CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA

LIBERTAD
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES
Avenida América Oeste s/n Natasha Alta – Trujillo
Telefax Nº 482260 ANEXO 23757
HABEAS CORPUS N° N° 03867-2023-0-1618-JR-PE-01

EXPEDIENTE : N° 03867-2023-0-1618-JR-PE-01
DEMANDANTE : PEDRO LUIS PRÍNCIPE URBINA
DEMANDADO : DIRECTOR INPE - TRUJILLO
MATERIA : HABEAS CORPUS
ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA

SENTENCIA DE VISTA

Resolución número siete

Trujillo, dos de agosto de dos mil veintitrés

VISTOS: el proceso constitucional por los magistrados que integran la Tercera Sala
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, señora y
señores Jueces Superiores: SARA ANGÉLICA PAJARES BAZÁN (Presidente y
Ponente), CARLOS EDUARDO MERINO SALAZAR y WILSON
MANAYALLE SÁNCHEZ.

I PLANTEAMIENTO DEL CASO

01. Viene en apelación la sentencia expedida el día veintitrés de junio de dos mil
veintitrés (p. 69), que declaró procedente la demanda de habeas corpus interpuesta
por Pedro Luis Mejía La Madrid a favor del beneficiario Pedro Luis Príncipe Urbina,
contra el director del Establecimiento Penal de Varones El Milagro de Trujillo y el
Procurador Público del INPE; declaró la nulidad de la Resolución Directoral N° 163-
2023-INPE-ORNCH-EP-TOJ-DIR de fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés
y ordenó que el Instituto Nacional Penitenciario, a través de sus dependencias
correspondientes, expida una nueva resolución.

II FUNDAMENTOS
2.1 PREMISA NORMATIVA

02. El artículo 200, numeral 1, de la Constitución Política del Estado, establece

expresamente en, que a través del hábeas corpus se protege tanto la libertad
individual como los derechos conexos a ella; no obstante no cualquier reclamo que
alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede
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reputarse efectivamente como tal y merecer tutela. pues para ello es necesario
analizar previamente si los actos denunciados vulneran el contenido
constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus.

03. El primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional establece: "(…)
los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los
derechos constitucionales. reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o
amenaza de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo (…)".

04. El Tribunal Constitucional ha establecido que la doctrina constitucional ha elaborado

ocho tipologías o modalidades de habeas corpus: a) reparador, b) restringido, c)
traslativo, d) preventivo, e) correctivo, f) instructivo, g) innovativo y h) conexo. Esta
tipología ha sido elaborada de modo casuístico, en atención a la continua evolución
que ha experimentado este proceso constitucional.

05. Sobre el habeas corpus conexo, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que
“El hábeas corpus conexo procede ante la amenaza o violación de los derechos
constitucionales conexos a la libertad individual. En el Perú ha sido la Ley N° 23506
la que implícitamente ha dado lugar al hábeas corpus conexo, al establecer de modo
enunciativo en su artículo 12 que el hábeas corpus procede en los diecisiete
supuestos mencionados, de los cuales no todos estuvieron referidos en estricto a la
libertad individual, sino también a derechos constitucionales conexas a ella”. (STC
Exp. N° 4750-2007-PHC).

06. Los beneficios penitenciarios en cuanto a su procedencia deben interpretarse

conforme a las normas antes referidas en concordancia con el Acuerdo Plenario N°
2-2015/CIJ-116 en cuanto señala que la solicitud de beneficios penitenciarios deben
ser resueltos con las normas que estuvieron vigentes al momento en que la sentencia
quedó consentida, por ello, existe la necesidad que el cuaderno de beneficio
penitenciario se forme con la sentencia que expidió el Juez Penal y la de vista que
expidió el colegiado superior y solo así se podrá verificar la fecha en que la sentencia

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fue consentida y por ende establecer la norma aplicable para determinar la

procedencia y la aplicación de las normas, con mayor razón que se alega el
cumplimiento de la pena por redención de la pena por el trabajo en un tiempo
considerable.

