Derechos

humanos
¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o
cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la
vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de
opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos
derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.

Derecho internacional de los derechos humanos

El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los
Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender
ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los individuos o de los grupos.

Uno de los grandes logros de las Naciones Unidas es la creación de una normativa
integral sobre los derechos humanos: un código protegido a nivel universal e
internacional al que todas las naciones pueden adherirse y al que toda persona
aspira. Las Naciones Unidas han definido un amplio abanico de derechos
aceptados internacionalmente, entre los que se encuentran derechos de carácter
civil, cultural, económico, político y social. También han establecido mecanismos
para promover y proteger estos derechos y para ayudar a los Estados a ejercer sus
responsabilidades.

Los cimientos de este cuerpo normativo se encuentran en la Carta de las Naciones

Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobadas por la
Asamblea General en 1945 y 1948, respectivamente. Desde entonces, las
Naciones Unidas han ido ampliando el derecho de los derechos humanos para
incluir normas específicas relacionadas con las mujeres, los niños, las personas
con discapacidad, las minorías y otros grupos vulnerables, que ahora poseen
derechos que los protegen frente a la discriminación que durante mucho tiempo ha
sido común dentro de numerosas sociedades.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento que

marca un hito en la historia de los derechos humanos. Redactada por
representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y tradiciones
jurídicas, la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III) como un
ideal común para todos los pueblos y naciones. Estableció, por primera vez,
derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente. Desde
su aprobación en 1948, la DUDH se ha traducido a más de 501 idiomas. Es el
documento más traducido del mundo, y ha servido de inspiración para las
constituciones de muchos nuevos Estados independientes, así como para
numerosas nuevas democracias. Junto con el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y sus dos  Protocolos Facultativos (sobre el procedimiento de
denuncia y sobre la pena de muerte) y con el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos forman la conocida como Carta Internacional
de Derechos Humanos.

Derechos económicos, sociales y culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en

vigor en 1976 y, a finales de octubre de 2016, ya contaba con 164 Estados parte.
Entre los derechos humanos que este Pacto busca promover y proteger se
encuentran:

 el derecho a trabajar en unas condiciones justas y favorables;

 el derecho a la protección social, a un nivel de vida adecuado y al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental;
 el derecho a la educación y a gozar de los beneficios derivados de la libertad
cultural y el progreso científico.

Derechos civiles y políticos

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su primer Protocolo

Facultativo entraron en vigor en 1976. Este Pacto contaba con 167 Estados parte a
finales de 2010. El Segundo Protocolo Facultativo fue aprobado en 1989.

El Pacto recoge derechos como la libertad de movimiento; la igualdad ante la ley; el

derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión; la libertad de opinión y de expresión; la reunión
pacífica; la libertad de asociación; la participación en asuntos públicos y elecciones;
y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo prohíbe la privación de
la vida; la tortura, las penas o los tratos crueles o degradantes; la esclavitud y el
trabajo forzoso; la detención o prisión arbitraria; las injerencias arbitrarias en la vida
privada; la propaganda en favor de la guerra; la discriminación y la apología del
odio racial o religioso.

Convenciones de derechos humanos

Una serie de tratados de derechos humanos internacionales y otros instrumentos

adoptados desde 1945 han ampliado el derecho internacional de los derechos
humanos. Entre otras figuran la Convención para la Prevención y la Sanción del
Delito de Genocidio (1948), la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979),
la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanosfue creado el 15 de marzo de 2006 por la
Asamblea General y se encuentra bajo la autoridad directa de esta última.
Sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en
funcionamiento durante 60 años, como órgano intergubernamental responsable de
los derechos humanos. Este Consejo está formado por 47 representantes de
Estados y es el encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos
humanos en todo el mundo para hacer frente a situaciones de violaciones de los
derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos; entre lo que también
se incluye la respuesta a situaciones de emergencia en materia de derechos
humanos.

El aspecto más innovador del Consejo de Derechos Humanos es el Examen

Periódico Universal (EPU). Este mecanismo único requiere el examen de la
situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de las Naciones
Unidas cada cuatro años. Se trata de un proceso de cooperación dirigido por los
Estados, con el auspicio del Consejo, que ofrece a cada uno de ellos la
oportunidad de declarar qué medidas han adoptado y qué retos se han planteado
para mejorar la situación de los derechos humanos en su país, así como para
cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. El EPU está diseñado para
asegurar la universalidad y la igualdad de trato para todos los países.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Derechos Humanos
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos exercises principal responsibility for UN human rights activities. The High
Commissioner is mandated to respond to serious violations of human rights and to
undertake preventive action.

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (ACNUDH) es el

punto central de las actividades de las Naciones Unidas relacionadas con los
derechos humanos. Esta actúa como secretaría del Consejo de Derechos
Humanos, de los órganos de tratados (comités expertos que supervisan el
cumplimiento de los tratados) y otros órganos de la ONU que trabajan por los
derechos humanos. También lleva a cabo actividades de derechos humanos sobre
el terreno.

