TEMAS PARA EL EXAMEN PARCIAL

1. Situación de Alejandro Toledo

Sobre Toledo pesa una orden de detención preventiva dictada en 2017

por el juez Richard Concepción Carhuancho en el marco del proceso
por el presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la
constructora brasileña Odebrecht en la concesión de las obras de
construcción de la Carretera Interoceánica, que conecta la costa
atlántica brasileña con el Pacífico peruano.

Toledo, de 77 años, fue investigado por la presunta la comisión de los

delitos de colusión y tráfico de influencias. Según el Ministerio
Púbico, el exmandatario cobró US$25 millones en coimas de
Odebrecht. Él siempre lo ha negado.

Las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de

Toledo comenzaron en 2015. Primero fue acusado de lavado de
activos por la compra de dos inmuebles a nombre de su suegra,
valorados en unos US$4,5 millones, con fondos presuntamente no
declarados.
Estas adquisiciones se realizaron, según la fiscalía, a través de una
empresa "fantasma" creada en Costa Rica bajo el nombre de Ecoteva.

En noviembre de 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en

Perú, aseguró a la Fiscalía de ese país que la constructora le pagó
US$20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2
y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
Finalmente, la fiscalía peruana ubicó el monto en alrededor de US$25
millones.

El dinero habría sido transferido a cuentas offshore del empresario

peruano-israelí Josef Maiman, amigo de Toledo en ese entonces y
luego colaborador de la fiscalía peruana. Maiman, en declaraciones a
los fiscales citados por medios peruanos, afirmó haber recibido
hasta US$35 millones como sobornos para Toledo.
De esta cantidad, cerca de US$4 millones corresponderían a sobornos
de Camargo Correa, otra constructora brasileña, para la adjudicación
del tramo 4 de la Interoceánica, según Maiman.

Los presuntos sobornos fueron parte de un paquete de coimas a

mandatarios y funcionarios latinoamericanos que ejecutivos de la
constructora reconoció ante las autoridades judiciales
estadounidenses. Cifraron los pagos en cerca de US$788 millones.

Con la llegada de Toledo a Perú culmina un largo proceso de

extradición iniciado en 2017. El expresidente logró con una sucesión
de recursos dilatar el proceso durante años.
El expresidente fue inicialmente encarcelado en un penal de San
Diego, pero fue liberado por motivos de salud en espera de que se
resolviera el proceso.
En su última entrevista, cuando ya se conocía su inminente
extradición, Toledo pidió a las autoridades judiciales de su país que
en lugar de encarcelarlo se le imponga un arresto domiciliario: "No
me maten en la cárcel; déjenme luchar con nuestros argumentos",
reclamó.

La prensa local daba por hecho que Toledo sería encarcelado

preventivamente.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), adelantó que si la
justicia acordaba la detención cautelar del exmandatario éste sería
confinado en la base policial de Bardadillo, donde actualmente están
presos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
Pero mientras las autoridades judiciales se felicitaban por la
extradición, un pequeño grupo de simpatizantes de Toledo se han
manifestado en Lima en rechazo a la medida.

2. Informe de la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó

su informe Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto
de las protestas, en el que confirma que hubo graves violaciones de
los derechos humanos por parte de los agentes del Estado peruano
durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, el
Congreso de la República y en demanda del adelanto de elecciones.

El informe constituye un serio cuestionamiento a un gobierno que

lleva en el poder cinco meses y establece una serie de evidencias
sobre el abuso de la fuerza en el control de las manifestaciones.

Una de las conclusiones más relevantes del documento tiene que ver
con hechos que señalan una responsabilidad del Estado peruano. El
reporte que analiza con detalle la represión en Puno y
Ayacucho, menciona que detrás de las muertes de los ciudadanos
en ambas regiones existen elementos que pueden constituir la figura
de ejecuciones extrajudiciales.

“Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían

constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser
investigados por fiscalías especializadas en derechos humanos.
Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida,
dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían
calificarse como una masacre”.

Este informe detalla como también lo han hecho, durante estos

meses, una serie de investigaciones periodísticas de otros medios e
informes de organizaciones internacionales el uso excesivo de la
fuerza de policías y militares durante la represión a las recientes
protestas en Perú.

El informe destaca las necropsias realizadas a los cuerpos de los

fallecidos en las que se confirma que la causa de las muertes son
Proyectiles de Arma de Fuego (PAF), como balas, perdigones y
objetos contundentes.

