capítulo cuarto

Agricultura
Estructura agraria y actores en conflicto
(1900-1952)
Gonzalo Javier Flores Céspedes

1. Introducción

Las haciendas se expandieron de manera desigual en varias olas al abrigo de una legislación
favorable, particularmente la ley de Ex-vinculación (1874). Enfrentaron la resistencia de
las comunidades indígenas, que protagonizaron una larga resistencia. El contenido, forma,
articulación y objetivos de su resistencia se modificaron con el tiempo. Inicialmente las
comunidades resistieron procedimientos técnicos y administrativos. Después incorporaron
la exigencia de cumplimiento de pactos antiguos con el Estado. Más adelante demandaron
el control sobre el nombramiento de autoridades locales, la reducción y eliminación de
abusos. Después incorporaron demandas por educación y derechos civiles, al tiempo que
se vinculaban con sectores urbanos. Finalmente pasaron a una demanda radical de tierras.
El documento muestra con cierto detalle las sublevaciones de Pacajes (1914), Jesús de
Machaqa (1921), Chayanta (1927); el surgimiento de sindicatos campesinos en Vacas, el
Congreso Indigenal de 1945 y las rebeliones de 1947.

2. Medidas a favor de la expansión de la hacienda

2.1. Ley de Ex-vinculación

Para comprender adecuadamente la evolución y tensiones de la estructura agraria en Bolivia

en la primera mitad del siglo xx es inevitable remontarse a la “Ley de Ex-vinculación”,
una de las leyes más denostadas y a la vez menos conocidas en la historia de la agricultura.
Fue promulgada por Tomás Frías (1872-1873; 1874-1876), presidente de la República,
en Sucre, el 5 de octubre de 1874. En síntesis, la ley de ex-vinculación estaba dirigida a
disolver o reducir las comunidades y a levantar un universo de propietarios independientes.
Sus medidas claves fueron:

a) Declarar a los indígenas propietarios absolutos de sus tierras, sobre las que podrían
ejercer todos los actos de dominio que ejercía cualquier ciudadano;

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b) las demás tierras serían del Estado;

c) la ley no reconocería comunidades y nadie podría apersonarse en nombre de ellas;
d) el impuesto que pagarían los indígenas sería sobre los terrenos poseídos;
e) los indígenas sin tierras quedarían libres de contribuir;
f) se suprimía los servicios personales a autoridades políticas, militares y eclesiásticas
(pero la ley no mencionó a los hacendados).
g) La ley requería también el levantamiento de un nuevo catastro, que permitiera asociar
individuos (y no sólo ayllus) con parcelas específicas, así como conocer la ubicación
y superficie de éstas.

Hay que aclarar dos temas conectados:

a) El primero es el tipo de propiedad que se deseaba generar. Los indígenas podían con-
vertirse en colonos de hacienda o en pequeños propietarios, dos cosas totalmente
distintas. Desde la ley de ex-vinculación hasta bien avanzado el siglo xx, la opción
de los gobiernos fue convertirlos en colonos sujetos al poder de hacendados. Los
defensores de la ex-vinculación sostenían que al privatizar la tierra los indígenas
se convertirían en ciudadanos y que tendrían que ser liberados de los trabajos de
servidumbre; subrayaban que había una gran distancia entre el “ciudadano digno” y
el “tributario degradado”; encontraban una contradicción entre la servidumbre y la
ciudadanía, cosa que era cierta, ya que el “ciudadano” era definido por las leyes como
aquel que tenía derecho a votar y ser elegido, y para ello había que tener educación
y patrimonio.
b) El segundo es el tema del tributo. Los indios que poseían tierras pero que estaban a la
espera de sus títulos debían pagar en bolivianos la misma cantidad que antes pagaban
en Pesos. (ie: si alguien pagaba 20 pesos, ahora pagaría 20 bolivianos). El problema
era que 1 peso tenía 8 reales, mientras que 1 boliviano tenía 10 reales. Por tanto,
por cada boliviano, un indígena pagaría 2 reales más. Adicionalmente, los indígenas
tenían que pagar de 5 a 50 bolivianos por el título, y desde entonces estar sujetos al
impuesto de propiedad pagado por todos los propietarios, ya no a la contribución
indigenal.

En sus términos más simples, la Corona había vendido tierras. Muchos ayllus con-
servaban esos títulos (llamados “títulos de composición”). Dentro de los ayllus se asignaba
tierras a las familias para que las cultiven, pero no en propiedad individual. Eso implicaba
que la tierra era del ayllu en conjunto y no de familias individuales. La Corona exigía el
pago de un tributo aproximadamente proporcional a la superficie de tierra poseída. Este
tributo fue pagado por ayllu, no por familia y fue durante muchos años el sostén principal
de las finanzas públicas. El cobro de los tributos sólo era posible merced a una compleja
red burocrática, que comprendía curacas, hilacatas, jilancos, recaudadores, segundas. Ellos
recolectaban el tributo y lo pasaban a los alcaldes y subprefectos. La ley de Ex-vinculación
eliminó esta jerarquía de autoridades tradicionales y de esa manera minó las estructuras
de autoridad local.
El tributo o contribución indigenal era clave en las finanzas públicas. Representó
una parte importante de los ingresos de la administración colonial y siguió jugando ese
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papel durante la República, particularmente para las administraciones departamentales

(Cuadro Nº 1, en Anexo). Para Potosí, por ejemplo, de 1879 a 1900, nunca fue menos
del 70 por ciento, lo que equivale a decir que sin contribución indigenal tampoco había
Estado local (Cuadro Nº 2, en Anexo). Por consiguiente (como se ha visto) los partidarios
de la ex-vinculación decidieron crear un impuesto sustitutivo. Los indígenas recibirían
los títulos como especificaba la ley de 1874, pero éstos serían entregados contra un pago
mucho más grande que el tributo tradicional.
Muchos delegados congresales reaccionaron defendiendo el tributo colonial y recha-
zando el “impuesto predial único”. El nuevo tributo fue eliminado en 1882 pero persistió
la “contribución territorial de indígenas”, que era esencialmente lo mismo que el tributo
colonial. El gobierno también canceló la idea del catastro, que tendría que haber sido el
instrumento para cobrar impuestos sobre la base de la producción y no simplemente la
superficie. Por tanto, en la práctica no se avanzó en la cuestión tributaria y se postergó la
cuestión de los derechos civiles y la ciudadanía.

