Derecho Fiscal

Una de las últimas grandes transformaciones de nuestro IRPF fue la introducción de un sistema de tributación dual por el que determinadas manifestaciones de renta recibían un trato más beneficioso al pasar a tributar a tipos proporcionales y más reducidos. Esta corriente, común en la mayoría de Estados miembros con sistemas de renta progresivos, suele justificarse con diferentes argumentos, generalmente conectados con la competencia fiscal y la competitividad de nuestro sistema tributario.
El objetivo de este trabajar es desentrañar la evolución de la concepción dual del IRPF y examinar cuál ha sido su tratamiento en el proceso de reforma fiscal que parece pronto a concluir con la aprobación del Proyecto de Ley. Después de este recorrido y de examinar brevemente algunas experiencias comparadas, expondremos una serie de reflexiones que han ido surgiendo a medida que realizábamos este trabajo.

El presente trabajo busca desarollar los aspectos más resaltantes de la fiscalidad de la asistencia técnica prestada por un no residente hacia el Perú, tanto en la legislación doméstica peruana, como en cuanto a su tratamiento en los CDI suscritos.

Se analiza el problema de la pérdida del escudo fiscal por un reparo generado por la autoridad tributaria, sobre los intereses de un financiamiento, en particular, en el caso de las sociedades que toman deuda para apalancar el pago de dividendos. Se explica la razonabilidad de dicha estructura de financiamiento dentro de las finanzas corporativas y como es que ello satisface la causalidad del gasto para efectos tributarios. Finalmente, se expone cómo se ha resuelto esta problemática en la jurisprudencia comparada, específicamente en República Checa, Polonia, Austria e Isreael.

SUMARIO: Breve referencia histórica al Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado. 1) ¿Cuándo estamos en presencia de un "Juicio de Hacienda"? 2) La Legitimación, especialmente la Pasiva: ¿A quién demandar cuando demandamos al Estado de Chile? 3) Reflexiones en torno a los elementos de Competencia. 4) El procedimiento aplicable. ¿Es el Juicio de Hacienda un procedimiento especial? 5) Regla de Cuantía y su influencia en la Fase de discusión. 6) ¿Es posible transar con el Fisco? 7) Actuando sobre seguro: la Consulta del fallo adverso. 8) Reglas sobre cumplimiento de sentencias condenatorias. 9) El Debido Proceso frente al Juicio de Hacienda. A modo de conclusión.

La emisión de documentos digitales se ha desarrollado en el marco de la simplificación administrativa, donde el Gobierno Federal es pionero en cambiar la facturación tradicional y emigrado hacia la facturación y emisión de documentos digitales o electrónicos.

  Los tramites para cumplir con las obligaciones fiscales se ha hecho mucho mas fácil y esto permite que los ciudadanos puedan tener acceso a tecnología mas sencilla y de fácil acceso, por lo que es un beneficio para la política de recaudación fiscal y conlleva al cumplimiento de las obligaciones tributarias y fiscales por personas físicas y morales.

  Es importante definir los beneficios de la migración de la facturación tradicional donde todo documento era impreso, a la facturación electrónica donde la tecnologías de la información desempeñan un papel importante. El internet ha marcado un ritmo de cambio constante que no solo se da entre las empresas y ciudadanos, sino también define la relación gobierno con la base tributaria.

El autor desarrolla el tratamiento fiscal de los fideicomisos bancarios y de titulización de activos, tanto en la imposición directa como indirecta, destacando los vacíos y problemas de la legislación, intentando llenarlos con criterios razonables con la técnica impositiva y el funcionamiento de los negocios fiduciarios.