07. El código de Ejecución Penal regulado por el decreto Supremo N° 003-

2021, publicado el 27 de febrero de 2021 en el artículo VIII, sobre la retroactividad e
interpretación benigna señala que se resuelven en lo más favorable al interno. [Texto
según el artículo VIII del Decreto Legislativo Nº 654; incorporado por el artículo 3
del Decreto Legislativo Nº 1296).
El artículo 49 sobre la redención de pena por el trabajo señala: 49.1 El interno
ubicado en la etapa de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario
redime la pena mediante el trabajo a razón de un día de pena por dos días de labor
efectiva. 49.2 En caso de encontrarse en la etapa de máxima seguridad del régimen
cerrado ordinario, la redención será a razón de un día de pena por cuatro días de
labor efectiva. 49.3 En caso de encontrarse en la etapa “C” del régimen cerrado
especial, la redención será a razón de un día de pena por cinco días de labor efectiva.
49.4 En caso de encontrarse en la etapa “B” del régimen cerrado especial, la
redención será a razón de un día por seis días de labor efectiva. 49.5 En caso de
encontrarse en la etapa “A” del régimen cerrado especial, la redención será a razón
de un día de pena por siete días de labor efectiva. 49.6 Los regímenes penitenciarios
y las etapas aplicables a los internos se encuentran regulados en el Reglamento del
Código de Ejecución Penal. [Texto según el artículo 44 del Decreto Legislativo Nº
654, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1296).
El artículo 51. Sobre la Improcedencia y casos especiales de redención de pena por
trabajo o estudio, establece: 51.1 No es procedente el beneficio penitenciario de
redención de la pena por el trabajo o estudio para aquellos internos que hayan
cometido delitos vinculados al crimen organizado conforme a la Ley 30077, Ley
contra el Crimen Organizado. Tampoco es procedente para los internos sentenciados
por los delitos previstos en los artículos 153, 153-A, 153-B, 153-C, 153-D, 153-E,
153-F, 153-G, 153-H, 153-I, 153-J y en los capítulos IX, X y XI del Título IV del
Libro Segundo del Código Penal. 51.2 En los casos de internos que hayan cometido
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los delitos previstos en los artículos 107, 108, 108-A, 108-B, 121-B, 200, 279-G,
297, 317, 317-A, 317-B y 319 a 323 del Código Penal, la redención de pena por el
trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena por seis días de labor o de
estudio, respectivamente. 51.3 Los reincidentes y habituales de cualquier delito,
siempre que no se encuentre prohibida la redención, redimen la pena mediante el
trabajo o la educación a razón de un día de pena por siete días de labor efectiva o de
estudio, respectivamente. [Texto según el artículo 46 del Decreto Legislativo Nº 654,
modificado por el artículo 3 de la Ley Nº 30838 y la Primera Disposición
Complementaria Modificatoria]
El artículo 52. Sobre la acumulación de redención de pena por estudio y trabajo,
señala: 52.1 El beneficio de la redención de la pena por el trabajo y la educación no
es acumulable cuando estos se realizan simultáneamente. 52.2 Siempre que la ley no
prohíba la redención, el interno podrá acumular el tiempo de permanencia efectiva en
el establecimiento penitenciario con el tiempo de pena redimido por trabajo o
educación para el cumplimiento de la condena o el cumplimiento del tiempo
requerido para acceder a la semilibertad o a la liberación condicional. En estos casos
se deberá cumplir con el procedimiento y requisitos establecidos por el Reglamento.
[Texto según el artículo 47 del Decreto Legislativo Nº 654, modificado por el
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1296). Que evidentemente a la luz de la norma
vigente no corresponde los beneficios solicitados de cumplimiento de pena por
redención de trabajo y estudio].

2.2 PREMISA FÁCTICA

08. El Juez Constitucional señala que el beneficiario fue condenado a siete años de pena
privativa de la libertad de carácter efectiva, por la comisión del delito de Robo
Agravado en el grado de tentativa tipificado en el artículo 189 del Código Penal,
habiendo quedado consentida mediante resolución número cinco de fecha tres de
marzo del año dos mil veintidós; sin embargo, mediante Resolución Directoral
número 163-2023-INPE-ORNCH-EP-TOJ-DIR de fecha ocho de junio del año dos
mil veintitrés, declara improcedente la solicitud de redención de pena al considerar
que Decreto Legislativo aplicable es el N° 1296; por lo tanto, declaró procedente la
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demanda de Habeas Corpus y la nulidad de la Resolución Directoral número 163-

2023-INPE-ORNCH-EP-TOJ-DIR al considerar que el Director del Establecimiento
Penitenciario de Sentenciados “El Milagro” de Trujillo Genaro Escamilo Gómez, no
advirtió que la sentencia condenatorio adquirió la calidad de firmeza mediante
resolución número cinco de fecha tres de marzo del año dos mil veintidós (fecha
donde el Decreto Legislativo 1513 se encontraba vigente); asimismo, no advirtió que
el Informe Jurídico N° 407-2023-INPE-ORNCH-EP-TJO/AL señala que el
beneficiario no tiene calidad de agente reincidente y se encuentra en la etapa de
mínima seguridad del Régimen Cerrado Ordinario.

