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    CASACIONES

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    El juez puede solicitar pruebas de oficio cuando considere que las pruebas presentadas por las partes son insuficientes para determinar el resultado del caso, o cuando sea necesario para lograr los fines del proceso. El comprador puede probar su buena fe al adquirir un bien inmueble realizando diligencias ordinarias como verificar quién posee el bien y bajo qué título, y asegurarse de que el titular registral y el poseedor concuerden. De lo contrario, no se considera que el comprador actuó con la debida diligencia requerida.

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    El juez puede solicitar pruebas de oficio cuando considere que las pruebas presentadas por las partes son insuficientes para determinar el resultado del caso, o cuando sea necesario para lograr los fines del proceso. El comprador puede probar su buena fe al adquirir un bien inmueble realizando diligencias ordinarias como verificar quién posee el bien y bajo qué título, y asegurarse de que el titular registral y el poseedor concuerden. De lo contrario, no se considera que el comprador actuó con la debida diligencia requerida.

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    El juez puede solicitar pruebas de oficio cuando considere que las pruebas presentadas por las partes son insuficientes para determinar el resultado del caso, o cuando sea necesario para lograr los fines del proceso. El comprador puede probar su buena fe al adquirir un bien inmueble realizando diligencias ordinarias como verificar quién posee el bien y bajo qué título, y asegurarse de que el titular registral y el poseedor concuerden. De lo contrario, no se considera que el comprador actuó con la debida diligencia requerida.

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    El juez puede solicitar pruebas de oficio cuando considere que las pruebas presentadas por las partes son insuficientes para determinar el resultado del caso, o cuando sea necesario para lograr los fines del proceso. El comprador puede probar su buena fe al adquirir un bien inmueble realizando diligencias ordinarias como verificar quién posee el bien y bajo qué título, y asegurarse de que el titular registral y el poseedor concuerden. De lo contrario, no se considera que el comprador actuó con la debida diligencia requerida.

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    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

    FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y SOCIALES

    ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

    ASIGNATURA : Derecho Procesal Civil I (T. de la Accción del Proceso.)

    TEMA : Casación N° 3874-2018, Lambayeque (¿Cuándo el Juez puede


    solicitar pruebas de oficio?)
    Casación N° 1737-2018 Callao (Cómo prueba el comprador su buena
    fe al adquirir un bien inmueble?)

    DOCENTE :Dr. Jhohan Genaro Castillo Leguia

    ALUMNA : Yesica Quispe Llactahuamani

    CICLO : VIII

    SEMESTRE :2021-II

    ABANCAY- APURIMAC

    2021
    1. ¿Cuándo el juez puede solicitar pruebas de oficio? (artículo III del título
    preliminar del CPC) [Casación 3874-2018, Lambayeque]1

    Puede solicitar en los siguientes casos:

    • El Juez, al considerar que los medios probatorios ofrecidos por las partes son
    insuficientes para determinar el resultado del caso; como director del proceso y
    en atención a la facultad contenida en el artículo 194 del Código Procesal Civil,
    debe agotar los medios necesarios a fin de resolver el conflicto de intereses con
    relevancia jurídica conforme al artículo III del Título Preliminar del Código
    Procesal Civil (respetando los límites impuestos por el legislador); omitir ello
    constituye afectación al debido proceso.
    • Conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil el Juez como director del
    proceso, a fin de lograr los fines del proceso establecidos en el artículo III del
    Título Preliminar del Código Procesal Civil, tiene que agotar todos los medios
    necesarios a fin de eliminar la incertidumbre con relevancia jurídica sometida a
    su conocimiento.
    • la autoridad jurisdiccional está facultado a ordenar medio de prueba oficiosa; todo
    ello con la finalidad de verificar si lo afirmado por las partes respecto a los hechos
    controvertidos se correlaciona con la verdad, pudiendo usar esta facultad ante la
    existencia de insuficiencia probatoria, que no le permite resolver correctamente
    la litis y respetando los límites establecidos por el legislador.
    • Ledesma Narváez, sostiene que: “las partes tienen el monopolio de aportar al
    proceso los elementos fácticos de sus pretensiones, los hechos y los medios de
    prueba; pero esto último no es exclusividad de las partes. El juez no se limita a
    juzgar sino que se convierte en un verdadero gestor del proceso, dotado de
    grandes poderes discrecionales, orientados no solo a garantizar el derecho de las
    partes sino principalmente a valores e intereses de la sociedad. (…)
    • El juez no se halla limitado o condicionado a la previa actividad probatoria de las
    partes, por el contrario, el juez podrá complementar la prueba producida por las
    partes y aun en casos que estas no hayan producido prueba alguna, en ejercicio