I. Introducción
II. Análisis conceptual
III. El error “ excusable”
IV. El error en el Derecho Penal Tributario
a) Error de hecho
b) El error de derecho penal y extrapenal
V. Tendencias tributarias actuales en materia de error de derecho
a) XIX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario
b) VI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario
VI. El error según la doctrina fiscal y la jurisprudencia
a) Opinión de los jueces
b) Opinión del Fisco
VII. Conclusiones
VIII. Bibliografía

O artigo descreve a estrutura objetiva e subjetiva dos crimes contra a ordem tributária. Os crimes contra a ordem tributária dos arts. 1º e 2º da Lei 8.137/90 são crimes de fraude fiscal, que protegem os bens jurídicos, receita tributária e verdade informacional. O art. 1º protege os
bens jurídicos diante de danos. O art. 2º protege os bens jurídicos diante de perigos de dano. A diferença entre eles está no grau de ofensa aos
bens jurídicos tutelados exigidos pela redação típica para a consumação delitiva. Essas conclusões são resultado da avaliação das hipóteses
de bens jurídicos encontradas na doutrina e na jurisprudência.

“Juristas Universales” es una obra fruto del esfuerzo de más de medio millar de especialistas procedentes de universidades de los cinco continentes. Partiendo de Roma, verdadera cuna del Derecho, recoge en cuatro volúmenes una historia biográfica de la ciencia jurídica desde mediados del siglo II a.C. hasta el final del segundo milenio. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más ambiciosos proyectos editoriales jurídicos a nivel mundial y el más relevante jamás realizado en lengua española.
La obra comprende más de 1.000 biografías de juristas pertenecientes a la “familia romana” del Derecho en su sentido más amplio, dado que, además del Derecho continental europeo, incorpora los semblantes de prestigiosos juristas de Derecho angloamericano, escocés, canadiense, iberoamericano y de parte de los Derechos del este asiático, así como del Derecho sudafricano. El motivo impulsor de centrarse en los sistemas jurídicos que tienen como base común el Derecho romano se encuentra en que el gran reto de la ciencia del Derecho en Occidente es la integración de los dos sistemas jurídicos de mayor calado y protagonismo mundial, considerados tópicamente, pero con escaso fundamento histórico, irreconciliables: el Derecho continental europeo y el Derecho angloamericano.
“Juristas Universales” pretende contribuir a superar esta barrera artificial, pero real, entre dos sistemas jurídicos efectivamente distintos, pero no incompatibles, ofreciendo al lector una visión integrada a partir del Derecho romano y de la tradición del Derecho común medieval. En definitiva, de dos sistemas jurídicos que el mundo globalizado que nos ha tocado vivir pide que se armonicen. Coordinada por Rafael Domingo, catedrático de la Universidad de Navarra, “Juristas Universales” está dividida en cuatro volúmenes, con extensas introducciones a cada época con un total de más de 3.700 páginas y 500 ilustraciones. Cierran la obra unos cuidados índices (onomástico, de juristas biografiados y de autores) que facilitan el manejo de esta enciclopedia de juristas, llamada a ser la obra de referencia en el mundo de habla hispana.

Considerandos v Que de conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes.

Este articulo critica y reflexiona de cómo la autoridad administrativa y los tribunales administrativos fiscales aplican  las medidas cautelares previas en materia tributaria en el Perú como medio de  asegurar el cobro de una deuda tributaria aun no exigible coactivamente ante el peligro que esta cobranza devenga en inútil ante la sola configuración de comportamientos o "razones" de la autoridad fiscal desvinculadas del comportamiento del deudor, sin merituar la indispensable o inevitable necesidad de su aplicación  ante indicios de que el cobro de la deuda se vea frustrado por falta de solvencia económica o patrimonial;  ni merituan la proporcionalidad o adecuación de la medida cautelar respecto al monto de  la deuda a proteger, resultando excesivas dañando el valor económico del negocio.

