“Año del dialogo y reconciliación nacional”

Trabajo autónomo reflexivo

Docente

Obed Vargas Salas

Tema de investigación:

Lote 192

Trabajo que como parte del curso presentan los alumnos

Fabrizio Castro Paucar 1615109

Yadhira Taco Huaman U17208976
Luis Montalvo Torres U17106237
Kelly Vizcarra Catari 1512820
Melany Cuyo Huaman 1620015

Arequipa, setiembre del 2018

1
 ÍNDICE
ÍNDICE..........................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................3
OBJETIVOS....................................................................................................................................4
1. DESARROLLO DEL CASO LOTE 192....................................................................................6
1.1 ANTECEDENTES........................................................................................................6
1.1.1 Situación de las demandas de las federaciones de las 4 cuencas de Loreto
entre los años 2011 al 2013..............................................................................................7
1.1.2 Evaluación de los puntos resueltos de las recomendaciones del informe del
período legislativo 2011 – 2012........................................................................................8
1.1.3 Evaluación de los puntos no resueltos de las recomendaciones del Informe
del periodo legislativo 2011-2012..................................................................................10
1.2 ANALISIS DEL MARCO LEGAL APLICABLE................................................................11
2. PROCESOS DE DIÁLOGO.................................................................................................16
2.1 ELEMENTOS CLAVES...............................................................................................17
2.2 MESAS DE DIALOGO...............................................................................................22
2.3 FÓRMULAS DE NEGOCIACION................................................................................23
2.4 SOBRE LAS TRABAS EN LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL CONFLICTO. 26
2.5 RAZONAMIENTO ETICO..........................................................................................30

2
 INTRODUCCIÓN

El Lote petrolero identificado hoy con el número 192, y que en el pasado fue la unión
de los lotes petroleros 1A y 1B (Lote 1AB), ubicado en la Región de Loreto, Distrito de
Andoas, siendo motivo de un nuevo conflicto social que amenaza con paralizar la
región y otras partes del Perú debido al largo periodo del conflicto sin poder encontrar
una solución.

El conflicto del lote 192 se inició cuando terminó la concesión que tenía la empresa
Plus Petrol .Perú Petro convocó una nueva licitación del lote pero la convocatoria fue
declarada desierta entonces en un proceso extraordinario el estado le adjudica a una
empresa Canadiense Pacific Production Corporation durante dos años, sin embargo
las organizaciones indígenas y el gobierno regional de Loreto deciden convocar a
una movilización contra la adjudicación del lote a la empresa Canadiense ,reclamando
al estado y poniendo así los indígenas condiciones para la explotación del lote como
veremos.

3
 OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es brindarles información a todos los estudiantes

universitarios acerca del conflicto social denominado lote 192 siendo uno de los
problemas más relevantes en la historia Peruana llevada en la Selva de nuestro país.

Como ciudadanos y pobladores del territorio peruano es derecho y deber conocer

nuestra historia Peruana así como los conflictos que van marcando la historia y aun
forman parte de nuestro siglo XXI.

Así mismo queremos compartir esta información para hacerles ver como los
pobladores de las zonas selváticas del Perú tienen enfermedades debido a la
contaminación que puede crear el petróleo en el agua y sus cultivos.

Como el estado solo ve los contratos y el crecimiento económico sin importar los
derechos humanos de nuestros hermanos indígenas.

4
En el contexto actual de la próxima licitación del Lote 192, que incluye al Lote 1-AB
actualmente concesionado a la empresa argentino-holandés Pluspetrol Norte S.A.
hasta el año 2015, se han reiterado los derrames, han aumentado el número de los
sitios impactados que no cuentan con un instrumento de gestión ambiental, sin que se
haya establecido la responsabilidad de la empresa por la contaminación.

Sin embargo, Pluspetrol Norte S.A no solo ha incumplido con los Planes Ambientales
Complementarios (PAC) de los Lotes 1-AB y 8 sino que mediante acciones legales ha
neutralizado en un caso y judicializado en el otro los actos administrativos de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de
Energía y Minas (MINEM) paralizando de esta manera las actividades de mitigación y
remediación en curso e imposibilitando la ejecución de los Planes de Cese
respectivos. Asimismo, la empresa no reconoce su responsabilidad en la mitigación y
remediación del conjunto de sitios impactados identificados por los monitores
ambientales de las comunidades y federaciones indígenas en el lote 1-AB "por no
encontrarse dentro de los instrumentos de gestión ambiental que la empresa tiene
comprometidos".

La magnitud del impacto ambiental y social acumulado ha tenido como contraparte la

presentación de las demandas de las federaciones indígenas representativas de las
comunidades afectadas y la respuesta del gobierno, a través de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), para constituir en junio del 2012 una Comisión
Multisectorial que canalice la atención de los problemas de contaminación del
ambiente, en particular del agua de consumo humano que afecta la alimentación
cotidiana y la salud de las comunidades. La incertidumbre frente a la implementación
de la consulta previa en el lote 192 así como en nuevos lotes de hidrocarburos ha
generado una gran preocupación en las comunidades respecto a la conservación y
protección de sus territorios.

En consecuencia, existen problemas ambientales que tienen a la base problemas

legales y administrativos, que dificultan e imposibilitan la ejecución de los PAC y la
aprobación de los Planes de Cese, así como de los Planes de Abandono de los
pasivos ambientales identificados por los monitores ambientales. Por otro lado, queda
pendiente esclarecer la responsabilidad administrativa y legal por la aplicación de un
estándar treinta (30) veces más permisivo en el Lote 1-AB respecto al Lote 8 contiguo.
La competencia para identificar sitios impactados y pasivos ambientales, así como

5
levantar un inventario de estos, recientemente asignada al OEFA, no garantiza su
pronta atención con planes de manejo ambiental.

Asimismo, los problemas sociales se han agudizado en materia de salud de las

personas y en su entorno natural, toda vez que la población se ha visto
progresivamente desprovista entre otras cosas de fuentes de aguas segura y apta
para el consumo humano. Es decir, las actividades petroleras en la zona no sólo han
impactado en los patrones de consumo, la organización comunal y las costumbres,
sino que también han tenido un impacto directo en el deterioro del hábitat, los sistemas
de agua y saneamiento (cochas, quebradas, pozas comunales, entre otros). La
contaminación en cuerpos de agua de uso cotidiano de la población ha atentado
contra la seguridad alimentaria de la zona, en tanto la población viene manifestando su
malestar por el impacto en peces y animales de caza que se sostienen de las mismas
fuentes de agua contaminadas y que constituyen la base de la alimentación en
proteínas para la población. Al afectar ésta la economía de las comunidades indígenas
se está vulnerando no sólo el derecho al agua 1, a una alimentación adecuada2, a un
medio ambiente saludable, sino también se está atentando contra el vínculo entre el
territorio y la identidad colectiva asociados a las actividades de pesca y caza.

La experiencia de la débil o inexistente supervisión del Estado y el incumplimiento de

estándares ambientales genera una fuerte ansiedad en la población local. En las
comunidades del Pastaza se vienen registrando a lo largo del 2013, casos de
personas que relacionan los impactos al ambiente y la salud derivados de la actividad
petrolera con el suicidio en vista que no ven otra salida al problema del acceso al agua
limpia y los alimentos.

Por último, no todos los impactos ocurridos en el ambiente pueden ser mitigados con
prácticas de mitigación y remediación, ya que, desde la perspectiva de la población
local indígena, los impactos en el territorio abarcan distintas dimensiones incluyendo la
seguridad y tranquilidad, la salubridad, la biodiversidad y las fuentes alimenticias y de
control territorial. Al no resolverse estos problemas, el conflicto se mantiene latente,
afectando la vida de las comunidades y la estabilidad de las inversiones en el área de
las cuatro cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón.