“Al respecto, durante una reunión sostenida con autoridades del

Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal indicó que todas
las personas fallecidas en estos hechos murieron a causa de
disparos de balas, perdigones y objetos contundentes que
impactaron en la cabeza, cara, ojos, tórax y/o abdomen de las
víctimas”, indica sobre los hechos ocurridos en Juliaca, región Puno.

La CIDH ha presentado 36 recomendaciones al Estado Peruano,

entre las que se encuentran la modificatoria de las normas para
prohibir el uso de armas en el control de las protestas, así como
garantizar que los militares solo participen en casos excepcionales y
en subordinación de los efectivos policiales.

“Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de

seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las
labores de las autoridades civiles”, se lee.

Además, recomendó al Perú adoptar las medidas necesarias para

garantizar que las investigaciones de las víctimas de las protestas
estén bajo el mando de fiscales especializados en derechos
humanos con la intención de que los procesos se realicen de manera
“célere, independiente y con las garantías judiciales pertinentes”.

Para ellos, la CIDH puso a disposición del Estado peruano su

intención de brindar asistencia técnica para la capacitación de
funcionarios públicos y en la conformación de un equipo
multidisciplinario que investigue los casos.

Añadió que solo se podrá iniciar una investigación contra el Estado

Peruano, siempre y cuando una persona presente el caso a nivel de
la CIDH. No obstante, hay que tener en cuenta que los casos a nivel
internacional se presentan contra el Estado y no contra personas
individuales. Las responsabilidades penales solo se investigan a
nivel interno del país.

La CIDH también tomó conocimiento de la campaña de

estigmatización en contra de los manifestantes por parte de las
autoridades. En esta línea, señaló que el “terruqueo” ha sido
utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza y las
detenciones arbitrarias.
“La estigmatización tiene el potencial de poner a las personas
manifestantes en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo de
sufrir ataques”

3. Situación política del Perú

Grandes protestas han sacudido al Perú desde que el presidente

Pedro Castillo fue destituido por el Congreso después de
que intentara disolverlo ilegalmente e instalar un gobierno de
emergencia el 7 de diciembre de 2022. Después de su destitución, la
entonces vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la sexta
presidenta de Perú en esos mismos años.

En los dos meses transcurridos desde entonces, según la Defensoría

del Pueblo de Perú, al menos 58 civiles han muerto en el contexto de
los disturbios que han estallado en todo el país. De estas muertes, 47
han ocurrido por heridas de bala o por otros proyectiles, como de gas
lacrimógeno,

De tal manera se recibió informes preocupantes de violencia,

vandalismo, quema de edificios gubernamentales y toma de
aeropuertos. Aunque el gobierno tiene el deber de mantener el orden
público e investigar y sancionar los actos de violencia o criminalidad,
debe hacerlo manteniendo un estricto respeto por los derechos
humanos.

La presidenta Boluarte y su gobierno dicen estar comprometidos con

garantizar la seguridad pública. Sin embargo, intentar conseguir la
seguridad mediante el uso desproporcionado de la fuerza es una
estrategia previsiblemente contraproducente que, hasta ahora, sólo
ha intensificado las protestas y agravado la crisis del país.

También se expresa su preocupación por los decretos de estado de

emergencia del gobierno que permiten la participación de las fuerzas
armadas en acciones policiales de control social. El 14 de diciembre
se declaró el estado de emergencia por 30 días en regiones
específicas del país y al día siguiente, soldados habrían matado a
diez manifestantes, incluyendo a un hombre que atendía a un
manifestante herido en Ayacucho.
El estado de emergencia se renovó el 15 de enero, y el 5 de
febrero se declaró un estado de emergencia de 60 días en varias
regiones. Este último decreto de estado de emergencia pone a las
fuerzas armadas a cargo del orden interno en el departamento de
Puno, donde 18 manifestantes murieron el 9 de enero a manos de la
policía. Las fuerzas armadas no están preparadas para llevar a cabo
este tipo de operaciones y los decretos de estado de excepción en un
contexto de profunda crisis política sólo contribuyen a agravar la
crisis de derechos humanos.
Las protestas han seguido extendiéndose por todo el país en las
últimas semanas. Los llamados a la dimisión de la presidenta Boluarte
y a convocar elecciones generales anticipadas resuenan con fuerza,
tanto como lo hace la preocupación por el retroceso democrático en
Perú. Aunque existía la esperanza de que el Congreso atendiera las
demandas de elecciones anticipadas, que durante los últimos
días fueran archivadas todas las propuestas legislativas
encaminadas a ese fin, parece haber cerrado esa vía, lo que
probablemente aumentará aún más el malestar social y la
inestabilidad política.

