disparos de la policía mientras
se dispersaban de una manifestación pacífica. La fuerza letal solo
debe ser utilizada en circunstancias extremas para proteger vidas, y
en este caso, no hubo una amenaza inminente que justificara el uso
de la fuerza letal.
Derecho de reunión pacífica: Los manifestantes tenían el derecho
fundamental de reunirse pacíficamente para expresar sus opiniones
y preocupaciones. Sin embargo, este derecho fue violado cuando la
policía abrió fuego contra ellos mientras se dispersaban, lo que
resultó en la muerte de dos personas.
Derecho a un recurso efectivo: Los familiares de las víctimas tienen
derecho a buscar justicia y obtener una reparación por las
violaciones de derechos humanos sufridas. Sin embargo, en este
caso, las investigaciones judiciales no se llevaron a cabo
adecuadamente y los responsables no fueron debidamente
penalizados.

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Voy a pasar a explicarles la situación actual del Perú en cuanto a los

derechos humanos: Sabemos que Grandes protestas han sacudido

Perú no protegió los derechos a la vida y de reunión pacífica de dos

En una decisión publicada hoy, el Comité de Derechos Humanos

“Cualquier uso de la fuerza debe estar en línea con los principios

Los señores García Mendoza y Pariona Camposano, junto con otras

El fiscal provincial formuló denuncia penal por homicidio

El Congreso de la República creó una Comisión Investigadora, que

Familiares de las víctimas presentaron por ende una comunicación

El Comité encontró que Perú violó los derechos a la vida y de

“Según consta en el dictamen forense del Instituto de Medicina

“La privación arbitraria de la vida por parte de agentes estatales es

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