territorio y conflicto en la costa caribe.odecofi-cinep.2014 - コピー PDF

Hacia la reconstruccin del pas
Territorio, Desarrollo y Poltica en regiones

afectadas por el conflicto armado
Fernn E. Gonzlez G., (Ed.), 2008
Gobernanza y conflicto en Colombia
Interaccin entre gobernantes y gobernados
en un contexto violento
Claire Launay-Gama y Fernn E. Gonzlez G., (Eds.), 2010
Guerra y violencias en Colombia
Herramientas e interpretaciones
Jorge A. Restrepo y David Aponte (Eds.), 2010
Geografas de la guerra, el poder y la resistencia
Oriente y Urab antioqueos 1990-2008
Clara Ins Garca de la Torre y Clara Ins Aramburo Siegert, (Eds.), 2011
Una vieja guerra en un nuevo contexto
Conflicto y territorio en el sur de Colombia
Tefilo Vsquez, Andrs R. Vargas y Jorge A. Restrepo
(Eds.), 2011
No estamos condenados a la guerra
Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN
David Aponte y Andrs R. Vargas (Eds.), 2011
TERRITORIO Y CONFLICTO EN LA COSTA CARIBE
urante aos, en el imaginario colectivo se ha construido una

imagen del Caribe colombiano como un lugar extico, sede
de poderosos gamonales y hacendados intrnsecamente violentos
y antidemocrticos. Territorio y Conflicto en la Costa Caribe, ofrece
una visin ms compleja e integral de la regin, insiste en su heterogeneidad interna y presenta diversas aproximaciones y estudios
de caso que, vistos en conjunto, subrayan la necesidad de enmarcar
los fenmenos violentos, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, con la configuracin social interna de las regiones y subregiones del Caribe, lo mismo que con la manera como esos territorios se
relacionan tanto con la economa nacional y mundial como con las
redes polticas de los partidos y las instituciones del Estado central.
Los anlisis de larga duracin que caracterizan a cada uno de los estudios que componen el presente volumen, desnaturalizan ciertas
preconcepciones que se tienen sobre esta regin y permiten comprender los procesos histricos y el constante dinamismo de una
sociedad regional que algunos analistas y sectores de la opinin pblica han considerado tradicional y esttica
Estado y coca en la frontera colombiana

El caso de Putumayo
Mara Clara Torres Bustamante, 2011
Circuitos, centralidades y estndar de vida
Un ensayo de geografa econmica
Jorge Ivn Gonzlez, Martha Cardozo,
Guillermo Rivas, Guillermo Ruz,
Camilo Castro, Diana Galvis, 2011
Conflicto y territorio en el Oriente colombiano
Fernn E. Gonzlez G., Omar Jaime Gutirrez L.,
Camilo Nieto M., Andrs F. Aponte G. y
Jos D. Rodrguez C., 2012
Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo
de la frontera
Efrn Pia Rivera, 2012
Poder y violencia en Colombia
Fernn E. Gonzlez G., 2014
ODECOFI
Coleccin Territorio, Poder y Conflicto
Y
EN LA
COSTA CARIBE
Fernn E. Gonzlez G.
Diego Quiroga
Tmara Ospina-Posse
Andrs Felipe Aponte G.
Vctor A. Barrera R.
Eduardo Porras M.
Fernn E. Gonzlez Gonzlez. Politlogo de la Universidad de los Andes de Bogot e historiador de la Universidad
de California en Berkeley. Pregrados tanto en Filosofa y Letras
como en Teologa de la Universidad Javeriana. Investigador del
Cinep y profesor de varias universidades de dentro y fuera del
pas. Director del grupo de investigacin Violencia Poltica y
Formacin del Estado del Cinep y de Odecofi. Especialista en
los temas de historia poltica de Colombia e Iberoamrica, relaciones Iglesia-Estado, y violencia reciente.
Diego Quiroga. Magster en Estudios Polticos de la Universidad Nacional de Colombia y politlogo en la misma institucin.
Hasta 2013 se desempe como investigador en el equipo de
Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro
de Odecofi. Actualmente se encuentra vinculado laboralmente
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Tmara Ospina-Posse. Politloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempe como asistente de investigacin en el proyecto de construccin de la Base de Datos
sobre Secuestro en Colombia de la firma Cifras & Conceptos.
Actualmente es investigadora del equipo de Violencia Poltica y
Formacin del Estado del Cinep.
Andrs Felipe Aponte Gonzlez. Politlogo e historiador de la Universidad de los Andes; su inters se centra en el
conflicto armado, la cuestin agraria, la formacin del Estado,
y la poltica colombiana desde la sociologa histrica. Fue investigador del equipo de Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro de Odecofi. Actualmente cursa una
maestra en Sociologa General en cole des Hautes tudes en
Sciences Sociales, en Pars.
Vctor A. Barrera R. Politlogo de la Pontificia Universidad
Javeriana con estudios de maestra en la Universidad de los
Andes. Ha sido profesor en la Universidad Sergio Arboleda. Es
investigador y coordinador del equipo Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro de Odecofi.
Eduardo Porras Mendoza. Magster en Historia de la
Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia, abogado de
la Universidad Libre. Consultor e investigador social en historia
regional, memoria histrica, justicia transicional y desarrollo rural. Es asesor en desarrollo rural y tierras del Departamento para
la Prosperidad Social; ha sido consultor en justicia transicional
y desarrollo rural de la OIM, del Pnud y de la Unin Europea,
investigador del Cider (Universidad de los Andes) y director regional de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin
para Crdoba y Sucre.
COLECCIN
COLECCIN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO
TERRITORIO, PODER
Y CONFLICTO
Cinep-Caribe.indd 2
08/07/2014 11:01:21 p.m.
Cinep-Caribe.indd 1
08/07/2014 11:01:21 p.m.
Cinep-Caribe.indd 2
08/07/2014 11:01:21 p.m.
Fernn E. Gonzlez G.
Diego Quiroga
Tmara Ospina-Posse
Vctor A. Barrera R.
Eduardo Porras M.
L ib erta
Cinep-Caribe.indd 3
y O rd e n
08/07/2014 11:01:24 p.m.
Las investigaciones incluidas en esta publicacin

fueron realizadas con la colaboracin financiera de Colciencias, entidad pblica cuyo objetivo
es impulsar el desarrollo cientfico, tecnolgico e
innovador de Colombia.
Territorio y conflicto en la Costa Caribe

Odecofi-Cinep
Carrera 5 No. 33B 02
PBX (57-1) 2456181 (57-1) 3230715
Bogot D.C., Colombia
www.cinep.org.co
www.odecofi.org.co
Fernn E. Gonzlez G., fergon39@hotmail.com

Diego Quiroga, dirqmez@gmail.com
Tmara Ospina Posse, tamaraospinaposse@gmail.com
Vctor Andrs Barrera Ramrez, vabarreraramirez@gmail.com
Andrs Felipe Aponte G., andapo85@gmail.com
Eduardo Porras Mendoza, eduardoporrasmendoza@yahoo.es
Editor General Coleccin Odecofi: Fernn E. Gonzlez G.

Coordinacin editorial: Helena Gardeazbal Garzn
Correccin de estilo: lvaro Delgado Guzmn
Diagramacin: Alberto Sosa
Diseo de cartula: Carlos Cepeda Ros
Impresin: Ediciones Antropos Ltda.
Primera edicin
ISBN: 978-958-644-178-2
Mayo de 2014
Bogot D.C., Colombia
Impreso en Colombia Printed in Colombia
Cinep-Caribe.indd 4
08/07/2014 11:01:24 p.m.
Contenido
Configuracin regional y violencia:

a modo de introduccin
Por Fernn E. Gonzlez G.
Captulo 1
Conflicto armado en la regin Caribe: un paneo por sus etapas y
sus dinmicas en cinco dcadas de violencia
Por Diego Quiroga y Tmara Ospina-Posse
41
Captulo 2
Armar la hacienda: territorio, poder y conflicto
en Crdoba, 1958-2012
Por Andrs Felipe Aponte G.
Cinep-Caribe.indd 5
95
Captulo 3
Las vicisitudes de la integracin.
Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar
Por Vctor A. Barrera R.
227
Captulo 4
Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de Mara
Un anlisis de temporalidad extendida
Por Eduardo Porras Mendoza
331
08/07/2014 11:01:25 p.m.
Cinep-Caribe.indd 6
08/07/2014 11:01:25 p.m.
Configuracin regional y violencia:

a modo de introduccin
Fernn E. Gonzlez G.
El presente libro busca cerrar el conjunto de las miradas diferenciadas

sobre el desarrollo del conflicto armado en las grandes macrorregiones
de Colombia, iniciadas en uno de nuestros libros anteriores (Gonzlez,
F. y otros, 2003) y continuadas ms recientemente en dos ms, uno sobre
la macrorregin del suroccidente (Vsquez y otros, 2011) y otro sobre el
nororiente (Gonzlez, F., Gutirrez, O. y otros, 2012), ya en el contexto de las investigaciones del Observatorio colombiano para el desarrollo
integral, la convivencia ciudadana y el fortalecimiento institucional en
regiones severamente afectadas por el conflicto armado (Odecofi). Estos
estudios macrorregionales se han visto complementados por otros de carcter subregional o local, como los del oriente y el Urab antioqueos
(Garca, C. y Aramburo, C., 2011), el Bajo Putumayo (Torres M. C., 2011)
y Crdoba (Ocampo, G., 2014), as como por investigaciones de carcter
ms general, como la dedicada al problema de la frontera (Pia, E., 2012)
y las centradas en la importancia de la geografa econmica en el desarrollo regional (Gonzlez, J. I. y otros, 2011).
El contraste de estos diversos estudios con la informacin recogida
en el presente libro sobre la Costa Caribe nos ha mostrado la importancia de relacionar los fenmenos violentos de esta macrorregin con los
provocados por la confluencia de tensiones de las zonas fronterizas del
mundo andino con las propias del Caribe. Para entender mejor la complejidad de los conflictos del mundo caribe conviene contrastarlos con
los problemas de Urab y el Bajo Cauca antioqueos y los propios del
Cinep-Caribe.indd 7
08/07/2014 11:01:25 p.m.
8 Fernn E. Gonzlez Gonzlez
Magdalena Medio, tanto el santandereano como el del sur de Bolvar. As

es claro que la mayor parte de las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, o sea, de las acciones contra la poblacin civil, se ubican
en la frontera entre los mundos caribe y andino: el Magdalena Medio de
Bolvar (27%) y Cesar (26%). Esta informacin evidencia la existencia
de una lgica diferente del conflicto social respecto del resto de los departamentos caribeos, donde las cifras son considerablemente menores,
as ellas sean altas: Magdalena (14%), Crdoba (12%) y Sucre (10%). En
cambio, Atlntico (6%) y La Guajira (5%) fueron los menos afectados: no
hubo all presencia guerrillera permanente y los grupos paramilitares no
encontraban tanta resistencia1.
El contraste de estos estudios macrorregionales, regionales y subregionales nos ha servido para corroborar las intuiciones fundamentales de los
grupos de Odecofi. En primer lugar, que los fenmenos violentos no han
afectado homogneamente a la totalidad del territorio nacional sino de
manera muy diferenciada en el espacio y el tiempo, en consonancia con
la singularidad de esas regiones y subregiones. En segundo lugar, que esa
expresin diferenciada del conflcito armado tiene que ver, tanto con la
forma como las regiones se organizaron internamente, como con la manera y el momento en que ellas interactuaban con el conjunto de la vida
nacional en materia poltica y econmica. Y, en tercer lugar, que, consiguientemente con los dos puntos anteriores, la presencia de las instituciones estatales es altamente diferenciada en el espacio y el tiempo, segn sea
la interrelacin entre la configuracin de las regiones y su insercin en la
vida econmica y politica de la nacin.
En ese sentido, la Costa Caribe, en su conjunto, muestra algunas diferencias con otros territorios del pas, tanto en su configuracin interna
como en las relaciones con el centro, que se concretan en la diversidad
de la insercin de los actores armados en sus territorios y en la manera particular como funcionan en ellos las entidades estatales. En primer
lugar, la mayora de sus regiones se ubicaron de manera marginal en el
modelo nacional de desarrollo, centrado en las exportaciones cafeteras y
en la industrializacin de las zonas andinas del pas, por lo cual quedaron
relegadas al papel secundario de abastecedoras de carne para el mundo
andino especialmente el de la zonas centrales de Antioquia y asimismo al de productoras de algodn para la industria textil de ese Departa1
Cinep-Caribe.indd 8
Los clculos fueron elaborados por Tmara Ospina con base en la informacin de los aos
1990-1993 recopilada por el Banco de Datos de DD. HH. y Violencia Poltica del Cinep.
08/07/2014 11:01:25 p.m.
Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 9
mento. Esta marginalidad de la vida econmica nacional, sin embargo,

se vio compensada por cierta hiperpolitizacin y sobrerrepresentacin
parlamentarias de algunas de sus regiones, que en el acceso a la burocracia y al presupuesto nacional encontraron una manera de compensar su
situacin secundaria.
En segundo lugar, con excepcin de algunas zonas del departamento de Crdoba, como Montera y la franja de frontera entre Antioquia
y Crdoba, as como de algunos municipios de los Montes de Mara, la
Costa Caribe estuvo prcticamente exenta de la Violencia de los aos cincuenta, que afect a casi todo el resto del pas. Precisamente la frontera
entre Antioquia y Crdoba sera uno de los primeros escenarios de las
acciones del Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) producto del encuentro de grupos urbanos radicalizados con las antiguas guerrillas gaitanistas
que no lograron insertarse en el rgimen del Frente Nacional. Pero esta
situacin de frontera, donde confluan olas migratorias de campesinos
sabaneros empujados por la consolidacin de las haciendas en el norte y
el centro del departamento, y colonos antioqueos que buscaban escapar
de la violencia bipartidista, presentara profundas diferencias frente a los
problemas asociados a los conflictos entre terratenientes y campesinos en
la zona ms integrada de ese Departamento.
La ubicacin de esta subregin, bien diferente de la prevaleciente en
las zonas planas y costeras de Crdoba, explica por qu solo en ella se
present la violencia inicial de los aos setenta, propia de los territorios
perifricos. Y la evolucin de las otras subregiones da razn de la insercin en ellas de la segunda etapa de la Violencia ya en los aos ochenta
y noventa, caracterizada por la expansin guerrillera hacia regiones ms
integradas y por el surgimiento de grupos paramilitares. En ese momento, las formaciones guerrilleras buscaron insertarse en las tensiones sociales de esos territorios, provenientes tanto de problemas estructurales de
larga duracin como de las vicisitudes acarreadas por el mayor desarrollo,
las transformaciones internas y las crisis de orden nacional o internacional que las afectaban.
En ese sentido, la comparacin entre los estudios de caso de este libro
permite observar que los cambios inducidos por una mayor insercin en
la economa, nacional o mundial, se combinan con las tensiones de vieja
data de algunas subregiones de la Costa Caribe, caracterizadas por los
conflictos en torno a la consolidacin de la hacienda. Este contraste comienza a aparecer en la mirada de conjunto hecha sobre las diferencias
del conflicto armado en las diversas regiones y subregiones que aparece
Cinep-Caribe.indd 9
08/07/2014 11:01:25 p.m.
en un captulo inicial elaborado por Tmara Ospina y Diego Quiroga2,

a su vez complementado por los captulos sobre los departamentos del
Cesar y Crdoba, a cargo de Vctor Barrera y Andrs Aponte, respectivamente, y por un captulo final sobre la subregin de Montes de Mara,
hecho por Eduardo Porras.
El captulo introductorio de Quiroga y Ospina comienza por ubicar
las caractersticas fsicas de la macrorregin; seala las diferencias entre
regiones y subregiones, sus actividades econmicas, la estructura de la
propiedad y los usos del suelo, para mostrar luego los diferentes momentos y modalidades de accin de los actores armados ilegales, de acuerdo
con las particularidades de cada regin y subregin. La consideracin de
esos diversos momentos y modos muestra, de entrada, el contraste que
hemos sealado entre la accin de las guerrillas en sus inicios y en sus regiones tradicionales, y su momento expansivo hacia zonas ms integradas
al conjunto del pas, ya sea por procesos de rpida expansin econmica o
por la consolidacin de haciendas latifundistas de corte tradicional.
Este cuadro general de la Costa Caribe es luego comparado con las
diferencias de la evolucin territorial del conflicto armado en las subregiones de los departamentos del Cesar y Crdoba y en Montes de Mara.
En el captulo Las vicisitudes de la integracin. Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar (1900-2010), Vctor Barrera establece
un parangn entre las subregiones del norte, el centro y el sur del Cesar,
destaca su interaccin permanente y muestra de qu manera la coexistencia de modelos de desarrollo distintos y contrapuestos, en un cambiante
contexto nacional y mundial, hizo que la regin pasara, de una situacin
inicial de relativa paz y prosperidad, a una caracterizada por la violencia
y el desarrollo excluyente.
La evolucin del Cesar es diferente de la sealada por Andrs Aponte en el caso de Crdoba, relatado en el captulo Armar la Hacienda:
territorio, poder y conflicto en Crdoba, 1958-2012, que relaciona los
fenmenos recientes del paramilitarismo y la parapoltica con una tradicin de privatizacin de la violencia ligada a la influencia que la estructura hacendataria tuvo en la configuracin de la regin en materia social,
econmica y poltica. En ese contexto de larga y mediana duracin, los
intentos de reforma agraria y la consiguiente movilizacin campesina im2
Cinep-Caribe.indd 10
El captulo recoge aspectos de un borrador previo, elaborado por Diego Quiroga para las
discusiones preliminares del Grupo de Memoria Histrica, completado y puesto al da por
Tmara Ospina para la versin que recoge este libro.
08/07/2014 11:01:25 p.m.
pulsada por la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) fueron interpretados como una amenaza al statu quo regional, ante lo cual
las elites regionales y locales reaccionaron apelando a la fuerza, con apoyo
de los cuerpos de seguridad estatales, especialmente cuando el gobierno
de Misael Pastrana Borrero dio marcha atrs a los propsitos reformistas.
Los problemas relativos a la consolidacin de la hacienda en el norte
y en la regin de las sabanas, aadidos a la movilizacin social, se ligan
con otro tipo de problemas ms semejantes a los propios de las zonas de
colonizacin campesina del mundo andino. En el sur del departamento de Crdoba, la confluencia de campesinos sabaneros expulsados por
la configuracin de las haciendas con colonos antioqueos que venan
escapando de la violencia crea un escenario favorable al surgimiento de
guerrillas gaitanistas en el curso de la Violencia, la insercin del Ejrcito
Popular de Liberacin (EPL), la presencia ulterior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el avance paramilitar en el sur
del Departamento. A ello se aadir, aos ms tarde, la intromisin del
narcotrfico y de los cultivos de uso ilcito.
Finalmente, el libro culmina con un captulo de Eduardo Porras
sobre la subregin de Montes de Mara, de la que hacen parte municipios de Sucre y Bolvar y que fue severamente afectada por el conflicto
armado en pocas recientes, que el autor relaciona con problemas de
larga y mediana duracin: las disparidades culturales, sociales y raciales
de los tiempos de la Conquista y la Colonia y los problemas socioeconmicos relativos a la tenencia y el aprovechamiento de la tierra en el
curso de la vida republicana, todo lo cual preparaba el escenario de los
conflictos sociales recientes.
Tan diversos acercamientos a las subregiones caribeas tienden a
subrayar la necesidad de enmarcar los fenmenos violentos, tanto de la
guerrilla como de los paramilitares, con la configuracin social interna
de las regiones y subregiones, lo mismo que con la manera como esos
territorios se relacionan, tanto con la economa nacional y mundial como
con las redes polticas de los partidos y las instituciones del Estado central. Los grados de cohesin y jerarquizacin social de esos territorios
permiten que las clases dominantes regionales y locales puedan adoptar
una postura selectiva frente a las directrices del Estado central. A esta
diferenciacin en el espacio hay que aadir la dimensin temporal, que
obliga a tener en cuenta los momentos de insercin de las regiones y sus
elites al conjunto de la nacin y su relacin con la presencia en ellas de los
actores armados.
08/07/2014 11:01:25 p.m.
Los cuatro captulos coinciden en sealar el carcter tardo de la insercin guerrillera en la Costa Caribe, en contraste con el momento fundacional de las guerrillas en el mundo andino y en sus fronteras con esa
costa: las guerrillas surgieron en regiones de colonizacin campesina en
situaciones de frontera agraria abierta o a punto de cerrarse, donde no estaban todava presentes los grados de jerarquizacin social e intercambio
econmico que seran la base que las elites de poder locales y regionales
tendran para articularse a las redes de los partidos tradicionales y a las
instituciones estatales.
Este momento inicial contrasta con el movimiento expansivo de las
guerrillas hacia zonas ms integradas a la vida poltica y econmica del
conjunto de la nacin, sea porque ellas han experimentado procesos de
acelerado desarrollo con tensiones sociales que superan la capacidad regulatoria de las instituciones estatales y que ofrecen una estructura de
oportunidades favorable a la insercin de grupos insurgentes, o sea porque han logrado consolidar modelos tradicionales de agricultura y ganadera basados en haciendas latifundistas de corte tradicional y sustentados en la subordinacin o exclusin de la poblacin campesina como
resultado del agotamiento de los sistemas de aparcera y arrendamiento y
de su desplazamiento hacia zonas inundables o poco productivas. Estos
problemas del campesinado son interpretados por la insurgencia como
un escenario favorable para su insercin, por permitirles presentarse
como representantes de los grupos sociales menos favorecidos.
Este segundo escenario sera muy proclive al surgimiento del paramilitarismo en los aos noventa y dos mil: en las sabanas de Sucre y Crdoba, la expansin guerrillera configur una reedicin de los mecanismos
de violencia privada de los hacendados tradicionales, reforzados por los
lazos de estos latifundistas con las autoridades locales y regionales, como
lo sealan, tanto Andrs Aponte como Eduardo Porras. Con un ingrediente adicional: la presencia de grupos de narcotraficantes convertidos
ahora en terratenientes. Tal combinacin de nuevos y antiguos factores
imprimira una dimensin mucho mayor a la violencia suscitada en la regin, asociada a lo que se ha denominado parapoltica o paraeconoma.
El paso del primer escenario al segundo est ejemplificado por la expansin del Ejrcito Popular de Liberacin (EPL), que haba nacido en
los aos setenta en los alrededores del Nudo de Paramillo y la subregin
de Tierralta, en el sur de Crdoba. Sin embargo, este grupo nunca haba
logrado establecer un control de la subregin; su accin se haba concentrado en el secuestro y la extorsin de hacendados, quienes, en respuesta,
08/07/2014 11:01:25 p.m.
conformaron en los aos setenta los primeros grupos paramilitares en

Saiza (Tierralta). Entonces, a comienzos de los aos ochenta, se proyect
hacia los Montes de Mara (entre Bolvar y Sucre), donde todava encontrara poblacin campesina independiente.
La insercin guerrillera en Montes de Mara y

las sabanas del Gran Bolvar
La poblacin campesina de esta subregin es producto de una larga historia que se remonta al poblamiento de los tiempos de la Conquista y la
Colonia, que conocieron los desafos que el cimarronaje y la organizacin
de palenques en las montaas de Mara encarnaban para el control de
las autoridades espaolas. Eduardo Porras subraya el esfuerzo hecho por
de la Torre y Miranda para reorganizar a las poblaciones que vivan dispersas en las llamadas rochelas, asentadas en las sabanas de los actuales
departamentos de Bolvar, Sucre y Crdoba y que permanecan por fuera
del control del Estado espaol y de la Iglesia catlica. El autor plantea
la importancia que tuvo la ubicacin estratgica de estas poblaciones en
relacin con los conflictos entre patriotas y realistas en las guerras civiles
del siglo XIX, para luego mostrar de qu manera el desarrollo tabacalero
dinamiz, tanto el curso de la vida de las poblaciones de la subregin y
sus alrededores, como sus relaciones comerciales con las poblaciones ribereas del ro Magdalena (Zambrano, Magangu) y las del litoral Caribe
(Cartagena, Barranquilla); su comercio beneficiaba a Barranquilla como
puerto exportador y tambin a Sincelejo, de cuya ganadera procedan los
cueros utilizados para armar los zurrones en los cuales se empacaba la
hoja de tabaco.
La subregin se convirti as en un polo de atraccin, tanto para poblaciones prevenientes de las zonas ms pobres de la Costa y del interior,
como para el capital extranjero. Pero, siguiendo la tradicin latifundista
de las haciendas de la Costa Caribe, la inversin de los excedentes producidos por la compra de tierras fue modificando las relaciones internas de
la subregin, que rompa con la tradicional existencia de terrenos baldos
que eran de libre acceso para los estratos sociales subalternos, conformados por indgenas, cimarrones y libertos, adems de los campesinos.
Adicionalmente, esta ruptura provocaba conflictos sociales en torno al
acceso, tenencia y aprovechamiento del suelo. A estos problemas se aada el papel de los intermediarios comerciales en su mayora europeos,
que controlaban la etapas de produccin y mercadeo mediante el endeu-
08/07/2014 11:01:25 p.m.
de, concebido para mantener a los campesinos minifundistas sujetos a

las condiciones que les imponan. Sin embargo, estos mecanismos no
suscitaban mayores desavenencias, ya que el campesinado combinaba el
ejercicio independiente de la agricultura campesina con el trabajo asalariado. En consecuencia, se presentaba una cierta cohabitacin entre elites
y sectores subalternos, que permita cierta autonoma de los jornaleros
frente a los propietarios.
Es ms: la memoria de algunos enfrentamientos armados, aislados
y espordicos, ocurridos durante la Violencia de los aos cincuenta del
siglo XX, aparece matizada por las relaciones de compadrazgo entre
miembros de los dos partidos polticos tradicionales. En tiempos del
Frente Nacional, la regin entr en un periodo de relativa tranquilidad que se prolong hasta los aos sesenta cuando la importancia de la
cuestin agraria condujo a los intentos reformistas de Lleras Restrepo
y a la organizacin de los Usuarios Campesinos como producto de los
mismos. Entonces los departamentos de Crdoba y Sucre fueron escogidos como una especie de laboratorio experimental de las reformas; el
segundo gobernador de Sucre nombrado por Lleras Restrepo, Apolinar
Daz Callejas, simbolizaba la importancia que el gobierno central otorgaba a la reforma agraria y a la organizacin campesina de la regin. El
impulso a la reforma y la organizacin convirti en pequeos propietarios a muchos de estos campesinos, marginados durante decenios, pero
no alcanz a alterar el orden social basado en la hacienda, fuese ella la
tradicional o la moderna.
Sin embargo, la importante movilizacin campesina impulsada por
la Anuc en algunas subregiones de Crdoba, Bolvar, Sucre y Atlntico
suscit la rplica violenta de criminales a sueldo de los hacendados, junto
con la represin estatal. La eliminacin casi sistemtica de muchos dirigentes campesinos, especialmente de los afiliados a la Anuc, adelantada
por los aparatos de la violencia privada, se asoci a las medidas represivas del Estado, con el consiguiente aumento de detenciones arbitrarias y
asesinatos, especialmente en Crdoba y Sucre, donde radicaba la mayor
fuerza del ala radical de la Anuc. A eso se aadi, en el gobierno de Misael
Pastrana Borrero, el viraje entronizado en el Acuerdo de Chicoral, que
favoreca el modelo empresarial propuesto por Lauchlin Currie y reforzara el sesgo anticampesino de las posteriores polticas de desarrollo rural.
Tales polticas llevaron a la divisin de la organizacin campesina, afectada, tanto por problemas burocrticos como por la fragmentacin interna
del mismo movimiento, atizada por los intentos de instrumentalizacin
08/07/2014 11:01:25 p.m.
de grupos radicalizados de la izquierda, algunos de ellos cercanos a la

opcin armada.
En el contexto del fracaso del reformismo agrario y de la organizacin
campesina se insertan los grupos guerrilleros de segunda generacin,
provenientes de otras regiones del pas, particularmente de las asentadas
entre el mundo caribe y el centro andino. Esta expansin de los aos
ochenta, que obedeci a una decisin de la sptima conferencia de las
Farc (1982) y a la reorganizacin y reactivacin del ELN en 1983, pretenda aprovechar las tensiones sociales producidas por las estructuras
socioeconmicas de larga duracin e intentar presentarse como representante de los sectores excluidos y empobrecidos. Los grupos armados decidieron insertarse en territorios que encarasen graves vacos institucionales y serios conflictos agrarios, como los Montes de Mara, que serviran
de base para cercar y ahogar progresivamente los centros urbanos. All
encontraron un escenario previamente adoctrinado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovacin Socialista (CRS), cuya desmovilizacin les dej el territorio despejado.
Sin embargo, tales decisiones voluntaristas de los grupos insurgentes parecan sobrestimar la protesta social de esos aos y malinterpretaban el alcance del movimiento campesino como base social de
un momento supuestamente prerrevolucionario. En ese sentido, por
ejemplo, como plataforma de lanzamiento de la Unin Patritica en
1985 se escogi a Pueblo Bello (Cesar); los relatos de Ricardo Palmera, alias Simn Trinidad, reconocen explcitamente el papel que ellos
otorgaban a la UP en la apertura de espacios donde las Farc se fortalecieran, para lo cual aprovechaban sus nexos con algunos sectores
influyentes de la regin Caribe.
Adems, los guerrilleros en su mayora ajenos a la realidad de la Costa Caribe por provenir del mundo campesino andino, se encontraron
con una situacin muy distinta de aquella donde haban operado hasta
entonces. El escenario que encontraron en las zonas planas de Crdoba y
Sucre se rega por el orden hacendatario tradicional, en el cual los poderes locales y regionales ligados a la vieja hacienda eran los nicos mediadores entre las comunidades y el Estado. El resultado de esta situacin era
que la poblacin campesina dependa del hacendado para su subsistencia. La guerrilla solo poda relacionarse con las poblaciones campesinas
de las reducidas zonas montaosas, como Montes de Mara y las fronteras
entre el mundo caribe y el andino, tanto en el sur de Crdoba como en
las serranas del Perij y la Sierra Nevada de Santa Marta, adonde afluan
08/07/2014 11:01:25 p.m.
campesinos expulsados por la estructura de la propiedad prevaleciente en

los espacios ms integrados.
Este tipo de poblamiento marca una importante diferencia entre las
subregiones del norte y las del sur del Cesar y Crdoba: el contraste entre la situacin relativamente pacfica del resto de la Costa Caribe y el
surgimiento de guerrillas liberales cercanas al gaitanismo en la franja de
frontera abierta entre Antioquia y Crdoba explica las diferencias del
comportamiento de los actores armados en Crdoba.
A pesar de estas diferencias de contexto, la insercin de estos grupos
pretenda beneficiarse del trabajo poltico previo de algunas organizaciones de izquierda y de la misma Anuc. En la subregin de los Montes de
Mara, solamente en los aos ochenta aparecera el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que no pasaba de cien integrantes y haba
realizado pocas acciones de violencia, casi todas fracasadas (en Galeras,
San Pedro y Palmitos). Esta agrupacin se fusion en 1983 con el Movimiento de Unidad Revolucionaria Marxista Leninista (Murml) para
dar origen al MIR-Patria Libre, que en los departamentos de Crdoba
y Sucre impulsara la organizacin de masas Pan y Libertad. En 1989
el MIR-Patria Libre se fusionara con el ELN para darle vida a la Unin
Camilista-ELN (UC-ELN). El fraccionamiento de esta organizacin, debido a diferencias ideolgicas y prcticas, llev, en 1991, a la expulsin
del MIR-Patria Libre de las filas de la UC-ELN, cuya autonoma se reflej en su cambio de nombre: Corriente de Renovacin Socialista (CRS),
cuya existencia perdurara hasta 1994, cuando se desmoviliz en pleno
el corazn de los Montes de Mara, en el corregimiento Flor del Monte,
del municipio de Ovejas (Sucre). El PRT, por su parte, se desmovilizara
en enero de 1991 en Don Gabriel, otro corregimiento del municipio de
Ovejas enclavado en los Montes de Mara. Pero habra que sealar que
estos grupos se dedicaron ms al trabajo poltico y organizativo que a las
acciones armadas: as procuraban aprovechar los acumulados sociales de
los movimientos agraristas, de larga tradicin en la zona.
A finales de los aos ochenta y al lado de estos grupos se expandan
las Farc, las cuales parten de un frente que operaba en el occidente y en
Urab (Antioquia), avanzan hacia el Bajo Cauca antioqueo y el sur de
Crdoba y en 1987 pasan a los Montes de Mara. Para escapar de la presin de militares y paramilitares, las Farc se ubican en La Mojana, en el
Bajo Cauca y en el Magdalena Medio. En La Mojana tambin ejerca alguna influencia el Ejrcito Revolucionario del Pueblo (ERP), una disidencia
del ELN que, a partir del ao 2000, fue asimilada por las Farc. En 1992
08/07/2014 11:01:25 p.m.
las Farc llegaron al Carmen y lograron desplazar a la fuerza pblica del

lugar, para convertirse en la autoridad local. En otras regiones de la Costa,
como el sur de Bolvar y particularmente en San Pablo y Santa Rosa del
Sur, este grupo hace presencia a partir del desdoblamiento de otro frente,
ubicado en el Magdalena Medio y que desde el sur bolivarense avanza
hacia la Serrana del Perij (Cesar) y la Sierra Nevada de Santa Marta,
mientras otro grupo ingresaba al departamento de Magdalena, por los
municipios de El Banco y El Difcil.
Por su parte, el ELN haba ejercido algn tipo de presencia en 1972,
cuando se expandi desde su base del Magdalena Medio hasta el sur de
Bolvar, por la serrana de San Lucas, y luego hacia el sur del Cesar. Sin
embargo, su desastre en Anor, Antioquia, retras su expansin hasta
1983, cuando volvera a tomar fuerza en estas regiones del Magdalena
Medio Caribe, en la zona de encuentro entre la costa Caribe y el mundo
andino. Posteriormente se introdujo en el centro del Cesar, donde a finales de los ochenta operaba en buena parte de los municipios del Departamento. Mientras tanto, entre 1985 y 1989 avanzaba desde la serrana de
San Lucas (sur de Bolvar) y el Bajo Cauca antioqueo, para penetrar en
el piedemonte de la Serrana del Perij, el norte del Cesar y el sur de Magdalena, adems de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego se insertara
en La Mojana y los Montes de Mara, de donde ejercera influencia sobre
las sabanas del Gran Bolvar.
El autor considera que sera ingenuo pretender negar la existencia
de algunos nexos de la organizacin campesina con grupos insurgentes.
Como se ha mencionado antes, el primer grupo armado presente en la regin fue, desde 1967, el EPL, brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML), el cual tuvo algn xito en zonas del Alto Sin
y San Jorge, donde estaba cerrndose la frontera agraria pero no se haba
consolidado plenamente el control de las elites regionales ni la regulacin social en manos del Estado. El xito inicial de su insercin obedeci
al encuentro de grupos urbanos radicalizados con poblacin campesina
que haba militado en las guerrillas gaitanistas, lideradas por Julio Guerra
durante la Violencia de los cincuenta. Esto facilit su dominio de la zona,
desde la cual se proyect a la del Urab antioqueo, donde apoyara las
reivindicaciones de los trabajadores bananeros y los procesos organizativos de los campesinos expulsados de las sabanas de Bolvar como consecuencia de la consolidacin de la hacienda ganadera.
El respaldo de este grupo a la movilizacin campesina reforz todava ms los esfuerzos de algunos sectores de las clases dominantes
08/07/2014 11:01:26 p.m.
regionales por presentarla como ligada el comunismo internacional y

legitimar as su represin. Por eso, aunque no haba vnculos directos
de la Anuc con los guerrilleros, algunos de sus miembros ms radicales
se vincularon a la lucha armada mientras otros adoptaban una postura
ambigua frente a ella. Sin embargo, esas relaciones no estaban exentas de tensiones y debates: ciertos sectores sealaban la incapacidad del
grupo guerrillero y su brazo poltico para dirigir al campesinado, ya que
el reconocimiento terico de la importancia del movimiento campesino
distaba mucho de su prctica concreta. Para otros, esta ambigua cercana tuvo efectos contraproducentes porque llev a que la movilizacin
y las invasiones campesinas fueran asimiladas a los intereses de la izquierda revolucionaria
El surgimiento del paramilitarismo

Esta situacin suscit la reaccin de algunos sectores de la sociedad: la
creacin del fenmeno paramilitar como instrumento de las elites regionales para defender un statu quo amenazado por las actividades militares
y predatorias de las guerrillas y por el avance electoral de la UP. La situacin se tornaba ms compleja al calor de los cambios polticos producidos
por la descentralizacin administrativa y la eleccin popular de alcaldes.
El escenario resultante colocaba en la escena poltica a la UP y al Frente
Popular este ltimo cercano al EPL, como desafo al dominio tradicional de las clases dirigentes regionales y locales.
En el departamento de Crdoba, los avances polticos de estos grupos, junto con las acciones de extorsin, secuestros y asesinatos llevados
a cabo por el EPL en la zona plana las sabanas de Crdoba y las cercanas
de Montera contribuyeron a la reaccin de Los Tangueros, organizacin de Fidel Castao que en 1989 se transformara en las Autodefensas
Campesinas de Crdoba y Urab (Accu). El surgimiento del paramilitarismo recoge, segn Andrs Aponte, una larga tradicin de privatizacin
de la violencia que, en la mediana duracin, se remonta a las divergencias entre terratenientes y campesinos suscitadas entre 1920 y 1958, la
articulacin gradual de las haciendas al abastecimiento de carne a ciertas
regiones de Antioquia y los conflictos en torno a la reforma agraria de los
aos sesenta y setenta.
Muchas de las transformaciones de la economa de la regin operadas
a finales del siglo XIX y comienzos del XX fueron producto del aumento
08/07/2014 11:01:26 p.m.
de la demanda de carne por parte de Antioquia, que increment la demanda de mayores extensiones de tierra, la tala sistemtica del bosque y
la introduccin de pastos artificiales y del alambre de pas. La sedentarizacin de la ganadera, ocupacin que antes tena un carcter trashumante, llev a la necesidad de clarificar la propiedad de la tierra y modernizar
la organizacin de las haciendas, impulsada por propietarios antioqueos y cordobeses. Pero esta consolidacin de la estructura de la hacienda
ganadera trajo como consecuencia la ruptura de la coexistencia pacfica
de los terratenientes con los campesinos ubicados en la periferia de sus
propiedades, especialmente en las dos ltimas dcadas del siglo XIX y los
inicios del XX.
La otra cara de estas transformaciones fue, pues, la expulsin del campesinado de las regiones de frontera agrcola hacia territorios vecinos,
como Urab, no pocas veces mediante el empleo de mecanismos violentos o fraudulentos. A estos problemas se sumaban las contradicciones en
torno a la apropiacin de baldos y de las tierras que dejaban libres los
ros, situacin que empeoraba por la necesidad de disponer de grandes
extensiones, a causa de la dependencia que la ganadera tena respecto
de los cambios climticos. Esta situacin produjo, como reaccin, el surgimiento de procesos campesinos organizativos bastante radicales, que
fueron reprimidos violentamente por matones a sueldo, con la tolerancia
o el respaldo de las autoridades locales, mtodo que era definitivo para
legalizar el despojo. Adicionalmente, la respuesta de los terratenientes se
concret en la organizacin de una Defensa Civil, que fue apoyada por
gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), as como
en la apelacin, tanto a matones contratados para desarticular violentamente las organizaciones campesinas, como a las autoridades locales, interesadas en bloquear los intentos de los sectores reformistas, incluidos
los provenientes del gobierno nacional.
En esa direccin se mova la autorizacin dada en 1965 por el presidente Guillermo Len Valencia para que los terratenientes, en aras de
preservar el orden pblico, pudieran organizar grupos de autodefensa
encaminados a cumplir tareas exclusivas de la fuerza pblica. Para muchos, esta reaccin de los poderes locales preludi el origen del actual
paramilitarismo, aunque los grupos de violencia privada de entonces,
compuestos por personal a sueldo, eran menos poderosos y estaban mucho ms subordinados a los terratenientes y a la clase poltica tradicional,
cuyas buenas relaciones con las autoridades locales permitan contar con
el apoyo de las fuerzas estatales de seguridad. Adems, no siempre era
08/07/2014 11:01:26 p.m.
necesario recurrir a las vas violentas, ya que los nexos de los terratenientes con los poderes locales y regionales eran suficientes para los procesos
de expropiacin de tierras y de apropiacin legal de baldos. Adems de
estas alianzas locales, estos grupos podan recurrir a la colaboracin de
los niveles nacionales del Partido Conservador, para quienes la organizacin campesina amenazaba el tradicional predominio del partido en el
campesinado.
Adems de estos aspectos polticos, la decisin del ELN y las Farc de
proyectarse hacia zonas ms integradas del pas coincidi con la aparicin de un nuevo actor el narcotraficante, que modific el escenario
rural al invertir en las propiedades rurales y promover el surgimiento de
los grupos paramilitares. Se abri as una nueva etapa de privatizacin
de la violencia: los propietarios tradicionales, que ya haban enfrentado
violentamente las movilizaciones campesinas y ahora hacan igual cosa
con la guerrilla, se vieron reforzados por los narcotraficantes, convertidos
en terratenientes, y por algunos sectores de la fuerza pblica, activos o
retirados, empeados en la lucha contrainsurgente.
Esta confluencia empez a hacerse visible en las reticencias de estos
grupos frente a las negociaciones de paz del presidente Belisario Betancur, especialmente en regiones como el Magdalena Medio y Crdoba,
donde, para enfrentar las crecientes extorsiones de las guerrillas, los tradicionales grupos de seguridad privada de las haciendas se combinaban
con cuerpos armados mejor organizados y equipados, como Los Tangueros de Fidel Castao. Aponte sostiene que la insercin del grupo de Castao se hizo posible por su trayectoria anterior en el departamento, que
haca que el modelo paramilitar fuera percibido como viable y aceptable
por los poderes regionales, ya que era congruente con la experiencia previa de privatizacin de la fuerza para contener la movilizacin campesina,
la cual responda al estilo de presencia diferenciada del Estado.
Este xito permiti que, bajo el gobierno de Virgilio Barco, los grupos
paramilitares continuaran su expansin nacional y su campaa de repudio sistemtico de los miembros y simpatizantes de la Unin Patritica.
En Crdoba, esta labor se extendi a las organizaciones sociales que eran
consideradas como una extensin del proyecto revolucionario, al cual
supuestamente proporcionaban una base social y poltica. El resultado
obvio fue el evidente descenso de la movilizacin social en la regin, sobre todo la relacionada con la tenencia de la tierra, junto con la erosin
de las bases sociales y logsticas de la guerrilla. Pero, por otra parte, el
mismo campesinado empez a ser victimizado por la insurgencia como
08/07/2014 11:01:26 p.m.
base social de los grupos paramilitares cuando empez a negarse a seguir

colaborando con la guerrilla. Y, al lado de este distanciamiento entre campesinado y guerrilla, aumentaban las contribuciones voluntarias de los
hacendados a los grupos paramilitares]. La figura de Salvatore Mancuso
se convirti en el smbolo emblemtico de la aceptacin de la privatizacin de la violencia, con el apoyo, a veces explcito, de mandos militares
de la regin.
Esta evolucin presentaba algunas continuidades respecto de la privatizacin tradicional de la violencia, pero tambin algunas rupturas: ahora
los grupos estaban mejor armados y organizados, con un recurso a nuevos
repertorios, como las matanzas y los asesinatos colectivos, no solo contra
los combatientes guerrilleros sino tambin contra sus bases sociales, reales
o supuestas, entre ellos obreros del campo, invasores de tierras, campesinos
sindicalizados, todos los cuales se supona que eran amigos de la guerrilla.
Y se extendi a otros sectores que, segn la opinin de los terratenientes,
los militares y los antioqueos recin llegados, constituan una amenaza
para el orden establecido. Adems, el aumento de recursos provenientes
del narcotrfico permita ahora reclutar y pagar a jvenes desarraigados,
resultantes de la pauperizacin emanada de la consolidacin de la hacienda
y del modelo de produccin agropecuaria extensiva.
El nuevo orden, ligado a la defensa de la ganadera extensiva y la
agroindustria de la gran propiedad, afect diferenciadamente a los grupos guerrilleros. Algunos, como el EPL y el PRT, se insertaron en la vida
poltica legal al calor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991,
mientras que el ELN se margin de las negociaciones para intentar en
vano una nueva estrategia expansiva, que pretenda llenar los espacios
que haba dejado la desmovilizacin del PRT y el EPL en algunas subregiones de la Costa Caribe, como los Montes de Mara, donde antes haba
operado el PRT. Al comienzo de los aos noventa tal expansin se concentraba igualmente en ciudades intermedias cercanas a otras regiones
montaosas del Caribe, como los municipios que componen el Valle de
Upar, el Bajo Cauca antioqueo y la Serrana de San Lucas, al sur del Departamento de Bolvar. Entre 1994 y 1996, esa expansin lleg a crear un
corredor estratgico a lo largo de la Depresin Momposina, que comunicaba el Magdalena Medio, el Valle de Upar, el centro del departamento del
Magdalena y los Montes de Mara.
Sin embargo, este grupo fue severamente golpeado por la expansin
paramilitar, especialmente en la subregin de los Montes de Mara y en
el Magdalena Medio, una de sus principales zonas de retaguardia, que se
08/07/2014 11:01:26 p.m.
convirti en el centro de los ataques de las AUC, las cuales perciban a la

misma como un santuario guerrillero. Entonces se hizo evidente la debilidad militar de este grupo, que, hacia el ao 2002, deja prcticamente de
disputar el control del territorio como resultado del fracaso de su intento
de instalarse en una zona desmilitarizada para negociar con el gobierno de Pastrana, paralelamente con los dilogos del Cagun. Entre 2002 y
2003, su actividad se redujo a acciones aisladas en los Montes de Mara
y el Valle de Upar, y en algunos municipios del sur de Cesar y Bolvar,
suscritos a las lgicas de la regin del Magdalena Medio, retaguardia y
bastin de este movimiento. Por ese motivo, algunos de sus frentes siguieron funcionando en Yond, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur,
Morales, Arenal, Tiquisio y Gamarra.
En cambio, las Farc aprovechaban esos dilogos para fortalecerse militar, financiera y organizativamente y enfrentar inicialmente los avances del paramilitarismo. Su actividad se concentraba en algunas acciones
de boicoteo de las elecciones en el norte de Cesar y Sucre, adelantadas
mediante el secuestro, la amenaza y el asesinato de candidatos, para no
hablar del incendio de Los Palmitos en 1998, por lo cual muchos candidatos a alcaldas y concejos municipales se vieron obligados a renunciar.
Tambin efectuaron acciones tpicas de la estrategia guerrillera, como las
tomas de Chaln y Pueblo Bello, ataques directos a alcaldas municipales
y retenes en varios municipios de Sucre y Bolvar, entre otros. Los frentes
de Montes de Mara lograron resistir e incrementaron los secuestros extorsivos, la intimidacin de ganaderos, el abigeato y las vacunas, como
ocurri en Ovejas, Chaln, Colos, Morroa, San Juan de Betulia, Caimito,
La Unin y San Antonio de Palmito.
Sin embargo, las estructuras de las Farc en el Caribe se vieron luego
dramticamente diezmadas como resultado de la recuperacin militar
del territorio por las fuerzas estatales, que condujo a la captura de Simn Trinidad en 2004, y especialmente a la muerte en combate, en 2007,
de Gustavo Rueda Daz, alias Martn Caballero, jefe de esa guerrilla en
Montes de Mara. El golpe condujo al debilitamiento y la desestructuracin definitiva de las Farc en la regin, lo mismo que de sus apndices
asociados al Ejrcito Revolucionario Popular (ERP). En la Sierra Nevada
de Santa Marta, donde inicialmente haban logrado resistir el avance de
las AUC y, conjuntamente con el ELN, obligado a retirar los puestos de
polica, la recuperacin militar del territorio en 2002, bajo la presidencia
de Uribe Vlez, hizo que desde entonces no se registrara all casi ninguna
otra actividad guerrillera.
08/07/2014 11:01:26 p.m.
Las actividades de este grupo armado se concentraron entonces en el

Urab antioqueo y sus lmites con Crdoba, territorio cuya ubicacin
estratgica en el Departamento le permiti insertarse en el corredor que
conecta las subregiones antioqueas de Urab, el occidente, el norte y el
Bajo Cauca con la regin Caribe. Para ello, desde 1993, las Farc haban
organizado tres bloques: el noroccidental, en el Nudo de Paramillo, ubicado en el sur de Crdoba y ligado a la guerra con los paramilitares por el
control de Urab; el del Magdalena Medio, asentado en la subregin del
sur de Bolvar y Cesar, y el Caribe, que agrupaba al resto de frentes activos
en la Costa Caribe. Posteriormente, en 1994, se cre el frente Resistencia Guajira, destinado a hacer presencia ms permanente en el sur de La
Guajira, particularmente en las zonas cercanas al costado oriental de la
Sierra Nevada de Santa Marta y el norte de la Serrana del Perij.
En esa expansin, los hechos violentos se concentraron en la subregin surea de Crdoba, donde las Farc intentaban disputar con el aparato paramilitar de Fidel y Carlos Castao los territorios antes dominados
por el EPL: por ese motivo Tierralta (Crdoba) y el Urab antioqueo
fueron las subregiones ms afectadas por la actividad blica de las Farc
en esos aos. Por su parte, el grupo paramilitar de los Castao intentaba
extender el control que haba logrado en las zonas planas e integradas del
Departamento hacia las ms elevadas del sur, lo mismo que a las partes
altas del Sin y San Jorge. Estas subregiones, asiento de una colonizacin ms reciente y lugar de encuentro de las migraciones antioqueas y
sabaneras, eran consideradas por Castao y Mancuso como extensiones
rojas bajo la influencia guerrillera, por ser las reas menos integradas a
las redes polticas de la regin y por consiguiente fuera del control del
Estado central.
Por otra parte, sus nexos con las dinmicas del Urab antioqueo recientemente conquistado por el paramilitarismo, a ms de su ubicacin
estratgica en el circuito econmico de la coca y del contrabando, convirtieron a esta subregin en escenario de enfrentamientos sangrientos por
hacerse al control de los entornos de Tierralta y Valencia. Para las AUC,
era necesario eliminar el ltimo reducto de las Farc en el Nudo de Paramillo, por su ubicacin en un corredor que ofrece condiciones especiales:
por el noroccidente, comunica al Choc y el Urab antioqueo; por el
norte, a las sabanas de Crdoba y Sucre, y por el suroccidente al bajo y al
medio Cauca antioqueos; al tiempo, ofrece salidas tanto al Caribe como
al Pacfico. Obviamente, contaba tambin con cultivos cocaleros y era la
ruta obligada para el contrabando de armas y la exportacin de la coca.
08/07/2014 11:01:26 p.m.
Esta evolucin del conflicto explica tambin el sangriento enfrentamiento de las Farc con el EPL, que era el grupo hegemnico en la regin.
El mismo afect a las bases sociales de ambos grupos, especialmente porque la desmovilizacin del EPL y su ulterior conversin en un movimiento poltico legal (Esperanza, Paz y Libertad) fueron vistos por las Farc
como una traicin a los ideales revolucionarios. Los ataques de las Farc
a los desmovilizados de esa agrupacin condujeron a algunos de ellos a
integrarse a los cuerpos de inteligencia del Estado. Tales enfrenamientos
reeditaban los choques anteriores de estos destacamentos en Urab, que
a su vez explican la alianza inusitada de algunos de ellos con los paramilitares de la regin, frente a un enemigo comn, ya que las Farc venan
exterminando a los reinsertados del EPL en Crdoba y Urab.
La importancia de esa ubicacin geogrfica motiv los sucesivos ataques y contra-ataques de las Farc y los grupos paramilitares en su intento
de lograr el dominio de este corredor en el Nudo del Paramillo. Las Farc
atacan a Tierralta en 1998, y el siguiente ao a Puerto Escondido, Montelbano (Crdoba) y Dabeiba (Antioquia), para lo cual contaron con cierto
apoyo de las poblaciones que haban sufrido el asedio paramilitar. Obviamente, esto provoc el contra-ataque del grupo paramilitar, que concentr sus fuerzas en los municipios de Toledo, Caasgordas, Giraldo, Ituango y Buritic (Antioquia), apoyado por grupos provenientes de Crdoba.
Muchos campesinos se vieron precisados a desplazarse hacia los cascos
urbanos y la capital departamental, Montera, ciudad que lleg a contar
con el barrio de invasin ms grande del pas en los aos noventa. Los
barrios subnormales proporcionaban una oportunidad para la insercin
de los paramilitares en contextos urbanos y para reclutar a sus seguidores.
Estos enfrentamientos fueron produciendo transformaciones de los
grupos subversivos armados. En esos aos, tanto el ELN como las Farc y
el reducido grupo disidente del EPL aumentaron sus acciones contra la
poblacin civil: las extorsiones, los secuestros y asesinatos de hacendados, la destruccin de fincas y el robo de ganado, se unan a las llamadas
pescas milagrosas, especialmente en las carreteras entre el interior y la
regin Caribe. Tales acciones terminaron contribuyendo a la legitimacin
social del paramilitarismo, desde sus bases en Crdoba hacia los dems
departamentos del Caribe. Por otra parte, los recursos del narcotrfico
haban permitido cierta relativa autonoma de las huestes paramilitares
frente a sus aliados locales para superar el carcter privado de las fuerzas
subordinadas a ganaderos y militares e ir creando un proyecto ofensivo
de alcance nacional.
08/07/2014 11:01:26 p.m.
As fueron conformando una alianza heterognea, cruzada por divergencias internas pero que aprovechaba la mentalidad antirreformista de
las elites locales y los hacendados tradicionales o modernos, el pensamiento contrainsurgente de sectores de mandos militares y poderes locales, los intereses de los narcotraficantes convertidos en terratenientes y la
experiencia de algunos exguerrilleros o antiguos militantes de la izquierda legal o revolucionaria perseguidos por las Farc, quienes aportaban
tanto su experiencia de combate como su trabajo poltico y social entre
la poblacin civil
La subregin de Montes de Mara se convirti asimismo en un escenario muy conflictivo. Ante la presencia de las Farc, las AUC organizaron el
frente Rito Antonio Ochoa, que cambiara su nombre por el de Hroes de
los Montes de Mara y estara comandado por Edward Cobo Tllez (alias
Diego Vecino) y Rodrigo Antonio Mercado Peluffo (alias Cadena). La
maniobra afect gravemente a la poblacin campesina, ya que el trabajo
poltico y organizativo desarrollado previamente en la regin hizo que las
AUC consideraran a las comunidades campesinas de la subregin como
base social de la guerrilla, que no deba ser reconocida como poblacin
civil sino como guerrilleros de civil. De ah las escandalosas cifras de
masacres y asesinatos y los masivos desplazamientos de poblacin con
la colaboracin, abierta o implcita, de servidores pblicos, tanto civiles
como policiales y militares, que afectaron principalmente a San Onofre y
Ovejas (Sucre) y El Carmen y San Jacinto (Bolvar).
Esta reaccin paramilitar hizo que los aos corridos entre 1996 y 2005
estuvieran marcados por las expansiones simultneas de guerrillas y grupos paramilitares, como resultado de la radicalizacin poltica de la opinin pblica hacia una solucin militar del conflicto armado, coyuntura
que explica el xito de la poltica de Seguridad Democrtica esgrimida
por el presidente lvaro Uribe Vlez. En el contexto de esas polticas fue
establecida, en 2002, la primera zona de rehabilitacin y consolidacin
en los municipios bolivarenses y sucreos de los Montes de Mara, a los
cuales se aadieron otros de la subregin de Sabanas (Sucre). As se produjeron capturas masivas de personas sin rdenes previas de detencin,
a quienes se endilg el delito de rebelin con base en una supuesta pertenencia a las guerrillas. A esto se sum la estigmatizacin generalizada de
los pobladores de la regin como miembros o auxiliadores de la guerrilla.
Paralelamente a la ofensiva contra la subversin, el gobierno de Uribe
Vlez inici un proceso de negociacin con la cpula de las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC) que condujo a su desmovilizacin. El acuer-
08/07/2014 11:01:26 p.m.
do volvi a escoger a los Montes de Mara como lugar para un nuevo

desmonte de tropas: el del bloque Hroes de los Montes de Mara, en el
corregimiento de San Pablo, en el municipio de Maralabaja. Sin embargo, el vocero del grupo, alias Diego Vecino, afirm que se desmovilizaban
las AUC pero no el paramilitarismo, para advertir al gobierno que las
elites regionales y locales seguan reclamando seguridad, dada la fuerte
presencia que las Farc mantenan en el territorio.
La desmovilizacin de grupos irregulares y los avances militares de la
fuerza pblica fueron seguidos por la consolidacin del control estatal en
la regin pero con la coordinacin de todas las entidades estatales en manos de autoridades militares, medida que trajo consigo el aumento de las
inversiones pblicas pero tambin la militarizacin de la vida civil. Estos
avances en la seguridad y en infraestructura vial y social, encaminados
a crear condiciones para el retorno de las familias desplazadas, fueron
aprovechados por inversionistas forneos, en su mayora antioqueos,
atrados por la oportunidad de comprar tierras de excelente calidad a
muy bajo precio, que rpidamente se valorizaron.
El resultado fue un nuevo proceso de concentracin de la propiedad,
que reverta algunas de las pocas conquistas del inconcluso proceso de
reforma agraria de los aos sesenta. Tales actuaciones pusieron en evidencia, una vez ms, los problemas que subsistan en la subregin de
Montes de Mara: una mayor presencia del Estado estuvo acompaada
por una gran desarticulacin de las polticas pblicas y de las agencias
estatales encargadas de ejecutarlas. Adems, esas polticas no han tenido
suficientemente en cuenta los acumulados logrados por el apoyo de las
agencias internacionales y de otras iniciativas de la sociedad. Un aprovechamiento ms adecuado de estas experiencias podra ayudar a superar la
lgica contrainsurgente con la cual algunas instancias estatales se acercan
a la regin, cuyos pobladores son a veces considerados como potenciales
enemigos del Estado.
Por otra parte, la desmovilizacin de los paramilitares transform las
expresiones del conflicto armado, que qued reducido a los enfrentamientos entre la fuerza pblica y las Farc. Antes de producirse ese hecho,
el evidente declive de tales cuerpos, como consecuencia de sus pugnas
internas, haba sido aprovechado por las Farc, no solo para recuperar el
terreno perdido en el sur del Sin en los aos noventa sino tambin para
restablecer su presencia en el corredor que une esta zona con el Urab
antioqueo y el chocoano. Estos avances llevaron al Ejrcito a intensificar
sus operaciones en la subregin, tal como se haba exigido en las con-
08/07/2014 11:01:26 p.m.
diciones puestas por las AUC para su desmonte, y a llegar incluso a las
zonas limtrofes de Crdoba con Choc y Antioquia.
La nueva ofensiva oblig a las Farc a replegarse hacia el Nudo de Paramillo y el sur de la serrana del Darin, en territorios del Choc y Antioquia, de ms difcil acceso para la fuerza pblica. El acto marc un
punto de inflexin de esta guerrilla, cuya presencia en Crdoba quedaba
limitada a las zonas de cultivos ilcitos. Este repliegue de las Farc trajo
como consecuencia la adopcin de una postura selectiva frente a las estructuras criminales de las llamadas bacrim, segn fuese la cambiante relacin de fuerzas: en unos casos las enfrentaban y en otros se aliaban con
ellas, llegando a cierta divisin del trabajo en relacin con la economa
cocalera. Porque la incapacidad de esa guerrilla para controlar las rutas
de salida hizo que este grupo se concentrara en el control de los cultivos
y de algunas etapas de su procesamiento, y dejara la labor de transporte
y distribucin en las costas en manos de las bacrim, que cuentan con la
capacidad tanto logstica como infraestructural para exportar la droga a
los pases centroamericanos y al propio Mxico.
La presencia de las bandas criminales, consideradas por algunos como
grupos neoparamilitares, puso de manifiesto las ambigedades de la negociacin con los paramilitares, las cuales derivaron en un rearme y un
violento reacomodo interno de sus estructuras, ahora fragmentadas y
cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotrfico pero ms pragmticas en su actividad criminal. Incluso, el hecho de que, bajo el actual
gobierno de Juan Manuel Santos, la subregin de Montes de Mara hubiese sido escogida como prioritaria para la aplicacin de la Ley de Vctimas
y de Restitucin de Tierras, la ha convertido en escenario de nuevos actos
de violencia: el hostigamiento, los atentados y asesinatos de los reclamantes de tierras y las pugnas internas entre campesinos segundos ocupantes o compradores de buena fe contra los poseedores originales, han
motivado la protesta de organizaciones campesinas y de otras semejantes.
La diversidad interna de los grupos y el alcance de su penetracin en
varias regiones del pas aparecieron claramente en el proceso de desmovilizacin. Los paramilitares se mostraban ms como una confederacin de
grupos dismiles que como una agrupacin cohesionada, pues eran claras
las diferencias entre el ala ms vinculada al narcotrfico y los partidarios
de un proyecto de carcter ms poltico, todo ello en medio de conflictos
internos de los grupos narcotraficantes por el control de los cultivos y las
rutas del trfico. El problema de fondo era que las desmovilizaciones partan del supuesto de que los grupos paramilitares estaban conformados
08/07/2014 11:01:26 p.m.
solo por sus estructuras armadas, y se pasaban por alto, tanto sus nexos
con los poderes locales y regionales (los grupos econmicos dominantes
en sus regiones), como, obviamente, sus relaciones con mandos locales y
regionales de las fuerzas de seguridad del Estado.
Las regiones ms afectadas por las agrupaciones rearmadas coinciden
con aquellas donde las AUC alcanzaron un importante control poltico,
econmico y social, como la Sierra Nevada de Santa Marta, el Alto Sin y
el San Jorge cordobeses, los Montes de Mara y el Magdalena Medio. Sin
embargo, la expansin de estos grupos no se restringe a estas subregiones,
pues actualmente se han incrementado y estn presentes en muchos de
los municipios que conforman la Costa Caribe.
Las renovadas estructuras paramilitares, comandadas por antiguos cuadros medios de los grupos paramilitares o por narcos camuflados bajo
el halo de paramilitares reinsertados, desencadenaron una nueva ola de
violencia por el control territorial de las zonas de cultivo y de las rutas de
comercializacin de la cocana. Anteriormente, la direccin central de las
AUC garantizaba el reparto de los eslabones y los territorios de la economa
de la coca, pero ahora los antiguos segundones buscan cada uno por su lado
copar todos los eslabones de la economa ilegal y controlar a la poblacin
y el territorio mediante sus propias estructuras armadas. As, los secuaces
de los jefes desmovilizados adoptan un estilo operativo muy similar al de
los paramilitares, pero con un discurso antisubversivo menos pronunciado,
unos grupos operativos menos numerosos y unas relaciones con sectores
polticos que anteriormente no trascendan el nivel regional-local.
Esta restriccin operativa a la poltica local es fruto de la experiencia
dejada por los escndalos de la llamada parapoltica, que les hizo caer
en la cuenta de que los arreglos institucionales de carcter regional y
nacional los hacan demasiado visibles frente a la opinin pblica y los
colocaba en una posicin muy vulnerable frente a las fuerzas estatales
de seguridad. Sin embargo, pese a los avances de estas ltimas, las formaciones ilegales siguen teniendo nexos con algunos miembros de la fuerza
pblica, activos y retirados.
Las complejas relaciones entre paramilitares y

polticos regionales
Estos escndalos hicieron visibles el alcance y la profundidad de la insercin de los grupos paramilitares en la vida pblica, as como sus enormes
08/07/2014 11:01:26 p.m.
variaciones, segn la coyuntura poltica de cada regin, tal como aparece

al hacer un contraste entre Crdoba, Sucre y Cesar. En su captulo sobre el Cesar, Vctor Barrera afirma que las elites de este Departamento
terminaron subordinadas al liderazgo de Jorge 40 debido a la falta de
experiencia de estos grupos en el manejo de la violencia privada. El hecho
contrasta con lo ocurrido en otros departamentos de la Costa Caribe,
como Sucre, donde el paramilitarismo surge como apndice de polticos
locales. All los grupos paramilitares dividan sus lealtades entre las facciones regionales: Diego Vecino estaba al servicio de la familia Merlano,
mientras Rodrigo Cadena serva a lvaro Garca; de ah el fracaso del
intento de Diego Vecino cuando trat de aprovechar para su propio beneficio electoral y burocrtico las bases sociales del sistema clientelista
tradicional, al cual reforzaba con su grupo armado.
El contraste es mayor respecto del departamento de Crdoba, donde
las relaciones entre paramilitares y polticos son ms complejas y diferenciadas: la legitimacin social de los Castao y Mancuso condujo a que
algunos polticos regionales y locales buscaran negociar con los paramilitares su apoyo electoral en las localidades que controlaban militarmente. Pero estas negociaciones variaban tanto segn el grado de confiabilidad que tuvieran los polticos para ellos como de la fuerza poltica
que poseyeran previamente esos lderes: algunos de ellos, como Eleonora
Pineda, dependan enteramente de los Castao y de Mancuso, mientras
otros, como Zulema Jattin, Julio Manzur o Miguel de la Espriella, posean
cierto poder poltico, que podra verse reforzado por la presin armada
de los jefes paramilitares. Para De la Espriella, el arreglo establecido con
Mancuso le representaba la posibilidad de independizarse del liderazgo
poltico de Juan Manuel Lpez Cabrales y dar el salto de la Cmara de Representantes al Senado. Esta situacin era similar a la de Julio Manzur, a
quien la alianza con Mancuso le permita acrecentar su poder en la regin
y minar as la hegemona de su mayor rival: Juan Manuel Lpez Cabrales.
En cambio, Juan Manuel Lpez Cabrales se encontraba enfrentado,
tanto a los paramilitares como a sus aliados regionales y locales; su peso
regional lleg hasta obligar a los paramilitares a negociar su participacin
en la burocracia departamental. El enfrentamiento con las AUC condujo
a Lpez Cabrales incluso a vetar la Ley de Justicia y Paz, impulsada por
el presidente Uribe para favorecer el desmonte paramilitar. La autonoma
de Lpez Cabrales obedeca a que no tena necesidad del apoyo paramilitar, pues posea una maquinaria electoral consolidada aos atrs y basada
en su dominio de las instancias ms apetecidas del Departamento (Edu-
08/07/2014 11:01:27 p.m.
cacin y Salud), que garantizaba el respaldo electoral de sus clientelas.

Ms bien, la creciente influencia paramilitar en la vida poltica cordobesa
representaba una amenaza a su capital poltico, que lo obligara a compartir las cuotas burocrticas que cimentaban su poder en la regin y a
aceptar la divisin de distritos electorales con sus adversarios y con las
nuevas figuras emergentes.
Esta complejidad de la situacin explica que, en el anlisis de este Departamento, Andrs Aponte se distancie de los enfoques sobre captura
o configuracin mafiosa del Estado en el terreno de la parapoltica, para
mostrar la manera diferenciada como los grupos paramilitares interactuaron con las elites de poder regionales y locales, segn fuese la correlacin de fuerzas existente. Y que prefiera, en cambio, hablar de diferentes
arreglos institucionales entre polticos y paramilitares, que llevaron a la
instauracin de un orden social de la guerra, diferente segn las estructuras de poder locales y regionales, que determinan los mrgenes de maniobra y capacidad de agencia de los lderes de los dos niveles.
Por otra parte, estas diferentes interacciones ponen de manifiesto las
transformaciones que se haba operado en el paramilitarismo, que estaba ya muy distante de las autodefensas originales, estrechamente ligadas
a los poderes regionales y a los mandos militares locales y regionales y
cuyas actividades se restringan a frenar el avance guerrillero y controlar
a la poblacin campesina. Ahora estos grupos mostraban cierta autonoma frente a los jefes polticos locales y regionales, gracias a los recursos
financieros del narcotrfico; esta autonoma los llevaba a proponer un
proyecto poltico, econmico y militar en el mbito nacional, como se
hizo evidente .en el llamado Pacto de Ralito.
Las transformaciones sociales y econmicas del Cesar

Como se ha dicho atrs, la mayor autonoma de estos grupos era ms
visible en el departamento del Cesar, como producto de una historia diferente de las de Sucre y Crdoba. Sin embargo, como destaca el captulo de Vctor Barrera, la historia inicial de este Departamento no es muy
diferente de la de otras regiones del pas. En los tiempos coloniales se
inicia como un espacio perifrico, donde la complicada geografa, el escaso poblamiento y la persistencia de indgenas belicosos hicieron difcil
el control de las autoridades de Santa Marta y Bogot sobre el territorio.
Incluso, pese a algunos esfuerzos del Estado central por integrarlo al seno
de la nacin, todava a comienzos del siglo XX la escasa y desordenada
08/07/2014 11:01:27 p.m.
poblacin de Valledupar haca que esa ciudad fuese considerada como

asilo de reos prfugos, indios bravos limtrofes y gente de carcter especial, que es la caracterizacin clsica de las poblaciones de las fronteras
agrarias perifricas.
Esa peculiaridad empez a modificarse desde finales del siglo XIX por
el impacto de la colonizacin espontnea de campesinos mestizos, resultante, tanto de las tensiones sociales producidas por la concentracin de
la propiedad y el cierre de la frontera agraria en el mundo andino, como
de la violencia poltica de las guerras civiles. Esto condujo a que campesinos procedentes del Tolima (Anzotegui y El Lbano) y los Santanderes
(Ocaa, en el norte, y San Vicente de Chucur en el sur) empezaran a
cultivar el caf en las zonas de ladera de la Sierra Nevada y la serrana del
Perij y a avanzar desde los municipios de Chiriguan y Chimichagua
hacia las zonas rurales de Valledupar y el actual municipio de Codazzi.
El crecimiento demogrfico de los campesinos andinos y el aumento de
la migracin procedente de otras regiones fueron creando un cinturn
campesino en torno a las zonas montaosas del piedemonte de las sierras Nevada y del Perij, circunstancia que oblig a los indgenas a desplazarse hacia las zonas ms altas del complejo montaoso.
A esta colonizacin campesina se sumaron los intentos de latifundistas de Valledupar (los Cotes, Mestre, Villazn, Baute) de crear haciendas
ganaderas tradicionales, junto con proyectos de expansin de corte ms
empresarial, encabezados por ciudadanos extranjeros franceses en su
mayora, en la franja suroriental de la Sierra Nevada y parte de la vertiente de la Serrana del Perij. Sin embargo, a diferencia de los casos de
Crdoba y Sucre, el desarrollo de la ganadera fue tardo, de clara estirpe
campesina y de carcter primitivo, trashumante, estacionario, poco tecnificado y rudimentario, sin mayor nmero de conflictos entre terratenientes y campesinos. Adems, experimentaba muchas dificultades para
transportar el ganado a los centros de comercializacin, y posteriormente
para consolidarse: en los aos setenta del siglo XX persistan todava espacios de bosques tropicales entremezclados con pastos naturales.
Sin embargo, a diferencia de otras regiones del pas, los conflictos
promovidos por la expansin del campesinado sobre los terrenos que
consideraba baldos y, los indgenas, territorios sagrados, as como la
relativa a la coexistencia de hacendados y colonos, se resolvieron ordinariamente de manera pacfica, en parte a causa de que la gran disponibilidad de tierras baldas aminoraba los reclamos y las invasiones de tierras.
Otra de las diferencias de Cesar con esos departamentos estrib en que
08/07/2014 11:01:27 p.m.
el desarrollo poco conflictivo de la ganadera y del cultivo del caf fue

creando las bases de una elite agraria con buenos vnculos personales con
la poltica nacional al calor de los nexos familiares con los presidentes
Lpez Pumarejo y Lpez Michelsen, lo cual les permiti contar con el
apoyo de entidades estatales y gremiales. Estas relaciones facilitaron que
las elites vallenatas fueran desplazando del poder a las tradicionales de
Santa Marta, hasta conseguir la creacin del nuevo departamento.
Tales vnculos facilitaran un importante desarrollo material de la regin, expresado por la construccin de la carretera Riohacha-ValleduparSanta Marta y otras vas regionales, pero el contrabando con el mercado
venezolano impidi la plena integracin econmica de la regin, el fortalecimiento de sus instituciones formales y el desarrollo de importantes
obras pblicas. Ello se reflejaba en la precariedad de sus vas, tanto las
internas de la regin como las que podran conectarla con el resto de la
nacin, as la subregin nortea estuviese ms articulada, tanto por las
vas de comunicacin como por sus relaciones con el poder del Estado.
Tal situacin, caracterizada por un modelo agrario tradicional (19001950), se vio modificada con la bonanza algodonera de los aos cincuenta
(1950-1980), que llev a la expansin del latifundio ganadero; este avance
reduca los costos del derrumbe de los bosques primarios y del alimento
del ganado con las zocas que quedaban de la recoleccin del algodn;
por lo dems, la inversin parcial de sus excedentes en la modernizacin
de la ganadera y en la compra de ganado a manera de activo destinado a cubrir las posibles prdidas cuando caan los precios del producto
permiti su tecnificacin mediante la introduccin de razas extranjeras.
Todo esto elev la importancia de los ttulos de propiedad y foment la
generalizacin de las relaciones salariales. Adems, el auge algodonero se
vea favorecido por el desabastecimiento de materias primas provocado
por la Segunda Guerra Mundial y la adopcin del modelo de desarrollo
basado en la sustitucin de importaciones, que lo hizo complementario
del modelo industrial antioqueo
En el apoyo del gobierno nacional a este cultivo fue determinante el
liderazgo poltico del vallenato Pedro Castro Monsalvo, ministro de Agricultura bajo el gobierno de Mariano Ospina Prez y dueo de buenas
relaciones con las elites vallenatas y antioqueas. La rpida expansin del
cultivo de algodn trajo consigo la expansin del sector gubernamental,
el comercio y la industria, as como la construccin de una importante
infraestructura de comunicaciones, adems de que condujo a la creacin
del departamento del Cesar en 1967, junto con el relevo de las elites po-
08/07/2014 11:01:27 p.m.
lticas tradicionales por grupos ms progresistas y preparados en universidades de Barranquilla, Bogot y Medelln, agrupados en el Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL), comandado por Alfonso Lpez Michelsen y enfrentado a la vieja guardia del liberalismo oficialista.
Estos avances significaron una mayor integracin de la regin a la
economa y la poltica nacionales: el progreso material de la regin y la
consiguiente construccin de infraestructura atrajeron, en torno a Valledupar, a una poblacin numerosa, procedente sobre todo de la subregin
del norte del Departamento.. La escasez de mano de obra y los altos jornales entusiasmaban a jornaleros de la Costa Caribe (Atlntico, La Guajira, Bolvar, Crdoba y Sucre) y cosecheros, recolectores y empresarios
agrcolas del interior (Tolima, los Santanderes, Valle y Huila), al tiempo
que impedan el establecimiento de mecanismos coercitivos de sujecin
del campesinado, mientras que el carcter itinerante y trashumante de los
cosecheros no favoreca una organizacin permanente. A esto se aada la
relativa ausencia de conflictos sociales de importancia, debida al carcter
de la regin como frontera agraria abierta, a la cantidad de empleos disponibles en otras actividades y al inters de los propietarios en el cultivo
intensivo de la tierra a fin de no resultar afectados por la reforma agraria.
Sin embargo, la bonanza econmica del algodn significaba tambin
el desplazamiento de los cultivos tradicionales y el consiguiente desabastecimiento de alimentos, junto con la adopcin del cultivo de la marihuana como la nica alternativa para amortiguar la crisis de los campesinos. Posteriormente, la crisis internacional de los precios del algodn y el
agotamiento del modelo de sustitucin de importaciones, convertiran a
este cultivo en el medio de supervivencia de los recolectores y cosecheros
desempleados.
Adems de los efectos ambientales, esta crisis tuvo una grave consecuencia poltica: el surgimiento de una nueva clase dirigente, mucho ms
ligada a los negocios ilcitos y que supo acumular el capital econmico suficiente para incursionar en la poltica local y aprovechar los espacios que
dejaba la elite algodonera, entonces en retroceso. La nueva capa social se
vio favorecida por la eleccin popular de alcaldes y gobernadores, que le
permiti empezar a desplazar a los lderes polticos tradicionales, que en
las dcadas de los aos noventa y dos mil haban facilitado la incursin
del paramilitarismo. La apertura econmica de los noventa profundizara
esa crisis al aumentar las divergencias sociales en torno a la tierra y la
divisin de las dirigencias polticas como producto de su relevo parcial
en el campo algodonero, promovido por la aparicin de movimientos po-
08/07/2014 11:01:27 p.m.
lticos alternativos que, a su vez, evidenciaban el malestar de una parte de

la poblacin.
Los cambios operados en la subregin del norte se combinaban con
las tensiones que la economa minera de enclave estaba despertando en la
subregin central, cuyos municipios eran beneficiarios de las transferencias y regalas del Estado central. Sin embargo, tales ingresos terminaron
por incentivar la pereza fiscal de esos municipios y una fuerte dependencia de las elites polticas frente a los recursos del Estado central. La nueva
situacin dificultaba la posibilidad de adelantar un desarrollo endgeno
de la regin y llev a la corrupcin generalizada de la administracin
regional, porque los polticos regionales y locales encontraron en la apropiacin privada de los recursos pblicos la posibilidad de sobrevivir a la
crisis de sus actividades econmicas tradicionales.
La consiguiente exacerbacin de la competencia por el poder local
facilit el recurso a la violencia y el establecimiento de nexos con grupos armados ilegales, cosa que, a su vez, produjo un recambio de las
elites polticas y dificult su articulacin a la poltica nacional. De esa
manera, la clase dirigente algodonera fue desplazada por un nuevo grupo de polticos profesionales que logr insertarse con xito en la vida
poltica regional, gracias no solo a su poder econmico sino tambin
a las buenas relaciones que estableci con algunas familias tradicionales. Las elites tradicionales tuvieron que establecer alianzas con estos
nuevos sectores para evitar desaparecer del mapa poltico regional, a
tal punto, que se convirtieron en testaferros de sus nuevos socios para
seguir manejando sus antiguos negocios.
Por otra parte, las frecuentes protestas sociales evidenciaron que la
riqueza de las regalas y las transferencias no se haba traducido en un
mayor bienestar de la poblacin en general, en gran parte porque sta
no ha contado con instituciones polticas y sociales que lo permitan.
Obviamente, la economa de enclave ha promocionado una creciente integracin econmica al mercado nacional e internacional, pero acompaada por el desplazamiento del sector agropecuario y de los cultivos
campesinos transitorios por el cultivo agroindustrial de la palma de aceite
y la preponderancia del uso ganadero de la tierra. La ganadera sigui
enfrentando los problemas del aprovechamiento extensivo de la tierra y
el pastoreo ilimitado, que provocan el deterioro ambiental e impiden la
adopcin de tecnologas intensivas en capital, todo lo cual perjudica la
competitividad de ese sector en la regin.
08/07/2014 11:01:27 p.m.
Las divergencias despertadas por estos cambios econmicos, sociales

y polticos permiten ubicar las diferentes trayectorias seguidas por los actores armados. Las tensiones en torno a la bonanza de la marihuana y la
minera ofrecan un escenario favorable para la regulacin de los grupos
armados. Ellas aumentaron como consecuencia del agotamiento de la
frontera agraria, que convirti a la tierra en un recurso ya escaso, en tanto
que las controversias entre colonos y terratenientes del norte y el centro
del Departamento se combinaron con los conflictos laborales de los municipios palmicultores del sur y el norte.
En este contexto social tan polarizado, la eleccin popular de alcaldes
y el surgimiento de la Unin Patritica, ligadas a la negociacin de paz
de Betancur, condujeron a que un sector del establecimiento local viera
en los movimientos polticos alternativos y las organizaciones cvicas una
amenaza al statu quo, a pesar de que ellos no eran poseedores de un caudal electoral suficiente. Esto se tradujo, a finales del decenio de 1980, en
fenmenos de guerra sucia contra lderes comunitarios y polticos.
Pero, en esa misma dcada, el ambiente conflictivo antes descrito fue
percibido como una estructura de oportunidad para los propsitos expansivos del ELN y las Farc hacia nuevas regiones. Las Farc estaban interesadas en consolidar, en el norte, un corredor de movilidad entre la
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serrana del Perij, para proyectarse
hacia los municipios del centro; por su parte, el ELN se basaba en el trabajo poltico de la poblacin del sur, con la idea de avanzar posteriormente
hacia las zonas ms integradas del centro y el norte. Este accionar haca
explcitos los diferentes estilos de los grupos guerrilleros: las Farc aprovechaban la escasa presencia institucional y la existencia que importantes asentamientos de colonos campesinos ofrecan en la subregin norte,
donde ejercan cierta regulacin social en la zona de frontera abierta y se
beneficiaban de las vacunas de los hacendados.
Por su lado, el ELN tuvo mayor presencia en el sur del departamento,
gracias a su trabajo poltico y organizativo entre las comunidades campesinas, especialmente en la zona rural de Aguachica y San Alberto, con la
idea de expandirse, entre 1983 y 1989, hacia las zonas planas de los municipios de Gamarra, Gonzlez, Pailitas, Pelaya y San Martn, y de avanzar
luego al centro y el norte del Departamento, con la idea de establecerse
en una importante franja alrededor de los municipios de Pueblo Bello,
Valledupar y Bosconia. As, este grupo se beneficiaba de las condiciones
estructurales de la subregin sur, entre ellas el carcter aluvional de la colonizacin campesina, las fracturas sociales que evidenciaban los conflic-
08/07/2014 11:01:27 p.m.
tos laborales y agrarios y su contigidad con otras regiones y subregiones

donde ese grupo tena una presencia histrica. Por otra parte, su articulacin a la problemtica urbana facilitaba el apoyo logstico y los recursos
del grupo destinados a financiar su aparato armado, pues, a diferencia de
las Farc, su financiamiento no se restringa a la extorsin de ganaderos y
hacendados sino que captaba adems recursos provenientes de algunas
administraciones locales y de la extorsin a importantes empresas mineras y petroleras.
Sin embargo, a diferencia de otras regiones, como Arauca, la expansin simultnea del ELN y las Farc no llev a disputas internas sino que
llev a una accin coordinada dirigida a combatir a enemigos poderosos, como eran los paramilitares y la fuerza pblica. Por su parte, el
ascenso de estos grupos produjo, a fines de los aos ochenta, la decisin
de los ganaderos y palmicultores del sur del Departamento de crear las
autodefensas del sur del Cesar: para ello, se inspiraron en el modelo
paramilitar de Puerto Boyac y se basaron en grupos familiares de sus
localidades. En cambio, en el norte, los paramilitares surgen ms tardamente, hacia 1996, como producto de la alianza entre un grupo local de
ganaderos y hacendados y un aparato armado externo, las Autodefensas
Campesinas de Crdoba y Urab, comandadas por Carlos Castao y
Salvatore Mancuso.
Pero la mejor organizacin de este grupo paramilitar el Bloque
Norte, bajo el posterior mando de Jorge 40, logr controlar gran parte
del territorio de Cesar porque supo subordinar, por la coercin o por el
consentimiento, a un sector de la clase poltica departamental. Estas dos
organizaciones paramilitares terminaron por fusionarse ms tarde: inicialmente, el grupo del sur gozaba de cierta autonoma bajo el liderazgo
nominal de Carlos Castao, pero luego se convirti en un frente adscrito
al Bloque Norte de Jorge 40, con el propsito de contrarrestar la avanzada del Bloque Central Bolvar.
Esta diversidad espacial de los actores armados se expresa tambin en
las diferencias temporales. Segn Barrera, en un primer momento (19901997) la avanzada guerrillera se contrapone al surgimiento del paramilitarismo y expresa la expansin del ELN desde las zonas montaosas hacia
territorios ms integrados y hacia los cascos urbanos de algunos municipios del Departamento, mediante operaciones que utilizaron modalidades como hostigamientos e incursiones, que a su vez derivaron en combates con la fuerza pblica que intentaba repeler el avance guerrillero.
08/07/2014 11:01:27 p.m.
Esta expansin marc un cambio en las relaciones del grupo armado

con la poblacin: inicialmente, guerrillas y hacendados interactuaban pacficamente, hasta que el aumento excesivo de las extorsiones, el boleteo y
el abigeato hizo insostenible el intercambio de proteccin por tributacin. La actitud del ELN frente a la poblacin se modific notablemente:
en el principio sus acciones violentas era ms selectivas y pretendan incidir en las administraciones locales, pero el recurso a las llamadas pescas
milagrosas y los ataques terroristas afectaron indiscriminadamente a la
poblacin.
Estos excesos sentaron las bases para la organizacin de grupos paramilitares ms complejos, en alianza con los de Crdoba y Urab y que,
posteriormente, se convertiran en las Autodefensas Unidas de Colombia,
las cuales se establecieron en las zonas planas de la subregin norte y se
expandieron hacia las zonas medias del costado suroriental de la Sierra
Nevada de Santa Marta y hacia la Serrana del Perij, donde se ubicaban
los fortines de las guerrillas de las Farc y el ELN. Esta expansin explica
los altos ndices de violencia por parte de estos grupos, que buscaban
desarticular las redes de apoyo de las guerrillas y provoc la total desestructuracin de cualquier asomo de protesta social.
El paramilitarismo se convirti as en el garante de un orden social
favorable a las dinmicas de desarrollo de la regin, factor que le hizo
ganar legitimidad y credibilidad frente a los pobladores del Departamento, muchos de los cuales no dudaron en colaborar financiera y logsticamente con el grupo armado. Esta mayor legitimacin ocurri en los aos
1998-2002 y expres la decisin estratgica de Rodrigo Tovar Pupo, alias
Jorge 40, de proyectarse nacionalmente y fortalecer su proyecto. Por eso,
el descenso de las acciones violentas en el conjunto del departamento parece estar relacionado con el mayor control militar y poltico del grupo
paramilitar, reforzado por la subordinacin de las elites locales al liderazgo de Jorge 40, quien no dudada en recurrir a la violencia contra los
actores polticos que no simpatizaran con su proyecto.
La supremaca de Jorge 40 traera como resultado el cambio del equilibrio regional de fuerzas polticas, con el resurgimiento de la casa Arajo y el declive de la familia Gnecco, a la cual el paramilitar consideraba
culpable de malos manejos y corrupcin. Para otros, los asesinatos y secuestros ejecutados contra el clan Gnecco tenan que ver con su cercana
respecto de otros grupos de seguridad privada y de autodefensa, como
el de Hernn Giraldo, jefe paramilitar de la Sierra Nevada, quien tendra
que someterse luego a la hegemona de 40. En cambio, los Arajo y su
08/07/2014 11:01:27 p.m.
movimiento poltico Alas resultaron cobijados por un convenio que dividi los departamentos del Caribe en distritos electorales para beneficiar
a algunos barones electorales. Adems, el riguroso control de cuentas y
del reparto de recursos, impuesto por Jorge 40, evit los enfrentamientos
y ajustes de cuentas que se presentaron entre sus lugartenientes de otras
regiones.
En cambio, en el sur del Cesar el liderazgo poltico de Juancho Prada se vio favorecido por el rechazo de ganaderos, agricultores y palmicultores a un eventual despeje de zonas de su territorio para favorecer
un posible dilogo de paz con el ELN. Este apoyo le permiti colocar a
personas afines en las alcaldas y concejos de Aguachica y San Alberto,
aunque persistan sus diferencias con las autodefensas del Bloque Norte, al cual se haban sumado formalmente para enfrentar en conjunto
la amenaza del Bloque Central Bolvar. Las contradicciones grupales
sobre el reparto de los territorios afloraron nuevamente en la coyuntura electoral. A pesar de ellas, a comienzos de 2003 era ya obvio que
el orden paramilitar se haba consolidado en la mayor parte del Cesar,
especialmente en las zonas planas, las ms articuladas al desarrollo econmico regional y nacional.
Adems, la recuperacin militar del territorio por parte de las fuerzas estatales, en el marco de la Seguridad Democrtica establecida por
Uribe, oblig a las guerrillas a replegarse hacia las zonas medias y altas
de la Serrana del Perij y la Sierra Nevada de Santa Marta, lugares de retaguardia de las organizaciones insurgentes. Sin embargo, este repliegue
hacia las zonas montaosas no signific la completa desaparicin de los
frentes guerrilleros del ELN y las Farc, que resolvieron coordinar acciones
conjuntas para mantener su presencia estratgica en el Perij y continuar
asediando las zonas vecinas, como Curuman, Becerril, La Jagua de Ibirico y Chiriguan.
Incluso, pasada la desmovilizacin negociada con Uribe, Jorge 40,
aparentemente, adopt la estrategia de ubicar a algunos de sus seguidores en lugares estratgicos, a fin de no perder el control social y militar
del territorio que haba conquistado. No obstante, su extradicin, a principios de 2008, condujo a la desaparicin de la cohesin del grupo. La
fragmentacin desencaden fuertes disputas entre sus facciones y otras
externas en torno al control de las rentas provenientes de las regalas, los
distintos eslabones de la economa del narcotrfico y la regulacin de negocios como el paga diario, el cobro de extorsiones a comerciantes y el
contrabando de gasolina. Sea como fuere, los hechos violentos siguieron
08/07/2014 11:01:27 p.m.
disminuyendo, aunque tal vez debido al reparto del control territorial,

que dej a Los Rastrojos el dominio de la subregin del sur y a Los Urabeos el del norte, despus de que ninguno de los dos logr imponerse
sobre la zona del rival.
Esta evolucin territorial del conflicto de conformidad con las diferencias entre las subregiones y modelos de desarrollo rural del Cesar,
de carcter ms o menos reciente, contrasta con la mirada de ms larga
duracin de los conflictos del departamento de Crdoba, donde el latifundio ganadero se consolid desde comienzos del siglo XX en las zonas
planas del norte, a la sombra de una tradicional privatizacin de la violencia. No obstante, en la frontera con el departamento de Antioquia la
confluencia de diversas corrientes de la colonizacin arroj un entorno
ms conflictivo. Por otra parte, la relacin de las elites regionales con
los grupos dominantes de la poltica nacional y con las instituciones del
Estado central marcan diferencias importantes entre Cesar y Crdoba, lo
mismo que los diversos grados de cohesin de las elites regionales y las
facciones de los partidos, los cuales conducen a diversos arreglos institucionales del paramilitarismo con esas elites y facciones. Otras diferencias
tienen que ver con los diversos momentos y modelos de la relacin de
estas regiones con la economa nacional y mundial y el carcter de la
frontera agraria, abierta o cerrada. Todos estos factores evidencian que
los diversos actores armados ilegales no operan en el vaco sino que responden a las estructuras de oportunidad que encuentran en las regiones
y subregiones de la nacin.
Referencias bibliogrficas
Gonzlez G., F. E., Bolvar, I. y Vsquez, T. (2003). Violencia poltica en Colombia. De la nacin fragmentada a la construccin del
Estado. Bogot: Cinep.
Gonzlez G., F. E., Gutirrez, O. J., Nieto, C., Aponte, A. F. y Rodrguez, J. (2012). Conflicto y territorio en el oriente colombiano.
Bogot: Odecofi, Cinep y Colciencias.
Ocampo, G. I. (2014). Estado y poderes regionales en Colombia. Etnografas del poder y la poltica. En prensa.
Pia, Efrn (2012). Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo de la
frontera. Bogot: Cinep, Odecofi y Colciencias.
08/07/2014 11:01:27 p.m.
Torres, M. C. (2011). Estado y coca en la frontera colombiana. El

caso del Putumayo. Bogot: Odecofi, Cinep y Colciencias.
Vsquez, T., Vargas, A. R. y Restrepo, J. (ed.). (2011). Una vieja guerra en
un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia. Bogot:
Cinep, Odecofi, Colciencias y Editorial Universidad Javeriana.
08/07/2014 11:01:27 p.m.
Captulo 1
Conflicto armado en la regin Caribe:
un paneo por sus etapas y sus dinmicas
en cinco dcadas de violencia
Diego Quiroga y Tmara Ospina-Posse
El propsito de esta seccin es ofrecer un contexto general sobre el entorno geogrfico, socioeconmico y poltico de la regin Caribe colombiana
y, especialmente, trazar un retrato de lo que han sido las dinmicas histricas del conflicto armado en esta zona del pas. Se trata de un texto descriptivo que pretende ubicar al lector en el escenario regional dentro del
cual se encuentran inmersos los territorios que son materia de este libro,
es decir, los departamentos de Crdoba y Cesar y la subregin de Montes
de Mara, que se traslapa en los departamentos de Sucre y Bolvar. En
primer lugar, se realizar una descripcin general del territorio en cuanto a sus principales caractersticas geogrficas, econmicas y sociales, y
enseguida se pasar a presentar un relato de las dinmicas de lo que ha
sido el desarrollo histrico del conflicto armado en el Caribe colombiano.
Descripcin general: principales caractersticas de la regin

La regin Caribe, que representa el 11,6% del territorio colombiano, est
conformada por los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlntico,
Bolvar, Sucre, Crdoba, Cesar y el archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, y se extiende en una superficie de 132.297 Km2, que
comprenden 192 municipios y 1.367 corregimientos. Por el norte limita
con el Mar Caribe, al oriente es zona de frontera con Venezuela, al occidente limita con el Urab antioqueo y por el sur conforma una amplia
zona de interseccin entre los mundos andino y caribe, colindando con
los departamentos de Norte de Santander, Santander y Antioquia.
08/07/2014 11:01:27 p.m.
Mapa 1
Colombia - Regin Caribe
42 Diego Quiroga y Tmara Ospina-Posse
08/07/2014 11:01:31 p.m.
Conflicto armado en la regin Caribe 43
Caractersticas fsicas
En cuanto a sus caractersticas fsicas, la parte continental de la regin
Caribe est formada en su mayora por planicies o sabanas (29%) y lomeros (28%), cuya altitud no supera los 130 msnm, por lo cual la mayor
parte del territorio (87%) tiene un clima clido. Las zonas de montaa y
piedemonte representan el 22% y el 11%, respectivamente, y se encuentran localizadas en la Serrana de San Jernimo, ubicada en el Nudo de
Paramillo, que afecta al sur de Crdoba; la Serrana de San Jacinto, que
conforma lo que se conoce como Montes de Mara, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolvar; la Serrana de San Lucas, en el sur de Bolvar; la Serrana del Perij en las estribaciones de la Cordillera Oriental,
que afecta al sur de La Guajira y Cesar; y la Sierra Nevada de Santa Marta,
que se eleva en la interseccin de los departamentos de Magdalena, Cesar
y La Guajira. Finalmente, hacia el nororiente se asienta una zona desrtica ubicada en la pennsula guajira. Cabe anotar la importante diferenciacin que existe entre los territorios cercanos al litoral, baados por el
Mar Caribe, y aquellos que corresponden a las reas interiores, contraste
presente en todos los departamentos caribeos, con excepcin de Cesar,
que no tiene salida directa al mar.
Tradicionalmente se ha establecido una subregionalizacin de la parte
continental del Caribe, de acuerdo con caractersticas geogrficas y climticas. Se trata de cinco principales zonas diferenciadas: 1) la Pennsula
de La Guajira, 2) la Sierra Nevada de Santa Marta, 3) la Depresin del
Bajo Magdalena (Atlntico, Bolvar y Magdalena), 4) la Depresin Momposina (Sucre, Crdoba, Magdalena y Bolvar) y 5) la planicie del Caribe
(sabanas de Cesar, Magdalena, Atlntico, Bolvar, Sucre y Crdoba).
Una de las caractersticas fsicas relevantes de esta regin es su gran
riqueza hdrica: son unas 87.869,3 hectreas ocupadas por cuerpos de
agua, con una representacin del 25% a escala nacional. En este aspecto
es destacable la regin conocida como La Mojana, que hace parte de la
Depresin Momposina y cubre territorios de los departamentos de Crdoba, Sucre, Bolvar y Magdalena. All reposa una importante zona de
humedales que crean un rea muy susceptible a inundaciones en pocas
de lluvias (Meisel y Prez, 2006), pero tambin una composicin del suelo
muy frtil y con especial vocacin agrcola.
Esto ltimo es importante si se tiene en cuenta que casi la mitad de
los suelos de la regin tiene un nivel de fertilidad bajo (23%) y muy bajo
(25%), mientras que un 35% son moderadamente frtiles y solo un pe-
08/07/2014 11:01:31 p.m.
queo porcentaje presenta una fertilidad alta (12%) o muy alta (0,5%)
(Meisel y Prez, 2006). Tambin hay que recordar que la regin es atravesada en sus tramos finales por los dos ros ms importantes del pas. El
ro Magdalena corre por los departamentos de Cesar, Bolvar, Magdalena
y Atlntico, donde desemboca en el Mar Caribe, y el ro Cauca recorre
el sur de Sucre y Bolvar hasta su desembocadura en el Magdalena, a la
altura del municipio de Pinillos. Adems, se consideran de importancia
mayor los ros Sin, San Jorge, Cesar y Guatapur.
Con excepcin del desierto de La Guajira y de la Sierra Nevada de
Santa Marta, la mayor parte de la regin Caribe tiene un rgimen de lluvias subhmedo, mientras que el desierto es rido y semirido, con una
oferta hdrica muy escasa durante todo el ao; la Sierra Nevada, por su
parte, mantiene un rgimen de lluvias mucho mayor al promedio regional y conforma una zona hmeda (Meisel y Prez, 2006).
A pesar de esas diferencias, existen patrones estacionarios que determinan la cantidad e intensidad de las precipitaciones del Caribe. Entre
los meses de enero y abril (y durante algunas semanas de junio y julio) se
presenta el periodo ms seco, seguido por un aumento paulatino de las
lluvias entre mayo y octubre, que en sus puntos ms intensos provocan
inundaciones en diversas zonas de la regin. Finalmente, las precipitaciones comienzan a disminuir a partir de noviembre hasta llegar al clima
ms veraniego de enero (Meisel y Prez, 2006).
Uso de los suelos y principales actividades econmicas

El uso del suelo es una caracterstica de la estructura agraria que se refiere
a las actividades a las que est dedicado un pedazo de tierra en particular,
ya sean estas agrarias, pecuarias, de conservacin o forestales. Un uso
adecuado debera coincidir con la vocacin de uso de esos suelos, concepto que se refiere a la actividad para la cual determinada tierra presenta
unas caractersticas agroecolgicas idneas y mejores condiciones para
un mximo aprovechamiento de los recursos. En el Caribe, al igual que
en otras regiones del pas, existen fuertes inconsistencias entre el uso que
de hecho se le da a la tierra, y la vocacin que sta, por naturaleza, posee.
Estas variables (vocacin y uso) importan para este contexto pues en
ocasiones, aunque no siempre, la distancia entre ellas puede ser un indicio de la presencia de fenmenos de concentracin de la tierra y despojo,
que a su vez suelen estar en relacin con las dinmicas del conflicto arma-
08/07/2014 11:01:31 p.m.
do y la violencia en Colombia. Este fenmeno es visible, por ejemplo, en

los casos de tierras frtiles que han sido adjuntadas a haciendas dedicadas a la ganadera extensiva, muchas veces en detrimento de la economa
campesina, generando all conflictos de diversa ndole (Pnud, 2011).
Aunque las siguientes tablas estadsticas presentadas por Meisel
(2006) en su trabajo sobre Geografa fsica y poblamiento en la Costa Caribe colombiana fueron creadas a partir de datos de 2002, constituyen un
instrumento ilustrativo en esa materia. En la regin Caribe, donde son
especialmente contrastantes los casos de la actividad pecuaria y la agrcola, es posible observar fuertes diferencias entre la vocacin y el uso real
de los suelos, dado que son notablemente altos los porcentajes de tierras
con vocacin agrcola que son aprovechadas para actividades ganaderas.
Tabla 1
Vocacin de uso de los suelos en la regin Caribe y Colombia
Participacin del nmero de hectreas que deberan dedicarse
a cada actividad (porcentajes)
Departamento
Atlntico
Bolvar
Cesar
Crdoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
Costa Caribe
Resto de
Colombia*
Colombia
Agrcola
Agroforestal
Pecuaria
Forestal
Conservacin
62,9
18,4
52,7
37,8
16,8
32,1
42,1
33,2
3,9
21,7
3,7
7,2
33,1
28,4
8,5
17,3
17,1
22,3
4,8
32,9
8,4
11,9
28,9
17,7
0,0
0,9
6,1
7,5
0,3
0,9
1,8
3,0
12,7
36,6
32,6
14,6
41,3
26,6
18,7
28,7
14,8
15,1
6,2
19,0
44,6
9,1
19,3
9,0
18,9
43,6
Fuente: tabla tomada de Meisel (2006: 49).
Este tipo de situacin refleja la presencia de lo que se denomina conflictos de uso del suelo por subutilizacin y sobreutilizacin de la tierra.
Segn Meisel (2006), en el 56% de las tierras de la regin Caribe hay conflictos de uso del suelo. La Tabla 1 muestra que el 33% de las tierras de
la regin tienen vocacin agrcola y, sin embargo, en el ao 2002 solo el
6,7% estaba dedicado a esta actividad. En un sentido inverso, se observa
que, si bien el porcentaje de hectreas con vocacin pecuaria no supera el
08/07/2014 11:01:31 p.m.
18%, en el mismo ao el 51% de las tierras de la regin estaba destinado

a pastos para ganadera.
Tabla 2
Uso de los suelos en la Costa Caribe y Colombia, 2002
Departamento Agrcola Agroforestal Pecuaria Forestal
Atlntico
Bolvar
Cesar
Crdoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
Costa Caribe
Resto de
Colombia
Colombia
Conservacin
8,2
4,5
14,1
6,1
1,8
9,4
1,7
6,7
0,0
0,0
20,0
1,2
1,9
3,5
0,0
4,6
74,7
53,8
33,0
72,4
17,9
53,0
85,2
51,1
0,0
11,4
24,7
1,5
19,2
10,2
0,5
11,6
9,3
25,1
6,6
18,0
59,1
18,1
7,8
22,8
11,1
8,1
34,6
13,9
31,8
4,6
3,2
23,2
9,8
58,7
Fuente: tomada de Meisel (2006: 46).
Del porcentaje del suelo destinado a la agricultura, en el ao 2011

se destacaron los cultivos agroindustriales de palma de aceite y yuca1,
que son aprovechados, entre otros destinos, para la produccin de biocombustibles. Juntando ambos renglones, se obtiene una extensin de
256.759 hectreas sembradas: alrededor de la mitad del rea agrcola total
de la regin tiene como destino final la produccin industrial.
Adems de la ganadera y la agricultura, la regin Caribe cuenta tambin con importantes recursos mineros, como carbn, gas natural y ferronquel, cuyos principales yacimientos reposan en terrenos de los departamentos de Crdoba y La Guajira y arrojan una gran cantidad de
recursos en utilidades del capital y regalas. Por otro lado, la regin cuenta
con dos de los tres principales puertos martimos del pas Barranquilla y
Cartagena, que a la vez son las principales ciudades del Caribe, seguidas
1
La yuca ha sido un cultivo tradicionalmente campesino, cultivado en pequeas fincas para

consumo familiar o para vender en pequeos mercados locales; sin embargo en el marco de
la implantacin del modelo agroindustrial en el pas, este cultivo ha empezado a ser parte de
los proyectos de produccin de agro combustibles. Por la precariedad del registro existente
es muy difcil determinar qu porcentaje de hectreas cultivadas en yuca continan siendo
parte de economas campesinas, y qu porcentaje corresponde a agroindustria. Sin embargo,
la magnitud de la extensin de este cultivo en la costa Caribe, sugiere algo ms que simples
cultivos de pancoger.
08/07/2014 11:01:31 p.m.
Yuca
122.981
Caf
52.140
ame
38.608
Cacao
19.720
Has sembradas
Pltano
38.018
Fuente: Minagro. Evaluciones agropecuarias municipales. Elaboracin propia.
Palma
133.778
Banano
14.192
Aguacate
7.251
Grfica 1
Principales cultivos de la regin Caribe, 2011
Mango
7.085
Caa
5.152
08/07/2014 11:01:32 p.m.
por Santa Marta. El turismo es otro elemento importante de la economa

regional por la gran cantidad de visitantes que recibe al ao esta regin:
una de las ms concurridas del pas durante todo el ao. La mezcla de
las dos ltimas caractersticas contribuye a que en la economa costea
tambin se destaque la actividad comercial.
No obstante, as como as como devenga grandes riquezas, el Caribe
es una regin de profundos contrastes y grandes niveles de pobreza y desigualdad. Segn el Pnud (2008), Los indicadores de pobreza reflejan los
rezagos de la Regin Caribe frente al resto del pas. Los porcentajes de personas por debajo de la lnea de pobreza y la lnea de indigencia en la regin
son mayores que en el pas y son casi el doble de las metas establecidas.
En cuanto a condiciones de vida y desarrollo humano, todos los departamentos de la regin, con excepcin de Atlntico, presentan ndices peores
al promedio nacional. Igual situacin se presenta en las necesidades bsicas insatisfechas, que adems son mucho mayores en las zonas rurales.
En desnutricin, la situacin no es menos preocupante. Los indicadores
de desnutricin global y desnutricin crnica en menores de cinco aos en
la Regin Caribe son superiores al promedio nacional, siendo la situacin
ms crtica la que se presenta en el departamento de La Guajira.
En el marco de la guerra que soporta el pas, y a causa de su misma
condicin portuaria y fronteriza, el Caribe es una regin altamente estratgica para el desarrollo del conflicto armado y del narcotrfico, ya que
aloja corredores vitales para la salida de la cocana hacia Centro Amrica
en su ruta hacia los Estados Unidos, y para el contrabando de armas,
gasolina y drogas ilcitas, a la vez que de una gran variedad de productos
legales que se intercambian en la frontera con el vecino pas de Venezuela.
Insercin del conflicto armado en la regin Caribe,

1972-1989: un relato de los principales sucesos
De manera general, y salvando algunos coletazos de la violencia bipartidista2, la Costa Caribe colombiana fue una de las regiones donde el conflicto armado se insert de manera tarda, cuando el albor de la dcada
de 1980 trajo consigo una nueva escalada de violencia a nivel nacional,
2
Se refiere a las guerrillas liberales lideradas por Mariano Sandn en las riberas del Sin y
Julio Guerra en las del San Jorge, en el sur de Crdoba, desarmadas en 1953 con motivo
de la amnista decretada por el gobierno de Rojas Pinilla y que constituiran uno de los
antecedentes de la conformacin, catorce aos despus, de la guerrilla del EPL (Observatorio
del programa presidencial de DH y DIH, Diagnstico Departamental Crdoba, 2008)
08/07/2014 11:01:32 p.m.
caracterizada por el fortalecimiento de la capacidad organizativa y militar

de los grupos armados irregulares ya existentes y el inicio de un periodo
de expansin guerrillera; sumado a ello, la germinacin de las primeras
semillas de lo que sera el fenmeno paramilitar desarrollado en la siguiente dcada, y el colosal efecto dinamizador que tuvo para la guerra el
boom de la economa cocalera.
A escala nacional, el conflicto armado se intensific y se expandi a
nuevas regiones, ms pobladas e integradas, con caractersticas diferentes
a aquellas donde las guerrillas tenan su origen histrico3. As se produjo
la insercin de los grupos armados en esta regin, que, en adelante, sera
escenario de la aplicacin de un diverso repertorio de violencias en el marco de la competencia entre actores armados por el control del territorio, la
poblacin y las rutas de movilidad estratgicas, tanto para la guerra como
para el negocio de la cocana. Los civiles seran los receptores de la mayor
parte de esta violencia, y sobre ellos recaera la guerra con todo su rigor.
Las primeras incursiones guerrilleras en la dcada de los 70:

algunos antecedentes
El conflicto armado no penetr de manera homognea en la regin Caribe. A lo largo del espacio fsico y del tiempo, los diferentes grupos armados se fueron insertando de manera diferenciada y con distintos niveles
de xito y fracaso. Aunque es cierto que, en rigor, el conflicto armado
se introdujo en la regin solo a partir del decenio de 1980, las primeras
incursiones guerrilleras en el Caribe se presentaron en los aos 70. Desde
principios de este decenio, el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) se estableci en alrededores del Nudo de Paramillo y la subregin de Tierrita,
en el sur de Crdoba, zona escogida como el ncleo a partir del cual iniciara su proceso de expansin.
En los comienzos de los aos 80 esta guerrilla ya haca presencia en
los departamentos de Sucre y Bolvar, especficamente en la subregin de
Montes de Mara, donde, a decir verdad, nunca logr consolidar una influencia importante. All la accin del EPL estuvo principalmente dirigida al secuestro y la extorsin de ganaderos y hacendados, quienes, en los
aos 70, reaccionaron creando una junta en la zona de Saiza, municipio
3
En trminos generales, estas zonas de retaguardia histrica se caracterizan por ser perifricas
y poco integradas a la vida econmica y poltica del pas, con importante tradicin de luchas
campesinas y conocidas como territorios de frontera agrcola abierta.
08/07/2014 11:01:32 p.m.
de Tierralta, en la cual se determin la conformacin de los primeros grupos de defensa privada, que ms adelante evolucionaran en los Tangueros y luego en las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (Accu)
(Observatorio del programa presidencial de DH y DIH, 2008).
Por su parte, las primeras incursiones del Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) en la regin ocurrieron alrededor del ao 1972, cuando, en
el marco de su inicial estrategia de expansin territorial, esa agrupacin
envi tropas ms all de las fronteras santandereanas, con rumbo al ro
Magdalena abajo, y logr establecer unidades guerrilleras en Antioquia,
el sur de Bolvar y, posteriormente, el sur de Cesar (Hernndez, 2006).
En el caso de Bolvar, esta guerrilla penetr por la zona de la Serrana de
San Lucas, y hacia el ao 1973 ya haba definido el curso de accin para
avanzar hacia el norte de este Departamento.
Sin embargo, ese mismo ao el grupo sufri un fuerte golpe militar,
asestado por el Ejrcito colombiano en una operacin realizada en Anor, Antioquia, acto que determin un debilitamiento de la organizacin
ilegal, que, combinado con fracturas internas del grupo armado, le caus
una crisis que se prolongara hasta 1983, cuando reanud con fuerza la
estrategia de expansin y dio inicio a una etapa de consolidacin (Harnecker, 1988). Sin embargo, cabe anotar que antes de finalizar el decenio
de 1970 el ELN ya tena presencia en gran parte de lo que podemos llamar
el Magdalena Medio Caribe (sur de Bolvar y sur de Cesar) a travs del
Frente Camilo Torres Restrepo (Observatorio del programa presidencial
de DH y DIH, 2008)4.
Insercin del conflicto armado en el Caribe colombiano: la expansin

guerrillera y la emergencia del paramilitarismo en los aos 80
Los primeros aos de la dcada de 1980 trajeron consigo dos grandes acontecimientos, que definieron las estrategias de expansin del ELN y de las
Farc: la Reunin Nacional Hroes y Mrtires de Anor (1983), en la cual el
ELN se reorganiz y proyect sus acciones para los aos siguientes, y la sptima conferencia de las Farc (1982), que plante la nueva fase expansiva de
la lucha guerrillera. Esa conferencia aprob decisiones definitivas sobre el
avance de este grupo hacia la zona norte del pas. La creacin de lo que sera
ms adelante el Bloque Caribe se origin en el proceso de desdoblamiento
4
Especialmente en los municipios de San Pablo, Aguachica, Gamarra, Gonzlez, Pailitas,

Pelaya, San Martn, Curuman, Chiriguan, Tamalameque, La Gloria y San Alberto.
08/07/2014 11:01:32 p.m.
de los frentes 4 y 5, en busca de abrir rutas que permitieran a la guerrilla

continuar su avanzada hacia el norte de la regin.
Por un lado, se produjo el desdoblamiento del Frente 5, perteneciente a lo que luego sera el Bloque Noroccidental de las Farc5, que vena
operando en el occidente antioqueo y en Urab. As se cre en 1982 el
Frente 18, encargado de ocupar el sur de Crdoba y el Bajo Cauca antioqueo. Con unos 59 hombres, este nuevo frente, pas a controlar el rea
comprendida entre la margen derecha del ro Sin y la margen izquierda
del ro Cauca, en los municipios de Ituango, Peque, la Serrana de Ayapel,
Juan Jos y Los Llanos del Tigre. Lugares en los que se vieron obligados
a llevar fuertes confrontaciones militares y de control ideolgico con el
EPL (Rodrguez Lizarralde, 2011). El Frente 18 se convirti entonces en
una de las puertas de ingreso de esta guerrilla hacia el Caribe, dado que
de su desdoblamiento, unos aos despus, surgieron los frentes 35 (1986)
y 37 (1987), desplegados en Bolvar y Sucre, particularmente en la subregin de Montes de Mara.
La otra puerta de entrada fue abierta en simultneo con el desdoblamiento del Frente 4, que haba operado histricamente en el Magdalena
Medio y del cual surgi, entre otros, el Frente 24, destinado a operar en
el sur de Bolvar, especialmente en San Pablo y Santa Rosa del Sur (Caicedo, 2011). Hacia el ao de 1982, hombres pertenecientes a estos frentes
iniciaron la travesa desde el sur de Bolvar en busca de la conquista de
la Serrana del Perij y la Sierra Nevada de Santa Marta. Un grupo se intern en el departamento de Cesar hasta acceder a la Serrana, mientras
otro avanz hacia el norte de Bolvar y se intern en el departamento de
Magdalena, por los municipios de El Banco y El Difcil. Hacia finales de
1983, las Farc haban logrado insertar con relativo xito los frentes 19 en
la Sierra Nevada de Santa Marta y 24 en la Serrana del Perij. Para finales
de los ochenta el Frente 19 se haba desdoblado y creado otra estructura
(el Frente 41), que se instal en la Serrana del Perij y sus zonas aledaas
(Manosalva Correa y Quintero lvarez, 2011).
De manera similar, por el lado del ELN la decisin de reestructurar la
organizacin implic la determinacin del desdoblamiento de varios de
sus frentes, para aumentar la presencia e influencia de esta guerrilla. A
partir del ao 1983 el Frente Camilo Torres comenz a expandirse hacia
el centro del Cesar, logrando insertarse, para finales de la dcada de los
5
Las Farc crearon la figura de bloques en su octava conferencia; por lo tanto, para este
momento del relato an no existan tales denominaciones.
08/07/2014 11:01:32 p.m.
ochenta, en buena parte de los municipios del Departamento (Caicedo,

2011). En el sur de Bolvar entr a actuar el Frente Jos Solano Seplveda,
que asumi el trabajo en ese territorio. As mismo, entre 1985 y 1989,
mediante el traslado de tropas desde la Serrana de San Lucas y desde el
Bajo Cauca antioqueo, se logr la creacin de los frentes Jos Manuel
Martnez Quiroz, con presencia en el piedemonte de la Serrana del Perij, el norte de Cesar y el sur de Magdalena; el Frente 6 de Diciembre,
en la Sierra Nevada de Santa Marta y el norte del Cesar, y el Jaime Bateman Cayn, en Montes de Mara, con una amplia influencia sobre
las sabanas de Sucre y Bolvar (Hernndez, 2006) (Observatorio del
programa presidencial de DH y DIH, 2008).
Contexto socio-poltico en los aos de insercin

y expansin del conflicto en el Caribe
Si bien es cierto que este proceso de expansin hacia la Costa Caribe se
enmarc dentro de los planes estratgicos de las Farc y el ELN, es importante recordar que el ambiente poltico de la poca facilit la insercin de
estas guerrillas en los nuevos territorios donde, adems, existan algunos
antecedentes y caractersticas de las estructuras socioeconmicas de la
regin que funcionaron como abono, no solo para el ingreso de la insurgencia sino tambin para el surgimiento del fenmeno paramilitar como
instrumento de las elites regionales para defender un statu quo que, ante
la presencia guerrillera, se vio seriamente amenazado.
Como ya se ha visto, el arribo de las guerrillas a esta parte del pas fue
importado, no surgi de los conflictos sociales internos, ya que la mayor
parte de la Costa Caribe no enfrent el fenmeno de la Violencia bipartidista de los aos cincuenta, una caracterstica esencial de todas las guerrillas fundadas durante los aos sesenta. Por eso, en el curso del ingreso
a estos nuevos territorios, las diferentes estructuras armadas tuvieron que
captar las tensiones locales existentes y aprovecharlas para intentar insertarse en la cultura poltica de las poblaciones.
Mediante el trabajo poltico con las comunidades buscaron presentarse como proyectos alternativos capaces de movilizar y representar, a
travs de la va revolucionaria, los intereses de sectores excluidos y empobrecidos. De esa forma se buscaba alcanzar la legitimacin social de la
lucha armada o, al menos, cierto nivel de aceptacin entre la poblacin,
elemento esencial para la subsistencia de los grupos armados en las guerras irregulares. En referencia al proceso de desdoblamiento del Frente 4,
08/07/2014 11:01:32 p.m.
que diera origen a los frentes 24 y 19 de las Farc en la Serrana del Perij
y la Sierra Nevada de Santa Marta, Sols Almeida, comandante del Frente
19, comenta sobre la estrategia de insercin guerrillera en la zona:
[] el plan de trabajo lo tenamos de nuestra cuenta, todo dependa de nuestra
iniciativa, y nuestros movimientos se encaminaban a conocer terreno y gente,
lo ms que se pudiera, para generar condiciones sobre la serrana para meter de
un solo tajo guerrilla armada, que era lo que quera la Direccin. (Almeida y
Santrich, 2008).
Sin embargo, las nuevas regiones, importantes por sus caractersticas

y su ubicacin geogrfica para el desarrollo y la accin guerrilleras en
trminos militares, presentaban un mundo rural distinto del conocido en
la experiencia anterior de la insurgencia. Este entorno rural estaba atravesado por las lgicas de la hacienda, en donde los poderes locales y regionales eran los nicos mediadores entre las comunidades y el Estado, lo
cual daba lugar, irremediablemente, a relaciones de subordinacin de la
poblacin campesina, que para su subsistencia dependa del hacendado.
Este proceso tiene antecedentes histricos de vieja data, que convirtieron
a la hacienda6 en el marco general de las relaciones sociales, econmicas,
polticas y culturales de la Costa Caribe colombiana.
Las caractersticas de la hacienda costea se expresan principalmente
bajo tres formas, que afectan de manera diferenciada la relacin con las
comunidades locales. Durante un largo proceso de consolidacin predominaron en la costa la hacienda ganadera, la hacienda de extraccin
extensiva agrcola y la hacienda comercial, que combinaban la ganadera
y la compra de la produccin agrcola campesina. Paralelamente, se fue
consolidando la hacienda agrcola productora, en donde la mano de obra
es fundamental, por lo cual su conformacin tuvo una fuerte influencia
sobre el proceso de poblamiento y colonizacin de la subregin bananera
del departamento de Magdalena, desde las primeras dcadas del siglo XX.
Producto del acaparamiento de tierras para la conformacin de estas
haciendas, en las reducidas reas montaosas de la costa se fueron consolidando comunidades campesinas marginadas durante dcadas y que,
6
Estos asuntos sern tratados a profundidad en los diferentes estudios de caso presentados
en los captulos siguientes de este libro. El caso del rgimen hacendatario en Crdoba es
muy representativo de esta cuestin e importante para comprender las estructuras sociales
y econmicas que dieron lugar a las formas de violencia que surgieron en la regin.
08/07/2014 11:01:32 p.m.
a raz principalmente de las luchas agrarias libradas por la Asociacin

Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), se haban hecho propietarias
de pequeas porciones de tierra. An as, estas poblaciones continuaban
ligadas a las haciendas de mltiples formas: el hacendado poda ser el
comprador del producto del campesino de la regin, poda ser el vendedor o el prestamista, o ambas cosas, o bien poda constituir la principal
fuente de trabajo. El hacendado comnmente el amo y seor de un corregimiento o municipio manejaba a su antojo los hilos de la actividad
estatal y combinaba el poder poltico, econmico y social de su regin7.
Un elemento que tiende a ser sealado con ligereza cuando se habla de la
insercin guerrillera en la Costa en la dcada de los aos ochenta es, precisamente, el antecedente de las luchas agrarias de los setenta, dirigidas por la
Anuc8. En ese tiempo, el Caribe fue escenario de una importante movilizacin campesina, que tuvo lugar como respuesta a problemticas especficas
de la experiencia del campesino con la tierra y que tuvo un impacto relevante
en algunas subregiones de la costa. Una breve mirada regional permitir descartar o comprobar los efectos que la actividad de la Anuc en la Costa tuvo
para que la violencia reciente se expresara de la forma en que lo hizo.
En 1967 el gobierno de Lleras Restrepo, en el marco de la reforma agraria que buscaba implementar, expidi el Decreto 755, que dio origen a la
Anuc y la reglament como agremiacin campesina, subordinada al Ministerio de Agricultura. Su objetivo era aglutinar al movimiento campesino
en una organizacin capaz de articular sus intereses y gestionar ms eficazmente sus demandas sociales, relacionadas principalmente con el problema de la tenencia de la tierra. Su difusin tuvo un especial nfasis en los
departamentos de Crdoba, Bolvar, Sucre y Atlntico, que desde los aos
posteriores a la Violencia de los aos 50 vena siendo escenario de dispersas tomas de tierras por parte del campesinado. Y tuvo un especial arraigo
debido a que la expansin de la hacienda haba llevado al campesinado a
situarse en zonas poco productivas e inundables; adems, los sistemas de
aparcera y arrendamiento se haban agotado como formas privilegiadas de
interaccin entre el latifundista y el campesinado estaba en crisis.
7
8
Como es el caso de los Garca en Ovejas (Sucre), los Mndez en Crdoba (Bolvar), los Pupo
en Valledupar (Cesar), entre otros.
Algunos de estos son: Camilo Echanda (2006). Dos dcadas de escalamiento del conflicto
en Colombia, 1986-2006. Bogot, Universidad Externado de Colombia, as como los
documentos de la Serie Geogrfica producidos por el Observatorio del Programa
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Panorama
actual de la regin de Montes de Mara (2003), Bogot, Serie Geogrfica No. 19, y Panorama
actual de Sucre (2006), Bogot. Serie Geogrfica No. 27.
08/07/2014 11:01:32 p.m.
Este importante movimiento atrajo a variados sectores polticos, estudiantiles e intelectuales de izquierda, que se encontraban fragmentados en un sinnmero de siglas y tendencias ideolgicas, con mltiples
contradicciones y disonancias entre s. Los sectores ms radicales vean
en la lucha armada el camino para la transformacin de la sociedad colombiana y, siguiendo la tesis de la combinacin de las formas de lucha,
vieron en la Anuc una oportunidad para difundir su ideologa entre el
sector campesino. Sin embargo, la influencia poltica de la izquierda radical en el movimiento facilit la fractura y el posterior debilitamiento
de la Anuc.
Fue en el departamento de Sucre donde la Anuc llev a cabo la mayor
cantidad de tomas de tierras en la historia de Colombia9. En un principio, las vas de hecho del campesinado reciban el aval del gobierno, el
cual, representado en el Incora, se haca presente en las invasiones y los
enfrentamientos con el fin de mediar y negociar entre los campesinos y
los latifundistas. El auge de la lucha por la tierra en este Departamento fortaleci una tendencia poltica que influira en las actuaciones de la
Anuc en el norte del pas: la llamada lnea Sincelejo. sta, que entr a
identificarse como la lnea radical, lleg a dirigir a un sector mayoritario
que operaba alrededor de las asociaciones departamentales de usuarios
campesinos en los departamentos de Caldas, Cauca, Nario, Risaralda,
Santander, Arauca, Caquet, Putumayo, Bolvar, Cesar, Crdoba, Magdalena, Meta y, claro est, Sucre10.
El radicalismo no era gratuito, ya que, desde finales de los aos sesenta, en la costa actuaba el ncleo fundador del EPL en el Alto San
Jorge, entre Crdoba y Antioquia; su brazo poltico, el PCC-ML, haba
iniciado una campaa denominada de bolchevizacin11 de sus militantes, ideario que los llev a relacionarse de manera profunda con
los sectores campesinos movilizados a travs de la Anuc. Militantes de
9
10
11
En el ao 1971 se realizaran 60 acciones de toma de tierras en el departamento de Sucre.

