Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma

en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte

de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentacin (FAO), juicio alguno sobre la condicin jurdica o nivel
de desarrollo de pases, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades,
ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites. La mencin de
empresas o productos de fabricantes en particular, estn o no patentados,
no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia a otros
de naturaleza similar que no se mencionan.
ISBN 978-92-5-306044-3
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FAO 2008
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HONDURAS
SITUACIN DE LAS MUJERES RURALES
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7 PRESENTACIN
9 INTRODUCCIN
11 CAPTULO I
Contexto econmico y social
23 CAPTULO II
Estructura demogrca
31 CAPTULO III
Caractersticas socio-culturales y tnicas
39 CAPTULO IV
Educacin y mujer rural
49 CAPTULO V
Salud y saneamiento bsico
65 CAPTULO VI
Acceso a recursos productivos y medio ambiente
83 CAPTULO VII
Empleo y trabajo
101 CAPTULO VIII
Marco institucional y polticas pblicas
119 CAPTULO IX
A manera de conclusiones
122 Glosario de siglas
124 Bibliogrcas y documentos
127 Anexos
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Desde hace varias dcadas, la situacin de las mujeres rurales en Honduras

ha sido preocupacin de algunos grupos de la sociedad civil e investigadores.
Sin embargo, pese a la cantidad de estudios de caso, investigaciones e inter-
venciones de ONG, ha sido muy poco lo que se ha avanzado para eliminar las
brechas existentes entre el mundo rural y el urbano, as como entre hombres
y mujeres, principalmente debido a la naturaleza estructural del problema de
la exclusin.
A menudo el trabajo que realizan las mujeres en su hogar no es valorado y se
confunde con el realizado en la explotacin agrcola. De esta manera, se subes-
tima el aporte que hacen en la agricultura y para la seguridad alimentaria de la
familia. Las explotaciones manejadas por mujeres, en general, se caracterizan
porque no es reconocido el trabajo que ellas realizan y porque permanece en
el sector informal de la economa. Tampoco son valorados los tiempos que las
mujeres dedican al trabajo productivo y reproductivo, sean estos remunerados
o no remunerados.
La informacin estadstica sobre la situacin de productores y productoras,
recopilada mediante instrumentos desglosados por sexo, debera permitir
conocer la situacin diferenciada respecto a la participacin de hombres y
mujeres rurales, para dar soluciones especcas a problemas de sectores de la
poblacin que tienen distintas ocupaciones, actitudes, demandas en el tema
de la seguridad alimentaria y desarrollo agrcola, entre otras diferencias.
Los datos que aparecen en este informe son una constatacin de que las mujeres
rurales constituyen el ltimo escaln de una escalera donde el primer lugar est
ocupado por los hombres urbanos; el segundo, por las mujeres urbanas, seguidas
por los hombres rurales. Son ellas, y en especial las indgenas, quienes poseen los
niveles educativos ms bajos, las tasas de analfabetismo ms altas, los menores
salarios y el menor acceso a recursos y a servicios de salud, entre otros.
Adems de lamentar esta situacin, es preciso trabajar para mejorar la calidad
de vida de las mujeres campesinas y establecer vas para avanzar en relaciones
de equidad entre ellas y los hombres. El reconocimiento de esta realidad debera
servir para reexionar acerca de hacia dnde estamos yendo, tanto en la prctica
del desarrollo como en la formulacin de polticas pblicas. Si aplicamos otro
tipo de cortes a la informacin que existe sobre la poblacin, veremos que lo
que ocurre a las mujeres rurales e indgenas de Honduras es debido a variables
que van desde el gnero hasta cuestiones tnicas, pasando por los ingresos
e incluso por el mbito geogrco, ya que todos esos factores inuyen en las
divisiones de la sociedad y convierten las diferencias en desigualdades.
El carcter prioritario de la incorporacin de la perspectiva de gnero en la
recopilacin y anlisis de datos est plasmado en el Plan de Accin sobre G-
nero y Desarrollo 2008-2013 aprobado en la Conferencia de la Organizacin
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) realizada
en noviembre 2007.
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El estudio que presentamos en esta ocasin denominado Situacin de las
mujeres rurales en Honduras permite tener una mirada hacia esa situacin
actual en dicho pas, e intenta proyectar su futuro. La FAO pone esta informa-
cin a disposicin de usuarios y usuarias para que, al momento de planicar
actividades que sern desarrolladas en el sector agropecuario, sean tomados
en cuenta los datos analticos aqu presentados, de modo que puedan servir
de base para polticas y proyectos de intervencin en reas rurales.
La FAO est realizando estudios similares en diferentes pases de Amrica Latina
y el Caribe, con el n de tener fuentes comparativas en cifras con relacin a
la temtica de la mujer rural en el nivel regional. Estos estudios abordan, entre
otros, temas tales como la migracin y el empleo rural no agrcola, considerados
emergentes y prioritarios en dicha regin.
Marcela Ballara
Ocial Principal Gnero, Equidad y Empleo Rural
Ocina Regional para Amrica Latina y el Caribe
marcela.ballara@fao.org
www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer
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Ciertamente, la pobreza en el rea rural est ms generalizada que en el rea
urbana; pero en ambos espacios afecta de manera diferente y con mayor
fuerza a las mujeres.
De ah que la pobreza y el decitario acceso a los benecios del desarrollo
social y econmico, que histricamente ha agelado a la poblacin rural en
general y a las mujeres en particular, ha sido y sigue siendo una preocupacin
del Estado de Honduras.
Aunque desde la dcada de los 60 del siglo pasado fueron emitidas leyes enca-
minadas a promover el acceso a la tierra y a la tecnologa para los campesinos,
no era reconocido el aporte de las mujeres a las economas de subsistencia de
las familias. Por ello, dichas polticas adoptadas por los gobiernos fueron, en
su mayora, polticas asistencialistas que no consideraron a las mujeres como
sujetas de ellas, entre las que se cuenta a la Reforma Agraria.
Adems de otras caractersticas naturales o biolgicas como el sexo, se
suman la raza y la edad para ubicar a las mujeres indgenas o negras, nias
o de la tercera edad en una posicin de mayor vulnerabilidad, no slo en
relacin a los hombres sino entre sus congneres. Por otra parte, se trata
de una situacin rural constituida por una poblacin de mujeres que no es
homognea, realidad que debe ser tenida en cuenta al formular polticas. Sin
embargo, esto slo puede ser garantizado si en su formulacin participan las
sujetas de dichas polticas.
No cabe duda que la participacin de mujeres rurales desde sus propias orga-
nizaciones ha ido generando cambios en la valoracin de sus propios aportes
y reconocimiento de la validez de sus demandas. Tambin ha provocado una
toma de conciencia personal, de sus esposos o compaeros de hogar, y de
las instituciones pblicas sobre la necesidad de potenciar sus capacidades
para que ellas sean las propias sujetas del cambio hacia estadios de bienestar
acordes a la dignidad humana.
En este sentido, los gobiernos que han contado con el apoyo internacional y
con la participacin activa de las mismas mujeres han denido y ejecutado
polticas, programas y proyectos para superar las condiciones de precariedad
de esa poblacin. Pese a ello, an falta mucho camino por recorrer.
Fenmenos naturales, como el Huracn Mitch en 1998, sumados al acelera-
miento del modelo de globalizacin de la economa que trajo aparejados la
suscripcin de tratados de libre comercio con pases con grandes asimetras,
tambin han producido cambios en las condiciones de vida de la poblacin
rural. Como consecuencia, la insercin cada vez ms creciente de las mujeres
rurales en el mercado laboral, o como trabajadoras por cuenta propia, ha sido
ms una obligacin que una opcin para su propia sobrevivencia y la de sus
hijos e hijas menores de edad.
Esta realidad, sin embargo, no ha signicado la creacin y ejecucin de pro-
gramas o proyectos pblicos destinados a alivianar la carga de trabajo de las
9
mujeres mediante una infraestructura social como guarderas infantiles tambin
en el rea rural. De esta forma, la gran mayora de ellas est sometida a la
doble jornada, situacin que debiera ser atendida tanto por el padre biolgico
o la pareja, as como por la empresa privada, los gobiernos y la sociedad en
su conjunto.
Diferentes enfoques han orientado los esfuerzos de incorporacin de las mujeres
al desarrollo, en los ltimos aos. En Honduras, al igual que en la mayora de
los pases, ha sido promovido el enfoque denominado Gnero y Desarrollo, que
parte por reconocer como principal obstculo para el avance de las mujeres
la persistencia de relaciones de poder histricamente desiguales entre hom-
bres y mujeres, como resultado de patrones culturales. Identicada la causa,
el enfoque plantea que es preciso analizar sus manifestaciones es decir las
inequidades a n de cerrar esas brechas en todas las reas, garantizando a
hombres y mujeres el ejercicio y goce de sus derechos humanos. Como se
trata de un proceso de largo aliento, desarrollado no de manera lineal o solo
en espiral, presenta avances, retrocesos y estancamientos.
Esta investigacin se propone evidenciar estas brechas entre hombres y mujeres
en el rea rural hondurea, a partir de un anlisis de informacin estadstica
y otros documentos. Como en los ltimos aos en el pas ha habido mejoras
en los sistemas de estadsticas desagregadas por sexo, este trabajo relaciona
varios aos y analiza, fundamentalmente, la informacin ms reciente, ya que
los anlisis de tendencias no siempre fueron posibles en tanto las estadsticas
son contradictorias.
Las fuentes de la informacin analizadas son las Encuestas Permanentes de
Hogares de Propsitos Mltiples 2004, 2006 y 2007, el Censo de Poblacin
2001, las investigaciones del Instituto Nacional de la Mujer y de otras institu-
ciones tanto pblicas como organizaciones no gubernamentales. Lamentable-
mente, en los ltimos aos, en algunos de estos instrumentos de medicin se
ha descontinuado el acopio de informacin muy valiosa de cara a conocer la
situacin actual de las mujeres rurales.
El informe consta de ocho captulos que abordan un anlisis de contexto, la
estructura demogrca, las caractersticas socioculturales y tnicas de la po-
blacin rural femenina, as como su realidad en materias de educacin, salud y
saneamiento bsico, empleo y trabajo, acceso a recursos productivos y medio
ambiente, marco institucional y polticas para el avance de las mujeres. Por lti-
mo, este informe plantea algunas conclusiones. Esperamos aportar elementos
que orienten la formulacin de polticas destinadas a mejorar las condiciones
de vida de las mujeres que residen en el rea rural.
1
CAPTULO I
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Honduras es un pas del Istmo Centroamericano, ubicado geogrcamente a 1258-1602
latitud norte y a 8310-9822, latitud oeste. Su rea territorial es de 112,492 km
2
y limita
al suroeste con El Salvador, al noroeste con Guatemala y al sureste con Nicaragua. Hacia el
norte, con la costa del Mar Caribe y hacia el sur, comparte el Golfo de Fonseca con El Salvador
y Nicaragua.
SITUACIN ECONMICA
Segn el Banco Mundial (2004), la economa hondurea tena un crecimiento bajo. En el
perodo que va de 1960 al 2000, el crecimiento anual per cpita promedio fue de 0.8%,
comportamiento que estuvo por debajo de la mitad del promedio latinoamericano (1.7%) y
del promedio de los pases en desarrollo (1.2%)
1
.
En los ltimos aos, la situacin macroeconmica se ha mantenido relativamente estable.
De acuerdo a informes del Banco Central de Honduras, el crecimiento econmico para 2007
estara entre el 5.0 y el 5.5%, cifra inferior al 6% habido en 2006
2
. Aunque se esperaba que
en el bienio 2008-2009, el crecimiento econmico alcanzara a un 7%, factores externos como
el alza en los precios del petrleo y la contraccin econmica en Estados Unidos reducirn
sustancialmente esas expectativas.
Los sectores de mayor inuencia en el crecimiento econmico han sido la agricultura (pro-
duccin de caf y palma africana); la industria manufacturera (textiles, metales y minerales no
metlicos y la actividad industrial de alimentos); la construccin (residencial y comercial) y el
sector de servicios (comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenaje y comunicaciones).
En 2000, el sector agrcola aportaba con un 16,2% al PIB nacional; pero en 2006, este valor
haba bajado al 13,4%. En trminos de habitantes, el 39% de la poblacin nacional ocupada
trabaja en el sector agropecuario, forestal o pesquero
3
.
La economa hondurea es tambin la ms abierta de la regin centroamericana, con una
concentracin importante en torno a productos agrcolas. En el ao 2004 las exportaciones
de caf fueron estimadas en 250 millones de dlares; las de banano, en 208 millones de
dlares, y las de camarn cultivado, en 150 millones de dlares. En conjunto estos productos
representan el 40% de las exportaciones, lo que hace muy vulnerable a la economa hondurea
con respecto a las variaciones de los precios internacionales.
Este comportamiento es levemente favorecido por la diversicacin de la economa, princi-
palmente por la maquila y el turismo. Del total de exportaciones, la maquila represent un 9%
en 1995, y un 27% en 2004. No obstante, los competidores asiticos como China desvanecen
las posibilidades de crecimiento de este rubro, dados sus costos de produccin
4
.
Debido a que la maquila inicialmente creci ms en la fabricacin de textiles, la participacin
de las mujeres como fuerza laboral en esa actividad ha sido mayoritaria comparada con la de
1 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo (ed.). Poltica y Desarrollo en Honduras, 2006-2009. Los Escenarios
Posibles. PNUD. Tegucigalpa, Honduras. 2006.
2 World Bank Country Proles. April 2007, citado en el Informe de Evaluacin realizado a FAO Honduras por la
Comisin de FAO Roma en 2007.
3 Banco Central de Honduras, citado en Informe de Evaluacin, op.cit.
4 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo (ed.). 2006, op. cit.
13
los hombres, en correspondencia con el rol tradicional socialmente asignado a las mujeres
(costura, corte y confeccin).
Pese a lo anterior, y segn cifras del Banco Central de Honduras, en los ltimos 10 aos
la fuerza laboral femenina ha reducido su participacin en el total de empleo generado en las
maquilas en 17.5 puntos porcentuales, pasando de un 70% en 1995 a un 52.5% en 2005.
Esta menor participacin se debe a la diversicacin de actividades econmicas observada
en la industria de la maquila, la que actualmente incluye la fabricacin de vehculos, de partes
y muebles de madera, de accesorios electrodomsticos y comercio, entre otros, donde tradi-
cionalmente es utilizada una mayor proporcin de fuerza laboral masculina
5
.
Cifras de la Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples, mayo 2005
(Instituto Nacional de Estadsticas, INE), indican que el desempleo abierto cay de 5.9% en
2004 a 4.8% en 2005; en tanto que las tasas de subempleo visible e invisible aumentaron
con respecto al periodo anterior: la tasa de subempleo visible pas de 6.9% en 2004 a 9.1%
en 2005 y el subempleo invisible pas de 29.5% a 32.2% para el mismo perodo
6
.
Por otra parte, y segn datos del Banco Mundial, en 2005 las remesas de los/as emi-
grantes y los salarios de los /as trabajadores /as nacionales no residentes sumaron US$ 1.8
billones.
El sistema nanciero nacional es bastante slido y se espera que sea posible sostener el
tipo de cambio, estable en los ltimos tres aos. La tasa de inacin uctuar entre un 5.5%
y un 6.5%, considerando el comportamiento ms probable de las principales variables ma-
croeconmicas internacionales y nacionales (gastos pblicos, evolucin del tipo de cambio y
oferta de granos bsicos, entre otros)
7
.
La mayor fuente de empleo contina siendo el sector agrcola, que absorbe un 34% de
los empleos, seguido del comercio (21%), la industria manufacturera (16%), y los servicios
comunales, sociales y personales (14%).
Aproximadamente, el 26% del territorio nacional (2.6 millones de hectreas) est dedicado
a actividades agropecuarias: de las tierras aptas para actividades agropecuarias, un 41% est
dedicada a actividades agrcolas, mientras que el 59% es utilizada en actividades pecuarias
8
.
Un dato importante a tener en cuenta es que el 25% de la supercie del pas tiene pendientes
superiores al 30%, y es considerado apto para actividades forestales.
En relacin a la produccin, las exportaciones y el empleo, el sector agropecuario es
responsable del 23%, 45% y 51% de los totales, respectivamente. De esta manera, el sector
representa una contribucin importante y estratgica para la economa hondurea, en tanto
los logros y problemas del agro repercuten en el resto de la economa.
El sector agropecuario tiene tambin una importancia en la oferta alimentaria interna y
transere recursos va precios reales: aunque en 2004 eran 66% menores que en 1995.
5 Cladem. Diagnstico de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Mujeres con nfasis en el Derecho
a la Vivienda Adecuada. Tegucigalpa M.D.C. 2007.
6 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo op.cit.
7 Informe de Evaluacin, FAO Hondurasop.cit.
8 Faostat, 2006/07, citado en Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit
14
Se dice que Honduras es un pas con vocacin eminentemente forestal y dicho sector fores-
tal cumple funciones ambientales importantes que, incluso, traspasan las fronteras nacionales.
De acuerdo al inventario de bosques y rboles (2006), unas 791,600 has, equivalentes a un
51.5% del territorio nacional, tiene cobertura boscosa: este territorio est compuesto por un
60% de bosque latifoliado, un 29.4% de bosque de conferas, un 9.3% de bosques mixtos y
un 1% de mangle.
En todo caso, el recurso forestal sufre una serie de riesgos asociados al uso ineciente y
desproporcionado de los bosques. Las estimaciones indican que anualmente se pierden entre
80,000 y 100,000 has de bosque como resultado de la ampliacin de la frontera agrcola,
del trco ilegal de madera, incendios y plagas forestales.
Los datos sobre la contribucin del sector forestal al Producto Interno Bruto (PIB) no son
homogneos. Segn la Estrategia para la Reduccin de la Pobreza (ERP) se tratara de aproxima-
damente un 2% del PIB, con una tendencia decreciente en las ltimas dos dcadas. Sin embargo,
el procedimiento para este clculo slo toma en consideracin las exportaciones de productos
forestales, cuyo valor total en 2005 fue de U$S 44 millones, casi exclusivamente de pino
9
.
Las estadsticas tienden a indicar que no est siendo aprovechando el potencial productivo
del bosque. Segn los datos actuales, el bosque de pino podra abastecer 1.3 millones de m
3
anuales y el bosque mixto, de 0.36 millones de m
3
. Esta estimacin est basada nicamente
en el uso de la madera como producto, excluyendo los productos no maderables transformados,
servicios y otros aportes vitales de bosques a diversos sectores de la economa del pas.
Las reas forestales y protegidas constituyen respectivamente el 53% y 27% del territorio
nacional. Las pueblan, en su mayora, grupos tnicos y comunidades campesinas que viven en
extrema pobreza. La falta de acceso de esta poblacin al aprovechamiento comercial de los
bienes y servicios que puede prestar el bosque explica su situacin de pobreza
10
.
A la vez, mientras el sector agropecuario contribuye con el 23% al PIB, el apoyo para el
sector slo representa el 1.5% del PIB total, ya que el gasto pblico gubernamental se redujo
de un 11%, en 1990, a 3.5% en 2005; la cartera crediticia tambin se redujo: de 19%, en
1990, a 12% en el 2000 y 4.5%, en el 2005.
El crecimiento del sector agropecuario es lento y no es sostenible. En los ltimos 15 aos
apenas creci un 1.3% por habitante y en 2% en el ltimo quinquenio. La productividad de la
mayora de cultivos es baja, sobretodo comparada con los pases competidores.
El crecimiento del sector est afectado por la baja inversin, el cambio lento de la tecnolo-
ga y por su orientacin a determinas actividades, adems de la concentracin de mercados
internos de insumos y productos agrcolas. Esta situacin es complementada por los bajos
niveles de capital humano y por los niveles de riesgo existentes, sobre todo debido a los fe-
nmenos climticos y a la oscilacin de los precios internacionales. Asimismo, la mayor parte
de la poblacin pobre cultiva en laderas, la infraestructura rural es limitada y los canales de
comercializacin externa, muy dbiles
11
.
9 EIU Country Prole 2006, citado en Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit
10 Ibid
11 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo, op.cit.
15
El Plan Estratgico de la Poltica de Seguridad Alimentaria y Nutricional a Largo Plazo (P-
SAN), tambin menciona otros factores que afectan a la produccin agrcola nacional: falta
de seguridad en la tenencia de la tierra y limitado acceso a ella de los pobladores rurales
ms pobres; insuciente infraestructura, en trminos de caminos rurales y electricidad, que
encarece los costos de produccin, y poca cobertura de controles tosanitarios que reduce la
competitividad interna y nacional
12
.
Pocos productos concentran el valor agregado del sector (64%): caf, banano, maz, palma
africana, carne vacuna, leche, carne de aves y huevos. Si se agrega la acuicultura y los productos
silvcolas, es posible llegar al 81% del producto agropecuario.
Con excepcin del arroz, la productividad de los granos bsicos es baja y permaneci casi
estancada en los ltimos 15 aos. Si bien los granos bsicos ocupan el 55% del rea sembra-
da (38% corresponde slo al maz) su valor agregado es solo del 8%. El caf es el producto
que representa el mayor valor agregado del sector (32%) y el que mayor empleo genera. Sin
embargo, en el perodo 1990-2005 aunque la produccin aument debido al crecimiento
del rea sembrada, en este mismo perodo su rendimiento se estanc, principalmente por la
cada de los precios en los mercados internacionales.
El banano, por su parte, se ha recuperado en relacin a los efectos del Huracn Mitch, pero
slo representa el 61% de lo que constitua en 1990. Los rendimientos han mejorado, pero estn
37% por debajo de lo logrado en 1990. La caa de azcar, producto que presenta oportunidades
por las exportaciones de azcar en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y por su potencial en la
generacin de etanol, ha tenido en los ltimos aos un crecimiento en su valor de 10% anual.
El crecimiento de la produccin de ganado vacuno y porcino (que aporta un 20% en el
PIB) ha declinado en los ltimos 15 aos, con la excepcin de la carne de aves y, en menor
medida, de la leche, que han experimentado un crecimiento notable, aunque la ganadera de
carne y de leche tiene bajos niveles de productividad.
La pesca y, de manera especial, la acuicultura han mejorado su participacin en el PIB (9%
en la actualidad) y presentan gran dinamismo. El cultivo de camarn ha tenido un crecimiento
sostenido entre 2001 y 2004, basado en la expansin del rea incluso pese a la cada de los
precios internacionales. La piscicultura ha tenido un buen desarrollo y es de gran potencial.
A pesar de haber decado en su participacin en el PIB hasta llegar al 8%, la silvicultura tiene
gran viabilidad al abarcar el 87% del territorio y presentar un buen nivel de productividad. Se
estima que el 40% de la poblacin rural est ubicado en reas de cobertura forestal, aunque
slo el 3.2% del que vive en esta zona est incorporado al sistema social forestal.
En cuanto a las exportaciones, en general es posible destacar una ausencia de estrategia
de desarrollo. La diversicacin es incipiente y la sobrevaluacin del tipo de cambio podra
afectar las exportaciones agropecuarias. Los precios internacionales de los productos agrope-
cuarios (a excepcin de la langosta, la madera y, en menor medida, el aceite de palma) han
cado o se han mantenido estacados entre 1990 y 2005. Por el contrario, las importaciones
agropecuarias crecieron en 12% anual, desglosado de la siguiente manera: las importaciones
agroindustriales crecieron siete veces y las de granos, maz y arroz, en casi cinco veces.
12 Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit.
16
ALGUNOS RETOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
El Congreso Nacional ratic el Tratado de Libre Comercio de Centroamrica con Estados
Unidos (Cafta) el 3 de marzo de 2005, transformndose en el segundo pas centroamericano
en hacerlo, despus de El Salvador que lo rm en diciembre de 2004. Fue suscrito con el
propsito de asegurar un marco comercial previsible para la planicacin de las actividades
de negocios y de inversin, asegurar la competitividad de las empresas en los mercados
externos, evitar las distorsiones en el comercio recproco, crear un mercado ms amplio y
seguro para las mercancas y los servicios producidos en los territorios respectivos. El Cafta
reconoce las diferencias en el grado de desarrollo y del tamao de las economas de las
partes contratantes.
Los desafos del tratado para Centroamrica son aprovechar los mercados de Estados
Unidos y proteger los productos sensibles, ya que partiendo de una infraestructura rural dbil,
con altas tasas de pobreza y con bajos niveles educativos, los productos no tradicionales se
enfrentan a mercados saturados por la competencia de otros pases.
Para la Cepal, los productos que mayores prdidas pueden experimentar son los relacio-
nados a la porcicultura y, en menor medida, el arroz y el maz; la produccin de leche tambin
sufrira serias presiones. En menor escala de impacto estn los huevos, el pollo y la carne de
res. Sin embargo, un punto a favor del Cafta es la posibilidad de atraer mayores inversiones
para el agro.
Un estudio sobre los efectos del Cafta-RD en el sector rural (2005), observa que los granos
bsicos muestran un creciente rezago en relacin al comercio internacional, con la excepcin
del frjol rojo. Los productos pecuarios no presentan ventajas comparativas y, a largo plazo,
tendern a perder. En el caso del subsector forestal la situacin est ms dividida: mientras la
madera presenta ventajas comparativas, otros productos forestales no las poseen.
El 80% de los productos agrcolas hondureos son exonerados de impuestos en el comercio
con Estados Unidos, con suposiciones sobre la inocuidad y la tosanidad bastante elevadas
respeto a la capacidad y la experiencia nacionales.
Entre los productos que presentan mayores ventajas comparativas estn la palma aceitera,
el azcar, caf, cacao y, en menor medida, el tabaco. Las frutas y hortalizas tambin presentan
potencial y algunas ventajas comparativas, as como los productos de mar y la acuicultura. No
obstante, es claro que stas deben convertirse en ventajas competitivas.
Es posible tambin identicar los impactos del Cafta en relacin a los precios reales paga-
dos al productor orientado al consumo interno (sobre todo de granos bsicos), cuya tendencia
continuar a la baja o a la inestabilidad. Por su parte, se esperan incrementos sobre los precios
de insumos, equipos y herramientas importadas, as como en el valor de la tierra, siempre y
cuando se dena un mercado de tierras, fundamental para nuevas inversiones.
En cuanto a los salarios, stos tendern a diferenciarse ms, segn los rubros ms o menos
dinmicos, lo que supone tambin una mayor participacin de la mano de obra femenina, sobre
todo en actividades no agrcolas. En relacin a la economa de subsistencia tanto agrcola
como no agrcola es factible prever un menor impacto, dada su lgica de reproduccin de la
fuerza de trabajo familiar, de menor vinculacin a la competencia capitalista.
17
Informes de la Secretara de Industria y Comercio, sobre resultados recientes, destacan que
ha habido un incremento en el dcit de la balanza comercial con Estados Unidos debido a
13
:
1. Descenso en las exportaciones de confeccin, ligado a una mayor competencia de
Asia.
2. Fuerte incremento en la factura de combustibles, vinculado a incrementos en el con-
sumo y, principalmente, a fuertes aumentos de precios.
3. Mayor actividad importadora en general.
4. Estancamiento de las exportaciones.
5. Poca o ninguna utilizacin de las ventajas derivadas del Cafta-RD.
Sobre los impactos que, en general, producen los tratados de libre comercio para las
mujeres, otros analistas plantean que las importaciones de imitaciones de productos artesa-
nales, que generalmente han estado en manos femeninas, ha diezmado la produccin local
repercutiendo drsticamente en su ingreso econmico.
Una ventana de oportunidad para las mujeres rurales est constituida por la produccin
orgnica en los rubros del caf y las hortalizas, en que ellas tienen una participacin importante.
Ya existen productoras de caf orgnico organizadas que estn exportando hacia Europa. Pero
las oportunidades de las mujeres en el marco de los tratados estn determinadas, en primera
instancia, por el apoyo que puedan recibir de las instituciones del Estado. Sin embargo, su
acceso equitativo a los recursos productivos tierra, crdito y tecnologa es materia an
pendiente en el pas.
Un nuevo reto que ha enfrentado Honduras es la anunciada crisis alimentaria mundial que
afectar a varios pases en desarrollo. El gobierno ha anunciado un paquete de medidas para
apoyar a los productores del agro que incluye, entre otros, nanciamiento por ms de dos mil
millones de lempiras para las siembras de maz, arroz y frijoles, cuyas proyecciones de produc-
cin alcanzan los 20 millones de quintales de maz, dos millones de quintales de frijoles, 800
mil quintales de arroz y un milln de quintales de sorgo
14
, segn el gobierno.
Las autoridades estatales plantean tomar otras medidas, como proveer de nanciamiento
a pequeos productores agrcolas por medio del Banco Nacional de Desarrollo Agrcola (Bana-
desa), lo que favorecer a 250,000 productores que poseen una manzana de tierra y quienes
recibirn apoyo en tecnologa e insumos
15
.
POBREZA Y DESIGUALDAD
La agricultura de laderas donde est el 80% de los pobres presenta problemas serios de
tenencia de la tierra con fuertes procesos de degradacin de los suelos, escasa tecnologa,
asistencia tcnica dbil y casi inexistente informacin de mercados. Estudios sobre la produccin
en laderas en el pas indican que los factores ms determinantes en el ingreso de los hogares
pobres son el nivel educativo de sus integrantes y la fertilidad de los suelos.
13 Secretara de Industria y Comercio. DRCafta: Retos y Oportunidades. Tegucigalpa M.D.C., noviembre, 2007.
14 El Heraldo, martes 15 de abril del 2008, pg. 16.
15 El Heraldo, mircoles 16 de abril de 2008, pg. 18.
18
La pobreza, como la desigualdad, constituye un freno para el desarrollo. Ambos factores
afectan tanto a las personas que por las dicultades de acceder a recursos y activos no pueden
superar sus necesidades materiales, como a la dinmica de crecimiento y restan potencial a
los mercados y las propias economas.
En Honduras, la pobreza apenas ha cambiado desde 1998, pese al crecimiento econmico
positivo, de alrededor de 3% en trminos reales. Si bien el PIB per cpita se ha mantenido
estancado en 0.3% anual, esto puede explicar slo parcialmente la falta de progreso en los
indicadores de pobreza. Aunque el crecimiento del PIB en Honduras ha subido ligeramente, los
niveles de consumo durante los ltimos ocho aos no han sido sucientes como para reducir
los niveles de pobreza en forma signicativa
16
.
Mientras los indicadores sociales estn entre los ms bajos de Amrica Latina y el Caribe,
comparables a los de pases de ingresos medios bajos, la tasa de crecimiento anual de la po-
blacin es alta, llegando a un 2.5%. Adems, Honduras tiene una tendencia histrica de escaso
crecimiento econmico, con un ingreso per cpita de US$1,170 y bajas tasas de inacin, en
relacin a otros pases de la regin
17
.
En momentos en que su deuda era de 5,207 millones de dlares (dos terceras partes del
PIB 2004), en 2005 recibi un alivio de deuda que alcanz la suma de mil millones de dla-
res, en un plazo de 10 aos (cien millones por ao). Para alcanzar el punto de culminacin, el
gobierno se comprometi a lograr la estabilidad macroeconmica y a llevar a cabo la estrategia
para la reduccin de la pobreza aprobada en 2001.
La ERP, considerada el instrumento global de planicacin en el pas, establece priori-
dades con horizonte 2001- 2015. Su ejecucin est orientada a una reduccin sustantiva
de la pobreza, en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
18
. La
ERP cuenta con un Consejo Consultivo cuyas decisiones no tienen carcter vinculan-
te, compuesto por representantes de doce sectores de la sociedad civil y ministros del
gabinete social; en calidad de observadores participan organismos de la cooperacin
internacional.
La pobreza extrema se redujo de 49%, en 2000, a 44.6% en 2004; bajando en el mismo
perodo los niveles de pobreza general de 66% a 64%. Estos datos, sin embargo, varan segn
la fuente que es consultada: para la Cepal (2004) por ejemplo, la pobreza alcanzaba al 71%
de los hogares y al 77% de la poblacin de Honduras; mientras que segn el Informe para el
Desarrollo Humano (2003) la pobreza total llegaba al 71% de la poblacin.
La pobreza es mayor en las zonas rurales respecto a las zonas urbanas. Segn fuentes
ociales, el 70% de los hogares rurales vive en condiciones de pobreza y el 58.4% lo hace en
condiciones de extrema pobreza. Entre 1985 y 2001, el gasto pblico anual por habitante en
las reas rurales fue de 12 dlares.
16 Instituto de Nutricin de Centro Amrica y Panam (Incap). 2007. Diagnstico Preliminar del Quehacer Insti-
tucional en Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, Honduras. Documento de trabajo para la Consulta
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamrica y Repblica Dominicana.
17 Ibid.
18 Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit.
19
De acuerdo a los anlisis realizados sobre la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi)
2004, un 23.7% de la poblacin hondurea viva en condiciones de extrema pobreza, corres-
pondiendo el 6.8% a la poblacin urbana y el 39.5% a la poblacin rural, con picos de 56.1%
en las zonas rurales de la regin occidental (departamentos de Copn, Intibuc, Lempira,
Ocotepeque, Santa Brbara).
Un contribuyente importante a la situacin de pobreza es el aumento del desempleo y el
alto grado de subempleo invisible (29.6%)
19
. Asimismo, la misma encuesta muestra que la
pobreza es mayor en las poblaciones indgenas, comparada con la poblacin mestiza (71.0%
versus 41.3%, respectivamente).
La Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples (EPHPM) de mayo de 2007
seal que el 60.2% de los hogares vive en situacin de pobreza. De estos, el 35.9% lo hace
en pobreza extrema y el 24.3%, en pobreza relativa. Por dominio o rea de residencia, los ho-
gares pobres en el rea urbana constituyen el 55.4% y en el rea rural el 66.4%. La pobreza
extrema es signicativamente mayor en el rea rural, 53.4% versus 22.4% en el rea urbana
(ver Cuadro 1).
CUADRO 1
HOGARES POR NIVEL DE POBREZA SEGN DOMINIO
(PORCENTAJE)
DOMINIO TOTAL NO
POBRES
POBRES
TOTAL RELATIVA EXTREMA
Total Nacional 100 39.8 60.2 24.3 35.9
Urbano 100 44.6 55.4 33.0 22.4
Rural 100 33.6 66.4 13.0 53.4
Fuente: INE. Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples (EPHPM), mayo 2007.
Para aproximarnos a la situacin de pobreza por sexo usando el mtodo de ingresos, la
EPHPM de mayo 2007 muestra que los hogares con jefatura femenina reportan ingresos
menores que los hogares encabezados por hombres (Lps.2,250. vrs 2,414). Este mismo com-
portamiento es observable al comparar el rea urbana y rural. La edad promedio de las jefas
de hogar es mayor que las de los varones, especialmente en el rea rural donde alcanza los
50 aos (ver Cuadro 2). Esto ltimo reeja que, probablemente, las mujeres toman la jefatura
de hogar al enviudar o separarse.
19 Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit.
20
CUADRO 2
INGRESO PROMEDIO DE LOS HOGARES POR SEXO DEL JEFE DEL
HOGAR, TAMAO DEL HOGAR, AOS DE ESTUDIO PROMEDIO
Y SEGN REA DE RESIDENCIA (LPS./MES/PERSONA)
CATEGORAS HOMBRES MUJERES
N de
Hogares
Edad
Prom.
TH 1/ Ingreso
Per cpita
2/
N de
Hogares
Edad
Prom.
TH 1/ Ingreso
Per cpita
2/
Total 1,157,893 46 4.8 2,414 457,013 49 4.2 2,250
rea de residencia
Urbano 530,754 45 4.4 3,317 263,650 48 4.1 2,845
Rural 627,139 47 5.2 1,654 193,364 50 4.4 1,443
Fuente: INE. XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples, Mayo 2007.
1/ TH: Tamao del Hogar.
2/ Usa como denominador hogares que reportaron ingresos.
AEP: Aos de Estudio Promedio.
*Tipo de cambio utilizado: 19.03=US$1.00 (Banco Central de Honduras: cambio para la compra constante desde
octubre de 2005).
De acuerdo a la clasicacin de hogares segn su situacin y nivel de pobreza existe un
mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina que se clasica como pobres, ya sea en el
nivel de pobreza relativa o extrema, y tanto en el rea rural como la urbana (ver Cuadro 3).
CUADRO 3
SITUACIN Y NIVEL DE POBREZA DE HOGARES SEGN JEFATURA
POR SEXO Y REA DE RESIDENCIA (%)
CATEGORAS MUJERES HOMBRES
Hogares pobres segn jefe/a del hogar 64.1 58.8
Hogares con pobreza relativa 25.3 23.9
Hogares con pobreza extrema 38.8 34.9
Hogares pobres urbanos 62.0 52.7
Hogares pobres rurales 67.7 66.0
Fuente: INE: EPHPM mayo 2007.
La pobreza no slo supone bajos ingresos, menor acceso a recursos socioeconmicos (tierra,
crdito, etc.), sino que tambin est relacionada con patrones culturales androcntricos, con el
nivel de autonoma de las mujeres para poder decidir sobre su propia vida y cuerpo y con su
21
poder poltico
20
. Por ello, adems de las desigualdades en los ingresos, la mayor pobreza de las
mujeres queda de maniesto en la mayor responsabilidad que tienen en las tareas domsticas
en el hogar y en el cuidado de nios y nias; as como en el menor grado de capacidad para
tomar decisiones sobre el uso de los ingresos, la que por lo general es limitada, comparada
con la que tienen los hombres. Predomina tambin la tendencia de las mujeres debida a la
existencia de arraigados patrones culturales, a tomar decisiones priorizando los intereses de
sus parejas, hijos e hijas, antes que en su propio bienestar
21
.
Pese a lo anterior, no existen en el pas datos de medicin de estos factores como incidentes
en los mayores niveles de pobreza de las mujeres, lo que implica una tarea pendiente en los
instrumentos estadsticos nacionales.
A nivel macro, si bien no existe informacin suciente sobre los alcances de la ERP, es posible
decir que, a la fecha, no han sido alcanzadas las metas. El entorno econmico desfavorable y
el crecimiento del producto per cpita fueron insucientes para lograr la sostenibilidad de los
ingresos de los pobres. Tampoco ha cambiado sustancialmente la distribucin del ingreso
22
.
A pesar de la reciente aceleracin del crecimiento econmico, el progreso en la reduccin
de la pobreza ha permanecido lento
23
. Estudios indican que esto tambin se ha producido
debido a que el crecimiento real del PIB per cpita prcticamente ha permanecido esttico
en 0.3% anual, y a la vulnerabilidad y exposicin de la economa tanto a impactos externos
como a desastres naturales inesperados. En este sentido, desde la devastacin provocada por
el Huracn Mitch en 1998, la cada en 1999 y 2000 de los precios de dos de sus principales
productos primarios de exportacin y la pronunciada sequa de 2001 y 2002, hasta las re-
cientes alzas en los precios del petrleo, Honduras ha debido enfrentar impactos signicativos
que han sido gravosos a su capacidad econmica.
Por otro lado, tambin persiste la desigualdad. El Coeciente de Gini (2002) era de 0.588,
lo que ubicaba a Honduras entre los pases ms desiguales, slo superado por Brasil y Argentina.
Al respecto, el pas pas de un nivel alto de desigualdad (perodo 1994-1999) a un nivel de
desigualdad muy alto en 2002
24
.
Segn estimaciones de la Encuesta de Hogares de 2004, mientras el 1% ms pobre
reciba un ingreso diario de 7 centavos de dlar, el ingreso del 1% ms rico era ms de 15.4
dlares. La misma fuente seala que el 20% ms rico reciba el 64% de los ingresos y el 20%
ms pobre apenas el 2%.
20 Geske Dijkstra. 2007. Gnero y los Procesos ERP en Bolivia, Honduras y Nicaragua. Evaluacin de las Estrate-
gias de Reduccin de Pobreza en Amrica Latina. Informe Temtico 2006. Asdi.
21 Bradshaw y Linneker 2003 citadas en: Geske Dijkstra. 2007. Gnero y los Procesos ERP en Bolivia, Honduras
y Nicaragua. Evaluacin de las Estrategias de Reduccin de Pobreza en Amrica Latina 2006. Informe Temti-
co. Asdi
22 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo, op.cit.
23 Diagnstico preeliminar del quehacer institucional, op.cit.
24 Achard, Diego y Gonzles, Lus Eduardo, op.cit.
22
2
CAPTULO II
E S T R U C T U R A
D E M O G R F I C A
C
a
r
l
o
s