2.2. Implementación de la ley de Ex-vinculación

La ley de ex vinculación fue reforzada con las leyes del 26 de octubre de 1879 (sobre el
catastro), del 15 de agosto 1880 (sobre impuestos y manera de cobrarlos), del 23 de no-
viembre de 1883 (que excluyó a los ayllus originarios de la Revisita) y con la Resolución
del 13 de diciembre 1899 (en el mismo sentido).
El método empleado para poner en práctica la ex-vinculación de tierras fue la Revisita.
La Revisita colonial era una inspección a los ayllus para calcular el número de tributarios,
lo que se hacía empleando los datos recogidos por las autoridades tradicionales. No tenía
propósitos de distribución de tierras, sino de conteo de tributarios. La Revisita republicana,
en cambio, tenía un doble propósito: tributario y de venta de tierras.
Las operaciones se aplicaron principalmente en la región central y occidental del
país. Se aplicaron débilmente o no se aplicaron en las tierras bajas. Tuvieron lugar, con
muchas interrupciones, desde 1874 hasta aproximadamente 1902, cuando se abandonaron
completamente.
La información distaba mucho de fluir uniformemente entre los potenciales com-
pradores, simplemente porque el gobierno la hacía llegar a sus favoritos en primera
instancia. Como la ley había declarado de propiedad del Estado las tierras “sobrantes”,
abrió la posibilidad para que personas no pertenecientes a las comunidades pudieran
apoderarse de las tierras. Además, como se ha explicado, los indígenas fueron obligados
a pagar el tributo en “bolivianos” y no en “pesos” como hacían antes. El resultado fue un
incremento de hasta 25 por ciento en el tributo pagado.
La resistencia indígena fue encabezada por los apoderados, un actor que encontra-
remos a lo largo de todo el período estudiado. Los indígenas resistieron las revisitas y
lograron dos importantes cambios: a) en 1881, la emisión de títulos proindiviso; b) en 1883,
la exención de revisita a las “comunidades de origen” (es decir, las que tenían los títulos de
“composición” otorgados por la Corona). Estas dos leyes permitieron que las comunidades
conservaran sus derechos a poseer la tierra colectivamente. Sin embargo, no se abrogó la
disposición que negaba personalidad jurídica a las comunidades. Los revisitadores siguieron
inspeccionando las comunidades (incluso las que tenían títulos colectivos).
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Al iniciarse 1881 los apoderados indígenas hicieron acuerdos para bloquear la inspec-
ción de sus tierras comunales, usando como argumentos las partes de las leyes que estaban
a su favor. Aunque la ley de ex-vinculación prohibía que alguien pudiera representar a las
comunidades, no prohibía que las comunidades se representaran a sí mismas. A principios
de 1880 ya existía una red de apoderados muy bien establecida, con bases sobre todo en
el departamento de La Paz, pero con ramificaciones fuertes en Oruro y Potosí.
En los mismos años se fortalecía el Partido Liberal. Hacia 1890 había insertado en
su doctrina una serie de elementos pro-indígenas. Pensaban que había que devolver a las
comunidades las tierras que habían sido vendidas durante las revisitas, que se debía abolir
la contribución indigenal y que se debía tener una forma federal de gobierno.
Ya en el poder, los liberales abandonaron rápidamente sus ideas sobre federalismo
y derechos indígenas. El desarrollo de los ferrocarriles había ampliado grandemente el
mercado de alimentos, el precio de la tierra había subido y creado un motivo adicional
para capturar las tierras comunales; la capacidad de resistencia indígena había menguado.
Por consiguiente, las ventas y confiscaciones se reiniciaron en 1905, esta vez con fuerza
mayor que en el pasado.
La siguiente ola de venta y captura de tierras comunales ocurrió entre 1905 y 1915.1
A diferencia de la anterior, ocurrió en áreas donde antes no existían haciendas.2 Ambos
bandos habían aprendido de la experiencia anterior y perfeccionado sus tácticas.
Como era de esperar, el proceso ocurrió con grandes diferencias regionales:3

– En el Departamento de La Paz el resurgimiento de la minería y el crecimiento de la

población resultaron en más demanda de alimentos, por lo que las tierras de Omasu-
yos, Pacajes y Cercado se volvieron muy apetecibles. Algunos dirigentes del Partido
Liberal resultaron entre los más beneficiados por la compra de grandes extensiones,
pero también hubo muchísimas ventas de parcelas pequeñas.
– En Chuquisaca las revisitas empezaron en 1881, pero la fuerte resistencia indígena
impidió que se realizaran hasta 1890 e incluso después de 1900. Las comunidades
cercanas a la capital fueron las primeras en venderse. Los compradores fueron te-
rratenientes, miembros de la élite local y vecinos pudientes. Las comunidades en las
zonas más altas y con acceso a valles resultaron menos vulnerables. Hubo comunidades
que lograron evitar la venta de todas sus tierras.
– En el norte de Potosí los ayllus se alzaron contra las revisitas desde 1880 hasta 1092.
Se ha argumentado que los ayllus del norte de Potosí conceptualizaban el conflicto
de una manera extremadamente particular, la ruptura de un pacto entre ellos y el
Estado (ver 2.2 y 3.3).
– En Cochabamba, en cambio, se dio la menor resistencia. Ese valle ya presentaba una
gran cantidad de pequeños propietarios en el siglo xvii. La ley de ex-vinculación
no fortaleció a los hacendados; los debilitó, al permitir el ingreso de nuevos compe-
tidores, incluso a zonas donde todavía prevalecían las comunidades. La instalación
de la propiedad privada fue fácil en Capinota y el valle bajo, pero más difícil en las

1 Gotkowitz (2011: 80).

2 Grieshaber (1977), Langer (1989), Klein (1993).
3 Platt (2016).
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comunidades de las alturas de Vacas, Arque y Tapacarí, aunque finalmente conside-

rables extensiones fueron vendidas a afuereños.

