Derecho comparado

Este trabajo busca introducir a las lectoras en el conocimiento de los principales institutos procesales necesarios para tramitar, resolver y eventualmente implementar las decisiones judiciales tomadas en el contexto de procesos colectivos y acciones de clase. Asimismo, presenta algunos de los problemas, interrogantes e implicancias de orden político, social y económico que genera el corrimiento del ámbito de debate de cuestiones colectivas hacia el seno del poder judicial.

Como principal clave de lectura les proponemos partir de una premisa fundamental: la enorme magnitud y el tipo de conflictos que se están discutiendo, papel va, papel viene, dentro del poder judicial. Sobre todo, ante los superiores tribunales de justicia de nuestros países.

Solo en Argentina, desde donde escribo, en los últimos 10 años el poder judicial federal y las jurisdicciones locales han dictado resoluciones y sentencias de diverso tipo (cautelares y de mérito) en el marco de procesos donde se debate, por ejemplo, el modo de facturar en el mercado de teléfonía móvil, la cartelización de empresas de distintos rubros, el acceso voluntario a la interrupción del embarazo y la impugnación de la ley que lo autoriza, las condiciones de detención de personas privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y diversos derechos fundamentales que les asisten (educación, requisas dignas, beneficios de la seguridad social, salario por el trabajo realizado, prisiones domiciliarias para embarazadas y madres con niñas pequeñas), las condiciones de internación en establecimientos neuropsiquiátricos, la defensa de sitios de memoria del genocidio argentino, situaciones de contaminación por explotación minera en zonas prohibidas, recuperación de espacios culturales y del patrimonio histórico, el trato digno que deben aplicar las entidades bancarias a sus clientes, la protección de patrimonio paleontológico, los límites de tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito, la validez constitucional del blanqueo de capitales por parte de familiares de funcionarias y funcionarios públicos, la comisión que pagan inquilinos e inquilinas para acceder a una vivienda familiar, diversas prácticas ilícitas de mutuales y obras sociales (aumentos indebidos, bajas indebidas, cobros en exceso), la legalidad y razonabilidad de los cuadros tarifarios de servicios públicos esenciales (gas, luz, agua, telefonía), el pago de impuesto a las ganancias integrantes del poder judicial, situaciones de riesgo y daño ambiental por actividades de diversa índole (industrias, desmontes, represas, aplicación de agrotóxicos, obras de infraestructura vial), cargos y comisiones cobradas indebidamente por entidades bancarias, financieras y otras prestamistas, cláusulas contractuales abusivas de todo tipo y color, impuestos tasas y contribuciones que se consideran inconstitucionales, daños por productos elaborados (automotores, protectores solares), derechos de usuarios de servicios de turismo, restricciones de derechos en el contexto de la pandemia de Covid-19, condiciones edilicias de ciertos tribunales, la validez del empréstito contraído por Argentina con el FMI en 2018, el acceso a medicamentos para ciertas enfermedades, la falta de vacantes en las escuelas públicas, y el régimen de derechos y obligaciones de personas migrantes, entre muchas otras cuestiones.

Como podrán advertir, hablamos de conflictos que involucran a cientos de miles, millones y hasta decenas de millones de personas afectadas de manera homogénea en sus derechos, o en riesgo de serlo.

Conflictos que, en nuestra región, se desarrollan en el contexto de marcos convencionales y constitucionales que exigen proteger de manera preferente ciertos bienes y derechos, por un lado, y ciertos grupos de personas que han sido tradicionalmente relegadas o débilmente protegidas, por el otro.

Marcos constitucionales que, además, en diversos supuestos reconocen expresamente el derecho de acceso colectivo a la justicia (como Argentina, Brasil y Colombia), y tribunales que lo han hecho operativo a pesar de su falta de regulación adecuada (adecuación que, por la entidad de los conflictos, debería ser estricta).

Frente a este tipo de conflictos y de marcos convencionales y constitucionales, claramente diferentes a los que se tuvieron en cuenta para diagramar nuestras herramientas procesales tradicionales, resulta imprescindible revisar y repensar diversas técnicas y nociones conceptuales clásicas para adaptarlas a clave colectiva.

El presente trabajo analiza la obra de Raúl Brañes, a la luz del derecho comparado. El objetivo del mismo es descubrir y describir las metodologías que fueron utilizadas por el autor en su obra, prolífica, de derecho ambiental latinoamericano. Para realizar tal análisis y su evolución, sus trabajos serán observados en relación con su tiempo y con las particularidades biográficas del autor, las cuales pueden resultar explicativas de parte de las opciones de estudio que va tomando. Veremos que el trabajo emprendido se topa en diversas ocasiones con una realidad muy probable: no hay una metodología preconcebida por el autor ni tampoco consistente en el tiempo. Esta dificultad, sin embargo, hace aún más interesante la valoración de sus obras, que fluyen conjuntamente con la propia creación y evolución de la rama del derecho ambiental en América Latina, donde Brañes es reconocido como uno de sus padres fundadores. 1. Su exilio y su época como consultor internacional. Raúl Brañes fue, en la Universidad de Chile, estudiante y luego profesor de Derecho Procesal 1 , hasta que en 1973 dejó el país para radicarse en México, exiliado por la dictadura 2. A esto alude implícitamente , en la dedicatoria que dejara escrita para su último trabajo, que se reproduce íntegra por ser inspiradora precisamente para quienes Brañes quizo incentivar:

A lo largo de los años México ha asumido obligaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Para cumplirlas, un paso fundamental es armonizar nuestras normas a esos tratados.
Los principales tratados y convenciones firmadas por el Estado mexicano han sido:
• La Convención Interamericana Contra la Corrupción; Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos;
• La Convención Anticohecho de la OCDE y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho;
• La Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción;
• El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

¿EN QUÉ CONSISTEN ESAS OBLIGACIONES?
Incorporar a los códigos penales ciertos delitos relacionados con la corrupción, sus sanciones y mecanismos de investigación. Esto también incluye facultar a las autoridades judiciales para investigar esos
delitos.
Crear instituciones y políticas públicas para la prevención, investigación y combate de la corrupción tanto en el sector público como privado. También se incluyen aquí la creación de figuras que ayudan a
proteger a quienes ayudan a las investigaciones.
Cooperar con otros Estados compartiendo información e impulsando mecanismos de revisión a las obligaciones.

Este artículo plantea la importancia de la Integración Regional para el Derecho, dentro del contexto de la ‘glocalización’, explorando las características del Derecho de la Integración y del nuevo Ius Commune, principalmente en Europa y en América, presentando un balance
y una perspectiva de los principales propuestas, mecanismos y proyectos de la Integración Americana, desde el siglo XIX hasta nuestros días.

Resumen: El Derecho de la Unión Europea ha diseñado una serie de instituciones, procedimientos y recursos destinados a hacer efectivo el Derecho a tutela judicial efectiva. En lo relacionado con la contratación pública por medio de las directivas 89/665 y 2007/66 se ha regulado el entramado de procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, lo que ha sido incorporado por los ordenamientos nacionales a través de distintos institutos. En el caso italiano, la incorporación del Derecho europeo se ha efectuado respetando su cultura jurídica, de modo que el recurso en contratación pública se ventila dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, dotándose de competencia a los tribunales administrativos regionales y al Consejo de Estado, para que conozcan y resuelvan, por medio de un procedimiento especial. Igualmente, es relevante la existencia de un procedimiento de tipo precontencioso ante la ANAC, con fuertes medidas contra la corrupción, así como la creación de medidas de control preventivo de la litigiosidad, tales como la existencia de tasas de acceso a la jurisdicción y sanciones a los litigantes temerarios. Finalmente, se analizarán las herramientas de restablecimiento del Derecho, donde se contemplan facultades para los procedimientos posteriores a la adjudicación del contrato.


Abstract: European Union law has designed a number of institutions, procedures and remedies aimed at enforcing the right to effective judicial protection. In the area of public procurement through Directives 89/665 and 2007/66, the structure of resource procedures for the award of public supply and works contracts has been regulated, which has been incorporated by national systems through various institutes. In the Italian case, the transposition of European Law has been carried out in respect of its legal culture, so that public procurement’ remedies are subject to the contentious-administrative jurisdiction, giving competence to Regional Administrative Courts, and also to the Council of State, through a special procedure. Similarly, the existence of a pre- contentious procedure before the ANAC is relevant, with strong anti-corruption measures, as well as the creation of preventive control measures of litigiousness, such as the existence of access rates to jurisdiction and sanctions against reckless litigants. Finally, tools for the restoration of law will be analysed, where faculties are contemplated for the procedures later to the awarding of the contract.

En este ensayo, en el cual se contempla el derecho como expresión de cultura jurídica y como modo de producción intelectual, se avanza en varios aspectos teóricos analíticos relativos a la historia comparada del derecho latinoamericano. En particular se propone un instrumental analítico para examinar y evaluar lo que se denomina "circulación horizontal de ideas, preceptos y experiencias normativos", como fenómeno diferente a las clásicas figuras de recepción y refracción, que suponen la existencia de centros y periferias en el ámbito jurídico.

The facilitators or informers have become important subjects in the field of Competition Law. However, just as they have served to fight against the cartels, they have also been used by the latter to facilitate and cover up their organization and activities.
In the present article, the author seeks to explain and analyze the first cases resolved by the national competition authority in which said facilitators have been immersed. Likewise, an analysis of the jurisprudence on the subject is made in the United States, the United Kingdom and the European Union. Finally, the national legislation and jurisprudence on the subject is analyzed in the light of comparative law.

Los facilitadores o delatores se han convertido en importantes sujetos en el campo del Derecho de la Competencia. Sin embargo, así como han servido para la lucha en contra de los cárteles también se han usado por parte de estos para facilitar y encubrir su organización y actividades.
En el presente artículo, el autor busca explicar y analizar los primeros casos resueltos por la autoridad de competencia nacional en los cuales dichos facilitadores se han visto inmersos. De igual manera, se realiza un análisis de la jurisprudencia sobre el tema en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Finalmente, se analiza la legislación y jurisprudencia nacional acerca del tema a la luz del derecho comparado.