1. DESARROLLO DEL CASO LOTE 192

1.1 ANTECEDENTES

1
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 15, párrs. 7 y 16
2
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general 12, párr. 13

6
La situación para los pueblos indígenas de la Amazonia de Loreto y del país en
general cambió desde octubre del 2006 con la firma del Acta de Dorissa que resolvió
el conflicto en ese momento entre los Achuar del río Corrientes y la empresa
Pluspetrol Norte y el Estado Peruano, al haber sido históricamente invisibilizados.
Organizados en su matriz, la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes
(FECONACO), lograron el compromiso de la reinyección de las aguas de producción,
el financiamiento del programa de monitoreo y vigilancia comunitaria, la
implementación de un plan de atención de salud y otros puntos demandados.

Según el Informe Técnico N°224629-2012-GFHL-UPPD de OSINERGMIN remitido al

despacho de la Congresista Marisol Pérez Tello, se señala que, en abril del 2009,
“PLUSPETROL comunicó que el 100% del agua producida en los dotes lotes, estaba
siendo reinyectada para su disposición final, en el subsuelo, es decir a profundidades
donde se extrae el petróleo”.

Sin embargo, al haberse detectado en los reportes diarios - remitidos por

PLUSPETROL vía correo electrónico - el incremento de las presiones en el cabezal
del pozo durante la inyección del agua producida en algunos pozos inyectores,
OSINERGMIN, mediante Oficio N°11360-2011-OS-GFHL-UPPD, solicitó a la empresa
los datos históricos de las presiones de tubos, forros y caudales de los pozos
inyectores del Lote 8.

Así, a pesar de las declaraciones de PLUSPETROL de que había cumplido con

reinyectar el 100% de las aguas de producción, “OSINERGMIN determinó que la
referida empresa estaba incumpliendo lo establecido por una incorrecta operación de
inyección de agua de producción en algunos pozos inyectores, por lo que en la visita
de supervisión especial realizada a las instalaciones del lote 8, el 24 de octubre 2011,
se determinó el cierre temporal de los Pozos 106D Corrientes, 84XD Pavayacu y 63XD
Yanayacu, al haberse detectado presiones altas anormales”.

1.1.1 Situación de las demandas de las federaciones de las 4 cuencas de

Loreto entre los años 2011 al 2013.

 El 25 de mayo 2011, los indígenas del Río Pastaza, organizados en la Federación

Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), logran compromisos en salud, educación,
producción e infraestructura del Gobierno Regional de Loreto (GOREL).

 El 24 de octubre del 2011 en Nauta, la Federación de Comunidades Nativas del Río

Tigre (FECONAT) logra compromisos similares con el GOREL.

7
 El 16 de junio del 2012, ante las demandas de las federaciones debido al aumento
de los problemas ambientales y el incumplimiento de los compromisos sociales, el
gobierno nacional, a través de la PCM, decide instalar la Comisión Multisectorial para
atender a las poblaciones de las Cuencas del Pastaza, Corrientes, Marañón y Tigre,
acción ratificada el 29 junio con la publicación de la Resolución Suprema N°200-2012-
PCM, con el objetivo de proponer medidas a nivel social y ambiental para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones de las cuatro cuencas.

 El 17 de junio del 2012, la Federación Indígena Quechua del Pastaza – FEDIQUEP

logró compromisos con el Gobierno Regional de Loreto - GOREL a través de la
llamada Acta Alianza Topal, siendo los más importantes, la aceptación del GOREL de
hacer el pedido formal para que se realice la consulta previa a las comunidades y se
cuente con un diagnóstico ambiental antes de la licitación del lote 192 así como
financiar una evaluación ambiental internacional independiente, un estudio
toxicológico, el programa de vigilancia comunitaria indígena independiente, el
programa de monitoreo de la calidad del agua y el sueldo de los médicos involucrados
en los compromisos del acta, además de otros acuerdos que atienden problemas de
salud, educación, producción y transporte.

Con el Acta Alianza Topal, el GOREL asume responsabilidades con el Ejecutivo en el

tratamiento de los problemas ambientales y sociales, comprometiéndose con el
financiamiento de estudios y programas de monitoreo y vigilancia ambiental. A su vez,
la Comisión Multisectorial, a través del grupo ambiental, ha llevado adelante un
monitoreo ambiental en cada una de las cuencas del Pastaza y Corrientes,
evidenciando en el primer caso problemas de contaminación, faltando efectuarse los
monitoreos programados para las cuencas del Tigre y Marañón, aunque en esta última
falta identificar los sitios impactados a fin de definir los puntos de monitoreo. Asimismo,
la FEDIQUEP3 con el respaldo de las federaciones de las otras cuencas han logrado la
aprobación de la Declaratoria de Emergencia Ambiental en la cuenca del Pastaza con
su respectivo plan de acción, así como el establecimiento de Estándares de Calidad
Ambiental (ECAs) para suelos, superando la discrecionalidad de funcionarios de
determinar, en base a estudios externos, niveles referenciales de calidad ambiental
muy permisivos, propiciando un impacto ambiental muy negativo en la amazonia.

1.1.2 Evaluación de los puntos resueltos de las recomendaciones del

informe del período legislativo 2011 – 2012.

3
Federación Indígena Quechua del Pastaza

8
  La aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) que
corresponden a los proyectos de gran tamaño será de ahora en adelante, luego de un
período de preparación, responsabilidad de una nueva entidad llamada “Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles” (SENACE)
adscrita al Ministerio del Ambiente4.

 Se estableció, mediante Resolución Ministerial N°042-2013-OEFA/MINAM del 19 de

febrero del 2013, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
es la entidad competente para ejercer la función de identificación de los pasivos
ambientales generados por actividades de hidrocarburos en el marco de lo establecido
en la Ley de Pasivos Ambientales 5 , poniendo fin de esta manera a una controversia
entre este organismo y OSINERGMIN. En la misma ocasión se aprobó el Plan de
Identificación de Pasivos Ambientales 2013-20146 . Asimismo, mediante Resolución de
Consejo Directivo N°022-2013-OEFA/CD del 21 de mayo del 2013, el OEFA aprobó la
“Directiva para la Identificación de Pasivos Ambientales en el Subsector
Hidrocarburos” así como una “Metodología para la estimación del nivel de riesgo de
pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos”7.

 Se ha potenciado el OEFA en su tarea de la fiscalización ambiental con la

aprobación en el Congreso de la República de la Ley N° 30011, que modifica la Ley
N°29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
incorporando el artículo 20°-A mediante el cual se obliga a los administrados (las
empresas) a presentar una carta fianza bancaria o financiera a nombre del OEFA,
llamada Contracautela, como requisito para formular una demanda administrativa
contenciosa con miras a que se dicte medidas cautelares destinadas a suspender los
efectos de las resoluciones que establecen las multas por incumplimiento ambiental.
También, mediante esta Ley se modificó el literal b) del artículo 136.2° de la Ley
General del Ambiente (Ley N°28611) para elevar el tope máximo del monto de las
multas de diez mil (10.000) a treinta mil (30.000) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), es decir, un promedio de 111 millones de nuevos soles.

Un logro importante de esta modificación de la Ley del SINEFA 8 es que, en el marco

de los procesos de supervisión ambiental que ejecuta OEFA, se ha incluido la

4
Ley N°29968 - Ley de Creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para la Inversiones
Sostenibles (SENACE) Diciembre, 2012
5
Ley N°29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos
6
Resolución de Consejo Directiva N°005-2013-OEFA/CD, 19 de febrero 2013.
7
Directiva N°01-2013-OEFA/CD.
8
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

9
realización de una audiencia pública con la participación de los representantes de las
comunidades campesinas y nativas.