La mayoría de los tratados clave sobre derechos humanos dependen de un órgano

de supervisión, responsable de analizar el cumplimiento de ese tratado de los
países que lo han ratificado. Aquellas personas que consideren que se ha
cometido una violación de sus derechos pueden presentar denuncias directamente
ante los Comités encargados de supervisar los tratados de derechos humanos.

Los derechos humanos y el sistema de las Naciones

Unidas
Los derechos humanos son un tema transversal en todas las políticas y los
programas de la ONU en los ámbitos clave sobre desarrollo, asistencia
humanitaria, paz y seguridad, así como en asuntos económicos y sociales. Por
ello, prácticamente todo órgano de la ONU y organismo especializado se ve
envuelto de alguna forma en la protección de los derechos humanos. Algunos
ejemplos de ello son el derecho al desarrollo, que es la base de los  Objetivos de
Desarrollo Sostenible; el derecho a la alimentación, defendido por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ; los derechos
laborales, defendidos y protegidos por la Organización Internacional del Trabajo; la
igualdad de género, proclamada por ONU Mujeres; los derechos del niño, de los
pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los años el 10 de diciembre.

EUROPA Y ASIA CENTRAL

La perspectiva regional resume la situación de los derechos humanos
y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2021.

El autoritarismo fue en aumento en la región de Europa y Asia Central en

2021. Varios Estados mostraron con un descaro sin precedentes su falta de
respeto por los derechos humanos, que amenazaba con convertir los
compromisos en esta materia en letra muerta y los organismos regionales en
foros sin sentido para un “diálogo” vacío. En algunos países estas tendencias
se evidenciaron en la constante extralimitación del Estado, la erosión de la
independencia judicial, la represión de las libertades y el silenciamiento de las
voces disidentes. Los defensores y defensoras de los derechos humanos
sufrieron intimidación, restricciones y enjuiciamientos injustos en toda la
región.

El discurso xenófobo sobre la migración caló en la opinión pública de toda la

región, mientras se endurecían aún más las políticas. Continuó incesante el
reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), y muchos
países anunciaron abiertamente el número de devoluciones sumarias
efectuadas en sus fronteras. “Devolución sumaria” es una expresión anodina
para referirse a unas prácticas que a menudo fueron terriblemente violentas.
Una docena de países de la UE pidieron al órgano ejecutivo del bloque que
atenuara las normas sobre protección de las personas refugiadas.

Creció el racismo contra las personas negras, musulmanas, romaníes y judías.

En muchos países hubo una reacción adversa a las protestas del movimiento
Black Lives Matter de 2020, el miedo a la migración reforzó los prejuicios
contra la comunidad musulmana, la población romaní sufrió aún más
exclusión social durante la pandemia de COVID-19 y la población judía
experimentó un aumento sustancial de agresiones verbales y físicas. Fue
difícil no ver racismo en las políticas sobre vacunación y sobre el clima
adoptadas por los países europeos respecto al resto del mundo. Dentro de
Europa, los índices de vacunación fueron relativamente altos, aunque en
algunos países de Europa Oriental y Asia Central continuaron manteniéndose
bajos.

A menudo, el racismo fue de la mano del sexismo y la homofobia. Aunque

algunos países mostraron avances notables en cuanto a los derechos de las
mujeres, varios continuaron retrocediendo en ese ámbito. El giro autoritario
también se caracterizó por iniciativas legislativas que estigmatizaban y
restringían los derechos de las personas LGBTI. En algunos países, el
retroceso hacia el autoritarismo, sumado al impacto de la COVID-19 y de la
toma del poder por los talibanes en Afganistán, podría haber ocasionado un
retroceso de varias décadas en los derechos de las mujeres y las personas
LGBTI.

Este retroceso interno fue acompañado de unas relaciones internacionales más

agresivas. Siguió habiendo víctimas mortales como consecuencia del conflicto
entre Armenia y Azerbaiyán. Al final del año, Rusia había acumulado tropas
en la frontera con Ucrania y la guerra en el continente europeo parecía cada
vez más posible.

Extralimitaciones del Estado

Las extralimitaciones de los Estados y su desprecio por los sistemas
tradicionales de controles y contrapesos formaron parte de la tendencia
autoritaria. En Rusia se impuso una larga pena de prisión al principal político
de oposición del país, Aleksei Navalny, por cargos de motivación política, y el
Estado hizo caso omiso de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos que ordenaban su liberación. En Bielorrusia, el gobierno utilizó un
falso aviso de bomba para desviar el rumbo de un vuelo civil en el que viajaba
el periodista exiliado Raman Pratasevich con el fin de arrestarlo.

Varios gobiernos continuaron sobrepasando los límites de la legalidad usando

como cortina de humo la COVID-19, la “crisis” migratoria y la lucha contra el
extremismo y el terrorismo. Por ejemplo, Polonia, Lituania y Letonia
declararon sendos estados de excepción que no cumplían las normas
internacionales y limitaban gravemente el trabajo de los medios de
comunicación y las ONG en las fronteras.