El gobierno de Boluarte ha declarado que prioriza el diálogo para

abordar la actual crisis política. Si el gobierno de Boluarte está
comprometido con un diálogo genuino y productivo entre la población
peruana, es esencial que cambie fundamentalmente su enfoque a la
retadora crisis política e institucional que enfrenta Perú.

En primer lugar, debe cesar la represión violenta contra

manifestantes pacíficos y garantizar que las fuerzas de seguridad
actúen dentro del marco de la ley para prevenir y responder a
cualquier acto de violencia. Responder a las protestas con fuerza
excesiva, incluida la letal, no sólo es contrario a las normas de
derechos humanos que Perú se ha comprometido a respetar, sino que
alimenta el caos y la desconfianza en el gobierno.

En segundo lugar, el gobierno debe revisar urgentemente la forma en

que se refiere públicamente a los manifestantes, en particular a los
que han sufrido abusos contra los derechos humanos. Estigmatizar y
criminalizar ampliamente a los manifestantes como forma de
deslegitimar sus demandas no contribuirá a resolver esta crisis ni a
abrir las puertas al diálogo. En lugar de ello, el gobierno de Boluarte
debe mostrar buena voluntad reconociendo públicamente los abusos
cometidos por las fuerzas de seguridad y pidiendo disculpas por ellos,
y garantizando que las víctimas tengan acceso a la justicia y a las
reparaciones a las que tienen derecho. A menos que el gobierno
reconozca los abusos cometidos y se comprometa a repararlos, hay
pocas posibilidades de que se genere una conversación significativa.

A falta de diálogo, es probable que la represión y la violencia se

intensifiquen y que la crisis de derechos humanos de Perú se
convierta también en una crisis humanitaria. En este sentido, el
deterioro de la situación de los derechos humanos en Perú refleja una
profunda crisis política que requiere una solución urgente y pacífica.

Por su parte, como ha manifestado anteriormente, Estados Unidos y

otros actores internacionales deberían condenar inequívocamente las
violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las
protestas, exigir una pronta investigación de los responsables y
apoyar el camino hacia la celebración de elecciones generales
anticipadas como un paso para abordar la frágil democracia del país.

4. Lenguaje inclusivo

A muchos de nosotros, en más de una ocasión, nos ha tocado hablar

sobre el tema del lenguaje inclusivo en espacios públicos como lo son
las redes sociales y muy seguido nos encontramos con una línea de
argumentación muy concurrida. Frecuentemente la gente defiende la
idea de que el lenguaje inclusivo se refiere a recursos como el braille
o el lenguaje de señas.

Si bien la intención de visibilizar a un grupo demográfico como lo son

las personas con discapacidad es más que válida, es notoria también
la disonancia cognitiva según la cual ambas conversaciones (equidad
de género y derechos de las personas con discapacidad) no pueden
existir en el mismo espacio.

Sumado a esto, este argumento muestra la confusión más grande que

complica tratar ambos temas. No hay una distinción clara entre el
lenguaje inclusivo y el lenguaje de accesibilidad.

¿Qué es el lenguaje de accesibilidad?

El lenguaje de accesibilidad, también conocido como accesibilidad

de comunicación, se refiere a las denominaciones, recursos y
sistemas lingüísticos para habilitar la participación de las personas
con discapacidad en el día a día. Engloba diferentes temas, como el
de cómo referirnos a las personas con alguna discapacidad con
corrección y humanidad, métodos de comunicación específicos como
la lengua de señas o el braille, el lenguaje de signos táctiles, el
código morse, entre otros.

Si bien la inclusión de las personas con capacidades diferentes a la

experiencia educativa y a otras actividades que son un derecho
básico es uno de los fines de la accesibilidad, no sería del todo
correcto llamarle lenguaje inclusivo. Su primer objetivo es habilitar a
sus usuarios, darles una forma de ser funcionales bajo un contexto de
capacidades diferentes, no de una identidad diferente.
¿Qué es el lenguaje inclusivo?

El lenguaje inclusivo en cuanto al género, lenguaje incluyente o

lenguaje no sexista se refiere a la creación y uso de términos que
visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género y
orientación sexual diferente. La propuesta para el uso de este tipo de
lenguaje parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la
realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza,
desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas, no heteronormadas y
diversas.

