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Calmet Yasmin (2010) - Violación de Derechos Humanos en El Régimen Fujimori Consideraciones Sobre La Sistematización de La Violencia P (... )

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VI Congreso Latinoamericano de Ciencia Política

ALACIP 2010

Violación de Derechos Humanos en el régimen Fujimori (1990-2000):


consideraciones sobre la sistematización de la violencia política en la
lucha contra el terrorismo

Yasmin A. Calmet Ipince


Alumna de Maestría en Sociología Política
Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Universitário, Trindade - Caixa Postal 476
CEP: 88040-900 - Florianópolis, Santa Catarina, Brasil
55-48-37219253 ramal 23/ 37219098 (fax)
yasmincalmet@gmail.com
Introducción.
El conflicto armado peruano iniciado por el grupo guerrillero Sendero Luminoso fue
uno de los momentos de mayor inestabilidad política y socioeconómica que el país
enfrentó en su historia como nación. La ineficacia de los gob iernos de Belaúnde (1980-
1985) y García (1985-1990) tanto en lo económico como en lo del combate al
terrorismo, dieron las bases para que la población creyese que era necesario establecer
un régimen de mano dura para contener la creciente crisis política y socioeconómica
que dominaba al país. En 1990, el nuevo presidente del Perú, Alberto Fujimori, trajo
consigo el discurso de crecimiento económico y de pacificación para controlar el
conflicto armado. El apoyo de la población a su discurso de pacificación d el país dio a
Fujimori las garantías necesarias para que se pudiese establecer un gobierno de línea
dura que le permitiese asumir control total para acabar con el terrorismo.
Fujimori, candidato sin partido, sin programa de gobierno y sin experiencia
política fue elegido presidente en el contexto de crisis económica aguda, y una sociedad
devastada por la creciente violencia y militarización provocada por el conflicto armado
interno iniciado en 1980.
La organización subversiva Sendero Luminoso fue uno de los principales actores
de la lucha armada y cuyas acciones provocaron la muerte de millares de peruanos.
Apareció en un contexto en que la desigualdad social, la marginalización de la
población andina y el racismo son constantes en la sociedad peruana. Las ideologías
marxista- leninista-maoístas ayudaron a formar el “pensamiento Gonzalo” que pretendía
construir un partido de cuadros selectos y secretos, proyectando al mismo tiempo el
establecimiento del comunismo a través de la unificación de las leyes de la dialéctica;
de la universalidad de la guerra popular; de la necesidad de la guerra a partir del campo
para la ciudad; de la militarización del Partido Comunista y de la sociedad; y la
necesidad de revoluciones culturales después del triunfo de la revolució n. Su objetivo
era formar una nueva democracia a través del ILA (Inicio de la Lucha Armada), la cual
sería realizada a partir del campo para la ciudad, puesto que para los senderistas el
campesinato era la principal fuerza de la revolución; direccionando s us acciones a los
pueblos jóvenes y a las localidades rurales de los departamentos de Ayacucho,
Huancavelica, Apurímac, Junín y parte del Cuzco.
Los senderistas veían al Estado como un instrumento de dominio de una clase
social sobre otra, transformándose, de este modo, en enemigo de las clases sociales
menos privilegiadas, en este caso los campesinos. La lucha armada acontec ió porque el
Estado, según Wieviorka (1992:171)

…se convierte en objeto y por tanto en obstáculo que debe ser eliminado,
mientras que el propio terrorista se autodefine, de manera muy subjetiva,
como la más alta expresión de la Historia, del Pro letariado, de la Nación o
de la Co munidad.