Los gobiernos desplegaron medios técnicos cada vez más sofisticados contra
quienes los criticaban. El Proyecto Pegasus reveló que Hungría, Polonia,
Azerbaiyán y Kazajistán se sirvieron del programa espía Pegasus de la
empresa de vigilancia NSO Group para actuar contra periodistas y personas
defensoras de los derechos humanos, entre otras, y el gobierno alemán
reconoció haber adquirido esa tecnología. Se filtraron miles de archivos que
demostraban la vigilancia generalizada de periodistas, activistas civiles,
figuras políticas, clérigos y personal diplomático por los servicios de
seguridad estatales de Georgia.

Algunas personas tuvieron que rendir cuentas por sus prácticas en el pasado.
En Macedonia del Norte, el exjefe de la policía secreta y varios funcionarios
más fueron declarados culpables de haber realizado escuchas ilegales. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las facultades del
gobierno británico para interceptar datos de comunicaciones de forma
indiscriminada carecían de garantías frente a los abusos. Al mismo tiempo, en
Suiza se aprobó en referéndum una nueva ley antiterrorista que dotaba de
amplios poderes a la policía. La retirada de Afganistán no generó ningún
replanteamiento de las extralimitaciones de los Estados en materia de
vigilancia ni de otros abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo.

Erosión de la independencia judicial

Una de las principales extralimitaciones de los Estados fue la erosión de la
independencia judicial. Polonia continuó desafiando los intentos de los
organismos europeos de paralizar la destrucción de la independencia del poder
judicial del país, haciendo que la UE se enfrentara a su mayor crisis del
Estado de derecho hasta la fecha. En una serie de sentencias, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la UE concluyeron
que los cambios judiciales introducidos en el país no cumplían los requisitos
para celebrar juicios justos. En respuesta, el Tribunal Constitucional de
Polonia resolvió que el derecho polaco primaba sobre el derecho de la UE y
que el derecho a un juicio justo con arreglo al Convenio Europeo de Derechos
Humanos era incompatible con la Constitución polaca, lo que dio lugar a una
investigación excepcional por parte de la secretaria general del Consejo de
Europa.

La situación fue peor en Bielorrusia, donde las autoridades instrumentalizaron

el sistema de justicia para castigar a víctimas de tortura y testigos de
violaciones de derechos humanos. En Georgia, el arresto de importantes
dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente Mijeil Saakashvili, y el
trato degradante que recibieron durante la detención suscitaron motivos de
preocupación por la independencia judicial. Algunos organismos
multilaterales señalaron que la nueva Constitución de Kirguistán podía
mermar la independencia judicial.

Turquía sólo adoptó medidas superficiales respecto al poder judicial en lugar

de abordar las graves deficiencias del sistema, y se resistió a las presiones para
que cumpliera sentencias fundamentales del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Al final del año se enfrentaba a un procedimiento de infracción
muy poco utilizado.
Libertad de expresión, reunión y asociación
Libertad de expresión
Muchos gobiernos intentaron acallar las críticas, amordazar a las
organizaciones de la sociedad civil que pudieran sumar reclamaciones y
disuadir a la gente de protestar en la calle. Los mayores peligros para la
libertad de los medios de comunicación en algunos países fueron las
campañas de desprestigio, las amenazas y el hostigamiento de periodistas —
sobre todo mujeres— a través de Internet. En Bosnia y Herzegovina hubo casi
300 demandas por difamación contra periodistas, la mayoría presentadas por
figuras políticas, mientras que en Croacia fueron más de 900. En Bulgaria,
República Checa y Eslovenia, las autoridades intervinieron los medios de
comunicación de servicio público.

En Polonia, los activistas en favor de los derechos de las mujeres y de las

personas LGBTI siguieron sufriendo hostigamiento y criminalización. En
Rumania, los periodistas que investigaban casos de corrupción fueron
interrogados por los servicios encargados de hacer cumplir la ley sólo por
razón de su labor periodística. En Kosovo, una empresa eléctrica austriaca
retiró sus intimidatorias demandas presentadas contra activistas ambientales
que habían denunciado públicamente los efectos perjudiciales de la
construcción de plantas hidroeléctricas en los ríos del país.

Más al este de la región, numerosos activistas de la sociedad civil y

periodistas que expresaban puntos de vista disidentes fueron enjuiciados por
actividades legítimas, y las injurias contra figuras públicas también se
tipificaron como delito en más países. Kazajistán y Rusia recurrieron cada vez
más a la legislación contra el extremismo para reprimir la disidencia.

En Bielorrusia, las autoridades continuaron encarcelando a activistas y

periodistas, eliminando prácticamente todo vestigio de expresión
independiente y disidencia pacífica. Hubo reiteradas denuncias que apuntaban
a que las autoridades bielorrusas perseguían a las voces disidentes en el exilio:
existían indicios de que el asesinato del periodista Pavlo Sheremets había sido
planeado por ellas, y el bielorruso en el exilio Vital Shyshou apareció
ahorcado en un parque de la capital ucraniana tras haber denunciado amenazas
de los servicios de seguridad bielorrusos. En Turkmenistán, varios usuarios de
Internet informaron de que habían tenido que jurar sobre el Corán que no iban
a usar redes privadas virtuales (VPN) para acceder a Internet.