1.1.3 Evaluación de los puntos no resueltos de las recomendaciones del

Informe del periodo legislativo 2011-2012.

 Hasta la primera semana de julio 2013, la empresa Pluspetrol Norte SA no cumple

con los Planes de Cese por Incumplimiento del Plan Ambiental Complementario de los
lotes 1-AB y 8, previstos por la normativa correspondiente 9 . Ello se da, en el caso del
Lote 1-AB, debido a la demora de cuatro (04) años (2009-2013) en resolver la
absolución de las observaciones de la DGAAE10 -MINEM al Plan de Cese al no
solucionarse una controversia sobre los niveles permisibles de contaminación
aplicables al lote. En el caso del lote 8, la empresa presentó una demanda
administrativa contenciosa contra la Resolución Viceministerial N°026-
2010-MEM/VME mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas reiteró su rechazo a
declarar la inejecutoriedad de las medidas de remediación de suelos previstas en el
PAC del lote 8 - como lo solicitó la empresa al cumplirse el plazo del PAC - así como
aprobar la remediación natural propuesta por la empresa.

 Hasta la fecha, tampoco se ha cumplido con la ejecución de medidas de remediación

incluidos en los diferentes planes de abandono aprobados y, en los casos en que la
empresa efectuó dichas medidas, ello consistió en mezclar suelo contaminado en las
zonas de derrame con tierra nativa y vegetación, tal como lo constataron los
congresistas en sus visitas a las 4 cuencas en los años 2012 y 2013.

 Los sitios impactados donde se encuentran ductos e infraestructura y lugares

contaminados/abandonados e identificados por los monitores ambientales de las
federaciones indígenas no cuentan con planes de abandono o de manejo ambiental.

 Queda pendiente la remediación de los ciento veintitrés (123) sitios impactados, de

acuerdo con la lista enviada por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA en el marco de los
compromisos de la Declaratoria de Emergencia Ambiental.

 No se consideró la aplicación de una evaluación ambiental estratégica que incluya el

impacto acumulativo de varios proyectos en una cuenca, ni se tomó en cuenta incluir
este pedido en los términos de referencia de los nuevos Estudios de Impacto
Ambiental.

9
Decreto Supremo N°028-2003-EM, Crean el Plan Ambiental Complementario.
10
Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos.

10
 La organización que representa a las comunidades nativas y pueblos indígenas de la
cuenca del Marañón, llamada Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San
Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) presentó una denuncia penal contra Pluspetrol
Norte S.A. ante la Fiscalía Ambiental de Nauta (Loreto) por la contaminación
ocasionada en la zona del yacimiento Yanayacu en el lote 8X ubicada dentro de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria11 .

 Aún no se ha iniciado el proceso de consulta previa frente a la licitación del Lote 192.
Hasta la fecha, solo se realizaron reuniones preparatorias con las federaciones,
quienes expusieron sus condiciones mínimas que consideran que el Estado debe
resolver para iniciar el proceso de consulta previa. Por otro lado, esta consulta se
desarrollaría en el marco de una estrategia de promoción de la inversión en nuevos
lotes que el gobierno desea sean explorados y explotados pronto.

1.2 ANALISIS DEL MARCO LEGAL APLICABLE.

El conflicto sociopolítico que gira en torno al ingreso de PetroPerú a la zona

denominada Lote 192, en Loreto, ha revivido el tema vinculado a la actividad extractiva
en zonas no urbanas. Asimismo, es una de las muestras de cómo se desarrollan este
tipo de situaciones cuando los temas que pueden resolverse de forma jurídica se
politizan de acuerdo a conflictos de intereses de ciertos grupos. En el presente
editorial comentaremos ciertos aspectos jurídicos medulares en este tema.

El Lote 192, que protagoniza el último conflicto social que amenaza con desestabilizar
el escenario político actual, está ubicado en la región de Loreto y cuenta con una
extensión de 290 ha., manejando el 17% del petróleo del Perú, siendo explotada hasta
el 29 de agosto por la empresa argentina Pluspetrol.

Actualmente, la concesión temporal del Lote 192 está en poder de la empresa

canadiense Pacific Stratus Energy, ello desde el 30 de agosto del 2015 y bajo contrato
de servicios aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, luego de un proceso de
negociación directa12. De esta forma, es descabellado pensar que el Gobierno Central
deba, por decisión propia, otorgar la concesión a la empresa PetroPerú.

Sin embargo, el problema se produce con anterioridad, pues desde un inicio se evitó
que PetroPerú sea la empresa encargada de la explotación del Lote 192. Uno de los
principales obstáculos para otorgarle la concesión del Lote 192 a PetroPerú era la Ley
11
Denuncia penal por la comisión de los presuntos delitos de Contaminación del Ambiente y sus formas
agravadas, (Art 304 y 305 del Código Penal), Delito de Alteración del Paisaje (Art. 313 C.P) y el delito de
Encubrimiento Real (Art 405 del mismo C. P).
12
Peña Jumpa, Antonio. Buscando prever un nuevo desastre político. El Lote petrolero 192 y los
derechos del Perú y de las Comunidades Amazónicas II. En IUS 360º

11
Nº 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria
ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación
de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno
corporativo de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Esta Ley, en su artículo sexto
menciona que:

“ARTÍCULO 6.- ACTIVIDADES DE PETROPERÚ

ESTABLÉCESE QUE PETROPERÚ PUEDE REALIZAR ACTIVIDADES Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SIEMPRE Y CUANDO NO GENEREN A LA
EMPRESA PASIVOS FIRMES O CONTINGENTES, PRESENTES O FUTUROS, NO
AFECTEN LAS GARANTÍAS DEL PMRT 13 Y NO DEMANDEN RECURSOS DEL
TESORO PÚBLICO. ESTO NO LIMITA A AQUELLOS PROYECTOS QUE PERMITAN
MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA A LA ENTRADA EN VIGENCIA
DE LA PRESENTE LEY. ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTORIO DETERMINAR
RESTRICTIVAMENTE LOS PROYECTOS QUE ESTÁN DESTINADOS A
MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA. CUANDO PETROPERÚ
GENERE LOS FLUJOS SUFICIENTES PARA GARANTIZAR EL PAGO DEL
ENDEUDAMIENTO A SER CONTRAÍDO PARA REALIZAR LAS INVERSIONES
VINCULADAS AL PMRT, Y SE HAYA INCORPORADO UNA PARTICIPACIÓN
PRIVADA DE CUANTO AL MENOS EL 40% EN SU CAPITAL SOCIAL EN
CIRCULACIÓN, YA NO TENDRÁ RESTRICCIONES EN LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN”

1. La Constitución prohíbe que los términos de un contrato sean modificados por leyes
ni otras disposiciones de cualquier clase (artículo 62). El dictamen en minoría recuerda
que el sábado 29 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Supremo Nº 027-2015-EM, a través del que se aprueba el contrato de servicios
temporal para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192, suscrito entre PerúPetro
y Pacific Stratus Energy del Perú S.A.

2. El Congreso no tiene iniciativa de gasto (artículos 79 de la Constitución y 76 del

Reglamento del Congreso). Este argumento toma en cuenta la situación actual de
PetroPerú y explica que, de promulgarse la norma aprobada, esta entidad requeriría
alrededor de setecientos millones de dólares para operar en el Lote 192.

encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan mejorar las

condiciones sociales y ambientales de la población en las cuencas del Pastaza, Tigre,
Corrientes y Marañón
13
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.

12
. DEMANDAS DE LAS FEDERACIONES.