Partiendo de esta perspectiva, Sendero Luminoso inicia la lucha armada con la


quema de ánforas electorales en la provincia de Cangallo, Ayacucho.
Consecuentemente direcciona sus ataques de manera sistemática a las fuerzas policiales,
alcaldes y jueces; destruyendo, así, la escasa presencia del Estado en los pueblos
andinos y la precaria conexión de los servicios estatales. Los ataques provocados por
Sendero no provocaron el rechazo de la populación de las zonas de emergencia 1 , ya que
para estos los senderistas luchaban por el bienestar común y les daban las garantías que
el Estado siempre les había negado.
Los gobiernos anteriores al de Fujimori, no dieron la debida importancia a las
acciones senderistas, pues no eran reconocidos como un posible enemigo político; pero
esta situación fue cambiando a medida que las acciones de Sendero Luminoso fueron
intensificándose con las continúas muertes de los policías y de los representantes
políticos, así como los inúmeros paros armados y coches bomba. Para Sendero, a
violencia contra o Estado era (o es) un medio eficaz para obtener sus fines políticos.
Wieviorka (1992) afirma que el terrorismo puede tener todos los atributos de la más alta
racionalidad, elaborando estrategias sofisticadas y hacer alianzas instrumentales con
otros actores, como en el caso de Sendero que hizo alianza con los narcotraficantes para
controlar territorios estratégicos para el conflicto armado.
Estas acciones hicieron con que los representantes del Estado peruano se
preocuparan y tomaran medidas urgentes, para dar fin al conflicto. En primera instancia
se declaró estado de emergencia y se promulgó el delito de terrorismo 2 , el cual
establecía normas procesales para punir las acciones de los subversivos.
Para el Estado peruano el terrorismo es, según Wieviorka (1992:170) “un
método de acción, utilizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se
mantiene dentro de un espacio político determinado, o busca penetrar en él, a través
del terror”. Basado en este concepto, el Estado peruano define como terrorista a aquel

1
Denominación dada a los lugares que se encontraban em conflicto armado, también eran denominadas
Zonas Rojas; localizadas em las provincias de los departamentos de Ayacuc ho, Huancavelica,
Apurímac, Junín y Cu zco.
2
Decreto Ley nº 46 de 1981.
que

[provoque o mantenga] un estado de zozobra, alarma o terror en la


población o un sector de ella, co met iere actos que pudieren crear peligro
para la vida, la salud o el patrimon io de las personas o encaminados a la
destrucción o deterioros de edificios públicos o privados, vías y medios
de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas
motrices […]ocasionar grave perturbación de la tranquilidad pública o de
afectar las relaciones internacionales o la seguridad del Estado […] CVR,
2004:213.

Esta noción sobre terrorismo, también exigió una mudanza radical en las
instituciones policiales, donde se instituyó patrullas contrasubversivas entrenadas para
destruir el enemigo y amedrentar a sus colaboradores; limitándose a la represión,
persecución, captura y el interrogativo 3 . Entretanto la despreparación para este nuevo
enemigo, sólo se constituyó en la radicalización de la violencia de ambas partes,
tornando el país más inestable financiera, social y políticamente. Las constantes
acciones de los grupos subversivos, así como las acciones represivas e indiscriminadas
por parte del Estado, la corrupción de los representantes gubernamentales y las
innúmeras violaciones a los derechos humanos hicieron con que el país se sumerja en
un colapso total, provocando indignación, anomia y desespero en una sociedad
amedrentada que empezaba a cuestionar la legitimidad del régimen político,
evidenciando la precariedad y fracaso de la democracia representativa en el Perú;
clamando por soluciones inmediatas para el caos en que el país se encontraba.
Es en este contexto de esquizofrenia social causada por la guerra interna que
surge la figura de Fujimori, presentándose como una alternativa a los viejos actores
políticos y a las fracasadas acciones de sus antecesores; siendo visto como alguien que
se identificaba con el pueblo, sobre todo con las camadas más pobres y olvidadas de la
sociedad peruana y como una garantía concreta de restablecer la paz y el orden social.
Por otro lado la presión establecida por los movimientos de Derechos Humanos
juntamente con las organizaciones institucionales cuestionaron si era realmente
necesario usar la violencia indiscriminada para acabar con el terrorismo; exigiéndole a
Estado que tomase una posición de respeto a la dignidad y a la vida de la población
peruana. Frente a esta presión, Fujimori deja claro - en sus discursos - que su gobierno
no usaría una política de violación a los derechos humanos, por lo contrario sería un
gobierno pacificador. Para el presidente la estrategia contrasubversiva estaría basada en

3
Los interrogativos eran hechos en los cuarteles del ejército y en las comandancias de la PIP (Policía de
Investigaciones del Perú), seguidos de torturas psicológicas y corporales, tal co mo lo indica el Informe
final da Co misión de la Verdad y Reconciliación, 2004.
el respeto al estado de derecho y a la constitución en el cual el respeto irrestricto a los
derechos humanos sería la base para restablecer la paz.