Entre los suscritos a saber: por una parte; (EN CASO DE SER INMOBILIARIA)____________ propietario (a) del establecimiento de comercio denominado ________________ constituido de conformidad con las normas colombiana, registrada en la Cámara de Comercio de __________, bajo la matrícula número __________del ____ de enero de _________, con Nit.____________ y matrícula de arrendador Nº_____, (EN CASO DE SER PERSONA NATURAL)_______________, identificada con la cédula de ciudadanía número C.C. No. ___________de________, domiciliado en _________________________________ teléfono No. _____________________ quien para efectos del presente contrato se denominará EL ADMINISTRADOR, y por la otra __________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía Nº_________ de _________, quien obra en calidad de propietario o en representación de ____________ con cédula de ciudadanía Nº_____________, que para efectos de este contrato se llamará EL CONSIGNANTE; hábiles las partes para contratar y obligarse civilmente, se ha celebrado el CONTRATO DE ADMINISTRACION del bien (es) inmueble (s) que a continuación se expresa, de acuerdo con las siguientes cláusulas: PRIMERA-OBJETO: EL CONSIGNANTE entrega al ADMINISTRADOR (A), para que éste administre en arrendamiento por cuenta y riesgo del consignate, el (los) inmueble (s) (apartamento, casa, garaje, depósito, etc.) situado (s) en la (s) siguiente dirección (es): _______________,TELEFONO No. ________________, adquirido (s) según escrituras públicas ____________que se anexan y Matrícula (s) Inmobiliaria (s) Nos. _____________ Cédula (s) Catastral (s) No. ____________ ______________________________, cuyos linderos son los siguientes: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____ El inmueble cuenta además con los siguientes servicios públicos con sus respectivos códigos:

Hoy en día, la República Mexicana posee expresiones, manifestaciones, usos, costumbres y tradiciones muy ricas y diversas, gracias al resultado de la mezcla entre la herencia de las antiguas civilizaciones Mesoamericanas que habitaron y florecieron en el territorio nacional antes de la llegada de los españoles, así como el vasto legado cultural, ideológico, social, económico, jurídico y político que éstos últimos nos dejaron desde la Conquista, en el año de 1521, hasta consumada nuestra Independencia trescientos años después; generando de ésta forma a la compleja mexicanidad que nos identifica, nos define y nos individualiza como mexicanos frente a los demás pueblos y naciones del mundo; y que, además, ésta no se queda estática, es decir que, aun en la actualidad, todavía sigue en un constante estado de evolución, pues está enriqueciéndose y, a la vez, enriquece a otras sociedades y culturas contemporáneas.

Es importante decir que las antiguas civilizaciones Mesoamericanas han sido el objeto de estudio de diversos científicos y estudiosos de la materia, por su relevancia histórica y cultural para la humanidad; lo que fue, en su momento, la gran Tenochtitlán, no ha sido la excepción. Así, la civilización Mexica, ha sido considerada como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y el florecimiento de otras culturas contemporáneas a su época, e inclusive, esta Cultura fue objeto de una gran admiración por parte de sus Conquistadores.
Por otra parte, esta cultura, como toda civilización humana, estuvo organizada con un sistema jurídico afín al del antiguo Imperio Romano, pues estaban presentes el Derecho de las Personas y la Familia, las Sucesiones, el Derecho de Propiedad sobre Bienes Raíces, Comercio, Obligaciones y hasta el propio Derecho Fiscal, el cual se encargó de regular la recaudación de las diversas contribuciones que sostenían al Imperio, así como las formas en que eran recaudados y distribuidos para sufragar los gastos públicos de la Metrópoli: Tenochtitlán, el cual, a su vez estuvo fuertemente influenciado por los usos y costumbres de esta sociedad prehispánica.

Uno de los temas que genera controversia en el ámbito fiscal en México, es la no proporcionalidad y equidad de la contribución al gasto público, que va en contra del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa según lo disponga la ley respectiva, teniendo como consecuencia una disminución de recaudación de impuestos para solventar el presupuesto del gasto público, según la Ley de Ingresos de la Federación. Todo trabajador mexicano pensionado, contribuye con su respectiva retención de impuesto sobre sus ingresos. Sin embargo, el rubro del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas se encuentra exento del pago de ingresos sobre pensiones.