La costa norte colombiana fue el principal escenario de las luchas de la Anuc y en el mismo
ao registr un total de 333 tomas (Zamosc, 1978: 124-125).
Zamosc, 1987: 176.
Se ha comprobado que una defectuosa composicin del Partido debido al origen de
clase no proletario de la mayora de los camaradas, es la causa de la existencia de ideas
no proletarias en el Partido, lo que ha trado como consecuencia su acentuada debilidad
ideolgica, poltica y organizativa. Estas ideas no proletarias se manifiestan en todos los
frentes de la vida y del trabajo del partido. Desde 1972 la lnea poltica de accin consisti
en volcar a la militancia del PC-ML a las fbricas y al campo (cita que no especifica la
fuente). (Villarraga y Plazas, 1996: 53)
08/07/2014 11:01:32 p.m.
Barricada Socialista, aunque menos radicales, tambin apoyaron el movimiento. Su influencia fue determinante en la forma de accin de los
campesinos, quienes a travs de las vas de hecho haban logrado poner
en marcha a amplios sectores12 e iniciar los procesos de titulacin de
algunos predios que haban sido exitosamente invadidos. La impronta
de la izquierda radical sobre el movimiento puede vislumbrarse en las
palabras de Luis Rendn, ex dirigente del PC-ML:
En Bolvar nos mandan para el Carmen de Bolvar. Duramos seis meses en tomas
de tierras, trabajamos con el sindicato obrero y con los campesinos del cultivo
del tabaco. Conocimos nueva gente, se fortaleci la estructura del partido (PCML). Ya haba zonales all, instalamos el zonal David Borras de Bolvar. Haba
tambin clulas y crculos de aspirantes. Una experiencia muy interesante que
implementamos fueron los actos polticos. Eran algo as como una rplica de las
Juntas Patriticas. Los hicimos en Sucre y otras regiones. Eran actos masivos en
la clandestinidad. La gente los consideraba una forma de gobierno, y a partir de
ellos se trabajaba el partido poltico, los asuntos sociales y se trabajaban los problemas econmicos []
El 29 de febrero (1972) era impresionante ver quince mil, veinte mil personas
en Sincelejo, San Jacinto, El Carmen. Era la poca de oro de la Anuc y una gran
nmina de dirigentes, una gran cantidad de ellos eran militantes polticos nuestros. Haba ya cuadros regionales del partido y cuadros militares. Haba todo un
control, como en el caso de Bolvar, donde la experiencia del Carmen fue muy
particular. (Entrevista a Rendn, Luis, exdirigente del PC-ML, en Villarraga y
Plazas, 1996: 67-68).
Pero el escenario cambi radicalmente con la llegada del gobierno

conservador de Misael Pastrana Borrero. Durante su administracin, la
presin de los terratenientes por frenar el proceso de reforma agraria y
especialmente la toma de tierras, encontr eco y respaldo en el Estado. El
sector hacendatario constitua parte de las bases del Partido Conservador
y estaba ampliamente representado en el Congreso de la Repblica. Fue
por esta va que se logr frenar el proceso de reconocimiento del reclamo
campesino por la tierra a partir del Pacto de Chicoral, el cual signific
una especie de contrarreforma que volvi a centrar la poltica agraria en
el inters de los hacendados13. As, la llegada del conservatismo condujo
12
13
Hacia 1971 y con solo cinco aos de existencia, la Anuc registraba un total de 989.306
miembros inscritos, 28 asociaciones departamentales y 13.983 lderes entrenados. Zamosc,
1987: 91.
Zamosc, 1978: 75-78.
08/07/2014 11:01:33 p.m.
la accin estatal a proteger las propiedades de los latifundistas en disputa

por medio de la fuerza.
Adems de que el nuevo gobierno le diera la espalda, para finales de
los aos setenta la Anuc entr en un proceso de fragmentacin y debilitamiento como producto de la mltiple presencia de tendencias polticas
irreconciliables, proceso del cual no se recuperara jams. El debilitamiento del proceso permiti que muchos de los logros alcanzados fueran arrebatados, debido en parte a que los principales lderes campesinos
que movilizaban a las masas abandonaron la lucha porque, o bien fueron
cooptados y comprados por los gobiernos locales y regionales, o bien sus
reclamaciones haban logrado su objetivo al hacerlos acreedores de una
porcin de tierra. Adems de eso, la Lnea Sincelejo termin por ceder
a la poltica gubernamental dirigida a la consecucin del mximo de rditos posibles para muchos de sus lderes. El clientelismo termin por
evaporar a la Anuc14.
La agitacin por la tierra disminuy hasta desaparecer entre las comunidades campesinas, pero se mantuvo en el imaginario de los actores
armados, quienes malinterpretaron el movimiento campesino colombiano al observarlo a la luz de las dinmicas internacionales: las continuas
victorias de los movimientos insurgentes de Centroamrica, acompaadas lectura sobredimensionada de la movilizacin y la protesta sociales
de finales de la dcada de los aos setenta, llevaron al movimiento guerrillero colombiano a plantear asomos de una situacin revolucionaria15.
Para agravar ms la delicada situacin, esta desfasada lectura de la
realidad afect tambin la percepcin de los sectores ms conservadores
14
15
Zamosc, 1987: 344-351.

Uno de los planteamientos de la sptima conferencia guerrillera (1982) afirma que en
Colombia se estaban vislumbrando asomos de una situacin revolucionaria. No hemos dicho
que en Colombia haya en todo su apogeo una situacin revolucionaria, sino que palpamos
asomos de una tal situacin, es decir, que se estn dando los elementos sustanciales de ella
(Arenas, 1990: 62). Aunque la tesis de Jacobo Arenas sea la ms conocida y difundida,
los dems movimientos guerrilleros coincidirn con sus respectivas caractersticas. Por
ejemplo, el XI Congreso del PC-ML pretendi superar las mismas consignas, los mismos
mtodos y las mismas formas organizativas invariables, y se reconoci que no se estaba
en un momento revolucionario sino en un proceso de maduracin de condiciones
hacia una situacin revolucionaria (Villarraga y Plazas, 1996: 157). En un balance de la
interpretacin insurreccional de la poca, el ELN comenta: La acumulacin de fuerzas en
el movimiento de masas presenta menos desarrollo, pues contina disperso y adormecido
en su gran mayora. En consecuencia, las fuerzas revolucionarias presentan un desfase entre
el movimiento guerrillero y el movimiento de masas, que si bien nos indica un ascenso
revolucionario con respecto a pocas anteriores, no implica necesariamente una situacin
preinsurreccional (Hernndez, 2006: 337).
08/07/2014 11:01:33 p.m.
y derechistas de la elite poltica y los altos mandos militares. Su lectura

complotista de la amenaza comunista infiltrada en la movilizacin social se reflej en la fuerte represin de la protesta social durante la presidencia de Alfonso Lpez Michelsen (1974-1978), bajo el Estado de Sitio y,
posteriormente, en su criminalizacin durante el gobierno liberal de Julio
Csar Turbay Ayala (1978-1982), con su tristemente clebre Estatuto de
Seguridad.
Pero en los primeros aos de la dcada de los ochenta el escenario poltico nacional volvi a dar un giro, que cambi completamente
el curso de los acontecimientos. Las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las Farc, que dieron como
resultado la firma de los acuerdos de La Uribe en 1984, aportaron dos
elementos que, de manera distinta, tuvieron un impacto determinante
en la historia del conflicto armado colombiano: la tregua bilateral y la
conformacin de la Unin Patritica (UP). En la costa, el proceso tuvo
un impacto particular, ya que dos hechos coincidieron en el espacio y
en el tiempo: la tregua que permiti a las Farc continuar con el desdoblamiento de frentes de guerra sin encontrar mayor resistencia en la
fuerza pblica, y el lanzamiento de la UP en Cesar, con su subsiguiente
xito en las elecciones de 1986.
Este fue el ambiente poltico coyuntural que tuvo como contexto la
expansin guerrillera en el Caribe. Es posible afirmar que las negociaciones desempearon un papel fundamental en la difusin y legitimacin de
la lucha armada entre la poblacin. No es gratuito que fuera en la Costa,
especficamente en el municipio cesarense de Pueblo Bello, donde se hiciera el lanzamiento oficial de la UP el 16 de junio de 1985. La tesis de la
combinacin de las formas de lucha encontr su mxima expresin en
un escenario donde los movimientos guerrilleros, el Partido Comunista,
el movimiento A Luchar, cercano al ELN, ampliaron su influencia en la
Costa tras la entrada en escena de la UP. Describiendo su papel en el
fortalecimiento de la guerrilla en la costa, Ricardo Palmera, alias Simn
Trinidad, comenta:
[] viene otra etapa, la del surgimiento y desarrollo de la Unin Patritica, que
abre un mayor espacio a las Farc en general y al Diecinueve Frente en particular.
Esto sera hacia 1984, cuando Adn (Adn Izquierdo) regresa a revisar cmo continuaba el trabajo de las Comisiones que haban quedado en la Sierra Nevada []
Cuando l llega en esa segunda ocasin, con el proceso de tregua hay un espacio
poltico abierto que es muy bien aprovechado por l y por el Estado Mayor del 19
08/07/2014 11:01:33 p.m.
Frente para hacer una gran cantidad de relaciones pblicas que permitieron un
magnfico lanzamiento de la UP en 1985. (Santrich, 2008).
Como puede apreciarse, durante los tiempos de la tregua las Farc continuaron sus planes de crecimiento a escala poltica y militar, logrando incluso reconocimiento en algunos sectores influyentes de la regin Caribe.
Un ejemplo de esta simpata qued en evidencia cuando al lanzamiento
de la UP en Pueblo Bello asisti un cono de la sociedad costea; Simn
Trinidad relat al respecto:
[] Nos decidimos, sin que ella tuviera idea, por Consuelo Araujo, periodista y
folclorloga de la msica violinista [] finalmente, sta acept de manera complacida hacer el primer contacto con Adn Izquierdo en Valledupar. En la reunin
de Consuelo con Adn ste le dijo que si lo poda poner en contacto con otras
personas influyentes en Valledupar, y ella inmediatamente se puso en contacto
con dirigentes polticos, gremiales, profesionales y sindicalistas.
Consuelo fue importante en ese periodo, ya que no solo logr que el Gobernador
del Cesar, Doctor Luis Rodrguez Valera ya fallecido, se reuniera en su apartamento con Adn, sino que se fue en carro a visitar a uno por uno de los gobernadores de la Costa Atlntica y logra que en Barranquilla se renan todos con Adn
y otros comandantes farianos en un acto pblico en la Asamblea Departamental
del Atlntico. De ah sale la propuesta de lanzar a la UP en la regin Costa Atlntica, en el corregimiento de Pueblo Bello [] de ah en adelante la UP y las
Farc se riegan como verdolaga en playa: La Jagua de Ibirico, Becerril, San Alberto,
El Copey, Valledupar, Fundacin, Cinaga, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena
[] (Santrich, 2008).
Tal apogeo fue interrumpido por la brutal reaccin de algunos sectores de la sociedad que se negaron a permitir el ingreso de una fuerza
poltica de izquierda que amenazaba con transformar el statu quo de las
estructuras socioeconmicas y polticas tradicionales. Producto de este
rechazo, se inici lo que se conoce como la guerra sucia contra la UP,
proceso mediante el cual una alianza entre hacendados, polticos regionales, narcotraficantes y militares puso en marcha un periodo de persecucin y asesinato sistemtico de miles de militantes y lderes de este movimiento poltico. Parte de las consecuencias de esta arremetida mortal
fueron el rompimiento definitivo de los dilogos de paz (1987), el regreso
de muchos a las filas de las Farc y la radicalizacin de la guerrilla, que,
a partir de entonces, se concentr en privilegiar las formas militares en
detrimento de las polticas.
08/07/2014 11:01:33 p.m.
A finales de los aos ochenta, la accin guerrillera en la costa se

caracteriz por su carcter predatorio. El crecimiento de sus filas y su
frecuente actividad en estas reas en cinco aos se haban conformado seis nuevos frentes guerrilleros en la costa implicaban, a su vez, la
necesidad de acopiar una mayor cantidad de recursos financieros. Esto,
sumado a la respuesta guerrillera frente a la guerra sucia contra la UP y
al fracaso de los dilogos de paz, llev a los nacientes frentes guerrilleros a extorsionar, secuestrar y en muchos casos asesinar a hacendados
y comerciantes, sectores influyentes y personas determinantes de la poltica local y regional.
Finalmente, es necesario comentar a grandes rasgos la germinacin
del proyecto paramilitar, que comenz en esta dcada con el grupo conocido como los Tangueros, dirigido por Fidel Castao, alias Rambo.
Hay que recordar los nexos de los Tangueros con el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), organizado por el Cartel de Medelln, con el cual
luego rompi relaciones para conformarse, en 1989, como Autodefensas
Campesinas de Crdoba y Urab (Accu). Esta agrupacin, dirigida desde
el principio por Fidel Castao, haba llevado la guerra sucia a las sabanas de Crdoba y a cercanas de Montera, donde vena actuando el EPL
a travs del robo de ganado, la extorsin y el secuestro de hacendados.
Como retaliacin por uno de estos robos, el grupo comandado por Fidel
Castao asesin a 43 campesinos en su finca llamada Las Tangas, donde,
entre 1988 y 1990, hubo un nmero aproximado de veinte masacres de
ciudadanos. La compleja coyuntura poltica de la regin se agrav con
el proceso de descentralizacin que trajo consigo la eleccin popular de
alcaldes, la cual llev a la arena poltica de la regin a la UP y al Frente
Popular, este ltimo un grupo cercano al EPL.
El inicio de los dilogos y el proceso de paz al que accediera el EPL trajeron una tensa calma, a tal punto que Fidel Castao pretendi mostrar un
discurso poltico mediador que aclimat el espacio para la desmovilizacin
del EPL. Tras la entrega de armas y tierras a campesinos de la regin, la
reactivacin de la violencia en Crdoba y Urab se reanud a partir de la
ofensiva frontal ordenada por el Frente 5 de las Farc contra el movimiento
Esperanza, Paz y Libertad, producto de la desmovilizacin del EPL. En un
balance de diez aos de violencia en Urab, Andrs Surez (2007) registr
la comisin de 97 masacres con un total de 607 vctimas, en las cuales todos
los actores armados se vieron implicados: Farc, disidencia del EPL, paramilitares, Ejrcito oficial y otros (Surez, 1997: 51).
08/07/2014 11:01:33 p.m.
La violencia en esta regin del pas ha sido documentada y descrita

ampliamente por la academia y las organizaciones no gubernamentales16.
De la guerra en esta parte del pas surgieron fenmenos inusitados de
alianzas entre sectores de la izquierda y grupos paramilitares que encontraron un enemigo comn, ya que las Farc venan exterminando a los
reinsertados del EPL en Crdoba y Urab.
Dinmicas y tendencias generales del conflicto armado

reciente en la regin Caribe, 1990-2013:
de la expansin guerrillera al control paramilitar
La dcada de los noventa irrumpi en medio de un ambiente de transformaciones trascendentales para la sociedad colombiana. El proceso
de paz emprendido entre el gobierno de Virgilio Barco y las guerrillas
del M19, el grupo Quintn Lame, el PRT y la mayor parte de los miembros del EPL17, junto con la inmediata expedicin de una nueva Constitucin Poltica elaborada durante el gobierno de Csar Gaviria, fueron
un hito histrico de la democracia colombiana y un gigantesco paso, al
abrir el sistema poltico y ampliar el espectro en materia de derechos
ciudadanos.
Sin embargo, este avance fue opacado por un hecho que marcara de
manera profunda el desarrollo futuro del conflicto armado colombiano:
los dos principales movimientos guerrilleros, el ELN y las Farc, no participaron de esos acuerdos. En lo que puede considerarse como una oscura paradoja, a partir de entonces el conflicto comenz a escalar hasta
alcanzar niveles de violencia e intensidad sin precedentes en la historia
de Colombia. En las pginas que siguen no se realizar un recorrido detallado de los ires y venires de la guerra y de sus protagonistas. Ms bien,
lo que aqu se busca es ofrecer un panorama general de la manera como
transcurri el conflicto en la costa en estos ltimos veinte aos, a travs
de la revisin de sus tendencias generales y los contextos en los que stas
se expresaron.
16
17
Entre los ms destacados se encuentran: Comisin Verificadora de los Actores Violentos

en Urab, Informe final (1995), Bogot, Coleccin Papeles de Paz-Cinep; Clara Ins Garca
(1996). Urab: regin, actores y conflicto, 1960-1990. Bogot, Iner-Cerec, Corporacin para
la Defensa y Promocin de los Derechos Humanos (Reiniciar, 2006). El Exterminio de la
Unin Patritica en Urab. El Plan Retorno. Bogot, Gente Nueva Editorial.
Alrededor de un 20% de los combatientes de esta guerrilla no se acogieron a la desmovilizacin y continuaron operando durante los aos 90.
08/07/2014 11:01:33 p.m.
En las guerras irregulares en general, y particularmente en el caso colombiano, los combates directos entre los grupos armados no son, ni de
lejos, la principal modalidad de violencia y, por lo tanto, tampoco son
la mejor manera de medir las dinmicas de la guerra. Por el contrario,
los repertorios de violencia de las guerras irregulares suelen enfocarse
en la poblacin civil como forma de golpear al enemigo, usualmente con
mtodos poco ortodoxos y frecuentemente violatorios de las normas internacionales que rigen las guerras. Por tal motivo, para esta seccin se
ha seleccionado, como indicador del accionar de los actores armados,
la categora de Infraccin al Derecho Internacional Humanitario18, que
agrega crmenes como homicidio intencional a persona protegida, tortura, amenazas, daos a bienes civiles, minas antipersonales y desaparicin
forzada, entre otras modalidades de agresin.
El comportamiento de este indicador en el periodo 1990-2013 (Grfica 2) permite identificar, por lo menos, cuatro fases diferentes del desarrollo del conflicto armado, que a su vez coinciden con dinmicas propias
del contexto poltico en el nivel nacional. El perodo comprendido entre
1990 y 1995, corresponde a la reconfiguracin de los escenarios de la confrontacin propia de la etapa inmediatamente posterior a la desmovilizacin de algunas guerrillas; entre 1996 y 2002, ocurre un recrudecimiento
que coincide con la avanzada del paramilitarismo; a partir de 2003 y hasta
2007, es un lapso que presenta una disminucin paulatina de la violencia, la cual seala el mayor control logrado por el Estado de la mano de
los paramilitares, hasta la desmovilizacin de las AUC; y, finalmente, un
perodo entre 2008 y 2013, en el que se detiene el declive de la violencia
y se sostiene cierto nivel de actividad, en un contexto caracterizado por
el rearme paramilitar, una nueva configuracin de los escenarios de la
confrontacin y el inicio de los dilogos de paz de La Habana.
Una mirada al indicador desagregado por actores armados, ayuda a
reafirmar la diferenciacin de estas fases (Grfica 3). El inicio de la ofensiva paramilitar se ve expresado en un impresionante pico de violencia
en 1997, el ms alto de toda la serie, que supera al siguiente casi en un
200%. A partir de ese momento, la actividad de este actor supera a la del
resto durante casi todo el periodo, al final del cual es casi el nico que
permanece ejerciendo violencia. Por el lado de las guerrillas, es notorio su
18
La categora Infraccin al Derecho Internacional Humanitario hace referencia a las acciones

violentas de actores armados que se alejan de las leyes y normas que regulan los conflictos
armados. (Cinep, 2008)
08/07/2014 11:01:33 p.m.
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Fuente: Cinep. Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Poltica. Elaboracin propia.
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2005
Infracciones al DIH regin Caribe
Grfica 2
08/07/2014 11:01:33 p.m.
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELN
FARC
PARAMILITARES
FUERZA PBLICA
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
200
400
600
800
1000
1200
1400
Grfica 3
Infracciones al DIH por autor
08/07/2014 11:01:34 p.m.
debilitamiento progresivo: el ELN prcticamente deja de actuar alrededor

del ao 2002, mientras las Farc declinan considerablemente a partir de
2006. El periodo de disputa ms importante ocurre entre 1996 y 2002,
con especial agudeza en los aos 2000 a 2001.
Aunque en la grfica de tendencias se alcanza a observar la superioridad del actor paramilitar en las infraccionas al DIH, una mirada ms detallada de los datos muestra que este actor fue responsable de casi un 60%
de los hechos en todo el periodo (Grfica 4). Esta violencia tiene su lgica
dentro del desarrollo de la furiosa disputa que el paramilitarismo llev a
cabo por el control de los territorios afectados por la guerrilla. El indicador es una dolorosa muestra de ese despliegue de violencia que implic,
en mayor medida, la victimizacin de civiles que habitaban estas zonas.
Los departamentos ms afectados por las infracciones al DIH en todo
el periodo fueron Bolvar (27%) y Cesar (26%), cuya alto nivel de representacin tiene que ver, en parte, con el hecho de que el sur de sus territorios forma parte de la subregin del Magdalena Medio y por lo tanto
est inscrito en lgicas de guerra diferentes de las del resto del Caribe, ya
que dicha subregin ha sido histricamente de las ms golpeadas por la
violencia ligada al conflicto armado. Los siguientes tres departamentos
ms afectados fueron Magdalena (14%), Crdoba (12%) y Sucre (10%),
los cuales se ubican en un mismo rango, detalle que puede explicarse por
haber sido zonas de disputa entre paramilitares y guerrillas. Por ltimo,
Atlntico (6%) y La Guajira (5%) fueron los menos afectados, posiblemente porque all nunca hubo control guerrillero, aunque s alguna presencia ms o menos tarda, por lo cual el ingreso paramilitar no encontr
una gran resistencia y la disputa no tuvo que ser tan feroz19.
Reconfiguracin de los escenarios y ascenso de las guerrillas, 1990-1996

Tras la desmovilizacin del PRT y el EPL (guerrillas que operaban en
algunas pequeas zonas de la Costa), las Farc y el ELN prosiguieron en su
avance y buscaron llenar los vacos que haban quedado en los territorios
que aqullos grupos solan ocupar. Fueron aos de convulsin poltica,
cuando los movimientos guerrilleros que se negaron a entrar en el proceso de dilogos de finales de los aos 80 debieron reacomodarse en el
territorio y definir sus cursos de accin. En ese marco, uno de los acon19
Los clculos son propios y estn basados en Banco de Datos de Derechos Humanos y
Violencia Poltica del Cinep.
08/07/2014 11:01:34 p.m.
Grfica 4
Fuerza Pblica
13%
Farc 17%
ELN 11%
Paramilitares
59%
Participacin de grupos armados en infracciones al DIH en el Caribe 1990-2013
08/07/2014 11:01:34 p.m.
tecimientos ms relevantes de este periodo fue la realizacin de la octava conferencia de las Farc (1993), que tuvo al menos dos resultados con
efectos sobre la regin Caribe: el cambio de estrategia militar de guerra
de guerrillas a guerra de posiciones20 y la divisin de la organizacin en
bloques, que dio origen al Bloque Caribe.
Pasada la octava conferencia, tres Bloques de las Farc quedaron con
presencia en departamentos del Caribe. El Bloque Noroccidental, en el
sur de Crdoba, por los lados del Nudo de Paramillo y con gran influencia al oriente del Caribe, pues estuvo encargado de la guerra con los paramilitares por el control del Urab. Por su parte, el Bloque Magdalena
Medio abarc toda la subregin surea de los departamentos de Bolvar y
Cesar, caracterizada por ser una de las zonas caribeas donde el conflicto
se desarroll de manera ms violenta. Finalmente, el Bloque Caribe fue
creado para agrupar a los frentes que hacan presencia en todos los departamentos de la Costa, exceptuando las dos zonas recin mencionadas.
Adems de los frentes que venan operando desde los aos ochenta,
en 1994 se cre el Frente 59, denominado Resistencia Guajira, cuyo surgimiento ocurri a partir del desdoblamiento de los frentes 19 y 24. Con la
nueva estructura, las Farc entraron a hacer presencia ms permanente en
el sur de La Guajira, especialmente en las zonas cercanas al costado oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y al norte de la Serrana del Perij.
Tabla 3
Bloque Caribe en la dcada de 1990
Farc-Ep Bloque Caribe
Frentes
Departamentos
19 (Jos Prudencio Padilla)

35
37 (Benkos Bioh)
41 (Cacique Upar)
Magdalena
Sucre-Bolvar
Sucre-Bolvar
Cesar
59
La Guajira-Cesar
Zona geogrfica
Sierra Nevada de Santa Marta
Montes de Mara
Montes de Mara
Serrana del Perij
Serrana del Perij, sur de La Guajira, vertiente
oriental de Sierra Nevada de Santa Marta.
Fuente: Manosalva Correa y Quintero lvarez, 2011: 12.

20
El cambio de estrategia militar a guerra de movimientos implica el paso a acciones militares

de mayor magnitud, con intervencin de ms efectivos y con mayor capacidad para sostener
combates frontales con el enemigo por mayor tiempo. Acciones como la toma de pueblos son
propias de la guerra de movimientos, pues implican grandes operaciones militares que buscan
ir ocupando territorios cada vez ms integrados y de manera ms permanente.
08/07/2014 11:01:34 p.m.
Con todo, a principios de los aos 90 no fueron los frentes del Bloque
Caribe los que ejercieron ms activamente la violencia en el norte del
pas, ya que las Farc estaban concentradas en la regin de Urab, disputando los territorios que haba ocupado el EPL. No obstante, el fortalecimiento del proyecto paramilitar de los hermanos Castao se convirti
en un obstculo para los intereses de la guerrilla y trajo consigo el recrudecimiento de la violencia, enfocada sobre todo contra la poblacin civil.
Tierralta, en el departamento de Crdoba, y el Urab antioqueo fueron
las subregiones ms afectadas por la accin blica de las Farc en esos aos.
La mayora de las operaciones de esta guerrilla se centraron en las regiones donde histricamente venan consolidndose grupos paramilitares
atados de manera notoria al fenmeno del narcotrfico, entre ellos el de
Hernn Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta y el de Fidel y Carlos
Castao en el departamento de Crdoba (Mapa 2).
Como atrs se dijo, el fenmeno paramilitar que se desarroll en los
aos 90 comenz a configurarse desde los 80 y su mxima expresin al
inicio de los 90 eran las Accu. El xito de este modelo paramilitar y la
creciente concentracin de poder poltico e influencia social en sus nichos histricos, sumados al apoyo de comerciantes, ganaderos y polticos
regionales, originaron un proceso de expansin del modelo cordobs a
Sucre, Bolvar, Magdalena y Cesar, zonas que llevaban ms de diez aos
ocupadas por las Farc y el ELN. Para ese momento, el proyecto paramilitar ya contaba con la estructura del narcotrfico necesaria para independizarse de los sectores que lo financiaban. Ya no se trataba de ejrcitos
privados subordinados a ganaderos y militares; ahora los una la lgica
contrainsurgente en una relacin horizontal: ganaderos, comerciantes,
militares y narcotraficantes, todos sentados a la misma mesa.
De acuerdo con Mauricio Romero,
para mediados de los aos noventa las Accu eran una alianza aparentemente inslita, y no sin tensiones entre negociantes y empresarios vinculados con el narcotrfico, ganaderos y agroexportadores, y exguerrilleros o antiguos militantes de la izquierda legal o revolucionaria, coalicin que se mantena unida, dada la dimensin
del objeto comn por enfrentar. El papel de esos sectores venidos de la izquierda
en la jerarqua de las Accu, adems de proveer mandos militares, ha sido clave en el
trabajo poltico y social con la poblacin civil. (Romero, 2003: 246).
Finalizando la primera mitad de los aos 90, la accin paramilitar en

la Costa se enfoc, adems de Crdoba y Urab, en los departamentos
08/07/2014 11:01:34 p.m.
Fuente: Base de Datos de Actores y Dinmica del Conflicto-Cinep.
Farc. Infracciones al DIH en el Caribe 1990-1994
Mapa 2
08/07/2014 11:01:35 p.m.
de Magdalena (especialmente en la Depresin Momposina) y el sur del

Cesar. El balance del segundo semestre de 1996 report matanzas en
San Juan Nepomuceno, Fundacin, Pivijay y Cinaga, en el departamento
de Magdalena. Los das 3 y 5 de diciembre de ese ao, los paramilitares
entraron con fuerza en Sucre y asesinaron a quince personas en los municipios de Colos, Morroa y Toluviejo. Igualmente, empezaron a abrirse camino hacia la Serrana de San Jacinto, a travs del municipio del
mismo nombre, una importante regin ganadera perteneciente al rea de
influencia de Montes de Mara, donde por esos mismos das tuvo lugar la
masacre del corregimiento de Macayepo (Mapa 3).
Por su parte, el ELN inici la dcada de los noventa concentrando
su actividad en ciudades intermedias cercanas, en trminos espaciales, a
las regiones montaosas del Caribe: el municipio de Carmen de Bolvar
(en Montes de Mara), Valledupar, El Copey, La Paz y, en general, en los
municipios que componen el Valle de Upar. Tambin present un nivel
importante de actividad en el Bajo Cauca antioqueo y en la zona de influencia de la Serrana de San Lucas, al sur del departamento de Bolvar.
Particularmente en estos primeros aos, el ELN fortaleci su presencia en
Montes de Mara, donde haba operado por muchos aos la guerrilla del
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Entre 1994 y 1996, el ELN logr afectar la Depresin Momposina,
situacin que le permiti la conformacin de un corredor estratgico
que comunicaba al Magdalena Medio con el Valle de Upar, el centro del
departamento de Magdalena y Montes de Mara. En esos aos, tanto el
ELN como las Farc y el reducido grupo disidente del EPL que no accedi
a la desmovilizacin, enfocaron sus acciones contra la poblacin civil,
principalmente contra el sector de los hacendados, vctimas de asesinato, extorsin y secuestro, la destruccin de fincas y el abigeato. Este periodo marc el inicio de las llamadas pescas milagrosas, que afectaron
notablemente la carretera que comunica el interior del pas con la regin
Caribe (Mapa 4).
Los aos de la ofensiva paramilitar: la lucha por el territorio

y el retroceso guerrillero en el Caribe colombiano, 1997-2002
En abril de 1997 nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
que agruparon las estructuras paramilitares ya existentes en el Caribe,
el Magdalena Medio y los Llanos Orientales e iniciaron un periodo de
expansin muy agresivo, especialmente hacia regiones de presencia gue-
08/07/2014 11:01:35 p.m.
Mapa 3
Paramilitares. Infracciones al DIH en el Caribe 1990 - 1995
08/07/2014 11:01:36 p.m.
Mapa 4
ELN. Infracciones al DIH en la regin Caribe, 1994-1996
08/07/2014 11:01:37 p.m.
rrillera o de inters estratgico para el negocio del narcotrfico. El nacimiento de las AUC marc un nuevo hito en la historia de la guerra en
Colombia. Signific el comienzo de una era de violencia que sumi al pas
en el terror como nunca antes. Tambin represent la consolidacin del
paramilitarismo como un proyecto nacional, fuertemente ligado a intereses econmicos de las elites regionales, con pretensiones especficas de
incidir en la poltica local, regional y nacional y con tintes ideolgicos de
extrema derecha.
El crecimiento de las AUC entre 1997 y 2002 coincide con el proceso
de dilogos entre las Farc y el gobierno del presidente Andrs Pastrana.
De acuerdo con la tesis de Romero (2003), los acercamientos y acuerdos
de paz entre el gobierno y las guerrillas provocaron, una vez ms, la respuesta violenta de los poderes locales y regionales enderezada a impedir transformaciones del sistema poltico que pudieran afectar el estado
de las cosas: [] los grupos paramilitares y de autodefensa han sido
unos defensores extremistas del statu quo. Es decir, la agudizacin de la
violencia poltica desde 1982 tiene que ver, adems de los problemas de
seguridad surgidos con las negociaciones de paz para las coaliciones en
el poder, con las reacciones en contra de la posibilidad de redefinir los
equilibrios polticos regionales a favor de una mayor democratizacin.
(Romero, 2003: 79).
En su proceso de expansin en la Costa Caribe colombiana, las mltiples ramas del paramilitarismo se desarrollaron en subregiones distintas, aunque de manera simultnea. La accin paramilitar se dirigi especialmente a atacar lo que se ha tendido a denominar como bases sociales
de la guerrilla. El ao de 1997 fue escenario de la abrupta propagacin de
los paramilitares por toda la Costa. El primer semestre de ese ao registr
las primeras masacres paramilitares en las mismas reas donde se mova
la guerrilla. Los grupos paramilitares se movilizaron por las sabanas de
los departamentos de Crdoba, Sucre, Bolvar, Magdalena y Cesar, sin
mayores contratiempos. Se concentraban principalmente en los municipios sucreos de Sincelejo y Toluviejo y llevaban a cabo diversas operaciones en el centro de Bolvar, en el rea de influencia de Magangu y en
regiones en donde la guerrilla atacaba y luego se retiraba a causa de las
dificultades geogrficas para desarrollar operaciones militares constantes
(Mapa 5).
Entre junio de 1996 y febrero de 1997, en el departamento del Cesar fueron asesinadas 119 personas y 17 ms fueron desaparecidas; las
acciones tuvieron su expresin ms grave en la masacre de Mariangola
08/07/2014 11:01:38 p.m.
Mapa 5
Paramilitares. Infracciones al DIH en el Caribe, 1996-1999
08/07/2014 11:01:39 p.m.
(corregimiento de Valledupar) y las vctimas fueron principalmente campesinos. Al respecto, los paramilitares informaron:
Nos hemos visto forzados a tomar algunas medidas de tipo contrainsurgente, que
aunque en un principio nos toque pagar un precio inmediato de impopularidad,
el pueblo, cuando haya recuperado la paz, las comprender y nos lo agradecer
(Banco de datos de violencia poltica. (Cinep, 1997: 5.).
La incursin paramilitar hecha en el mes de abril en los departamentos de Bolvar y Sucre ya haba logrado el dominio de los cascos urbanos,
con lo cual sus grupos iniciaron un proceso de asesinato selectivo de personas que tenan influencia local, entre ellos funcionarios pblicos, lderes polticos y miembros de la Iglesia, todos acusados de ser auxiliadores
o miembros de la guerrilla. En otros lugares continuaron las masacres en
zonas que, a los ojos de militares y paramilitares, constituan retaguardias guerrilleras. Las matanzas de esos aos se perpetraron en Cinaga,
Fundacin (Magdalena) y en la regin de Montes de Mara. El gobierno
calcul que hacia 1997 en la Costa Atlntica colombiana moran diariamente alrededor de veinte personas como producto del conflicto armado.
(Nuevo Siglo, 1997:7)
Rpidamente se fueron sumando grupos de narcotraficantes y delincuentes comunes a escala regional, quienes, o bien se subordinaban al
proceso, o bien eran eliminados. Fue as como coincidieron, a escala local
y regional, las AUC y los hacendados que contaban con grupos delictivos
a su servicio. Uno de estos casos se present en el centro del departamento de Magdalena, donde los cheperos21 ya haban abonado el terreno para
el arribo del paramilitarismo a la regin. La banda de Chepe Barrera, que
actuaba en el departamento de Magdalena, y la de Los Chamizos, de la
Sierra Nevada de Santa Marta, dieron muestra de que el paramilitarismo
haba encontrado, en algunas regiones, agrupamientos de elites de escala
local y regional que facilitaban su entrada. La disputa paramilitar por la
Sierra Nevada se inici a mediados de 1997 y la accin guerrillera en esta
regin donde el ELN haba sido la fuerza ms activa atac constantemente al sector ganadero. El Cesar vena siendo objeto de acciones para21
La banda conocida como Los Cheperos aparece de manera temprana a comienzos de la

dcada del noventa. Hasta el ao 2002 estuvo comandada por Jos Mara Barrera, alias
Chepe Barrera, un viejo hacendado y exmilitar que la conform. Funcion principalmente
como banda de limpieza social.
08/07/2014 11:01:39 p.m.
militares en el norte, sin que, en el curso de medio ao de operaciones, se

registrase choque alguno entre stos y las guerrillas.
Para 1999, las AUC buscaron, bien definir alianzas o bien eliminar a los
narcotraficantes locales. Un ejemplo del segundo caso ocurri con las llamadas Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, comandadas
por Hernn Giraldo y que, al igual que otras estructuras de narcotraficantes, en el curso de los aos ochenta en el marco de la bonanza marimbera,
el contrabando, el narcotrfico y el arribo de las guerrillas a la Sierra, haban conformado pequeas bandas de paramilitares (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2002: 9). Giraldo termin por enfrentar
una cruda guerra con Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Este ltimo fue
el paramilitar designado por Salvatore Mancuso, comandante del Bloque
Norte de las AUC, para apoderarse de los departamentos de Cesar y La
Guajira, as como del norte de Magdalena (Zuiga, 2007).
Las comunidades asentadas en las reas montaosas y de influencia
de los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolvar, zonas de refugio de
las guerrillas de las Farc y ELN, enfrentaron de manera sistemtica el asesinato y el desplazamiento de sus pobladores durante el recrudecimiento
del conflicto. Mientras el paramilitarismo arribaba a nuevas regiones, las
guerrillas, principalmente las Farc, terminaron por dirigir sus operaciones contra la poblacin civil, violando el Derecho Internacional Humanitario. Fue as como se entr de lleno a desdibujar completamente la lnea
divisoria entre combatientes y no combatientes.
Lo cierto es que, mientras los dilogos del Cagun se convertan en el
principal tema de la agenda poltica nacional, las masacres paramilitares
aumentaron en todo el pas. En la Costa, Montes de Mara, la Zona Bananera del departamento de Magdalena y la serrana del Perij y su zona de
influencia, fueron las regiones ms afectadas por la accin paramilitar. Su
objetivo era el de aislar a la guerrilla, siguiendo al pie de la letra la vieja
frmula descrita por Mao Tse Tung: quitarle el agua al pez (Mapa 6).
En estos aos, la expansin paramilitar golpe duramente al ELN, especialmente en la subregin de Montes de Mara, donde este grupo no era
lo suficientemente fuerte, en trminos militares, para resistir en los territorios abandonados por los campesinos desplazados por la violencia. A
esto se sumaba la fuerte arremetida paramilitar en el Magdalena Medio,
una de las principales zonas de retaguardia y fortaleza poltica del ELN;
en el curso de este periodo, esta subregin se convirti en el centro de los
ataques de las AUC, que la perciban como un santuario guerrillero.
08/07/2014 11:01:39 p.m.
Mapa 6
08/07/2014 11:01:40 p.m.
En suma, el ELN no constituy un contendor real para los grupos paramilitares de la regin Caribe, lo cual marc el inicio del declive definitivo de esta guerrilla en la misma. Despus de fracasar en su intento
por acceder a una zona desmilitarizada en el Magdalena Medio con el
propsito de entablar dilogos de paz con el gobierno y en parte gracias
a la presin que ejercieron los paramilitares para evitarlo, esta guerrilla
empez a desaparecer de los escenarios de la violencia nacional.
Distinta fue la historia de las Farc, que por esos aos participaba en
los dilogos del Cagun y disfrutaba de la zona de distensin concedida por el gobierno de Pastrana, situacin que le permiti fortalecerse
militar, financiera y organizativamente a escalas nada despreciables. Tal
ventaja le permiti hacer frente a la avanzada del paramilitarismo en
esos primeros aos y crear un escenario de disputa bastante intenso, al
menos hasta principios de la dcada del 2000, cuando, a su vez, empez
a debilitarse y a perder, cada vez ms, control territorial e influencia en
el Caribe.
En los inicios de este periodo los frentes del Bloque Caribe desplegaron una intensa actividad. Algunas estructuras abrieron operaciones
contra el proselitismo poltico y, decididos a sabotear las elecciones, se
concentraron en el secuestro, las amenazas y el asesinato de candidatos en
sus reas de influencia. As ocurri con el Frente 19 en el norte del Cesar y
con el 35 y el 37 en Sucre, donde, en 1998, entre otras acciones, quemaron
la Registradura del Estado Civil de Los Palmitos. El principal efecto de
este tipo de asedio fue la renuncia de una gran cantidad de candidatos a
las alcaldas y concejos municipales (Manosalva Correa y Quintero lvarez, 2011).
Las operaciones de mayor escala fueron caractersticas de la actividad
fariana en este periodo. Siguiendo la estrategia de la guerra de posiciones, se buscaba asestar golpes que permitieran acceder a un control ms
permanente de un territorio y ya no solo del clsico asalto y repliegue,
propio de la guerra de guerrillas. Ejemplo de esto fueron las operaciones
contra municipios, los ataques a estaciones de la Polica seguidos del ingreso de tropa como ocurri en las tomas de Chaln y Pueblo Bello,
las arremetidas directos contra alcaldas municipales y la instalacin de
retenes ilegales, como los efectuados por los frentes 35 y 37 en varios municipios de Sucre y Bolvar (Mapa 7).
En la Sierra Nevada de Santa Marta los frentes 19 y 59 alcanzaron su
momento de mayor xito, al igual que las estructuras del ELN que ope-
08/07/2014 11:01:40 p.m.
Mapa 7
Farc. Infracciones al DIH en el Caribe 2001 - 2003
08/07/2014 11:01:41 p.m.
raban en esa subregin. A causa de la superioridad militar guerrillera,

la Sierra prcticamente se qued sin puestos de polica: los que no haban sido tomados por la guerrilla, haban tenido que ser retirados para
conservar la vida de sus efectivos. Tal era la situacin en el ao 2000,
cuando las AUC ingresaron a esta zona y se inici la disputa por el territorio, que provoc la muerte y el desplazamiento forzado de cientos
de civiles. Sin embargo, los frentes 19 y 59 lograron resistir un par de
aos ms, hasta el inicio del siguiente periodo, pues los golpes militares
causados a la guerrilla durante el gobierno de lvaro Uribe terminaron
por diezmar a estas estructuras guerrilleras y al Frente 41, que para el
ao 2002 ya casi no registraba actividad alguna (Manosalva Correa y
Quintero lvarez, 2011)
Un poco distinto fue el caso del Frente 35, que se fortaleci con el
envo de unidades desde el Magdalena Medio, haciendo una mayor presencia en Ovejas, Chaln y Colos. As, intensificaron los secuestros extorsivos y la intimidacin a los ganaderos de la zona. El Frente 37 opt
por robar el ganado, exigiendo el pago de vacunas. Fue tal el avance de las
Farc que el propio comandante de la Polica Nacional en Sucre Rodolfo
Palomino Lpez seal que era imposible el envo de fuerza pblica a las
poblaciones de Chaln, Colos, Morroa, San Juan de Betulia, Caimito, la
Unin y San Antonio de Palmito (Manosalva Correa y Quintero lvarez,
2011: 16), con lo cual se logr una resistencia guerrillera ms prolongada
en la regin de Montes de Mara.
Consolidacin del territorio: triunfo paramilitar, retirada

guerrillera y desmovilizacin de las AUC, 2003-2007
El arribo de lvaro Uribe a la Presidencia (2002-2010), tras el fracaso
de los dilogos del Cagun y el fin de la zona de distensin, marc el
comienzo de una nueva era en la historia del conflicto armado colombiano. En esta nueva fase, enmarcada en lo que se conoce como
la Poltica de Seguridad Democrtica (PSD), el gobierno increment
en varios puntos el presupuesto de seguridad nacional y realiz una
inversin sin precedentes en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Polica Nacional, con recursos del Plan Colombia. Dentro de
la PSD, el Plan Patriota fue el nombre que se le dio al macroconjunto
de operaciones militares encaminadas a perseguir y acorralar principalmente a la guerrilla de las Farc, con el objetivo ltimo de lograr su
derrota por la va militar.
08/07/2014 11:01:41 p.m.
En aplicacin de la PSD se crearon en varias partes del pas las llamadas zonas de rehabilitacin22. En cuanto a la Costa Caribe, Montes de
Mara entr a ser una de esas zonas especiales. Bsicamente, esto implic
una intensa ocupacin militar de la regin, con tropas dotadas de una capacidad de accin ms amplia que la que tienen permitida normalmente.
Al inicio de este periodo, en la Serrana de San Jacinto hacan presencia
las Farc, el ELN, un pequeo reducto del EPL, el Ejrcito Revolucionario
del Pueblo (pequea guerrilla disidente del ELN) y las AUC.
Pero, aunque las Zonas de Rehabilitacin y Consolidacin cumplieron en buena medida con el objetivo de expulsar a las guerrillas, ello no
necesariamente signific el establecimiento de mejores condiciones de
seguridad para los habitantes de esas regiones. Al respecto, Alfredo Molano coment unos aos despus que El resultado del Plan Nacional de
Consolidacin ha sido francamente desastroso. Las cifras lo dicen. Segn
el Informe Codhes 2010, una tercera parte de la poblacin desplazada
en este ao 91.500 personas lo fue de las zonas de consolidacin; la
mitad de las masacres registradas en todo el pas ocurrieron en zonas de
consolidacin y costaron 92 vidas, a las que hay que sumar 176 vctimas
de homicidios selectivos, todas ultimadas por sicarios. En 62 de los 86
municipios del plan operaron al menos ocho grupos paramilitares, en 30
hubo presencia de las Farc y en cuatro del ELN (Molano, 2011) .
No hay duda de que en este periodo el paramilitarismo logr consolidar su dominio militar, social, econmico y poltico de las principales
cabeceras municipales y las ciudades intermedias de la regin. Ante esta
arremetida y la indudable superioridad estatal en la balanza del poder, el
repertorio de las Farc se fue quedando sin margen de maniobra. El paramilitarismo en el Caribe recibi el apoyo de sectores de la fuerza pblica,
no solo para el desarrollo de operaciones contra la poblacin civil sino
tambin para mantener el control de regiones que eran consideradas bastiones de la guerrilla en el Caribe colombiano (Mapa 8).
Por su parte, la fuerza pblica, ya fortalecida, avanz de la mano del
paramilitarismo mientras las guerrillas retrocedan paulatinamente hacia
sus zonas de retaguardia histricas. El proyecto paramilitar logr impo22
Definida por el gobierno como el rea geogrfica afectada por acciones de grupos
criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional y restablecer el
orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la proteccin de la poblacin
civil se toman medidas singulares, como restriccin de derechos fundamentales y aumento
del pie de fuerza, orientadas a conjurar la difcil situacin de orden pblico. (Defensora del
Pueblo, 2003: 1.)
08/07/2014 11:01:41 p.m.
Mapa 8
08/07/2014 11:01:42 p.m.
nerse sobre los dems actores armados en casi la totalidad del territorio.
Rpidamente la fuerza pblica fue recuperando el control sobre vas de
comunicacin y centros poblados y golpeando las estructuras guerrilleras
en Montes de Mara, la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira y Cesar.
La primera guerrilla en perder definitivamente su influencia en la regin
fue el ELN, que prcticamente se retir de ella entre 2002 y 2003, salvo
acciones aisladas en Montes de Mara y el Valle de Upar, as como en
algunos municipios del sur de Cesar y Bolvar, adscritos a las lgicas que
rigen la regin del Magdalena Medio, que era la retaguardia y el bastin
de este movimiento (Mapa 9).
Por otro lado, aunque las Farc no fueron expulsadas totalmente del
Caribe, sus estructuras en esta regin se vieron dramticamente diezmadas. Con la captura, en 2004, de Ricardo Palmera, alias Simn Trinidad,
comandante del Frente 19, y especialmente con la muerte, en 2007, de
Gustavo Rueda, alias Martn Caballero, comandante del Frente 35 y lder
de los procesos de las Farc en Montes de Mara, ocurrida durante una
operacin conjunta de fuerzas militares, el Bloque Caribe recibi los dos
golpes ms devastadores de su historia (Mapa 10):
Las acciones que dieron muerte a Martn Caballero hicieron parte del plan de recuperacin social del territorio llevada a cabo por el gobierno de Uribe en distintos
lugares del pas. Especficamente en esta zona se llam Plan Marco para la Recuperacin Integral de Montes de Mara [] Este plan logr el desmantelamiento,
no solo de los frentes 35 y 37 de las Farc, sino de otros grupos armados que se
encontraban en la zona, como el ELN, el ERP y la desmovilizacin del Bloque
Hroes Montes de Mara de las AUC. Hoy el gobierno de Juan Manuel Santos
contina con su implementacin. (Manosalva Correa y Quintero lvarez, 2011).
Ahora bien, tal vez el evento ms importante de este periodo fue el

proceso de paz que se llev a cabo entre el gobierno de Uribe y las AUC.
Las negociaciones se limitaron a definir las condiciones materiales y jurdicas para adelantar la desmovilizacin de las diferentes estructuras
paramilitares pertenecientes a esa organizacin. Supuestamente, ante la
recuperacin por parte del Estado del control militar sobre el territorio y
el evidente debilitamiento de las guerrillas, las AUC no tenan ms razn
de ser y por ese motivo dejaban las armas. Resulta paradjico que, aunque
el primer pacto, en el cual se acord el inicio del proceso de desmonte
de esta organizacin, se firm en el ao 2003, la violencia paramilitar no
ces, como ya hemos visto, durante los aos en los cuales transcurrieron
08/07/2014 11:01:42 p.m.
Mapa 9
ELN. Infracciones al DIH en el Caribe 2005-2007
08/07/2014 11:01:44 p.m.
Mapa 10
Farc. Infracciones al DIH en el Caribe, 2006-2007
08/07/2014 11:01:45 p.m.
las negociaciones. Sin embargo, para 2007 ya se haba desmovilizado, al

menos en los informes oficiales, la mayor parte de los grupos paramilitares que operaban en la regin Caribe. En total, lo habran hecho 16.439
combatientes, ms del 50% de los paramilitares desmovilizados para ese
entonces en todo pas (Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2006: 90)
Tabla 4
Estructuras paramilitares desmovilizadas en la regin Caribe,

2004-2006
Fecha
Nombre de la estructura
Regin
Diciembre, 2004
Autodefensas del Sur de Magdalena
Sur de Magdalena
Enero, 2005
Bloque Crdoba
Sur de Crdoba
Febrero, 2005
Bloque Mojana
Mojana, Bolvar y Sucre
Junio, 2005
Bloque Hroes de Tolov
Occidente de Crdoba
Junio, 2005
Bloque Montes de Mara
Montes de Mara
Diciembre, 2005
Bloque Central Bolvar-Magdalena Medio
Sur de Bolvar
Enero, 2006
Bloque Central Bolvar-Santa Rosa del Sur
Sur de Bolvar
Febrero, 2006
Resistencia Tayrona
Magdalena-La Guajira
Marzo, 2006
Frente Julio Peinado Becerra
Sur de Cesar
Marzo, 2006
Bloque Norte
Bolvar, Magdalena,
Cesar, Sucre, La Guajira
Fuente: Oficina Alto Comisionado para la Paz, 2006. Elaboracin propia.
Rearme paramilitar y dilogos de La Habana, 2008-2013:

negociacin en medio del conflicto
El desmonte de las AUC no signific el fin del paramilitarismo en Colombia, y el Caribe es una de las regiones en las que esto puede observarse con
mayor claridad. Como veremos en seguida, el fenmeno paramilitar no
desapareci, pero sufri una mutacin que hace difcil categorizarlo y que
ha llevado a que muchos hablen de la aparicin de bandas emergentes
o bandas criminales conocidas mediticamente como bacrim. De cualquier manera, lo cierto es que estas agrupaciones pos-desmovilizacin
de las AUC se han insertado, llenado los vacos de poder dejados por las
antiguas estructuras y reasumido prcticas de control sobre la poblacin,
las economas legales y el narcotrfico de las zonas en las cuales operan.
Desde el ao 2007, la disputa estuvo liderada por las guilas Negras,
las bandas de Los 40, Los Traquetos, Los de Barranquilla, Los Nevados,
08/07/2014 11:01:45 p.m.
Los Paisas y Los Rastrojos (Indepaz, 2009), interesados en alcanzar la influencia que lleg a tener Jorge 40. Estos grupos continuaron regulando
negocios como el chance23 y el paga diario24, el control de los centros de
expendio de narcticos y la delincuencia comn encubierta detrs del mototaxismo, sin comandantes conocidos ni discurso poltico pblico. Alrededor del ao 2009 la disputa por el control de los mercados, tanto legales
como ilegales, se libraba as: Los Rastrojos, Los Paisas, las Autodefensas
Gaitanistas, el Frente Antisubversivo Wayu y las guilas Negras se implantaron en el norte y el occidente de la Sierra Nevada de Santa Marta, as
como en el mundo del contrabando que opera en La Guajira; en Barranquilla se enfrentaron Los Paisas y las guilas Negras; Los Paisas tomaron
posiciones en los principales municipios del centro y el norte de Sucre; finalmente, en el departamento de Crdoba, todos los grupos mencionados
entraron a disputarse los recursos arrojados por ms de quince aos de
monopolio paramilitar de la vida econmica y social.
Esta variedad de bandas emergentes mantuvo su disputa por los territorios y en ese proceso se present una depuracin significativa, en la cual la
mayora de las agrupaciones, o bien fueron eliminadas de la competencia, o
bien fueron absorbidas por las ms poderosas. En el ao 2012 se registraba
la presencia de cuatro grupos paramilitares en los departamentos del Caribe, ubicados en el territorio de la manera como muestra la Tabla 5.
Tabla 5
Presencia de grupos narcoparamilitares en la regin Caribe, 2012

Los
Rastrojos
Los
Urabeos
Atlntico
Bolvar
Cesar
Crdoba
La Guajira
Magdalena
Sucre
Departamento
Los Paisas
guilas
Negras
x
x
Fuente: Indepaz, 2013. Elaboracin propia.

23
24
El Heraldo titul en enero de 2009: El chance en la Costa: un negocio sangriento. Cuatro

muertes en 2008 y ms de 10 heridos en sedes de la empresa de apuestas en esta regin.
Empleados de La Gata temen por sus vidas, p. 3A.
Prstamo inmediato de dinero con la condicin de pagar intereses diarios.
08/07/2014 11:01:45 p.m.
Las regiones ms afectadas por los grupos rearmados coinciden con

aquellas donde las AUC alcanzaron un importante control poltico, econmico y social. Ellas son: Sierra Nevada de Santa Marta, Alto Sin y San
Jorge (en Crdoba); Montes de Mara y Magdalena Medio. Sin embargo,
la expansin de estos grupos no se limita a estas subregiones, pues actualmente su presencia se ha incrementado y hoy actan en la mayora
de los municipios que conforman la Costa Atlntica. El VIII Informe de
Indepaz (2013) sobre presencia de grupos armados ilegales muestra que,
de los trece departamentos colombianos ms afectados por estas bandas
emergentes, seis pertenecen a la regin Caribe.
Tabla 6
Departamentos de la regin Caribe con actividad paramilitar
Departamento
Total de
municipios
Municipios afectados (%)

2008
2009
2010
2011
2012
Cesar
25
60,0
56,0
76,0
92,0
92,0
Crdoba
28
54,0
75,0
82,0
85,0
89,0
Sucre
26
34,0
27,0
61,0
65,0
73,0
Bolvar
45
24,0
16,0
51,0
75,0
53,0
Magdalena
30
27,0
23,0
43,0
50,0
50,0
Atlntico
23
13,0
9,0
35,0
52,0
43,0
Fuente: Indepaz, 2013. Elaboracin propia.
El fenmeno del rearme de grupos paramilitares no ha pasado inadvertido ni por analistas ni por las instituciones gubernamentales encargados del proceso de desarme, desmovilizacin y reinsercin (en adelante
DDR). En el informe elaborado por la Comisin Nacional de Reparacin
y Reconciliacin (en adelante, Cnrr) se propone una tipologa que interprete el hecho.
En el mismo documento la Cnrr reconoce la continuidad del discurso contrainsurgente, debilitado por el proceso con las AUC. El informe plantea que es muy posible que luego de la desmovilizacin y
la ruptura de la unidad de mando y las filiaciones que existieron entre
comandantes, mandos medios y combatientes rasos, estos grupos haya
terminado en una fragmentacin y dispora de liderazgos y militancias
08/07/2014 11:01:45 p.m.
regionales, unas en torno a la continuacin de actividades contrainsurgentes aunque en muy pocos casos, otras ligadas con el narcotrfico
y la criminalidad, y otras de control poltico sobre las organizaciones
sociales (Cnrr, 2007:40).
La atomizacin del poder que ostentaron los jefes paramilitares y sus
respectivos ejrcitos ha abierto la puerta para que todos aquellos grupos
que en algn momento se vieron obligados a obedecer a las directrices
de las AUC tengan va libre para asegurarse una porcin del pastel, con
lo cual dificultan ms la labor de las autoridades legales. De ah el origen
y el tipo de violencia que se vienen presentando hoy en el pas. La capacidad de adaptacin y participacin de estas formaciones en actividades
legalmente constituidas an est por conocerse, y la evidencia muestra
que en su seno sigue presente la estrategia antisubversiva, que aparece
instrumentalizada para propsitos muy similares de los que instigaban a
las AUC: las agrupaciones regionales de oposicin poltica.
Pero este fenmeno de neoparamilitarismo no es la nica caracterstica particular que ha marcado esta ltima fase del conflicto armado en
Colombia y en el Caribe: el anuncio pblico de un nuevo proceso de paz
entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, hecho el 4 de septiembre de 2012, marc de nuevo un hito en la historia de medio siglo de
guerra ininterrumpida. Las negociaciones de La Habana no han estado
exentas de tensiones y suman un buen nmero de enemigos dentro de la
arena poltica nacional, mientras la opinin pblica se mantiene dividida
al respecto.
En este contexto, las Farc, que en los ltimos aos han recibido duros
golpes militares que le han significado las prdidas ms importantes de
su historia, parecen tener voluntad de llevar las negociaciones hasta la
consecucin de un acuerdo final. Sin embargo, su accin militar se encuentra activa, dado que los dilogos se desarrollan sin un cese al fuego
de las partes. Aunque el grueso de esta guerrilla se encuentra actualmente
en las zonas sur y suroriental del pas, en la costa norte an hacen presencia algunas de sus estructuras. Lo cierto es que el Bloque Caribe, ahora llamado Bloque Martn Caballero, aunque pervive, es hoy uno de los
ms dbiles de la organizacin y su actividad militar es mnima; si acaso,
puede decirse que la nica agrupacin armada que ha persistido y protagonizado ataques de vez en cuando es el Frente 59, ya que el 19 y el 41 se
limitan a una presencia muy pasiva en el territorio (Manosalva Correa y
Quintero lvarez, 2011)
08/07/2014 11:01:45 p.m.
Tabla 7
Presencia de las Farc en la regin Caribe, 2012
Departamentos
Municipios
Bolvar
Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simit.
Cesar
Becerril, Codazzi, Curuman, Manaure Balcn del Cesar, La Jagua

de Ibirico, San Diego, La Gloria, La Paz, Pailitas, Pelaya, Valledupar.
Crdoba
Puerto Libertador, Tierrita.
La Guajira
Albania, Dibulla, Maicao, Fonseca, Riohacha, Uribia, Urumita,

Villanueva.
Magdalena
Cinaga.
Fuente: Indepaz, 2013. Procesamiento propio.
El ELN, aunque abandon la regin Caribe desde comienzos del presente siglo, todava conserva presencia en algunos municipios del sur de
Cesar y Bolvar, que, como se ha explicado, hacen parte de lgicas y dinmicas propias del Magdalena Medio. As, en 2010 el Frente Edgar Amlcar Grimales Barn operaba en los municipios de Yond, Cantagallo y
San Pablo; la Compaa Mariscal Sucre en San Pablo y Santa Rosa del Sur;
el Frente Jos Solano Seplveda en Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal y
Tiquisio, y el Frente Camilo Torres Restrepo en el municipio de Gamarra
(Caicedo, 2011). Para 2012, el registro de presencia de esta guerrilla en los
departamentos del Caribe aparece detallado en la Tabla 8.
Tabla 8
Presencia del ELN en la regin Caribe, 2012
Departamentos
Municipios
Cesar
Aguachica, Gonzlez, Pelaya.
Bolvar
Cantagallo, Montecristo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del

Sur, Simit.
Fuente: Indepaz, 2013. Procesamiento propio.
En conclusin
En esta regin los grupos paramilitares aseguraron un importante nivel
de influencia en la poltica local, regional y nacional. All se renen condiciones como la existencia de una estructura agraria consolidada que
08/07/2014 11:01:45 p.m.
privilegi el gran latifundio ganadero, unas elites polticas que sustentan

su poder poltico en la misma propiedad de la tierra y una regin que,
aunque de manera precaria, se encuentra inserta en el mercado interno y
externo del pas. A esto hay que sumar la expansin guerrillera de finales
de los aos ochenta por cuenta de las Farc y el ELN, que atacaron los ms
importantes ejes viales y asediaron los principales centros urbanos y las
capitales departamentales, sin escatimar esfuerzos en sus acciones contra
las elites regionales.
Este contexto propici que el modelo paramilitar que los Castao impusieran en Crdoba y la regin de Urab se replicara en el Caribe colombiano, ya que las elites tenan mucho que perder. La toma del Caribe por
parte de los grupos paramilitares dej un triste rastro de acciones de terror
contra la poblacin civil, acusada de ser auxiliadora de la guerrilla25. Las
acciones paramilitares cumpliran con su funcin de control de la regin,
lo cual condujo a un progresivo debilitamiento de la capacidad blica de las
guerrillas, incapaces de influir ms all del mbito militar a unas comunidades que dependen de los poderes locales y regionales para recibir los servicios del Estado. Desde el ao 2003, la disputa entre los actores armados en
esta regin se resolvi a favor de los grupos paramilitares.
Sin embargo, ella est muy lejos an de poder ser considerada como una
zona pacificada, y muchsimo menos puede hablarse de una zona de paz.
La violencia persistente indica el renovado fracaso del Estado en la posesin
del monopolio legtimo de la violencia, condicin insuficiente pero mnima
y bsica para construir un orden institucional sobre el cual puedan desarrollarse satisfactoriamente las polticas y programas que requiere un escenario
de posconflicto. Quedan pendientes acciones ms claras sobre cmo tratar
el problema del rearme paramilitar y, ms an, la pregunta abierta sobre
cmo se evitar que fenmenos similares se presenten tras la dejacin de
armas de las Farc, en caso de firmarse un acuerdo final en La Habana.
Almeida, S., y Santrich, J. (2008). Huellas de las Farc-EP en la costa Caribe,
Segunda Parte. Obtenido de Bolvar somos todos, disponible en: http://
Bolvarsomostodos.org/index.php?option=com_contentytask=viewyi
d=361yItemid=75
25
Ver al respecto los informes del caso emblemtico de la masacre de El Salado (2009) y Baha
Portete (2010), del Grupo de Memoria Histrica de la Cnrr.
08/07/2014 11:01:45 p.m.
Arenas, J. (1990). Paz, Amigos y Enemigos. S.C.: La Abeja Negra.

Cinep (2008). Marco conceptual: Banco de datos de Derechos Humanos
y Violencia Poltica, disponible en http://www.nocheyniebla.org/files/
u1/comun/marcoteorico.pdf
Cinep. Banco de datos de Derechos Humanos Violencia Poltica. (1997). El
Avance paramilitar en el departamento del Cesar, en Noche y Niebla.
Panorama de derechos humanos y violencia poltica en Colombia, No. 5.
Cinep. (s.f.). Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia poltica.
Caicedo, M. (2011). Bloque Magdalena Medio, en Medina Gallego, C.
FARC-EP flujo y reflujos. La guerra en las regiones Bogot: Universidad Nacional de Colombia, pp. 77-116.
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin. Centro de Memoria
Histrica (2009). La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra.
Bogot: Ediciones Semana.
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin. Centro de Memoria
Histrica (2010). La masacre de Baha Portete. Mujeres wayuu en la
mira. Bogot: Ediciones Semana.
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (2007). Disidentes,
rearmados y emergentes: bandas criminales o tercera generacin paramilitar? Bogot: Cnrr.
Comisin Verificadora de los Actores Violentos (1995). Informe final. Bogot: Cinep, Colecciones de Paz.
Corporacin para la Defensa y Promocin de los Derechos Humanos
(2006). El exterminio de la Unin Patritica en Urab. El plan retorno.
Bogot: Gente Nueva Editorial.
Defensora del Pueblo (2003). Proyecto Apoyo defensorial en las zonas de
rehabilitacin y consolidacin. Primer informe de actividades, disponible en Defensora del Pueblo: www.defensoria.org.co/pdf/informes/
informe_94.pdf
Echanda, C. (2006). Dos dcadas de escalamiento del conflicto en Colombia, 1986-2006. Bogot: Universidad Externado de Colombia.
El Heraldo (2009). El chance en la Costa: un negocio sangriento, Barranquilla: enero, p. 3a.
Garca, C. I. (1996). Urab: regin, actores y conflicto 1960-1990. Bogot:
Iner-Cerec.
Harnecker, M. (1988). ELN: Unidad que multiplica. La Habana: Biblioteca
Popular.
Hernndez, M. (2006). Rojo y Negro: Una aproximacin a la historia del
ELN. Buenos Aires: Etxverria.
08/07/2014 11:01:45 p.m.
Indepaz (2013). VIII Informe sobre grupos narcoparamilitares. Indepaz.

__________ (2009). V Informe sobre grupos narcoparamilitares. Bogot:
Indepaz.
Manosalva Correa, A., y Quintero lvarez, E. (2011). Bloque Caribe, desarrollo y actualidad, en Medina Gallego, C. FARC-EP flujo y reflujos.
La guerra en las regiones. Bogot: Universidad Nacional de Colombia,
pp. 269-294.
Meisel, A., y Prez, G. (2006). Geografa fsica y poblamiento en la Costa
Caribe colombiana. Cartagena: Banco de la Repblica. Centro de Estudios Econmicos.
Molano, A. (2011). Zonas de consolidacin?, en El Espectador, 3 de
abril, disponible en: http://www.elespectador.com/impreso/columna-260622-zonas-de-consolidacion.
Nuevo Siglo (1997). 4 de agosto, p. 7.
Observatorio del programa presidencial de DH y DIH. (2002). Panorama
Actual de la Sierra Nevada. Bogot: Vicepresidencia de la Repblica.
_________ (2003). Panorama actual de la regin de Montes de Mara. Bogot: Vicepresidencia de la Repblica, Serie Geogrfica No. 19.
_________ (2006). Panorama actual de Sucre. Bogot: Vicepresidencia de
la Repblica, Serie Geogrfica No. 27.
_________ (2008). Diagnstico Departamental Cesar. Vicepresidencia de
la Repblica.
_________ (2008). Diagnstico Departamental Crdoba. Vicepresidencia
de la Repblica.
Oficina Alto Comisionado para la Paz. (2006). Proceso de paz con las Autodefensas. Bogot: Presidencia de la Repblica.
Pnud, (2008). Objetivos de Desarrollo del Milenio. PNUD.
_________ (2011). Colombia Rural. Razones para la esperanza. Informe
Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogot: Indh, Pnud.
Rodrguez Lizarralde, C. (2011). Bloque Noroccidental, en Medina Gallego, C. FARC-EP flujo y reflujos. La guerra en las regiones. Bogot:
Universidad Nacional de Colombia, pp. 117-162.
Romero, M. (2003). Paramilitares y autodefensas: 1982-2003. Bogot:
Iepri, Editorial Planeta Colombiana.
Santrich, J. (2008). El 41 frente Cacique Upar. Sierra Nevada de Santa Marta.
Obtenido de Bolvar somos todos, disponible en: http://bolivarsomostodos.org/index.php?option=com_contentytask=viewyid=356yItemid=75
Surez, A. (1997). Polticas y exterminio recproco: Masacres y guerra en
Urab 1991-2001. Medelln: La Carreta editores.
08/07/2014 11:01:46 p.m.
Villarraga, ., y Plazas, N. (1996). Para reconstruir los sueos: una historia

del EPL. Bogot: Fondo Editorial para la Paz, Fundacin Progresar,
Fundacin Cultura Democrtica.
Zamosc, L. (1978). La cuestin agraria y el movimiento campesino en
Colombia: Luchas de la asociacin de usuarios campesinos (ANUC),
1967-1981. Bogot: Cinep-Unrisid.
Zamosc, L. (1978). Los usuarios Campesinos y las Luchas por la Tierra en
los aos 70. Bogot: Cinep.
Zuiga, P. (2007). Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena.
Contenido en Parapoltica: La ruta de la expansin paramilitar y los
acuerdos polticos. Bogot: Corporacin Nuevo Arcoris.
08/07/2014 11:01:46 p.m.
Captulo 2
Armar la hacienda: territorio, poder
y conflicto en Crdoba, 1958-20121
Introduccin
El paramilitarismo ha sido ampliamente referenciado y estudiado en
Colombia (Duncan, 2006; Gutirrez y Barn, 2006; Romero, 2003, 2007;
2007a; Richani, 2007; Rangel, 2005; Medina, 1990; Reyes, 2007; Arjona,
2008; Medina y Tllez, 1994). Y aunque desde la dcada de los aos noventa ya algunos trabajos haban alertado sobre la configuracin de una
alianza conformada por distintos sectores en contra de la insurgencia y
la protesta social, solo desde principios del presente siglo se le prest la
atencin que requera dicho fenmeno, tras resonantes escndalos como
el Pacto de Ralito, que salpicaron al gobierno de Uribe Vlez y a la misma
clase poltica por haber sido colaboradores o indulgentes en la expansin
y consolidacin del proyecto paramilitar. As mismo, estos trabajos sealaban las alianzas que se conformaron en los aos ochenta por cuatro
sectores de la sociedad: narcotraficantes, polticos regionales, ganaderos
y militares. Igualmente, se han interesado en ver cules fueron los distintos procesos que permitieron que el proyecto paramilitar hubiese logrado consolidarse en vastas zonas del territorio colombiano, hasta el punto
de que, en algunas ocasiones, esta organizacin lleg a ejercer funciones
estatales, como administrar justicia, proveer seguridad, prestar servicios
pblicos y establecer un orden social de acuerdo con sus intereses.
1
El presente artculo toma como base mi trabajo de grado para obtener los ttulos de
historiador y politlogo, y hoy en da hace parte de un trabajo ms extenso que estoy
desarrollando en la maestra de Sociologa General de la Escuela de Altos Estudios en
Ciencias Sociales (Ehess), de Francia.
08/07/2014 11:01:46 p.m.
96 Andrs Felipe Aponte G.
En este orden de ideas, la experiencia cordobesa no solo es un caso

emblemtico sino tambin el mejor ejemplo para comprender cmo
el proyecto paramilitar perme finalmente las distintas sociedades regionales colombianas, lo mismo que las motivaciones que subyacieron
en su asentamiento. No sobra recordar que estos grupos se asentaron
de manera hegemnica en algunos sitios, hasta lograr regular las relaciones sociales de su rea de influencia. En el presente artculo se
pretende evidenciar que, para el caso cordobs, la falta de una perspectiva histrico-sociolgica encaminada a comprender la estructura
de esta sociedad regional, ha tenido como resultado que las aproximaciones al surgimiento y desarrollo del paramilitarismo hayan sido reducidas a la aparicin y agencia de los narcotraficantes en alianza con
otros sectores. La lnea de argumentacin predominante en Crdoba
se centra en considerar la organizacin del paramilitarismo como un
acto de resistencia de los ganaderos y narcotraficantes, que lograron,
con ayuda de la fuerza pblica, hacerle frente a la accin y expansin
insurgentes, aprovechando la experiencia del Magdalena Medio en
Puerto Boyac.
Lo anterior desemboca en el menosprecio de ciertos procesos que,
a mi modo de ver, son esenciales para comprender cmo se apuntal este tipo de modelo que privatiz la justicia y la coercin, lo cual
tiene que ver con el proceso de configuracin regional de la sociedad
cordobesa, o sea, con la forma como se estructur esa sociedad para
afrontar las tensiones presentes en ella, como la cuestin agraria y la
lucha por la tierra. Esta nueva aproximacin fue posible mediante la
revisin de la literatura que aborda la cuestin agraria y la movilizacin campesina en la regin. En esa literatura los expertos referencian la presencia de escuadrones de matones y autodefensas (Archila,
2005; Bagley y Botero, 1978; Fals Borda, 1982; Gilhods, 1990, 1990a;
Legrand, 1988; Machado, 1994; Negrete, 2007; Reyes, 1978 y Zamosc
1987). Esto me llev a deducir que desde aos atrs se vena adelantando una experiencia de privatizacin de la Justicia, no solo para
consolidar la hacienda sino tambin con el fin de proteger un modelo
de desarrollo regional.
En este orden de ideas, son varios los interrogantes que dejan en
evidencia las limitaciones de la temporalidad con la que ha sido abordado dicho fenmeno en Crdoba. Muchas interpretaciones relegaron
o pasaron por alto la forma como se configur la regin y las tensiones
estructurales implcitas en dicho proceso y que pusieron en cuestin el
08/07/2014 11:01:46 p.m.
Armar la hacienda: territorio, poder y conflicto en Crdoba, 1958-2012 97
modelo de desarrollo regional: la cuestin agraria, la presencia diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo, las histricas desigualdades
sociales, el constante sealamiento y la contencin de cualquier expresin o reivindicacin campesinas (sobre todo con el caso de la Anuc).
Todas estas aristas confluyeron para que se configurara, en los aos que
siguieron al decenio de los ochenta, un tipo de ordenamiento regional
alineado con los intereses de los grandes propietarios y narcotraficantes, que tuvo como mejor expresin no solo la expansin del proyecto
paramilitar a varias regiones de Colombia sino tambin la intencin de
la toma del poder bajo la premisa de refundar la patria, en lo que se
conoce como el Pacto de Ralito.
En esta va, es menester resaltar la relacin que hay entre la presencia
diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo (Gonzlez, Bolvar y
Vzquez, 2003) y el poder poltico regional, la posesin de la tierra y las
movilizaciones campesinas, sobre todo estas ltimas, que se constituyeron en una prctica contra-hegemnica y provocaron una fuerte resistencia del grupo dominante.
El presente artculo parte del supuesto de que la organizacin del
paramilitarismo no tiene como punto de arranque la dcada de los aos
ochenta sino que dentro de los terratenientes exista toda una experiencia previa que permiti la implantacin y organizacin de las autodefensas. De hecho, el modelo de Puerto Boyac constituy una etapa ms
que permiti la consolidacin y hegemonizacin de un modelo de desarrollo regional, a tal punto que consolid un orden social y toda una
estructura poltica en sincrona con sus intereses. Eso significa que esta
experiencia ech races en las tensiones estructurales que emergieron
del orden hacendatario, ya que, con la modernizacin del campo y la
necesidad de acaparamiento de la tierra para erigir el modelo imperante, surgi dentro del campesinado una creciente inconformidad, impulsada por su continua pauperizacin y expresada en distintas movilizaciones en el reclamo del derecho al usufructo y tenencia de la tierra. En
respuesta, los grandes propietarios apelaron a las distintas fuentes de
poder social (Mann, 1992) que estaban a la mano para contener y hacer
prevalecer el orden regional.
Del anterior criterio se desprenden los siguientes interrogantes: cmo
se haca valer ese derecho a la tierra por parte de los terratenientes?, de
qu manera eran contenidas la movilizacin y las invasiones campesinas?, cules fueron las estrategias terratenientes?, cmo se organizaron?, cul fue el resultado de este modelo de privatizacin de la justicia?,
08/07/2014 11:01:46 p.m.
qu incidencia tuvo este fenmeno en el modelo de desarrollo regional y

cmo se relacion con las redes polticas regionales?
El presente escrito se dividir en seis secciones. En primera instancia
se har un balance historiogrfico que busca identificar las lneas y enfoques de investigacin sobre las autodefensas y el paramilitarismo, as
como se expondr un marco terico donde se ofrecen los pormenores de
las herramientas conceptuales y tericas utilizadas para abordar el caso
estudiado. En la tercera instancia se expondrn algunos antecedentes que
permiten rastrear y visibilizar las manifestaciones de la tensin estructural entre el campesinado y los terratenientes cordobeses en el periodo
1920-1957, y en la cuarta seccin se har referencia a la configuracin
de la experiencia previa de la privatizacin de la justicia y su impacto
sobre la organizacin y movilizacin del campesinado (1958-1982). En
un quinto captulo se indaga por el apuntalamiento del orden regional y
el modelo de desarrollo rural reafirmado con el ingreso de los narcotraficantes y la consiguiente resistencia a la accin insurgente (1983-1997).
Por ltimo, se abordar la expansin del proyecto paramilitar cordobs
hacia distintos territorios del pas y su relacin con la poltica local y regional (parapoltica) como un proyecto de refundacin de la patria. As
como el proceso de rearme y la consolidacin de Crdoba como un cluster cocalero (1998-2012).
El presente artculo se bas en una serie de fuentes primarias compuestas por entrevistas a ganaderos y dirigentes polticos de la regin2,
los medios de prensa nacionales y regionales (que abarc el periodo
1965-2012), los decretos gubernamentales emitidos por la Gobernacin
de Crdoba entre 1965 y 1980, la base de datos sobre movilizacin social
(1975-2012) y las acciones blicas e infracciones al DIH (1990-2012)
que figuran en el Sistema de Informacin Georreferenciada (SIG) del
Cinep. En lo tocante a fuentes secundarias, se hizo una revisin exhaustiva de la literatura interesada en las autodefensas y el paramilitarismo
de Colombia, de algunos estudios sobre la cuestin agraria alrededor
de casos locales, nacionales y de otros pases, y finalmente se consultaron cuestiones tericas relacionadas con redes polticas, clientelismo y
construccin y formacin del Estado.
Por pedido de algunos entrevistados, sus nombres fueron cambiados en las citas.
08/07/2014 11:01:46 p.m.
De las autodefensas: categoras analticas,

perspectivas y balances
El fenmeno del paramilitarismo en Colombia ha sido abordado principalmente por la Ciencia Poltica. Los trabajos interesados en este fenmeno
se han caracterizado por un anlisis donde prevalece la mediana y la corta
duracin. El inters en la primera ha estado centrado en indagar por su
organizacin y su expansin y en develar sus aliados ganaderos, polticos,
miembros de la fuerza pblica, etc. (Cepeda y Rojas, 2009; Duncan, 2007;
Medina, 1990; Rangel, 2005; Reyes, 2007; Richani, 2007 y Romero, 2003
y 2007). Por otro lado, en la corta duracin, se ha indagado por el tipo de
violencia que ejercieron y por las justificaciones dadas, a fin de describir
las consecuencias que ella tuvo en la institucionalidad local y regional, as
como en los distintos arreglos que se establecieron con jefaturas polticas
locales y nacionales (parapoltica) (Acemoglu, Robinson, y Santos Villagrn, 2009; Garay, Salcedo-Albarn, y De Len, 2010; Lpez, 2010; Medina
y Tllez, 1994; Romero, 2004, 2007; Barrera y Nieto, 2010). Otros estudios
se dedicaron a analizar los rdenes sociales que las autodefensas configuraron y el tipo de regulacin que ejercieron en los espacios de sociabilidad de los pobladores cuyo territorio controlaban (Arjona, 2008; Duncan,
2008; Gutirrez y Barn, 2006), a lo cual, siguiendo los planteamientos de
Kalyvas (2006), han denominado rdenes sociales de la guerra.
Frente a estas distintas corrientes, el presente artculo se interesa primordialmente en discutir dos aspectos del fenmeno: en primer lugar,
las categoras analticas en que se basan los anlisis; en segundo lugar, la
influencia en la vida poltica local y regional de lo que se ha denominado
como parapoltica. Para ello, el anlisis recurre a la narrativa histrica,
que posibilita caracterizar estos fenmenos como procesos que tienen
una expresin en la larga duracin, como producto de tensiones y problemticas estructurales de algunas sociedades y regiones colombianas.
Ejemplo del descuido de la perspectiva de larga y mediana duracin es
que la mayora de estudios, con excepcin de algunos trabajos (Duncan,
2006; Reyes, 2007; Romero, 2003), tiende a sealar la dcada del ochenta
como el punto de arranque del fenmeno paramilitar en Crdoba y pasa
por alto los conflictos que se presentaron en el Departamento en el curso
de los aos sesenta y setenta.
Ahora bien, en cuanto al primer punto, la discusin se centra en las
categoras analticas utilizadas: para unos son autodefensas y para otros
08/07/2014 11:01:46 p.m.
son paramilitares, empresarios de la coercin3 o seores de la guerra4. Si

bien algunos trabajos no se toman la molestia de conceptualizar cmo
entienden los conceptos implementados, otros, como Duncan y Romero, no solo sealan qu entienden por cada concepto sino que muestran
las distintas etapas y transiciones ligadas a las transformaciones que experiment este proceso, de acuerdo con la nuevas caractersticas de los
grupos y las posibilidades atadas a la disposicin de mayores recursos, de
regulacin, etc.
Por otro lado, no todos los enfoques han sido los mismos, sino que,
como afirman Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2003), dentro de las diversas orientaciones y perspectivas existentes frente al fenmeno se pueden
distinguir tres posturas: unos consideran que estos grupos son producto
de una poltica terrorista impulsada por el Estado, mientras que otros los
entienden como un tercero en discordia, vctima del fuego cruzado de
insurgentes de izquierda y vigilantes de derecha. Finalmente, no faltan
expertos que tienden a vincularlos a una especie de gamonalismo armado, que se expresara en cierta dislocacin del Estado (Gonzlez, Bolvar
y Vsquez, 2003).
En este orden de ideas, en el primer grupo se encuentra la obra de
Carlos Medina Gallego, para quien las autodefensas son la expresin de
la violencia parainstitucional, que responde a la incapacidad del Estado
para resolver viejas y nuevas tensiones y conflictos, as como para aceptar
la transformacin social. Por eso se produjo la institucionalizacin de la
violencia, el llamado terrorismo de Estado, para impedir as el surgimiento y fortalecimiento de formas organizadas de la sociedad civil (Medina,
1990; Medina y Tllez, 1994). La mejor expresin de este enfoque sera el
uso de la guerra sucia para marginar cualquier voz disidente y enfrentar
las tcticas insurgentes.
Mauricio Romero considera que un empresario de la coercin es aqul individuo

especializado en la administracin, despliegue y uso de la violencia organizada, y que dentro
de su esfera de influencia regula comportamientos y valoraciones que se materializan
en expresiones de autoridad. El resto de autores consultados habla de paramilitares o
autodefensas, pero olvida explicar qu entiende por estos conceptos.
Gustavo Duncan entiende por seor de la guerra al sujeto que detenta la coercin
o la proteccin en una sociedad por parte de facciones armadas al servicio de intereses
individuales y patrimonialistas y que supera la capacidad del Estado democrtico de ejercer
un grado mnimo de monopolio de la violencia. As, las facciones armadas del orden social
se convierten en la principal herramienta de coercin, extraccin de recursos y proteccin
del orden social en una comunidad, y asumen en la prctica funciones del Estado.
08/07/2014 11:01:46 p.m.
En el segundo grupo aparece Alfredo Rangel, para quien el fenmeno

de la privatizacin de la justicia o de las autodefensas expresa la posicin
de un tercero en discordia, ya que el Estado qued en medio del fuego
cruzado de la insurgencia armada de izquierda y de los grupos de extrema derecha (Rangel, 1998 y 2005). Al asignar al Estado un papel de
espectador pasivo, el autor prescinde de cualquier forma de responsabilidad del Estado colombiano y minimiza la de mantener el monopolio
legtimo de la coercin.
Las dos posturas sostienen Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2003) representan dos polos opuestos en cuanto a la relacin que establecen entre el Estado y los grupos paramilitares, la cual oscila entre la legalidad
parcial y la ilegalidad de estos grupos. En cambio, el tercer grupo, representado por los llamados nuevos enfoques del tema, abandon la idea de
otorgar un rol estelar al Estado para considerar al fenmeno paramilitar
como una forma de tramitar, por parte de las elites locales y regionales,
las distintas contradicciones y problemticas, sin diferenciar su trayectoria los canales democrticos, las acciones colectivas o la va armada, instrumentos que fueron percibidos como una amenaza a la posicin privilegiada que ellas tenan en el seno de su sociedad regional. Por ejemplo,
Romero (2003) plantea que en el contexto de las negociaciones de paz del
gobierno de Barco, tanto la apertura poltica y la descentralizacin como
las redefiniciones a favor de la guerrilla, de sus aliados y de sus simpatizantes, fueron percibidas por algunos polticos regionales, ganaderos y
militares como una amenaza para los equilibrios de poder existentes.
En una postura similar se sitan Reyes (2007), Richani (2007) y Duncan (2006), quienes consideran que la organizacin del paramilitarismo
se entiende como una resistencia armada local y regional frente al secuestro y la extorsin generalizada de la guerrilla, ante el dilema de abandonar
la propiedad o armarse y asociarse, as como la amenaza que representaba
la desarticulacin de las redes polticas configuradas en sus zonas de influencia. Esta nueva interpretacin fue posible no solo por la inclusin de
nuevos sectores sociales determinados sino tambin por el hecho de concebir este fenmeno como un proyecto poltico, social y econmico con
alcances y diversidades regionales, que estuvo al vaivn de las coyunturas
polticas y de la interaccin de distintos grupos sociales con respecto a las
polticas pblicas, lo cual tuvo como resultado la organizacin de estas
estructuras paraestatales para hacer prevalecer rdenes sociales hegemnicos (Duncan, 2006; Romero, 2003; Gutirrez y Barn, 2006; Richani,
2007; Reyes, 2007).
08/07/2014 11:01:46 p.m.
La importancia de este ltimo enfoque reside en que ayuda a dilucidar

el rol del Estado en relacin con las redes polticas de las elites regionales.
En esa misma direccin, se debe sealar que esta relacin cambiante entre el Estado y las clases dirigentes regionales ha llevado a nuestros grupos de Odecofi a insistir en que el Estado colombiano tiene una presencia
diferenciada en el espacio y el tiempo, segn sea la evolucin de estas
interacciones. El hecho de no ser un Estado plenamente consolidado sino
en plena construccin y constitucin, obedece a que el proceso de integracin territorial del pas ha sido necesariamente gradual y desigual,
segn el tipo de relaciones de las instituciones estatales con las redes de
poder previamente existentes en las regiones, que a su vez resultan de los
grados de cohesin y jerarquizacin sociales que ellas han logrado desarrollar, as como del grado y el momento de su insercin en la vida econmica y poltica del conjunto de la nacin (Gonzlez, 2009; Gonzlez,
Bolvar y Vsquez, 2003; Gonzlez y Otero, 2010). De ah que sea posible
que las elites regionales y locales adopten una postura selectiva frente a
las directrices del Estado central, pues muchas veces el monopolio de la
intermediacin e integracin territorial reposa sobre ellas (Elas, 2010).
Esto configura lo que para muchos es una dominacin indirecta del Estado (Tilly, 1992) o su centralizacin incompleta (Gellner, 1997). Por eso,
cuando estas elites vieron afectados sus intereses tuvieron la capacidad
de oponerse a las polticas del gobierno central o tramitar por su cuenta
las demandas y problemticas regionales, a pesar de su incesante reclamo
por ms Estado; y, obviamente, se mostraban en sintona con esas directrices cuando ellas reforzaban su posicin de dominio.
En este orden de ideas, dicha ambivalencia y selectividad posibilit y
legitim la accin de terratenientes, polticos y jefes militares a la hora de
conformar grupos de autodefensas, pues muchas veces los sectores involucrados, a excepcin de los narcotraficantes, justificaron su postura por
la supuesta incapacidad del Estado para cumplir su funcin primordial:
defender a sus ciudadanos.
En suma, se puede considerar que el fenmeno paramilitar encierra
una vasta complejidad donde se conjugan distintos actores e intereses
en relacin al Estado. Es decir, el fenmeno paramilitar no se puede encuadrar y limitar a un anlisis sintomtico de ciertas crisis coyunturales
centradas, por ejemplo, en las conversaciones de paz tenidas en Uribe
(Meta) entre el gobierno y los grupos insurgentes, de la misma descentralizacin poltica, ni simplemente como una reaccin ante el avance
insurgente. Considero que el paramilitarismo debe ser entendido como
08/07/2014 11:01:46 p.m.
una herramienta militar que parte de la confluencia de intereses de distintos sectores para conformar una alianza con el propsito de apuntalar
y reafirmar un orden social hegemnico regional y local, que es o ha sido
cuestionado por otros sectores: grupos armados, grupos de oposicin o
movimientos cvicos, populares o campesinos (Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003). En este orden de ideas, en el caso cordobs, los narcotraficantes deben ser vistos como sujetos que se insertaron en viejas tensiones
y problemticas previas y aprovecharon unos acumulados histricos de
privatizacin de la justicia para impulsar las autodefensas. Claro est que
su agencia fue determinante para darle un impulso decisivo a una experiencia que ech mano del exitoso modelo de Puerto Boyac y lleg a
transformar un conflicto armado de manera cualitativa y cuantitativa.
En cuanto a la llamada parapoltica, este fenmeno sale a relucir a la
luz pblica con el llamado Pacto de Ralito, durante el segundo mandato de lvaro Uribe, cuando el mismo comandante paramilitar, Salvatore
Mancuso, afirm que ellos controlaban cerca del 35% del Congreso Nacional, mientras que algunos congresistas de Crdoba y otros polticos
regionales y locales hacan pblica la existencia de un acuerdo con la idea
de refundar la Patria. La importancia de este episodio radic no solamente en que revel los alcances de la influencia paramilitar en la arena
poltica sino que tambin destap otra serie de acuerdos regionales a los
cuales se lleg en varios lugares del pas, donde los paramilitares tuvieron
una presencia importante. Tal es el caso del Pacto de Pivijay, acordado entre Rodrigo Tovar y polticos de Magdalena y Cesar, y los acuerdos establecidos en Meta, Valle del Cauca, Antioquia, etc. En cierta medida, esta
serie de arreglos fueron una reedicin de lo que Gutirrez y Barn llamaron los consocionalismos antisubversivos regionales (Gutirrez y Barn,
2006), lo que dejaba en evidencia que la poltica colombiana estaba muy
lejos de desligarse del empleo irregular de las armas.
La interpretacin dominante sobre dicho fenmeno estima que este
evento, a semejanza de lo que pas en el caso yugoslavo, puede encuadrarse como una captura del Estado, dejando de lado las diferencias
de los contextos regionales y de los agentes (Barrera y Nieto, 2010). En
contrava de estas interpretaciones, nuestro captulo recurre a los planteamientos de Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2003) para presentar algunos interrogantes: qu Estado se captura?, los paramilitares llegan a
un espacio vaco e imponen all un orden a su antojo? e intenta sealar
cmo los grupos paramilitares se vieron obligados a negociar con las
distintas redes polticas preexistentes, tal como sucede, por parte del
08/07/2014 11:01:47 p.m.
Estado, con la integracin de los diferentes sustratos poblacionales y del

mismo territorio.
Estas negociaciones explican la variacin regional de los distintos
acuerdos entablados, los cuales muchas veces fueron desde la subordinacin hasta la oposicin, como se percibe en el presente estudio de caso.
Por ejemplo, la casa Castao, y sobre todo Mancuso, se top con personajes que dependan totalmente de su agencia, como Eleonora Pineda,
pero tambin con polticos tradicionales que ya posean un caudal electoral ms consolidado, como Zulema Jattin, Julio Manzur o Miguel de la
Espriella, quienes tambin tuvieron cierta proximidad con los paramilitares, fuera ella por cercana ideolgica o porque les proporcionaba recursos para sus campaas a cambio de ser intermediarios con el gobierno
de turno, como recientemente lo expres Don Berna en una entrevista
(As queramos tomarnos el poder, El Espectador, octubre 2, 2013). En
contraste con los casos anteriores, que responden a una clara posicin de
dependencia o a una zona ms gris de interrelaciones, se encuentra otro
polo de poder: el de Juan Manuel Lpez Cabrales, con quien se enfrentaron los paramilitares, tanto por los distritos electorales como por los
cargos burocrticos del nivel regional. Adems, estas heterogeneidades
sealadas en Crdoba no son algo excepcional sino que tambin existen
en otras regiones colombianas, como Antioquia y Valle del Cauca.
En esta direccin, este tipo de arreglos polticos de la llamada parapoltica, as como los hechos posteriores, evidencian que lo que se produjo
en Crdoba no fue una captura del Estado por parte de los paramilitares
sino el establecimiento de una serie de arreglos institucionales. Siguiendo
a Kalyvas (2006), se podra afirmar que los acuerdos entre paramilitares
y polticos permitieron la instauracin de un orden social de la guerra,
facilitado por contextos regionales y locales caracterizados por una dbil consolidacin estatal, donde formas hbridas de autoridad poltica
(tradicional-moderna) estn interconectadas y usualmente articuladas
con la competencia violenta por el control del Estado. Estos arreglos del
proyecto paramilitar en Crdoba garantizaron tres funciones elementales
a los poderes locales: el control de la fuerza fsica (autoridad poltica), la
garanta de los medios materiales (estructura econmica) y la produccin
y preservacin de los medios simblicos que otorgan sentido y legitimidad al grupo hegemnico (Bakonyi y Stuvoy, 2005 y Wood, 2008).
En esta ilacin de ideas, se quiere resaltar que el orden constituido
est determinado por factores endgenos, que reflejan la organizacin y
distribucin del poder de una localidad y que, a su vez, condicionan cada
08/07/2014 11:01:47 p.m.
uno de los arreglos institucionales de constreimiento o incentivo, segn

los contextos locales (Barrera y Nieto, 2010).
Configuracin regional y tensiones estructurales de la

sociedad cordobesa, 1900-1957: el orden hacendatario
y la reivindicacin campesina
El departamento de Crdoba se encuentra dentro de la depresin del valle del Sin, situada entre el golfo de Urab y las sabanas de Sucre. Su
territorio es atravesado por el ro Sin, que nace en el Alto de Paramillo,
en la frontera entre Crdoba y Antioquia. Su clima es tropical, clido,
seco-hmedo y estacional, cuyas variaciones obedecen a la distribucin
de las lluvias: seco de diciembre a marzo, y hmedo de abril a noviembre,
cuando se concentra casi el 80% de las lluvias (Ocampo, 2007). Tales factores explican la baja disponibilidad de agua, pues en verano se presenta
un dficit que se extiende desde el Alto Sin y se profundiza hasta el norte. En la llanura, numerosas cinagas, lagunas y brazos del ro forman un
conjunto hidrulico, biolgico y ecolgico interrelacionado, que ha sido
la base para la organizacin de formas productivas especficas y complementarias, de acuerdo con los cambios estacionales (Ocampo, 2007).
Este tipo de organizacin productiva fue aprovechado y utilizado por
los primeros pobladores precolombinos, y lo mismo han hecho los ganaderos y los campesinos de la regin. No obstante, el sistema empez a
transformarse a mediados del siglo XIX, cuando se inici la implementacin de un modelo de explotacin de la naturaleza que vir hacia la
produccin mercantil (extraccin maderera, ganadera) y modific completamente el paisaje y la disponibilidad de recursos naturales. Tal es el
caso del desecamiento, mediante terraplenes y camellones, de las cinagas
y lagunas para dedicarlas a la ganadera extensiva.
En ese escenario geogrfico se fue configurando la sociedad regional
a partir de las polticas de reasentamientos que llev a cabo Antonio de la
Torre Miranda, a la luz de las reformas borbnicas que buscaban integrar
y dinamizar los intercambios comerciales de ciertos poblados sabaneros
con la zona minera de Antioquia (Bajo Cauca y Nech), a fin de que los
primeros proveyeran de materias primas a los segundos. Este cambio provoc toda una reconfiguracin de los centros poblados, que en un primer momento estaban claramente diferenciados por la separacin y la
jerarquizacin de los pueblos espaoles e indgenas. Entre los primeros
figuraban Tol, Lorica, Sincelejo, Corozal, y en los segundos San Andrs
08/07/2014 11:01:47 p.m.
de Sotavento, Chin, Pinchorroy, Toluviejo, Colos, Morroa, Sampus y

Ceret. Ahora bien, la prevalencia del rgimen hacendatario y el fin de la
encomienda llevaron a iniciar un proceso de concesin de mercedes que
permiti el establecimiento de trapiches, estancias ganaderas y haciendas.
El esfuerzo de las reformas borbnicas trataba de reorganizar el proceso
de poblamiento que, como resultado del creciente mestizaje, estaba escapando del control de las autoridades virreinales (Ocampo, 2007).
Desde el siglo XVIII, y sobre todo desde mediados del XIX, la confluencia de los anteriores procesos descritos desemboc en la implantacin
de cultivos agrcolas en las tierras de la cuenca del ro Sin, que buscaban
abastecer, tanto a la capital departamental (Cartagena) como a las zonas
mineras de Antioquia. De esta forma las tierras de Ayapel, San Marcos, Caimito, San Benito, Sucre, Corozal, Chin y Sahagn se destinaron a la cra y
levante de ganado criollo. Para ese entonces la ganadera tena un carcter
trashumante: el ganado pastaba en las tierras altas durante el invierno y en
el verano, al secarse los pastos, era llevado las riberas de las cinagas. En
torno a esas actividades los grandes propietarios convivan con medianos y
pequeos (campesinos), instalados en las partes perifricas de las propiedades de aqullos, sin que se presentaran mayores tensiones.
Sin embargo, esta dinmica empez a cambiar en las dos ltimas dcadas del siglo XIX, a causa del ingreso de capitales extranjeros y de la mayor demanda de carne, que hicieron necesario un mayor aprovechamiento
de amplias extensiones del suelo. Para tal propsito se emprendi una tala
sistemtica del bosque y se introdujeron pastos artificiales y el alambre de
pas, hechos que permitieron sedentarizar la ganadera y asimismo empezar a delimitar con mayor claridad las propiedades (Ocampo, 2007; Ojeda,
2004). Estos procesos eran liderados por familias blancas que se asentaron
y acrecentaron su poder bajo la explotacin pecuaria, las cuales se distinguan por su origen espaol y su piel blanca. Apellidos como Anaya, Berrocal, Snchez, Cabrales, Ramos, Pineda, Grandett, Martnez, Mndez, Vega,
Garca, Milans, Espinosa, Burgos, Arteaga y de algunas familias sirio-libanesas como los Salleg, Sofn, Jattin, Marn, Farah, Jaller y Hadad, empezaban desde entonces a ser reconocidos por su identificacin con grandes
extensiones de tierra y su ascendencia social en los niveles local y regional.
Ese proceso teji y consolid vnculos del Departamento con la vecina
Antioquia, interesada en consolidar sus propias rutas de la carne, ante
las ventajas comparativas que se le ofrecan para trasladar el ganado a
sus territorios a travs del ro Magdalena. La coyuntura hizo que ciertas
familias antioqueas, e inclusive mandatarios, posaran sus ojos sobre la
08/07/2014 11:01:47 p.m.
regin y empezaran a hacerse tambin a grandes extensiones de tierra.