PROBLEMA DEMANDAS PRINCIPALES

IDENTIFICADO GENERALES DEMANDAS
ESPECÍFICAS
1. Incumplimientos
sistemáticos de las
Empresas Petroleras
(desde Occidental
Petroleum Corporation
hasta Pluspetrol)
2. Políticas de A. Respeto, - Titulación y ampliación
invisibilización de los reconocimiento y de los territorios de las
pueblos indígenas, de promoción del derecho a comunidades. -
los impactos petroleros la propiedad colectiva y a Derogatoria de las
en sus territorios y sus la integralidad de los Resoluciones Supremas
consecuencias territorios de los pueblos N°060-2006-EM y N°061-
indígenas 2006-EM mediante las
B. Reconocimiento y cuales el Estado otorga
evaluación de daños servidumbres de
ocasionados por los ocupación gratuitas a
impactos ambientales y PLUSPETROL al
sociales provenientes de considerar los territorios
la explotación petrolera de libre disponibilidad del
C. Necesidad de Estado y sin fin útil. -
implementar medidas Compensación por uso de
especiales que permitan los territorios ancestrales
proteger a los Pueblos por parte de las
Indígenas puestos en petroleras. - Verificación
situación de alta de los daños históricos
vulnerabilidad por la ocasionados por las
explotación petrolera empresas petroleras
D. Participación y durante más de 40 años

13
 desarrollo de procesos de (fijar cronograma). -
consulta previa en Indemnización por los
cualquier política pública daños generados por la
regional, nacional e explotación petrolera. -
internacional que afecte Desarrollo de procesos de
directamente a nuestros participación y consulta
pueblos previa respetando las
E. Respeto a la costumbres y
institucionalidad y a las organizaciones indígenas.
organizaciones indígenas - Suspensión del
F. Políticas públicas que otorgamiento de nuevas
reconozcan beneficios de concesiones de
los pueblos indígenas de hidrocarburos en la región
la zona donde se extrae Loreto hasta que se
petróleo y que normen los resuelven los temas
mecanismos para su ambientales y sociales
implementación. pendientes en torno a los
lotes 1-AB y 8, y hasta
que se realice una
evaluación ambiental
estratégica de la actual.
3. Ausencia de garantías A. Instrumentos de
frente a la arbitrariedad gestión ambiental que
y discrecionalidad permiten la
comprobada en la descontaminación de los
institucionalidad estatal territorios indígenas
desde los distintos B. Políticas Públicas que
niveles reconozcan la
vulnerabilidad de los
territorios indígenas
Amazónicos y derogar
cualquier clasificación que
los categorice como
territorios industriales.
C. Los proyectos de
inversión en hidrocarburos
declarados como de

14
 necesidad nacional deben
de cumplir con el debido
proceso de evaluación y
aprobación
D. Detener la
interpretación extensiva
de las normas legales que
vulneran derechos.
4. Deficiencia del -Reconocimiento e
sistema estatal de institucionalización de los
evaluación, supervisión sistemas de monitoreo
y fiscalización social y ambiental y vigilancia
ambiental comunitaria independiente
realizados por las mismas
organizaciones indígenas.
- Aprobación de un nuevo
estudio PAC de pasivos
ambientales que se
desarrolle con fondos
independientes. -
Participación indígena en
la elaboración de los
instrumentos de gestión
ambiental, en la
evaluación y supervisión
de éstos.
5. Impunidad Ambiental A. Establecer mecanismos - Completa transparencia
alternativos a la con las organizaciones
judicialización de las indígenas respecto a los
sanciones administrativas procesos judiciales,
y los compromisos sanciones administrativas,
incluidos en los y demás procesos dados
instrumentos de gestión entre la empresa
ambiental. operadora y el Estado
B. Procesar en el Poder peruano. - Que se aclare
Judicial a los cuál es el fundamento
responsables de la constitucional de la

15
 contaminación en los excepción en materia de
casos emblemáticos. derecho de acceso a la
información pública
respecto de
procedimientos
administrativos
sancionadores en
particular cuando estos
tienen implicancias para la
integridad de los territorios
indígenas. - La
identificación y
georeferenciación por
parte del Estado de los
pasivos ambientales en el
Lote 8x batería 3
Yanayacu, en la Reserva
Nacional Pacaya Samiria,
que no fueron incluidos en
el PAC. Asimismo, la
determinación de los
daños ocasionados, por
pasivos ambientales en el
Lote 8x, en el río
Marañón, sus recursos y
la salud de los seres
humanos, para exigir la

2. PROCESOS DE DIÁLOGO

El proceso de consulta previa llevado a cabo en el lote 192 en 2015, fue un proceso
muy particular. Así lo afirma la ex vice ministra de Interculturalidad Patricia Balbuena
(en adelante la ex vice ministra): que el caso del proceso de consulta previa del lote
192 constituye un caso particular por ser el primero en etapa de explotación y con un

16
antecedente de conflictos sociales que fueron canalizados mediante una mesa de
diálogo presidida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia
del Consejo de Ministros (ONDS-PCM), durante cuatro años (Balbuena, 2016). Agrega
que no solo el sector responsable fue convocado, sino también otros: “En el caso del
lote 192, el Minem convocó a otros sectores a participar en el proceso, y sus
representantes suscribieron acuerdos que los comprometieron en el marco de sus
competencias. Sin embargo, como se ha señalado, este es un caso sui géneris”14.
Es necesario completar y aclarar la lectura de la ex vice ministra y lo hacemos sobre la
base de la experiencia de acompañamiento antes, durante y después del mismo
proceso a la FECONAT (Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre),
organización representativa del pueblo Kichwa desde los años 90.

Este proceso de consulta previa no solo fue muy particular por las razones
mencionadas, también porque: el proceso se llevó a cabo en distintos espacios con
diferentes representaciones – en realidad hubo distintos procesos- y finalmente llevó a
la firma de dos actas de consulta previa con dos grupos distintos; a la vez llevó a la
conclusión unilateral del proceso por parte del Estado para otros grupos, sin firmar
ningún acuerdo15
3.

3.1 ELEMENTOS CLAVES

Además el proceso fue negativamente afectado por una serie de elementos. Sin
pretender ser exhaustivo: en primer lugar en el proceso no fue tomado en cuenta el
pasado, en segundo lugar fue afectado por el proceso paralelo de la Comisión de
Desarrollo; en tercer lugar fue afectado por el proceso paralelo de la nueva licitación
del contrato en el lote 192; y finalmente no se respetó la normativa respecto a la
consulta previa.

Afectado por el pasado.- En el lote 192 se trataba pues de un primer proceso de

consulta previa a pueblos indígenas ya impactados por una actividad petrolera previa

14
Acta de consulta previa del Tigre 2015. Revisado el 8 de agosto 2017 en
www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/DGGAE/ARCHIVOS/OTROS/consulta
%20previa/lote-192/Acta%20de%20Consulta%20Previa%20TIGRE.pdf
SANCHEZ, Mayra 2016 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial.
Diccionario del español jurídico., http://dej.rae.es/#/entry-id/E128560, Pág. 23
15
SANCHEZ, Mayra 2016 Real Academia Española y Consejo General del Poder Judicial.
Diccionario del español jurídico., http://dej.rae.es/#/entry-id/E128560, Pág. 23.