Sobre el discurso y la estrategia contrasubversiva.


En primera instancia, Fujimori realza su intención de dialogar con los
subversivos para llegar a un acuerdo común; también anunció la implantación de
políticas de inclusión social para acabar con la pobreza que era, según él, “el caldo de
cultivo de la subversión”. Para esto, el gobierno implantó una política de ayuda social a
los sectores menos favorecidos del país, en seguida empieza una campaña de alianza
con la población, en la cual se establece una sociedad entre gobierno, campesinos y las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Esta primera parte de la estrategia da
inicio a campañas de acción cívica, protección a los campesinos de las zonas atacadas
por los subversivos y la creación de organismos de defensa civil. La segunda parte de la
estrategia requería que hubiese un servicio de inteligencia que fuese eficaz en la
identificación y neutralización de los subversivos. Con su propuesta inicial de
pacificación, Fujimori recibe del congreso facultades plenas para gobernar y legislar
decretos leyes sobre la pacificación, reorganización del Estado, inversión privada y la
creación de más puestos de trabajos. No obstante, se constituyó una comisión que
debería elaborar estrategias de políticas contrasubversivas, que servirían para elaborar
una estrategia más eficaz en la lucha contra el terrorismo.
En esta comisión reflejó las divergencias entre el ejecutivo y el legislativo,
surgiendo dos corrientes ideológicas de estrategia de pacificación. La primera corriente
estaba dispuesta a formular políticas de pacificación consensual, mientras el ejecutivo
estaba dispuesto a establecer una estrategia contrasubversiva más rigorosa; pues se creía
que a un subversivo cristalizado no se le podría cambiar a través del diálogo y si
mediante el uso de la violencia y eliminación selectiva.
Vea aquí que existe una dualidad en el discurso de pacificac ión. Si Fujimori por
un lado traía la cuestión de inclusión social como un medio de pacificación, por el otro
demostró que no estaría dispuesto a rendirse a las políticas de diálogo con los
subversivos. Por lo contrario, defendía una estrategia estructurada de represión intensa
que consecuentemente se reflejaría en las violaciones de derechos humanos.
Siendo así, en 1991 Fujimori presenta ante el congreso innúmeros decretos leyes
que garantirían al ejecutivo y a las Fuerzas Armadas plenos poderes en la lucha contra
la subversión. Los congresistas consideraron algunos de estos decretos ilegales, lo que
los llevó a vetarlos; el argumento dado para el veto fue que estos decretos eran
imprecisos en sus términos y esto podría ocasionar una mala interpretación de los
mismos y consecuentemente estaría poniéndose en riesgo las libertades y derechos de
los ciudadanos, y consecuentemente la democracia.
El veto a los decretos elaborados por el ejecutivo tuvo una mala repercusión para
el congreso. Fujimori inició una campaña de desprestigio contra los diputados y
senadores, haciendo con que la opinión pública se volviera contra ellos. Este juego de
manipulación con los miedos de la población permitió que él argumentase que las
condiciones de la democracia en el país y la creciente ola de corrupción no le darían las
condiciones necesarias para elaborar políticas eficientes en la lucha contra la
subversión; pues el sistema corrupto del legislativo estaba retardando el proceso de
pacificación. Siendo así, el 5 de abril de 1992, Fujimori anuncia a la nación peruana el
autogolpe y la disolución del legislativo. Una vez dado el autogolpe, se inicia la
sistematicidad de la estrategia contrasubversiva, o sea, el SIN tendría que actuar de
manera organizada y selectiva en la búsqueda de los elementos subversivos. Al mismo
tiempo se inicia la persecución y detención de los dirigentes políticos contrarios al
autogolpe; demostrando que se había trazado una estrategia bien elaborada de
debilitación de cualquier posibilidad de oposición co ntra el nuevo régimen establecido
por Fujimori.
Las constantes presiones contra el sistema golpista, obligaron a Fujimori a
convocar nuevas elecciones para un nuevo congreso. Paralelamente difundió la idea de
que los políticos opositores a su gobierno representaban el viejo sistema ineficiente en
el combate al terrorismo y a la crisis económica; presentando a sus candidatos como la
mejor opción para el desarrollo de nuevas políticas económicas y contrasubversivas.
Entre tanto algunos opositores políticos del régimen fujimorista decidieron no
candidatearse al congreso, pues esto sería admitir la disolución del congreso y legitimar
el gobierno golpista. Esta actitud permitió que Fujimori consiguiese la mayoría en el
congreso.
Esta victoria respaldó a Fujimori para seguir promulgando nuevas leyes que
garantiesen la eficacia de su gobierno, como la ley de cadena perpetua, el apoyo a las
rondas campesinas y programas sociales, como la construcción de escuelas, donativos
de alimentos y remedios. Es necesario llevar en consideración que durante el autogolpe,
Fujimori consiguió concentrar en él los tres poderes; con esto creó una nueva
constitución nacional, dio más poderes a los militares e impuso restricciones a las
libertades civiles y políticas de los ciudadanos peruanos. Todo esto le sirvió de base
para instituir un “Estado de emergencia y reconstrucción nacional”, lo cual ayudo a
autoafirmar su hegemonía política.
Por otro lado, la idea de terror, utilizada constantemente, sirvió como un medio
para continuar con la represión. Las personas que denunciaban las irregularidades del
gobierno Fujimori eran acusadas de pertenecer a las facciones terroristas o a las
instituciones corruptas que no querían que el país saliese del caos. Fujimori elimina la
elección directa de los gobiernos regionales y adopta el sistema de nominación de los
gobernantes; la justificativa dada a este nuevo sistema de elección de representantes fue
el de evitar que entren en los gobiernos regionales personas que pudiesen aliarse con los
senderistas.
La imagen del terror trajo consigo la idea de que cualquiera que se oponía al
gobierno era enemigo del pueblo, es por este motivo que, usando un discurso
hobessiano, Fujimori induce a la población a pensar que es necesario hacer cualquier
cosa para conseguir la paz al país marcado por el caos, incluso usar la propia violencia
como un medio de legítima defensa. Este discurso remite a Hobbes en el sentido de que
el pueblo al hacer un pacto con el gobernante renuncia a sus libertades y a sus derechos
a cambio de la obtención de un bien común – en este caso, la paz.
Se debe resaltar que la democracia, en el Perú, nunca fue significativa para las
personas más pobres; pues el Estado jamás les proporcionó garantías, derechos, medidas
de igualdad e inclusión social. Rochabrún (2007) explica que el apoyo de la población a
la dictadura Fujimori se dio porque esta le atribuyó valores de astucia, firmeza, energía
y seguridad.