Libertad de reunión
Muchos países promulgaron o mantuvieron unas restricciones
desproporcionadas sobre las reuniones pacíficas, y la policía recurrió con
frecuencia al uso ilegítimo de la fuerza o a medidas discriminatorias para
controlar a quienes se manifestaban. Grecia siguió utilizando la pandemia
como cortina de humo para restringir indebidamente el derecho a la libertad
de reunión pacífica y, entre otras cosas, aprobó por tercera vez una
prohibición general de las reuniones públicas al aire libre y disolvió varias
manifestaciones pacíficas. Chipre también mantuvo una prohibición general
de todas las manifestaciones. Las autoridades de Turquía continuaron
restringiendo arbitrariamente la libertad de reunión pacífica al detener de
forma arbitraria a cientos de personas, usar ilegalmente la fuerza contra ellas y
procesarlas sólo por ejercer sus derechos.

En Bielorrusia, el derecho a la protesta pacífica dejó de existir en la práctica y

miles de personas huyeron del país por miedo a sufrir represalias. En Rusia se
procesaba por sistema incluso a quienes llevaban a cabo protestas en solitario
y en Moscú, según informes, se usaba el reconocimiento facial para identificar
y reprender a manifestantes pacíficos. En Kazajistán solían denegarse las
peticiones para celebrar manifestaciones pacíficas en aplicación de una
restrictiva legislación.

En Serbia no hubo avances en las denuncias penales presentadas por 40

personas que habían resultado heridas por la policía durante una manifestación
en 2020. En Reino Unido, la fiscalía decidió no presentar cargos contra
manifestantes del movimiento Black Lives Matter, y en Irlanda del Norte la
policía tomó medidas para devolver el importe de las multas impuestas a 72
de ellos. Sin embargo, un controvertido proyecto de ley sobre la función
policial preveía ampliar drásticamente las facultades de la policía para
restringir indebidamente protestas y establecía penas draconianas por
infracciones de la ley.

A finales de 2021, las restricciones asociadas a la COVID-19 desataron

protestas multitudinarias en Austria, Bélgica, Croacia, Italia y Países Bajos.
Algunas manifestaciones estuvieron marcadas por la violencia, y en ellas hubo
decenas de arrestos y resultaron heridos tanto manifestantes como agentes de
la ley.

Libertad de asociación
La libertad de asociación continuó amenazada en toda la región. En Hungría
se revocó una ley que imponía restricciones arbitrarias a las ONG, pero la
legislación adoptada en su lugar suscitó nuevos motivos de preocupación, y la
que penalizaba la prestación de ayuda a las personas migrantes incumplía las
leyes de la UE según una resolución del Tribunal de Justicia de la UE. En
Grecia seguía en vigor una restrictiva normativa sobre la inscripción en
registro de las ONG que trabajaban con personas refugiadas y migrantes. Las
autoridades turcas utilizaron las recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera como pantalla de humo para aprobar legislación que facilitaba el
hostigamiento de las ONG.
En el este de la región, las autoridades relacionaban cada vez más las
actividades de la sociedad civil con actividades políticas y dispusieron que
infringir las restrictivas normas sobre la libertad de asociación fuera punible
con la cárcel. Rusia recurrió sistemáticamente a la legislación sobre “agentes
extranjeros” y “organizaciones indeseables” para paralizar o prohibir un gran
número de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación,
y disolvió una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas,
Memorial, por supuestas infracciones de la ley sobre “agentes extranjeros”.

Al final del año, más de 270 organizaciones de la sociedad civil habían sido
arbitrariamente disueltas o estaban en proceso de cierre forzoso en
Bielorrusia. En una entrevista a la BBC, Alexander Lukashenko vinculó las
ONG a la oposición política y prometió “masacrar toda la escoria a la que
ustedes [Occidente] han estado financiando”. En Uzbekistán, el
incumplimiento de las restrictivas normas sobre “formación ilegítima de una
asociación pública u organización religiosa” seguía siendo punible con la
cárcel.

Defensores y defensoras de los derechos

humanos
Los Estados continuaron incumpliendo su obligación de garantizar un entorno
seguro y propicio para las personas que defendían los derechos humanos.
Defensores y defensoras de las personas en movimiento eran objeto de
restricciones administrativas, procesamientos y acoso policial. Quienes
defendían los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI se enfrentaban
a procesamientos injustos, amenazas y campañas de difamación.

En Chipre, Francia, Grecia, Italia y Malta, quienes defendían los derechos de

las personas migrantes seguían siendo objeto de criminalización. En Italia y
Grecia prosiguieron las causas abiertas contra particulares y ONG. En 2021
también hubo absoluciones de defensores y defensoras de los derechos de las
personas migrantes, como en el caso de Stansted en Reino Unido.

Las autoridades de Polonia apelaron contra la absolución de tres defensoras

acusadas de “ofender las creencias religiosas” por medio de unos carteles de la
Virgen María con un halo de arcoíris. Las mujeres que defendían el acceso a
unos servicios de aborto legales y seguros se enfrentaban a campañas de
desprestigio y amenazas de muerte.