A
n
d
r

s

Z
e
l
a
y
a
,

C
a
b
a

a
s

C
o
p

n
DINMICA POBLACIONAL
Sobre la base de los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares de mayo del 2007, la
poblacin total de Honduras alcanza a 7,529,403; de los cuales 3,640,073 (48.3%) son hombres
y 3,889,330 (51.7%), mujeres. La poblacin urbana es de 3,423,922 habitantes, y de sta el
27.4% est concentrado en el Distrito Central aproximadamente con 940,652 habitantes. En
el otro extremo est San Pedro Sula, con 557,903 habitantes, es decir, el 16.3%. La poblacin
hondurea se caracteriza por ser joven: un 48.7% son adolescentes menores de 18 aos.
En los ltimos 50 aos hubo un paulatino crecimiento de la poblacin en el rea urbana:
mientras que en 1974 tres de cada diez personas vivan en esta rea, en 2001 casi la mitad,
46.6%, resida en las ciudades
1
25
. Para 2007, a poblacin urbana representa el 48%.
Pese a este decrecimiento de la poblacin rural, es en ella donde contina concentrada la
mayor cantidad de habitantes (4,105,481). Los hombres representan el 49.9% de la poblacin
rural y las mujeres, el 51.9%.
NATALIDAD, FECUNDIDAD Y ESPERANZA DE VIDA AL NACER
Los cambios demogrcos ms importantes ocurridos desde los aos 70 quedan de mani-
esto en la disminucin de las tasas de natalidad y fecundidad: la tasa bruta de natalidad pas
de 46.9 en el quinquenio 1970-1975, a 32.3 en 2001. Esta reduccin en la tasa bruta de
natalidad se ha mantenido, y en el perodo 2003-2006 baj al 27.
En cuanto a la tasa global de fecundidad, sta pas de 4.4 en 1998-2001 a 3.3, en
2003-2005. Por reas de residencia, en el rea rural esta tasa es superior en 1.5 hijos por
mujer respecto al rea urbana: 4.2 y 2.6, respectivamente (Encuesta Nacional de Demografa
y Salud, Endesa, 2005-2006).
Esta realidad es positiva, porque evidencia un mayor acceso a informacin y medios para
la planicacin familiar, lo que favorece la salud de las mujeres y les posibilita insertarse ms
fcilmente en el mercado de trabajo, abriendo ms oportunidades para su desarrollo.
Otro indicador poblacional es la esperanza de vida al nacer. Datos de la Unidad de Apoyo
Tcnico, adscrita a la Presidencia de la Repblica, reportan en trminos generales una esperanza
de vida de 71.6 aos en 2004
26
.
Por su parte, la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) indica, basndose en datos
del INE para el 2005 (proyecciones a partir del censo de poblacin 2001), una esperanza
de vida al nacer mayor para las mujeres que para los hombres: 75.7 y 68.7, respectivamen-
te
2
27
. Esta situacin est relacionada con factores genticos y sociales, porque la mortalidad
masculina se produce sobre todo en el primer ao despus del nacimiento as como entre
los 20 y 35 aos, asociada a hechos violentos. El incremento de la esperanza de vida de las
mujeres es un hecho importante, aunque todava falta mucho por hacer para que su calidad
de vida sea la adecuada.
1
25 Centro de Derechos de Mujeres (CDM). Mujeres en Cifras 2004. Tegucigalpa, Honduras, 2004.
26 Cladem. 2007 Diagnstico de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Mujeres, op. cit.
2
27 Organizacin Panamericana de la Salud (OPS). Estrategia de Cooperacin Tcnica OPS/OMS Honduras
2006 2010.
25
JEFATURA DE HOGARES
En cuanto a la jefatura de los hogares, un anlisis de los dos ltimos censos poblacionales
(1988 y 2001)
3
28
muestra un crecimiento del porcentaje de hogares encabezados por mujeres,
pasando de un 21.7% a un 25.1%.
La comparacin entre el rea rural y urbana en ambos censos evidencia que es en esta
ltima donde haba un mayor porcentaje de hogares con jefatura femenina. Las tasas de
crecimiento intercensal sealan que los hogares con mujeres como jefas presentan tasas de
crecimiento mayores que aquellas de los hogares con jefatura masculina: 3.2 y 4.6 respecti-
vamente. (Ver Cuadro 4).
CUADRO 4
JEFE(A)S DE HOGAR POR SEXO
SEGN REA DE RESIDENCIA (%)
REA DE
RESIDENCIA
1988 2001 TASA CRECIMIENTO
NTER CENSAL
88-2001
H M Total H M Total H M Total
Urbano 72.7 27.3 100.0 69.6 30.4 100.0 4.5 5.6 4.8
Rural 82.2 17.8 100.0 80.7 19.3 100.0 3.7 2.5 3.3
Total 78.3 21.7 100.0 74.9 25.1 100.0 3.2 4.6 3.5
Fuente: CDM. Mujeres en Cifras 2004.
La misma fuente seala que, segn el censo poblacional de 2001, los hogares biparentales
son ms comunes en el rea rural (74%, versus 66.5%). En cambio, los hogares monoparentales
presentan un porcentaje mayor en el rea urbana (33.5% contra un 26.0%). Asimismo, en los
hogares monoparentales es ms comn que las familias sean extendidas; vale decir, que la
familia nuclear conviva con otros parientes.
Datos recientes, contenidos en la EPHPM de mayo 2007 sobre la jefatura de hogar, ree-
jan que un 71.7% de hogares tienen por jefe a un hombre y que el 28.29% de hogares estn
dirigidos por mujeres. En el rea urbana, los hogares a cargo de hombres constituyen un 67%,
mientras que en el rea rural este porcentaje es mayor (76.43%). La jefatura femenina en los
hogares urbanos llega al 33%, presentando un porcentaje menor en el rea rural (23.56%).
NDICES DE DESARROLLO
El Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras 2006 revela que el ndice de Desarrollo
Humano del pas en 2005 fue de 0,667, lo que lo ubica como un pas de desarrollo medio,
3
28 Centro de Derechos de Mujeres (CDM), op.cit.
26
inferior al promedio de Amrica Latina (0.797), y con posiciones ms bajas que el resto de
los pases de Centroamrica en cuanto a educacin, esperanza de vida al nacer e ingreso per
cpita. En el 2007, el ndice de Desarrollo Humano (IDH) de Honduras fue calculado en 0,7
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo/PNUD 2007/08).
En cuanto al ndice de Desarrollo Relativo al Gnero (IDG), disminuy en 2001 y 2002,
pasando de 0.675 en 2001 a 0.662 en 2002, lo que reeja un desarrollo desigual entre
hombres y mujeres.
MIGRACIN
La migracin es una variable poblacional importante, determinada por varios factores, siendo
el principal la bsqueda de mejores condiciones de vida.
Las cifras del Censo Poblacional 2001 sealan que la migracin interna era de 17.2% y
que, de esa poblacin, ocho personas eran hombres y nueve, mujeres. Los departamentos del
pas con mayor tendencia a expulsar poblacin fueron los ms pobres, mostrando los prime-
ros lugares Choluteca y Santa Brbara; a su vez, los que ms recibieron fueron los de mayor
desarrollo, como Corts y Francisco Morazn, con 106,000 personas y 51,000 personas de
5 aos y ms, respectivamente.
De los /as inmigrantes que recibi el departamento de Corts, el 28% fueron mujeres,
mientras que entre la poblacin que migr a Francisco Morazn, representaron el 37%.
Respecto a la emigracin internacional, el mismo censo muestra que despus del Huracn
Mitch (1998), el 3.34% de los hogares hondureos tena alguna persona que haba emigrado
a otro pas. En 2001, 16,322 personas salieron del pas, siendo mujeres el 38% de ellas.
La poblacin que dej el pas proceda ms de hogares urbanos que de rurales (57.3%
contra 42.7%); y provenan en su mayora de los departamentos de Corts, Francisco Morazn,
Yoro, Olancho, Atlntida y Comayagua. En todos, a excepcin de Olancho, los /as emigrantes
haban salido, en gran parte, de hogares urbanos
4
29
.
En el 2006, el INE desarroll una encuesta (mdulo especial) sobre migracin y remesas
que dio como resultado que el 4.2% de la poblacin (308,617) viva hace cinco aos en un
departamento distinto al de su nacimiento. De este total, el 45.6% eran hombres (140,624)
y el 54.4%, mujeres (167,992); proviniendo en un 58.4% del rea urbana y en un 41.6%, del
rea rural. Por otro lado, el 45.7% de la migracin interna es poblacin joven, entre los 15 y
29 aos.
De acuerdo al nivel educativo, el mayor porcentaje de quienes migran tiene algn grado
cursado en el nivel de primaria; siguindole en importancia el porcentaje de quienes poseen
algn nivel de secundaria. En ltimo lugar estn los /as de nivel superior, dato que est rela-
cionado con los mayores ingresos que puede obtener la poblacin con ese nivel educativo
(ver Cuadro 5).
4
29 Centro de Derechos de Mujeres (CDM), op.cit.
27
CUADRO 5
PROPORCIN DE POBLACIN QUE VIVA HACE 5 AOS EN OTRO
DEPARTAMENTO DEL PAS, POR REA DE RESIDENCIA,
NIVEL EDUCATIVO, EDAD Y SEXO
CATEGORA INMIGRANTES RECIENTES%
REA DE RESIDENCIA
Urbano 58.4
Rural 41.6
NIVEL EDUCATIVO
Sin nivel 14.2
Primaria 55.8
Secundaria 23.2
Superior 6.5
No sabe, no responde 0.3
RANGO DE EDAD
Menor de 10 aos 17.6
De 10 a 11 aos 2.5
De 12 a 14 aos 7.5
De 15 a 18 aos 15.2
De 19 a 24 aos 18.4
De 25 a 29 aos 12.1
De 30 a 35 aos 8.8
De 36 a 44 aos 7.7
De 45 a 59 aos 6.7
De 60 aos y ms 3.4
SEXO
Hombre 45.6
Mujer 54.4
Fuente: Mdulo de Migracin y remesas, XXXIII Encuesta Permanente de Hogares de Propsi-
tos Mltiples, septiembre 2006.
En relacin a la migracin externa, los datos de la encuesta (2006) sealan que 179,051
hogares tenan emigrantes, representando el 11.3% del total nacional. Del total de hogares, el
53% vive en el rea urbana y el 47%, en la zona rural. Por orden de importancia, los departa-
mentos con ms emigrantes son Corts, con el 22.6%; Francisco Morazn, con 16.2%; Yoro,
con 11%; y Olancho, con 9,7%.
Al comparar la informacin de esta encuesta con los datos del Censo 2001, es apreciable la
misma tendencia, en dos aspectos: el porcentaje relativamente mayor de las mujeres en la migra-
cin interna y la mayor emigracin de poblacin desde el rea urbana que desde el rea rural.
28
La misma encuesta muestra que la poblacin emigrante ascenda a 246,620 personas
y que el 91.4% iba hacia los Estados Unidos. La razn por la que emigran obedeca, en un
90.9%, a la bsqueda de trabajo. Por otro lado, 67.9% de la poblacin emigrante era joven,
entre los 15 y 29 aos; el 70.4% eran hombres y el 29.6%, mujeres.
Otros lugares hacia donde emigra la poblacin son Mxico, diversos pases de Centroam-
rica y Espaa. Es de destacar que las mujeres representan un mayor porcentaje de la poblacin
emigrante slo en el caso de Espaa, aunque sta es ligeramente superior en la categora de
otros pases (ver Cuadro 6).
CUADRO 6
PORCENTAJE DE POBLACIN EMIGRANTE POR SEXO (2006)
PAS/REGIN MUJERES HOMBRES TOTALES
Estados Unidos 27.6 72.4 100
Mxico 43.2 56.8 100
Espaa 64.0 36.0 100
Centroamrica 44.1 55.9 100
Otros pases 50.5 49.5 100
Fuente: Instituto Nacional de la Mujer. Datos del Mdulo de Migracin y remesas, XXXIII
EPHPM, septiembre 2006.
Dentro del presente estudio fueron realizadas entrevistas a mujeres rurales. Sobre este
tema todas indicaron que tenan algn familiar cercano fuera del pas. En la zona norte, llama
la atencin que todas las mujeres, exceptuando las que pertenecan a la etnia garfuna, no
eran originarias de ese departamento, siendo sus lugares de nacimiento las zonas rurales de
los departamentos de Santa Brbara, Copn, Lempira y Ocotepeque, expulsores de poblacin
debido a los niveles de pobreza.
Hasta ahora, no ha sido estudiado el impacto de la migracin en la vida de las familias,
tanto en los que emigran como los que se quedan; pero es sabido que afecta a las mujeres de
manera particular: son ellas las que se hacen cargo de la crianza de hijos e hijas y, en muchos
casos, tambin del sostenimiento de la familia, porque no siempre los hombres o los familiares
que emigran envan remesas o bien estas son insucientes.
Las entrevistas realizadas permitieron constatar que todas las mujeres con familiares cer-
canos viviendo en los Estados Unidos realizaban actividades productivas y de negocios para
sostener a su familia. Es de resaltar que las abuelas se quedan con los hijos/as de sus hijas, lo
que representa una carga de trabajo que incide en su salud, debido al desgaste que esta tarea
signica.
Por otro lado, en muchos casos en que el dinero enviado es suciente para las necesida-
des bsicas, esta situacin produce efectos negativos en los jvenes, porque desincentiva el
29
inters por obtener un trabajo que les permita sostenerse econmicamente por sus propios
medios.
La emigracin es fundamental, en tanto constituye una fuente importante de divisas para el
pas. Segn la EPHPM 2006, el porcentaje de hogares rurales que reciben remesas constituye
el 44.4% y, en el rea urbana, sube al 55.6%. La misma encuesta muestra que las remesas se
dirigen fundamentalmente al consumo, principalmente en alimentacin.
Una fuente para conocer la problemtica de la emigracin en el pas es el Centro de
Atencin al Migrante de la Cancillera de la Repblica. La informacin de esta dependencia
correspondiente al ao 2007 evidencia que, de un total de 29,348 deportados, el 89% son
hombres y el 11%, mujeres (ver Cuadro 7)
5
30
.
CUADRO 7
POBLACIN DEPORTADA POR SEXO
ENERODICIEMBRE 2007
SEXO CANTIDAD PORCENTAJE%
Masculino 26,007 89
Femenino 3,341 11
Total 29,348 100%
Fuente: Documento de programa de apoyo a poblacin deportada. Secretara Tcnica de
Cooperacin (Setco).
En la informacin que recoge la Cancillera sobre la poblacin deportada es apreciable que
el mayor porcentaje es originario de los departamentos ms desarrollados del pas Francisco
Morazn y Corts lo que coincide con la encuesta realizada por el INE en 2006. No se registra
si la poblacin proviene del rea rural o de la urbana, pero s que se trata mayoritariamente
(68%) de una poblacin que ha cursado la primaria; ya que apenas un 8% no tiene ningn
tipo de educacin.
5
30 Informacin proporcionada por la Secretara Tcnica de Cooperacin (Setco).
30
3
CAPTULO III
C A R A C T E R S T I C A S
S O C I O - C U L T U R A L E S
Y T N I C A S
A
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y
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C
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a
Pocos son los estudios e investigaciones realizadas a la fecha para conocer ampliamente
la situacin de las poblaciones tnicas y raciales de nuestro pas. Los datos e informacin
estadstica existentes no siempre coinciden; adems de ser insucientes, los datos no estn
desagregados por sexo, por lo que no es posible identicar y analizar por razones de gnero
las diferencias en las condiciones de vida de hombres y mujeres.
De aqu que desarrollemos este tema, bsicamente, a partir de la informacin contenida
en la investigacin Perl de los pueblos indgenas y negros de Honduras (Secretara de Go-
bernacin y Justicia, Ruta/Banco Mundial, 2002) abordando aquella informacin comn a
todas las etnias y pueblos, tomando en cuenta que las condiciones de exclusin y de pobreza
en que vive la mayora de estas poblaciones son similares.
Datos del ltimo censo (2001) estimaban que los pueblos indgenas y afro hondureos
representaban el 7.2% de la poblacin del pas
1
31
y estn ubicados de la siguiente manera:
1. La Lenca: al sudoeste de Honduras en los departamentos de Lempira, Intibuc, La Paz,
Ocotepeque, Copn, Comayagua y Francisco Morazn.
2. Tolupan o jicaques: en el departamento de Yoro y Francisco Morazn.
3. Maya chorts: en una pequea porcin de los departamentos de Ocotepeque y Copn.
4. Tawahkas, pech o payas y misquitos: en la costa del Caribe y dispersos tierra adentro
a travs de los ros y lagunas de la plataforma costera.
5. Garfunas: dispersos a lo largo de toda la costa norte.
6. Otros afro americanos comparten territorios con los garfunas, pero estn concentrados
en las Islas de la Baha.
En las ltimas dcadas estas poblaciones se han organizado en diversas federaciones,
reconocidas como entidades legales por la Secretara de Gobernacin y Justicia:
Ln 2001 |os |onous os:u|un roproson:uoos por ouu:ro oooruo|onos. |u Orqun|zuo|n
Nacional Indgena Lenca de Honduras (ONILH), el Consejo Popular Indgena de Hon-
duras (CopinH), el Movimiento Indgena Lenca de Honduras (MILH) y la Federacin
Indgena Lenca (Fondil).
Los :o|upunos os:u|un uqrupuoos on |u loooruo|n oo 1r||us X|ououos oo Yoro (lo:r|x,),
que representa a 30 tribus de la Montaa de la Flor y Yoro.
Los o|or:| os:un orqun|zuoos on o| Consoo Nuo|onu| lno|qonu C|or:| oo onourus
(ConichH).
Los :uvu||us, por |u loooruo|n lno|qonu 1uvu||u oo onourus (l|:).
Los poo| os:un uq|u:|nuoos on |u loooruo|n oo 1r||us loo| oo onourus (lo:r|p).
Los n|s||:os os:un roproson:uoos por |u Mos||:|u /s|u 1uvun|u l.L.C. (Mus:u), o|v|o|ou
en siete subfederaciones.
Los qur|unus |un ornuoo |u Orqun|zuo|n lru:ornu| Noqru oo onourus (Oruno).
Y |os noqros oo |u||u |nq|osu oo |us ls|us oo |u 8u||u so |un orqun|zuoo on |u /soo|uo|n
de Profesionales y Trabajadores Nativos Isleos (Nabipla).
1
31 Perl de los Pueblos Indgenas y Negros de Honduras. 2001
33
El cuadro siguiente expresa la informacin contenida en el Censo de 2001 y la proyec-
cin para 2006 derivada de aquel censo, as como las federaciones que agrupan a estas
poblaciones.
CUADRO 8
POBLACIN DE HONDURAS POR GRUPOS TNICOS
GRUPO
TNICO
CENSO DE
POBLACIN DE
2001
PROYECCIN
DEMOGRFICA
PARA 2006
PORCENTAJE
APROXIMADO
DEL TOTAL DE LA
POBLACIN
NOMBRE DE LAS
FEDERACIONES
Lencas 279,507 313,047 63.2 OnilH, CopinH,
MilH, FondilH
Tolupanes 9,617 10,771 2.2 Fetrixy
Pech 3,848 4,309 0.8 FetripH
Chorts 34,453 38,587 8.5 ConimcH
Garfunas 46,448 52,021 10.4 OfraneH
Ingleses
criollos
12,370 13,854 2.8 Nabipla
Miskitos 51,607 57,799 11.5 Masta
(7 subfederaciones)
Tawahkas 2,463 2,758 0.6 FitH
Total 440,313 493,146 100.0
Fuente: Perl de los Pueblos Indgenas y Negros de Honduras. 2001.
Por su parte, el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 brinda la siguiente informacin
sobre los pueblos indgenas:
CUADRO 9
ALGUNOS INDICADORES DE LA SITUACIN
SOCIOECONMICA DE LA POBLACIN INDGENA
VARIABLES POBLACIN
INDGENA
POBLACIN NO
INDGENA
Analfabetismo 22.85% 17.46%
Ingreso neto mensual promedio Lps. 1,781.90 Lps. 2,057.90
Acceso a agua por tubera 26.8% 19.2%
Viviendas de adobe, madera y
bahareque
76.43% 48.74%
Fuente: PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2006.
34
Los indicadores que muestra el Cuadro 9 indican que la poblacin indgena presenta
condiciones de vida ms precarias y, por tanto, mayores niveles de pobreza que el resto
del pas.
Estudiosos de los pueblos indgenas y negros arman que stos han permanecido
histricamente en un estado social y poltico de invisibilidad, debido a los diversos estereo-
tipos sociales construidos para identicar a estas poblaciones, dentro de una tendencia a
reconocerlos como inferiores, en virtud de que no manejaban cdigos semejantes a los de
la sociedad mestiza.
Dicha poblacin mestiza procur ignorar a la poblacin indgena y negra, considerndola
como los otros, para en algunos casos apropiarse ilegalmente de sus territorios ancestrales
y de los recursos que haba en ellos. En otros casos, la intencin fue evitar su inclusin en las
relaciones de poder y, por lo tanto, su inuencia en la denicin de las polticas pblicas y en
la administracin de los gobiernos en los mbitos central o local.
Esta situacin est cambiando de modo gradual, dando paso a condiciones de oportunidad
para que estas poblaciones sean consideradas como partes diferentes de una sociedad que,
recientemente, est reconociendo su composicin multitnica y pluricultural, tanto en sus
orgenes como en su tejido social.
EDUCACIN BILINGE
Desde principios de la dcada de 1990 han sido desarrolladas acciones orientadas a que los
aprendizajes en las comunidades indgenas y negras sean realizados desde una visin inter-
cultural y bilinge, sobre todo en lo referido a los niveles preescolar y primario.
Los miskitos, primero, y los garfunas despus son los pueblos que han logrado las mejores
experiencias en esta lnea en que la Secretara de Educacin se ha involucrado con fuerza.
Sin embargo, el compromiso del Estado en el cumplimiento de lo estipulado en el Convenio
169 referido al establecimiento de la educacin multicultural bilinge es todava un reto
y hasta la fecha las acciones no satisfacen las demandas de las etnias ni tienen un impacto
positivo en la igualdad
2
32
.
ORGANIZACIN SOCIAL
En forma particular, cada pueblo tnico tiene su propia forma de organizacin muchos de
ellos bajo la forma de los Consejos Indgenas que sirven, en la mayora de los casos, como
espacio social donde se dirimen asuntos polticos, religiosos, econmicos y familiares. En
realidad son redes de poder que articulan los saberes indgenas y negros, las experiencias
y las acciones.
Los mayores son respetados en muchos casos, valorndose sus conocimientos, por lo que
ejercen funciones de lderes, dirigentes y consejeros espirituales. Las mujeres participan esca-
samente en cargos directivos y este comportamiento no diere mucho del patrn observado
en la poblacin no tnica.
2
32 Sosa, Ana Mara. Investigacin sobre: Plan de Reforma Educativa del Nivel Bsico: Reconocimiento a la diversi-
dad cultural y equidad de gnero. Inam, 2003.
35
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
En general, existe coincidencia sobre las relaciones que los pueblos indgenas y negros desa-
rrollan con su entorno natural.
En los territorios histricos en los que han estado asentados los pech, tawahkas, miskitos,
garfunas y tolupanes, las condiciones ambientales en combinacin con el conocimiento