Tal ocurri con el general Pedro Nel Ospina (Presidente de la Repblica
en 1922-1926), cuya hacienda Berstegui lleg a contar con 12.000 hectreas, adems de las haciendas Corinto, Cuba y la todava ms clebre
Marta Magdalena (Ocampo, 2007). Otras fincas se sumaron a stas: Man,
de la familia Lombilla; Betanc, de Marco Antonio Salazar; Mundo Nuevo, con 12.000 hectreas, de Guillermo Echavarra Misas; Paraguay, de
4.800 hectreas, propiedad de los Saldarriaga, entre otras distinguidas familias de la poca (Berrocal, 1980; Cepeda y Rojas, 2009).
El arribo de estos nuevos colonizadores imprimi un mayor impulso
a la modernizacin y la tecnificacin del campo cordobs: se introdujeron
maquinarias y semillas (como las de pasto Yaguar y Pangola) que optimizaron la explotacin agrcola (Berrocal, 1980; Bentez, 1987; Cepeda y
Rojas, 2009; Ojeda, 2004). Pero no toda la innovacin fue producto de su
agencia. Igualmente, algunos segmentos de la sociedad cordobesa estaban interesados en modernizar sus posesiones. Tal es el caso del general
Miguel Mariano Torralvo, quien inici este esfuerzo con la introduccin
del alambre de pas, para luego proseguir con la calzada de cinagas con
albarradas, la construccin de camellones con ayuda de tractores durante el verano, con el fin de ampliar la tierra disponible para siembras
permanentes. En esta misma direccin, para los aos treinta y cuarenta
del siglo pasado estas mejoras no solo estaban destinadas al pastoreo
del ganado sino tambin al algodn y al arroz, pues para entonces tales cultivos ya haban sido introducidos (Reyes, 1978; Negrete, 2007; Fals
Borda, 2002).
El resultado de las innovaciones fue una apropiacin del espacio por
parte de los terratenientes en la cual no solo se concentraba la tierra sino
tambin el acceso a las fuentes hdricas. Este proceso de expansin y consolidacin de la hacienda ganadera ocurri por varias vas. Las llamadas
familias blancas y los antioqueos emplearon diversas modalidades,
y ms que todo la compra de mejoras y la adjudicacin de baldos, as
como la tan referenciada Ley de tres pasos5. La otra cara de la moneda
5
La ley de tres pasos consta de un primer momento, cuando el colono tumbaba el monte
y adecuaba la tierra para su explotacin, y permaneca en ella un periodo muy corto o
hasta que el terreno se cansara y se viera obligado a dirigirse a otros lugares; un segundo
momento, cuando vende a precios bajos sus mejoras o las cede a un finquero, contratista
o intermediario que semi-explotaba el feudo. Este finquero intentaba realizar alguna
consolidacin o unificacin de las explotaciones. Por ltimo, este finquero contratista ceda
a su vez ante las presiones de un latifundista empeado en ampliar sus propiedades o en
crear una nueva hacienda.
08/07/2014 11:01:47 p.m.
mostraba que ese proceso expansivo se produca a costa de la incesante

expulsin del campesinado de las regiones de frontera agrcola, a tal punto que, cuando ella se cerr, esa poblacin se vio obligada a abandonar
el Departamento, especialmente con destino a la vecina regin de Urab.
Algunos trabajos sealan que reconocidas haciendas de la poca,
como Marta Magdalena, Santa Helena, Caa Flecha, Los Navarros,
Los Nas, Canalete, La Villa, La Vorgine, Los Posadas, La Antioquea y otras tomaron la tierra a la fuerza, mediante toda clase de trucos
y artimaas. As, los Kergueln se apoderaron de Lomagrande y Torpeza en 1921, los Garca Snchez y los Padilla se asentaron en Ceret, los
Buelvas tomaron Los Cedros y los Garcs a San Pelayo, los Berrocal a
Mayaguas en Jeraquiel (Benitez, 1987).
En los aos veinte del siglo pasado se produjeron los primeros intentos
organizativos de diversos sectores de la sociedad colombiana que reivindicaban principalmente derechos laborales y el acceso a la tierra. Este contexto nacional tuvo su correlato en la regin cordobesa, en donde se haba
ampliado y consolidado un modelo agropecuario a costa del campesinado,
a resultas del cual haba una incesante expulsin de fuerza de trabajo a las
regiones de frontera. En el territorio del actual departamento de Crdoba
se emprendieron algunos procesos organizativos, encabezados por Vicente
damo, inmigrante italiano y dirigente campesino, fundador de la Sociedad de Obreros y Artesanos (SOA), y Juana Julia Guzmn, lder campesina
y tambin cofundadora de la SOA. Estas dos figuras encabezaron las primeras asociaciones gremiales, que reivindicaban no solo la tenencia y distribucin de la tierra sino asimismo mejores condiciones laborales. Cifraban su agitacin en la frmula de los tres ochos: 8 horas de trabajo, 8 de
educacin y 8 de descanso, la independencia de la organizacin frente a la
hegemona poltica de los partidos tradicionales y la agitacin de un intento
social reformista inspirado en los lemas de libertad, igualdad y fraternidad
(Escobedo y Potta, 1979; Machado, 1994; Fals Borda, 2002; Negrete, 2007;
Legrand,1988; Pcaut,1987; Snchez, 2008).
Todo parece indicar que el contexto se encontraba bastante polarizado, no solo por la negativa de los grandes propietarios a ceder en sus intenciones sino tambin por la radicalizacin de la protesta y la reivindicacin campesinas. No en vano Hctor Lorduy recuerda a Vicente damo
porque instrua a los campesinos de la siguiente forma:
En 1915, cuando apareci damo, Vicente damo, que apareci e hizo unos sindicatos y unas reuniones de campesinos que reclamaban el derecho a la tierra con
08/07/2014 11:01:47 p.m.
unos slogans provenientes de la Revolucin Rusa: La tierra es para quien la trabaja. l puso una escuela de lderes en un pueblecito desaparecido que se llamaba
Lomagrande, all en el club ese Jaraguai, y haca exmenes que pona preguntas
como stas: Esto es una rula, para qu me sirve la rula? Para desmontar el campo,
para limpiarlo Qu ms? De pronto por si aparece una culebra, le puedo cortar
la cabeza a la culebra Para qu ms? Para componer cualquier cosa en m casa.
No, pero hay una funcin fundamental: Sabe para qu sirve? Para cortarle la
cabeza al patrn que no pague el salario justo (Entrevista de Hctor Lorduy, julio
24, 2009).
Con el inicio de la repblica liberal, los reclamos obreros y campesinos encontraron una respuesta. En materia agraria se promovi la Ley
200 de 1936, conocida como Ley de Tierras. Sin embargo, la oposicin de
diversos sectores polticos y de la sociedad no se hizo esperar. Se adelant
un sistemtico cabildeo mediante la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y se organizaron gremios, como el Sindicato Central de Propietarios y Empresarios Agrcolas (Scpea) y la Accin Patritica Econmica
Nacional (Apen), para contrarrestar la poltica del gobierno central.
Como en otras regiones de Colombia, tambin en Crdoba se apel al
desalojo masivo de campesinos frente a las invasiones o a la prevencin
de ellas, junto con actos supersticiosos, como la brujera o los conjuros
para alejar al campesinado de la tierra. Incluso se lleg al empleo de las
vas de hecho, al contratar a matones para amedrentarlos (Cepeda, 2009;
Fals Borda, 2002; Negrete, 2007; Gilhods, 1990; Pcaut, 1987). Para ello,
los propietarios se amparaban muchas veces en su influencia en la institucionalidad local y la fuerza pblica, pues por medio de escrituras de falsa
tradicin o de dudosa procedencia legitimaban su posesin en las notaras; as mismo, los distintos juicios de pertenencia perjudicaban al campesino, en lo que Legrand llam la lucha entre el hacha y el papel sellado,
que termin beneficiando a los grandes propietarios (Legrand, 1987).
Una vez iniciada la llamada pausa reformista con la llegada de
Eduardo Santos a la Presidencia, fueron muchas las tensiones y problemticas que quedaron sin tramitacin ni resolucin; pero, en contrava
de lo que se puede pensar, lo que ocurri enseguida fue la consolidacin
del latifundio bajo la figura del trabajo asalariado (Reyes, 1978; Legrand,
1988). Y, para opacar ms el panorama del mbito rural, el gobierno de
Mariano Ospina Prez impuls la Ley 100 de 1944, que es considerada
por algunos como una verdadera contrarreforma agrcola, en respuesta
al cabildeo de la SAC y otras agremiaciones, que responda a una mentalidad de desconfianza e inseguridad que asociaba el proceso reivindicativo
08/07/2014 11:01:47 p.m.
con ideas comunistas y socialistas. Con esta iniciativa se legaliz nuevamente el contrato de aparcera en el pas y se establecieron normas que
garantizaran los derechos de los propietarios (Machado, 1994).
Los embates de la Violencia bipartidista:

desorganizacin campesina, concentracin de la tierra
y primeras expresiones reivindicativas
El periodo de la Violencia fue precedido por una inusitada polarizacin
de la vida y las identidades polticas. Como producto del asesinato de
Jorge Elicer Gaitn se desat una ola de violencia que afect vastos territorios del pas y que inicialmente tuvo como epicentro las principales
concentraciones urbanas, aunque despus se expandi a los espacios rurales, donde sus efectos se hicieron ms prolongados y profundos. Entre
ellos sobresalieron algunas zonas de Tolima, Antioquia, Quindo, Valle
del Cauca, Santander y Boyac. Aunque en el seno de la academia hay
cierto consenso que seala que la Costa Caribe estuvo exenta de los coletazos de la violencia bipartidista debido a la capacidad de consenso de
sus elites, en algunas zonas del departamento de Crdoba, sobre todo
en el Alto Sin y en San Jorge, se presentaron algunas expresiones de la
violencia bipartidista (bandolerismo social, guerrillas liberales, traspaso
y concentracin de la tierra, etc.).
Se considera que en las zonas del Sin, as como en otras regiones de
Colombia, ese proceso tuvo como resultado la desorganizacin de la estructura agraria, ya que habra promovido una serie de traspasos y ajustes
de las propiedades, muchos de ellos a la fuerza, que ayudaron a movilizar
y concentrar an ms la propiedad (Fals Borda, 1985; Guzmn, Luna y
Fals Borda, 2005; Molano, 1985; Oquist, 1978; Snchez, 1985; Snchez y
Meertens, 2006; Zamosc, 1987). Esta zozobra se tradujo en un proceso
sistemtico de traspasos de la tierra a partir del ejercicio de la violencia o
de actos de intimidacin destinados a consolidar y promover la ganadera
como modelo de desarrollo regional (Negrete, 2007; Escobedo y Potta,
1979; Fals Borda, 2002; Legrand, 1988). De acuerdo con Negrete (2007),
fueron numerosos los casos de casas quemadas, campesinos y familias
asesinados, mujeres violadas y pueblos arrasados. Al terminar este periodo de violencia, la mayora de las haciendas tradicionales haban corrido
sus cercas y aparecan otras nuevas, juntamente con el natural incremento
de los pastizales para la ganadera, la reduccin de los cultivos temporales
y la disminucin ostensible del arrendamiento de tierras, la aparcera y el
08/07/2014 11:01:47 p.m.
colonato. En otras palabras, se aceler la concentracin de la tierra, creci

la ganadera extensiva, se redujo el comercio de arroz y maz y hubo una
gran migracin a la cabecera municipal de Montelbano.
El hecho de que la zona ms afectada y problemtica fuera el Alto
Sin no quiere decir que la violencia bipartidista no se haya hecho presente a lo largo y ancho del territorio cordobs, aunque con aristas muy
distintas, tanto en el norte como en el sur. Como lo expusieron Escobedo y Potta (1979), la singularidad radica en que los grupos y cuadrillas organizados respondan a distintas lgicas, de acuerdo con el poder
poltico y la ascendencia que tenan los ganaderos en cada uno de los
territorios. Por ejemplo, las cuadrillas del sur (Alto Sin y Alto San Jorge) expresaban en mayor medida los intereses socio-econmicos de los
campesinos mediante brotes de violencia y formulaciones propias de
un bandolerismo social, mientras que las cuadrillas conformadas en la
parte norte, a pesar de su conformacin netamente campesina, representaban los intereses de los grandes propietarios y estaban ms ligadas
a un tipo de bandolerismo poltico.
Esta diferenciacin habla mucho del proceso de configuracin regional, ya que la existencia de dos tipos de cuadrillas y de sus lgicas de actuacin representa dos aristas de un mismo proceso. Por un lado, consideremos el norte, donde el dominio terrateniente ya estaba consolidado,
la frontera agraria se haba cerrado haca largo tiempo y el control poltico de los hacendados sobre la poblacin estaba garantizado. En cambio,
el sur expresaba una situacin distinta: una frontera que apenas estaba en
proceso de cerrarse y era muy reciente todava el proceso de diferenciacin y sedimentacin social, que se produca a costa del acaparamiento de
las tierras de los medianos y los pequeos propietarios. Esto explica que
en este tipo de sociedad el bandolerismo social fuese sintomtico, que no
solo reivindicaba su identidad poltica sino tambin factores asociados
al campo econmico y social. Hecho que no dista mucho de otros casos
expuestos por Snchez y Meertens (2006) en el Valle del Cauca y la zona
cafetera.
No en vano para ese entonces se hicieron clebres las figuras de Mario Sandn, Jos del Carmen Pez, conocido como Capitn Pez, Julio
Guerra, Evaristo Calonge y Edmundo Blanco, quienes encabezaron las
cuadrillas bandoleras que hicieron presencia en esos aos. Esta transformacin es evidenciada en una entrevista de Fals Borda con un campesino, quien acerca del periodo violento afirmaba:
08/07/2014 11:01:47 p.m.
Los labradores no son ya los hombres resignados e ignorantes que se quitaban el

sombrero al encontrar al amo y lo saludaban con temor y reverencia. Ahora son
hombres en el sentido total y positivo de la palabra, hombres que saben cmo
actuar con dignidad y cmo reclamar y mandar. Porque han llegado a convencerse de que son capaces de modelar su propio destino, de que son aptos para
hacer cosas, de que ya no tiene que depender de gamonales, amos o funcionarios
frecuentemente arbitrarios. Es ya posible que uno de los dirigentes de la escuela
diga: No necesitamos alcaldes que solo se interesen por nosotros en el momento
de cobrar los impuestos. El campesino ha dejado, pues, de ser el individuo que se
dejaba llevar al matadero por antagnicos jefes. Ahora puede pensar por s mismo, teniendo una idea ms clara de su propia responsabilidad como ciudadano
(Fals Borda, 1985).
Precisamente Jos Bentez Ceballos recalca que el campesinado de filiacin liberal de las zonas de los altos San Jorge y Sin qued sin tierras
y en la hecatombe menos deseada de la vida [] pues los ricos de la regin aprovecharon la Violencia para expropiar al campesino de su tierra
fundamentalmente. Incluso llega a afirmar que la denominada Violencia
fue buena ventana de oportunidad para que muchos terratenientes del
Sin robaran las tierras a los pobres campesinos (Bentez, 1987).
Por otro lado, como resultado contingente del anterior proceso, se debe
sealar que el surgimiento del bandolerismo en el espacio rural colombiano, as como en el Alto San Jorge y Sin, obedeca a que se haban puesto
en entredicho los vnculos que ataban al campesinado con el orden terrateniente. Durante este periodo los campesinos lograron una relativa autonoma que los constituy en una amenaza, ya que sus acciones estaban
dirigidas contra los terratenientes, cualquiera fuese su filiacin poltica, [y
estos] comenzaron a amenazar el sistema social en su conjunto, a tal punto
de adquirir caractersticas revolucionarias (Snchez, 1985, 2008; Snchez
y Meerteens, 2006). Evidencia de lo anterior fue la aparicin de los bandoleros, que fueron la mejor expresin de una tendencia hacia un reordenamiento clasista que rompa las viejas lealtades verticales (Fajardo, 1985).
Sin embargo, debe sealarse que este fenmeno es propio solamente
de lo que se llama la segunda fase de la Violencia, en la cual no desaparecieron las directrices partidistas de los campesinos pero irrumpieron en clave bajo la direccin comunista y la escisin llanera (Snchez y
Meertens, 2006). Esto empez a legitimar su represin, ya que estas masas
desorganizadas y desarticuladas de las tradicionales redes polticas empezaron a ser tildadas de bandidos y guerrilleros para justificar su represin
(Snchez, 1985; Guilln, 2008).
08/07/2014 11:01:48 p.m.
Por ltimo, se debe aclarar que estas transformaciones no se producen

de forma abrupta; as como la violencia tuvo un impacto diferenciado, estas expresiones reivindicativas y de autonoma tambin lo tuvieron. Pues
precisamente stas solo se presentaron en la parte sur del departamento
de Crdoba, donde el orden social hacendatario no estaba tan consolidado como en el norte.
Los resultados de la Violencia son complejos y ambivalentes, ya que
ella fue un proceso que asegur, por un lado, a los organismos privados de las clases dominantes el mantenimiento de su posicin central, les
confirm a los partidos polticos tradicionales su funcin de encuadramiento; pero, a la vez, desorganiz por mucho tiempo a las masas populares (Pcaut, 1988). Siguiendo este orden de ideas, Paul Oquist afirma que
hubo un cambio masivo de la tenencia efectiva de la tierra y que el resultado de la Violencia es la convergencia de procesos socio-econmicos y
socio-polticos, donde a su vez aparecen nuevos movimientos y conflictos
sociales protagonizados por grupos heterogneos (indgenas, aparceros,
colonos, etc.) (Oquist, 1978), que no encontraron representacin en los
partidos tradicionales.
La restauracin del orden: el pacto bipartidista, intentos

reformistas y la reaccin de los grupos afectados; los inicios
de la privatizacin de la justicia, 1958-1981
El Frente Nacional busc apaciguar en Colombia la tormenta que se
haba desatado, tanto en el mbito urbano como en el rural. Para cumplir dicho objetivo, los dos partidos tradicionales acordaron el reparto
pacfico del poder, pero a la vez la exclusin de terceras fuerzas polticas
no matriculadas en esos partidos (Snchez, 1989; Dvila, 2001; Leal,
1989). Y si bien se logr pacificar a la sociedad colombiana, el debate
poltico empez a tener un rol secundario frente al campo econmico,
pues los debates giraron alrededor de las polticas de desarrollo e industrializacin inspiradas en el modelo de sustitucin de importaciones
(Gutirrez, 2006; Pcaut, 1987).
El primer gobierno frentenacionalista (Alberto Lleras Camargo,
1958-1962) consider que la Violencia no solo era efecto del sectarismo
poltico sino que tambin responda a aspectos sociales y econmicos:
por eso, vio en la reforma agraria una vlvula de escape para las tensiones presentes en el campo colombiano. Dicha reforma tena como
objetivo impulsar el desarrollo econmico, ampliar el mercado interno,
08/07/2014 11:01:48 p.m.
optimizar la productividad, mejorar el nivel de vida de los campesinos, superar la pobreza y lograr un mayor desarrollo de la democracia.
Por lo mismo, una de sus metas centrales era amortiguar los riesgos
polticos vigentes, tanto internos como del mbito internacional, para
encaminarse, por la va del impulso a la mediana propiedad, a la superacin de las limitaciones del desarrollo capitalista puesto en marcha
(Arango, 1988; Bagley y Botero, 1978; Bejarano, 1998; Gilhods, 1989a;
Machado, 2000).
Para tal objetivo se impuls la Ley 135, que busc reducir la concentracin de las propiedades rurales y fomentar una adecuada explotacin
de tierras incultas o deficientemente explotadas, al igual que la creacin
de mejores condiciones sociales para los asalariados agrcolas, bajo la tutela del Incora. A pesar de lo anterior, su reglamentacin tena muchos
vacos normativos y dej ventanas abiertas para que los grandes terratenientes pudieran hacer uso de su influencia en el sistema con el propsito
de evitar la expropiacin de sus fundos (Ley 35 de 1961). Igualmente, su
oposicin a esta iniciativa se manifest en el estallido de los primeros
brotes violentos en las regiones.
Por ltimo, este esfuerzo debe ser encuadrado en una serie de programas sociales y econmicos diseados para rehabilitar las zonas del pas
golpeadas por la Violencia, y acelerar el ritmo de crecimiento (Bushnell,
1994) bajo un contexto hemisfrico influenciado por la Alianza para el Progreso (APP) frente a la amenaza que representaba la Revolucin Cubana.
La organizacin de la Defensa Civil: respuesta al clamor

terrateniente frente a la grave situacin de orden pblico
Con el teln de fondo de las escaramuzas de la etapa tarda de la Violencia, la organizacin de las guerrillas comunistas y una incipiente ola
de invasiones de tierras, algunos segmentos de la sociedad exigieron
al gobierno que permitiera que la poblacin pudiera adoptar algunas
tareas de la fuerza pblica, pues la actividad agropecuaria estaba siendo
afectada.
Para ese entonces el espacio rural cordobs se caracterizaba por una
incesante concentracin de la tierra destinada a la ganadera, situacin
que traa consigo una creciente tirantez por la tenencia y provecho de la
tierra entre campesinos y terratenientes. De acuerdo con el diagnstico
de un agrnomo de la regin, la situacin que haba en 1965 era que
08/07/2014 11:01:48 p.m.
muchos de los problemas presentes en Crdoba se derivaban de los sistemas inadecuados de explotacin ganadera, los cuales fueron creando
una mentalidad de conjunto segn la cual solo se puede tener ganadera
cuando se dispone de grandes extensiones de tierra (El Tiempo y El Espectador, Hay que racionalizar la explotacin del ganado, diciembre
19, 1965).
No hay que olvidar como se dijo pginas atrs que las caractersticas fisiogrficas del territorio hacan que la actividad ganadera cordobesa
exigiera extensiones de tierra considerables, pues tanto el verano como el
invierno obligaban al traslado de las reses de un lugar a otro, de acuerdo
con las necesidades (agua, disposicin de pastos). Por estar ubicado en un
delta, en tiempos de invierno el Bajo Sin era anegado por los ros Sin y
San Jorge, mientras en el verano las aguas retrocedan. En estas circunstancias, la mayora de los ganaderos deba poseer fincas tanto en los valles
como en las partes altas, porque en el invierno tenan que migrar hacia
arriba y en el verano retornaban al valle. Esta situacin los obligaba a disponer de abundante tierra para alojar poco ganado (Entrevista a lvaro,
junio 26, 2008).
Para ese entonces, cuando todava existan terrenos baldos, tanto los
agricultores como los ganaderos soltaban a sus animales y cultivaban
sobre los terrenos donde las aguas retrocedan, y as aprovechaban los
minerales y sedimentos que dejaba el retroceso del Sin en poca de verano. Sin embargo, esta dinmica se trastoc cuando algunos ganaderos
decidieron anexar esas tierras a sus propiedades para expandir su fundo,
bajo los mismos mtodos implementados desde el siglo XIX. Segn Ordez, la dinmica y los reclamos de ambos bandos se caracterizaban de
la siguiente forma:
Algunos terratenientes no tenan escrituras completas de sus tierras legalizadas,
sino que mantenan una falsa tradicin de las tierras, porque muchas de esas tierras
las tenan bajo una especie de colonizacin, pero en la poca del 65, hasta hace poquito, la ltima dcada, hasta el 95, la mayora de las movilizaciones campesinas se
focalizaron sobre los terrenos que eran propiedad del Estado, en especial, los terrenos que les llaman humedales. (Muchas veces) todos los dueos de tierras alrededor
de los humedales no tenan escrituras legalizadas, sino con falsa tradicin, es decir,
que haba parte de las tierras que se anexaban a las tierras que ellos mantenan con
falsa tradicin, que eran las tierras donde se retiraban las aguas, y ellos metan el ganado a pastorear, y llegaba eso a ser de una manera pblica, donde muchas personas
traan ganado de otras partes a pastorear ah. Posteriormente, muchos campesinos
se fueron quedando en el pastoreo y fueron abriendo un espacio para sus cultivos
08/07/2014 11:01:48 p.m.
de patilla, frjol, etc. Entonces fueron aduendose de parcelas para evitar que le
metieran ganado.
Los dueos de tierras vecinas o colindantes con las cinagas no vean con
buenos ojos que esas tierras fueran ocupadas estacionariamente, o sea, no de
manera provisional, sino que la persona se estacionara en la tierra cuando un
campesino decida cultivar. Ya cuando se cultiva se sabe que la persona est
adquiriendo una propiedad por mucho tiempo, mientras dura el cultivo y su
desarrollo. Eso cre unos celos entre los ganaderos porque vean con malos ojos
a unos vecinos que aparecan usufructuando y apropindose de unos terrenos,
que era ms lgico tenerlos, de la tierra que colindaba con la cinaga que se iba
secando. Entonces, ah viene una puja por el control de esos terrenos provisionales de retiro de agua. El ganadero, o el cultivador, o el hacendado, que est en
posesin legtima de unas tierras vecinas a esos cultivos, a esos retiros de agua,
pelea para que el terreno se extienda hasta donde terminan las aguas de retiro.
Cuando viene la creciente igualmente se retira otra vez y llega a usufructuar lo
que tradicionalmente en pocas de invierno se puede utilizar de las tierras no
inundables. Cuando los hacendados construyen canales y grandes taponamientos de las aguas a travs de unos terraplenes que impiden que las aguas regresen
otra vez a sus tierras, han copado as el doble de extensin de la hacienda que
tenan. Si una persona tena cien hectreas normales, cuando se retiraban las
aguas resulta que tena doscientas. Entonces el ganadero o hacendado, para no
perder esas cien hectreas, le mandaba a poner un terrapln en la zona ltima
del retiro de las aguas y se adueaba de esa gran porcin de tierra. Al aduearse
de esa gran porcin de tierra, el campesino se las invada porque eso no era de
ellos sino del Estado. Ah comienzan las grandes luchas (Entrevista a Jos Garca Ordez, julio 4, 2009).
Esta misma lgica se replic en varios lugares del Departamento. Por

ejemplo, cuando el ro Sin cambi su desembocadura se cre una accesin. Sin embargo, la falta de definicin legal hizo florecer un conflicto, ya
que los terratenientes se apoderaron de la tierra adyacente a sus propiedades y legitimaron su posicin de la misma forma que en el caso de los
veranillos. En la boca del Sin, con el lento e imperceptible retiro de las
aguas, como dice el Cdigo Civil, se produjo lo que se llama la accesin,
que consiste en que las tierras que deja el retiro de las aguas del ro son del
dueo de la tierra. Esto origin un problema, porque tanto los campesinos como el propietario de la tierra alegaban que eran suyas (Entrevista a
Joaqun Berrocal Hoyos, julio 31, 2009).
No obstante, en el imaginario de los ganaderos la situacin era muy
distinta, no solo para quienes figuraban en el proceso de la configuracin regional sino tambin por causa de las dinmicas que la rodearon.
Segn lvaro, la hacienda era producto del esfuerzo y la capacidad de un
08/07/2014 11:01:48 p.m.
cmulo de personas, que tuvieron que sortear todo tipo de dificultades.

Imprimiendo a sus palabras un aire buclico, aadi, en referencia a los
ganaderos:

La experiencia de ellos era pacfica. Convivan en territorio muy frtil, muy bonito. Esto lo hicieron ellos, los antepasados de aqu, lo hicieron ellos, todo lo que
est aqu est hecho por ellos solos. El escudo de Crdoba dice Ipso Facta Sum
(hecho por s mismo, solo), porque fue la realidad; esa frase es la historia de esta
regin. Ellos hicieron todo, talaron los bosques, plantaron los pastos y los mejoraron, trajeron ganado y lo mejoraron; hicieron su ganadera solos. Aqu el Estado
no estaba para nada, nunca ha estado como es debido, nunca (Entrevista a lvaro,
junio 26, 2008).
Tanto la problemtica de los veranillos como de la accesin ilustran

de qu manera los terratenientes utilizaron sus propiedades para apropiarse de las tierras de las cuales se retiraba el agua, al tiempo que iban delimitando y expandiendo su propiedad mediante el empleo de terraplenes
y canales que impedan la anegacin y apropiacin de la tierra disputada.
Lo nico que hizo esa prctica fue agravar la situacin del campesinado,
que a su escasa disponibilidad de tierra sumaba las malas condiciones
laborales y los bajos salarios.
Es de conocimiento general que la remuneracin en el campo no es la
mejor y muchas veces ella est por fuera de los marcos estatuidos por el
gobierno central. De esta generalizacin no escapa Crdoba, pues siempre les pagamos mal a los trabajadores, muy poquito. Los campesinos
vivan en condiciones inhumanas. Yo afirmo que el sinuano no es una
persona generosa ni dadivosa: es mezquino. Yo eso no lo pongo en duda.
Esos tipos no les daban nada, les pagaban muy mal. Subsistan de un pequeo salario, era una pobreza extrema. El sinuano supo aprovecharse
de las condiciones de la gente humilde (Entrevista a Joaqun Berrocal
Hoyos, julio 29, 2009).
Esto tambin era visible en las fiestas de las Corralejas, un espacio
de esparcimiento social donde solan reafirmarse las jerarquas sociales y
econmicas de la poblacin, ya que en ellas los terratenientes donaban los
toros para que el pueblo bajara al ruedo y recibiera ddivas a cambio de su
destreza. Para algunos eso daba pena: pobres negros, que los traan para
que los matara un toro, y los ricos all en un palco, tiraban manta, tiraban ron, tiraban dinero, y la gente all abajo: Ay, blanquito!, trame una
manta, mndame una ah. Y le mandaba la plata y deca el ganadero: Ve,
08/07/2014 11:01:48 p.m.
cgele el cacho a ese toro, ve, cgele el cacho. Iba, se lo coga y aplaudan.
Eso s era vergonzoso. Antes eso era los ricos dueos de ganado tirando
plata, mantas, ron, pues a uno lo adoraban (ib.).
Frente a este escenario, no se hicieron esperar las primeras reclamaciones y reivindicaciones campesinas, que encontraron en la nueva legislacin una estructura de oportunidad para llevarlas a cabo. Esa situacin
se plasm en una primera ola de movilizaciones e invasiones de tierras,
ocurrida entre los aos 1959 y 1962 en varias zonas de la Costa Caribe,
donde se reclamaba la posesin de los playones considerados baldos (Archila, 2005). Esta situacin puede observarse en una relacin de luchas
campesinas ocurridas en los niveles regional y nacional y que para esos
aos alcanzaron cifras nada despreciables.
Frente a estos hechos, la reaccin de los afectados no se hizo esperar.
Los ganaderos lesionados reclamaron acciones encaminadas a proteger
las inversiones en el campo colombiano, que, segn ellos, eran necesarias en ese caso porque la inseguridad estaba afectando notablemente
la produccin agrcola, por lo cual se haca imperiosa una campaa de
autodefensa (El Tiempo, Accin decidida pide la SAC, diciembre 22,
1964); como forma de protesta de los agricultores por la inseguridad
que se ha desatado en el campo colombiano(El Espectador, Contener
la inseguridad en el pas, plantean los gremios agrarios al gobierno,
diciembre 22, 1964).
En el proceso de plena expansin de la ganadera, la seguridad era
considerada como factor primordial de su rentabilidad. No en vano se
expres que La ganadera es un gremio en expansin que requiere ms
crdito, ms asistencia tcnica y sobre todo que se garantice la seguridad
de las inversiones rurales, no solo desde el punto de vista de la seguridad
rural, en cuya bsqueda hemos dado pasos decisivos, como el contrato
con el [Departamento Administrativo de Seguridad] DAS (El Espectador, El crdito, diciembre 21, 1964). Estas posturas de resistencia, previas a la creacin gubernamental de la Defensa Civil (Decreto 3398 de
1965), se justificaban no solo porque se estaba cuestionando un orden
social sino tambin porque estaba en juego la libertad de defensa de un
modo de produccin de desarrollo rural. Por esa razn la SAC reclamaba
como acto legtimo el acto de organizarse en aras de hacer valer el derecho a la vida, el derecho a los bienes legtimos y el derecho a la libertad
de trabajar consagrados en la Constitucin Nacional (El Tiempo, Accin
decidida pide la SAC, diciembre 22, 1964).
08/07/2014 11:01:48 p.m.
Sin embargo, a pesar de la imagen postrada y de poca maniobrabilidad que proyectaban los terratenientes, en las regiones y localidades la
situacin real era todo lo contrario, ya que ellos, con gran influencia en las
instituciones locales como ocurra en Crdoba y Sucre, empezaron a
hacer uso de las vas de hecho al desarticular las colonias de campesinos
con muertes, persecuciones, amenazas y reubicaciones, e igualmente para
evitar cualquier accin del Estado camuflaron sus posesiones dividindolas entre parientes (Negrete, 2007; Bagley y Botero,1978; Reyes, 1978).
Con el paso del tiempo, las tensiones y las vas para tramitarlas se fueron
polarizando. Se recuerda un hecho que tuvo lugar en 1963, cuando los
terratenientes, frente a cierto aval que el Incora otorgaba a las reclamaciones campesinas, acudieron a abrir las compuertas de los canales para
inundar los terrenos de los colonos, e incluso empezaron a armar a matones privados (citado por Archila, 2005). Asimismo, hicieron uso de sus
relaciones con las instituciones del nivel local para paralizar el curso de
la reforma, a tal punto que en 1964 el gobernador de Crdoba, Germn
Bula, advirti que el Proyecto Crdoba No. 2 se encontraba entorpecido
porque algunas de las propiedades del senador Miguel Garca Snchez
eran afectadas (El Tiempo, El Senado debate sobre el Incora, diciembre
10, 1964).
Esta incidencia en el nivel estructural se debe, como sealamos al
inicio del presente artculo, a la presencia diferenciada del Estado colombiano y la consiguiente posibilidad de una postura selectiva de los
representantes frente a las directrices del gobierno central, pues muchos
de los ganaderos cordobeses tambin ejercan como intermediarios entre el nivel central y la regin. Por esta razn, muchas de las instituciones locales y regionales estaban bajo su influencia poltica o de la clientela de su gamonal, quien, generalmente, era tambin un terrateniente.
En estas circunstancias, no debe extraar que se hayan emitido decretos
gubernamentales enderezados a salvaguardar de las invasiones a ciertas
propiedades, bajo el barniz de evitar la alteracin del orden pblico.
Por lo cual se prohiban, hasta nueva orden, las manifestaciones, reuniones o desfiles pblicos en el territorio del Departamento (Decreto
No. 00039, Archivo Departamental de Crdoba, Decretos de gobierno,
enero-agosto, 1964).
Igualmente, estas acciones encontraron respaldo en el nivel central.
Personas como el entonces ministro de Guerra informaban a la ciudadana que la accin cvico-militar sera extendida a todo el pas y auguraban
un mejor ao para 1965 (El Espectador, A todo el pas ser extendida la
08/07/2014 11:01:48 p.m.
accin cvico-militar: Minguerra, diciembre 20, 1964). Con esta iniciativa se autorizaba y legitimaba la conformacin de grupos privados para
defenderse de las amenazas a la propiedad rural. Y es que este tipo de
repertorios de protesta representaba, para el terrateniente, un atentado
contra el ejercicio de un derecho inalienable como es la garanta de la
propiedad privada, el derecho a trabajar y usufructuar el fundo. Por eso
se haca necesaria una accin expedita, ya que
Una invasin requiere una accin inmediata, porque se est violentando un derecho de propiedad. Ah no hay nada que alegar. Lo que haya que alegar se alega
desde afuera, y ya es un derecho que pueda tener una persona sobre determinada
propiedad, y resulta que aqu se pasaba deliberadamente a la etapa policiva para
entrar a una etapa de juzgado que era interminable y nunca se acab (Entrevista
a Arturo Vega Snchez, julio 4, 2009).
No obstante las anteriores medidas, algunas personas del Establecimiento, as como polticos, consideraron que eran necesarias ms acciones represivas. Por eso se procedi a expedir el Decreto 3398 de 19656, a
fin de que los terratenientes pudieran conformar y organizar grupos de
autodefensa encaminados a realizar tareas exclusivas de la Fuerza Pblica, en aras de la preservacin del orden pblico: de esa manera se delegaba una de las funciones primordiales del Estado y, de paso, se posibilitaba
el empleo de cualquier medio para derrotar al adversario (Pcaut, 1987;
Romero, 2003).
Para ese entonces, el presidente Guillermo Len Valencia (1962-1966)
abogaba por la imperiosa necesidad de pacificar el territorio colombiano
frente a las escaramuzas remanentes de la Violencia. Afirmaba que uno
de sus deberes era dejar el pas pacificado [] Nos ha tocado una etapa muy difcil. A m se me pidi al iniciar mi periodo de gobierno que
pacificara la Nacin (El Tiempo, Dejar al pas pacificado diciembre
13, 1965), por lo cual consideraba que la movilizacin y la defensa civil,
por su importancia y trascendencia, deben ser ampliamente conocidas
por la poblacin colombiana, ya que tales aspectos competen a la Nacin
6
A esta altura de las cosas, cabe anotar que en el rgano legislativo colombiano ya haba
adelantado un largo debate y ciertas proposiciones para organizar una Defensa Civil, por
lo cual el Decreto 3398 no debe ser considerado como una iniciativa propia del Ejecutivo
colombiano sino como una respuesta a una serie de peticiones provenientes de varias
regiones. En Bandoleros, gamonales y campesinos, Snchez y Meertens (2006) ilustran estos
debates de forma clara y subrayan que ciertos gremios y haciendas promovan planes para
la dotacin de armas y la conformacin de grupos de autodefensa.
08/07/2014 11:01:48 p.m.
entera y no son de incumbencia exclusiva de las Fuerzas Armadas. El

mandatario recordaba entonces que la participacin en la Defensa Civil
era permanente y obligatoria para todos los habitantes del pas (Archivo
Departamental de Crdoba. Decreto Legislativo No. 3398 de 1965).
En opinin de los ganaderos y la administracin de Valencia, el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965 fue estimado como una herramienta
necesaria y eficaz enderezada a restablecer las alteraciones del orden
pblico que azotaron a las zonas rurales del pas (el abigeato, el secuestro y, claro est, las invasiones de predios). Esta medida exterioriz, a
mediano plazo, un imaginario donde cualquier va era legtima para
preservar un orden regional. En otras palabras, se auspici la creacin
de grupos de autodefensa favorables a aquellos grupos con podero
econmico, influencia poltica y capacidad organizativa. As las cosas,
esto pudo fomentar la creacin de grupos privados auspiciados por
los ganaderos, dado que ellos constituan el grupo hegemnico en la
regin cordobesa. Y si bien la influencia de la doctrina de la Seguridad
Nacional se presentaba ms en el nivel ideolgico, su efecto simblico
proyect una visin segn la cual las guerrillas revolucionarias eran
parte de la estrategia del comunismo internacional, mientras la idea
del enemigo interno como amenaza principal se materializaba en los
grupos guerrilleros y las reivindicaciones sociales (Leal, 2002; Romero,
2003; Richani, 2007).
Contradicciones del reformismo y reaccin terrateniente

frente a la organizacin campesina
En la administracin de Lleras Restrepo (1966-1970) se imprimi un
nuevo impulso a la reforma y la organizacin campesinas. En cuanto al
primer asunto, se impuls la Ley 1 de 1968, que buscaba acelerar la reforma agraria y la adjudicacin de tierras. Respecto del segundo, se le dio
reconocimiento a la organizacin campesina, la Asociacin Nacional de
Usuarios Campesinos (Anuc), con el objeto de aglutinar a este sector a fin
de canalizar sus reivindicaciones frente al poder central y la misma sociedad (Reyes, 1978; Bagley y Botero, 1978; Gilhods, 1990a; Kalmanovitz,
1998). No en vano para esos aos empieza a incrementarse la protesta
campesina, as como a implementarse la invasin de tierras en el sentido
de repertorio reivindicativo (Tabla 1).
De inmediato las crticas y cuestionamientos de los posibles afectados
saltaron a la palestra. Bien fuese mediante editoriales de prensa, discur-
08/07/2014 11:01:49 p.m.
Tabla 1
Luchas sociales por actores

Aos
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Cvicos
9
39
19
33
20
26
25
29
25
23
14
45
22
44
28
31
70
177
114
95
130
96
92
71
107
119
Campesinos
4
20
7
14
4
7
3
1
6
8
6
13
24
365
32
20
52
75
32
29
23
67
70
73
82
110
Asalariados
11
57
47
46
48
77
89
94
113
74
49
64
67
56
75
63
107
246
139
158
86
62
72
131
141
121
Estudiantes
14
19
20
16
22
29
32
28
34
16
39
61
49
65
52
32
40
208
194
114
86
75
87
77
57
52
Indgenas
1
1
3
1
4
3
11
3
3
1
Fuente: Mauricio Archila (2005). Elaboracin propia.
sos polticos y otros conductos, los dardos se hicieron sentir. El escritor

costeo Rafael Yancs Pinedo estimaba que no era posible entregar a
campesinos pobres tierras explotadas adecuadamente [] Era absurdo
despojar a los actuales y laboriosos ganaderos para entregar los fundos
a millares de campesinos desnutridos, analfabetos, viciosos, alcohlicos,
perezosos, parasitados (citado por Cepeda y Rojas, 2009).
Igualmente, el dirigente lvaro, quien desconfiaba de la intervencin
del poder central, consideraba que si el campesino tena derecho a la tierra, el propietario lo tena a defenderla (citado por Romero, 2003). Otro
08/07/2014 11:01:49 p.m.
dirigente reconocido, el senador conservador Miguel Escobar Mndez,

declar que la hostilidad campesina destruy el antiguo orden y que el
temor se haca presente al visitar las haciendas, por el envalentonamiento de los campesinos alrededor de las tierras prometidas por Lleras Restrepo (ib.).
Cmo se preserv y protegi la posesin por parte de los grandes
propietarios? De qu manera eran contenidas las prcticas que atentaban contra la gran propiedad? Cules fueron las estrategias? Cmo se
organizaron?
Con la organizacin del campesino y el consiguiente incremento de
las invasiones a las fincas empez un poco el origen de esta vaina: el paramilitarismo, en la forma de proceder. Y la autoridad tambin ayud, los
estamentos militares y policivos, hubo mucha sangre (Entrevista a Hctor Lorduy, julio 24, 2009). Y si bien en ningn momento se puede hacer
una analoga con el tipo de organizacin y estructuras que irrumpen en
los aos ochenta y noventa, s estaban presentes pequeos grupos que se
caracterizaban por ser
pequeas escuadras de no ms de cinco personas que le cuidaban y velaban por
la tierra del terrateniente, unos celadores con machete que daban la vuelta para
que no se les metieran, cuando se les metan llamaba al patrn y el patrn hablaba
con el alcalde y el alcalde mandaba un contingente de polica y ah era donde se
formaba el lo, porque se mandaba a hacer el mandado, se maltrataba a la gente.
Y eso mismo se vea en el espacio urbano (ib.).
En esta misma lnea aparece el relato de Garca Ordez, quien sostuvo que los terratenientes defendieron la hacienda a punta de amedrentamiento directo con la Fuerzas Armadas o con fuerzas ilegales. Algunos
campesinos sufrieron la crueldad de asesinatos y eso, y otros campesinos,
sencillamente despavoridos, se fueron (Entrevista a Jos Garca Ordoez, julio 4, 2009). Garca agreg que esas fuerzas ilegales estaban conformadas por matones a sueldo, pues la defensa de la hacienda estaba
compuesta por una multiplicidad de actores y elementos mediante los
cuales se logr sortear dicha amenaza.
Segn su descripcin, esos distintos elementos reflejan una capacidad
organizativa y de coordinacin entre los agentes estatales y las autodefensas, gracias a su influencia en las instituciones locales, como se ha expuesto anteriormente:
08/07/2014 11:01:49 p.m.
Las fuerzas ilegales bsicamente eran matones a sueldo, y las fuerzas legales eran a
las que los hacendados recurran al Estado para que defendieran sus tierras en peligro de invasin; entonces, utilizaban al Ejrcito o a la Polica. Al Ejrcito en caso
extremo, porque eso era cuestin meramente policial, pero en casos extremos de
orden pblico utilizaban la fuerza del Ejrcito Nacional. Pero bsicamente eso era
una cuestin policial y sobre todo tambin con las distintas organizaciones del
Estado. Como bien tenan acceso los terratenientes, ellos solicitaban al alcalde
proteccin, solicitaban a las autoridades del Estado tambin proteccin. Entonces
ellos all, la reaccin era de tipo legal o de tipo ilegal. (ib.).
La lgica organizativa y la accin correspondiente estaban determinadas por el objeto de mantener y garantizar la posesin de la tierra, as
como la preservacin del orden social vigente. Es decir, haba una estrategia clara de control territorial en la cual estas estructuras deban ser interpretadas como una expresin de demanda de privatizacin de la justicia
encaminada a tramitar y resolver problemticas y rigideces sociales. En
este caso, la zozobra se expresaba en la reivindicacin campesina por la
tenencia de la tierra y en una incipiente presencia insurgente, materializada con el Ejrcito de Liberacin Popular (EPL). En ese contexto conflictivo, las pequeas estructuras creadas para enfrentar esas discrepancias
no tenan ni el objetivo ni la capacidad de expandirse e, inicialmente, se
mantenan subordinadas a los miembros de la Fuerza Pblica, los terratenientes y la clase poltica tradicional.
Por otra parte, hay que sealar que no todas las acciones de resistencia contemplaron las vas de hecho sino que muchos de los polticos y
terratenientes se apoyaban en sus redes de poder locales y regionales para
obstruir los procesos de expropiacin y de adjudicacin. Como muchos
de esos terratenientes tenan familiares en gobernaciones o alcaldas
cuando ellas no estaban directamente en sus manos, era fcil lograr que
en esas instancias decisorias se emitieran decretos y normas para su beneficio. As aparecieron resoluciones enderezadas a restablecer el orden
pblico y evitar cualquier clase de asociacin por parte de los campesinos, a fin de contrarrestar las invasiones. No en vano, en 1967, en Montera se emiti un decreto que estableca que ninguna persona poda intervenir en la difusin de noticias, informaciones y propagandas radiales
o escritas susceptibles de crear alarmas, afectar la tranquilidad pblica o
dificultar el pleno restablecimiento del orden (Archivo Departamental de
Crdoba, Decreto de gobierno nmero 000197, mayo-octubre, 1967).
Pero el hecho ms diciente, y que evidencia la relevante postura selectiva de los poderes regionales y locales, fue la adopcin en 1967 del
08/07/2014 11:01:49 p.m.
Decreto 3398 de 1965. En esa oportunidad el entonces gobernador encargado orden que se designaran juntas de Defensa Civil enderezadas a
evitar cualquier alteracin del orden pblico:
Que para organizar en el departamento de Crdoba los planes de la defensa se
hace necesario designar varios ciudadanos que en coordinacin con las autoridades civiles y militares desarrollen actividades y trabajos que aseguran un clima
de confianza dentro del cual se propenda por el bienestar y la proteccin de los
asociados, y que, a la vez, sean garanta del mantenimiento del orden jurdico y la
tranquilidad ciudadana. Nombrados: Jairo Garca, Enrique Martnez Lara, Rafael
Daz, Ral Haddad, Alberto Jaramillo, lvaro Espinosa, Jos Taboada y Alfonso
Sotomayor (Archivo Departamental de Crdoba, Decreto de gobierno nmero
00312, 1967).
Y precisamente estos ilustres ciudadanos, nombrados para presidir dichas juntas, han hecho parte de la elite local y hoy da lo siguen haciendo,
as como tambin tienen intereses sobre la tierra de Crdoba. Apellidos
como Garca, Garcs, Vega, Burgos, Martnez, Cabrales, Lara, etc., son
reconocidos por ser parte de las familias blancas que por dcadas han
mantenido el monopolio de la tierra en la regin cordobesa.
Paralelamente, esos esfuerzos fueron fortalecidos en el nivel nacional
por sectores conservadores ligados a intereses agrcolas, los cuales buscaban opacar la imagen del esfuerzo reformista, al tildarla o calificarla
de comunista, demaggica o como la causa primaria de las malas condiciones sociales del pas. En referencia a este punto, Pcaut seala en sus
crnicas que en el ao de 1969

Doa Bertha Hernndez de Ospina Prez, esposa del expresidente y personaje
poltico muy importante, no vacil en declarar que la reforma agraria es comunista. Los sentimientos de los partidarios de lvaro Gmez Hurtado no son, por
lo general, ms favorables al Incora. En un debate en julio de 1970, Raimundo
Emiliani Romn, senador del departamento de Bolvar y uno de los principales
dirigentes del conservatismo independiente, present la reforma agraria como
responsable del desempleo existente (Pcaut, 1987).
En este orden de ideas, a las vas de hecho se sum una fuerte crtica
a la accin reformista, al buscar ligarla a ideas comunistas o a intereses
oscuros o demaggicos. Por ltimo, los ataques tambin se dirigieron
contra las instituciones de la Reforma. Para esos aos la SAC sostena
08/07/2014 11:01:49 p.m.
que el Incora haba creado inseguridad. En su comunicado consideraba

que la aplicacin de la reforma agraria, en lo que concerna a aparceros y
arrendatarios, haba trado al campo colombiano inseguridad econmica
y social, por lo que peda una revisin de la poltica (El Tiempo, El Incora
ha creado inseguridad, julio 18, 1968).
El freno al reformismo y la radicalizacin campesina.

Polarizacin entre el campesinado y los terratenientes
El siguiente periodo se inaugura con una inusitada ola de movilizaciones e invasiones adelantadas por el movimiento campesino ante el poco
avance de la reforma y las ilusiones malogradas (Tabla 2), en las cuales
intervinieron sobre todo las organizaciones de la Costa Caribe, con gran
acento en los departamentos de Crdoba y Sucre. De forma inmediata se
prendieron las alarmas de los lderes regionales, quienes pensaron que
estaban ad portas de un proceso revolucionario en el campo. Frente a
tales inquietudes, el nuevo gobierno conservador (Misael Pastrana Borrero, 1970-1974) respondi con una legislacin que buscaba frenar las
presiones y poner en cintura a la organizacin campesina. Para ello se estableci el Acuerdo de Chicoral y se emitieron las leyes 4 y 5 de 1973, que
desafectaban de la reforma a las explotaciones ganaderas, al tiempo que
optaban por una produccin agroindustrial que desviaba los recursos,
la asistencia y las polticas agropecuarias hacia este tipo de produccin.
En palabras de Mauricio Uribe, as se constituy el sesgo anticampesino
del modelo de desarrollo rural (Uribe, 2011), con la excusa del rotundo
fracaso de la Reforma, que habra llevado a una baja productividad del
campo colombiano.
Esto provoc la divisin de la Anuc en dos alas: la opositora (Sincelejo) y la cercana al gobierno (Armenia), al tiempo que legitimaba la
represin (desalojos, encarcelamiento y asesinatos) de los terratenientes y
la fuerza pblica en contra de la lnea disidente. No en vano, en el periodo
1971-1980 las detenciones arbitrarias de personas no bajaron de 3.900
por ao (Romero, 2003). Sobre todo en la Costa Caribe y particularmente
en Crdoba y Sucre, donde el ala radical de la Anuc contaba con mayor
capacidad de organizacin y repertorios.
Indudablemente, el resultado de esta represin produjo un fuerte debilitamiento del movimiento campesino, tanto en el nivel nacional como
en el regional, pues no solo se desconocieron reivindicaciones histricas
sino que se criminaliz la protesta y sus repertorios, y, de paso, constituy
08/07/2014 11:01:49 p.m.
una gran victoria de los propietarios, que lograron arrancar nuevas ventajas ms all del proyecto original del gobierno (Pcaut, 1987; Reyes,
1978; Negrete, 2007; Zamosc, 1987).
No obstante, las medidas represivas no lograron tranquilizar del todo
a los empresarios agrcolas afectados, quienes prosiguieron sus esfuerzos
en procura de la privatizacin de la justicia, a fin de enfrentar con mayor
efectividad las tensiones y problemticas. Ahora no solo estaban amparados en un discurso que relacionaba al movimiento campesino con el
comunismo, el socialismo o la demagogia, sino que tambin lo ligaba a la
insurgencia armada, a la cual estimaba como su prolongacin.
Radicalizacin campesina: represin estatal y

resistencia terratenientes
En contraste con los avances de la organizacin campesina, que haba
cerrado el decenio anterior con cierta victoria, las posturas del nuevo
gobierno hacia el movimiento se combinaron con errores estratgicos en
los clculos de los lderes del movimiento, interesados en radicalizarlo.
Esto se evidenci en la ola de invasiones de tierras desplegada en 1971,
durante el cual alcanzaron su tope ms alto, con un registro de casi 645 en
amplias zonas del territorio nacional (Archila, 2005) y cuyo epicentro se
localiz en Sucre y Crdoba, departamentos que en 1971, considerado el
ao el ms crtico, registraron cerca del 21% del total de las invasiones de
escala nacional (Tabla 2).
Por ese motivo, ese mismo ao el gobierno departamental cre dos
comisiones de verificacin para las haciendas de Petaca, San Jos y Nueva
Espaa (San Antero), Centenario (Montelbano) y La Catas (Ayapel), que
haban sido invadidas por campesinos de las respectivas regiones (Archivo Departamental de Crdoba, Decretos de Gobierno, mayo-julio, Nos.
396 y 466, y Decreto de Gobierno, septiembre-diciembre, No. 758). Un
comunicado de las directivas del movimiento campesino expresaba su
inconformidad a causa de la poca voluntad poltica mostrada por la administracin de entonces ante el problema, lo que llevaba a considerar la
expropiacin de la tierra por las vas de hecho como la nica alternativa
para hacerse a la tierra.
En ese entonces algunos sectores de la opinin pblica respaldaban
dicha postura, pues estimaban que los campesinos estaban ahora en un
nuevo estadio histrico, ya que haban adquirido la capacidad de exami-
08/07/2014 11:01:49 p.m.
Tabla 2
Invasiones campesinas a tierras por departamento

Departamento 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Total
Sucre
60
11
Huila
69
17
Crdoba
80
Magdalena
90
Antioquia
31
Bolvar
54
Tolima
12
43
Cauca
32
Meta
10
24
30
Csar
Cundinamarca
26
Atlntico
17
Casanare
23
Santander
15
Caldas
63
27
103
24
67
199
112
2
49
44
33
45
25
23
2
23
11
N. Santander
Quindo
Boyac
La Guajira
Nario
Caquet
Risaralda
14
14
13
6
2
645
66
63
11
13
47
107
Choc
10
Valle
Total
24
2
54
51
123
70
15
20
1.031
Fuente: tomado de Len Zamosc (1987). Elaboracin propia.
nar su condicin y adquirido una cierta conciencia de clase (Thompson,

1979), dada su condicin histrica de explotados:
[] han dejado de ser la criatura que se conformaba con una manta y un pellejo
de res para descansar en la noche bajo un techo de pajas, despus de una jornada agotadora al servicio de los grandes propietarios de la tierra. Esta criatura ha
cambiado de motivacin y propsitos [] Esta imagen de campesino que solo
08/07/2014 11:01:50 p.m.
debe ser labriego, ha desaparecido. Puede ocurrir que el terrateniente tenga la

impresin de que la peonada se le ha escapado de las manos [...] Estamos ante un
cambio, un resquebrajamiento de viejos hbitos y sistemas. Ante un campesino
rebelde que demanda la justicia social que le corresponde (El Tiempo, 13 de septiembre, 1970).
Frente a este desarrollo del campesinado colombiano, las alarmas y

clamores de propietarios rurales, polticos regionales y algunas agremiaciones no se hicieron esperar, todos ellos motivados por la agudizacin de
las tensiones luego de la ola de invasiones que se adelantaron no solo en
Crdoba sino tambin en otros territorios del pas. De hecho, las quejas se
elevaron al unsono, pues la situacin que padeca el pas haca prever que
se estaba a las puertas de la pauperizacin del sector rural como resultado de las polticas y decisiones tomadas alrededor de la cuestin agraria.
Estas ideas quedaron retratadas en la intervencin del entonces senador
conservador, Raimundo Emiliani Romn, quien hizo fuertes ataques al
Incora, por promover una poltica ruinosa en el sector rural. De paso,
atac a la prensa por no visibilizar este proceso (El Tiempo, julio 23 y 24,
1970). Resalt que haba una perturbacin al orden pblico, que cada da
se alarga ms por los resultados de una poltica exclusivista (ib.). En referencia al Incora, lo acus de estar creando graves problemas sociales en
vez de solucionarlos y que sus actuaciones se han desarrollado de manera
ficticia por medio de la demagogia. Anteriormente se haba formado una
casta importante, capacitada para las labores agrcolas y que ahora estaba
siendo perseguida. En el campo solo estn aquellas personas que pueden
defenderse del peligro que hoy domina esas zonas (ib.).
Esta situacin era interpretada por varios congresistas entre ellos el
senador Hugo Escobar Sierra como una expresin complotista. Escobar
sostena que esta serie de movilizaciones estaba impulsada por intereses
oscuros asociados a ideas subversivas que requeran una accin directa
del Estado. Se lleg al punto de que un parlamentario del departamento
del Atlntico invitara a todos los propietarios rurales de esa regin colombiana a defender su posesin con las armas (El Tiempo, octubre 14 de
1971; Pcaut, 1987). El gremio ganadero sum su voz de protesta para sealar que el campo colombiano estaba siendo abandonado por las gentes
de bien, que se sentan sumergidas en la zozobra reinante, y para vaticinar
que, en caso de continuar as las cosas, los resultados podran ser inesperados e imprevisibles. De ah su llamado a que los miembros del gremio
cerraran filas y asumieran la situacin ellos mismos,
08/07/2014 11:01:50 p.m.
para defender principios como el de la propiedad privada, que al parecer de ellos,

est gravemente amenazada. Ganaderos reconocidos, como Argemiro Martnez,
sostuvieron que la reforma tena como objetivo principal arrancar al hombre de
la tierra que trabaja y llevarlo a la ruina. A la clausura expusieron un acta donde
se invita a los gremios de la produccin a presentar un frente unido para defender
los principios que consagra el derecho natural como el de la propiedad privada, la
cual debe ser mantenida invulnerable, ya que su quebramiento o destruccin llevara al pas a situaciones lamentables e imprevisibles consecuencias (El Tiempo,
septiembre 25 y 26 ,1970).
Las anteriores formulaciones fueron una prediccin, pues nuevamente empez a ejercerse la violencia contra el movimiento campesino,
el cual, como corolario, estaba empezando a ser asociado a la insurgencia armada. Alfonso Jaramillo le adverta al presidente Pastrana Borrero
que la violencia no iba a hacerse esperar si no cambiaba la situacin de
la escasa seguridad con que contaban las inversiones en el campo, especialmente aquellas representadas en tierras adecuadamente explotadas.
En el parecer de los propietarios, todo eso era una campaa sistemtica
orquestada por la subversin para buscar el enfrentamiento en los campos, que desembocara en una nueva violencia (El Tiempo, septiembre
27,1970).
El gobierno central tom atenta nota de los reclamos y recomendaciones de los jefes polticos y los grandes ganaderos, lo mismo que de
sus representantes en el poder legislativo nacional, quienes expusieron
tambin la grave situacin por la que estaba atravesando el campo
colombiano, cuyas condiciones iban en detrimento de la produccin
agropecuaria a gran escala. Por lo dems, hay que tener en cuenta que
el movimiento campesino nunca haba sido visto con buenos ojos por el
mandatario conservador, quien lo estimaba como una amenaza al predominio histrico del conservatismo en el espacio rural colombiano.
Para el presidente Pastrana, la Anuc era la punta de lanza del Partido
Liberal en un espacio de dominacin tradicionalmente conservador, y
ella deba ser contenida (Zamosc, 1987).
El Ejecutivo termin por asumir entonces una estrategia coercitiva
frente al ala radical del movimiento (Lnea Sincelejo), la cual se tradujo
en el despliegue de una represin desmedida que incluy encarcelamientos masivos y muertes de lderes campesinos. La situacin fue aprovechada por los grandes terratenientes, quienes, a su vez, desplegaron sus
ejrcitos privados y la fuerza de los proyectiles para proteger sus fundos.
08/07/2014 11:01:50 p.m.
La entrada en escena de grupos de autodefensa y

escuadras de matones
Al amparo de semejante contexto nacional y regional, los grandes propietarios encontraron el terreno allanado para emplear las vas de hecho
en contra del movimiento campesino, lo cual ocasion, tanto la prdida
de importantes lderes regionales y nacionales como la desarticulacin
de la organizacin campesina. La situacin era propicia para que toda
persona o grupo que invadiera una propiedad se enfrentara, tanto a
la persecucin de las bandas organizadas por el propietario lesionado
afectado como a la misma fuerza pblica, ya que la creciente polarizacin y la exaltacin de los antagonismos facilitaron que el uso de la
violencia para defender la posesin de la tierra fuera cada vez ms aceptado. Por eso, tanto en el nivel nacional como en el regional, distintos
medios de prensa registraban entonces heridos y muertos en las tomas
de tierras. En 1971 hubo diecisis heridos en una invasin (El Tiempo,
noviembre 15, 1971) y en el departamento de Magdalena un invasor fue
muerto de un disparo por un ganadero, por haber tomado posesin de
una porcin de tierra:
Un invasor fue muerto de un disparo de carabina en la regin abdominal, en la hacienda Oro Blanco, de propiedad del ganadero Arcesio Villa Jaramillo, en el corregimiento de Menechiqueo, municipio de El Banco [...] La vctima fue identificada como
Emilio Jos Ospino, de profesin agricultor, de 45 aos [...] haba tomado posesin de
las citadas tierras en compaa de treinta invasores ms y procedi a instalar ranchos
de guadua [...] La situacin sigui en tirantez y ayer Villa Jaramillo se arm y pidi que
le desocuparan sus tierras, pero fue interpelado por Ospino, motivo por el cual ste
dispar su arma en contra del invasor, que le caus la muerte en forma inmediata (El
Tiempo, noviembre 17, 1971).
En los Llanos Orientales se lleg a denunciar al gobernador de Boyac

por parte de algunos usuarios campesinos, quienes sealaron que se estaba adoptando un plan de seguridad llanera frente a la perturbacin del
orden pblico por las invasiones y el abigeato. El objetivo era dar seguridad a los ganaderos, controlar invasiones de tierras que estaban debidamente explotadas y lograr una pronta y debida aplicacin de la justicia, a
fin de ofrecer seguridad a todos los que quisieran trabajar respetando la
ley (El Tiempo, enero 26, 1973).
Hechos similares se registraron tambin en Crdoba y en su capital,
Montera. En una conversacin que sostuve con un reconocido comer-
08/07/2014 11:01:50 p.m.
ciante y ganadero de la regin, ste relat la manera como se defenda

de las invasiones de los campesinos, as como el tipo de ayuda que haba
recibido del gobierno local. En referencia a los sucesos y a los mtodos
empleados seal:
Qu iban a hacer? El nico que se rebel varias veces con la metra en la mano
fui yo, defendiendo la de Salvador ah, y la Polica dijo que daba los policas que
yo necesitara. Y el que ms me ayudo, hombre [...] que yo fui donde el alcalde
el seor X era el alcalde y le dije: Hombre, seor X, mire, no joda, le estn
invadiendo la finca a mi hermano. Y me dijo: Cmo?. Llam al coronel y le dijo
que inmediatamente tenan que ayudar a desocupar. Pero l fue verraco, verraco.
Cuando despus me vienen a hablar mal del seor X a m, no joda! (Entrevista a
Facundo, julio 26, 2009).
Aunque este caso se podra considerar excepcional, pues quien enfrentaba la situacin era el mismo propietario, tambin tuvieron lugar
casos en los cuales los campesinos llegaban a una hacienda que iba ser
objeto de la ocupacin y de inmediato esta accin se vea frenada porque
el terrateniente tena apostada su guardia personal. Tal es el caso de la
frustrada toma de la hacienda Mundo Nuevo, la cual contaba con una
guardia de treinta hombres armados con carabinas para impedir su paso.
Incluso das despus el propietario en persona advirti a los invasores
sobre las posibles represalias (citado por Fals Borda, 2002).
Simultneamente se procedi a asesinar a reconocidos lderes de la
organizacin. Tal es el caso de Ismael Bertel, quien fue ultimado en su
casa por orden de unos terratenientes, los cuales estaban amenazados por
las invasiones y el trabajo que se vena adelantando en el departamento
(El Tiempo, noviembre 25, 1973; Fals Borda, 2002).
En algunas notas periodsticas y editoriales de prensa se puede apreciar que esta campaa muchas veces en comunin con la fuerza pblica
no tena solamente lugar en Crdoba; su correlato apareci asimismo en
otras regiones del pas, y a pesar de haber sido denunciada por la Anuc,
no recibi la atencin necesaria. Para entonces, Enrique Santos Caldern
denunciaba la persecucin y mostraba cul era el objeto del movimiento
y de sus lderes. No obstante, sus reiteradas denuncias, tanto por medio
de cartas como en comunicados, no recibieron atencin alguna:
En forma concreta se denuncia el asesinato de los campesinos de Anselmo Mendoza (el 8 de diciembre en un predio del Prado, Sucre), Salomn Tuberquia (el 11
de febrero, en Apartad), Rubn Daro Grajales (el 20 de febrero, en Gutica, Risa-
08/07/2014 11:01:50 p.m.
ralda) y Ernesto Correa (el 6 de marzo, en Guamal, Risaralda). Las cartas tambin
informan ampliamente sobre torturas, atentados y encarcelamiento masivo de dirigentes campesinos de Sucre, Antioquia, Crdoba, Csar, Magdalena, Huila, Bolvar
y la intendencia de Arauca. Se trata de denuncias graves y precisas, que poco han
trascendido a la luz pblica y que no estn siendo investigadas, pese a que varios
de los responsables son sealados con nombre propio por la Anuc (El Tiempo, 20
de mayo, 1973).
Tales denuncias ilustran el grado de polarizacin que reinaba y los

mtodos implementados para hacer frente a las prcticas que cuestionaban el orden hacendatario, que por ese entonces caracterizaba no solo a
las zonas rurales de Crdoba sino tambin a otros territorios del pas. De
hecho, la coyuntura, sobre todo en algunos departamentos, se mostraba
dramtica, pues las reivindicaciones no solo estaban presentes en las estructuras econmicas o polticas, sino que tambin haban trascendido
a los planos culturales y sociales. No sobra volver al papel que tena la
corraleja como un espacio en donde se reafirmaban los lazos y jerarquas
sociales en la sociedad sabanera. En ella, los grandes propietarios prestaban sus toros ms bravos para que el pueblo bajara al ruedo a divertirlos
a cambio de un par de billetes, ropa o comida.
No obstante, en los aos setenta, como producto del nimo revanchista de los campesinos, se convirti en un propsito deliberado el saboteo de las tradicionales corralejas del 20 de enero, mxima exhibicin
pblica del poder de las elites ganaderas. Los nimos de venganza de los
grupos excluidos por la nueva poltica agraria y educativa obtuvieron su
revancha en el terreno simblico y material cuando las corralejas fueron
suspendidas en Montera en 1971, luego de que el pblico descuartiz y
se comi tres toros donados por los ganaderos y despus apedre el palco
de la Junta e incendi otros. La historia se repiti en Sahagn, Ceret y
Cinaga de Oro unos aos despus, cuando gentes de los barrios perifricos de Montera se trasladaron a estas ciudades y apedrearon buses,
lanzaron tierra a los palcos y sacrificaron los animales (El Espectador,
enero 9, 1974; citado por Romero, 2003).
En estas acciones la fuerza pblica no se mostraba como un garante del
orden sino que tomaba partido contra la movilizacin y la reivindicacin
de los campesinos. Por tal razn no era extrao que se registraran heridos
en sus filas, y asimismo campesinos asesinados: Dos personas murieron
y dos agentes de la polica resultaron heridos a garrote y machete en dos
incidentes registrados en Sucre [] Los campesinos se haban presentado
08/07/2014 11:01:50 p.m.
a la finca Buenavista, propiedad de Miguel Espitia, con el objeto de correr

la cerca, pues alegan que esas tierras les pertenecen [...] El comandante de
la polica, coronel Jorge Pineda, precis que treinta campesinos fueron capturados [y] se hall numerosa propaganda subversiva (El Tiempo, 23 de
mayo, 1973). Orlando Fals Borda (2003) tambin relata los choques: Ocurre una serie de incidentes entre campesinos y carabineros de Chucurb,
donde se lucha por los playones de la cinaga Wilches. Uno de los policas
es macheteado y varios trabajadores caen heridos a bala: Te doy un bao e
plomo, le contest el campesino; Y yo te dar un bao e rula.
En respuesta al freno reformista, a la violencia y a la represin oficial, el campesinado emprendi una nueva ola de invasiones de tierras
(ver Tabla 2), as como la emisin de comunicados que denunciaban los
distintos brotes de violencia (El Tiempo, 14 de octubre, 1971; 3 de noviembre, 1971; 17 de enero, 1972; enero 26, 1972). Por otro lado, para ese
entonces el campesinado empez a contar con el apoyo de un nuevo actor
en la arena nacional: los grupos insurgentes, que buscaban representar
las reivindicaciones de algunos sectores populares. En el presente estudio
de caso, el grupo con mayor presencia en Crdoba era el EPL, que apoy
algunas movilizaciones y tomas de tierras en las partes altas del Departamento. Su influencia se deba a que logr incrustarse en las viejas problemticas sociales de la regin, que ahora resurgieron con el recuerdo de
los procesos de la Violencia de los aos cincuenta y los fracasados planes
de rehabilitacin de los distintos gobiernos. Sin embargo, este apoyo condujo tambin a que el movimiento campesino empezara a ser asociado y
ligado a la imagen del peligro comunista.
La situacin tuvo importantes consecuencias, no solo en esos aos
sino tambin en los siguientes, porque la autodefensa terrateniente se vincul con la lucha contrainsurgente una vez empez a asumirse que el movimiento campesino formaba parte o era una mera prolongacin de los
grupos guerrilleros. Esa asociacin haca que la respuesta armada fuera
considerada una va legtima y razonable, como se evidenciaba en una de
las tantas cartas que informaban sobre la violencia de los terratenientes
contra los campesinos y que sealaban que los gremios agropecuarios estaban incentivando una nueva etapa de violencia en el pas, por sus inescrupulosas acciones de armar a personas para enfrentar a los campesinos
(El Tiempo, 2 de octubre, 1970).
Las denuncias por los excesos y acciones arbitrarias salpicaban hasta
al mismo alcalde de Montera, Oscar Haddad. En una accin de desalojo la fuerza pblica maltrat a ms de cien campesinos sin que existiera
08/07/2014 11:01:51 p.m.
mandato judicial, violndose en esta forma la ley y configurndose as

el delito de abuso de autoridad por parte del alcalde. Adems, la polica caus atropellos a los campesinos y decomis los alimentos que
tenan, lo mismo que los utensilios de cocina y de trabajo. Finalmente
les destruyeron algunas viviendas que haban establecido y cultivos (El
Tiempo, 23 de julio, 1972).
Expuestas estas modalidades de accin violenta, conviene anotar la
existencia de algunos puntos grises en la accin de los terratenientes cordobeses, porque debe sealarse que la privatizacin de la justicia no fue
una empresa emprendida de comn acuerdo entre toda la elite rural cordobesa. Lo que queremos sacar a la luz pblica es que la agencia de ciertos
sujetos fue materia suficiente para que se creara una experiencia a la hora
de contener unas prcticas que cuestionaban un orden preexistente, y la
demanda de privatizacin de la justicia para resistir a su transformacin.
En esta va se ha querido visibilizar que la accin de estos sujetos de armas tomar, lograron una vocera y una capacidad de accin conjunta,
por cuenta del disgusto de no sentirse protegidos por el Estado, y entonces empezaron realmente a tomar medidas y a hablar y decir las cosas
(Entrevista con Vctor Negrete, 15 de julio, 2008).
La (in)conveniente alianza estratgica con

la insurgencia armada
Reconocer la inexistencia de lazos o contactos entre la organizacin campesina y los grupos armados de izquierda sera desconocer elementos que
hicieron parte del proceso indagado. Histricamente, en el departamento
de Crdoba, el grupo guerrillero de mayor presencia fue el EPL, seguido de las Farc, aunque este ltimo solo aparece all en los aos ochenta,
cuando inicia un proceso de expansin a escala nacional, desde sus zonas
de retaguardia hasta regiones ms integradas a la vida nacional pero con
grandes diferencias econmicas y sociales, como en el caso cordobs.
La presencia del EPL, en cambio, se remonta a la dcada de 1960, y
con mayor precisin al ao 1967, cuando un grupo de intelectuales y estudiantes de Antioquia y Crdoba decidi, no solo apoyar las movilizaciones campesinas mediante la organizacin de las masas sino tambin
por la va de las armas (Villarraga y Plazas, 1994). Producto de la escisin
chino-sovitica, el Partido Comunista Marxista Leninista (PC-ML) organiz su brazo armado y, de acuerdo con sus consideraciones estratgicas, conform sus principales focos revolucionarios en el Valle del Cauca,
08/07/2014 11:01:51 p.m.
la regin del Magdalena Medio antioqueo y las zonas del Alto Sin y
San Jorge, siendo este ltimo lugar el que alcanz mayor xito, debido al
apoyo recibido por parte de viejos guerrilleros liberales, entre los cuales
sobresala Julio Guerra.
Posteriormente ellos lograran insertarse con gran xito en la zona del
Urab antioqueo, donde apoyaran las reivindicaciones de los trabajadores bananeros y los procesos organizativos de las poblaciones campesinas
migrantes, en su mayora expulsadas de las sabanas de Bolvar como resultado de la consolidacin de la hacienda ganadera. Si bien este territorio era inicialmente dominado por el EPL, las Farc entraron a disputarle
el terreno en materia militar y poltica, a tal punto que las dos fuerzas se
enfrascaron en un enfrentamiento armado caracterizado por la comisin
sistemtica de matanzas y asesinatos mutuos (Surez, 2007).
En la dcada de 1990, la importancia alcanzada por la insercin regional de las dos guerrillas determin la trayectoria y las posibilidades que
tuvo la expansin del proyecto paramilitar en el nivel nacional, porque
consolid un propsito que contaba con parmetros claros acerca de la
manera como deba estar constituido el orden social regional bajo lo que
finalmente se denomin como Autodefensas Campesinas de Crdoba y
Urab (Accu).
Al igual que otros grupos guerrilleros, el EPL busc insertarse en las
problemticas y tensiones sociales que bullan en el contexto regional
con el propsito de ganar el apoyo de los pobladores locales y la legitimidad de su orden y su proyecto. Y qu mejor ventana de oportunidad
que incorporar en sus banderas el contexto de finales de los aos sesenta e inicios de los setenta, cuando estaba en marcha la organizacin del
movimiento campesino alrededor de una serie de reivindicaciones que la
guerrilla estaba enarbolando. Dicho escenario era visible sobre todo en
las zonas del Alto Sin y San Jorge, donde acababa de cerrarse la frontera
agrcola sin que hubiera un pleno control social y poltico por parte de las
redes polticas regionales y del mismo Estado central, tal como ocurra en
el norte del Departamento. Esto permiti al EPL ejercer una importante
influencia all donde estaban adelantndose las reclamaciones por la posesin de la tierra. Era evidente que, si bien el departamento de Crdoba
no se caracterizaba por la ausencia del Estado, ella era marcadamente
diferenciada (Gonzlez, Bolvar y Vsquez, 2003), coyuntura que implicaba la existencia de una debilidad infraestructural frente a la solucin de
los conflictos y las tensiones sociales. Eso llevaba a que la tramitacin de
las diferencias se delegara en los poderes regionales y locales, los cuales
08/07/2014 11:01:51 p.m.
utilizaron las vas de hecho y su influencia en la institucionalidad para

contener las invasiones y as sortear el mpetu reformista.
El punto de arranque de este objetivo y los propsitos del grupo quedan ilustrados con el relato de Fabiola Calvo en torno a la situacin que
se viva en esos aos:
era el [momento] de iniciar en serio acciones militares con la participacin de las
masas, canalizar el odio que sentan hacia los terratenientes del rea, quienes por
dcadas venan fustigndolas como presas perseguidas por matones [] Esta vez
el objetivo era un conocido terrateniente y comerciante de San Jorge, propietario
de la Hacienda El Perro [] A diferencia de la primera vez, aqu se present combate; los guardaespaldas del terrateniente se enfrentaron para defenderlo
pero la firmeza y decisin de los campesinos fue grande y permiti que salieran
victoriosos (Calvo,1987).
Estas interacciones se vieron favorecidas porque muchos de los combatientes hacan parte de familias campesinas que en el pasado y el presente
haban sido objeto del despojo y la violencia de los terratenientes. En esos
aos el escenario se caracterizaba por el recurso sistemtico del campesinado a las invasiones, a las cuales los propietarios respondan con la violencia.
Fals Borda (2002) anotaba que los muchachos de la guerrilla del EPL bajan a Mundo Nuevo para visitar a sus parientes y ofrecerles apoyo, especialmente para la vigilancia nocturna y frente a cualquier hecho violento. No
obstante, frente a esta relacin simbitica entre campesinos y guerrilleros
expuesta por Fals Borda hay que tener ciertas precauciones. Tanto de las
entrevistas hechas como de otro tipo de fuentes consultadas se saca la evidencia de que los lazos de relacin entre insurgencia y organizacin campesina no eran directos sino que obedecan a la decisin o al voluntarismo
de ciertos sectores o de miembros radicalizados, quienes, frente a la represin del gobierno y de los propietarios, se volcaron a la insurgencia, sin que
esto implicara en ningn momento que toda la Anuc contemplara dicha
posibilidad. De hecho, estos ires y venires reflejaban una postura dubitativa dentro de esa organizacin, tal como ocurra con otras ms igualmente
influidas por la izquierda en esos aos, cuando no haba una clara distancia
frente a la lucha armada sino cierta ambigedad un tanto difusa. Ese hecho
allan el camino para el ensamblaje de la Anuc y la insurgencia poltica en
una misma amenaza: la organizacin comunista y la lucha armada.
Asimismo, la relacin entre insurgencia y campesinado no estuvo
exenta de tensiones y debates, pues, en el criterio de algunos dirigentes,
08/07/2014 11:01:51 p.m.
las dimensiones que implicaba esta alianza estratgica estaban claras.

Dicha postura qued plasmada en la revista Combate, que adverta sobre
las falencias del grupo guerrillero en materia de direccin del campesinado, pues una cosa eran los lineamientos revolucionarios escritos en el
papel y otra cosa era la prctica:
PC. ML. no ha podido dirigir al campesinado. La liga tiene formalmente un programa que habla de la importancia estratgica del movimiento campesino y la
revolucin agraria, pero en su actividad prctica lo deja totalmente de lado, nunca
se preocupa de sustentarlo ante las masas o los cuadros campesinos. Despus de
haber hecho llamamientos para realizar levantamientos armados all donde mayor desarrollo hubiera alcanzado Anuc (esto hace dos aos), pas a una posicin
de derecha considerando que la organizacin campesina se haba ido demasiado
lejos (revista Combate, citada por Bagley y Botero, 1978).
Por lo tanto, esta alianza (in)conveniente termin yendo en detrimento de los intereses y reivindicaciones del campesinado, debido a que tanto
la insurgencia como la movilizacin campesina fueron enmarcadas en
un imaginario nico: el de la amenaza comunista. La percepcin de los
ganaderos cuando ellos invadieron sus fincas fue la de estar durmiendo
con el enemigo, un enemigo impulsado y envalentonado por los intereses
de la izquierda revolucionaria:
El Moir, despus los grupos comunistas y socialistas del pas, instigaron al campesino a la toma de esas tierras; y los ganaderos, como ya han hecho unos trabajos
sobre esos humedales a travs de terraplenes y de canalizaciones, de obras de bulldozer para arreglar las tierras, comienzan a hacer una lucha contra esos campesinos apoyndose en la fuerza del Estado, en la fuerza policial, porque ellos dicen
que ya no solamente se estn invadiendo las tierras del Estado sino a sus propias
tierras a travs de la intromisin de guerrilleros para asustar al ganadero. Qu
ms haca el ganadero cuando saba que estaba pasando eso? Entonces deca: Estos tipos que se estn metiendo a las tierras me estn trayendo subversin para
poder secuestrar al ganadero, para robarle el ganado, hacerle abigeo, entonces la
situacin de la tenencia de la tierra se trasladaba a hechos delictivos. Entonces era
una confrontacin que se daba con diferentes versiones. La versin campesina era
de la lucha de unas personas sin tierras que deseaban tierras donde trabajar, que
supuestamente eran campesinos sin tierras, que eran campesinos humildes, pero
los hacendados no los vean as, los venan como una forma de traer los huevitos
para empollar los que eran de la guerrilla; adems, estos vecinos incmodos les
robaban ganado, daaban los cultivos y las cercas (Entrevista a Jos Garca Ordez, 4 de julio, 2009).
08/07/2014 11:01:51 p.m.
Represin e ilegalizacin del movimiento campesino desde

el poder central, y su consiguiente radicalizacin
Como se ha venido sugiriendo, la postura del Estado central dio un giro
con la llegada al poder de Pastrana Borrero, que se tradujo no solo en
una mayor expulsin del campesinado de sus fundos sino tambin en la
criminalizacin de su principal repertorio y la ilegalizacin del ala radical (Lnea Sincelejo). A tal punto, que se denunciaba que con la postura
del gobierno de turno que no vea con buenos ojos las exigencias de
Lnea Sincelejo se estaba ad portas de que en el escenario nacional hubiera dos tipos de campesinos: los legales y los ilegales. Unos contaban
con la bendicin institucional y otros con la represin (El Tiempo, 20
de mayo, 1973).
En esta direccin empezaron los encarcelamientos masivos e inclusive las muertes de algunos miembros de la organizacin a manos de la
fuerza pblica, a consecuencia de la intervencin desmedida para impedir las tomas de tierra o expulsar a los invasores. Ejemplo de lo anterior
fue la detencin hecha por la polica de trescientos ochenta campesinos
del Bajo Sin, quienes fueron acusados de ocupar fincas situadas en la
jurisdiccin de Lorica y San Bernardo del Viento, especficamente las fincas La Ganga y El Tomate, de propiedad de David Manzur y Lawamdios
Barguil (El Tiempo, 21 de octubre de 1971)7.
Otro relato deja entrever el mismo tratamiento de los miembros de la
fuerza pblica frente a las invasiones de esos aos:
Ese mismo da entr la represin, volvimos a entrar y nos echaron gases lacrimgenos. Mientras tanto nos golpearon a una compaera [...] Entramos otra vez el
jueves y [...] lleg la polica echando gases lacrimgenos [] En medio del humo
comenzaron a disparar, asesinando al compaero Toms Surez Carpio e hiriendo
gravemente al compaero Vctor Murillo, a quien atravesaron el estmago con un
tiro de carabina [] El da de la toma ramos 74 campesinos y cinco policas. Si no
nos hubiramos regado por el monte nos hubieran matado ms (Entrevista a un
campesino del Comit, citada por Reyes, 1978).
Esta postura del gobierno central estuvo acompaada de una nueva

legislacin, pues tanto el presidente Pastrana como los propietarios rurales consideraban que el Decreto 3398 de 1965 se haba quedado corto
7
El subrayado del autor quiere visibilizar que los afectados son personas con apellidos de
familias notables de la regin.
08/07/2014 11:01:51 p.m.
frente al contexto. En este orden de ideas, sujetos como Donaldo Cabrales, alcalde de Montera, y Oscar Haddad, al ver obstaculizado el ingreso
a sus propiedades, crearon un comit antiextorsin y secuestro integrado,
entre otros, por el gobernador del Departamento, un comandante y oficial de inteligencia del batalln Voltgeros, el representante de la Defensa
Civil y otros funcionarios (Archivo Departamental de Crdoba. Decreto
de gobierno nmero 555, mayo-julio, 1971). Adems, los poderes pblicos nacionales ordenaron la organizacin de un servicio de Inteligencia
Rural (El Espectador, Se pide colaboracin contra el abigeato, 7 de febrero, 1973) mediante el Decreto 2257 de 1973, que permita a los propietarios armarse y proteger su tierra mediante la organizacin de comits
de vigilancia, encargados de controlar los movimientos de la poblacin,
la cantidad de hatos y de ganado, etc., con la ayuda de campaas de divulgacin entre la ciudadana y bajo los siguientes presupuestos: que los
ganaderos crearan asociaciones de defensa que mantuvieran reuniones
peridicas para el intercambio de informacin sobre hatos, marcas de ganados, hurtos, etc. (El Tiempo, 8 de noviembre, 1973).
Dicha posicin se vio reforzada por un discurso que busc cada vez
ms asociar al movimiento campesino con la manipulacin comunista
o socialista del mismo, sustentada no solo en una supuesta Internacional Comunista sino tambin en la influencia de los grupos armados de
izquierda. El resultado fue el apalanqueamiento del gobierno central y
los propietarios al recurso sistemtico de la represin, pues las opiniones
afirmaban que los campesinos eran objeto de campaas de proselitismo
comunista. En referencia a las invasiones, el senador conservador Hugo
Escobar Sierra, dirigente poltico regional y frreo opositor a la reforma
del orden agrario, afirmaba que haba cerebros del comunismo dirigiendo
las invasiones en compaa de peligrosos sujetos infiltrados en el Incora
para orientarlos. En tales circunstancias, opinaba el senador, se justificaba
que el debate no se presentara en el campo poltico, ya que dichas acciones eran criminales, y adverta al gobierno que, en el caso de no adoptar
una postura fuerte para reprimir las invasiones, este fenmeno llevar al
pas a un cataclismo (El Tiempo, 3 de diciembre, 1971). En otra intervencin Escobar sostuvo que no se poda ignorar y desconocer que desde un
tiempo atrs en Colombia se siente un aluvin de ideas subversivas, por
lo tanto se haca necesario pedirle a la autoridad una mayor intervencin
(El Tiempo, 14 de octubre, 1971).
En este periodo, al igual que en el mandato de Guillermo Len Valencia (1962-1966), se puede percibir una sincrona entre las directrices del
08/07/2014 11:01:51 p.m.
Estado y la posicin de los poderes regionales frente al movimiento campesino, debido a que el gobernador no solo aplaudi las medidas adoptadas por la administracin Pastrana para contener el mpetu reivindicativo, sino que aadi resoluciones suyas destinadas a enderezar el rumbo
del campo colombiano, ya que las agudas invasiones de las que haban
sido vctimas los propietarios podan llevarlos a la permanente zozobra.
Y sugiriendo como solucin, una mayor colaboracin de los hacendados
para hacer contratos de comodato para que el campesino pudiera hacer
sus cosechas, lo que ayudara a descomprimir gran parte de la presin que
trae como consecuencia el desgaste del principio de autoridad (El Tiempo,
22 de mayo, 1972).
Decapitacin de la reivindicacin campesina y ms de lo

mismo (represin asesinatos, encarcelamientos, vinculacin
con la izquierda, etc.)
De la administracin de Lpez Michelsen (1974-1982) se esperaban nuevos vientos para el campesinado; sin embargo, sucedi todo lo contrario.
De hecho, durante su gobierno se expidi la llamada Ley de Aparcera
(Ley 6 de 1975) y se impuls el plan Desarrollo Rural Integral (DRI), que
basaba el progreso del campo en la gran propiedad y la produccin agroindustrial, criterio que consolidaba todava ms el sesgo anticampesino
del campo colombiano (Uribe, 2011).
Frente a estas medidas, la inconformidad y el malestar se hicieron evidentes en las filas del campesinado, que acudi nuevamente a las invasiones de tierras para intentar dar reversa a tales directrices (Tablas 2 y 3).
En Crdoba se invadi la finca Las Catas, mientras en corregimientos y
caseros de Chin, como Carboneros, Pisabonito, Garbado y Villavieja, se
presentaron casos relevantes de invasiones, tanto de terrenos del Estado
como de grandes propietarios de la regin. Y, nuevamente, para repeler la
accin campesina se procedi al empleo desmedido de la violencia y a los
encarcelamientos por parte de la fuerza pblica (Archivo Departamental
de Crdoba. Decretos de gobierno nmeros 000188, enero-febrero, 1974,
y 000352, marzo-abril, 1974).
Por supuesto, las vas de hecho adoptadas por el campesinado no lograron que se diera trmite a las insatisfacciones campesinas sino que
el resultado fue una mayor polarizacin y radicalizacin de la gente del
campo, expresada en el ataque directo contra las instituciones del Estado
y el orden hacendatario. En ese sentido puede entenderse la asonada que
08/07/2014 11:01:51 p.m.
Tabla 3
Motivos de las luchas sociales en Crdoba, 1975-1982
Motivos-Lucha
Predios rurales
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
10
13
Retencin Salarial
Derecho a la vida,
integridad y libertad
Energa
Agua
Vas
Educacin
Total General
2
1
1
15
20
1
39
21
14
27
3
20
20
Fuente: SIG, Cinep. Elaboracin propia.
tuvo lugar en Sahagn en 1974, cuando manifestantes destrozaron la sede

de la Empresa de Telecomunicaciones y de la Federacin Nacional de Ganaderos y atacaron a piedra la residencia del mdico Rodrigo Bula, hermano
del senador y exministro de Agricultura, Germn Bula, y lo mismo hicieron
con las oficinas de la Caja de Crdito Agrario y de la Electrificadora de
Crdoba. Los ataques parecieron calculadas acciones contra oficinas gubernamentales o familias ligadas al poder (El Tiempo, 22 de agosto, 1974,
citado por Romero, 2003)8.
La respuesta del gobierno regional se limit a la adopcin de medidas
especiales enderezadas a restablecer el orden pblico, para lo cual se
expidi una serie de decretos que supriman no solo los derechos civiles
sino tambin los espacios para la organizacin y la asociacin, en vista de
que el movimiento haba perturbado el orden pblico en varias ciudades
del Departamento (Montera, Ceret y Sahagn). Se prohibi toda manifestacin que no tuviera el permiso de la Gobernacin y toda reunin
de ms de tres personas, y la autoridad pblica, en particular las Fuerzas
Armadas, qued a cargo del cumplimiento de las anteriores disposiciones
(Archivo Departamental de Crdoba, Decreto de Gobierno No. 000773,
marzo-abril, 1974).
Con la nueva legislacin expedida por el nivel central no solo termin
de asestarse un golpe a las reivindicaciones campesinas sino que tambin
8
El subrayado es del autor.
08/07/2014 11:01:52 p.m.
el trato, tanto del gobierno como de los propietarios, se hizo ms severo

y contundente. En el curso de estos aos las invasiones de tierras y la
movilizacin social pasaron a ser vistas como acciones que perturbaban
el orden pblico. Las herramientas para contenerlas cambiaron del dilogo a la represin directa, que no solo termin por desconocer una serie
de inconformidades e insatisfacciones sino que busc adems aplacarlas,
pues ellas no encajaban en el modelo de desarrollo propuesto por las elites polticas colombianas, para apreciar tales efectos basta con volver a
las Tablas 2 y 3 de este trabajo, que muestra la disminucin de la toma de
tierras a partir del ao de1974. Siendo as, quedaba el terreno allanado,
no solo para el ejercicio de la fuerza estatal dirigida a frenar la radicalizacin campesina, sino adems para encarar las distintas demandas de
privatizacin de la justicia cuando la institucionalidad local, regional o
central careciera de la capacidad para dirimir las distintas problemticas
y tensiones presentes en una colectividad cualquiera.
Como si las anteriores medidas se hubieran quedado cortas, el Estado
y los propietarios empezaron a endurecer todava ms sus actitudes frente
a las invasiones de tierras. En 1976, por ejemplo, en Arboletes resultaron
tres campesinos muertos, un herido y un detenido cuando fueron rechazados por los empleados de una finca (El Tiempo, enero 28, 1976). Este
tipo de resistencia buscaba dejar en claro de una vez por todas que las
vas de hecho no eran un mecanismo para que el campesinado reclamara
la tierra. Zamosc seala que las bandas armadas de los terratenientes,
como las fuerzas de seguridad del Estado, desplegaron una dureza extrema, con la clara intencin de imponer escarmientos ejemplares que, de
una vez por todas, convencieran a los campesinos de que la alternativa
de la accin directa estaba definitivamente clausurada (Zamosc, 1987).
El periodo se cierra con el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), que
estuvo precedido por el Paro Cvico Nacional de septiembre de 1977. En
los aos inmediatamente siguientes este hecho tuvo fuertes implicaciones
para el conflicto armado y la protesta social; la importancia de ellas radica, fuera de las concesiones que lograron algunos sectores de la sociedad,
en las lecturas que se hicieron de ese suceso. Por un lado, el Establecimiento asumi que haba sido un ensayo general de derrumbamiento del
sistema. Es decir, que las multitudes urbanas podan ser convocadas a una
revolucin y que, por lo tanto, haba que adoptar una poltica preventiva
de represin. Por otro lado, tanto la izquierda como los grupos insurgentes creyeron que estaban a las puertas de un proceso revolucionario
(Medina, 1984; Len, 2013).
08/07/2014 11:01:52 p.m.
En este orden de ideas, el gobierno de Turbay emprendi una ofensiva sistemtica contra de los grupos armados de izquierda, cuya mayor
expresin fue lo que se denomin como la guerra del Caquet contra
las Farc y el M-19, cuyos actos publicitarios haban dejado mal parado
al gobierno. Esta iniciativa se sintetizo en el Estatuto de Seguridad, con
el cual el aparato represivo estatal enfil contra los grupos de izquierda y
sus colaboradores para preservar el orden pblico, con el corolario de una
mayor estigmatizacin de la movilizacin social en el pas. No en vano,
para esos aos se hace evidente un descenso de la movilizacin social,
tanto a escala nacional como regional (Tabla 4). El entonces ministro de
Defensa, Luis Carlos Camacho Leyva, recordaba a la ciudadana que la
defensa nacional interna no era una obligacin del gobierno y especficamente de los militares, sino que ella requera el concurso y la disposicin
de todos los ciudadanos (El Espectador, 3 de septiembre, 1978. Citado por
Gutirrez y Barn, 2006).
En esa direccin, ya podemos tener idea de la lnea de desarrollo que
tuvo el campo colombiano, sumergido en la produccin agroindustrial
basada en la ocupacin de enormes extensiones rurales. El trfico de narcticos en auge contribuy a modificar asimismo el escenario al hacerse al
dominio de nuevas tierras como medio, no solo de depurar sus ganancias
y adquirir mayor reconocimiento econmico y social, sino tambin de
adelantar sus actividades ilcitas en laboratorios, rutas terrestres y pistas
de aterrizaje. As se puso en marcha un nuevo proceso de concentracin
de la tierra, pues los narcotraficantes no solo expulsaron a la poblacin
campesina sino que asimismo aprovecharon la coyuntura de expansin
guerrillera para hacerse a las viejas haciendas abandonadas por la creciente arremetida insurgente.
Esta insercin de los narcotraficantes en los negocios del campo
coincida con la decisin de los grupos guerrilleros, entre ellos el ELN
y las Farc, de emprender un proceso de expansin a nuevos territorios,
ms integrados a la economa y la vida poltica de la nacin, y a escenarios de organizaciones sociales ms jerarquizadas y a la vez con grandes
desigualdades econmicas y sociales. Estas circunstancias contrastaban
con la situacin habitual de las zonas de colonizacin perifrica en la
frontera abierta, que los grupos guerrilleros estaban acostumbrados a
manejar para extraer recursos materiales y humanos en desarrollo de
los planes trazados por sus aparatos de direccin. Las nuevas regiones
se ubicaban en el Urab antioqueo, Magdalena Medio, Norte de Santander, Valle del Cauca y Crdoba, entre otros lugares; para nuestro
08/07/2014 11:01:52 p.m.
caso, hay que destacar que las Farc reforzaron su presencia en el Urab
antioqueo y el Alto Sin y San Jorge, con el empeo, tanto de disputar
la hegemona militar del EPL como de ganar el control poltico de los
trabajadores bananeros.
Por su parte, el EPL aument la presin sobre sus reas de influencia y
busc emular con los dos grupos guerrilleros ms importantes, as fuera
perceptible el cambio del escenario. La reaccin de los nuevos propietarios frente a la extorsin guerrillera consisti en recurrir al empleo exitoso del modelo de autodefensa implementado en Puerto Boyac y que
se centraba en el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), supuestamente
creado para combatir el secuestro. El resultado de esta reaccin provoc
la transformacin, tanto cualitativa como cuantitativa, de las tensiones y
conflictos en el seno de la sociedad cordobesa.
Desde entonces, todo tipo de expresin reivindicativa fue truncado y
cualquier demostracin colectiva fue tildada de subversiva y asociada con
la izquierda alzada en armas. En los aos ochenta, muchas de las grandes fincas que podran ser afectadas por la reforma agraria empezaron a
tener proteccin armada y los campesinos sin tierra teman las represalias si solicitaban la tierra al Estado (Entrevista con Carlos Ossa, citada
por Reyes, 2007). Frente a este panorama no es aventurado afirmar que
se puso fin a una lucha de ms de sesenta aos, porque tanto Pastrana
como Lpez Michelsen se encargaron de promover una serie de medidas
que truncaron y contuvieron la movilizacin campesina. Como sostiene
Reyes (2007), el movimiento campesino fue derrotado por el gobierno
conservador de Pastrana Borrero mientras que la reforma agraria fue sepultada por el gobierno liberal de Lpez Michelsen.
La implantacin del modelo Puerto Boyac:

de las autodefensas al paramilitarismo (1983-1997)
Los sucesos poco favorables para el campesinado cordobs ocurridos durante los decenios de 1960 y 1970 empeoraron todava ms en los aos
ochenta y noventa con el arribo de los nuevos propietarios, entre esos
la familia Castao, en cabeza del hermano mayor, Fidel, quienes introdujeron una serie de transformaciones en la problemtica social de aquel
momento. Estos personajes, as como otros reconocidos narcotraficantes,
llegaron motivados por el bajo precio y la gran fertilidad de las tierras
cordobesas, muchas de ellas abandonadas como resultado del ejercicio
sistemtico de extorsiones y secuestros por parte de los grupos guerrille-
08/07/2014 11:01:52 p.m.
ros. La familia Castao haca parte de aquellas personas que viajaron a

Crdoba para aprovechar la oportunidad de que los ganaderos estaban
vendiendo sus fincas en una de las mejores tierras del pas, han aterrorizado al Departamento y ocupado zonas enteras, antes propiedad de ganaderos tradicionales (Semana. El drama cordobs. 27 de febrero, 1989).
Adems de una oportunidad para depurar sus ganancias, detrs de su
posesin aparecan tambin otros factores. Histricamente, en Colombia
el hecho de ser un hacendado o un latifundista no es solo sinnimo de
poder econmico sino tambin de ascendencia poltica, social y cultural
(Guilln, 2008). El nuevo control territorial de los grandes propietarios
les facilitaba la prosecucin de sus actividades ilegales, pues la ubicacin
geogrfica del Departamento y el bajo control estatal permitan el establecimiento de rutas y pistas de aterrizaje para la salida de la droga y el
ingreso de armas. No sobra recordar que desde tiempos coloniales las
costas de los golfos de Urab y Morrosquillo se han caracterizado por la
falta de regulacin estatal. Estos dos componentes hacan de ese territorio
un lugar idneo para asentarse.
Sin embargo, los nuevos propietarios, al igual que innumerables ganaderos de la regin, tuvieron que hacer frente a una accin subversiva
ahora reforzada. Mientras el EPL, hacia el ao de 1981, haba recobrado
su fuerza y tena por objetivo su consolidacin en el territorio nacional
basada en utilizar a Crdoba como plataforma de lanzamiento, las Farc
arribaron a la regin bajo las nuevas directrices trazadas por su sptima
conferencia nacional. De hecho, la tendencia a la extraccin de recursos puede apreciarse cuando se consultan los incipientes datos existentes
sobre secuestro, los cuales, en esa dcada, fueron atribuidos en su gran
mayora a las guerrillas (Tabla 4).
Como respuesta a esa situacin, los narcotraficantes importaron e implementaron el exitoso modelo de autodefensas de Puerto Boyac, que no
solo haba permitido declarar a dicho municipio como el primero libre de
comunismo en Colombia sino tambin haba logrado establecer un consocialismo regional antisubversivo, que parta de la alianza entre narcotraficantes, jefes polticos regionales y locales, comerciantes, ganaderos y
militares (Gutirrez, 2007; Gutirrez y Barn, 2006; Medina, 1990). De esta
forma, y gracias a sus contactos con el Cartel de Medelln, los hermanos
Castao consiguieron implantar un proyecto no solo militar sino tambin
poltico, econmico y social. Es decir, la estrategia no se redujo solo a contener la amenaza insurgente sino que poco a poco fue configurando una idea
de regin y de desarrollo rural anclado en la gran propiedad y basado en la
08/07/2014 11:01:52 p.m.
Tabla 4
Secuestros y asesinatos de ganaderos, 1980-1990

Ao
1981
1985
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1989
Municipio
Vctima
Jos Ivn
Crdoba
Velsquez Gonzlez
Planeta Rica Manuel Otero Snchez
Puerto
Luis Alberto
Libertador
Bedoya Londoo
Ezequiel Enrique
Ayapel
Llanos Arrieta
Carlos Mario Vlez
Montelbano
Betancourt
Julio Cesar
Ayapel
Barreto Pinzn
Andrs Manuel
Pueblo Nuevo
Montes Tamara
Rafael Francisco
Buenavista
Mndez Riquelme
Montera
Gustavo Flrez Snchez
Miguel Mariano
Sahagn
Vergara Betn
Sector
Modalidad
Responsable
Ganadero
Secuestro y
extorsin
Homicidio
Ganadero
Homicidio
EPL
Ganadero
Secuestro y
extorsin
ELN
Ganadero
Secuestro
EPL
Ganadero
Secuestro y
extorsin
EPL
Ganadero
Homicidio
EPL
Ganadero
Homicidio
EPL
Ganadero
Homicidio
Farc
Ganadero
Secuestro
EPL
Ganadero
1990
Ayapel
Nemesio Nader Nader
Ganadero
1990
Montelbano
Arturo Eusse Fernndez Ganadero
1990
Planeta Rica
1990
Sahagn
Francisco Ruiz Vergara