Los resultados principales de la ley de ex-vinculación fueron el crecimiento de las

haciendas, la definición de una frontera “dura” entre zonas de haciendas y zonas de comu-
nidades libres y la caída en la recaudación de tributos. La ley de ex-vinculación representó
el ataque más fuerte contra las tierras comunales en la era republicana. De 1881 a 1920
hubo 7.616 operaciones de venta de tierras de comunidades. Las acciones legales de los
apoderados sólo lograron la anulación de 20.4 En 1880 las comunidades controlaban al
menos la mitad de la tierra cultivable; en 1930 menos de un tercio.5
Los gobiernos que intentaron avanzar en los objetivos de esta reforma encontraron
enormes dificultades. Era extremadamente difícil cambiar la titulación de las tierras, hacer
el nuevo catastro y mantener un nivel aceptable de recaudaciones. En algunos lugares se
avanzó con la nueva titulación, pero se fracasó en la mayoría. El nuevo catastro avanzó
muy lentamente, y con él, la instalación del nuevo tributo único. Artículos clave de la ley
del 15 de agosto 1880 fueron derogados y se ordenó que diezmos, primicias y veintenas
fueran cobrados como habitualmente. Se creó una Comisión Rectificadora del Catastro.
Los propietarios aprendieron a declarar producciones menores para pagar tributos me-
nores. La caída en las recaudaciones afectó a todo el sistema de autoridad local (iglesias,
postas, etc.). Cuando los liberales tomaron el poder (1899) y Zárate Willka había muerto
y la sublevación general había sido sofocada, intentaron reanudar la Revisita, pero se en-
contraron con nuevas resistencias. Finalmente, en 1902 declararon el fracaso del intento
de reforma tributaria y del catastro.

3. La revolución federal y la participación de los indígenas6

Al terminar el siglo el país era predominantemente rural: 73 por ciento de la población vivía
en el campo (cuadro Nº 3, en Anexo) y la mayor parte de la población estaba vinculada a
la agricultura (cuadro Nº 4, en Anexo). La economía presentaba signos de ralentización:
el descenso de los precios de la plata no sólo había perjudicado la producción, sino el
funcionamiento del sistema financiero, con el consecuente debilitamiento de los grupos
vinculados al mismo. Si bien los precios del estaño habían subido, el país no podía fundir
el mineral, de manera que no se beneficiaba completamente del incremento de precios.
La exportación de quina fue disminuida, por haber incrementado Colombia su propia
producción y haber provocado así una caída de precios internacionales. Muchas de las
“manufacturas” y pequeñas industrias locales se debilitaron como efecto de las políticas
aperturistas. La pérdida del litoral por la guerra con Chile implicó la pérdida de los
ingresos por la explotación del guano y el salitre, la pérdida de recursos minerales (aun
no explotados en ese entonces) y la imposibilidad de contar con un puerto de comercio
internacional (cuadros Nº 5 y Nº 6, en Anexo).

4 Mendieta (2005:148).
5 Gotkowitz (2011:61).
6 Esta sección se basa principalmente en Flores (1979).
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Las tensiones entre regiones eran fuertes. El enfrentamiento entre los unitaristas y
conservadores de Sucre y los federalistas y liberales de La Paz ha sido descrito por muchos
autores. Los liberales realizaron un trabajo intenso de agitación en el campo, incluyendo
ofertas de restitución de tierras, especialmente en las zonas por donde podrían llegar las
fuerzas del presidente Severo Alonso7 (1896-1899). Cuando éstas llegaron, encontraron
una masa indígena inquieta. Las recolecciones forzadas de provisiones contribuyeron a
acentuar el ánimo adverso.
Al aproximarse las elecciones de 1896 (en las que Pando participó como candidato
de los liberales), los campesinos hicieron una vez más manifiesto su descontento ante la
expansión de las haciendas. Hubo desórdenes en Calamarca, Pucarani, Yaco, Aigachi,
Chililaya, Tambillo, Collocollo, Colquencha y El Desaguadero y en las provincias de
Omasuyos y Sicasica. En el Congreso se presentó un proyecto de ley para reprimir las
sublevaciones indígenas, que no fue aprobado.
La interpretación más simple de los acontecimientos de la guerra federal sostiene que
los liberales utilizaron de forma astuta a una masa indígena levantisca. Hoy sabemos que
los indígenas tenían su propio proyecto (defensa de las amplias tierras comunales y auto-
gobiernos indígenas locales y regionales),8 aunque es indudable que no estaba formulado
claramente ni podía legitimarse en el conjunto de la sociedad. La fuerza del levantamiento
indígena y particularmente la matanza de Mohoza9 permitieron la reunificación de los
sectores dominantes y reforzaron la creencia que los indígenas eran intrínsecamente
incapaces de ser ciudadanos.
Los indígenas parecían simplemente obedecer a las instrucciones de los liberales
durante la guerra federal. Pero ya durante el cerco a Oruro quedó claro que los indígenas
tenían unos objetivos propios: la restitución de las tierras de origen, “por lo menos el
sometimiento de las castas dominantes, el desconocimiento de los jefes revolucionarios y
la constitución de un gobierno campesino”.10 Un poco después de la batalla del Segundo
Crucero esta inclinación se hizo más fuerte. El movimiento indígena había superado su
localización centrada en los altiplanos de La Paz y Oruro y se había extendido al norte de
Potosí. Pese a los llamados liberales al apaciguamiento las acciones de hecho continuaron
con tomas de tierras y destitución de autoridades locales en poblaciones como Caracollo,
Luribay, Inquisivi, Yaco, Cañamina, Challapata, Sorasora, Caracato, Sica Sica (todos en
los valles de La Paz o en el camino hacia Oruro) y especialmente Peñas. En esta localidad
se llegó a la instalación de un gobierno indígena.
Las medidas inmediatas de este gobierno fueron la destrucción, incendio y saqueo
de las propiedades particulares, el juzgamiento de todas las personas conocidas por su
parcialidad con los adversarios y la “eliminación de mestizos y blancos” sin distinción de
su filiación política.11 Similar fenómeno ocurrió en Sacaca (norte de Potosí). Lamenta-
blemente no hay más información sobre estos hechos.
En su momento más fuerte, el movimiento indígena llegó a cubrir las provincias In-
quisivi y Sica Sica de La Paz, Paria y Carangas de Oruro, Chayanta y Charcas de Potosí,

7 Condarco (1966: 77).

8 Gotkowitz (2011: 69); Rivera (1991), Mendieta (2005).
9 Condarco (1965).
10 Condarco (1966: 288 y 289).
11 Condarco (1966: 361 y ss).
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y se presume que bajo la dirección de Zárate Willka preparaban un levantamiento general

para el 3 de mayo (Fiesta de la Cruz).12 Vale decir que, si bien el movimiento indígena había
empezado como una acción subordinada, pronto creó un liderazgo diferente y definió sus
propios objetivos, que ya no se restringieron a la tierra y al trabajo.