tradicional, el uso colectivo de los recursos y la toma de decisiones consensuadas garantizan
la sostenibilidad de los recursos naturales y la posibilidad de crear alternativas econmicas
diferentes, sin que ellas contribuyan a destruir los suelos, agotar las fuentes de agua o extinguir
las especies animales de esos territorios.
SALUD
El estado de salud de la poblacin indgena y negra est relacionado con su situacin marginada,
a la falta de acceso a servicios bsicos y a su limitada participacin social.
Entre los problemas y enfermedades de salud relevantes en esta poblacin estn
3
33
:
- La mayor prevalencia de la enfermedad de chagas, en tolupanes de la regin central,
lencas de la regin suroeste y chorts de la regin noroccidental.
- El aumento signicativo de la infeccin por VIH/Sida en los garfunas de la costa norte
y la alta prevalencia de accidentes por inmersin no protegida entre los miskitos de
Gracias a Dios.
ACTIVIDAD ECONMICA
Lo que se cultiva, produce y consume vara en cada pueblo tnico. Es probable que el
mercado no demande todo lo que producen, incluyendo en algunos casos creaciones
artesanales o artsticas; igualmente, sus estrategias de produccin y consumo son suma-
mente diversas.
La mayor parte de las etnias produce maz para el consumo domstico y como semilla
para los prximos cultivos, siendo los excedentes absorbidos por el mercado. Junto al maz,
cultivan frijoles cuyas races contribuyen a jar nitrgeno en el suelo. Adems, siembran ayo-
tes
4
34
, asociados con el maz y los frijoles. La poblacin tnica, en general, tambin cra gallinas,
cerdos y ganado vacuno, en menor escala. El cuidado de las especies menores est a cargo
de mujeres, nios y nias.
Especcamente, la poblacin tawahka cultiva yuca, pltano, arroz, cacao y otros tubrcu-
los, y se dedica a la pesca y a la caza; las mujeres realizan diversas labores artesanales como
el trabajo del tuno
5
35
; por su parte, la poblacin garfuna encuentra en el cultivo de la yuca las
3
33 OPS. Estrategia de Cooperacin Tcnica OPS/OMS Honduras 2006 2010.
4
34 El ayote o pipin es una planta herbcea reptante anual, de la familia de las cucurbitceas, oriunda del sur de
Mxico. Se la cultiva en Amrica para su consumo, aprovechndose sus ores, brotes tiernos, frutos y sobre
todo las semillas, que molidas y tostadas se emplean en numerosas salsas, moles y otras preparaciones.
5
35 El tuno (paulseina armata) es un rbol que posee una capa brosa situada entre la corteza y la madera, con la
que las mujeres tawahka y miskitas realizan diferentes artesanas tales como bolsas, carteras, tarjetas, cuadros,
cortinas, fundas para celulares y hasta ropa, las que comercializan localmente y exportan incluso a mercados
europeos.
36
bases de su dieta alimenticia: con su harina, las mujeres preparan casabe (tortilla de yuca);
igualmente fundamentales para esta cultura son el coco y las musceas
6
36
.
Como uno de los ejes en que descansa la economa de las comunidades garfunas son
las remesas en dlares que los/as inmigrantes envan a sus familiares de las diferentes aldeas
situadas en la Costa Norte, la pesca artesanal y la venta de servicios (comidas, transporte y
hospedajes) en algunas aldeas de atraccin turstica resultan actividades econmicas impor-
tantes.
La pesca es realizada fundamentalmente por los hombres, mientras que las mujeres se
dedican a la venta de casabe y de otros derivados del coco, como pan y dulces. Hombres y
mujeres elaboran artesanas de coco y de otros productos del mar, como el carey.
En el caso de la poblacin lenca, adems de maz y frijoles, cultivan diversas hortalizas
y papa, fundamental en su dieta alimenticia y para la obtencin de ingresos. Las mujeres
lencas participan en todas las etapas del cultivo de la papa, as como en la cosecha del caf
otra produccin importante tanto para esta etnia como para la poblacin chort en la que
participa toda la familia.
La explotacin del bosque es otra actividad econmica importante para las etnias; pero, los
recursos con que cuentan son insucientes para realizar de manera adecuada esta tarea.
PROBLEMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA
La inseguridad jurdica en cuanto a la tenencia de la tierra en la poblacin tnica ha sido un
problema importante, y que ha ocasionado la prdida de su territorio. Sin embargo, a raz del
Convenio 169 han tenido un respaldo para luchar por ellos, ya que dicho convenio establece
que las tierras indgenas son comunales e inalienables, aunque la explotacin tenga carcter
individual.
En vista que la propiedad es comunal, podra decirse que las mujeres de las etnias tienen
iguales derechos que los varones, y esto supondra igualdad de oportunidades en la toma de
decisiones sobre la tierra en el seno del hogar y en la comunidad. No obstante, los rganos
de decisin de las etnias estn integrados mayoritariamente por varones.
El Estado, a partir de la raticacin del Convenio 169, y por medio del Instituto Nacional
Agrario, ha apoyado la titulacin de tierras; pero existe la idea de que el recuperar las tierras
ya ocupadas por los mestizos no ha sido una tarea sucientemente respaldada.
Para el pueblo tolupn, el mayor conicto se presenta por el uso y explotacin de las ma-
deras de los bosques. El estudio Perl de los pueblos indgenas y negros de Honduras, ya
mencionado, arma que dueos de aserraderos mestizos han logrado por la va de regalas y
ofertas aliarse con algunos individuos y familias tolupanes consiguiendo su autorizacin para
explotar comercialmente la madera de los bosques. Este proceso ha conducido a rivalidades
interfamiliares, debilitado la cohesin interna del pueblo tolupn y derivado, incluso, en el
asesinato de varios dirigentes, cuya investigacin an est inconclusa.
6
36 Hierbas angiospermas monocotiledneas perennes, algunas gigantescas, con tallo aparente formado por los
pecolos envainadores de las hojas cadas, ya elevado a manera de tronco, ya corto o casi nulo. Da por frutos
bayas o drupas con semillas amilceas o carnosas; p. ej. el banano y el abac.
37
DIVISIN DEL TRABAJO DENTRO DE LAS FAMILIAS
Al igual que el resto de poblacin femenina en el pas, las mujeres de las etnias asumen de forma
casi exclusiva el cuidado de nios y nias, as como las tareas domsticas dentro del hogar.
Su papel en la economa del hogar es relevante y destacan las mujeres de la etnia lenca
que, portando a sus pequeos hijos e hijas en la espalda para poder cuidarlos mientras trabajan,
participan a la par de los hombres en todas las etapas del cultivo de la papa.
En la etnia tawahka, toda la familia interviene en el cultivo de la parcela, pero cuando existe
una demanda mayor de fuerza de trabajo se recurre a otras unidades familiares por medio del
sistema conocido como biri-biri o de ayuda mutua, prctica ancestral que tambin existe
entre la poblacin miskita.
38
4
CAPTULO IV
E D U C A C I N Y
M U J E R R U R A L
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g
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La educacin es un determinante para el desarrollo de un pas, y est relacionada con el nivel
de ingresos y el bienestar de la poblacin.
En general, en Honduras el gasto social del gobierno central ha aumentado a partir de 1999.
El Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano 2006 plantea que luego de permanecer por
muchos aos alrededor del 7% con respecto al PIB, el gasto social del gobierno central, que
incluye recursos destinados a educacin, salud y otros gastos sociales, comenz a aumentar
en 1999, hasta superar el 11% en 2003 y 2004. El gasto en educacin es el que ms ha
aumentado. De un 3.7% del PIB, en 1991, pas a un mnimo de 3.1% en 1997, para luego
crecer hasta un 6.7% del PIB en 2003 y 2004.
Segn los mismos informes sobre Desarrollo Humano en los ltimos aos el Indice Nacional
de Educacin pas de 0.666, en 1998, a 0.685 en 2003
1
37
.
Producto de este mayor incremento en el gasto destinado a educacin, el acceso a ella
es uno de los aspectos que ha evolucionado satisfactoriamente en los ltimos aos; aunque
hay que sealar que el pas contina siendo uno de los ms rezagados en materia educativa
en Amrica Latina.
Ejemplos de la mejora de los indicadores educativos en la ltima dcada son, por ejemplo,
los siguientes: los aos de escolaridad de la poblacin mayor de 23 aos se incrementaron
de 3.9 en 1990 a 5.1 en 2004. Se observ un avance similar en el acceso a servicios edu-
cativos. La tasa neta de matrcula en primaria pas del 75 al 89% en el mismo perodo y
tanto en 1990 como en 2004 las tasas netas de asistencia en primaria de las nias fueron
marginalmente superiores a las de los nios
2
38
.
Un aspecto fundamental en la calidad de la educacin es la transversalidad de la equidad
de gnero en los planes de estudio y textos escolares. Al respecto, la igualdad por razones de
gnero no se reeja en todo el proceso educativo hondureo y las acciones realizadas son
marginales y desarticuladas quedando a criterio del personal docente
3
39
.
NIVELES DE ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD
La tasa global de analfabetismo ha ido bajando: si en 1974 era de 41.6 para las mujeres
y de 39.3 para los hombres, estos valores disminuyeron aceleradamente hasta el 2001
(17.9 y 18.8, respectivamente), mostrando un decrecimiento ms acelerado en el caso de
las mujeres
4
40
.
Sin embargo, en 2007 estos valores no presentan mayores cambios respecto al 2001,
observndose tasas globales iguales para hombres y mujeres (17.5), como muestra el
Grco 1.
1
37 Inam. 2005. Diagnstico de Gnero de pas. 2006-2010.
2
38 De Jong, Niek; Bedi, Arjun y otros. 2006. Presupuesto Orientado a Resultados para la Educacin: Los Casos de
Bolivia, Honduras y Nicaragua. informe temtico 2005. Evaluacin de las estrategias de reduccin de pobreza
en Amrica Latina 2005. Sida.
3
39 Sosa, Ana Mara. Investigacin sobre Plan de Reforma Educativa del Nivel Bsico: Reconocimiento a la diversi-
dad cultural y equidad de gnero. Inam, 2003.
4
40 Centro de Derechos de Mujeres. Mujeres en cifras, 2004.
41
GRFICO 1
ANALFABETISMO POR SEXTO
1974, 1988, 2001, 2007
Fuente: INE: Censos 1988, 2001 y XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos
Mltiples, mayo 2007.
CUADRO 10
TASA DE ANALFABETISMO Y AOS PROMEDIO DE ESCOLARIDAD
POR SEXO, SEGN DOMINIO
CATEGORAS TOTAL HOMBRES MUJER
TASA DE
ANALF.
AEP TASA DE
ANALF.
AEP TASA DE
ANALF.
AEP*
Total 17.5 7 17.5 6.9 17.5 7.1
Urbano 8.9 8.4 7.8 8.4 9.8 8.4
Rural 25.9 5.4 26.2 5.2 25.7 5.6
Quintil del Hogar
Quintil 1 33.5 4.8 34.0 4.6 33.1 4.9
Quintil 2 24.5 5.4 25.0 5.3 24.1 5.6
Quintil 3 14.7 6.5 14.0 6.4 15.3 6.6
Quintil 4 9.8 7.5 9.0 7.3 10.4 7.7
Quintil 5 4.6 10.0 4.1 10.0 5.1 10.1
No Declaran
Ingresos
7.0 10.9 7.2 10.9 6.8 10.9
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE). XXXIV Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos
Mltiples, mayo 2007.
*AEP: aos de estudio promedio
42
Por su parte, el Cuadro 10 muestra diferencias por rea de residencia. El rea rural presenta
tasas de analfabetismo mucho mayores que el rea urbana (25.9 y 8.9, respectivamente),
situacin que rearma el desigual desarrollo de las zonas rurales. La misma brecha existe
en relacin a los aos promedio de estudio aunque, en este caso, las diferencias no son tan
elevadas: 8.4 aos, en el rea rural, y 5.4 aos en el rea urbana.
En relacin al mismo indicador, las mujeres presentan tasas de analfabetismo inferiores
a los hombres en el rea rural, pero superiores en el rea urbana. La brecha desfavorable
para las mujeres en dicha rea es de dos puntos porcentuales. Tambin resulta evidente que
a mayores ingresos existen ms posibilidades de acceso a la educacin, ya que en directa
proporcin con los ingresos aumentan los aos de escolaridad promedio y bajan las tasas
de analfabetismo.
Un dato que habla de la importancia del mejoramiento en la escolaridad de las mujeres
es el impacto positivo directo que tiene en la mortalidad infantil. Segn la Encuesta Nacional
de Epidemiologa y Salud Familiar (Enesf) 2001, la mortalidad infantil disminuye a medida
que aumentan los aos de escolaridad de la madre. La mortalidad infantil de nios /as de
madres sin educacin formal es 57.5% mayor que la de nios /as cuyas madres tienen entre
1 y 3 aos de educacin y 250% mayor que la de nios /as cuyas madres tienen 7 o ms
aos de educacin
5
41
.
TASA DE COBERTURA DEL SISTEMA ESCOLAR
En 2007, la tasa de cobertura del sistema educativo para la poblacin femenina rural muestra
la mayor participacin de las mujeres en casi todos los tramos de edad, a excepcin del que
comprende a nios /as entre los 5 y 6 aos. El rea rural presenta menores porcentajes de
cobertura para ambos sexos y las desigualdades en estas dos reas son ms elevadas a partir
de los 13 aos, lo que indica que la poblacin tiene un menor acceso a la educacin media y,
por tanto, menos posibilidades de superar la pobreza (ver Cuadro 11).
ASISTENCIA A LOS CENTROS ESCOLARES
Al analizar la asistencia a los centros de enseanza (Cuadro 12), es apreciable que a mayor
edad esta asistencia disminuye, lo que puede deberse a la menor disponibilidad de centros
de educacin media; pero adems, puede estar relacionado con la necesidad de los y las
jvenes de incorporarse a un trabajo remunerado, dicultando su asistencia a estos centros.
Es en el rea rural donde este fenmeno ocurre en mayor proporcin, impidiendo que los /as
jvenes puedan completar una preparacin educativa que les permitira romper el crculo de
la pobreza.
Datos del INE para el 2001 sobre el nivel de instruccin reejan que es en el nivel superior
donde existe una brecha negativa para las mujeres, que representan el 3.8% mientras los
hombres implican el 4.1% de la poblacin con ese nivel de instruccin.
5
41 Godoy, Rolando. Informe de la evaluacin de base sobre la situacin de la mujer en el rea rural. SAG Prona-
ders. Tegucigalpa M..D.C., 2002.
43
CUADRO11
POBLACIN DE 5 A 18 AOS POR TASA DE COBERTURA,
SEGN DOMINIO Y SEXO (2007)
CATEGORAS
TASA DE COBERTURA
TOTAL
5 - 6
AOS
7 - 12
AOS
13 - 15
AOS
16 - 18
AOS
Total 59.1 40.0 88.8 39.2 25.9
Hombre 57.8 40.3 88.0 36.5 23.1
Urbano 64.7 44.5 88.8 56.2 37.5
Rural 53.3 37.5 87.5 23.5 11.8
Mujer 60.3 39.8 89.6 41.9 28.6
Urbano 66.3 43.3 89.7 62.3 41.5
Rural 56.1 37.3 89.6 27.0 16.3
Fuente: INE EPPM 2007.
CUADRO 12
POBLACIN DE 5 A 18 AOS QUE ASISTE A ALGN CENTRO DE
ENSEANZA, SEGN DOMINIO Y SEXO
CATEGORAS
ASISTENCIA
TOTAL
5 - 6
AOS
7 - 12
AOS
13 - 15
AOS
16 - 18
AOS
Total 1,671,333 146,026 1,138,751 238,076 148,480
Urbano 753,173 64,221 435,826 147,625 105,501
Rural 918,159 81,804 702,925 90,451 42,979
Hombre 831,783 74,796 578,616 111,679 66,692
Urbano 368,592 32,665 220,287 68,106 47,534
Rural 463,191 42,131 358,329 43,573 19,158
Mujer 839,549 71,229 560,135 126,397 81,788
Urbano 384,581 31,556 215,539 79,519 57,967
Rural 454,968 39,673 344,596 46,879 23,821
Fuente: INE, XXXIV EPHPM, mayo 2007.
44
TASA DE REPITENCIA
La tasa de repitencia es un indicador de la calidad de la educacin. En el pas, a pesar de los
esfuerzos realizados en el 2007, esta tasa es del 10.6 a nivel global. En el rea rural los valo-
res son del 12.4% y en el rea urbana del 7.7%. Los hombres presentan tasas de repitencia
mayores que las mujeres tanto en el rea urbana como en la rural. En el rea rural, la diferencia
porcentual a favor de las mujeres es de 5.7 puntos porcentuales como muestran el cuadro y
grco siguientes.
CUADRO 13
TASAS DE REPITENCIA POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO
REA DE
RESIDENCIA
HOMBRE MUJER
ASISTE REPITE TR ASISTE REPITE TR
Total 658,255 84,725 12.9 637,205 52,633 8.3
Urbano 250,589 22,588 9.0 242,679 15,248 6.3
Rural 407,666 62,137 15.2 394,526 37,384 9.5
Fuente: INE EPPM 2007.
GRFICO 2
TASAS DE REPITENCIA POR REA DE RESIDENCIA Y SEXO
Fuente: XXXIV EPHPM, mayo 2007.
Un informe que analiza los resultados de los presupuestos orientados a la educacin en
Honduras indica que, en 1997 y 2002, el gobierno aplic pruebas cognitivas cuyos resultados
mostraron la baja calidad de la educacin. Slo un 10% de los /as estudiantes de tercer grado
mostraron competencia
6
42
en lenguaje, 16% en matemticas, y 15% en ciencias. En sexto
grado, estos porcentajes fueron de 10, 8 y 17%, respectivamente. Los nios y nias del rea
rural y los /as matriculados en escuelas pblicas tuvieron en el 2002 un desempeo inferior
a los de las reas urbanas y a aquellos las escuelas privadas
7
43
.
6
42 Competencia signica que, al menos, el 60% de las preguntas fueron respondidas correctamente.
7
43 De Jong, Niek; Bedi, Arjun y otros. 2006, op.cit.
45
ACCESO A LA CAPACITACIN
En relacin a la capacitacin para la formacin profesional, el Instituto Nacional de Formacin
Profesional (Infop) es el ente gubernamental encargado de brindar capacitacin a personas
en todo el pas. Este instituto no lleva el registro de sus capacitaciones por rea de residencia,
por tanto no es posible conocer qu proporcin de esta poblacin beneciada vive en el rea
rural.
CUADRO 14
TEMAS IMPARTIDOS POR EL INFOP POR SEXO DEL PARTICIPANTE
TEMAS IMPARTIDOS H% M%
Agricultura 67 33
Pesca 99 1
Acuicultura 70 30
Agroindustria 23 77
Forestal 61 39
Ganadera 67 33
Artesana* 17 83
Corte y confeccin* 6 94
Construccin civil* 91 9
Electrotecnia* 94 6
Metal mecnica* 88 12
Mecnica automotriz* 98 2
Minera 70 30
Pieles y cueros 70 30
Procesamiento electrnico de datos 44 56
Peluquera y belleza* 0 100
Artes grcas 56 44
Ciencias sociales y humanas (trabajador social) 58 42
Salud (salud y seguridad ocupacional)* 12 88
Industria maquilera 56 44
Econmico administrativo 44 56
Hotelera y turismo 35 65
Fuente: Infop (2007).
*Se resaltan las capacitaciones donde existen mayores diferencias en participacin por sexo.
El Infop tiene centros de capacitacin en varios municipios del pas, pero tambin trabaja
movilizando a sus capacitadores /as a las zonas rurales donde soliciten sus servicios. Desde
1973 al 2007 ha capacitado a un total de 1,560,159 personas de las cuales el 57% fueron
hombres y el 43%, mujeres. El Cuadro 14 mostr los temas en los que ambos han sido ca-
pacitados/as.
Resalta la participacin de mujeres en los temas de corte y confeccin, peluquera y belleza
y agroindustria, que incluye la capacitacin para el procesamiento y envasado de alimentos.
Los hombres, en cambio, han participado en mayor proporcin en temas de agricultura,
46
pesca, construccin y, mecnica. Esta composicin de la participacin por temas reeja que
hombres y mujeres se capacitan fundamentalmente en aquellos relacionados con los roles
tradicionales. Para las mujeres signica percibir menores ingresos, en tanto estas actividades
son consideradas socialmente de menor calicacin.
Los centros de capacitacin y de educacin formal no incentivan a la poblacin para
que se produzcan cambios en las preferencias de estudio tanto de los varones como de las
mujeres.
Estudios sobre el mercado de trabajo en Honduras han corroborado lo anterior, al armar
que los sistemas formales y no formales de educacin tienen frecuentemente sesgos por
gnero que inuyen en que los nios y las nias no se orienten a reas diferentes. En las zonas
pobres, los estereotipos de gnero se reproducen con ms intensidad. Desde muy temprano
las nias y mujeres jvenes son socializadas y tienden a dirigirse a ocios tradicionales, que
bsicamente representan una extensin de las tareas domsticas (costura, elaboracin de
alimentos, nutricin) y el papel reproductivo de las mujeres. Estos ocios y ocupaciones tienen
niveles ms bajos de ingreso y menos perspectivas de desarrollo profesional. (Fernndez
Pacheco, Janina 2003).
Estos patrones culturales tambin se refuerzan en la empresa privada por medio de la no
contratacin de mano de obra calicada de mujeres para el desarrollo de actividades socialmen-
te asignadas a los hombres y, por tanto, mejor remuneradas. La asignacin de roles a mujeres
y hombres no representara desventajas para las mujeres si los mismos fueran socialmente
considerados de igual valor que los asignados socialmente a los hombres.
Una experiencia diferente la aporta el Proyecto de Desarrollo Rural del Sur de Lempira
desarrollado por la FAO que, durante su fase preparatoria (1992-1994) y posteriormente en
su primera fase (1995-1998), promovi la capacitacin y formacin de mujeres en actividades
diferentes a su rol tradicional.
Las veintids mujeres participantes fueron capacitadas en la elaboracin de silos y fueron
formadas dos asociaciones para la elaboracin de silos donde las mujeres representaron el
43% de los /as asociados /as. Asimismo el proyecto impuls una adecuacin curricular en
cuatro colegios de la zona para crear la carrera de bachillerato en ciencias agropecuarias y en
ciencias forestales, en donde la participacin de las mujeres ha ido en aumento, representando
hoy el 57% de esa poblacin estudiantil.
47
5
CAPTULO V
S A L U D Y
S A N E A M I E N T O
B S I C O
A
l
e
y
d
a