Manuel Esteban
Montes Vidal
Secuestro y
extorsin
Homicidio
Ganadero
Homicidio
Ganadero
Homicidio
Farc
Farc
Farc
Sin informacin
Paramilitares
Delincuencia
comn.
Fuente: Fedegan. Elaboracin propia.
hacienda ganadera y en algunos cultivos agroindustriales (algodn, sorgo y

arroz). Asimismo, se busc frenar cualquier avance de la izquierda legal en
las contiendas electorales y mantener a raya a una poblacin disciplinada,
que no solo dejara de cuestionar el modelo de desarrollo sino que tambin
abdicara de su reivindicacin por la tenencia de la tierra y cortara sus lazos
con los grupos armados insurgentes.
Aos ms tarde, uno de sus promotores, en referencia a los primeros
aos de lucha y organizacin de las autodefensas, describi de forma clara
y concisa la lgica de la violencia que los paramilitares desplegaron en sus
primeros aos de lucha: a la guerrilla haba que hacerle frente y combatirla con sus mismos mtodos irregulares (Aranguren, 2001).
El xito de este modelo de privatizacin de la justicia se debi a que
en esta coyuntura confluyeron los intereses y los clculos estratgicos de
tres grupos regionales. El primero, integrado por los propietarios tradi-
08/07/2014 11:01:52 p.m.
cionales, quienes ya haban encarado las movilizaciones campesinas por

medio de las armas y ahora eran objeto de una sistemtica extraccin de
recursos por parte de los grupos armados de izquierda; un segundo grupo, compuesto por los nuevos propietarios, buscaba asegurar el territorio,
no solo para evitar ser objeto de secuestros y extorsiones sino tambin
para garantizar sus actividades econmicas; y una tercera formacin, integrada por miembros de la fuerza pblica, quienes vieron en este modelo
una estrategia til para derrotar a la insurgencia con sus mismos mtodos
y por fuera de los marcos legales. Estos ltimos hacan parte de grupos
radicalizados constituidos por miembros retirados y activos de las fuerzas
de seguridad del Estado, que haban sido entrenados en el recurso a las
formas de violencia e ideologizados a la luz del enfrentamiento internacional de la Guerra Fra, y encontraron en esas estructuras la oportunidad
de aplicar la guerra sucia como forma de combatir con xito a la insurgencia (Romero, 2003).
Es decir, en Crdoba las autodefensas fueron resultado de la articulacin y convergencia de distintos intereses econmicos, sociales y militares encaminados a enfrentar una amenaza que no solo estaba enmarcada
en la movilizacin campesina sino tambin en la insurgencia armada.
Como hemos visto atrs, desde la dcada anterior se fue configurando
toda una retrica emitida por los crculos de poder, tanto del nivel central
como del local, en la cual los campesinos, la protesta social y los grupos
de izquierda alzados en armas quedaron encuadrados en una misma imagen: la amenaza comunista.
Para esos aos, el gobierno central (Belisario Betancur, 1982-1986)
emprendi los dilogos de paz con las Farc en la poblacin de Uribe,
que terminaron por pactar un cese al fuego y la amnista de cerca de
500 guerrilleros. Dicha decisin no fue vista con buenos ojos en varias
regiones del territorio nacional, y tal fue el caso del Magdalena Medio, donde la Asociacin Campesina de Ganaderos y Agricultores del
Magdalena Medio (Acdegam) sent su oposicin a los dilogos de paz.
Igual malestar despertaron en Crdoba, donde el parecer de los notables regionales se expres en el sentido de que tales acuerdos no consideraban los costos que la poblacin haba tenido que afrontar durante
los ltimos aos por cuenta de la accin insurgente. Incluso dentro del
mismo gobierno se hicieron sentir las voces disidentes frente a la propuesta, pues fue percibida como una verdadera derrota poltica del establecimiento, que, adems, le haba asestado un golpe moral a la fuerza
pblica (Romero, 2003).
08/07/2014 11:01:52 p.m.
Dichas inconformidades revelaban no solamente una falta de coordinacin y subordinacin de la rama militar al poder ejecutivo, ya que el
desacuerdo frente a la poltica de paz fue expresado pblicamente por el
ministro de Defensa de ese entonces, el general Miguel Vega Uribe, sino
tambin la capacidad de veto y oposicin de las elites regionales y locales,
y de los mismos gremios econmicos, a una poltica de paz del Estado,
como fue el caso de los ganaderos, quienes exteriorizaron su rechazo a los
acercamientos entre el gobierno y la subversin.
Entre los argumentos esgrimidos contra el proceso de paz estaba el
criterio de que la ausencia del Estado, as como las polticas de paz, haban permitido el avance de la guerrilla. En palabras de un reconocido
ganadero de la regin, lo que haba existido siempre en Crdoba era la
ausencia del Estado, que poda comprobarse en el hecho de que el crecimiento de la guerrilla haba ocurrido bajo el gobierno de Belisario, que
se hace un poco, yo dira, el Shakira: sorda, ciega, muda. Tuvo unas directrices confusas, que no daban las posibilidades de accin, que eran
tolerantes para ir actuando en torno al crecimiento de la guerrilla (Entrevista a Arturo Vega, 2009). La impresin que una amplia mayora de
la opinin pblica tuvo de los dilogos de Betancur en La Uribe, era la de
que los grupos armados de izquierda se haban burlado de l cuando los
invit a dejar las armas para hacer poltica, porque Betancur era un romntico, un tonto, y fue un gobierno terriblemente funesto por su debilidad total. Las antiguas administraciones, las de Lpez y compaa, fueron
administraciones sumamente tolerantes, tolerantes con todo (Entrevista
a lvaro, 26 de julio, 2008).
De esa manera, para los grupos opositores un cese de hostilidades no
era suficiente mientras no cesaran los secuestros y las extorsiones, por lo
cual estimaban que estas medidas de paz eran una oportunidad para que
los grupos alzados en armas expandieran su presencia e influencia, no
solo en Crdoba sino tambin a lo largo y ancho del territorio nacional.
Esta percepcin qued plasmada en la opinin de un cronista cordobs,
quien afirm que con el gobierno de Betancur muchos guerrilleros aprovecharon la ocasin para obtener salvoconductos y transitar por todo el
territorio nacional para exponer, aparentemente, sus ideas de paz; pero la
realidad habra sido otra: esos tales encuentros solo sirvieron para que las
guerrillas censaran a sus futuras vctimas y oficializaran la extorsin, el
boleteo y el secuestro (Snchez, 2004).
Ese era el panorama en la segunda mitad de los aos ochenta. El territorio cordobs ya contaba con las primeras estructuras paramilitares,
08/07/2014 11:01:52 p.m.
precedidas por los hermanos Castao y respaldadas por algunos propietarios rurales. En un inicio, este grupo fue conocido como Los Tangueros, Los magnficos o Los Mochacabezas, y estaba integrado por
personas entrenadas en campamentos instalados en el Magdalena Medio (Semana. El dossier paramilitar. 12 de junio, 1989). Inicialmente,
estos grupos tenan por misin solamente la vigilancia de la finca de
los Castao, pero, en vista de los buenos resultados, los ganaderos no
solo empezaron a llevar consigo un escolta con su escopeta al hombro
cuando visitaban su finca sino que tambin se acercaron ms a ellos
para conocer de ms cerca cmo operaba todo (Entrevista a Carlos, 29
de agosto, 2013).
Esta convergencia es bien expuesta por Snchez (2004), quien sostiene
que para esos aos los ganaderos, comerciantes, bananeros y campesinos
empezaron a confiar su seguridad a grupos armados particulares. Los Rurales, por ejemplo, era un grupo de personas de la regin que realizaba
rondas nocturnas, patrullaba a caballo las fincas y enfrentaba a guerrilleros,
cuatreros y maleantes. Fue la poca en la que se entremezcl la autodefensa tradicional con la nueva organizacin de hombres armados que se
hacan llamar Los Tangueros, los cuales salan por las noches a realizar
incursiones a los campamentos de la subversin [] Los Tangueros estaban al mando del enemigo ms temido de la guerrilla: Fidel Castao (ib.).
Para ese entonces el umbral de tolerancia frente a la extorsin guerrillera era cada vez menor entre los grandes propietarios (Tabla 4), porque
ya no solo les exigan una cuota de dinero cada vez que se extraa ganado
sino que tambin se les peda ropa, vveres, botas, etc., y, si el propietario
se negaba, los guerrilleros atentaban contra sus bienes o lo secuestraban.
Un entrevistado coment que en esos aos lo que haba era mucha sinvergencera: esos hijueputas entraban hasta la casa de uno y se sentaban
en la sala a venirle a cobrar plata. Tambin recuerdo las largas filas que
tocaba hacer en la Universidad de Crdoba para pagar la vacuna, porque,
si no, le mataban el ganado a uno, le volaban la fincas y daaban todas las
cercas (Entrevista a Facundo, 26 de julio, 2009).
La anterior versin fue ampliada por otro ganadero de la regin, quien
afirm que
La extorsin era terrible, andaba la guerrilla por todas partes extorsionando a los
ganaderos y an aqu adentro de Montera y no haba autoridad que la detuviera,
no haba con quin quejarse, no haba autoridades. Y los alcaldes y gobernadores
eran absolutamente indiferentes frente a la suerte de la gente, cuando yo recurr
08/07/2014 11:01:53 p.m.
a los Castao, aclaro que no haba nada ms que hacer en Crdoba, no haba absolutamente nada que hacer. Hubo que recurrir a ellos y ellos se apersonaron de
la regin, de hecho usted tuvo que haber odo, se apersonaron ellos e hicieron lo
que no estaba haciendo la justicia, ni la Polica y el Ejrcito (Entrevista a lvaro,
julio 26, 2008).
Estaban dadas, pues, todas las condiciones para que se adoptara el modelo de autodefensa de los hermanos Castao. Sin embargo, queda en evidencia, como se ha expuesto en el texto, que esto no habra sido posible sin
la trayectoria que ha recorrido el Departamento en relacin con su proceso
de configuracin regional y a las problemticas que se han derivado de l.
Como sucede en el trance de formacin del Estado, cuyas instituciones no
se asientan en un espacio vaco sino en un mbito condicionado por la
redes de poder preexistentes, el modelo de las autodefensas fue percibido
como viable y aceptable por los poderes regionales gracias a la experiencia
previa de este segmento de la sociedad, el cual, aos atrs, haba tenido que
contener la movilizacin campesina contra el rgimen hacendatario.
Sin embargo, a diferencia de aos atrs, el nuevo enemigo no solo sintetizaba las anteriores amenazas sino que expresaba tambin nuevas, a
causa de sus lgicas de actuacin, con el agravante de que, si prescinda
de ellas, el terrateniente no podra salvaguardar su propiedad. Adems,
en todo este proceso la presencia diferenciada del Estado desempe un
rol importante: por un lado, continu el clamor por una mayor autoridad coercitiva del Estado, pero, simultneamente, se prescinda de ese
recurso, pues la oferta de una seguridad privada le permita extinguir el
problema de raz, sin ceirse a los marcos constitucionales.
Con esto se pretende evidenciar que el paramilitarismo de Crdoba es
resultado de procesos histricos concretos, que no son parte de un plan
premeditado de unos sujetos o de un grupo de personas, sino que obedece a una trayectoria singular que, en desarrollo de distintos procesos y
coyunturas, desemboc en ese fenmeno. En ese sentido, los hermanos
Castao difcilmente habran podido implantar este modelo en otras regiones del territorio colombiano, donde no estaban dadas las condiciones
requeridas que encontraron en Crdoba.
Ahora bien, en el curso de la segunda mitad de los aos ochenta, bajo
el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), la actividad de las autodefensas comenz a ser ms visible, no solo en el nivel regional sino tambin en
el nacional, como resultado de la confluencia de varios factores que polarizaron todava ms la vida poltica nacional: la organizacin de grupos
08/07/2014 11:01:53 p.m.
Tabla 5
Miembros muertos y desaparecidos de la UP en Crdoba
Ao
Municipio
Nombre
Roberto Miller
Modalidad
Responsable
Desaparicin
Ejrcito Nacional
Asesinato
Paramilitares
Asesinato
Paramilitares
1985
Puerto Libertador
1987
Cinaga de Oro
1987
Cinaga de Oro
1987
Tierralta
Ebulio Daz Gmez
Asesinato
Paramilitares
1987
Tierralta
Oscar Moreno Daz
Asesinato
Paramilitares
1988
Montera
Rosa Lesmos
Desaparicin
Paramilitares
1988
Montera
Luis Lesmos
Desaparicin
Paramilitares
1988
Montera
Zoraida Montoya
Desaparicin
Paramilitares
1988
Pueblo Nuevo
Gerardo Castao
Asesinato
Paramilitares
1988
Montera
Alfonso Cujavante
Asesinato
Paramilitares
1988
Sahagn
Arturo Jaramillo
Asesinato
Paramilitares
1988
San Carlos
Marlene Caraballo
Asesinato
Paramilitares
1988
Valencia
Lacides Tafr Bohrquez
Asesinato
Paramilitares
1988
Montera
Rafael Duque Prez
Asesinato
Paramilitares
1988
Montera
Orlando Manuel Coln
Asesinato
Paramilitares
1988
Planeta Rica
Oswaldo Regino Prez
Asesinato
Paramilitares
1988
Montera
Lino Andrs Gonzlez
Asesinato
Paramilitares
1989
Montera
Francisco Dumar Maestra Asesinato
Paramilitares
1989
Ceret
Edison Pacheco
Asesinato
Paramilitares
1989
Montera
Gustavo Guerra Coria
Asesinato
Paramilitares
1989
Puerto Libertador
Rafael Daz Tirado
Asesinato
Paramilitares
1989
Montera
Boris Zapata Meza
Asesinato
Paramilitares
1990
Momil
Eugenio Rodrguez
Asesinato
Paramilitares
1990
Momil
Luis Lyons
Asesinato
Paramilitares
1990
Apartad
Antonio Faras Prado
Desaparicin
Paramilitares
1996
Montera
Alejandra Camargo
Cabrales
Asesinato
Paramilitares
Feliz Natanael
Senz Bedoya
Felipe Rafael
Senz Bedoya
Fuente: Romero (2011). Elaboracin propia.
08/07/2014 11:01:53 p.m.
contrainsurgentes en varias zonas del pas (Crdoba, Magdalena Medio,

Sur del Cesar, etc.), la violencia sistemtica contra miembros y simpatizantes de la Unin Patritica (UP), el hostigamiento guerrillero, que alcanz puntos crticos, y, finalmente, las divisiones internas que operaban
en el gobierno central. En un lado aparecan el ministro de Justicia, Jos
Manuel Arias Cabrales, sectores polticos y otros miembros del gabinete,
quienes defendan el derecho a la defensa armada (El Tiempo, 29 de julio,
1987. Citado por Romero, 2003), y en el otro, los sectores ms interesados
en la guerra contra el narcoterrorismo y que buscaban dar continuidad a
las polticas de paz con los grupos del M-19, el EPL, el Quintn Lame, etc.
En este contexto, y aprovechando las divisiones en el nivel central del
gobierno, la lucha contrainsurgente sigui implementando cada vez ms
nuevas herramientas en procura de quitarle el agua al pez y proceder
con las mismas estrategias de la insurgencia, en una prctica que se ha
denominado como guerra sucia. De esta forma se llev a cabo en el Departamento una campaa violenta contra las organizaciones sociales que
eran consideradas como una extensin del proyecto revolucionario, bajo
el pretexto de restar apoyo y erosionar la base social y poltica de la guerrilla. Al amparo de tales estimaciones fueron asesinados miembros de
la Organizacin Indgena de Colombia (OIC), la Asociacin de Maestros
de Crdoba (Ademacor) y la Federacin Sindical de Trabajadores de Crdoba (Festracor), y asimismo de militantes de organizaciones polticas
como la Unin Patritica (UP), el Frente Popular y el movimiento poltico A Luchar. Se calcula que en los dos ltimos aos de la dcada (19891990) se perpetraron en Crdoba cerca de doscientos asesinatos polticos
y un poco menos de cuatrocientos presumiblemente polticos (Romero,
2003). En la tabla que muestra los asesinatos de personas pertenecientes a
la UP se puede observar el evidente descenso de la movilizacin social en
la regin, sobre todo la relacionada con motivos de tenencia de la tierra,
la cual, si bien tuvo un resurgimiento a mediados de los aos ochenta, se
concentr en el rea metropolitana y estuvo ms ligada a problemticas
urbanas que eran producto de la creciente expulsin del campesinado
hacia otras reas (Tablas 6 y 7).
Igual o peor suerte corri el espacio rural cordobs, donde empez la
ejecucin sistemtica de masacres, desplazamientos y asesinatos selectivos, dirigidos no solo a cortar los lazos de la poblacin con la insurgencia armada sino tambin a implantar una estrategia de control territorial.
Dentro de esa ofensiva paramilitar pueden resaltarse las masacres de La
Mejor Esquina y El Tomate (Crdoba), La Negra y Honduras (Urab an-
08/07/2014 11:01:53 p.m.
Tabla 6
Luchas sociales en Crdoba 1983-1997
Ao
Total
1983
28
1984
17
1985
52
1986
25
1987
26
1988
18
1989
26
1990
24
1991
1992
1993
1994
10
1995
1996
1997
20
Fuente: SIG, Cinep. Elaboracin Propia.
Tabla 7
Principales motivos de lucha social en Crdoba, 1983-1997
Motivos-Lucha 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Predios
rurales
Retencin
Salarial
Derecho
a la vida,
integridad y
libertad
10
32
14
20
13
Energa
Agua
Vas
Total
General
40
52
52
45
52
40
41
40
23
17
14
18
18
26
08/07/2014 11:01:53 p.m.
tioqueo) y Segovia (Antioquia), las cuales parecen estar interrelacionadas bajo la misma lgica (Semana, Pura sangre, 16 de mayo, 1988).
En los hechos de La Mejor Esquina (Crdoba), en jurisdiccin del municipio de Buenavista, asentado sobre el Alto San Jorge, los indicios e hiptesis sealan que este suceso, en la cual murieron alrededor de 36 campesinos, fue una retaliacin de los paramilitares contra la poblacin de la zona,
ya que ese lugar era considerado la oficina del EPL. Sin embargo, el suceso
presenta aristas que tornan ms complejo el contexto en el que ocurri.
Se puede considerar entonces que estos acontecimientos fueron resultado de procesos ms amplios, ligados al conflicto entre terratenientes y
campesinos que se estaba viviendo en esta zona desde los aos setenta,
y expresado en invasiones campesinas de grandes propiedades y en la
reaccin violenta de sus dueos para defender sus posesiones mediante
desalojos violentos, muchas veces con la colaboracin de la fuerza pblica. Este contexto se fue complicando todava ms, a medida que oper
una mayor presin guerrillera y el arribo a las fincas de los nuevos propietarios, ahora vinculados al narcotrfico. El panorama resultante era el
siguiente: por un lado, estaban los ganaderos, algunos de cuyos vecinos
eran ahora narcotraficantes afiliados al Cartel de Medelln, adems del
hondureo Matta Ballesteros; por otro lado, los campesinos tenan como
visitantes asiduos a la guerrilla, que haba logrado reclutar a algunos de
ellos, quienes le proporcionaban informacin y bienes a cambio de su
apoyo en los procesos organizativos.
Antes de producirse el ingreso de los capos, cuando la presencia guerrillera era poco cuestionada, la extraccin de recursos (boleteo, vacunas,
extorsin o secuestro) se negociaba de forma individual y los convenios
solo afectaban al respectivo propietario, pero la aparicin de estos nuevos propietarios modific las reglas del juego: de pagar vacunas se pas
a resolver el problema a punta de bala. Ahora los narcos comenzaron a
impulsar la creacin de grupos de autodefensas muy diferenciados: uno
de ellos estaba anclado en el modelo de Puerto Boyac, financiado no solo
por narcos sino tambin por los ganaderos de bien de la regin, y otro
era agrarista, partidario de las invasiones y apoyado por la insurgencia,
sobre todo la del EPL (Semana, Masacre, 9 de mayo, 1988).
Este escenario permite entender de mejor forma los detonantes de las
matanzas. Por ejemplo, en los casos de las de El Tomate y La Mejor Esquina, todo parece indicar que sus motivaciones estuvieron relacionadas no
solo con una retaliacin de los poderes locales y los paramilitares en con-
08/07/2014 11:01:54 p.m.
tra de la poblacin, sino tambin por otros motivos subyacentes, como la

posesin de la tierra y el control territorial. El caso de El Tomate fue interpretado como una respuesta al asalto de Saiza, donde el EPL y las Farc
haban asesinado a once militares y secuestrado a veintiuno ms, actos
que provocaron que el poblado fuera prcticamente borrado del mapa y
que el ataque dejara ms de 16 campesinos muertos (Semana, El Tomate:
pueblo borrado del mapa, 3 de octubre, 1988). Entre los autores intelectuales del hecho se ha sealado al dirigente liberal Jess Mara Lpez,
reconocido por representar a una familia poltica tradicional de la regin.
Por otra parte, estas acciones revelaban dos elementos importantes.
Los hechos fueron ejecutados por hombres sometidos a un adiestramiento en tcticas contrainsurgentes (a cargo del aventurero internacional Yair
Klein y otros mercenarios ingleses), pues en ese ao vena cundiendo el
rumor de que en la finca Las Tangas, de propiedad de la casa Castao,
tena lugar no solo el entrenamiento de personas que iban a hacer el
mandado sino que el lugar tambin era escenario de torturas e interrogatorios a los colaboradores de la guerrilla.
En segundo lugar, el ostensible ascenso de la familia Castao, as como
la creciente cooperacin que reciba de los ganaderos de Crdoba, eran
una realidad. Fidel Castao le hizo frente a una amenaza comn y sus
mtodos de lucha estaban mostrando resultados a medida que los grupos guerrilleros comenzaban a replegarse. Eso hizo que lograra ganarse
el reconocimiento del gremio ganadero, a tal punto que, en muchas ocasiones, llam a los familiares de los secuestrados para brindarles ayuda
moral, econmica e incluso militar. No en vano, para esos aos era denominado como el Bolvar del Sin; proyectaba una imagen de justiciero
y aguerrido combatiente y de ah surgi su alias de Rambo. Lo rodearon
de una aureola mstica que llev a los hacendados de la regin a estimarlo
como el mejor candidato para encabezar y coordinar las actividades de
autodefensa (Semana, Masacre, 9 de mayo, 1988).
No obstante, esta colaboracin tambin se hizo por medios coercitivos,
pues a las personas que se negaban a colaborar se les reconvena de manera
directa o mediante rumores. Era claro que nadie poda negarse a seguir el
modelo contrainsurgente: Cuando hacan las reuniones en el Batalln, el
Junn, recuerdo yo, Castao hablaba de que se necesitaba la colaboracin
de todos. Que no se poda dar el brazo a torcer. Y que donde supieran que
alguno le diera algo a la guerrilla, plata, uniformes, comida, lo que fuera, lo
mataban. Que se llevaban por delante al que fuera, que en esto no vala ni
apellidos ni nombre (Entrevista a Carlos, 29 de agosto, 2013).
08/07/2014 11:01:54 p.m.
El retroceso de la guerrilla en esos aos no solo qued evidenciado

en una presencia y un control territorial disminuidos sino tambin en la
erosin de sus bases sociales y logsticas. Las tcticas contrainsurgentes
empleadas se mostraban a tal punto efectivas, que algunos guerrilleros
empezaron a ejercer violencia en contra de la poblacin civil. Frente a este
panorama, un ganadero afirm que el campo comenzaba a recuperarse,
que ya podan volver a sus fincas y que tenan seguridad a cambio de
cotizar semestralmente dos mil pesos por hectrea (Entrevista a Carlos,
agosto 29, 2013). No pocas veces las Autodefensas reciban mucho ms
por conducto de las contribuciones voluntarias del gremio. Asimismo,
la campaa violenta empez a cambiar las posturas de los campesinos
frente a la insurgencia, pues las directrices de cero colaboracin con ella
dadas a los ganaderos se extendieron a los habitantes rurales. Nada de comida, nada de ayuda en materia de transporte, informacin, etc. Es decir,
estaban logrando quitarle el agua al pez.
De esa manera, la violencia de los grupos guerrilleros empez a dirigirse ahora contra los campesinos sus supuestas bases de apoyo, cuando empezaron a negarse a colaborar con ella, segn relataba un propietario habitante de la zona:

A finales de los noventa los guerrillos no tenan apoyo de nada. Por el camino
nadie les daba agua, ni les ofreca comida, ni un caballo para moverse. Me contaron que una vez lleg un comandante a una finquita y que pidi una mula para
moverse, pero el campesino le dijo que no poda drsela porque se la cobraban a
l. En respuesta el guerrillero le dijo: Ah, s? Y en su desesperacin, el guerrillero
le dijo: Pues si no nos ayuda lo matamos a usted tambin, y as fue. Ah ellos
perdieron todo (Entrevista a Carlos, agosto de 2013).
No obstante, pese a los avances de la lucha contrainsurgente, los ganaderos de la regin seguan reclamando una mayor presencia del Estado
colombiano, que por ese entonces estaba afrontando uno de sus mayores
retos: el narcoterrorismo, en cabeza de Pablo Escobar. Los poderes cordobeses, al igual que en ocasiones anteriores, exponan la difcil situacin
por la que estaban pasando, pero as mismo reconocan su apoyo a las
actuales estructuras de autodefensas frente al asedio guerrillero. En carta
enviada por un ganadero se afirmaba que ellos estaban
dispuestos, seor Presidente, incluso a renunciar a esa legtima defensa colectiva
usada en otras regiones con reconocido xito [] A m comenzaron a boletear-
08/07/2014 11:01:54 p.m.
me desde 1969. Pero en esta poca incluso se poda negociar con la guerrilla y
explicarle a esa gente que uno no tena la cantidad que exigan. Pero ahora tiene
que ser la suma que ellos pidan o si no matan al administrador, lo matan a uno,
o, como les ha dado por hacer los ltimos tiempos, matan las reses y queman las
fincas [] Si el Ejrcito no puede, le toca a uno (Semana, El drama cordobs,
1989; Carta de ganaderos al Presidente Barco, citada por Aranguren, 2001).
Este tipo de terratenientes fue el que inspir el ttulo del presente captulo: la hacienda armada, que tuvo como su mejor exponente en Crdoba
a Salvatore Mancuso9, nombre que infundi terror y admiracin en el Departamento, pues fue una de esas personas que se encargaron de envalentonar a los ganaderos de la regin y a demostrar que la privatizacin de la
justicia y la organizacin de autodefensas era la herramienta adecuada para
proteger la propiedad de cualquier amenaza. Sobre todo cuando en sus inicios tuvo que defender las de sus familiares y especialmente la de su esposa,
integrante de la familia Milans, reconocida por sus extensas posesiones.
Por otro lado, resulta paradjica la instalacin del Batalln No. 11, que
contradice las afirmaciones de los ganaderos, pues en su sede se efectuaron
reuniones de narcotraficantes y miembros de la fuerza pblica para coordinar operaciones e intercambiar informacin de inteligencia. Para esto
se reunan muchsimo. Haban reuniones con mucha frecuencia y consejos para coordinar la seguridad, recomendaciones de la Brigada. En fin,
fue una actitud que trajo mucho optimismo a los ganaderos de Crdoba
y nos mantuvo con el nimo dispuesto a contribuir a combatir su subversin (Entrevista a Jos Flix, 18 de junio, 2008). A ese tipo de formas
de coordinacin contrainsurgente se le ha atribuido igualmente asesinatos
de lderes campesinos; bombardeos de zonas campesinas de Las Pailas,
La Fra, El Prado, El Diamante; instalacin de retenes, hostigamientos y
detenciones de campesinos, maltratos y torturas a la poblacin detenida;
destruccin de mejoras y sacrificios de animales, saqueos de tiendas y casas, persecucin y asesinatos de educadores (Medina y Tllez, 1994).
De hecho, la importancia que la fuerza pblica tiene para los propietarios de Crdoba parece ser muy grande:
9
Su vida ya ha sido objeto de estudios que muchas veces se asemejan ms a una apologa
que a una biografa. No sobra referenciar el trabajo de Glenda Martnez (2004), que
narra cmo se inici en las autodefensas, las reuniones que organiz con lderes locales,
ganaderos y miembros de la fuerza pblica, adems de sus operaciones al mando de grupos
de autodefensas y las picas batallas que libr para defender no solo sus haciendas sino
tambin las de sus conocidos, al igual que los grupos guerrilleros que azotaron la regin en
los aos ochenta y noventa.
08/07/2014 11:01:54 p.m.
A pesar de que hubo crmenes y robo de ganado, muchos ganaderos estamos

agradecidos con la presencia de nuestro Ejrcito [] la dotacin del Ejrcito era
muy deficiente, todava era muy mala para combatir el accionar de la insurgencia.
Pero lo que ms les dio nimo a los ganaderos fue el apoyo que les dio el Batalln
Junn [...] A las fincas se iba pero con mucha proteccin y con mucho cuidado. La presencia de Junn fue en principios de la dcada del setenta hasta que se
constituy la Brigada 11; si mi memoria no me falla, fue en el ao de 1988 y en
ese momento el Ejrcito prest una gran seguridad a la regin y a los ganaderos
[] haban reuniones con mucha frecuencia y consejos para coordinar la seguridad, recomendaciones de la Brigada. En fin, fue una actitud que trajo mucho
optimismo a los ganaderos de Crdoba y nos mantuvo con el nimo dispuesto a
contribuir, a combatir su subversin. (Entrevista a Jos Flix, 18 de junio, 2008).
En resumidas cuentas, todo lo anterior no solo evidencia sino que tambin visibiliza que la alianza entre narcotrfico, ganaderos y militares ya estaba establecida para finales de la dcada de los ochenta. En palabras de un
coronel retirado, la forma de operar era la siguiente: Los combates contra
el EPL se dieron con ayuda de ciertos ganaderos, y las acciones de la guerrilla, como la muerte del capitn Garca, tuvieron su respuesta: masacres,
ya que este tipo era primo de Homero Rodrguez, (carcelero de Escobar) y
pap del famoso Zeus. Las masacres fueron organizadas por los mandos
bajos, es decir, los tenientes, subtenientes y mayores. A la persona que no
estaba de acuerdo la trasladaban, consolidndose una forma de afrontar la
subversin (Entrevista a Eduardo Murillo, septiembre, 2009).
Son varios los elementos y las expresiones del proceso en cuestin que
diferencian a estos aos de la etapa anterior, pero tambin se presentan
ciertas continuidades. Los nuevos grupos de autodefensas siguen operando con la misma lgica control territorial y defensa de un orden social
regional figurado en la gran posesin, bajo las directrices de ganaderos
y militares. La puesta en escena de un nuevo actor trajo consigo nuevas
formas de operar y ejercer la violencia, valindose de nuevos repertorios
y ampliando el blanco. Empezaron a ejecutarse masacres, desapariciones
y asesinatos selectivos, pero no solo contra los combatientes sino tambin
contra lo que los polticos llaman las bases sociales. El blanco ya no
es individual, sino en masa. Se trata de matar a los supuestos amigos de
la guerrilla (asalariados del campo, invasores de tierras, campesinos sindicalizados, etc.) que suelen andar desarmados y no ofrecen resistencia
(Semana, Pura sangre, 16 de mayo, 1988). Es decir, se asuma el empleo
sistemtico de la guerra sucia para que no quedara duda de la imposibilidad de recomponer el escenario.
08/07/2014 11:01:54 p.m.
Y si bien los narcotraficantes eran los primeros auspiciadores, los recursos humanos y materiales decisivos provenan de los ganaderos y de
miembros de la fuerza pblica. Pero, a diferencia de los aos venideros,
estas estructuras no pretendan una expansin territorial sino controlar
el territorio amenazado. Adems, en contraste con la violencia anterior,
centrada contra la organizacin campesina, en estos aos la violencia se
extendi a otros sectores, que constituan, segn la opinin de los terratenientes, los jefes militares y los antioqueos recin llegados, una amenaza al orden vigente. Por eso, la guerra sucia de esta poca se materializ
en masacres, asesinatos selectivos y el destierro de lderes de izquierda sin
tregua alguna.
Asimismo, se termin por apuntalar un ordenamiento regional caracterizado por la prevalencia de las grandes posesiones y un modelo de
desarrollo rural inclinado hacia la ganadera extensiva y la produccin
agroindustrial, borrando, ahora s, cualquier posibilidad de subsistencia
de la economa campesina, al dedicar las tierras ms frtiles del Departamento al levante y ceba de ganado para abastecer el centro del pas. De
este proceso se desprendi un nuevo intento de contrarreforma agraria
y de acumulacin de tierras, que no solo afect al departamento de Crdoba sino tambin a otras amplias porciones del territorio nacional. Para
el ao de 1990 se calculaba que los narcotraficantes haban comprado
tierras en cerca de 300 municipios, de los 1.020 que tena el pas (Reyes,
2007). Situacin que fue sealada por la revista Semana, que calific este
proceso como el narco-agro. Ese medio de prensa estimaba que en el ao
1988 cerca de un milln de hectreas haban pasado a manos de narcotraficantes, especialmente en los departamentos de Crdoba, Sucre y Valle
del Cauca y en las regiones de Urab y Magdalena Medio (Semana, El
narco-agro, 26 de diciembre, 1988).
Por ltimo, otro cambio producido por la aparicin de los narcotraficantes fue el relativo al material de guerra: los anillos de seguridad de
los ganaderos no estaban armados ya con machetes, escopetas y otros
tipos de armas rudimentarias sino con armas modernas. Igualmente,
los cambios se presentaron tambin en la composicin de las autodefensas, compuestas anteriormente por el capataz o el cuidandero y
algunos integrantes de su familia o personas vinculadas a la hacienda,
pues ahora la afluencia de grandes capitales permiti que toda persona
que se alistara en esta organizacin devengara un sueldo. Aspecto muy
atractivo para el grueso de la poblacin cordobesa y urabea, que se
ha caracterizado por vivir un proceso de pauperizacin causado por la
08/07/2014 11:01:54 p.m.
consolidacin de la hacienda y el modelo de produccin agropecuaria

extensiva.
El ambiente constituyente de 1991: desarme sin desmonte

del modelo cordobs de las autodefensas
La realizacin de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que sell la reincorporacin de algunos grupos armados (M-19, EPL, Quintn
Lame, PRT), trajo un nuevo ambiente a la vida poltica colombiana. No
obstante, los dos grupos guerrilleros ms importantes se haban hecho
a un lado de las negociaciones y proseguan con sus aspiraciones revolucionarias. Por un lado, el ELN puso en marcha una estrategia para la
toma del poder a travs de la Campaa Vuelo de guila, que nunca
logr los resultados esperados sino que marc un punto de inflexin en
el desarrollo de ese grupo armado, que a partir de esos aos inici una
evolucin decreciente que dura hasta nuestros das (Aguilera, 2006).
Situacin distinta fue la de las Farc, que logr continuar su expansin
gracias a su mayor involucramiento en ciertos eslabones de la economa
de la coca, lo cual le permiti consolidar sus distintos frentes, tanto en
los lugares donde haba iniciado su presencia en los aos ochenta como
en nuevos territorios.
En el caso de Crdoba, este grupo fue aumentando sus efectivos en
reas adyacentes al Departamento, como la zona del Urab antioqueo,
donde, mediante el Quinto Frente, empez a hacer una presencia mucho ms activa desde los aos ochenta. De ah extendera su influencia
territorial hacia Crdoba, mediante el Frente 18, porque la posicin estratgica del Departamento le permiti aprovechar la conexin fcil de
Crdoba con Urab, el occidente, el norte y el Bajo Cauca antioqueos,
y en general el corredor que hay entre Antioquia y la Costa Caribe (Vicepresidencia, 2009). De hecho, la expansin fariana marc la trayectoria
que tuvo el conflicto armado y la violencia poltica en la regin a partir de
los aos ochenta y hasta mediados de los noventa.
Desde luego, tal expansin trajo como resultado el enfrentamiento de
las Farc con el EPL, el grupo hegemnico en la regin (EPL), cuyo dominio territorial y poltico se vea amenazado. La disputa condujo a la
generalizacin del empleo sistemtico de la violencia por parte de ambos
bandos en contra de las bases sociales de unos y otros, sobre todo despus
de la desmovilizacin del EPL y su conversin en un movimiento poltico
(Esperanza, Paz y Libertad). El suceso fue interpretado por las Farc, no
08/07/2014 11:01:54 p.m.
solo como una traicin a los ideales revolucionarios sino tambin como
la aparicin de nuevos adversarios en la lucha, porque algunos desmovilizados se integraron a los cuerpos de inteligencia del Estado, con la consiguiente polarizacin de las identidades polticas, que para mediados del
decenio condujo a un exterminio recproco (Surez, 2007).
Ahora bien, en estos aos los grupos de autodefensas haban disminuido su actividad en el Departamento, por dos razones. La primera obedeci
a que en la regin era evidente el debilitamiento del principal grupo guerrillero (EPL): hacia finales de los aos ochenta Fidel Castao haba disminuido su accin y la extraccin de recursos, pues haba logrado, segn
se aseguraba, acabar de una vez por todas con la vacuna; el jefe guerrillero a quien se le ocurriera pasar por la zona de influencia de Rambo para
cobrarla era devuelto en pedazos (Semana, Rambo, 21 de mayo, 1990).
Esto llev a que el EPL viera en la desmovilizacin la mejor salida frente
a la situacin, hasta el punto de pactar con la organizacin de Castao un
acuerdo de paz mediante el cual el lder paramilitar se comprometi a entregar tierra a militantes del EPL y campesinos desplazados, bajo la figura
de la Fundacin para la Paz de Crdoba (Funpazcor) (Semana, La pipa
de la paz, 8 de abril, 1991). Se estima que con la desmovilizacin de Castao se repartieron 10.000 hectreas de varias de las fincas ms valiosas de
Crdoba, de las cuales se haba apropiado a sangre y fuego. Su fundacin las
parcel y las reparti entre 2.500 familias de barrios pobres de Montera y
del campo (Semana, Sor Teresa, la ltima del clan siniestro, 13 de octubre,
2013).La segunda razn del descenso de las autodefensas fue el involucramiento del mismo Fidel Castao en la guerra contra el Cartel de Medelln y
la consiguiente concentracin de sus esfuerzos en la persecucin del Pablo
Escobar, el capo de esa organizacin, por medio del grupo de los Pepes
(Perseguidos por Pablo Escobar), que se aada a la serie de ajustes de cuentas y pugnas internas de los paramilitares entre partidarios y opositores a la
articulacin con el narcotrfico.
En este orden de ideas, esta pausa fue posible, no solo por la desmovilizacin del EPL sino porque tambin en algunos lugares del Departamento se haba logrado apuntalar un nuevo orden social y poltico, como
ocurri en las dos vertientes del norte de la Serrana de Abibe, desde las
cuales se proyectara la expansin paramilitar hacia todo la regin de
Urab en los aos venideros10. Por ese motivo, el descenso de la activi10
No en vano Gonzlez, Bolvar y Vsquez muestran que las acciones blicas presentan una
tendencia oscilante, en la cual se destaca el crecimiento de un 275% en 1992, y de 57,5% en 1993.
08/07/2014 11:01:54 p.m.
dad militar de los Castao no fue obstculo para que este grupo siguiera
ejerciendo violencia contra los campesinos y evitara que el EPL, ya desmovilizado, ganara influencia institucional en las elecciones de alcaldes y
concejales11. Y, al lado de estas disputas por el control territorial y poltico, prosigui la consolidacin del poder de los nuevos propietarios, que
compraban masivamente tierras en los municipios de Arboletes, Valencia, Tierralta, San Juan de Urab, Canalete y Villanueva, (Romero, 2003).
No en vano, en 1990 se estimaba que solo en la persona de Fidel Castao
estaban concentradas casi cien mil hectreas de tierra y miles de cabezas
de ganado, que tenan su origen en el negocio de la cocana (Semana,
Rambo, 21 de mayo, 1990).
Esta evolucin permite comprender las razones de la intensificacin del
conflicto en 1993 en Urab, el Alto Sin y el nordeste antioqueo, as como
en otras regiones de Colombia (el Magdalena Medio, el sur de Cesar, el
sur de Bolvar y la subregin del Catatumbo), porque ya se estaban perfilando las pretensiones de configurar un corredor que atravesara el pas de
occidente a oriente, compuesto por estas regiones contiguas que ofrecan
condiciones propicias para la insercin de los actores armados ilegales y
compartan dos rasgos estructurales: el hecho fsico de ser una zona limtrofe entre el Caribe y la regin Andina, y el hecho social y econmico de
ser zonas de colonizacin en va de cerrarse (Gonzlez, Vsquez, Quiroga,
Barrera y Aponte, 2011). No obstante tambin es evidente un descenso en
la confrontacin regional y en las infracciones al DIH, pues las disputas territoriales estaban ms concentradas en ciertas reas del Departamento por
cuenta de los factores mencionados anteriormente (Grficas 1 y 5).
Sin embargo, apenas para estos aos estaba tomando forma el proyecto unificador de los grupos paramilitares, que solo se concret con el
ascenso de Carlos Castao, lo cual signific el cambio de nombre de las
estructuras armadas de Fidel, que, de llamarse Los Magnficos o Los
Tangueros, pasaron a constituir las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (Accu). Esto no solo buscaba dar una impresin de unidad
y mando unificado sino tambin expresar la pretensin de su mximo
lder de pasar, del reconocimiento regional que ya haba adquirido, a su
legitimidad como actor poltico relevante y con un liderazgo en el mbito nacional. Con vistas a ese objetivo, la organizacin no solo construy
unos lineamientos polticos y militares sino que tambin se encamin
11
No sobra recordar las masacres de La Mejor Esquina y El Tomate (Crdoba), al igual que la
desaparicin de 42 campesinos en Pueblo Bello, corregimiento de Turbo, en 1990.
08/07/2014 11:01:54 p.m.
Infracciones DIH
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10
20
30
40
50
60
70
Grfica 1
Infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH
08/07/2014 11:01:55 p.m.
hacia la emisin de discursos polticos que partan de la va militar para

proyectarse en el escenario nacional de la guerra.
La antesala del proyecto paramilitar: de las Convivir a la

reestructuracin del modelo de las autodefensas
El final de este periodo se caracteriza por una reestructuracin del modelo de las autodefensas en Colombia, que tendra como resultado su expansin a varias regiones del territorio nacional y que parta del departamento de Crdoba como plataforma y punta de lanza. No sobra recordar
que en esos aos, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998),
tuvo lugar una nueva escalada del conflicto armado en el nivel nacional,
que se vio agravada por el escaso margen de maniobra poltica de esa
administracin como consecuencia del llamado Proceso 8.000. Por un
lado, era cada vez ms evidente el mayor nmero de combatientes y la
capacidad de fuego de las Farc, como resultado de la nueva fuente de
recursos econmicos originada en su control sobre ciertos eslabones de
la economa de la coca. Por otro, el proyecto paramilitar, pasada la guerra
contra el cartel de Medelln, puso en marcha nuevas apuestas estratgicas
que lo convirtieron en un actor de primer orden en el pas. La experiencia
cordobesa constituy un paradigma a seguir en otras zonas de Colombia
donde estaba teniendo lugar la avanzada guerrillera.
Este aliento expansivo se facilit con la creacin de las Cooperativas
de Vigilancia Privada (Convivir) y con las purgas en el seno del narcotrfico, que terminaron por fortalecer a la casa Castao. En cuanto al
primer asunto, las Convivir fueron una reedicin de las apuestas del
Estado central por delegar el monopolio de la violencia en los ciudadanos rurales de bien, ante su incapacidad de protegerlos. En entrevista
de prensa, el exministro de Defensa, Fernando Botero, estimaba que
ellas, inicialmente, se haban inspirado en las Rondas Campesinas del
Per y tenan por finalidad incrementar la ofensiva contra las guerrillas
y evitar la privatizacin de la justicia en manos del paramilitarismo,
pero en verdad terminaron contribuyendo a su expansin. En esa misma ocasin Botero manifest que una de las bases para una eventual
negociacin y solucin del conflicto armado colombiano era, como una
vez afirmara el expresidente Alfonso Lpez Michelsen, la victoria militar para la paz. Ejemplo de ello habra sido la desmovilizacin del M-19
y el EPL, que fueron derrotados militarmente (Entrevista a Fernando
Botero, 2 de febrero de 2012).
08/07/2014 11:01:55 p.m.
En el departamento de Crdoba esa iniciativa fue acogida plenamente,

como ocurri con el Gobernador de ese entonces, los mandos del Ejrcito
y algunos ganaderos, quienes acordaron la organizacin de una red de
las Convivir en el Departamento (El Heraldo, Buscan conformar red de
Convivir, 2 de mayo, 1996), pues la iniciativa, as como las mismas autodefensas, estaran buscando asegurar la produccin agropecuaria y reforzar la seguridad en el campo cordobs. La propia Federacin Ganadera
de Crdoba (Ganacor) no solo la respaldaba sino que adems defenda la
labor que haban llevado a cabo las autodefensas de Carlos Castao y se
mostraba en franca oposicin a la persecucin que adelantaba el gobierno nacional contra su lder. Consideraba que, sin l, la suerte del campo
corra peligro e incluso se afirm que con dicha persecucin el gobierno
le estaba tendiendo una mano a la guerrilla y dejando desamparado al
sector agropecuario, por lo cual se vean obligados a asumir ellos mismos
una posicin de defensa (El Heraldo, Autodefensas, freno a la guerrilla:
Ganacor, 17 de diciembre, 1996).
En cuanto al segundo punto, la casa Castao, ahora en cabeza de Carlos, pretendi convertir a las Accu en un actor poltico a travs de un
discurso que buscaba denunciar la debilidad estructural del Estado, el
desprestigio de la lucha revolucionaria y la necesidad de la inclusin de su
movimiento en la mesa de dilogos de paz. Lleg a sostener que existan
puntos de convergencia entre su organizacin armada y la insurgencia,
pues su trayectoria en el conflicto blico responda a factores estructurales similares: la necesidad de una reforma agraria, el re-direccionamiento de la poltica petrolera y el otorgamiento de garantas a los partidos
minoritarios. No obstante, en su opinin, la insurgencia no practicaba lo
que deca. Frente a la coyuntura poltica del momento, afirm que la crisis
creada por el Proceso 8.000 haba llevado al gobierno a cometer errores,
por la ausencia de polticas de paz y de defensa adecuadas para contrarrestar a la guerrilla. Y si no fuese por las autodefensas, en estos cuatro
aos la guerrilla estara tan fortalecida que no estara pensando en una
salida negociada (Revista Cambio 16, 15 de diciembre, 1997).
Estas pretensiones venan siendo respaldadas en Crdoba desde aos
atrs, cuando los ganaderos del Departamento pidieron un trato poltico
para los paramilitares. En su opinin, no tena asidero alguno el hecho de
que, a la hora de negociar la paz, a unos se les tratara como a delincuentes
comunes y a otros como a prceres con derechos y amnista e indultos
(El Tiempo, Ganaderos de Crdoba piden trato poltico a paramilitares,
13 de julio, 1995). Por ltimo, la bsqueda de este nuevo estatus poltico
08/07/2014 11:01:55 p.m.
estuvo acompaada del cumplimiento de los acuerdos sobre restitucin

de tierras a campesinos afectados por el conflicto armado. Segn ellos, la
creacin de la Fundacin para la Paz de Crdoba (Funpazcor) condujo,
en 1995, a la donacin de 5.000 hectreas, a las que se habran aadido
crditos bancarios, seguro de vida, educacin y salud (Vanguardia Liberal, Castao don tierras a campesinos de Crdoba, 25 de julio, 1995).
En este contexto, las pretensiones de Carlos Castao encontraban un
escenario favorable, pues no solo contaban con el respaldo del poder regional sino que, en la realizacin de lo que se denomin como Tercera
Cumbre del movimiento nacional de las autodefensas, se acord expandir
su influencia a los departamentos de la zona cafetera, La Guajira, el norte
del Valle, el noroccidente antioqueo, el norte del Cesar, el bajo Putumayo, el norte del Tolima, Casanare y los Llanos orientales (Semanario Voz,
11 de noviembre, 1996).
Los dos factores anteriores implicaban que estaban dadas las

condiciones para el inicio de la expansin del proyecto paramilitar a distintas regiones de Colombia, con una mayor integracin
a la vida nacional pero acompaado de grandes diferencias sociales y econmicas en su seno. De esta forma empezaron a aunarse
fuerzas con los distintos poderes regionales afectados por la actividad insurgente, alrededor de una organizacin federada que se
denomin Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que recoga
la experiencia anterior de las Autodefensas de Crdoba y Urab,
las del Magdalena Medio y las del sur de Cesar y Santander, con la
idea de buscar su proyeccin poltica, econmica y social mediante
el despliegue de una violencia sistemtica contra la poblacin civil,
enderezada a asegurarles el control territorial.
Por eso, conforme lo establecen Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2003),
se puede considerar que el final de este periodo se caracteriza por la contraposicin de dos situaciones: de un lado, la expansin de las Farc hacia
regiones ms integradas a la vida econmica y poltica del conjunto de la
nacin y sus enfrentamientos con la evolucin del EPL, y, del otro lado, la
mayor coordinacin de los grupos paramilitares y su consolidacin en las
zonas donde la guerrilla haba intentado expandirse. Esta doble expansin ocurri en zonas de rpido y desigual crecimiento, cuyas tensiones
sobrepasaban las escasas capacidades de mediacin estatal, que intentaban ser suplidas por grupos armados de diversa orientacin. Y trajo como
consecuencia la intensificacin y degradacin del conflicto armado, que
alcanz entonces niveles de victimizacin nunca antes vistos en el pas.
08/07/2014 11:01:55 p.m.
El cambio es perceptible en los planos regional y macrorregional, donde

el nmero de masacres presentaba cifras elevadas y evidenciaba dichos
objetivos (Tabla 8). Crdoba ejemplifica de forma muy acertada el nivel
de intensidad que registraron all las acciones de las autodefensas a partir
de los aos ochenta, en procura de sus objetivos: el 20% de la totalidad de
las masacres perpetradas en la macrorregin en el curso de 17 aos tuvo
lugar en su territorio. El mayor acento sobre la parte sur del Departamento, la cual, en los estimativos de Castao y Mancuso, en esos aos era
considerada todava como zona roja y en manos de la insurgencia. De esa
forma se puede entender que cerca del 47% de las masacres del Departamento hayan tenido escenario en esa parte (Tabla 8).
Tabla 8
Masacres por Macrorregin 1980-1997
Motivos-Lucha 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Atlntico
Bolivar
Cesar
Crdoba
Sucre
Total
General
3
4
La Guajira
Magdalena
Total
23
10
27
10
37
11
17
20
12
24
25
131
Tabla 9
Masacres por Municipio 1980-1997

Municipio
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total
Puerto Libertador
Tierralta
Montera
1
1
2
1
Chin
Canalete
Valencia
Ayapel
Buenavista
La Apartada
Montelbano
Puerto Escondido
Pursima
Sahagn
San Andres
Sotavento
San Carlos
Total
1
0
1
0
23
08/07/2014 11:01:56 p.m.
Magdalena
28%
La Guajira
8%
Sucre
13%
Atlntico
5%
Grfica 2
Crdoba
21%
Cesar
8%
Bolvar
17%
Masacres Macrorregin Caribe 1980 -1997
08/07/2014 11:01:56 p.m.
En su defecto el uso sistemtico de las masacres por parte de las Accu

fue el mtodo predilecto de esta organizacin para hacerse espacio en
el nivel regional, no en vano este perodo registr el 61% del total de las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el Departamento.
De esta estrategia violenta acab de una vez por todas con cualquier tipo
de lucha social o movilizacin asociada por la tenencia de la tierra. De
hecho, la tendencia a la baja de las movilizaciones campesina qued confirmada durante estos aos. No por nada desde los aos noventa hasta el
presente no se registr ningn tipo de movilizacin que reivindicara la
creciente concentracin de la tierra y el proceso de despojo que se estaba
acentuando para estos aos. Pues el uso de la violencia sistemtica le garantiz tanto a los propietarios como a los paramilitares la no existencia
de incentivo alguno para la movilizacin y el uso de la invasin como
repertorio (Tabla 10).
Tabla 10
Principales motivos de lucha en Crdoba, 1998-2012
Motivos-Lucha
1998
1999
2000
2001
2002
Predios rurales
2003
Retencin salarial
Derecho a la vida,
integridad y libertad
Energa
Agua
2007
2008
2009
2010
2011
11
2
1
Educacin
9
2006
10
2012
2005
Vas
Total General
2004
11
10
10
13
12
31
38
Por su lado, este control territorial por parte de las Accu revelaba que
su actividad no solo estaba dirigida a salvaguardar y mantener la proteccin de la gran empresa agrcola. A la par de la pacificacin del mbito
rural, se retomaron las antiguas rutas del boom marimbero, y se fueron
consolidando ciertas rutas y eslabones de la economa de la coca que
aprovechaban las ventajas comparativas que, como era de conocimiento
pblico, ofrece el Departamento para la existencia de rutas del contrabando y pistas areas. La llegada de los paramilitares y de algunos narcotraficantes signific no solo el reciclaje de esta infraestructura sino asimismo
toda una integracin espacial del Departamento en torno a esa actividad.
En esta direccin, para los aos noventa, Crdoba no solo era noticia en
los medios de prensa por motivo de la violencia sino tambin por el des-
08/07/2014 11:01:56 p.m.
Paramilitares
64%
Fuerza Pblica
10%
Paramilitares
64%
Guerrillas
26%
Sin Informacin
0%
Grfica 3
Infracciones al DIH 1990 - 1997
Guerrillas
26%
08/07/2014 11:01:56 p.m.
cubrimiento de nuevos cargamentos de cocana (El Heraldo, Incautan

cocana armas y municiones, 27 de agosto, 1996), as como de laboratorios para el procesamiento de la hoja de coca, que alcanzaban a tener una
capacidad de 900 kilos por da (El Heraldo, Destruyen cultivos de coca,
14 de febrero, 1996). En otras palabras, el dominio paramilitar, que implant en el territorio un anillo de seguridad combinado con la ubicacin
geogrfica del Departamento, tuvo como resultado la configuracin de
un cluster en torno a la economa del narcotrfico. Situacin que tambin
queda en evidencia con la figuracin del Departamento como una de las
zonas del territorio nacional que ms alojaba cultivos ilcitos (Tabla 11).
Tabla 11
Cultivos de coca en Crdoba, 1999-2012
Ao
1999
2000
2001
2002
2003
Nmero de Hectreas
1920
117
652
385
838
2004
1.536
2005
3.136
2006
1.216
2007
1.858
2008
1.710
2009
3.113
2010
3.889
2011
1.088
2012
1.046
Fuente: Simci. Elaboracin propia.
Sin embargo, esta presencia hegemnica no impeda que siguiera existiendo en el Departamento una zona que pareca bastante problemtica
para los intereses de la casa Castao. Como ya lo hemos dicho, el Alto
Sin ha sido tradicionalmente la porcin del territorio departamental
menos integrada a las redes polticas regionales del Departamento y al
mismo Estado central. El hecho de ser la zona de colonizacin ms reciente hizo que la guerrilla lograra insertarse en ella exitosamente. Si a lo
anterior se aade la mayor ligazn de sus dinmicas sociales con el Urab
antioqueo, podemos entender la ola de violencia que tena lugar en esos
aos, que marcaron el final de la conquista del Urab antioqueo por
parte de los paramilitares, como culminacin de una sangrienta disputa
08/07/2014 11:01:57 p.m.
por el control territorial de esa regin. No en vano, la zona del Alto Sin
y San Jorge aloj el 47% del total de masacres que se presentaron en el
Departamento entre los aos ochenta y 1997 (Tabla 9).
De ah la frecuencia de los enfrentamientos que tuvieron lugar por
esos aos en ese territorio y las sistemticas acciones de las autodefensas
en contra de la poblacin civil encaminadas a cerrar el paso a las Farc,
que estaban buscando replegarse hacia las zonas del Alto Sin con la intencin de recuperar sus fuerzas despus de su expulsin de Urab. Esto
hizo que la presencia de los frentes 18 y quinto centrara la disputa por
el control territorial en torno a Tierralta y Valencia (El Tiempo, Ola de
violencia azota Tierralta, 27 de marzo, 1996) terminara acarreando nuevos desplazamientos de pobladores locales a los principales cascos urbanos y a la misma capital departamental. De hecho, en 1996, se estimaba
que los ltimos once aos de confrontacin armada haban provocado
el desplazamiento de cerca de 100.000 campesinos, en su gran mayora
provenientes de los municipios de Planeta Rica, Tierralta, Valencia, Canalete y San Carlos (El Tiempo, En Crdoba la violencia desplaza ms de
cien mil campesinos, 8 de abril, 1995). Situacin que pone de relieve la
problemtica y poca fiabilidad de los datos oficiales, los cuales contrastan
de manera ostensible con las cifras publicadas por los medios de prensa nacionales. No por nada, para esos aos se estimaba que solo cerca
de 26.000 personas haban sido desplazadas (Tabla 12). Este proceso de
desplazamiento trajo como resultado que, para mediados de los noventa,
la capital cordobesa (Montera) contara con el barrio de invasin ms
grande del pas, integrado en su mayora por desplazados de las zonas
rurales, quienes, frente a la violencia, no tuvieron ms remedio que huir
(El Colombiano, Cantaclaro: el refugio ms grande de Colombia, 28 de
mayo,1995). Por supuesto, este tipo de asentamientos le representaron al
paramilitarismo, en los siguientes quince aos, no solo recursos humanos sino tambin materiales y logsticos, pues el carcter subnormal del
poblamiento (falta de servicios pblicos, ausencia de programas sociales,
condiciones de pobreza y exclusin, economas informales) sera aprovechado para incidir en amplios espacios de la vida social de los pobladores,
extraer recursos, reclutar y organizar distintos sistemas de seguridad y
redes de apoyo para salvaguardar y garantizar el orden social establecido.
De esa forma, el proyecto de Castao iniciara otra fase en su desenvolvimiento: su insercin en medianos y grandes centros urbanos.
Para entonces, la insurgencia armada no pasaba por sus mejores momentos en el Departamento. Por un lado, la disidencia del EPL el frente
08/07/2014 11:01:57 p.m.
Tabla 12
Desplazamiento acumulado en Crdoba 1997-2012

Ao
Antes de 1997
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total
Nmero de personas
desplazadas
26.366
30.509
39.100
55.561
72.202
95.737
114.819
120.835
127.638
137.492
148.109
159.541
175.962
186.434
197.740
212.739
215.760
2.116.544
Fuente: Ocha. Elaboracin propia.
Manuel Elkin Castao opt por desmovilizarse frente a la creciente presin de las Fuerzas Militares y las autodefensas. Igual suerte corri el Frente
58 de las Farc, cuyo comandante advirti que esperaba que no se repitiera
lo sucedido con los antiguos desmovilizados del EPL, quienes fueron asesinados despus de su desmovilizacin (El Espectador, Declina frente de las
Farc, 6 de octubre, 1996). Sin embargo, el comandante olvid aclarar que
no todos fueron asesinados sino que muchos de ellos engrosaron las filas
de las Accu. Por aadidura, y sumado al desplazamiento de los pobladores
locales, all donde el control territorial no estaba garantizado y en las zonas
donde los grupos armados de izquierda haban tenido cierta ascendencia
social, se prosigui con el exterminio de los movimientos polticos alternativos, as como de los pocos lderes de algunas organizaciones sociales que
haban logrado sobrevivir a la dcada de los ochenta. Por ejemplo, en 1997
fue ultimado el nico candidato de la Corriente de Renovacin Socialista
al concejo de Montera, Fredy Fuentes, suceso que condujo al retiro de la
CRS de toda actividad proselitista en esa zona del pas (El Pas, Elecciones:
entre el terror y las dudas, 17 de agosto, 1997). Lo mismo sucedi con la
concejal Evangelista Vega, del M-19, asesinada en Sahagn (El Heraldo, 6
de mayo, 1997). Igualmente, dirigentes cvicos y sindicales no solo fueron
sealados por medio de panfletos sino que sus reclamos fueron aplacados
con diferentes hechos violentos que en la mayora de las ocasiones los obligaron a exiliarse (Semanario Voz, 19 de junio, 1996).
08/07/2014 11:01:57 p.m.
La consolidacin nacional de las Accu y la gnesis de la

llamada parapoltica: expresin de un orden regional 1998-2005
La administracin de Andrs Pastrana (1998-2002) no es solo recordada
por las negociaciones de San Vicente del Cagun sino tambin por los
niveles inusitados que registr el conflicto armado colombiano bajo su
mandato, tanto en el grado de victimizacin que padeci la poblacin
civil (masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos, amenazas, etc.)
como en la escalada de las acciones blicas de los actores armados, a tal
punto que, en esos aos, Colombia fue catalogada como un Estado fallido. El proyecto paramilitar empez as a ocupar un lugar central en la
vida poltica nacional. Para entonces, las AUC no solo enviaban comunicados al gobierno de turno para exigir reconocimiento poltico y expresar
su oposicin al proceso del Cagun sino que tambin estaban sumergidas
en un proceso de expansin nacional que tena como base el departamento de Crdoba y proyectaba un tipo de ordenamiento regional apalancado en la violencia. Su dominio de las partes planas y ms integradas del
departamento de Crdoba le haba otorgado un importante estatus, factor que allanaba el terreno para que los paramilitares pudiesen incidir de
forma ms activa en la vida poltica local y regional. Esta situacin se vio
facilitada no solo por su labor pacificadora sino tambin por el respaldo y
reconocimiento que recibi de la sociedad cordobesa.
Una vez pacificadas las zonas ms integradas del Departamento y ganada la guerra en Urab, Carlos Castao se propuso dos metas de corto plazo:
el reconocimiento poltico de la organizacin y la expansin del modelo
cordobs a otras regiones del territorio colombiano. Para el primer objetivo, busc aglomerar bajo la bandera de las AUC a las distintas expresiones
de resistencia armada regionales. Con ese objetivo se integraron las estructuras armadas existentes en el Cesar, Antioquia y el Magdalena Medio, entre otras extensiones, bajo una directriz unificada al mando de Carlos Castao y con unos planteamientos claros sobre la naturaleza poltico-militar
del movimiento, basados en los estatutos de las Accu (AUC. Naturaleza
poltico-militar del movimiento, 26 de junio, 1997).
La faena paramilitar nacional tuvo como principal objetivo frenar el
avance guerrillero en ciertas zonas consideradas de inters estratgico.
Se emprendi una avanzada en los departamentos vecinos de Bolvar y
Sucre, al tiempo que se fortalecieron las estructuras del sur del Cesar, para
luego internarse en el Magdalena Medio, Santander y Norte de Santander
(Aponte, 2013 y 2012). As se consolid un corredor estratgico de mo-
08/07/2014 11:01:57 p.m.
vilidad de oriente a occidente, que no solo les permiti cortar el avance

guerrillero sobre el norte del pas e incomunicar los frentes del norte con
los del interior, sino tambin establecer un circuito econmico y de movilidad que les facilit sostener su avanzada por varios aos.
Este nuevo protagonismo nacional de la guerra fue un factor importante
para alcanzar un mayor reconocimiento poltico, porque empezaron a ser
actores relevantes en la trayectoria nacional del conflicto armado. Como
haba pasado en aos pasados, el movimiento expansivo del paramilitarismo se legitimaba bajo el supuesto de que las autodefensas eran la respuesta
al clamor de conseguir la paz a travs de la legtima defensa de la sociedad
frente a la agresin de la guerrilla y la indiferencia del Estado (El Meridiano
de Crdoba, Entrevista a los comandantes de las Accu, Santander Lozada y Cesar Marn, 9 y 10 de septiembre, 1998). Los comandantes lograron
vender, tanto a los poderes polticos y econmicos como a los grupos de
autodefensas regionales, la idea de que el nuevo modelo de las AUC era una
forma de solucionar la guerra y construir la paz basada en el antecedente de
Crdoba, donde haban logrado replegar el avance guerrillero y asegurarse
el dominio de las zonas de mayor inters econmico.
Ese avance fue de la mano con una mayor exposicin pblica de Castao y sus lugartenientes, quienes dieron a conocer las justificaciones de
esta expresin armada y sus planteamientos ideolgicos enderezados a
reivindicar a las AUC como una fuerza civil antisubversiva que combata
a la guerrilla de forma irregular y haba logrado que los alzados en armas contra el Estado se replegaran hasta sus reas de refugio. Con una
importante diferencia en comparacin con aos anteriores: de hacer un
ejercicio de control territorial haban pasado a un proceso de expansin a
nuevos territorios y logrado la hegemona de su orden en regiones enteras. Con nosotros la guerrilla va perdiendo la guerra en todo el norte del
pas, en el resto la estamos disputando. Esta justificacin iba acompaada
por un discurso poltico en el cual se declaraban enemigos de la corrupcin administrativa, del clientelismo, del despilfarro, etc. Solo cuando el
Estado hiciera respetar la ley, y solo entonces, ellos perderan su razn de
ser (El Meridiano de Crdoba, Entrevista a los comandantes de las Accu:
Santander Lozada y Csar Marn, 9 y 10 de septiembre, 1998).
La expresin ms acabada de dicho reconocimiento y ascendencia en
el plano nacional fue lo que se conoci como el Acuerdo de Crdoba, o
Acuerdo de Paramillo, en el cual no solo se pact una buena voluntad
de la organizacin sino tambin su respeto por el DIH (El Espectador,
Paramilitares, debate y poltica, 11 de agosto, 1998), y hasta cierta forma
08/07/2014 11:01:57 p.m.
el estatus poltico de la organizacin y su reconocimiento como fuerza

beligerante (El Espectador, De Maguncia a Paramillo, 2 de agosto, 1998).
Ahora bien, el ascenso de los paramilitares era ms que perceptible en
las reas locales y la regin. En las partes planas del Departamento haban
logrado imponer un dominio claro, que inclua la expulsin de la guerrilla del norte y el centro. En ese sentido, puede entenderse la ausencia de
masacres o de otro tipo de infracciones del DIH, as como de acciones
blicas en los municipios costeros o centrales, con excepcin de Montera
(Tabla 9 y Grfica 4). De acuerdo con esta lgica de control territorial,
se estructuraron tres grupos, relacionados con las zonas y el grado de
influencia paramilitar. En primera instancia aparecan los llamados grupos de base, integrados por la poblacin civil, el resto del campesinado.
Gente con una instruccin sobre comunicaciones, sobre la situacin de
la regin, prestan servicios de inteligencia, avisan todo lo que viene []
Saben distinguir entre Ejrcito y guerrilla, saben cundo somos nosotros
y tienen una red de comunicaciones permanente (Entrevista a Ral, integrante de las Accu en esos aos, citado por Vicepresidencia, 2009).
En segunda instancia estaban los grupos de apoyo, que se encontraban
distribuidos en las veredas, tambin con armamento de guerra, material
de comunicaciones, entrenamiento de combate, cuya misin era defender
las veredas de las incursiones de la guerrilla, pero no estn tan entrenados, solo en tcnicas de defensa. Son campesinos natos que, debido a la
situacin que se vive en el campo colombiano, hallaron la alternativa de
buscar seguridad y paz. Si usted le pregunta a cualquiera de ellos cmo se
toma un campamento del enemigo, no sabe. Pero si la guerrilla viene, s
sabe cmo la burla, cmo le dispara, hace cinco o seis tiros, si puede dar
de baja a un guerrillero lo da de baja o si no se retira en otra posicin
(ib.). Y, por ltimo, los miembros del grupo de choque estn entrenados,
capacitados y dotados de armamento [] La misin de esos grupos de
choque es combatir al enemigo en sus propias reas. Son grupos de ofensiva, cuya tarea es localizar a la guerrilla donde se encuentre, en sus reas
de descanso, en sus reas de apoyo, en sus campamentos, y atacarla, pues
se sabe, por estrategia, que la mejor forma de defenderse es pasando a la
ofensiva. Normalmente, cada grupo est compuesto por unos cuarenta
hombres y es equivalente a un pelotn del Ejrcito (ib.).
Toda esta estructuracin revela no solo el grado de control territorial que tena el paramilitarismo por esos aos sino tambin las zonas en
donde los actores armados estaban trenzados en una puja por su dominio. Ejemplo de esto era que, en esos aos, las zonas del centro y el norte
08/07/2014 11:01:57 p.m.
del Departamento ya no requeran disponer de aparatos de inteligencia,

porque eran lo que llamaban zonas de frontera. Era una zona recuperada, y es difcil que caiga una vez ms [...] cualquier embrin que vaya
resultando por all, inmediatamente vienen e informan. En nuestra retaguardia, por donde hemos liberado [Sic.] fenmenos de delincuencia
comn, fenmenos de guerrilla que vayan apareciendo, eso se sabe aqu
y va con ellos la patrulla hasta all (ib.). No obstante, esta situacin no
era la misma en las partes altas del Departamento (el sur), donde la presencia y el control paramilitares se tornaban ms difusos, lo cual permite
entender no solo esta especializacin y diferenciacin de las estructuras
armadas sino tambin que la confrontacin se concentrara en el camino
a las partes montaosas, particularmente hacia el Parque Nacional del
Nudo de Paramillo. Hacia esa zona se haban replegado las Farc, forzadas
por la avanzada paramilitar en Urab, y logrado copar exitosamente los
espacios dejados por la disidencia del EPL, as como por las estructuras
desmovilizadas en cumplimiento de las determinaciones de la Asamblea
Nacional Constituyente. De esa forma, el conflicto y la disputa territorial
se concentraron en los municipios de Tierralta, Valencia y Puerto Libertador, en lo que se tiende a denominar como los altos Sin y San Jorge.
Precisamente all donde, en esos aos, se concentraron las masacres y
otro tipo de acciones violentas, as como la confrontacin directa entre
los actores armados, con mayor precisin las autodefensas y la fuerza pblica enfrentadas a las Farc (Tabla 13).
Esta evolucin territorial permite entender la ola violenta que soport
esta zona desde finales del gobierno de Samper y que se extendi hasta
fines del siglo, ya que constitua claramente el ltimo reducto de resistencia con el cual contaban las Farc asentadas en la zona. Por ese motivo
las AUC enfilaron bateras en direccin a ganar el control del territorio,
teniendo como objetivo el Nudo de Paramillo. Esta posicin es un admirable corredor de movilidad: conecta al Choc y el Urab antioqueo;
hacia el norte, lleva a las sabanas de Crdoba y Sucre, y al occidente tiene salidas al Bajo y el Medio Cauca antioqueos, y finalmente tambin
cuenta con la presencia de cultivos ilcitos (Tabla 11) y rutas, tanto en
direccin al Ocano Pacfico como al Mar Caribe, por los golfos de Urab
y Morrosquillo.
Sin embargo, la respuesta de las Farc frente a la presin paramilitar
no se hizo esperar: en 1998 lanzaron una contraofensiva en Tierralta y
en 1999 en Puerto Libertador y Montelbano, as como en Dabeiba (Antioquia) (El Espectador, El terror invade a Tierralta, Crdoba, 30 de
08/07/2014 11:01:57 p.m.
diciembre, 1998; El Pas, Crdoba: temor por amenazas guerrilleras, 5

de enero, 1999). Esta decisin estratgica se puede apreciar en la grfica
sobre acciones blicas en donde se registra un nuevo ascenso de la actividad armada luego de un descenso por largo aos en la regin (Grfica
4). De hecho, el Secretariado de las Farc decidi reforzar su presencia en
el mbito regional mediante la creacin de una columna mvil, no solo
para asegurar las zonas donde haban hecho presencia antes sino tambin
para controlar, tanto el corredor que facilitaba el trfico de armas desde
Centroamrica, como los corredores de la droga, es decir, las zonas del
Urab antioqueo y chocoano. Para tal objetivo se concentraron cerca de
450 hombres los mejores combatientes de sus 61 frentes, bajo el mando
de Jacobo Arango, El Manteco, Isaas Trujillo y El Negro Toms (El
Tiempo, Urab, la tierra perdida de las Farc, 27 de junio, 1999. Citado
por Medina, 2011).
En esta direccin, como seala Medina (2001), la estrategia utilizada
por las Farc-EP para combatir a los grupos paramilitares se bas en una
ofensiva de confrontacin directa en el rea rural (como un ejrcito regular) y de ataques focalizados (al estilo de guerra de guerrillas) en los cascos
urbanos. Y si bien los buenos resultados se explican en parte, como apunta
Medina, por el apoyo que recibi de la poblacin que recordaba la inicial
arremetida paramilitar, se olvida de que en esos aos los paramilitares estaban conduciendo otros procesos expansivos (en el sur del Departamento
de Bolvar y en Norte de Santander) que demandaban un pie de fuerza
importante, as como recursos. Siendo as, es menester recordar la fuerte
desconfianza que tena Castao y sus hombres frente a las poblaciones de
estas zonas, a causa de su pasado alineado al proyecto subversivo, por lo
cual se vieron obligados a llevar contingentes de Crdoba y Urab a fin de
limpiar el terreno como alternativa frente a las pocas posibilidades de reclutamiento (Aponte, 2012 y 2013). Es decir, el avance se debi, tanto a un
voluntarismo guerrillero como a un descuido de los hombres de Castao.
No en vano, un medio de prensa de la poca sealaba la relativa debilidad
de las Accu, las cuales, confiadas, enviaron a 600 de sus hombres a otras
regiones (sur de Bolvar y Norte de Santander) (El Pas, Las Farc lanzan
una ofensiva para recuperar Urab, 8 de agosto, 1999).
En esta direccin, podemos entender las incursiones de las Farc contra los considerados bastiones paramilitares como un plan de recuperacin que provoc la cada de La Secreta y la incursin a la base de Tolov,
cuartel principal de Carlos Castao, sucesos que significaron un importante revs para ste y sus hombres, ya que las Farc lograron el control de
08/07/2014 11:01:57 p.m.
Acciones Blicas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10
15
20
25
30
35
Grfica 4
Acciones Blicas 1990 - 2012
08/07/2014 11:01:58 p.m.
los corredores de acceso al piedemonte cordobs en Juan Jos, La Rica

y Puerto Lpez, en los municipios de Puerto Libertador y Montelbano.
Pero esto promovi una nueva contraofensiva por parte de Castao y
sus hombres, con cerca de mil combatientes y que buscaba recuperar el
espacio perdido (El Espectador, Soplan vientos de guerra en Crdoba, 10
de enero, 1999). Se asentaron en los municipios de Toledo, Caasgordas,
Giraldo, Ituango y Buritic (Antioquia), apoyados por grupos provenientes
de Crdoba, con el objetivo de recuperar su dominio en la extensa zona
rural del Parque Nacional del Nudo de Paramillo y las zonas adyacentes. Lo
anterior tuvo como resultado que la poblacin quedara en medio del fuego
cruzado y que se produjeran mayores casos de victimizacin en su contra,
pues los paramilitares prosiguieron con su tctica tradicional de debilitar a
los supuestos apoyos de las guerrillas. En 1999 tuvieron lugar las matanzas
de Tierralta y Puerto Libertador, lo mismo que los innumerables desplazamientos, asesinatos y desplazamientos forzados de los indgenas de la etnia
Ember Kato (El Tiempo, La guerra azota al Alto Sin, 8 de mayo, 1999;
El Colombiano, Sur de Crdoba entre dos fuegos, 25 de junio, 1999). No
por nada la zona sur del Departamento fue escenario de ms de la mitad
de las masacres registradas en Crdoba en diez aos, que posicionaron a
ese Departamento como uno de los ms violentos del Caribe, al registrar el
12,5% del total macrorregional de matanzas (Tablas 13 y 14).
Ahora bien, se debe agregar que estas transformaciones y dinmicas
territoriales de la confrontacin armada revelan que la disputa entre las
Farc y los paramilitares por el control territorial trascenda el mismo
departamento de Crdoba y se expanda a zonas del departamento del
Choc Bajo y Medio Atrato, Antioquia, Bajo y Medio Cauca, Urab,
Alto Sin y San Jorge, en Crdoba, donde el Nudo de Paramillo cumpla
Tabla 13
Masacres en la macrorregin Caribe, 1998-2009

Departamento
1998
Atlntico
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Bolvar
11
18
12
Cesar
Crdoba
La Guajira
Magdalena
11
10
Sucre
Total
29
46
36
25
12
11
Total
7
51
19
1
21
19
34
17
168
08/07/2014 11:01:58 p.m.
la funcin de eje nodal (Grficas 1 y 4). Cuando las Farc son expulsadas
del Urab antioqueo, se ven en la necesidad de replegarse a zonas perifricas y deciden una vez ms durante los aos de negociacin con
Pastrana emprender una nueva ola expansiva, que tuvo como respuesta
la incursin de los paramilitares en municipios del Choc, Antioquia y
Crdoba (Vicepresidencia, 2002 y 2009; Surez, 2007). Por ltimo, todo
este proceso, con el paso de los aos, convirti a este territorio en un escenario en permanente disputa entre los actores armados, tanto por las condiciones estratgicas sealadas anteriormente como por la incapacidad
del Estado para proveer de justicia y servicios pblicos a una poblacin
marginal que solo ha encontrado en la economa de la coca un medio
para subsistir, situacin que tiene como corolario el intento de regulacin
de los espacios de sociabilidad por parte de los distintos actores armados.
Por otro lado, el dominio territorial de los paramilitares no solo se
expresaba en el campo militar y social sino tambin en el poltico. Cabe
sealar que de aos atrs, reconocidas figuras polticas, agremiaciones
del campo (Ganacor) y el mismo Carlos Castao estaban demandando
el reconocimiento poltico de la organizacin, ya que, a su entender, el
fenmeno paramilitar responda a una forma de resistencia civil en armas
frente a la incapacidad del Estado para proveer de seguridad a los ciudadanos de bien, as como para garantizar el orden social y el patrimonio
econmico, y sobre todo para responder a la expansin de los grupos
armados de izquierda, que no solo amenazaban la paz en general sino
tambin la idea de Estado. En esta va, tanto Carlos Castao como sus
consejeros eran conscientes de la necesidad de que el movimiento no se
limitara a hacer planteamientos claros sobre su naturaleza poltico-militar. Basta con consultar los distintos documentos en los cuales se enunciaban sus percepciones sobre el conflicto armado colombiano, la posibilidad de la solucin negociada y la naturaleza poltica del movimiento
(AUC, Planteamientos sobre la solucin poltica negociada al conflicto
interno, abril 13, 1998; Naturaleza poltico-militar del movimiento, junio 26, 1997). El movimiento expresaba su deseo de convertirse en un
actor de primera lnea en la escalada nacional de la guerra.
Para conseguir tal objetivo su expansin se concentraba, no en zonas marginales de la vida nacional sino en las que contaban con ciertas
particularidades, tales como una integracin relativa al Estado central y
cierta presencia de unos segmentos ms diferenciados socialmente (poderes locales) pero con grandes desigualdades econmicas y sociales, que
estaban experimentando el asedio insurgente y la extraccin de recur-
08/07/2014 11:01:58 p.m.
Crdoba
13%
La Guajira
11%
Magdalena
20%
Sucre
10%
Atlntico
4%
Grfica 5
Cesar
11%
Masacres macrorregin Caribe 1998 - 2009
Bolvar
31%
08/07/2014 11:01:58 p.m.
Fuerza Pblica
7%
Sin informacin
7%
Grfica 6
Paramilitares
73%
Guerrillas
13%
Infracciones al DIH 1998 - 2012
08/07/2014 11:01:58 p.m.
Tabla 14
Masacres por municipios, 1998-2008

Municipio
Puerto Libertador
Tierralta
1998
1999
2
2
2
2
2000
2001
2002
1
3
3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
11
10
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
25
Montera
Chin
Canalete
Valencia
Ayapel
Buenavista
La Apartada
Montelbano
Puerto Escondido
Pursima
Sahagn
San Andrs Sotavento
San Carlos
Total
sos, como lo han mostrado Gonzlez, Bolvar y Vsquez (2003). En esta

va, el paramilitarismo encarn una confederacin de consocionalismos
antisubversivos regionales (Gutirrez, 2007) bajo una misma sigla, que
buscaba unidad y reconocimiento en el mbito nacional.
Pero este objetivo no poda limitarse solo al campo militar sino que
tambin necesitaba insertarse en los debates polticos coyunturales del
pas. No en vano, desde 1994, Castao opinaba sobre las limitaciones
del gobierno Samper en materia de paz, a tal punto que ste se mostraba dispuesto a entablar dilogos con esta organizacin (Semana, El
madrugn del gobierno, 5 de febrero, 1996). Esta demanda se repiti
en el curso de las negociaciones del Cagun y se encamin a buscar en
primera instancia un reconocimiento de su estatus poltico y un eventual llamado a la mesa de negociaciones en igualdad de condiciones con
los grupos guerrilleros (Semana, Ojo por ojo, 15 de febrero, 1999). La
negativa a ser reconocidos termin por convertirlos en uno de los ms
frreos opositores del proceso de paz. Sus cuestionamientos tambin se
dirigan a la misma clase poltica y al Estado colombiano. En opinin
de Salvatore Mancuso y Csar Marn, su autonoma militar y poltica
les permita declararse enemigos de la corrupcin administrativa, del
clientelismo, del despilfarro, del centralismo poltico y de la ausencia
de poltica del sector agrario. Para ellos era imperioso contar con un
Estado que no solo llevara a cabo transformaciones sociopolticas y eco-
08/07/2014 11:01:59 p.m.
nmicas sino que tambin hiciera respetar la ley, mantuviera el orden

social y garantizara los bienes de las personas (El Meridiano de Crdoba,
Entrevista a los comandantes de las Accu, Santander Lozada y Csar
Marn, 9 y 10 de septiembre, 1998).
La ascendencia del proyecto paramilitar era innegable en los mbitos
regional y local, donde su control territorial no solo haba llevado tranquilidad y prosperidad al agro cordobs sino tambin creado un ambiente de gobernabilidad que no se tena desde haca aos. Dicha situacin,
sumada al respaldo recibido de los poderes regionales, les permiti empezar a tener injerencia en la vida poltica del Departamento, inicialmente
en las zonas del centro y en algunos cascos urbanos del sur, como Montelbano, donde se dice que, hacia finales de la dcada, el alcalde tena que
rendir cuentas a los comandantes sobre la destinacin de los recursos,
proyectos infraestructurales y dems acciones estatales. Se comentaba
que su intervencin era tan bien recibida, que la gente se burlaba de la
situacin del mandatario porque ya que no poda ni construirse la casa
pa l, ni pavimentar la calle por donde tena el lote porque los paramilitares lo fregaban (Conversacin con ex funcionaria de la gobernacin de
Crdoba, marzo, 2008).
Esta ex funcionaria pblica aada: cuando regres a Montelbano
todo estaba cambiado [...] ese pueblo era feo feo es poquito. Las calles
sucias, sin pavimentar, a uno le daba ganas de salir corriendo. Tuvo una
transformacin bien grande. La gente ya no botaba basura a la calle, el
alcalde estaba atesado por los que usted sabe... nadie se robaba un peso,
ya ver usted (ib.). En suma, era pasar a la prctica las consideraciones que ellos tenan del buen gobierno en el plano local, como afirm
Salvatore Mancuso en la entrevista citada atrs. En materia regional, los
paramilitares estaban empezando a filtrar la vida poltica, cosa que fue
posible, no solo por el respaldo que haban tenido de parte del gremio ganadero y de algunos dirigentes polticos sino tambin porque su control
territorial se sobrepona a los distritos electorales de la regin. De esta
manera, no solo buscaron incidir en la vida poltica local sino tambin en
la administracin de la capital (Montera) y en las propias elecciones al
rgano legislativo del pas.
En esta direccin, para arreglar las candidaturas establecieron un pacto con distintos jefes polticos que estaban de acuerdo con su idea de pas
y regin. Claro est que no todos estaban incluidos en estos acuerdos y
que de ellos solo hacan parte los ms cercanos y confiables. Una aspirante a la Cmara en esos aos relataba que, para las elecciones de 2002,
08/07/2014 11:01:59 p.m.
ya todo estaba arreglado. En un primer momento se les haba acercado

Miguel de la Espriella con la idea de que trabajaran unidos, para lo cual
se dividieron las zonas y cada uno se comprometi a trabajar por su gente
y con su plata; sin embargo, l les dio la espalda porque ya tena arreglos
anteriores con Julio Manzur y Negrete, avalados por los que controlaban
militarmente la zona:
Porque Miguel haba acordado las zonas con los paramilitares, es decir, ya todo
estaba distribuido y yo estaba fuera de los arreglos. El objetivo era que Miguel
trabajara para ellos para los fines polticos que haban establecido a nivel nacional
y ellos cada vez ms vean la necesidad de tener poder en lo administrativo. Tambin pasaba que si algn poltico no estaba de acuerdo con eso y segua en campaa, lo amenazaban (Entrevista con un jefe poltico regional, septiembre 7, 2013).
Desde luego, la injerencia del paramilitarismo en la vida poltica regional cont tambin con opositores, como en el caso del ex senador liberal Juan Manuel Lpez Cabrales, quien vea que sus intereses empezaban a afectarse a causa de la mayor intervencin de los paramilitares, ya
que era bien sabido que ellos exigan, a cambio de su apoyo, cuotas en
la burocracia local y regional. De ah proviene la pelea de ellos con los
Lpez Cabrales, quienes manejaban todo lo concerniente a la salud y la
educacin cordobesas. Fueron bastantes las peleas por la UniCrdoba y
por los contratos. Yo o que l (Juan Manuel Lpez Cabrales) y El Mono
(Salvatore Mancuso) no se podan ni ver, pero se hacan pasito. Y es que
eso es una pelea heredada, porque El Mono no quera ni cinco a los Lpez, a consecuencia de que, en los aos ochenta, cuando empezaron a
organizarse las invasiones de tierras por parte de los polticos, el viejo
Libardo orden a sus cercanos que llevaran a un pocotn de campesinos
desplazados para que le invadieran la finca a Salvador pap, y eso nunca
se le olvid al Mono, eso fue una espinita que le qued clavada (conversacin con ex funcionaria de la Gobernacin, marzo, 2008).
Tales alianzas se concretaron en lo que se denomin como el de Pacto
de Ralito, que inici el destape de los acuerdos entre los distintos jefes
polticos regionales y locales y los paramilitares en varias regiones del
territorio nacional. En esa direccin, algunos medios empezaron a catalogar este captulo de la vida nacional como la parapoltica y empezaron
a destaparse las dimensiones del acuerdo. En ese entonces el mapa poltico de Crdoba era el siguiente: el liberalismo estaba divido en cuatro
tendencias, que desde los aos ochenta e incluso desde antes se haban
08/07/2014 11:01:59 p.m.
disputado los cargos de eleccin popular en el nivel local-regional. De

hecho, esta dispersin partidista era reflejo de la hiperfragmentacin que
haban sufrido los partidos polticos colombianos desde tiempo atrs. Por
un lado, estaba el grupo de Mayoras Liberales, dirigido por Juan Manuel
Lpez Cabrales, que haba heredado las banderas de Libardo y Edmundo
Lpez Gmez; por otro, el Movimiento Insurgencia Liberal, que a mediados de los aos noventa perdi a sus dos principales figuras, Francisco
Jattin y Jorge Elas Jattin, por cuenta del Proceso 8.000. De esta forma se
oper una recomposicin dentro del partido y entraron en la escena Zulema Jattin y Flora Sierra de Lara, pero el golpe sufrido por esta faccin
fue evidente, pues para las siguientes elecciones locales el jatinismo disminuy su representacin. En 2000 no gan ninguna alcalda y solo logr
dos diputados a la Asamblea Departamental y 38 concejales en todo el
Departamento, concentrados en Chim, Lorica y Puerto Libertador (Misin de Observacin Electoral, sf).
Una tercera ala, representada por Miguel Alfonso de la Espriella,
quien hered las banderas polticas de su padre Abelardo de la Espriella, hizo parte de la estructura electoral de los Lpez hasta el ao 2002,
cuando rompi su compromiso poltico y consigui apoyo de Salvatore
Mancuso, por lo cual Miguel pudo hacer frmula con Eleonora Pineda.
De hecho, esas elecciones se convirtieron en las revelaciones polticas de
Crdoba, ahora con el aval del Movimiento Popular Unido (MPU), dirigido por Carlos Abada, el exsenador del Valle que fuera condenado
en el Proceso 8.000 (Misin de Observacin Electoral, sf). Por ltimo, la
tendencia del Movimiento de Integracin Popular (Mipol), fundado por
Salomn Nder Nder, quien entreg las banderas de su movimiento poltico a su hijo, Mario Salomn, personaje que, a su vez, se uni en 2006 a
Juan Manuel Lpez Cabrales. No obstante, en los aos 90 Mipol fue una
ventana de oportunidad para que polticos emergentes lograran hacerse a
un espacio en la arena poltica, tal como sucedi con Reginaldo Montes,
De la Espriella y Eleonora Pineda, entre otros (Misin de Observacin
Electoral, sf).
Por su parte, el Partido Conservador no soport este faccionalismo,
pues Julio Manzur se haba visto beneficiado por la muerte del dirigente
tradicional Amaury Garca Burgos, quien le permiti asumir las riendas
del conservatismo, primero, a travs de la Nueva Fuerza Democrtica, y
luego, en las filas del partido oficialista, donde se convirti en senador a
partir de 1994 y hasta hace pocos aos, cuando se involucr en la parapoltica (Misin de Observacin Electoral, sf).
08/07/2014 11:01:59 p.m.
Cuando se desat el escndalo parapoltico, el propio Salvatore Mancuso afirm que el proyecto paramilitar controlaba el 35% del Congreso
Nacional, gracias a la divisin de los distritos electorales entre los candidatos amigos y a la exclusin de los adversarios o no incluidos. Por
supuesto, cinco aos despus se tuvo conocimiento de un documento
suscrito en 2001 por las AUC y 32 polticos de la Costa Caribe (entre ellos
once senadores y representantes), en el cual haba quedado consignado no
solo este arreglo sino tambin el supuesto acuerdo de refundar la Patria
para enderezar el maltrecho rumbo de la nacin (Corte anexa Acuerdo
de Ralito a expediente por parapoltica, Semana, 24 de enero, 2007). En
su defecto, este fenmeno, que en un inicio mostraba un alcance regional,
se fue ampliando a numerosas regiones del territorio nacional, hacia las
cuales se haban expandido las AUC. Tal era el caso de los Santanderes,
Valle del Cauca, Caldas, Meta y Casanare. Pero sin duda alguna el caso
cordobs es el ms emblemtico, no solo por haber evidenciado el mayor
grado de colaboracin que haban logrado las AUC sino tambin por las
mismas heterogeneidades existentes en su seno.
Puede asegurarse que el alcance de la penetracin paramilitar en las
instituciones locales, as como en los cargos de eleccin popular del nivel regional, fue muy alto en Crdoba, si se le compara con el encontrado en otras regiones del pas. El mismo Mancuso lleg a afirmar que,
de los 28 alcaldes que haba en 2007, 25 estaban bajo sus rdenes (El
Heraldo, De 28 alcaldes de Crdoba, 25 estn bajo mis rdenes, 17 de
mayo, 2007). Por esa razn los procesos contra la parapoltica afectaron
a los senadores y representantes del Departamento: de los seis que tena
Crdoba en 2007, solo sala indemne la mitad. Haban sido capturados
Juan Manuel Lpez, Reginaldo Montes y Miguel Alfonso de la Espriella
(El Heraldo, Poltica cordobesa reducida a la mitad, 15 de mayo, 2007).
Ese nmero aument con los arrestos de Julio Manzur, Mario Salomn
Nader y Zulema Jattin. Este tipo de sucesos revelaba el grado de aceptacin del control paramilitar en el Departamento, as como su amplitud
en el mbito regional, por cuenta de la configuracin de un mapa poltico que trascenda las divisiones poltico-administrativas. Eso dejaba
entrever el alcance de la influencia militar, que pretenda consolidar un
tipo de orden social en un mbito regional que fuera afn a sus intereses
y visin de sociedad (El Heraldo, 40 polticos ms de Urab y Crdoba
en los por AUC, 13 de junio, 2012).
Sin embargo, este el tipo de arreglos y el grado de compromiso frente al proyecto paramilitar variaban de acuerdo con el poder poltico
08/07/2014 11:01:59 p.m.
previamente acumulado en las regiones. Por eso no es posible meter en

el mismo saco a Eleonora Pineda, Juan Manuel Lpez Cabrales y Julio
Manzur: cada caso es singular, debido a los capitales, tanto polticos
como econmicos, que posea cada jefe poltico. Para Eleonora Pineda
y Miguel de la Espriella, el Pacto de Ralito signific ganar un espacio o
un reposicionamiento dentro del mapa poltico regional: Pineda pas,
de ser concejal de un municipio del sur de Crdoba (Tierralta) a tener
la votacin ms alta para la Cmara en 2002, tanto en el Departamento
como en el pas, porque se vio beneficiada por votaciones superiores al
80%, sin ningn voto nulo, en corregimientos con alto analfabetismo.
Segn algunos reportajes, estas altas tasas se alcanzaron gracias a que
en varios lugares la gente vot bajo la supervisin de los paramilitares
(Semana, Los nuevos caciques, 24 de abril, 2005). Algo distinta era
la situacin de Miguel de la Espriella, pues el arreglo establecido con
Mancuso le representaba la posibilidad de independizarse del liderazgo
poltico de Juan Manuel Lpez Cabrales para dar el salto de la Cmara al Senado. Ese arreglo explica la ostensible variacin de los lugares
donde recibi mayor votacin, si se comparan con los resultados de
1998: en las elecciones de 2002 obtuvo votacin en municipios donde
l nunca haba tenido una ascendencia poltica importante, los cuales
coincidan precisamente con zonas donde haba un dominio paramilitar pronunciado, como Montera, Tierralta, Ceret y Valencia, lugares
donde alcanz proporciones similares a las de Eleonora Pineda (Misin
de Observacin Electoral, sf).
Esta situacin explica la mayor subordinacin frente a Mancuso manifestada por Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, quienes siempre defendieron su simpata e incluso su respaldo al orden paramilitar
instaurado en Crdoba, pues sin su respaldo ellos no hubiesen podido
trascender en el plano poltico nacional. Por eso, no es de extraar que
las dos figuras fueran catalogadas por algunos medios de comunicacin como las voces del paramilitarismo en el Congreso. El mismo De
la Espriella reconoci ese rol: Por mi condicin de representante a la
Cmara, Salvatore Mancuso me propuso llevar la vocera poltica de su
grupo en el Congreso. Fue cuando conformamos una lista con Eleonora
Pineda; yo al Senado, ella a la Cmara. Una vez elegidos, nos propusimos cumplir ese objetivo (El Espectador, Fuimos voceros de Mancuso, 6 de octubre, 2012).
Muy distinto es el caso de Juan Manuel Lpez Cabrales, quien, frente
al proyecto de las AUC, mantuvo una postura de confrontacin que lo
08/07/2014 11:01:59 p.m.
llev incluso a vetar la Ley de Justicia y Paz impulsada por el gobierno del
presidente Uribe para favorecer el desmonte paramilitar. En contraste con
la subordinacin de Pineda y De la Espriella frente a Mancuso, el caso de
Lpez ilustra muy bien la capacidad de maniobra de los polticos frente a
los paramilitares, pero tambin los malentendidos y desacuerdos propios
de la negociacin poltica en el nivel regional. Para Lpez, el paramilitarismo no representaba ningn incentivo, porque posea una maquinaria
electoral consolidada desde haca aos y basada en su control sobre las
instituciones ms apetecidas del Departamento (Educacin y Salud), que
le garantizaba el apoyo electoral de sus clientelas. La creciente influencia
paramilitar en la vida poltica departamental representaba ms bien una
amenaza a su capital poltico, porque lo obligara a compartir las cuotas
burocrticas que cimentaban su poder en la regin y a aceptar la divisin
de distritos electorales, con sus adversarios y con las nuevas figuras emergentes. A diferencia de Pineda y de la Espriella, Juan Manuel Lpez nunca
necesit el apoyo de los paramilitares para ganar su curul en el Senado,
hecho que queda comprobado con los votos obtenidos en las elecciones
de 1998 y 2002, pues presentaron la misma tendencia en cuanto a cantidad y concentracin espacial (Montera y San Andrs de Sotavento) (Misin de Observacin Electoral, sf).
Por ltimo, podemos citar el caso de Julio Manzur, cuyo inters en
el Pacto de Ralito obedeca a una forma de acrecentar su poder en la
regin y minar as la hegemona de su mayor rival, Juan Manuel Lpez
Cabrales. Como muestra la MOE, su votacin en el Departamento no
registr ascensos vertiginosos, ya que en 2002, al tradicional dominio
conservador en los municipios de Ceret, San Pelayo, Puerto Escondido, Pursima y Cinaga de Oro, se sumaron San Carlos y Canalete,
donde el lder conservador nunca haba obtenido una votacin notable. Por eso, su implicacin en la parapoltica fue reconocida por el
propio Mancuso, quien lo mencion como miembro del denominado
sindicato, constituido por un grupo de polticos que buscaron al comandante para que apoyara a un candidato de ellos a la gobernacin
de Crdoba y acabara as con el dominio tradicional de la familia Lpez Cabrales, cuyo candidato era Libardo Lpez. Mancuso afirm que
los seis congresistas que integraban el sindicato eran Zulema Jattin, Julio Manzur, Miguel de la Espriella, Eleonora Pineda, Reginaldo
Montes y Musa Besaile (El Tiempo, Supuesto pacto entre Mancuso y
polticos para ganar gobernacin de Crdoba enreda a Zulema Jattin,
11 de mayo, 2009).
08/07/2014 11:01:59 p.m.
Estas diferentes posiciones frente al orden paramilitar evidencian

an ms las pujas por el poder regional y las distintas alianzas que se
forjaron para reposicionarse y tumbar la hegemona lopista. Todo esto
revela, como afirman Barrera y Nieto, que no es acertado partir de premisas como la existencia de una adhesin programtica natural de los
dirigentes polticos a las agendas de los paramilitares, o viceversa, como
lo plantea el concepto de captura del Estado, ya que esta aproximacin
implicara desconocer que, aun cuando los objetivos de ambos podan
coexistir, su interaccin estuvo caracterizada por relaciones de conflicto y
cooperacin. Por un lado, los paramilitares pretendan acceder a recursos
estatales, incidir en ciertas polticas locales y regionales y construir enlaces entre su regin y el centro. Para ello, la clase poltica era el actor al
que deban acudir. Los polticos, a su turno, pretendan ser elegidos en los
cargos de eleccin popular, configurar el mapa poltico y acceder a una
parte de los recursos estatales (Barrera y Nieto, 2011).
En cambio, la observacin interrelacional de estos arreglos institucionales reconoce una mayor capacidad de agencia de los polticos regionales y de sus recursos, los cuales, en la concepcin de captura del Estado,
se suponan totalmente subordinados frente a la preponderancia del proyecto poltico de los paramilitares sobre los polticos regionales y locales.
En el enfoque de la captura el acento de la agencia se pone sobre estos actores emergentes: son ellos los que capturan, reconfiguran, condicionan y
marcan las pautas del andar poltico e institucional. Con ello se olvida que
los polticos regionales y locales tambin cuentan con recursos e intereses
particulares que en algunas ocasiones les permiten adaptarse u oponerse
a la injerencia de otros en la vida poltica.
Todos estos procesos y dinmicas revelan que el paramilitarismo haba experimentado una serie de transformaciones que lo diferenciaban
de aos atrs y mostraban las limitaciones de la categora analtica de
autodefensas, que no permita hacer justicia a los cambios del fenmeno, tanto en su interior como en su relacin con otros actores. En los
aos iniciales, las autodefensas estaban mucho ms ligadas a los poderes
regionales y a las fuerzas militares de su regin de influencia, a fin de
obtener recursos humanos y materiales, al tiempo que representaban una
herramienta de control territorial destinada a contener el avance guerrillero y asegurar una zona productiva. En cambio, en los aos siguientes ya
mostraban mucha ms independencia frente a jefes polticos y militares,
no solo porque su ejercicio haba dejado de ser un recurso destinado a
asegurar una zona, sino tambin porque ellas mismas haban constituido
08/07/2014 11:02:00 p.m.
ya un proyecto poltico, econmico y militar con pretensiones de expansin hacia otras zonas. Incluso, podan prescindir de sus relaciones con
los poderes regionales y los militares, ya que los recursos del narcotrfico
les permitan una mayor capacidad de agencia.
Desmovilizacin sin desmonte y configuracin de una

geografa ligada a los circuitos econmicos de la coca
Iniciada la primera de las dos administraciones de lvaro Uribe (20022010), los paramilitares estaban experimentando una serie de reveses
militares de escala nacional que evidenciaban, no solo sus limitaciones
estructurales en el terreno militar sino tambin el agotamiento de su proceso expansivo, que, de confrontar al ELN pasaba a enfrentarse con las
Farc. Una cosa era atacar los bastiones histricos del ELN mucho ms
prximos geogrficamente, que tenan una potencia de fuego menor, por
la falta de recursos, y empezaban a experimentar un creciente rechazo
en algunas zonas de la retaguardia, como el Magdalena Medio (Aponte,
2013) y otra cosa era arremeter contra las zonas de retaguardia de las
Farc, donde ellas disponan de una fuerte presencia militar y eran evidentes las disparidades entre los combatientes de ambos lados en cuanto
a la disciplina y capacidad de combate de sus filas. Asimismo, el lenguaje
de cero tolerancia de la administracin Uribe frente a la insurgencia, as
como su consiguiente decisin de lucha frontal, que, mediante el Plan
Patriota y la doctrina de la Seguridad Democrtica, se extenda hasta sus
retaguardias histricas, contribuyeron a que el proyecto paramilitar empezara a reconsiderar su papel dentro de la sociedad colombiana.
A este cambio del contexto, caracterizado por reveses militares y la
reconsideracin de su papel dentro de la sociedad colombiana, se sumaban las divisiones dentro de las AUC, no solo a causa de diferencias
de orden organizativo entre los grupos regionales sino tambin porque
la posicin frente al narcotrfico se haba constituido en la manzana
de la discordia. En esos aos era ms que evidente la prevalencia del
grupo de los narcos puros en la adopcin de decisiones dentro de la
organizacin: las tensiones llegaron a su cenit con la muerte del propio
comandante de las AUC a manos de sus compaeros y de su hermano
(Vicente Castao), drama que dejaba entrever que los sectores ms narcotizados haban ganado la batalla.
De esa manera, en el segundo ao del gobierno de Uribe se emprendi
una ronda de dilogos en Santaf de Ralito que desemboc en la desmo-
08/07/2014 11:02:00 p.m.
vilizacin de varias estructuras paramilitares del pas, entre ellas las que
hacan presencia en la regin de Crdoba. El gobierno nacional contabiliz 31.671 personas desmovilizadas de los distintos bloques y frentes
afectados, aunque esta cifra fue muy controvertida tras el no desmonte
de las estructuras de las organizaciones y el descubrimiento de falsas desmovilizaciones, treta que no solo buscaba engrosar en el papel el nmero
de combatientes para aparentar una mayor percepcin de fortaleza, sino
tambin invisibilizar a los actores de primer orden (El Universal, Crece
escndalo por las falsas desmovilizaciones, 7 de marzo, 2011).
Ahora bien, al margen de estas vicisitudes del proyecto paramilitar a
escala nacional, las estructuras presentes en Crdoba antes de su desmovilizacin evidenciaban una gran complejidad organizativa y, a la vez, una
presencia activa en amplios espacios del Departamento. Esto replicaba
lo que tena lugar tambin en otros casos, como los del Bloque Central
Bolvar y el Bloque Norte, entre otros, divididos en distintos frentes pero
que compartan territorios con otros bloques, como ocurra en el Cesar,
Norte de Santander y otros lugares. En ese sentido, conviene sealar las
diferentes estructuras que operaban en Crdoba en ese entonces. En primera instancia aparece el Bloque Crdoba, bajo el mando de Salvatore
Mancuso y que tena una mayor envergadura y complejidad, por estar
dividido en varias subestructuras regionales: en Tierralta y Valencia operaba el frente Abibe, bajo el mando de alias Sebastin; en Valencia, el
frente Hroes de Tolov, al mando de Manuel Arturo Salom Rueda, alias
J. L., y en Tierralta y Valencia la llamada Escuela Mvil y dedicada a la
formacin de cuadros paramilitares.
En el Departamento tambin haca presencia el Bloque Elmer Crdenas, con influencia en Antioquia, Choc y una franja del noroccidente del Departamento, en los municipios de Las Crdobas, Canalete y
Puerto Escondido. A l se aadan el frente Alto San Jorge, de Montelbano y Puerto Libertador, que estaba al mando de Juan Mara Lezcano,
alias Pollo Lezcano, y actuaba en Ayapel, La Apartada, Planeta Rica y
Buenavista. Adicionalmente funcionaba un frente urbano, al mando de
Vctor Alfonso Rojas y con radio de accin en Montera, Ceret, Cinaga de Oro, San Carlos y Sahagn. Hacia el occidente del Departamento
estaba el frente Rito Antonio Ochoa, comandado por Rodrigo Mercado
Peluffo, alias Rodrigo Cadena, con influencia en Sucre y algunas zonas de
Crdoba, entre ellas los municipios de San Andrs de Sotavento, Chim,
Momil, Pursima y Lorica. Finalmente, no sobra nombrar el Bloque Mineros, bajo el mando de Ramiro, alias Cuco Vanoy, presente en el Bajo
08/07/2014 11:02:00 p.m.
Cauca antioqueo y con alcance hasta Puerto Libertador, Montelbano,

La Apartada y Ayapel (Vicepresidencia, 2009).
Para la desmovilizacin del aparato que la opinin pblica conoca
como las AUC, el gobierno de Uribe dise una hoja de ruta que, en primer lugar, garantizaba que el Estado iba a impedir que la guerrilla aprovechara el cese al fuego para volver a tomar las zonas controladas por las
AUC. En cumplimiento de tal objetivo, la Brigada No. 11 puso a funcionar, en junio de 2003, la operacin Motiln, dirigida a atacar a los frentes
17 y 34 de las Farc. En segundo lugar, se dispuso que la fuerza pblica hiciera presencia real en las zonas controladas por las AUC despus del cese
de hostilidades; todo deba concluir, finalmente, con la desmovilizacin y
el desarme de las AUC (Verdad Abierta, sf).
El esquema del plan se basaba en el clculo poltico del entonces mximo comandante paramilitar, Carlos Castao, para quien el contexto de la
lucha contra el terrorismo y la consiguiente inclusin de las AUC en la
lista norteamericana de grupos terroristas le haban cambiado el panorama y lo haban convencido de la necesidad de una salida poltica, junto con la posibilidad de obtener el reconocimiento del carcter poltico
de su organizacin (El Colombiano, Queremos ser partido poltico, 22
de junio, 2004). No obstante, l mismo aceptaba la existencia de discrepancias y dificultades que podran afrontarse a causa de la acentuacin y
preeminencia del ala narcotraficante, guiada por gente como Don Berna,
Ramiro Vanoy, Carlos Mario Jimnez, Los Mellizos Mnera y Francisco
Javier Lindo, entre otros que componan la cpula de la organizacin, a la
cual se haban integrado mediante la compra de bloques o franquicias de
las AUC (Verdad Abierta, sf).
El proceso se inici hacia fines del ao 2002, cuando Santa Fe de Ralito (Crdoba) fue escogido como zona de encuentro del gobierno y los
mximos comandantes de los distintos bloques paramilitares. No obstante, el proceso estuvo plagado de dudas a causa del poco conocimiento
de lo pactado entre el gobierno y las autodefensas, as como debido a las
condiciones de reclusin de los comandantes y a los derroches excesivos
de trago y mujeres, adems de la continuacin de sus actividades ilegales
relacionadas, tanto con el trfico de drogas como con los asesinatos selectivos (Semana, Santa Fe de Ralito, 5 de mayo, 2007; El Nuevo Siglo,
Incautan cinco toneladas de cocana, 14 de agosto, 2004).
Para complicar ms la ya compleja situacin, el proceso se vio convulsionado por el asesinato de Carlos Castao, entonces mximo lder de las
08/07/2014 11:02:00 p.m.
autodefensas, a manos de su propio hermano y de antiguos comandantes,

como consecuencia de los roces provocados alrededor del problema de las
drogas ilcitas y la negociacin que Carlos haba emprendido en ese momento con el gobierno norteamericano (Semana, La maldicin de Can,
26 de agosto, 2006). De hecho, el suceso puso de relieve dos elementos
que deban considerarse: la hegemonizacin del ala narcotraficante en el
proyecto paramilitar y el carcter federado de las autodefensas, que se haban reflejado antes en disputas internas por el control de rutas y cultivos,
como las entabladas entre el Bloque Norte y el Bloque Central Bolvar en
el sur del Cesar, o entre las Autodefensas Campesinas del Casanare y el
Bloque Centauros. Este suceso emblemtico signific un evidente golpe
de los frentes narcotraficantes contra los sectores tradicionales o menos
afines a la economa de la coca.
A pesar de todos estos inconvenientes, el proceso de desmovilizacin
y reincorporacin prosigui hasta llegar, en los inicios del ao 2005, a la
desmovilizacin del Bloque Crdoba (925 combatientes), bajo el mando
de su lder Salvatore Mancuso, as como del Frente Hroes de Tolov (464
desmovilizados) y posteriormente del Bloque Mineros (2.790 personas),
que tena un radio de accin no solamente en municipios de Crdoba
sino asimismo de Antioquia. A ellas se sumaron la desmovilizacin del
Bloque Elmer Crdenas, dividido en el frente costanero, que desmoviliz
a 309 hombres, con influencia en las costas del golfo de Urab (Crdoba
y Antioquia), la de los frentes de Pavarand y Dabeiba (484 hombres) y,
finalmente, la del norte y el medio Salaqu, con 743 desmovilizados (Presidencia de la Repblica, 2006).
Estos desmontes y los de otros bloques, en el contexto de la aplicacin
de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), fueron publicitadas por el gobierno nacional como la mejor prueba del xito de su poltica de paz, que
habra logrado la desmovilizacin de cerca de 31.000 paramilitares, lo
que significaba el fin del paramilitarismo. De esa manera, como seal un
informe (Comisin Colombiana de Juristas, 2010), se parti del supuesto de que los grupos paramilitares estaban conformados solamente por
estructuras armadas, a fin de mimetizar o esconder las alianzas y pactos
regionales que los sostenan. Se ocult, pues, el agenciamiento y la participacin que los actores polticos y econmicos haban tenido en su conformacin, porque no haba inters en revelar las estructuras militares,
polticas y econmicas que sirvieron de soporte para la consolidacin del
paramilitarismo en el orden regional y para su expansin a escala nacional durante los aos noventa. De esa forma se releg y mimetiz el hecho
08/07/2014 11:02:00 p.m.
de que esas fuerzas ocultas, que nunca fueron develadas, deberan haberse considerado para su desmonte y su reincorporacin a la vida legal.
Por su lado, las Farc continuaron en su intento de seguir copando los
territorios ganados en aos recientes frente a los paramilitares, y aprovecharon cualquier ventana de oportunidad para seguir consolidando su presencia territorial en el sur del Sin. Su objetivo era no solo recuperar el
territorio perdido en los aos noventa sino tambin restablecer el corredor
que una esta zona con el Urab antioqueo y chocoano (El Tiempo, Reaparecen columnas de las Farc en Crdoba, 13 de mayo, 2002). Este impulso
fue facilitado por el contexto del momento, as como por el evidente desgaste que tenan algunas estructuras paramilitares de la regin por cuenta
de sus purgas internas y el descenso de su capacidad de fuego (Grfica 4).
As, en el ao 2005 el quinto Frente de las Farc incursion en la vereda El
Guadual (Valencia), situada a solo 50 kilmetros de Santa Fe Ralito (El Colombiano, Farc llegan a solo 50 kilmetros de Ralito, 27 de agosto, 2005).
Frente a esta relegacin de los paramilitares a un plano secundario, la
accin del Estado empez a intensificar sus confrontaciones con las Farc
en el periodo comprendido entre 2002 y 2005, de acuerdo a lo pactado
con las AUC para su desmonte. El objetivo transcenda la escala regional
y buscaba garantizar una estabilidad regional que comprendiera zonas de
los departamentos de Antioquia y Choc donde las Farc seguan resistiendo, e incluso recuperar territorios anteriormente perdidos a manos
de los paramilitares. En este orden de ideas, los ataques del Ejrcito se
tornaron ms intensos, no solo en Crdoba sino tambin en Antioquia y
Choc, mediante el despliegue de una estrategia destinada a erosionar la
capacidad de fuego del bloque noroccidental de las Farc. Eso se reflej en
la importancia que tuvieron las operaciones Orin y Mariscal en la escalada regional de la guerra, segn Medina (2011), porque obligaron a un
cambio drstico del rumbo del Bloque Noroccidental, que dej de recibir
el apoyo logstico que le haba permitido el establecimiento de grandes
corredores estratgicos. Esto modific la correlacin de fuerzas en las regiones colindantes con el rea metropolitana de Medelln, ya que forz a
este grupo a replegarse hacia zonas del Nudo del Paramillo y el sur de la
Serrana del Darin, en territorios de Choc y Antioquia, de ms difcil
acceso para la fuerza pblica.
Tales desarrollos marcaron un punto de inflexin de este Frente fariano, cuya presencia en Crdoba empieza a ser cada vez ms gris y limitada
a los zonas de cultivos ilcitos, para adoptar, de acuerdo con el contexto,
una postura mucho ms cercana al repliegue y la conservacin de fuer-
08/07/2014 11:02:00 p.m.
zas. En el declive de este Frente tambin influy la desmovilizacin de