3.1. Haciendas, ayllus y tributos en el norte de Potosí13

La hacienda se expandió limitadamente en el norte de Potosí mediante dos olas. La

primera correspondió a los decretos del presidente Mariano Melgarejo (1864-1871), la
segunda, a la ley de ex-vinculación.
El norte de Potosí ilustra muy bien la conexión entre titulación y tributo: en la época
analizada el tributo era parte esencial de los ingresos del Estado, pero había estado cayendo
(41 por ciento en 1852; 23 por ciento en 1880).14 Por tanto, el gobierno “central” decidió
acrecentar las recaudaciones y capturar para sí la parte de las contribuciones indigenales que
iba a las administraciones departamentales, hasta que el mejoramiento de las exportaciones
de minerales y de goma permitieron una recuperación de las finanzas (su contribución
subió de 4 por ciento en 1871 a 31 por ciento en 1880). De ese modo, la minería evitó un
conflicto frontal entre el Estado y los ayllus, ya que de otro modo el Estado hubiera tenido
que profundizar la privatización de las tierras para componer sus ingresos. Lo destacable
de la expansión de la propiedad privada en el norte de Potosí fue que:

a) Como consecuencia de las medidas de Melgarejo en el norte de Potosí sólo se ven-

dieron 159 parcelas en el lapso de cuatro años, mientras que eran muy numerosas en
los departamentos de La Paz y Mejillones (Cuadro Nº 7). En Potosí sólo se vendió
tierras “sobrantes” (es decir, que estaban en un ayllu pero no tenían dueño propio).
La proporción de tierras así vendidas en las provincias de Chayanta y Charcas fue
de menos del 2 por ciento. Cuando cayó Melgarejo, muchas de estas tierras fueron
recuperadas por los ayllus.
La propiedad privada (no necesariamente la “gran hacienda”) se expandió en cuatro
áreas: en los límites con los Departamentos de Chuquisaca y Cochabamba, en el
centro de la provincia Charcas y alrededor de Macha. Claramente, la primera fue el
escenario de expansión de la hacienda chuquisaqueña.15 La segunda y tercera fueron
áreas de pequeños propietarios. La cuarta fue el área de unas pocas haciendas de gran
valor, originadas en los ingenios de beneficio de los minerales de Aullagas.
b) Las compras de tierras en el norte de Potosí ocurrieron después de la guerra federal, en
las áreas donde ya se vendía tierras y en superficie pequeñas, que rara vez alcanzaron a
toda una “asignación” (parcela de originario o de agregado). Estas transferencias con-
llevaron el pago del tributo en la modalidad antigua. Paradójicamente, los propietarios
que lograban hacerse de nuevas tierras tuvieron que asumir una obligación pretérita.

12 Hubo una dimensión simbólica: para los indígenas el cenit de la constelación de la Cruz del
Sur tenía un significado climático importante (el anuncio de la llegada del invierno), así como
la indicación de la colocación de las dos mitades del mundo terreno.
13 Este apartado se basa esencialmente en Platt (1982).
14 Platt (2016: 135).
15 La capital se encontraba entonces en Sucre, donde vivía la mayor parte de los propietarios
de minas de plata.
188 un siglo de economía en bolivia (1900-2015)

Las pocas estadísticas de venta de tierras disponibles muestran que éstas fueron muy
limitadas. Los datos disponibles hablan de hasta 489 transacciones; el Ministro de
Hacienda hablaba de 1.117 recientemente catastradas (Cuadro Nº 8), pero incluso
asumiendo que ese fue el número de transacciones, resulta evidente que no se puede
inferir un proceso de gran expansión de la hacienda. Ese hecho se conecta directa-
mente con el papel del tributo.

3.2. El tributo y la visión de los ayllus

El “problema indio” seguía vigente al empezar el siglo xx, pero sobre todo en las prefec-
turas: éstas necesitaban la contribución indigenal para poder enfrentar sus gastos. Aunque
esperaban la instalación del nuevo “impuesto predial único”, las prefecturas no podían
prescindir del antiguo tributo. Los Prefectos reclamaron al Gobierno central una acción
más enérgica para favorecer el desarrollo de la empresa privada, pero al mismo tiempo
se esmeraron en restaurar las recaudaciones.
Tres obstáculos se erguían: Los antiguos pesos febles seguían circulando, lo que
implicaba que el valor de las recaudaciones se reduciría; la ley de 1º de octubre 1880 ha-
bía liberado a los forasteros de los tributos, con lo que el monto total recaudado también
bajaría, y no existía un padrón confiable de los contribuyentes.
El tema de los forasteros (kantu runas) es muy ejemplificador. Un forastero era un traba-
jador –generalmente migrante– que prestaba servicios personales en la hacienda, pero que
(normalmente) no tenía tierras recibidas en usufructo. Se era forastero en tierras de hacienda,
nunca en tierras de ayllu. Pero en la Revisita de 1877 aparecieron innumerables forasteros en
tierras de ayllu, complicando así el trabajo de revisita. Algo análogo ocurrió con los agrega-
dos, que tampoco estaban sujetos a tributo. Claramente, personas que se habían allegado
a los ayllus y habían conseguido algo de tierras, estaban aprovechando los resquicios de la
deficiente legislación para evadir el pago de tributos. Con la finalización de la Revisita de
Chayanta en 1902 las autoridades nacionales dejaron de intentar aplicar el impuesto único
y los curacas aplicaron la ley de 1874 en lo que correspondía a los forasteros: no pagarían.
Al avanzar el siglo las autoridades indígenas resolvieron encargarse directamente
de la recaudación del tributo. La provincia Charcas en 1906 y la de Chayanta en 1909
habían regularizado el pago de los tributos, incluso en forma anticipada. Querían pagar
el impuesto, asegurarse de hacerlo y de forma apropiada. Incluso llegaron a retener los
padrones, negándose a entregarlos a las autoridades departamentales.
En 1921 el prefecto de Potosí propuso que el pago del tributo lo hagan los curacas y
jilakatas directamente al Tesoro, sin intervención de la autoridad subprefectural. El tributo
indígena nunca dejó de ser importante fuente de ingresos. En su momento más alto (1895)
llegó a generar 95 por ciento de los ingresos de la Prefectura. En su momento más bajo, la
mitad. En cambio el impuesto predial nunca alcanzó esa importancia. (Los diezmos y pri-
micias fueron eliminados en 1917, pero cinco años más tarde fueron reemplazados por un
recargo de 20 por ciento en la contribución de los indios). Por consiguiente, si la ley de ex-
vinculación estuvo dirigida a generar una nueva fuente de ingresos, fracasó completamente.
Existían (o se suponía que existían) unas tierras “sobrantes”, es decir, tierras dentro
de ayllus pero no utilizadas. El Tesoro esperó poder recaudar sobre esas tierras, pero no
podía identificarlas; Platt (1982) sostiene que por falta de padrones. En todo caso estamos
estructura agraria y actores en conflicto (1900-1952) 189

