LAS PARTES

LAS PARTES
Constituyen uno de los elementos subjetivos del proceso.

Podetti les llama sujetos procesales, excluyendo de dicha

noción al juez y sus auxiliares.

La doctrina en general utiliza la voz “sujetos” con un sentido

más amplio, abarcando todos los sujetos de la relación jurídica
procesal (triangular) quienes son el actor, el juez y el
demandado.

Es decir, la relación jurídica procesal se constituye entre el juez

y dos partes.
 EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Cuando se identificaba a la acción con el derecho sustancial, también se
identificaba a las partes en el proceso con las partes de la relación jurídica
sustancial. Y en ese ámbito sustantivista surgió el concepto de parte.

A medida que el poder de acción se va desprendiendo del derecho

subjetivo material para constituir un derecho subjetivo procesal, también
se va modificando el concepto de ese sujeto encargado de ejercitar ese
poder de acción o excepción.

Así dentro de la doctrina de la acción como derecho concreto de obrar, el

órgano del poder de acción es el titular de una pretensión de la tutela
jurídica (Wach).
 EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Es recién con la teoría abstracta de la acción (Muther) que se separa el
derecho de la acción del derecho subjetivo material, extendiéndose también
respecto de su titular procesal.

El concepto de parte es netamente “procesal”, vinculado exclusivamente a la

relación jurídica procesal.

“Quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o

pasivos de una determinada pretensión, con prescindencia de que revistan o no
el carácter de sujetos legitimados para obrar o contradecir en el concreto
proceso de se trate” (Palacio).
 CONCEPTO:
“Parte es quien pretende y frente a quien se pretende” (Guasp).-

o más ampliamente:

“Parte es quien reclama y frente a quien se reclama la satisfacción

de una pretensión” (Arazi).-

“Es parte toda persona (física o de existencia ideal) que reclama en

nombre propio, o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una
pretensión y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción”
(Palacio).-
 NOTAS FUNDAMENTALES
1) La noción de parte se halla circunscripta al área del proceso (concepto
estrictamente procesal).

2) Sólo cabe hablar de partes en los procesos contenciosos (controvertidos).

Son “antagónicas”.

3) La posición de partes en el proceso es independiente de la efectiva

existencia de la relación jurídica sustancial.

4) Sólo es parte quien actúa en nombre propio o en nombre de quien se

actúa. No son partes los representantes (legales o convencionales), ya que
actúan en el proceso en nombre y por un interés ajeno.
 NOTAS FUNDAMENTALES

5) También son partes aquellos que ingresan al proceso para

ocupar esa calidad como el sucesor, el sustituto, el tercero, el
citado en garantía.

6) Necesariamente las partes no pueden ser más de dos: actor y

demandado (principio de dualidad de las partes o contradictorio).
Pero puede haber mas de un sujeto en la misma calidad de parte .
(litisconsorcio).
 CLASIFICACION DE LAS PARTES

PARTES PRINCIPALES
• ACTOR/DEMANDADO
• SUCESORES
• SUSTITUTOS (CITADA EN GARANTIA)
• INTERVENCION DE TERCEROS (P/ALGUNOS SON
TRANSITORIAS): TERCERIA DE DOMINIO Y DE
MEJOR DERECHO

PARTES TRANSITORIAS INCIDENTALES

 ABOGADOS POR SUS HONORARIOS
 PERITOS POR SUS HONORARIOS
 PERITOS POR SU RECUSACIÓN
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 PETICIONARIOS O SOLICITANTES
En los procesos voluntarios el concepto de parte debe ser
reemplazado por el de peticionario o solicitante.

“El peticionario o solicitante es la persona que, en nombre propio,

o en cuyo nombre se reclama ante un órgano judicial, la emisión
de un pronunciamiento judicial que constituya, integre o acuerde
eficacia jurídica a determinado estado o relación jurídica
privada”

Les son aplicables las mismas reglas y principios vinculados a las

partes.