Dualidad de la estrategia contrasubversiva.


Como visto anteriormente la estrategia contrasubversiva del gobierno Fujimori
estuvo direccionada a dos planos; el de inclusión social y el de represión selectiva en el
combate al terrorismo.
Algunos autores como De Althaus defienden la posición de que la estrategia
antisubversiva del gobierno Fujimori de implantar políticas sociales estaba preocupada
con inserir a las poblaciones excluidas en la sociedad peruana. Siguiendo esta línea de
raciocinio, De Althaus 4 afirma que la sistematización de la estrategia contra el
terrorismo trajo la “humanización de la guerra”; porque los campesinos dejaron de ser
4
En entrevista con la autora el 06 de Julio de 2009.
visto como enemigos del Estado y formaron alianzas con las instituciones armadas. A
partir de este momento el gobierno fujimorista, conjuntamente con las fuerzas armadas,
inició un programa de inclusión social, llevando a las comunidades alimentos, trabajo
cívico, obras sociales; y en contra partida los campesinos empezaron a delatar y
entregar a los senderistas para las fuerzas armadas. Para este autor esto constituyó una
estrategia mucho más respetuosa de los derechos humanos.
Otro punto importante a ser destacado, dentro de la humanización de la guerra, es
que la militarización de la población aconteció porque

las fuerzas del orden no se abastecían para cubrir todo el espacio geográfico
del territorio nacional, entonces se dio una ley, se capacitó a las comunidades
rurales de la sierra y de la selva en especial, denominándolas Comités de
Autodefensa, para protegerse de las acciones subversivas (relato de
entrevistado PNP)

Está claro que la sistematización de la estrategia contrasubversiva inició un


proceso de introducción y fortalecimiento del Estado en los locales que se encontraba
debilitado; al mismo tiempo, las políticas de inclusión social proporcionaron a los
campesinos derechos sociales y civiles que ellos no poseían plenamente, iniciando un
proceso de ciudadanía. Según Marshall (1967:84)

A cidadania exige um elo de natureza diferente, u m sentimento direto de


participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma civilização que
é um patrimôn io co mu m. Co mpreende a lealdade de homens livres, imbuídos
de direitos e protegidos por uma lei co mu m.