frente a un Estado que no tenía la información suficiente para tomar medidas, ni el aparato
para imponerlas. El escenario resultó favorable a los pequeños productores mestizos que
compraron más tierras de origen, porque sabían que ya no había hacendados compitiendo
con ellos. Estas compras se hicieron frecuentemente entre partes, sin registrar las opera-
ciones y por tanto sin pagar impuestos.
La resistencia al catastro fue muy grande porque los ayllus temían la venta forzada de
tierras. En 1925 se dictó una ley que prohibió la venta de tierras de comunidad o su hipoteca
convencional y determinó condiciones (de necesidad pública) para la venta de tierras de origen en
subasta pública, pero cuando ya los ayllus habían encontrado una manera de resistir las ventas
y los ánimos estaban lo suficientemente caldeados como para dar lugar a una explosión.
Ésta ocurrió en Chayanta, en 1927 (ver punto 3.3).

3.3. Sublevaciones indígenas y caciques apoderados en el período liberal

De 1900 a 1921 el occidente del país fue sacudido por innumerables sublevaciones y revueltas
indígenas. He identificado casi 80, pero estoy seguro que hubo muchos más. Gran parte de
esos actos colectivos estuvieron liderados por los “caciques apoderados”. Ocurrieron en los
departamentos de La Paz, Oruro, norte de Potosí, valles altos y serranías de Cochabamba y
algunos de Chuquisaca. Casi todos tenían múltiples propósitos: resistían a las haciendas (no
sólo a la posibilidad de perder sus tierras, sino que rechazaban la acentuación de las rentas
de trabajo y especie); pedían educación, querían controlar el nombramiento de autoridades
locales y pedían derechos ciudadanos, generalmente de manera difusa.
Ilustraré lo afirmado con algunos casos seleccionados:
Pacajes, 1914:16 En 1913, la recientemente concluida línea férrea Arica-La Paz puso
en riesgo las tierras de comunidad de Pacajes al elevar su precio.
Un indígena originario, Martín Vásquez, viajó a Lima a buscar los títulos de com-
posición extendidos por la Corona, para poder confirmar los derechos de su comunidad
de acuerdo a lo que especificaba la ley de 1883. El año siguiente Vásquez retornó con
abundante información. Convocó a una asamblea de apoderados, que se reunieron para
conocer el contenido de los documentos. Fue nombrado apoderado general de los exco-
munarios y tenía el respaldo de muchos apoderados que habían estado en las filas de Zárate
Willka, así como de gente no indígena. La organización se extendió rápidamente hacia
Oruro, Potosí y Cochabamba. En 1914 estalló el levantamiento. Pedían la devolución
de las tierras, el gobierno de cantones y vice cantones a cargo de indígenas (designados
por ellos mismos), la elección de representantes indígenas al Congreso, la exención del
servicio militar, la abolición del trabajo servil y los impuestos y “leyes nuevas”.
El movimiento fue sofocado. Vásquez desapareció, no sin antes nombrar un sucesor,
Santos Marka T’ula, que reclamó ser descendiente de los caciques coloniales mencio-
nados en los documentos recuperados por Martín Vásquez y jugó un papel sumamente
importante en eventos posteriores (ver más adelante).
Taraco, 1920: Otra corriente fue la liderada por Eduardo Leandro Nina Quispe en
Taraco. Esta zona se había librado de la revisita de fines del siglo xix, pero fue expropiada
por las revisitas de 1905 y 1915 (uno de los mayores compradores fue el presidente Ismael

16 Basado en el artículo de Flores (1979).

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Montes, 1904-1909 y 1913-1917). Taraco resistió las compras en 1920. Nina Quispe huyó
y desde La Paz desplegó una actividad muy fuerte en torno a la educación. Aprendió a
leer y escribir, convirtió su casa en una escuela para hijos de matarifes, convocó a un
congreso indígena para discutir sobre educación, creó la “Sociedad Centro Educativo
Kollasuyo”, para defender los derechos de las comunidades a sus tierras y promover el
establecimiento de escuelas rurales.
Vacas, 1917:17 En el siglo xviii se había formado un gran latifundio compuesto por
13 estancias o comunidades, administrado por el municipio de Cochabamba. De 1860 a
1878 hubo ventas de tierras a hacendados, mestizos, comunarios y propietarios indepen-
dientes. En 1916 el municipio quiso demarcar los límites de las propiedades agrarias en
Vacas. El cacique principal de Vacas, Mariano Rosa, se opuso argumentando que todo el
latifundio era de propiedad comunal. Siguió un fuerte enfrentamiento entre soldados e
indígenas que conmocionó a Cochabamba y tuvo repercusiones en La Paz.
En 1917, Rosa (junto con los caciques principales de Pocona y Totora) reclamó al ministro
de Hacienda. Rosa sostenía que el municipio no tenía derechos y solicitó una inspección de
linderos “según nuestros títulos del coloniaje sin oposición alguna”. Decía también que la ley de
ex-vinculación había garantizado la propiedad de los indígenas sobre la tierra que poseían.
Le respondieron que en su zona no había comunidades porque éstas habían sido extinguidas
por la ley de ex–vinculación, y que él no era un cacique sino simplemente un indígena con tie-
rra. El caso ponía de relieve las preguntas clave: ¿Los indígenas tenían derechos colectivos
sobre la tierra? ¿Podían ser representados? ¿Fueron las comunidades extintas por la ley de
ex-vinculación o permanecieron, además de entidades de facto, como personas jurídicas?
La Paz, 1919:18 Los hechos demostraron a los caciques que la estrategia “ayllu
por ayllu” estaba condenada al fracaso. Tras innumerables fracasos legales los caciques
apoderados decidieron cambiar de estrategia:

a) Buscaron asesoramiento legal más sólido en Bautista Saavedra. Él había presentado un

proyecto de ley en 1919 para mejorar la condición “de la clase indígena” que incluía el
respeto a las tierras de origen. Los caciques apoyaron ese proyecto, posiblemente como
un medio para apoyar lo que realmente les interesaba (el retorno a los límites originales);
b) pidieron la revisión de límites entre cantones, y por ese medio, entre haciendas y
comunidades. Acudieron al Poder Ejecutivo, que se declaró sin competencias y los
derivó a los jueces locales, donde dominaban los hacendados;
c) entonces, se dirigieron directamente a la Cámara de Diputados. Encabezados por
Santos Marka T’ula pidieron una “revisión general de límites”, que significaba
hacer retroceder los límites a antes de la Revisita de 1881 y rechazar en bloque todas
las ventas de tierra de comunidades. En 1919 la Cámara de Diputados rechazó la
solicitud y la envió a jueces ordinarios, que veían “asuntos privados”. Pero para los
caciques los límites no eran asuntos privados, sino públicos, y por ello no querían ir
a los tribunales comunes, donde todos los ciudadanos son iguales. Para ellos, aparen-
temente, regía la idea del pacto con el Estado, una tregua en la que las comunidades
contribuían con tributos y prestaciones laborales y el Estado respetaba sus territorios,

17 Ver principalmente Dandler (1983).

18 Basado en el artículo de Rivera (1991).
estructura agraria y actores en conflicto (1900-1952) 191

ayllus y autoridades. Por tanto el deslinde era un acto de gobierno muy alto, que
delimitaría el espacio donde el gobierno ejercería el poder. Los caciques repitieron
su solicitud cuatro veces: en 1923, 1928, 1931 y 1936.

De modo que durante un largo período los caciques apoderados presentaron demandas
exigiendo la devolución de las tierras. En Cochabamba la iniciativa abarcó Vacas, Totora
y Pocona en el valle hasta Arque y Tapacarí en las serranías. Fue coordinada con las de
Santos Marka T’ula y Eduardo Leandro Nina Quispe. Adoptaron una organización por
niveles, que se correspondía con la del gobierno.
En los años que siguieron se movilizaron para anular las revisitas de fines del S xix.
Sostenían que: i) los derechos de las comunidades habían sido adquiridos antes de la colo-
nia o durante ésta; ii) la legislación republicana validaba los derechos originales a la tierra,
coloniales o pre coloniales. Evitaban referirse a la legislación republicana, pero subrayaban
que los indígenas pagaban la “contribución” al Estado. Más adelante emplearon el decreto
de 1881 (que permitía la posesión de tierra en lo pro-indiviso) y la ley de 1883 (que excluía
las revisitas a las tierras consolidadas con títulos de composición). Pero los caciques no
estaban sólo empleando dos legislaciones diferentes para respaldar sus derechos; también
buscaban el reconocimiento legal de sus comunidades y de sus propios títulos de caciques.
Por ejemplo, el sucesor de Rosa, Guillermo Cruz, “cacique principal de Yanatama”, era
propietario de pequeñas parcelas (“hilos”) y alcalde segundo de su comunidad. Él añadió
antojadizamente al Notario de Cochabamba e inventó una genealogía que lo conectaba
con los caciques pre coloniales. Planteó al gobierno reivindicaciones sobre un territorio
mucho mayor que Vacas, incluso hasta Cliza y Punata. Se relacionó con Ramos, un diri-
gente de Tapacarí conectado con Santos Marka T’ula. Pronto se convirtió en el líder de
la red nacional de caciques. En 1924 los caciques de Tapacarí pidieron al presidente que
lo reconozca como cacique principal y representante de la clase indígena de Cochabamba.
Este intento se comprende mejor si se recuerda que los gobiernos de la época de-
pendían en gran parte de las autoridades indígenas para la recolección de impuestos. Las
autoridades comunales, eran, en cierto modo, parte del sistema de gobierno. Pero de algún
modo la red de caciques se había superpuesto a las autoridades locales en diversos niveles.
De este modo los caciques adquirieron poder fáctico. En muchos lugares adquirieron la
capacidad de gobernar, tomar decisiones administrativas, autorizar acciones, impedir otras.
De ahí también su enorme insistencia en que los gobiernos les reconocieran su status de
caciques apoderados. Algunos fueron hasta puntos extremos (por ejemplo, Nina Quispe fue
encarcelado en 1934 por querer organizar “su propia república”).

4. De la República hasta el conflicto armado

4.1. De los republicanos a la crisis del Chaco

Hacia 1914 –cuando Montes iniciaba su segundo mandato– se creó el Partido Republi-
cano. Este partido nacía en respuesta a la creciente fragmentación del sector dominante
y al agotamiento del Partido Liberal e intentaba articular nuevas ideas sobre la sociedad
y su futuro. Otros movimientos laborales, obreros y agrupaciones de izquierda también
192 un siglo de economía en bolivia (1900-2015)