Ejemplos: autorización para contraer matrimonio, discernimiento

de la tutela y curatela, copia y renovación de títulos. Proceso
sucesorio?
PRINCIPIOS INHERENTES A LA
CALIDAD DE PARTES
Principio de Dualidad
(actora y demanda)

Principio de Igualdad
(artículo 16 CN)

Principio de Contradicción
(artículo 18 CN)
 CAPACIDAD PARA SER PARTE

Se refiere a la posibilidad jurídica de figurar como parte en un

proceso.

Constituye una proyección de la “capacidad de derecho”

genéricamente considerada.

“Es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y de deberes

procesales”

capacidad para ser parte = capacidad jurídica procesal

Toda persona humana, por el sólo hecho de serlo, goza de

capacidad para ser parte (artículo 22 Código Civ. y Com.).

Todo aquel que posea capacidad de derecho, puede ser parte

 PERSONA HUMANA
Debe reconocerse capacidad jurídica procesal a toda persona en los
términos del articulo 19 CCYCN “…La existencia de la persona humana
comienza con la concepción.”

Dicha capacidad se adquiere mediante el nacimiento con vida (arts. 20 y

21 CCYCN). Con anterioridad al nacimiento, y desde la concepción, dicha
capacidad se traduce en la titularidad de expectativas que sólo se
transforman en verdaderos derechos en el caso que los concebidos en el
seno materno nazcan con vida.

Se extingue con la muerte, hecho que se acredite con el hallazgo o

identificación del cadáver (partida de defunción) con la declaración judicial
de muerte presunta (arts. 93 y 95 CCYCN).

No cabe reconocer dicha capacidad a las personas fallecidas (derecho

sucesorio). Se extingue la personalidad.
 PERSONAS JURÍDICAS
La capacidad jurídica procesal de las personas jurídicas se halla
reconocida por los art. 141 y ss. del C. Civ. y Com. Se adquiere desde
su constitución.

Entre las personas jurídicas de carácter público tienen capacidad

jurídica procesal el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios,
(art. 40 Constitución de Mendoza y art. 146 del CCYCN).

También gozan de capacidad jurídica procesal los entes autárquicos o

descentralizados, Estados extranjeros (art. 146 del CCYCN).

La Iglesia Católica figura entre las personas jurídicas de carácter

público y tiene, por ende, capacidad jurídica procesal (art. 146
CCYCN).
 PERSONAS JURÍDICAS
Entre las personas jurídicas de carácter privado, tienen capacidad
jurídica procesal las asociaciones y fundaciones que hayan obtenido
autorización para funcionar como así también las sociedades civiles y
comerciales o entidades que conforme a la ley tengan capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones.

También gozan de capacidad procesal los Estados extranjeros, cada

una de sus provincias o municipios, los establecimientos,
corporaciones o asociaciones existentes en países extranjeros y
que existieren en ellos con iguales condiciones que los mencionados
en el art. 33
ARTICULO 146. CCyCN Son personas jurídicas públicas:

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás
organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento
jurídico atribuya ese carácter;

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho

internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra
persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público
resulte de su derecho aplicable;

c) la Iglesia Católica.
ARTICULO 148.- Personas jurídicas privadas. Son personas jurídicas privadas:

a) las sociedades;

b) las asociaciones civiles;

c) las simples asociaciones;

d) las fundaciones;

e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;

f) las mutuales;

g) las cooperativas;

h) el consorcio de propiedad horizontal;

i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y

cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de
funcionamiento.
 ENTES PATRIMONIALES
El problema de la personalidad jurídica procesal de ciertas entidades
por hallarse exclusivamente constituidas por una masa o conjunto de
bienes, carecen de una titularidad personal definida. Ej. Sucesiones,
herencia yacente y de la masa en concurso o quiebra, puedan ser
objeto de relaciones jurídicas susceptibles de ventilarse judicialmente.

Tampoco parece admisible reconocer a aquéllos capacidad para ser

parte.

Se allana el problema a través de la intervención procesal de personas

físicas (administrador, síndico).
 CAPACIDAD PROCESAL
Es la aptitud necesaria para realizar por sí misma una persona actos
procesales válidos (art. 23 CCYCN).

Constituye un reflejo en el proceso de la “capacidad de ejercicio”

reglamentada en el Código Civ. y Com. (art. 23).