Dicha exención está fundamentada en el artículo 32° de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se conoce que es un rubro especial, puesto que ellos, aún pensionados, están sujetos a defensa al momento que se llegara a presentar un atentado en contra del país, es decir, sirven para la Nación, sin embargo, existen otros sectores que también trabajan para la Nación y son indispensables para el pueblo, quienes contribuyen al gasto público, siendo pensionados, entonces, ¿Por qué solo el rubro de Fuerzas Armadas está exento del pago de impuestos, siendo que la contribución al gasto público es equitativa?, ¿Cómo lo aplican en otros países? y ¿Cuánto ingreso recaudaría la Federación si los militares pensionados hicieran su respectiva retención? Se demostró la inequidad existente en el tratamiento de impuestos sobre pensiones entre civiles y militares en México, comparado con la forma en que se aplica en otros países de América Latina, así como el monto monetario que el sistema tributario mexicano pudiera recaudar para sufragar gastos públicos en dicho país si los militares contribuyeran al impuesto sobre sus pensiones.

Existen dos tipos de procedimientos encaminados a privar a los delincuentes de sus bienes. Los más antiguos y naturales son aquellos denominados in personam. Mediante dichos procedimientos, la extinción del dominio deriva de una secuela penal seguida sobre la conducta del individuo mismo, y no sobre la calidad de los bienes cuya desapropiación se persigue. Por el contrario, los procedimientos in rem son aquellos encaminados a extinguir el dominio de los particulares sobe un bien, a causa de la situación específica del mismo. Su naturaleza es esencialmente civil y no penal. En este tipo de procedimientos no opera el principio de presunción de inocencia, pudiendo ser revertida la carga de la prueba al particular. La utilización de procedimientos in rem como herramienta de control de la criminalidad es una novedad surgida en 1970, cuando el congreso estadounidense aprobó la Ley Integral para la Prevención y el Control del Abuso de Drogas. Los decomisos civiles pueden ser de naturaleza administrativa o judicial. Los procedimientos administrativos de extinción de dominio, por un lado, liberan al Estado de toda carga probatoria. En México, el decomiso administrativo se actualiza en el ámbito federal a través de la figura del abandono de bienes. Por su parte, el decomiso judicial de los instrumentos, objetos y productos del delito ha sido tradicionalmente considerado como una pena, impuesta mediante la sentencia respectiva en la que se declare la responsabilidad del delincuente. No obstante, el decomiso judicial mediante criterios de prueba civil es una creación bastante reciente, surgida en 2008 a partir de la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal. En México, a partir de 1996, el artículo 400-Bis del Código Penal Federal extendió la inversión de la carga de la prueba al ámbito penal, al establecer la posibilidad de que un individuo sea condenado por lavado de dinero a base de meras indicios. En 2008, una serie de reformas incorporaron a la Constitución el principio de presunción de inocencia en materia penal. Con ello, cabe esperar que el criterio adoptado por nuestros tribunales federales a favor de la inversión de la carga de la prueba sea revisado y eventualmente interrumpido.

El Libro que nos ocupa apunta su desarrollo y contenido a dos propósitos esenciales, a saber: El primero, es servir de base para el estudio y comprensión del Derecho Fiscal Sancionador y el segundo, ser un texto de consulta recurrente, por cuanto en él se abordan de manera sistémica y con una visión de conjunto, las principales disposiciones relativas al nacimiento y la determinación de la obligación tributaria, así como, los procesos de fiscalización e impugnación de sus resultados, mismos que el Autor extrae del Código Tributario de la República de Nicaragua, y desde un enfoque académico nos revela los aspectos teóricos, hermenéuticos y descriptivos con sus aplicaciones prácticas y efectivas en el contexto de la Ley.