R
a
m

r
e
z
,

N
i

a

d
e

L
a

A
t
l

n
t
i
d
a
Las condiciones de vida de las mujeres rurales dicultan el ejercicio y goce de su derecho a
una salud integral satisfactoria. Pobreza, volumen de trabajo y trabajo precario, falta de vivienda
digna y saneamiento, decientes vas de transportacin, falta de acceso a un sistema de salud
pblica eciente son algunas de las causas de este problema.
POLTICAS PBLICAS DE SALUD
La denicin de polticas pblicas ecaces para mejorar la atencin a la salud de la poblacin
en general, y de las mujeres rurales en particular, requiere de un sistema de informacin y
estadsticas conables. En este sentido, en los ltimos aos la Secretara de Salud Pblica ha
mejorado su sistema; pero todava hay informacin no desagregada por sexo, especialmente
en el caso de enfermedades o situaciones que afectan a hombres y mujeres. Otra falencia es
el subregistro que caracteriza algunos problemas del rea relacionados con la salud sexual y
reproductiva de las mujeres. Tampoco hay informacin suciente sobre el rea rural.
Pese a que en los ltimos perodos el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
Repblica da una relevante importancia a las asignaciones a salud y educacin, todava estos
recursos son insucientes. Dentro del gasto social, la asignacin presupuestaria para salud es la
segunda en importancia, despus de educacin: en 2004 represent el 3.1% del PIB. El 7% de
los recursos de la Secretara de Salud est destinado a los servicios de salud materno-infantil,
para cubrir las atenciones prenatales, de parto y puerperio, as como para las prestaciones de
salud del recin nacido durante su primer ao de vida
1
44
.
Desafortunadamente no hay informacin desagregada por dominio ni por sexo, cuando
del Presupuesto se trata, por lo que no es posible establecer cunto destina el gobierno central
para atender la salud de las mujeres, ya sea que habiten en el rea rural o en la urbana.
No obstante lo anterior, el acceso a un sistema de salud pblica eciente en el rea
rural sigue siendo una deuda pendiente con esta poblacin, lo que no signica que sea un
problema resuelto en la zona urbana, que, en todo caso, presenta una ligera mejora. Por lo
mismo, la morbilidad de la poblacin rural supera a la urbana en siete puntos porcentuales
(40 y 33%, respectivamente, segn datos de la Encuesta Nacional de Demografa y Salud,
Endesa, 2005-2006).
El Informe sobre Desarrollo Humano de 2006 seala que Honduras tiene graves pro-
blemas en la cobertura en materia de servicios de salud y que es uno de los pases de
Amrica Latina con el promedio ms alto de habitantes por mdico: 3,865 habitantes por
mdico (2001).
En el marco de la descentralizacin del Estado han sido elaborados proyectos municipales,
generalmente ejecutados por medio de las mancomunidades
2
45
, tendientes a dar respuesta
a la atencin bsica en salud para la poblacin de mayor vulnerabilidad, como la niez y las
mujeres embarazadas.
En cuanto a la salud de las mujeres, la Poltica Nacional de la Mujer en su Primer Plan de
1
44 Cladem-H. Diagnstico de los DESC de las mujeres con nfasis en el derecho a la vivienda, op.cit.
2
45 Las mancomunidades son estructuras organizativas de los gobiernos locales que agrupan varios municipios
que tienen intereses comunes con el objetivo de atenderlos de manera conjunta.
51
Igualdad de Oportunidades para la Mujer 2002-2007 establece, entre otras, acciones para
mejorar la salud de la poblacin en el rea rural, ampliar la cobertura geogrca y mejorar la
calidad de estos servicios en las zonas ms postergadas del pas. Tambin plantea desarrollar
programas de salud integral para afro-hondureas e indgenas, respetando y promoviendo su
entorno cultural y las formas de participacin comunitaria. Como una de las preocupaciones
del Estado ha sido la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dicho Primer Plan de Igualdad
de Oportunidades disea una estrategia orientada a promover este aspecto especco.
Este primer plan 2002-2007 ya fue evaluado; pero todava no han sido publicados los
resultados de este estudio.
Por otra parte, en 1995 Honduras fue uno de los cinco pases de la regin que informaron
haber cumplido la meta del 15% de resultados establecida para ese ao por el Plan de Accin
Regional para la Reduccin de la Mortalidad Materna en las Amricas, lanzado por la OPS en
1990. Esta iniciativa tuvo por objetivo reducir en un 50% las tasas de mortalidad materna, al
2000, mediante el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva.
La Secretara de Salud Pblica elabor un Manual de Atencin a la Salud Integral de la
Mujer en 1997, para ser aplicado en todos los Centros de Salud y atencin hospitalaria; pero su
observancia no fue supervisada. Esto implic desconocimiento, como demuestran testimonios
obtenidos en entrevistas realizadas a personal de Salud del Departamento de Atencin Integral
de la Mujer de centros ubicados fuera de la capital, en el marco de proyectos de salud ejecutados
por ONG que trabajan por los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
En 2002 este Departamento de Atencin Integral de la Mujer, cuya existencia denotaba
prioridad de la atencin de este problema para las mximas autoridades de salud, pas a ser
una unidad del Departamento de Atencin Integral a la Familia. En los hechos, esto signic
la prdida de su carcter de integralidad en la atencin a la salud reproductiva de las mujeres,
para centrar sus esfuerzos en la atencin del parto institucional. Este cambio de enfoque de-
bilit la prctica de las parteras, quienes en aos anteriores haban recibido capacitacin por
parte de la Secretara de Salud para fortalecer su trabajo en las zonas rurales: hoy su trabajo
se reduce a acompaar a la parturienta hasta el centro de atencin hospitalario ms cercano,
en lugar de atender el parto en su hogar.
Informacin sobre la aliacin de la poblacin a seguros de salud, en el periodo 2005-
2006, detalla que el 96.4% de la poblacin rural total no est cubierta. En el rea urbana la
poblacin en esas condiciones es menor, pero igualmente alto, ascendiendo a 79%.
EMBARAZO EN ADOLESCENTES
La Secretara de Salud ejecuta un Programa de Atencin para Adolescentes que cuenta con
24 centros en todo el pas; de ellos, slo diez cuenta con personal especco. De esta forma,
la atencin a adolescentes se reduce a brindar cuidados prenatales.
Honduras tiene la tasa de embarazos adolescentes ms alta de Centro Amrica
3
46
situa-
cin que tiene mayor incidencia en el rea rural que en el rea urbana (21.3 versus 13.8)
4
47
. A
3
46 Centro de Derechos de Mujeres Tiempo de Leer. Edicion N
o
8.
4
47 INE, Encuesta de Demografa y Salud (Endesa) Honduras, 2005-2006.
52
diferencia del rea rural, generalmente las adolescentes embarazadas de la zona urbana no
han iniciado una vida en comn, teniendo entonces embarazos no deseados, acompaados
del abandono por parte de la pareja. Este fenmeno es el llamado madresoterismo.
Los embarazos en adolescentes son, en su mayora, resultado de la falta de educacin
sexual y del inicio de relaciones sexuales a temprana edad. Esto lleva a que, de cada ocho
mujeres que murieron en el pas por causa materna en 2006, una fuese adolescente
5
48
. Al
respecto, importa sealar que el derecho de la pareja a planicar la familia es poco divulgado
como tal, lo que no impide que los /as usuarios /as de los servicios de salud pblica tengan
acceso a informacin y, en algunos casos, a mtodos de planicacin.
MORTALIDAD Y DESNUTRICIN INFANTIL
Durante el periodo 2000-2006, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) a nivel nacional
6
49
fue de
25 por cada 1000 nacidos vivos. Desglosado por rea, la TMI urbana fue de 24 mientras que
la rural indica que de cada mil nios y nias nacidos vivos, 33 murieron en el primer ao de
vida. Desagregado por sexo, la TMI de las nias es de 26 y la de los nios, de 32.
La OPS reere que si bien la mortalidad promedio nacional en los nios menores de
5 aos ha mostrado un franco descenso en las dos ltimas dcadas del siglo XX, este
comportamiento no ha sido homogneo siendo ms signicativo en la poblacin con nivel
socioeconmico alto. Los municipios pobres tienen cifras de mortalidad infantil similares a
las cifras nacionales de 1975, y estn altamente relacionadas con la baja educacin de la
madre y el escaso acceso a agua y saneamiento en las viviendas.
La notable disminucin y mantenimiento de niveles bajos de las enfermedades inmu-
noprevenibles en la infancia, asociada a altas coberturas de las vacunas del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones, contrasta con la persistencia de los problemas perinatales y las
enfermedades infecciosas intestinales y respiratorias como causas importantes de enfermar
y morir en estos nios. Ello constituye un serio desafo para que Honduras logre la Meta del
Milenio respectiva
7
50
.
La Poltica Nacional de Salud Materno Infantil tiene como uno de sus objetivos reducir la
morbilidad y mortalidad en dicha poblacin. Con este mismo objetivo, en 2005 la Secretara
de Salud aprob las Normas Nacionales de Atencin Materna y Neonatal, que promueven
estandarizar criterios de prestacin de servicios en la atencin durante embarazo, parto y post
parto; en situaciones de emergencias obsttricas y complicaciones maternas; y para los/as
recin nacido/as.
DESNUTRICIN INFANTIL
Directamente relacionada con la pobreza y nivel de desarrollo de un pas, la desnutricin
infantil sigue siendo un problema en Honduras. Segn la OPS, el pas no ha logrado disminuir
la prevalencia de desnutricin infantil a un ritmo acorde con el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo del Milenio de erradicar el hambre. La organizacin internacional seala que factores
5
48 Cladem-H: Diagnstico de DESC de las Mujeres, op. cit.
6
49 INE, Endesa, Honduras, 2005-2006.
7
50 OPS. Estrategia de Cooperacin Tcnica, op.cit.
53
agravantes de la situacin son las prcticas inadecuadas de alimentacin al lactante y nio/a
pequeo/a y el descenso en la disponibilidad y acceso a los alimentos.
Los departamentos con ndice de Desarrollo Humano (IDH) ms bajo presentan mayores
grados de desnutricin global (Lempira 25.8; Ocotepeque 22.8). La meta nmero dos del
Segundo Informe de Pas sobre los ODM: Una Responsabilidad Compartida 2007 (Gobierno
de Honduras y el Sistema de las Naciones Unidas) de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el
porcentaje de personas que padecen hambre, revela que la desnutricin ha bajado un 8.8%
e indica que sera necesario una reduccin ulterior de 1.9% para alcanzar esta meta
8
51
.
MORTALIDAD MATERNA
La Encuesta Nacional de Demografa y Salud Honduras de 1997 mostraba una Tasa de
Mortalidad Materna (TMM) de 108 por 100,000 nacidos vivos. A partir de 2003 ha habido
un seguimiento ms estructurado de esta situacin, mediante el registro de casos que rea-
lizan los servicios de salud. Y estos informan que en 2004 hubo 164 muertes relacionadas
con embarazo; en 2005, 143; y, en 2006, 110. Esta informacin reeja una tendencia
de decrecimiento de la TMM, aunque todava no llega a la cifra ocial de 108 por cada
100,000 nacidos vivos. La disparidad en las informaciones estadsticas, en todo caso, es
un problema recurrente.
Por otra parte, se informa que el 12% de las muertes maternas registradas en 2006 ocurri
en menores de 18 aos y que la causa de muerte por hemorragia participa en el total de los
decesos con un 57%, seguida de los trastornos hipertensivos, con un 23% y las infecciones,
con un 10%. Un 11% se debe a otras causas. Y la mayora de las causas de la mortalidad
materna puede ser prevenible.
El 90% de las mujeres considera que tiene, al menos, un problema para acceder a los
servicios de salud; ocho de cada diez mujeres cree que la causa ms importante de muerte
es la no disponibilidad de medicamentos; siete de cada diez piensa que est relacionada con
la inexistencia de quien atienda; y, en tercer lugar, seis de cada diez estima que la causa de
fallecimiento est directamente relacionada con la falta de dinero para el tratamiento.
La situacin de las mujeres en el rea rural es an ms difcil, tomando en cuenta las
distancias entre su lugar de residencia y los centros de salud pblica, a los cuales acuden
caminando, a veces durante ms de una hora.
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
Datos de Endesa 2005-2006, expuestos en el Cuadro 15, aportan informacin sobre las
limitaciones de las mujeres para acceder a los servicios de salud.
Existe un porcentaje de mujeres que ve como problema el conseguir permiso para acudir a
su tratamiento mdico tanto en el rea urbana (15%) como en la rural (23%). Podra pensarse
que hace algunos aos, estos porcentajes eran mucho ms altos y, en ese sentido, habra algn
avance de las mujeres en cuanto a su derecho a la igualdad y a la libertad.
51 FAO Honduras, Informe de evaluacin, op.cit.
54
CUADRO 15
OTRAS LIMITACIONES DE LAS MUJERES PARA ACCEDER A
SERVICIOS DE SALUD POR REA DE RESIDENCIA
REA DE
RESIDENCIA
OBTENER PERMISO
PARA IR AL
TRATAMIENTO
DIFICULTADES PARA
CONSEGUIR DINERO
DISTANCIA DE LOS
SERVICIOS
Urbana 15.4 49.1 30.7
Rural 22.8 68.9 65.0
Fuente: ENDESA 2005-2006.
Una mirada a informacin de la misma fuente sobre la actitud de las mujeres hacia la
posibilidad de rechazar las relaciones sexuales con la pareja, ayuda a relacionar la situacin
de las mujeres segn su rea de residencia:
CUADRO16
ACTITUD DE LAS MUJERES HACIA RECHAZAR RELACIONES
SEXUALES CON LA PAREJA
REA DE
RESIDENCIA
PORCENTAJE DE MUJERES QUE CREE QUE SE JUSTIFICA
QUE LA MUJER SE NIEGUE A TENER RELACIONES SI ELLA:
PORCENTAJE
QUE EST DE
ACUERDO
CON TODAS
LAS CUATRO
RAZONES
PORCENTAJE
QUE NO EST DE
ACUERDO CON
NINGUNA RAZN
...sabe que l
tiene una ITS
...sabe que l
tiene relacio-
nes con otra
mujer
...ha tenido
recientemen-
te un parto
...est
cansada/no
est de buen
humor
Urbana 95.3 94.8 95.6 89.2 84.7 1.8
Rural 92.0 91.0 92.8 88.1 81.8 3.5
Fuente: ENDESA, 2005-2006.
Las diferencias porcentuales en ambas reas de residencia son mnimas y reejan un alto
nivel de autoestima y autonoma sobre su cuerpo, en el discurso; pero no es posible conocer
si estas formas de pensar se traducen en hechos concretos en la relacin de pareja.
En cuanto a la atencin por aborto, ste ha sido y sigue siendo la segunda causa de egreso
hospitalario a nivel nacional
9
52
; pero no est considerado como un problema de salud pblica,
sino como un delito. Razones de moral religiosa llevan a que las mujeres que toman la difcil
decisin de interrumpir un embarazo, en el caso de ser pobres, expongan su vida al practicrselo
en condiciones inapropiadas. El Centro de Derechos de Mujeres en una encuesta de opinin
52 Secretara de Salud. Boletn de Informacin Estadstica de Atencin Hospitalaria. Honduras, 2001
55
realizada a ginecoobstetras
10
53
arroj los siguientes resultados: el 80% se manifest a favor de
la interrupcin de un embarazo, mediante indicacin mdica, cuando est en peligro la vida
de la mujer embarazada o el feto presenta graves daos; el 79% manifest estar de acuerdo
con algunas formas de despenalizacin del aborto cuando la mujer as lo desee, incluyendo
adems de las causas ya mencionadas, el embarazo producto de una violacin, VIH/Sida y la
edad de la mujer, entre otras.
Por su parte, el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin contra la Mujer, en su 39
periodo de sesiones examin los informes peridicos cuarto, quinto y sexto combinados de
Honduras (Cedaw/C/HON/6) y aprob las siguientes observaciones nales:
() El Comit insta al Estado Parte a garantizar que sus polticas y decisiones p-
blicas estn de conformidad con su Constitucin, que establece el carcter laico del
Estado. El Comit recomienda que el Estado Parte examine la posibilidad de reformar
la normativa sobre el aborto con miras a determinar en qu circunstancias se puede
autorizar, por ejemplo, el aborto teraputico y el aborto en casos de embarazo resul-
tante de violacin o incesto, y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres
que recurren al procedimiento, en consonancia con la recomendacin general 24
del Comit, relativa a la mujer y la salud, y la Declaracin y Plataforma de Accin de
Beijing.
El Comit exhorta tambin al Estado Parte a poner a disposicin de las mujeres
servicios de calidad para atender las complicaciones derivadas de los abortos peli-
grosos y a reducir la tasa de mortalidad materna. El Comit recomienda que el Estado
Parte incorpore una perspectiva de gnero en sus programas y polticas relativos al
VIH/SIDA.
ENFERMEDADES DE TRANSMISIN SEXUAL
Otro grave problema de salud que enfrenta la poblacin hondurea son las enfermedades de
transmisin sexual, entre ellas el VIH/Sida. Segn Onusida, citado en el Informe sobre Desa-
rrollo Humano Honduras 2006, en octubre 2004 haba en el pas 21,196 personas viviendo
con SIDA y para la misma fecha se estimaba que haba ms de 66,000 portadoras del VIH,
incluyendo 5.000 nuevos casos del ao 2003. Se estima que la tasa de prevalencia de esta
enfermedad era de 1.8% en 2003 y de 2.0%, en 2004.
Informaciones del Departamento de ITS/VIH/Sida de la Secretara de Salud indican que
Honduras es el segundo pas de Centro Amrica con ms alta prevalencia del VIH/Sida. La razn
hombre-mujer, desde el ao 2000 a la fecha, es de 1:1; pero en los casos de VIH solamente, la
relacin es O.6:1, con sobre representacin femenina. La epidemia afecta fundamentalmente
a personas de 10 a 39 aos que han sido contagiadas por transmisin heterosexual, en el
85% de los casos noticados. (Diagnstico de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales,
DESC, de las Mujeres).
53 Centro de Derechos de Mujeres. Encuesta de Opinin sobre el Aborto dirigida a gineco-obstetras. Honduras,
2004.
56
Hay estudios que arman que esta pandemia es urbana y no rural. En el 2000, aproxi-
madamente un 48% de los casos de Sida est registrado en dos centros urbanos: San Pedro
Sula y Tegucigalpa
11
54
. La epidemia est concentrada all as como en las dems ciudades
principales del departamento de Corts y la costa norte del pas, con fuerte incidencia en las
comunidades garfunas.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR RAZONES DE GNERO
Desde la raticacin de la Convencin para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, tambin denominada Convencin Belm do Par; y de la emisin de la Ley contra la
Violencia Domstica, en 1997, la violencia contra la mujer por razones de gnero est conside-
rada como un problema de salud pblica y una actitud de censura social ha venido sustituyendo
paulatinamente a la tolerancia que caracterizaba este agelo contra las mujeres.
Lo anterior no signica que se haya reducido, sino que las mujeres estn rompiendo el
silencio. Segn el Inam, de acuerdo a datos sobre el tema emanados de la Corte Suprema
de Justicia en 2007 de un total de 10,417 casos ingresados, solamente 1,604 han sido
evacuados en audiencias.
Las estadsticas estn centradas en la violencia domstica, en lugar de denotar con igual
fuerza la violencia contra las mujeres en el espacio pblico e institucional en sus diferentes
manifestaciones: violacin, acoso sexual, prostitucin forzada, trata de personas, entre otras,
tal y como lo establece la Convencin de Belem do Par.
Existe un subregistro de la violencia contra la mujer por razones de gnero. No obstan-
te, la Encuesta Nacional de Epidemiologa y Salud Familiar (ENESF) 2001 encontr que
el 15.8% de las mujeres entrevistadas haban recibido maltrato fsico alguna vez en su
vida desde que cumplieron 15 aos de edad. El porcentaje es ligeramente mayor para las
mujeres que residen en reas urbanas comparadas con las del rea rural (17.5% y 14.1%,
respectivamente).
El 40% de las mujeres que reportaron algn tipo de violencia buscaron ayuda, con mayor
frecuencia en sus familias o amigas y muy pocas con instituciones que atienden esta proble-
mtica. En el caso de las mujeres del rea rural, estas buscan menos ayuda que las del rea
urbana (33.1% y 40.4%)1255.
VIVIENDA Y SANEAMIENTO BSICO
Los seres humanos tienen derecho a una vivienda digna porque el acceso a la vivienda y las
condiciones de la misma son aspectos fundamentales que inciden grandemente en la calidad
de vida de las personas. En el caso de las mujeres, la falta de vivienda propia las ubica en una
posicin de mayor vulnerabilidad.
Tanto en las zonas urbana como rural hondureas existe un alto dcit habitacional, y los
elevados costos de la tierra y de la construccin hacen cada vez ms difcil para las personas
de escasos recursos obtener una vivienda.
54 Usaid. El VIH y el Sida en Honduras y la intervencin de Usaid.
55 Godoy, Rolando, op.cit.
57
Factores socioculturales de gnero favorecieron histricamente el hecho de que los hombres
hayan tenido mayor acceso a la vivienda: tienen mayores posibilidades de ser sujeto de crdito
en proyectos de vivienda, debido a que perciben mayores ingresos incluso desempeando
igual trabajo que las mujeres; inscriben la vivienda solamente a su nombre en el Registro de
la Propiedad Inmueble y Mercantil; el hombre conserva exclusivamente la propiedad sobre la
vivienda en caso de divorcio, debido a que no existe la cultura de hacer capitulaciones al con-
traer matrimonio, aunque el Cdigo de Familia establece como rgimen econmico supletorio
el de bienes separados en el matrimonio.
Tomando en cuenta lo anterior, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer re-
conoci formalmente los derechos de propiedad de las mujeres sobre los bienes inmuebles
(vivienda y tierra) adquiridos durante la vida en comn, independientemente de la forma de
constitucin de la familia, los que deben ser repartidos a partes iguales al romperse o disolverse
el vnculo. Pese a ello, las autoridades correspondientes no hacen los mejores esfuerzos por
dar cumplimiento a esta normativa.
No obstante, y pese a que la brecha favorable a los hombres permanece, la proporcin
de mujeres que accede a una tenencia segura de la vivienda ha ido aumentando con los
aos.
En la categora de viviendas totalmente pagadas, los datos del INE de la EPHPM del 2004
muestran que el 75% corresponde a hombres jefes de hogar y el 25% a mujeres jefas de
hogar. En las viviendas cedidas en pago, los jefes de hogar representan el 77% y las mujeres,
el 23%; mientras que en la categora de vivienda alquilada, los hombres alcanzan el 72% y
las, mujeres el 28%.
Durante 2007, el gobierno inici el Programa de Vivienda y Crditos solidarios (Provicsol)
cuyo objetivo es proveer de vivienda digna a familias pobres y que cuenta con una suma inicial
de 1,570 millones de lempiras (aproximadamente $82,632 millones) para satisfacer una
demanda de 200,000 viviendas a nivel nacional. Entre los requisitos para acceder a vivienda
gracias a l estn tener ingresos familiares mensuales de tres salarios mnimos (6,900 lempi-
ras); que la zona est completamente urbanizada y que el adjudicatario/a tenga un ahorro del
10% del valor de la vivienda. Esas condiciones excluyen a los ms pobres que en su mayora
viven en la zona rural
13
56
.
CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS
En cuanto a los materiales de construccin de las viviendas, la misma fuente no reporta
diferencias signicativas entre las viviendas que albergan hogares con jefatura masculina
de aquellos que tienen jefatura femenina: la mayora presentan paredes de ladrillo, piedra o
bloque y, en segundo lugar, paredes de adobe; techos de lminas de zinc y, en segundo lugar,
techos de tejas; en cuanto a los pisos, en mayor proporcin son de plancha de cemento.
El hacinamiento es otro problema que incide directamente en la calidad de vida de la
poblacin. El hacinamiento en el hogar afecta el derecho a las personas a la privacidad, au-
menta la probabilidad de transmisin de algunas enfermedades infecciosas y de la comisin
13
56 Cladem. 2007. Diagnstico de derechos econmicos, sociales y culturales de las mujeres, op.cit.
58
de delitos sexuales, especialmente a los menores
14
57
. Para el INE existe hacinamiento en una
vivienda cuando hay ms de tres personas por pieza.
La EHPM 2007 reeja que, del total de hogares que presentan hacinamiento, el 60% est
ubicado en el rea rural y el 40% en la zona urbana.
Aunque este problema ha ido disminuyendo en los ltimos aos en todo el pas, la reduccin
es ms signicativa en el rea rural, que ha pasado de un 15% a un 13.4% de hogares con
hacinamiento del total de hogares de esa rea, en el perodo 2004 al 2007, como muestra
el siguiente grco:
GRFICO 3
PORCENTAJE DE HOGARES CON
HACINAMIENTO POR REA DE RESIDENCIA
2004, 2006 Y 2007
Fuente: INE, EPHPM 2007.
Mientras en hogares con hacinamiento de la zona urbana conviven 5.7 personas por hogar,
con 1.1 piezas para dormir y con 4.8 personas por habitacin; en el rea rural la situacin es
ms grave: conviven 7.3 personas por hogar, con una sola pieza para dormir y 5 personas por
habitacin. (EPHPM 2007)
De acuerdo al sexo del jefe de hogar, la misma fuente reeja que, del total de hogares
encabezados por mujeres, el 9.1% vive en hacinamiento; y que del total de hogares con
jefatura masculina, el 12.2% est en esa situacin. Este menor hacinamiento en hogares
con jefa mujer podra estar inuido por la mayor orientacin de sus ingresos al bienestar
de la familia.
El nivel de ingresos tambin guarda relacin con esta condicin de hacinamiento: los
hogares en hacinamiento que estn en el quintil 1 y 2 de ingresos suman el 64.3% del total
de hogares en esta situacin, mientras los hogares en el quintil 5, solamente representan el
1.6%.
14
57 Ibid.
59
ACCESO A LOS SERVICIOS PBLICOS
AGUA
El acceso al agua en la vivienda es clave para las mujeres. Numerosos estudios han dado
cuenta de las horas que ellas, sobre todo las rurales, gastan en el acarreo del agua, actividad
en la que participan tambin las nias y nios.
Aunque en algunos casos est comprobado que, especialmente a las mujeres que estn
ms restringidas para salir de sus casas por razones de gnero, la bsqueda de agua, ya sea
en el ro o en algn pozo o llave comunitaria, les permite tener un espacio para compartir y
conversar con otras, el tiempo y esfuerzo que invierten en esta actividad afecta a su salud al
disminuir sus horas de descanso, a la vez que reduce el tiempo dedicado a sus actividades
de generacin de ingresos.
En el pas, la mayor parte de los hogares tiene acceso al agua por medio del servicio
privado
15
58
(51.9%), realizado en su mayora gracias a la organizacin de juntas de agua a nivel
comunitario, donde las mujeres tienen un liderazgo importante, aunque no guran en los r-
ganos de toma de decisin. En segundo lugar, acceden al agua por medio del servicio pblico
(30.8%). Estas son las dos fuentes principales y, en un porcentaje bastante menor, les sigue en
importancia el acceso directo al ro, riachuelo o manantial (6.4%). El resto de formas de acceso
son pozo malacate
16
59
, pozo bomba, llave comunitaria y carro cisterna (EPHPM 2007) .
CUADRO 17
VIVIENDAS CON ACCESO AL AGUA POR SISTEMA QUE LO PROPORCIONA,
REA DE RESIDENCIA Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR
CATEGORAS
TOTAL
SERVICIO
PBLICO
SERVICIO
PRIVADO
RO, RIACHUELO,
MANANTIAL
NO % NO % NO % NO %
Total 1,595,107 100 491,766 30.8 827,708 51.9 102,710 6.4
Dominio
Urbano 782,997 49.1 451,245 91.8 282,967 34.2 2,510 2.4
Rural 812,110 50.9 40,521 8.2 544,741 65.8 100,200 97.6
Sexo Jefe/a
Hombre 1,142,789 71.6 325,579 66.2 601,386 72.7 83,082 80.9
Mujer 452,318 28.4 166,187 33.8 226,322 27.3 19,627 19.1
Fuente: INE. EPHPM 2007.
58 Servicio privado: empresas privadas que brindan esta prestacin, as como las juntas de agua y patronatos que
lo administran.
59 Pozo comn en los poblados consistente en una abertura considerable, una plataforma de concreto y una
manivela que hace presin por medio de un tubo que tiene agua encerrada.
60
En la zona rural solamente el 8.2% de los hogares tiene acceso al servicio pblico, versus un
91.8% de los hogares urbanos. En cuanto al acceso privado, el sector rural muestra un mayor
porcentaje que el urbano (65.8% y 34.2% respectivamente), a la vez que presenta el mayor
porcentaje en el acceso al servicio por medio del ro, riachuelo o manantial: 97.6%.
De acuerdo al sexo del jefe de hogar, las jefas de hogar con acceso al servicio pblico
suponen el 33.8%, y los hombres el 66.2%; en el privado, representan el 27.3% y en el acceso
por medio de ro son el 19.1% (ver Cuadro 17).
La calidad y el precio son caractersticas del servicio de agua que pueden favorecer o
perjudicar el bienestar de la poblacin. En el rea rural hay comunidades que han denunciado
y denuncian la contaminacin de ros debido a la presencia de agroqumicos, as como de
explotaciones mineras a cielo abierto.
SANEAMIENTO BSICO
El 12.3% de los hogares hondureos no tiene acceso a ningn tipo de sistema de saneamiento
bsico. De ese porcentaje, el 89.3% est en el rea rural; el 78.9% corresponde a hogares
dirigidos por hombres y el 21.1% a hogares con jefatura femenina (EPHPM 2007).
El sistema de saneamiento por alcantarillado es ms accesible para el rea urbana que para
la rural, donde apenas el 7.1% de los hogares tiene acceso a este tipo de servicio. De acuerdo
a la jefatura de hogar, el 32.9% de hogares con jefatura femenina utilizan este sistema, contra
un 67.1% de los encabezados por hombres.
La cobertura del servicio pblico de recoleccin de desechos es baja ya que, a nivel na-
cional, solamente el 32.8% de la poblacin tiene acceso a este servicio. Y solamente el 2.4%
de la poblacin considerada en la categora de pobres extremos tiene acceso a l. Debido
a esto, el 39.6% quema la basura, prctica que acarrea serias consecuencias para el medio
ambiente
17
60
.
ELECTRICIDAD
Otro servicio fundamental en los hogares es la electricidad. El acceso a ella ha ido mejorando
en el pas: en 1996, slo el 53.4%
18
61
de la poblacin contaba con este servicio pblico y en
el 2007 este porcentaje haba subido al 72.2%.
No obstante, son apreciables grandes brechas entre el rea rural y la urbana. El Cuadro 18
muestra el escaso acceso al servicio pblico de electricidad que tienen los hogares del rea
rural donde solamente el 33.9% cuenta con esta prestacin, mientras que en el rea urbana
este porcentaje es del 66.1. Los datos muestran tambin que, de los hogares con acceso al
servicio pblico, el 31.6% son jefeados por mujeres y el 68.4%, por hombres.
60 Cladem. 2007, op. cit.
61 Godoy, Rolando, op.cit.
61
CUADRO 18
VIVIENDAS CON ACCESO A SERVICIOS DE ELECTRICIDAD POR
REA DE RESIDENCIA Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR
CATEGORAS
TOTAL
SERVICIO
PBLICO
SERVICIO
PRIVADO
COLECTIVO
PLANTA
PROPIA
ENERGA
SOLAR
VELA
CANDIL O
LMPARA
DE GAS
OCOTE OTRO
NO % % /1 %/1 % 1/ % 1/ % 1/ % 1/ % 1/ % 1/
Total 2/ 1,595,107 100 72.2 0.4 0.3 0.7 6.0 14.6 5.5 0.3
rea de residencia
Urbano 782,997 49.1 66.1 35.4 - 0.7 9.6 3.2 1.6 23.9
Rural 812,110 50.9 33.9 64.6 100.0 99.3 90.4 96.8 98.4 76.1
Sexo Jefe
Hombre 1,142,789 71.6 68.4 74.2 76.5 74.3 77.7 81.2 80.9 74.2
Mujer 452,318 28.4 31.6 25.8 23.5 25.7 22.3 18.8 19.1 25.8
Fuente: INE. EPHPM 2007
1/ porcentaje por columna
2/ porcentaje por la
CUADRO 19
PROPORCIN DE HOGARES SEGN EQUIPAMIENTO POR REA DE RESIDENCIA
Y SEXO DEL JEFE DE HOGAR
CLASIFICACIN
JEFE HOMBRE JEFE MUJER
TOTAL% RURAL% URBANO% TOTAL% RURAL% URBANO%
Refrigeradora 39.1 18.2 64.3 50.9 28.6 66.7
Estufa de 4
hornillas
25.6 9.7 44.8 33.2 16.2 45.4
Televisor 54.1 29.8 83.3 65.1 38.0 84.4
Televisin por
cable
29.1 9.6 52.5 35.2 15.0 49.6
Radio 79.9 78.9 81.1 78.1 76.5 79.3
Telfono jo 15.7 2.1 32.1 21.8 2.8 35.3
Celular 14.3 5.2 25.3 16.1 6.5 22.9
Carro 16.7 7.2 28.0 10.0 5.3 13.3
Computadora 5.4 0.3 11.5 5.4 0.9 8.5
Aire
Acondicionado
2.5 0.2 5.4 2.2 0.0 3.8
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE) Modulo de Acceso y Control de los Recursos Sociales y
Productivos (Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples, mayo del 2004
62
EQUIPOS ELECTRODOMSTICOS
El acceso a equipos electrodomsticos caracteriza la calidad de vida en los hogares y es un
factor que fue analizado en un estudio especial del INE.
El Cuadro 19 detalla el acceso a equipos de los hogares segn el sexo de su jefatura. Tanto
en los hogares con jefatura femenina como masculina el equipo que tiene un mayor porcentaje
es la radio, seguida del televisor y, en tercer lugar, del refrigerador. Sin embargo, hay diferencias
en los porcentajes, observndose que salvo la radio, los otros dos tienen porcentajes mayores
en los hogares con jefatura femenina (50.9% vs 39.1% en el caso del refrigerador; y 65.1%
vs 54.1%, si se trata del televisor).
En el rea rural los hogares con ambas jefaturas presentan porcentajes ms bajos de acceso
a estos equipos, lo que reeja la mayor pobreza en esta rea, amn de la falta de electricidad.
Tambin sigue el mismo patrn nacional, donde el equipo ms comn es la radio, seguido del
televisor y el refrigerador, en tercer lugar.
EQUIPOS ELECTRODOMSTICOS Y SERVICIOS PARA ALIVIAR LA CARGA DE
TRABAJO DOMSTICO
Un aspecto fundamental y relacionado directamente con el mejoramiento de las condiciones
de vida de las mujeres es el acceso a equipos electrodomsticos y servicios para aliviar la
carga de trabajo domstico.
El mdulo del INE (2004) sobre acceso y control de los recursos sociales y productivos
aborda este acceso. Dentro de su clasicacin llama la atencin que, adems del servicio
de lavandera, aparece la existencia de empleada domstica como otro servicio para aliviar
ese trabajo: si bien es correcto, evidencia patrones culturales tradicionales que ubican a las
mujeres como las responsables del trabajo domstico. Por otra parte, no analiza el acceso a
las guarderas infantiles, que deberan ser un servicio importante para las familias y que son
responsabilidad del Estado y de las empresas privadas, de acuerdo al Cdigo del Trabajo
vigente en el pas.
El Cuadro 20 muestra el acceso que tienen los hogares a estos equipos y servicios, de
acuerdo al rea de residencia. De forma general, los hogares urbanos tienen porcentajes de
acceso mayores que los rurales; sin embargo, slo en el caso de los aparatos domsticos este
porcentaje es signicativamente mayor.
Las condiciones en que las mujeres del rea rural realizan sus actividades domsticas
quedan claras en el hecho que el 85.8% de los hogares de esa rea utilizan lea para
elaborar sus alimentos. Situacin que evidencia la falta de acceso a los benecios del
desarrollo y las condiciones de mayor vulnerabilidad para su salud en la que viven estas
mujeres, en vista que est comprobado que el humo de la lea provoca enfermedades
respiratorias.
Existen en el rea rural programas de mejoramiento de viviendas como inclusin de
fogones o estufas mejoradas; almacenamiento de granos y otros alimentos; y tratamiento de
aguas grises y aguas negras, por separado. Estos programas, sobre todo cuando se realizan
de manera integral y con la participacin/decisin de las familias, son altamente sensibles
a una perspectiva de gnero, pues contribuyen a la salud de las mujeres.
63
CUADRO 20
SERVICIO CON QUE CUENTAN LOS HOGARES PARA EL ALIVIO
DEL TRABAJO DOMSTICO
NACIONAL RURAL URBANO
N % N % N %
Total 1,305,907 % 670,744 % 635,163 %
Servicio de lavandera
Si tiene 59,866 5.7 7,437 1 52,429 8
No tiene 1,242,576 94.3 662,486 99 580,090 92
Empleada domestica
Si tiene 47,686 3.6 5,658 0.8 42,028 7
No tiene 1,254,954 96.4 664,859 99.2 590,095 93
Aparatos Electrodomsticos
Si tiene 359,906 27 65,884 9 294,022 45
No tiene 942,011 73 604,176 91 337,834 55
Fuente: INE: Modulo de Acceso y Control de los Recursos Sociales y Productivos EPHPM
2004, en La pobreza de la mujer, acceso a los recursos sociales y productivos; una visin de
gnero, Blanca Celia Barahona, 2006.
QUIN ELABORA LOS ALIMENTOS EN EL HOGAR
Otro aspecto que indaga el mdulo del INE en referencia, es quien elabora los alimentos en
el hogar, relacionado con la distribucin de responsabilidades en la carga del trabajo doms-
tico. A nivel global, los datos muestran que en un alto porcentaje las mujeres realizan esta
actividad (87.1%), seguidas en importancia por la categora de otros (11.3%). Solamente en
penltimo lugar aparece la participacin de los hombres con apenas el 0.6%. Esto demuestra
que socialmente las mujeres son las que tienen asignada la responsabilidad de cumplir con
este trabajo. El grco siguiente muestra esta proporcin.
GRFICO 4
PARTICIPACIN EN LA ELABORACIN DE LOS ALIMENTOS
EN EL HOGAR NIVEL NACIONAL
Fuente: INE, EPHPM 2004.
64
6
CAPTULO VI
A C C E S O A
R E C U R S O S
P R O D U C T I V O S Y
M E D I O A M B I E N T E
R
o
g
e
r