09. En el recurso de apelación, el señor Procurador Público del INPE expone que, la
demanda de Habeas Corpus interpuesto por el beneficiario no está referido de forma
directa al contenido constitucionalmente protegido, sino a la concesión de un
beneficio penitenciario, por lo que no es atendible en la vía constitucional; asimismo,
refiere que, en sede administrativa se otorgó el debido tratamiento a la solicitud de
beneficio penitenciario de redención de penal, concluyendo que el beneficiario solo
cumple con 04 (cuatro) años. 06 (seis) meses y 09 (nueve) días y pena redimida de
01 (un) año 03 (tres) meses y 04 (cuatro) días (tipo de redención 2x1) en virtud con
el artículo 44 del Código de Ejecución Penal modificado por el artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1296 y conforme a lo establecido en el artículo 49 del Texto
Único Ordenado del Código de Ejecución Penal; el interno no cumple con la
exigencia prevista en el artículo 210.4 del Reglamento del Código de Ejecución
Penal; por lo tanto se desestimó su solicitud. Por otro lado, cuestionó que la sentencia
no contiene una motivación sobre el fondo sobre la procedencia de la demanda al no
fundamentar las razones por las cuales los hechos y el petitorio de la demanda estén
referidos de forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los
derechos alegados; asimismo alegó que no existe motivación respecto del extremo
que se ha emplazado en la demanda de Habeas Corpus al Procurador Público del
INPE sin que este tenga competencia sobre la concesión o denegatoria de los
beneficios penitenciarios.

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ANÁLISIS DEL CASO

10. La redención de la pena es un beneficio penitenciario que permite a una persona que
se encuentra privada de su libertad reducir su permanencia en el establecimiento
penitenciario por realizar una actividad laboral o educativa, que previamente ha sido
registrada por la autoridad penitenciaria. Pueden redimir pena por trabajo o
educación, los internos procesados o sentenciados en la forma y límites establecidos
por la ley para cada uno de los delitos.

11. El tiempo de redención de pena que acumulen los internos que tienen la condición
jurídica de procesados, será reconocido en el cómputo de la redención cuando lo
soliciten en calidad de sentenciados. Pueden redimir pena también las personas que,
habiendo obtenido el beneficio de semilibertad, realizan alguna actividad laboral o
educativa, previo informe del centro donde desarrollan sus actividades, con la
supervisión de la autoridad penitenciaria. En este caso, el tiempo de redención de
pena acumulado por el sentenciado liberado podrá aplicarse al cumplimiento de su
condena restante.

12. El tiempo acumulado por redención de pena por trabajo o educación se expresa en
días, los cuales pueden ser deducidos de la condena. Por ello, el beneficio de la
redención de pena podrá servir para acceder anticipadamente a: la Semilibertad,
liberación condicional; libertad por cumplimiento de la pena y, la libertad bajo
vigilancia otorgada en audiencia pública extraordinaria conforme al Decreto Ley N°
25476.

13. Por razones de política criminal la ley ha establecido el cómputo diferenciado por
redención de pena para algunos delitos y en otros casos lo ha prohibido totalmente,
organizado el expediente administrativo, el Director del Establecimiento
Penitenciario expide la resolución en el plazo de dos (2) días hábiles, verificará sí la
suma del tiempo redimido con el período de reclusión efectiva alcanza un tiempo
igual o mayor al de la condena impuesta y siempre que, el interno no tenga proceso
penal pendiente con mandato de detención, el Director del establecimiento deberá
disponer la libertad del solicitante por cumplimiento de su condena, comunicando al
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Director Regional del Instituto Nacional Penitenciario de su jurisdicción, pues en

este caso, no interviene la autoridad judicial.