El juicio de amparo ha sido comúnmente identificado como parte del proceso de la modernización jurídica liberal de la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, el amparo fiscal, que tiene que ver directamente con el reclamo por la proporcionalidad y equidad de las contribuciones contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, no fue reconocido como jurisprudencia inmediatamente aplicable; el criterio del ministro Ignacio L. Vallarta (1830-1893) sobre la incapacidad de la Corte para conocer de este recurso fue vigente hasta bien entrado el siglo XX. El amplio arco temporal (1917-1968) cubierto por este ensayo tratará de explicar, a la luz del derecho constitucional y del desempeño económico, por qué la justicia federal se negó a amparar y proteger a los causantes, bajo el argumento de que la Corte no era juez ni órgano revisor de las leyes expedidas por el Congreso.

Su naturaleza Partiendo de la característica presumible de legalidad de los actos administrativos establecida en el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, podemos aceptar la existencia del procedimiento administrativo de ejecución, pues su única finalidad es la de exigir el cumplimiento de la obligación fiscal, razón por la cual, en caso de que el sujeto pasivo obligado (contribuyente) no dé puntual cumplimiento, la autoridad podrá disponer de los bienes o negociación de dicho sujeto. Por lo tanto, la naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución es de tipo "dispositiva", dado que su objetivo es la recuperación del crédito fiscal adeudado. Antes de continuar, es importante señalar un concepto y sus elementos de existencia. Concepto El procedimiento administrativo de ejecución es una serie de actos sucesivos y ligados entre sí que la autoridad debe llevar a cabo hasta lograr el cobro de un crédito fiscal exigible. Elementos de existencia • Un crédito fiscal. • El vencimiento de un plazo de pago. • Una resolución administrativa que exija el crédito fiscal. Motivos de suspensión • Que el contribuyente demuestre haber realizado el pago. • Que el contribuyente interponga algún medio de defensa administrativo o juicio previa garantía del interés fiscal. • Cuando la resolución emitida por la autoridad sea revocada o anulada. Requerimiento de pago No obstante lo señalado en el artículo 6°del Código Fiscal de la Federación, respecto a la naturaleza "autoaplicativa de las leyes fiscales" por parte del contribuyente y, por consiguiente, su determinación y entero voluntario y espontáneo, puede suceder que la autoridad solicite la comprobación del cumplimiento. Es entonces que el requerimiento de pago lo podemos entender como el derecho a exigir, por parte de la autoridad, el cumplimiento pecuniario de un crédito fiscal cuando el contribuyente lo ha omitido o cuando no hubiese sido garantizado. Embargo El embargo surge con la finalidad de obtener el cobro de un crédito fiscal autodeterminado por el contribuyente y no enterado o, en su caso, determinado y notificado por la autoridad mediante resolución administrativa o sentencia al contribuyente y no pagado.