emergían. Por ejemplo, en 1921 se formó el primer Partido Socialista, que llamaba a
abolir el pongueaje, reconocer a las comunidades y a un alzamiento armado por obreros,
soldados y campesinos.
De la misma época data un Congreso Nacional Universitario, que propuso distribuir
la tierra a los indígenas. A su vez, Tristán Marof y otros izquierdistas agrupados en el grupo
“Tupac Amaru” propugnaban distribuir los latifundios a los indígenas y darles libertad
para organizar comunidades agrícolas. Apoyaron con entusiasmo la idea de un movimiento
campesino de amplia base, se contactaron con los caciques apoderados y ofrecieron su
apoyo a los que indígenas que se sublevarían en Chayanta (ver el subtítulo 3.3).
La práctica política de los republicanos en el poder fue mucho más moderada que
su discurso cuando estaban en la oposición. Estaban atrapados en un dilema: su visión
del indígena como un salvaje al que había que salvar y su imposibilidad de tomar las me-
didas que creían debían ser tomadas. La consecuencia fueron decisiones contradictorias.
Decretaron que la tierra poseída por los indígenas no podía venderse o transferirse sin la
intervención de un juez o como consecuencia de deudas, pero en la práctica esta medida
sirvió para acelerar las ventas de tierras “con consentimiento”.
No allanaron el camino para la “revisión general de límites”, una tarea que incluso
hoy plantearía enormes dificultades, pero que formaba parte de las demandas de los ca-
ciques apoderados. Curiosamente, bajo los republicanos se aprobó también un decreto
que prohibió a los indígenas ingresar a la plaza Murillo y caminar por las aceras. Se ha
sostenido que era para evitar que los caciques apoderados realizaran sus trámites, pero esa
decisión ha quedado, quizá más que otras, como un símbolo de la segregación.
Una de las propuestas más discutidas por los republicanos fue la de un Patronato
indígena, que se encargaría de normar y dar cumplimiento a las garantías que la ley daba
a los indígenas, promover su educación, “incorporarlos y civilizarlos”. El Patronato
también propondría una legislación especial para indígenas y les daría educación técnica.
Les preocupaba que si la raza indígena era extinguida, el clima haría difícil su reemplazo
por inmigrantes.19
El presidente Bautista Saavedra (1920-1921, 1921-1925) tenía especial preocupación
por el comportamiento de los funcionarios locales. Le preocupaba que los puestos de
corregidor y subprefecto fueran empleados para enriquecimiento; tomó medidas discipli-
narias. La preocupación de fondo era otra: sabía que los funcionarios inferiores tendían al
abuso y que podían ser los causantes de estallidos locales que quizá no se podría controlar.
Se quitó a los “alcaldes parroquiales” los juicios que tenían que ver con indígenas;
éstos pasaron a instancias superiores. Las demandas de los diputados por el nombramiento
de jueces más apropiados crecieron. Nunca se llegó a adoptar una decisión sobre la cons-
titución de tribunales especiales para indígenas. Los que estaban a favor argüían que esos
tribunales protegerían a los indígenas de abusos y asegurarían la neutral aplicación de las
leyes comunes. Los que estaban en contra sostenían que ya se había prohibido la instala-
ción de tribunales especiales y que se rompería el principio de neutralidad. Como habrá
advertido el lector, la discusión remitía a otra, más profunda, si los indígenas eran o no
dignos de los derechos y obligaciones de los demás. Esta cuestión estaba lejos de resolverse.

19 Hacia la misma época, en Argentina, Chile y Uruguay, la población indígena original había
sido eliminada mediantes campañas de guerra interior.
estructura agraria y actores en conflicto (1900-1952) 193

Pero el evento crucial ocurrido durante el gobierno de los republicanos fue la suble-
vación de Jesús de Machaqa. Este evento demostró que los indígenas estaban –entonces–
lejos de ser cooptados por los partidos oligárquicos.

4.2. La rebelión de Jesús de Machaqa20

Los caciques apoderados eran considerados “sujetos peligrosos” por los mestizos que vivían
en los pueblos y ocupaban cargos locales (corregidor, intendente). Antes de la sublevación los
caciques apoderados ya se habían constituido en los principales actores de la lucha indígena
contra los abusos de los corregidores en el altiplano paceño.21 Al empezar los años 20 la
comunidad de Jesús de Machaqa estaba dividida en dos parcialidades (kupi y ch’iqa) y tenía
doce ayllus. Al llegar la Fiesta del Rosario (7 de octubre) la comunidad se preparó para la
celebración comunal. Los vecinos pensaron que los indígenas se sublevarían, dada la gran
cantidad de gente que se reunió (más de tres mil personas, una multitud para la época).
Tomaron previsiones. Informaron al gobierno y pidieron protección de la fuerza pública.
Marcelino Llanqui (maestro en una escuela e hijo de un antiguo cacique apoderado,
Faustino Llanqui) fue acusado de reunir a los comunarios para “exterminar a los blancos y
nombrar autoridades en el cantón Jesús de Machaqa”. Fue capturado, maltratado y luego
liberado. Se le acusó de “hacer consentir a los indígenas que sobrevendría una revolución
que significaba el exterminio de la raza blanca y de los liberales” y que “los indígenas
podrían gobernarse por sí mismos”.
Aunque simpatizaban con el gobierno de los republicanos, los indígenas habían
puesto la mira en el corregidor, Lucio T. Estrada. Este corregidor era considerado una
autoridad perversa, que cometía abusos y exacciones por faltas inexistentes.22 Aún más,
los indígenas pensaban que el gobierno de Saavedra no había cumplido su palabra de
nombrar un corregidor indígena.
Llanqui convocó a una ulaqa (cabildo comunal) en la escuela de Qhunqhu para el 11
de marzo. Duró hasta la madrugada del día siguiente, cuando los comunarios que habían
asistido atacaron el pueblo de Jesús de Machaqa. Saquearon el pueblo, capturaron y ma-
taron al corregidor y a dos miembros de su familia.
El objetivo principal de la sublevación de Jesús de Machaqa era el control de la au-
toridad local, y por esa vía, la reducción de los abusos. La tierra iba en segundo lugar. El
ayllu no quería correr el riesgo de perder tierras a manos de los hacendados.
La reacción del gobierno de Saavedra fue extrema. Empleó al ejército para encon-
trar y reducir a los alzados. Permitió que los vecinos participaran y se vengaran, incluso
causando la muerte de ancianos y mujeres,23 que incendien las casas de los comunarios y
se incauten más de mil cuatrocientos animales.
El liderazgo dice mucho del contenido de este evento. Llanqui era maestro, hijo de
un cacique apoderado. Ahí se ve la influencia viva de los caciques apoderados sobre los

20 Este punto se basa en el artículo de Choque (2012).

21 Por ejemplo: Santos Marka T’ula, Francisco Tancara y Mateo Alfaro de Pacajes; Faustino
Llanqui y Dioniso Paxsipati de Ingavi, y Rufino Willka de Omasuyos.
22 Choque (2012: 89).
23 Choque (2012: 89).
194 un siglo de economía en bolivia (1900-2015)

ayllus. Al mismo tiempo era maestro y la ulaqa se realizó en la escuela. La educación en

ese momento era una reivindicación vital del movimiento indígena; las pocas escuelas
existentes eran lugares de gran prestigio que encarnaban una aspiración (educarse) y un
éxito (haber logrado construir una escuela, aunque la mayoría de escuelas fuera simple-
mente un aula solitaria). Por tanto la sublevación implicaba una autoafirmación fuerte.
Lamentablemente no hay registros adecuados para saber si en esta sublevación los indígenas
pedían derechos ciudadanos y leyes “a favor del indio” como hicieron en otros lugares.
No sorprendería que así hubiera sido.