El propósito del lenguaje inclusivo es llamar la atención hacia

conversaciones necesarias sobre cuestiones normalizadas e
internalizadas como el androcentrismo y el heterocentrismo. A
diferencia del lenguaje accesible, la idea no es habilitar, es validar y
normalizar grupos sociales históricamente disminuidos.

pueda participar en determinada experiencia independientemente de

sus circunstancias en cuanto a capacidades, mientras que el lenguaje
inclusivo es para que dicha persona pueda sentirse parte de esa
experiencia.

La manera en que gestionamos ambas conversaciones, como si

fueran temas opuestos y sin ninguna posibilidad de intersección o
sinergia entre estos, es por demás perjudicial. Se deja
completamente de lado la posibilidad de que pudieran existir
personas que necesitan de ambos lenguajes, personas con
capacidades que además no pertenecen a la comunidad
heteronormada, por ejemplo.

Para dar atención oportuna, foro y recursos tanto a personas que

necesitan recursos de accesibilidad como los que se benefician del
uso del lenguaje inclusivo, es necesario abordar las dos
conversaciones sin contraponerlas ni pensar que una forzosamente
tendría que eliminar a la otra. Hay más que suficiente espacio para
los lenguajes y recursos que ayuden a todos los grupos demográficos
que lo necesiten.

5. Aborto libre en el Perú

6. Pena de muerte en el país
7. Caso lava jato, diez años después

El 17 de marzo del 2014, la detención de un contrabandista de dinero

llamado Alberto Youssef originó un terremoto en Brasil. Aquel fue el
inicio de la pesquisa policial más grande por corrupción y lavado de
dinero en Brasil y Latinoamérica: el Caso Lava Jato. El impacto
golpeó en el Perú a los más altos ejecutivos de los últimos cuatro
gobiernos del país, desde que se recuperó la democracia de manos de
la dictadura fujimorista en el 2000.

Hoy, el expresidente Alejandro Toledo –prófugo en EE.UU tras la

revelarse que recibió un millonario soborno de Odebrecht– junto
a sus sucesores, Alan García (investigado por la fiscalía, con cuatro
de sus exfuncionarios en prisión y cuyo partido recibió hasta US$200
mil de la constructora), Ollanta Humala (en prisión, junto a su esposa
Nadine Heredia, por recibir US$ 3 millones para su campaña
presidencial del 2011) y el actual Jefe de Estado, Pedro Pablo
Kuczynski, quien recibió millonarios pagos de la compañía, están
bajo sospechosa por sus nexos con el cartel de las constructoras
brasileñas.

A ellos se suma la excandidata presidencial Keiko Fujimori, cuyo

partido recibió US$1 millón de Odebrecht como aporte de su campaña
presidencial del 2011; y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán,
cuya campaña para evitar la revocatoria fue financiada por la
compañía brasileña con hasta US$3 millones.

En el Perú, las principales megaobras de construcción del siglo XXI

han sido edificadas por un grupo de compañías brasileñas: Odebrecht,
Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, UTC, OAS
y Engevix. Desde la Interoceánica, que creó una vía de comunicación
entre el Oceánico Pacífico y el Atlántico; el Gasoducto para el
traslado del gas de Camisea desde Cusco; hasta el Tren Eléctrico en
Lima y la edificación de centrales hidroeléctricas, infraestructura
portuaria, servicio de agua potable, alcantarillado y proyectos de
irrigación y mineros con importantes compañías como Yanacocha,
Antamina y Cerro Verde.

El punto de quiebre en el Caso Lava Jato ocurrió el 21 de diciembre

del 2016, cuando el gobierno de EE.UU. anunció que Odebrecht
confesó haber pagado US$788 millones en sobornos en
diferentes países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela (América) y
Mozambique y Angola (África). En dicho acuerdo, la constructora
aceptó el desembolso de US$29 millones en coimas para altos
funcionarios peruanos.

Desde entonces, el Ministerio Público inició una ofensiva contra los

involucrados en el país. Ojo-Publico.com –luego de revelar que el
monto de las coimas pagadas en Perú supera la cifra brindada por el
gobierno de EE.UU. y supera los US$45 millones– presenta la lista
negra de los principales personajes involucrados en el Caso Lava Jato
8. Violencia contra la mujer

A lo largo de la historia se ha tolerado y estimulado la violencia como

una forma de resolver las tensiones y los conflictos. Todas las
mujeres viven en mayor o menor intensidad formas de violencia.
Sufren violencia cuando no reconocen ni valoran nuestro trabajo,
cuando las hacen callar haciéndonos creer que su opinión no es
importante, cuando utilizan un lenguaje sexista que no nombra a las
mujeres, cuando les pagan menos que a los hombres por realizar las
mismas funciones, tienen que convivir con mensajes publicitarios que
las tratan como objetos sexuales, cuando sentimos miedo por
caminar solas... La violencia contra las mujeres es una expresión de
la relación de desigualdad entre hombres y mujeres. Es una violencia
basada en la afirmación de la superioridad de un sexo sobre el otro;
de los hombres sobre las mujeres. Afecta a toda la organización de
nuestra sociedad y, por tanto, estos actos violentos debemos
analizarlos dentro del contexto social en que vivimos.