17
de más de 45 años. Planteado de otra manera: no se trataba de dialogar de posibles
afectaciones, sino más bien de afectaciones acumuladas ya producidas. Durante el
proceso, la FECONAT planteaba que la consulta en el lote 192 se hiciese sobre un
área que ha sido declarada en situación de emergencia ambiental y sanitaria. Además,
los Kichwas señalaron su gran preocupación por el hecho de no contar con un Plan de
Abandono aprobado en la zona impactada, lo que generó aún más incertidumbre para
sus tierras y poblaciones. Señalaron que no se podía hablar de las afectaciones
futuras sin tomar en cuenta la falta de solución de las afectaciones del pasado. En este
sentido exigieron organizar el debate y diálogo sobre la base de afectaciones
acumulativas, considerando que ‘cualquier actividad en el marco de una nueva
exploración/explotación viniese profundizando las afectaciones ya existentes
comprobadas a nuestros derechos a la vida y colectivos’ (Acta de evaluación interna
del pueblo Kichwa). Es así que ese proceso de consulta previa del lote 192 se
enmarca en un contexto previo de años de sufrimiento, contaminación, protesta y
criminalización de la protesta (los Kichwas del Tigre cuentan con varios líderes
judicializados). 16.

La ex vice ministra (Balbuena 2016) se pregunta si las comunidades esperan una

respuesta estatal, si esta depende solo de la actividad extractiva. Se pregunta además
desde qué institucionalidad se puede responder a demandas de otros derechos que
nacen en procesos de consulta previa. En el caso de lote 192 las demandas no
nacieron en el proceso de consulta, ni nunca estuvieron desvinculadas de la misma
actividad extractiva. Las demandas nacieron mucho antes, como bien demuestra la
conflictividad y los diálogos en los años anteriores. En este caso, para las demandas
en los ámbitos de titulación, educación intercultural, salud intercultural etc. fue
necesaria una respuesta diferenciada, justamente por esa afectación previa de años
de actividad petrolera (superposición de derechos, afectación del medio ambiente
etc.).

Al no realizar el análisis sobre la base de “las afectaciones acumuladas y

acumulativas” se ha visto alterada la calidad del análisis de la afectación directa y
finalmente es correcto decir que el Estado perdió la oportunidad de dar respuestas
adecuadamente diferenciadas que hubiesen sido un inicio para atacar los problemas
de fondo.
16
. Aportes para el análisis y garantía para los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
Karina Vargas (compiladora), Lima: GIZ, pp.103-113

18
Afectado por el proceso paralelo de la Comisión de Desarrollo.- Esto lleva a identificar
una particularidad muy importante: la estrecha vinculación que tuvo ese proceso de
consulta con procesos de diálogo respecto a demandas del pasado, que se habían
llevado a cabo en el marco de dos comisiones multisectoriales (2012 y 2014). Los
diálogos de la última, la denominada Comisión de Desarrollo de las cuatro cuencas,
fueron llevados antes pero a la vez simultáneamente al proceso de consulta previa.

Sin embargo, es correcto decir que se logró solucionar las demandas de los pueblos.
En su Informe (Resumen Ejecutivo- noviembre 2015) la ONDS-PCM quien presidió la
Comisión, señala “que el diálogo en la Comisión de Desarrollo ha contribuido a la
solución de las siguientes condiciones: remediación ambiental, titulación de tierras,
servicios básicos y saneamiento de agua potable”. La realidad es otra a más de dos
años: las plantas provisionales de agua potable no dan las debidas garantías, la
remediación ambiental no inicia, y la titulación sigue en fase de expedientes y
diagnósticos técnicos. 17

Llama la atención que la ONDS en su Informe Final no mencionó las demandas o

agendas no atendidas, como la compensación por uso de tierras y la indemnización
por daños causados. El Informe contiene otra conclusión errónea: “Atender estas
condiciones ha viabilizado, también, la realización del proceso de la consulta previa del
lote 192 (actual lote 1-AB), operada por la empresa Plus Petrol Norte”. Esa conclusión
ha sido contradicha por los hechos: no se llegó a firmar ningún acuerdo en el proceso
de consulta previa del lote 192 justamente con los grupos que sí firmaron el Acta final
de este proceso de diálogo (Acta de Lima, 10 de marzo del 2015). Y fue ese grupo que
recurrió a una medida de protesta cuando el Estado dio por concluido de manera
unilateral el proceso de consulta previa para ellos. Es más, como se puede deducir de
los pronunciamientos, la preocupación por el cumplimiento del Acta de Lima interfirió
de manera importante en el proceso de consulta. Asimismo se puede concluir que el
diálogo en la Comisión de Desarrollo tuvo más bien un carácter obstaculizador del
proceso de consulta.

Afectado por el proceso paralelo de licitación del lote 192.- El proceso fue además
gravemente marcado por el paralelismo y la afectación por el mismo proceso de
17
Acta de evaluación interna del pueblo Kichwa 2015- por motivos desconocidos no publicado
en la página web de VMI Pág. 25

19
licitación del lote 192. A menos de cuatro meses de que concluye el contrato del
operador Pluspetrol Norte S.A. (29 de agosto de 2015), Perupetro S.A., agencia estatal
de promoción de la inversión en hidrocarburos (en adelante: Perupetro) el 14 de mayo
de 2015, convocó a una licitación pública para la concesión del lote 192. Esto lo hizo
antes de que se aprobase un plan ni menos un acta de consulta previa. En el
transcurso del mes de julio del 2015 las empresas Perenco del Perú Petroleum
Limited, Sucursal del Perú, Pluspetrol Norte S.A. y Pacific Stratus Energy del Perú S.A.
(en adelante Pacific), se encontraban calificadas y habilitadas para participar en el
concurso. 18

Sin embargo, a fines del mes de julio 2015 y en plena etapa de diálogo del proceso de
consulta previa, Perupetro anunció que el concurso se había declarado desierto
porque ninguna de las empresas había presentado una propuesta. Luego a inicios de
agosto 2015, Perupetro informó que, a efectos de asegurar el mantenimiento de la
producción de petróleo en el lote 192, se estaba evaluando la suscripción de un
contrato para la explotación de hidrocarburos mediante negociación directa y que esto
podría ser de carácter temporal (dos años) o definitivo (30 años). Allí la incertidumbre
se volvió total: ¿de qué se está consultando al final? Para los más de 200
representantes de la FECONAT, quienes estuvieron dialogando con el Estado en
Iquitos, el proceso de consulta en marcha fue suspendido.

Si bien es cierto el dialogo fue retomado unos días después en Lima (con participación
de mucho menos representantes del pueblo Kichwa), la (falta de) información respecto
a la medida a consultar seguía generando incertidumbre e inseguridad: la consulta se
había iniciado en base de otra información y las posibles implicancias, impactos y
consecuencias de la nueva figura, la adjudicación directa y el contrato de servicios
temporales de tan solo dos años, no fueron adecuadamente aclaradas.

Según la interpretación de la oficina de asesoramiento jurídico del Ministerio de

Energía y Minas (en adelante: MEM) (Informe N°150-2015-MEM/OGJ, 30 de
septiembre 2015), el proceso de consulta previa efectuado, abarcó tanto la suscripción
del contrato de servicios temporal como el posterior contrato de licencia o de servicios
para la explotación de hidrocarburos en el lote 192.

18
BALBUENA, Patricia 2016 “Los límites del diseño de la consulta previa: ¿estamos cerca del
techo de cristal? En: BALBUENA, Patricia (eds) La implementación del derecho a la consulta
previa en el Peru ,Pág. 60

20
Es por lo menos remarcable que el Vice Ministerio de Interculturalidad (VMI) emitió
una opinión, y esto anteriormente a la emitida por el MEM, señalando que la
culminación del contrato de servicios de dos años de explotación de hidrocarburos en
el lote 192 no debe suponer a priori un nuevo proceso de consulta (Oficio 309-2015-
VMI-MC, 29 de agosto 2015). El VMI estuvo plenamente al tanto de las dificultades
que se había encontrado durante el proceso, particularmente respecto a la falta de
información de la medida a consultar, sus motivos, implicancias y consecuencias.
Afectado por no respetar la misma normativa. Esto nos lleva a un cuarto punto:
argumentamos que durante este proceso la misma normativa, como contemplada en
la Ley 29785 y su Reglamento, no fue plenamente respetada.
El artículo 12 de la Ley 29785 establece que: «Corresponde a las entidades estatales
brindar información a los pueblos indígenas u originarios y a sus representantes,
desde el inicio del proceso de consulta y con la debida anticipación, sobre los motivos,
implicancias, impactos y consecuencias de la medida legislativa o administrativa».
Como ya hemos mencionado líneas arribas, fue afectado el artículo 12 por la
afectación de la (poca) información brindada respecto a la medida a consultar,
generando confusión, incertidumbre e inseguridad.