A
r
g
u
e
t
a
,

N
i

a

d
e

L
e
m
p
i
r
a
El acceso y control de los recursos productivos es uno de los aspectos fundamentales que
determina la situacin socioeconmica de las mujeres rurales. Es clave para la generacin de
ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida.
Honduras tiene una distribucin muy desigual de la propiedad de la tierra y los recursos
forestales. Las propiedades tienen una dimensin media de ocho hectreas y ms de la mitad
de la tierra est concentrada en apenas el 5% de ellas. Slo un 1% alcanza las 50 hectreas
(1/3 de la tierra disponible), mientras que el 90% (menos del 30% de la supercie disponible)
cuenta con una supercie inferior a las 10 hectreas
1
62
.
Para la poblacin campesina, acceder a la tierra es hoy ms difcil, en tanto sta es una mer-
canca que tiene un alto costo, sobre todo si se trata de aquellas con potencial productivo.
Hasta 1992 la ley vigente era la Ley de Reforma Agraria (Decreto 170), proceso que exclua
a las mujeres, en tanto solamente el 3% de ellas fueron beneciarias. La Ley para la Moder-
nizacin y Desarrollo del Sector Agrcola (Decreto 132-92 de 1992-93) cre un marco con
un enfoque pro-mercado en la regulacin del acceso a la tierra y bajo estas circunstancias las
mujeres tienen mayores limitaciones para participar en el mercado de tierras porque carecen
de los recursos necesarios para ello.
Una de las dicultades que enfrenta el desarrollo del mercado es la inseguridad jurdica sobre
la propiedad de los bienes inmuebles debida a que el sistema de registros de la propiedad y
los diferentes instrumentos que permiten la seguridad jurdica de la tenencia y las transacciones
de la tierra posee una debilidad crnica tanto por su obsolescencia como por el cmulo de
situaciones conictivas que presenta: diversidad de instrumentos para acreditar la titularidad,
predios en pro-indiviso sin posibilidad de resolverse, ttulos superpuestos sobre la misma parcela
de tierra. Pese a ello, los programas diseados para solucionar estos problemas, y crear un
marco moderno de administracin de tierras, han encontrado fuertes dicultades
2
63
.
An reconociendo lo anterior, en el pas ya hay experiencias en que instituciones estatales
brindan asesora para acceder a la tierra por medio de la compra con nanciamiento privado, las
que promueven la participacin de mujeres rurales. Debido a que son recientes no es posible,
por ahora, evaluar impactos. Hasta noviembre de 2007, en el Programa de Acceso a la Tierra
(Pacta) la participacin de las mujeres era del 30%.
Las mujeres estn tambin limitadas para acceder a la propiedad de la tierra por razones
culturales, porque no son reconocidas como productoras y su trabajo en la produccin de
alimentos y, en general, en las labores agropecuarias es considerado como ayuda al que
realizan los varones. Esto se reeja en el hecho de que en el Registro de la Propiedad Inmueble
y Mercantil la tierra se adjudique slo a ellos.
A los varones se les considera cabeza de familia, e incluso el levantamiento de encuestas
no concibe una familia con dos jefes. Esto tambin favorece la desigualdad en el acceso a
este recurso productivo.
Una vez puesta en vigencia la Ley Para el Desarrollo y la Modernizacin del Sector Agrcola,
el INA motiv a las parejas para que, tal y como lo estipula, las tierras fueran registradas a
1
62 FAO, Terrastat Database, 2007. Citado en Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit
2
63 Informe de Evaluacin FAO Honduras, op.cit
67
nombre de ambos, a solicitud de las familias interesadas. De estas acciones se beneciaron
las mujeres casadas; no obstante el impacto no fue el esperado porque no fue respetada la
disposicin de la ley que garantiza el derecho de propiedad a todas las mujeres, incluso a
aquellas cuya unin de pareja no est legalizada.
CUADRO 21
SITUACIN LEGAL DE LA TIERRA POR DOMINIOS Y GNERO
SITUACIN
LEGAL SOBRE
LA TIERRA
TOTAL NACIONAL RURAL URBANO
N % N % N %
Total 425,291 315,228 110,063
Hombre 307,809 72.38 240,037 76.15 67,772 61.58
Mujer 117,482 27.62 75,191 23.85 42,291 38.42
Dominio pleno 268,642 63.17 187,841 59.59 80,801 73.41
Hombre 194,015 72.22 144,542 76.95 49,473 61.23
Mujer 74,627 27.78 43,299 23.05 31,328 38.77
Dominio til 116,249 27.34 94,628 30.02 21,622 19.65
Hombre 84,172 72.41 71,176 75.22 12,997 60.11
Mujer 32,077 27.59 23,452 24.78 8,625 39.89
Nacional 6,315 1.48 5,020 1.59 1,296 1.18
Hombre 4,262 67.49 2,967 59.10 1,296 100
Mujer 2,053 32.51 2,053 40.90 0
Ejidal 21,829 5.13 19,071 6.05 2,758 2.5
Hombre 16,294 74.64 14,463 75.84 1,831 66.39
Mujer 5,535 25.36 4,608 24.16 927 33.61
Otra 3,044 0.71 2,738 0.87 306 0.28
Hombre 1,978 64.98 1,825 66.65 153 50.00
Mujer 1,066 35.02 913 33.35 153 50.00
No sabe 9,212 2.17 5,931 1.88 3,281 2.98
Hombre 7,088 5,064 85.38 2,023 61.66
Mujer 2,124 23.06 867 14.62 1,258 38.34
Fuente: INE, Modulo de Acceso y Control de los Recursos Sociales y Productivos. EPHPM,
mayo 2004.
68
Por razones culturales, para la mayora de las esposas o compaeras de hogar acceder
al derecho de propiedad sobre la tierra y tener control sobre la misma no son acciones que
se deriven la una de la otra, lo que no sucede a los hombres. Esta situacin impide o limita la
autonoma de las mujeres y las coloca en una situacin de dependencia econmica y subor-
dinacin con respecto a su pareja.
Por ello, trabajar en funcin de garantizar el ejercicio y goce de los derechos de propiedad
sobre los recursos productivos para las mujeres rurales es una cuestin de justicia y medida
de proteccin para ellas y sus familias, y contribuye, adems, a mejorar la posicin de las mu-
jeres dentro del hogar, otorgndoles el derecho a ser parte en la toma de decisiones relativas
tambin a la produccin.
Datos del INE, correspondientes al ao 2004 sobre la situacin legal de la tenencia de la
tierra, muestran que de un total de 425,291 propiedades de los hogares encuestados decla-
raron tener el 63.17% est bajo ttulo de dominio pleno; el 27.34%, con ttulo de dominio til;
el 1.48% son tierras nacionales usufructuadas sin ningn ttulo; y el 5.13%, tierras ejidales
3
64
,
como describe el Cuadro 21.
Comparando el rea rural con el rea urbana, es posible observar que en el rea rural
bajo los dominios pleno y til existen mayores brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres. Los varones del rea rural tienen el 76.95% de las propiedades bajo dominio pleno
y las mujeres el 23.05%; mientras que en el rea urbana los varones tienen el 61.23%; y
las mujeres, el 39.89%. En el caso del dominio til, los porcentajes se aproximan a los que
presenta el rea rural.
GRFICO 5
SITUACIN LEGAL DE LA TIERRA, POR DOMINIO Y SEXO
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004.
64 El dominio pleno conere la potestad de usufructuar, excluir o enajenar un bien; bajo dominio til, es posible
usufructuar, pero no vender el bien, sino el derecho al usufructo; las tierras nacionales son de propiedad estatal
por encontrarse dentro de los lmites territoriales y por no tener otro dueo; las ejidales, por su parte, son
tierras que pertenecen a los municipios.
69
Un aspecto fundamental, y que evidencia improntas culturales, es la participacin en la toma
de decisiones. En lo referido al uso de la tierra, este factor es bsico para medir el empodera-
miento de las mujeres, en tanto constituye uno de los principales recursos en dicha zona.
Al respecto, los datos de la encuesta reejan que, del total nacional, las mujeres tienen
una menor participacin en la toma de decisiones sobre el uso de la tierra: 19.62%, versus el
72.48% de los hombres.
Las mujeres rurales tienen una participacin inferior en la toma de decisiones que las
mujeres urbanas: 16% y 29.27%, respectivamente. Esto denota el mayor arraigo de los pa-
trones culturales tradicionales en el rea rural, donde la tierra es fundamentalmente utilizada
para la produccin agropecuaria, actividad considerada eminentemente masculina. El cuadro
siguiente muestra esta situacin:
CUADRO 22
PARTICIPACIN EN LA TOMA DE DECISIONES
SOBRE EL USO DE LA TIERRA
PERSONAS QUE
TOMAN DECISIN
SOBRE EL USO DE
LA TIERRA
TOTAL
NACIONAL
RURAL URBANO
Total 398,820 % 297,344 % 101,476 %
Hombre principal 289,048 72.48 229,589 77 59,459 58.6
Mujer principal 78,251 19.62 48,546 16 29,705 29.27
Ambos 27,481 6.89 16,836 6 10,645 10.49
Otros 4,040 1.01 2,373 1 1,667 1.64
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004.
GRFICO 6
PARTICIPACIN EN LA TOMA DE
DECISIONES SOBRE EL USO DE LA TIERRA
Fuente: INE, EPHPM 2004.
70
Al comparar los datos sobre porcentajes de propiedades en manos de mujeres con los
datos sobre porcentajes de participacin de mujeres en la toma de decisiones sobre el uso
de la tierra, es notorio que estos ltimos son ms bajos (ver Grco 7). Esto signica que aun-
que las mujeres sean propietarias de la tierra no siempre deciden sobre el uso de la misma,
rearmando as lo arriba sealado. No es suciente el hecho de que ellas tengan la propiedad
formal de los recursos para que camben las relaciones desiguales de poder.
Hace falta modicar patrones culturales para que las mujeres tengan la oportunidad de
gozar una mejor posicin dentro de su hogar, si bien la propiedad formal sobre los recursos
signica un avance.
Estos procesos son susceptibles de acelerar o frenar, de conformidad con la voluntad po-
ltica de quienes dirigen las instituciones pblicas o privadas que atienden las necesidades de
la poblacin rural, de cara a priorizar un desarrollo econmico y social sostenible y centrado
en las personas. Lo anterior pasa por la interiorizacin que de este objetivo haga la sociedad
en su conjunto y, particularmente, las mismas mujeres respecto a su condicin de sujetas de
derechos para impulsar los cambios culturales.
GRFICO 7
TENENCIA DE LA TIERRA VS TOMA DE DECISIN
AREA RURAL
Fuente: INE, EPHPM 2004.
El Cuadro 23 presenta datos sobre la supercie de las parcelas de tierra que poseen
hombres y mujeres, y permite apreciar que ellas tienen menos cantidad, en todos los rangos
de supercie. Tambin reeja que los porcentajes de desigualdad son mayores en el campo
que en la ciudad, tal como sucede en los dems indicadores.
71
CUADRO 23
EXTENSIN DE LA TIERRA EN PROPIEDAD, POR DOMINIOS Y SEXO
EXTENSIN DE
TIERRA EN MZ*.
TOTAL NACIONAL RURAL URBANO
% % %
Total 439,178 100 325,675 100 113,501 100
Menos de 1 mz. 103,532 23.57 64,196 19.71 39,337 34.65
H 61,875 59.76 41,748 65.03 20,128 51.17
M 41,657 40.24 22,448 34.97 19,209 48.83
De1 a < de 5 mz. 161,445 36.76 131,630 40.42 29,814 26.27
H 117,967 73.07 99,920 75.91 18,046 60.53
M 43,478 26.93 31,710 24.09 11,768 39.47
De 5 a < de 10 mz 74,143 16.88 58,902 18.09 15,241 13.43
H 55,951 75.46 44,439 75.45 11,512 75.53
M 18,192 24.54 14,463 24.55 3,729 24.47
De10 a <de 15mz 29,720 6.77 23,497 7.21 6,223 5.48
H 22,717 76.44 18,250 77.67 4,467 71.78
M 7,003 23.56 5,247 22.33 1,756 28.22
De15 a < de20 mz 16,843 3.84 12,136 3.73 4,707 4.15
H 11,443 67.94 8,532 70.30 2,911 61.84
M 5,400 32.06 3,604 29.70 1,796 38.16
De 20 a < de 25 mz 8,816 2.1 6,525 2.00 2,291 2.02
H 6,537 74.15 5,384 82.51 1,153 50.33
M 2,279 25.85 1,141 17.49 1,138 49.67
De 25 a < de 50 mz 15,025 3.42 10,448 3.21 4,577 4.03
H 11,745 78.17 8,851 84.71 2,894 63.23
M 3,280 21.83 1,597 15.29 1,683 36.77
Ms de 50 mz 15,763 3.59 11,726 3.60 4,037 3.56
H 11,749 74.54 8,806 75.10 2,943 72.90
M 4,014 25.46 2,920 24.90 1,094 27.10
No sabe 13,891 3.16 6,615 2.03 7,274 6.41
H 10,351 74.52 5,429 82.07 4,921 67.65
M 3,540 25.48 1,186 17.93 2,353 32.35
Fuente: Barahona, Blanca Celia. 2006. La Pobreza de la Mujer, acceso a los recursos sociales y
productivos, una visin de gnero.
*mz: manzanas
72
Los grcos siguientes muestran las diferencias en la supercie de las parcelas que
poseen hombres y mujeres del rea rural y urbana. De la comparacin de ambos cuadros
se puede concluir que a medida que aumenta la extensin de tierra aumenta la desigualdad
de gnero.
GRFICOS 8 Y 9
EXTENSIN DE TIERRA EXTENSIN DE TIERRA
POR DOMINIO Y SEXO POR DOMINIO Y SEXO
(MS DE 10 MZ) (MENOS 1 MZ A MENOS DE 10 MZ)
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del documento de B. C. Barahona, 2006.
Los datos del INA sobre ttulos y rea o supercie de tierra titulada constituyen otra fuente
para aproximarnos a la situacin de las mujeres respecto a la propiedad de la tierra. El INA divide
a los/as beneciarios/as de la titulacin en empresas del sector reformado (grupales), sector
independiente y sector tnico. En 2001, el organismo realiz un censo de las empresas del
sector reformado cuyos resultados arrojaron que las mujeres representaron un 12% del total de
37,691 beneciarios/as en empresas mixtas donde las tierras se titulan de manera grupal
4
64
.
En el caso de las empresas del sector reformado slo constituidas por mujeres, entre
1993 y octubre de 2002 se haban entregado 11 ttulos a empresas campesinas de mujeres
beneciando a 235 mujeres, contra 2,839 ttulos otorgados a empresas mixtas o slo
constituidas por hombres. Mientras las mujeres signicaban un 0.4%, los hombres constituan
un 99.6%
5
65
.
En el sector reformado, datos del INA para el 2007 muestran que se titularon tierras a
160 empresas de mujeres y a 564 empresas de hombres, lo que equivale a un 22% y un
78%, respectivamente. Esto representa un incremento signicativo en comparacin a las
cifras anteriores.
64 Godoy, Rolando, op.cit.
65 Centro de Derechos de Mujeres, op. cit.
73
La titulacin en tierras del sector independiente, para el perodo comprendido entre
1983 y 2003, muestra que el total de ttulos emitidos a los hombres fue de 140,124 y
los entregados a las mujeres, 47,213, que representan el 25% del total
6
66
. En el mismo
sector independiente, en 2004 las mujeres recibieron 2,424 ttulos de propiedad, que
importan el 30% de los ttulos emitidos por el INA en ese periodo
7
67
. El mismo porcen-
taje representan los 1,613 ttulos otorgados a las mujeres en el sector independiente
durante el ao 2007 y que constituyen el 21% de las hectreas tituladas. En cambio,
a favor de los hombres fue emitido el 70% de los ttulos, en un rea que representa el
79% de las hectreas.
CUADRO 24
TTULOS DEL SECTOR INDEPENDIENTE
(ENERO A DICIEMBRE 2004 Y ENERO A DICIEMBRE DEL 2007)
AO HOMBRES MUJERES
TOTAL
GENERAL
TTULOS % TTULOS % TTULOS
1983-2003 140,124 75 47,213 25 187,337
2004 5,783 70 2,424 30 8,207
2007 3,831 70 1,613 30 5,444
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Divisin de Titulacin de Tierras. INA.
CUADRO 25
HECTREAS DE MUJERES COMO PORCENTAJE DE HECTREAS DE
LOS HOMBRES. SECTOR INDEPENDIENTE
AO
HOMBRES MUJERES
HAS DE MUJERES
COMO% DE HAS
DE LOS HOMBRES
HAS HAS
1983- 2003 974,035.5 247,660 25
2004 19,142.39 5,677.91 30
2007 21,815.34 5,629.63 26
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Divisin de Titulacin de Tierras, Instituto Nacional
Agrario (INA).
66 Ibid.
67 Inam/ Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi). Diagnostico de los Mecanismos de Financiamien-
to en Honduras, Tegucigalpa M.D.C, Honduras, 2005.
74
Al comparar el comportamiento de la titulacin al sector independiente desde 1983 hasta
el 2007, se aprecia que despus del 2003 el porcentaje de ttulos emitidos a mujeres pas
de 25% al 30% y que este ltimo porcentaje se ha mantenido durante los aos siguientes.
As la brecha de desigualdad permanece sin mayores cambios en la titulacin de este recurso
en los ltimos catorce aos.
Por otra parte, es de destacar las desigualdades en cuanto a las hectreas tituladas. El cua-
dro siguiente compara aquellas tituladas a mujeres con respecto a las tituladas a los hombres,
observndose que las primeras representan entre el 25 y el 30% de las tituladas a los varones.
Este comportamiento guarda una relacin similar a los ttulos emitidos.
CUADRO 26
INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DIVISIN DE TITULACIN DE TIERRAS
TTULOS EMITIDOS AL SECTOR TNICO AO 2007
N NOMBRE UBICACIN HAS ORG. B.D. H M B.I.
1 C.I.M. Chort La
Huertona
Santa Rita,
Copn
15.74 Chort 18 10 8 44
2 C.I.M. Chort
Chonc
Copn Ruinas,
Copn
37.17 Chort 46 24 22 144
3 C.I.M. Chort
Superacin Maya
Cabaas
Cabaas, Copn 21.71 Chort 65 47 18 158
4 C.I.M. Chort
Superacin Maya
Cabaas
Cabaas, Copn 37.14 Chort
5 C.I. Pech Santa
Mara del Carbn
San Esteban
Olancho
1,329.49 Pech 106 69 37 594
6 C.I.L. Comunidad
Cerro Negro
Santiago
Santiago Purin-
gla, La Paz
155.96 Lenca 60 45 15 268
7 C.I. La Estanzuela Marcala, La Paz 58.24 Lenca 65 40 25 228
8 C.I L. San Felipe Piraera, Lempira 37.00 Lenca 27 23 4 144
9 C.I. L. C. San
Francisco
Jess de Otoro,
Intibuc
383.74 Lenca 22 15 7 54
10 C.I.L. C. Llano
Largo El Potrero
Jess de Otoro,
Intibuc
527.01 Lenca 45 23 22 60
11 Tribu Tolupn
Guaruma
Orica, Fco.
Morazn
552.59 Xicaque 101 60 41 635
Totales 3,155.79 555 356 199 2,329
Fuente: Divisin de Titulacin de tierras. INA
CIM = Consejo Indgena Maya Chort / CI PECH = Consejo Indgena Pech / CIL = Consejo Indgena
Lenca / BD = Beneciarios Directos / BI = Beneciarios Indirectos
75
En el caso del sector tnico, los ttulos son emitidos a nombre de los Consejos Indgenas,
sus organizaciones propias. De acuerdo a la investigacin Perl de los pueblos indgenas
y negros, ya mencionada en el Captulo 3, estos consejos son un espacio social en el cual
se dirimen asuntos polticos, religiosos, econmicos y familiares. Entre 1998 y 2001 fueron
extendidos 325 ttulos de tierras a lencas, garfunas, tolupanes, chorts y pech, haciendo un
total de 186,916 hectreas
8
68
.
Los datos del INA para 2007 muestran cuntas mujeres y hombres de las etnias han
sido beneciados/as gracias a los ttulos otorgados a los Consejos Indgenas (ver Cuadro 26).
Interesante resulta un informe sobre acceso, uso, tenencia y control de las mujeres a la tierra y
a los servicios para la produccin en Honduras, citado en el Perl de gnero de la economa
del Istmo Centroamericano, que plantea: para las mujeres de las comunidades tnicas el
acceso a la tierra tiene menores matices de desigualdad e iniquidad con relacin a las ladi-
nas, debido a que tienen asimilado el concepto de tierra comunal segn el cual las mujeres
aparentemente tienen menos dicultades para acceder al uso de este recurso.
ACCESO AL CRDITO
Existen varias fuentes de nanciamiento en el pas: formales, como los bancos, y no bancarias,
como cooperativas de ahorro y crdito, organizaciones no gubernamentales, organizaciones
privadas de desarrollo, as como prestamistas individuales. Sin embargo, el nanciamiento
tanto pblico como privado para la compra de tierras ha sido escaso. En la actualidad, apenas
un 4% de los recursos bancarios privados estn dedicados a rubros agrcolas que incluyen
compra de tierras
9
69
. La poblacin pobre del rea rural accede fundamentalmente a fuentes no
bancarias que poseen condiciones ms exibles en cuanto a las garantas.
A nivel general, un estudio realizado por el Inam en 2005 sobre los mecanismos de
nanciamiento en Honduras encontr que solamente el 11% de los beneciarios de las
diferentes fuentes de crdito eran mujeres lo cual revela el trato sesgado contra ellas y el
privilegio del varn
10
70
.
En consecuencia, las mujeres rurales tienen un escaso acceso a esos crditos limitados,
situacin determinada por la falta de bienes que constituyan garantas vlidas para las institu-
ciones nancieras, que las exigen cuando se trata de prstamos de montos importantes. Por
todo lo anterior, las mujeres recurren ms frecuentemente a fuentes no bancarias.
Otros factores, adems de la falta de bienes, que determinan su escaso acceso al crdito
son las altas tasas de inters y la existencia de trmites complicados que, si bien afectan a toda
la poblacin, son factores que constituyen una mayor restriccin para las mujeres, dada su
menor experiencia para llevarlos a cabo y sus limitaciones de movilidad. La banca, que no tiene
polticas que tomen en cuenta estos elementos, es excluyente de las mujeres rurales pobres.
Adems, la mayor parte de los emprendimientos de las mujeres son considerados riesgosos y
de baja productividad, siendo este otro aspecto que limita su acceso al nanciamiento.
68 Secretara de Gobernacin y Justicia. Honduras: Perl de los pueblos indgenas y negros. Tegucigalpa, Hondu-
ras, 2001
69 Informe de evaluacin FAO Honduras, op.cit
70 Inam/ Asdi. Diagnostico de los Mecanismos de Financiamiento en Honduras, 2005, cit.
76
El estudio antes mencionado plantea que las mujeres acceden, en su gran mayora, a fuentes
de nanciamiento como el crdito solidario grupal y las Organizaciones Privadas de Desarrollo
(OPDF) que prestan servicios nancieros a la micro y pequea empresa. Estas muestran alta
cobertura de clientela femenina, pero sus planes de pago son muy cortos generalmente
entre cuatro y seis meses, con cuotas semanales y quincenales lo que diculta la reinversin
en sus negocios.
Informacin del ao 2000 sobre 785 Operadoras Financieras Locales (OFL
11
71
) de quince
municipios del departamento de Intibuc, doce del departamento de La Paz y dos del de-
partamento de Valle muestra que, de un total de 36,025 miembros, el 45% eran mujeres.
Como ahorrantes, ellas representaban el 54%, pero como clientes de crdito este porcentaje
disminua a 41%
12
72
.
Datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrcola (Banadesa) sobre nanciamiento
para el sector agropecuario, en el perodo comprendido entre 1994 y el 2003, indican
que fueron otorgadas 118,860.5 lempiras, de las cuales correspondi a las mujeres slo
el 11% de la cartera, mientras que el otorgado a los varones alcanz al 89%
13
73
. El grco
siguiente muestra este comportamiento, donde las mayores brechas se observan en el
ao 2003.
GRFICO 10
FINANCIAMIENTO AL SECTOR AGROPECUARIO POR SEXO,
DESDE 1994 A ABRIL DE 2003
(MILES DE LEMPIRAS)
Fuente: Inam 2005. Diagnstico de Gnero de Pas 2006-2010.
71 Las OFL son fuentes de nanciamiento de acceso inmediato; pueden ser cajas rurales de ahorro y crdito, coope-
rativas y otras modalidades organizativas que, generalmente, estn aliadas a organismos de segundo grado.
72 Mujeres en cifras, op. cit.
73 Inam. Diagnstico de Gnero de Pas 2006-2010. Ante la Pobreza: la Equidad de Gnero Potencia la Equidad
Social, Tegucigalpa, Honduras, 2005.
77
Datos de Banadesa proporcionados en 2007 permiten ver un comportamiento similar
de la cartera crediticia, en que las mujeres tienen una menor participacin como usuarias del
servicio.
CUADRO 27
MONTOS Y CRDITOS OTORGADOS POR BANADESA
FUENTE FINANCIERA % MONTO OTORGADO % CRDITO OTORGADO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Fondos Propios 90 10 86 14
Fideicomiso 93 7 95 5
Fuente: Unidad de Planeamiento y Evaluacin de Gestin (UPEG) de la Secretara de Agricultu-
ra y Ganadera (SAG). Datos brindados en el 2007
Un aspecto importante de ser analizado es el monto de los crditos a los que acceden
hombres y mujeres. Datos del INE (EPHM 2004) sobre el rea rural indican que las mujeres
tienen acceso al crdito con montos comprendidos entre menos de 5,000 y hasta 10,000
lempiras y que su participacin se reduce a medida que los montos aumentan, tal y como
muestra el cuadro siguiente:
CUADRO 28
ACCESO AL CRDITO EN EL REA RURAL SEGN MONTOS Y SEXO
MONTOS DE LOS CRDITOS N %
TOTAL 28,699
< de 5,000 16,152 56.28
H 7,711 47.74
M 8,441 52.26
De 5,000 a 10,000 6,342 22.1
H 4,106 67.74
M 2,236 35.26
De10,001a 50,000 5,065 17.65
H 3,057 60.36
M 2,008 39.64
De 50,001 a 100,000 684 2.38
H 684 100
M
De 100,001 y ms 456 1.59
H 456 100
M
Fuente: INE, EPHPM 2004.
78
Los grcos siguientes comparan el acceso al crdito de hombres y mujeres para montos
de menos de 5,000 a 10,000 lempiras y de 10,001 a ms de 101,000 lempiras. En montos
pequeos existe menos desigualdad de gnero (la diferencia es menor en 6 puntos porcen-
tuales); en cambio en montos entre 10,001 a 100,001 la diferencia en puntos porcentuales
es de 36.
GRFICOS 11 Y 12
ACCESO AL CRDITO POR MONTOS DE ACCESO AL CRDITO POR MONTOS DE
MENOS DE 5,000 HASTA 10,000 10,001 A 101,000 LEMPIRAS, EN
LEMPIRAS, EN PORCENTAJES PORCENTAJES DESAGREGADOS
DESAGREGADOS POR SEXO POR SEXO

Fuente: INE, EPHPM 2004
En parte este comportamiento en los montos se debe a que, por lo general y como ya est
dicho, las mujeres carecen de bienes que les sirvan de garanta para prstamos mayores. Pero
tambin es causado por el tamao pequeo de los emprendimientos de las mujeres, producto
de que ellas combinan su trabajo reproductivo con el productivo, y a que son actividades
mayoritariamente realizadas en los hogares y con carcter de subsistencia.
Una iniciativa surgida con la Ley para la Modernizacin y Desarrollo del Sector Agrcola
son las cajas rurales, concebidas como mecanismos de apoyo nanciero en pequea escala
para la poblacin del rea rural de bajos ingresos, de las cuales se han beneciado muchas
mujeres. Por iniciativa de algunos proyectos impulsados por la FAO, entre otros, se hizo una
apropiacin del trmino cajas rurales para evitar restricciones legales. Paralelamente, existan
otros esfuerzos de nanciamiento a pequeos productores denominados bancos comunales,
que favorecan especialmente a mujeres.
El uso e implementacin de estas cajas rurales ha sido ampliamente extendido en pro-
yectos pblicos, por la cooperacin internacional y por ONG. Algunos las conciben como una
etapa de aprendizaje en el manejo ecaz del crdito y como mecanismos de capitalizacin
no solo nanciera sino que tambin humana y social, al desarrollar las destrezas individuales
79
y propiciar la organizacin. Generalmente sus montos son pequeos y por ello slo aptos
para pequeos emprendimientos generadores de ingresos. En general favorecen la mayor
participacin femenina y han servido como un mecanismo gnero-sensible que impulsa el
empoderamiento de las mujeres.
El cuadro siguiente presenta algunos ejemplos de programas y proyectos del sector pblico
agrcola que desarrollan cajas rurales.
CUADRO 29
ALGUNOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR PBLICO AGRCOLA QUE
APOYAN LA FORMACIN Y DESARROLLO DE CAJAS RURALES (AO 2007)
PROGRAMA/PROYECTO EJECUTOR INVERSIN
(LPS.)
BENEFICIARIOS(AS)
N MUJERES HOMBRES
Proyecto Apoyo a la Mujer Rural ---------- 450 90% 10%
Proyecto de Ajonjol 0.6 Millones 206 8% 92%
Fondo Nacional de Desarrollo Rural
Sostenible (Fonaders): Plan Nacional
de Cajas Rurales
600,000.00 75,000 60% 40%
Funder ---------------- 9,882 48% 52%
Fondo Nacional de Desarrollo
Rural Sostenible (Fonaders):
Profesionalizacin de cajas rurales
240,000.00 4,500 60% 40%
Fuente: datos de la Unidad de Planeamiento y Evaluacin de Gestin (UPEG) de La Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG)
Los crditos obtenidos gracias a las cajas son destinados por la poblacin a pequeos pro-
yectos productivos, comercializacin, compra-venta de ganado menor y negocios no agrcolas.
Los proyectos brindan asistencia y capacitacin en aspectos organizativos, de administracin,
contabilidad y sostenibilidad de las cajas, adems de apoyar a las organizaciones generadas
para la obtencin de sus personeras jurdicas.
Asimismo, se persigue el levantamiento de lnea base para el diagnstico y la profesionali-
zacin de las cajas rurales de modo que, en el futuro, conformen instancias de segundo grado
(tambin llamadas de segundo piso) que faciliten el crdito y la capacitacin. Igualmente,
estas cajas son vistas como una instancia organizativa que pueda incidir en el desarrollo de las
comunidades. Bajo esta visin, las cajas rurales podran convertirse en un espacio importante
de participacin a nivel local.
Otros impactos positivos de la implementacin de las cajas rurales, son el apoyo que prestan
a la subsistencia familiar y el hecho de que para las mujeres representan la va ms factible de
acceder a recursos, contribuyendo a su autonoma econmica.
80
SERVICIOS DE ASISTENCIA TCNICA
Un acercamiento a la situacin de acceso a los servicios de asistencia tcnica surge de los
datos de la Encuesta de Hogares 2004.
Estas cifras sobre capacitacin tcnica arrojan que, a nivel nacional, los hombres accedieron
a la capacitacin en un 56.2%, mientras que las mujeres lo hicieron en un 32.3%. Esta diferen-
cia en el acceso a estos servicios es mayor en el rea rural, donde las mujeres accedieron en
un 25.2% y los hombres, en un 66.8%. En el rea urbana las diferencias son menores: 41.5%
para los hombres y 42.1% para las mujeres. Este mismo comportamiento entre el rea rural y
urbana aparece en la categora ambos (ver Cuadro 30).
CUADRO 30
DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE LA ASISTENCIA TCNICA SEGN
DOMINIO Y SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
CATEGORAS/
DOMINIO
NACIONAL
%1/
RURAL
%1/
URBANO
%1/
Total/2 100.0 58.2 41.8
Hombre principal 56.2 66.8 41.5
Mujer principal 32.3 25.2 42.1
Ambos 7.8 5.9 10.5
Otros 3.7 2.1 5.8
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004.
1/ Porcentaje por columnas 2/ Porcentaje por las.
En lo que respecta al rea rural, es destacable que la asistencia y capacitacin que ms
recibieron tanto hombres como mujeres es la denominada ensear a cultivar y curso de
agricultura, como lo muestra el Cuadro 31.
MEDIO AMBIENTE
Honduras presenta diversos problemas ambientales con impactos negativos en su desa-
rrollo: es altamente vulnerable a eventos naturales como inundaciones, sequas; y sufre de
contaminacin del aire, prdida de reas naturales y biodiversidad, prdidas forestales y uso
indiscriminado de plaguicidas.
Las mujeres que residen en el rea rural tienen un importante papel en la conservacin
del medio ambiente, lo que no ha sido sucientemente relevado, demostrando la carencia de
informacin que existe al respecto. Problemas como el uso de cocinas (fogones) de lea que
no expulsan el humo adecuadamente afectan grandemente la salud de las mujeres, lo que ha
llevado al pas a realizar esfuerzos por cambiarlos por otros saludables, a la vez que ahorradores
de energa, como las estufas ecolgicas llamadas Lorena.
81
En 2007, la Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) inici la elaboracin de
un plan para enfrentar las limitaciones nacionales de capacidades para el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en las Convenciones sobre Cambio Climtico, Diversidad Biolgica,
Deserticacin y Sequa y Humedales-Ramsar. Este plan que ser desarrollado durante 14 aos
(2008-2021)- contiene las actividades para mejorar la capacidad de personas, instituciones y
sistemas para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva, eciente y sostenible.
Es importante destacar que en la elaboracin de este plan se ha incorporado el enfoque
de equidad de gnero. Basados en las convenciones internacionales para el avance de las
mujeres y la eliminacin de la discriminacin por razones de gnero suscritas por el pas, han
sido establecidas medidas especcas para incorporar a las mujeres en igualdad de condicio-
nes de derechos y de oportunidades con los hombres para que participen y se benecien del
resultado de estas acciones.
CUADRO 31
CLASIFICACIN DE LA ASISTENCIA TCNICA RECIBIDA POR SEXO
EN EL REA RURAL
N TIPO DE ASISTENCIA TCNICA RECIBIDA
HOMBRE 7,254
1 Curso de venta/atencin al cliente 456
2 Capacitacin de negocio 228
3 Ensear a cultivar 3,148
4 Uso de la tierra 456
5 Programa de desarrollo empresarial 228
6 Sistema de riego 456
7 Tcnicas sobre pastos 456
8 Cultivo de huevos 228
9 Curso de repostera 228
10 Curso de agricultura 913
11 Elaboracin de abono 228
12 Piscicultura 228
MUJER 3,833
1 Curso de venta/atencin al cliente 684
2 Ensear a cultivar 867
3 Programa de desarrollo empresarial 228
4 Charlas 228
5 Proceso de elaboracin de embutidos 228
6 Cultivo de huevos 228
7 Curso de repostera 228
8 Curso de agricultura 913
9 Sanidad animal 228
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004.
82
7
CAPTULO VII
E M P L E O Y
T R A B A J O
A
l
e
y
d
a