Se realiza un recuento histórico legal de los actos (tratados, leyes, disposiciones transitorias) que dieron por resultado el Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos, señalando algunas Se señalan algunos aspectos regulatorios deben definirse y las oportunidades de negocio en el área de Perdido.

This article pretends to clarify the main juridical aspects and the practical mechanisms by which both Colombian and American testators can dispose of their estate. Therefore, this paper makes a comparative analysis between these jurisdictions, in order to establish the advantages and disadvantages of the above legislations.

Extracto de "Derecho de la Unión Europea", de Carlos Francisco Molina del Pozo. 3ª edición. La denominada actualmente Unión Europea aporta al panorama histórico un método revolucionario de proceso unificador, frente a otros procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia, como los imperialistas, los nacionalistas o los federalistas. La presente obra analiza la Unión Europea desde una óptica histórica, pero también económica y jurídica.

ISBN: 978-84-290-2113-4

Este breve trabajo reseña una de las obras más importantes del Profesor Alfre- do Morles Hernández: Curso de Derecho Mercantil, obra fundamental para el estudio y la práctica del derecho mercantil en Venezuela, pero que trasciende esas fronteras por el importantísimo estudio histórico y comparatista que hace el Profesor de las instituciones mercantiles en general.

Una estrategia para asegurar la flexibilidad, y en particular la estabilidad de la relación contractual, es la estipulación de mecanismos de adaptación del contrato a cambios sobrevenidos de circunstancias susceptibles de producir una alteración importante en la economía del negocio. Uno de estos mecanismos es la denominada cláusula de hardship, a través de la cual se estipula que, ante la ocurrencia de ciertos acontecimientos sobrevinientes, más o menos determinados, y que alteran de manera grave la ejecución de las obligaciones de una de las partes, éstas se encuentran obligadas a revisar los términos del acuerdo original, de manera de adaptarlo a las nuevas circunstancias.

El estudio indaga sobre el origen del delito político como límite para la facultad de indulto presidencial en Panamá, que representa una peculiaridad en el derecho comparado. Para tal motivo, se realiza un estudio histórico, comenzando en el siglo XIX hasta la actualidad, encontrándose dicho origen para el caso del indulto en el ordenamiento colombiano, analizándose la evolución y situación actual de la utilización de dicho concepto.
Se evalúa la frágil evolución del tema, que ha repercutido en la historia nacional de Panamá, como en el caso del fusilamiento de Victoriano Lorenzo a la postre de la Guerra de los Mil Días.
En atención a las diferencias entre el momento histórico en que surge tal regulación y las diferencias entre Colombia y Panamá, se propone eliminar el concepto de delito político del constitucionalismo panameño en materia de indultos.
Sin embargo, se rechaza la tesis de eliminar el indulto del cuadro normativo y, en su lugar, se proponen mecanismos que garanticen una utilización eficaz de esta facultad como vía de control del Órgano Judicial.

La figura de la frustración del fin del contrato resulta ser interesante, pues pone en jaque al principio del pacta sunt servanda, propio del civil law que vendría a ser nuestra familia jurídica. En el Perú, está figura no está actualmente recogida en la legislación. No obstante, en el año 2019, se presentó una primera propuesta de regulación en el artículo 1372-A del Anteproyecto de reforma del Código Civil peruano, lo que evidenciaría la importancia que dicha figura estaría obteniendo en el país. Por ello, en el presente texto, realizaremos un análisis sobre la frustración del fin del contrato a partir de la comparación de ordenamientos jurídicos tales como el inglés, el norteamericano, el alemán, el argentino y el colombiano. Asimismo, analizaremos el caso peruano y evaluaremos la propuesta del Anteproyecto de reforma del Código Civil peruano. Finalmente, presentaremos nuestra propia propuesta de regulación que pretende no solo reformular lo presentado en el Anteproyecto, sino que también tiene por objetivo ser una guía de utilización para quienes deseen aplicar esta figura. En nuestra propuesta planteamos que (i) su aplicación se dé en contratos sinalagmáticos; (ii) que el fin se exprese en el contrato o se entienda indubitablemente en base a su fin ordinario o natural; (iii) que la frustración sea causada por un evento extraordinario; (iv) que se distinga entre frustración total y parcial; (v) que la resolución se pueda dar a través del envío de un carta notarial resolutoria; y (vi) que solo el acreedor de la obligación sea quien pueda alegar la frustración del fin del contrato.

La sociedad actual está tratando de dar respuestas a la necesidad de vivienda en un contexto de difícil acceso a ella por amplias capas sociales. No se trata solo de una falta de recursos en el acceso, sino de abrir la posibilidad a nuevas formas de tenencia que faciliten la residencialidad y el intercambio basado no exclusivamente en relaciones mercantiles de primer orden. Para ello es necesario un cambio de mentalidad tanto en las instituciones públicas como en las entidades privadas y en relación con la idea que los individuos tienen sobre la vivienda.