Para que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones ante la sociedad, como es proporcionar bienestar social, es necesario que determine los mecanismos adecuados, para ello la Constitución otorga al Estado el poder de legislar leyes que permitan recaudar los ingresos necesarios para cubrir el gasto público, esto hace necesario identificar los contribuyentes y sus obligaciones fiscales, que son aspectos impositivos que el Estado legisla y vigila para su cumplimiento. El Código Fiscal de la Federación indica las obligaciones y derechos que tiene el Estado referentes a la imposición de las diversas leyes tributarias, en cuanto a su cumplimiento y obligaciones por parte del particular o contribuyente, así como las sanciones necesarias que se aplican cuando no se cumplen estas disposiciones, por ello es indispensable que la entidad, ya sea persona física o moral, conozca de manera adecuada estas obligaciones. El contribuyente, ya sea persona física o moral, es indispensable que inicialmente determine de manera adecuada sus obligaciones fiscales en relación a las actividades u operaciones que desarrolla, además de determinar su relación con la autoridad fiscal empleando cada una de las facilidades administrativas que ella proporciona para cumplir con estas obligaciones. El Estado tiene la obligación de proporcionar bienestar colectivo, y que los gobernados tengan ciertos satisfactores como salud, educación, medios de comunicación, medios productivos, etc., para esto es necesario que el particular o gobernado participe en el gasto público, y de este modo el Estado cuente con los recursos necesarios para poder sufragar el gasto público. Para obtener ingresos tributarios es necesario que se determinen las normas jurídicas que respalden un estado de derecho, en cuanto a las actividades financieras del Estado relativas a la obtención de sus ingresos, su administración y su erogación. Para que el Estado pueda efectuar de manera satisfactoria sus actividades, se requiere un sustento económico que debe provenir de los ciudadanos, particulares o gobernados que, desde luego, son los que se benefician de obras públicas, educación, seguridad social, comunicación, etc., lo que hace necesario establecer normas jurídicas por parte del Estado que beneficien a la sociedad, sobre todo cuando existe un aumento de la población, y el Estado tiene que prever el gasto público. De acuerdo con lo anterior, el derecho fiscal " tiene por objeto estudiar y analizar las diversas normas jurídicas que regulan la relación en virtud de la cual el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones económicas para sufragar los gastos públicos " 1 Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho fiscal, p. 6 De esta definición se distingue que existe una relación económica entre el Estado y los particulares o gobernados, y una relación necesaria e indispensable para la satisfacción de las necesidades colectivas, que para el Estado requiere de recursos económicos y patrimoniales que deben provenir de los gobernados quienes son los que se benefician con la satisfacción de las necesidades colectivas. Otro concepto define al derecho fiscal como " el sistema de normas jurídicas, que de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos de Derecho Público del Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en calidad de contribuyente ". 2 Rodríguez Lobato, Raúl, Derecho fiscal, p.13 De lo anterior se distingue que uno de los atributos del Estado es su soberanía, en

Es por ello que dentro de la reforma fiscal del año 2013 se le tomo un especial interés a encontrar mecanismos que permitieran combatir la problemática de evasión fiscal, ademas se pretende digitalizar en su totalidad la emisión de facturas fiscales, medida que dicho sea de paso ha sido receptáculo de múltiples críticas pues no considera la brecha digital imperante en nuestro país que delimita el acceso a internet de un gran porcentaje de la población y por otro obliga a los emisores de facturas a optar por servicios privados debido a la deficiente plataforma que el SAT ha dispuesto para la atención de los contribuyentes.

En materia tributaria se esperaba que el Segundo Imperio viniese a solucionar lo que no habían podido hacer todos los regímenes anteriores a él: la desaparición del déficit presupuestal, el aumento en la recaudación, el cumplimiento en el pago de la deuda pública, así como la tan ansiada administrativización de la Hacienda pública mexicana, único medio posible para recaudar más sin necesidad de tocar los grandes y poderosos intereses de los principales agentes económicos. Desde esta perspectiva, no hacía falta reformar las estructuras fiscales sino hacer valer las que ya se tenían. Uno de los aspectos más importantes contenidos en este libro es la racionalidad administrativa imperial como vía principal para lograr el saneamiento financiero, así como un antídoto en contra de los vaivenes políticos que tanto enervaban y destruían a la Hacienda pública de Su Majestad Imperial. De esta forma, el Imperio puede verse más como un patrón de conducta fiscal, compartido por gran parte de los gobiernos decimonónicos mexicanos, que como un paréntesis en el ascenso del liberalismo triunfante.
LIBRO COMPLETO DISPONIBLE EN: https://libreria.mora.edu.mx/?q=node/34175

The globalisation process and, within the European framework, the implementation of the EU Single Market have led numerous corporations to overstep the national boundaries either to conduct phases of their economic process where it is more convenient or to expand their business abroad. Hence, the involvement of the diverse tax regulations of the countries, whose territories host such businesses, cannot be avoided. Thus, the lack of neutrality of taxation1 has brought the managers of big corporations to take more and more into consideration tax issues in their decision-making process, especially during periods of crisis.