“Supone la aptitud legal de ejercer los derechos y de cumplir los deberes y

cargas inherentes a la calidad de parte o peticionario” (art. 20 inciso I
CPCCyT).

capacidad procesal = capacidad de obrar procesal

Regla general
Toda persona humana capaz de ser parte tiene capacidad procesal salvo
causal de incapacidad o capacidad restringida, y deberá actuar por medios
de sus representantes o con los apoyos designados.
Las personas jurídicas no tienen capacidad procesal por sí misma.
 CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

El concepto de capacidad en su doble vertiente (para ser parte

y procesal) está referido al proceso en general, sin tener en
consideración ninguno en especial.

La legitimación, en cambio, se refiere a la aptitud para ser

parte (legitimatio ad caussam) o para cumplir válidamente los
actos de parte (legitimatio ad processum) en un proceso dado,
esto es, respecto a un proceso concreto y determinado.
 LEGITIMIMACION
LEGITIMATION SUSTANCIAL O AD CAUSSAM:

Es la identificación de la persona del actor con la persona

favorecida por la ley y la del demandado con la obligada.

La pauta para determinar la legitimación esta dada en

principio por la titularidad activa o pasiva de la relación
jurídica sustancial controvertida en el proceso.

Es una cuestión sustancial y, por tanto, serán objeto de

análisis en la decisión final. Su ausencia debe ser
planteada mediante la excepción sustancial de falta de
legitimación activa o pasiva, según sea el caso.
 LEGITIMACIÓN
LEGITIMATIO AD PROCESSUM:

La legitimación procesal es la aptitud para cumplir válidamente los

actos de parte (posibilidad de actuar) teniendo en consideración un
proceso determinado.

Es un requisito “sine qua non” para la validez de la constitución de la

relación jurídica procesal y, para que se configure el debido proceso
que concluya en una sentencia válida.

Su existencia o inexistencia en quienes aparecen como partes debe

ser analizada “ab initio”. Su ausencia debe ser planteada mediante la
excepción de falta de capacidad procesal en los litigantes (en el actor
o en el demandado).
IMPERATIVOS JURÍDICOS DEL PROCESO
DEBERES:
Imperativos Jurídicos que con motivo del proceso tienen las
partes entre si y con el juez, y el juez con las partes y ciertos
terceros. Su incumplimiento genera SANCIONES.

OBLIGACIONES:
Imperativos Jurídicos que con motivo del proceso tienen LAS PARTES entre si.
Su incumplimiento genera que el desobediente sea constreñido a cumplir.

CARGAS:
Imperativos Jurídicos que con motivo del proceso tienen las partes
respecto de si mismas. Su incumplimiento genera la PÉRDIDA DE
FACULTADES O DERECHOS.
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 DEBERES

Imperativos establecidos a favor de una adecuada

realización del proceso. No miran tanto al interés de los
litigantes como al interés de la comunidad (Eduardo
Couture).

Su incumplimiento genera una consecuencia o sanción.

Constituyen deberes procesales: actuar lealmente con

probidad y buena fe (artículo 22 del CPCCyT), respetar al
tribunal (artículo 46 inciso II del CPCCyT), cumplir la
sentencia de condena, el pago de honorarios, multas, etc.
 CARGAS
“Son imperativos en el propio interés” (Goldschmidt). Su
incumplimiento no acarrea sanción, sino una consecuencia
desventajosa al interés del que soporta la carga.

Cargas genéricas: Abarcan a ambas partes y a terceros.

Ejemplos: impulsar el procedimiento (art. 48 inciso II
CPCCyT) – caducidad de instancia, constituir domicilio (art.
21 CPCCyTM) – notificación en los estrados del tribunal.

Cargas específicas: Se imponen solo a un individuo.

Ejemplos: contestar la demanda (art. 161 CPCCyTM) –
rebeldía, oponer defensas, etc.
 ARTÍCULO 48 DEL CPCCyT
DEBERES Y FACULTADES DE LOS LITIGANTES:

Sin perjuicio de los deberes y facultades que en otras disposiciones de

este Código se atribuyen a los litigantes, éstos tienen los siguientes:

Les incumbe la iniciación del proceso y la oposición de defensas y

excepciones. Los jueces podrán considerar de oficio aquellas
excepciones que este Código o la legislación de fondo autorizan.