Karina y la muerte de Ivn Ros, as como la de importantes cabecillas
locales y mandos medios.
Rearme y reconfiguraciones territoriales de los actores

armados. Ms de lo mismo? (2006-2012)
En contraposicin al discurso del gobierno de Uribe Vlez, que enarbolaba como triunfo propio el exitoso proceso de desmovilizacin y reincorporacin a la vida civil de los paramilitares, aparecieron nuevas estructuras armadas al mando de antiguos cuadros medios del paramilitarismo,
as como narcos tras el halo de paramilitares renegados. Esas estructuras se enzarzaron en una nueva ola de asesinatos y matanzas en pos del
control territorial de las zonas cultivadas de coca y de las rutas para la
comercializacin de la cocana. El nuevo contexto no solo evidenciaba un
panorama mucho ms sombro, en comparacin a la otrora hegemona
paramilitar, sino que tambin revelaba el grado de infiltracin que haba
alcanzado el narcotrfico a lo largo y ancho de la sociedad cordobesa, as
como en las instituciones locales y regionales.
A pesar de que diversas organizaciones sociales colombianas y del exterior, as como algunos medios de prensa, prendieron las alarmas ante el
rearme o reciclaje de las antiguas estructuras paramilitares, no solo en el
Departamento de Crdoba sino asimismo en regiones como Magdalena
Medio, Catatumbo y Valle del Cauca (Aponte, 2013; Rodrguez, 2013), el
gobierno nacional negaba en primera instancia la existencia de cualquier
rebrote violento. Posteriormente se limit a calificar a esos grupos como
expresiones criminales que surgan en torno a la disputa por el control del
trfico de drogas, pero desmintiendo que estuvieran fuera de control. Esta
percepcin no solo no haca plena justicia a la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenmeno, sino que tambin ocultaba aspectos de fondo, entre ellos la no desmovilizacin de todos los que estaban armados.
En efecto, las llamadas Bandas Criminales (Bacrim) reflejaban un
proceso de recomposicin y reposicin, con continuidades y discontinuidades respecto de las antiguas estructuras de los ahora desmovilizados jefes paramilitares y sus segundones, en relacin con la economa de
la coca y las pretensiones de control territorial. En su mayor parte, las
llamadas Bacrim estaban dirigidas por antiguos jefesde segundo rango
de las organizaciones paramilitares, los cuales no se desmovilizaron, no
solo por decisin de sus comandantes sino tambin por su propia volun-
08/07/2014 11:02:00 p.m.
tad. En esta direccin, empezaron a operar de manera similar a la de los

frentes paramilitares, buscando el control de algunos territorios y eslabones del narcotrfico mediante amenazas, extorsiones y otras actividades
delictivas, junto con el recurso sistemtico a la violencia, expresado en
masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de poblacin
civil. Pero tambin introdujeron cambios en las expresiones del conflicto,
pues empez a presentarse una disputa territorial, ya no entre dos oponentes claros (como las Farc y las AUC), sino que involucraba a distintas
estructuras en puja por el dominio de zonas de cultivo, procesamiento y
rutas de embarque al exterior de las drogas adictivas (El Colombiano, Autoridades, preocupadas por masacres, 6 de junio, 2006). La nueva situacin llev a un discurso antisubversivo menos pronunciado de las nuevas
formaciones delictivas, unos grupos menos numerosos y unas relaciones
con sectores polticos que no trascendan el nivel regional o local.
En el caso especfico de Crdoba, el proceso de rearme y de disputas
puede dividirse en dos momentos. El primero tuvo como gnesis la lucha
que libraron Mancuso y Don Berna, no solo por el control de las reas de
cultivos sino tambin de las rutas del Mar Caribe una vez que se vencieron los pactos establecidos cuando ellos eran comandantes de las AUC.
En el segundo entraron a la escena Don Mario y otras formaciones de las
Bacrim, procedentes de los antiguos mandos medios del paramilitarismo,
que buscaban copar el espacio dejado por los extraditados comandantes
paramilitares en cumplimiento de los pactos de desmovilizacin firmados con el gobierno.
En comparacin con su momento inicial de 2006, puede sealarse que
crecan los rumores sobre la divisin entre las facciones de Don Berna y
Mancuso en torno al ordenamiento de la vida regional y al problema de
los cultivos ilcitos. Con el tiempo, estas tensiones terminaron por desatar
una interaccin violenta por el control del territorio. Se estimaba entonces que Mancuso se apoyaba en los mandos medios no desmovilizados
del Bloque Crdoba para seguir controlando las reas de cultivo de Valencia, Tierralta y Montelbano, lo mismo que las rutas hacia el golfo de
Morrosquillo (El Tiempo, OEA denuncia rebrote para en Crdoba, 3 de
marzo, 2006). Sin embargo, el creciente poder de Don Berna empez
obstaculizar ese objetivo, por lo cual ambos bandos iniciaron una disputa
violenta que no solo involucr a la poblacin civil sino tambin a las distintas personas que hacan parte del grupo opositor y sus redes de apoyo
(El Tiempo, Aumenta ola criminal en Crdoba, 26 de junio, 2006). La
situacin se torn especialmente crtica en los municipios de Valencia y
08/07/2014 11:02:00 p.m.
Tierralta, donde Mancuso denunciaba la aparicin de unos grupos llamados Los Traquetos, que atentaban contra la paz, el orden de la regin y
la vida de los desmovilizados de su grupo (El Tiempo, Mancuso advierte
sobre los traquetos, 4 de julio, 2006).
Estas zonas se tornaban estratgicas debido a la disponibilidad de recursos que alojaban. La poltica antidrogas norteamericana y la campaa
de fumigacin de la administracin de Uribe, lejos de remediar la problemtica de los cultivos ilcitos, hicieron que los grupos armados continuaran trabndose en disputas violentas por el control de los cultivos ilcitos.
No en vano, tales siembras no desaparecieron de la regin sino que se
acentuaron con el tiempo, como observamos en la Tabla 15.
Tabla 15
Cultivos ilcitos por municipios (hectreas), 2001-2011
Municipio
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 2011
La Apartada
Montelbano
37
66
233
428
1.021
376
360
621
681
835
240
Puerto
Libertador
278
141
193
339
978
447
1.084
464
728
579
243
Tierralta
331
178
399
669
1.124
389
414
624
1.360
2.474
604
99
13
12
Valencia
Total
13
652
385
838
1.535 3.136 1.216 1.858 1.710 2.781 3.889 1.088
Fuente: Simci. Elaboracin propia.
Aunque inicialmente esta disputa se circunscriba al rea de los altos

Sin y San Jorge, poco a poco se fue ampliando hacia la capital del Departamento y en direccin a los municipios costeros, aprovechando el espacio vaco que haba dejado el proceso de desmovilizacin. Anteriormente
la direccin de las AUC garantizaba el reparto de los eslabones y territorios de la economa de la coca, pero la desmovilizacin hizo desaparecer
el ente coordinador que permita pactar acuerdos y regular su cumplimiento. Ello condujo a que cada bando buscara copar todos los eslabones
de la economa ilegal mediante sus propias estructuras armadas, con el
propsito de dominarlos (El Pas, Los cultivos ilcitos de las AUC generan una guerra, 10 de julio, 2006). As se inici una disputa que no solo
involucraba a los miembros de cada organizacin sino que buscaba adems el control de la poblacin y sus medios de produccin, como ocurre
08/07/2014 11:02:01 p.m.
en toda lucha territorial. Se hizo entonces evidente el recurso sistemtico a la violencia para garantizar el control territorial mediante matanzas,
desplazamientos y asesinatos selectivos (El Heraldo, Se disparan muertes
en Crdoba, 19 de agosto, 2008; El Mundo, Masacre en Crdoba, 22 de
julio, 2008). No en vano en esos aos se presentaron picos histricos en el
nmero de desplazados y de acciones violentas contra la poblacin civil
(Tabla 16 y Grfica 6).
Inicialmente, y durante dos aos, no se perfil un claro ganador, pero
despus la balanza se fue inclinando en favor de Don Berna, cuyo control
sobre distintos aparatos armados, como la Oficina de Envigado, le permiti constituir la banda Los Paisas, que logr doblegar a la organizacin
de Mancuso. As fueron asesinados el ex piloto de Mancuso (El Heraldo,
Acribillado a tiros ex piloto de Mancuso, 26 de junio, 2008) y su mano
derecha en el Medio San Jorge, Juan Mara Lezcano Rodrguez, alias El
Pollo Lezcano, conocido en la zona como patrocinador de los integrantes
de las autodefensas que operaban en Ayapel y Puerto Libertador. Lezcano, considerado como el heredero de Salvatore Mancuso, aterrorizaba
al Departamento con su guerra en busca del control de los cultivos ilcitos
ubicados en la zona (El Mundo, Asesinado Jess M. Lezcano, 1 de marzo, 2008). Este crimen evidenci la prdida manifiesta de la influencia
del otrora jefe paramilitar en la regin y el ingreso de nuevos actores. Y
adems confirm los temores de varios cordobeses entrevistados en el
sentido de que vean en Mancuso el obstculo que haba impedido la total
colonizacin antioquea de Crdoba.
Este escenario de confrontaciones abri una ventana de oportunidad
para que Daniel Rendn Herrera, Don Mario, se insertara en la zona y
comenzara a ejercer un papel protagnico en la disputa (2007-2008). El
suceso inaugur una segunda etapa del proceso de rearme en el Departamento. Don Mario emerge en la escena regional despus de la misteriosa
muerte de su jefe, Vicente Castao, y se apoya en las estructuras de aqul
para hacer presencia en los municipios de Ayapel, La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, anteriormente bajo la influencia de
Los Paisas de Don Berna. Su grupo empez operaciones bajo el mote
de Bloque Hroes de Castao, luego llamado guilas Negras (AG) y ms
recientemente Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y estuvo
enfilado a disputar el dominio territorial de Los Paisas, ahora conocidos
como Los Urabeos (Vicepresidencia, 2009).
El nuevo escenario muestra una transformacin importante de la interaccin violenta, que ya no se concentra en las disputas en las reas de
08/07/2014 11:02:01 p.m.
20
180
702
42
72
La Apartada
Lorica
Las Crdobas
Momil
Moitos
117
San Carlos
3.006
30.509
3.403
9.549
80
134
56
54
982
143
36
1.369
103
1.318
562
7.553
1.365
96
45
736
224
21
35
203
51
78
1.716
389
201
1997
Fuente: Ocha. Elaboracin propia.
26.366
Valencia
Total
7.869
Tierralta
65
35
San Bernardo del Viento
San Pelayo
50
San Antero
479
San Andrs de Sotavento
San Jos de Ur
29
100
Sahagn
1.091
Puerto Libertador
Pursima
90
1.268
Pueblo Nuevo
Puerto Escondido
477
Planeta Rica
7.021
Cotorra
1.180
27
Cinaga de Oro
Montera
178
Chin
Montelbano
51
Chim
1.631
Canalete
73
363
Buenavista
Ceret
143
Antes 1997
Ayapel
Municipio
39.100
3.917
13.739
94
16
135
78
56
1.040
172
45
2.074
130
1.377
696
8.164
3.125
125
49
770
249
33
11
61
232
67
105
1.823
441
276
1998
55.561
4.632
26.738
102
37
144
103
71
1.105
230
65
2.914
171
1.450
838
8.635
3.733
151
51
828
316
33
17
73
258
97
122
1.859
448
340
1999
72.202
5.297
38.050
137
58
181
149
92
1.239
312
81
4.476
232
1.579
1.036
9.376
4.846
172
51
888
370
33
25
102
321
124
148
1.955
467
405
2000
95.737
13.566
44.690
182
67
233
232
158
1.491
510
130
7.611
289
1.750
1.362
10.318
7.155
224
111
986
480
50
38
138
400
139
209
2.154
555
509
2001
114.819
16.648
51.236
250
119
265
353
170
1.825
651
137
10.200
356
1.861
1.579
11.211
10.936
342
194
1.063
638
50
60
196
455
159
300
2.262
595
708
2002
120.835
17.259
53.652
296
125
317
455
201
1.958
707
146
10.716
383
1.901
1.708
11.603
11.799
376
226
1.116
715
58
76
226
496
167
356
2.321
638
838
2003
127.638
17.918
55.146
331
216
349
524
226
2.237
763
153
12.152
463
1.967
1.826
12.124
12.849
427
303
1.175
836
68
104
271
537
181
389
2.445
689
969
2004
Tabla 16
137.492
20.018
56.909
352
267
425
648
255
2.369
821
178
14.426
508
2.072
1.980
12.669
14.344
523
338
1.217
978
68
104
371
595
208
483
2.534
721
1.111
2005
148.109
20.794
59.454
406
288
467
759
313
2.453
887
189
16.412
544
2.143
2.209
13.254
17.450
573
363
1.292
1.087
73
104
462
643
230
555
2.684
776
1.245
2006
Desplazados por municipio, 1997-2012
159.541
22.459
63.102
461
355
475
909
349
2.529
977
207
18.596
607
2.207
2.386
13.933
19.031
646
373
1.397
1.191
113
108
524
670
259
635
2.809
836
1.397
2007
175.962
23.901
67.492
496
440
512
1.026
397
2.588
1.066
222
24.142
774
2.277
2.682
14.681
21.205
811
407
1.459
1.379
152
118
580
745
286
697
2.964
888
1.575
2008
186.434
24.552
69.928
862
830
538
1.315
517
2.641
1.132
230
25.980
934
2.347
3.077
15.323
22.829
1.069
410
1.510
1.738
265
137
639
756
286
775
3.030
996
1.788
2009
197.740
24.783
71.622
1.003
999
546
1.587
559
2.657
1.176
248
27.783
1.026
2.743
3.935
15.960
25.337
1.328
413
1.555
2.115
798
143
657
777
289
825
3.090
1.560
2.226
2010
212.739
25.001
75.112
1.135
1.194
549
1.874
587
2.677
1.256
252
29.773
1.086
2.868
4.437
16.769
29.742
1.463
430
1.647
2.345
1.246
149
678
785
293
877
3.198
1.843
3.473
2011
215.761
25.078
76.251
1.158
1.241
552
1.929
620
2.694
1.271
261
30.187
1.106
2.882
4.560
17.004
30.140
1.495
434
1.664
2.384
1.266
152
688
796
294
901
3.246
1.884
3.623
2012
08/07/2014 11:02:01 p.m.
cosecha y procesamiento de la coca instaladas en el sur del Departamento; ahora tales espacios se van ampliando, porque la reconfiguracin del
orden paramilitar condujo a la articulacin de nuevos territorios a la disputa violenta. Ella se extendi a municipios o lugares que permitan una
rpida comunicacin con el mar o eran espacios de embarque propicios
para la comercializacin en el mercado internacional, como San Bernardo del Viento, Moitos y Puerto Escondido, entre otros (El Meridiano de
Crdoba, La orden de las Bandas es eliminarse entre ellas, 20 de junio,
2010). Esos municipios se volvieron tambin zonas de disputa entre las
bandas, particularmente all donde haba sido mayor la influencia de Los
Paisas; en San Antero, por ejemplo, a finales de noviembre de 2008 se
produjo una masacre en el balneario de Punta Bolvar (El Heraldo, Masacre en Santa Antero atribuida a Bacrim, 27 de agosto, 2010).
Lo de San Antero no fue un suceso aislado: haca parte de una escalada regional violenta que buscaba el control por la fuerza de los distintos
eslabones de la economa de la droga. Precisamente en los aos de disputas ms intensas, como 2008, se calculaba que la cifra de muertos, solamente por homicidios registrados, llegaba a 520 personas (El Heraldo,
Crdoba: preocupacin por 16 meses de alta criminalidad, 19 de abril,
2009). Por su parte, los desplazados ese mismo ao ascendan a 175.962
(Tabla 16).
Por lo dems, la capital departamental fue escenario de crecientes disputas, en primer lugar por su ubicacin estratgica, atravesada por los
principales ejes viales: las carreteras que vienen del Alto Sin desembocan en la troncal que viene de Caucasia, Antioquia, mientras la ciudad
est cruzada por las vas que desembocan en la Costa Caribe, con destino
a San Antero y Las Crdobas, municipios que se intercomunican con el
resto de zonas costaneras. Adems de su ubicacin estratgica, el hecho
de ser el principal centro econmico de la regin converta a Montera en
el mejor escenario posible para limpiar las ganancias de la actividad narcotraficante en distintas actividades legales (El Heraldo, Montera sera
campo de guerra de bandas emergentes, 4 de abril, 2008).
Desde mediados del nuevo siglo los medios nacionales advirtieron la
peculiar vida de los monterianos, quienes, al lado de inmensos cordones
de miseria, erigan pequeos y relucientes palacetes y se beneficiaban de
un boyante comercio de ropa y muebles de marca, que exhiba decenas de
camionetas 4x4, en tanto que se inauguraban flamantes restaurantes con
cavas y depsitos repletos de vinos finos y licores importados. En otras
palabras, Montera, la antigua capital ganadera del pas, que siempre ha-
08/07/2014 11:02:02 p.m.
ba sido un lugar de caza y de penetrante olor a estircol de ganado, pas

a ser el opulento Miami de los colombianos (Semana, El Miami costeo,
24 de septiembre, 2004).
Estas disputas evidenciaban, en primer lugar, el fracaso rotundo de
las campaas de erradicacin y de las polticas antidroga, as como de
cualquier otra poltica estatal expedida al respecto: en vez de disminuir
la extensin de los cultivos ilcitos, se haba producido su aumento, de la
mano de la consolidacin de todo un cluster erigido alrededor de la economa ilegal. En un mismo Departamento no solo estaban dados los medios geogrficos propicios para ella sino tambin un entorno social para
su desarrollo: en contraste con los datos censados por el Simci, los medios
de prensa nacionales y las propias autoridades estimaban que ahora la extensin de los cultivos ilcitos ocupaba ms del doble de la existente antes
de los acuerdos de desmovilizacin (Tabla 15).
El mismo Mancuso seal el ineficiente sistema de monitoreo del
gobierno para calcular en 160.000 hectreas las extensiones sembradas
de coca, que producan mil toneladas de cocana al ao, de las cuales se
generaban siete mil millones de dlares, que, en su mayora, terminaran
inyectados en la economa nacional (Semana, Qu significan las cuentas de Mancuso?, 2 de septiembre, 2008). Este hecho ha ido en aumento
en el departamento, debido al traslado de cultivos de regiones vecinas,
como estrategia de evasin de las polticas antinarcticos (Semana, Cultivos de coca se desplazan a Choc, Crdoba y Amazonia, 23 de junio,
2011). Tanto las capacidades de adaptacin de los actores armados como
la ineficiencia del gobierno nacional quedaban constatadas por los grandes volmenes de los cargamentos que han venido siendo incautados
por las autoridades, los cuales no solo revelan la capacidad productiva
que tiene el sur de Crdoba sino tambin toda la adecuacin infraestructural exigida por esa actividad, as como el volumen de los agentes involucrados en el negocio (El Nuevo Siglo, Incautan 5 toneladas de cocana,
14 de agosto, 2004).
Asimismo, tampoco se afectaron los vnculos que haban configurado
y consolidado los paramilitares con algunos miembros de la fuerza pblica para asegurarse el libre desarrollo de su actividad: tanto la Polica
como los militares continuaron recibiendo una serie de cuotas para no
interferir el transporte de los cargamentos que transitaban por el Departamento (El Heraldo, Contrainteligencia persigue a policas cmplices
de criminales, 11 de noviembre, 2009). Igualmente sigui existiendo una
accin coordinada entre las nuevas estructuras criminales, o Bacrim, y al-
08/07/2014 11:02:02 p.m.
gunos miembros del estamento militar. Estas bandas han utilizado a veces
a miembros de la fuerza pblica en su mayora soldados profesionales o
suboficiales, no solo para intervenir en sus disputas sino tambin para
dirimirlas mediante la violencia oficial en contra de determinado grupo.
La relacin entre las Bacrim y la fuerza pblica, al igual que ocurra en
aos pasados, ha presentado una lnea de continuidad que ha garantizado
que las fuerzas de seguridad estatales no solo colaboren en la generacin
de recursos financieros para estas estructuras sino que desempeen tambin un rol protagnico en el asunto, en el cual se involucran transacciones de armas e intercambio de inteligencia (El Espectador, Alianzas
siniestras, 19 de enero, 2001).
Tales lazos siguen extendindose en el campo de la poltica, aunque
en un nivel ms local, no solo a causa de las limitaciones organizativas de
las Bacrim sino tambin como evidencia de la capacidad de adaptacin
y aprendizaje que mostraron frente al escndalo de la parapoltica. Los
acuerdos convenidos en tales pactos nacionales eran mucho ms visibles
y fciles de rastrear que los establecidos en los nuevos pactos, que tienen
lugar en espacios menos integrados a la vida nacional pero que les son
tiles para sus fines. De esa forma se ha abierto un nuevo captulo en
la relacin entre la poltica y los actores armados, en el cual el objetivo
es solo extender los nexos hasta el poder local y en algunas ocasiones el
regional, para verse favorecidos por la toma de decisiones de las instituciones o, en su defecto, para pasar inadvertidos.
En este orden de ideas, no resulta extrao que medios de prensa nacionales hayan alertado acerca del caso de Crdoba y La Guajira, y sobre todo
del primero, donde el proyecto paramilitar conquist mayor hegemona y
donde ha tenido lugar uno de los procesos de mayor fortalecimiento de las
bandas criminales. De acuerdo con las autoridades de polica, las Bacrim
pueden estar operando hoy por lo menos en veinte departamentos del pas,
dotadas de una compleja composicin basada en alianzas de todo tipo:
mafias con delincuencia comn, exparamilitares con guerrilleros activos,
redes de microtrfico con miembros del Ejrcito y la Polica, promotores
de la minera ilegal con oficinas de cobro, entre otras modalidades. Sus
vasos comunicantes con los actores polticos son la mejor estrategia para
afianzar su poder en las regiones, como lo evidenci Don Mario, quien se
habra echado al bolsillo a miembros de la Polica, del Ejrcito y hasta de la
Fiscala General (Semana, As cogieron a Don Mario, 15 de abril, 2009).
Sobre todo en la actual coyuntura del pas, cuando los procesados por la
Ley de Justicia y Paz empezarn a quedar libres y no es de extraar que
08/07/2014 11:02:02 p.m.
algunos exparamilitares rasos, as como fueron otros no desmovilizados,

puedan empezar ser cooptados por las bandas criminales (El Espectador,
Se abre captulo bacrimpoltica, 2 de junio, 2013).
En su defecto, esta capacidad de incidir en la vida cotidiana de los
pobladores de las regiones donde hacen presencia ya se hizo manifiesta
en el 2012, cuando en varias regiones colombianas, sobre todo de la Costa
Caribe y en particular de Crdoba y Urab, las Bacrim, en cabeza de las
autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, decretaron un
paro armado que logr interrumpir el normal desarrollo de la vida de los
habitantes de trece municipios del departamento de Crdoba, especialmente los establecidos en la zona costanera (San Bernardo del Viento,
Moitos, Puerto Escondido, Los Crdobas y Canalete); all el sector comercial cerr las puertas y hubo parlisis del transporte intermunicipal.
Lo mismo ocurri en las regiones de San Jorge y Alto y Bajo Sin, con
fuerte acento en los municipios de Montelbano y Buenavista. En el primero, las actividades comerciales, laborales y de transporte estuvieron
paralizadas (El Universal, Catorce municipios afectados por paro armado de Bacrim, 6 de enero, 2012).
De hecho, esta accin constituye una retaliacin de estos grupos frente
a la creciente oposicin del Estado, el cual, despus de reconocer las limitaciones del proceso de Justicia y Paz, emprendi la desarticulacin de dichas bandas y sus redes de apoyo logstico. En esta direccin se entiende
el Plan Troya, desplegado por el Ejrcito en diez municipios de Crdoba,
Antioquia y Sucre para debilitar las estructuras armadas y las finanzas de
Los Urabeos, Los Paisas y Los Rastrojos (El Colombiano, La ofensiva en
el fortn de las Bandas, 13 de febrero, 2011). Tambin la captura de Don
Mario y otra serie de golpes a la organizacin, como a otras Bacrim,
han ido debilitando su accin en el curso de los ltimos dos aos. Por
ejemplo, en 2012 se conoci la captura de 235 integrantes de bandas criminales y el abatimiento de otros siete en operaciones con ocasin de las
cuales tambin se incautaron 121 armas y se decomisaron 16.464 piezas
de municin de todos los calibres (El Meridiano de Crdoba, 235 bacrim
capturados y 7 abatidos, 29 de diciembre, 2013). No obstante, su presencia est lejos de ser borrada y todava cuenta con un importante nmero
de hombres y recursos disponibles para proseguir sus operaciones.
Por su parte, las Farc aprovecharon las pujas internas de los antiguos
mandos paramilitares para proseguir su impulso expansivo en los inicios de este periodo: los frentes 5 y 18 extendieron su influencia sobre
toda la zona del Nudo de Paramillo, lo cual les permiti desencadenar
08/07/2014 11:02:02 p.m.
nuevas olas de violencia, como el ataque a Tierradentro, donde resultaron muertas veinte personas (El Tiempo, La guerrilla ya manda sobre
la coca del Nudo de Paramillo, 27 de noviembre, 2006). Esta expansin
llev al grupo a verse enzarzado en las disputas de las Bandas Criminales, ante las cuales ha asumido una postura selectiva, de acuerdo con
sus capacidades y recursos: en algunas ocasiones se enfrent a ellas pero
en otras se ali con ellas para combatir a un enemigo comn (El Meridiano de Crdoba, Los Paisas y las Farc estaran aliados, 29 de enero,
2009). Igual opinin merecen las alianzas o pactos de la guerrilla con las
Bacrim en relacin con la economa de la coca (El Heraldo, Erradican
5.400 hectreas de Coca, 9 de enero, 2009), porque su incapacidad de
controlar las rutas de salida limit a las Farc al control de los cultivos y
de algunas etapas del procesamiento, por lo cual abandonaron las labores de transporte y distribucin en las costas en manos de las Bacrim,
que cuentan con la capacidad logstica e infraestructural para exportar
la droga a los pases centroamericanos y al mismo Mxico. De hecho,
esto no es un caso particular, pues esta misma divisin de algunos eslabones de la faena puede observarse entre los distintos actores armados,
de acuerdo con las posibilidades que tienen en el territorio, como sucede en el Magdalena Medio y, con mayor precisin, en Santa Rosa del
Sur (Aponte, 2013).
No obstante, este momento expansivo se ha visto frenado por una
mayor capacidad militar del Ejrcito en la zona, que refleja el avance tecnolgico del armamento y de la inteligencia militares, as como la mayor
decisin estatal para arrebatar el control del territorio a los actores armados ilegales. De hecho, la tarea asignada a la Brigada 11 de proteger a la
regin se cumpli a cabalidad porque se procedi a atacar a las Farc en
sus lugares de retaguardia (El Meridiano de Crdoba, Ejrcito golpea a
las Farc en el sur y Dos nuevas bajas a la subversin, 6 de junio, 2010; 24
de diciembre, 2009), hasta el punto de lograr dar de baja a alias Muelas,
cabecilla de la compaa Manuel Cepeda. Pero los xitos militares no se
detuvieron en ese punto, pues posteriormente se pudo eliminar a alias
Diego, subcomandante de la compaa financiera de Riosucio, del Frente
18 (El Meridiano de Crdoba, Bajaron a dos de esos de las Farc, 25 de
mayo, 2012), as como provocar la desmovilizacin voluntaria de algunos
guerrilleros del Frente 58 (El Colombiano, Guerrilleros del Frente 58 se
entregaron al Ejrcito, 29 de octubre, 2011), lo cual llev a estimar que
su influencia en la regin no solo se encuentra disminuida sino tambin
cada vez ms delimitada geogrficamente.
08/07/2014 11:02:02 p.m.
No obstante, tales logros en el campo militar fueron opacados o salpicados por lo que se conoce como los falsos positivos. Al igual de lo sucedido en la poblacin cundinamarquesa de Soacha, en Crdoba algunos
militares hicieron pasar a ciertos campesinos por falsos guerrilleros para
recibir beneficios e incentivos econmicos (El Tiempo, 28 aos a dos
militares por falsos positivos, 9 de junio, 2010).
Consideraciones finales
En primera instancia, se comprueba de qu manera un recuento histrico se torna fundamental para comprender un fenmeno social, poltico
y econmico como el del paramilitarismo, ya que el recurso al relato no
se reduce a una mera recoleccin de eventos sino que, en s mismo, ese
ejercicio hace parte de la explicacin. En efecto, el presente intento tuvo
como objetivo superar los estudios concentrados en el mediano y el corto
plazos a fin de intentar una explicacin mucho ms amplia y profunda,
que subyace en la comprensin, no solo de la configuracin regional sino
tambin de las aristas que han compuesto las estructuras societales de la
regin, para evitar caer en diagnsticos sintomticos y coyunturales. Las
principales excepciones a este tipo de estudios de corto plazo son los trabajos de Duncan (2006) y Romero (2003), quienes vinculan el fenmeno
paramilitar con procesos que preceden a los aos ochenta, tal vez porque
sus estudios no se interesaban solo en este caso sino en todo el fenmeno,
ocurrido en el nivel nacional.
Por eso, este captulo quiso subrayar la invisibilizacin y marginacin
de ciertos factores y procesos que son fundamentales para comprender
el fenmeno del surgimiento, organizacin y consolidacin de las autodefensas en Crdoba as como en otros lugares del territorio nacional
(Sucre, por ejemplo). Esto hace imperioso asumir el anlisis de este fenmeno con una temporalidad ms amplia, que permita visibilizar las tensiones que se manifiestan en una sociedad dada, a partir de una mirada
que tenga en cuenta tanto las estructuras sociales como los procesos de
configuracin regional.
Por esa razn este estudio parte del supuesto de que una mejor comprensin del caso cordobs debe prestar atencin a los intentos previos de privatizacin de la justicia hechos desde los inicios del siglo XX,
mediante el empleo de matones a sueldo y escuadrones armados para
defender el tipo de ordenamiento regional prevaleciente y la consolidacin de la hacienda ganadera. De ah que el concepto de presencia
08/07/2014 11:02:02 p.m.
diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo (Gonzlez, Bolvar y

Vsquez, 2003) termine ayudando a comprender algunos mecanismos,
as como las posturas selectivas de las elites y su capacidad de veto para
resolver o afrontar ciertas tensiones y problemticas locales. En las ocasiones en las cuales las directrices del Estado central estaban en sincrona con los intereses de los poderes regionales (decreto de Seguridad
Civil, Pacto de Chicoral, cooperativas Convivir, entre otros), las elites
regionales no dudaron en aplicar en la regin las medidas adoptadas en
el centro; en cambio, cuando vieron que las directrices del Estado afectaban sus intereses de propietarios (movilizacin campesina y reforma
agraria), se mostraron reticentes frente a ellas; y, cuando la expansin
guerrillera azotaba la regin, no dudaron en alegar la ausencia del Estado y reclamar su mayor presencia. Esta postura la resea uno de los
entrevistados para este trabajo al sugerirle que los propietarios de la
tierra rechazaban precisamente la intervencin estatal:
Jams. Al contrario, lo que hubo fue ausencia del Estado. Es ms: hay otra etapa en
que usted encuentra que el crecimiento de la guerrilla fue con Belisario, que se hace
un poco yo dira el Shakira: sorda, ciega, muda. Tuvo unas directrices confusas,
que no daban las posibilidades de accin, que eran tolerantes para ir actuando en
torno al crecimiento de la guerrilla (Entrevista a lvaro, 26 de junio, 2008).
La capacidad de maniobra de esas elites se explica, tanto por su influencia en la institucionalidad local y regional, como por sus lazos con
sectores de la fuerza pblica, que muchas veces intervinieron en su favor, no solo protegiendo con tropas las propiedades de los ganaderos
sino tambin colaborando en la misma organizacin de los grupos de
autodefensa. Para los militares, los finqueros son muy dados, muy inclinados a tratar de arrastrarlo a uno a cometer ese tipo de delitos; los
finqueros, eso s, lo tratan a uno de jalar, lo tratan a uno de jalar, pues
llega uno a la finca, el finquero te atiende, te da comida, te atienden muy
bien y te ofrece el carro y no s qu (Entrevista a Eduardo Murillo,
septiembre 10, 2009). Ha sido tal el amalgamamiento de la fuerza pblica con sectores ilegales de la zona, que no resulta raro ver que ciertos
miembros fueran salpicados, no solo por el recurso sistemtico a la violencia sino tambin por ciertos casos de falsos positivos o actividades
ligadas al narcotrfico.
La experiencia cordobesa, tanto de las movilizaciones de los aos
veinte y treinta del siglo como de las encabezadas por la Anuc entre 1060
08/07/2014 11:02:02 p.m.
y 1978, expresa no solo una lucha por la tenencia y usufructo de la tierra

sino asimismo una tensin entre tradicin y modernidad. Esta problemtica se expresaba en la imposicin de un modelo de desarrollo rural
con un claro sesgo anticampesino (Uribe, 2012), centrado en torno a la
produccin agroindustrial basada en grandes extensiones y mano de obra
proletarizada, y qued confirmada en los aos setenta con el Pacto de
Chicoral y las lecturas que del mismo haca la gran prensa:
En efecto, el pas ya no es estrictamente rural. En nmeros absolutos, mucho menos de la mitad de la poblacin ha quedado en el campo. Adems, por lo menos el
40% de la poblacin econmicamente activa en el campo ya es jornalera, sin contar a los semiproletarios, que son muchos. Y las formas antiguas de organizacin
del trabajo (como las seoriales) no llegan al 10% de las explotaciones existentes
[] La pautas sealan hoy que Colombia ha dejado de ser un pas campesino de
estirpe tradicional, y que en los prximos 25 aos su textura social ser predominantemente urbana e industrial, con una agricultura intensiva a gran escala,
comercial, mecanizada y de alta produccin por unidad de tierra (El Tiempo, 31
de enero, 1975, p. 44).
Obviamente, la consolidacin de este modelo de desarrollo rural trajo

consigo la consiguiente expulsin de importantes contingentes de poblacin campesina. Si bien no se cuenta con los datos estadsticos necesarios
para cuantificar este proceso en sus primeros sesenta aos, el panorama
se ensombrece mucho ms desde la dcada de los ochenta con la llegada
de los narcotraficantes, la implantacin del modelo de Puerto Boyac y la
compra masiva de tierras. Si bien este ltimo punto se inici con la adquisicin de predios previamente consolidados por parte de ganaderos de
la regin, al poco tiempo empez a extenderse sobre terrenos cultivados
por el campesinado local. As se dio continuidad al proceso de la expansin de la hacienda ganadera a costa de la propiedad campesina, como
modo de produccin predominante en el nivel regional. Entonces, hacia
dnde se dirigi la poblacin expulsada?
En un primer momento, la regin del Urab antioqueo se constituy en una vlvula de escape, as como ocurri con algunas zonas
del Magdalena Medio y del mismo territorio venezolano. Pero el consiguiente agotamiento de la frontera agrcola de estos bolsones interiores
no ha dejado a las personas expulsadas otra va que la de migrar a los
centros urbanos ms prximos e instalarse en cinturones perifricos de
ciudades como Montera, Cartagena y Barranquilla, entre otras. No en
08/07/2014 11:02:02 p.m.
vano, la capital cordobesa ostenta el decoroso puesto de receptora del

barrio de invasin ms grande de Latinoamrica, el cual empez a conformarse desde finales de los aos ochenta (1988), como consecuencia
del desplazamiento masivo de innumerables campesinos asediados por
la violencia paramilitar. De hecho, este proceso se fue acentuando y extendiendo en el tiempo y el espacio, pues en los dos decenios siguientes,
a las personas desplazadas por el conflicto armado del Departamento
se sumaron los otrora campesinos cordobeses que se haban asentado
antes en Urab y que ahora volvan a ser despojados de su tierras por el
avance paramilitar en esa regin.
Por ese motivo, el desplazamiento registr picos histricos en los ltimos aos, luego de las luchas intestinas desatadas entre las facciones de
antiguos mandos medios paramilitares, as como del ingreso de una nueva camada de narcos, que buscaban aprovechar los espacios vacos dejados
por la desmovilizacin de las AUC. De esta forma se entiende la configuracin y consolidacin de los llamados barrios subnormales o cordones de
miseria (El Dorado, La Candelaria, Rancho Grande), caracterizados por
la ausencia de alguna norma urbanstica, altos ndices de pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, deterioro fsico, abandono y exclusin
social. No por nada, en el ao 2002 se estimaba que Montera contaba
con cerca de 102.000 habitantes desplazados, en su mayora procedentes
de los municipios de Tierralta, Montelbano, Valencia, Planeta Rica, Canalete, San Carlos y Valencia, as como del Urab antioqueo, Montes de
Mara, Sucre y sur de Bolvar (Bustamante, 2006). No obstante, resta una
pregunta: adnde se dirigi el remanente de 2.014.544 personas desplazadas solo en los ltimos quince aos (1997-2012)?
Ahora bien, dicha situacin revela dos aspectos: por un lado, la creciente posibilidad que tuvieron los paramilitares y hoy en da las llamadas Bacrim de extraer, tanto recursos humanos como materiales para
conformar sus estructuras armadas. En su defecto, y tal como ocurri en
otras ciudades del pas (Ccuta, Medelln, etc.) (Aponte 2012), dicha situacin se vio facilitada por el ejercicio del monopolio de la coercin y la
regulacin de ciertas actividades econmicas de poblaciones vulnerables,
que se encuentran en los marcos de la legalidad o en sus mrgenes. Es el
caso del contrabando de gasolina, arroz, electrodomsticos y vehculos,
del transporte pblico informal (vehculos de servicio colectivo y mototaxis), los juegos de azar (el chance y los casinos), las confecciones,
la construccin y la prostitucin, entre otras actividades. Es el caso de
Montera, donde se ha llegado a afirmar que
08/07/2014 11:02:02 p.m.
muchos mototaxistas estn relacionados con los paras a travs de trabajos de

inteligencia que realizan en sus recorridos por la ciudad y por las veredas. Son los
ojos y los odos que dan el reporte de quines salen y quines entran en las zonas
controladas por las autodefensas. Adems, se comenta que algunos jefes paras
son dueos de muchos de esos vehculos que, hoy por hoy, pueden llegar a los
750.000 en todo el pas (El Tiempo, Paramilitares se infiltraron en las economas
regionales, 2 de julio, 2005).
Por esa razn algunos analistas caracterizan este periodo como una
nueva etapa del paramilitarismo, que, a partir de zonas semiurbanas y
rurales donde se mova tradicionalmente, se est expandiendo hacia las
ciudades ms grandes del pas, donde asume la proteccin de actividades como mercados de abastos, sanandresitos, extorsin a tenderos,
sicariato, narcotrfico, el contrabando y la concertacin de arreglos institucionales con el poder poltico. Esto fue posible porque su injerencia
en las ciudades tuvo lugar en espacios susceptibles de control, como barrios marginados o negocios legales vinculados a transacciones ilcitas
(Duncan, 2006).
En segundo lugar, y con visos mucho ms preocupantes, este proceso
de desplazamiento ofrece pistas en torno a la dimensin del despojo al que
fueron sometidos los campesinos. Si bien en el artculo no se profundiz
en este aspecto, por carencia de espacio, el actual proyecto del gobierno
est lejos de ser una restitucin efectiva, no solo por el plazo del que dispuso para reclamar sino tambin por la falta de garantas para el retorno
de la poblacin expulsada (El Espectador, Impunidad en homicidios de
reclamantes de tierra, 27 de marzo, 2013). De hecho, la cifra oficial dada
para Crdoba por la Unidad de Restitucin revela la poca efectividad y
confianza sobre la poltica del gobierno, debido a que solo han sido radicadas 1.691 solicitudes, que abarcan la mdica suma de 66.484 hectreas
del Departamento (Unidad de Restitucin de Tierras, 2013).
El problema reside en que este proceso de despojo fue apoyado por
toda una serie de figuras jurdicas y agremiaciones que facilitaron los
traspasos forzados, lo mismo que su legalizacin (bien fuese por compra
a menosprecio, despojo directo o compraventa forzada, entre otras formas). Incluso aprovecharon las relaciones con ciertos poderes regionales
y su influencia en la institucionalidad local para apropiarse de las tierras
baldas adjudicadas a los campesinos, con la finalidad de engrosar las posesiones de los comandantes paramilitares, sus amigos y sus aliados. Al
respecto, en los ltimos das Benito Osorio, director del Fondo Ganadero
08/07/2014 11:02:03 p.m.
de Crdoba, revel que el Incora adjudicaba esos predios a campesinos

para que luego fueran escriturados a nombre del Fondo Ganadero de
Crdoba [] Sin la participacin activa del Incora hubiera sido imposible legalizar tan alto nmero de baldos en tan poco tiempo. Fueron ms
de 130 predios, que medan casi 4.000 hectreas. Entre esas fincas est
Tulapas, que es uno de los conos en asuntos de despojo y restitucin (El
Tiempo, El ventilador de la paraeconoma se enciende en Crdoba, 10
de febrero, 2014).
Esta lgica de despojo pretenda asegurar el proyecto productivo de
los ganaderos para dar visos de legalidad a unas tierras de control total
de las Autodefensas. Tulapas, por ejemplo, era paso obligado para llegar
a La 24, campamento de Carlos Castao en esa regin limtrofe entre
Crdoba y Urab (ib.). Igual funcin cumpli la antigua Funpazcor, liderada por la prima de Carlos Castao, Sor Teresa Gmez.
Por su parte, la derrota de la organizacin campesina tiene dos aristas:
por un lado, su dependencia frente al poder central en lo tocante a su
organizacin y su actividad; por el otro, su ambigedad frente la lucha
armada, que posibilit que la organizacin fuera asociada con la insurgencia. Esto explica que las elites pudieran deslegitimar fcilmente sus
reivindicaciones y justificar as la represin, al poder presentarse fcilmente como enfrentadas a un enemigo comn, pues tanto la insurgencia
armada como la Anuc encarnaban la amenaza comunista.
Dentro de esa contienda, definitivamente el uso sistemtico de la fuerza por parte del sector terrateniente se constituy en una herramienta eficaz y contundente para contener las prcticas que cuestionaban el orden
regional. Por lo mismo, las primeras experiencias de privatizacin de
la justicia (organizacin y conformacin de ejrcitos armados privados
o escuadrones de matones) deben interpretarse como una herramienta
destinada a contener no solo la reivindicacin sobre la tenencia de la tierra sino tambin las primeras extracciones de recursos de la insurgencia. Y si bien en ningn momento se pueden equiparar a las estructuras
que surgieron en los aos ochenta, coincidieron en su misma finalidad:
preservar la propiedad y hacer valer un orden regional favorable a los
intereses de los grandes propietarios. De ah la importancia que tuvo el
arribo a la regin de nuevos poderes econmicos, los cuales, mediante
la disposicin de recursos provenientes del narcotrfico, lograron hacer
frente a una nueva embestida guerrillera en la regin, en alianza con sectores polticos, econmicos y militares del Departamento.
08/07/2014 11:02:03 p.m.
De esta forma, una prctica tradicional de resistencia armada se fue

transformando, tanto cuantitativa como cualitativamente: de una organizacin con un precario equipamiento (no haba un arsenal homogneo,
sino que l estaba compuesto por toda clase de armas: machetes, carabinas, escopetas) y un reclutamiento limitado, se pas a constituir una
organizacin con mayor radio de accin, entrenamiento militar, uniformes, etc. De ah que, cuando empezaron a verse los resultados de la lucha
insurgente, los sectores ms recalcitrantes de la sociedad cordobesa no
dudaron en que ste era el modelo a seguir para defender una idea de regin y desarrollo. As podemos entender la hegemonizacin del proyecto
paramilitar en Crdoba, el cual, para mediados de los aos noventa, haba adoptado la sigla Accu para visibilizarse dentro de la opinin pblica
y reivindicar su carcter poltico.
De hecho, como ya fue subrayado, la consecucin de un reconocimiento poltico fue lograda por Carlos Castao gracias a su papel antisubversivo, que le vali el respaldo de los poderes regionales al proyecto
poltico, econmico y regional que haba implantado en Crdoba. Pero
necesitaba lograr esta legitimacin y visibilidad en los niveles suprarregionales. Para alcanzar dicha meta, decidi unir las distintas experiencias de otras regiones (Cesar, Magdalena Medio, entre otras) que para
entonces afrontaban o haban afrontado aos atrs un avance insurgente,
bajo lo que se conoci como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La nueva organizacin no solo se insert en los debates nacionales para
sentar una posicin sobre el rumbo del pas, sino que tambin empez a
constituirse como un actor armado de primera lnea en la escalada nacional de la guerra, al establecerse en antiguas zonas de dominio guerrillero,
bien sea por consideraciones estratgicas de la direccin nacional de la
guerra, o bien porque detrs del control territorial sobre ciertas zonas
dueas de grandes recursos (Magdalena Medio, Catatumbo, Urab, etc.)
era factible financiar su proyecto expansionista.
De hecho, el departamento de Crdoba desempe un papel de gran
importancia dentro de este movimiento expansivo, pues no solo sirvi de
plataforma para el desdoble y surgimiento de frentes paramilitares sino
tambin de modelo a imitar en las regiones que estaban afrontando el asedio insurgente. En esta direccin, el proyecto de Castao consolid una serie de territorialidades blicas que se complementaban entre s por factores
tanto militares como polticos y econmicos. Esto permite tener idea del
corredor estratgico que se conform en el norte del pas, entre la regin del
Catatumbo y la del Urab antioqueo. El dominio de estos espacios no solo
08/07/2014 11:02:03 p.m.
cort el avance guerrillero hacia el norte del pas sino que represent tambin la conexin de distintos circuitos econmicos, sobre todo de la coca, y
la prolongacin de un modelo de desarrollo rural (palma de aceite y ganadera). Igualmente, este control territorial permita su injerencia sobre los
distritos electorales de ciertas zonas donde el Estado, a causa de su presencia diferenciada, no poda garantizar los derechos polticos, a consecuencia
de lo cual el ejercicio poltico quedaba bajo el dictamen de las armas.
En esta va, ciertos polticos regionales encontraron una ventana de
oportunidad para ascender en la pirmide del poder regional por fuera
de los marcos tradicionales de la poltica, sin tener que respetar jerarquas
ni aguardar turnos. Esto les permita ahorrar recursos propios pero tambin tiempo, porque el dominio paramilitar dentro de ciertos territorios
ofreca a algunas nuevas figuras saltar del mbito local o regional directamente a la esfera nacional, sin necesidad de insertarse en las tradicionales
maquinarias polticas, que tornan mucho ms larga e incluso difcil esta
reposicin y enclasamiento. De esta forma podemos entender las decisiones de Eleonora Pineda o Miguel de la Espriella: para la primera, la
parapoltica represent dar un salto desde el Concejo de Tierralta hasta
la Cmara de Representantes; a de la Espriella le ofreci la posibilidad de
formar toldo aparte del grupo lopista, que de tiempo atrs dominaba el
panorama poltico regional.
Pero eso no es todo. La llamada parapoltica tambin permiti a ciertos barones electorales acrecentar su poder regional, reacomodarlo luego de un retroceso o incluso buscar erosionar el de su rival. Es el caso
de Julio Manzur, quien buscaba ampliar su poder en la regin y en la
misma institucionalidad, o el de Zulema Jattin, cuyo movimiento estaba
languideciendo desde cuando su padre fuera apresado por sus nexos con
el Proceso 8.000; sin embargo, los pactos establecidos con Mancuso le
permitieron recomponerse para las elecciones de los aos 2002 y 2006.
Por ltimo, podemos entender el referenciado Sindicato, que agrupaba
a distintos polticos, entre ellos casi todos los mencionados atrs, interesados en unir fuerzas y empezar a resquebrajar el dominio poltico de la
casa Lpez, a escala tanto regional como local.
De hecho, este ltimo caso muestra que la llamada parapoltica no
fue un fenmeno homogneo y mucho menos ajeno a las disputas y las
tensiones. Para Juan Manuel Lpez Cabrales, la ascendencia paramilitar
representaba un retroceso y una amenaza frente a la maquinaria que su
familia haba constituido y fortalecido desde aos atrs. En este orden
de ideas, qu incentivo representaba compartir con Mancuso, Castao y
08/07/2014 11:02:03 p.m.
sus aliados polticos cuotas burocrticas, cargos, presupuestos, planes de

desarrollo, etc., si Lpez ya tena el monopolio de ellos?
Esto deja en evidencia que el concepto de captura del Estado homogeniza un fenmeno que tuvo enormes diferencias, de acuerdo con la
situacin especfica de cada poltica en la correlacin regional de fuerzas,
que promova posturas diferentes frente al proyecto de las AUC. Y no
solo eso: tambin los considera como agentes sin agencia, que marchaban pasivamente al vaivn de los dictmenes paramilitares sin tener en
cuenta que ellos mismos contaban con clculos estratgicos y capitales
polticos que les permitan adoptar posturas selectivas de acuerdo con
sus intereses. No en vano, esto qued plasmado en el reconocimiento explcito de Pineda y Arias como directos beneficiados de la parapoltica;
pero dicha situacin no se repite con Manzur, Jattin o personajes de otras
regiones (Araujo, Uribe, Ramrez), quienes aducen que fueron obligados
o engaados por los mismos paramilitares. Es decir, que niegan cualquier
vnculo programtico o poltico con las AUC.
Por otro lado, el anclaje paramilitar se ha hecho inocultable en la esfera econmica. En los ltimos veinte aos, Crdoba no solamente pas
de ser una ruta de trnsito para la salida de la coca y la entrada de armas
destinadas a los grupos armados, sino que su ubicacin geogrfica, unida
a la poca capacidad de regulacin estatal, ha llevado a la configuracin y
consolidacin de un cluster cocalero en su entorno. Esto no solo incentiv una cruenta disputa de los actores armados por su control, sino que
condujo tambin a permear a la sociedad cordobesa, sus distintas instituciones y sus autoridades. Esa situacin queda plasmada en el aumento de
las extensiones de cultivos ilcitos, la instalacin de laboratorios y nuevas
rutas de droga, la creciente incriminacin de algunas autoridades pblicas en el trfico de droga y armas y el mismo boom econmico que ha
vivido Montera en la ltima dcada.
Obviamente, el carcter ilegal de esta economa trajo consigo una ola
de violencia en la cual se han enzarzado tanto la guerrilla como los paramilitares. En el caso de estos ltimos, la ambigua desmovilizacin de sus
jefes originales y la extradicin de muchos de ellos desencadenaron una
sangrienta disputa entre sus mandos medios por el control de la regulacin de los distintos eslabones del circuito econmico cocalero (cultivos,
procesamiento y comercializacin), debida al vencimiento o ruptura de
los pactos entre los grupos que regulaban la competencia. Este fenmeno
muestra la reedicin o la continuidad de ciertos elementos del fenmeno
paramilitar: persisten en las mismas pretensiones de control territorial,
08/07/2014 11:02:03 p.m.
pero el aprendizaje de su experiencia pasada los ha llevado a restringirse

al nivel local, tanto en sus actividades como en sus conexiones con sectores polticos, econmicos y sociales, a fin de tornarse menos visibles.
Asimismo es evidente que utilizan un discurso antisubversivo menos
pronunciado.
En cuanto a los grupos insurgentes, es notorio su marcado retroceso
durante toda esta etapa, a pesar de ciertos momentos expansivos. El EPL
no solo fue debilitado y fuertemente golpeado por el avance paramilitar en sus zonas de retaguardia histricas (Urab antioqueo, el Alto San
Jorge y el Alto Sin), sino que, como producto de las luchas intestinas
entre las facciones de izquierda, tambin termin siendo el amigo de su
enemigo tradicional. Por su parte, las Farc expresaban la misma debilidad
que encontraban en las zonas adonde se expandieron en los aos ochenta,
a partir de su sptima conferencia: el predominio de su ala militar solo
permita relacionarse con la poblacin civil por medio de la economa de
la coca, lo que hizo que sus lazos con las comunidades locales no pasaron
de ser pragmticos y coyunturales. Esta situacin permite entender que
hoy en da esa guerrilla se encuentre confinada a las zonas ms inaccesibles del Nudo de Paramillo, donde encuentra grupos poblacionales cuya
marginalidad frente a la vida econmica nacional los ha llevado a buscar
en el cultivo de la coca una manera de acceder a ciertos bienes y servicios
de los cuales no podran disponer por fuera de esa actividad econmica.
En esa zona las Farc cumplen la funcin de garantes de las reglas de la
vida comunitaria (definicin de linderos, rias, delincuencia comn) y
de unas una reglas claras y justas para sus transacciones econmicas.
Ahora bien, el recuento hecho permite afirmar que todos los actores involucrados en las expresiones y trayectorias del conflicto armado en territorio cordobs son agentes conscientes, que no solo justifican sus acciones
sino que reflexionan sobre ellas. Las elites cordobesas, as como otros actores (narcotraficantes, insurgencia, campesinos, etc.), siguen contando con
cierto margen de maniobra, menor o mayor, de acuerdo con los recursos
de que disponen para adoptar ciertas posturas y tomar ciertas decisiones
que han marcado una trayectoria no premeditada del desarrollo regional.
En otras palabras, los distintos actores puestos en escena asumieron las
estructuras regionales como oportunidades y aprovecharon las distintas
tensiones y problemticas para tratar de transformar, contener o resistir
el rumbo que tom el ordenamiento regional. En esta va, por ejemplo, los
clamores por una mayor presencia del Estado terminaban justificando las
demandas de privatizacin de la justicia, mientras que la concentracin de
08/07/2014 11:02:03 p.m.
la tierra justificaba las invasiones y las reivindicaciones campesinas; por

otra parte, la amenaza del avance insurgente hizo posible la unin de varios
sectores bajo el objetivo comn de la lucha antisubversiva. De esta forma
queda en evidencia que las estructuras sociales no solo tienen una funcin
de constreimiento sino tambin una oferta de oportunidad o una faceta
habilitante que ha servido para que los distintos actores hayan hecho uso
de ella para impulsar sus objetivos y apuestas estratgicas (Giddens, 2011).
Siendo as, el conflicto armado debe ser visto como un ensamble en el cual
no dominan, ni las causas objetivas de la guerra (control territorial, modelo de desarrollo), ni tampoco las subjetividades (codicia, historias de vida
personales). Debera, pues, haber una amalgama de estas dos dimensiones,
que han sido falsamente dicotomizadas.
Al final del largo recorrido de este estudio de caso surgen nuevos interrogantes, que no alcanzan a ser esclarecidos aqu, debido a delimitaciones temporales y espaciales. Sin embargo, como resultado de la revisin de medios de prensa nacionales, como El Tiempo y El Espectador, as
como de literatura sobre el tema agrario, salt a la palestra una cuestin.
Al parecer, esta experiencia de privatizacin de la justicia no fue exclusiva
del departamento de Crdoba sino que estuvo presente en muchas otras
regiones del pas. Esto conduce a una serie de interrogantes: cmo fue
su desarrollo?, cmo fue justificado por sus perpetradores?, contra qu
grupo social se dirigi?, qu intencin haba por medio?, qu sectores
de la sociedad constituyeron este esfuerzo de privatizacin de la justicia?
Y, finalmente, en el caso de que ese fenmeno se haya implantado en el
territorio, tuvo alguna conexin con el posterior desarrollo y consolidacin de estructuras de autodefensas?
Fuentes primarias
Entrevistas
lvaro, ganadero y dirigente del departamento de Crdoba, 26 de junio,
2008.
Jos Flix, exgobernador, exalcalde de Montera y ganadero, 18 de junio,
2008.
Facundo, comerciante y ganadero, 26 de julio, 2009.
Joaqun Berrocal Hoyos, historiador cordobs, 31 de julio, 2009.
Jos Garca Ordoez, exalcalde de Ceret, exconcejal y exdiputado, expresidente de las Juventudes del Poder Popular, 4 de julio, 2009.
08/07/2014 11:02:03 p.m.
Hctor Lorduy, exgobernador y exsenador cordobs, 24 de julio, 2009.

Vctor Negrete Barrera, socilogo e historiador cordobs, 15 de julio,
2008.
Eduardo Murillo, coronel retirado, subcomandante del Batalln Junn en
1985, 10 de septiembre, 2009.
Arturo Vega, ganadero de la regin, 4 de julio, 2009.
Exfuncionaria de la Gobernacin, 28 de marzo, 2008.
Fernando Botero Zea, exministro de Defensa de la administracin Samper, 2 de febrero, 2012.
Dirigente poltico regional del Partido Conservador, 7 de septiembre,
2013.
Leyes y decretos nacionales y departamentales
Ley 200 de 1936
Ley 100 de 1944
Ley 135 de 1961
Ley 1 de 1968
Decreto 3398 de 1968
Ley 48 de 1968
Ley 4 de 1973
Ley 5 de 1973
Ley 6 de 1975
Archivo Departamental de Crdoba. Decretos de Gobierno 1965-1980.
Prensa
El Colombiano
El Espectador
El Heraldo
El Meridiano de Crdoba
El Mundo
El Nuevo Siglo
El Pas
El Tiempo
El Universal
Revista Cambio 16
Semana
Semanario Voz
Vanguardia Liberal
08/07/2014 11:02:03 p.m.
Bibliografa
Acemoglu, D., Robinson, J. y Santos-Villagrn, R. (2009). The Monopoly of
Violence: evidence from Colombia. Harvard University: Working Paper.
Aguilera, M. (2006). ELN: entre las armas y la poltica, en Nuestra guerra
sin nombre. Francisco Gutirrez (Comp.). Bogot: Iepri y Grupo Editorial Norma.
Aponte G., A.F. (2012). Ccuta y el Catatumbo: entre la integracin y
la marginalizacin. Disputas territoriales, arreglos institucionales e
imposicin de un orden social de la guerra, en F. Gonzlez G., et al.
(2012). Conflicto y territorio en el Oriente colombiano. Bogot: Odecofi, Cinep y Colciencias.
__________ (2013). Santa Rosa del Sur: un caso de sincretismo institucional en el Magdalena Medio. Documento de investigacin sobre un
proyecto de Ley de Tierras para la Unin Europea (indito).
Arango, M. (1988). La Reforma Agraria y la nueva ley, en Revista Foro,
Bogot, No. 7, octubre.
Aranguren, M. (2001). Mi confesin. Carlos Castao revela sus secretos.
Bogot: Editorial Oveja Negra.
Archila, M. (2005). Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en
Colombia, 1958-1990. Bogot: Instituto Colombiano de Antropologa
e Historia y Cinep, Centro de Investigacin y Educacin Popular.
Arjona, A. (2008). Grupos armados, comunidades y rdenes locales: interacciones complejas, en F. Gonzlez G., (Ed.). Hacia la reconstruccin del pas: desarrollo, poltica y territorio en regiones afectadas por el
conflicto armado. Bogot: Odecofi, Cinep y Colciencias.
Autodefensas Unidas de Colombia (1997). Naturaleza poltico-militar del
movimiento. Montaas de Colombia. Mimeo.
__________ (1998). Planteamientos sobre la solucin poltica negociada
al conflicto armado interno. Urab. Mimeo.
Bagley, M. y Botero, F. (1978). Organizaciones campesinas contemporneas en Colombia, estudio de la Asociacin Nacional de Usuarios
Campesinos (Anuc), en Estudios rurales latinoamericanos, Vol. 1, No.
1, enero-abril, 1978.
Barrera, V. y Nieto, C. (2010). Parapoltica: una discusin sobre sus
interpretaciones, en Controversia, No. 195, Cinep/PPP, Bogot,
diciembre, disponible en: http://issuu.com/cinepppp/docs/controver
sia195_122010?mode=window&backgroundColor=%23222222
Bakonyi, J. y Kirsti S. (2005). Violence and order beyond the State: Somalia and Angola, en Review of African Political Economy.
Bejarano, J.A. (1985). Economa y poder. La SAC y el desarrollo agropecuario colombiano, 1871-1984. Bogot: Cerec.
08/07/2014 11:02:04 p.m.
__________(sf.). Industrializacin y poltica econmica, en Colombia

Hoy: perspectivas hacia el siglo XXI. Santa Fe de Bogot.
Bentez Palencia, O. J. (1987). Violencia en el Sin. Bogot: Buena Semilla.
Berrocal Hoyos, J. (1980). La colonizacin antioquea en Crdoba. Montera: Ed. Grficas Corsa.
Bushnell D. (1994). Colombia: una nacin a pesar de s misma. Bogot:
Editorial Planeta Colombiana.
Bustamante, G. (2006). Montera. Desplazamiento forzado y cambios en
el sistema urbano, 1980-2004. Tesis para optar al ttulo de Maestra
en Planificacin y Administracin del Desarrollo Regional, Universidad de los Andes (Cider), Bogot.
Calvo Ocampo, F. (1987). Colombia: EPL, una historia armada. Madrid:
Ediciones Vosa SL.
Cepeda, I. y Rojas, J. (2008). A las puertas del Ubrrimo. Bogot: Debate.
Comisin Colombiana de Juristas (2010). Colombia: la metfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la
aplicacin de la Ley 975 de 2005. Bogot: Opciones Grficas Editores Ltda.
Dvila Ladrn de Guevara, A. (2001). Democracia pactada. El frente Nacional y el proceso constituyente del 91. Bogot: Universidad de los Andes,
Ceso: Departamento de Ciencia Poltica y Alfaomega Colombiana.
Duncan, G. (2007). Los seores de la guerra: de paramilitares, mafiosos
y autodefensas en Colombia. Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
Elas, N. (2010). El proceso de la civilizacin. Investigaciones psicogenticas
y sociogenticas. Madrid: Fondo de Cultura Econmica.
Escobedo, R. y Potta L. (1979). La Violencia en el sur del Departamento
de Crdoba. Tesis de grado. Universidad de los Andes. Ciencia Poltica. Bogot.
Fals Borda, O. (1982). Historia de la cuestin agraria en Colombia. Bogot: Carlos Valencia Editores.
__________ (2002). Retorno a la tierra. Historia doble de la Costa, vol. 4.
Bogot: El Ancora Editores.
__________ (1985). Lo sacro y lo violento, aspectos problemticos del
desarrollo en Colombia, en Once ensayos sobre la violencia. Bogot:
Fondo Editorial Cerec y Centro Gaitn.
Fajardo, D. (1985). La Violencia 1946-1964: su desarrollo y su impacto,
en Once ensayos sobre la violencia. Bogot: Fondo Editorial Cerec y
Centro Gaitn.
Garay, L.J.; Salcedo-Albarn, E. y De Len, I. (2010). Redes de poder en
Casanare y la Costa Atlntica, en C. Lpez. Y refundaron la patria...
De cmo mafiosos y polticos reconfiguraron el Estado colombiano. Bogot: Random House Mondadori.
Gellner, Ernest (1997). El arado, la espada y el libro. Estructura de la historia humana. Mxico D. F.: Fondo de Cultura Econmica.
08/07/2014 11:02:04 p.m.
Giddens, A. (2011). La constitucin de la sociedad. Bases para la teora de

la estructuracin. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
Gilhods, Pierre (1990). La cuestin agraria en Colombia (1900-1946),
en Nueva Historia de Colombia, vol. III. Santaf de Bogot: Editorial
Planeta Colombiana.
__________ (1990a). La cuestin agraria en Colombia (1958-1985). en
Nueva Historia de Colombia, vol. III. Santaf de Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
__________ (1985). La Violencia Colombia: bandolerismo y guerra social, en Once ensayos sobre la violencia. Bogot: Fondo Editorial Cerec y Centro Gaitn.
Gonzlez, F., Bolvar, I. y Vsquez, T. (2003). Violencia poltica en Colombia: de la nacin fragmentada a la construccin del Estado. Bogot:
Cinep.
Gonzlez, F. (2006). La problemtica construccin del Estado Nacional
en Colombia, en A.A. Guerrero Rincn. Poltica, Estado y sociedad.
Bucaramanga: Publicaciones UIS.
__________ (2009). Espacio, conflicto y poder: las dimensiones territoriales de la violencia y la construccin del Estado en Colombia, en
Sociedad y Economa, No. 17.
Gonzlez, F. y Otero Bahamn, S. (2010). La presencia diferenciada del
Estado: un desafo a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza,
en C. Launay-Gama y F. Gonzlez (Eds.).Gobernanza y conflicto en
Colombia. Interaccin entre gobernantes y gobernados en un contexto
violento. Bogot: Odecofi, Editorial Pontificia Universidad Javeriana,
Cinep, IRG y Colciencias.
Gonzlez, F., Vsquez, T., Quiroga, D., Barrera, V. y Aponte, A. (2011).
Evolucin del conflicto armado en el espacio y el tiempo: dinmicas
territoriales de los actores armados en Colombia. Bogot: Cinep, Mimeo.
Gutirrez, F. (2006). Lo que el viento se llev? Los partidos polticos y la
democracia en Colombia, 1958-2002. Bogot: Grupo Editorial Norma.
Gutirrez, F. y Barn, M. (2006). Estado, control territorial paramilitar
y orden poltico en Colombia, en M.E. Wills y G. Snchez (Eds.).
Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia. Bogot: Grupo Editorial Norma, pp. 267-312
Guzmn, G., Luna, D. y Fals Borda, O. (2005). La Violencia en Colombia.
Tomo I. Bogot: Taurus.
Guilln, F. (2008). El poder poltico en Colombia. Bogot: Editorial Planeta
Colombiana.
Hartlyn, J. (1993). El Frente Nacional .La poltica del rgimen de coalicin:
la experiencia del Frente Nacional. Bogot: Tercer Mundo Editores.
08/07/2014 11:02:04 p.m.
Kalmanovitz, S. (1998). El desarrollo histrico del campo colombiano,

en J.O. Melo (Comp.). Colombia hoy: perspectivas hacia el siglo XXI.
Bogot: Banco de la Repblica Biblioteca Luis ngel Arango.
Kalyvas, S. (2006). Logic of violence in Civil War. Cambridge University.
New York.
Leal, F. (2002), La Doctrina de Seguridad Nacional: Materializacin de
la guerra fra en Amrica del Sur, en Revista de Estudios Sociales, No.
15, junio.
__________ (1989). Estado y poltica en Colombia. Bogot: Siglo XXI
Editores.
Legrand, C. (1988). Colonizacin y protesta campesina en Colombia, 18501950. Bogot: Universidad Nacional de Colombia.
Len, J. (2013). Pensar que lo que ensayaron los campesinos fue una
revolucin sera muy equivocado: Medfilo Medina, disponible en:
http://lasillavacia.com/historia/pensar-que-lo-que-ensayaron-loscampesinos-fue-una-revolucion-seria-muy-equivocado-medofilo
Lpez, C. (2010). Y refundaron la patria De cmo mafiosos y polticos reconfiguraron el Estado colombiano. Bogot: Corporacin Nuevo Arco Iris.
Machado, A. (1994). El caf, de la aparcera al capitalismo. Bogot: Tercer
Mundo Editores.
__________ (2000). Reforma agraria o reforma rural?, en Anlisis Poltico No. 40, mayo-agosto.
Mann, M. (1992). Las fuentes del poder, II, El desarrollo de las clases y los
Estados Nacionales, 1760-1914. Barcelona: Alianza Editorial.
Martnez, G. (2004). Salvatore Mancuso. Su vida. Es como si hubiera vivido cien aos. Bogot: Grupo Editorial Norma.
Marx, K. El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Mosc: Editorial Progreso, 1980.
Medina, C. (1990). Autodefensas, paramilitares y narcotrfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidacin: el caso de Puerto Boyac. Bogot: Editorial Documentos Periodsticos.
__________ (2011). Farc-EP. Flujos y reflujos: la guerra en las regiones.
Bogot: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho y
Ciencias Polticas y Sociales. Unidad de Investigaciones Jurdico-Sociales Gerardo Molina (Unijus).
Medina Gallego, C. y Tllez Ardila, M. (1994). La violencia parainstitucional, paramilitar y parapolicial en Colombia. Bogot: Rodrguez Quito
Editores.
Medina, M. (1984). El paro cvico nacional del 14 de septiembre de
1977, en M. Medina. La protesta urbana en Colombia en el siglo XX.
Bogot: Ediciones Aurora.
Misin de Observacin Electoral (s.f.). Monografa poltico-electoral. Departamento de Crdoba, 1997-2007. Bogot: Ford Foundation.
08/07/2014 11:02:04 p.m.
Molano, A. (1985). Los aos del tropel: relatos de la Violencia. Bogot:

Cinep.
Negrete, V. (2007). Lucha por la tierra y reforma agraria en Crdoba.
Montera: Ediciones UniSin.
Ocampo, G. (2007). La instauracin de la ganadera en el Valle del Sin:
la hacienda Marta Magdalena, 1881-1956. Bogot: Universidad de
Antioquia, Instituto Colombiano de Antropologa e Historia, Icanh.
Ojeda, D. (2004). Economa ganadera, ocupacin del territorio y

conflicto por la tierra en la regin del Sin, 1900-1930. Tesis de
grado para historiadora. Uniandes. Bogot.
Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y poltica en Colombia. Bogot: Instituto de Estudios Colombianos.
Pcaut, D. (1985). Reflexiones sobre el fenmeno de la Violencia, en

Once ensayos sobre la violencia. Bogot: Fondo Editorial Cerec y Centro Gaitn.
__________ (1987). Orden y Violencia. Colombia, 1930-1953, vol. II. Bogot: Cerec y Siglo XXI editores.
_____________ (1987). Crnica de dos dcadas de poltica colombiana,
1968-1988. Bogot: Editorial Siglo XXI editores.
Presidencia de la Repblica (2006). Proceso de paz con las autodefensas.
Informe Ejecutivo. Bogot: Oficina Alto Comisionado para la Paz.
Rangel, A. (2005). El poder paramilitar. Bogot: Fundacin Seguridad y
Democracia y Editorial Planeta Colombiana.
__________ (1998). Colombia: guerra en el fin de siglo. Bogot: Tercer
Mundo Editores y Uniandes.
Reyes, A. (2007). Latifundio y poder poltico: la hacienda ganadera en Sucre. Bogot: Cinep.
__________ (2007). Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y
consecuencias, en G. Snchez y R. Pearanda (Comps.). Pasado y
Presente de la Violencia en Colombia. Medelln: La Carreta Editores,
Iepri, Universidad Nacional de Colombia.
Richani, R. (2007). Caudillos and the Crisis of the Colombian Sovereignty, the war system and the privatization of thecounterinsurgency in
Colombia, en Third World Quarterly, vol. 28, No. 2.
Rodrguez, J. (2012). Las transformaciones del conflicto en el Magdalena
Medio: del control militar al dominio poltico, 2002-2008, en F. Gonzlez G., et al. Territorio y conflicto en el Oriente colombiano. Bogot:
Odecofi, Cinep y Colciencias.
Romero, M. (2007). Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogot:
Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Estudios Polticos y
Relaciones Internacionales. Bogot.
__________ (2007). Paramilitares, narcotrfico y contrainsurgencia: una
08/07/2014 11:02:04 p.m.
experiencia para no repetir, en Pasado y presente de la Violencia en

Colombia. Medelln: La Carreta Editores, Iepri, Universidad Nacional.
__________ (2007a). Parapoltica. La ruta de la expansin paramilitar
y los acuerdos polticos. Bogot: Editorial Intermedio y Corporacin
Nuevo Arco Iris.
Romero, R. (2011). Unin Patritica. Expedientes contra el olvido. Bogot:
Alcalda Mayor de Bogot, Agencia Catalana de Cooperacin al Desenvolupament y Espacio Creativo Impresores.
Snchez, Too Jr. (2006). Crnicas que me da miedo contar. Montera: Editorial A. Snchez.
__________ (2004). Crnicas que no me dejaban contar. Bogot: Afro
Editores e Impresores Ltda.
Snchez, Gonzalo (1990). La violencia de Rojas al Frente Nacional, en
A. Tirado Meja (Coord.) Nueva Historia de Colombia, vol. II. Santaf
de Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
__________ (2008). Guerra y poltica en la sociedad colombiana. Bogot:
Editorial Nomos.
__________ (1985). La violencia y sus efectos en el sistema poltico colombiano, en Once ensayos sobre la violencia. Bogot: Fondo Editorial Cerec y Centro Gaitn.
Snchez, G. y Meertens Donny (2006). Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia (2006). Bogot: El Ancora
Editores.
Surez, A. (2007). Identidades polticas y exterminio recproco. Masacres
y guerra en Urab, 1991-2001. Medelln: La Carreta Editores - Iepri.
Tilly, C. (1992). Coercin, capital y los Estados Europeos, 990-1990. Madrid: Alianza Editorial.
Unidad de Restitucin de Tierras y Vctimas (2013). Solicitudes de ingreso al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Ministerio de Agricultura y Desarrollo, disponible en: http://
restituciondetierras.gov.co/media/descargas/estadisticas/estadisticas-20130204.pdf
Uribe, M. (2011). La nacin vetada: Estado, desarrollo y guerra civil en
Colombia. Tesis presentada para obtener el grado de doctor en Investigacin en Ciencias Sociales con especializacin en Ciencia Poltica,
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Mxico, D.F.
Verdad Abierta (sf). Documentos exclusivos: As se fragu el acuerdo
de paz con los paras, disponible en: http://www.verdadabierta.com/
la-historia-de-las-auc/244-la-historia/auc/2388-documentos-exclusivos-asi-se-fraguo-el-acuerdo-de-paz-con-los-paras
Vicepresidencia de la Repblica (2002). Panorama actual de Paramillo y
su entorno. Bogot: Observatorio del Programa Presidencial de De-
08/07/2014 11:02:04 p.m.
rechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, disponible

en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/nudo_paramillo/nudo_de_paramillo.pdf
__________ (2009). Dinmica de la violencia en el Departamento de
Crdoba, 1967-2008. Bogot: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/
Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/DinamicaViolecia_Cordoba.pdf
Villarraga, A. y Plazas, N. (1994). Para reconstruir los sueos (una historia
del EPL). Bogot: Fondo Editorial para la Paz, Fundacin Progresar,
Fundacin Cultura Democrtica y Colcultura.
Thompson, E. P. (1979). Tradicin, revueltas y conciencia de clase: estudios
sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona: Crtica.
Wood, E. (2008). The social process of Civil War: The wartime transformation of social networks, en Annual Review of Political Science.
Zamosc, L. (1987). La cuestin agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos,
1967-1981. Bogot: Cinep.
08/07/2014 11:02:04 p.m.
Captulo 3
Las vicisitudes de la integracin
Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar
Vctor A. Barrera R.
Introduccin
La mayora de los estudios econmicos y sociales indican que la trayectoria histrica del departamento del Cesar podra resumirse como el trnsito de un lugar prspero, pacfico y con un inusitado bienestar social
apalancado por el cultivo del algodn, a una situacin ms bien crtica,
producto de la irrupcin de la violencia y de la implementacin de una
economa de enclave basada en un modelo de desarrollo excluyente (Bonet, 1998; 2007; Gamarra, 2005; Bernal, 2004; Caldern, 2010; Econometra, 2010).
No obstante, la realidad histrica del Departamento resulta ser mucho
ms compleja, ya que en el territorio del Cesar han tenido lugar modelos de desarrollo diferenciados, incluso a veces contrapuestos, tanto en el
espacio como en el tiempo, que, adems de funcionar bajo lgicas productivas particulares, han tenido distintas repercusiones en las formas y
tiempos en los cuales la regin se ha insertado a la vida poltica y econmica del pas. Por eso, una observacin ms detallada de estos procesos
histricos lleva a pensar que el trnsito de la estabilidad a la crisis en
el Cesar no fue tan automtico o inesperado como algunos analistas y
lderes regionales lo perciben.
Este captulo busca ofrecer una interpretacin de este trnsito a partir
de una aproximacin procesual que recaba en la interaccin entre modelos de desarrollo y dinmicas violentas. Se esfuerza por reconocer cules
08/07/2014 11:02:04 p.m.
228 Vctor A. Barrera R.
han sido los mecanismos asociados a los factores de produccin que han
alimentado o debilitado las relaciones sociales violentas del Departamento
en el marco de su inacabado proceso de integracin territorial a la nacin.
El captulo se divide en tres grandes secciones, adems una conclusin
general. En la primera se presenta una breve caracterizacin del territorio
del Cesar, que describe las subregiones que lo constituyen y sus principales rasgos socioeconmicos, productivos e histricos. La segunda seccin
se ocupa de las implicaciones que han tenido los considerados como tres
modelos de desarrollo que habran regido al Departamento, define lo que
se entiende por modelo de desarrollo y estudia sus trayectorias particulares.
En la tercera seccin se seala en qu momento de esas trayectorias
de desarrollo se inserta el conflicto armado y cul ha sido su desenlace
territorial en los ltimos veinte aos. Se pretende asimismo ofrecer un
panorama general de los orgenes histricos y la evolucin del conflicto
en el Departamento, con un especial inters por mostrar los procesos de
insercin y expansin diferenciados de los actores armados y su relacin
con las dinmicas de desarrollo de la regin.
Al final, se ofrece una conclusin general en la que se recogen tres
aspectos que dan cuenta de asuntos tericos de mayor envergadura y que
ayudan a comprender otros casos regionales.
Caracterizacin del territorio del Cesar

Situado al nororiente del pas, el departamento del Cesar se caracteriza por
presentar una variedad de climas y una diversidad de paisajes. Las extensas llanuras baadas por los ros Cesar y Ariguan en el norte y centro del
Departamento contrastan con complejos montaosos como la Serrana del
Perij, que ocupa toda la franja oriental, y la Sierra Nevada de Santa Marta,
ubicada al noroccidente. El centro, con sus suelos inundables, cercanos al
ro Magdalena, y el sur con su carcter de zona de intersticio entre el mundo
andino y el Caribe, le imprimen al Departamento una mayor complejidad.
Esta diversidad se expresa en la existencia de tres subregiones (norte,
centro y sur), que, si bien obedecen a la existencia de ciertos rasgos propios puesto que cada una de ellas presenta diferencias en trminos de su
estructura socioeconmica, as como de su relevancia poltica y su desarrollo institucional, estn definidas por fronteras que resultan ser porosas, pues se encuentran en constante interaccin y redefinicin a causa de
la actividad humana.
08/07/2014 11:02:05 p.m.
Las vicisitudes de la integracin 229
Subregin norte
En la subregin norte se ubican los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Manaure, San Diego, Codazzi, Bosconia, El Copey, El Paso y
Astrea. Desde los tiempos de la Colonia esta subregin ha mostrado una
importancia poltica y demogrfica mayor que la del resto de subregiones
del Cesar. En la actualidad cuenta con 546.859 habitantes y un potencial
electoral de 334.157 votos, lo cual denota cierto tipo de supremaca sobre el centro y el sur del Departamento. Asimismo, presenta un desarrollo
importante de vas de comunicacin que vinculan sus mercados con los
departamentos de Magdalena, Atlntico y La Guajira.
Este desarrollo institucional, poltico e infraestructural data de los
tiempos coloniales, pues fue en este territorio donde el Estado espaol
tuvo un mayor control y las familias y los hacendados lograron con xito
la expansin del latifundio ganadero en las zonas planas, ubicadas entre
los ros Cesar y Ranchera (Santos, 2002). De igual manera se desarroll
una importante economa campesina que rodea los asentamientos indgenas de la Sierra Nevada y las laderas de la Serrana del Perij.
Adems de contar con un hato ganadero importante y con una economa campesina que, aunque tuvo alguna importancia, hoy se encuentra
en declive, los municipios de El Copey y Bosconia presentan un buen
desempeo en el cultivo de la palma de aceite. Y, segn Jos Gamarra,
el conjunto de toda esta subregin ofrece un espacio potencial para la
implementacin de explotaciones silvopastoriles, que incrementara la
eficiencia y productividad de la ganadera de doble propsito (2005: 15).
Subregin central
En la subregin del centro se ubican los municipios de Becerrill, La Jagua
de Ibirico, Curuman, Pailitas, Tamalameque, Chimichagua y Chiriguan,
que cuentan con un total de 167.478 habitantes y un potencial electoral
de 113.252 votos. Su economa gira en torno a la minera, lo cual hace que
las administraciones locales de La Jagua de Ibirico, Chiriguan y El Paso
reciban gran parte de sus recursos por concepto de las transferencias y regalas que el Estado central les gira como compensacin por ser lugares
donde se extraen recursos naturales no renovables.
El sector minero ha incidido en su desarrollo social y poltico y explica fenmenos como el acelerado proceso de urbanizacin que ha ex-
08/07/2014 11:02:05 p.m.
perimentado un municipio como La Jagua de Ibirico, que, en menos de

veinte aos, pas de ser el tercero ms rural del Departamento al segundo
ms urbanizado, despus de Valledupar (Econometra, 2010: 3). De igual
forma, los complejos cenagosos asentados alrededor de los municipios de
Chimichagua y Chiriguan se han visto afectados por los impactos ambientales de la extraccin del carbn.
Ahora bien, pese al predominio del sector minero, esta subregin posee suelos aptos para el desenvolvimiento de la agricultura y la ganadera,
aunque la presencia de complejos cenagosos como los de Zapatosa, Rubio, Limpia y Mata Palma inciden en que sus suelos sean inundables, de
suerte que el aprovechamiento del terreno presenta algunas limitaciones
(Gamarra, 2004: 16 y 17).
La tradicin y riqueza culturales, as como su cercana con el departamento del Magdalena, hacen de esta zona, segn Jos Gamarra, un territorio de potencial ecoturstico, que ha sido desaprovechado por no contar
con la infraestructura bsica necesaria (Gamarra, 2004: 17).
Subregin sur
La subregin surea agrupa los municipios de San Alberto, San Martn,
Ro de Oro, Gamarra, Pelaya, Gonzlez, La Gloria y Aguachica, donde se
asientan 188.942 habitantes y un potencial electoral de 116.084 votos, lo
cual la ubica en un nivel de importancia electoral similar al del centro del
Departamento.
Desde mediados de los aos sesenta, el municipio de Aguachica se
convirti en el nodo subregional ms importante, no solo en lo que se refiere al sur del Departamento sino tambin a toda la regin del Magdalena
Medio, con la cual comparte rasgos identitarios, econmicos y polticos.
La economa de la subregin se basa un modelo agroindustrial representado por el cultivo de la palma africana, concentrada en los municipios de San Alberto y San Martn, y una importante economa ganadera
de doble propsito.
Aunque se encuentra atravesada longitudinalmente por la Carretera
Troncal del Oriente, sus relaciones comerciales y polticas tienden hacia
los Santanderes y el interior del pas. Su precaria integracin al resto del
departamento del Cesar se presenta como un obstculo para su desarrollo econmico (Gamarra, 2004: 18).
08/07/2014 11:02:05 p.m.
Cuadro 1
Departamento del Cesar

Subregiones
Subregiones
Norte
Centro
Sur
Caractersticas histricas y
socioeconmicas
Ubicada entre las estribaciones de la Sierra
Nevada y de la Serrana del Perij, muestra
una predominante tendencia ganadera en las
zonas planas y una economa campesina en
descomposicin ubicada en las laderas de la
Valledupar, Pueblo
Sierra Nevada de Santa Marta. HistricamenBello, La Paz, Manaure, te, en la subregin se concentr una mayor
San Diego, Codazzi,
presencia estatal e institucional que gravita alBosconia, El Copey, El rededor de la capital del Departamento. PotenPaso y Astrea.
cial de desarrollo: las planicies tienen aptitud
para la ganadera y la agricultura de riego; se
recomienda la implementacin de explotaciones silvopastoriles que incrementen la eficiencia y productividad de la ganadera de doble
propsito.
En ella se ubica la mayora de la minas de carbn. Sus municipios reciben una importante
cantidad de los recursos que el Estado central
les gira por concepto de regalas. Sin embargo,
no ha dejado de ser un territorio apto para la
agricultura y la ganadera, con un uso del suelo
Becerril, La Jagua de
limitado por las peridicas inundaciones alreIbirico, Chiriguan,
dedor de los complejos cenagosos. HistricaCuruman,
mente fue una zona de difcil acceso, debido a
Chimichagua, Pailitas y
la presencia de los aguerridos indios Chimilas,
Tamalameque.
obligados a desplazarse del norte del Departamento a esta zona por la presin colonizadora
de los espaoles. Su potencial de desarrollo se
basa en el turismo, la ganadera y la agricultura.
De clara ascendencia santandereana, esta subregin obedece a una lgica ms atada a la regin
del Magdalena Medio. Sus pobladores, usualmente, han denunciado el histrico abandono adminisSan Alberto, San
trativo de la capital, Valledupar, y se han identifiMartn, Ro de Oro,
cado ms como un territorio perifrico respecto de
Gamarra, Pelaya,
ella. No obstante, en las ltimas dcadas esto ha
Gonzlez, La Gloria y
cambiado como consecuencia del cultivo agroinAguachica.
dustrial de la palma africana y la consolidacin de
una importante economa ganadera de doble propsito, principales motores de su desarrollo.
Municipios
08/07/2014 11:02:05 p.m.
Trayectorias de desarrollo del Cesar (1900-2010)

El inters de esta apartado es identificar las implicaciones que han tenido y tienen los considerados como tres modelos de desarrollo ms
importantes que se han presentado en el departamento del Cesar en el
periodo que va entre principios del siglo XX y la actualidad: i) un modelo de desarrollo agrario tradicional entre 1900 y 1950; ii) un modelo
de agricultura comercial entre 1950 y 1980; y iii) un modelo de desarrollo basado en una economa de enclave: la minera del carbn, a partir
del ao 1980.
Por modelo de desarrollo no entendemos un proceso acumulativo,
homogneo y deseable, sino un conjunto de actividades productivas que
tienen una dimensin espacial particular y que inciden de diversas maneras en la estructuracin de la vida social, econmica y poltica de una regin o localidad. Actividades que pueden, bien compaginarse para crear
un equilibrio social ms o menos sostenible, bien contraponerse, lo cual,
a la postre, puede originar conflictos, pacficos o violentos.
Por este motivo, la propuesta de establecer una distincin acorde con
modelos de desarrollo no obedece a una concepcin teleolgica de los
mismos, que lleve a una secuencia estricta de cada uno de ellos, sino que
constituye una distincin analtica que permite observar particularidades
en la forma como se desempe el Departamento en materia econmica,
agraria, social y poltica en un largo periodo.
Aunque hoy resulta insostenible concebir al departamento del Cesar
como un lugar alejado y olvidado por el centro del pas y las instituciones
del Estado, debe tenerse en cuenta que, en una mirada de largo alcance,
su proceso de integracin social, econmica y poltica al conjunto de la
nacin es relativamente reciente y ha ocurrido con distintos ritmos.
Durante el transcurso del periodo colonial y parte de la vida republicana, la historia del dominio estatal sobre el territorio de la provincia
de Santa Marta donde se ubicaba el espacio que hoy corresponde al
departamento del Cesar no fue sino una larga lista de intentos fallidos por extender su control en una extensa porcin territorial donde
las diversas formaciones geogrficas (montaosas, de ribera, sabanas)
estaban escasamente pobladas y se asentaban de manera dispersa aguerridos grupos indgenas, entre ellos los Chimilas y los Motilones, que
resistieron con ahnco los nimos expansionistas espaoles (Herrera,
2002: 207 y ss.).
08/07/2014 11:02:05 p.m.
Los tres factores (geografa accidentada, escaso poblamiento y resistencia indgena) explican el carcter perifrico que gran parte de este territorio tuvo respecto del interior del pas durante mucho tiempo.
La persistencia de estos problemas estructurales a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII signific que, pese al empeo espaol de poblar
y controlar la zona1, la provincia de Santa Marta entrara al siglo XIX con
una debilidad crnica de sus bases materiales y simblicas: los recursos
reales escaseaban y la Corona gozaba de una precaria legitimidad frente a
sus subordinados. As se puede colegir de testimonios de la poca, como
el del oidor del virreinato, quien, en mayo de 1819 y a su paso por Santa
Marta, centro poltico de la provincia, afirm haberse quedado sorprendido del descontento de los habitantes, de la ruina en que se halla la agricultura, del atraso del comercio, del desorden y de la miseria en general
(citado en Elias, 2008: 5).
En el curso de la segunda mitad del XIX, durante el periodo en el cual
los liberales radicales estuvieron en el poder (1863-1886), los gobiernos
departamental y nacional de la nueva repblica aunaron esfuerzos por
integrar la zona al pas mediante diversos mecanismos, como la creacin
de colonias extranjeras y la implementacin de territorios nacionales,
como consecuencia de lo cual las zonas de la Sierra Nevada y la Serrana
del Perij quedaron sujetas a un sistema de gobierno controlado directamente por Bogot (1971), a lo cual se aadi el trabajo misional de
los monjes capuchinos patrocinado por el gobierno de la Regeneracin
(1886) (Viloria, 2005: 40; Uribe, 2000)2.
1
Luego de que se estableciera una precaria red de ciudades durante el siglo XVI y se intentara
la fundacin de otras en el siglo XVII, fue en el siglo XVIII cuando, bajo el marco de las
conocidas reformas borbnicas, las estrategias de poblamiento de la regin se hicieron ms
fuertes. Personajes como Fernando de Mier y Guerra y Pedro Agustn de la Sierra fueron
los encargados de extender el control colonial a las zonas controladas por los indios Chimila. Entre 1744 y 1770 de Mier y Guerra, con la ayuda de encomenderos, hacendados y
vecinos pobres, abri caminos y fund varias poblaciones sobre la margen derecha del ro
Magdalena y del ro Cesar. Entre 1775 y 1776 hizo lo mismo, aunque no con tanto empeo,
Pedro Agustn de la Sierra, quien fund algunas ciudades que tuvieron una vida efmera. De
cualquier forma, lo cierto es que, a pesar de estos avances, hacia finales del siglo XVIII aun
existan en la regin espacios que estaban por fuera de un control espaol efectivo (Mendoza, 2009).
Con base en la gaceta del entonces Estado Soberano del Magdalena, Carlos Alberto Uribe
identifica los lmites que la ley le asign a cada una de estas zonas. Al territorio de la Sierra Nevada le correspondan los antiguos distritos de San Antonio, San Miguel, Marocaso,
Rosario, Atnquez y San Sebastin de Rbago, mientras que al territorio de los Motilones
se le asign, por el oriente, la zona que divide a los Estados Unidos de Colombia con los
Estados Unidos de Venezuela, mientras por el occidente limitaba con los antiguos distritos
de Jobo, Palmira, Espritu Santo y Becerril (Uribe, 2000).
08/07/2014 11:02:05 p.m.
No obstante, estos intentos por poblar y controlar una porcin importante del territorio no fueron muy exitosos. A principios del siglo XX la
ciudad de Valledupar albergaba poco ms de dos mil personas, controlaba escasamente las poblaciones aledaas ubicadas al norte y el nororiente de la ciudad y presentaba caractersticas de una zona perifrica y
desordenada. Segn lo registr Francisco Javier Vergara y Velasco en su
Nueva Geografa, a principios del siglo XX la ciudad de Valledupar era
tierra de cra, asilo de reos prfugos, indios bravos limtrofes y gente de
carcter especial, por lo cual sus moradores los llaman Vallenatos (citado
en Snchez, 2008: 7).
Modelo de desarrollo agrario tradicional

La persistencia de un territorio perifrico y difcil de controlar se matiz
durante la primera mitad del siglo XX, cuando se evidenci una primera
etapa de diferenciacin social e insercin creciente del departamento del
Cesar al conjunto de la vida poltica, aunque con algunas resistencias para
hacerlo plenamente en materia econmica, todo ello gracias a la implementacin de un desarrollo agrario tradicional orientado al cultivo del
caf en las zonas de ladera de la Sierra Nevada y la Serrana del Perij, y
una escasamente consolidada y poco tecnificada ganadera en la zonas
planas. Este desarrollo, aunque tradicional, no necesariamente signific
que el Departamento continuara sumido en el atraso, pues las elites polticas encontraron en las buenas conexiones que mantuvieron con el Estado central una herramienta decisiva para irrigar algn grado de progreso
material a la regin.
Economa campesina y ganadera
El desarrollo del sector agropecuario del Departamento en la primera
mitad del siglo XX tiene que ver con la existencia de dos actividades productivas que discurren en dos espacios distintos: la economa campesina,
que se consolid con el cultivo de caf en las zonas de vertiente de los
complejos montaosos que rodean al Departamento, y el desarrollo de la
ganadera en las llanuras de los ros Cesar y Ariguan, abanderado por las
familias tradicionales de Valledupar.
Sin embargo, esa mirada algo dicotmica no debe llamar a engaos.
Como veremos, este proceso diferenciado no obedeci a la tpica concepcin polarizante entre campesinos marginados y poderosos ganaderos
08/07/2014 11:02:05 p.m.
acaparadores de tierras. Por el contrario, se trata ms bien de la historia de un campesinado que en alguna medida prosper gracias al cultivo
del caf, y de un sector ganadero que, aunque se involucr tambin en
ese cultivo, enfrent serias dificultades para hacer eficiente y rentable su
principal actividad productiva.
Colonizacin, caf y expansin de la frontera agrcola
En ese contexto, el proceso de colonizacin espontnea que se desenvolvi en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serrana del
Perij a finales del siglo XIX y durante gran parte del XX ha sido a veces
subvalorado como un evento aislado en la configuracin territorial y el
desarrollo agrario del actual departamento del Cesar. Sin embargo, ese
proceso tuvo un significado poltico fundamental: ocupar porciones de
territorio donde haban fracasado las campaas de poblamiento y control
impulsadas por el gobierno departamental y nacional durante la segunda
mitad del siglo XIX.
Por eso, en las ltimas dcadas del siglo XIX, estos territorios cobraron importancia en dos sentidos: como refugio de los perseguidos
polticos y como tierra para cultivar caf (Viloria, 2005: 40). Estos motivos explican por qu resultaron ser zonas atractivas, tanto para los
vencidos de las guerras civiles decimonnicas cuya ltima expresin
fue la Guerra de los Mil Das como para la poblacin campesina proveniente del interior del pas, donde la expansin del latifundio y una
frontera agrcola en vas de cerrarse los haban expulsado y obligado a
buscar nuevas tierras (Rodrguez, 1998: 193; Uribe, 2000; Tllez, 2000;
Baquero, 2005: 116-117).
De esta forma, en el marco del proceso que Catherine Legrand (1988)
denomin colonizacin de baldos, se inici un proceso de aprovechamiento espontnea del suelo apuntalado en colonos andinos, familias
acaudaladas de Valledupar y un puado de ciudadanos extranjeros con
visin empresarial. Entre 1851 y 1885, la colonizacin de la franja suroriental de la Sierra Nevada y parte de la vertiente de la Serrana del Perij
estuvo encabezada por el ciudadano francs Franois Dangond, miembros de prestantes familias, como los Cotes, los Mestre, los Villazn y
los Baute, y colonos provenientes del Tolima (Anzotegui y El Lbano) y
Santander (Ocaa y San Vicente de Chucur), que procedan del sur del
Departamento, en un proceso paulatino de apertura de la frontera agrcola que avanz desde los municipios de Chiriguan y Chimichagua hacia
08/07/2014 11:02:06 p.m.
las zonas rurales de Valledupar y el actual municipio de Codazzi (Viloria,

1998: 13; Tllez, 2000; Baquero, 2005: 116-117).
Entre 1905 y 1925 esta primera ola migratoria aport unos 20.000
nuevos habitantes a las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Rodrguez, 1998: 191), lo cual dio origen a las principales poblaciones cafeteras del territorio del Cesar: Pueblo Bello y Atnquez, ubicadas alrededor de Valledupar y en inmediaciones de la Sierra Nevada, adems de
Villanueva, Urumita, El Molino y Espritu Santo, que cubran el territorio
que hoy corresponde a los municipios de Codazzi, La Paz, Manaure, San
Diego y Becerril, en las zonas medias de la Serrana del Perij (Viloria,
1998:13; Castro, 1998: 93-94).
Algunas de estas poblaciones hacen parte del cinturn campesino que
empez a formarse durante esa primera etapa de colonizacin, que vive
en reas situadas entre los 600 y los 1.500 metros de altitud y que todava
rodean los asentamientos indgenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales, precisamente a causa del proceso colonizador, se han visto
obligados a trasladarse hacia las zonas ms altas del complejo montaoso
(Viloria, 2005: 37).
Una de las principales caractersticas que asumi la primera etapa colonizadora del Cesar, al igual que las dos posteriores que se presentaron en su
territorio en los aos sesenta y setenta, fue la de un proceso cuyos conflictos
internos lograron resolverse de manera pacfica. En el curso de esta primera
etapa, la relacin entre propietarios y colonos podra calificarse de cordial,
toda vez que, como ha mostrado Alfredo Molano, la gran disponibilidad de
territorios baldos en la regin, adems de desincentivar los reclamos y las
invasiones de terrenos, haca econmicamente posible que muchos colonos
pudieran desvincularse de la hacienda y dedicarse de tiempo completo al
cultivo del caf en sus parcelas (citado en Viloria, 1998: 15).
Un poco ms problemtica parece haber sido la relacin entre colonos
e indgenas, porque el avance de la colonizacin campesina hacia la Sierra
Nevada origin conflictos relacionados con la utilizacin de la tierra, ya
que los terrenos que los colonos consideraban baldos eran, para los indgenas, territorios sagrados. No obstante, la mayora de las veces esos conflictos se resolvieron pacficamente, mediante un sistema de intercambio
desigual donde los colonos fungieron como los intermediaros entre los
indgenas y el comercio regional (Uribe, 2000).
En este escenario, ms bien poco conflictivo, se desenvolvi el cultivo del caf, que, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, sim-
08/07/2014 11:02:06 p.m.
boliz la consolidacin de una economa campesina generadora de

importantes procesos de acumulacin de capital en algunos sectores
de la poblacin.
Fue un desarrollo en gran parte abonado por la intervencin de entidades estatales, como la Caja de Crdito Agrario, y de gremiales como la
Federacin Nacional de Cafeteros, entidades que se establecieron en Valledupar en los aos 30 del siglo pasado. As, mientras que la Caja Agraria
inaugurada en la capital en el curso de la presidencia de Alfonso Lpez
Pumarejo otorgaba crditos a los cultivadores y fomentaba el desarrollo
agrcola regional (Snchez, 2008: 17), la Federacin Nacional de Cafeteros (Fedecaf), establecida en la capital cesarense por orden directa de su
entonces presidente Mariano Ospina Prez, gestion la compra de una
parte de las cosechas regionales (Castro, 1998: 97).
A pesar de esta presencia institucional, la mayor parte de los recursos de la produccin cafetera del distrito de Valledupar extrados entre
1920 y 1939 no se destin a las exportaciones legales sino que circul
por las redes comerciales del contrabando (Snchez, 2008: 19; Snchez,
2008: 93; Viloria, 1998: 14). Por ese motivo, la riqueza que se extrajo del
comercio del caf no tuvo impacto en el agregado social, aunque result
fundamental para mejorar la situacin, tanto de campesinos como de
importantes familias de la regin, tal como ocurri en el caso de los Villazn, de Pueblo Bello.
El desarrollo de la ganadera en el Cesar
Contrariamente a lo acontecido con el cultivo cafetero y la economa
campesina, el progreso de la ganadera en las llanuras del Cesar parece
haber sido mucho ms difcil, a causa de los obstculos que debi sortear
en su empeo por expandir el hato ganadero regional. En este sentido, se
puede afirmar que el proceso de consolidacin de la ganadera en el Cesar
es mucho ms heterogneo, difuso y tardo, si se compara con lo ocurrido
en esta materia en algunas zonas de Crdoba, Bolvar y Sucre, por citar
solo algunos ejemplos.
De esa manera, la historia de la ganadera en el departamento del Cesar durante la primera mitad del siglo XX no encaja mayormente con las
imgenes que suelen asumirla como una actividad irracional de grandes latifundios improductivos y expulsora de campesinos, en sintona
08/07/2014 11:02:06 p.m.
con la tesis que la asume como una calamidad histrica3. Por el contrario, ella parece ser una historia mucho ms compleja, de infructuosos
intentos de muchos ganaderos por aprovechar plenamente las bondades
que los suelos les ofrecan para el desenvolvimiento de esta actividad y
por superar las barreras que obstaculizaban el transporte de las reses a los
nodos comerciales del pas.
En ese sentido, aunque es cierto que para los decenios de 1920 y 1930
existan importantes haciendas, como Las Cabezas, de propiedad de Oscar Trespalacios Cabrales la cual abarcaba el territorio comprendido
entre el corregimiento de Los Venados, en inmediaciones de Valledupar,
y el actual municipio de El Paso, la tendencia general de la expansin
ganadera que predomin en la regin durante la primera mitad del siglo
XX fue de clara estirpe campesina y no latifundios de muchas hectreas
(Snchez, 2008: 20). As lo sostiene Hugues Snchez con base en los datos
de compraventa de potreros disponibles en el curso de la dcada de 1930,
apreciacin que coincide con los testimonios de ganaderos de la poca,
quienes enfatizan en el carcter primitivo, trashumante, estacionario y
rudimentario de una difcil actividad que se concentraba alrededor de los
municipios de Valledupar y Chiriguan4.
3
En la historiografa sobre la ganadera colombiana Shawn Vas Ausdal reconoce dos interpretaciones en torno a su impacto en el desarrollo social y econmico del pas. Una de ellas es la
tradicional, o tesis de la calamidad histrica, que asume la ganadera como un fenmeno
general, homogneo y monoltico cuya expansin ha tenido como fin ltimo el control territorial a travs de medios como la coercin extraeconmica, en detrimento de la eficiencia y
productividad de esta actividad. Desde esta perspectiva, los ganaderos y hacendados son concebidos como personas ricas, poderosas y represivas. Sin dejar de reconocer la parte de verdad
que corresponde a esta tesis, el autor toca un problema fundamental: desconocer que, al igual
que toda actividad econmica, la ganadera obedece a una lgica productiva concreta y que,
por lo tanto, los agentes que intervienen en sta son personas racionales que se enfrentan a una
actividad llena de riesgos y dificultades (Van Ausdal, 2008).
Varios testimonios se refieren a las caractersticas que revisti la ganadera en el curso de
la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, Eduardo Posaba Carb cita a dos reconocidos
ganaderos de Valledupar, Juvenal Palmera y Jos Meja, para sealar las dificultades que
encontraban para mejorar la raza criolla y enfrentar la preponderancia de terrenos indivisos, de suerte que los ganados viven en soltura permanente y en comunidad (Posada
Carb, 1998: 149). De igual forma, Hugues Snchez, al citar el testimonio de Jos Guillermo
Pepe Castro, uno de los ganaderos y polticos ms importantes del departamento, muestra esta misma tendencia y llama la atencin sobre las particularidades de esta actividad a
mediados de 1930: la ganadera, de rasgos primitivos, se desarrollaba a campo abierto, las
reses circulaban libremente en un amplsimo territorio y los grandes ganaderos no existan:
Realmente no hubo personajes destacados para esa poca; s haba ganadera, pero para los
aos 20 y 30 la produccin no era grande. Rosa M. de Castro engordaba entre 20 y 100 novillos
al ao, eso no era nada. Juvenal Palmera, Tito Pumarejo, Guillermo Castro Trespalacios (mi
pap), eran ganaderos. La familia Pumarejo tena gran cantidad de tierra pero poco ganado
(Snchez, 2008: 20).
08/07/2014 11:02:06 p.m.
No obstante, no puede desconocerse que durante la primera mitad del

siglo XX tuvieron lugar avances apreciables para la posterior modernizacin de la ganadera en tiempos de la bonanza algodonera. El entramado institucional que se estableci en el Departamento durante el periodo
presidencial de Alfonso Lpez Pumarejo para el fomento del desarrollo
agrario la Caja de Crdito Agrario (1935) y la Granja Ganadera Experimental (1936) significaron el arribo de capital destinado a ser invertido
en esta actividad, as como de razas extranjeras con las cuales los ganaderos buscaron mejorar las cras vacunas.
De cualquier modo, a pesar de las polticas de fomento que impuls
el Estado central en la regin, la ganadera no ces de ser una actividad
poco tecnificada y de difcil sostenimiento. As lo revelan las vicisitudes que tenan que afrontar los ganaderos durante el traslado de las
reses a los principales centros de comercializacin de carne y las limitaciones materiales que encontraron en su empeo de expandir el hato
ganadero a zonas donde las aptitudes del suelo resultaban favorables
para el negocio.
Antes de vincularse al mercado crnico venezolano, los ganaderos
deban asumir los costos del traslado del ganado, que llevaban por
tierra desde Valledupar hasta Tamalameque, para arribar, por va fluvial, a Honda y La Dorada, lugares donde la carne era enviaba posteriormente a los centros de consumo del interior del pas. Era un
viaje que poda durar das enteros, durante los cuales el ganado perda
peso, con el resultado de que las ganancias que de l podan extraerse
se vean disminuidas y afectaban la rentabilidad del negocio (Zapata,
2006: 111).
Esta situacin cambi gracias a la relacin comercial que establecieron
con el mercado venezolano y que tuvo como centro la ciudad de Maracaibo. Fue un vnculo que permiti mejorar la situacin econmica de
muchos de estos ganaderos, y asimismo de sectores de la poblacin dedicados al comercio (Castro, 1998: 25-26).
Por otra parte, aunque hasta bien entrado el decenio de 1960 y parte
del siguiente existieron zonas de bosque seco tropical que esperaban
ser civilizadas, en el curso de las primeras dcadas del siglo XX los
ganaderos de la regin no contaban con los recursos suficientes para
asumir los costos del desmonte de gran parte de ellas. Una labor que,
segn clculos de Corts Randell, a principios de los aos cincuenta
tena un valor por hectrea de 70,80 pesos, si la operacin era manual,
08/07/2014 11:02:06 p.m.
y de entre 300 y 500 si se realizaba con ayuda de maquinaria (Corts

Randell, 1953: 21-22)5.
Del mismo modo, aunque los arreglos de concierto y arriendo por
pastos que establecieron los terratenientes y campesinos para abrir nuevos espacios y acondicionarlos para la ganadera fueron estrategias importantes para la ampliacin del hato ganadero (Alarcn, 1998: 299), no
tuvieron iguales efectos en otros lugares de la Costa Caribe. Las caractersticas del campesinado cesarense en aquel entonces no tan numeroso y
mucho ms prspero e independiente a causa del cultivo del caf redujeron los incentivos para que este tipo de alianzas se generalizara, al mismo
tiempo que les brindaron un margen de negociacin mucho ms amplio
en su interaccin con los terratenientes.
Estas limitaciones retrasaron la expansin del latifundio ganadero en
la regin y evitaron la plena explotacin de los suelos propicios para esta
actividad. Segn el mismo estudio de Corts Randell, en 1953 existan
extensas zonas aptas para la ganadera donde crecan buenos pastos naturales que eran desaprovechados, principalmente al oeste de Codazzi y en
las zonas de Becerril y Chiriguan, donde miles de hectreas de sabanas
se entremezclaban con bosques, un desaprovechamiento que el autor vea
con preocupacin, pues desperdiciaba el valor potencial de la regin. El
territorio del ro Cesar, cuando sea desmontado, ser el segundo Sin de
Colombia, sentenci al final de su informe (1953: 26).
Estos hechos evidencian que, durante la primera mitad del siglo XX,
la ganadera del Cesar aunque en alguna medida rentable y generadora
de excedentes de capital, constituy una actividad difcil, de escasa tecnificacin y con una orientacin de estirpe predominantemente campesina y que encontr una serie de obstculos en su empeo por modernizarse y expandirse a nuevos territorios. En ltimas, un proceso que
denotaba las limitaciones que enfrentaron los intentos de consolidacin
del latifundio ganadero.
Como ha anotado de manera convincente Shawn Vas Ausdal en otro estudio distinto al ya
citado, desarrollar potreros a partir de bosques no era barato. En las tierras clidas del norte
de Antioquia se necesitaban cerca de 20 das de trabajo para rozar una hectrea de bosque
a comienzos de la dcada de 1920. Luego la tierra deba ser sembrada de pasto, a lo cual
seguan dos costosas rondas de deshierbe. Se necesitaban cerca de dos aos y medio antes
de que el potrero estuviera completamente formado, y entonces, como sealaba [Mariano]
Ospina, Dios nos ayudar a encontrar el ganado despus para aprovisionarla (Van Ausdal,
2009: 141).
08/07/2014 11:02:06 p.m.
En este sentido, la imagen de unas cimarroneras inmensas que haba

concebido Luis Striffler (1986) a finales del siglo XIX se resisti a desparecer hasta finales del decenio de 1950, cuando de la mano de la bonanza
del algodn sobrevino la expansin del latifundio ganadero, la tecnificacin de esta actividad y la puesta en vigor de los ttulos de propiedad
regionales, innovaciones todas ellas que impulsaron la modernizacin del
sector en el departamento (Bernal, 2004; Wagner, 2011).
La presidencia de Alfonso Lpez Pumarejo o los signos del progreso