En Turquía, las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a

investigaciones infundadas, procesamientos y condenas. El caso más
representativo fue el de Osman Kavala, quien continuaba bajo custodia tras
cuatro años de reclusión, acusado de nuevos cargos, a pesar de la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pedía su liberación inmediata.
En Rusia, las represalias contra defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron generalizadas y muy graves. El abogado de derechos
humanos Ivan Pavlov huyó de Rusia al ser acusado arbitrariamente de
“divulgar los resultados de una investigación preliminar” y fue incluido en
una lista de “personas buscadas”. Por otro lado, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sostuvo que las autoridades no habían investigado
debidamente el secuestro y asesinato de Natalia Estemirova. En Bielorrusia se
persiguió a activistas de todos los sectores de la sociedad. Al final del año,
siete miembros de la principal organización de derechos humanos del país,
Viasna, habían sido detenidos arbitrariamente y condenados a largas penas de
prisión o estaban en espera de condena. Huseyn Abdullayev, un azerbaiyano
crítico con el gobierno, continuó en prisión a pesar de que el Grupo de
Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba que su
privación de libertad era arbitraria y había pedido su liberación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En 2021 se levantaron nuevas vallas fronterizas, se debilitó el régimen de
protección y hubo una aceptación generalizada de las torturas y muertes en las
fronteras como disuasión de la migración irregular.

Grecia designó a Turquía como país seguro para solicitantes de asilo

procedentes de Afganistán, Somalia y otros países. Las iniciativas de
Dinamarca para rescindir los permisos de residencia concedidos a personas
refugiadas sirias y devolverlas a su país marcaron un nuevo mínimo. Varios
países estuvieron devolviendo a solicitantes de asilo de Afganistán hasta poco
antes de la toma del poder por los talibanes.

Las autoridades de Bielorrusia facilitaron la creación de nuevas rutas

migratorias que atravesaban su país en dirección a la UE y empujaron
violentamente a las personas refugiadas y migrantes a dirigirse a las fronteras
de Polonia, Lituania y Letonia, que anularon el derecho a solicitar asilo en la
frontera y legalizaron las devoluciones sumarias. Al final del año había una
multitud de personas atrapada en las fronteras, y habían muerto varias. En las
“antiguas” rutas migratorias de Turquía a Grecia, del Mediterráneo Central a
Italia y de Marruecos a España continuaron las devoluciones sumarias
violentas, y las personas rescatadas en el mar se enfrentaban a largas esperas
para desembarcar.

Muchos países anunciaron abiertamente el número de personas cuya entrada

se había “impedido”, lo que a menudo significaba que estas personas habían
sufrido una devolución sumaria sin que se evaluaran sus necesidades de
protección. El número anunciado en Turquía y Hungría era de varias decenas
de miles, y en las fronteras de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania era
superior a 40.000.

Otros muchos países, como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Grecia y

Macedonia del Norte, llevaron a cabo devoluciones sumarias e ilegales de
personas refugiadas y migrantes sin tener en cuenta sus circunstancias
particulares y después negaron haberlo hecho. Personas de etnia kazaja que
habían huido de Xinjiang (China) se enfrentaron a acciones judiciales por
cruzar ilegalmente la frontera kazaja.

Algunos tribunales reconocieron la ilegalidad de tales acciones. Tanto el

Tribunal Constitucional de Serbia como el de Croacia resolvieron que la
policía había violado derechos humanos en las devoluciones sumarias. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Croacia había violado
los derechos de una niña afgana que había muerto atropellada por un tren tras
su expulsión ilegal a Serbia en 2017. Los tribunales de Italia y Austria
concluyeron que las expulsiones en cadena de solicitantes de asilo a Eslovenia
y Croacia vulneraban el derecho internacional. A pesar de estas resoluciones,
la rendición de cuentas por las expulsiones sumarias y los malos tratos fue
infrecuente.

La UE e Italia continuaron siendo cómplices en la financiación de las

operaciones de “recuperación de migrantes” de la guardia costera libia, que
llevaba a los migrantes de vuelta a Libia, donde podían sufrir graves
violaciones de derechos humanos. A fecha de octubre, más de 27.000
personas refugiadas y migrantes habían sido capturadas en el Mediterráneo
Central y devueltas a Libia por los guardacostas libios.

Discriminación
El racismo contra personas negras, musulmanas, romaníes y judías se hizo
más patente en muchos contextos. En Reino Unido, un informe gubernamental
descartaba los motivos de preocupación sobre el racismo institucional,
mientras que un nuevo proyecto de ley sobre la policía auguraba un aumento
de la discriminación de las comunidades negra, romaní y nómada. Las
autoridades de Dinamarca suprimieron de la legislación toda referencia a los
“guetos” pero siguieron imponiendo limitaciones en materia de vivienda
social a los residentes de “procedencia no occidental”. Austria y Francia
intensificaron la vigilancia de las comunidades musulmanas, irrumpieron en
mezquitas y cerraron organizaciones que vigilaban la islamofobia, justificando
tales medidas como parte de su lucha contra la radicalización y el terrorismo.
En Alemania, a fecha del 5 de noviembre de 2021, se habían registrado 1.850
casos de antisemitismo y otros delitos de odio contra personas judías —la
cifra más alta desde 2018— y se alcanzaron máximos exorbitantes de
incidentes similares declarados también en Austria, Francia, Italia y Reino
Unido.