R
a
m

r
e
z
,

M
u
j
e
r

m
e
l
o
n
e
r
a
En todos los pases de Amrica Latina ha habido cambios importantes en cuanto al mercado
de trabajo. Estos responden a la actual lgica de acumulacin y al patrn bajo el que est
inserta la regin en la economa global. As, en las ltimas dcadas se ha pasado del pleno
empleo al trabajo precario.
El Informe sobre Desarrollo Rural 2006 caracteriza la precariedad del trabajo de la siguien-
te forma: la precariedad laboral adquiere una connotacin ms especca, rerindose a
aquellos empleos inestables, inseguros o insucientes. La inestabilidad laboral se reeja en
la ausencia de contratos de trabajo, o en contratos temporales, o en empleos temporales sin
contrato; la inseguridad laboral, se reere a la ausencia de cobertura de la seguridad social
y a otras formas de inseguridad; y la insuciencia laboral, se reeja principalmente en el
subempleo en trminos de tiempo y de salarios.
El trabajo precario ha incrementado los niveles de pobreza. Esta pauperizacin de la pobla-
cin ha provocado la creciente participacin de las mujeres en el mercado de trabajo, quienes
se han visto obligadas a emplearse, o a realizar labores por cuenta propia, para obtener ingresos
que permitan la subsistencia y el bienestar de las familias. De esta forma ellas adquieren un
papel relevante como proveedoras, a la par que los varones.
Esta mayor participacin de las mujeres en el mercado laboral se explica por varias razones:
una mayor disposicin de las mujeres para operar bajo el nuevo marco de exibilizacin laboral;
a los resultados no esperados del impacto de las polticas de ajuste asociados a la distribucin
desigual de la riqueza; a los procesos de descapitalizacin y pauperizacin que han afectado a
la poblacin rural y a la persistencia del patrn de irresponsabilidad paterna
1
74
.
Diversos estudios han planteado que en algunas labores agrcolas, o de otra naturaleza, la
mano de obra femenina es preferida tanto por las mayores habilidades para realizar tareas que
son consideradas delicadas o que requieren ms cuidado, como por la servidumbre aprendida,
que las hace ms dciles en el cumplimiento de las normas laborales.
A nivel centroamericano, el sector laboral que ms ha crecido es el informal: ms del 60%
de las mujeres que trabajan en la regin lo hacen all. Las mujeres del rea rural ejecutan
tambin un sinnmero de actividades que pertenecen a l, tales como las de procesamiento,
que realizan en sus propios hogares, espacios no reconocidos en la cadena productiva de las
economas campesinas
2
75
.
La incorporacin de las mujeres al trabajo remunerado no ha trado consigo una dismi-
nucin de su carga de trabajo reproductivo; es decir, continan asumiendo, de manera casi
exclusiva, el cuidado de los hijos e hijas y las tareas domsticas, realizando una doble o triple
jornada si se suma a los anteriores el trabajo comunitario. No obstante, el trabajo remunerado
contribuye a su mayor autonoma y les brinda la oportunidad de participar en las decisiones
importantes de la familia.
Rearmando lo anterior, hallazgos del Perl de Gnero de la Economa del Istmo Centro-
americano
3
76
sealan elementos positivos en la vida de las mujeres en su participacin en la
74 Renzi, Mara Rosa y Faun, Mara Anglica. 2004. Perl de gnero de la economa del Istmo Centroamericano
(1990- 2002): Consideraciones y reexiones desde las mujeres. PNUD. Managua.
75 Renzi, Mara Rosa y Faun, Mara Anglica, op.cit.
76 Ibid
85
cadena de valor, los que en muchos casos signican el inicio de un proceso de cambio de
valores y actitudes en las relaciones de gnero al interior de los hogares.
Las mujeres mencionaron que se sienten mejor emocionalmente dentro de su rela-
cin familiar y ello contribuye a mejorar las relaciones de pareja; su trabajo en espacios
considerados tradicionalmente masculinos ha permitido incidir en comportamientos y
actitudes de los hombres con relacin a ellas, ya que stos aceptan su involucramiento en
procesos sociales, participan progresivamente ms en trabajos del espacio reproductivo y
valoran la importante contribucin que realizan las mujeres; adems, su participacin les
ha permitido elevar su autoestima, mostrar a la comunidad y a la sociedad sus capacida-
des productivas y econmicas y recuperar un espacio como actoras econmicas dentro
del medio laboral.
Ciertamente la participacin de las mujeres en el trabajo remunerado les permite salir del
espacio privado, lo que genera posibilidades de ejercicio de su ciudadana poltica.
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
Un aspecto importante del mercado de trabajo hondureo es el hecho de que la mayor parte
de las personas ocupadas lo estn en los sectores de baja productividad, como el informal no
agropecuario y el agropecuario tradicional. Este ltimo comprende los/as trabajadores/as por
cuenta propia y trabajadores/as no familiares, as como los/as patronos/as y asalariados/as
en establecimientos de cinco empleados/as o menos. Es un sector que produce para el con-
sumo propio, fundamentalmente para la subsistencia, y que solamente comercializa los pocos
excedentes que genera, y que es llamado economa campesina.
Si bien, entre 1990 y 2004 la participacin en la Poblacin Econmicamente Activa
(PEA) observ un ligero cambio favorable, puede asegurarse que persiste la proporcin de
ocupados/a en sectores de baja productividad: siete de cada diez
4
77
.
Segn cifras de la EPHPM de los aos 1990, 2003 y 2004, referidas en el Informe sobre
Desarrollo Humano 2006, la participacin de las mujeres en el mercado de trabajo aument
de un 28.2%, en 1990, a un 34% en el 2004. En el 2007 no hubo cambios en esa proporcin
de participacin, tal como muestran los siguientes cuadro y grco.
CUADRO 32
PARTICIPACIN EN EL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL
1990 2003 2004 2007
H M H M H M H M
71.8 28.2 67 33 66 34 66 34
Fuente: Creacin propia en base a informacin del INE/IDH 2006.
77 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano Honduras, 2006.
86
GRFICO 14
PEA MASCULINA Y FEMENINA
POR REAS, 1990-2007
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de informacin del INE/IDH, 2006.
Si bien ha habido un aumento en la participacin de las mujeres en el mercado laboral,
sta resulta drsticamente inferior comparada con la de los hombres, en razn del subregistro
del trabajo reproductivo femenino. Esto ocurre pese a que en la Plataforma de Accin Mundial
para el Avance de las Mujeres (Beijing 1995) fue acordado valorar el trabajo domstico no
remunerado e incluirlo en las cuentas nacionales.
La PEA, en general, es mayor en el rea urbana que en la rural (ver Cuadro 33), tendencia
que se repite con referencia a la PEA femenina (589,791 versus 391,983, respectivamente) lo
que puede ser atribuible al subregistro de las actividades productivas que realizan las mujeres
rurales, las que no son contabilizadas monetariamente a pesar de que constituyen un aporte
signicativo a la sobrevivencia familiar. Otra razn es la escasez de fuentes de trabajo en esta
rea en actividades tradicionalmente asignadas a las mujeres.
CUADRO 33
PEA Y POBLACIN EN EDAD DE TRABAJAR POR REA Y SEXO
(2007)
POBLACIN EN EDAD
DE TRABAJAR
PEA
TASA DE
PARTICIPACIN
MASCULINA
TASA DE
PARTICIPACIN
FEMENINA
H M H M
Rural 1,476,549 1,513,764 1,095,671 391,983 74.2 25.9
Urbano 1,216,582 1,474,104 783,421 589,791 64.4 40.0
Fuente: INE XXXIV EHPM mayo 2007
87
Es apreciable tambin que la poblacin femenina en edad de trabajar es mayor que la
masculina, tanto para el mbito rural como en el urbano; pero la poblacin femenina registrada
como econmicamente activa es mucho menor que la de los hombres. Esta relacin queda de
maniesto en las tasas de participacin, donde en el rea rural las mujeres presentan una tasa
de un 25.9 vs un 74.2 de los hombres, mostrando una brecha de 48.3 puntos porcentuales
(Cuadro 33).
GRFICO 14
TASAS DE PARTICIPACIN
AREA RURAL, 2007
Fuente: INE, XXXIV EHPM, mayo 2007.
CUADRO 34
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR REA Y SEXO
(2007)
CATEGORAS
MUJERES HOMBRES
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
ECONMICAMENTE
ACTIVA (PEA)
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
ECONMICAMENTE
ACTIVA (PEA)
N % 1/ N % 1/ AEP N % 1/ N % 1/ AEP
Total Nacional 3,889,330 100 981,774 100 7.8 3,640,073 100 1,879,092 100 6.5
Urbano 1,833,199 47.1 589,791 60.1 9 1,590,723 43.7 783,421 41.7 8.2
Rural 2,056,131 52.9 391,983 39.9 5.9 2,049,350 56.3 1,095,671 58.3 5.0
Fuente: INE, XXXIV EHPM, mayo 2007.
1/ porcentaje por columna
AEP: aos de estudio promedio
El mayor nivel de escolaridad a nivel nacional, tanto para hombres como para mujeres est
en el rea urbana. Al comparar los aos de estudio promedio de la PEA femenina es evidente
que tanto en el rea urbana como en la rural el promedio de las mujeres es ms alto que el
de los hombres (Cuadro 34).
88
Sin embargo, esta brecha favorable para las mujeres no llega a traducirse en mejores
condiciones laborales ni en mayores ingresos para ellas: En el ingreso laboral se presentan
grandes inequidades que limitan las oportunidades de las mujeres a participar de una ma-
nera equitativa en la vida econmica y social del pas, puesto que el salario de las mujeres en
iguales condiciones laborales y a iguales capacidades, slo representa aproximadamente el
67.6% del salario promedio devengado por los hombres en las mismas condiciones (estima-
ciones con base en CPV 2001, EPHPM, 2001-2004, ENESF, 2001). Esto signica que si un
hombre gana 100 lempiras en un determinado ocio o trabajo, la mujer recibe nicamente
en promedio 67 lempiras
5
78
.
OCUPACIN POR RAMA DE ACTIVIDAD
Una mirada comparativa a la ocupacin de mujeres y hombres por rama de actividad a nivel
nacional, durante 2004 y 2007, reeja mnimas variaciones en la participacin de ambos
sexos en cada una de ellas, como muestra el Cuadro 35.
En ambos aos es posible observar una mayor participacin de los hombres en la rama
de agricultura, silvicultura, caza y pesca, seguida de la rama de comercio por menor, hoteles
y restaurantes, siendo la industria manufacturera la tercera en importancia.
A excepcin de la participacin de los hombres en la rama de agricultura, silvicultura, caza
y pesca, donde se mantienen los porcentajes de participacin en ambos aos (48.4%), en las
otras dos hay un ligero decrecimiento; tendencia apreciable en el resto de ramas, salvo en la
de la construccin, donde hay un ligero crecimiento.
En cuanto a la participacin de las mujeres, en ambos aos se destaca como primera rama
de ocupacin la de comercio por menor, hoteles y restaurantes, seguida de servicios comuna-
les, sociales y personales y, en tercer lugar, por la industria manufacturera. Igualmente hubo
un ligero incremento en la primera rama de importancia y tambin un ligero decrecimiento
en las otras dos.
Las mujeres tienen mayor participacin en aquellas ramas de actividad productiva de
menor remuneracin, consideradas una extensin de su rol tradicional por ser una derivacin
del trabajo domstico y suponer que no requieren mayor esfuerzo fsico. En cambio, los
hombres tienen una signicativa participacin en las ramas donde hay acceso y control de
los recursos productivos.
Aunque numerosos estudios dan cuenta de las actividades productivas que las mujeres
realizan, no siempre es posible conocer de manera cuantitativa el alcance de esta partici-
pacin, porque su registro no est estipulado como norma en los instrumentos estadsticos
del Estado. As, pese a que la Encuesta Agrcola Nacional del 2001 registr informacin por
sexo, las encuestas agrcolas subsiguientes no lo han hecho.
78 PNUD Informe sobre Desarrollo Humano, 2006.
89
CUADRO 35
OCUPACIN POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SEXO
RAMA DE ACTIVIDAD
2004 2007
TOTAL
NACIONAL
M H
TOTAL
NACIONAL
M H
Agricultura, selvicultura, caza
y pesca
34.9 7.2 48.4 35.3 9.9 48.4
Explotacin de minas y
canteras
0.3 0.0 0.4 0.3 0.1 0.3
Industria manufacturera 15.8 23.3 12.1 14.9 21.9 11.3
Electricidad, gas y agua 0.4 0.2 0.5 0.4 0.1 0.5
Construccin 5.9 0.3 8.6 6.3 0.3 9.4
Comercio por menor, hoteles
y restaurantes
21.1 34.0 14.8 21.6 35.1 14.6
Transporte almacenamiento y
comunicacin
3.4 1.2 4.5 3.4 0.9 4.8
Estab. nac. Seguros, bienes
inmuebles y servicios
2.9 3.2 2.7 3.1 3.2 3.1
Servicios comunales, sociales
y personales
15.3 30.4 7.9 14.5 28.2 7.4
No sabe, no responde 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004 y mayo 2007.
Este subregistro de las mujeres como productoras trae consigo su falta de acceso a los
recursos productivos y su exclusin en programas y proyectos dedicados al desarrollo agrcola
los que, de forma explcita o implcita, no las consideran como sujetas econmicas; o si lo hacen,
las apoyan con fondos menores a los que les asignan a los varones, evidenciando patrones
culturales que consideran los ingresos de las mujeres como complementarios al de los hom-
bres. Aunque existen avances en los marcos tericos de dichos programas, las concepciones
culturales de sus ejecutores pueden convertirse en trancas para su realizacin prctica.
En 2001
6
79
fueron registradas 48,540 mujeres productoras agrcolas, las que representan
un 9.7% del total del pas y estn divididas en cuatro grupos:
79 Datos del INE de la Encuesta Nacional Agrcola del 2001, sealados en Investigacin Mujer Rural Hondurea.
Su Rol en los Procesos Productivos Agropecuarios y Artesanales, Incidencia en el Mejoramiento de Condicio-
nes de Vida y en Desarrollo Rural Sostenible, Margarita Oseguera, Tegucigalpa M.D.C., 2003.
90
De las 27,299 productoras de granos bsicos, la mayora est dedicada a producir
maz; 5,222 cultivan frjoles; y 1,782 producen maicillo.
Un 39% est dedicada a cultivos permanentes, especialmente de caf, y en menor
medida de productos como naranjas, bananos, cacao, palma africana, etc.
Solamente un 3% se dedica a la silvicultura, explotacin de bosques de conferas y
latifoliados.
Un 2% se dedica a cultivos anuales, igualmente a productos tales como
cebollas, chiles dulces, tomates y papas.
Las mujeres tambin participan en la agricultura como obreras en los rubros de agroexpor-
tacin y en labores especcas. Tal es el caso en la industria del camarn y en los cultivos del
caf, banano y meln donde fundamentalmente laboran en cosecha y empaque.
Hacia nales de los 90, en la industria del camarn las mujeres representaban aproxima-
damente el 90% de la mano de obra empleada en limpieza y empaque; en el banano eran el
40% en las plantas empacadoras y, aproximadamente, suponan el 60% del personal en el
cultivo del caf
7
80
.
En el 2001 existan 5,646 mujeres empleadas en las bananeras, con edades promedio
entre los 21 y 50 aos y con un nivel de escolaridad promedio de primaria completa. Estaban
dedicadas a calibrar, seleccionar, pesar, sellar, empacar, quitar el durvan (lmina que es colocada
al racimo para protegerlo de los insectos). Tenan contratos temporales, trabajaban de diez a
doce horas diarias en promedio y su salario promedio diario era de cuatro dlares estadouni-
denses. En cuanto a derechos laborales, gozaban de seguro social y vacaciones, aunque esto
no se cumpla en las ncas individuales. El 64% de ellas estaba organizado en los sindicatos.
Mencionaban como limitantes para su organizacin el hecho de que la mayora eran madres
solteras, sin apoyo con el trabajo domstico; las casadas, por su parte, adujeron que los maridos
eran celosos y no las dejaban participar en la organizacin sindical
8
81
.
Las entrevistas realizadas en el marco de este estudio a mujeres que laboran en la cosecha
del meln en la zona sur del pas, arrojaron los siguientes datos: la actividad es de temporada
y carecen de seguridad social; el salario por da era de 95 lempiras (5$ aproximadamente) y
el horario de trabajo de entre 10 y 11 horas diarias.
Entre las entrevistadas, slo un 29% haba nalizado la educacin primaria y un alto por-
centaje (70%) eran madres solteras. Ellas arman que las personas que laboran de manera
permanente en otras labores del cultivo cuentan con benecios laborales y explican de la
siguiente manera el que sean las mujeres quienes se ocupan de manera casi exclusiva de la
recoleccin de la fruta: Nos preeren a nosotras porque somos obedientes, los hombres si
no les parece algo se van y ah dejan todo (trabajadora de nca melonera en San Jernimo,
Choluteca).
80 Rosales, Sara Elisa. Globalizacin Comercio y Gnero. 1er edicin Tegucigalpa M.D.C., 2007.
81 Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba). Diagnstico Participativo con Enfoque
de Gnero sobre Condiciones Sociales, Econmicas, Laborales y Organizativas de las Mujeres Trabajadoras
Bananeras de Centroamrica, 2001.
91
DISTRIBUCIN DE LA OCUPACIN POR SECTORES
Segn datos sealados en el diagnstico de los DESC982, el ao 2004 a nivel nacional
ms de la mitad de la PEA femenina (59%) estaba ubicada en el empleo informal: un 40.9%
laboraba por cuenta propia; un 9.1% estaba dedicada al trabajo familiar no remunerado y un
9.0%, al trabajo domstico.
En el 2007, siguiendo la misma forma de clasicacin del diagnstico referido, la PEA
femenina en el sector informal fue de un 60%, un punto porcentual ms que en el 2004,
lo cual indica el aumento de las mujeres trabajando bajo condiciones de precariedad
10
83
. En
actividades por cuenta propia, lo haca un 42%; en el trabajo familiar no remunerado, un
11% y en el trabajo domstico, un 7%. Resalta la reduccin del porcentaje de mujeres que se
desempea en trabajo domstico, en comparacin con el 2004, lo que puede atribuirse al
incremento de oportunidades laborales para las mujeres en la industria de la maquila ubicada
en centros urbanos
11
84
.
CUADRO 36
REA RURAL POBLACIN OCUPADA Y SEXO
(2004 Y 2007)
CATEGORAS
2004 2007
TOTAL
MUJERES
%
HOMBRES
%
TOTAL
MUJERES
%
HOMBRES
%
Poblacin
ocupada
1,253,705 23.3 76.7 1,456,204 26 74
Poblacin
asalariada
439,969 21.9 78.1 531,263 21 79
Sector pblico 26,326 53.6 46.4 37,130 53 47
Sector privado 389,233 15.3 84.7 469,888 15 85
Sector
domstico
24,410 92.7 7.3 24,245 94 6
Cuenta propia 587,341 27.1 72.9 689,531 31 69
Trabajo familiar
no remunerado
226,395 16.4 83.6 235,410 23 77
Fuente: INE, EPHPM mayo 2004 y mayo 2007.
82 Cladem. 2007, op. cit.
83 En Honduras, la seguridad social alcanza apenas el 15% de la poblacin econmicamente activa (PEA); y la
cobertura de la poblacin total, al 12%. Solo un 41% de los trabajadores asalariados del sector informal estn
protegidos por la seguridad social. Sara Elisa Rodales. Globalizacin Comercio y Gnero. 1er edicin Tegucigal-
pa M.D.C., 2007.
84 En el 2003, la participacin de las mujeres en la maquila fue de un 58.3%, en tanto la de los hombres fue de
un 41.7%. CDM. Mujeres en Cifras Honduras. Tegucigalpa, Honduras, 2004.
92
Datos de 2007 reejan que los varones tienen una participacin de un 51% en el mercado
laboral informal. Este porcentaje est integrado de la siguiente manera: por cuenta propia,
labora el 39%; en trabajo familiar no remunerado lo hace el 12%. Por su escasa representacin
el trabajo domstico masculino equivale al 0%.
Relacionando 2004 y 2007 en una lectura dirigida especcamente al rea rural, es ob-
servable que hubo un crecimiento de casi tres puntos porcentuales en la poblacin femenina
ocupada, rearmando la tendencia de las mujeres hacia la obtencin de ingresos. Los sectores
por cuenta propia, trabajo familiar no remunerado y trabajo domstico, fue donde ms creci
su participacin (ver Cuadro 36).
La mayor incorporacin de las mujeres al mercado laboral no necesariamente implica una
mejora de sus ingresos, dado que se incorporan en sectores de ms bajas remuneraciones
y productividad.
INGRESOS POR OCUPACIN
Relacionando los Cuadros 37 y 38, sobre los ingresos de hombres y mujeres, es posible ob-
servar discriminaciones por lugar de residencia en perjuicio de la poblacin rural. Asimismo,
quedan en evidencia brechas de gnero, que discriminan a las mujeres.
En el sector por cuenta propia, las mujeres tienen salarios muy inferiores a los de los
varones, lo que est determinado por las condiciones precarias en las cuales desarrollan sus
emprendimientos productivos. nicamente en el caso del sector asalariado privado las mujeres
muestran una pequea brecha a su favor.
CUADRO 37
INGRESOS PROMEDIO MENSUAL MASCULINO POR DOMINIO Y
SECTOR FORMAL E INFORMAL 2007
(EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL)
CATEGORAS
INGRESO PROMEDIO
INGRESO
PROMEDIO
ASALARIADOS
CUENTA
PROPIA
TOTAL PBLICO PRIVADO DOMSTICO
Total Nacional 4,218 4,275 8,909 3,802 2,960 4,146
Dominio
Urbano 6,426 5,880 9,442 5,320 3,029 7,426
Rural 2,412 2,511 6,950 2,315 2,775 2,319
Fuente: INE XXXIV EHPM mayo 2007.
93
CUADRO 38
INGRESOS PROMEDIO MENSUAL FEMENINO POR DOMINIO Y
SECTOR FORMAL E INFORMAL 2007
(EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL)
CATEGORAS
INGRESO PROMEDIO
INGRESO
PROMEDIO
ASALARIADOS
CUENTA
PROPIA
TOTAL PBLICO PRIVADO DOMSTICO
Total Nacional 3,842 4,856 7,886 4,457 2,123 2,710
Dominio
Urbano 4,848 5,446 8,479 4,979 2,296 3,814
Rural 2,196 3,131 5,528 2,904 1,795 1,684
Fuente: INE XXXIV EHPM mayo 2007.
La participacin de las mujeres rurales en las maquilas es importante pero, debido a la
escasez de fuentes de trabajo, el pas compite con salarios inferiores para atraer estas inver-
siones. As lo establece, por ejemplo, el Decreto Ejecutivo de enero 2007 que establece un
salario inferior durante los prximos diez aos para las obreras de las maquilas que operan en
los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraso, Santa Brbara y Olancho, disposicin que
se ofrece como ventaja comparativa en el marco de la competitividad.
Las mayores desigualdades en relacin a los ingresos laborales han ocurrido en las zonas
rurales: mientras en 2004 las mujeres urbanas ganaban un promedio de 63% de lo que
ganaba un hombre, en las reas rurales este porcentaje apenas llegaba a 31.3%. (Diagnstico
de Gnero, p, 114).
SUBEMPLEO VISIBLE E INVISIBLE
Un indicador de las condiciones en las que acceden hombres y mujeres al empleo lo constituyen
el subempleo visible e invisible, indicadores que muestran la precariedad del empleo.
El INE categoriza el subempleo visible como el compuesto por las personas que en la se-
mana de referencia trabajaron menos de 36 horas porque no pudieron encontrar ms trabajo;
y al subempleo invisible como el que esy integrado por personas que, habiendo trabajado 36
horas semanales o ms, tuvieron ingresos mensuales inferiores al salario mnimo promedio
mensual por rama de actividad econmica y rea geogrca.
En 1990, el subempleo invisible era de un 31.5%; en 1999, el subempleo visible alcanzaba
a un 3%
12
85
. En 2007 ambos valores han aumentado: el subempleo invisible alcanza ahora al
33.2%; y el visible, al 5.1%.
El subempleo invisible reeja que a muchas personas no se les paga el salario mnimo y
que los emprendimientos por cuenta propia generan ingresos inferiores al salario mnimo.
85 PNUD. IDH 2006.
94
Comparando cifras de 2004 con aquellas de 2007, el Cuadro 39 muestra que preva-
lecen las brechas entre el rea rural y la urbana, siendo la primera la que presenta mayores
porcentajes.
Las mujeres continan con tasas de subempleo visible ms elevadas que aquellas de
los hombres, tanto en el rea rural como en la urbana. Y en el subempleo invisible, los
hombres permanecen mostrando tasas ms altas; a excepcin del rea urbana, donde
hay un ligero decrecimiento en el porcentaje comparado con 2004 (19.6% vs 21.2%,
respectivamente).
CUADRO 39
SUBEMPLEO VISIBLE E INVISIBLE POR SEXO Y REA DE RESIDENCIA
(2004 Y 2007)
REA DE
RESIDENCIA
2004 2007
SUBEMPLEO
VISIBLE
SUBEMPLEO
INVISIBLE
SUBEMPLEO
VISIBLE
SUBEMPLEO
INVISIBLE
M H M H M H M H
Total 8.5 6.2 23.3 32.6 6.5 4.4 24.8 37.5
Urbano 7.5 5.7 21.0 21.2 5.8 3.6 21.9 19.6
Rural 10.3 6.4 27.4 40.6 7.6 5.0 29.3 50.0
Fuente: INE XXXIV EHPM mayo 2007.
TSV: tasa de subempleo visible.
TSI: Tasa de subempleo invisible.
EL TRABAJO DE LOS Y LAS MENORES DE EDAD
El Cuadro 40 muestra la situacin de los menores de edad (entre 5 y 18 aos) que viven en la
zona rural en cuanto a su situacin de trabajo. Es notorio que la poblacin en el rango etareo
de 7 a 9 aos es la ms numerosa, y que de ella el 91.4% solamente estudia. A medida que
los nios y nias crecen se dedican ms al trabajo y van dejando los estudios, lo que evidencia,
por un lado, que el acceso a centros educativos de nivel medio es menor, lo que perjudica
grandemente el desarrollo del rea rural. Adems, es un indicativo de pobreza, en tanto los/as
jvenes tienen que incorporarse al trabajo para obtener ingresos tanto para su subsistencia
como para la de sus familias.
El rea rural muestra una poblacin de nios un poco mayor a la de nias, contrario a
lo que sucede en el rea urbana. En el rea urbana, los/as menores se dedican en mayor
porcentaje slo a estudiar (80.1%) mientras en el rea rural este porcentaje baja al 64.2%.
Tambin los menores de edad en el rea rural presentan mayores porcentajes en la poblacin
que solamente trabaja.
95
CUADRO 40
POBLACIN DE 5 A 18 AOS POR CONDICIN DE TRABAJO,
SEGN RANGO DE EDAD
REA RURAL (2007)
CATEGORA
TOTAL TRABAJAN
ESTUDIA Y
TRABAJA
SOLO TRABAJA SOLO ESTUDIA
NI TRABAJA NI
ESTUDIA
N % 1/ N % 2/ N % 2/ N % 2/ N % 2/ N % 2/
Rural 2/ 1,679,916 100.0 298,480 17.8 92,231 5.5 206,249 12.3 1,077,699 64.2 303,736 18.1
Rango de Edad
De 5 a 6
aos
218,710 13.0 339 0.2 254 0.1 85 0.0 147,672 67.5 70,699 32.3
De 7 a 9
aos
403,851 24.0 7,884 2.0 6,697 1.7 1,187 0.3 368,925 91.4 27,042 6.7
De 10 a 11
aos
257,536 15.3 19,413 7.5 14,411 5.6 5,002 1.9 224,644 87.2 13,479 5.2
De 12 a 13
aos
255,755 15.2 47,048 18.4 23,566 9.2 23,482 9.2 170,052 66.5 38,656 15.1
De 14 a 15
aos
236,258 14.1 81,720 34.6 23,312 9.9 58,408 24.7 96,216 40.7 58,323 24.7
De 16 a 17
aos
215,319 12.8 96,724 44.9 17,972 8.3 78,753 36.6 54,678 25.4 63,918 29.7
De 18 aos 92,486 5.5 45,353 49.0 6,019 6.5 39,334 42.5 15,513 16.8 31,620 34.2
Fuente: INE, XXXIV EPHPM, mayo 2007.
1/ porcentaje por columna
2/ porcentaje por las
Hay ms nios que nias trabajando tanto en la zona rural como en la urbana; y, por lo
tanto, hay ms nias que estudian, mostrndose una brecha ms grande a favor de las nias
en el rea rural. Sin embargo, llama la atencin que hay ms nias que nios en la categora
ni trabaja ni estudia (Cuadro 41). Estas cifras rearman que, aunque la brecha por razones de
gnero en el acceso a educacin se ha reducido y es favorable a las nias incluso en la zona
rural, no es suciente para cambiar la situacin y condicin de la poblacin femenina.
96
CUADRO 41
POBLACIN DE 5 A 18 AOS POR CONDICIN DE TRABAJO,
SEGN REA DE RESIDENCIA Y SEXO
(2007)
CATEGORAS
TOTAL
TRABAJAN
SOLO ESTUDIA
NI TRABAJA NI
ESTUDIA
TOTAL
ESTUDIA Y
TRABAJA
SOLO
TRABAJA
N % 1/ N % 2/ N % 2/ N % 2/ N % 2/ N % 2/
Urbano 2/ 1,149,605 100.0 111,810 9.7 46,397 4.0 65,413 5.7 921,361 80.1 116,434 10.1
Sexo
Nios 569,330 49.5 71,415 12.5 25,809 4.5 45,606 8.0 448,409 78.8 49,506 8.7
Nias 580,275 50.5 40,395 7.0 20,589 3.5 19,807 3.4 472,952 81.5 66,928 11.5
Rural 2/ 1,679,916 100.0 298,480 17.8 92,231 5.5 206,249 12.3 1,077,699 64.2 303,736 18.1
Sexo
Nios 868,907 51.7 249,737 28.7 72,649 8.4 177,088 20.4 518,462 59.7 100,708 11.6
Nias 811,008 48.3 48,744 6.0 19,582 2.4 29,161 3.6 559,237 69.0 203,028 25.0
Fuente: INE, XXXIV EPHPM, mayo 2007.
1/ porcentaje por columna
2/ porcentaje por las
TRABAJO EN SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMA EN ACTIVIDADES DE
TRANSFORMACIN DE PRODUCTOS AGRCOLAS Y NO AGRCOLAS
Ante la reduccin de fuentes de trabajo dentro del mercado formal y los crecientes niveles
de pobreza, la poblacin rural -al igual que la urbana- se ha visto obligada a diversicar sus
actividades en el denominado sector informal de la economa.
Las mujeres estn jugando un papel muy importante en los micro negocios, ya sea ela-
borando productos derivados de la agricultura y la ganadera como en otros productos no
agrcolas y actividades de servicio.
A nivel nacional, las Mipyme contribuyen aproximadamente con el 34% del empleo total
(CID/Gallup, 2000); de ellas, el 30% est en las zonas rurales, donde un alto porcentaje de la
PEA rural se ubica en el sector auto-empleo.
Segn un estudio realizado por el BCIE en 2004, el sector de auto-empleo implica un 46%
de agricultura, caza y pesca; un 15% de industria y manufactura; 25%, de comercio; 10%, de
servicios comunales; y 4% de sociales y personales
13
86
.
86 Villalobos, Iris; Deugd, Michelle y Ocho, Donaldo. Polticas Pblicas y Servicios Financieros y Rurales en
Honduras. Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola Fida/ Unidad Regional de Asistencia tcnica RUTA/
Programa de Apoyo a los Servicios nancieros Rurales Serrura, l2006.
97
En el trabajo por cuenta propia, las mujeres del rea rural realizan diversas actividades,
entre ellas las siguientes
14
87
:
Artesana de barro de la etnia lenca
Artesana de bra tule
Elaboracin de ores y objetos de tusa (paja de maz)
Elaboracin de rosquillas y pan
Artesanas de bra de tuno (mujeres de la etnia miskita)
Elaboracin de shampoo y enjuague de pelo a base de sbila (aloe vera)
Procesamiento de alimentos (mermeladas de fruta y otros)
Produccin y tratamiento de plantas medicinales
Procesamiento y comercializacin de semillas de jcaro
Elaboracin de casabe (pan de harina de yuca, elaborado por mujeres de la etnia
garfuna)
Procesamiento del caf (tostado y empacado)
Elaboracin de papel orgnico
Bordados y tejidos
Tajaditas de pltano
Procesamiento de silos metlicos
Procesamiento de semillas de maran
Adems de stas, las mujeres estn realizando actividades de autoempleo en el ara de
turismo, ya sea vendiendo servicios o elaborando artesanas que comercializan en sus propios
hogares, en las calles de las principales ciudades tursticas o en establecimientos intermediarios.
No es posible conocer la magnitud de su participacin en este sector del cual no se llevan
registros, pero se estima que la proporcin de mujeres en este tipo de trabajo es importante
y que crece cada da ms, en vista de la escasez de empleo formal. La mayor parte de estos
emprendimientos los hacen en sus casas, lo que les permite efectuar tambin sus tareas re-
productivas; pero la no separacin de estos espacios conlleva una baja productividad en ellos
ya que las responsabilidades familiares determinan una menor dedicacin a sus negocios, lo
cual incide en la escala de stos y en su capacidad de acumulacin
15
88
.
Adems, por lo general, las mujeres en sus hogares no cuentan con el ambiente adecuado
para llevar a cabo estas actividades, tanto por el espacio fsico como por la escasez de equipos
e instrumentos y por la inexistencia de condiciones de inocuidad en el caso del procesamiento
de alimentos. Todo lo anterior difculta su trabajo, limita la calidad de sus productos y atenta
contra la calidad de vida de toda la familia. Por otra parte, la mayora no est organizada, y no
tiene acceso a redes que les podran facilitar y ampliar el acceso a servicios para la produccin
y para la comercializacin de sus productos.
Los siguientes datos fueron obtenidos en las entrevistas a grupos de mujeres realizadas
en el marco de este estudio.
87 Oseguera, Margarita. Inam. Investigacin Mujer Rural Hondurea, 2003, op.cit.
88 Renzi, Mara Rosa y Faun, Mara Anglica, op. cit
MUJERES GARFUNAS:
Aquellas de la comunidad de Triunfo de la Cruz elaboran casabe
16
89
, actividad tradicional
de esta etnia y que lleva un proceso de tres das para su elaboracin. Esta actividad les
deja escasas utilidades, las que oscilan entre los 1,000 y 1,500 lempiras mensuales
(entre 52.5 y 78.8 dlares USA
17
90
aproximadamente).
Otras actividades realizadas por estas mujeres son la elaboracin y venta de pan de
coco y la creacin de artesanas utilizando la materia prima de la zona. Con la venta
del pan de coco obtienen ingresos promedio de 600 lempiras (31.5 USA dlares) al
mes, aunque estos ingresos varan de acuerdo a las unidades que elaboren.
Entre las limitaciones para el desarrollo de estos emprendimientos mencionan los
escasos recursos para aumentar la escala de produccin y limitaciones ambientales
en vista de que el cocotero est siendo afectado fuertemente por la enfermedad de
amarillamiento que ha diezmado la disponibilidad de esta materia prima, elevando los
costos de produccin.
MUJERES DE LA ZONA SUR DEL PAS:
Procesan semilla de jcaro. Organizadas en empresas han obtenido prstamos para de-
sarrollarse, tal como en el caso de la Empresa Asociativa Campesina Las Azucenas que
ha recibido apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Cuenta con
un local propio donde realizan la transformacin de la semilla y la venta del producto.
De acuerdo a su valoracin necesitan mejorar la tecnologa para elevar la calidad de
su producto y adquirir ms silos para almacenar la materia prima, lo que les permita
contar con ella permanentemente.
Aunque requieren avanzar en la ampliacin de mercados, actualmente han logrado
mejoras en este aspecto.
Identican como benecio de su actividad micro empresarial, haber ganado en niveles
de autoconanza y autonoma: Antes yo no decida nada, ahora yo decido, yo no tengo
que pedirle permiso a mi marido para salir, solo le informo. Por medio de esta empresa
me he capacitado y con lo que yo aprend les he ayudado a muchas mujeres que antes
no vendan ni un huevo de sus gallinas si el hombre no les daba permiso. Presidenta
Grupo Azucenas. El Guayabo No. 1, Valle.
MUJERES DEL DEPARTAMENTO DE YORO:
Construyen silos, actividad mayoritariamente masculina. Adems de la generacin de
ingresos, contribuyen con ella a la seguridad alimentaria, al brindar la oportunidad de
abastecerse de granos bsicos durante todo el ao1891.
89 El casabe es una tortilla elaborada con harina de yuca.
90 Clculos sobre la base de una tasa de cambio de 19.02 lempiras por dlar.
91 Entrevistas realizadas para el presente estudio a mujeres de la Asociacin de Mujeres Campesinas de Yoro (AMCY).
99
TRABAJO REPRODUCTIVO DE LAS MUJERES RURALES Y SU CONTRIBUCIN A
LA ALIMENTACIN FAMILIAR
El trabajo reproductivo que realizan las mujeres se asume como natural y por esta razn no es
valorado socialmente. El Cuadro 42 reeja que, aunque las mujeres presentan una participacin
en el trabajo de 51.8%, esta es mayor en el trabajo domstico (56.8%). Comparando con los
hombres, la participacin de las mujeres en el trabajo domstico es del 94.4%
19
92
.
CUADRO 42
DISTRIBUCIN DEL TRABAJO TOTAL SEGN SEXO. 2002
TIPO DE TRABAJO MUJERES HOMBRES TOTAL
Trabajo remunerado 795,005 1,649,802 2,444,807
Trabajo domstico 1,047,156 61,690 1,108,846
Total 1,842,161 1,711,492 3,553,653
Distribucin (%) 51.8% 48.2 100.00
Fuente: La Pobreza en Honduras: perspectivas de gnero. Secretara del Despacho Presidencial,
INAM. En Mujeres en Cifras Honduras 2004. Centro de Derechos de Mujeres.
El trabajo agropecuario que realizan las mujeres rurales en las huertas de sus patios o en las
parcelas que, por lo general, pertenecen a sus compaeros de hogar, tampoco es considerado
como trabajo, pese a que contribuye signicativamente a la alimentacin de la familia.
En todo caso, esta actividad ha estado limitada por los cambios ambientales, especialmente
en zonas ms ridas del pas. En las zonas sur, parte del centro y de oriente del pas, la escasez
de agua est ocasionando que los huertos se pierdan, porque casi todos son temporales y
dependen del agua lluvia, que slo dura cinco meses al ao. Esta prdida es uno de los proble-
mas ms graves que afecta a la poblacin rural y particularmente a las mujeres, quienes en su
mayora se ocupan de estas actividades, importantes para la alimentacin de la familia
20
93
.
92 Centro de Derechos de Mujeres. Mujeres en Cifras, op.cit.
93 Oseguera, Margarita, op.cit.
100
8
CAPTULO VIII
M A R C O
I N S T I T U C I O N A L
Y P O L T I C A S
P B L I C A S
A
l
e
y
d
a