Al conseguir estos derechos, los campesinos empezaron a sentirse ciudadanos, y


comprenden que es necesario ejercer su ciudadanía a través de la participación, en este
caso delatando a los subversivos y entregándolos a las autoridades. Las rondas
campesinas, o comités de autodefensa, eran organizaciones paramilitares consideradas
fundamentales para la lucha contra la subversión. El gobierno Fujimori, a través de las
fuerzas armadas, dio todos los instrumentos necesarios (armas y preparación de
estrategia militar) para que estas organizaciones pudiesen defender su territorio y
enfrentar a los subversivos.
Entretanto, analizando esta situación, se discrepa que la humanización de la
guerra fue totalmente respetuosa de los derechos humanos. puede verse que el gobierno
impuso una lógica militar a los pueblos andinos y de la selva, los cuales deberían
organizarse en función a la guerra; no obstante la militarización y el armamento de los
ronderos demostró la incapacidad del Estado peruano, pues delegó funciones que son
restrictas a él, eximiéndose de la responsabilidad constitucional de protección a sus
ciudadanos.
Por otro lado, la estrategia de represión estuvo estructurada en la reorganización
del sistema judicial, legislativo y del servicio de inteligencia del ejército y de la policía.
La reforma del poder judicial tenía la finalidad de acabar con los casos de impunidad y
libertad de los narcotraficantes y subversivos. El gobierno estableció los tribunales
militares y los tribunales civiles sin rostro 5 para juzgar a los acusados por terrorismo;
también eliminó las garantías más básicas de los procesos de careo, los pedidos de
habeas corpus y los juicios podrían ser juzgados in abstentia; o sea, sin presencia del
acusado.
Otras medidas tomadas por el gobierno “restaurador” fueron el fortalecimiento del
servicio de inteligencia – SIN y DINCOTE – cuya finalidad era tener un servicio de
informaciones eficiente que pudiese fornecer enemigos concretos, colectar pruebas
contra los subversivos y formular una estrategia de ataque contra los mismos. Con la
reorganización del poder judicial, la estrategia de inserción social de los sectores más
castigados por la violencia y la alianza hecha con la población peruana, se determinó
que las fuerzas policiales y armadas iniciasen una estrategia más selectiva al definir sus
objetivos. En este aspecto se entiende que las políticas de “pacificación” serian una
estrategia contrasubversiva, en la que las fuerzas armadas y policiales actuarían de
manera sistemática y organizada, donde la población actuaria en conjunto con las
fuerzas del orden para que así se pudiese acabar con el mal subversivo; entretanto esto
no significó en ningún momento el compromiso del presidente con los derechos
humanos.
El primer paso a ser dado sería la desarticulación de los grupos subversivos en las
cárceles y universidades. Las cárceles eran consideradas, por el gobierno, centro de
doctrinas, escuelas del crimen, lugares donde se ordenaban las ejecuciones y atentados
contra gente inocente. Era un lugar sin “ley”, donde el Estado no tenía ninguna
autoridad; no existía orden y esto debía acabarse. De la misma forma, las universidades
públicas estaban siendo consideradas espacios de subversivos y para frenar las acciones
y acabar con los centros doctrinarios, se promulgó una ley que permitió el ingreso del