Asimismo no fue respetado el artículo 15 que estipula que los acuerdos son de
carácter obligatorio: los grupos que si llegaron a firmar acuerdos con el Estado,
reclaman a dos años de su firma que el Estado no cumpla con lo acordado.

La ex vice ministra reconoce el problema del no cumplimiento. Como obstáculos

menciona lo siguiente: “Otro aspecto es que, en un país descentralizado, el
cumplimiento de los acuerdos a los que el sector central se comprometa estará
limitado por las dificultades de los gobiernos regionales para implementarlos. Un caso
concreto es el lote 192, en el que los acuerdos en salud y titulación dependen de la
implementación de las direcciones regionales correspondientes. La cadena que
conduce al cumplimiento es compleja, y la articulación entre lo nacional y lo regional a
veces no se logra ni siquiera con la transferencia de recursos.” (Balbuena 2016). La
pregunta es si estas explicaciones son suficientes para justificar el no cumplimiento de
los acuerdos.

Además fueron violados los principios rectores de la buena fe y del no

condicionamiento (artículo 4 inciso c de la Ley, artículo 3 inciso del Reglamento). El
Estado argumenta (Informe Final Lote 192) que el proceso de consulta previa de lote

21
192 se había desarrollado conforme a la norma al haberse suscritos acuerdos con un
grupo y al haberse agotados todos los medios posibles para continuar con la Etapa de
Dialogo con otro grupo, lo mismo, que según el Estado, condicionó el diálogo. Esta
posición demuestra la gran desigualdad entre las partes en estos tipos de procesos: el
Estado mismo condicionó el proceso en momentos claves. Un momento destacado fue
el 14 de agosto de 2015, cuando se trató el tema de la participación directa en los
beneficios proceso: los distintos grupos estaban todos (fue la única vez durante todo el
proceso) reunidos en la Casa de la Literatura en Lima, juntos con, entre otros, la
entonces Ministra de Energía y Minas Rosa Ortiz. El Estado propuso la creación de un
Fondo Social que estaría formado por aportes periódicos realizados por el contratista
equivalente al 0.75% del valor monetario de la producción fiscalizada, a ser
depositados en un fideicomiso privado. Eso tenía que ser incluido como una cláusula
en el contrato, y por ello la ministra manifestó que la propuesta no era negociable, ya
que según ella se estaba bajo presión de tiempo (la licencia de la operadora Pluspetrol
Norte S.A. estaba por concluir) y era técnicamente viable. Un grupo aceptó la
propuesta, entre ellos los Kichwas del Tigre, considerando que, independientemente
del monto, se había conseguido el respeto de un derecho muy importante
(participación directa en los beneficios). Otro grupo cuestionó el porcentaje y pidió un
día extra para realizar las consultas necesarias, lo que el Estado no aceptó. Días
después se concluyó el proceso de consulta previa en el lote 192 con la firma de dos
Actas de consulta previa con dos grupos, pero no con todos. Lo importante acá es
resaltar que el Estado pudo condicionar el dialogo justamente por haberse formado
distintos grupos y distintos espacios de dialogo.19

3.2 MESAS DE DIALOGO

El conflicto social por el lote 192 no tiene solución a la vista. El Ejecutivo aún no
concreta la mesa de diálogo que propuso entre las comunidades nativas de Los
Jardines y Nueva Alianza Capahuari y la empresa Pacific Stratus, luego de que estas
ingresaran a las instalaciones el pasado 22 de abril para exigir a la petrolera que les
pague una compensación por el uso de tierras comunales.
Tras el anuncio de las comunidades indígenas de desmantelar el campamento
petrolero debido a que "el Ejecutivo no contestaba sus demandas", la Oficina General
de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió un oficio a
la Organización Interétnica del Alto Pastaza (Oriap), que agrupa a Los Jardines y a
19
. Aportes para el análisis y garantía para los derechos colectivos de los pueblos indígenas,
Karina Vargas (compiladora), Lima: GIZ, pp.103-113 Pág. 131

22
Nueva Alianza Capahuari, para invitarlos a "sostener un diálogo directo bajo la
facilitación de la representación del Gobierno Nacional" con la empresa Pacific a fin de
buscar una solución al conflicto.20

El Minem propuso que la reunión se realizara el lunes 8 en la ciudad de Iquitos, para lo

cual dispuso la logística para el desplazamiento de cinco representantes de las
comunidades. La Oriap respondió a dicho oficio el mismo jueves y planteó que la mesa
de diálogo debía darse en el territorio de las comunidades, ubicado en el ámbito del
lote 192, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón (Loreto). Sin embargo, el
último fin de semana los pueblos indígenas accedieron a que la reunión sea en Iquitos,
pero con la condición de que asistan más de cinco representantes.

"Estuvimos dispuestos a ir a Iquitos, pero el Ejecutivo no ha respondido al pedido de

las comunidades. Ahora, Los Jardines y Alianza Nueva Capahuari ya dieron marcha
atrás e insisten que el gobierno vaya a Andoas. Lamentablemente, igual siguen
callados", explicó Susana Huatuco, vocera de la Oriap.

Fuentes del Minem indicaron a El Comercio que el sector "está tomando decisiones
sobre el particular". Este Diario solicitó a Pacific su versión, pero la empresa petrolera
señaló que no declarará nada respecto a este tema hasta que el Ejecutivo resuelva el
proceso de servidumbre legal que tiene pendiente con las comunidades, por el cual se
debe establecer el monto a pagar como compensación por el uso de tierras
comunales. 21
3.3 FÓRMULAS DE NEGOCIACION

Los acuerdos fueron suscritos por una comisión de alto nivel que se trasladó hasta
Andoas, Loreto el 31 de octubre del 2017 y estuvo integrada por integrantes de
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y el Ministerio de Energía y Minas, de
Cultura, de Inclusión Social y del Interior.

Por parte de las comunidades indígenas estuvieron los representantes de la

Federación Indígena Quechuas del Pastaza (Fediquep), Federación de Comunidades
Nativas del Corrientes (Feconacor), Organización de Pueblos Indígenas Kichwas

20
MEM- DGAAE, Informe final consulta previa Lote 192 2015 Informe N
612-2015-MEM/DGAEE/DNAE/DGAE/RCO/SED/CIM. Revisado el 8 de agosto 2017, Pág. 81.
21
• ONDS 2015 Informe Final de la Comisión de Desarrollo de las cuencas del Pastaza,
Tigre, Corrientes y Marañón, creada mediante Resolución Suprema N° 119-2014-PCM, octubre
2015 (y su Resumen Ejecutivo).

23
Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (Opikapre) y la Asociación Cocama de
Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca (Acodecospat).

Los funcionarios llegaron hasta la zona para suscribir los acuerdos que fueron
consensuados entre los días 24, 25 y 26 de octubre en la sede del Ministerio de
Energía y Minas en Lima, relacionados a la remediación ambiental y el plan de
desarrollo para las cuatro cuencas (Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón).