14. El desarrollo dogmático analizado, determina que cuando la sentencia quedó

consentida, se aplicará la ley que se encontraba vigente al producirse dicha
circunstancia y se verificará la existencia o no de alguna prohibición en cuanto al
beneficio de trabajo y estudio aplicable a los condenados por el delito que les
mereció la condena; que esta línea de razonamiento quedó definida en el Acuerdo
Plenario N° 02-2015/CJ-116 y ha sido ratificada en el artículo 63 del Código de
Ejecución Penal, en cuanto señala las reglas de la aplicación temporal de los
beneficios de redención de pena por el trabajo o la educación, de semi-libertad y de
liberación condicional, de tal manera que: a) Los beneficios penitenciarios de semi-
libertad y liberación condicional se aplican conforme a la ley vigente en el momento
de la sentencia condenatoria firme. b) En el caso de la redención de la pena por el
trabajo y la educación se respetará el cómputo diferenciado de redención que el
interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad; sin embargo, en ambos
casos, está condicionada al cumplimiento de ciertas formalidades previstas en la
legislación, distintas en cada caso y en la medida que ellas inciden sobre la ejecución
efectiva de la pena privativa de libertad.

15. El desarrollo dogmático analizado, determina que cuando la sentencia quedó

consentida, se aplicará la ley que se encontraba vigente al producirse dicha
circunstancia y se verificará la existencia o no de alguna prohibición en cuanto al
beneficio de trabajo y estudio aplicable a los condenados por el delito que les
mereció la condena; que esta línea de razonamiento quedó definida en el Acuerdo
Plenario N° 02-2015/CJ-116 y ha sido ratificada en el artículo 63 del Código de
Ejecución Penal, en cuanto señala las reglas de la aplicación temporal de los
beneficios de redención de pena por el trabajo o la educación, de semi-libertad y de
liberación condicional, de tal manera que: a) Los beneficios penitenciarios de semi-
libertad y liberación condicional se aplican conforme a la ley vigente en el momento
de la sentencia condenatoria firme. b) En el caso de la redención de la pena por el
trabajo y la educación se respetará el cómputo diferenciado de redención que el
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interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad; sin embargo, en ambos
casos, está condicionada al cumplimiento de ciertas formalidades previstas en la
legislación, distintas en cada caso y en la medida que ellas inciden sobre la ejecución
efectiva de la pena privativa de libertad.

16. Así tenemos que, su concesión, en el caso de cualquiera de los beneficios

penitenciarios, se encuentra condicionada a un requisito adicional de carácter
material: el penado debe encontrarse rehabilitado, es decir, debe existir certeza de
que su puesta en libertad con antelación al cumplimiento total del quantum de la
pena impuesta, no representa en modo alguno una amenaza para la seguridad de la
población ni para ningún otro derecho fundamental; pues, no se debe soslayar que los
beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales del condenado sino
facultades discrecionales conferidas por la ley a determinados funcionarios quienes
tienen la obligación y deber funcional de preservar la paz social ante la expectativa
de libertad del solicitante.

17. En la propia Resolución Directoral N° 163-2023-INPE-ORNCH-EP-TJO-DIR de

fecha 8 de junio de 2023 (p. 185), se ha señalado que, el certificado de cómputo
laboral N° 264-2023 de 01 de junio de 2023, indica que el interno ha realizado
actividad laboral de carpintería por 909 días en el centro penitenciario; asimismo
señala que el informe jurídico N° 407-2023-INPE-ORNCH-EP-TJO-AL de fecha 07
de junio de 2023 indica que el interno cuenta con reclusión efectiva de cuatro (04)
años, seis (06) meses y nueve (09) días; el tiempo redimido mediante trabajo es de un
(01) año, tres (03) meses y cuatro (04) días en razón de la redención 2x1 en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 44 del Código de Ejecución Penal,
modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1296, en concordancia con el
artículo 49 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal y concluye
que, el interno no cumple con el total de la pena impuesta en la sentencia que es de
siete años de prisión efectiva; por lo tanto mediante Resolución Directoral N° 163-
2023-INPE-ORNCH-EP-TJO-DIR se resuelve “DECLARAR IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE LIBERTAD POR CUMPLIMIENTO DE CONDENA CON

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REDENCIÓN DE LA PENA MEDIANTE EL TRABAJO PENITENCIARIO DEL

INTERNO PEDRO LUIS PRINCIPE URBINA”.