Romaníes
Las personas romaníes continuaron sufriendo acoso y discriminación, que
incluía su segregación en la educación, la vivienda y el empleo. Las
comunidades romaníes seguían sometidas a un control policial excesivo y
subescolarizadas. Dos casos de gran repercusión de romaníes muertos a
manos de la policía en la República Checa y en Grecia recordaron a la muerte
de George Floyd en Estados Unidos.

Tras años de campañas, el Senado checo votó a favor de un proyecto de ley

para indemnizar a los miles de mujeres romaníes que habían sido esterilizadas
ilegalmente por las autoridades entre 1966 y 2012. El gobierno de Eslovaquia
se disculpó oficialmente por la esterilización forzada de miles de mujeres
romaníes, pero seguía pendiente de poner en marcha un mecanismo de
indemnización efectivo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación y violencia en toda
la región. Varios países debatieron o aprobaron legislación que las
estigmatizaba o discriminaba, entre ellos Polonia y Hungría. En Serbia, el
presidente rehusó firmar una ley sobre uniones civiles. En Bulgaria y Turquía,
entre otros países, algunas figuras políticas participaron en discursos o actos
homófobos.

Las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre hombres eran delito en

Turkmenistán y Uzbekistán. En Rusia la ley sobre “propaganda gay” fomentó
la discriminación de la comunidad LGBTI, y en Georgia un periodista murió
cuando una turba asaltó la sede del Orgullo en la ciudad de Tiflis.

Derechos de las mujeres

Derechos sexuales y reproductivos
El acceso a un aborto seguro y legal seguía siendo un grave problema de
derechos humanos en Andorra, Malta, Polonia, San Marino y otros lugares.
En Polonia entró en vigor una sentencia del Tribunal Constitucional que
declaraba inconstitucional el aborto en el supuesto de grave malformación del
feto. El año siguiente a la sentencia, 34.000 mujeres se pusieron en contacto
con Aborto sin Fronteras, una ONG que facilitaba viajar al extranjero para
obtener asesoramiento y servicios de aborto.

En Andorra se mantenían los cargos por difamación presentados contra una

defensora que había planteado ante la ONU sus motivos de preocupación
sobre la prohibición total del aborto en el país. En un positivo avance, San
Marino legalizó el aborto en una votación popular.

Violencia contra mujeres y niñas

El panorama respecto a la violencia contra las mujeres seguía siendo dispar.
Mientras que Turquía se retiró de un tratado emblemático para combatirla —
el Convenio de Estambul—, Moldavia y Liechtenstein lo ratificaron. Además,
Eslovenia reformó su legislación sobre la violación para que su definición
estuviera basada en el consentimiento, y en España, Países Bajos y Suiza
también se estaba reformando la legislación análoga.

Sin embargo, la violencia contra las mujeres seguía siendo una práctica muy
extendida. En Rusia, el Consorcio de ONG de Mujeres concluyó que el 66%
de las mujeres asesinadas de 2011 a 2019 habían sido víctimas de violencia de
género en el ámbito familiar. El Ministerio del Interior de Uzbekistán rechazó
una petición de la ONG NeMolchi en relación con los enjuiciamientos por
violencia contra las mujeres, afirmando que “no servía para nada”. En
Azerbaiyán, activistas de los derechos de las mujeres y periodistas sufrieron
chantajes y campañas de desprestigio basadas expresamente en el género y se
disolvieron con violencia concentraciones de mujeres contra la violencia de
género intrafamiliar. La toma del poder por los talibanes en Afganistán
intensificó los esfuerzos para promover los valores “tradicionales” en Asia
Central. En Ucrania continuaron los ataques homófobos y hubo informes
sobre la falta de servicios para las sobrevivientes de violencia de género
intrafamiliar en las zonas de la región de Dombás no controladas por el
gobierno.

Derecho a la salud y a la seguridad social

La pandemia de COVID-19 siguió teniendo un impacto considerable, aunque
atenuado en cierta medida por los altos índices de vacunación en muchos
países de la región, especialmente en la UE. La pandemia ejerció una presión
inmensa sobre unos sistemas de salud desbordados y faltos de financiación.

Algunos Estados suspendieron sus obligaciones contraídas en virtud del

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, y varios declararon prolongadas emergencias de
salud pública e impusieron nuevos confinamientos y otras restricciones ante
las sucesivas oleadas de contagios y la aparición de nuevas mutaciones del
virus.

La desigualdad vacunal en la región se acentuó aún más, casi siempre por una
fuerte reticencia a las vacunas. Por ejemplo, mientras que en España, Islandia,
Malta y Portugal se había vacunado más del 80% de la población, en
Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kirguistán, Tayikistán
y Ucrania, lo había hecho menos de un 30% de la población. En algunos
casos, las personas migrantes sin documentación y las pertenecientes a grupos
tradicionalmente discriminados tuvieron dificultades de acceso a la
vacunación. Las muertes por COVID-19 seguían afectando de manera
desproporcionada a las personas de edad avanzada.