Therefore, multinationals can pursue the aim of optimizing their fiscal burden by exploiting the legal options that the countries involved have given to their taxpayers, which constitute, de facto, the tax competition among the governments.
Such planning of the cross-border activities of a business, taking into consideration the different tax laws of the concerned states, is known as tax planning.

This phenomenon is becoming increasingly concrete even within the European borders, as companies located in one of the Member States of the European Union are entitled to take advantage of the numerous European directives issued in order to guarantee the European freedoms2.

Academic writings about tax planning encompass a great variety of legal matters concerning those operations that may be implemented by corporations to reduce their tax burden.
Conversely, the aim of this research is to point out the most common tax planning schemes, highlighting what are the limitation on benefits (LOB) provisions that are used in the Model Tax Convention on Income and on Capital by the OECD and in the US Model Income Tax Convention and describing how they work with reference to the treaty shopping practice and to the employment of the so-called base companies.
In addition, the work by the OECD in BEPS 2015 Final Reports is taken into account with reference to the above-mentioned fields and the relevant innovations provided by the document are presented and inspected: those supplementary anti-avoidance provisions are critically analysed in order to provide solutions to their weaknesses and to develop other solutions that enable tax administrations to achieve the same goal.

Furthermore, attention is paid to Action 12 in BEPS 2015 Final Reports, whose mandatory disclosure regime can be seen as a means to bypass the need of the anti-avoidance provisions exposed in the research, since the disclosure of the relevant information is set as a legal obligation in such system.
Under this perspective, the most suitable implementation of the mandatory disclosure regime is presented by making reference to the main characteristics that distinguish each tax jurisdiction.

La reforma tributaria de 2016 ha introducido el concepto de beneficiario efectivo en el Estatuto Tributario colombiano como regla que determina ciertas obligaciones de información, como norma anti-abuso que permite desconocer determinados gastos, y como elemento definitorio de la norma general anti-abuso. Sin embargo, el contenido del concepto en tales normas dista de estar claro, lo que unido a las gravosas implicaciones que conllevan tales reglas plantea problemas de legalidad y seguridad jurídica. Este trabajo analiza el origen, contexto y contenido de tales reglas desde una perspectiva crítica, concluyendo sobre la inadecuación e incoherencia de la inclusión del concepto en el Estatuto Tributario. Por ello, se recomienda replantear el concepto a nivel internacional en lo que se refiere a intercambio de información, ajustar el mismo a nivel doméstico en Colombia, y eliminarlo del Estatuto Tributario o tenerlo por no puesto en relación con las normas anti-abuso.

Los límites para el establecimiento de tasas destinadas a la protección del ambiente es el tema central de esta monografía.
El autor describe el marco jurídico para la estructuración de tributos con función extrafiscal, desde dos perspectivas: la naturaleza jurídica de la prestación patrimonial coactiva y el fundamento y límites constitucionales aplicables.
La obra se desarrolla a la luz del Derecho español, con el que el autor ha tenido contacto con ocasión de sus estudios doctorales. No obstante, los planteamientos realizados son también de utilidad en otros ordenamientos jurídicos.
La tesis que se sostiene en este estudio se podría sintetizar con las siguientes ideas: la Constitución española, como la mayor parte de de las expedidas en el ámbito hispanoamericano, autorizan al legislador a establecer tributos con el propósito de regular conductas lícitas pero indeseables, en razón del efecto patrimonial de la imposición. Sin embargo, en el ejercio de la libertad de con guración jurídica no se puede desnaturalizar la prestación, al suprimir su función jurídica típica, bajo el argumento de que se está sirviendo otro interés constitucional. La determinación y aplicación de los límites constitucionales aplicables a las prestaciones patrimoniales de carácter público y, en particular, a las tasas, depende, en primer lugar, de la calificación de la naturaleza jurídica de la institución. Esta calificación, en gran medida, está dada por la función que cumple la prestación al interior del ordenamiento jurídico y no por el fin declarado por el legislador.