    1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA


    SALA CIVIL PERMANENTE
    CASACIÓN N° 3874-2018, LAMBAYEQUE
    EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA
    del poder deber que se le otorga puede y debe suplirla y ello aunque las partes
    hayan cumplido su carga probatoria por omisión, negligencia o insuficiencia.”
    • El juez en tanto sujeto principal de la relación jurídico procesal y del proceso, le
    corresponde decretar oficiosamente toda clase de pruebas, que estime
    convenientes para el esclarecimiento de los hechos que interesen al proceso.
    • el poder del juez para disponer pruebas de oficio constituye una función «activa»
    en la adquisición de pruebas, más no «autoritaria». La función «activa» es
    integrativa y supletiva (sic) respecto de la actividad probatoria de las partes, con
    la consecuencia de que cuando éstos ejercitan completamente su derecho a
    deducir todas las pruebas disponibles y por consiguiente suministran al juez
    elementos suficientes para la verificación de los hechos no hay ninguna necesidad
    de que el juez ejercite sus poderes. Absolutamente diferente sería una función
    inquisitoria y autoritaria de un juez que adquiera las pruebas de oficio de propia
    iniciativa y expropiando a las partes los derechos y las garantías que ellos esperan
    en el ámbito del proceso. Por ello es que la prueba de oficio debe ser excepcional,
    motivada, sujeta a la fuente de prueba o invocada por las partes, sujeto al principio
    de pertinencia y someterla al contradictorio.

    2. ¿Cómo prueba el comprador su buena fe al adquirir un bien inmueble?


    [Casación 1737-2018, Callao]2
    Puede probar de la siguiente manera:
    no basta acreditar la adquisición del bien a título oneroso del titular
    registral.
    el comprador tiene que realizar diligencias ordinarias que se debe
    desplegar cuando se pretende adquirir un bien inmueble, la cual impone al
    comprador:
    - el deber de verificar el estado actual del bien que adquiere
    - y principalmente quién o quiénes detentan la posesión del mismo
    y a título de qué, pues al poseedor de un bien se le reputa
    propietario mientras no se demuestre lo contrario. Artículo 139
    numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.

    2
    CORTE
    SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
    PERMANENTE CASACIÓN N° 1737-2018 CALLAO Reivindicación.
    En el presente caso los demandantes adquieren la propiedad sin tomar la posesión
    del inmueble y sin verificar bajo qué título tenía la posesión el tercero; lo cual demuestra
    que la parte demandante no actuó con la debida diligencia al momento de celebrarse el
    contrato de compra venta, y por tanto debe concluirse que no tiene buena fe para ser
    reputado tercero registral y, por ende reclamar la protección del registro y,
    consecuentemente la preferencia del derecho; pues resulta sospechoso que los actores
    compren un bien inmueble, sin verificar quién ejercía la posesión, sin preguntar al
    vendedor o indagar por la evidente discordancia del titular registral con quien detentaba
    la posesión, lo que resulta contrario a los usos y costumbres del mercado, razón por la
    cual se desvirtúa la buena fe que debe tener un adquiriente para reclamar la protección
    del Registro.

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