El desenvolvimiento de la economa campesina y ganadera del Cesar en
la primera mitad del siglo XX, pues, puso en marcha procesos de acumulacin de capital que, si bien beneficiaron a las familias tradicionales de la
regin, tambin mejoraron la situacin del campesinado.
Sin embargo, el hecho de que la mayora de los flujos comerciales y econmicos circulara sobre todo a travs de redes de contrabando con Venezuela
constitua una fuerza centrfuga en contrava de la plena integracin econmica, factor que impidi que la riqueza que se haba creado pudiera traducirse en un fortalecimiento de las instituciones formales de la regin, ni tampoco en obras pblicas importantes en el curso de los dos primeros decenios
del siglo XX. Ambos factores redundaban en una escasa integracin social y
econmica, tanto dentro de la regin como respecto del centro del pas, y a
esto se aada el escaso poblamiento de extensos espacios, que todava a fines
de la dcada de 1920 frenaba el desarrollo integral de la regin.
La baja integracin se expresaba en una precaria infraestructura vial,
que conectaba precariamente a Valledupar con Riohacha y obligaba a que
la ocasional relacin con las actuales subregiones del centro y el sur del
departamento se realizara a travs de ros, cinagas y caminos de herradura. En palabras de Hugues Snchez, antes de 1930 El Magdalena, el
ro Cesar y la cinaga de Zapatosa eran, as, las principales arterias de
comunicacin de la regin con el interior del pas (Snchez, 2008: 10).
Tan precaria conexin se traduca en un escaso poblamiento de la
mayor parte del territorio del entonces muy extenso departamento del
Magdalena, a pesar de la primera ola colonizadora que experiment a
principios del siglo XIX. Durante el viaje que realiz a esta regin a finales
de 1928 con la tarea de levantar un censo agropecuario del pas, Diego
Monsalve not que la mayora de la poblacin se encontraba asentada al
norte, entre el ro Fundacin y la ciudad de Santa Marta, y a orillas del
08/07/2014 11:02:06 p.m.
ro Magdalena entre los ros Ranchera y Cesar, y particularmente entre

Valledupar y Riohacha (citado por Snchez, 2008: 9).
Este escenario de atraso se transformara con el arribo de Alfonso Lpez Pumarejo a la Presidencia de la Repblica, cuando las elites vallenatas
ascienden, tanto dentro del mundo poltico del gran Magdalena como en
su fuerte relacin poltica con el Estado central. Este ascenso y esta articulacin continuarn durante ms de cuatro dcadas, hasta el comienzo
de su decadencia a raz de la crisis del algodn y el paulatino relevo de los
ncleos polticos tradicionales departamentales en el curso de los aos 80
y 90 del siglo XIX.
La presidencia de Lpez Pumarejo personaje vinculado a la regin
por lazos familiares marca un punto de inflexin importante, toda vez
que es la primera expresin de uno de los mecanismos que han impulsado
el desarrollo de la regin en el curso de muy largo tiempo: la destinacin
de los recursos estatales, producto de las buenas relaciones entre las elites
locales y el gobierno central, lo cual resultaba estratgico en un entorno
de debilidad fiscal de las administraciones locales y departamentales.
La nueva relacin con el centro poltico nacional condujo a importantes cambios de la poltica local y departamental y, por esa va, a un
importante desarrollo material de la regin.
La principal transformacin poltica tuvo que ver con el nombramiento de personajes vallenatos en cargos pblicos de alto nivel del entonces departamento de Magdalena (tanto en la Gobernacin como en la
alcalda de Valledupar), lo cual provoc un parcial desplazamiento de las
familias polticas samarias Dvila, Goenaga, Manjarrs, entre otras. De
esta manera, las gobernaciones de Ciro Pupo Martnez y Pedro Castro
Monsalvo y las alcaldas de Francisco Villazn y Miguel Villazn Quintero no solo entraron a liderar la reivindicacin del circuito poltico de la
ciudad de Valledupar, sino que tambin impulsaron importantes obras de
desarrollo material regional con recursos que el Estado central les giraba
en el marco de la agenda reformista y modernizante de la llamada revolucin en marcha de Lpez Pumarejo.
Durante esta poca termin de construirse la carretera que comunicaba las ciudades de Riohacha, Valledupar y Santa Marta y se concluyeron
los tramos La Paz-Chiriguan, Valledupar-Ro Diluvio y Ro DiluvioFundacin, vas que fortalecieron los lazos comerciales internos de la regin y de sta con la nacin, al mismo tiempo que fomentaron una mayor
interaccin entre sus pobladores (Castro, 1998: 33; Castro, 1997: 307).
08/07/2014 11:02:07 p.m.
Se inaugur el Hospital Rosario Pumarejo, que benefici a los habitantes

de Valledupar y zonas aledaas; se establecieron bancos con ofertas de
crdito que provocaron una creciente monetizacin de la economa y se
instauraron instituciones para el fomento agropecuario, tan importantes
como las granjas ganaderas experimentales de Valledupar, Codazzi y San
Sebastin de Rbago, as como la Caja de Crdito Agrario, por entonces
manejada por el vallenato Pedro Castro Monsalvo y desde la cual se otorgaron importantes crditos a los agricultores y ganaderos de la regin
(Snchez, 2008: 11; Castro, 1998: 34; 1997: 307; Caldern, 2010: 33).
Observadas en conjunto, se trat de una serie de medidas, obras y entidades que fomentaron el desarrollo material de la regin, fortalecieron
a las altas clases polticas vallenatas entonces en ascenso y brindaron una
serie de oportunidades a agricultores y ganaderos del Cesar para mejorar las condiciones productivas de sus actividades. Tales factores pueden
considerarse fundamentales para lo que ms adelante sera la etapa del
gran desarrollo de la regin, pues prefiguraban la influencia poltica necesaria, las condiciones agrarias requeridas y la presencia estatal mnima
para impulsar el cultivo del algodn en la regin.
La agricultura comercial: la bonanza del oro blanco (1950-1980)

El desarrollo del cultivo del algodn tuvo una profunda significacin econmica, poltica y social para el departamento. Gracias a l los pobladores
del Cesar no solo vivieron un importante periodo de prosperidad sino
que fueron tambin testigos de la transformacin del paisaje agrario, celebraron su independencia administrativa y experimentaron el proceso
de trnsito de una sociedad pastoril a un entramado social de relaciones
propias de un capitalismo agrario (Bernal, 2004).
Enseguida se reconstruyen las condiciones que alimentaron la implementacin en el territorio de un modelo de agricultura comercial, as
como sus principales consecuencias para la estructuracin de la sociedad
cesarense y sus efectos en las diversas actividades productivas que alimentan la economa regional (agricultura y ganadera).
Antecedentes y desarrollo del cultivo
El buen desempeo que tuvo el cultivo algodonero del departamento del
Cesar respondi a una combinacin afortunada de elementos internos
y externos. Entre los primeros aparece la disponibilidad y la aptitud del
08/07/2014 11:02:07 p.m.
territorio para la expansin del cultivo: suelos frtiles, abundancia de tierras de bajo precio y voluntad y disposicin de agricultores y ganaderos
de innovar la faena agrcola.
Entre los factores externos a la regin aparecen eventos internacionales, entre ellos el buen comportamiento del precio de la fibra de algodn
en el mercado mundial como producto del desabastecimiento de materias primas que haba ocasionado la Segunda Guerra Mundial, adems
de factores nacionales como el modelo de desarrollo de industrializacin
apoyado en la sustitucin de importaciones adoptado por el Estado colombiano, as como los intentos de reforma agraria impulsados por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo.
Sin embargo, el auge algodonero del Cesar no habra sido posible sin
el liderazgo poltico de personajes como el vallenato Pedro Castro Monsalvo, quien, desde la cartera del Ministerio de Agricultura durante la administracin presidencial de Mariano Ospina Prez, impuls una serie de
medidas y la creacin en 1948 de entidades como el Instituto de Fomento
Algodonero (IFA), encaminadas a favorecer este cultivo y a favorecerse
del apoyo estatal necesario para su implementacin6 (Bonet, 1998: 4). Segn Snchez, Castro Monsalvo personific el contacto entre la elite local
de Valledupar y los industriales antioqueos, que vean en el proyecto de
sustitucin de importaciones una forma clara de industrializar el pas y
defender sus intereses regionales (Snchez, 2008: 25).
Las buenas conexiones de las elites agrarias del Departamento con el
Estado central facilitaron la consecucin de recursos y la implementacin
de polticas de crdito y subsidio favorables al desarrollo de un cultivo intensivo en capital y en mano de obra durante todas sus etapas productivas.
Gracias a estos diversos factores, el cultivo algodonero se expandi
rpidamente, en particular en el piedemonte de la Sierra Nevada de Santa
Marta y la Serrana del Perij, alrededor de los municipios de Valledupar,
Codazzi, Becerril, San Diego y Chiriguan, al norte del Departamento y
en el sur, alrededor de Aguachica (Wagner, 2011: 10).
De esta forma, el Departamento tuvo una participacin creciente en
el nmero de hectreas destinadas al cultivo, con lo cual cobr cada vez
6
Ante la escasez de materia prima para la industria textil nacional, el vallenato Pedro Castro
Monsalvo impuls el desarrollo de un mercado interno de algodn por medio de medidas,
entre ellas la ley de absorcin obligatoria de productos nacionales como el algodn, la
fijacin de altos aranceles para telas importadas y, en 1952, la prohibicin de importar telas
(Wagner, 2011: 22).
08/07/2014 11:02:07 p.m.
ms importancia en el panorama econmico nacional. En el curso de la

dcada de 1970 report los mayores porcentajes de participacin en el
rea cultivada de algodn en el pas, que oscil entre el 46% en 1970 y el
43% en 1976, aunque fue en 1975 cuando la superficie destinada a este
cultivo en el Departamento alcanz su nivel mximo: 126.737 hectreas,
una dinmica de crecimiento sostenido que encuentra su lmite en el ao
1979, cuando decae el nmero de hectreas cultivadas a causa del inicio
de la crisis del algodn que vivi el Cesar y que hizo que, luego de un leve
ascenso y posterior estancamiento del cultivo, comenzara a disminuir
hasta casi desaparecer en la actualidad (vase Grfica 1).
Los excedentes arrojados por el algodn permitieron la expansin del
sector administrativo gubernamental, el comercio y la industria, as como
la construccin de una importante infraestructura de comunicaciones,
entre ellas carreteras y ferrocarriles, al mismo tiempo que foment una
serie de transformaciones polticas, entre ellas la creacin, en 1967, del
departamento de Cesar y el relevo de las elites polticas tradicionales por
un nuevo sector ms preparado y progresista (Helmsing, 1990: 297; Bernal, 2004: 30; Zapata, 2006: 114).
Creacin del Departamento
La ereccin del departamento del Cesar el ltimo en constituirse en la
regin Caribe coincide con el momento de auge econmico que por entonces se viva, segn lvaro Castro Socarrs, y que haba mejorado la
posicin de este territorio en el plano nacional. Esto hizo que los vallenatos tomaran conciencia de que haba llegado la hora de manejar []
esa economa poderosa, de compartir las altas posiciones del gobierno,
manejar la poltica de crdito agrario y en general incorporarnos a la vida
nacional (1997: 209).
De acuerdo con Jos Antonio Murgas, ponente del proyecto de ley que
dio origen al Departamento (desgajado as del gran Magdalena), a la importancia de la economa del algodn se le sum el descontento de la poblacin
por el abandono administrativo de Santa Marta y la fiebre de departamentalitis que se viva en el pas (entrevista en Castro, 2000: 208-209).
Adems de otorgarle la posibilidad de manejar sus propios recursos, la
creacin del Departamento signific un punto de inflexin en la poltica
local y departamental: la llegada al poder de un grupo de jvenes lderes
polticos educados en universidades de Barranquilla, Bogot y Medelln, quienes, desde principios de los aos 60, disputaban a Pedro Castro
08/07/2014 11:02:07 p.m.
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
Fuente: Bonet (1998: 61 y 66). Elaboracin propia.
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1973
1972
Cesar
1976
1975
Nacin
1979
1978
1977
1974
1971
1970
350,000
400,000
Grfica 1
Departamento del Cesar y Nacin

Superficie cultivada de algodn 1962-1987
08/07/2014 11:02:07 p.m.
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Monsalvo y Ciro Pupo Martnez el monopolio poltico que mantenan

en la regin. Esto explica el empeo de Castro Monsalvo en oponerse a
la creacin del Departamento bajo la excusa de una supuesta ausencia de
liderazgo7.
Tal vez por esta oposicin de los polticos tradicionales, cercanos al
liberalismo oficialista, la nueva elite, mejor preparada, se afili al Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que representaba en la regin el
surgimiento de una estructura de poder ms democrtica y proclive a la
innovacin y transformacin del campo en cesarense (Bernal, 2004: 61;
Snchez, 2008b: 100-101). Gracias a los excedentes del algodn, dirigentes
polticos como lvaro Arajo Cotes, Crispn Villazn de Armas, Anbal
Martnez Zuleta, lvaro Arajo Noguera y Jorge Dangond, entre otros,
acumularon un poder econmico importante que supieron traducir al
campo poltico mediante su participacin en organizaciones gremiales
que defendieron los intereses del sector ante el Estado central: negociaron
los precios de la fibra y las polticas crediticias y de fomento del cultivo en
instancias legislativas, donde debieron enfrentarse a los intereses de las
textileras antioqueas (Helmsing, 1990).
En este sentido, el papel de las agremiaciones en el desarrollo del cultivo fue fundamental, ya que contaban con importantes recursos econmicos y con un inmenso poder en la libre asignacin de crditos, insumos, asistencia tcnica y facilidades para la comercializacin del algodn
(Helmsing, 1990).
Creada en el ao 1968, como una escisin de la Corporacin Algodonera del Litoral (Coral), la Asociacin de Algodoneros del Cesar (Asocesar) fue la ms importante del Departamento (Caldern, 2010: 49) y
ocup el segundo lugar en la regin Caribe, despus de Federalgodn.
En 1977 lleg a contar con 1.426 socios y 51.816 hectreas cultivadas, que
representaban respectivamente el 17,3% del total de socios y el 18,3% del
total de hectreas registradas en las nueve asociaciones existentes en la
Costa Caribe. Situacin bastante distinta de la que viva la asociacin de
algodoneros, vocero de los cultivadores del sur del Departamento (Coalcesar), que, por entonces, contaba apenas con 207 socios y 6.500 hectreas cultivadas (Snchez, 1998: 33-34).
7
En este sentido, la resistencia a la creacin del Cesar no vino precisamente del departamento
de Magdalena ni de los sectores polticos de Santa Marta que queran conservar el control de
esta zona, pues desde haca mucho tiempo sta haba tenido cierta independencia poltica,
a la cual se le respetaban sus nichos electorales.
08/07/2014 11:02:08 p.m.
Sin embargo, las fuerzas centrfugas dentro de estas agremiaciones y

su tendencia a la fragmentacin hicieron que ellas, con el pasar del tiempo, fueran perdiendo poder de negociacin frente al Estado nacional, lo
cual tendra graves consecuencias en el curso de la crisis del cultivo (Bernal, 2004: 69).
Otro de los cambios polticos importantes que se vivi durante el periodo del auge y cada del cultivo de algodn fue la creacin de la mayora de los municipios que hoy conforman el departamento del Cesar,
en gran parte producto del crecimiento demogrfico operado entonces:
Curuman en 1965, Pailitas en 1968, San Alberto en 1976, Becerril en
1977, Bosconia, El Paso y La Jagua de Ibirico en 1979, Manaure en 1980,
Pelaya, San Diego y San Martn en 1983 y Astrea en 1984. En opinin de
Ingrid Bolvar (2006: 445-446), todo ello mostraba un grado mayor de
estatalizacin de la sociedad en el Cesar8.
Transformaciones socioeconmicas y de la estructura agraria
En el campo socioeconmico tambin hubo transformaciones. Aqu reseo tres de ellas: el crecimiento demogrfico, la ausencia de conflictos
agrarios de gran envergadura y la forma como el cultivo del algodn interactu con la economa campesina y ganadera que desde principios del
siglo XX se haba desenvuelto con fuerza en la regin.
Crecimiento demogrfico
Para mediados de la dcada de 1960, la construccin de la Carretera
Troncal del Oriente, que comunic a Bucaramanga con la Costa Caribe,
as como del Ferrocarril del Magdalena, no solo facilit la importacin de
insumos para el cultivo del algodn y la exportacin del mismo hacia los
mercados internos: tambin foment la migracin al Cesar de empresarios agrcolas, cosecheros y cultivadores que encontraron en ese territorio
las oportunidades que sus lugares de origen les negaban.
Para Bolvar, la creacin de municipios est relacionada con un aumento de las interdependencias sociales, establecidas dentro de la localidad como expresin poltica de las redes de
poder que ah se han configurado, al reclamar un vnculo directo con el Estado mediante la
peticin de crear el municipio, de suerte que resulta preciso sostener que el proceso de estatalizacin se acelera en el departamento del Cesar de la mano del algodn. En este sentido,
podran recordarse los condicionamientos que sugera Ernest Gellner para la monopolizacin estatal de la coercin y la justicia.
08/07/2014 11:02:08 p.m.
La segunda oleada migratoria que recibi el departamento, y sobre

todo Valledupar, se present a principios del decenio de 1950, cuando
arribaron all familias provenientes de El Carmen y Ocaa (Santander)
que huan de la violencia partidista: ella termin por volverse indiscernible de los flujos de poblacin que arribaron a la regin en pocas de
bonanza algodonera. De esa forma se acompasaron dos sucesos migratorios, con los cuales se dio inicio a un proceso de colonizacin continuo
que perdur ms a menos hasta 1985, cuando las tasas de crecimiento
intercensal del departamento muestran un ligero decrecimiento, para
normalizarse en 1993, cuando presentaron un comportamiento similar
al de la tasa de crecimiento nacional (vase Cuadro 2).
Cuadro 2
Departamento del Cesar y Nacin

Tasas de crecimiento intercensal por subregiones
1951-2005 (porcentajes)
Subregin
1951
Norte
40.771 194,85 120.214 126,70 272.521 42,97 389.636 17,75 458.787 19,20 546.859
Centro
36.942 97,31
72.891
38,95 101.285 60,12 162.179 16,32 188.643 -11,22 167.478
Sur
34.953 94,01
67.812
41,94
Total
Cesar
Total
pas
(miles)
TCI
1964
112.666 131,58 260.917
11.455 51,19
17.319
TCI
1973
TCI
1985
TCI
1993
TCI
2005
96.249 53,37 147.613 21,80 179.789
5,09 188.942
80,15 470.055 48,80 699.428 18,27 827.219
9,19 903.279
32,14
22.886 31,36 30.062 25,29 37.665 13,87
42.889
Fuente: elaboracin propia basada en datos del Dane.
Un examen permite identificar a la subregin del norte como la ms

dinmica en el curso de este periodo, en gran parte impulsada por el crecimiento demogrfico registrado en la capital del nuevo Departamento,
Valledupar, que, entre los dos primeros periodos intercensales (19511964 y 1964-1973), aument su poblacin a ritmos del 159% y el 128%,
respectivamente. La tendencia al ascenso poblacional de esta subregin y
el comportamiento de las otras dos se evidencia en la Grfica 2.
La escasez de mano de obra para el proceso de siembra y recoleccin,
la abundancia de tierra y los altos jornales que se pagaban por entonces
08/07/2014 11:02:08 p.m.
34,953
Sur
1964
67,812
72,891
120,214
Fuente: Elaboracin propia basada en datos del Dane.
36,942
Centro
1951
40,771
Norte
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
96,249
101,285
272,521
1973
1951-2005
Grfica 2
147,613
162,179
389,636
1985

Evolucin de poblacin por subregiones
1993
179,789
188,643
458,787
2005
188,942
167,478
546,859
08/07/2014 11:02:08 p.m.
(un poco mayores que la media regional y nacional)9, hicieron del Cesar
un destino llamativo para jornaleros, principalmente procedentes de la
Costa Caribe (departamentos del Atlntico, La Guajira, Bolvar, Crdoba
y Sucre), as como para cosecheros, recolectores y empresarios agrcolas
del interior del pas (Tolima, los dos Santanderes, Valle y Huila), lo cual
condujo a que el departamento se convirtiera en uno de los principales
centros de migracin interna del pas, despus de Bogot y Meta (Mrmora, 1976; Helmsing, 1990: 292; Bernal, 2004: 34; Zapata, 2006).
Ausencia de conflictos agrarios de gran envergadura
El arribo de un flujo poblacional tan importante como el que recibi el
departamento del Cesar durante las dcadas de 1950, 1960 y 1970 no devino en roces notables entre la poblacin establecida y la recin llegada,
ni tampoco en conflictos agrarios de gran envergadura. Eso fue as por
cuatro razones.
Primero, porque el recurso bsico para el desarrollo del cultivo del
algodn la tierra abundaba en este territorio, que, como ya se anot,
contaba con una importante dotacin de bosques primarios que hacan
de l una zona de frontera agrcola abierta. Esta ventaja explica por qu,
tanto arrendatarios y medianos campesinos como grandes propietarios,
se beneficiaron del cultivo, aunque de manera diferente.
De acuerdo con clculos hechos por Marcela Wagner quien estudi
en detalle los impactos ambientales del cultivo algodonero en el valle del
ro Cesar, las 47.500 hectreas de bosque seco que existan en 1955 en
los piedemontes de la Sierra Nevada y la Serrana del Perij haban desaparecido en 1985 como producto de la expansin de la frontera agrcola
(Wagner, 2011: 62 y ss.). Esta cifra resulta algo conservadora si se contrasta con la suma de tierras que de acuerdo con datos de Jorge Dangond
Daza, lder poltico e importante algodonero y ganadero de la regin
haban sido civilizadas en el territorio del Cesar. En un discurso pronunciado ante el Concejo Municipal de Valledupar, del cual era presidente,
Dangond sostuvo que las extensiones de montaas y selvas inhspitas
9
El cultivo del algodn signific la generalizacin de las relaciones salariales en el

departamento del Cesar y ofreci pagos ms altos que los que regan en la regin Caribe
y en el pas. Snchez muestra que en 1978, momento culmen del cultivo del algodn, en el
departamento del Cesar se le pagaba a un jornalero un salario diario de 138 pesos, mientras
que el promedio en la Costa Caribe era de 85 pesos y el de la nacin suba a 105 (Snchez,
2008a: 37).
08/07/2014 11:02:08 p.m.
e improductivas que se tumbaron para irrigar de riqueza el territorio del

Cesar, con un costo de 400.000 millones de pesos colombianos, sumaron
200.000 hectreas, de las cuales 80.000 se destinaron al cultivo de algodn, 10.000 a la palma africana y las restantes a la ganadera (Dangond
Daza, 2002: 81 y ss.).
En segundo trmino, la cantidad de empleos directos e indirectos que
ofreci el cultivo permiti que muchos de los recin llegados incursionaran en actividades distintas de las agrarias: comerciales, empresariales,
financieras, de insumos, etc. (Bernal, 2004: 54; Zapata, 2006). As se evidencia en el crecimiento que estos sectores experimentaron entre 1965 y 1980,
periodo en el cual, por ejemplo, el sector comercial se duplic y se convirti
en el segundo rengln econmico ms importante del Departamento, despus del agropecuario (Ministerio de Agricultura, 1984: 52, 53).
En tercer lugar, la disposicin de las elites agrarias a fomentar el cultivo algodonero como un mecanismo dirigido a evitar la incoracin
mediante la demostracin de que sus tierras estaban en explotacin, as
como su buena relacin con el tipo particular de campesinado que se
configur, aligeraron por mucho tiempo las manifestaciones de la lucha
por la tierra. Por una parte, las cspides agrarias del Cesar no establecieron de forma generalizada mecanismos coercitivos de sujecin del
campesinado, pues esa mano de obra era fundamental en un escenario
donde tal recurso escaseaba. Por la otra, a pesar de las precarias condiciones laborales de muchos recolectores de algodn (Mrmora, 1976: 63;
Bernal, 2004: 34; Caldern, 2010: 126), las caractersticas que presentaba
el campesinado itinerante de la regin impidieron que estructurara un
movimiento coherente o que siquiera contara con importantes incentivos
para hacerlo, pues muy pocas veces los campesinos que iban y venan,
fuera o no poca de cosecha, estaban dispuestos a asumir el compromiso
de una lucha sostenida (Zamosc, 1988).
Por ltimo, como sostienen algunos analistas, el carcter democrtico del cultivo algodonero en la medida en que foment la aparicin
de una creciente clase de medianos propietarios que expresaba un tipo
particular de reforma agraria regional (Bernal, 2004: 24 y 26; Caldern,
2010) explica asimismo la ausencia de conflictos agrarios importantes
en las subregiones nortea y central del departamento.
Los datos departamentales evidencian ese cambio (vase Cuadro 3).
El escenario del ao 1970 mostraba que, aunque exista un sector medio
de propietarios que representaba un 14,7% de las explotaciones, que a
08/07/2014 11:02:09 p.m.
su vez abarcaban el 33,4% de la superficie, en la regin predominaban

extensas formaciones agrarias escasamente explotadas (500 a 1.000 y ms
de 1.000): territorios que ocupaban el 50,6% de la superficie total y solo
contribuan con el 3,7% del nmero total de explotaciones.
Cuadro 3

Evolucin de la distribucin de la tierra segn
nmero de explotaciones y superficie
1970-1980
Tamao
(has.)
Menores
de 5
De 5 a 10
De 10 a 50
De 50 a
100
De 100 a
500
De 500 a
1.000
Ms de
1000
Nmero
1970
1980
(%)
1970
1980
Hectreas
1970
1980
(%)
1970
1980
7.720
3.479
40,9
18,0
10.314
6.675
0,6
0,4
1.116
4.437
1.318
6.546
5,9
23,5
6,8
33,9
7.648
112.013
9.532
180.116
0,5
6,6
0,5
10,3
2.131
3.463
11,3
17,9
140.201
231.155
8,3
13,3
2.779
3.998
14,7
20,7
565.480
798.598
33,4
45,9
394
405
2,1
2,1
275.978
268.094
16,3
15,4
294
124
1,6
0,6
581.138
246.187
34,3
14,2
Totales
18.871 19.333 100,0 100,0 1.692.772 1.740.357 100,0
100,0
Fuente: Mrmora et al. (1976) y Ministerio de Agricultura (1984: 66). Elaboracin propia.
Diez aos despus, en 1980, el panorama era diferente. Las grandes

propiedades se haban reducido hasta tal punto, que representaban el
29,6% de la superficie del Departamento y aportaban el 2,7% de las explotaciones totales, mientras los sectores medios haban incrementado, no
solo su superficie ocupada (pasaron del 33,4% al 45,9%) sino tambin su
contribucin a la explotacin total, con lo cual se presentaban como los
ms productivos: ella haba ascendido del 14,7% al 20,7% (ver cuadro 3).
Sin embargo, aunque los datos agregados indican que las grandes propiedades fueron dando paso a una clase media de propietarios, una observacin desagregada del proceso permite identificar variaciones locales
y subregionales que llaman la atencin y que, a la postre, seran determinantes del origen y el desarrollo de los conflictos agrarios que se vivieron
en el Departamento en los aos 80 del siglo pasado.
08/07/2014 11:02:09 p.m.
Cuadro 4

Distribucin de la tierra por municipios
1980
Municipio
Menos de 50
Has.
%
4.782
4,3
11.930
5,3
2.907
4,3
11.567 14,0
24.130
7,6
2.790
9,2
15.380 13,8
8.990
6,0
10.624
11,9
9.915 14,6
21.524 14,4
8.239 10,2
Tamao de los predios (hectreas)

De 50 a 200
Ms de 200
Has.
%
Has.
%
24.200
22,2
80.253
73,5
42.193
25,5
133.215
71,1
17.102
24,7
49.206
71,0
16.409
42,9
54.911
66,1
88.145
27,9
203.165
64,4
9.476
31,4
17.917
59,4
31.615
28,4
64.248
57,8
55.665
37,4
84.245
56,6
27.083
30,4
51.430
56,6
20.528
30,2
37.472
55,2
49.145
33,0
78.169
52,5
34.397
42,8
37.777
47,0
Becerril
Chiriguan
San Diego
Curuman
Valledupar
Gamarra
Codazzi
El Copey
Tamalameque
La Gloria
Chimichagua
San Martn
Robles
14.513 15,3
41.758
(La Paz)
San Alberto
8.448 12,9
30.721
Ro de Oro
10.681 19,6
23.389
Aguachica
16.685 19,2
38.172
Pailitas
8.210 19,1
21.515
Gonzlez
3.960 52,4
2.213
Total
195.325 100,0 573.726
Fuente: Ministerio de Agricultura (1984: 67).
Total
Has.
109.235
187.338
69.265
82.887
315.440
30.183
111.243
148.900
89.137
67.915
148.838
80.413
44,1
38.486
40,6
94.757
46,8
43,0
44,0
50
29,3
100,0
26.499
20.314
31.831
13.267
1.385
1.023.790
40,4
37,4
36,7
30,9
18,3
100,0
65.668
54.384
86.688
42.992
7.558
1.792.841
Como puede observarse en el Cuadro 4, si se excepta Codazzi, los

principales municipios algodoneros no fueron precisamente aqullos
donde la bonanza dio como resultado una estructura agraria ms equitativa y tendiente a beneficiar a los sectores medios: en Becerril el 73,5% de
su superficie perteneca a predios de ms de 200 hectreas; en Chiriguan
y en San Diego, el porcentaje era del 71% y en Valledupar del 64%. Son
cifras que reflejan, de una u otra forma, la consolidacin ms temprana
de extensas formaciones agrarias en las subregiones nortea y central.
Al contrario, si se excepta a Robles (La Paz), que pertenece a la subregin norte y presenta un comportamiento similar, la tesis de la democratizacin de la tierra durante la bonanza parecera ir de acuerdo con las
dinmicas que vivieron varios municipios del sur del Departamento que
mostraron un reparto porcentual ms equitativo entre medianas y gran-
08/07/2014 11:02:09 p.m.
des propiedades. Es el caso de Pailitas (50% de medianas propiedades vs.

30,9% de grandes), San Alberto (46,8% vs. 40,4%), Aguachica (44% vs.
36,7%) y Ro de Oro (43% vs. 37,4%).
Su impacto en la ganadera
El desarrollo del cultivo del algodn en la regin tuvo efectos diferenciados en los sistemas productivos que se haban desarrollado desde principios del siglo XX: positivos en la ganadera y un tanto negativos en la
economa campesina.
La relacin positiva con la ganadera se evidenci de diversas formas:
en primer lugar, la excusa del desarrollo del cultivo de algodn permiti
a muchos ganaderos tener acceso a nuevas tierras y ampliar as el latifundio ganadero. En este sentido, la colaboracin y asistencia del Estado
con maquinaria pesada en el derribamiento de bosques primarios redujo
los costos de una actividad que, de otra forma, les habra resultado, si no
imposible, s bastante dispendiosa (Caldern, 2010; Zapata, 2006).
De igual forma, las lgicas productivas del algodn y de la ganadera
se complementaban. Pasadas la cosecha y la recoleccin del algodn,
los lotes eran aprovechados para alimentar el ganado con las socas que
quedaban. La destruccin de las socas, que los tcnicos recomendaban
realizar en un plazo no mayor de diez das despus de finalizada la recoleccin de cada lote (Negrete, Morales y Martnez, 2009: 3), poda
durar hasta ochenta das, momento cuando se retiraba el ganado para
iniciar de nuevo el proceso de siembra (Wagner, 2011: 38; Caldern,
2010: 108).
Por otra parte, una parte de los excedentes financieros del algodn
fueron invertidos en el sector, lo cual redund en una importante modernizacin de la ganadera. Fenmeno que coincide con la llegada de la
firma industrial Cicolac, que contribuy introducir avances tecnolgicos
importantes.
Por ltimo, el ganado constitua un activo estratgico para cubrir el
margen de prdidas cuando los precios del algodn disminuan. Segn Fernando Bernal, lo anterior explica el rpido crecimiento del hato ganadero
en los periodos de bonanza algodonera, lo mismo que su rpido descenso
cuando toda la industria del algodn entr en crisis (Bernal, 2004: 32).
As, segn datos trabajados por Snchez, El Cesar pasara de tener
un stock ganadero en 1960 cercano a 500 mil cabezas, a uno de 1.720.000
08/07/2014 11:02:09 p.m.
en 1965 y llegara, en 1968, a cerca 2.236.129, un total del 12% del hato
nacional (Snchez, 2008a: 39).
Por estos motivos, el latifundio ganadero encontr en el algodn un
aliado fundamental para modernizarse y expandirse a nuevos territorios
que antes le haban sido de difcil acceso. As se evidencia en el Cuadro 5,
que muestra que el nmero de hectreas dedicada a pastos es muy superior a las dedicadas a cultivos permanentes y transitorios.
Cuadro 5

Tipos de aprovechamiento de la tierra y
superficie segn el tamao de los cultivos
1970-1971
Tamao
(hectreas)
Menores de 5
5 a 10
10 a 50
50 a 100
100 a 500
500 a 1.000
Ms de 1.000
Permanentes
Temporales
En descanso
Otros
Pastos
1.324
1.609
596
989
1.680
1.365
1.249
2.494
5.796
860
11.120
11.905
24.602
46.399
17.987
8.583
12.133
29.435
67.362
22.688
11.975
57.292
79.089
314.363
106.761
3.406
22.340
26.083
145.456
78.693
6.100
22.762
28.287
260.708
263.281
Totales
44.188
129.406
189.341
837.771
492.066
Fuente: Lelio Mrmora. Censo Nacional Agropecuario: Magdalena, Cesar, 1970-1971.
Relacin con la economa campesina: tendencia al monocultivo y

bonanza marimbera
Si bien el algodn tuvo un efecto importante sobre la ganadera de la regin, la realidad de la economa campesina en tiempos de bonanza parece
algo distinta, precisamente porque la fiebre algodonera provoc un desplazamiento de los cultivos agrcolas tradicionales.
Documentos oficiales de la poca constatan la existencia de una poltica agraria que incentivaba nicamente los cultivos industriales, por la
conviccin de que los excedentes de este tipo de desarrollo agrcola permitiran importar alimentos de otras regiones del pas (Comisin Planificadora del Magdalena, 1963: 127-128). Por esa razn, el resultado de las
medidas fue un creciente desabastecimiento de alimentos en un entorno
donde la poblacin creca vertiginosamente y con ella la demanda de esos
productos.
08/07/2014 11:02:10 p.m.
Segn resea Marcela Wagner, este fue un problema importante, denunciado con frecuencia por las agremiaciones algodoneras, a tal punto
que una de las publicaciones ms importantes del sector algodonero de la
poca, El Emisor Agropecuario, calific de imperativo urgentsimo la necesidad de diversificar la produccin agrcola en el valle del ro Cesar ante la
escasez de alimentos y de productos agrcolas bsicos que, si se cultivaban,
lo hacan en zonas alejadas de los centros urbanos (en Wagner, 2011: 70).
Al parecer, el nico cultivo alternativo que tuvo fuerza en la regin fue
la marihuana, que ya a finales de los aos 70 cobraba importancia en las
vertientes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Caldern, 1998: 218). En un
principio, en poca de bonanza, ese cultivo compiti con el algodn por la
mano de obra y, posteriormente, en tiempos de crisis, se convirti en un
medio idneo para amortiguar las prdidas de algunos algodoneros y en
un recurso de supervivencia de una creciente masa de recolectores y cosecheros desempleados (Wagner, 2011: 13; Uribe, 2000; Caldern, 2010: 83).
Condiciones como el clima, la baja presencia estatal y la cercana a
los puertos de embarque hicieron de la Sierra Nevada de Santa Marta,
y particularmente de su rea de selva subandina y de las cuencas de los
ros Fro, Aracataca, Sevilla, Toribio, Crdoba y Guachaca, el escenario
perfecto para el desarrollo del cultivo de marihuana (Viloria, 2005: 42),
como resultado de lo cual el final de la bonanza del algodn se apuntal
en el inicio de una nueva bonanza, de carcter ilegal.
Aunque todava no se dispone de suficientes estudios que indiquen
con claridad las consecuencias ambientales, polticas y sociales que la bonanza marimbera descarg sobre el departamento del Cesar, es preciso
mencionar algunas de ellas.
Segn el trabajo de Joaqun Viloria,
la bonanza de la marihuana (1970-1985) trajo aparejada la destruccin de una
amplia zona de bosques, que algunos estudios calculan entre 120.000 y 150.000
hectreas [] en la dcada de 1980 los cultivos de marihuana llegaron a ocupar
aproximadamente el 12% del territorio de la Sierra Nevada, si se toma la cota de
los 200 metros de altitud, esto es, 150.000 de 1.223.230 hectreas (2005: 42-43).
De la mano de la marihuana surgi en la regin una nueva aristocracia mucho ms ligada a los negocios ilcitos y que supo acumular el
capital econmico suficiente para incursionar en la poltica local aprovechando los espacios que dejaba la elite algodonera, para entonces en
retroceso. En este sentido, durante el decenio de 1980 se conjugaron ele-
08/07/2014 11:02:10 p.m.
mentos, como la crisis del algodn, la irrupcin de la bonanza marimbera y la apertura del sistema poltico local con medidas como la eleccin
popular de alcaldes, que, a la postre, significaron el inicio de un proceso
de relevo de comandos sociales y polticos que tuvo consecuencias en lo
que posteriormente, en los decenios de 1990 y 2000, fue la incursin del
paramilitarismo en la poltica nacional.
No obstante, a pesar de su carcter ilegal, el cultivo de la marihuana no
necesariamente condujo a una devastacin del suelo y de la sociedad del
Cesar sino que, gracias al empeo de algunos polticos locales ms bien
pragmticos, puso en marcha mejoras infraestructurales importantes que
nos permiten entrever que la relacin entre ilegalidad y desarrollo no necesariamente es tan negativa como se supone.
As lo indica una valiosa ancdota de quien fuera gobernador del departamento del Cesar en tiempos de bonanza marimbera en la que contaba cmo una parte de la red elctrica del departamento del Cesar se
construy con los recursos que la administracin, amparada en la legislacin nacional, pudo extraer de los cultivadores de marihuana de la Sierra
por concepto de multas que les indujeron a pagar en calidad de tributos
(entrevista a Pepe Castro).
En suma, el balance del desarrollo de la economa campesina en el
curso del periodo final de la bonanza del algodn y el inicio de su crisis
puede calificarse como crtico, pues la tendencia al monocultivo no solo
afect la posibilidad del Departamento de diversificarse en materia agrcola, sino que tambin hizo de la marihuana un cultivo atractivo para
amplios sectores sociales del Cesar (tanto grandes propietarios como
campesinos) que supieron adaptarse a la nueva situacin y decidieron
dedicarse a un cultivo que, a todas luces, resultaba mucho ms rentable10.
Crisis del algodn
Las aceleradas transformaciones que vivi la sociedad cesarense por espacio de casi dos dcadas encontraron sus lmites cuando sobrevino la
crisis del algodn, la cual, como acabamos de ver, coincide con la emergencia de una nueva bonanza ilegal.
10
Al citar el testimonio de un agricultor que denunci la escasez de mano de obra producto

de la fuga de recolectores hacia las zonas donde se perfilaba la nueva bonanza, Marcela
Wagner muestra que mientras el jornal mximo que un algodonero poda pagar oscilaba
entre 200 y 300 pesos. En los cultivos de marihuana ascenda a 800 pesos, libre de vicios,
pues a los jornaleros se les suministraba hasta los cigarrillos (Wagner, 2011: 13).
08/07/2014 11:02:10 p.m.
La cada de los precios internacionales, la incapacidad de los cultivadores para interpelar a un Estado central menos interesado en financiar
la siembra de un producto en declive, el retraso en el suministro de insumos (especialmente de insecticidas) y el aumento de sus precios, as
como las fuertes lluvias que afectaron la que se esperaba fuera la cosecha
de algodn ms grande registrada hasta la fecha (1977-1978), son los factores que explican el ineludible advenimiento de una crisis agrcola que
afect profundamente las bases socioeconmicas del Cesar, situacin que
se prolong hasta mediados de la dcada de 1990, cuando la apertura
econmica sepult por completo las esperanzas del sector (Ministerio
de Agricultura, 1984: 60; Caldern, 2010: 63; Bernal, 2004: 63; Gamarra,
2005: 5; Bonet, 1998: 23).
Los efectos de la crisis no se hicieron esperar. Las tensiones sociales
relacionadas con la tierra se incrementaron, la sociedad y la elite poltica
del Cesar se dividieron profundamente y los impactos ambientales dejados por la expansin del algodn se hicieron evidentes. En otras palabras,
con la crisis del algodn se configur un escenario que, en combinacin
con otros componentes que se mencionarn en el siguiente aparte, dispar la violencia y, posteriormente, el conflicto armado en el departamento.
Economa de enclave
La decepcionante sucesin de hechos que sobrevinieron a la crisis del
algodn durante los aos 80 pareci encontrar algn alivio en los yacimientos carbonferos que, en 1983, comenzaron a ser explotados a gran
escala por empresas multinacionales. A finales de los aos 80 y principios
de los 90 la minera se perfil como el inicio de una nueva bonanza en el
Departamento, como lo evidencia el ritmo creciente y sostenido que la
explotacin del carbn ha tenido desde la dcada de 1990 (Snchez, Meja
y Herrera, 2004: 19; Gamarra, 2005: 47).
En la actualidad hacen presencia en la regin empresas como Prodeco, Carbones de La Jagua, Carbones El Tesoro, Carbones de Colombia,
Consorcio Minero Unido, Drummond, Norcarbn y Vale Coal Colombia, (Villareal, 2011: 65).
Como se observa en la Grfica 3, es evidente el aumento sostenido de
la participacin del departamento del Cesar en la produccin carbonfera, comparada con las que registran la regin Caribe y el total del pas.
Del 11% de la produccin regional y el 7% de la nacional que el Departa-
08/07/2014 11:02:10 p.m.
94,934
132,517
Costa Caribe
Nacin
166,863
145,280
46,140
1996-2000
Fuente: Elaboracin propia basada en datos de Upme (2011: 73-74).
10,449
1990-1995
Cesar
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Grfica 3
246,986
222,723
105,661
2001-2005
Departamento del Cesar, regin Caribe y Nacin

Produccin de carbn
1990-2009
321,760
291,270
133,938
2006-2010
08/07/2014 11:02:10 p.m.
mento aport en el primer quinquenio estudiado, pas a contribuir con

un 45% y un 42%, respectivamente, en el ltimo.
Es de esperar que este patrn de crecimiento se mantenga durante
algn tiempo, pues el potencial carbonfero del Departamento es considerable. Con base en cifras de la Gobernacin del Cesar, Perdomo, Jaramillo y Mendieta sostienen que de 1.878.210 hectreas disponibles para
ttulos mineros existen 496.318 hectreas concesionadas por ttulos, de
las cuales 40.188 hectreas estn en exploracin, 2.715 en construccin
y montaje, 444.570 en solicitud y trmite y nicamente 8.845 estn en
periodo de explotacin (Perdomo, Jaramillo y Mendieta, 2010: 3).
Este aumento de la produccin de carbn en el Cesar explica el importante crecimiento econmico que esa regin ha alcanzado en los ltimos aos.
Segn un estudio de Jaime Bonet, en el periodo 1990-2004 la tasa real de
crecimiento promedio anual del PIB cesarense fue mayor a la observada en el
pas [] mientras la economa colombiana registr una tasa de crecimiento
del 2,8% durante el periodo analizado, la del Cesar lo hizo al 4,5%; es decir, la
tasa de este ltimo fue 1,6 veces ms que la nacional (Bonet, 2007a: 2).
Sin embargo, esta nueva etapa de desarrollo econmico del departamento ha acarreado profundas transformaciones de su estructura productiva, sin que la riqueza que ha irrigado en el territorio se haya traducido en un mejor bienestar de la poblacin en general, en gran parte porque
el departamento no ha contado con instituciones polticas y sociales que
lo permitan (Bonet, 2007b). De igual forma, los costos ambientales del
actual patrn de desarrollo tornan an ms complicado el horizonte agrcola y econmico del Departamento.
Transformacin de la estructura productiva
En cuanto a la estructura productiva del Departamento, es evidente que
ha sufrido un cambio notable, en la medida en que la minera termin
por convertirse en el principal sector econmico y desplaz al sector
agropecuario a un segundo lugar.
Como indica el Cuadro 6, la evolucin de la participacin de los sectores econmicos en el PIB departamental evidencia profundos cambios. En el ao 2005 la minera represent el 44,54% del PIB, mientras el
sector agropecuario apenas alcanzaba un 11,26%: un escenario bastante
distinto del que se viva en el ao 1990, cuando este sector representaba
un poco menos de la mitad del PIB departamental, el 45,13%, y la minera apenas un 7,99%.
08/07/2014 11:02:10 p.m.
Cuadro 6

Participacin de los renglones econmicos en el PIB departamental,
1990-2005
Sector
1990
2005
45,13
11,26
Explotacin de minas y canteras
7,99
44,54
Industria Manufacturera
8,23
3,60
Electricidad, gas y agua
0,75
2,47
Construccin y obras pblicas
4,26
6,65
Agricultura, ganadera, silvicultura, caza y pesca
Comercio
11,61
7,78
Transporte, almacenamiento, comunicaciones
4,64
5,43
Bancos, seguros y servicios a las empresas
4,59
6,49
Servicios sociales, comunales y personales
14,60
11,78
100,00
100,00
Total
Fuente: Caicedo y Hernndez, 2010.
Si se observan de forma desagregada los dos sistemas productivos que

lo componen, en este proceso de repliegue del sector agropecuario departamental pueden identificarse dos tendencias diferenciadas: la agricultura y la ganadera.
El sector agropecuario
Durante la dcada de 1990 el comportamiento de la agricultura, segn ha
mostrado Jos Gamarra, puede calificarse de desalentador. As se evidencia con la cada del nmero de hectreas cosechadas en el Departamento.
De acuerdo con Gamarra, En 1990 los agricultores del departamento
cosechaban ms de 265 mil hectreas, doce aos ms tarde solo se cosechaban un poco ms de la mitad de esas tierras (134.673 hectreas)
(Gamarra, 2005: 56).
Si se tienen en cuenta expresiones desagregadas del sector cultivos
permanentes y cultivos transitorios, por ejemplo, en el periodo 19902007 es claro que estos ltimos disminuyeron mientras que los primeros
presentaron un crecimiento sostenido. Esto denota la preponderancia de
un modelo agroindustrial respecto de la economa campesina.
La cada de los cultivos transitorios ha afectado especialmente al algodn y el sorgo, que han visto disminuido el total de hectreas dedicadas a su
08/07/2014 11:02:11 p.m.
cultivo. En cuanto al algodn, cultivo insignia del Departamento durante

las dcadas de 1960 y 1970, pas de ocupar 61.000 hectreas en 1991 a
2.869 en 2007. Decrecimiento que tambin es evidente en el sorgo, cuyas
42.700 hectreas cultivadas en 1990 pasaron a ser apenas 1.225 en 2007.
Por su parte, el comportamiento de los cultivos permanentes ha sido
algo distinto, al mostrar una tendencia creciente sostenida, lo que se explica en gran parte por el buen desempeo del cultivo de palma africana,
sobre todo en el sur del Departamento y tambin en algunos municipios
del norte (Gamarra, 2005). De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, el cultivo de palma ha pasado de ocupar 16.552 hectreas en el
ao 1990 a 32.150 en 2007 (Agronet, va electrnica). Las mayores reas
sembradas se concentran alrededor de los municipios de San Alberto
(8.500), El Copey (8.000), San Martn (4.457) y Agustn Codazzi (3.969)
(Gobernacin del Cesar, 2009: 100).
Tal como muestra la Grfica 4, en 1990 los dos cultivos transitorios
ms importantes de la regin (algodn y sorgo) mostraron una tendencia
a la baja, mientras en el de palma de aceite asomaba una tendencia a aumentar de manera sostenida. Dos trayectorias inversas, que nos indican
muy claramente hacia dnde se dirige el sector agrcola del Departamento: el predominio de un modelo agroindustrial.
Por otra parte, la ganadera ha mantenido su importancia en relacin
con las actividades agrcolas (vase Grfica 5). As lo evidencia la destinacin del uso del suelo a pastos naturales y mejorados en el total departamental. Segn los clculos de Jaime Poveda (2006) para el ao 2005, el
63,3% del suelo departamental corresponda a pastos, mientras que apenas
el 5,89% se dedicaba a la actividad agrcola (citado por Lpez, 2010: 21).
La actividad ganadera, aunque tiene presencia en todos los municipios
del departamento, evidencia una relativa concentracin en Valledupar
(275.218 hectreas), Codazzi (128.318), San Martn (112.988) y San Diego (76.042), que albergan en conjunto el 35% del inventario total bovino
del departamento (1.669.956) (Gobernacin del Cesar, 2010: 105 y ss.).
Conviene anotar que un rasgo fundamental de esta actividad en el
Departamento es su orientacin hacia la ganadera de doble propsito,
que, como puede observarse en la Grfica 5, tuvo un comportamiento
relativamente estable entre 2003 y 2009, que la ubica por encima de la
correspondiente al ganado de carne.
No obstante su importancia en la regin, la ganadera sigue siendo
un negocio arduo y riesgoso, lo cual dificulta su modernizacin. Segn
08/07/2014 11:02:11 p.m.
34,591
191,838
algodn
Fuente: Agronat.
58,600
127,190
97,400
1994-1997
sorgo
1990-1993
71,379
Hectreas sembradas
palma de aceite
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
17,295
25,375
99,121
1998-2001
Grfica 4
20,277
23,695
120,098
2002-2005

Evolucin de los cultivos de algodn, sorgo y palma africana
1990-2009
14,619
4,101
134,278
2006-2009
08/07/2014 11:02:11 p.m.
Total Cesar
Fuente: Agronat.
932,170
1,264,510
Doble propsito
2003
332,340
Carne
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2004
1,783,180
1,504,309
278,871
1,819,830
1,317,302
502,528
2005
2006
1,906,365
1,688,152
218,213
Grfica 5

Evolucin de la ganadera
2003-2009
2007
1,937,924
1,443,560
494,364
2008
1,770,723
1,231,012
539,711
2009
1,870,839
1,272,320
598,519
08/07/2014 11:02:12 p.m.
Antonio Hernndez, factores de manejo microeconmico, estructurales

y coyunturales han afectado adversamente a la ganadera cesarense. Entre
los primeros aparecen las condiciones concretas en que se adelanta esta
actividad: el cubrimiento extensivo de la tierra y el pastoreo ilimitado,
adems del dao ambiental que ocasionan, impiden la adopcin de tecnologas intensivas en capital y afectan la eficiencia y competitividad del
sector (Hernndez, 2007: 10). Respecto de los segundos factores estructurales, el investigador menciona la casi total ausencia de infraestructura
para riego y la variable distribucin de las lluvias a lo largo del ao, que
obran negativamente sobre la produccin de leche durante el verano y las
tasas de engorde del ganado de ceba (Hernndez, 2007: 12).
Por ltimo, en referencia a los factores coyunturales, Hernndez seala la falta de manejo empresarial debida a una alimentacin y una nutricin inadecuadas, la falta de atencin a la salud de los animales y la escasa
valoracin de los recursos genticos, cuestiones que, a la postre, repercuten en altas tasas de mortalidad de los animales, con efectos adversos
sobre la rentabilidad (Hernndez, 2007: 12).
La riqueza de las regalas y las transferencias
En su empeo por democratizar y pacificar al pas en el marco de varias
reformas encaminadas a descentralizar el Estado colombiano y acercarlo
a los ciudadanos, la Constitucin Poltica de 1991 estableci, en su artculo 360, que los departamentos y municipios donde se explotaran recursos
no renovables recibiran una compensacin econmica. Los derechos de
las entidades territoriales a acceder a esta compensacin quedaron estipulados en las leyes 141 de 1994, 158 de 1999, 619 de 2000 y 756 de 2020,
que establecieron los marcos regulatorios y el patrn de distribucin de
los recursos, y ataron ms de la mitad de stos a la inversin en proyectos
sociales prioritarios, como salud pblica, educacin, acueducto y alcantarillado (DNP, 2007). No obstante, la ms reciente reforma de la ley de
regalas, aprobada por el Congreso, implic adelantar cambios importantes en la distribucin, al establecer un reparto ms equitativo de estos
recursos entre las regiones del pas, exigencia que, sin duda, afectar las
finanzas pblicas del Departamento y de los municipios que dependen en
gran parte de estos dineros.
De cualquier forma, lo cierto es que, a partir del ao 1997, los entes territoriales del Cesar se han beneficiado de importantes recursos provenientes
de regalas, de suerte que el dinero que el Estado central gira a los municipios
08/07/2014 11:02:12 p.m.
ha terminado por convertirse en una importantsima fuente de recursos que

ha originado una estructura de oportunidad para que distintos sectores polticos y grupos armados se disputen el acceso a estas nuevas rentas.
Segn el estudio de Fabio Snchez et al., entre 1997 y 2003 las regalas
le representaron al departamento el 11,35% de sus ingresos totales, mientras que, para el caso de los municipios donde se explotan las minas, stas
compusieron el 45% de los mismos (Snchez, Meja y Herrera, 2004: 26).
Entre ellos, La Jagua de Ibirico, Chiriguan y El Paso han sido los municipios que ms se han beneficiado en los ltimos aos. Por concepto de
regalas directas del carbn, entre 2004 y 2010 el departamento del Cesar
recibi un poco ms de 861.000 millones de pesos, mientras los municipios de La Jagua de Ibirico, Chiriguan y El Paso fueron respectivamente
receptores de 415.000, 289.000 y 33.000 millones (vase Cuadro 7).
Cuadro 7

Regalas giradas a las entidades territoriales por produccin de carbn
2004-2011 (millones de toneladas)
Entidad
2004
2005
2006
2007
Cesar
28.075
83.127 100.377 128.260
La Jagua
13.820
36.773
52.120
64.048
Chiriguan
7.866
30.719
36.618
41.332
El Paso
16
400
3.314
4.110
Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos
2008
152.807
77.782
53.033
9.043
2009
191.947
91.054
71.898
6.767
2010
176.539
79.523
48.129
10.093
Total
861.132
415.120
289.595
33.743
Junto a las regalas, las transferencias que el Estado central gira a los
municipios y al departamento cesarenses constituyen otro importante ingreso de esas administraciones pblicas. Sin embargo, aunque el aumento
de estos recursos ha irrigado de riqueza al territorio del Cesar, termin
por incentivar a muchas administraciones para que no se preocupen por
implementar polticas tributarias que fortalezcan el recaudo de recursos
propios, de suerte que en el Departamento se ha creado una fuerte dependencia de los recursos del Estado central para sanear las cuentas y
las finanzas municipales. Esta prctica resulta grave, toda vez que afecta
cualquier posibilidad de desarrollo endgeno de la regin, pues se trata
de recursos que dependen de un agente externo y que, adems de tener
atada su destinacin, terminan alimentando redes de corrupcin.
Esta dependencia se puede evidenciar en la ltima evaluacin sobre
desempeo fiscal realizada por el Departamento Nacional de Planeacin.
08/07/2014 11:02:12 p.m.
Como puede observarse en el Cuadro 8, casi todos los municipios del

Departamento registran un porcentaje de recursos externos mayor del
70%, que, combinado con uno bajo de recursos propios, hace que algunos
de ellos enfrenten dificultades en materia fiscal.
Cuadro 8

Calificacin del desempeo fiscal por municipios
2010
Subregin
Norte
Centro
Sur
Ingresos
externos
(%)
Recursos
propios
(%)
IDC*
Valledupar
38,75
100,00
84,32
La Paz
67,29
61,92
72,09
12
San Diego
71,43
67,29
74,26
Agustn Codazzi
70,40
79,43
74,68
Bosconia
61,66
83,68
76,99
Pueblo Bello
91,18
23,53
62,11
23
Manaure
84,63
42,34
63,53
19
El Copey
85,83
68,80
66,68
15
El Paso
86,38
72,85
64,61
18
Municipio
Posicin
Calificacin
Solvente
Sostenible
Vulnerable
Astrea
90,48
29,52
62,42
21
La Jagua de Ibirico
73,57
93,96
82,31
Becerril
77,57
83,38
77,69
Chiriguan
83,93
88,86
76,93
Curuman
72,72
80,22
78,16
Tamalameque
88,61
37,03
62,27
22
Pailitas
80,53
29,73
63,02
20
Chimichagua
95,82
43,95
57,21
24
San Alberto
66,29
80,86
77,92
San Martn
78,10
70,20
72,47
10
Aguachica
70,78
60,21
72,11
11
Ro de Oro
82,44
53,75
66,72
14
Gamarra
67,11
55,93
67,61
13
Pelaya,
75,16
47,04
65,51
17
La Gloria
81,90
61,03
66,40
16
Gonzlez
93,98
14,87
55,65
25
Riesgo
74,26
99,97
76,01
10
Sostenible
Solvente
Sostenible
Vulnerable
Riesgo
Sostenible
Vulnerable
* ndice de desempeo fiscal.

Fuente: Departamento Nacional de Planeacin.
08/07/2014 11:02:12 p.m.
Segn los rangos de interpretacin que establece esta entidad11, dos

municipios del Departamento se encuentran en una coyuntura de riesgo
fiscal (Gonzlez y Pueblo Bello). La situacin de otros once es calificada
como vulnerable, diez son apenas sostenibles y solo dos, Valledupar y La
Jagua de Ibirico, son municipios solventes.
Transformaciones en la gestin de lo pblico
El panorama que acabamos de presentar muestra no solo una importantsima transformacin econmica, sino tambin un profundo cambio poltico que ha afectado negativamente la gestin de los recursos pblicos
del Departamento.
Como lo han denunciado hasta la saciedad los medios de prensa y
distintos sectores de la opinin pblica, a pesar de la abundante riqueza
que circula en los municipios del Cesar, el despilfarro del erario pblico
y las redes de corrupcin que se han configurado alrededor de las administraciones locales estn entre los mayores obstculos que enfrenta el
Departamento para adelantar proyectos de desarrollo que beneficien a
gran parte de la poblacin.
En consecuencia, el marco institucional que regulaba la asignacin de
las regalas dio lugar a resultados subptimos en trminos de la provisin
de bienes pblicos, toda vez que estableci un juego de incentivos favorable al oportunismo y el despilfarro.
El caso ms paradigmtico es el de La Jagua de Ibirico, municipio que,
a pesar de haber recibido por concepto de regalas un poco ms de 415.000
millones de pesos entre los aos 2003 y 2010, todava encara fallas de cobertura en los sectores pblicos de salud, educacin y saneamiento bsico12.
Y ms all de las cifras, lo que se evidencia en esta poblacin, al igual que
11
12
Los rangos de interpretacin que establece el Departamento Nacional de Planeacin son

los siguientes: si el indicador de desempeo fiscal es igual o mayor de 80, se considera que
el departamento/municipio es solvente, es decir, que el municipio o el departamento cuenta
con suficientes recursos propios para pagar su funcionamiento, altos ndices de inversin,
buen respaldo del endeudamiento, un buen nivel de recursos propios como contrapartida
de las participaciones de la nacin, y una slida capacidad de ahorro. Si se ubica entre 70 y
80 es sostenible; si el indicador se encuentra entre 60 y 70, se califica como vulnerable; si est
entre 40 y 60 se califica como un municipio en riesgo, y si es menor de 40 su situacin es de
deterioro (DNP, 2009: 30).
Segn declar a los medios de comunicacin el entonces gobernador del Cesar, Hernando
Molina, La comunidad [de La Jagua de Ibirico] no tiene agua, no tiene alcantarillado, no tiene
buenos colegios ni buenas vas, la comunidad est inmersa en una cantidad de situaciones de
indolencia que genera un inconformismo permanente (citado en Meja, 2007).
08/07/2014 11:02:12 p.m.
en el corregimiento de La Loma municipio de El Paso, es un creciente

descontento de la poblacin frente a las consecuencias del actual modelo de
desarrollo. Este resentimiento lleg a su cenit con las manifestaciones que
tuvieron lugar en ese municipio en febrero de 2007, cuando la movilizacin
social desbord a tal punto la capacidad institucional local, que se requiri
la presencia directa del entonces presidente lvaro Uribe Vlez para escuchar los reclamos de la poblacin (Meja, 2007).
En este sentido, puede afirmarse que, no obstante la riqueza que la
explotacin del carbn ha irrigado en el territorio por la va de las regalas que el Estado central gira a algunos de sus municipios, ella no ha
podido traducirse en un mayor bienestar de la poblacin en general, en
gran parte porque no ha contado con instituciones polticas y sociales
que lo permitan.
Sin embargo, resulta impreciso interpretar este hecho como un trastorno de los gobernantes del Departamento o como un problema moral, producto de la predisposicin individual de aprovechar los recursos
pblicos en beneficio personal13. Por el contrario, la corrupcin a gran escala y la avidez de rentas de jefes polticos locales y funcionarios pblicos
es un problema social que est relacionado, primero, con las condiciones
histricas que han estructurado la vida poltica e institucional local, y,
segundo, con las transformaciones estructurales del departamento, que
han implicado el trnsito de un modelo de desarrollo agropecuario a uno
predominantemente minero.
En lo que se refiere al primer elemento, es importante tener en cuenta que la corrupcin que aqueja al Cesar est relacionada con la forma
como los diseos institucionales concebidos por el Estado central, al ser
implementados en los niveles regional y local interactan con otro tipo
de instituciones sedimentadas de la sociedad que determinan las modalidades concretas de la actividad poltica. En este sentido, el desfalco del
erario pblico tiene que ver con una cultura poltica en la cual, a causa
del proceso histrico que ha estructurado muchas sociedades regionales
y locales del pas, no logra todava desvincular las actividades polticas de
las econmicas, ni lo pblico de lo privado, ni tampoco, muchas veces, la
poltica pacfica de la violenta. Estas indistinciones desempean un papel
13
Hace bastante tiempo el pensador ingls Jeremy Bentham lo haba dicho con precisin: no
ha existido ni puede existir un hombre que, pudiendo sacrificar el inters pblico al suyo
personal, no lo haga. Lo ms que puede hacer el hombre ms celoso del inters pblico es
que coincida con la mayor frecuencia posible con sus intereses privados (citado en Escalante, 1994: 80).
08/07/2014 11:02:13 p.m.
fundamental en la forma como los gobernantes y las jefaturas polticas

locales orientan sus acciones en el entorno.
No sorprende entonces que, a pesar de que la ley de regalas intent
paliar el mal uso de los recursos a travs de mecanismos como la destinacin especfica de los mismos a proyectos prioritarios, sta terminara
por incentivar la configuracin de una red de corrupcin que involucra
a diversos actores, entre contratistas, jefes polticos, burcratas locales y
actores armados encargados de regular estas transacciones, las cuales, ordinariamente, involucran altos niveles de incertidumbre.
En esa direccin y este es el segundo elemento explicativo, la corrupcin que soporta el Departamento puede interpretarse como una de
las expresiones polticas del actual modelo de desarrollo, toda vez que
los dirigentes polticos han encontrado en la apropiacin privada de los
recursos pblicos la posibilidad de sobrevivir en un entorno donde el
cambio de la estructura productiva del Departamento afect sus bases
materiales de poder. Podra decirse, entonces, que los polticos locales
atinaron en atrincherarse en las administraciones pblicas como el mecanismo ms expedito para apoderarse de una parte de los excedentes de
capital que provienen de la extraccin del carbn en el Departamento.
Aunque el asunto escapa al periodo que abarca este estudio, conviene
aadir que la reforma a las regalas que se aprob en 2011 y entr a regir
en 2012 transform el sistema de incentivos bajo los cuales los agentes
subnacionales habitualmente haban venido operando. En medio de lo
que se espera sea una verdadera bonanza del sector minero y de hidrocarburos, las nuevas reglas de asignacin de recursos, aunque se disearon
atendiendo a criterios redistributivos, terminaron por continuar beneficiando a los municipios productores del Departamento, con la particularidad de mantener el mismo esquema que desincentiva el fortalecimiento
fiscal y democrtico de las entidades administrativas del orden municipal, bsicamente por dos razones.
La primera de ellas tiene que ver con la frmula misma establecida
para la asignacin de los recursos. En su pretensin de fomentar una mejor distribucin de las regalas entre las entidades territoriales del pas,
el gobierno nacional decidi que la mejor frmula de asignacin deba
responder a criterios demogrficos y de pobreza relativa (medidos con
base en el respectivo ndice de NBI). En este sentido, la dependencia de
las rentas centrales se perpeta, pues no constituye un incentivo favorable
para el recaudo de ingresos propios en el nivel local. En consecuencia,
08/07/2014 11:02:13 p.m.
a pesar del cambio en las reglas del juego, se sostiene la misma prdica: para qu cobrar impuestos a los ciudadanos bajo mi jurisdiccin si,
igualmente, puedo utilizar los recursos del orden nacional para cumplir
con mis metas de gobierno?
La segunda razn se refiere al papel que ha asumido el gobierno central en el control de las regalas14. A pesar de que resulta sensato pensar
que es mucho ms costoso capturar un nivel de gobierno nacional que
uno local, no se trata de una medida que repercuta de forma directa en
un mejor desempeo de las entidades subnacionales, pues el porcentaje
de ejecucin de dichos proyectos sigue estando por debajo del que rige a
escala nacional.
An ms, la nacionalizacin del manejo de las regalas podra tener
como efecto la profundizacin de la tendencia previa en cuanto al desempeo municipal. Si, como muestran Snchez y Pachn (2013) en su artculo, la vinculacin de los alcaldes a redes estables de polticos nacionales desincentiva la generacin de recursos propios, toda vez que su aliado nacional
les otorga recursos adicionales a cambio de votos, en el actual escenario
esta tendencia terminar por consolidarse e, incluso, generalizarse a nuevas
regiones del pas. La cercana y la capacidad de cabildeo que muchos congresistas tienen ante entidades como el DNP y el mismo gobierno nacional,
los erige como un aliado estratgico que encuentra en este poder un nuevo
recurso para negociar con sus socios de las instancias locales.
En sntesis, resulta difcil pensar que las tendencias histricas al escaso
impacto positivo de los recursos de las regalas en los municipios productores del Cesar puedan reconducirse de cara al nuevo sistema.
Sntesis de las trayectorias de desarrollo en el Cesar

Los tres modelos de desarrollo que se han aplicado en el territorio del
Cesar desempearon un papel fundamental en su estructuracin poltica,
econmica y social, y tuvieron importantes repercusiones sobre los distintos ritmos y modalidades con los cuales el Departamento se ha articulado a la vida poltica y econmica de la nacin.
14
Se estableci una comisin rectora del sistema, presidida por el Departamento Nacional
de Planeacin, entidad encargada tambin del monitoreo, seguimiento y evaluacin de
la ejecucin de los recursos, y se otorg poder de veto a los funcionarios del gobierno
central con representacin en los diferentes rganos Colegiados de Administracin y
Decisin (Ocad), lo cual muestra que al nivel central del gobierno corresponde, finalmente,
determinar qu tipo de proyectos se financian y cules no.
08/07/2014 11:02:13 p.m.
Como ya vimos, el primer modelo de desarrollo agrario, denominado

aqu tradicional o pastoril, se mantuvo por espacio de medio siglo y estuvo relacionado con el desarrollo de una importante economa cafetera
apuntalada por el proceso colonizador que emprendieron diversos sectores sociales a finales del siglo XIX y principios del XX. Cultivo que, por
algn tiempo, se combin con una actividad ganadera de difcil consecucin y escasamente tecnificada, que evidenci una consolidacin tarda
del latifundio ganadero, en comparacin con lo sucedido en otros lugares
de la Costa Caribe.
De esta primera etapa puede decirse que el Cesar era un territorio
polticamente articulado, aunque no precisamente en materia econmica. Muestra de la articulacin poltica fueron las buenas relaciones y los
importantes cargos pblicos que ocuparon las elites vallenatas durante
la presidencia de Alfonso Lpez Pumarejo, cuando se inici una fuerte
relacin poltica con el Estado central que persisti durante ms de cuatro
dcadas y que tendi a decaer despus de la crisis del algodn y el paulatino relevo de las dirigencias polticas algodoneras del Departamento, en
el curso de los decenios de 1980 y 1990.
Por el contrario, en materia econmica puede decirse que el territorio
se integr de manera parcial al mercado regional y nacional. Las redes
del contrabando (de caf y ganado, principalmente) y los fuertes lazos
comerciales con el mercado venezolano constituyeron fuerzas centrfugas
que impidieron una implantacin plena en la economa nacional. Esto
posibilit que los cultivadores de caf, los ganaderos y los comerciantes
lograran acumular un capital importante derivado del acceso al mercado
del vecino pas.
En cuanto al segundo modelo de desarrollo, calificado como de agricultura comercial, signific para el Cesar el asomo a un capitalismo agrario. El cultivo del algodn incentiv el establecimiento de ttulos de propiedad de la tierra, foment la generalizacin de las relaciones salariales,
impuls los sectores financiero y comercial, conllev una ampliacin del
sector gubernamental y apalanc el crecimiento demogrfico y gran parte
del desarrollo infraestructural y social del Departamento.
Durante este periodo el Departamento vivi una rpida integracin a
la economa nacional, que tuvo como correlato el buen posicionamiento
de las elites agrarias del naciente Departamento frente al Estado central.
Muestra de lo primero fue la importante contribucin que hizo el Cesar
al rea nacional de cultivos de algodn en momentos en que el pas le
08/07/2014 11:02:13 p.m.
apuntaba al fortalecimiento del mercado interno bajo el modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones.
La importante toma de posicin poltica de las elites cesarenses se evidenci, por un lado, en la buena estima en que las tuvieron varios gobiernos, entre ellos el de Alfonso Lpez Michelsen, y, por el otro, en el destacado poder de negociacin de que gozaron frente al Estado central y a
otras coaliciones regionales, gracias a una organizacin gremial que controlaba gran parte de lo que suceda con el algodn en el Departamento.
Sin embargo, el rpido crecimiento y las aceleradas transformaciones
que vivi por espacio de dos dcadas llegaron a su fin con el advenimiento de la crisis del algodn, momento cuando se visibilizan en la regin
conflictos agrarios, una creciente polarizacin de la sociedad, un relevo
parcial de las elites polticas algodoneras y la aparicin de movimientos
polticos alternativos, como muestra del malestar de una parte de la poblacin.
En este contexto se gest el tercero y ltimo modelo de desarrollo que
estudiamos: una economa de enclave basada en la extraccin del carbn,
que ha transformado el panorama productivo y agrario de la regin. En
este sentido, puede decirse que esta etapa mostr una creciente integracin econmica al mercado nacional e internacional, que no necesariamente estuvo acompaada por un mejor y ms fuerte posicionamiento
poltico frente al Estado central. El escaso control que las aristocracias
polticas tienen sobre los procesos econmicos hoy dominados por empresas multinacionales, las disputas internas que las elites escenificaron
a finales de la dcada de 1980 y gran parte de la de 1990 y el escndalo de
la parapoltica, son algunos de los eventos que explican las dificultades
que enfrenta la regin para lograr una mejor posicin en su interaccin
con el Estado central.
Expresiones territoriales del conflicto en

el Cesar (1990-2010)
En la seccin anterior, a partir de una mirada procesual, estudiamos tres
trayectorias de desarrollo que han tenido lugar en el territorio departamental en el curso de poco ms de un siglo, as como sus impactos y
consecuencias en trminos econmicos, sociales y polticos. En la presente seccin se espera identificar en qu momento de esas trayectorias de
desarrollo se inserta el conflicto armado interno y cul ha sido su desen-
08/07/2014 11:02:13 p.m.
lace territorial en los ltimos veinte aos. Ms concretamente, se pretende ofrecer un panorama general de los orgenes histricos y la evolucin
de ese conflicto en el departamento del Cesar, con un especial inters
por destacar los procesos de insercin y expansin diferenciados de los
actores armados y su relacin con los avatares del desarrollo econmico
regional.
Esta reflexin est organizada en tres subsecciones. En la primera se
presentan los elementos que explican el origen de la Violencia y del posterior conflicto armado que desde principios de la dcada de 1990 afecta
con fuerza a la regin. En la segunda seccin se describen las principales
caractersticas de los grupos armados ilegales que han protagonizado la
disputa armada en estas ltimas dos dcadas. Finalmente, en la tercera
seccin, luego de una rpida descripcin de los aspectos generales del
comportamiento de los actores armados presentes en el Cesar, se describe
en detalle la lgica temporal y territorial de la confrontacin armada en el
Departamento en el periodo que va de 1990 a 2010, con base en los datos
del Sistema de Informacin General del Cinep.
Los orgenes del conflicto

Para empezar, es importante sealar que la manifestacin de la violencia
y el conflicto armado en el departamento del Cesar es resultado de la
interaccin de condiciones locales concretas con transformaciones polticas nacionales y decisiones estratgicas de los grupos armados. As,
lejos de obedecer a una sola causa, el origen del conflicto armado tiene
que ver con una configuracin de diversos factores relacionados con la
crisis agraria, social y poltica del Departamento, los efectos negativos
que en este contexto tuvieron algunas reformas de carcter democrtico
implementadas desde el nivel nacional y las decisiones voluntaristas de
los grupos armados por insertarse y operar en este territorio.
Condiciones locales: crisis agrcola
Entre las condiciones locales es importante sealar los importantes cambios, tanto de orden econmico como social y poltico, provocados por
la crisis algodonera que sobrevino a finales de los aos 70 y que se profundiz durante toda la dcada de 1980. Estos cambios significaron un
retroceso de las rpidas transformaciones que haba inducido ese cultivo
en la regin por espacio de casi dos decenios.
08/07/2014 11:02:13 p.m.
Entre las principales transformaciones econmicas que vivi el Departamento en el curso de los aos 80 hay que mencionar el auge del cultivo
de la marihuana, especialmente en las partes medias de la Sierra Nevada
de Santa Marta, as como el desarrollo de los primeros proyectos mineros en el centro del Departamento, que perfilaban en la regin una nueva bonanza, con las consecuencias ya mencionadas. Eran dos actividades
productivas que resultaban atractivas para los grupos armados ilegales, ya
fuera porque despertaban la necesidad de regular cierto tipo de relaciones
laborales, ya por las cuantiosas rentas que de ellas pudieran extraer.
En el plano social, como se dijo atrs, durante esta poca afloraron con
fuerza distintos tipos de conflictos, algunos de ellos asociados al acceso a
la tierra en un entorno donde el agotamiento de la frontera agrcola haba
hecho de ella un recurso escaso. Esto se evidenci en las disputas entre
propietarios y colonos en el norte y el centro del Departamento y en las
invasiones de predios alrededor de la emblemtica hacienda Bellacruz,
ubicada en el sur. En efecto, un documento oficial de la poca, adems
de calificar de tangencial el desempeo del Incora, registraba 10.765
hectreas en conflicto, correspondientes a 24 predios ubicados en los municipios de El Copey, Valledupar, Curuman, Pailitas, Chimichagua, Tamalameque y El Paso (Ministerio de Agricultura, 1984: 69-76)
De igual forma emergieron pleitos laborales relacionados con la complicada situacin obrero-patronal que se viva en los municipios palmicultores
del sur y el norte del Departamento, donde el despliegue de la actividad sindical cobraba cada vez ms importancia alrededor de organizaciones como
Asotraindupalma, Sintraproaceites y Asintraindupalma (Proyecto Colombia Nunca Ms. Informe Zona V: 14, s. f.), con las cuales intentaron articularse sectores campesinos que reclamaban tierras (Gonzlez, 2006: 520).
En el plano poltico, la crisis del cultivo del algodn dio lugar a una
fragmentacin del campo poltico y una creciente polarizacin de la sociedad cesarense, toda vez que ellas significaron la descapitalizacin de la
elite algodonera, que vio cmo era desplazada poco a poco por un nuevo
grupo de polticos profesionales que logr insertarse con xito en la poltica regional, gracias no solo a su poder econmico sino a las buenas
relaciones que estableci con algunas familias tradicionales. Un avance
poltico tan importante que, a la postre, oblig a las oligarquas algodoneras en declive a establecer alianzas con estos nuevos sectores para evitar
desaparecer del mapa poltico regional, situacin que alcanz tal intensidad, que muchas de ellas se convirtieron en testaferros de sus negocios
(Bernal, 2004: 84 y 105).
08/07/2014 11:02:13 p.m.
Condiciones nacionales: avances democratizadores

En el marco de estas condiciones locales, decisiones del orden poltico
nacional como los intentos de negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las Farc y los avances en la apertura del sistema poltico, que inclua reformas como la eleccin popular
de alcaldes (1988) y gobernadores (1992), incrementaron los niveles de
competencia electoral dentro del Departamento y crisparon los nimos
de un sector del establecimiento local, que en los movimientos polticos
alternativos que canalizaban el descontento y las exigencias de la poblacin vio una amenaza al statu quo.
El lanzamiento oficial nacional de la Unin Patritica, que tuvo lugar
en el municipio de Pueblo Bello en 1986 (Quiroga, 2009), as como el
trabajo organizativo que desde esta plataforma poltica se implement en
su empeo por articular la trayectoria del Partido Comunista, la Coordinadora Obrero-Campesina Popular y los distintos movimientos cvicos,
como Causa Comn (Gutirrez, 2011), aunque no supo traducirse en un
grueso caudal electoral, fue percibido como un factor desequilibrante del
orden poltico local, que se agrav an ms en un entorno de fragmentacin poltica y de relevo de crculos dirigentes.
Dicha percepcin de riesgo se tradujo en acciones concretas, como la
guerra sucia que se desencaden contra lderes comunitarios y polticos
de estos nuevos movimientos y partidos a finales de los aos 80, justo
cuando la movilizacin social y campesina llegaba a sus mximos histricos en el Cesar y cuando los grupos armados ganaban territorio en las
partes altas de algunos de sus municipios (Verdad Abierta, 2010).
Las marchas del nororiente (1987) constituyeron un hecho importante para el desenlace del conflicto armado en la regin, no solo por su
magnitud pues fueron millares los campesinos que se congregaron en
la plaza central de Valledupar para reclamar al gobierno departamental y
al Estado central tierras, educacin y agua potable, sino tambin porque
desbordaron la capacidad de contencin de los polticos y gobernantes
locales, a tal punto, que se necesit la intervencin del gobierno nacional,
presidido por Virgilio Barco Vargas, el cual promovi la negociacin que
puso fin a la ocupacin.
As, contrariamente a sus expectativas democratizadoras y pacificadoras, las decisiones nacionales de apertura del sistema poltico, combinadas con un entorno de crisis y descontento, amenazaron con dislocar los
arreglos polticos locales y aadieron una nueva dimensin a los conflic-
08/07/2014 11:02:14 p.m.
tos que surgan en la regin, esta vez relacionados con la competencia por
el acceso al poder local y la disputa por el monopolio del vnculo con el
Estado central para gestionar reclamos y apoyos.
Decisiones estratgicas de los actores armados
Las transformaciones sociales y polticas que vivi el Departamento,
as como las tensiones y conflictos que haban estallado en la regin
desde principios de la dcada de 1980, configuraron una estructura de
oportunidad que los grupos guerrilleros supieron aprovechar en su empeo por expandirse a nuevas regiones. As, el Ejrcito de Liberacin
Nacional (ELN), en el marco de su proceso de recomposicin tras el
golpe sufrido en el municipio de Anor (1973), y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), de acuerdo con los objetivos contemplados en su sptima conferencia, arriban a la regin a principios
de los aos 80, atrados por las ventajas estratgicas que en trminos de
movilidad, proyeccin regional y acceso a nuevas rentas les ofreca el
departamento del Cesar.
Sin embargo, aunque encontraron estructuras de oportunidad favorables a sus planes de expansin, ellas no fueron las mismas para las
dos guerrillas, que desde principios de 1980 operan en el Departamento.
Mientras las Farc incursionaron en la regin por la zona norte, porque
estaban interesadas en consolidar una corredor de movilidad entre la
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serrana del Perij para proyectarse
desde ah hacia los municipios del centro, el ELN penetr en el sur del
Departamento porque tena el plan de realizar un trabajo poltico con la
poblacin que posteriormente le permiti avanzar hacia las zonas ms
integradas del centro y el norte del Cesar e incidir, por la va armada, en
algunas de sus administraciones locales.
En ese sentido, es preciso sealar que las distintas condiciones estructurales de las subregiones que encontraron a su arribo evidencian un proceso de insercin diferenciado de las dos guerrillas y explican, a su vez, el
alcance territorial de su expansin y el control que lograron ejercer.
Vale decir que, al contrario de lo que ocurri, por ejemplo, en el departamento de Arauca, la expansin simultnea del ELN y las Farc en el
Cesar no provoc disputas armadas sino que, por el contrario, foment
una accin coordinada de estas guerrillas, toda vez que les resultaba estratgica una alianza para combatir enemigos poderosos, como eran los
paramilitares y la fuerza pblica.
08/07/2014 11:02:14 p.m.
Caracterizacin de los grupos armados ilegales

Sin perder de vista este carcter diferenciado de la insercin de los grupos
guerrilleros en el Departamento, de acuerdo con las posibilidades estructurales que encontraron en las subregiones por donde incursionaron, a
continuacin presentamos una rpida caracterizacin de las formaciones
armadas ilegales que han protagonizado la disputa armada de los ltimos
dos decenios.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
Como ya se seal, este grupo armado llega a la regin con el empeo de expandirse a nuevos lugares, de acuerdo con los planteamientos
contemplados en su sptima conferencia (1982), en la cual decidieron
adoptar una nueva concepcin operacional y una nueva tctica de guerra
irregular, volcadas a una mayor vocacin ofensiva contra su enemigo, lo
cual dio paso a la creacin de nuevos frentes como producto del desdoblamiento de algunos ya existentes.
Las condiciones de la subregin norte, ms especficamente de las zonas medias de la Sierra Nevada de Santa Marta, por ser lugares con una
escasa presencia del Estado y alojar asentamientos campesinos importantes en una frontera agrcola abierta, donde los procesos de colonizacin continuaban estando vigentes, facilitaron la incursin de las Farc a
principios de los aos 80. Ella se efectu mediante el Frente 19, que tuvo
una presencia inicial alrededor de las zonas rurales de Pueblo Bello y, en
menor medida, de El Copey, Valledupar y Bosconia, donde intent regular, con relativo xito, algunos aspectos de la vida campesina, sobre todo
en Pueblo Bello, cuyas caractersticas geogrficas favorecieron que esta
guerrilla estableciera all su dominio.
Posteriormente, en el decenio de 1990 y como resultado de su proceso
de expansin en la regin donde se hizo evidente su interaccin con
los hacendados del lugar mediante el cobro de vacunas, lograron crear
varios frentes: el 59, con proyeccin hacia La Guajira; el 41, que se instal
en las laderas de la Serrana del Perij, especialmente en la zona rural de
los municipios norteos (Valledupar, Pueblo Bello, El Copey, San Diego,
Manaure, La Paz, Bosconia, Becerril y Codazzi) y de los del centro (Chiriguan, El Paso y Curuman), y el Frente 37, que cont con presencia alrededor de algunos municipios del centro: Chiriguan, El Paso, Curuman,
Astrea, Chimichagua, Pailitas y Tamalameque.
08/07/2014 11:02:14 p.m.
Ejrcito de Liberacin Nacional

Por su parte, el ELN sin duda la agrupacin guerrillera que ms fuerza
tuvo en el Departamento en el periodo de anlisis (1990-2010) arrib
hacia finales de la dcada de 1970, cuando, segn qued consignado en el
libro de Carlos Medina, unos 35 o 40 guerrilleros se desplazaron del rea
de Simit, en el sur de Bolvar, y pasaron por Sabana de Novillos, en el sur
cesarense, hacia la cordillera con la idea de desarrollar un trabajo poltico-organizativo entre la comunidad campesina del lugar (Medina, 1996).
As se cre el Frente Camilo Torres, que, a mediados de los ochenta, se
asent con fuerza en la subregin surea, particularmente en la franja
rural de los municipios de Aguachica y San Alberto, para luego, entre
1983 y 1989, expandirse hacia las zonas planas de Gamarra, Gonzlez,
Pailitas, Pelaya y San Martn con los frentes Jos Solano Seplveda y Armando Ccua, este ltimo con influencia en el departamento de Norte de
Santander (Vicepresidencia de la Repblica, 2006: 67). Simultneamente,
la organizacin despleg comandos hacia el centro y el norte del Cesar,
que posteriormente dieron origen al Frente Jos Manuel Martnez Quiroz en 1986 y el Frente 6 de Diciembre, que oper en inmediaciones de
Manaure, La Paz, San Diego, Codazzi, La Jagua de Ibirico y Chiriguan,
hasta alcanzar una presencia importante alrededor de los municipios de
Pueblo Bello, Valledupar y Bosconia.
La insercin y posterior expansin del ELN fue posible gracias a dos
factores: las condiciones estructurales de la subregin sur y los recursos a
los que tuvo acceso el grupo para financiar su aparato armado.
En cuanto al primer factor, el de las condiciones estructurales, debe decirse que el carcter aluvional de la colonizacin que caracteriz al proceso
de poblamiento de esta zona, las fracturas sociales que evidenciaban los
conflictos laborales y agrarios y su contigidad con otras regiones y subregiones donde el ELN tena una presencia histrica, facilitaron la insercin
de esta organizacin. A tal punto que, como sostiene Omar Gutirrez, muy
pronto se crearon estructuras alrededor de los conflictos laborales y de las
reivindicaciones de los movimientos cvicos en Aguachica y Valledupar:
esto deriv en una reduccin de la brecha entre el espacio urbano y el espacio rural, de suerte que mientras el primero apoyaba el trabajo poltico
y el segundo la organizacin militar, entre uno y otro se ideaban formas de
apoyo y mantenimiento logstico y financiero (Gutirrez, 2011: 9).
En este sentido y este es el segundo factor, el grupo guerrillero tuvo
acceso a diversas fuentes de financiamiento que trascendieron la extor-
08/07/2014 11:02:14 p.m.
sin de ganaderos y hacendados. A diferencia de las Farc, el ELN capt

recursos provenientes de algunas administraciones locales pero asimismo mediante la extorsin a importantes empresas mineras y petroleras
(Vicepresidencia, 2006: 17).
Los grupos paramilitares
El primer elemento que habra que destacar para el caso del Cesar es la
existencia de dos tipos de paramilitarismo, segn 1) su origen subregional y temporal, 2) su estructura organizativa y 3) su capacidad militar.
Un primer tipo de paramilitarismo se articula en el sur del Cesar a
finales de la dcada de 1980, bsicamente por iniciativa de un grupo de
ganaderos y palmicultores que, cansados del asedio guerrillero e inspirados en el modelo paramilitar de Puerto Boyac, organizan su propio
grupo armado a finales de los aos 80 a partir de lazos familiares. Este
grupo se conocer, ms adelante, como Autodefensas del Sur del Cesar,
comandadas por Roberto Prada Gamarra y, luego de su muerte, por su
hijo Juan Francisco Prada.
El segundo tipo de paramilitarismo se estructura hacia 1996 en el
norte del Departamento, como producto de la alianza entre un grupo
de ganaderos y hacendados de la regin y un aparato armado externo,
las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab, lideradas por Carlos
Castao y Salvatore Mancuso. Se trataba de hombres armados con algn
tipo de experiencia (muchos de ellos exguerrilleros o exmilitares) que,
una vez Jorge 40 es nombrado comandante del Bloque Norte en 1999,
consolidaron una estructura armada mucho ms cohesionada, compleja
y autnoma. Esta organizacin logr controlar gran parte del territorio
del Cesar porque supo subordinar, ya fuera por coercin o por consentimiento, a un sector de la clase poltica departamental, ante la cual exhibi
un importantsimo margen de maniobra en las negociaciones que estableci con ella.
Sin embargo, estas diferencias entre los dos paramilitarismos no deben llevar a pensar que se trataba de dos fenmenos ajenos. Al contrario,
como se ver ms adelante, desde el ao 1996 sus trayectorias se entrecruzaron de dos maneras: en un principio, las autodefensas del sur obraron con cierta autonoma, a pesar de aceptar nominalmente el liderazgo
nacional de Carlos Castao, pero, posteriormente, ellas actuaron como
un frente orgnico adscrito al Bloque Norte, de Jorge 40. Esto les rest
cierta autonoma pero les permiti contener la avanzada que el poderoso
08/07/2014 11:02:14 p.m.
Bloque Central Bolvar despleg sobre la ciudad de Aguachica en el ao

2000.
Conflicto armado en el departamento del Cesar

Sentadas las bases para la insercin y progresiva expansin de los grupos
guerrilleros durante la dcada de 1980 y la consecuente reaccin paramilitar que se mantuvo en ascenso durante el decenio de 1990, el departamento del Cesar se configur como un escenario conflictivo y violento
que, aunque no necesariamente afect su crecimiento econmico, implic altos costos sociales y humanos. La Grfica 6 muestra evidencia de
esta situacin. Mientras en 1990 en el Departamento se presentaron 130
hechos asociados al conflicto armado en 1997 esta cifra se haba casi que
duplicado.
En lo que sigue se analiza la evolucin del conflicto armado en el departamento del Cesar en el curso del periodo 1990-2010. Luego de algunas anotaciones generales que se desprenden del anlisis de los datos del
Sistema de Informacin del Cinep, se tiene en cuenta una subperiodizacin realizada con base en la actividad de los distintos grupos armados
en el Departamento; adems, dentro de cada uno de estos subperiodos se
estudian las dinmicas territoriales en aras de identificar transformaciones y variaciones relevantes.
Tendencias y rasgos generales del conflicto armado en el Cesar

Como ya se dijo, la intencin de esta parte del captulo es observar algunas
tendencias generales de la evolucin del conflicto armado en el Departamento entre 1990 y 2010, en lo que corresponde a los grupos en armas.
Hagamos primero algunas precisiones de orden metodolgico. A pesar de que existen diversas formas de medir y cuantificar las acciones de
los grupos armados todas ellas con ventajas y desventajas en lo que se
refiere a las inferencias que nos permiten establecer, el Sistema de Informacin General del Cinep nos ofrece dos categoras que, en el seno
del equipo de Violencia Poltica y Formacin del Estado, se consideran
fundamentales para desagregar las modalidades de accin de los grupos armados y comprender mejor las distintas dinmicas de la violencia
dentro del conflicto armado colombiano. An ms, si se sabe que ste
se desarrolla como una guerra territorial que trasciende el plano militar,
pues contempla tambin la disputa entre bandos que buscan controlar a
08/07/2014 11:02:14 p.m.
147
132
192
175
Fuente: Cinep. Sistema de Informacin General.
88
239
256
110
103
179
171
140
143
72
60
48
96
67
52
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total hechos 130
50
100
150
200
250
300
Grfica 6

Hechos del conflicto armado
1990-2010
08/07/2014 11:02:14 p.m.
la poblacin, establecer arreglos sociales favorables a sus proyectos de expansin y construir relaciones de poder que garanticen su consolidacin
(Castillo y Salazar, 2007: 76).
Las dos categoras a las que nos referimos son las de acciones blicas
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cuya suma nos da
como resultado el total de hechos de conflicto. As, mientras que la primera categora, las acciones blicas, nos remite a la lgica estrictamente
militar de cada uno de los actores armados, la segunda, infracciones al
DIH, nos permite identificar el nivel de afectacin de los civiles en medio
de la guerra, que obra como una manera bastante aproximada de identificar la disputa por las adhesiones de la poblacin civil.
Una primera aproximacin al comportamiento de estas dos categoras
nos muestra trayectorias distintas en el caso del Cesar, que no alcanzamos
a distinguir en un indicador ms agregado, como los hechos de conflicto
presentados en la Grfica 6, que corresponde a la suma de las dos categoras (vase Grfica 7).
No obstante, como veremos a continuacin, los actores armados contribuyen, en distinto grado, a definir cada una de las categoras, lo cual
nos ayuda a comprender cul fue la naturaleza de su accin en el departamento del Cesar durante los veinte aos que aqu analizamos.
Cuadro 9

Acciones blicas e infracciones al DIH, segn actor
1990-2010
Actor armado
ELN
Farc-EP
Fuerza pblica
Paramilitares
Total
Tipos de categora
Acciones blicas
Infracciones al DIH
Nmero
%
Nmero
%
434
175
474
28
1.111
39,0
16,0
43,0
3,0
100,0
385
144
137
825
1.491
26,0
10,0
9,0
55,0
100,0
El Cuadro 9 muestra dos asuntos que, de entrada, se deben explicar.

Primero, el hecho de que gran parte de las acciones blicas se reparta entre el ELN y la Fuerza Pblica indica claramente que durante el periodo
analizado la disputa militar se concentr en estos dos actores. En cambio,
08/07/2014 11:02:15 p.m.
32
56
71
76
63
69
72
120
56
74
Acciones Blicas
66
109
49
190
66
190
56
54
39
64
69
110
87
84
83
57
74
69
35
37
32
28
38
10
58
38
10
57
52
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
DIH
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Grfica 7

Infracciones al DIH y acciones blicas
1990-2010
08/07/2014 11:02:15 p.m.
se evidencia una irrisoria contribucin de los paramilitares al total de

las acciones blicas, que refleja una tendencia tambin evidente a escala
nacional: los paramilitares no combaten. Sin embargo, esto no significa,
como algunos analistas sostienen, que la naturaleza contrainsurgente
del paramilitarismo sea un mito (vila, 2010), sino tan solo que su modalidad de accin predominante no fue el enfrentamiento directo con las
guerrillas sino ms bien el ataque indiscriminado contra las que consideraban sus bases sociales, segn la vieja estrategia maosta de quitarle el
agua al pez, que, hay que decirlo, tiene rendimientos diferenciales segn
sea la guerrilla a la cual combaten: exitosa, al parecer, contra el ELN y no
tanto con las Farc (Gutirrez y Barn, 2006: 305).
Evolucin del conflicto armado en el departamento del Cesar

Ahora bien, la distribucin del comportamiento de cada uno de los actores en lo que atae a ambas categoras no es homognea ni en el tiempo ni
en el espacio. Para observar tales diferencias en este apartado se analizan
la evolucin temporal y las expresiones territoriales de la confrontacin
armada en el departamento del Cesar en el periodo que va de 1990 a 2010.
A fin de capturar los distintos momentos de la confrontacin armada,
el anlisis se divide en cuatro subperiodos, definidos segn los principales puntos de inflexin de la disputa: 1) avanzada guerrillera y aparicin
del paramilitarismo (1990-1997); 2) expansin paramilitar y asedio guerrillero; 3) consolidacin paramilitar y recuperacin del territorio; y 4)
desmovilizacin y recomposicin paramilitares.
Avanzada guerrillera y emergencia del paramilitarismo (1990-1997)

Como se observa en la Grfica 8, en este subperiodo se registra la mayor
suma de hechos de conflicto de toda la serie: 1.359, de los cuales 528 correspondieron a acciones blicas y 831 a infracciones al DIH. El alto nmero de acciones blicas que se incrementan en los aos 1992 y 1994 se
explica por el proceso de expansin que iniciaron las guerrillas, y sobre
todo el ELN, desde las zonas montaosas hacia las ms integradas y los
cascos urbanos de algunos municipios del Departamento, mediante modalidades como hostigamientos e incursiones, que derivaron en combates
con la fuerza pblica que intentaba repeler las operaciones de la guerrilla.
Por su parte, el importante incremento de las infracciones al DIH obedece ms a la crudeza de la respuesta de los grupos paramilitares, sobre
08/07/2014 11:02:15 p.m.
todo a finales del subperiodo (1995, 1996 y 1997), cuando se presentan

en la regin varias masacres cometidas por las Autodefensas del Sur del
Cesar y las Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab.
Vale mencionar tambin que durante este subperiodo el conflicto armado no solamente tendi a incrementarse, hasta alcanzar el pico mximo de
toda la serie en el ao 1997, sino que se manifest en casi todo el territorio
cesarense, con excepcin de los municipios de Pueblo Bello, que no registra
ningn evento de conflicto, y de Astrea y Gonzlez, donde apenas se cuentan cuatro y un solo hecho, respectivamente (vanse grficas 8 y 9).
La avanzada guerrillera
Como ya se dijo, durante la primera mitad de la dcada de 1990 las acciones referidas a combates, ataques, incursiones y hostigamientos por parte
de la guerrilla son evidentes y se manifestaron con fuerza, como resultado
de la intencin del ELN de incidir en las administraciones locales a travs
de la implementacin de la estrategia denominada Campamentos de la
Nueva Colombia, que consista en secuestrar a las autoridades locales para
que stas les rindieran cuentas sobre sus respectivas administraciones.
Como lo registr la prensa, entre 1993 y 1997 un total de 111 funcionarios pblicos locales (alcaldes, concejales, tesoreros, personeros, etc.) renunciaron a sus cargos alegando falta de garantas ante las amenazas que
pesaban sobre muchos de ellos de parte del ELN, organizacin que los sealaba de corruptos y malos gobernantes. Especialmente crtica fue la situacin de Curuman, Codazzi y Aguachica (El Tiempo, 18 de enero, 1994).
Muchas de estas renuncias fueron justificadas, toda vez que los rganos de seguridad y la Fuerza Pblica no brindaban las condiciones de
seguridad requeridas. Con cierta regularidad, algunos alcaldes deban
rendir cuentas al grupo armado que los citaba para conocer el estado financiero, la ejecucin del presupuesto y la disponibilidad de inversin de
los municipios a su cargo. As ocurri en el caso de Juan Hernndez Sierra, exalcalde de La Jagua de Ibirico, a quien la organizacin le adelant
un juicio revolucionario por presuntos malos manejos administrativos
en la zona montaosa de ese municipio, para, posteriormente, liberarlo y
sancionarlo con una multa de 20 millones de pesos.
Del mismo modo, y como parte de esta estrategia ofensiva que haba
implementado, la guerrilla incidi en las elecciones locales de 1997 mediante amenazas contra todos los aspirantes a la Alcalda y el Concejo de
La Jagua de Ibirico, en el centro del Departamento, y de los municipios
08/07/2014 11:02:15 p.m.
56
56
32
1991
88
1992
1993
6963
132
120
1994
72
192
Acciones Blicas
7671
147
1990
74
130
Total hechos
Grfica 8
109
1995
66
175
190
1996
49
239
Infracciones al DIH

Hechos, acciones blicas e infracciones al DIH
1990-1997
190
1997
66
256
08/07/2014 11:02:15 p.m.
Grfica 9
Municipios afectados por el conflicto armado
1990-1997
GONZLEZ
ASTREA
1
4
TAMALAMEQUE
13
GAMARRA
13
CHIMICHAGUA
13
MANAURE
LA PAZ
15
21
RO DE ORO
23
EL PASO
23
CHIRIGUAN
24
LA GLORIA
BOSCONIA
SAN MARTN
30
34
45
SAN DIEGO
61
BECERRIL
62
PAILITAS
LA JAGUA DE IBIRICO
AGUSTN CODAZZI
64
67
82
PELAYA
CURUMAN
SAN ALBERTO
EL COPEY
AGUACHICA
VALLEDUPAR
90
95
104
110
178
187
08/07/2014 11:02:16 p.m.
del sur (Aguachica, Gamarra, San Martn, San Alberto y Ro de Oro),

donde el frente Camilo Torres del ELN asegur, a travs de un comunicado, que cerca de treinta candidaturas eran respaldadas por grupos
paramilitares.
Al igual que los sectores polticos del Departamento, el sector ganadero tambin estim como intolerable el incremento de las extorsiones,
el boleteo y el abigeato, lo cual progresivamente socav las posibilidades
de que hacendados y guerrillas siguieran interactuando como lo venan
haciendo desde principios de la dcada de 1990. En este sentido, el expresidente Alfonso Lpez Michelsen, en una columna del diario El Tiempo
sobre la situacin del Cesar, apuntaba: el boleteo est a la orden del da y
ms de uno entre los sacrificados crey tener excelentes relaciones con la
guerrilla, hasta cuando se vieron ajusticiados por quienes consideraban
sus amigos (El Tiempo, octubre 15, 1995: 5A).
De esa manera, las que antes haban sido unas relaciones de conveniencia entre algunos hacendados y las guerrillas, sobre todo en el piedemonte de la Sierra Nevada, segn indican algunos testimonios, terminaron por romperse cuando las acciones guerrilleras asumieron una expresin depredadora que hizo insostenible el intercambio de proteccin
por tributacin que mantenan las partes15. Por esas fechas, un artculo
de prensa estimaba que entre 1990 y 1992 se haban registrado cerca de
1.300 secuestros de ganaderos y comerciantes, con un costo aproximado
de ms de 15.000 millones de pesos para estos sectores (El Espectador, 30
de marzo, 1997: 8A).
La arremetida contra polticos y ganaderos de la regin sent las bases
para que tomara cada vez ms fuerza la necesidad de organizar grupos
paramilitares ms complejos, que, de manera efectiva, pudieran contener
la avanzada que la guerrilla haba puesto en marcha hacia los territorios
ms dinmicos del desarrollo regional y nacional: las zonas planas, donde
se asentaban no solo las grandes haciendas ganaderas y palmeras sino
15
Cuando hablo de intercambio entre proteccin y tributacin me refiero a la forma

como los grupos armados interactan habitualmente con la poblacin civil: los primeros
le ofrecen proteccin (la mayora de las veces frente a la inseguridad que ellos mismos
representan) a cambio de un pago que la mayora de la veces puede ser en dinero, pero
que tambin puede tomar la forma de suministro de informacin, alimentacin, etc. En
este sentido, como han demostrado con atino Boris Salazar y Mara del Pilar Castillo, las
alianzas que establecen uno y otro actor son siempre precarias, de suerte que una vez que
los miembros civiles de la alianza consideren que el nivel de tributacin est por encima del
valor del servicio de proteccin prestado por el agente armado, el rompimiento de la alianza
existente se convierte en una alternativa real (2007: 91-92).
08/07/2014 11:02:16 p.m.
tambin los proyectos mineros a los que se les deba el crecimiento econmico que desde principios de 1990 experimentaba el Departamento.
La emergencia del paramilitarismo
De esta forma, hacia 1996 se establecieron en el Cesar las Autodefensas
Campesinas de Crdoba y Urab, que, posteriormente, se convertiran en
las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales mantuvieron su presencia a travs del Bloque Norte y se expandieron desde Codazzi y Valledupar hacia las subregiones del centro y el sur.
Sin embargo, lo que en el norte se experiment como un fenmeno
nuevo de la violencia, que desde 1996 buscaba articular los diversos
grupos de seguridad privada alrededor de una organizacin ms compleja, como lo eran las AUC, en el sur ya contaba con antecedentes importantes, como las denominadas Autodefensas del Sur del Cesar, conformadas a finales de la dcada de 1980 por los ganaderos Roberto Prada y su
hijo Juan Francisco.
Las Autodefensas del Sur del Cesar, que hasta principios del decenio
de 1990 se haban mostrado como una organizacin reactiva que intentaba repeler los ataques de las guerrillas y poner a salvo los intereses de los
ganaderos y palmicultores de la subregin, a finales de este subperiodo
demostr ser la fuerza militar, logstica y social requerida para iniciar un
proceso de expansin importante en sus zonas de influencia, proceso que
explica el hecho de que hasta el ao 1996 esta subregin haya sido el eje
de la disputa armada.
As lo demostraron hechos como las jornadas antisubversivas que
adelantaron campesinos, ganaderos y agricultores de la subregin en julio
de 1995: en enero de 1995, la masacre de Puerto Patio, en zona rural de
Aguachica, donde este grupo paramilitar asesin a ocho campesinos, y la
realizacin de una cumbre paramilitar en la que decidieron implementar
una segunda fase ante lo que consideraban como un ataque del gobierno
contra sus comandos y bases campesinas (Vanguardia Liberal, 18 de
agosto, 4F).
Mientras en el sur las histricas autodefensas de los Prada iniciaban lo que pareca ser una nueva etapa de su actividad blica, en el norte
las operaciones que, hacia el mes de octubre de 1996, emprendieron las
Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab alrededor de Codazzi y
Valledupar, promovieron un importante cambio territorial: la conversin
de esta subregin en el principal escenario del conflicto armado en el
08/07/2014 11:02:16 p.m.
Departamento, que inici una tendencia que se mantendr hasta el ao

2007, cuando las dinmicas de rearme harn nuevamente de Aguachica
y sus municipios aledaos los ejes ms importantes de la disputa (vase
Grfica 10).
En el curso de los aos 1996 y 1997, bajo la direccin de Salvatore
Mancuso y de su comandante en el Departamento, Santiago Tobn, las
recin creadas Autodefensas Unidas de Colombia, que operaban en la regin mediante el Bloque Norte, iniciaron un proceso de expansin desde
las zonas planas de la subregin del norte hacia las medias del costado suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta y hacia la Serrana del Perij,
donde se ubicaban los fortines de las Farc y el ELN.
Esta expansin explica los altos ndices de confrontacin que se registraron en esos aos. En ese contexto ocurrieron las masacres de Media
Luna (1996) y Los Brasiles (mayo de 1997), en zona rural del municipio
de San Diego, as como las dos masacres cometidas en el corregimiento
de Mariangola, jurisdiccin de Valledupar, respectivamente en diciembre
de 1996 y septiembre de 1997.
El asesinato indiscriminado de civiles y la perpetracin de masacres
buscaban, segn se deca, desarticular las redes de apoyo de las guerrillas.
Y, ciertamente, tales prcticas ocasionaron la total desestructuracin de
cualquier asomo de protesta social frente al paramilitarismo, que funga
como el garante de un orden social favorable a las expresiones de desarrollo de la regin: la minera, la ganadera extensiva y los cultivos de
palma. Por ese motivo, gracias a la proteccin y la seguridad que ofreca al
entorno productivo en un contexto de desbordamiento de la violencia y
de las acciones guerrilleras, los grupos paramilitares ganaron legitimidad
y credibilidad ante la poblacin del Departamento, buena parte de la cual
no dud en colaborar financiera y logsticamente con ese grupo armado.
Consolidacin paramilitar y resistencia guerrillera (1998-2002)

Una vez abierto el camino mediante el empleo inusitado del terror, en un
contexto nacional signado por las polticas de paz del gobierno de Andrs
Pastrana, el paramilitarismo desplegado en el departamento del Cesar, al
igual que en otras regiones del pas, inici una segunda etapa de expansin que busc copar los principales espacio polticos locales y departamentales como parte de una estrategia de proyeccin nacional concebida
por el recin nombrado comandante del Bloque Norte para esta zona,
08/07/2014 11:02:16 p.m.
39
43
Sur
29
27
32
55
50
42
66
27
39
72
86
34
88
40
47
82
47
110
48
35
74
147
18
36
56
13
30
60
48
39
92
37
63
71
21
15
104
11
25
107
12
55
16
42
12
28
56
10
30
54
11
44
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Centro
Nmero de hechos
Norte
20
40
60
80
100
120
140
160
Grfica 10

Hechos de conflicto armado, por subregiones
1990-2010
08/07/2014 11:02:16 p.m.
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Esta expansin tuvo un alcance tan
decisivo, que el proyecto paramilitar cal hasta en las ms hondas fibras
de la sociedad cesarense, al gozar de una legitimidad que sorprende, si
se tiene en cuenta que la poblacin civil era el principal objetivo de su
estrategia contrainsurgente.
Sin embargo, las lealtades y simpatas de la poblacin por el paramilitarismo se explican en gran parte como un resultado apenas previsible de la indiscriminada agresividad que desplegaron las guerrillas en el
Departamento mediante la aplicacin de mecanismos tan dainos como
las tristemente clebres pescas milagrosas, que convirtieron las vas de
comunicacin del Cesar en las ms inseguras de la nacin y que afectaron
no solo a quienes consideraban sus objetivos (ganaderos, empresarios,
etc.) sino tambin a los campesinos y pequeos comerciantes, quienes
vieron hondamente afectada su situacin econmica.
En este contexto se present un total de 703 hechos de conflicto, de
los cuales 334 correspondieron a acciones blicas y 369 a infracciones al
DIH, lo que evidenci un decrecimiento respecto del periodo inmediatamente anterior (vase Grfica 11).
En lo que respecta a la expresin territorial del conflicto en el curso
de este subperiodo se observan dos hechos importantes. Primero, que, a
pesar del descenso de los eventos de armas, ellos continuaron afectando de manera importante a gran parte del Departamento, excepto en los
municipios de Gonzlez, que no registra accin alguna, y Gamarra, San
Martn y Pueblo Bello, donde se presentaron menos de dos en el curso de
todo el subperiodo (vase Grfica 12).
En segundo lugar, en relacin con las dinmicas subregionales es importante sealar que, a pesar de que el conflicto armado tenda a concentrarse en la subregin nortea, se presentaron variaciones importantes en
las coyunturas de los aos 2000 y 2001, cuando se evidencia un notable
crecimiento de las cifras en las subregiones del sur y el centro, que coincide con los aos de mayor incremento del conflicto blico despus del ao
1997, el pico mximo de toda la serie (vase Grfica 13).
El sobresaliente incremento de la violencia que se vivi en el sur del Departamento en el ao 2000 est relacionado con el arribo del Bloque Central
Bolvar a la ciudad de Aguachica con el objetivo de disputar el territorio a las
Autodefensas del Sur del Cesar y a los frentes Camilo Torres del ELN y 24 de
las Farc, en un entorno de movilizacin social que, como veremos ms adelante, favoreci an ms el fortalecimiento del proyecto paramilitar.
08/07/2014 11:02:17 p.m.
56 54
39
1999
103
69
110
2000
179
Acciones Blicas
64
1998
110
Total hechos
Grfica 11
87 84
2001
171
83
2002
140
Infracciones al DIH

1998-2002
57
08/07/2014 11:02:17 p.m.
Grfica 12

1998-2002
PUEBLO BELLO
SAN MARTN
GAMARRA
TAMALAMEQUE
CHIMICHAGUA
ASTREA
SAN ALBERTO
EL PASO
MANAURE
RO DE ORO
BOSCONIA
13
PAILITAS
14
PELAYA
20
LA PAZ
21
LA GLORIA
22
BECERRIL
CHIRIGUAN
LA JAGUA DE IBIRICO
28
32
36
SAN DIEGO
43
EL COPEY
43
CURUMAN
65
AGUSTN CODAZZI
65
AGUACHICA
VALLEDUPAR
77
179
08/07/2014 11:02:17 p.m.
20
21
Centro
Sur
18
15
23
1991
24
25
27
1992
39
24
1993
29
12
31
1994
19
22
25
1995
14
12
23
1996
33
1990
Norte
10
20
30
40
50
60
70
17
24
25
1997
14
17
25
1998
24
1999
33
18
18
2000
28
33
26
2001
Grfica 13
16
58
2002
24
42
2003

Acciones blicas por subregin
1990-2010
33
2004
26
2005
22
2006
22
10
26
2007
2008
2009
2010
08/07/2014 11:02:17 p.m.
Ahora bien, si se observan estos datos en relacin con la contribucin

de cada uno de los grupos armados a las categoras de acciones blicas e
infracciones al DIH se puede evidenciar el impacto y las modalidades de
accin de cada uno de ellos entre 1998 y 2002.
Ensaamiento guerrillero y crisis de seguridad
Al igual que la tendencia general del Departamento, las cifras de acciones
blicas indican claramente que el ELN es el grupo guerrillero que registra
las ms altas, seguido de la Fuerza Pblica y de las Farc, este ltimo grupo
con un repunte importante en el ao 2002.
Sin embargo, habra que advertir un detalle fundamental. Frente al
subperiodo anterior y a los dos posteriores, en este se observa que el ELN
alcanza sus mayores niveles en la serie, lo cual denota, no tanto mayor
control territorial sino mayor capacidad de fuego para responder a la
ofensiva que el paramilitarismo haba desplegado en su contra desde las
zonas planas. En efecto, en los aos 2000 y 2001 al ELN se le atribuyeron
43 y 53 acciones blicas, respectivamente (vase Grfica 14).
Ms concretamente, las cifras presentadas en la Grfica 14 reflejan una
profundizacin del asedio guerrillero que persisti sobre las zonas ms
integradas del territorio del Cesar, pero que tendi a tornarse cada vez
ms indiscriminado y depredador como resultado de los esfuerzos por
acceder a nuevos recursos para financiar sus estructuras armadas. As,
la estrategia ms evidente desplegada por algunos frentes del ELN entre
1990 y 1997 era ante todo selectiva, en el sentido de que buscaba mantener su influencia o cierto tipo de incidencia en las administraciones locales de varios municipios a travs de juicios revolucionarios, asesinatos
y amenazas contra algunos alcaldes y funcionarios locales. En cambio,
entre 1998 y 2002, el marcado acento agresivo puesto en prctica, como
las denominadas pescas milagrosas, el desbordado cobro de vacunas y
los ataques a la poblacin civil, as como la voladura del acueducto de
Pailitas por parte del ELN (febrero de 2006), evidenciaron una agresin
ms bien indiscriminada, que min las posibilidades de apoyo y cooperacin civiles. Al contrario, esta conducta contraproducente llev a que
el paramilitarismo reforzara las simpatas y lealtades entre la poblacin
civil, que, en este entorno de inseguridad, vio en l a los garantes de la
proteccin y salvaguarda de sus propiedades e intereses.
Hacia el ao 2001, la inseguridad que se viva en las carreteras como
resultado de los secuestros masivos que realizaban el ELN y las Farc
08/07/2014 11:02:17 p.m.
Acciones Blicas
ELN
FARC
FUERZA PBLICA
PARAMILITARES
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10
20
30
40
50
60
Grfica 14

Acciones blicas por actor armado
1990-2010
08/07/2014 11:02:18 p.m.
lleg a su culminacin cuando este ltimo grupo guerrillero retuvo y,

posteriormente, en zona montaosa de la Sierra Nevada de Santa Marta, asesin en medio de confusos hechos a la exministra de Cultura,
Consuelo Arajo.
La situacin lleg a ser tan crtica, que incluso existan tramos vedados para comerciantes, ganaderos y pobladores del comn, como
aquel que comunica el tringulo que forman las poblaciones de Chiriguan, Curuman y San Roque, en el centro-oriente del Departamento, con la va que conduce a la subregin norte con el distrito
minero del centro del Departamento, que va de Valledupar a La Jagua
de Ibirico, pasando por La Paz, San Diego, Codazzi y Becerril, donde
las autoridades haban procedido a levantar 18 retenes ilegales instalados por las Farc y el ELN. De igual forma, la salida hacia el Departamento de La Guajira era en extremo insegura, pues en un tramo de
66 kilmetros, entre Valledupar y San Juan del Cesar, que pasaba por
los municipios de La Paz, Urumita y Villanueva, se hablaba de que las
Farc tenan montados ocho retenes (El Tiempo, marzo 29, 1998: 14; El
Tiempo, octubre 10, 2001: 1-3).
Apuntalamiento del orden paramilitar
En un entorno de creciente inseguridad y de asedio guerrillero, los paramilitares encontraron una coyuntura favorable para conseguir el apoyo
de un sector de la sociedad local, pese a la crudeza de sus acciones en
contra de la poblacin civil, como se infiere de su contribucin al total de
infracciones del DIH cometidas en este subperiodo. Sin embargo, stas
mostraron un clarsimo decrecimiento en los aos circunscritos al subperiodo de anlisis: la cifra de 157 infracciones atribuidas a grupos paramilitares en 1997 sin duda el ao ms violento de toda la serie, cay
bruscamente a 24 en 1998, alcanz a 61 en 2000 y descendi de nuevo a
18 en 2002 (vase Grfica 15).
Este importante descenso est relacionado con el control territorial
que paulatinamente adquirieron los grupos paramilitares en el Departamento, en el contexto de la expansin nacional anunciada por las AUC y
que, posteriormente, se trasladara al campo poltico cuando ellas promovieran la eleccin de alcaldes, gobernadores, senadores y representantes
a la Cmara.
Sin embargo, dicha incursin quizs no habra alcanzado el nivel de
xito que tuvo y el grado de subordinacin de la clase poltica local a la
08/07/2014 11:02:18 p.m.
Infracciones al DIH
1990
1991
1992
1993
1994
1995
ELN
1996
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1998
FARC
1997
2000
2001
FUERZA PUBLICA
1999
Grfica 15
2003
2004
PARAMILITARES
2002

Infracciones al DIH por actor
1990-2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
08/07/2014 11:02:19 p.m.
estructura armada que se evidenci16, en el caso de no haber mediado un

hecho que, aunque circunstancial, tuvo un profundo impacto en la estructuracin del paramilitarismo en el Departamento: el nombramiento
de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, como mximo comandante del
Bloque Norte luego de que Salvatore Mancuso, ante las dificultades de
dirigir un aparato armado a distancia, dejara bajo su responsabilidad las
estructuras armadas que operaban desde finales de 1996.
Sin duda, la experiencia militar y las excelentes relaciones que 40 tena con empresarios, ganaderos y jefes polticos de la regin fueron dos
elementos claves para el xito de su objetivo de cooptar los diversos
grupos de autodefensas que aun operaban en la regin. Esto le permiti,
para el ao 2000, consolidar una estructura altamente cohesionada. De
esta forma, el Bloque a su mando se dividi el control territorial del Departamento en diferentes frentes, cada uno de ellos a cargo de mandos
medios. En la zona sur oper Jefferson Enrique Lpez, ms conocido
como el comandante Omega, quien lideraba el frente Resistencia Tairona, que, desde el corregimiento de Brisas (Tamalameque), controlaba
los municipios de Aguachica, La Gloria, Pelaya, Pailitas, Curuman y
Chiriguan, en el sur del Cesar. Por su parte, scar Jos Ospino Pacheco, alias Tolemaida, comandante del frente Juan Andrs lvarez,
operaba en los municipios de El Paso, Bosconia, El Copey, La Jagua de
Ibirico, Becerril y Codazzi. Finalmente, la zona norte, que comprenda los municipios de Pueblo Bello y Valledupar, con una proyeccin
importante hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, le fue asignada a
David Hernndez Rojas, alias 39, quien estuvo a cargo de la direccin
del frente Mrtires del Valle de Upar hasta el ao 2004, cuando muri
durante un combate con la Dcima Brigada del Ejrcito (Sentencia de
lvaro Arajo Castro: 88).
Parapoltica, 2002
Una vez fortalecidas militarmente, las dos estructuras paramilitares ms
importantes del Departamento las Autodefensas del Sur del Cesar y el
Bloque Norte de las AUC se dispusieron a dar un paso fundamental en
16
En este punto es importante insistir en que, en el caso del Cesar, contrariamente a lo sucedido en otros departamentos, los polticos locales involucrados en el escndalo de la parapoltica parecen no haber tenido el mismo margen de maniobra en sus negociaciones con
el grupo armado correspondiente. En ese sentido, la etapa en la que la clase poltica supo
instrumentalizar al grupo armado y mantener sobre l un control importante parece no
haber tenido lugar, como se evidenci en el caso de Sucre entre los aos 1996 y 2002.
08/07/2014 11:02:19 p.m.
su proceso de expansin y consolidacin: incursionar en la vida poltica.