18. En la resolución administrativa se verifica que omite exponer la justificación

sustentatoria y menos se analiza ni menciona las leyes emitidas con posterioridad a la
expedición de la sentencia de condena del beneficiario (Ley 30609, Ley 30838, Ley
30162 y el Decreto Legislativo 1296), demostrando el desconocimiento de la
doctrina judicial de la Corte Suprema plasmada en el Acuerdo Plenario N° 02-
2015/CJ-116 que citando al autor Marcial Rubio Correa, establece “[(…) las
consecuencias de una relación jurídica (…), como las diversas vinculaciones que
existen entre dos o más situaciones jurídicas –atribuciones, derechos, deberes,
obligaciones y calificaciones jurídicas que recibe una persona al adoptar un estatus
determinado frente al derecho– interrelacionadas (así, por ejemplo, entre el penado y
el Estado), son regidas desde la entrada en vigencia por la nueva ley. Es claro,
además, que la situación o relación jurídica en sí misma –la condición de penado del
interno, de un lado, y el régimen y el tratamiento penitenciario, que le corresponde
constitucional y legalmente, de otro lado– no son alteradas por la norma; sino solo
sus consecuencias]. Desde esta perspectiva, las relaciones jurídicas penitenciarias se
inician desde que el interno es condenado por sentencia firme –se rige por la ley
vigente en ese momento–; luego, las consecuencias que de ellas se derivan, como
regla básica del ordenamiento, solo podrían ser alteradas o modificadas por la
promulgación de una nueva norma jurídica. Salvo, claro está, en los supuestos de
retroactividad benigna; lo que quiere decir, en este último supuesto, que si una norma
de ejecución penal, penitenciaria concretamente, es promulgada con posterioridad, en
un momento cualquiera, y resulta más beneficiosa para los internos-penados, esa
norma se les aplica en lo que les beneficia –regulará situaciones del pasado, siempre
que sea más conveniente–”.}

19. De la mencionada resolución e informe administrativo, se advierte que omiten las

razones que justifiquen la inaplicación de la doctrina que señala el acuerdo plenario
antes mencionado; por ello, el funcionario demandado incurre en vulneración del

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deber de motivación de la decisión no obstante tenía conocimiento de la importancia

de la justificación para rechazar la solicitud; asimismo, soslaya que existe una
frondosa jurisprudencia que ha sido desarrollada por la Corte Suprema y el propio
Tribunal Constitucional que el funcionario demandado injustificadamente se niega a
aplicar afectando el derecho fundamental del beneficiario como es el de obtener una
resolución debidamente motivada y congruente con la petición.

20. Este colegiado superior, ha expedido una pluralidad de resoluciones donde se adhiere
al desarrollo que el Tribunal Constitucional ha realizado sobre el derecho a la debida
motivación de las resoluciones administrativas, cuya especial relevancia consiste en
el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las
sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito
entre los hechos y las leyes que se aplican. La motivación de la actuación
administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya,
es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las
mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad
reglada como discrecional.

21. Así tenemos que, “El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión
clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control
integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente
supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o
condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto
ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación
que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es
indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de
razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este
Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una
arbitrariedad e ilegalidad, toda vez que es una condición impuesta por la Ley N°
27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación
administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento

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administrativo”. (STC 00091-2005-PA/TC, FJ. 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado

en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras).

22. Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto

administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida
resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la
competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la
decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal
decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente
bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente,
exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento
jurídico que justifican la decisión tomada”.

23. Es evidente que la doctrina que el Tribunal ha desarrollado fue omitida por el
funcionario que expidió el informe jurídico N°
407-2023-INPE-ORNCH-EP-TJO/AL de fecha 07 de junio de 2023 y lo propio
ocurrió por el funcionario que expidió la resolución directoral N° 163-2023-INPE-
ORNCH-EP-TJO/DIR hoy demandado, incurriendo en una vulneración del derecho
del beneficiario que ha visto insatisfecha su solicitud por haberse inaplicado
injustificadamente las normas del Código de Ejecución Penal, los Acuerdos Plenarios
mencionados así como los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso –
principio de retroactividad benigna etc, desarrollados por el supremo tribunal y
constituyen un desarrollo preciso y razonado sobre la aplicación de las leyes en el
tiempo para el otorgamiento de los beneficios penitenciarios.