Además, incluye la promesa del Gobierno que en caso exista un Decreto Supremo que
apruebe la suscripción de un nuevo contrato de exploración y explotación del lote
192,que implique afectación directa de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas, el Estado procederá a realizar una consulta previa. Las partes acordaron:

a) En relación a la Remediación Ambiental, el Ministerio de Energía y

Minas informa que la propuesta de Modificación del "Reglamento de
Protección Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos que habilita
la actuación del Estado en la remediación ambiental de los sitios
impactados, a la fecha se encuentra pendiente de la emisión de la
opinión favorable del Ministerio del Ambiente MINAM. Se harán todos
los esfuerzos para que la norma sea aprobada en noviembre del 2017.
Se irá comunicando a las organizaciones firmantes la evolución de este
proceso. Las organizaciones representativas de las comunidades,
alcanzaron aportes en el marco del proceso de consulta pública de esta
norma.
b) Referente al Plan de desarrollo, el Grupo de Trabajo denominado "Mesa
de Trabajo encargado de realizar acciones de coordinación para el
desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón del
departamento de Loreto", conforma un subgrupo de trabajo que
impulsará la elaboración participativa de Plan de Desarrollo, que
considera el trabajo de campo en cada una de las cuencas. Este será
coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de acordar
los términos de referencia, el cronograma, presupuestos y los
lineamientos de trabajo Este subgrupo de trabajo estará compuesto por
cuatro representantes del Ejecutivo y por cuatro representantes de las
cuencas y será conducido por uno de los representantes del Ejecutivo.
En este sentido se acuerda sostener la reunión de la Mesa de Trabajo
para el día 21 de noviembre del 2017 en la localidad de Nuevo Andoas,
24
 distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón. Para las siguientes
reuniones deberá tenerse en consideración que las sedes sean
alternadas en cada una de las cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y
Marañón). En la primera sesión se instalará el subgrupo de trabajo para
la formulación del Plan de Desarrollo, para lo cual se da un plazo de 7
días a partir de la firma del presente para las acreditaciones. Para la
incorporación de los 4 profesionales, propuestos por las federaciones,
las organizaciones alcanzarán al MIDIS, la documentación
correspondiente con los TDR actualizados. El MIDIS gestionará la
disponibilidad presupuestal correspondiente.
La convocatoria, coordinación logística y desarrollo de estas sesiones
estará a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial.
c) Consulta Previa, en el caso de que exista un Decreto Supremo que
apruebe la suscripción de un exploración y explotación en el lote 192,
que implique posible afectación directa de los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, el Estado peruano procederá conforme a lo esta
Resolución Ministerial 209-2015 MEM/DM para la realización de una
Consulta Previa de acuerdo al Convenio 169 OIT y la normatividad legal
vigente en esta materia.
d) Con relación al contrato de operación del lote 192, las Federaciones y
comunidades organizarán de acuerdo a sus usos y costumbres a fin de
recoger sus preocupaciones y formular sus planteamientos en materia
social y ambiental. Estos serán dialogados con la representación del
Ejecutivo a fin de estimar su incorporación en el texto del futuro contrato
de exploración y explotación del lote 192. A partir del inicio de la
formulación del contrato, de común acuerdo se establecerán las
reuniones y se informara a las comunidades del lote 192 de los
contenidos incorporados.
e) En relación al restablecimiento de las condiciones de normalidad y
armonía social en el ámbito geográfico del Lote 192, las partes
acuerdan que estarán plenamente restablecidas a partir de la
suscripción del presente documento, para esto las partes consideran el
día 31 de octubre en Andoas como fecha para la firma del mismo.
f) Acciones Inmediatas, el Ejecutivo asume el compromiso que en los
próximos 10 días se iniciara el programa de atenciones inmediatas en
salud (IRA, EDA y abastecimiento con medicinas) e identificación, en
coordinación con el Ministerio de Salud y el RENIEC. Estas

25
 coordinaciones estarán a cargo del Viceministro de Gobernanza
Territorial.
g) Cinco días después de suscrito el presente acuerdo se instalaran los
procesos de diálogo en las es de José Olaya, Antioquía y 12 de
Octubre. Para estos efectos el Viceministerio de Gobernanza y
Territorialidad, coordinará y designará a los facilitadores de los mismos,
de la misma manera convocará a la empresa para sostener este
diálogo.
h) La OGGS22 hará los esfuerzos para la constitución de un espacio de
diálogo entre la compañía Frontera Energy y la comunidad de
Vencedores, para lo cual alcanzará documento de invitación a ambas
partes.
i) Las representaciones de las Federaciones y el Ministerio de Energía y
Minas, promoverán la convocatoria a una Junta de Administración del
Fondo de remediación en el ámbito geográfico del Lote 192. Por parte
de las federaciones se propone que sea en la comunidad de José
Olaya. (Observatorio Petrolero, 2017)

3.4 SOBRE LAS TRABAS EN LA COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO

DEL CONFLICTO

El conflicto socio-político que gira en torno al ingreso de PetroPerú a la zona

denominada Lote 192, en Loreto, ha revivido el tema vinculado a la actividad extractiva
en zonas no urbanas. Asimismo, es una de las muestras de cómo se desarrollan este
tipo de situaciones cuando los temas que pueden resolverse de forma jurídica se
politizan de acuerdo a conflictos de intereses de ciertos grupos. En el presente
editorial comentaremos ciertos aspectos jurídicos medulares en este tema.

El Lote 192, que protagoniza el último conflicto social que amenaza con desestabilizar
el escenario político actual, está ubicado en la región de Loreto y cuenta con una
extensión de 290 ha., manejando el 17% del petróleo del Perú, siendo explotada hasta
el 29 de agosto por la empresa argentina Pluspetrol.

Actualmente, la concesión temporal del Lote 192 está en poder de la empresa

canadiense Pacific Stratus Energy, ello desde el 30 de agosto último y bajo contrato de
servicios aprobado por Decreto Supremo Nº 027-2015-EM, luego de un proceso de

22
Oficina General de Gestión Social• Dar seguimiento a los compromisos sociales que asumen las
empresas con las Direcciones Generales Ambientales correspondientes.
• Formular políticas y colaborar en el diseño de programas de desarrollo sostenible a favor de las
poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos minero energéticos.

26
negociación directa De esta forma, es descabellado pensar que el Gobierno Central
deba, por decisión propia, otorgar la concesión a la empresa PetroPerú.

Sin embargo, el problema se produce con anterioridad, pues desde un inicio se evitó
que PetroPerú sea la empresa encargada de la explotación del Lote 192. Uno de los
principales obstáculos para otorgarle la concesión del Lote 192 a PetroPerú era la Ley
Nº 30130, Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria
ejecución de la modernización de la Refinería de Talara para asegurar la preservación
de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno
corporativo de Petróleos del Perú.

Según la Organización Interétnica del Alto Pastaza (Oriap), que agrupa a ambas
comunidades nativas, la medida de fuerza responde a que la empresa petrolera Pacific
Stratus (actual operadora del lote) no ha cumplido con pagarles una compensación por
el uso de tierras comunales. Al cierre de esta edición, aún no se había definido si este
lunes se instalará la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo con la participación de
la empresa Pacific

Sobre la raíz del conflicto

En agosto del 2015, el gobierno de Ollanta Humala –a través de Perú-Petro– suscribió

un contrato temporal con Pacific para la explotación del lote 192 por un período de dos
años, luego de que se venciera el contrato con la antigua concesionaria Pluspetrol.

Perú-Petro explicó a El Comercio que la firma petrolera “tenía la obligación de

gestionar un proceso de servidumbre” con las 18 comunidades nativas que se sitúan
en el ámbito del lote para compensarlas por el uso de sus tierras. Según la entidad
estatal, Pacific acordó pagar el mismo monto que había ofrecido Pluspetrol en su
momento, pero la única comunidad que no aceptó la propuesta fue Los Jardines.