Como parte de este plan, se present un incremento de la victimizacin
de algunos mandatarios del Departamento, enderezada a doblegar a quienes no simpatizaran con el proyecto, a fin de contar en adelante con el
material poltico que sirviera a sus intereses17.
No obstante, la incursin en poltica de las dos estructuras paramilitares presenta variaciones, de acuerdo con el contexto subregional donde
tuvo lugar, as como segn sus alcances locales, departamentales y nacionales. Estas variaciones se explican por las diferencias que una y otra
estructura tenan respecto de su dominio territorial y del capital social
(conexiones y vnculos) de sus comandantes.
Jorge 40 y las elecciones parlamentarias de 2002
En cuanto a la incursin de Jorge 40 en la poltica, hay que decir que el grado de control que logr establecer, no solo dentro de su organizacin sino
tambin sobre gran parte del territorio del Cesar, sumado a la legitimidad
que le daba su origen social y sus buenas conexiones y vnculos con la clase
poltica local, le brindaron un inmenso margen de maniobra para disear
e implementar una estrategia poltica que tuvo alcances regionales. En el
departamento del Cesar, la casa Arajo resurgi de su mano, mientras los
Gnecco declinaron (El Tiempo, 17 noviembre 2006: 1-2).
Las desavenencias que el jefe paramilitar tena con esta ltima familia, a la cual en mltiples ocasiones consider culpable de los destinos
del Cesar como consecuencia de sus malos manejos administrativos y
de las redes de corrupcin que en torno a ella se haban consolidado, se
expresaron en el asesinato de Jorge Gnecco, cometido el 11 de agosto
de 2001, y el secuestro y posterior liberacin, en 2004, de Jos Pepe
Gnecco, uno de los firmantes del Pacto de Ralito. Aunque alrededor de
estos hechos se barajaron mltiples hiptesis, lo que estaba en juego era
el monopolio de la coercin y el derecho a hacer poltica en la regin.
Los Gnecco pagaron caro su involucramiento en la conformacin de
17
As ocurri con los asesinatos de varios alcaldes, concejales y lderes polticos del Departamento. Entre otros, se contaban distintos casos: Miguel Romero Morn y Julio Csar
Rodrguez Morn, quienes fueron alcaldes de El Copey; ngel Rodrguez, alcalde de El
Paso y la personera de Curuman; los concejales de San Alberto, Hugo Lpez Quiroz y Jos
Saldaa Ballena; la aspirante a la alcalda de esta misma poblacin durante las elecciones
de 2003, Ada Cecilia Lasso; el concejal de Aguachica, Miguel Malo Quiroz, y el exalcalde y
por entonces aspirante a un segundo mandato, Luis Fernando Rincn (Verdad Abierta. El
genocidio no contado del Cesar).
08/07/2014 11:02:19 p.m.
grupos de seguridad privada independientes, que operaban en el Departamento bajo el ribete de las AUC, as como sus acercamientos a
otros lderes de las autodefensas, contra quienes Jorge 40 sostena una
disputa territorial, como ocurra en el caso de los vnculos entre Hugo
Gnecco, exalcalde de Santa Marta, y Hernn Giraldo, jefe paramilitar de
la Sierra Nevada de Santa Marta y quien posteriormente se doblegara
ante el poder de Tovar Pupo.
Por su parte, los Arajo y su movimiento poltico Alas resultaron
beneficiados por un convenio de alcance regional que estableci la divisin en distritos electorales de varios departamentos de la Costa Caribe,
a fin de consolidar un tinglado poltico lo suficientemente fuerte para
representar los intereses del grupo paramilitar en las ms altas dignidades
pblicas del orden nacional: el Congreso de la Repblica.
Bajo esta estrategia, con ocasin de las elecciones de 2002, Jorge 40
orden dividir el departamento del Cesar en tres distritos electorales:
el primero de los cuales estaba integrado por los municipios que tenan
un frente comn de intereses de cara a los recursos mineros: El Copey,
Bosconia, El Paso, Becerril, Astrea, La Jagua, Chiriguan y Chimichagua. All la orden fue votar por Mauricio Pimiento (Movimiento S
Colombia) y su frmula a la Cmara de Representantes, Jorge Ramrez (Partido Liberal). El segundo distrito comprenda los municipios de
Curuman, Pailitas, Tamalameque, Pelaya, La Gloria, Aguachica, San
Martn, Ro de Oro y San Alberto, y le correspondi a lvaro Arajo
Castro (Movimiento Alas) y su frmula para la Cmara, Miguel ngel
Durn Gelvis (Movimiento de Integracin Regional). Y un tercer distrito, de Cielos abiertos, estaba integrado por los municipios de Valledupar, Codazzi, La Paz, San Diego, Manaure y Pueblo Bello, donde los
candidatos ungidos por las autodefensas podan disputarse el favor
del electorado con aparente libertad.
Obedeciendo a esta estricta divisin electoral, los cuatro candidatos resultaron elegidos. De esa forma, mientras Mauricio Pimiento dej
de ser el jefe poltico de arraigo regional que en 1994 haba llegado a
la Gobernacin para convertirse en Senador de la Repblica con un
capital electoral de 47.027 votos, lvaro Arajo dobl la votacin que
en los comicios anteriores lo haba habilitado para su segundo periodo
en la Cmara de Representantes: de tener un capital electoral cercano
a 34.000 votos pas a uno que superaba los 77.000 (Acevedo y Arias,
2010: 63).
08/07/2014 11:02:19 p.m.
Juancho Prada y las marchas de No al despeje

Las intenciones polticas de Juancho Prada en el sur del Cesar encontraron un escenario social favorable que posibilit que su presencia histrica
en este lugar gozara de una mayor legitimidad y del respaldo de algunos
sectores sociales que, posteriormente, intent trasladar al plano de la poltica local.
La agenda de paz que el presidente Andrs Pastrana Arango implement con las guerrillas especficamente los asomos de dilogos regionales con el ELN y la zona de despeje que se contemplaba para estos
efectos en el sur de Bolvar increment la percepcin de inseguridad
y vulnerabilidad de ganaderos, agricultores y palmicultores del sur del
Cesar, quienes, durante el primer semestre del ao 2000, protagonizaron
marchas y bloqueos de vas, alrededor de los municipios de Aguachica,
San Martn, Pailitas y Tamalameque, con lo cual se origin un espacio
propicio para que las autodefensas de esta subregin fortalecieran sus
bases sociales.
En este sentido, muchos de los liderazgos sociales y polticos que aparecieron alrededor del Movimiento No al Despeje y de Asocipaz fueron
aprovechados por el paramilitarismo de la subregin, en cabeza de Juancho Prada, para posicionar en las alcaldas y los concejos de Aguachica y
San Alberto a figuras afines al proyecto paramilitar, de tal suerte que, para
el ao 2000 ya se hablaba de que esta estructura paramilitar controlaba
importantes espacios de la poltica local.
No obstante, su incursin en la poltica no siempre fue fcil ni tampoco indiscutible. A pesar de que hacia el ao 2003 el grupo que comandaba
Juancho Prada ya haba entrado a hacer parte del Bloque Norte, en calidad de frente Hctor Julio Peinado (destinado a contener y, posteriormente, negociar el avance del Bloque Central Bolvar, que haba arribado
a la subregin en el ao 2000), las elecciones de ese ao reactivaron antiguas diferencias entre las dos agrupaciones.
En esa coyuntura, la distribucin territorial que haban acordado dio pie
para que los candidatos fueran respaldados por alguno de los dos grupos
que tenan presencia y control de la zona. Segn el portal Vote Bien, con
ocasin de los comicios populares de 2003, los polticos que decidan participar en las elecciones deban recibir el visto bueno en las fincas paramilitares de Pailitas donde resida el comandante Omega cuando deban
responder al Bloque Norte, o en Puerto Wilches o el Bajo Rionegro cuando
requeran la aprobacin del Bloque Central Bolvar (Vote Bien, 2007).
08/07/2014 11:02:19 p.m.
En ese contexto afloraron conflictos entre los dos grupos por el control de la poltica local, como el que se present en Aguachica con ocasin
de la controvertida18 eleccin del alcalde David Simanca, quien, posteriormente, fue asesinado. De acuerdo con un informe del Observatorio
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Repblica sobre la subregin, detrs de esta controvertida eleccin y su fatal resultado estaba
la disputa poltica entre el Bloque Norte, que patrocinaba a Simancas, y el
Bloque Central Bolvar, que, al parecer, apoyaba a la candidata rival, Luz
Irina Prez (Vicepresidencia de la Repblica, 2006a: 66).
Desmovilizacin paramilitar y recuperacin

del territorio por la Fuerza Pblica (2003-2006)
A comienzos del ao 2003 el apuntalamiento del orden paramilitar se
haba consolidado en gran parte del territorio del Cesar y haba limitado
el margen de maniobra que tenan las organizaciones insurgentes para
asediar las zonas ms articuladas a los espacios de desarrollo regional y
nacional del Cesar (las zonas planas). Por su parte, las operaciones que
puso en marcha la fuerza pblica en la regin, siguiendo los lineamientos
nacionales de la poltica de Seguridad Democrtica del entonces presidente lvaro Uribe Vlez, obligaron a las guerrillas a replegarse hacia las
zonas ms altas de los complejos montaosos, lo que disminua an ms
sus posibilidades de accin.
Como resultado, durante este subperiodo que finaliza con la desmovilizacin de los frentes paramilitares que estaban bajo el mando de
Jorge 40 se present un total de 323 hechos de conflicto, de los cuales
179 correspondieron a acciones blicas y 144 a infracciones al DIH. De
esta forma, se present un descenso paulatino en el nmero de hechos de
conflicto (vase Grfica 16)
A pesar de la disminucin del total de eventos ocurridos en el nivel
departamental y de una menor cobertura geogrfica del conflicto armado
ya que los municipios de Tamalameque, San Martn, Ro de Oro, Gamarra, Chimichagua y Astrea no registraron acciones de conflicto, llama
la atencin el caso de Pueblo Bello, que muestra, por el contrario, un in18
Los primeros resultados electorales arrojaron un empate de 5.523 votos entre los dos candidatos, el cual, despus de la eliminacin de 23 mesas de votacin por no haber entregado
los resultados a tiempo, se resolvi a favor de Simancas (Vicepresidencia de la Repblica,
2006a: 66; Vote Bien, 2006).
08/07/2014 11:02:20 p.m.
2003
74
69
72
143
Total hechos
2004
35
37
60
Acciones Blicas
Grfica 16
2005
32
28
48
2006
38
Infracciones al DIH

2002-2006
10
08/07/2014 11:02:20 p.m.
cremento que se concentra en los aos 2004, 2005 y 2006 (vase Grfica
17). Se trata de un dato inusual de la serie, no solo porque describe una
trayectoria distinta de la que se puede percibir para el Departamento,
sino tambin porque este municipio no se haba visto involucrado en los
hechos de ninguno de los subperiodos anteriores. Como se ver ms adelante, la respuesta a este interrogante tiene que ver con la accin decidida
de la Fuerza Pblica parar recuperar los territorios que estaban controlados por las guerrillas, en este caso una poblacin donde las Farc haba
mantenido un dominio histrico desde principios del decenio de 1980.
Los principales hechos de conflicto, clasificados de acuerdo con la situacin general de cada uno de los actores armados durante este subperiodo, al cual hemos denominado de hegemona paramilitar y recuperacin territorial, se presentan en el aparte que sigue.
Hegemona paramilitar
La consolidacin del paramilitarismo se expres de diversas maneras. En
el mbito territorial, el frente Mrtires del Cacique del Valle de Upar,
comandado por David Hernndez, alias 39, haba asegurado las zonas
bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especficamente un tramo de la
carretera San Marta-Valledupar-La Guajira, que tradicionalmente haba
sido objeto del asedio guerrillero, porque resultaba estratgico para extenderse paralelamente al ferrocarril que transporta el carbn de El Cerrejn y al trazado final del oleoducto Cao Limn-Coveas.
Una vez asegurado este territorio, el frente emprendi un cerco militar
que debilit an ms a las guerrillas asentadas en la parte alta de la Sierra y afect a la poblacin indgena, que desde haca algn tiempo deba
pagarle un impuesto al grupo paramilitar para poder comercializar los
productos agrcolas que cultivaba.
Por su parte, en la subregin sur los pocos eventos de conflicto de
este subperiodo, cuyo pico ms alto seala apenas doce hechos en el
ao 2006, son un indicador claro del control que haban alcanzado en la
regin los distintos frentes paramilitares que operaban all (Vicepresidencia de la Repblica, 2006: 64).
En el mbito poltico y social, la influencia paramilitar se profundiz
an ms durante las elecciones locales de 2003, momento en el cual las
presiones no se hicieron esperar. As qued demostrado en los casos de
Chimichagua y de Astrea, donde varios candidatos a la alcalda se vieron
obligados a desistir de sus aspiraciones, lo mismo que con motivo de la
08/07/2014 11:02:20 p.m.
Grfica 17

2002-2006
CHIRIGUAN
SAN ALBERTO
LA GLORIA
GONZLEZ
MANAURE
BOSCONIA
PELAYA
EL PASO
LA JAGUA DE IBIRICO
12
EL COPEY
12
PAILITAS
15
BECERRIL
15
LA PAZ
17
CURUMAN
18
AGUACHICA
PUEBLO BELLO
20
23
SAN DIEGO
30
AGUSTN CODAZZI
30
VALLEDUPAR
110
08/07/2014 11:02:20 p.m.
eleccin del gobernador, cuando el candidato nico, Hernando Molina

Arajo, result elegido luego de que sus contendores, Cristian Moreno
(Movimiento de Integracin Regional) y Abraham Romero (Partido Liberal), renunciaran a sus candidaturas por estimar que no existan garantas electorales19.
Como resultado, ya fuese por simpata o por temor, muchos de los
mandatarios elegidos en estos comicios administraron los recursos pblicos de sus municipios bajo la direccin de los comandantes de los frentes
paramilitares. El caso ms ilustrativo fue La Jagua de Ibirico, cuya riqueza
en materia de regalas lo convirti en un fortn invaluable para llenar las
arcas de los comandantes de frentes y de los polticos locales, pero sobre
todo para el fortalecimiento de las estructuras paramilitares.
Sin embargo, contrariamente a lo que habitualmente sola ocurrir
como en el caso del desfalco al erario pblico de Coveas (Sucre), donde
los malos manejos de las cuentas fomentaron una serie de vendettas en el
seno del grupo armado, la ascendencia de Jorge 40 sobre sus tropas y
el correcto funcionamiento del sistema de monitoreo que institucionaliz
evitaron que los ingresos que reciba la organizacin por concepto de impuestos a entidades pblicas terminaran en manos de sus lugartenientes o
mandos medios. En efecto, la conocida Red de contratacin estipul no
solo reuniones peridicas donde cada uno de los comandantes de frente
le renda cuentas al tesorero de la organizacin, sino que tambin dej
por escrito qu porcin de ese 10% que solan cobrar por cada contrato le
corresponda a cada uno de los involucrados (Martnez, 2008).
Tan importantes eran los rditos que su incursin en la poltica le haba dejado al grupo paramilitar, que aun en medio del proceso de negociacin y desmovilizacin que adelantaban con el gobierno, Jorge 40 trat de incidir nuevamente en las elecciones nacionales de 2006. As qued
en evidencia luego de que la prensa nacional informara de la denominada
Cumbre de Curuman, que tuvo por objetivo definir cmo se distribuiran ciertas reas de votacin en Cesar, Atlntico, Magdalena y La Guajira, de cara a las elecciones parlamentarias de marzo de 2006 (El Tiempo,
22 de enero, 2006).
Hechos como ste, adems de otros, como la masacre perpetrada en
diciembre de 2005 en las veredas Lomas Verdes y Nuevo Horizonte, en
19
El carcter nico de esta candidatura, segn estableci la Corte Suprema de Justicia,

constituy una decisin originada en los acuerdos y compromisos con el Bloque
Norte de las autodefensas (Sentencia. Hernando Molina Arajo).
08/07/2014 11:02:20 p.m.
jurisdiccin de Curuman donde los paramilitares asesinaron a ocho

campesinos, apresuraron la desmovilizacin de Jorge 40, quien, hasta ese
momento, haba sido el jefe paramilitar ms crtico de la negociacin que
las AUC adelantaban con el gobierno de lvaro Uribe Vlez. Segn l,
el Estado no tena aun la capacidad para mantener el control sobre los
territorios que ellos haban recuperado (Semana, 4 de marzo de 2006).
Las desmovilizaciones de los frentes del Bloque Norte tuvieron lugar
durante los primeros das del mes de marzo de 2006. El 5 de marzo, en
el corregimiento de Torcoroma, jurisdiccin de San Martn, se desmovilizaron 251 miembros del Frente Hctor Julio Peinado, entre ellos su
comandante Juan Francisco Prada, quien meses atrs haba sido encarcelado por el crimen de una aspirante a la alcalda de San Alberto. Por
su parte, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, junto a 4.345 hombres que
estaban bajo su mando, se desmoviliz entre el 8 y el 10 de marzo, en
dos ceremonias, la primera en el corregimiento de Chimila, jurisdiccin
de El Copey, y la segunda en el corregimiento de La Mesa, zona rural
de Valledupar.
Recuperacin del territorio por parte de la fuerza pblica
Mientras que los paramilitares aseguraban las zonas planas, copaban
los espacios polticos del Departamento y depredaban muchos de los recursos de las administraciones locales, la Fuerza Pblica, por su parte,
puso en marcha una serie de medidas y operativos encaminados a la
recuperacin del territorio, particularmente de las zonas medias y altas
de la Serrana del Perij y la Sierra Nevada de Santa Marta, lugares de retaguardia de las organizaciones insurgentes. En el marco de una ofensiva
nacional contra estas organizaciones, bajo los lineamientos de la poltica
de Seguridad Democrtica del entonces presidente Uribe Vlez, las autoridades del Departamento reportaron resultados positivos en materia
de seguridad gracias a la implementacin de varias medidas, como el
plan de seguridad vial, la red de cooperantes y el programa de soldados
campesinos.
De igual forma, el regreso de la Fuerza Pblica a algunas zonas de
donde se haba visto obligada a retirarse por la accin guerrillera como
Pueblo Bello y Atnquez y el inicio de operaciones de la recin inaugurada X Brigada del Ejrcito en agosto de 2004, que buscaba proteger la
va frrea de El Cerrejn, entre los departamentos del Cesar y La Guajira,
fueron fundamentales no solo para disuadir a los guerrilleros de organi-
08/07/2014 11:02:21 p.m.
zar hostigamientos o incursiones como solan hacerlo, sino tambin para

iniciar una ofensiva contra sus campamentos y bases militares.
Esta estrategia se hizo ms evidente durante el segundo semestre de
2006, cuando se incrementaron los combates y se asestaron importantes
golpes del comando conjunto Caribe contra los frentes 41 y 59 de las Farc
y Camilo Torres, Jos Manuel Martnez Quiroz y 6 de Diciembre
del ELN. Los combates se concentraron en veredas y corregimientos de
municipios como Codazzi (vereda Arroyo Lago), Pueblo Bello (El Diamante), Valledupar (el sitio de Ceibotes) y La Paz (vereda Varas Blancas).
Como era de esperar, el bloqueo y los cercos de los paramilitares desde
las zonas planas y los ataques de la Fuerza Pblica sobre las zonas montaosas donde se asentaban sus principales campamentos, obligaron a las
Farc y el ELN a replegarse cada vez ms hacia las zonas ms altas de la
Serrana del Perij y de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, tales hechos no significaron la completa desaparicin de
los frentes guerrilleros, pues, en el curso del primer semestre de 2006, se
supo de una cumbre realizada por las dos organizaciones insurgentes en
las partes altas del municipio de Bosconia (entre las veredas de San Pedro,
El Tigre, El Edn y Dosquebradas) y dedicada a definir qu grupo deba
liderar la accin armada ante el nuevo balance de la correlacin de fuerzas y establecer las coordenadas de su accin conjunta sobre el corredor
estratgico de la Serrana del Perij, que histricamente les haba permitido golpear en las zonas bajas y luego huir y resguardarse en las limtrofes
con Venezuela (Vanguardia Liberal, 29 de enero, 2006: 10C).
En este sentido, las denuncias de los ganaderos de los municipios ubicados en cercanas de este complejo montaoso, como Curuman, Becerril, La Jagua de Ibirico y Chiriguan, coincidan con una especie de
campaa de asedio de la guerrilla que se reflejaba en el incremento del
cobro de vacunas, secuestros y robo de ganado.
Reconfiguracin paramilitar (2007-2010)

Al igual que en muchos departamentos del pas, tampoco en el Cesar
la desmovilizacin de los frentes paramilitares signific el desmonte total de sus estructuras militares, sociales y polticas. En esta direccin, la
Defensora del Pueblo advirti que la estrategia de Jorge 40, sin duda el
comandante paramilitar ms reticente a desmovilizar sus tropas, habra
sido la de ubicar patrulleros y elementos confiables de su base social en
08/07/2014 11:02:21 p.m.
lugares estratgicos con el fin de disponer en el futuro de sus servicios,

para no perder el control social y territorial que haba asegurado a travs
del uso sostenido de las armas durante casi una dcada.
No obstante, una vez desaparecida la figura cohesionadora de Jorge
40, cuya extradicin a principios de 2008 conllevaba su distanciamiento
de la realidad departamental, la fragmentacin resultante del paramilitarismo en la regin ha desencadenado fuertes disputas entre sus distintas
facciones, algunas locales y otras forneas, que se proyectan desde regiones cercanas en busca del acceso a las rentas de las regalas del carbn,
el control de los distintos eslabones de la cadena productiva del narcotrfico y la regulacin de negocios tan lucrativos como el paga diario, el
cobro de extorsiones a comerciantes y el contrabando de gasolina.
Sin embargo, estas disputas han tendido a decrecer durante el transcurso de este subperiodo, como lo muestra el descenso del total de hechos
violentos, que de 96 en 2007 pasaron a ser apenas dos en el ao 2010 (vase Grfica 18). Desde luego, dicha disminucin puede estar relacionada,
no tanto con una ausencia de grupos armados sino, antes bien, con una
nueva etapa de su actividad en las zonas donde su control poblacional
y territorial hace innecesario el recurso generalizado a la violencia. En
esas condiciones, puede asegurarse, de conformidad con la informacin
recabada en nuestro trabajo de campo y la consulta de varios informes
de entidades oficiales, como la Defensora del Pueblo, que, en efecto, las
bandas de Los Rastrojos y Los Urabeos han logrado el control de distintas subregiones: los primeros en el sur y los segundos en el norte, sobre
todo alrededor del casco urbano, despus del fracaso de sus intentos de
expansin hacia la zona de su banda rival.
No obstante, a pesar de la disminucin de los eventos de conflicto, una
mirada territorial a los mismos muestra una concentracin preocupante
de los mismos en el municipio de Aguachica, que es, de lejos, el ms afectado por la violencia: registra 124 de los 217 hechos de fuerza reportados
en todo el Departamento en el curso del subperiodo 2007-2010 (vase
Grfica 19).
Salta, pues, a la vista que el proceso de recomposicin del paramilitarismo en el sur del Cesar ha sido particularmente violento, no solo por
los intereses puestos en juego alrededor del territorio, cuya ubicacin lo
hace un lugar estratgico para el transporte de narcticos, sino tambin
porque la desmovilizacin de los frentes y bloques paramilitares que hacan presencia en esta subregin signific la ruptura de los arreglos que se
08/07/2014 11:02:21 p.m.
2007
58
38
67
96
Total hechos
2008
10
57
52
Acciones Blicas
Grfica 18
2009
52
2010
Infracciones al DIH

2007-2010
08/07/2014 11:02:21 p.m.
Grfica 19
2007-2010
SAN DIEGO
PELAYA
LA JAGUA DE IBIRICO
GAMARRA
CHIRIGUAN
BECERRIL
CHIMICHAGUA
ASTREA
LA PAZ
EL COPEY
PUEBLO BELLO
CURUMAN
AGUSTN CODAZZI
SAN MARTN
SAN ALBERTO
LA GLORIA
VALLEDUPAR
21
AGUACHICA
124
08/07/2014 11:02:21 p.m.
haban establecido para la distribucin territorial y el control de la poblacin y de las actividades ilcitas.
De esa manera, sin disponer de referencias claras o de figuras sociales
de alguna ascendencia en la subregin, la etapa posterior a la entrega de
armas del Bloque Central Bolvar y de los frentes Hctor Julio Peinado y
Resistencia Tairona, del Bloque Norte, no pudo ser sino una violentsima
disputa por controlar la explotacin de actividades ilcitas, como el contrabando de gasolina, y por asegurar el corredor de movilidad que conecta el sur de Bolvar con la regin del Catatumbo y la vecina Venezuela.
Las bandas: Urabeos y Rastrojos20
El proceso de recomposicin paramilitar en el departamento del Cesar
entre 2007 y 2010 evidencia una transformacin importante de la situacin, ya que las fuertes disputas armadas que sostenan distintas agrupaciones ilegales en un contexto de fragmentacin del poder paramilitar
han dado paso a una nueva etapa de alianzas estratgicas, incentivadas
por el arribo de estructuras armadas ms complejas y con mayor capacidad operativa y logstica, que desde Urab, Crdoba y el Magdalena
Medio se han proyectado a distintas subregiones del Departamento con
el objetivo de controlar territorios estratgicos para el control de la poblacin, el transporte de narcticos y la extraccin de rentas locales.
Ms all de la discusin semntica de si son o no bandas criminales,
como asegura el gobierno, o si se trata ms bien de neoparamilitares o
sencillamente de grupos rearmados, lo cierto es que, en el caso del Cesar,
estamos hablando de un fenmeno que entraa la permanencia de un
sector importante de los frentes del Bloque Norte como una estrategia
ideada por Jorge 40 para mantener las estructuras sociales y econmicas
que el paramilitarismo construy en el curso de ms de diez aos. Sin
embargo, esto no significa que el fenmeno permanezca inmutable, sino
que, por el contrario, aunque hay continuidades en el recurso humano
que alimenta a estas agrupaciones y que hace que los pobladores de la
regin las identifique como los mismos paramilitares, las nuevas caractersticas organizativas de tales estructuras armadas le imponen algunos
lmites. En efecto, los frecuentes relevos de sus cabecillas y la tendencia
hacia un mando descentralizado y menos cohesionado, llevaron a que su
20
Gran parte de este apartado se basa en los diferentes informes de riesgo que la Defensora
del Pueblo ha emitido desde 2008 hasta la fecha, as como en sus correspondientes notas de
seguimiento (2008; 2009; 2010a; 2010b; 2011).
08/07/2014 11:02:22 p.m.
accin fuera ms violenta y su permanencia ms efmera y que, por lo

tanto, contara con una menor capacidad para controlar militarmente extensos territorios y hacerse reconocer por la poblacin como la autoridad
legtima, ya que su presencia era permanentemente disputada por uno o
varios grupos rivales.
En estas condiciones, informes dados a conocer en 2007 destacaron la
existencia de varias organizaciones armadas, algunas de ellas orientadas a
la disputa por el dominio del espacio rural y otras con influencia en zonas
urbanas (Mapp-OEA, 2007; Cnrr, 2007). Entre estas ltimas, en la capital
del Departamento se dieron a conocer, a travs de panfletos amenazantes,
grupos como las Nuevas Autodefensas de Colombia-Cesar y las guilas Negras, de los cuales, en su momento, se afirm que controlaban las
redes sicariales y regulaban el negocio del paga diario.
Por su parte, en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta se
destacaba la banda de Los Nevados, encabezada por los mellizos Vctor
Manuel y Miguel ngel Meja Mnera, quienes haban arribado a la regin luego de comprar la franquicia de este grupo para la zona limtrofe
de Pueblo Bello y Valledupar. No obstante, el asesinato de Vctor Manuel
y la captura de Miguel ngel provocaron la desarticulacin de esta estructura y la apertura de un espacio importante para el impulso del proyecto de expansin que desarrollaban los hombres de alias Don Mario
desde Urab y Crdoba hacia toda la regin Caribe.
En el caso del Cesar, la insercin de la banda de Los Urabeos se
estableci hacia mediados de 2008, gracias al respaldo de paramilitares
disidentes, como Javier Urango Herrera, alias Chelly, de quien se deca
que haba heredado la estructura paramilitar de Jorge 40 y operado dentro de la banda de Los Nevados, y Giovanni Ustriz, un contratista del
Estado local con muy buenas conexiones en el Departamento y quien
posteriormente sera capturado.
As, el empeo de Los Urabeos en copar nuevos espacios del Cesar
que parten de Tamalameque hacia otros municipios del centro y el sur
del Departamento, puso en marcha un proceso de reorganizacin que
condujo a la conformacin de una estructura mucho ms robusta, que en
la actualidad se conoce como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En
el despliegue de una estrategia de adaptacin a la nueva correlacin de
fuerzas, este organismo logr asimilar a pequeos grupos y redes criminales que mostraban cierta proclividad a aliarse con l. Obviamente, tales
alianzas duraron hasta cuando el dominio del grupo le fue disputado en
08/07/2014 11:02:22 p.m.
el sur por una organizacin rival que se proyectaba desde esta subregin
hacia las zonas ms integradas del Departamento, aprovechando la discrepancia interna dentro de Los Urabeos desatada despus de la captura, en abril de 2009, de su mximo cabecilla nacional, alias Don Mario.
Por su parte, la insercin de Los Rastrojos, la organizacin auspiciada por el cartel del norte del Valle del Cauca, tuvo lugar hacia mediados
de 2008, cuando un grupo de hombres provenientes del sur de Bolvar
llegaron al sur del Cesar con el objetivo de controlar las zonas paralelas
al ro Magdalena, desde La Dorada (Caldas) hasta la regin Caribe. Ms
especficamente, los municipios ubicados en cercanas de las principales
vas de transporte terrestre y de los puertos sobre el ro Magdalena, como
Aguachica, La Gloria, Tamalameque y Gamarra con el fin de asegurar un
corredor de movilidad para el transporte de narcticos, ya mencionado
(Defensora del Pueblo, 2010a).
Aunque sus cabecillas an no se conocen con claridad, lo cierto es que
el control territorial que lograron establecer hacia finales del ao 2009,
luego de atraer a su seno a muchos grupos y redes criminales locales,
les permiti contener la avanzada de Los Urabeos en esta subregin y
disputar el control sobre las rutas de comercializacin de la coca e incluso
sobre territorios que estaban bajo su tutela.
Sntesis sobre el desarrollo del conflicto armado en el Cesar

Como lo hemos visto, la violencia y el conflicto armado no han afectado de
manera homognea el territorio del Cesar sino que han tendido a manifestarse de forma ms pronunciada alrededor de ciertas subregiones y, todava
ms, de ciertos municipios. Dimensiones territoriales que, no sobra decirlo,
cambiaron con el paso del tiempo. As, lo que empez siendo un conflicto
que se manifestaba con ms fuerza en el sur del Cesar, a principios de la
dcada de 1990 se desplaz hacia el norte del Departamento, como resultado de la avanzada guerrillera hacia las zonas ms integradas y la respuesta
paramilitar que sobrevino. Posteriormente, luego de la desmovilizacin de
los grupos paramilitares, el conflicto volvi a concentrarse en el sur del Departamento, particularmente en el municipio de Aguachica, en este caso
por las disputas entre grupos rearmados que se disputaban este territorio.
En el marco de estas transformaciones territoriales, el alcance geogrfico del conflicto ha sufrido algunas variaciones que, aunque no son muy
marcadas, revisten importancia en trminos de nivel de afectacin.
08/07/2014 11:02:22 p.m.
En cuanto al alcance geogrfico entendido como el nmero de municipios que registraron hechos de conflicto durante el periodo de anlisis, observamos que, si bien durante los dos primeros subperiodos tales
municipalidades sumaron 24, en el tercero la cifra se redujo a 19 y en el
cuarto a 18. Sin embargo, llama la atencin todava ms la disminucin
del total de hechos violentos sucedidos en los municipios en cada uno
de los subperiodos, pues se present un descenso importantsimo que,
no obstante, no denota la ausencia de grupos armados sino, antes bien,
puede significar un control territorial notable de los mismos.
En ese sentido, es aventurado afirmar que el departamento del Cesar
es un escenario que transita hacia el posconflicto, no solo porque desconoce una realidad evidente para muchos de sus pobladores (los paramilitares siguen ah) sino tambin porque no estimula el descubrimiento
de mecanismos que permitan implementar muchas de las polticas de
la agenda nacional sin que se traduzcan en nuevas formas de violencia,
sobre todo en un territorio donde se conjugan asuntos tan estratgicos
para el orden nacional como la minera, la reparacin de las vctimas y la
restitucin de tierras.
Conclusiones generales
Este captulo ofreci una explicacin histrica del trnsito de una sociedad regional prspera y pacfica a una sociedad violenta y en crisis en
el marco de su paulatino proceso de integracin poltica, econmica y
territorial a la nacin. Adems, esboz una interpretacin de los fenmenos temporales y territoriales de la confrontacin armada que en ella ha
tenido lugar en las ltimas dos dcadas.
En esta seccin de conclusiones merecen recogerse por lo menos tres
aspectos que dan cuenta de asuntos tericos de mayor envergadura y que
ayudan a comprender otro conjunto de casos regionales.
Modos de produccin e integracin territorial

El primer aspecto tiene que ver con las distintas vas que llevan a la integracin territorial de las sociedades agrarias regionales, de acuerdo con
los modos de produccin vigentes y el tipo particular de apropiacin de
los excedentes de capital. Las tres etapas que sealamos en la segunda
seccin de este captulo permiten observar los distintos momentos del
proceso de estructuracin de la sociedad regional y el tipo especial de
08/07/2014 11:02:22 p.m.
vnculos que sus lites polticas establecieron con la poltica y la economa

del orden nacional.
En el primer momento, que aqu denominamos de agricultura tradicional, el departamento del Cesar experiment un desarrollo importante
de la ganadera y el caf que, eventualmente, sent las bases para que se
consolidara una aristocracia agraria con buenos vnculos personales con
la poltica nacional y que, sin embargo, derivaba beneficios de una fuerza
centrfuga instalada en el orden econmico: la relaciones del contrabando
con el mercado venezolano, que garantizaron una acumulacin de capital
y una clara jerarquizacin de la sociedad. Es evidente que los procesos
de integracin poltica y econmica no necesariamente se acompasaron
en su dinmica de integracin, pero s se complementaron de manera
particular.
En el segundo momento, bajo la bonanza algodonera, esta sociedad
experiment un relevo pacfico de las elites polticas agrarias en un contexto donde la amenaza de reforma agraria incentiv el uso productivo
de la tierra y la expansin de la frontera agraria. As, la vigencia del modelo de desarrollo de industrializacin por sustitucin de importaciones
posicion en el nivel nacional a esta elite emergente y la convirti en un
aliado fundamental de la industria manufacturera antioquea. Adems,
la destacada participacin de los productores del Cesar a escala nacional
les brind una capacidad de chantaje importante dentro del mercado interno, que dur el tiempo durante el cual pudieron adelantar una accin
colectiva sostenida e influyente a travs de su agremiacin. As lograron
articularse procesos de orden econmico y poltico en el esfuerzo de proyeccin nacional de tales lites.
El tercero y ltimo momento muestra las dificultades que encara un
nuevo modelo de desarrollo de enclave donde la apropiacin de los excedentes de capital escapan a las elites agrarias locales, las cuales, en tal
contexto, actan estratgicamente con l nimo de depredar los recursos pblicos como parte de su esfuerzo por garantizar sus posiciones de
poder. Una situacin que, combinada con el escalamiento del conflicto
armado y la competencia electoral por abajo, dio origen a una violenta
disputa por el poder local que se reflej en un recambio de las aristocracias polticas, cuyos vnculos con la ilegalidad hicieron ms costosa su
intervencin nacional. La naturaleza turbia de los Gnecco y los Arajo
pronto se hizo pblica, toda vez que los conflictos entre las dos familias se
resolvieron mediante el recurso de la violencia y la apelacin a las instancias judiciales del mbito nacional.
08/07/2014 11:02:22 p.m.
En sntesis, los tres momentos muestran el dinmico proceso de integracin territorial de una sociedad regional segn las particularidades
de sus modos de produccin vigentes y las posibilidades que distintos
sectores sociales encuentran de apropiarse de los excedentes de capital
con el nimo de posicionarse mejor en un entorno poltico competitivo.
As, de un tipo de elite con buenos vnculos personales en el orden
nacional y muy bien posicionada por los procesos productivos que lideraba, se pas a un ltimo tipo de elite ms turbia, que vio disminuida
su capacidad de accin en el mbito nacional por su involucramiento en
prcticas de corrupcin e ilegalidad.
Estas dinmicas son consistentes con la necesidad de desligar de toda
pretensin teleolgica y lineal los procesos de integracin de las sociedades regionales al mbito nacional. Por el contrario, este fenmeno est
signado por la contingencia y sujeto a retrocesos que se definen de acuerdo con las diversas formas como interactan sus dimensiones poltica,
econmica y social.
Prosperidad y (no) violencia
El segundo aspecto del caso del Cesar que llama la atencin es que no
se corresponde con aquellas explicaciones que sostienen que una de las
vas hacia la violencia tiene que ver con una pauta de desarrollo acelerada en un contexto de precariedad institucional (Bejarano, Echanda,
Escobedo y Len, 1997: 105). En efecto, durante la bonanza algodonera
el Departamento experiment un crecimiento econmico vertiginoso, en
un momento en que su entorno institucional pareca no poder contener
las demandas de bienestar de una poblacin en continuo aumento.
Aunque trabajos como el de Fernando Bernal (2004) resuelven el
enigma esbozando la tesis de la naturaleza democrtica del cultivo algodonero, las cifras y la informacin cualitativa muestran una tendencia
distinta, que lleva a pensar que esta explicacin tiene una validez parcial.
Por un lado, observadas en el nivel subregional, las cifras indican que la
democratizacin de la tierra incentivada por la produccin del algodn
se sostiene nicamente para unos pocos municipios del sur del Departamento (no todos algodoneros, por cierto). Por el otro, la evidencia cualitativa apunta a que las relaciones laborales establecidas en el seno de esa
ocupacin no fueron estrictamente justas y armoniosas. Por el contrario,
los malos tratos parecen haber sido ms la regla que la excepcin (Snchez Baute, 2008: 170; Mrmora, Hernndez y Bermdez, 1976).
08/07/2014 11:02:22 p.m.
Ahora bien, por qu estos conflictos no escalaron al mismo nivel

que en otros lugares del pas y, finalmente, se expresaron con un rezago
temporal significativo en el marco de la irrupcin del conflicto armado
nacional?
En este captulo ofrecimos una explicacin ms compleja que la habitual y que contempla tres elementos. Primeramente, el carcter de
frontera agraria abierta del territorio del Cesar desde la dcada de 1950
hasta 1980 aplaz los conflictos por la tierra porque la posibilidad de
la migracin a nuevos espacios desincentiv la confrontacin con los
patronos.
El segundo factor explicativo tiene que ver con la naturaleza de
los agentes involucrados (patronos y cosecheros) y su necesidad
mutua, que, finalmente, desalentaron la confrontacin directa. Por un
lado, los patronos se configuraron como verdaderos emprendedores
agrarios que, ante el temor de ser afectados por la reforma agraria
(incorados), impulsaron un aprovechamiento productivo del suelo
orientado hacia el desarrollo de un cultivo que demandaba, temporalmente, una enorme fuerza laboral. Por el otro, el carcter migrante
de la mayora de los cosecheros, adems de representar un patrn de
relacin con la tierra distinto, impidi que se establecieran lazos de
cooperacin horizontal y, de ese modo, se pudiera estructurar una accin colectiva similar a la que se experiment en regiones de la Costa
Caribe donde la poblacin campesina logr constituirse efectivamente en una amenaza creble.
El tercer elemento explicativo que se esboz apuntaba a que el acelerado proceso de movilidad social que este cultivo despert en varias capas
de la sociedad regional, ms all de imprimir un descontento ante las
desigualdades que se prefiguraban, promovi un ambiente de tolerancia
frente a las mismas, toda vez que las expectativas de cambio eran compartidas incluso por los menos favorecidos (el consabido efecto tnel,
anotado por Hirschmany Rothchild [1973]). En consecuencia, las posibilidades que muchos de los nuevos pobladores que decidieron asentarse
encontraron en sectores distintos de los del mismo cultivo por ejemplo,
en el comercio o el sector pblico los llevaron a considerar su posicin
de subordinacin como un estado transitorio que, ms tarde que temprano, podra superarse.
Vistos en conjunto, estos tres factores muestran con claridad que, en
efecto, la relacin entre prosperidad y violencia, en primer trmino, no es
08/07/2014 11:02:22 p.m.
unidireccional, y, en segundo lugar, no se limita a un problema de instituciones, como suele asumirse. En la explicacin deben tenerse en cuenta,
adems, factores tan diversos como la lgica productiva del recurso que
impulsa la prosperidad, la naturaleza de los agentes involucrados y las
creencias de aquellos que, eventualmente, pueden o no motivar el escalamiento de los conflictos en contextos de creciente desigualdad.
La interaccin entre poltica e ilegalidad
El tercer aspecto a destacar tiene que ver con la estructura organizativa
que asumi el paramilitarismo y con su posicionamiento en la poltica departamental. De manera similar a lo ocurrido en otras regiones del pas,
en el territorio cesarense el paramilitarismo se expres de una manera
diferenciada, con la particularidad de que las caractersticas personales
de su principal lder, Jorge 40, y de sus mandos medios, permitieron consolidar una estructura de comando y control jerrquico que redujo las
expresiones de oportunismo dentro de sus filas y le asegur un margen
de maniobra mucho mayor frente a los polticos locales, sobre todo en
las subregiones central y nortea. En el sur del Cesar, por el contrario, la
situacin fue ms problemtica, toda vez que all se sobrepusieron distintos bloques paramilitares que se trenzaron en la disputa por el poder local
con aliados polticos en una y otra orilla.
La situacin es ilustrativa de las dificultades y variaciones de los acuerdos entre personajes polticos e ilegales, en el marco de lo que ha dado en
denominarse parapoltica. En este captulo sostuvimos que la ascendencia de Jorge 40 en la poltica local se explica no solo por el capital social
que sustentaba su liderazgo, sino tambin por la ausencia de experiencias
previas de las elites cesarenses en el manejo y administracin de la violencia, caracterstica que, finalmente, les impidi instrumentalizar al grupo
armado de manera discrecional, al contrario de lo que aconteci en otros
departamentos de la Costa Caribe.
A manera de contraste, ntese la deriva del paramilitarismo en el departamento de Sucre, donde el mismo, al contrario de lo que sucedi en el
Cesar, surgi como apndice de un conjunto de polticos locales que, ante
la incapacidad de llegar a un acuerdo, definieron una estructura de comando militar bipartita en la cual Diego Vecino (al servicio de la familia
Merlano) y Rodrigo Cadena (a rdenes de lvaro Garca) dividieron sus
lealtades en redes polticas que competan entre s. Bajo esta estructura,
los problemas de coordinacin dentro del grupo armado fueron eviden-
08/07/2014 11:02:22 p.m.
tes, conforme la ambicin poltica de los comandantes y mandos medios

aumentaba. En consecuencia, la intromisin de los actores armados en
la faena poltica y sus crecientes demandas burocrticas originaron un
creciente malestar dentro de la coalicin antisubversiva, toda vez que los
polticos que los promovan juzgaron este hecho como una amenaza para
el monopolio de la intermediacin poltica que haban logrado construir
durante tanto tiempo y que esperaban que el grupo armado les ayudara
a reproducir21. Como resultado, el paramilitarismo en Sucre implosion:
las delaciones y la disputa entre antiguos aliados no se hicieron esperar y
las exaltaciones del oportunismo fueron moneda corriente y dieron paso
a las retaliaciones violentas de rigor.
Este contraste llama la atencin sobre la necesidad de ponderar con
mayor cuidado el involucramiento de las elites polticas en el ejercicio
de la violencia, ejercicio que cierta literatura nacional asume como un
hecho dado en las regiones del pas y, sobre todo, en la Costa Caribe. En
este sentido, todava faltan estudios que con mayor detalle expliquen las
distintas formas como las elites subnacionales hacen uso de un recurso
como la violencia y de las capacidades que tienen para su administracin
y ejercicio, as como de las distintas maneras como ellas interactuaron
con el paramilitarismo. El contraste suscita una valoracin ms adecuada
de los emprendimientos paramilitares regionales, segn las caractersticas de sus principales lderes y mandos medios.
21
Las elecciones locales de 2003 fueron el escenario donde se hizo ms evidente la posicin
estratgica que haba adquirido el paramilitarismo. Poca gracia despertaron entre las elites
polticas del Departamento los intentos del lder paramilitar por capturar sus redes clientelistas y el trabajo poltico que su frente, por medio de Vecino, comenz a adelantar con las
que fueran sus bases sociales. En el primer caso, las cuotas burocrticas asignadas a Cadena
en las carteras de Educacin y Salud del Departamento, a cambio del apoyo electoral que le
brind a Jorge Anaya en su carrera hacia la Gobernacin, le otorgaron el poder necesario
para llegar a todos los lugares del Departamento con nombramientos de maestros, adjudicaciones de contratos y dems actividades propias de la administracin pblica. En el
segundo, la construccin de los denominados acumulados solidarios, definidos por Diego
Vecino como [la injerencia poltica] resultado de un trabajo a conciencia, con las bases, le
permiti al grupo armado ejercer control sobre todas las alcaldas y concejos de los municipios del Golfo de Morrosquillo, capturar sus rentas y definir los destinos de los presupuestos
locales. A travs de la creacin de cooperativas, como Coopsabana, Asosanjorge y Asosin,
los grupos paramilitares manejaron los contratos de los municipios de esta subregin, lo
que report ingentes recursos a la organizacin armada.
08/07/2014 11:02:23 p.m.
Acevedo, T. y Arias, A. (2010). Monografa del Departamento del Cesar.
Misin de Observacin Electoral, disponible en: http://moe.org.co/
home/doc/moe_mre/CD/PDF/cesar.pdf
vila, A. (2010). Injerencia en poltica de los grupos armados ilegales, en
Lpez, C. Y refundaron la patria. Bogot: Editorial Debate, pp. 79-213.
Baquero, A. (2003). Historia, cultura, geografa y economa de los sures,
en Universidad del Norte, Colombia y el Caribe. Barranquilla: Ediciones Uninorte. XIII Congreso de Colombianistas, pp. 110-119.
Bejarano, J., Echanda, C., Escobedo, R. y Len Querz, E. (1997). Colombia: inseguridad, violencia y desempeo econmico en las reas rurales.
Bogot: Universidad Externado de Colombia-Fonade.
Bernal, F. (2004). Crisis algodonera y violencia en el departamento del
Cesar. Bogot: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Pnud) y Ministerio de la Proteccin Social, disponible en: http://
www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50f
aa/cuadernoPNUDMPS2.pdf
Bonet, J. (1998). Las exportaciones de algodn en el Caribe colombiano.
Documento de trabajo sobre economa regional, nmero 3. Cartagena
de Indias: Banco de la Repblica, disponible en: http://www.banrep.
gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER03-Algodon.pdf
__________ (2007a). Minera y desarrollo econmico en el Departamento del
Cesar. Documento de trabajo sobre economa regional, nmero 85. Cartagena de Indias, Banco de la Repblica, disponible en: http://www.banrep.
gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-85.pdf
__________ (2007b). Regalas y finanzas pblicas en el departamento del Cesar.
Documento de trabajo sobre economa regional, nmero 92. Cartagena de
Indias, Banco de la Repblica, disponible en: http://www.banrep.gov.co/
documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-92.pdf
Caicedo, C. y Hernndez, G. (2010). Departamento del Cesar: del algodn
al carbn. Mimeo.
Caldern, W. (2010). Bonanza y crisis del algodn en el Cesar, 1950-2010.
Valledupar.
Castro, A. (1997). Episodios histricos del Cesar. Bogot: Editorial Plaza y Jans.
Castro, J. G. (1998). Crnicas de la plaza mayor. Bogot: Caragraphics.
Cinep (1998). Colombia, pas de regiones. Tomo I: Regin occidental-regin Caribe. Bogot, Cinep-Colciencias, pp. 171-199.
Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, Cnrr (2007). Disi-
08/07/2014 11:02:23 p.m.
dentes, rearmados y emergentes: Bandas criminales o tercera generacin paramilitar? disponible en: http://www.cnrr.org.co/new/interior_otros/informeDDR.pdf
Comisin Planificadora del Magdalena (1963). Plan de desarrollo econmico y social del departamento de Magdalena. Santa Marta: Escofet.
Departamento Nacional de Planeacin (2007). Las regalas en Colombia. Bogot, Departamento Nacional de Planeacin, Programa Presidencial de lucha
contra la corrupcin y Pnud, disponible en: http://www.colombiajoven.
gov.co/Es/documentacion/Documents/Desarrollo/Emprendimiento/TALLER%20CADES/Cartilla_las_regal%C3%ADas_en_colombia2008.pdf
__________ (2010). Evaluacin del desempeo integral de los municipios, 2009. Bogot, disponible en: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/
LinkClick.aspx?fileticket=1h73KBtC3zA%3d&tabid=387
Econometra (2010). Bases socioeconmicas para el desarrollo y la paz. Bogot. Mimeo.
Escalante, F. (1994). El significado poltico de la corrupcin, en Revista Poltica y Gobierno, vol. 1, No. 1, 1994. Mxico D. F.: Divisin de Estudios
Polticos del Centro de Investigacin y Docencia Econmica (Cide),
disponible en: http://www.politicaygobierNo.cide.edu/num_anteriores/
Vol_I_N1_1994/escalante.pdf
Gamarra, J. (2005). La economa del Cesar despus del algodn. Documento de trabajo sobre economa regional, nmero 59. Cartagena de
Indias, Banco de la Repblica, disponible en: http://www.banrep.gov.
co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-59.pdf
Gobernacin del Cesar (2009). El Cesar en cifras, 2007-2008, disponible en: http://planeacioncesar.gov.co/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=17&Itemid=40
__________ (2010). El Cesar en cifras, 2009, disponible en: http://planeacioncesar.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id
=17&Itemid=40
Gonzlez, F. (2006). Conflicto armado, movilizacin social y construccin
de regin en el Magdalena Medio, en Conflictos, poderes e identidades
en el Magdalena Medio, 1990-2001. Bogot, Cinep y Colciencias.
Gutirrez, F. y Barn, M. (2006). Estado, control territorial paramilitar y orden
poltico en Colombia, en Snchez, G. y Gutirrez, F. (Comp.). Nuestra guerra
sin nombre. Bogot: Instituto de Estudios Polticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Grupo Editorial Norma, pp. 267-311.
Gutirrez, O. (2011). Conflicto armado y violencia poltica en el Cesar,
1988-2010. Mimeo.
08/07/2014 11:02:23 p.m.
Helmsing, A.H.J. (1990). Cambio econmico y desarrollo regional. Bogot:

Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (Cider), Universidad de los Andes, Fondo Editorial Cerec.
Hirschman, A. y M. Rothschild (1973). The changing tolerance forincome
inequality development, en Quarterly Journal of Economics, vol. 87, N
4, Washington, D. C.: American Economic Association, November.
Legrand, C. (1988). Colonizacin y protesta en Colombia, 1850-1950. Bogot: Universidad Nacional de Colombia.
Lpez. A. (2011). Estimacin de conflictos de uso de la tierra por dinmicas de
cultivos de palma africana. Tesis de maestra en Medio Ambiente y Desarrollo, Bogot: Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1886/1/43254215.20101.pdf
Mapp-OEA (2007). Noveno informe trimestral del Secretario General al
Consejo Permanente sobre la misin de apoyo al proceso de paz en
Colombia, disponible en: http://www.mapp-oea.net/documentos/informes/IXinformeesp.pdf
Mrmora, L., Hernndez, H. y Bermdez, S. (1976). Migraciones en la cosecha de algodn. Proyecto Pnud-OIT. Bogot, Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
Medina, C. (2002). ELN: una historia de sus orgenes. Bogot: Rodrguez
Quito Editores.
Ministerio de Agricultura-Unidad Regional de Planificacin Agropecuaria (1984). Diagnstico agropecuario del Cesar. Valledupar.
Negrete, F., Morales, J. y Martnez, L. (2009). Buenas prcticas agrcolas para el cultivo de algodn. Corpoica, disponible en: http://www.
corpoica.org.co/sitioweb/Archivos/Publicaciones/algodonenCordoba.pdf
Pachn, M. y Snchez, F. (2013). The Interplay between Political Competition, Local Fiscal Capacity and the Provision of Education and
Water in Colombia, 1994-2009. Manuscrito indito.
Perdomo, J., Jaramillo, A. y Mendieta, J. (2010). Estimacin de la senda ptima
de extraccin para un recurso natural no renovable: caso de estudio para
la actividad carbonfera a cielo abierto en el centro del departamento del
Cesar, Colombia. Documentos Cede. Bogot: Universidad de los Andes,
disponible en: http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/Cede/Publicaciones/documentos_cede/2010/Estimacion_
de_la_senda_optima_de_extraccion_para_un_recurso_natural_no_renovable_caso_de_estudio_para_la_actividad_carbonifera_a_cielo_
abierto_en_el_centro_del_departamento_del_Cesar_Colombia
08/07/2014 11:02:23 p.m.
Proyecto Colombia Nunca Ms (s. f.). El sur del Cesar: entre la acumulacin de la tierra y el monocultivo de la palma. Informe Zona V, disponible en: http://movimientodevictimas.org/~nuncamas/images/
stories/zona5/SURDELCESAR.pdf
Quiroga, D. (2009). Violencia en el Caribe: antecedentes y acontecimientos recientes, en Gonzlez, F. (2009) Evolucin del conflicto armado colombiano en el espacio y el tiempo. Dinmicas territoriales de
los diferentes periodos de la violencia en Colombia. Informe parcial
Cinep para el Grupo de Memoria Histrica de la Comisin Nacional
de Reparacin y Reconciliacin-Cnrr. Mimeo.
Salazar, B. y Castillo, M.P. (2007). Alianzas y poltica: un juego entre
agentes civiles yarmados en: Lecturas de Economa, No.67,Universidad de Antioquia, Medelln, julio-diciembre, p. 71-98, disponible
en: http://conflictoaprendizaje.univalle.edu.co/Articulos/alianzas.pdf
Snchez, A. (2008). Lbranos del bien. Bogot: Alfaguara.
Snchez, F., Meja, C. y Herrera, F. (2004). Impacto de las regalas del carbn
en los municipios del Cesar, 1997-2003. Bogot: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), disponible en: http://www.
pnud.org.co/img_upload/33323133323161646164616461646164/
Presentacion%20e%20introduccion%20regalias%201.pdf
Snchez, H. (2008a). Historia del Cesar. Departamento sin Estado. Valledupar:
Fundacin Rafael Carrillo Luquez. Gobernacin del Cesar. Mimeo.
Santos, A. (2002). Haciendas, esclavos y economa. Valledupar entre
1810 y 1850, en Indgenas,poblamiento, poltica y cultura en el departamento del Cesar. Barranquilla: Ediciones Unicesar.
Tllez, R. (2000). Aguachica. Hibridacin cultural y configuracin regional
del sur del Cesar. Bucaramanga: Corporacin Compromiso.
Unidad Planeacin Minero Energtica (Upme) (2011). Boletn estadstico
de minas y energa, 1990-2010. Bogot: Unidad Planeacin Minero
Energtica (Upme) y Ministerio de Minas y Energa, disponible en:
http://www.upme.gov.co/Docs/Balance_Minero_Energetico_2010.pdf
Uribe, C. (2000). Geografa humana de Colombia. Nordeste indgena,
Tomo II. Banco de la Repblica, disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/sierra1.htm
Viloria, J. (1998). Caf en la Sierra Nevada de Santa Marta: aspectos histricos,
en Revista Historia Caribe, vol. 2, No. 3, Barranquilla: Universidad del Norte, p. 5-33, disponible en: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/BDC103.pdf
__________ (2005). Sierra Nevada de Santa Marta: economa de sus recursos naturales. Documento de trabajo sobre economa regional, No. 61.
08/07/2014 11:02:23 p.m.
Cartagena de Indias, Banco de la Repblica, disponible en: http://www.

banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-61-VE.pdf
Villareal, J. (2011). Clculo del indicador econmico government take para
el sector minero en Colombia. Bogot, Unidad Planeacin Minero
Energtica (Upme), disponible en: http://www.colombiapuntomedio.
com/Visualizar/tabid/79/ArticleId/191/Government-Take-sectorminero.aspx
Wagner, M. (2011). La huellas ambientales del oro blanco: la expansin
algodonera en el valle del ro Cesar (1950-1980). Tesis de Maestra de
Geografa, Bogot: Universidad de los Andes.
Zamosc, L. (1988). La cuestin agraria y el movimiento campesino en Colombia. Bogot-Ginebra, Cinep-Instituto de Investigaciones de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Social.
Zapata, B. (2006). Empresas comerciales del municipio de Valledupar
(1950- 1980), en Observatorio del Caribe Colombiano (2006). Becas
culturales en investigacin sociocultural en historia regional y/o local del
departamento del Cesar. Cartagena de Indias, Observatorio del Caribe
Colombiano y Gobernacin del Cesar, p. 99-178, disponible en: http://
www.ocaribe.org/cargar_imagen.php?id=50&tipo=14&thumbnail=F
ALSE
Informes oficiales
Defensora del Pueblo (2011). Segunda nota de seguimiento al Informe
de Riesgo No. 004-09, 21 de febrero de 2011.
__________ (2010a). Nota de seguimiento al Informe de seguimiento
001-10, 21 de enero de 2010.
__________ (2010b). Primera nota de seguimiento al Informe de riesgo
No. 004-09, 7 de febrero de 2010.
__________ (2009). Informe de riesgo No. 004-09, 6 de marzo de 2009.
__________ (2008). Informe de riesgo No. 005-008. 31 de marzo de 2008.
Vicepresidencia de la Repblica (2006a). Dinmica de la confrontacin
armada en la confluencia entre los Santanderes y el sur del Cesar. Observatorio de Derechos Humanos, disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/
Estu_Regionales/confluencia.pdf
__________ (2006b). Dinmica reciente de la confrontacin armada en la
Sierra Nevada de Santa Marta. Observatorio de Derechos Humanos,
disponible en: http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/sierra_nevada.pdf
08/07/2014 11:02:23 p.m.
Sentencias judiciales
Sentencia condenatoria lvaro Arajo Castro, disponible en: http://
www.verdadabierta.com/
Sentencia condenatoria Hernando Molina Arajo, disponible en: http://
www.verdadabierta.com/
Artculos periodsticos
Verdad Abierta (2010). De dnde salieron los paras en el Cesar, disponible en: http://www.verdadabierta.com/rearmados/2801-ide-dondesalieron-los-paras-en-cesar
Martnez, T. (2008). La red anticorrupcin de Jorge 40, en Revista Semana, 25 de agosto de 2008, disponible en: http://www.semana.com/
on-line/red-anticorrupcion-jorge-40/114842-3.aspx
Meja, E. (2007). La Jagua de Ibirico, un pueblo rico convertido en la tierra del olvido, en Revista Semana digital, disponible en: http://www.
semana.com/on-line/jagua-ibirico-pueblo-rico-convertido-tierradel-olvido/100995-3.aspx
Revista Semana (2006). Habla Jorge 40, 4 de marzo, disponible en:
http://www.semana.com/nacion/habla-jorge-40/93074-3.aspx
Vote Bien (2007). Las otras guerras del sur del Cesar, disponible en: http://
www.terra.com.co/elecciones_2007/multimedia/infos/Cesar/popup.html
Artculos de prensa
El Espectador, 30 de marzo 1997, p. 8A
El Tiempo, 18 de enero, 1994
El Tiempo, octubre 15, 1995, p. 5A
El Tiempo, marzo 29, 1998
El Tiempo, marzo 29, 1998, p. 14A
El Tiempo, octubre 10, 2001, p. 1-3
El Tiempo, 17 noviembre 2006: p.1-2
El Tiempo, 22 de enero, 2006
Vanguardia Liberal, 18 de agosto, p. 4F
08/07/2014 11:02:24 p.m.
Captulo 4
Conflictos, violencias y resistencias
en los Montes de Mara
Un anlisis de temporalidad extendida
Eduardo Porras Mendoza
Introduccin
Colombia arrastra una larga historia de violencia: a lo largo del siglo XIX
padeci ocho guerras civiles de carcter nacional, sin contar la guerra de
Independencia, las dos guerras internacionales contra el Ecuador y una
treintena de guerras civiles regionales de raigambre partidista (Tirado M.,
2001; Gonzlez G., 2006). Por si fuera poco, despedimos esa centuria y le
dimos la bienvenida al siglo XX en medio de la Guerra de los Mil Das y
sus ms de cien mil muertos, la ms cruenta que viviera nacin latinoamericana alguna durante ese perodo (Snchez, 2006). La primera mitad
del siglo XX colombiano estuvo caracterizada por una tensa calma en la
cual la violencia no dej de hacer marcada presencia, como en los casos
de la masacre de las Bananeras, en el Magdalena; la etapa conflictiva de
1930 en los Santanderes y Boyac, de fuerte impacto en Cundinamarca,
Antioquia y Caldas; la guerra contra el Per y los magnicidios de Rafael
Uribe Uribe y Jorge Elicer Gaitn, a ms de cuatro dcadas de distancia
entre ellos (Ortiz, 1995). La muerte de Gaitn, por lo dems, supone la fecha emblemtica de una poca de friccin entre liberales y conservadores
conocida, precisamente, con el nombre de la Violencia, con dos periodos
traumticos claramente definidos, 1948-1953 y 1954-1958, que legaron
a esta sociedad entre 200.000 y 300.000 muertos, ya al borde de la sexta
dcada del siglo XX1. Y cuando las elites creyeron que el pas se aprestara
1
Sobre el particular puede consultarse: Oquist (1978); Guzmn Campo, Fals Borda &
Umaa Luna (1988); Snchez y Meertens (2006); y Snchez y Pearanda (2007).
08/07/2014 11:02:24 p.m.
332 Eduardo Porras Mendoza
a un periodo de paz estable y duradera, tras los pactos de Sitges y Benidorm que inauguran el Frente Nacional en medio de la bipolaridad de la
Guerra Fra, la Revolucin Cubana lleg al poder (1959) y difumin por
toda Amrica Latina el sarampin de la revolucin comunista. El Frente
Nacional haba constitucionalizado en Colombia el bipartidismo, y aunque el Partido Comunista, ilegalizado de tiempo atrs por el gobierno,
haba recuperado su existencia oficial tras la cada del rgimen militar, en
1961 agita la bandera de la combinacin de todas las formas de lucha, lo
que deviene en la fundacin, en 1964, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tras la ejecucin de la llamada Operacin Marquetalia2. En ese momento acontece, a manera de mito fundacional, no
solo el nacimiento de las Farc sino tambin del actual conflicto armado
interno colombiano (Pizarro, 2011: 179). Un antecedente importante en
la conformacin de las Farc fueron las guerras de Sumapaz o de Villarrica
(Tolima), en los tramos 1948-1953, 1954-1957 y 1958-1965. En esa regin
se fund la Colonia Agrcola del Sumapaz, dirigida por Erasmo Valencia,
a la vez creador del Partido Agrario Nacional, aunque la colonia, en la
prctica, estuvo bajo el dominio del Frente Democrtico de Liberacin
Nacional impulsado por el Partido Comunista. Las fuertes confrontaciones entre las fuerzas militares y las guerrillas comunistas, integradas por
colonos armados, condujeron a la expansin de los frentes de colonizacin hacia el sur, en los hoy departamentos de Caquet y Guaviare, zonas
que desde entonces han constituido el nicho natural de las Farc.
En este orden de ideas, el decenio de los aos sesenta leg al pas una
guerrilla de primera generacin en la que, adems de las Farc, aparecen el
ELN y el EPL (Pizarro, 2011: 185), y, en las tres dcadas posteriores, nuevas generaciones guerrilleras como el M-19, ADO, Quintn Lame, MirPatria Libre, PRT, CRS, ERP, entre otras (Behar, 1986). Este cuadro de
2 No obstante lo anterior, vale la pena resaltar la advertencia que hace Eduardo Pizarro
(2011) en el sentido de que, si bien 1964 es tomado como el ao fundacional de las
Farc, no es menos cierto que se trata de un fenmeno con races anteriores incluso a
la Revolucin Cubana y de clara extraccin comunista y no derivado de la cooptacin
de antiguos guerrilleros liberales por el Partido Comunista despus de la Operacin
Marquetalia: La guerrilla colombiana tiene dos particularidades con respecto a las
guerrillas del resto de Amrica Latina: por una parte, la emergencia temprana de este
actor poltico con amplia antelacin a la revolucin cubana. Y, por otra parte, su carcter
crnico. Basta decir, para subrayar uno y otro aspecto, que Manuel Marulanda Vlez
ingres a las guerrillas comunistas en el ao de 1952 siete aos antes de la entrada
triunfal del Movimiento 26 de Julio a La Habana, y al Comit Central del Partido
Comunista de Colombia (PCC) en el ao de 1962. Dos aos antes del cerco militar a
Marquetalia y al nacimiento de las futuras Farc (p. 7).
08/07/2014 11:02:24 p.m.
Conflictos, violencias y resistencias en los Montes de Mara 333
actores armados ilegales asociados a un fenmeno de insurgencia crnica

vendra a ser completado en los aos 90 con un nuevo actor, ahora de corte contrainsurgente, como las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC3.
Esto aadira, no solo nuevas y mayores pinceladas sangrientas al paisaje
de la guerra colombiana sino asimismo un escenario de confrontacin
total que, al incluir a las Fuerzas Armadas estatales, dejara a la sociedad
en medio de un conflicto blico matizado por el narcotrfico. Por todo lo
anterior, parece asistirle razn a Gonzalo Snchez (2006) cuando asevera
que la guerra actual es una acumulacin de guerras: guerra de guerrillas,
guerra de narcos, guerra de paras (p. 47). Y guerra generalizada, pues
a finales de los aos 80 del siglo XX ella se fue expandiendo paulatina y
progresivamente a todos los rincones del territorio nacional4.
En el anlisis de las perspectivas historiogrficas que abordan la violencia en Colombia, Fernn Gonzlez (2006) ha identificado dos tradicionales lneas de lectura de este continuum que hemos esbozado grosso modo: a) una anecdtico-romntica y otra simplista-catastrofista. La
primera narra contiendas y batallas como fruto de pronunciamientos de
heroicos caudillos. La segunda propone una interpretacin que caracteriza a la sociedad colombiana dentro de una supuesta cultura poltica de
la violencia y la intolerancia. Ambos enfoques son equivocados, segn
Gonzlez. El primero por idealizar la heroicidad y plantear los conflictos solo en el seno de las elites nacionales, regionales y locales, desconociendo as la perspectiva de los grupos subalternos y su incidencia en
la historia nacional. Y el segundo por pretender estereotipar el conflicto
armado interno contemporneo y la actual sociedad colombiana dentro
de una historia de violencia que hunde sus races en las guerras civiles del
siglo XIX, con desconocimiento de ciertos periodos de nuestra historia
con evidente tendencia hacia al arreglo poltico y la convivencia pacfica.
Para Gonzlez, se hace necesario buscar una tercera va que interprete
de manera ms equilibrada la historia poltica colombiana y que, por lo
tanto, ponga el nfasis en los
() resultados de esas guerras en la consolidacin de redes locales y regionales
de poder y la construccin de imaginarios polticos como vehculos de identidad
nacional, regional y local. Lo mismo que (en) la manera como las guerras civiles
3 Sobre los orgenes y desarrollo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se
puede consultar: Pardo (2007); Romero (2003); y Duncan (2006).
4 Pearanda, Ricardo; y Guerrero, Javier (comp.), (1999). De las armas a la poltica.
Bogot: Iepri-Tercer Mundo.
08/07/2014 11:02:24 p.m.
comunicaron los diversos territorios y ayudaron a articular las redes regionales

y locales de poder en las dos grandes colectividades polticas, que dominaron la
vida nacional durante casi dos siglos (Gonzlez, 2006: 7-8).
Ms all de esta observacin, no puede dejarse de lado que la contienda armada interna del pas es el cuarto ms antiguo del mundo, solo
superado por tres contiendas asiticas: la disputa entre India y Paquistn
por la regin de Cachemira, que data de 1947; el conflicto entre Israel y
Palestina, surgido en 1949; y la guerra civil por la secesin de la regin de
Shan, en Birmania o Myanmar, que se desarrolla desde 1960 (Pizarro,
2004: 49). Por esta y otras razones, se ha caracterizado la guerra colombiana contempornea diciendo que () se trata de un conflicto armado
interno (inmerso en un potencial conflicto regional complejo), irregular,
prolongado, de races ideolgicas, de baja intensidad (o en trnsito hacia
un conflicto de intensidad media), en el cual las principales vctimas son
la poblacin civil y cuyo combustible principal son las drogas ilcitas (Pizarro, 2004: 80).
Este examen general del actual conflicto armado interno colombiano
reviste, entonces, ciertas particularidades en las diferentes regiones del
pas, entre ellas los Montes de Mara, la unidad de anlisis contextual que
se aborda en el presente captulo. Ahora bien, como espacio geogrfico,
los Montes de Mara tambin conocidos como Serrana de San Jacinto
son una prolongacin de la Serrana de San Jernimo (en la Cordillera
Occidental de los Andes), alcanzan una extensin aproximada de 6.317
Km2, ocupan 16 municipios del norte de los departamentos de Bolvar y
Sucre5, en la regin Caribe, y cuentan con cerros de hasta 810 m. s. n. m.,
aunque su altitud promedio se sita en el orden de los 400 metros. En
2013 su poblacin se estimaba en 353.591 personas (Dane, 2013), cuya
vocacin econmica tradicional es la agricultura y la ganadera de pequea escala (sector campesino), con amplios espacios dedicados a la ganadera extensiva, en poder de elites locales y regionales y que en los ltimos
aos se aade a cultivos comerciales de palma africana en Marialabaja y a
maderables en Crdoba y Zambrano (Incoder, 2012).
El presente texto aborda ese contexto a partir del proceso de formacin social operado en los Montes de Mara y su relacin con ciertos
5 Los municipios son: Crdoba, El Carmen, El Guamo, Marialabaja, San Jacinto, San
Juan Nepomuceno, Zambrano, en el departamento de Bolvar; y Chaln, Colos, Los
Palmitos, Morroa, Ovejas, San Antonio de Palmito, San Onofre, Sincelejo y Toluviejo,
en el departamento de Sucre.
08/07/2014 11:02:24 p.m.
conflictos sociales y violencias. Como se mostrar ms adelante, estos

conflictos han fluctuado entre tensiones de ndole cultural y socioracial durante la Conquista y la Colonia, mientras que en los tiempos
republicanos han revestido caractersticas de tipo socioeconmico, de
profundas connotaciones polticas y graves afectaciones a la poblacin
civil en especial a causa de factores como la tenencia y uso de la tierra. En este orden de ideas, hace un recorrido histrico por los ms
sobresalientes hitos regionales, para centrarse finalmente en la violencia
sociopoltica contempornea, articulando estos fenmenos con el ethos
o modo de ser montemariano, forjado al calor de las diversas experiencias regionales, entre ellas la de la violencia. El texto pone el acento en
un hecho cierto e irrefutable planteado por Pizarro, en el sentido de que
la dinmica de la violencia en Colombia se encuentra inmersa en un potencial y complejo conflicto regional, as como en el enfoque propuesto
por Fernn Gonzlez para abordar el estudio de la violencia desde una
perspectiva diferente, en aras de mostrar cmo la guerra ha incidido de
manera directa en la consolidacin de redes de poder locales y regionales y en la construccin de las imaginativas polticas que han nutrido la
identidad del territorio.
Conflictos, violencias y proceso de formacin social

Guerras, tribus, palenques y rochelas:
de la conquista a la repblica
En carta dirigida al rey de Espaa en 1533, el Adelantado Pedro de Heredia informaba de su llegada al poblado indgena de Calamar, hoy Cartagena de Indias, en compaa de ciento y cincuenta hombres de guerra
(Corrales, 1999: 31). La carta tambin daba cuenta de los avatares corridos en la conquista de lo que, con el paso del tiempo, se convertira en
territorio de la Provincia de Cartagena, y refera las peripecias que haban
soportado Heredia y sus soldados uno de los cuales fue muerto en las
guasbaras con los indios al pasar por las tierras de Zamba para avanzar
hasta la desembocadura del ro Grande en Bocas de Ceniza. () lo que
de la tierra hemos visto es la ms poblada y ms abundosa de comidas
que nunca en estas partes se ha visto () (Corrales, 1999: 33), aada la
misiva al rey. La tarea no fue nada fcil y el Adelantado mismo narra los
riesgos que enfrent en su travesa:
08/07/2014 11:02:25 p.m.
() mustrase la gente de esta tierra ser belicosa, y tener guerras unos con otros,
porque en este pueblo donde nosotros estamos, que es pueblo de calidad, y el
otro grande, los hallamos todos cercados, la mayor parte de ellos, de cabezas de
muertos puestas en palos. Lo que de ello hemos podido alcanzar, es que son de sus
enemigos (Corrales, 1999: 34).
Don Pedro describa un evidente contexto inamistoso entre los pueblos

nativos, aunque favorable a sus pretensiones, si se tiene en cuenta que en ro
revuelto, ganancia de pescadores, tal como lo revela al finalizar su misiva:
Si nosotros con tan poca gente pudimos andar lo que anduvimos, fue que en lo
que anduvimos se hallaron seis diferencias de lenguas, y no hay pueblo ninguno
que no tenga guerra con otro, que como los pueblos son grandes, tienen grandes
divisiones unos con otros, porque en allegando que llegamos a pueblo, luego nos
rogaban que les fusemos a ayudar, diciendo que tenan guerra con otros (Corrales, 1999: 36).
La susodicha carta registraba tambin el incendio de una poblacin

indgena y el ahorcamiento de algunos indios canbales en otra. Dejaba
al descubierto la supremaca militar de los espaoles, dada la intrincada
forma de organizacin social y los conflictos de orden interno que proliferaban entre los diferentes pueblos. Como lo analiza Friede (1965) la
inferioridad de las armas, unida a la peculiar estructura social, explica en
gran parte la sorprendente rapidez con que un puado de invasores pudo
aduearse de tan extensos territorios (p. 189).
Evidentemente, la violencia de los espaoles topaba con una violencia
indgena en tierras americanas quizs igualmente brutal en sus mtodos y
resultados, pero de naturaleza diferente: en medio del caos social y poltico prehispnico, exista cierto ordenamiento territorial que garantizaba a
cada pueblo el acceso y disfrute del territorio y sus recursos, en pos de su
subsistencia. Este ordenamiento sucumbe ante el despojo del territorio por
parte de los invasores. Lo que Pedro de Heredia nos est mostrando es un
mosaico de tribus en el litoral, organizadas en behetras o poblacin sin
seor estable, de linaje mocan, coronado y malib (Friede, 1965: 139).
Este esquema de organizacin social y poltica no solo se extenda por
la costa, sino que exista tambin en los territorios mediterrneos, especialmente hacia el suroriente de Cartagena y en la zona sur del actual canal del Dique integrado a la gran cinaga de Matuna, lo mismo que en
las faldas o piedemonte de la llamada por los espaoles Serrana de Mara,
08/07/2014 11:02:25 p.m.
en donde hacan lmites los territorios de los pueblos mocan y malib

con el pueblo zen. En tal sentido, la geografa de la Serrana o montaa
de Mara como por entonces tambin la denominaban los espaoles
estuvo dominada por la etnia zen, segn se desprende de los hallazgos
de oro hechos en el municipio de Colos, Sucre (Falchetti, 1995: 241).
Ms all de lo anterior, durante los aos de la conquista espaola los
conflictos ms cruentos en la regin de la Serrana de Mara iban por
cuenta del cimarronaje. El propio Adelantado Pedro de Heredia fue el
primero en introducir esclavos africanos a los territorios de la provincia
de Cartagena para asegurar la mano de obra necesaria para el saqueo de
las sepolturas del zin. Desde entonces se da inicio a las migraciones
de africanos cimarrones hacia las cinagas y montaas de Mara, donde
fundaran sus palenques o zonas autnomas de poder negro, como queda
claro en carta de 1540 (apenas siete aos despus de la fundacin de Cartagena), suscrita por fray Garca, cardenal de Espaa, como autorizacin
al gobernador de la provincia para perdonar a los negros huidos e alzados, segn se escriba con la librrima ortografa de la poca:
Nos somos ynformados que en esa provincia andan muchos negros huydos e alzados por los montes haziendo muchos daos a los yndios naturales della lo cual
diz que no se ha podido ni se puede remediar sino es perdonando a los dichos
negros lo pasado porque perdonando vernyan de paz y en servidumbre de sus
amos e que a no perdonarse cada da haran mayores daos e agrabios a los dichos indios [] hagis pregonar en esa provincia que los negros que anduviesen
alzados en ella se buelvan a servir a sus dueos que bolviendo se les perdonar
qualquier cosa que hasta entonces hayan hecho y hecho dicho pregn los negros
que de su voluntad vinyeren a servir a sus amos no procedis contra ellos ca nos
por la presente les perdonamos cualquier culpa y pena en que ayan yncurrido ansi
por se aver alzado como por los daos que a los dichos yndios han hecho y les
remitimos nuestra justicia (Arrzola, 1970: 12).
El anterior texto pone en despejado varios aspectos importantes: un

delicado problema de orden pblico que dejaba mal parada a la autoridad
colonial; una preocupante afectacin econmica a los dueos de esclavos,
pues en 1536 () un negro costaba 500 pesos en Urab, y en Cartagena
300 y 400 pesos () (Del Castillo, 1994: 44); el impacto lesivo directo sobre la poblacin indgena, que estaba padeciendo fuertes daos e
agrabios por parte de los cimarrones; y, finalmente, el ofrecimiento de
amnista e indulto para estos ltimos, situacin que hoy podramos entender como una de las primeras experiencias de concesiones jurdicas
08/07/2014 11:02:25 p.m.
ofrecidas a insurrectos en nuestro territorio, dentro del esquema de perdn y olvido6. As, a ms de las guerras de pueblos indgenas entre s y de
las hostilidades entre stos y los invasores espaoles, habra que agregar
la beligerancia con los africanos sublevados, segn la constancia histrica
del cardenal espaol.
Varias fueron las rutas y zonas preferidas por los cimarrones para evadir a las autoridades coloniales. Palenques hubo en las selvas y valles de
los ros Sin y San Jorge, en los territorios del ro de la Hacha, en la regin
aurfera de Simit y Zaragoza, as como en inmediaciones de Cartagena,
hacia el norte, en la Serrana de Pioj y la Cinaga de Luruaco. No obstante, el rea geogrfica que ofreca mayores ventajas estratgicas para la
localizacin de los palenques fue la de arcabucos, cinagas y montaas de
Mara, al sureste de Cartagena, dada no solo la facilidad para la obtencin
de alimentos, sino tambin las condiciones topogrficas que dificultaban
el acceso de las tropas espaolas a los territorios cimarrones. Por si fuera poco, la cercana con Cartagena significaba oportunidades de libertad para otros esclavos que emprendieran la huida, aspecto que adems
contribua a mejorar el pie de fuerza de los africanos insurrectos. No en
vano los ms importantes palenques de entonces fueron fundados en los
Montes de Mara.
Los palenques no seran solamente enclaves de tipo militar, sino tambin social y cultural. En ellos se combinaban caractersticas africanas,
indgenas y europeas, ya que se ha documentado la existencia de circuitos
sociales y comerciales entre palenques, poblados indgenas y ciudades y
villas espaolas (Borrego Pla, 1994; Vidal, 2002). En trminos polticos,
los palenques () se regan por un jefe al que llamaban rey o virrey,
aunque el negro brujo del respectivo palenque llegaba a adquirir una gran
influencia sobre todo el conjunto () (Borrego Pla, 1994: 103), y las relaciones de poder eran ms formales y estables que en los conglomerados
o behetras indgenas.
Como lo demuestra Arrzola, la guerra contra los africanos soblevados fue una constante durante los tres siglos de coloniaje instaurado por
los espaoles. Si bien en la carta de fray Garca queda en evidencia la
situacin de 1540, el punto ms crtico de esta guerra de los cien aos,
6 Por la misma poca, sin embargo, se desplegaba en el sur del Nuevo Reino de Granada,
en la provincia de Popayn, la insurreccin de La Gaitana, la cacica de Timan, cuyo
nombre originario era Guatipn, en contra de los horrores del conquistador Pedro de
Aazco, lugarteniente de Sebastin de Belalczar.
08/07/2014 11:02:25 p.m.
como la llamara el mismo Arrzola (1970), comienza a partir de 1599

con la aparicin en escena de uno de esos reyes cimarrones, Benkos Bioh,
tambin conocido como Domingo Bioh, Rey de Matuna, lder de la insurreccin cimarrona de principios del siglo XVII7. Es este rey de Matuna
o del Arcabuco quien traslada la guerra (y el poblamiento cimarrn) a
las montaas y faldas de Mara, al escoger esta rea como refugio ideal
y teatro de operaciones para las acciones blicas de los negros huydos e
alzados, a la par que apuraba el poblamiento de estos territorios con un
grupo humano muy diferente al de sus ancestrales moradores.
De acuerdo con los documentos hallados por Arrzola, la preocupacin de la burocracia espaola iba ms all de las expresiones de violencia y prdidas econmicas de los propietarios de esclavos y estancias. Lo
cierto es que, a mayor introduccin de esclavos a la provincia de Cartagena, correspondi la presencia de mayor nmero de cimarrones en sus
vastos territorios. La preocupacin ms importante la deja por escrito el
gobernador Gernimo de Suazo y Casasola, quien en 1603 escribe al rey
de Espaa para hablarle, en referencia a los negros cimarrones, de los
() disignios que tenian y de la rrepublica que yvan formando con su
thesorero contador y theniente de la guerra y alguazil mayor capitan y
otros oficios () (Arrzola, 1970: 41-42), de donde se desprende el nivel
de organizacin poltico, militar y econmico de los sublevados y sus pre7
El nombre Domingo era, por supuesto, la denominacin cristiana de quien los africanos
llamaban Benkos. Respecto del apellido, se encuentran varias grafas a lo largo de los
documentos coloniales, tales como Bioh, Bih o Biho, Bijo o Bioo, aunque Arrzola
plantea que la escritura correcta era Biho. De este guerrero africano, lder de los
africanos insurrectos en la provincia de Cartagena durante las dos primeras dcadas
del siglo XVII, se presume que era de Guinea, pues de all provena la mayora de los
esclavos trados a Cartagena. En 1603, el gobernador Gernimo de Suazo y Casasola
escribe al rey dicindole que llevaba cuatro aos huido de las galeras donde era
forzado. Es el lder emblemtico del cimarronaje de aquellos aos, con tal xito, que no
solo logra organizar de manera impecable a los ejrcitos rebeldes, sino que en el ao de
1605 logra un acuerdo o tratado de paz con el gobernador de Suazo y Casasola. Entre
las concesiones que obtuvo Bioh est el reconocimiento de la autonoma polticoadministrativa del palenque de Matuna (localizado en territorios de los actuales
municipios de Marialabaja (Bolvar) y San Onofre (Sucre), y de l como suprema
autoridad del mismo, la prohibicin de entrada al palenque de autoridades espaolas
armadas y de que no vivieran blancos entre ellos, y el permiso para que l no solo se
vistiera a la usanza espaola sino tambin para portar armas, lo cual estaba prohibido
por una cdula real, todo ello a cambio de que no recibieran en el palenque a ningn
negro adicional a los censados o que nacieran en dicho territorio. Este periodo de paz se
extiende por quince aos, hasta cuando el entonces gobernador de la provincia, Garca
Girn, impide la entrada de Benkos a la ciudad de Cartagena y, tras la reaccin armada
de ste y su guardia africana, es capturado, procesado sumariamente y ajusticiado en la
horca el 16 de marzo de 1621 (Arrzola, 1970).,
08/07/2014 11:02:25 p.m.
tensiones, las cuales, ms que libertarias, fueron autnticamente emancipatorias, comoquiera que ellos dominaban territorios que iban desde las
minas de Zaragoza, en el Bajo Cauca, hasta la provincia de Panam.
Resulta interesante saber que durante la Colonia, en especial entre
1540 y 1713, las autoridades espaolas siguieron ofreciendo sin xito
real indultos a los negros cimarrones que accedieran a ingresar a lo que
en la actualidad se denomina un proceso de desarme, desmovilizacin y
reintegracin a la vida civil. Los indultos concedidos a los esclavos escapados constan en infinidad de documentos coloniales y aumentaron a medida que creci el nmero de palenques establecidos en los territorios de
las montaas o Serrana de Mara8. El broche de oro de este largo proceso
libertario/emancipatorio sera la constitucin y reconocimiento del palenque de San Basilio, en el partido de Mahates (1713), como resultado de
una larga guerra que concluy en un autntico proceso de negociaciones
entre las autoridades espaolas, encabezadas por el gobernador Sancho
Ximeno, y el lder de los insurrectos, Domingo Criollo, que concluy en
la firma de un tratado de paz. Fue la culminacin de poco ms de un siglo
de encuentros y desencuentros, entre guerras y aspiraciones de paz, como
da cuenta Arrzola en la recta final de su obra. La regin de los Montes de
Mara, sin embargo, seguira siendo un territorio de frontera y de conflictos por mucho tiempo ms.
Las anteriores circunstancias dan cuenta de cmo se fue construyendo
en los Montes de Mara un complejo y variopinto poblamiento, determinado por la presencia e interaccin de elementos humanos de origen
amerindio, africano y europeo, que, a su vez, propici un ethos intercultural, no solo por los diferentes orgenes tnicos de sus protagonistas sino
tambin por el largo proceso de convivencia y mestizaje que se present
en el territorio y que condujo a la conformacin de grupos humanos y
espacios vitales marginales, por fuera del control de las autoridades civiles, militares y religiosas de la poca, designadas desde entonces con el
nombre de rochelas.
En 1774, el capitn de milicias Antonio de la Torre y Miranda, por
encargo del gobernador Juan de Torrezar Daz Pimienta, emprendi la
misin de () reducir en poblaciones formales las infinitas almas que
vivan dispersas en la provincia internadas en los montes, faltas de reli8 Durante este periodo los palenques ms importantes de las cinagas y montaas de
Mara fueron los de Matuna, Matuder, Tabacal y San Miguel. Posteriormente se
constituye el de San Basilio, cuya existencia se prolonga hasta nuestros das.
08/07/2014 11:02:26 p.m.
gin, polica y racionalidad, siendo perjudiciales al Estado (Moreno de

ngel, 1993: 24). De la Torre, en consecuencia, combin durante su labor
el ejercicio militar con el adoctrinamiento religioso. O, lo que es lo mismo: el control social lo asumi, tanto con las armas como con la fe. Su
mayor reto era evitar que las gentes que habitaban los rsticos territorios
de la provincia no vivieran arrocheladas, esto es, sin seguir las costumbres y dictados morales de la Iglesia catlica, pues por la falta de religin,
como lo rescata Pilar Moreno de ngel (1993) () eran infinitos los
hombres y mugeres de desarreglada conciencia (), lo cual derivaba en
una () mezcla tan desconcertada y brutal entre los dos sexos (p.25). Y,
como el aislamiento de estas poblaciones dificultaba el control de las autoridades civiles y eclesisticas coloniales sobre la poblacin, de la Torre y
Miranda tom la temeraria resolucin, que por tal se tuvo entonces, de
abrir el nuevo camino que atraviesa la montaa de Mara por espacio de
ms de treinta leguas (Moreno de ngel, 1993: 28). As, la base social que
el congregador de pueblos describe a su llegada a los Montes de Mara est
caracterizada y compuesta por
() los habitadores de la misma provincia, descendientes de los desertores de
tropa y marinera, de los muchos polizones, que sin licencia ni acomodo pasaron aquellos dominios, de los negros, esclavos y esclavas cimarronas profugas
de sus amos y de otros que habiendo hecho algunas muertes cometido otros
delitos, buscaron abrigo de sus exsos en las dispersiones para libertarse, unos
del castigo y otros de la servidumbre, habiendo entre ellos muchos Indios Indias, que mezclados con mestizas, negras y mulatas, propagaron una infinidad
de castas difciles de averiguar, las que habiendose exparcido en lo ms fragoso y
oculto de los montes y cienagas, en reducidas rancherias, no atendieron cuidar
de sus adelantamientos, ni cubrir sus cuerpos, contribuyendo a esto lo ardiente
de aquel temperamento [clima], y asi vivian con el mayor abandono, desidia y
poltronera, entregados la embriaguez y otros vicios, propios de una vida libre
(Moreno de ngel, 1993: 16).
Ms adelante de la Torre y Miranda relata los mtodos de labranza y

faenas agrarias ejercidos por ese gnero humano all asentado, de cara al
desarrollo de la agricultura en aquellos parages, especialmente despus
de sus labores de ordenamiento:

Estas las hacen derribando la porcin de montes que necesitan, y quemando despus aquellas maderas, en el primer aguacero hacen sus siembras, repitiendolo
tres veces al ao, con varios frutos, como son platanos, maz, arroz, frixoles, ua-
08/07/2014 11:02:26 p.m.
mes, calabaza, ame, yuca, patillas, melones, papayas, caa dulce y toda especie
de hortalizas, que antes pocas conocian ni usaban, adelantando mucho las cras
de ganado de asta, cerda y caballar, en que se reconoci muy en breve los efectos
de la Sociedad y sus ventajas, habiendo conseguido en imponerlos a la Doctrina
Christiana, y en los actos de religion, que los ms ignoraban (encontrando varios
adultos que carecan del Sacramento del Bautismo) y en que reconociesen como
reconocen el verdadero dominio y vasallage S. M. (Moreno de ngel, 1993: 16).
As fue como de la Torre y Miranda abri el camino de las Montaas

de Mara de sur a norte, en su tercera salida o expedicin, emprendida en
17769. En ella fund las poblaciones de San Francisco de Ass (Ovejas, en
la actualidad), el 2 de junio; Nuestra Seora del Carmen (hoy El Carmen
de Bolvar), el 6 de agosto; San Jacinto, el 8 de agosto; San Juan Nepomuceno, el 10 de agosto, y San Cayetano, el 13 de agosto, a las cuales conect
con el ro Magdalena mediante otro camino que abri en esa direccin.
Su misin consisti en congregar en dichos sitios a una poblacin dispersa que habitaba aisladas y librrimas rochelas.
En este estado de cosas se encontraba la regin cuando empezaron a
sonar las campanas de la libertad definitiva del imperio espaol, luego de
la invasin de Napolen a Espaa. El 11 de noviembre de 1811 Cartagena
declara su independencia de la Corona y un ao ms tarde aprobaba su
constitucin liberal, mientras que Santa Marta se converta en refugio de
los realistas y serva como base para organizar la recuperacin de la Provincia de Cartagena, a partir de 1812. La idea inicial consisti en penetrar,
a travs del ro Magdalena, por el centro de los territorios provinciales
hasta las llamadas sabanas de Corozal, un poblado que desde los tiempos
de Antonio de la Torre y Miranda se haba erigido como capital del partido de los Montes de Mara. En Santa Marta encomendaron esta misin a
Antonio Fernndez Rebustillo, quien, con la ayuda de los curas realistas
de las sabanas, logr someter a los poblados sabaneros, aunque a la postre
result derrotado por Corts Campomanes, responsable de la defensa de
dichos territorios (Tmara, 1997: 191).
De esa manera empezaran los aos de la primera repblica colombiana, etapa que concluira en 1815 con la llegada al Caribe colombiano
del pacificador Pablo Morillo para dar inicio a la guerra de reconquista
espaola. Pero mientras Morillo avanzaba hacia la Nueva Granada, los
9 En la actualidad, el camino de las Montaas de Mara est incorporado a la Carretera
Troncal de Occidente y corresponde al tramo de 170 kilmetros que une a las ciudades
de Sincelejo y Cartagena.
08/07/2014 11:02:26 p.m.
prceres de la independencia se batan desde un ao antes en una guerra

sin cuartel por la supremaca poltica, lo que se tradujo en la aparicin de
dos facciones o partidos en el Estado Soberano de Cartagena. Esta disputa entre patriotas no solo se vivi en la capital sino que se traslad a sus
extramuros, entre ellos la regin de los Montes de Mara y zonas aledaas,
donde a principios de 1815 se presentaron cruentos enfrentamientos en
las localidades de Arjona, Tol, San Juan Nepomuceno, Marialabaja, El
Carmen y Ovejas (Tmara, 1997).
A su llegada, Morillo entreg el bloqueo por mar y tierra de la ciudad de Cartagena al sanguinario caudillo espaol Jos Toms Morales,
mientras la recuperacin en el centro y el sur estuvo a cargo del brigadier
Pedro Ruiz de Porras. Entre el 18 y el 26 de agosto de 1815, Cartagena
qued bloqueada por los cuatro puntos cardinales y luego de tres meses
de sitio la ciudad sucumbi finalmente al acoso de las tropas realistas.
Tras la reconquista espaola, la independencia del pas y de la regin Caribe comenz de manera definitiva en 1819 y finaliz en 1821 con la liberacin de Cartagena. Bolvar encomend las operaciones libertadoras al
general venezolano Mariano Montilla, quien entreg al joven oficial Jos
Mara Crdoba la responsabilidad de emancipar las sabanas de Corozal,
capital del partido de Mara, misin que termin exitosamente el 28 de
junio de 1820 (Tmara, 1997: 184).
Pero la violencia no acabara ah. Como ya se dijo, a lo largo del siglo
XIX el pas hubo de soportar muchas guerras civiles de carcter nacional
y regional. Entre las de mayor impacto en la regin Caribe estuvo la llamada Guerra de los Supremos (1839-1841)10. Aunque en el Caribe colombiano el principal escenario de confrontacin fue la ribera del ro Magdalena a la altura de la Depresin Momposina, la regin de los Montes de
Mara tambin sirvi como teatro de combate entre las facciones en contienda, puntualmente las poblaciones de Ovejas y El Carmen (Sourdis,
1994; Tmara, 1997). En el curso de las guerras de 1875, 1885 y de Los
Mil Das (1898-1901), los combatientes de la Costa se caracterizaron por
su espritu tmido, casi alrgico frente a las armas y la violencia, de lo cual
se quejaban en 1885 dos generales del interior del pas, Focin Soto y
Ricardo Gaitn Obeso. Tal situacin persistira en el Caribe colombiano
por mucho tiempo, pues hacia 1917 el gobernador del Atlntico, Abel
10 Esta guerra se origin so pretexto de defender la religin atropellada por una ley de
1821, cuya ejecucin haba sido aplazada y ordenaba suprimir los conventos con menos
de ocho religiosos, a efectos de destinar estos edificios a la educacin pblica.
08/07/2014 11:02:26 p.m.
Carbonell, daba cuenta al gobierno nacional de las dificultades que afrontaba para cumplir con las cuotas de reclutamiento para el servicio militar
(Posada Carb, 1994: 272-273).
Introduccin y apogeo del cultivo de tabaco:

nuevas realidades y conflictos
Una vez superados los tiempos de guerra regional vividos durante la segunda mitad del siglo XIX, conviene resaltar que el desenvolvimiento
econmico de la regin montemariana haba sufrido cambios drsticos.
De servir apenas como puente entre las despensas de las sabanas y Cartagena, o como refugio libertario natural de las poblaciones ms pobres de
la provincia, pas a ser un espacio productivo de gran significacin regional y nacional gracias a la introduccin del cultivo del tabaco, que durante
la segunda mitad del siglo XIX fue el principal producto de exportacin
nacional. Se trat de un logro de la mayor importancia, pues si algo caracteriz a la Nueva Granada en general, y a la provincia de Cartagena
en particular, fue el hecho de que, durante la Colonia, ellas no lograron
convertirse en territorios exportadores, sino importadores.
No en vano en 1810 Jos Ignacio de Pombo, prior del Consulado de
Comercio de Cartagena, sealaba la necesidad de crear condiciones institucionales, sociales y de infraestructura requeridas para asumir el comercio con todas las de la ley, cuando escriba que Recibimos de otras partes,
y es vergonzoso el decirlo, la azcar, el cacao y el tabaco que consumimos,
que nos llevan sumas inmensas todos los aos, quando podamos proveer
de dichos frutos a una parte considerable de la tierra si los cultivsemos,
y atraernos por ellos grandes riquezas por el comercio11.
De las sugeridas por Pombo durante la Colonia, una de las reformas
institucionales necesarias, ya en la Repblica, sera la eliminacin del monopolio del tabaco. Como lo recuerda Posada Carb (1998),
En 1839, Juan Jos Nieto sealaba que, de abolirse el monopolio del tabaco, El
Carmen de Bolvar sera una de las poblaciones ms beneficiadas. En 1857, cuando aparentemente las ventas de tabaco de Ambalema, en el Tolima, alcanzaron en
Bremen su punto ms alto, las exportaciones de tabaco proveniente del Carmen
11 De Pombo, Jos Ignacio. Informe del Real Consulado de Cartagena de Indias a la
Suprema Junta Provincial de la misma, disponible en: http://www.banrepcultural.org/
blaavirtual/historia/esc2ecoco/escri3a.htm.
08/07/2014 11:02:26 p.m.
eran apenas una quinta parte del comercio nacional. Conocido como tabaco del
Carmen, por el nombre del principal distrito donde se produca, este tabaco se
cultivaba extensamente en varias reas de la costa atlntica. Para 1862, las exportaciones del Carmen igualaban casi las de Ambalema; y en 1863 el tabaco del
Carmen lider las exportaciones colombianas de este producto () Adems del
Carmen, la produccin de tabaco en Bolvar tambin era importante en Sincelejo,
Colos, Corozal, Turbaco y San Estanislao. En 1888 Bolvar produca ms tabaco
que el resto del pas (p. 87).
No obstante, desde 1832 el monopolio del tabaco se vena desmontando de forma paulatina, principalmente mediante el arriendo de las factoras del Estado a inversionistas particulares (Viloria, 1999: 16). El desmonte final solo ocurri como consecuencia de una ley del 23 de mayo
de 1848, que lo oficializ a partir del 1 de enero de 1850 (Fals Borda,
1986: 91). En lo que tiene que ver con los Montes de Mara, la factora
regional de El Carmen se instal en 1848, cuando empez a ampliarse
la produccin de manera gradual, de forma tal, que entre 1865 y 1875 la
produccin de la zona de El Carmen de Bolvar represent en promedio
el 38% de la produccin nacional, solo superada por las vegas de Palmira,
en el Valle del Cauca, segn refiere Viloria de la Hoz (1999: 17).
Adicionalmente, a la eliminacin del monopolio de tabaco se sumara en 1851 una reforma institucional trascendental y revolucionaria, la
abolicin de la esclavitud, que hinchara an ms el espritu liberal de la
regin, independientemente de que esta determinacin respondiera ms
a propsitos econmicos y polticos que a razones de tipo moral (Tirado,
1988: 142).
Como resalta Posada, hablar del tabaco del Carmen era referirse al
tabaco proveniente de varias localidades de los Montes de Mara. En 1893
los principales municipios productores de la hoja en el departamento de
Bolvar eran El Carmen, Ovejas del que hacan parte los actuales municipios de Chaln y Colos, San Juan Nepomuceno, Morroa, Corozal
que por entonces inclua a los actuales municipios de Los Palmitos y
Betulia, Crdoba (entonces llamado Tetn) y los municipios de Sinc y
Sampus, localizados, ya no en los Montes de Mara, sino en las sabanas
del actual departamento de Sucre, con la menor participacin entre los
grandes productores de tabaco (Viloria, 1999: 33).
Ms all de algunos altibajos, en el curso de la segunda mitad del siglo XIX este cultivo fue determinante para el poblamiento y el desarrollo
social y econmico de los Montes de Mara. Ante todo, posibilit que
08/07/2014 11:02:27 p.m.
la regin se especializara en un cultivo especfico, creara circuitos comerciales con poblaciones del ro (Zambrano, Magangu) y del litoral
Caribe (Cartagena, Barranquilla), creara una poblacin con poder adquisitivo, estabilizara los ritmos econmicos, incrementara el recaudo de
impuestos, incentivara la inversin social y la apertura de caminos entre
las zonas productoras y comercializadoras (aunque ellas no recibieron
mantenimiento en ptimas condiciones, como lo habran esperado cultivadores y comercializadores), atrajera la inversin extranjera y, aunque el
campesino prcticamente trabajaba al debe, posibilitara un aumento de la
poblacin del territorio, dada la atraccin que ejerca sobre la poblacin
pobre de la costa y el interior del pas. Tanto, que en veinte aos, entre
1850 y 1870, El Carmen y Magangu principal puerto fluvial sobre el
Magdalena para la conexin de las zonas de produccin con el puerto de
Barranquilla duplicaron sus habitantes (Posada, 1998: 91).
Con todo, los conflictos polticos, rebeliones y guerras civiles regionales y nacionales del siglo XIX, en lo que hace a la regin de los Montes de Mara, estuvieron ligados a las dinmicas socioeconmicas del
cultivo y el mercadeo del tabaco. En el ao de 1875, la Costa Caribe,
como bloque poltico, cerr filas a favor de la candidatura presidencial
del cartagenero Rafael Nez, quien entre sus propuestas de campaa
tena la construccin de un ferrocarril y una carretera entre El Carmen
y Zambrano. Aunque toda la regin respald a Nez, ste fue derrotado por el santandereano Aquileo Parra, razn por la cual las represalias
consistieron en el decomiso de tabaco de exportacin en las riberas del
ro Magdalena. Episodios similares estn documentados tambin en las
guerras de 1887 y 1895, muy a pesar de que Los comerciantes argumentaban que al no ser el tabaco artculo de guerra, su expropiacin no
estaba amparada por las leyes del pas (Viloria, 1999: 10-11). Sin embargo, con un mercado externo e interno garantizado, la dinmica del
tabaco no mengu, ni siquiera mediante la violencia: durante la Guerra
de los Mil Das, el tabaco fue el nico cultivo que logr sostenerse,
segn Pedro E. Franco, un combatiente que haba pasado unos pocos
das en el distrito productor de Ovejas, segn registra Posada Carb
(1998: 90).
A finales del siglo XIX la regin de los Montes de Mara, con El Carmen a la cabeza, fue la nica zona tabacalera del pas que logr mantener
niveles significativos de exportacin, en razn de su privilegiada posicin
geogrfica, lo cual benefici el despegue econmico de ciudades como
Barranquilla, principal puerto de exportacin, y Sincelejo, que provea
08/07/2014 11:02:27 p.m.
los cueros de res empleados en el empaque de la hoja en zurrones; situacin que mantuvo igual dinamismo hasta 1914, cuando estall la Primera
Guerra Mundial y se cerr el comercio internacional, especialmente en
los mercados alemanes. El auge del cultivo del tabaco permanecera, con
algunos altibajos, hasta finales de los aos 30 del siglo XX, segn agrega
Posada (1998).
Esta poca de bonanza trajo consigo otras particularidades. Con la
llegada de agentes comerciales de diversas partes del pas y del mundo El
Carmen adquirira visos cosmopolitas. Incluso, se cre una junta que tuvo
como finalidad principal estimular el arribo de extranjeros al municipio.
El cambio fue prohijando un comercio vivo, despierto, cuyos excedentes
empezaran a ser invertidos en la compra y concentracin de tierras, en
desarrollo de la lgica latifundista que haba caracterizado a la provincia de Cartagena desde tiempos coloniales, principalmente en Mompox,
Tol, Corozal y el valle del ro Sin, todo lo cual entra una ruptura
con el pasado, pues hasta entonces la estructura agraria prevaleciente en
los Montes de Mara haba estado constituida de manera exclusiva por
terrenos baldos, de libre acceso para los sectores subalternos, conformados por indgenas, cimarrones, libertos y campesinos. En consecuencia,
surgieron nuevos conflictos sociales, esta vez por el acceso, la tenencia y
los usos de la tierra.
Si bien el comercio del tabaco haba atrado a muchos extranjeros,
principalmente europeos claros exponentes de la mentalidad burguesa, est documentado que ellos nunca se interesaron por cultivar tabaco y que restringieron su participacin al negocio de la comercializacin
en los mercados internacionales. Se trataba de personas que buscaban el
mximo grado de lucro, lo cual lograron gracias a la poltica de endeudar a los campesinos con prstamos anticipados, conocidos en el argot
regional como avances y dirigidos a facilitar el proceso de cosecha. As,
el campesino permaneca atado a su acreedor y comprador anticipado
de sus productos, lo que representaba doble negocio para este ltimo:
compra de la hoja a bajo precio y rditos causados por los prstamos.
Esta situacin supuso un campesinado tenedor de pequeas porciones de
tierra (campesinado minifundista) pero atropellado por las condiciones
impuestas por los intermediarios, lo cual, a la postre, dara pbulo a la
aparicin de las organizaciones agrarias que dinamizaron el movimiento
campesino en la regin.
No obstante lo anterior, estos conflictos no se tradujeron necesariamente en episodios de violencia. Un dato diciente de este contexto
08/07/2014 11:02:27 p.m.
ajeno a la violencia directa lo muestra Fals Borda al comentar el estado

de cosas prevaleciente en los Montes de Mara durante la revolucin
del medio siglo, que se vio favorecido por el golpe de Estado de Melo a
Obando, en 1854:
Ni en El Carmen ni en Sampus ni el resto de sabanas pas nada importante en
esos meses de contrarrevolucin. Los tabacaleros estaban contentos y encantados
de la vida porque suba la produccin de la hoja y aumentaba la exportacin y la
plata. Los curas, claro, no perdan ocasin de predicar contra los rojos impos, los
ateos, los masones, los enemigos de Nuestro Seor Jesucristo, y las gentes ignorantes quedaban blandengues. La guerra era otra cosa: era de los artesanos y los
militares de la ciudad contra todos los dems. No interesaba al campesino y a los
gamonales de por all (Fals Borda, 1986: 126A).
Ms all de eso, vale la pena rescatar del texto transcrito de Fals la

alusin al liberalismo y la masonera en los Montes de Mara. La Logia
fundada por entonces en El Carmen (a diferencia de la de Cartagena,
compuesta por la elite citadina), estaba integrada por miembros de sectores subalternos, como los herbolarios, agricultores y msicos Agustn
y Adolfo Mier Arias, de acuerdo con las investigaciones adelantadas por
Fals en archivos de bal y de Historia Oral, que ofrecen una descripcin
precisa de la sociedad carmera de la poca:

Realmente a Agustn y a m nos fue bien en El Carmen. Ah pasamos aos tranquilos porque no haba guerras, sino libertad y trabajo y grandes proyectos pblicos de va, ferrocarriles y canales. Mi botica marchaba bien, pues venda bastante y tena buenos aciertos; la gente confiaba en m y en mis hierbas. Aunque
el pueblo se fue corrompiendo poco a poco con la plata y las ventas de licores,
garitos y casas de putas donde los trabajadores ignorantes dejaban sus jornales.
Todo mundo se olvid de construir escuelas y hospitales. Ms tarde vendran las
lamentaciones por estas fallas.
No nos habamos decidido por ningn partido, pues no veamos la razn para esa
pendejada. Ms bien nos inclinbamos por el liberalismo. As, Agustn y yo nos hicimos masones algunos aos despus cuando ya ramos hombres hechos y derechos, de buena reputacin porque la masonera se vea como una causa justa, una
fuerza favorable para el pueblo. bamos a los talleres de la Logia Luz del Carmen N
21 (la que construy columnas en 1862), donde encontramos compaerismo y
estmulo en muchas formas (Fals Borda, 1986: 111A).
As las cosas, el tabaco en la regin de los Montes de Mara y las sabanas de Bolvar, tabaco del Carmen, se convierte en un elemento dina-
08/07/2014 11:02:27 p.m.
mizador del poblamiento y el proceso de construccin de identidad regionales, a los que ahora hay que sumar no solo los elementos indgena,
africano y espaol sino asimismo la inmigracin desde el exterior y el interior del pas, que fue creando un caleidoscopio social y cultural, a la par
que movi todo el andamiaje econmico regional y se tradujo en fuente
de nuevos conflictos, pues, por una parte, haba un cmulo de hombres
libres que accedieron a tierras baldas (tierras libres, en el decir del campesinado costeo), lo cual brind seguridad alimentaria y condiciones de
vida independientes a las familias campesinas, y, por otro lado, cre elites
que paulatinamente, de manera efectiva, fueron concentrando tierras, tal
como lo ha descrito Fals Borda (1975) en sus investigaciones sobre la hacienda ganadera del Caribe colombiano.
Por lo mismo, el campesino montemariano tuvo desde entonces la
libertad de combinar, segn sus criterios y conveniencias, el ejercicio independiente de la agricultura y el trabajo asalariado. Esta particularidad
supuso una paradjica situacin: ms all de los conflictos por la tenencia
de la tierra, se consolidaba cierta cohabitacin entre elites y sectores subalternos dentro de un modelo de interdependencia en el cual no siempre
las primeras se llevaban la mejor parte. En efecto, Solano de las Aguas
(2010) cuenta que en 1867 las autoridades provinciales del Estado Soberano de Bolvar se quejaban porque los jornaleros no cumplan con su
palabra en los contratos de trabajo, y pedan normas severas para resolver
esta situacin. Tanto as, que
En ese ao, en pleno auge de la economa tabacalera de los Montes de Mara y
de otras poblaciones de las sabanas de esta misma jurisdiccin, la Asamblea Legislativa de este Estado aprob un Proyecto de Ley sobre concierto de servicios
personales, presentado por los representantes de las provincias de El Carmen
y Chin (tabacalera y ganadera, respectivamente), que penalizaba con crcel el
incumplimiento del contrato laboral por parte de los trabajadores (p. 201).
Esa ley fue objetada por el poder ejecutivo del Estado y jams lleg
a aplicarse. Sin embargo, las pretensiones de represin legal muestran el
nivel de tensin entre elites y subalternos en los Montes de Mara y dems
territorios provinciales, lo mismo que los alcances de la voluntad de los
sectores sociales cuando de defender sus intereses de clase se trata. Este
es, a grandes rasgos, el panorama social, cultural, poltico y econmico de
los Montes de Mara hasta la llegada de otras formas sociales de conflictos
y violencias, ya a mediados del siglo XX.
08/07/2014 11:02:27 p.m.
El 9 de abril de 1948 en la regin de los Montes de Mara

Es aceptado por sectores acadmicos que el periodo de La Violencia (19481958) tiene sus antecedentes en 1946 y se agudiza a partir del asesinato de
Jorge Elicer Gaitn el 9 de abril de 1948, que dejar un saldo aproximado
de 300.000 muertos. Rastreos de datos en el periodo comprendido entre
1947 y 1950 informan de 126.297 vctimas de homicidio, para una etapa
de nuestra historia que cierra el ciclo de la violencia interpartidista, tan
comn y frecuente en Colombia desde el siglo XIX (Medina M.). No fue
este el nico hecho dramtico de victimizacin de la poca. Un informe
de la Secretara de Agricultura del Tolima, citado por el Centro Nacional
de Memoria Histrica (2013: 113), indica que entre 1949 y 1957, en solo
este Departamento, ocurrieron 16.219 asesinatos, unas 321.612 personas
sufrieron el exilio de manera transitoria o permanente y 34.304 viviendas
resultaron incendiadas.
La barbarie cubri el territorio nacional y las zonas ms afectadas fueron Cundinamarca, Boyac, Tolima, Antioquia, los Santanderes, el Valle
del Cauca, Cauca y Caldas, siendo el Caribe colombiano una de las regiones con menor impacto de la violencia por esos mismos aos. En efecto,
el informe ya emblemtico escrito a seis manos por Guzmn Campos,
Umaa Luna y Fals Borda (1988), advierte que
Parece evidente que, debido a la campaa poltica, las consignas dadas por los jefes en Bogot cubren todo el pas y por lo mismo el afloramiento de intimidacin
y violencia comenzara casi simultneamente en todas las regiones. Sin embargo,
no ocurri as, quedando algunos departamentos, como los de Nario y la Costa
Atlntica, libres del flagelo; en esta solo en una pequea regin de Bolvar y al sur
de Crdoba se registraron hechos violentos (p. 117).
Ms all de cierto talante minimizador del texto transcrito, queda en

evidencia que el departamento de Bolvar, entonces conformado por los
hoy departamentos de Bolvar, Crdoba y Sucre, s represent cierto foco
de violencia, que, aunque menor en relacin con los departamentos del
interior del pas, no por ello deja de ser significativo en el contexto nacional y, sobre todo, regional. El informe divide los sucesos sangrientos
que enlutaron al pas en dos grandes olas de la violencia: 1948-1953 y
1954-1958, mediados por una corta tregua entre ellos. En relacin con los
Montes de Mara se registran como lugares afectados por el fenmeno los
municipios de Tol, San Onofre y Ovejas (hoy en el departamento de Su-
08/07/2014 11:02:28 p.m.
cre), al lado de Marialabaja, El Carmen, San Jacinto y San Juan. Aunque

se reportan graves hechos de violencia, el informe no da mayores datos
al respecto, pues solo incluye a estos municipios en el gran mapa de la
violencia nacional (Guzmn, Fals y Umaa, 1988). Ms adelante, sin embargo, el documento deja la siguiente constancia, a manera de ratificacin
de lo ocurrido:
[] debe tomarse nota de la espordica aparicin de la violencia en la Costa Atlntica, donde sus gentes mulatas y negras (y en parte mestizas) pudieron defenderse fcilmente del contagio, quiz gracias a su naturaleza abierta, franca, amigable, y a su gran virtud de la tolerancia. La regin es eminentemente ganadera y
en ella aparecen los latifundios ms extensos del pas [] Adems del alto Sin
en Crdoba y de La Paz en el Magdalena, los sitios del Departamento de Bolvar
donde espordicamente ocurrieron hechos de violencia fueron: Ach (Villa Uribe,
Regeneracin); Ayapel (Rionuevo); Carmen de Bolvar; Guamo (Lata); Mara la
Baja (San Pablo); Olaya Herrera (Noros); Regencia; San Jacinto; San Juan Nepomuceno; y San Onofre (p. 137).
Adems, una tesis de grado de estudiantes del Programa de Historia

de la Universidad de Cartagena (Castro y Lara, 2007) dio cuenta de la
violencia presentada en los Montes de Mara entre 1948 y 1957, a partir
de la revisin de archivos de prensa y del Archivo Histrico Nacional,
en la cual se describen y analizan disturbios, masacres, incendios y toda
suerte de atropellos entre bandos liberales y conservadores en diversas
poblaciones del Bolvar grande.
El mismo Fals Borda (1987), researa la existencia de guerrillas liberales en los Montes de Mara durante La Violencia:
En el resto de la regin estudiada, que se sepa, solo apareci una guerrilla liberal
en La Cansona, cerca de El Carmen de Bolvar, comandada por un Cueto; y otra
en Lomaverde, comandada por Alejandro Fuentes, ex soldado, con combate en
Caaflechas. Ambas guerrillas tuvieron una vida relativamente corta (p. 165).
No obstante, Fals ha propuesto la interesante tesis de un ethos pacfico

de las gentes del Caribe, criticada por algunos (Daniells). En realidad, y
como queda en evidencia con las anteriores referencias, Fals Borda jams
propal posturas negacionistas en relacin con la ocurrencia y los estigmas de La Violencia en el Caribe colombiano. Se limit a plantear que en
la Costa ella no revisti las caractersticas de sistematicidad ni el mismo
08/07/2014 11:02:28 p.m.
impacto en materias de crueldad y nmero de vctimas que en el interior

del pas, a ms de la implementacin de mecanismos de defensa colectivos, encaminados a evitar la generalizacin de la violencia.
Estos ltimos acontecimientos, por lo dems, permanecen vivos en la
memoria de los habitantes montemarianos de mayor edad, quienes, en sus
recuerdos, corroboran que entre 1946 y 1953 se present en los Montes
de Mara una violencia significativa, que deriv en masacres (como la de
Macayepos en 1951), desplazamientos (Chengue, Chaln, Mampujn), violencia contra mujeres (abuso sexual, extirpacin de pezones), homicidios
selectivos, quema de casas, etc. Se trata de episodios que no solo muestran a una regin convulsionada por la violencia partidista, sino tambin
a comunidades aterrorizadas y adaptadas a dicha realidad, gracias a mecanismos de defensa como la neutralidad, la recurrencia al compadrazgo
entre personas de diferentes partidos y, sobre todo, el manejo oportuno de
la informacin para poder moverse en condiciones de seguridad por el territorio, como lo muestra un reciente trabajo acadmico (Porras, 2013).
A partir de esta etapa, la regin entrara en un periodo de relativa
tranquilidad, hasta el despunte de los aos 90 del siglo XX. En el entretanto, los conflictos socioeconmicos no desaparecieron, especialmente
los relacionados con la cuestin agraria.
Cuestin agraria y violencia en los Montes de Mara

La regin Caribe y sus territorios interiores han mostrado evidencias en
las cuales se logra identificar, si bien no un ethos pacfico como el que
reclamara Fals Borda, s una clara situacin de haber sido el Caribe colombiano, al menos hasta principios de la dcada de los 90 del siglo XX,
la zona del pas con menor impacto de la violencia. A partir de entonces
comienzan a incubarse y desarrollarse en alto grado ciertos fenmenos
de violencia estructural y sistemtica, no solo en la regin de los Montes
de Mara sino asimismo en el sur de los departamentos de Bolvar y Crdoba, amplios sectores del departamento del Magdalena Sierra Nevada
de Santa Marta, Zona Bananera y sur del Departamento y casi todo el
departamento del Cesar. Tambin hay que considerar la creciente violencia urbana, especialmente en las capitales departamentales, por motivos
asociados a la criminalidad comn y a la organizada.
Ms all de ello, Colombia es un pas en el que, histricamente, los
conflictos sociales, econmicos y polticos han tendido a tramitarse por
08/07/2014 11:02:28 p.m.
la va armada. En tal sentido, la violencia se ha convertido en un modo

de funcionamiento de la sociedad (Pcaut, 1997), y el territorio Caribe
de hoy no escapa a los alcances de dicho aserto.
Respecto de los Montes de Mara, la anterior situacin comienza a
cambiar tenuemente a partir de los aos 60 del siglo XX y de forma drstica desde los 80, en gran medida por cuenta de persistentes conflictos
asociados a la problemtica derivada de la tenencia y uso del suelo. El
mpetu del movimiento campesino de los aos 60 y 70 marca una coyuntura importante de esta situacin, ya que el conflicto por la tierra da paso
a esquemas represivos que hacendados ponen en manos de criminales
a sueldo entre los cuales se destacaron los llamados penca ancha, que
dan inicio a un proceso sistemtico de eliminacin de dirigentes campesinos vinculados a organizaciones agrarias, especialmente a la Asociacin
Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc (Snchez y Meertens, 2006: 69).
Es esta la situacin que vive la regin a finales de los aos 70, con incidencia directa en el contexto y en las expresiones regionales, entre ellas
las de tipo violento. Lo que aqu planteamos es que el conflicto armado en
la regin y los conflictos por el control del territorio en los Montes de Mara
han tenido y siguen teniendo su sustrato social y econmico en histricos
conflictos por la tenencia y la utilizacin de la tierra, situacin que ha
quedado en evidencia en el posconflicto armado que en los aos recientes
ha soportado la regin tras la desmovilizacin del Bloque Montes de Mara de las AUC y la desestructuracin de los frentes 35 y 37 de las Farc12,
como consecuencia de los cuales se han suscitado nuevos conflictos por
la tierra, esta vez derivados de las compraventas masivas que empresarios,
en su mayora forneos, han puesto en marcha en la regin.
Conflictos por la tierra y conflictos por el territorio

Las relaciones entre problema agrario y violencia no son exclusivas de
esta regin. Como lo ha anotado Alejandro Reyes (1999),
() la negacin de los derechos de la poblacin rural y los desequilibrios en la
distribucin y uso de los recursos naturales, principalmente la tierra, han origi12
El Universal de Cartagena, domingo 31 de agosto de 2008. En la nota se dice que Hoy el

flagelo est controlado en un 95%, hasta el punto de que, de los casi 800 guerrilleros que
haba hace un ao solo queda un puado. Las Farc ya no son una amenaza en los Montes
de Mara () Los Montes de Mara son seguros. El redactor cita como fuente al coronel
de IM Rafael Coln Torres, jefe del Centro de Fusin de Accin Integral para los Montes
de Mara, una iniciativa intergubernamental que combina acciones militares y civiles.
08/07/2014 11:02:28 p.m.
nado histricamente los conflictos sociales en el campo, y [] la falta de articulacin y resolucin de esos conflictos han contribuido decisivamente para que se
haya extendido la confrontacin armada en la mayor parte del territorio nacional
(p. 223).
Lo anterior sugiere que en Colombia la democracia, como moderna

forma de resolucin de conflictos estructurales, especialmente los derivados de la competencia por el poder poltico y el acceso a bienes y servicios, ha venido, sigue y seguir fracasando mientras subsista la negacin
de los derechos, no solo de la poblacin rural sino asimismo de todos los
sectores subalternos del pas. Para los fines de este trabajo es pertinente
diferenciar entre conflicto por la tierra y conflicto por el territorio: el primero es inherente al modelo concentrador de la tierra y sus subyacentes
disputas, y el segundo a las confrontaciones por el control poltico y econmico de zonas estratgicas (Prez, 2004: 65).
Es esta una situacin caracterizada por una fuerte concentracin y un
modelo de desarrollo econmico que hoy, desde el punto de vista de la
poltica pblica, privilegian el esquema de mercado asistido de tierras por
encima del modelo de distribucin equitativa de la propiedad rural por la
va de la reforma rural integral. Este esquema favorece a latifundistas tradicionales y a grupos empresariales que controlan la tierra, en perjuicio
de los derechos, intereses y expectativas de una poblacin rural si acaso
reducida al minifundio y, por tanto, a una economa de subsistencia u
obligada al colonato en zonas de selvas y montaas, subyacentes al narcotrfico y de fuerte impacto medioambiental, o bien forzada a ofrecer su
trabajo a cambio de un salario, ya como jornalero rural o como proletario
urbano, tras su desplazamiento forzoso a la ciudad por cuenta de la pobreza o de la violencia.
Adems, la tenencia de la tierra en Colombia ha sido y es la causa eficiente del acceso al poder poltico, hecho que determina el sesgo de las
polticas pblicas y la accin estatal respecto del modelo de desarrollo
nacional, y por ende del sector agropecuario. Como lo ha sealado Reyes Posada (1978) al analizar el caso del latifundio en el departamento de
Sucre y sus relaciones con el poder poltico, El desarrollo de la hacienda
ha producido, paralelamente a la concentracin de poder econmico, una
concentracin de poder poltico que a su vez refuerza el primero (p. 111).
En este orden de ideas, Absaln Machado (2009: 126) ha caracterizado los conflictos por la tierra en seis categoras: a) dificultad de acceso a
la propiedad por parte de pequeos y medianos productores; b) poca ge-
08/07/2014 11:02:28 p.m.
neracin de empleo en una ganadera extensiva; c) expulsin de la poblacin hacia los centros urbanos; d) un mercado de tierras poco dinmico,
a causa de la desigualdad en la tenencia; e) una escasa tributacin predial,
debida al poder poltico de los propietarios en los municipios, en especial
de los ganaderos; y f) poca capacidad de los municipios para disponer de
recursos propios que les permitan invertir y promover el desarrollo rural.
Machado resea que, hacia 1993, un total de 2.299.840 minifundios de
todo el pas, con un extensin total de 9.519.369 hectreas (4,1 hectreas
en promedio), constituan el 82,36% de los predios registrados ese ao
en el Igac y cubran tan solo un 15,64% del rea predial rural total. El
minifundio est concentrado en la zona andina (Cauca, Boyac, Nario,
Antioquia, Cundinamarca, Caldas y Santander), con un total del 87,4%
de los predios minifundistas, mientras que en la regin Caribe apenas se
asienta el 7,7% de los minifundios del pas (Machado, 2009: 123-124).
Estos datos ilustran acerca del fuerte proceso y estado de concentracin de la tierra en los departamentos del Caribe colombiano. Adems,
en 1995 el 77,8% de los suelos cobijados por el latifundio se emplean en
la ganadera extensiva y apenas el 6,7% en la agricultura (Machado, 2009:
125), lo que viene a crear un mayor grado de inequidad y exclusin por
causa de la escasa mano de obra que ocupa esta forma de produccin primaria, situacin que conlleva agudos problemas y conflictos sociales, entre ellos la inseguridad alimentaria, pues el latifundio multiplica las bocas
(y las vacas), pero no los panes, como lo ha sentenciado de forma lapidaria
Eduardo Galeano en Las venas abiertas de Amrica Latina.
El modelo de desarrollo agropecuario: un debate histrico

Este panorama no es ajeno a la poltica pblica que los sectores econmicos dominantes han venido impulsando a lo largo de la historia, situacin
que incluso tiene sus bases en nuestro pasado colonial (finales del siglo
XVIII y principios del XIX), cuando el debate en torno al modelo de desarrollo entre la burguesa, con pretensiones reformistas, y la aristocracia
terrateniente conservadora lleg a ser muy intenso, como lo demuestran
los escritos del abogado y comerciante cartagenero de la poca, Jos Ignacio de Pombo (Mnera, 1994).
Vale recordar que la estructura agraria del Caribe colombiano hunde
sus races en la Conquista y la Colonia gracias a la implementacin de
figuras de carcter seorial, en especial las mercedes de tierras, que, combinadas con otras de su tipo, como la encomienda, la mita y el esclavismo,
08/07/2014 11:02:29 p.m.
propiciaron las condiciones para la formacin socioeconmica, no solo

de la Nueva Granada sino de todos los territorios coloniales. De igual
manera, la danza de las concesiones, como la ha llamado Tirado Meja
(1988: 196), fue a lo largo y ancho del siglo XIX y principios del XX el
modo de adquisicin de grandes extensiones de tierra por parte de las
elites regionales colombianas, que aprovecharon los triunfos militares (y
hasta las derrotas) de las guerras civiles decimonnicas para justificar tal
estado de cosas.
El poder poltico, las polticas pblicas y las acciones estatales, por
tanto, han estado y siguen estando al servicio del latifundio. No obstante,
una serie de factores internos y externos condujeron a que en 1926 se
aprobara la Ley 74, que consagr la funcin social de la propiedad, autoriz la expropiacin de predios improductivos y orden la colonizacin,
en pequeos lotes, de no menos de 100.000 hectreas anuales. Estas medidas se radicalizaron en 1936 con la reforma constitucional de ese ao,
que elev a rango supralegal la funcin social de la propiedad, y con la
Ley 200, que desarroll un moderno estatuto de tierras. Esta propensin
sera momentnea. El desmonte empez en 1944 con la Ley 100 y se consolid con la llegada al pas de la Misin del Banco Mundial (1949), ms
conocida como Misin Currie, que implement criterios empresariales
para las explotaciones agropecuarias, a despecho de la economa campesina y de una reforma agraria integral que promoviera, a favor de los
trabajadores del campo, una equitativa distribucin de la tierra. Se trat,
adems, de una poca signada por la violencia poltica, tras el asesinato
de Gaitn y la reaccin de sectores campesinos gaitanistas, de los que
saldran las guerrillas liberales de entonces y su sucedneo, las guerrillas
comunistas de los aos 50 y 60, as como de una fuerte represin oficial,
especialmente por parte de la hegemona conservadora de mitad de siglo, la dictadura de Rojas Pinilla y los gobiernos frentenacionalistas, ya
por factores internos, como la actividad del movimiento campesino o la
aparicin de las guerrillas comunistas, o ya por causas externas, como la
apuesta estadounidense de la Alianza para el Progreso, que tuvo como
uno de sus ejes principales el impulso de una reforma agraria que permitiera contrarrestar la influencia de la naciente Revolucin Cubana en
Latinoamrica. De tales expresiones del Frente Nacional se apart tal vez
el correspondiente a Carlos Lleras Restrepo, para quien el problema de
la reforma agraria se haba convertido en un imperativo categrico. El
gobierno de Lleras impuls la reforma agraria de manera decidida, mediante la Ley 1 de 1968, instrumento vital para la intervencin estatal de
08/07/2014 11:02:29 p.m.
predios inexplotados, al tiempo que cre las condiciones necesarias para

la movilizacin del campesinado, organizado ahora a travs de la Anuc.
Se trat, como lo demostrara el tiempo, de una ilusin efmera, pues, sin
dejar de invocar la reforma agraria, el Pacto de Chicoral (1972), celebrado
entre el gobierno de Misael Pastrana, los partidos polticos tradicionales
y los gremios econmicos, le dara al asunto un giro hacia el modelo empresarial, que Lauchlin Currie haba planteado haca ms de veinte aos.
La poltica de apertura econmica implementada a partir de los aos 90
terminara por afianzar este modelo de desarrollo, basado en una filosofa
empresarial-capitalista que confa ciegamente en los mercados, especialmente externos, y que estimula la actual poltica de negociar y suscribir
los tratados de libre comercio (TLC), no solo con los Estados Unidos sino
tambin con aquellos Estados que profesen igual filosofa. Con la Ley 160
de 1994, por lo tanto, desapareci el tipo de reforma agraria redistributivo
y naci el esquema del mercado asistido de tierras por la va del subsidio
a la demanda (Machado, 2009).
Movimiento campesino, desarraigo y abandono

de tierras en los Montes de Mara
Ms all de los conflictos generados por los cambios de modelo, lo cierto
es que el movimiento campesino de la regin de los Montes de Mara no
solo se fortalecera en medio de estas dinmicas sino que se convertira en
un actor poltico regional de primer orden, que organiz al campesinado
e impuls importantes recuperaciones de tierras. Es este un talante de
larga tradicin regional, pues no en vano el primer sindicato agrario del
pas fue fundado en Colos a principios del siglo XX (1913) por el antioqueo Eduardo Arango y Crdova, para movilizar de manera organizada
a sectores campesinos que de tiempo atrs venan presentando reivindicaciones en materia agraria (Daz Callejas, 2006: 138).
Durante la primera mitad del siglo XX, el Instituto del Tabaco, estimulado por los sindicatos tabacaleros, adelant en la regin programas de
reforma agraria con el propsito de convertir en pequeos propietarios
a arrendatarios y aparceros y desarrollar as el cultivo y la industria del
tabaco. Pero la Ley 135 de 1961, que planteaba la entrega en propiedad de
predios arrendados y entregados en aparcera con la finalidad de acabar
el rentismo de la tierra, provoc la expulsin de los campesinos de las
tierras laboradas, como expresin de una actitud reactiva de los terratenientes.
08/07/2014 11:02:29 p.m.
Los aos 60 y 70 del siglo XX seran definitivos en la lucha agraria

regional. El impulso dado a la reforma agraria por la administracin
de Lleras Restrepo puso a los Montes de Mara en el centro de los
acontecimientos, dado que esa fue la regin escogida como el laboratorio experimental de la reforma agraria en el pas. Apolinar Daz Callejas vena de ocupar la subdireccin nacional del Incora, y su nombramiento como gobernador del recin creado departamento de Sucre
represent no solo una seal clara de lo que el gobierno quera hacer
en la regin, sino la real y efectiva puesta en marcha de un modelo
reformista de profundo calado social y econmico, que a la postre
tras cuatro dcadas de existencia del Incora dejara como resultado la adquisicin en la regin (departamentos de Bolvar y Sucre) de
aproximadamente unas 140.000 hectreas de tierra para su entrega a
familias campesinas.
El punto de quiebre de las medidas lleristas, junto con otros intentos
reformistas, a ms de la real voluntad poltica, lo constituyeron la organizacin y la movilizacin del campesinado en el seno de la Anuc, con la
chispa inicial de la Asociacin Departamental de Usuarios Campesinos
de Sucre, impulsada por Daz Callejas en su condicin de gobernador.
Esta organizacin sera el modelo que inspirara las experiencias asociativas del resto del pas. En efecto, en 1968 Lleras Restrepo no solo lanzaba y
respaldaba en Sincelejo la primera organizacin de usuarios campesinos,
sino que la fortalecera poltica e ideolgicamente con un discurso de eco
y vigencia actuales: () no habr reforma agraria si el campesinado, sus
organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presin
campesina organizada no habr reforma agraria (Zamosc, 1987). Obviamente, las elites regionales se sintieron amenazadas y retadas, por lo cual
reaccionaran no solo dentro de los espacios polticos, reorientando la
poltica pblica reformista y ejerciendo la represin oficial, sino tambin
mediante el empleo de la violencia directa.
A este primer empuje sigui un gran despliegue del campesinado, que
para el ao 2001 haba conseguido la redistribucin de 122.144 hectreas
en el departamento de Sucre, de las cuales el 47,25% corresponda a los
Montes de Mara sucreos, es decir, 57.718 hectreas en 252 predios, con
beneficio para 6.155 familias, segn la informacin disponible (Incoder,
2010). Mientras tanto, en el departamento de Bolvar se entregaron cerca
de 120 mil hectreas de tierra, 80 mil de ellas en los municipios de los
Montes de Mara (66%), con un total aproximado de 140 mil hectreas
redistribuidas en el proceso regional de la reforma (Incoder, 2011). Con-
08/07/2014 11:02:29 p.m.
viene tener en cuenta que la superficie total de los Montes de Mara (Bolvar y Sucre) cubre un poco ms de 600 mil hectreas.
Esta larga tradicin imprimi al movimiento campesino regional unas
caractersticas ticas y polticas cimentadas en profundos valores democrticos y jurdicos, lo cual le sirvi para mantenerse al margen de la insurgencia armada que a partir de los aos 80 del siglo XX empezara a
asentarse en la zona, no obstante las reivindicaciones agrarias que la guerrilla blanda como bandera. Por el contrario, la articulacin del movimiento campesino con el Estado le acarre el menosprecio de la guerrilla.
Tal estado de cosas no sera suficiente para estar a salvo del terror paramilitar, que dara muestras de su presencia regional en el curso de la primera
mitad de los aos 90, por lo cual el movimiento agrario se convirti en
trompo de poner de los diferentes actores regionales: Estado, hacendados
y grupos armados ilegales, tanto de guerrillas como de paramilitares. Comentando esta situacin, comn a todo el territorio nacional, Alejandro
Reyes (1999) ha afirmado:
Todas las regiones donde el movimiento campesino disput la tierra con los propietarios en los aos sesenta han sido ocupadas por guerrilla y paramilitares y han
sido objeto de operaciones por parte de la fuerza pblica en algn periodo en las
ltimas dos dcadas. La guerra ha desarraigado una parte de la poblacin rural
y ha roto las relaciones de vecindario que fundan las sociedades agrcolas. Estos
hechos han cambiado por completo los trminos del problema agrario, pues la
nueva situacin plantea como primera necesidad la seguridad, por encima de la
distribucin (p. 206).
Se trata de un anlisis acertado y preocupante, puesto que tal necesidad de seguridad comenz a satisfacerse por la va del desplazamiento
forzado de grandes masas de campesinos, quienes, atemorizados, huan
del terror y la violencia o en el peor de los casos de amenazas concretas que de no ser oportunamente atendidas se convertiran en autntica
sentencia de muerte para quienes no obraran en consecuencia. En efecto,
un informe de la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara
(2008), que cita fuentes de la Defensora del Pueblo y Accin Social, seala que entre los aos 2001 y 2003 esta regin fue la segunda del pas en
expulsin de desplazados (52.163 personas); marchaba detrs de la Sierra
Nevada de Santa Marta y en el ao 2004 lleg a ocupar el primer escaln
nacional del horrendo drama, con 98.133 personas expulsadas. Paradjicamente, la regin tambin se constituy en uno de las principales zonas
08/07/2014 11:02:29 p.m.
receptoras de poblacin desplazada, con el 66% del total nacional en el

ao 2003. A ms del proceso de victimizacin directa sufrida por las comunidades montemarianas, esta situacin termin por estigmatizar a los
pobladores y por convertir al territorio en un triste referente de violencia
contempornea colombiana.
Ahora bien, la problemtica actual es muy diferente. Hoy la regin
acusa la presencia de inversionistas privados (sobre todo forneos), que
han cado en avalancha sobre el empobrecido, desarraigado, desposedo, victimizado y an temeroso campesinado montemariano. La implementacin en la regin de la estrategia de Seguridad Democrtica, que
llev a la desmovilizacin del Bloque Montes de Mara de las AUC y
al arrinconamiento y eliminacin de la guerrilla de las Farc, sobre todo
despus de la muerte en combate de alias Martn Caballero (octubre 26
de 2007), comandante guerrillero de la zona y miembro del Estado Mayor de las Farc, fue complementada con inversiones pblicas destinadas a
la recuperacin de la infraestructura regional, pero eso, antes que atraer
el retorno de las comunidades desplazadas, estimul a los inversionistas
para la adquisicin a bajo precio de las tierras abandonadas por las familias desplazadas, extensiones que podran alcanzar las 75.000 hectreas,
segn informes de prensa (El Tiempo, 3 de octubre de 2010).
Problemas asociados a la persistente inseguridad y a la formulacin y
puesta en marcha de polticas pblicas adecuadas en materia de desarrollo rural y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno
(especialmente en materia de restitucin de tierras) desincentivaron el retorno de los desplazados a la regin y al campo, y consolidaron el proceso
de concentracin de la tierra en manos de dichos inversionistas, en lo que
podra considerarse como una contraofensiva del latifundio encaminada
a reversar la reforma agraria que haba tenido lugar en la regin.
Ahora bien, la aprobacin, entrada en vigencia e implementacin regional de la Ley 1448 de 2011, o Ley de Vctimas y Restitucin de Tierras,
se cierne como una luz de esperanza para las familias que abandonaron
sus tierras por causa del desplazamiento forzado. Sin embargo, tras casi
tres aos de aprobada e implementada la ley, los procesos de restitucin
avanzan con alguna lentitud, pues hasta mayo de 2014 solo haban sido
proferidas 37 sentencias (Unidad de Restitucin de Tierras, 2014), y si
bien los fallos le ponen fin al proceso de restitucin, no terminan con los
conflictos comunitarios, pues las demandas se han centrado en predios
que no estn en manos de los grandes empresarios sino de pequeos y
medianos poseedores rurales montemarianos. La regin hace parte de
08/07/2014 11:02:30 p.m.
la lista priorizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y

sus respectivas agencias, ya sea como zona de formalizacin (conclusin
por parte del Incoder de procesos de reforma agraria iniciados desde los
aos 60 del siglo XX), zona de restitucin de predios abandonados y despojados (Unidad de Restitucin de Tierras) y zona de reserva campesina
(Incoder). Esta ltima se encuentra en proceso formal de constitucin y
en estos momentos est pendiente de ajustes a la delimitacin, de la aprobacin en audiencia pblica del plan de desarrollo sostenible y de consultas previas con comunidades tnicas del territorio (afros e indgenas). Sin
embargo, los conflictos y la violencia no cesan en los Montes de Mara:
se ciernen sobre ellos como la sombra de Hamlet, que vaga de noche y se
purifica en el fuego de da.
Dinmicas de la violencia contempornea

Como se ha dicho atrs, el conflicto armado interno contemporneo y
el movimiento guerrillero no son fenmenos originarios de los Montes
de Mara sino importados desde el centro y el sur del pas. A partir de su
arribo adoptan una expresin muy particular que, desde luego, no estuvo
aislada de determinaciones superiores. En tal sentido, un reciente e importante estudio, el Informe General del Centro Nacional de Memoria
Histrica, distingue cuatro periodos de la violencia contempornea colombiana que vale la pena recordar:
El primer periodo (1958-1982) marca la transicin de la violencia bipartidista a
la subversiva, caracterizada por la proliferacin de las guerrillas, que contrasta
con el auge de la movilizacin social y la marginalidad del conflicto armado. El
segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyeccin poltica, expansin
territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos
paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupcin y propagacin
del narcotrfico, el auge y declive de la guerra fra junto con el posicionamiento
del narcotrfico en la agenda global, la nueva Constitucin Poltica de 1991, los
procesos de paz y las reformas democrticas, con resultados parciales y ambiguos.
El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto
armado. Se distingue por las expansiones simultneas de las guerrillas y de los
grupos paramilitares, la crisis y la recomposicin del Estado en medio del conflicto armado y la radicalizacin poltica de la opinin pblica hacia una solucin
militar del conflicto armado. La lucha contra el narcotrfico y su imbricacin con
la lucha contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimen-
08/07/2014 11:02:30 p.m.
tan el conflicto armado, aunado a la expansin del narcotrfico y los cambios en

su organizacin. El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto
armado. Se distingue por una ofensiva militar del Estado, que alcanz su mximo
grado de eficiencia en la accin contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomod militarmente. Paralelamente se produce
el fracaso de la negociacin poltica con los grupos paramilitares, lo cual deriva
en un rearme que viene acompaado de un violento reacomodo interno entre
estructuras altamente fragmentadas, voltiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotrfico, ms pragmticas en su accionar criminal y ms desafiantes frente al Estado (p. 111).
Lo que nos muestra este anlisis es ms de medio siglo de una

violencia que se entronca en violencias anteriores. As, el decenio de
1960, poca de convulsin social y poltica en Colombia en medio de
los acuerdos bipartidistas del Frente Nacional y un contexto internacional y latinoamericano signado por la Guerra Fra y los momentos
triunfales de la Revolucin Cubana, conform el marco perfecto para
el surgimiento de una guerrilla de primera generacin, representada por
el Ejrcito de Liberacin Nacional, en 1962; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en 1964; y el Ejrcito Popular de Liberacin,
en 1967 (Centro de Memoria Histrica, 2013: 123). Esta fase se renovara con otra generacin en la dcada de los aos 70, en la cual nuevos
grupos nacen a la lucha armada, el ms importante de los cuales fue el
Movimiento 19 de Abril (M-19). Sin embargo, no sera sino hasta la primera mitad del decenio de 1980 cuando el fenmeno guerrillero aparecera en la regin de los Montes de Mara y posteriormente diera un
giro que se traducira, a su vez, en el surgimiento de nuevas violencias,
en especial por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
entre los aos 1997 y 2005.
Primera etapa: de la aparicin de las guerrillas

en los aos 80 a las desmovilizaciones de los 90
En el marco del desenvolvimiento regional montemariano del conflicto
armado interno contemporneo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, fue el primer grupo insurgente que hizo presencia en el
departamento de Sucre y en los Montes de Mara. Esta agrupacin se
fusion en 1983 con el Movimiento de Unidad Revolucionaria marxista
leninista, MUR-ML, para dar origen al MIR-Patria Libre, que impulsara en los departamentos de Crdoba y Sucre la organizacin de masas
08/07/2014 11:02:30 p.m.
Pan y Libertad. As mismo, el MIR-Patria Libre se fusionara en 1989

con el ELN para dar vida a la Unin Camilista-Ejrcito de Liberacin
Nacional, UC-ELN. Sin embargo, diferencias de tipo ideolgico y prctico enfrentaron internamente a los militantes de la UC-ELN, friccin
que termin, en 1991, con la expulsin del MIR-Patria Libre de las filas
de la UC-ELN. Esta disidencia recobr entonces su autonoma, pero al
dejar las filas del ELN tambin abandon su viejo nombre y adopt el
de Corriente de Renovacin Socialista, CRS, cuya existencia perdurara
hasta el 9 de abril de 1994, cuando entreg las armas y se desmoviliz en
pleno corazn de los Montes de Mara, corregimiento de Flor del Monte
del municipio de Ovejas (El Tiempo, 4 de abril de 1993). Las acciones de
guerra emprendidas por este grupo fueron pocas y de baja intensidad.
Como qued consignado el portal web del proyecto Verdad Abierta (2
de septiembre de 2010),
La primera manifestacin guerrillera cuenta Alejo Surez fue de MIR-Patria
Libre, un grupo que no pas de los cien tipos. Estos guerrilleros asaltaron la Caja
Agraria en Galeras, como a comienzos de los 80. Luego intentaron tomarse San
Pedro y hubo un muerto y dos heridos. Despus ensayaron asaltar a Palmitos y
fracasaron. Mataron a un hacendado, a Reginaldo de la Ossa. Patria Libre termin
siendo Unin Camilista-ELN y luego se desmoviliz como CRS en Flor del Monte, corregimiento de Ovejas, en 1994.
En efecto, en el curso de estos primeros aos de presencia de guerrillas en el territorio montemariano, los actores armados ilegales se dedicaron, ms que a desarrollar acciones blicas, a desplegar un amplio
trabajo poltico en la regin, habida cuenta de los acumulados sociales
de los movimientos agraristas, de larga tradicin en la zona. La violencia generalizada y las afectaciones a la poblacin civil apareceran a
finales de los aos 80, tal como se constata en el documento Panorama
del Departamento de Sucre, del Observatorio de la Vicepresidencia de la
Repblica (2007):
La implantacin de la guerrilla en Sucre a partir de los aos ochenta estuvo liderada, principalmente por el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN), as como por
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la Coordinadora [sic] de
Renovacin Socialista (CRS) y en menor medida por el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL). Estas estructuras haban logrado atraer a ciertos sectores sociales
y campesinos proclives a la reforma agraria que entraron en contradiccin con
los terratenientes. El conflicto por la tenencia de la tierra fue debilitado, en gran
08/07/2014 11:02:30 p.m.
parte, por la compra de tierras por parte de narcotraficantes a partir de la dcada

de los noventa y la intensificacin de la violencia (p. 5).
No obstante, tres aos antes que la CRS, el PRT se desmovilizara en

Don Gabriel, otro corregimiento enclavado en los Montes de Mara (Ovejas-Sucre). Dentro de los acuerdos de paz con el gobierno nacional de la
poca, el PRT negoci su presencia con voz, pero sin voto, en la Asamblea
Nacional Constituyente, elegida popularmente en 1990 para discutir y
aprobar la Constitucin de 1991. De esa manera, la regin de los Montes
de Mara se haba convertido en pocos aos en escenario de guerra y
paz. Pero la paz no sera ms que una ilusin, pues las mayores confrontaciones e impactos de la violencia sociopoltica sobre la poblacin civil
apenas estaban por llegar.
Segunda etapa: rediseo de estrategias, auge y degradacin

regional del conflicto armado interno
Paralelo a los procesos anteriores, la sptima conferencia de las Farc (1982)13
haba determinado la necesidad de copar espacios a lo largo y ancho del
territorio nacional a partir de la estrategia de desdoblamientos de frentes.
Las Farc y el ELN apostaron entonces por la ocupacin de territorios de
frontera, en referencia, segn explica Pizarro (2011), a regiones con graves vacos institucionales y serios conflictos agrarios como los Montes de
Mara, desde las cuales planeaban cercar y ahogar progresivamente los
centros urbanos (p. 202). De ah que, como seala la Vicepresidencia de la
Repblica (2007),
A partir de los aos 80 todos los grupos guerrilleros, incluidas las FARC, una vez
consolidadas sus reas de influencia en las regiones de colonizacin concebidas
como retaguardias estratgicas, dan un salto hacia regiones con significacin en
el plano econmico, con objeto de buscar el control directo en la explotacin de
recursos naturales o la extorsin a sus productores (p. 6).
Un hecho que favoreci este propsito fueron las desmovilizaciones

del PRT, en 1991, y de la CRS en 1994, dado que desde los inicios de los
13 Entre las conclusiones de la conferencia estuvo la decisin de crear una economa
de guerra, con nuevas fuentes de financiacin, como la extorsin, el secuestro y el
narcotrfico; as como la expansin territorial a partir del desdoblamiento de frentes, de
cara a asegurar su presencia en todo el territorio nacional.
08/07/2014 11:02:30 p.m.
aos 80 fueron estas las agrupaciones que colonizaron la regin de los

Montes de Mara para el movimiento guerrillero. El desalojo de la regin por parte de estos grupos, en razn de sus desmovilizaciones, dej
el territorio a disposicin de las Farc y, en menor medida, del ELN. De
acuerdo con la Vicepresidencia de la Repblica (2007),
El vaco que dej la desmovilizacin del PRT y la CRS hacia comienzos de los aos
noventa fue ocupado, poco a poco, por el ELN, que le dio prioridad al movimiento
social y, a partir de 1994 por las Farc, que empezaron a desplazar a sus frentes con
presencia tradicional en el bajo Cauca hacia el departamento de Sucre. El ELN logr
implantar los frentes Alfredo Gmez Quinez y Jaime Bateman Cayn en la Mojana y los Montes de Mara. A partir de ese mismo ao, las Farc ampliaron de manera
significativa el nmero de combatientes del frente 35, expandiendo su presencia
sobre el departamento, con especial nfasis en La Mojana, zona que adems cuenta
con la presencia del Ejrcito Revolucionario del Pueblo (ERP), una disidencia del
ELN que a partir del ao 2000 fue asimilada por las Farc (p. 5).
Sobre este particular, y destacando el poder que llegaron a alcanzar las

Farc en el territorio, el proyecto Verdad Abierta (2 de septiembre de 2010)
seala que

En 1994 se salieron de la guerra los de la Corriente de Renovacin Socialista
(CRS), una faccin del Eln, por una negociacin de paz con el gobierno de Gaviria. Eran unos 120 hombres y mujeres mal armados, dijo un testigo del momento.
Y las Farc, que ya vena copando los espacios que haban dejado en la zona las
otras guerrillas desmovilizadas, se meti a Sucre con fuerza. Trajo hombres del
Magdalena Medio y tambin los baj del Urab, presionada por la ofensiva de
los hermanos Castao y del Ejrcito en Crdoba. En El Carmen de Bolvar, por
ejemplo, alias Milton de las Farc lleg en 1992. Un par de aos despus la fuerza
pblica se fue del lugar. Ellos eran la autoridad, daban los permisos hasta para
matar una res, dijo Senn Arias, un comerciante de aguacate de esa ciudad.
Se trata de tiempos de intensa reverberacin social, poltica y armada

en la regin Caribe colombiana. Mientras todo esto ocurra en los Montes
de Mara, en el sur de Crdoba y el Urab bulla el fenmeno paramilitar, en cabeza de las Autodefensas Campesinas de Crdoba y el Urab,
Accu, impulsado por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castao Gil.
La estrategia de expansin de este grupo paramilitar se bas en llegar a
todos los espacios copados por las Farc, en su fortalecimiento militar y en
alianzas con elites pertenecientes a sectores polticos y econmicos, para
08/07/2014 11:02:31 p.m.
lo cual tambin lideraran el proceso de confederacin con otras colectividades paramilitares, dando vida as a las llamadas Autodefensas Unidas
de Colombia, AUC.
En tal sentido, por razones geoestratgicas, los Montes de Mara fueron incluidos como prioritarios en su agenda de expansin. De esta forma nace el Frente Rito Antonio Ochoa de las AUC, que posteriormente,
al momento de su desmovilizacin, se autodenominara Bloque Hroes
de los Montes de Mara comandado por Edwar Cobo Tllez, alias Diego Vecino, y Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias Cadena, con la
misin de enfrentar y derrotar a las fuerzas guerrilleras de los Montes de
Mara (Vicepresidencia de la Repblica, 2007). Tal como lo muestra el
proyecto Verdad Abierta (2010), el facilitador de la puesta en marcha de
esta estrategia de expansin fue el antioqueo Javier Piedrahita,
[] un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vsquez. Vctimas y desmovilizados del paramilitarismo han dicho a la justicia que l tena un grupo armado por Coveas, el municipio costero vecino a San Antonio de Palmito, y que
fue l quien actu de enlace entre las Autodefensas Unidas de Crdoba y Urab
de los Castao y los finqueros de Sucre para traer el paramilitarismo a los Montes
de Mara. Fue este caballista quin le present aCarlos Castao a Diego Vecino
en Urab en 1996, segn dijo ste en la citada entrevista [] Dijo Vecino que
Cadena se fue a trabajar con Piedrahita desde 1994, a su Convivir. En realidad,
segn consta en los registros de la Superintendencia de Seguridad, este caballista
antioqueo no registr oficialmente su Convivir sino hasta marzo de 1996, con
el sugestivo nombre de Nuevo Amanecer. Pero quizs Cadena ya vena siendo
parte del grupito armado que vena operando desde antes de ponerle la fachada
legal de Convivir. Vecino cuenta que a Cadena lo mandaron a hacer el curso de
comandante de frente, en las escuelas de formacin de comandantes que tena
Carlos Castao en Urab. Apenas estuvo listo, el ex carnicero de Macayepo se
volvi, desde 1997, el seor del terror de los Montes de Mara.
A partir de entonces, las AUC entraran en un proceso de rediseo de

su estrategia de guerra. El predominio paramilitar en el sur de Crdoba
se haba logrado enfrentando y derrotando en franca lid a una guerrilla
dbil, como el EPL, pero enfrentar a las FARC en su mejor momento militar supona reinventar la estrategia, ms an en un territorio montaoso
y desconocido para las AUC como eran los Montes de Mara, que las Farc
conocan perfectamente y controlaban a su antojo. En palabras del propio
Carlos Castao, la estrategia consisti en quitarle el agua al pez (Aranguren, 2001: 224). Es decir, las AUC partan de la base de que las comunida-
08/07/2014 11:02:31 p.m.
des rurales colaboraban con las guerrillas y por tal motivo no deban ser
reconocidas como poblacin civil sino como combatientes, por lo que no
eran ms que guerrilleros de civil, a quienes haba que retirar del camino
para debilitar y derrotar al enemigo (Aranguren, 2001: 278-279).
De esa manera el proyecto paramilitar incursion en la zona con tcticas de ataque-repliegue, a fin de desarrollar una estrategia consistente
en desocupar el territorio, llevada a la prctica a partir de la implantacin
del esquema masacrar-aterrorizar-desplazar. Tal como ha quedado demostrado en procesos judiciales ordinarios y transicionales (de Justicia y Paz),
se trat de una estrategia que comport la articulacin ilegal con servidores pblicos, tanto civiles como policiales y militares, quienes afectaron los
derechos humanos de la poblacin civil y condujeron a su deslegitimacin
como autoridades pblicas. El resultado fueron 42 masacres cometidas entre 1991 y 2001 en toda la regin de los Montes de Mara, con un saldo
trgico de 354 vctimas fatales y miles de familias desplazadas y sumidas en
la ms absoluta miseria, de acuerdo con el segundo informe del Grupo de
Memoria Histrica de la Cnrr (Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, 2009: 9). Las cifras generales de homicidios son extremadamente
escandalosas. Un estudio financiado por agencias de cooperacin internacional consolid las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la
Vicepresidencia de la Repblica y mostr que
() entre los aos 1990 y 2002 en San Onofre y Ovejas se cometieron 516 homicidios, el 47,5% de los ocurridos en los ocho municipios de Sucre que hacen parte
de los Montes de Mara. En El Carmen y San Jacinto se cometieron 710 homicidios, el 58,2% de los ocurridos en los municipios de Bolvar que hacen parte de
los Montes de Mara (Bocchi, 2006).
Los anteriores son algunos efectos de la violencia sociopoltica en los

Montes de Mara, los cuales permanecieron in crescendo a medida que nuevos actores como el paramilitarismo aparecan en la regin, o que viejos
actores se fortalecan, como ocurri con las Farc, o bien que se desplegaba
la poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, implantada en 2002 y que
descarg fuertes castigos sobre las comunidades montemarianas.
Tercera etapa: la poltica de defensa y seguridad democrtica

El arribo de lvaro Uribe Vlez a la Presidencia de la Repblica, en agosto
de 2002, signific la puesta en marcha de la llamada Poltica de Defensa y
08/07/2014 11:02:31 p.m.
Seguridad Democrtica, concebida en un documento pblico de la Presidencia de la Repblica y el Ministerio de Defensa Nacional (2003) como
() una poltica de Estado de largo plazo, que se desarrollar en coordinacin
con todas las entidades del Gobierno y las dems ramas del poder. La verdadera seguridad depende no solo de la capacidad de la Fuerza Pblica de ejercer
el poder coercitivo del Estado, sino tambin de la capacidad del poder judicial
de garantizar la pronta y cumplida administracin de justicia, del Gobierno de
cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de
legislar teniendo presente la seguridad como el bien comn por excelencia de
toda la sociedad.
Como consecuencia de la implementacin de esta poltica, cuatro das

despus de su posesin Uribe Vlez instaur, mediante decreto 1837 de
2002, el estado de conmocin interior en todo el territorio nacional, situacin que le permiti adoptar una serie de medidas jurdicas excepcionales de alcance militar, policial y judicial, como la constitucin de zonas
de rehabilitacin y consolidacin, definidas en el Decreto 2002, del 9 de
septiembre de 2002 (Presidencia de la Repblica) como
() el rea geogrfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con
el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional,
la integridad del territorio nacional y la proteccin de la poblacin civil, resulte
necesaria la aplicacin de una o ms de las medidas excepcionales de que tratan
los siguientes artculos, sin perjuicio de la aplicacin de las dems medidas dictadas con base en la conmocin interior.
La normativa expedida para tales efectos contena una serie de determinaciones que restringan las libertades y derechos de los ciudadanos
del rea delimitada, especialmente el derecho de circulacin y residencia,
que inclua aspectos como la solicitud de permisos para desplazarse fuera
de la zona delimitada, la suspensin de salvoconductos para portar armas
y el otorgamiento de facultades a las autoridades militares y policiales
para realizar de manera discrecional interrogatorios a la poblacin civil,
retener a quienes no portaran identificacin, revisar todo tipo de cargas
y utilizar por motivos estratgicos cualquier tipo de bienes y servicios de
particulares, y, previa autorizacin judicial, interceptar comunicaciones y
hacer allanamientos, registros y capturas. En teora, estas medidas tenan
por objeto proteger los constantemente vulnerados derechos individuales
08/07/2014 11:02:31 p.m.
y colectivos de las comunidades ms amenazadas por la accin de guerrillas y paramilitares. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-122 de 2001, declar su congruencia con la Constitucin Nacional.
De esa forma, mediante Decreto 2929 del 3 de diciembre de 2002, se
delimit la primera zona de rehabilitacin y consolidacin y el turno le
correspondi a los municipios bolivarenses y sucreos de los Montes de
Mara, sumados a otros de la subregin de Sabanas, del departamento de
Sucre. Esto permiti una articulacin entre Fuerza Pblica y Fiscala General de la Nacin que condujo a la realizacin de operaciones conjuntas,
que a su vez se tradujeron en capturas masivas dentro de la denominada
Operacin Mariscal Sucre (identificada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como Operacin
Ovejas), que en el ao 2003 dej como saldo la retencin de 156 personas,
sealadas de cometer delito de rebelin por su supuesta pertenencia a las
guerrillas de la zona. Al referirse a dicha operacin, el Informe Anual de
Naciones Unidas (2004) sobre la situacin de los derechos humanos en
Colombia seal que

La oficina en Colombia recibi informacin sobre detenciones, masivas o individuales, practicadas por miembros de la Fuerza Pblica, en particular por el Ejrcito, sin mandamiento judicial previo y fuera de situaciones de flagrancia. En otros
casos se cuestion la actuacin de la Fiscala porque las rdenes de captura se elaboraron una vez realizada la diligencia, o de manera irregular por no identificar
previamente a las personas, o estar basadas en informes de inteligencia o meros
sealamientos, aun de personas encapuchadas [] En el caso de 156 personas
detenidas en la Operacin Ovejas (Sucre), en agosto, se denunci la utilizacin
de personas encapuchadas y la elaboracin de las rdenes a posteriori. Un fiscal
orden posteriormente la puesta en libertad de esas personas por no encontrar
elementos que justifiquen su detencin (Anexo II, prrafo 8).
Es decir, ms all de las intenciones de proteger los derechos de los

miembros de las comunidades montemarianas, en la prctica los pobladores fueron estigmatizados y victimizados por el Estado. La opinin
pblica general empez a identificar a los nativos y residentes en esta
regin como miembros de la guerrilla, lo cual, sumado a las presiones de la fuerza pblica, trajo como consecuencia lgica el aumento del
desplazamiento forzado en los aos posteriores. Esta situacin llev a
que un alto funcionario de las Naciones Unidas destacado en Colombia
manifestara que
08/07/2014 11:02:31 p.m.
Las zonas de rehabilitacin y consolidacin fueron establecidas y manejadas bajo

la inquietante e injusta presuncin de que sus pobladores civiles colaboran con los
grupos guerrilleros [] Puede afirmarse que los grupos paramilitares lograron
consolidaciones y expansiones dentro de esas zonas, sin que para contrarrestarlas
se evidenciara un gran esfuerzo de los cuerpos armados oficiales (Incalcaterra,
2003).
La Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica plante tambin

la posibilidad de negociar con los grupos armados ilegales catalogados
como terroristas en el discurso oficial del nuevo gobierno. En efecto, el
apartado 35 de dicha poltica (Presidencia de la Repblica y Ministerio
de Defensa Nacional, 2003) contempl que
El Gobierno Nacional mantiene abierta la puerta a una negociacin con aquellos
que se decidan a participar en la vida democrtica, con la condicin de que cumplan un estricto cese de hostilidades. As disminuir la violencia y se asegurar el
respeto a los derechos humanos. Por ello, la consigna del Gobierno es: urgencia
para el cese de hostilidades, paciencia para la negociacin y el desarme. Quienes
se reintegren a la sociedad y la vida democrtica tendrn todas las garantas para
ejercer la poltica que merece el disidente dentro de la democracia.
Echando mano de instrumentos legales que permitan adelantar dilogos de paz, el gobierno de Uribe Vlez entr en un proceso de negociacin con la cpula de las AUC, para lo cual se determin una zona de
ubicacin en el departamento de Crdoba, municipio de Tierralta, hasta
entonces santuario de dicha organizacin armada ilegal. La mesa de dilogo entre paramilitares y gobierno acord el desarme, la desmovilizacin
y la reintegracin de aqullos a la vida civil luego de aprobarse la Ley 975,
tambin conocida con el sugestivo nombre de Ley de Justicia y Paz, en la
cual se dictaron disposiciones para la reincorporacin de miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecucin de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios (Congreso de la Repblica, 2005).
De esta forma, los Montes de Mara volvieron a ser territorio de una
desmovilizacin protagonizada por un actor del conflicto armado interno
contemporneo, luego de que el Bloque Hroes de los Montes de Mara,
de las Autodefensas Unidas de Colombia, anunciara su desmovilizacin,
que tuvo efecto el 14 de julio de 2005 en el corregimiento de San Pablo,
municipio de Maralabaja, Bolvar. Fue la dcimo-segunda desmovilizacin de las AUC y en ella 594 combatientes, pertenecientes a los frentes
08/07/2014 11:02:32 p.m.
Canal del Dique, Sabanas y Golfo de Morrosquillo, entregaron sus armas

y se dispersaron con la intencin de reincorporarse a la vida civil. Sin
embargo, en ese evento el vocero del Bloque, alias Diego Vecino, lanz una frase lapidaria que interpretaba la realidad del contexto: Aqu se
desmovilizan las AUC, no el paramilitarismo (Garzn, 2008), en clara
advertencia al Gobierno nacional sobre las exigencias de seguridad que
las elites locales y regionales seguan reclamando, dada la todava fuerte
presencia de las Farc en el territorio.
La frase resultara premonitoria, pues el paramilitarismo no abandonara las actividades relacionadas con la captura de rentas legales e ilegales, como narcotrfico, extorsiones, sicariato, minera, hurtos, presupuestos oficiales, etc. A rengln seguido, la poltica de defensa y seguridad
democrtica activ en la regin dispositivos estratgicos y tcticos que
fueron debilitando y derrotando a las Farc. En ese sentido, la muerte en
combate de Gustavo Rueda Daz, alias Martn Caballero, jefe del Frente
37 de las Farc y miembro de su Estado Mayor Conjunto, ocurrida el 24 de
octubre de 2007, recibi amplia difusin y fue mostrada por el gobierno
de Uribe Vlez como el primero de muchos grandes golpes que hacia el
futuro le asestara a las Farc, habida cuenta de la importancia poltica y
militar del abatido dirigente guerrillero, segn afirm a la prensa el ministro de Defensa de la poca, Juan Manuel Santos (Portal Web Radio
Santa Fe, 25 de octubre de 2007). Esta operacin supuso la desestructuracin definitiva de las Farc en la regin, lo mismo que de sus apndices
asociados al Ejrcito Revolucionario Popular, ERP. Ya fuera por la cada
en combate, el repliegue a zonas de la Depresin Momposina o la entrega
a las autoridades con fines de desmovilizacin, las Farc fueron diezmadas
y no lograron reponerse del golpe que les signific la muerte de Martn
Caballero.
Lo que vino enseguida fue la implementacin de la fase de consolidacin de la estrategia, que en la poltica de Defensa y Seguridad Democrtica tiene la finalidad de asegurar el control estatal sobre el territorio,
a partir de la presencia permanente y definitiva de la fuerza pblica en
todas las cabeceras municipales y de la orientacin de los recursos y las
acciones de todas las entidades del Estado al fortalecimiento de la autoridad democrtica en el territorio. Esta fase tena (y tiene) como mxima
autoridad a jefes militares que dirigen y coordinan a autoridades civiles.
El nombre atribuido a dicho programa fue el de Centro de Coordinacin
de Acciones Integrales, Ccai, que cuenta con la asesora y financiacin del
gobierno de los Estados Unidos.
08/07/2014 11:02:32 p.m.
De esa forma, una vez despejado el territorio de paramilitares y guerrillas, comenz en extenderse en el territorio una fuerte ola de inversiones pblicas y militarizacin de la vida civil, fruto del esquema implementado, que puso a cargo de los jefes militares la articulacin de la
institucionalidad y las comunidades, tal como lo reconoci Luis Alfonso
Hoyos, entonces Director de la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional (Accin Social), en entrevista dada a
la revista Hechos del Callejn N 36, del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, Pnud, citada en el mencionado estudio de las agencias
de cooperacin internacional que trabajan en Colombia:
Para coordinar la labor de interlocucin con las autoridades locales, se decidi
nombrar como referente a un funcionario del Ccai. Para facilitar las sinergias y
la interlocucin con las comunidades y las autoridades regionales, alguno de los
delegados le hace seguimiento a toda la informacin de una zona y centraliza la
interlocucin con todas las entidades para el desarrollo de los distintos programas. A quien realiza esa labor se le conoce como padrino o madrina de la zona. El
padrino vena acompaado por un coordinador militar y un coordinador policial
(Bocchi, 2006: 54).
En definitiva, todo esto se tradujo en acciones de seguridad y recursos

para inversin en infraestructura vial y social, so pretexto de crear condiciones para que las familias desplazadas retornaran a la regin. Como
ya se anot al hablar de la cuestin agraria en los Montes de Mara, la
coyuntura fue aprovechada por inversionistas forneos, en su mayora
antioqueos atrados por la oportunidad de comprar tierras de calidad
a muy bajo precio y en tiempo rcord. Una vez adquiridas por los inversionistas, las tierras incrementaron su valor diez veces, por lo cual las
hectreas compradas a $200.000 pasaron a costar $2.000.000 (El Tiempo,
3 de octubre de 2010)14. El origen de la mayora de los predios adquiridos fue un inconcluso proceso de reforma agraria, adelantado durante
14 Entre las empresas de origen antioqueo citadas en este estudio estn Tierra de
Promisin, de la familia Echavarra; Agropecuaria El Central y Agropecuaria Gnesis,
domiciliadas en Medelln y con la representacin legal del cordobs Otto Bula,
segundo rengln del exsenador Mario Uribe Escobar, tambin antioqueo, primo
del expresidente Uribe y condenado por parapoltica; Agropecuaria El Carmen,
de propiedad de la familia Gaviria, propietaria del diario El Mundo, de Medelln,
representada legalmente por Guillermo Gaviria, padre del exgobernador de Antioquia
y actual alcalde de Medelln, Anbal Gaviria; y Arepas Don Juancho, con domicilio en
Rionegro, Antioquia. Otras empresas antioqueas mencionadas en publicaciones son
Colanta y Cementos Argos.
08/07/2014 11:02:32 p.m.
ms de cuarenta aos por el Estado colombiano en medio del ms absoluto desgreo administrativo, situacin que propici la informalidad
en la tenencia de suelos y favoreci a los acaparadores de la tierra. Los
vendedores, en consecuencia, fueron los empobrecidos desplazados y
dems vctimas del conflicto armado interno, que en medio de necesidades y el temor persistente optaron por vender las tierras. De acuerdo con
la Superintendencia de Notariado y Registro (2011), en la regin de los
Montes de Mara se han detectado 34.000 hectreas adquiridas por unas
cuantas personas jurdicas o naturales, o ambas cosas al tiempo, en zonas
de desplazamiento masivo y sin la autorizacin del comit local de Justicia Transicional (despojo masivo por transferencia de dominio). Por
lo mismo, tras la desmovilizacin de las AUC y la derrota de las Farc es
correcto el anlisis que se plantea acerca de tres situaciones caractersticas
de la regin: la permanencia en ella de grupos armados ilegales, asociados
al narcotrfico y otras formas de coercin; el alto grado de militarizacin
de la vida cotidiana y la persistencia de conflictos sociales derivados de la
tenencia y uso de la tierra (Fundacin Social, 2010: 15).
Es factible hablar hoy de posconflicto o de una etapa

de posviolencia en los Montes de Mara?
En el ao 2010 Juan Manuel Santos accedi a la Presidencia de la Repblica y sorprendi con un discurso de posesin en el que se comprometi
a jugarse a fondo por los derechos de las vctimas del conflicto armado y
la bsqueda de la paz15. La Ley 975 de 2005 haba mostrado fallas estructurales, no solo referidas a la investigacin y juzgamiento de los paramilitares sometidos a este estatuto legal de poltica transicional, sino tambin
y sobre todo para avanzar en la reparacin integral de las vctimas del
conflicto armado interno.
Altos y medianos mandos de las AUC, con incidencia en los Montes
de Mara, haban rendido versin libre ante los fiscales de Justicia y Paz,
entre ellos Salvatore Mancuso, quien ha reconocido su responsabilidad en
15 Santos aspir como candidato oficialista o gobiernista, luego de ser durante tres aos
el ministro de Defensa del gobierno de la Seguridad Democrtica (Gobierno Uribe
Vlez). De ah que muchos esperaban un tono y unas acciones fuertes en la lnea
de radicalizar la respuesta armada a la insurgencia. Adems, el proyecto de Ley de
Vctimas, tras largas deliberaciones y consultas ciudadanas, haba sido aprobado
en cuatro debates en el Congreso de la Repblica, pero archivado a peticin del
presidente Uribe en la comisin de conciliacin de ambas cmaras adonde haba ido
para afinar aspectos formales del texto.
08/07/2014 11:02:32 p.m.
las masacres de Pichiln y El Salado; alias Diego Vecino (Edward Cobo

Tllez); ber Enrique Banquez, alias Juancho Dique, quien reconoci su
participacin en las masacres de El Salado, Las Brisas-Mampujn, Mcura, Libertad, Macayepo y Chengue; Marco Tulio Prez Guzmn, alias
El Oso, sealado de mltiples atrocidades, entre ellas de inconfesas violaciones sexuales a mujeres; Emiro Correa, alias Convivir; Juan Vicente
Gamboa, alias Pantera y Alexis Mancilla Garca, alias Zambrano. Adems, ellos son responsables de masivos desplazamientos forzados, homicidios selectivos y despojo de tierras. Todos han hecho importantes
revelaciones, pero las vctimas siguen inconformes con lo que estiman
como bajo compromiso con la verdad, la justicia y la reparacin integral,
insatisfaccin que extienden a las instituciones responsables del proceso
(El Universal, 19 de enero de 2012).
Esto condujo al nuevo gobierno a recuperar el proyecto de Ley de Vctimas impulsado en aos anteriores por el Partido Liberal, cuya finalidad
era implementar la reparacin integral por la va administrativa, es decir,
sin ligarla a los resultados del proceso penal de la Ley 975 de 2005. As
mismo, la Corte Constitucional despach el Auto 008 de 2009, de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en el cual se inst al gobierno nacional a aprobar un marco jurdico que facilitara la restitucin de tierras
abandonadas y despojadas en Colombia, que, segn un estudio ordenado
por la propia Corte, ascenda a unas seis millones de hectreas en todo el
territorio nacional (Comisin de Seguimiento a la Poltica Pblica sobre
Desplazamiento Forzado, 2008).
El resultado de ello fue la aprobacin de la Ley 1448 de 2011, o Ley de
Vctimas y Restitucin de Tierras, concebida como una poltica pblica
proyectada a diez aos con el propsito de posibilitar el cumplimiento de
los derechos de las vctimas a la verdad, la justicia y la reparacin integral.
La ley asegur recursos para dichos propsitos y cre una nueva institucionalidad que se encargara de su ejecucin entre cuyas dependencias
aparecen la Unidad de Atencin y Reparacin Integral a Vctimas, la Unidad de Restitucin de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histrica, a la par que extendi a todos los niveles del Estado colombiano las
obligaciones en materia de atencin y reparacin integral.
Paralelamente, se anunci su articulacin a la poltica sectorial agropecuaria y de desarrollo rural, en atencin a que la gran mayora de las
vctimas provena del campo. En particular, el gobierno traz una especie
de Plan B para la restitucin de tierras, basado en las competencias de formalizacin de la propiedad rural del Instituto Colombiano de Desarro-
08/07/2014 11:02:32 p.m.
llo Rural (Incoder), presentadas a ttulo de restitucin administrativa por

estar orientadas a poner trmino a los procesos inconclusos de reforma
agraria (predios del Fondo Nacional Agrario) y a la titulacin de baldos,
que constituan el mayor volumen de tierras despojadas y abandonadas
en Colombia (Incoder, 2010). De manera complementaria, el gobierno
anunci la reactivacin de una figura consagrada en la Ley 160 de 1994
que, adems de relegada al olvido, haba sido demonizada y proscrita por
el gobierno de Uribe: las Zonas de Reserva Campesina, ZRC (Semana, 29
de septiembre de 2010)16.
En esta perspectiva, la regin de los Montes de Mara fue priorizada,
tanto para la implementacin de la Ley de Vctimas como para la puesta
en marcha de la estrategia de formalizacin de la propiedad rural y el
desarrollo rural, habida cuenta del posconflicto armado incorporado al
discurso oficial ligado fundado en los avances en la fase de consolidacin
territorial desarrollada por el Estado (De los Ros, et al., 2012). De acuerdo con el gobierno, esta situacin de seguridad ofreca las condiciones
necesarias para impulsar las referidas polticas pblicas.
Sin embargo, la regin no ha estado exenta de nuevos hechos de violencia, ligados al proceso de restitucin de tierras emprendido por el Estado, en el cual la tipologa de abandono prevalece sobre la de despojo. En
efecto, desde 2010 vienen siendo reportadas amenazas, atentados y asesinatos de reclamantes de tierras, entre estos ltimos los de Rogelio Martnez Mercado, der Verbel Rocha y Antonio Mendoza, en San Onofre,
Sucre; Oscar Maussa Contreras, en San Juan Nepomuceno, Bolvar (El
Heraldo, 11 de septiembre de 2011); y Rigoberto Rivera Cataln, en El
Carmen de Bolvar (Corporacin Nuevo Arco Iris, 30 de mayo de 2013).
Analistas de la problemtica han catalogado como difcil el camino de
la recuperacin de tierras en toda la regin de los Montes de Mara (Becerra, 2012), que a mayo de 2014 muestra apenas 60 sentencias de restitucin, 23 en Bolvar y 37 en Sucre (Unidad de Restitucin de Tierras,
2014), no exentas de polmica, pues algunos procesos son promovidos
por campesinos contra campesinos (ya sean segundos ocupantes o compradores de buena fe), lo cual ha motivado la protesta de organizaciones campesinas, como la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos
16 Las ZRC son reas geogrficas definidas como tal por la junta directiva del Incoder,
teniendo en cuenta caractersticas agroecolgicas y socioeconmicas regionales que
ameriten la regulacin, limitacin y ordenamiento de la propiedad o tenencia de
predios rurales.
08/07/2014 11:02:33 p.m.
(Anuc), que denuncia despojos por parte de la Unidad de Restitucin

de Tierras del Ministerio de Agricultura y los jueces y magistrados de
restitucin de tierras (El Meridiano de Sucre, 20 de octubre de 2013). La
sensacin que le queda al observador acucioso es que no basta con la
implementacin de las medidas legales de restitucin, sino que en una
regin donde an estn en pie demandas de tierras por parte de la poblacin campesina y la necesidad de emprender acciones de desarrollo rural,
la poltica de restitucin debe ser complementada con medidas de acceso
a la tierra y apoyo a la productividad.
Si bien estas acciones coinciden con otras intervenciones gubernamentales hechas en el territorio, ellas son fundamentalmente auspiciadas
por organismos de la cooperacin internacional: en 2003, por iniciativa
de la Iglesia catlica y la Iglesia menonita de Colombia, se cre la Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara, concebida como
una organizacin de la sociedad civil que dinamiza actores y acciones
para desplegar en la regin un Programa de Paz y Desarrollo (PDP). Esta
organizacin cuenta desde sus inicios con el apoyo de la cooperacin internacional y sirvi de ente articulador para la puesta en marcha en la
regin del Laboratorio de Paz III (LP3), que surge de un convenio del
gobierno nacional con la Unin Europea. All tambin est presente el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), que en 2007
abri una Oficina Territorial para implementar en la regin el Programa
Redes (Reconciliacin y Desarrollo), que con aportes de la agencia de
cooperacin Sueca (Asdi) presta apoyo tcnico y poltico a comunidades,
organizaciones sociales e instituciones de los Montes de Mara.
Finalmente, el proceso de consolidacin en el territorio es acompaado y financiado por los Estados Unidos, por intermedio de Usaid, a
travs de diversos programas, entre los que se destaca la estrategia Colombia Responde. En este doble esquema de intervencin del gobierno
nacional (consolidacin y programas de desarrollo y paz), algunos ven
un contrasentido, pues los medios implementados para la consolidacin
son opuestos a los postulados de desarrollo y paz, por lo que sugieren la
necesidad de inspirar los esfuerzos de consolidacin en el modelo desplegado por los programas de desarrollo y paz, entre ellos Alejo Vargas
(2011), quien considera que

() una adecuada estrategia de consolidacin de las regiones que han vivido el
conflicto interno armado y sus efectos podra inspirarse en otro tipo de modelo:
los Programas de Desarrollo y Paz, donde la orientacin no est marcada por la
08/07/2014 11:02:33 p.m.
lgica contrainsurgente de ver a las poblaciones de estas regiones como potenciales enemigos del Estado, sino buscando estimular estrategias para el desarrollo de
las regiones de los productores campesinos, de los pescadores, de los habitantes
de los municipios, de las mujeres, de los jvenes y concibiendo el desarrollo no
solamente en su dimensin econmica, sino en su sentido amplio involucrando
lo social, lo cultural, lo organizativo; as el desarrollo de las regiones, a partir de
su diversidad, y de los pobladores, aparecer como el mejor elemento para consolidar la paz en las mismas.
Si bien en la actualidad la regin de los Montes de Mara cuenta con

una fuerte presencia del Estado colombiano, hay una evidente descoordinacin entre tales agencias estatales y falta de articulacin entre las
polticas pblicas all desplegadas. Tambin es palpable el fuerte acompaamiento de la comunidad internacional a travs de distintas agencias
de cooperacin. Esto, desde luego, ha fortalecido el capital social de la
regin pero l no se ha traducido en la democratizacin efectiva de las
relaciones de poder, el fortalecimiento del Estado social y democrtico
de derecho (en lo local y regional) y la renovacin de una cultura de paz
y de derechos humanos, principales apuestas que bullen en el territorio,
tanto de las organizaciones de la sociedad civil montemariana como de la
cooperacin internacional y el gobierno nacional (Bocchi, 2006).
En conclusin, la desaparicin de las Farc y de las AUC en los Montes
de Mara, y la ostensible disminucin de los niveles de violencia sociopoltica como consecuencia directa de ello, apenas podran motivar reflexiones en torno de la existencia de un posconflicto armado en la regin,
mas no sobre la eliminacin definitiva de la violencia. Los conflictos por
la tierra y el territorio persisten y el modus operandi del paramilitarismo,
a excepcin de la lucha antisubversiva, ha sido replicado por los grupos
armados instalados despus de la desmovilizacin (a los cuales las autoridades policivas y militares denominan bandas criminales, o bacrim).
Tales formaciones, mediante la coercin, acceden a rentas y controlan
espacios territoriales, mientras que las actuaciones administrativas y judiciales para la formalizacin y restitucin de las tierras se alinean con
histricos y nuevos conflictos suscitados en torno a la tenencia y usos del
suelo, esta vez asociados a la compraventa masiva de tierras por parte de
inversionistas forneos y a no pocas tensiones entre poblacin campesina
resistente y poblacin retornada al lugar. En consecuencia, los conflictos
continan palpitando en el territorio y una paz estable y duradera, principal aspiracin del posconflicto, sigue hasta ahora en construccin.
08/07/2014 11:02:33 p.m.
Conclusiones
Desde la Conquista espaola hasta el presente, las montaas y valles que
integran el territorio de los Montes de Mara, localizado entre la margen
occidental del ro Magdalena y el borde sur del Mar Caribe, han soportado un largo proceso de poblamiento y formacin social ligado de manera
estrecha a recurrentes conflictos y manifestaciones de violencia, que a su
vez se han traducido en un marcado y persistente proceso de resistencia
social.
Espacio ancestral del pueblo zen, el territorio montemariano se convirti, por fuerza de las invasiones europeas, en asentamiento de grupos
amerindios provenientes del litoral Caribe y las riberas del Magdalena, y
de antiguos esclavos africanos, que encontraron en el cimarronismo no
solo un estatus de libertad sino una forma de vida. De esa manera, la regin se fue poblando con behetras indgenas y palenques que, aunados
a las rochelas, conformadas por libres de todos los colores, fueron modelando comunidades forjadas social y culturalmente por la resistencia a
los fenmenos de violencia.
Esta combinacin de esfuerzos por construir territorio comenz a
cambiar de direccin a mediados del siglo XIX, cuando la fiebre del cultivo del tabaco se afianza en la regin. El fenmeno trajo consigo el crecimiento acelerado de la misma, no solo en aspectos econmicos sino
tambin poblacionales. Es entonces cuando aparecen nuevos conflictos
en torno a la tierra y al cultivo del tabaco, una actividad econmica que
en su aspecto comercial es controlada por grandes inversionistas nacionales y extranjeros.
Desde una perspectiva histrica, los Montes de Mara han servido
como territorio de mltiples y variadas comunidades, que no solo han
encontrado all el acceso a recursos naturales como la tierra y el agua,
esenciales para grupos humanos con dependencia de economas de tipo
campesino, sino tambin un espacio vital que ha permitido la construccin de estructuras y relaciones sociales y culturales en las cuales se ha
venido definiendo el carcter de los moradores de la regin.
Esta referencia no solo cobija a los pueblos indgenas originalmente pobladores del territorio sino tambin y desde los propios inicios del proceso
de poblamiento espaol en el Caribe colombiano a blancos de diferentes
condiciones socioeconmicas, comunidades afros organizadas en forma de
palenques y pequeas congregaciones sociales conformadas por diferentes
elementos socio-raciales, organizadas en forma de rochelas.
08/07/2014 11:02:33 p.m.
Dicho contexto, agregado a circunstancias de tipo geotopogrfico,

otorgaron al territorio condiciones para que su poblacin se mantuviera
en cierta situacin de aislamiento de las autoridades coloniales o republicanas segn la poca, caractersticas que marcaron una tendencia hacia
la conformacin de comunidades de pensamiento y talante liberales, en el
sentido filosfico de la palabra. Es ms, en el curso de las guerras civiles
decimonnicas, el territorio sirvi como refugio de quienes pretendan
marginarse de los embates de la violencia, sin desconocer la existencia de
algunos resquicios territoriales afectados por la guerra.
La situacin se mantuvo as ya entrado el siglo XX e incluso durante
el periodo de la Violencia (1946-1958), cuando la regin experiment
hechos que, aunque aislados, terminaron siendo supremamente graves,
como masacres, homicidios selectivos por razones polticas, violencia de
todo tipo contra mujeres, enfrentamientos entre comunidades, abusos
de autoridad, restricciones a las libertades individuales y desplazamiento
transitorio de poblacin, entre otros.
Sin embargo, lo que marca un antes y un despus para la regin es el
proceso de expansin y degradacin del conflicto armado interno contemporneo, que de un estado de cero impacto regional en sus fases iniciales de los aos 60 y 70 del siglo XX, a partir de los 80 comienza a afectar de manera progresiva a la regin de los Montes de Mara, en la cual se
venan desarrollando histricos procesos sociales del movimiento campesino. Un aspecto que result atractivo para que grupos de guerrillas de
marcado acento regional, como el MIR-Patria Libre (luego transformado
en Corriente de Renovacin Socialista (CRS) y el Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT), echaran races en los Montes de Mara.
No obstante, su ingreso a escenarios de negociacin con el Estado colombiano a principios de los aos 90 y su posterior desmovilizacin y
reinsercin a la vida civil, allanaron el terreno para que organizaciones
insurgentes de mayor peso militar y poltico, como el ELN y las Farc, se
expandieran en el territorio. A mayor capacidad militar, mayor impacto
en la poblacin civil, en especial sobre sectores terratenientes y ganaderos, que fueron afectados por hurtos, daos, extorsiones y secuestros de
la guerrilla. La incapacidad de respuesta del Estado en trminos de oferta
legtima de seguridad y la aparicin de grupos de autodefensas cercanos
al latifundio en zonas del sur de Crdoba y Urab, facilitaron el advenimiento de un fenmeno igualmente nefasto para la poblacin civil: el
paramilitarismo.
08/07/2014 11:02:33 p.m.
El resultado de todo fue una guerra sin lmites ni controles entre diferentes actores armados, tanto ilegales como oficiales, que dej expuesta a la poblacin civil asentada en innumerables poblados rurales de los
Montes de Mara, entre ellos las comunidades de El Salado, Mampujn,
Las Brisas, Capaca, Colos, Canutal, Canutalito, Pijiguay, Macayepos,
Pativaca, El Pial y Chengue, que casi que de la noche a la maana se
vieron inmersas en los intersticios de la violencia. En total, en la regin
se contabilizaron 42 masacres y miles de familias desplazadas, con grave
afectacin emocional, material y relacional de las vctimas.
Libros
Aranguren, M. (2001). Mi confesin. Entrevista a Carlos Castao. Bogot:
Editorial Oveja Negra.
Arrzola, R. (1970). Palenque, primer pueblo libre de Amrica. Cartagena:
Ediciones Hernndez.
Behar, O. (1986). Las guerras de la paz. Bogot: Editorial Planeta.
Corrales, M. (1999). Efemrides y anales del Estado de Bolvar (Seleccin
de textos). Bogot: Gobernacin de Bolvar, Instituto Internacional de
Estudios del Caribe, Carlos Valencia Editores.
De los Ros, E., et al. (2012). Montes de Mara: entre la consolidacin del
territorio y el acaparamiento de tierras. Aproximacin a la situacin de
los derechos humanos y del derecho Internacional Humanitario en la
regin (2006-2012). Bogot: Ilsa.
Daz-Callejas, A. (2006). La reforma agraria en Colombia, Venezuela y
Brasil. Nuestra costa Caribe y el problema agrario. Bogot: edicin de
autor.
Duncan, G. (2006). Los seores de la guerra. De paramilitares, mafiosos
y autodefensas en Colombia. Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
Falchetti, A. (1995). El oro del Gran Zen. Santaf de Bogot: Banco de la
Repblica.
Fals Borda, O. (1975). Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa
Atlntica. Bogot: Punta de Lanza.
__________ (1986). Historia doble de la Costa. El Presidente Nieto. Bogot: Carlos Valencia Editores.
__________ (1987). Historia Doble de la Costa. Retorno a la Tierra. Bogot: Carlos Valencia Editores.
Gonzlez, F. (2001). Partidos, guerras e Iglesia en la construccin del Estado Nacin en Colombia (1830-1900). Medelln: La Carreta Editores.
08/07/2014 11:02:34 p.m.
Guzmn, G., Fals Borda, O. y Umaa, E. (1988). La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social. Bogot: Printer Colombiana-Crculo
de Lectores.
Machado, A. (2009). La reforma rural, una deuda social y poltica. Bogot: Universidad Nacional de Colombia.
Moreno de ngel, P. (1994). Antonio de la Torre y Miranda, viajero y poblador. Bogot: Editorial Planeta Colombiana.
Mnera, A. (1994). Ensayos costeos: de la Colonia a la Repblica, 17701890. Bogot: Colcultura.
Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y poltica en Colombia. Bogot: Instituto de Estudios Colombianos,Biblioteca Banco Popular.
Pardo, R. (2007). Fin del paramilitarismo Es posible su desmonte? Bogot:
Ediciones B Colombia.
Pearanda, R. y Guerrero, J. (Eds.). (1999). De las armas a la poltica.
Bogot: Iepri-Tercer Mundo.
Pizarro, E. (2004). Una democracia asediada. Balance y perspectivas del
conflicto en Colombia. Bogot: Grupo Editorial Norma.
__________ (2011). Las Farc (1949-2011). De guerrilla campesina a mquina de guerra. Bogot: Editorial Norma.
Posada Carb, E. (1998). El Caribe colombiano. Una historia regional
(1870-1950). Bogot: El ncora Editores.
Reyes, A. (1978). Latifundio y poder poltico. La hacienda ganadera en Sucre. Bogot: Cinep.
Romero, M. (2003). Paramilitares y autodefensas, 1982-2003. Bogot: Iepri.
Snchez, G. y Meertens, D. (2006). Bandoleros, gamonales y campesinos.
El caso de la violencia en Colombia. Bogot: El ncora Editores.
Snchez, G. y Pearanda, R. (Eds.). (2007). Pasado y presente de la violencia en Colombia Medelln: La Carreta Editores.
Snchez, G. (2006). Guerras, memoria e historia. Medelln: La Carreta
Editores-Iepri.
Tmara, E. (1997). Historia de Sincelejo. De los Zenes al Packing House.
Bogot: Impreandes Presencia.
Tirado, . (1988). Introduccin a la historia econmica de Colombia. Bogot: El ncora Editores.
__________ (2001). El Estado y la poltica en el siglo XIX. Bogot: El ncora Editores.
Vidal, A. (2002). Cartagena de Indias y la regin Histrica del Caribe,
1540-1680. Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Cientficas,
Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Universidad de Sevilla, Diputacin de Sevilla.
08/07/2014 11:02:34 p.m.
Viloria, J. (1999). Tabaco del Carmen: produccin y exportacin de tabaco

de los Montes de Mara, 1848-1893. Cartagena: Banco de la Repblica.
Zamosc, L. (1987). La cuestin agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociacin Nacional de Usuarios Campesinos
(Anuc), 1967-1981. Ginebra-Bogot: Unsrid, Instituto de Investigacin de Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Cinep.
Captulos de libros
Borrego, M. del C. (1994). La conformacin de una sociedad mestiza en
la poca de los Austrias, 1540-1700, en A. Meisel (Ed.) (1994). Historia Econmica y Social del Caribe Colombiano. Bogot: Ediciones
Uninorte.
Del Castillo, N. (1994). Poblacin aborigen y conquista, 1498-1540, en
Meisel, A. (Ed.) (1994), Historia econmica y social del Caribe colombiano. Bogot: Ediciones Uninorte.
Friede, J. (1965). Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada, En Historia extensa de Colombia. Bogot: Ediciones Lerner.
Ortiz, C. M. (1994). Historiografa de la Violencia, en B. Tovar (Ed.).
Historia al final del milenio: ensayos de historiografa colombiana y
latinoamericana. Bogot: Universidad Nacional de Colombia.
Posada, E. (1994). Progreso y estancamiento: 1850-1950, en Meisel, A.
(Ed.) (1994), Historia econmica y social del Caribe colombiano. Bogot: Ediciones Uninorte.
Reyes, A. (1999). La cuestin agraria en la guerra y la paz, en . Camacho y F. Leal (Eds.). Armar la paz es desarmar la guerra. Bogot: Iepri,
Fescol, Cerec.
Sourdis, A. (1994). Ruptura del Estado colonial y trnsito hacia la Repblica, 1800-1850, en Meisel, A. (Ed.) (1994), Historia econmica y
social del Caribe colombiano. Bogot: Ediciones Uninorte.
Artculos en revistas y papers
Bocchi, D. (2011). Anlisis del plan de consolidacin en Montes de Mara. Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperacin internacional, en Cuadernos de Cooperacin
y Desarrollo, Boletn N 6, Bogot, Plataforma de Organizaciones de
Desarrollo Europeas en Colombia (Podec), marzo de 2011.
Daniels, A. (2007). Los Montes de Mara, entre la modernidad tarda y
el colapso del Estado. VIII Seminario de Estudios Internacionales
el Caribe, ponencia. Recuperado de: www.iiecaribe.unicartagena.
edu.co.
08/07/2014 11:02:34 p.m.
Fundacin Social (2010). Propuesta para la construccin de procesos de

reconciliacin en la regin de los Montes de Mara. Recuperado de:
http://www.observatorio.derechoshumanosypaz.org/Reconciliacion/
pdf.
Garzn, J. (2008). Desmovilizacin del Bloque Hroes de los Montes de
Mara de las AUC. Bogot: Fundacin Seguridad y Democracia. Recuperado de: http://www.erta-tcrg.org/cri6224/2008/paramilitaires/
pdf/bloquemontesdemaria.pdf.
Incalcaterra, A. (2003, 25 de julio). Una visin internacional sobre las
zonas de rehabilitacin y consolidacin. Ponencia del Director Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en Colombia. Sincelejo.
Medina, M. (2003). Bases urbanas de la Violencia en Colombia, 19451950, 1984-1988, en Revista Historia Crtica. Recuperado de: www.historiacritica.uniandes.edu.co file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/data-H_Critica_01-03_H_Critica_01.pdf.
Pcaut, D. (1997). Pasado, presente y futuro de la violencia, en Revista
Anlisis Poltico, N 30, Bogot, Iepri.
Prez, M (2004). La confrontacin territorial en Colombia: entre el conflicto el desarrollo y el destierro, en Revista Cuadernos de Desarrollo
Rural, N 51.
Solano, S. (2010). Estatus jurdico del trabajador no calificado en el Caribe colombiano durante el siglo XIX: entre el derecho privado de contratacin y la norma punitiva, en Revista Dilogo de Saberes, N 32.
Tesis de grado
Castro, M, y Lara, M. (2007). La violencia poltica en los Montes de Mara, 1948-1957. Tesis de pregrado. Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia.
Porras, E. (2013). Memoria histrica de Chengue, 1990-2012. Sociedad,
cultura y violencias en los Montes de Mara. Tesis de maestra. Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia, Tunja, Colombia.
Documentos
Comisin de Seguimiento a la Poltica Pblica sobre Desplazamiento
Forzado (2008). VI Informe a la Corte Constitucional, La restitucin
como parte de la reparacin integral de las vctimas del desplazamiento
en Colombia. Diagnstico y propuesta de lneas de accin. Recuperado
de: http//:http://www.viva.org.co/documentos/cat_view/1-comisionde-seguimiento.
08/07/2014 11:02:34 p.m.
Centro Nacional de Memoria Histrica (2013). Informe General, Basta

ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Recuperado de: www.
centrodememoriahistorica.gov.co.
__________ (2009). La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra.
Bogot: Editorial Taurus-Ediciones Semana.
De Pombo, J. (1810). Informe del Real Consulado de Cartagena de Indias a
la Suprema Junta Provincial de la misma. Recuperado de: http://www.
banrepcultural.org/blaavirtual/historia/esc2ecoco/escri3a.htm.
Departamento Nacional de Estadsticas, Dane (2013). Estimacin y proyeccin de poblacin nacional, departamental y municipal total por
rea, 1985-2020. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/index.php/
poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (2010). Seccional Sucre. Cuadro informativo, diciembre.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (2010). Plan de Choque
Restitucin y Formalizacin. Recuperado de: http://www.incoder.gov.
co/documentos/Planeacion/Plan_Choque_Oct_15_2010.pdf.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (2011). Boletn Informativo N 06, febrero.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder (2012). Caracterizacin socio-econmica del rea de Desarrollo Rural de Montes de
Mara. Recuperado de: http://www.incoder.gov.co/documentos/
Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertiles%20Territoriales/
ADR%20Montes%20de%20Maria/Perfil%20Territorial/CARACTERIZACION%20SOCIODEMOGRAFICA%20MONTES%20DE%20
MAR%C3%8DA.pdf.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, OCNUDH (2004), Informe del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de
los derechos humanos en Colombia. Ginebra. Recuperado de: http://
www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/
Informe2004_esp.pdf.
Presidencia de la Repblica-Ministerio de Defensa Nacional (2003).
Poltica de Defensa y Seguridad Democrtica, documento pblico,
Bogot. Recuperado de: www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf.
Fundacin Red Desarrollo y Paz de los Montes de Mara (2003). Proyecto
Paz y Desarrollo de los Montes de Mara (Promontes). Recuperado
de: http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381
983d50faa/promontes.pdf.
08/07/2014 11:02:35 p.m.
Superintendencia de Notariado y Registro, SNR (2011), La SNR en la Ley

de Restitucin. Recuperado de: ttp://www.usergioarboleda.edu.co/
justicia_transicional/Presentacion-SNR.pdf.
Unidad de Restitucin de Tierras, URT (2014). Sentencias de Restitucin.
Recuperado de: www.restitucionde tierras.gov.co.
Vicepresidencia de la Repblica (2007). Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Panorama del Departamento
de Sucre, Serie Geogrfica, N 27.
Prensa
Becerra, C.A. (2012, 19 de noviembre). El difcil camino de la restitucin de tierras en los Montes de Mara en La Silla Vaca. Recuperado de: http//:www. http://lasillavacia.com/historia-invitado/37202/
carmen-andrea-becerra-becerra/el-dificil-camino-de-la-restitucionde-tierras.
Corporacin Nuevo Arco Iris (2013, 30 de mayo). Asesinan a hijo de
reclamante de tierras en Bolvar. Recuperado de: http://www.arcoiris.com.co/2013/05/asesinan-a-hijo-de-reclamante-de-tierras-enbolivar/.
El Heraldo (2011). Van cuatro lderes asesinados en los Montes de Mara, 11 de septiembre.
El Meridiano de Sucre (2013). Tierras otra vez en el tapete, 20 de octubre.
El Tiempo (2003). Los Montes de Mara an esperan su hora, 3 de octubre.
El Tiempo (1993). La Corriente de Renovacin Socialista, 4 de abril.
El Universal (2008). Exigen presencia militar para sacar delincuentes,
31 de agosto.
El Universal (2012). Sala de Justicia y paz se traslada a Mampujn, 19 de
enero.
Radio Santa Fe (2007). Profundo significado en la Seguridad Democrtica tiene muerte de Martn Caballero, afirma Mindefensa. Recuperado de: www.radiosantafe.com/2007/10/25
Semana [On line] (2010). Zonas de reserva campesina: otra frmula para
restituir las tierras. Recuperado de: http://www.semana.com/nacion/
articulo/zonas-reserva-campesina-otra-formula-para-restituirtierras/122641-3.
Vargas, A. (2011, 13 de julio) Zonas de consolidacin o programas de
desarrollo y paz, en El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/ BancoConocimiento/Z/zonas_de_consolidacion_o_
programas_de_desarrollo_y_paz/zonas_de_consolidacion_o_programas_de_desarrollo_y_paz.asp.
08/07/2014 11:02:35 p.m.
Verdad Abierta (2010). Cmo se fragu la tragedia de los Montes de

Mara?. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/despojo-detierras/2676-icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria.
Normas legales
Congreso de la Repblica (2005). Ley 975, julio 25.
Congreso de la Repblica (2011). Ley 1448, junio 10.
Presidencia de la Repblica (2002). Decreto 1837, agosto 11.
Presidencia de la Repblica (2002). Decreto 2002, septiembre 9.
Presidencia de la Repblica (2002). Decreto 2929, diciembre 3.
08/07/2014 11:02:35 p.m.
Cinep-Caribe.indd 2
08/07/2014 11:01:21 p.m.
Hacia la reconstruccin del pas

Territorio, Desarrollo y Poltica en regiones
afectadas por el conflicto armado
Fernn E. Gonzlez G., (Ed.), 2008
Gobernanza y conflicto en Colombia
Interaccin entre gobernantes y gobernados
en un contexto violento
Claire Launay-Gama y Fernn E. Gonzlez G., (Eds.), 2010
Guerra y violencias en Colombia
Herramientas e interpretaciones
Jorge A. Restrepo y David Aponte (Eds.), 2010
Geografas de la guerra, el poder y la resistencia
Oriente y Urab antioqueos 1990-2008
Clara Ins Garca de la Torre y Clara Ins Aramburo Siegert, (Eds.), 2011
Una vieja guerra en un nuevo contexto
Conflicto y territorio en el sur de Colombia
Tefilo Vsquez, Andrs R. Vargas y Jorge A. Restrepo
(Eds.), 2011
No estamos condenados a la guerra
Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN
David Aponte y Andrs R. Vargas (Eds.), 2011
urante aos, en el imaginario colectivo se ha construido una

imagen del Caribe colombiano como un lugar extico, sede
de poderosos gamonales y hacendados intrnsecamente violentos
y antidemocrticos. Territorio y Conflicto en la Costa Caribe, ofrece
una visin ms compleja e integral de la regin, insiste en su heterogeneidad interna y presenta diversas aproximaciones y estudios
de caso que, vistos en conjunto, subrayan la necesidad de enmarcar
los fenmenos violentos, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, con la configuracin social interna de las regiones y subregiones del Caribe, lo mismo que con la manera como esos territorios se
relacionan tanto con la economa nacional y mundial como con las
redes polticas de los partidos y las instituciones del Estado central.
Los anlisis de larga duracin que caracterizan a cada uno de los estudios que componen el presente volumen, desnaturalizan ciertas
preconcepciones que se tienen sobre esta regin y permiten comprender los procesos histricos y el constante dinamismo de una
sociedad regional que algunos analistas y sectores de la opinin pblica han considerado tradicional y esttica
Estado y coca en la frontera colombiana

El caso de Putumayo
Mara Clara Torres Bustamante, 2011
Circuitos, centralidades y estndar de vida
Un ensayo de geografa econmica
Jorge Ivn Gonzlez, Martha Cardozo,
Guillermo Rivas, Guillermo Ruz,
Camilo Castro, Diana Galvis, 2011
Conflicto y territorio en el Oriente colombiano
Fernn E. Gonzlez G., Omar Jaime Gutirrez L.,
Camilo Nieto M., Andrs F. Aponte G. y
Jos D. Rodrguez C., 2012
Entre la frontera del desarrollo y el desarrollo
de la frontera
Efrn Pia Rivera, 2012
Poder y violencia en Colombia
Fernn E. Gonzlez G., 2014
ODECOFI
Coleccin Territorio, Poder y Conflicto
Y
EN LA
COSTA CARIBE
Fernn E. Gonzlez G.
Diego Quiroga
Tmara Ospina-Posse
Vctor A. Barrera R.
Eduardo Porras M.
Fernn E. Gonzlez Gonzlez. Politlogo de la Universidad de los Andes de Bogot e historiador de la Universidad
de California en Berkeley. Pregrados tanto en Filosofa y Letras
como en Teologa de la Universidad Javeriana. Investigador del
Cinep y profesor de varias universidades de dentro y fuera del
pas. Director del grupo de investigacin Violencia Poltica y
Formacin del Estado del Cinep y de Odecofi. Especialista en
los temas de historia poltica de Colombia e Iberoamrica, relaciones Iglesia-Estado, y violencia reciente.
Diego Quiroga. Magster en Estudios Polticos de la Universidad Nacional de Colombia y politlogo en la misma institucin.
Hasta 2013 se desempe como investigador en el equipo de
Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro
de Odecofi. Actualmente se encuentra vinculado laboralmente
al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.
Tmara Ospina-Posse. Politloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempe como asistente de investigacin en el proyecto de construccin de la Base de Datos
sobre Secuestro en Colombia de la firma Cifras & Conceptos.
Actualmente es investigadora del equipo de Violencia Poltica y
Formacin del Estado del Cinep.
Andrs Felipe Aponte Gonzlez. Politlogo e historiador de la Universidad de los Andes; su inters se centra en el
conflicto armado, la cuestin agraria, la formacin del Estado,
y la poltica colombiana desde la sociologa histrica. Fue investigador del equipo de Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro de Odecofi. Actualmente cursa una
maestra en Sociologa General en cole des Hautes tudes en
Sciences Sociales, en Pars.
Vctor A. Barrera R. Politlogo de la Pontificia Universidad
Javeriana con estudios de maestra en la Universidad de los
Andes. Ha sido profesor en la Universidad Sergio Arboleda. Es
investigador y coordinador del equipo Violencia Poltica y Formacin del Estado del Cinep y miembro de Odecofi.
Eduardo Porras Mendoza. Magster en Historia de la
Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia, abogado de
la Universidad Libre. Consultor e investigador social en historia
regional, memoria histrica, justicia transicional y desarrollo rural. Es asesor en desarrollo rural y tierras del Departamento para
la Prosperidad Social; ha sido consultor en justicia transicional
y desarrollo rural de la OIM, del Pnud y de la Unin Europea,
investigador del Cider (Universidad de los Andes) y director regional de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin
para Crdoba y Sucre.
COLECCIN
TERRITORIO, PODER
Y CONFLICTO

territorio y conflicto en la costa caribe.odecofi-cinep.2014 - コピー PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

territorio y conflicto en la costa caribe.odecofi-cinep.2014 - コピー PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

territorio y conflicto en la costa caribe.odecofi-cinep.2014 - コピー PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Hacia la reconstruccin del pas

Territorio, Desarrollo y Poltica en regiones

TERRITORIO Y CONFLICTO EN LA COSTA CARIBE

urante aos, en el imaginario colectivo se ha construido una

Estado y coca en la frontera colombiana

TERRITORIO Y CONFLICTO EN LA COSTA CARIBE

COLECCIN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

COLECCIN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

COLECCIN TERRITORIO, PODER Y CONFLICTO

08/07/2014 11:01:21 p.m.

TERRITORIO Y CONFLICTO EN LA COSTA CARIBE

08/07/2014 11:01:21 p.m.

08/07/2014 11:01:21 p.m.

TERRITORIO Y CONFLICTO EN LA COSTA CARIBE

08/07/2014 11:01:24 p.m.

Las investigaciones incluidas en esta publicacin

Territorio y conflicto en la Costa Caribe

Fernn E. Gonzlez G., fergon39@hotmail.com

Editor General Coleccin Odecofi: Fernn E. Gonzlez G.

08/07/2014 11:01:24 p.m.

Configuracin regional y violencia:

08/07/2014 11:01:25 p.m.

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia:

El presente libro busca cerrar el conjunto de las miradas diferenciadas

08/07/2014 11:01:25 p.m.

8 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

Magdalena Medio, tanto el santandereano como el del sur de Bolvar. As

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 9

mento. Esta marginalidad de la vida econmica nacional, sin embargo,

08/07/2014 11:01:25 p.m.

10 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

en un captulo inicial elaborado por Tmara Ospina y Diego Quiroga2,

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 11

08/07/2014 11:01:25 p.m.

12 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 13

conformaron en los aos setenta los primeros grupos paramilitares en

La insercin guerrillera en Montes de Mara y

08/07/2014 11:01:25 p.m.

14 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

de, concebido para mantener a los campesinos minifundistas sujetos a

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 15

de grupos radicalizados de la izquierda, algunos de ellos cercanos a la

08/07/2014 11:01:25 p.m.

16 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

campesinos expulsados por la estructura de la propiedad prevaleciente en

08/07/2014 11:01:25 p.m.

Configuracin regional y violencia: a modo de introduccin 17

las Farc llegaron al Carmen y lograron desplazar a la fuerza pblica del

08/07/2014 11:01:26 p.m.

18 Fernn E. Gonzlez Gonzlez

regionales por presentarla como ligada el comunismo internacional y

El surgimiento del paramilitarismo

08/07/2014 11:01:26 p.m.