24. La vulneración del deber de motivación de la resolución administrativa genera

causales de nulidad absoluta, que da lugar a la retroacción del procedimiento para
que se dicte un nuevo acto administrativo donde se deberá observar la justificación
adecuada; asimismo, no es la única solución adoptada por esta Sala, que también
admite la posibilidad de resolver el fondo del asunto cuando resulte de forma
inequívoca la procedencia de la pretensión deducida por el recurrente; sin embargo,

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en el caso concreto, se adopta la primera posibilidad porque corresponde a la

administración la verificación correcta sobre el cumplimiento de los requisitos
formales y la decisión que expida, deberá contener una debida motivación con
aplicación de la ley vigente en aquella época así como analizar en forma expresa y
adecuada la concurrencia del requisito adicional de carácter material referido a que el
condenado se encuentre rehabilitado y apto para reintegrarse al medio libre y no
limitarse a exponer una simple conclusión no fundamentada ni explicada con
argumentos racionales ni en base a elementos objetivos, es decir, además, de
verificar el cumplimiento de los requisitos formales debe plasmar un análisis sobre
la certeza de que su puesta en libertad con antelación al cumplimiento total del
quantum de la pena impuesta, no representa en modo alguno una amenaza para la
seguridad de la población ni para ningún otro derecho fundamental; por ende, el
funcionario demandado deberá expedir una nueva resolución administrativa previa la
expedición de un nuevo informe por el responsable del tratamiento penitenciario,
debidamente fundamentado y teniendo presente los fundamentos que se dejan
expuestos por este colegiado superior.

25. De la demanda se advierte que el interno la dirige contra el Procurador Público del
Estado a cargo de los asuntos judiciales del INPE y en la sentencia se declaró
procedente la demanda contra dicho funcionario, sin advertir que no ha tenido
participación en la expedición de los informes ni resolución administrativa y su
intervención se limita a la defensa judicial de los funcionarios del INPE una vez que
fue instaurado el proceso constitucional; por ende, no existe razón y menos
justificación para declarar procedente la demanda y debe revocarse dicho extremo de
la recurrida.

III DECISIÓN

Por estos fundamentos, con la autoridad que confiere la Constitución Política del
Estado y en conformidad con las normas legales invocadas, los señores magistrados
que integran la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de
La Libertad, por unanimidad han resuelto:
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1. REVOCAR la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, que

declaró procedente la demanda de habeas corpus interpuesta por Pedro Luis Mejía La
Madrid en beneficio de Pedro Luis Príncipe Urbina contra el Director del
Establecimiento Penitenciario de Varones “El Milagro” de Trujillo y el Procurador
Público del INPE; con lo demás que contiene y es materia del grado.
2. REFORMARON la referida sentencia y declararon FUNDADA en parte la demanda de
habeas corpus interpuesta por el beneficiario Edwin Antony Contreras Delgado contra el
Director del Establecimiento Penitenciario de Varones “El Milagro” de Trujillo.
3. DECLARARON la nulidad de la Resolución Directoral N° 163-2023-INPE-ORNCH-EP-
TJO-DIR de fecha 08 de junio de 2023 y del Informe N° 407-2023-INPE-ORNCH-EP-TJO-
AL, de fecha 07 de junio de 2023.
4. ORDENARON que los funcionarios del INPE procedan a expedir un nuevo informe, así
como una nueva resolución administrativa, con observancia de los fundamentos que se
exponen en la parte considerativa de la presente resolución, bajo responsabilidad.
5. NOTIFÍQUESE a los sujetos legitimados en el modo y forma que corresponda.
6. MANDARON se comunique mediante oficio a la Presidencia de esta Corte Superior de
Justicia y a la Oficina Distrital de Control de la Magistratura de esta sede judicial para su
conocimiento y fines consiguientes, con inserción de copia certificada de la presente
resolución.
7. VUELVAN los actuados al órgano jurisdiccional de origen.

SARA ANGÉLICA PAJARES BAZÁN

PRESIDENTE Y PONENTE

CARLOS EDUARDO MERINO SALAZAR WILSON MANAYALLE

SÁNCHEZ
JUEZ SUPERIOR JUEZ SUPERIOR PROVISIONAL

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