Como no hubo acuerdo, en marzo del 2016, Pacific activó procedimientos legales y
solicitó la constitución del derecho de servidumbre sobre un predio de 7,2 hectáreas
en Los Jardines. La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de
Energía y Minas (Minem) admitió el requerimiento en abril del 2016. La petrolera
entregó entonces un informe técnico en el cual se establecía una primera tasación:
S/240 por hectárea utilizada en el predio, es decir, S/0,024 por m2.

La comunidad solicitó a la DGH que desestime dicha tasación. Sus representantes

explicaron que Pacific no había valorizado “todas las áreas de servidumbre”, las cuales
–según ellos– comprendían la zona de Capahuari Sur (lugar del campamento

27
petrolero), las áreas de carreteras y de ductos que, en total, sumaban 130 hectáreas y
no siete.

Susana Huatuco, asesora de la Oriap, indicó que Pluspetrol jamás pagó servidumbre a
Los Jardines. “Esa empresa firmó un convenio con la comunidad y reconoció que el
lote ocupaba 130 hectáreas de sus terrenos, por lo que efectuaba un pago [cerca de
S/200 mil]. Perú-Petro nunca debió permitir que Pacific ingresara al lote sin antes
iniciar un proceso de servidumbre tras la salida de Pluspetrol”, agregó.

Tasaciones rechazadas

En mayo del 2016, la DGH encargó al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú
(CTTP), una institución privada e independiente, que valorice los terrenos. Recién en
noviembre de ese año, la CTTP presentó su tasación para Los Jardines, en la cual
concluyó que Pacific debía compensar a la comunidad con los siguientes montos:
US$7.621 por 1,6 hectáreas utilizadas para el paso del oleoducto Capahuari Sur, y
US$46.506 por 5,6 hectáreas empleadas para el paso de una carretera.

Esta segunda tasación también fue rechazada por los indígenas, quienes propusieron
que se les debía pagar US$1 millón por la servidumbre. En tanto, la DGH advirtió que
el informe de la CTTP estaba incompleto, pues no incluía la compensación a pagar por
el eventual lucro cesante y por los daños emergentes.

Finalmente, en marzo último, la entidad del Minem dejó sin efecto el cálculo de la
CTTP y nombró a la Dirección General de Políticas y Regulación (DGPR) en
Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda para que haga una tercera
tasación.

Disconformidad por parte de las comunidades indígenas afectados

Los apus representantes de casi 30 mil personas que habitamos en las comunidades
de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, tras concluir el plazo
dado al gobierno para que nos responda sobre la Consulta Previa en el Lote 192, nos
dirigimos a la opinión pública para señalar:

Nosotros somos pueblos de palabra; tal como hemos exigido, esperamos respuesta en
nuestros territorios. Sin embargo, como hemos advertido el 22/8/2017, sin consulta no
habrá petróleo. Hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación desde las
autoridades, sólo hay silencio del Gobierno. Incluso el Viceministerio de
Interculturalidad incumple con la aplicación de la Ley de Consulta Previa al no
responder desde hace más de 30 días nuestra apelación a la negatoria del Ministerio

28
de Energía y Minas frente a nuestro pedido de consulta previa. Las comunidades
quechua, achuar y kichwa estamos preparadas para hacer exigir el cumplimiento de
nuestros derechos.

Queremos recordar que nuestro pedido de Consulta Previa para el Lote 192 es
plenamente justo. Tenemos más de 45 años de explotación petrolera que han
destruido gran parte de nuestros territorios y medios de vida; sin embargo, un nuevo
contrato implica más perforaciones, más pozos, más oleoductos, más instalaciones
petroleras; es decir, más riesgo a nuestra vida. Según cifras oficiales, en agosto de
2017 se han producido 282 mil 712 barriles, esto representa más de 14 millones de
dólares. Mientras el Estado y las empresas se enriquecen, nosotros carecemos de
sistemas de acceso a agua potable, de escuelas, de postas médicas y de medicinas,
entre otros servicios básicos. Mientras ellos se enriquecen en sus oficinas, nosotros
coexistimos con más de 2 mil pasivos ambientales y 92 sitios contaminados con
petróleo. Es intolerable que esto continúe.

Nosotros somos pueblos dialogantes. El diálogo oficial que sostenemos con el Estado
desde 2012 se ha creado a iniciativa nuestra, y lo hemos llevado y sostenido con
paciencia, mucho trabajo y varias luchas, porque es nuestro derecho participar y
decidir. Somos pacientes y respetuosos, al punto que desde el 2015 venimos pidiendo
claridad sobre el tema de la consulta por parte del Estado (tal como consta en Acta).
Pero el Estado no responde, incumple sus compromisos, actúa de mala fe, no es
transparente y promueve división, pelea y confusión. Así lo hizo durante la consulta
fraudulenta de 2015 cuando excluyó del proceso a nuestras comunidades, que son la
mayoría al interior del lote. Sin embargo, ratificamos nuestra apuesta y compromiso
con el diálogo, sin mecidas ni mentiras, en términos de respeto y buena fe.

Exhortamos a la Defensoría del Pueblo a que, en el marco de sus competencias, se

comprometa con nuestro pedido y acompañe nuestra lucha por la defensa de
derechos. Hacemos un llamado a congresistas de la República, organismos
internacionales de derecho e instituciones de la sociedad civil a acompañar y respaldar
nuestra exigencia. Alertamos que cualquier acto de represión o que dañe nuestra
integridad, es responsabilidad del gobierno peruano.

Saludamos las muestras de solidaridad y respaldo expresadas por organizaciones

indígenas como las de nuestras hermanas de ONAMIAP o la de nuestra organización
nacional AIDESEP; asimismo saludamos el respaldo de jóvenes y distintas
organizaciones de la sociedad civil y a los Relatores de Naciones Unidas quienes

29
también han manifestado que debe realizarse una consulta previa. Les invocamos a
estar alertas y acompañando de cerca nuestra lucha.

Reiteramos, no nos oponemos a la explotación petrolera, pero sí queremos garantizar

las salvaguardas para nuestra existencia y la calidad de vida de nuestros hijos e hijas
como lo haría todo ciudadano de nuestro país. Por estas razones exigimos la consulta
previa.

3.5 RAZONAMIENTO ETICO

Sabemos que el motivo de la protesta es porque las comunidades nativas asentadas

en el área de explotación del Lote 192 exigen un cambio en la operación del
yacimiento y que este sea sometido primero a una consulta previa entre las
comunidades. Además, exigen que sus tierras sean descontaminadas.

Éticamente hablando sobre este lote tenemos ciertos criterios en duda como la de la
licitación cuestionable ya que el Estado convocó a un licitación pública para la
concesión del Lote 192, cuyos activos son valorizados en 345 millones de dólares
debido a que este lote le pertenece a Petroperú, por lo que la empresa estatal no se
vería obligada a realizar este desembolso y además que otro tipo de empresas no
postularon a pesar de tener lo que se necesita para ser parte de esta concesión,
creemos que lo más razonable sería que el estado se encargue de hacer las cosas
buscando el bienestar social y económico del Perú dentro de las cuales mencionamos
las siguientes:

a) Estudio del impacto ambiental real, en el cual se debe especificar el nivel de

contaminación que se ocasionara a las comunidades aledañas y dentro de que plazo
del tiempo esta situación empeoraría.

b) Control y fiscalización del correcto uso de los recursos naturales.

c) Hablando directamente de la salud de las comunidades aledañas se les debe

hacer un examen médico antes de que se inicie la exploración de Lote 192 y cuando
termine para según los resultados prestarles más atención médica.

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Bibliografía
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