R
a
m

r
e
z
COMPROMISOS DEL ESTADO Y CREACIN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA
MUJER
Con la raticacin, en 1982, de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de
Discriminacin contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en ingls) Honduras, como Estado Parte,
conden dichas situaciones y convino en seguir, por todos los medios apropiados y sin dila-
ciones, una poltica encaminada a eliminarlas.
El Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No.979, publicado en el Diario Ocial
La Gaceta el 10 de septiembre de 1980, aprob la Cedaw, instrumento de derecho interna-
cional convenido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucin 34/180
del 18 de diciembre de 1979, el que fue puesto en vigor en septiembre de 1981, trigsimo
da a partir de la fecha en que lleg a poder del Secretario General de las Naciones Unidas el
vigsimo instrumento de raticacin o adhesin.
En su artculo 14, la Cedaw establece:
1. Los Estados Partes tendrn en cuenta los problemas especiales a que hace frente la
mujer rural y el importante papel que desempea en la supervivencia econmica de
su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economa, y tomarn
todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicacin de las disposiciones de la
presente Convencin a la mujer de las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarn todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimina-
cin contra la mujer en las zonas rurales a n de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, su participacin en el desarrollo rural y en sus benecios, y
en particular le asegurarn el derecho a:
a. Participar en la elaboracin y ejecucin de los planes de desarrollo a todos los
niveles;
b. Tener acceso a servicios adecuados de atencin mdica, inclusive informacin,
asesoramiento y servicio en materia de planicacin de la familia;
c. Beneciarse directamente de los programas de seguridad social;
d. Obtener todos los tipos de educacin y de formacin, acadmica y no acadmica,
incluidos los relacionados con la alfabetizacin funcional, as como, entre otros, los
benecios de todos los servicios comunitarios y de divulgacin a n de aumentar
su capacidad tcnica;
e. Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a n de obtener igualdad de acceso
a las oportunidades econmicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta
ajena;
f. Participar en todas las actividades comunitarias;
g. Obtener acceso a los crditos y prstamos agrcolas; a los servicios de comercializa-
cin y a las tecnologas apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma
agraria y de reasentamiento;
h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones.
103
Para dar cumplimiento a estos compromisos, en 1989 el Estado de Honduras formul y
aprob una primera Poltica Nacional de la Mujer, con la participacin de diversas instituciones
estatales y de organizaciones no gubernamentales que trabajaban con y para las mujeres de
distintos sectores. Esta poltica promovi acciones para mejorar la condicin de vida de las
mujeres en las reas de salud, educacin, alimentacin y nutricin, reforma agraria, empleo
y medios de comunicacin. Su aprobacin e implementacin qued a cargo del Gabinete de
Desarrollo Social (Gades).
La aprobacin de esta primera poltica pblica hacia las mujeres evidenci la voluntad
estatal para incorporarlas en su totalidad al desarrollo econmico y social. Antes de esa fecha,
las demandas de las mujeres rurales haban sido consideradas como una prolongacin de
aquellas de sus compaeros de hogar, puesto que ellas no eran consideradas como produc-
toras agrcolas. De aqu que tanto la primera Ley de Reforma Agraria de1962, promulgada en
el marco de la Alianza para el Progreso; como la segunda Ley de Reforma Agraria de 1975,
resultado de las luchas de los campesinos organizados, limit el acceso a tierras de la reforma
agraria a las mujeres slo en caso de muerte de su esposo, siempre y cuando no hubiere un
hijo varn mayor de edad. (Artculos 79 y 84 de la Ley de Reforma Agraria).
Aprobada esa primera poltica en 1989 se fortalecieron las demandas del movimiento
de mujeres de todos los sectores. Esta situacin estuvo favorecida con la creacin del Foro
Permanente de Mujeres, promovido y apoyado por la Comisin Permanente de Asuntos de la
Mujer del Congreso Nacional creada el 19 de marzo de 1991, que impuls acciones para
mejorar la calidad en la atencin de la salud reproductiva de las mujeres con el apoyo de la
OPS. Asimismo, esta comisin revis todos los libros y materiales educativos utilizados en
las escuelas pblicas en la enseanza primaria, con el propsito de garantizar una educacin
libre de roles y estereotipos asignados socialmente a hombres y mujeres, que inferiorizan y
discriminan a las mujeres, tal y como lo establece la Cedaw.
La Comisin promovi tambin la reforma a los referidos artculos 79 y 84 de la Ley de
Reforma Agraria que, expresamente, discriminaban a las mujeres del rea rural como bene-
ciarias de la reforma agraria, la que fue aprobada el 17 de octubre de 1991. Esta derogacin
signic un triunfo para las organizaciones de mujeres campesinas y del resto de la sociedad
civil las que haban sido incansables en esa lucha, junto a la Comisin de Asuntos de la Mujer
del Congreso Nacional.
Esta reforma estableci el derecho de las mujeres para ser beneciarias de la Reforma
Agraria al cumplir diecisis aos de edad, aunque fuesen solteras y tuvieran o no hijos/as a su
cargo, al igual que los varones campesinos. Tambin fueron establecidos derechos sucesorios
a la muerte del esposo o la esposa o la compaera de hogar de un socio/a de cooperativa o
empresa asociativa establecida en el marco de la Ley de Reforma Agraria.
Sin lugar a dudas, esto signic un avance formal favorable al acceso de las mujeres a la
tierra. Sin embargo, la vigencia de esas disposiciones tuvo una vida efmera, pues coincidi
con la emisin de una nueva ley que derog y reform stas y otras disposiciones que, de
haberse aplicado, hubieran mejorado la situacin de las mujeres rurales.
Este nuevo cuerpo legal denominado Ley para la Modernizacin y el Desarrollo del Sector
Agrcola emitido mediante Decreto Legislativo No. 31-92 de fecha 5 de marzo de 1992,
104
incluy el artculo reformado; pero, con intencin o sin ella, dej sin efecto la medida armativa
contenida en la reforma que dispona que la tierra adquirida mediante la Reforma Agraria fuera
inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la pareja, al condicionar dicha inscripcin a
la voluntad de ambos. En la prctica, se dieron dos situaciones: muy pocos hombres aceptaban
que la tierra fuera inscrita tambin a nombre de su compaera, y por tanto la pareja no lo so-
licitaba; y como el personal de los registros no fue capacitado al respecto no hubo promocin
de esta forma mancomunada de inscribir la propiedad.
En 2000, el Congreso Nacional rearm el derecho de las mujeres rurales a acceder a la
tierra, mediante la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer aprobada y publicada en
el Diario Ocial La Gaceta el 22 de mayo de ese ao, misma fecha en que entr en vigencia. El
artculo 73 de dicha ley estipula que los bienes inmueble, vale decir la tierra, que sean adquiridos
directa o indirectamente gracias al Estado debern ser inscritos en el Registro de la Propiedad a
nombre de ambos cnyuges, o de quienes convivan bajo el rgimen de unin de hecho inscrito
en el Registro Civil, o de quienes lo hagan en una unin no reconocida legalmente.
Pese a todo, el reconocimiento formal del derecho de las mujeres urbanas y rurales para
acceder a tierra y vivienda no se traduce, todava, en un incremento igualitario o, al menos,
sustancial en el acceso a dichos bienes. Esta situacin obedece a la falta de toma de conciencia
del personal de las instituciones relacionadas, y de la poblacin en general, que mantienen
concepciones culturales tradicionales.
La creacin de la Comisin Permanente de Asuntos de la Mujer del Congreso Nacional
signic un avance para todas las hondureas, ya que de all naci tambin la cimiente de
la Ocina Gubernamental de la Mujer, adscrita a la Presidencia de la Repblica y que, aos
ms tarde, se convertira en lo que hoy es el Instituto Nacional de la Mujer (Inam), institucin
autnoma, con personalidad jurdica y patrimonio propio, creada mediante Decreto 232-98,
publicado en el Diario Ocial La Gaceta de fecha 11 de febrero de 1999 y que entr en vigor
el 3 de marzo de 2000.
El Inam es el rgano rector de las polticas pblicas para el desarrollo de las mujeres en un
marco de igualdad de oportunidades con los hombres.
Entre sus funciones constan las siguientes:
1. Formular, desarrollar, promover y coordinar la ejecucin y seguimiento de la Poltica
Nacional de la Mujer y la integracin de la misma al desarrollo sostenible, as como
los planes de accin que la operativicen.
2. Coordinar las acciones e instancias creadas, y las que se crearn en el futuro en la
administracin pblica, para promover el mejoramiento de la condicin de la mujer en
equidad de gnero, aplicando el principio de la igualdad de derechos, de oportunidades
y de trato.
Acorde a sus funciones, para la formulacin de la segunda Poltica Nacional de la Mujer
convoc a diversas instituciones estatales relacionadas con educacin, salud, trabajo, derechos
humanos, administracin de justicia y sector agrario; as como a medios de comunicacin,
diputadas del Congreso Nacional, autoridades de las corporaciones municipales, organizaciones
de mujeres de todos los sectores y ONG que trabajan en la promocin y defensa de los derechos
105
humanos de las mujeres, con un enfoque integral a nivel local y nacional. Su elaboracin y
bsqueda de consenso recibi apoyo nanciero de la cooperacin internacional, lo que permiti
desarrollar cinco talleres con la participacin de mujeres de todo el pas.
En relacin a las mujeres rurales, el acuerdo fue incorporar a esta poltica general la Poltica
de Equidad de Gnero en el Agro Hondureo, a n de no duplicar esfuerzos; esto permiti
a la institucin rectora de las polticas para el avance de las hondureas trabajar de manera
coordinada con el sector agrario.
Luego de todas estas conversaciones, la segunda Poltica Nacional de la Mujer privilegi
cinco reas: salud, educacin y medios de comunicacin, economa y pobreza, violencia y
participacin poltica, siendo aprobada a nales de 2000. Fue ocializada luego de la asuncin
del nuevo gobierno, junto con el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer 2002 2007. La evaluacin del mismo, una vez nalizado el periodo de su vigencia,
todava no ha sido publicada.
En cuanto a su funcionamiento, el Inam ha visto respaldadas sus acciones por un incre-
mento en su presupuesto que proviene del Estado, pasando de 13 millones de lempiras, en
2007 a 24 millones en 2008.
Una resea de actividades realizadas en el periodo 2006-2007, publicada en el diario
El Heraldo del 25 de enero de 2008, evidencia que la actual administracin del Inam ha
dado continuidad, con xito, a las acciones que esta institucin viene realizando desde su
creacin.
Hace dos aos, el Inam public la Agenda de Gnero de Pas 2006-2010, como instrumento
que le permite al sector pblico identicar intervenciones prioritarias hacia la equidad de gnero.
Un estudio publicado recientemente arma que esta agenda y la concrecin de sus aspectos
es uno de los logros ms signicativos del INAM, as como el fortalecimiento de las capaci-
dades nacionales para transversalizar la perspectiva de gnero en las propuestas nacionales
de apertura comercial y en los presupuestos pblicos; adems de identicar las necesidades
econmicas y laborales en el marco de la ERP y de polticas sectoriales de empleo.
En el mbito local en el 2007 fueron organizadas 26 Ocinas Municipales de la Mujer
(0MM), las cuales brindan espacios a favor de la mujer para ejecutar acciones en los 5 ejes
temticos de la Poltica Nacional de la Mujer (PNM) que incluyen economa, salud, educacin,
participacin social y poltica, y violencia. Existen 116 OMM en todo el pas, 93 organizadas
por iniciativa del Inam y el resto en coordinacin con organizaciones de la sociedad civil
1
94
.
De acuerdo al Inam, la adecuada funcionalidad de muchas de estas ocinas es todava
un reto a superar.
PARTICIPACIN POLTICA
En esta materia, los avances no han sido satisfactorios segn lo contemplado en la Poltica
Nacional de la Mujer y en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que establece
un mnimo del 30% de participacin femenina en cargos de eleccin popular.
1
94 Carrera de Desarrollo Socioeconmico y Ambiente del Zamorano. Mapeo de Gnero -Informe Honduras.
PNUD/ Comisin Europea/ Escuela Agrcola Panamericana, El Zamorano, 2008.
106
Segn cifras del Congreso Nacional publicadas por el Inam, en las ltimas elecciones ge-
nerales de 2005, 31 mujeres fueron electas para ocupar el cargo de diputadas en el Congreso
Nacional, lo que constituye el 24%. Si bien este porcentaje fue mayor respecto a las elecciones
anteriores, no alcanz el mnimo establecido en la ley. Adems, a niveles locales, solamente 24
mujeres fueron electas como alcaldesas, lo que representa un porcentaje de apenas el 8%.
POLTICAS PARA PROMOVER LA EQUIDAD DE GNERO DE LAS MUJERES
RURALES
POLTICA PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN EL AGRO HONDUREO 1999-2015
Debido a que la Ley para la Modernizacin y el Desarrollo del Sector Agrcola caus algunas
inquietudes, especialmente en el sector campesino, fue creada la Comisin de Convergencia
para el Sector Agrcola, organizada en cuatro subcomisiones, una de las cuales se ocupa de
analizar la participacin de las mujeres en el desarrollo agropecuario. Su trabajo evidenci
que, pese a los esfuerzos realizados, las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres
persistan y se agudizaban.
Como resultado de ese anlisis, la Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG) promovi la
constitucin del Comit Tcnico Interinstitucional del Sector Agrcola, coordinado por lo que hoy
se conoce como Unidad de Planeamiento y Evaluacin de Gestin (Upeg), que revis el Plan Agr-
cola para el Desarrollo del Campo 1995-1998 (Proagro) para asegurar a las mujeres rurales una
participacin de mejor calidad en los benecios. Con el apoyo de la FAO, y en coordinacin con
el Inam, fue llevado a cabo un proceso de revisin de las polticas sectoriales desde un enfoque
de equidad de gnero. En este trabajo participaron profesionales y tcnicos/as de instituciones
pblicas y privadas del sector, gremios profesionales anes, acadmicos y acadmicas de las
ciencias agrcolas y representantes de organizaciones campesinas y de mujeres.
Los aspectos abordados en este proceso versaron sobre desarrollo rural y tecnologa agr-
cola, ordenamiento y regulacin en la tenencia de la tierra, foresta y medio ambiente, nancia-
miento rural, empleo rural y transformacin agrcola y el rol de las organizaciones campesinas
en la modernizacin del sector agrcola. Uno de los productos de este trabajo fue el Plan de
Accin Pro Equidad de Gnero en el Agro Hondureo (Pro-Egedagro) 1997-2015.
Los graves daos causados a mediados de octubre de 1998 por el Huracn Mitch, en
todo el territorio nacional, obligaron al Estado a revitalizar el Comit Tcnico Interinstitucional
en Gnero del Sector Pblico Agrcola. Para ello cont con la ayuda nanciera de la Agencia
Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi) por medio del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) que apoy la ejecucin de la Poltica de Igualdad de Oportunidades en el
rea Rural. Igualmente obtuvo recursos tcnicos del Proyecto de Apoyo a la Gestin Sostenible
de los Recursos Naturales (PAGS). La idea fue actualizar e introducir el Pro-Egedagro en el
marco de la Poltica de la Nueva Agenda de Honduras 1998-2002, la Nueva Agenda Agrcola
de ese mismo periodo, el Plan de Reconstruccin del Sector Agrcola y el Programa Nacional
de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders). En este contexto, fue elaborada la Poltica para la
Equidad de Gnero en el Agro Hondureo 1999-2015, aprobada por el Consejo de Desarrollo
Agrcola (Coda) en marzo de 2000.
107
El objetivo general de ltima poltica es institucionalizar y operacionalizar, a partir de las
actuales polticas y planes sectoriales agrcolas, un proceso que permita el fortalecimiento y
la ampliacin de oportunidades econmicas, sociales, polticas y culturales en igualdad de
condiciones para las mujeres rurales, a n de reducir al ao 2015 la brecha de gnero existente
en el agro hondureo.
Esta poltica es aplicable en los mbitos de accin siguientes:
lor:u|oo|n|on:o |ns:|:uo|onu|.
lnornuo|n os:uo|s:|ou , no os:uo|s:|ou.
/oooso , oon:ro| oo |os rooursos proouo:|vos |us|oos.
Soo:or oo |u uqro oxpor:uo|n :ruo|o|onu| , no :ruo|o|onu|.
Munoo sos:on|||o oo |os rooursos nu:uru|os.
Doroo|os , pur:|o|puo|n on |u :onu oo ooo|s|onos.
Dosurro||o |ununo sos:on|||o.
Para cada mbito de accin fueron planteados objetivos especcos y las respectivas
medidas que debern ser adoptadas para alcanzar el objetivo general propuesto al 2015. Su
implementacin implica elaborar Planes Operativos Anuales (POA) en cada una de las insti-
tuciones del Sector Pblico Agrcola, con metas, actividades, cronogramas y responsables de
cada una de las medidas.
Habr, adems, un seguimiento regular de la ejecucin del Plan por parte del Comit Tc-
nico Interinstitucional del Sector Pblico Agrcola, compuesto por todas las representantes de
las unidades de gnero del sector coordinadas por Upeg/SAG. Por su parte, la representante
de cada unidad de gnero realizar un informe trimestral del desarrollo de las actividades que
son competencia de su institucin en el cumplimiento de los POA. Sobre la base de dichos
informes, el Comit Tcnico Interinstitucional elaborar un informe semestral sobre el desarrollo
de la ejecucin del plan en su conjunto.
Las labores de chequeo del plan corresponden a la Comisin de Evaluacin del Plan,
formada slo para este n e integrada por una representante del Inam, la representante de
la Upeg que coordinar el Comit Tcnico Interinstitucional, una representante de la unidad
de planicacin de cada institucin, y una representante de cada agencia de cooperacin
internacional que apoya la ejecucin del plan, de manera integral y sustantiva.
La Comisin de Evaluacin debe, adems, redactar un informe anual sobre la ejecucin
del POA de la Poltica para la Equidad de Gnero en el Agro Hondureo que elevar al Con-
sejo de Desarrollo Agrcola (Coda) y al Inam. Para el ejercicio de sus funciones, la Comisin
podr buscar los servicios de profesionales para realizar las evaluaciones externas que estime
conveniente, adems de basarse en los informes de los/as representantes de las unidades de
planicacin de las instituciones del sector pblico agrcola.
Posterior a la aprobacin de esta poltica, las autoridades de la SAG decidieron ejecutarla
por medio de la plataforma del Pronaders. Este programa desarrolla el plan estratgico
para la operativizacin de la Poltica 2002-2006. Dicho plan fue elaborado de forma
participativa con el concurso de instituciones del Estado y organizaciones campesinas
de mujeres y mixtas.
108
El documento del plan hace un balance del proceso de formulacin e implementacin de
la poltica y plantea entre otras cosas, que ella contiene una estructura terica que combina
el enfoque de mujeres en desarrollo con el de gnero en desarrollo. Fueron encontradas de-
bilidades en tanto no eran contemplados aspectos como la sobrecarga de trabajo o el triple
rol de las mujeres y no garantizaba la participacin de ellas en la gestin del desarrollo en
igualdad. En consecuencia, era necesario incluir acciones armativas y medidas desarrolladas
con enfoque de gnero.
Desafortunadamente, aunque el sector pblico agrcola ha realizado acciones y actividades
para la implementacin de la poltica, an no ha habido una evaluacin de su ejecucin. Sin
embargo, se sabe que este proceso en cada una de las instancias del sector ha sido variable y
que ha dependido de la voluntad y grado de conciencia de las personas a cargo, tanto de las
unidades de gnero como de aquellas con mayor poder de decisin.
La implementacin de esta poltica es de vital importancia para cerrar brechas de inequidad
en perjuicio de las mujeres rurales y existe al respecto una preocupacin compartida por lograr
el cumplimiento de su objetivo al 2015.
En consecuencia, la SAG y la Upeg han formulado una propuesta para el fortalecimiento del
Comit Tcnico Interinstitucional de Gnero (Cotigsa) argumentando que, si bien en los ltimos
aos el comit se ha reunido para conocer el avance de la Poltica para la Equidad de Gnero
en el Agro Hondureo y operativizarla en sus instituciones, dicha poltica est desactualizada
en cuando a sus aspectos estadsticos y enfoques de desarrollo, y su plan estratgico cumpli
en 2006 el periodo para el que fue elaborado.
Tambin reconocen que las unidades de gnero de las instituciones, formadas segn lo
establece la ley, estn muy debilitadas. En instituciones como la SAG, a la que la poltica le
otorga un rol importante, as como en otras instituciones del sector, las unidades de gnero,
en el mejor de los casos, se redujeron a una coordinadora. De aqu que, plantea la propuesta,
es necesario organizarlas, para lo que el Cotigsa deber incidir en los tomadores de decisiones
al ms alto nivel en las instituciones del sector.
A la vez, proponen diez objetivos especcos, siendo uno de ellos la bsqueda de los
mecanismos adecuados para transformacin de esta poltica en ley.
POLTICA PARA LA EQUIDAD DE GNERO PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
La Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) cuenta con la Poltica para la Equidad
de Gnero para el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Ambiente.
En 2007, la Serna integra la perspectiva de equidad de gnero en sus planes, progra-
mas, proyectos, operacin interna, y todo lo que compete a su funcionamiento como ente
rector, normador y regulador del ambiente y los recursos naturales. Entre sus mbitos de
accin estn el fortalecimiento institucional, el manejo sostenible y la conservacin de la
biodiversidad, el uso eciente y sostenible de los recursos hdricos, gestin ambiental con
equidad de gnero, manejo y produccin energtica con equidad de gnero y evaluacin
y control ambiental.
109
DIVERSAS POLTICAS CON ACCIONES PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN EL
MEDIO RURAL
POLTICA DE ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y EL MEDIO RURAL
DE HONDURAS 2004 2021
Elaborada en 2003, explicita -en su Captulo 4- las polticas sectoriales para el desarrollo
agroalimentario incluyente y el bienestar rural:
Equidad de gnero
Las polticas para la agricultura y el bienestar rural apuntan a eliminar todas las inequidades
sociales existentes en el medio rural del pas y a estimular todas las potencialidades de las
mujeres de dicha rea.
Para lograr los objetivos de desarrollo econmico y justicia social en el medio rural ser
adoptado el enfoque de equidad de gnero, encaminado a disminuir las brechas sociales,
econmicas, polticas y culturales entre los gneros, tomando en cuenta la diversidad, an
en el seno de la familia. Este enfoque permite reconocer el desigual punto de partida en el
que estn las mujeres, con respecto a los hombres, para participar y gozar de los benecios
del desarrollo.
Para alcanzar estos objetivos:
So ponoru on ooouo|n |u lo||:|ou puru |u Lou|ouo oo Conoro on o| /qro onourono
(Pegah), para lo cual en los cuatro Servicios y Programas Nacionales sern creadas
y fortalecidas las estructuras institucionales que hagan posible la ejecucin de sus
acciones.
Do|oru oons|oorurso |u :runsvorsu||zuo|n oo| onoouo oo oou|ouo oo qonoro oosoo |u
etapa inicial de planicacin, tomando en cuenta que los planes, programas y proyectos
ejecutarn acciones encaminadas a modicar las relaciones desiguales de poder entre
hombres y mujeres, reejadas en el acceso y control desigual de los recursos y toma
de decisiones.
Sorun rou||zuous uoo|onos ouo oon:r||u,un u roouo|r |us |roo|us on:ro |on|ros , nuo-
res en relacin al acceso y control de los recursos productivos. Del mismo modo, sern
establecidas las coordinaciones necesarias con otras instituciones del sector pblico
para crear la infraestructura social que permita aliviar la carga de trabajo reproductivo
de las mujeres.
lquu|non:o sorun ooou:uous uoo|onos :ono|on:os u |u noo|ouo|n oo pupo|os :ruo|o|o-
nales asignados a hombres y mujeres, para que stas participen en mejores condiciones
en el desarrollo econmico, social y poltico del pas.
lor u|:|no, sorun orouoos |os nooun|snos puru oonooor , |uoor v|s|||o o| upor:o oo
las mujeres al sector.
Por su parte, el Captulo 6 dispone las siguientes medidas sectoriales de poltica para el
desarrollo de la agricultura campesina y equidad de gnero:
Tranversalizacin del enfoque de gnero en las polticas, por medio de los cuatro
Servicios y Programas Nacionales: esta medida implica incorporar dicho enfoque a
110
todo el accionar del sector pblico agrcola, en el diseo de los programas y proyectos,
y en el seguimiento y evaluacin de la poltica de gnero, estableciendo indicadores
sensibles al tema. Para ello, ser incorporado a la SAG el recurso humano especializado
necesario para apoyar este proceso, visualizando en forma integral la problemtica de
gnero en el campo.
Establecimiento de mecanismos que aseguren la equidad de gnero en los ingresos
y en el acceso y control de los recursos productivos: esta disposicin implica el
reconocimiento de que las mujeres generan ingresos monetarios que constituyen un
factor de autonoma y capacidad de negociacin, convirtindose en una herramienta
para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres. Por ello indica que los programas
y proyectos debern establecer mecanismos que incentiven un acceso ms equitativo
tanto a los recursos productivos como a los servicios de apoyo; y dar prioridad a la
insercin de las mujeres en el sector agro exportador tradicional y no tradicional, faci-
litando su acceso a la capacitacin laboral y a las inversiones. Esta medida busca que
las mujeres puedan desarrollar o transformar sus unidades productivas y/o mejorar
su insercin en el mercado laboral.
Reconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo agroalimentario del pas: hacer
visible el trabajo de las mujeres es un factor clave para su valoracin social y es la base
para la bsqueda de mecanismos que concreten la justa retribucin de benecios
basado en el trabajo aportado por las personas. Por ello, se propiciar que en cada
una de las instancias del sector sea generado un sistema de registro de informacin
desagregada por sexo, en el que las mujeres sean efectivamente visibilizadas, recono-
cidas y adecuadamente registradas como productoras, contribuyentes y beneciarias.
Sern creados, adems, sistemas de seguimiento y evaluacin de las acciones con
indicadores de gnero. La informacin obtenida permitir modicar y/o fortalecer las
medidas de la poltica de equidad de gnero al responder a la situacin diferenciada
de hombres y mujeres.
La segunda parte del mismo captulo incorpora otras medidas especcas:
Ampliacin de derechos y participacin de las mujeres en la toma de decisiones: esta
medida multisectorial promocionar la integracin de la participacin de las mujeres
rurales en las instancias de toma de decisiones pblicas y privadas. As mismo, sern
promovidos los derechos fundamentales de hombres y mujeres rurales y facilitadas