Deben instar el desarrollo del proceso, en todas sus etapas e

instancias, sin perjuicio de las facultades y atribuciones concedidas a
los jueces por los Arts. 46 y 166. Recae primordialmente esta carga en
quien promovió la instancia o la incidencia.
 ARTÍCULO 48 DEL CPCCyT
Deben pedir los remedios y las sanciones autorizadas por la ley,
para la pronta terminación de los procesos, incluso el
pronunciamiento de decretos, autos y sentencias en los plazos
legales.

Pueden convenir en suspender el proceso, un trámite o un plazo,

por un lapso no mayor de tres (3) meses, haciéndolo constar en
el expediente. Esta facultad respecto del proceso podrá ejercerse
una (1) sola vez.

Pueden convenir la renuncia de un trámite o de un acto de

procedimiento, cuando no se afecte con ello un derecho
indisponible o una norma de orden público.
 DERECHOS
Se ejercitan frente al adversario y en el Tribunal. Se habla
de derechos como la posibilidad de dar preeminencia a un
interés frente a otro interés ajeno.

Ejemplos: derecho a que el juez dé providencia a sus

peticiones, a percibir el pago de costas y honorarios.
 ARTÍCULO 22 DEL CPCCyT
DEBER DE PROBIDAD Y LEALTAD

Los litigantes, sus representantes y abogados, tienen el deber de

actuar lealmente y con probidad, expresando al tribunal los hechos
verdaderos; pueden ser objeto de sanciones si se apartaren de
estos principios y pasibles de los daños y perjuicios que su actitud
maliciosa o deslealtad ocasionare.

Lealtad: Fidelidad.

Probidad: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar, respeto por

las normas que se consideran adecuadas.
 ARTÍCULO 22 del CPCCyTM

II - El Juez debe ordenar lo necesario para evitar el ejercicio o

situación abusiva, el fraude procesal, la temeridad o malicia. A tal
fin debe procurar la reposición al
estado de hecho anterior y puede fijar una indemnización a cargo
de quien o quienes sean responsables y/o aplicar sanciones.

III - Deberá además remitir copia de la resolución al organismo

que tenga a su cargo la matrícula o inscripción a fin de dejar
constancia en el legajo del profesional, en su caso.
 ARTICULO 21 DEL CPCCyTM
DOMICILIOS
(CARGA PROCESAL) Los litigantes y quienes los representen y patrocinen, tienen el
deber de denunciar el domicilio de los primeros (domicilio real) y constituir domicilio
legal dentro de cincuenta (50) cuadras del asiento del tribunal, cada uno de ellos,
todo en su primera presentación. (CONSECUENCIA DESVENTAJOSA) Si así no lo
hicieren se los notificará y practicarán las diligencias que deban cumplirse en esos
domicilios en los estrados del tribunal sin trámite o declaración previa alguna.

Estos domicilios subsistirán, a todos los efectos legales, aun cuando no existan o
desapareciere el edificio donde se constituyera, mientras no sean expresamente
cambiados. Los jueces podrán atenuar el rigor de esta regla, cuando se tratare de
expedientes paralizados por tiempo mayor de dos (2) años.
 DOMICILIOS
-DOMICILIO REAL: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su
residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el
lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de dicha actividad (artículo 73 del Código Civ. y Com.).

-DOMICILIO LEGAL, PROCESAL, AD LITEM: Es el lugar que, dentro de

determinado perímetro o radio, deben constituir las partes o representantes
en oportunidad de su primera presentación en el proceso a fin de que en él
se practiquen todas las notificaciones que no deban serlo en el domicilio real
(artículos 21 y 68 del CPCCyTM). Es una institución procesal que no debe
confundirse con los domicilios reglados en el Código Civil y que tiene efectos
exclusivamente procesales.
 ARTICULO 21 DEL CPCYTM

La Suprema Corte de Justicia podrá sustituir el

domicilio legal constituido por un domicilio o casilla
de carácter electrónico, donde se practicarán todas
las notificaciones que deban realizarse
por cédula en ese tipo de domicilio. (último párrafo
agregado por ley 7.855, art. 1°)