A pesar de que Europa formuló importantes compromisos para donar vacunas,

la desigualdad vacunal mundial se acentuó por culpa de Noruega, Reino
Unido, Suiza y la UE, que siguieron bloqueando una exención del Acuerdo de
la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) que permitiría incrementar en gran
medida la producción de vacunas, sobre todo en el Sur global.

Según informes, en la región ucraniana de Dombás los centros médicos

estaban saturados de pacientes y carecían de personal y suministros médicos
suficientes, incluidas vacunas. En Turkmenistán las autoridades continuaron
negando que hubiera casos de COVID-19, pero en julio aprobaron la
vacunación obligatoria para toda la población adulta.

La COVID-19 sumió en la precariedad a un número cada vez mayor de

trabajadores y trabajadoras al no existir planes integrales de protección social.
Las mujeres y las personas migrantes estaban en situación de especial
vulnerabilidad. En Austria, las mujeres migrantes que trabajaban como
internas en la prestación de cuidados eran víctimas de abusos, salarios
discriminatorios e injustos y jornadas de trabajo excesivas. En Italia se
tomaron medidas disciplinarias y represalias contra el personal sanitario y de
residencias de mayores que expresó su preocupación por la inseguridad de las
condiciones laborales en las residencias o que intentó sindicarse. En Armenia,
la pandemia agravó la pesada carga que representaba para mujeres y niñas el
trabajo no remunerado de los cuidados.

Derechos humanos en zonas de conflicto

Apenas hubo cambios en las zonas de conflicto de los países de la antigua
Unión Soviética, lo que significaba que las trabas al desarrollo persistían y la
libertad de circulación y el derecho a la salud de la población a ambos lados
de las líneas de contacto estaban gravemente afectados.

Más de 100 personas murieron o resultaron heridas en el año por la explosión

de minas colocadas por las fuerzas armenias en zonas cedidas a Azerbaiyán
durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. No hubo rendición
de cuentas ni justicia para las víctimas de los crímenes de guerra cometidos
durante ese conflicto, y más de 40 personas de etnia armenia capturadas tras el
alto el fuego seguían cautivas en condiciones inhumanas, según informes. La
mayoría de los 40.000 civiles azerbaiyanos desplazados durante el conflicto
de 2020 regresaron a sus hogares, pero las minas, la destrucción de
infraestructuras y la pérdida de medios de subsistencia impidieron el retorno
de más de 650.000 personas desplazadas en la década de 1990. Unas 36.000
personas de etnia armenia continuaban en situación de desplazamiento
interno.

Persistía el conflicto en la región ucraniana de Dombás mientras el gobierno y

los separatistas respaldados por Rusia se acusaban mutuamente de violaciones
del alto el fuego, y la misión de vigilancia de la ONU informó de al menos
nueve casos de detención arbitraria por el servicio secreto de seguridad de
Ucrania. Al final del año, Rusia había reunido un gran número de efectivos
militares en su frontera con Ucrania, despertando el temor de una posible
invasión.

La circulación estaba restringida dentro y fuera de los territorios bajo control

del gobierno en las regiones georgianas escindidas de Abjasia y Osetia del
Sur/Tsjinvali. Persistían la tortura y otros malos tratos: no se llevó a cabo una
investigación efectiva sobre la muerte bajo custodia de Inal Dzhabiev en
Osetia del Sur/Tsjinvali en 2020, y Anri Ateiba murió tras su detención en
Abjasia.

Actuación deficiente contra la crisis climática

A pesar de la especial responsabilidad que Europa tenía ante el resto del
mundo de abordar la crisis climática, tanto por su papel en las emisiones
globales hasta ese momento como por su riqueza, los países europeos y la UE
continuaron sin adoptar unos objetivos de reducción de las emisiones —
incluidas políticas para eliminar progresivamente los combustibles fósiles—
que se ajustaran a su nivel de responsabilidad y al imperativo de evitar un
aumento de la temperatura media global superior a los 1,5 °C. Además, en las
negociaciones anuales de la ONU sobre el cambio climático (COP26), los
países europeos se opusieron al establecimiento de una entidad financiera
global para ofrecer apoyo económico a los países en desarrollo con pérdidas y
daños ocasionados por la crisis climática. Sin embargo, Escocia y la región
belga de Valonia se comprometieron a destinar fondos para pérdidas y daños.

Los movimientos de activistas recurrieron a litigios para obligar a los

gobiernos a reducir las emisiones y combatir el cambio climático, y lograron
victorias judiciales en Alemania, Bélgica y Francia. En una causa histórica
emprendida por organizaciones de la sociedad civil, un tribunal neerlandés
ordenó a Shell que redujera sus emisiones de carbono globales en un 45%
respecto a los niveles de 2019 antes del fin de 2030, y basó su decisión en la
obligación de las empresas comerciales de respetar los derechos humanos,
entre otros argumentos. En Georgia se canceló la construcción de una planta
hidroeléctrica a raíz de las protestas en torno a la preocupación por la
seguridad ambiental.