5
Estos tribunales tenían por objetivo preservar la identidad de los juece s. Dentro de este sistema los
juicios se realizaban en cabinas, en las cuales los jueces aparecían con el rostro cubierto y la voz
destorcida; tornando difícil su identificación; por consiguiente se evitó posibles atentados contra sus
vidas por parte de los compañeros de los subversivos condenados.
ejército en las universidades, evitando que los alumnos se uniesen a la lucha armada.
Una vez que la guerrilla se trasladó a las ciudades del litoral, el gobierno decidió
continuar con la misma estrategia; pero se implantarían nuevas tácticas direccionadas
para la guerra en las ciudades costeñas. Los métodos usados por el SIN eran de
persecución, intimidación, amenaza de muerte y chantaje. Ejemplo de esto fue la
desaparición forzada de las autoridades de Chuschi, quienes se negaron a formar
comités de autodefensa. Es necesario recordar que la pérdida de libertad se tornó un
proceso regular en el gobierno Fujimori, pues este consiguió respaldar los actos
inconstitucionales del SIN mediante leyes “constitucionales”.
Al mismo tiempo, las políticas contrasubversivas del SIN revelaron que existía
racionalización de la violencia, prueba concreta es la creación de grupos especializados
en el aniquilamiento selectivo de posibles focos subversivos dentro de la capital
peruana. La racionalización de la violencia se tornó el principio de acción de estos
grupos. Este principio estaba regido por la categoría medio-fin; o sea, las acciones
contrasubversivas adoptadas por las fuerzas del orden serian direccionadas al
exterminio de los subversivos las cuales se darían a través de una fuerza de intervención
rápida. Uno de los grupos que causó más conmoción en la nación fue el destacamento
Colina, ligado directamente al SIN. Sus acciones fueron demostrando que el grupo era
un sofisticado escuadrón de la muerte, pues actuaba de manera rápida y brutal en el
aniquilamiento de sus enemigos.
El servicio de inteligencia revelaba nombres de personas que deberían ser
capturadas por estos grupos. Aunque las informaciones, en ciertos momentos estuviesen
correctas, algunos casos fueron vistos de manera liviana y llevados a cabo sin
considerarse la veracidad de las denuncias. Ejemplos de esta falla en la información
fueron el caso Barrios Altos y La Cantuta 6 .
La brutalidad de los actos del grupo Colina hizo pensar que en alguno caso la
“violencia aparece totalmente determinada por la búsqueda del placer que aporta a quién
la pone en acción; convirtiéndose en su propio fin, hasta el punto de que hay que hablar
de la violencia por la violencia” (Wieviorka, 2003:155). Siendo así, se verifica que el
6
La brutalidad de estos crímenes provocó conmoción en la sociedad peruana. El caso Barrios Altos tuvo
15 víct imas, entre ellas un niño de 8 año; las denuncias hechas ante el SIN fueron que dentro de esta casa
habrían presuntos terroristas; informes de la CVR demuestran que las denuncias hechas eran falsas. En el
Caso La Cantuta, miembros del grupo Colina invadieron la Universidad Enrique Gu zmán y Valle,
después de denuncias hechas de que en aquel local se encontrarían los miemb ros senderistas que dejaron
un coche bomba en Miraflo res. En esta acción murieron nueve estudiantes y un profesor quienes fueron
brutalmente torturados, asesinados y después quemados para no dejar evidencias ni rastros de sus
cuerpos.
Estado creó un sistema eficaz y especializado en el terror.

Conclusiones.
La preparación de la estrategia antisubversiva se dio por dos motivos. Primero
por la voluntad popular de tener paz y por la presión de los movimientos de Derechos
Humanos para que el gobierno se organizara y dejara de cometer violaciones
indiscriminadas contra la población peruana. De esta forma el gobierno formula una
estrategia sistemática, o sea, organizada y estructurada de manera que pudiese fornecer
enemigos concretos y que, asimismo, pudiese estipular quien debería ser preso o no.
Aquí se inicia un proceso de selectividad y aniquilamientos selectivos para
acabar con la estructura de los movimientos subversivos. Esta sistematización estaba
dirigida a la captura de los elementos subversivos, entre tanto la misma se rebeló no
respetadora de los derechos humanos. A pesar de e xistir denuncias de graves
violaciones cometidas en el gobierno Fujimori, la población peruana le dio plenos
poderes para conseguir conquistar la paz y la estabilidad económica que hacía más de
una década castigaban al país.
Siendo así, se demostró que la sistematización de la estrategia contrasubversiva
abarcó procedimientos de eliminación selectiva, y que en algunos casos hubo
violaciones premeditadas contra los derechos humanos. Sin embargo, la consolidación
del Estado autoritario y de una estrategia sistemática contra la subversión sólo fue
posible porque el pueblo dio garantías y apoyo para las políticas establecidas por
Fujimori, sin llevar en consideración que al darse plenos poderes a un gobernante
abrimos manos de nuestros derechos y libertades establecidas por ley.

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