4.3. La sublevación de Chayanta, 1927

La sublevación de Chayanta (Julio 1927) abarcó mucho más que el pueblo o la provincia
que llevan ese nombre. Por su extensión geográfica y por la magnitud de los eventos se
considera que esta sublevación se equipara a las de fines del siglo xviii y ha sido una de las
mayores del siglo xx. La sublevación alcanzó a 26 haciendas en Potosí, 27 en Chuquisaca.
Su epicentro estuvo en la provincia Chayanta y alcanzó también a las provincias Saavedra,
Linares (Potosí) y Oropeza, Yamparaez y Zudañez (Chuquisaca).24
Aunque ocurrió en el contexto de la expansión de las haciendas, el tema principal
no fue el de la propiedad de la tierra, sino el rechazo a los abusos. Dos hechos específicos
ayudan a comprender algunos aspectos poco evidentes de este evento:25

a) En el ayllu Jaiguyari, en presencia de todos los miembros del ayllu el hilacata tomó de-
claraciones a muchos testigos sobre los abusos cometidos por el dueño de la hacienda
Murifaya (tratar a los colonos injustamente, exigir cada vez más retribuciones por el
uso de la tierra dejada en usufructo, violar mujeres). El corregidor capturado tomaba
notas. El juez parroquial redactó un fallo entregando Murifaya a los miembros de
las comunidades vecinas de Macha y Pocoata. Se hizo cuatro copias manuscritas, así
como de un documento que el hacendado fue obligado a firmar cediendo la tierra,
no a las comunidades movilizadas, sino a comunidades vecinas.
Según Langer el pseudo juicio sugiere que “expropiaron” la hacienda no porque qui-
sieran cambiar la tenencia, sino porque veían al hacendado como abusivo. No hacían
de la tenencia de la tierra la cuestión central, ni siquiera la mencionaron durante el
“juicio”. Las tierras fueron “entregadas” no a las comunidades de los movilizados
(Peaña y Murifaya), sino a las de Macha y Pocoata. Eso indica que los rebeldes no
querían la propiedad de la tierra, sino mantener a los trabajadores de las haciendas en
una condición de dependientes. Los colonos seguirían siendo colonos, pero ya no de
hacendados, sino de otros indígenas. Según Langer durante la colonia los comunarios
sublevados pensaban que vivían en el “país de indios” (con su propia estratificación
social), al lado del “país de blancos”, ambos supervisados por el rey. En la república,
pensaban que seguían siendo una “república de indios”, al lado de una “república de
blancos”, pero supervisados por un nuevo Estado. Por tanto, una de sus quejas era
que las autoridades locales (y sólo las locales) eran corruptas. Por tanto, suponían

24 Ver la lista detallada en Arze (s/f).

25 Langer (1990) es el autor de las interpretaciones sobre el pseudo juicio y el acto caníbal.
estructura agraria y actores en conflicto (1900-1952) 195

que la autoridad (nacional) estaba de su lado, y que el problema eran las autoridades
locales que se negaban a cumplir las órdenes de sus superiores. Los colonos de hacienda
tenían una argumentación similar. Los abusos extremos que habían recibido de su
antiguo patrón no eran suficientes para abolir su status de colonos. Más bien, pensaban
que el maltrato justificaba que el hacendado perdiera control sobre los colonos y el
territorio, a favor de los indígenas comunarios, aparentemente más benevolentes.
La igualdad no era una de sus metas. Ambos grupos estaban satisfechos con vivir en
una sociedad jerárquica. Estos entendimientos estaban lejísimos de corresponder a
la visión de los terratenientes, que decían que los indígenas estaban inspirados por
ideas comunistas y que querían borrar toda diferencia entre pobres y ricos.26
b) Los indígenas atacaron la hacienda Guadalupe, capturaron y mataron al propietario,
comieron porciones de su cuerpo y realizaron un entierro ritual de sus restos en la
base del cerro Cóndor Nasa, un punto divisorio entre comunidades libres y comu-
nidades de hacienda. Langer sostiene que los indígenas habrían reinterpretado la
comunión católica: los católicos comían el cuerpo del Hijo para propiciar a su Padre;
ellos comieron el cuerpo de su enemigo para propiciar al Sol. La sublevación de 1927
habría sido una ch’axwa (una batalla con otro grupo étnico por la tierra, en este caso
con los mestizos, considerados externos).
Enterrar al cuerpo en la base del cerro Cóndor, en los linderos de dos jurisdicciones
(Pitantora, con haciendas; Antora, sin haciendas), indica que los sublevados querían
subrayar que ambas jurisdicciones eran tierra de indios, pero deseaban dejar a los
blancos confinados en las ciudades.
En resumen, cada acto significaba una cierta cosa específica para los indígenas y sus
propósitos no eran evidentes a primera vista. Usaron una combinación de rituales para
afirmar simbólicamente su dominio sobre la tierra y para revivir sus propios dioses.
Su objetivo era producir un nuevo equilibrio, en el que las viejas cosas equivocadas
fueran corregidas y cada porción de la sociedad humana estuviera en el lugar que
consideraban que le correspondía.
La represión de la sublevación de Chayanta tuvo lugar por la vía militar. No se co-
noce el número de muertos ni de heridos. Hubo centenares de detenidos, casas de
indígenas destruidas y un juicio. La expansión de haciendas en la zona sublevada se
detuvo por completo.

Justamente ese mismo año finalizaba la Misión Kemmerer, una de las misiones de
asistencia técnica más recordadas en Bolivia. Esta Misión produjo cuatro propuestas de
reforma: reforma monetaria, reorganización del Banco de la Nación Boliviana, tributación
de la propiedad inmueble, impuesto a ciertas clases de renta. El informe de la Misión
muestra los tipos de tributos existentes, su escasa cobertura, superposición y casi nula
supervisión. Califica el conjunto de “caos” y propone una reforma tributaria. En ningún
lugar analiza la cuestión de la tierra y de qué modo se hubiera podido conectar al desarrollo
de las masas indígenas o a su integración.27

26 Langer 1990: 238.

27 Misión Kemmerer (1927).