Los derechos humanos en la región y en el

mundo
El giro autoritario fue acompañado de una desvinculación creciente de los
organismos multilaterales. La Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa parecía impotente para frenar la deriva hacia el
conflicto, mientras importantes países desoían su consejo y desechaban su
actividad de observación, cuando no la impedían por completo. El Consejo de
Europa fue incapaz de obligar a los Estados miembros a acatar sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y cumplir sus obligaciones. La UE
estuvo paralizada por sucesivas crisis del Estado de derecho y se mostró reacia
a hacer cumplir sus propias normas sobre los derechos de las personas
refugiadas y migrantes.

Rusia y China continuaron generando y ejerciendo influencia, especialmente

en la parte oriental de la región. Ambos países socavaron el marco
internacional de los derechos humanos y Rusia respaldó las medidas de
Bielorrusia para reprimir a su propia población. Las sanciones económicas y
políticas adoptadas por la UE contra Rusia y Bielorrusia no lograron contener
la incesante marea de represión.

En Reino Unido se aprobó legislación que podía facilitar la impunidad por

delitos cometidos en el extranjero. La Ley de Operaciones Exteriores
introducía restricciones sobre las actuaciones judiciales relacionadas con las
operaciones militares en el extranjero, como plazos de presentación para las
demandas civiles y una presunción en contra del enjuiciamiento para la
mayoría de los delitos una vez transcurridos cinco años.

No obstante, hubo varias iniciativas positivas. En marzo, el Consejo de

Europa aprobó una recomendación sobre la adopción de medidas contra el
comercio de artículos empleados para la pena de muerte, la tortura y otros
malos tratos. Algunos países tomaron medidas para poner freno a las
transferencias irresponsables de armas. Alemania prolongó una suspensión de
las exportaciones de armas a Arabia Saudí pero no a otros Estados implicados
en el conflicto de Yemen. En Francia hubo actuaciones judiciales
emprendidas por ONG para garantizar la transparencia de las transferencias de
armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Suiza aprobó una ley para
regular la exportación de armas que prohibía su transferencia a Estados en los
que hubiera conflicto interno o riesgo de violaciones de derechos humanos
graves o sistemáticas.
Recomendaciones
Todo lo anterior debe servir de aviso a los gobiernos para que vuelvan a
comprometerse con los derechos humanos y hagan cumplir colectivamente las
obligaciones de los Estados. Hasta ahora, han sido principalmente activistas
contra el cambio climático y defensores y defensoras de los derechos humanos
quienes han mostrado un sentido de la urgencia, pero ambos colectivos sufren
fuertes presiones por parte de gobiernos y empresas. La causa de los derechos
humanos necesita más adalides ya, o corremos el riesgo de ver destruido todo
lo logrado en las últimas décadas.

Los gobiernos deben reconocer la función primordial que cumplen los

defensores y defensoras de los derechos humanos, y no estigmatizar y
penalizar sus actividades. El espacio para que todas las personas puedan
ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión
pacífica debe ser protegido de las extralimitaciones que los Estados llevan a
cabo con diversos pretextos. Los Estados deben frenar su deriva hacia
sociedades dominadas por la vigilancia, respetar el Estado de derecho y poner
fin a la erosión de la independencia judicial. Los gobiernos también deben
redoblar sus esfuerzos para prevenir la discriminación contra las personas
negras, musulmanas, romaníes y judías, y garantizar que los actores estatales
se abstienen de fomentar un discurso estigmatizante y de implementar
políticas dirigidas contra estas comunidades.

La pandemia de COVID-19 continúa, y es urgente que haya igualdad de

acceso a las vacunas en cada país y entre países, en la región y fuera de ella, e
imprescindible la cooperación entre los Estados para garantizar tratamientos y
vacunas aceptables, asequibles, accesibles y disponibles para todo el mundo.

Tanto en la tierra como en el mar siguen muriendo personas que huyen del
conflicto y la pobreza tratando de alcanzar la seguridad. Ante esta realidad, los
gobiernos deben proporcionar más vías de migración seguras y regulares —
especialmente para personas que necesitan llegar a Europa—, como la
concesión de visados por razones humanitarias, el reasentamiento, el
patrocinio comunitario y la reagrupación familiar.

Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para combatir el problema —

ocultado con frecuencia— de la violencia contra las mujeres y las niñas,
dando prioridad a la eliminación de la violencia de género y a la actuación
sobre sus causas estructurales. Asimismo es necesario seguir tomando
medidas para eliminar todas las formas de discriminación, en la legislación y
en la práctica.
Los gobiernos deben incrementar sus objetivos de reducción de emisiones y
aplicar políticas adecuadas y compatibles con los derechos humanos, como
eliminar progresivamente el uso y la producción de combustibles fósiles
mediante una transición justa. Por último, también deben aumentar con
urgencia la financiación climática para los países de ingresos bajos y
comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y
daños en esos países.