las condiciones para que puedan ejercerlos. Desde la visin de la poltica, el ejercicio
de los derechos pasa por la corresponsabilidad de hombres y mujeres y la eliminacin
de papeles estereotipados.
Poltica de Gnero en Pronaders: sectorialmente, ser mejorada la atencin a las
mujeres, consideradas como grupo vulnerable, en los proyectos de todos los niveles
de Pronaders, elevando los niveles de concientizacin y calicacin sobre la Poltica
de Equidad de Gnero gracias a su difusin al interior del programa y en los proyectos
externos apoyados para el perodo 2004-2005.
111
Financiamiento a mujeres rurales: por medio de su Unidad de Gnero, la SAG atender
la poblacin rural femenina de todo el pas, desarrollando los mecanismos de acceso de
las mujeres campesinas, y de las microempresas femeninas constituidas y funcionando,
a los recursos de produccin, crditos y capacitacin.
POLTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.
El compromiso de reducir la poblacin en situacin de inseguridad alimentaria fue asumido
por Honduras, junto al resto de los pases miembros de la FAO, durante la Cumbre Mundial
de la Alimentacin en 1996 y fue rearmado con la rma de la Declaracin del Milenio de
las Naciones Unidas.
En 2002, la Cumbre Mundial de la Alimentacin: Cinco Aos Despus conrm como
primer objetivo reducir, antes del 2015, a la mitad el nmero de personas que pasa hambre en
el mundo. Sin embargo, la misma reunin constat que la disminucin de personas desnutridas
en el mundo no lleva el ritmo deseado: muy por el contrario en Honduras, en particular, y en
general en Centro Amrica la situacin ha empeorado signicativamente debido a la conuencia
de factores como el paso del Huracn Mitch, la crisis del sector cafetalero, la ausencia de un
rme compromiso en este sentido por parte de los gobiernos y una inadecuada movilizacin
de los recursos.
Honduras viene impulsando el diseo de una poltica sectorial para este tema desde 2003.
En 2005, el gobierno elabor un proyecto al respecto y, tras las elecciones de noviembre
de 2005, el nuevo gobierno promulg la Poltica de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de Largo Plazo (PSAN) y, en marzo y octubre de 2006 aprob un Plan Estratgico para su
implementacin en el perodo 2006-2015. Ambos cuentan con el apoyo tcnico y nanciero
de la Unin Europea.
En atencin al principio de integralidad de los derechos humanos, y para trascender las
prcticas de desarrollo rural ms all de la priorizacin de los temas relacionados con la produc-
cin, acceso a los recursos y tecnologa, as como por la necesidad de un accionar coordinado
entre las instituciones ejecutoras de las polticas que velan por el avance de las mujeres rurales,
haremos una breve referencia a la PSAN.
La PSAN, que posee un enfoque nutricional, parte de un diagnstico que seala cules son
los factores de consumo y utilizacin de los alimentos que tienen un mayor peso en el conjunto
de la vulnerabilidad alimentaria. Su formulacin est orientada hacia un rol coordinador suave
de otras polticas ya instituidas, rene lneas de accin ya existentes bajo un referente comn
y establece instrumentos complementarios propios. Sus lineamientos estratgicos tienen
una denicin muy dirigida hacia las metas establecidas en la Estrategia de Reduccin de
la Pobreza (ERP) que, en sus sucesivas revisiones, fue incorporando elementos relacionados
con la seguridad alimentaria hasta instalarla, en la revisin de 2007, como uno de sus seis
ejes transversales.
Por su lado, el Plan Estratgico introduce un mayor detalle en los aspectos relacionados
con la seguridad alimentaria. Adems, existe una serie de polticas y estrategias relacio-
nadas con la PSAN: la Poltica Nacional de Nutricin, la Poltica de Estado para el Sector
Agroalimentario y el Medio Rural, la Poltica Nacional y Competitividad y la actual consigna
112
poltica del presente gobierno: Visin del Poder Ciudadano para Transformar Honduras. Es
importante sealar que el tema de seguridad alimentara es uno de los ejes transversales
de la planicacin sectorial.
La PSAN adopta y profundiza los lineamientos de las respectivas polticas sectoriales y
sus planes de largo plazo en salud, educacin, agroforestal, microempresa, proteccin social,
agua y saneamiento, gobernacin e infraestructura bsica. Al mismo tiempo, dene un Plan
de Accin que identica las tareas especcas que le corresponder asumir a las distintas
Secretaras de Estado a n de generar una respuesta coordinada y rpida a las familias en
extrema pobreza.
ALGUNOS PROGRAMAS ESTATALES Y LAS MUJERES RURALES
Programa de Asignacin Familiar (Praf). Por medio del proyecto Praf Di-Mujer, que opera
en 17 de los 18 departamentos del pas, en 2007 brind asistencia tcnica a 12,700 mujeres
organizadas en grupos solidarios y microempresas en las reas de produccin, organizacin,
administracin, y aspectos nancieros y sociales.
El proyecto otorg crditos solidarios por un monto de 27,469,622.50 millones de lem-
piras, beneciando a 4,807 mujeres, con un promedio de 5,714.50 lempiras por cada una,
aproximadamente ya que los montos responden a las actividades que realizan.
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders). Cuenta con una Unidad
de Gnero que, entre sus funciones principales, debe asesorar la transversalizacin del enfo-
que de equidad de gnero en los doce proyectos que estn bajo su alero: Programa Multifase
para el Manejo de los Recursos Naturales en Cuencas Prioritarias, Programa de Fomento de
Negocios Rurales (Pronegocios), Proyecto de Desarrollo en Zonas de Fragilidad Ecolgica de
la Regin del Trinio (Prodert), Cuenca Alta del Ro Lempa, Fundacin Prolancho, Desarrollo
de los Valles de Sico y Paulaya, Componente de Occidente para el Manejo de los Recursos
Naturales, Manejo Integrado de Ecosistemas (GEF), Proyecto Autogestionario para el desarrollo
de los Municipios del Norte de Copan (Norte de Copan), Reduccin de Prdidas Post Cosecha
(Post Cosecha), Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (Pesa), Lempira Sur y Care
Extensa, los ltimos en proceso de negociacin al cierre de este informe.
En el marco de estos proyectos, hay una gran cantidad de subproyectos en ejecucin:
gracias al Programa RE Rural son desarrollados 209 subproyectos, con un monto de inversin
de 504,787,830.00 lempiras. En Manejo de Recursos Naturales (Marena) hay una inversin
en proceso de ms de 24.00 millones de dlares estadounidenses. Y en la zona de Occidente,
el Pronaders ha beneciado a 8,928 hombres y 9,606 mujeres.
En los ltimos aos, la Unidad de Gnero ha apoyado a unos 150 grupos y empresas de
mujeres en la formulacin y gestin de propuestas de proyectos, los que les permitan acceder
a fondos para desarrollar sus emprendimientos productivos. Estos perles de proyectos son
canalizados a los diferentes programas y proyectos que tienen inuencia en sus respectivas
zonas y estn bajo la coordinacin del Pronaders. Algunos de estos proyectos aprobados
aparecen en el Anexo 1.
Instituto Nacional Agrario (INA): su Unidad de Mujer y Joven Rural, adscrita al Departa-
mento de Reconversin Empresarial, apoya la implementacin de la Poltica para la Equidad
113
de Gnero del Agro Hondureo y otras similares para el avance de las mujeres. Brinda capaci-
tacin en diversos temas para el empoderamiento de las mujeres y promueve la coordinacin
con otras instituciones pblicas y privadas a n de potenciar sus actividades productivas y
de negocios. Tambin impulsa la organizacin de las mujeres y contribuye a la innovacin de
sus productos.
Una de sus labores fundamentales es el apoyo a la comercializacin por medio del impulso a
la participacin de las empresas de mujeres en ferias nacionales e internacionales, as como en
la bsqueda de nichos de mercado. La unidad impuls igualmente la creacin de un centro de
negocios, que constituye un punto para la venta de los productos que elaboran las mujeres.
En 2007 el INA, adems de realizar la titulacin de tierras en los diferentes sectores, ac-
ciones que ya fueron enunciadas en el captulo sobre acceso a recursos productivos de este
estudio, ejecut los proyectos que aparecen en el Cuadro 43.
CUADRO 43
PROYECTOS EJECUTADOS POR EL INA
(2007)
NOMBRE DEL PROGRAMA/
SERVICIO /PROYECTO
BENEFICIARIOS
MONTO LPS.
HOMBRES MUJERES TOTAL
Reconversin empresarial
Capacitacin empresarial 5,099 2,185 7,284 Aproximado
19,524,000.00
Capacitacin y gestin empresarial 1,184 508 1,692
Constitucin de empresas 3,167 1,357 4,524
Formulacin y ejecucin de proyectos 1,076 460 1,536
Programa de Acceso a la Tierra
(Pacta)
139 93 232 6,413,152.54
Programa de Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PasaH)
Titulacin de tierras 1,050 450 1,500 1,855,355.00
Proyecto Galleta Nutritiva 80 80
Proyecto de gallina criolla ponedora 60 60
Proyecto de ganado de leche 45 45
Proyecto apcola 45 45
Fuente: Divisin de Planicacin INA. (2007).
114
OTROS PROYECTOS EJECUTADOS DESDE EL SECTOR PBLICO AGRCOLA Y DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
En la SAG existen dependencias que cuentan con unidades de gnero, tal es el caso de la
Direccin de Ciencia y Tecnologa (Dicta) que, a partir de 2002 ha desarrollado acciones del
proyecto Apoyo a la Mujer Rural para incrementar la Produccin de Alimentos (PAMR), cuyo
objetivo general es contribuir al logro de la seguridad alimentaria de la poblacin meta, fortale-
ciendo los mecanismos de acceso de las mujeres campesinas a los recursos de produccin.
Sus componentes son capacitacin (productoras enlace), crditos (por medio de las Cajas
Rurales) y desarrollo empresarial y sus principales logros son:
lornuo|n oo o|nouon:u , un (o1) Cuus luru|os oo /|orro , Croo|:o (Cruo) uno|onunoo
en diferentes comunidades del pas.
/:ono|n u 1,112 un|||us, oon bo0 nuoros , 3B0 |on|ros.
O:orqun|on:o oo :ro|n:u , so|s (3b) nuno|un|on:os, ouo roproson:un un :o:u| oo
2,093,669.50 lempiras provenientes del programa 2KR del gobierno del Japn.
ln|o|o, on sop:|on|ro oo 200o) oo |u ornuo|n oo :ro|n:u (30) lroouo:orus Ln|uoo
(PREN) quienes se capacitaron en la formulacin, seguimiento y evaluacin de proyectos;
nutricin; huertos familiares y saneamiento bsicos.
Dosurro||o oo pro,oo:os n|oroonprosur|u|os on so|s (b) Cuus luru|os ro|uo|onuoos oon
la cra de tilapia (tipo de pez), elaboracin de artesanas, produccin de frjol y tiendas
de insumos agrcolas.
Dosurro||o oo oup|:u| prop|o (42B,43U.00 |onp|rus) on :ro|n:u , o|noo (3o) Cuus luru|os
organizadas en 2007.
lor:u|oo|n|on:o oo| :ru|uo oon |us Cuus luru|os oosoo o| onoouo oo oou|ouo oo
gnero por la va de la capacitacin al personal (110 personas) y la contratacin de
personas tcnicas con experiencia en el tema.
Otros programas y proyectos del sector aparecen en el Anexo 2 y muestran los avances
existentes en la incorporacin de las mujeres en las actividades productivas y en el acceso
a fondos para desarrollar sus actividades econmicas. No obstante lo anterior, an existen
brechas de participacin importantes respecto a los hombres, especialmente cuando se trata
de proyectos no tradicionales para las mujeres.
La participacin de las mujeres es ms numerosa en proyectos de proteccin del medio
ambiente donde, por lo general, lo hacen como trabajadoras voluntarias (este enfoque no fue
constatado con los responsables de estos proyectos). Tambin lo hacen en proyectos relacio-
nados con la nutricin y seguridad alimentaria donde juegan un rol fundamental dentro del
seno de la familia. Es de resaltar su involucramiento en las cajas rurales, casi la nica fuente
de obtencin de crdito a falta de garantas slidas y que contribuyen a su empoderamiento
econmico.
Las responsables de las unidades de gnero indicaron en las entrevistas que realizan un tra-
bajo por fomentar la participacin de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo plantean
que el trabajo con las mujeres est enfocado al desarrollo de sus capacidades y habilidades; en
esa medida, si bien no contribuyen a que ellas realicen actividades no tradicionales, se espera
115
que sus actividades les generen ingresos sucientes para desarrollarse econmicamente y a
niveles competitivos. Los impactos de estas acciones estn todava por sistematizarse.
No es posible constatar si los proyectos contemplan metas e indicadores que den cuenta
de la disminucin de la carga de trabajo reproductivo de las mujeres, ni de medidas armativas
dirigidas a ellas.
APOYO DE LA FAO
La FAO considera que todas las acciones en pro del desarrollo de la poblacin deben realizarse
bajo el lente de la equidad de gnero. Este planteamiento est reejado en el Plan de Accin
sobre Gnero y Desarrollo 2008-2013 que arma: el aumento de la igualdad entre hombres
y mujeres es esencial para cumplir su mandato de incrementar el nivel de nutricin y de vida
as como de mejorar la productividad agrcola y los medios de subsistencia de las poblaciones
rurales. La funcin especca de cada sexo y las relaciones de gnero tienen una importancia
clave para la comprensin y la superacin del desafo que constituye la mejora de medios de
vida en contextos de desarrollo y emergencia.
2
95
Este mismo plan reconoce que las mujeres y las nias continan enfrentndose al pro-
blema del acceso limitado a los recursos productivos y de su control, y tradicionalmente las
respuestas agrcolas no han tenido sucientemente en cuenta ni han sido sucientemente
sensibles a la diferencia existente entre las funciones, prioridades, conocimientos, obstculos
y oportunidades de las mujeres con respecto a los hombres. As pues, sigue siendo necesario
incorporar preocupaciones en cuanto al gnero en los proyectos, programas y polticas de
la FAO, as como ayudar a los Estados Miembros a promover la igualdad entre hombres y
mujeres y reforzar su capacidad de analizar y abordar los desafos relativos al gnero y el
desarrollo.
Sobre la base de esa visin, FAO-Honduras desde 1983 a la fecha y por medio de varias
iniciativas ha cooperado con el gobierno del pas en apoyo al desarrollo de la mujer rural. Una
de ellas, el proyecto GCP/HON/017/NET, de seis aos de duracin y que termin en 1999,
impuls un proceso de revisin de las polticas sectoriales desde un enfoque de equidad de
gnero que dio lugar al desarrollo de las cajas rurales, partiendo del trabajo realizado en el
proyecto GCP/HON/015/NET.
Llevado adelante en conjunto con un proyecto PNUD, el proyecto concluy con la elabo-
racin de la Poltica de Equidad de Gnero en el Agro Hondureo (Pegah).
En los ltimos cinco aos las actividades de la FAO en relacin a este tema estn inscritas
en el respaldo a la implementacin de la Pegah y en lnea con las polticas del gobierno de
Honduras.
A nivel institucional, la FAO ha establecido una alianza valiosa con Inam y ha dedicado
esfuerzos para dar visibilidad pblica a los problemas de la mujer rural en Honduras; desde el
proyecto Lempira Sur se consideraron la dimensin de gnero como un eje transversal clave
95 FAO. Plan de Accin sobre Gnero y Desarrollo (2008-2013). Conferencia. 34 perodo de sesiones Roma,
17-24 de noviembre de 2007.
116
para permitir la participacin diferenciada de la familia; el proyecto Pesa, que aborda el tema
de seguridad alimentaria y nutricin, afronta materias de importancia familiar con repercusio-
nes directas sobre la vida de las mujeres beneciarias, tales como la educacin alimentaria y
nutricional, el mejoramiento del manejo e inocuidad de alimentos locales, el manejo de huertos
familiares y el saneamiento bsico en el hogar y la comunidad.
En su marco fue elaborado el documento de estrategia La Equidad de Gnero en el Pesa
de Honduras, publicado en el ao 2002. Y, por su parte, el proyecto Piloto de Acceso a Tierras
(Pacta) tambin ha desarrollado una estrategia de gnero publicada en el 2006. Ambas son el
resultado de la experiencia de los programas en la incorporacin del enfoque en el quehacer
de los proyectos, orientando la ejecucin de los mismos bajo el lente de equidad entre gneros
en todas sus etapas metodolgicas.
La estrategia de gnero del Pacta, cuyo propsito es el desarrollo empresarial, est basada
en cuatro pilares: derecho de propiedad; capacitacin/participacin en toma de decisiones;
acceso a tecnologa y exibilizacin de roles. Son importantes los esfuerzos que est realizan-
do este programa para asegurar los derechos de propiedad de las mujeres como un derecho
humano fundamental y para que dentro de los planes empresariales sean destinados fondos
de transferencia no reembolsable para que ellas desarrollen actividades productivas conforme
a sus habilidades e intereses.
Dada su reciente aplicacin an no est medido el impacto de estas acciones. Sin embargo,
una evaluacin arma que el conjunto de ellas est incidiendo en cambios culturales en la
poblacin participante, y que la FAO posee un potencial mayor en apoyo a las asociaciones de
mujeres, en trminos de inuencia e impacto sobre las polticas e instituciones nacionales.
Como desafos surge el imperativo de realizar un trabajo ms profundo, haciendo nfasis
en las necesidades estratgicas de las mujeres, as como continuar y reforzar el proceso de
aprendizaje e intervencin sobre las temticas de gnero; y profundizar y capitalizar los esfuerzos
hechos en los programas de desarrollo territoriales como Lempira Sur, Pesa y Pacta, por medio
de alianzas con otros actores a niveles institucional y territorial.
BARRERAS PARA LA APLICACIN DEL MARCO INSTITUCIONAL
Aunque el pas ha avanzado en la aprobacin de polticas y leyes a favor del desarrollo de las
mujeres, la implementacin de estos marcos regulatorios y orientadores no se ha concretado
en la misma medida de su aprobacin.
De acuerdo a la opinin generalizada, los patrones culturales tradicionales imperantes,
traducidos en una dbil voluntad poltica para realizar las acciones, son la principal razn de
este lento progreso.
Aunque ha habido progresos en la participacin de las mujeres en diversos programas y
proyectos, la visin desde la perspectiva de gnero y desarrollo todava no se observa clara-
mente en todos estos esfuerzos.
Persiste la poca valorizacin de las capacidades de las mujeres en tanto sujetas econmicas
por lo que a sus actividades les siguen asignando fondos exiguos destinados a pequeos em-
prendimientos. Por otra parte, son pocos los esfuerzos para que las mujeres realicen actividades
econmicas no tradicionales que, por lo general, tienen remuneraciones ms elevadas.
117
No se toman medidas armativas hacia las mujeres que les permitan acceder en igualdad
de condiciones que los hombres a los recursos productivos, a mejores condiciones de vida y
a la participacin poltica. Tampoco est dentro de los objetivos, metas e indicadores de pro-
yectos y programas el aliviar la doble carga de trabajo de las mujeres ni menos el realizar un
trabajo enfocado a la promocin de la responsabilidad compartida de la pareja en el trabajo
reproductivo. Otra barrera es la insuciente coordinacin entre las instituciones encargadas
de ejecutar acciones de poltica.
A esto hay que sumar el hecho de que el movimiento de mujeres rurales organizadas todava
es dbil y no logra tener incidencia en las autoridades de instituciones y programas.
No obstante lo anterior, existen organizaciones de mujeres en el rea rural desde la dcada
de los 60. La Confederacin Hondurea de Mujeres Campesinas (CHMC) agrupa aproximada-
mente a 38,493 mujeres que pertenecen a diferentes organizaciones de base que luchan por
sus derechos, especialmente el derecho a la tierra y dems recursos productivos, en casi todos
los 18 departamentos del pas. Otras organizaciones de mujeres rurales, que no forman parte
de la CHMC, son la Federacin Olanchana de Mujeres Rurales (Fomur) en el departamento
de Olancho, y la Organizacin Nacional de Mujeres Rurales (Onademur).
A estas dicultades sealadas hay que sumar los siguientes hallazgos del estudio sobre
mapeo de la Ayuda para el Desarrollo
3
96
:
La AOD [Ayuda Ocial al Desarrollo] con enfoque centrado en el gnero y la equidad
presenta un comportamiento de poca participacin en el total de la ayuda. La revisin de la
cartera de 107 proyectos indica que nicamente el 36.4% del total presentan enfoque de
gnero. El enfoque terico al pasar a su operativizacin no se visibiliza. Esta debilidad es
fundamental, en tanto los fondos que aportan para la ejecucin de programas y proyectos
son muy importantes.
La misma investigacin corrobor que los sistemas de informacin no permiten contar
con datos apropiados que permitan evaluar las acciones.
Asimismo, el estudio presentan opiniones de diferentes sectores que arman que la ERP,
principal herramienta de planicacin del pas, no ha contribuido a reducir la pobreza, ni de
los hombres ni de las mujeres pobres; y que en la identicacin de los proyectos contenidos
las mujeres tuvieron menos participacin.
96 Carrera de Desarrollo Socioeconmico y Ambiente de Zamorano. Mapeo de Gnero -Informe Honduras. 2008
op.cit.
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CAPTULO IX
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1. Aunque el pas cuenta con datos e informacin desagregada por sexo, esta es an
insuciente y, en muchos casos, inconsistente e inconstante para poder realizar un
anlisis con enfoque de gnero ms exhaustivo que pueda dar cuenta de las brechas
atribuibles a las relaciones de poder histricamente desiguales entre hombres y mujeres,
en general, y sobre todo en el medio rural.
2. Las mujeres rurales viven en condiciones ms difciles que las urbanas, lo que se
aprecia en los menores niveles de ingresos, en su menor acceso a servicios de salud,
peores condiciones de saneamiento bsico y menor acceso a centros de enseanza,
especialmente en los niveles medio y superior, entre otros indicadores.
3. La poblacin tnica ha avanzado en su capacidad de demandar sus derechos humanos,
lo que se deriva de su avance organizativo, aunque sus condiciones de forma general
siguen siendo ms precarias que las del resto de la poblacin. La situacin de las mujeres
en las etnias est igualmente afectada que el resto de la poblacin femenina en funcin
de los roles tradicionales atribuidos a las mujeres, sometindolas a la doble jornada de
trabajo, al cuidado de manera casi exclusiva de sus hijos e hijas y a la desvalorizacin
de su valioso aporte a la subsistencia de la familia.
4. Las mujeres del rea rural se incorporan cada vez ms al mercado de trabajo informal,
en actividades que pueden estar o no relacionadas con la produccin agropecuaria.
Sin embargo, estas actividades son de subsistencia, tienen escaso apoyo nanciero y
tecnolgico y constituyen ocupaciones precarias.
5. Ha habido avances en el marco institucional y de polticas para el avance de las mu-
jeres, en general, y para las mujeres rurales en particular. Los resultados son todava
insucientes, especialmente porque no se observa el cumplimiento de lo dispuesto
en el artculo 4 de la Cedaw en cuanto a las acciones armativas: se les da igual trato
que a los hombres en plazos e intereses en los crditos, no se contemplan medidas
para liberar sus tiempos en las tareas reproductivas y para que su incorporacin en los
proyectos no represente una doble carga de trabajo.
6. La organizacin de las mujeres rurales es clave para promover el conocimiento de sus
derechos, lo que les permitir ser ms proactivas en la exigencia del cumplimiento de
los mismos.
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AEP Aos de estudio promedio
AMCY Asociacin de Mujeres Campesinas de Yoro
AOD Ayuda Ocial al Desarrollo
Asdi Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional
Banadesa Banco Nacional de Desarrollo Agrcola
BCIE Banco Centroamericano de Integracin Econmica
Crac Cajas Rurales de Ahorro y Crdito
Cafta Tratado de Libre Comercio de Centroamrica con Estados
Unidos
Cedaw Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formas de
Discriminacin contra la Mujer
Cepal Consejo Econmico para Amrica Latina
CDM Centro de Derechos de Mujeres
CHMC Confederacin Hondurea de Mujeres Campesinas
Cladem Comit de Amrica Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer
Colsiba Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros
CONICHH Concejo Nacional Indgena Chort de Honduras
Coda Consejo de Desarrollo Agrcola
COPINH Consejo Popular Indgena de Honduras
Cotigsa Comit Tcnico Interinstitucional de Gnero
Dicta Direccin de Ciencia y Tecnologa
Encovi Encuesta de Condiciones de Vida
Endesa Encuesta Nacional de Demografa y Salud
ENESF Encuesta Nacional de Epidemiologa y Salud Familiar
EPHPM Encuesta Permanente de Hogares de Propsitos Mltiples
ERP Estrategia para la Reduccin de la Pobreza
FETRIPH Federacin de Tribus Pech de Honduras
Fetrixy Federacin de Tribus Xicaques de Yoro
Fida Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola
FITH Federacin Indgena Tawahka de Honduras
Fomur Federacin Olanchana de Mujeres Rurales
Fonaders Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
Fondil Federacin Indgena Lenca
Gades Gabinete de Desarrollo Social
GEF Manejo Integrado de Ecosistemas
IDG ndice de Desarrollo Relativo al Gnero
IDH ndice de Desarrollo Humano
Inam Instituto Nacional de la Mujer
Incap Instituto de Nutricin de Centro Amrica y Panam
INA Instituto Nacional Agrario
INE Instituto Nacional de Estadsticas
Infop Instituto Nacional de Formacin Profesional
Marena Manejo de Recursos Naturales
Masta Moskitia Asla Tawanka I.L.C.
MILH Movimiento Indgena Lenca de Honduras
Mipyme Micro Pequea y Mediana Empresa
Nabipla Asociacin de Profesionales y Trabajadores Nativos Isleos
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OFL Operadoras Financieras Locales
OFRANEH Organizacin Fraternal Negra de Honduras
122
ONG Organizaciones No Gubernamentales
Onademur Organizacin Nacional de Mujeres Rurales
ONILH Organizacin Nacional Indgena Lenca de Honduras
OPDF Organizaciones Privadas de Desarrollo
OPS Organizacin Panamericana de la Salud
Pacta Programa de Acceso a la Tierra
PAMR Apoyo a la Mujer Rural para incrementar la Produccin de
Alimentos
PEA Poblacin Econmicamente Activa
Pegah Poltica para la Equidad de Gnero en el Agro Hondureo
Pesa Programa Especial para la Seguridad Alimentaria
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Planes Operativos Anuales
Post Cosecha Reduccin de Prdidas Post Cosecha
Praf Programa de Asignacin Familiar
Proagro Plan Agrcola para el Desarrollo del Campo 1995-1998
Pro-Egedagro Plan de Accin Pro Equidad de Gnero en el Agro
Hondureo
Prodert Proyecto de Desarrollo en Zonas de Fragilidad Ecolgica de
la Regin del Trinio
Pronaders Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible
Pronegocios Programa de Fomento de Negocios Rurales
Provicsol Programa de Vivienda y Crditos Solidarios
P-SAN Plan Estratgico de la Poltica de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a Largo Plazo
SAG Secretara de Agricultura y Ganadera
Serna Secretara de Recursos Naturales y Ambiente
Setco Secretara Tcnica de Cooperacin
TLC Tratado de Libre Comercio
TMI Tasa de Mortalidad Infantil
TMM Tasa de Mortalidad Materna
UPEG Unidad de Planeamiento y Evaluacin de Gestin
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Informe elaborado por la consultora Aleyda Ramrez Martnez
FAO [2008]
Edicin de Mara Eugenia Meza B.
Diseo de Ximena Milosevic D.
Diagramacin de Ana Mara Baraona E.
Fotografas proporcionadas por Aleyda Ramrez, Carlos Andrs
Zelaya, Vanessa Baldesana y Roger Argueta
Impreso por Andros Impresores
Marcela Ballara
FAO, Ocial Principal en Gnero, Equidad y Empleo Rural
Ocina Regional de Amrica Latina y el Caribe
Av. Dag Hammarskjold 3241, P.O.Box 10095
Santiago, Chile
tel. : (56 2) 9232206
fax : (56-2) 9232101
http://www.rlc.fao.org/es/desarrollo/mujer