El proceso de socialización a través del cual las personas asumimos

reglas y normas de comportamiento se produce, fundamentalmente,
en dos ámbitos: la familia y la escuela. En el proceso de socialización
intervienen, además, las instituciones políticas, religiosas y
administrativas, así como el medio laboral.

La violencia está incorporada en la identidad masculina. Desde

pequeños los niños aprenden a responder agresivamente y se
entrenan en aspectos activos como ganar, luchar, competir,
apoderarse, imponer, conquistar, atacar, vencer, etc. Mientras que las
niñas aprenden a ceder, pactar, cooperar, entregar, obedecer,
cuidar... aspectos que no llevan al éxito ni al poder y que son
considerados socialmente inferiores a los masculinos. Los hombres
han dominado el espacio público y han ejercido también su poder en
el privado, sobre toda su familia.

De acuerdo con la organización patriarcal de la sociedad, ambos

sexos hemos desempeñado siempre papeles sociales diferentes. Así,
los hombres han predominado en todas las esferas de la vida,
quedando las mujeres reducidas al espacio doméstico de la familia.
Este reparto de papeles ha permitido que las mujeres seamos
consideradas como una propiedad del hombre, de la misma forma que
lo son los hijos y las hijas. Afortunadamente, esta situación está
comenzando a cuestionarse; las mujeres, cada día en mayor medida,
nos integramos a otras esferas de la vida.

Mientras persista la violencia dentro de la familia, nuestra sociedad la

tolere, muchas mujeres permanecerán en este ambiente familiar de
maltrato que puede causarles inseguridad, miedo y, en algunos casos,
la muerte. La violencia contra las mujeres no se da únicamente
dentro de la pareja. Las mujeres, también sufrimos violencia por parte
de otros hombres: parientes, jefes y compañeros, vecinos, amantes,
extraños... Así, por ejemplo, las mujeres mayores pueden ser
maltratadas por sus hijos u otros parientes. Las prostitutas a menudo
sufren la violencia ejercida por sus «chulos» y clientes. La cultura
militarista y bélica trae consigo formas de violencia especialmente
dirigidas a las mujeres: Tortura y violaciones sexuales, persecución,
presión emocional, desapariciones, encarcelamiento e incluso la
muerte son prácticas usuales en los conflictos armados.

Hay que señalar el papel negativo que juegan los medios de

comunicación, reforzando una imagen y un lenguaje marcadamente
diferentes para cada uno de los sexos, haciendo aparecer a las niñas
en papeles y situaciones de clara desigualdad y subordinación. Las
imágenes de violencia que aparecen contra las mujeres, en particular
violaciones o esclavitud sexual, así como el uso de mujeres y niñas
como objetos sexuales, incluyendo la pornografía, contribuyen a
perpetuar la violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo y con

múltiples causas. A pesar del contexto cultural, social, económico y
político no hay que olvidar su origen; por tanto, para su total
comprensión es necesario hacer un análisis basado en la
interpretación social de la diferencia sexual como un argumento para
la subordinación de las mujeres. La violencia contra las mujeres es un
importante problema social y político de la actualidad. Ante nuestros
ojos sólo aparece la punta del iceberg de un fenómeno más amplio y
complejo que abarca múltiples y sutiles formas a las que poco a poco
vamos tolerando y adaptándonos hasta límites insospechados.

Por el hecho de ser mujeres

estamos mas expuestas a la
violencia, la discriminación y
los feminicidios
que no dejan de surgi
Por el hecho de ser mujeres
estamos mas expuestas a la
violencia, la discriminación y
los feminicidios
que no dejan de surgi
Por el hecho de ser mujeres
estamos mas expuestas a la
violencia, la discriminación y
los feminicidios
que no dejan de surgi
Por el hecho de ser mujeres
estamos mas expuestas a la
violencia, la discriminación y
los feminicidios
que no dejan de surgir.
9. Igualdad de género
10. Corrupción en el Perú
11. Realidad jurídica de la minería en el Perú
12. Situación de legitimidad del sistema jurídico
13. Realidad política regional