Mapuches en Neuquen
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Mapuches en Neuquen
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Introducción
Mapa n°1
Mapa n°1
Ubicación de los departamentos Catan Lil, Aluminé y los lagos en la provincia del Neuquén
Fuente: elaboración propia
vinculación de las dos hipótesis que hemos adelantado, surge una tercera:
las formas en que se adjudicaron tierras, y el comportamiento posterior
de los Estados nacional y provincial –las tácticas que emplearon para
controlar el conflicto—, condicionaron los términos de la organización
política que las comunidades iban a adoptar en función de colocarse como
interlocutoras válidas para reclamar la propiedad comunal de las tierras
que habitaban. Sin perjuicio de ello, sostendremos que las características
internas del pueblo mapuche en cada momento histórico –sus procesos
de conciencia, de formación política y formas de militancia y vinculación
con el Estado— son el dato clave a observar para explicar los saltos
cualitativos en términos de organización política. En este sentido, como
ya mencionamos, el primer momento axial que consideramos como uno
de ellos es el conjunto de reivindicaciones de mediados de la década de
1990, en el Departamento de Aluminé.
Este trabajo es parte de una investigación más amplia y aún en
desarrollo, en el marco de una tesis doctoral en historia, orientada a
problematizar el proceso de organización del pueblo mapuche en la
provincia de Neuquén. Para la realización de este escrito, se han utilizado
métodos tanto historiográficos como etnográficos. El relevamiento de
fuentes escritas oficiales y provenientes de los propios actores se ha
complementado con trabajo etnográfico de campo, realizado entre 2015
y 2018, consistente en observación participante, entrevistas abiertas,
entrevistas bajo el formato de la historia de vida, y con el análisis
de documentos considerados secundarios, como la prensa regional e
informes redactados por organismos vinculados a la temática indígena de
diversas maneras, como aquellos producto de los procesos de relevamiento
territorial producto de la ley nacional 26.160.
Otras formas de forzar el traslado hacia áreas cada vez más marginales
dentro del mismo lote 9 involucraron a Parques Nacionales, que
empezaba a cobrar impuestos a los indígenas, o a fuerzas policiales que
actuaban expulsando en caso de la existencia de antecedentes, o debido
a la corroboración de falta de documentos. La documentación vinculada
a la residencia a veces era sustraída al indígena por diversos métodos
informales –involucrando no solo al Estado sino también a agentes
particulares— que también primaban en dinámicas de endeudamiento
con privados que tomaban a los indígenas como peones, o en pactos de
venta de las tierras a cambio de bienes de consumo inmediato (García y
Valverde, 2007: 121).
Las tácticas legales empleadas por el Estado para acotar
progresivamente los territorios indígenas –incluso en los casos en que ya
hubiesen sido donados o concedidos a ellos— se multiplicaron a lo largo
de lo que en 1955 pasaría a ser la provincia de Neuquén. La consecuencia
fue la relocalización forzosa de las familias indígenas, como la ocurrida
a partir de la instalación de centros urbanos. Por el otro lado, también
se produjo la permanencia precarizada en los territorios, por ejemplo a
través del cambio de condición del ocupante, que en numerosas ocasiones
pasó de ser poseedor legal a ser redefinido como “cuidador” de las tierras,
o incluso como empleado de nuevos dueños, agentes privados.
Todas estas formas de integración se basaron en la reducción de las áreas
controladas por los indígenas, la desarticulación del pueblo originario
como grupo humano, en la desestructuración de los vínculos socio-
culturales y en la destrucción de las formas económicas de producción
que servían de base para aquellos lazos. Durante la primera mitad del siglo
XX, la situación organizativa del pueblo mapuche estaba principalmente
vinculada a la existencia de familias, la mayoría de las cuales no contaba
con las condiciones para reivindicar abiertamente su pertenencia étnica,
o directamente no se autopercibía como mapuche. Esto sucedía en el
marco de políticas de territorialización que diferenciaba entre indígenas
“argentinos” y “chilenos”, requiriendo, por ejemplo, aseveración de la
identidad de argentino para el otorgamiento del derecho a ocupación, al
tiempo que se estigmatizaba la procedencia transcordillerana (Briones y
Díaz, 1997: 5). A pesar de ello, en la provincia de Neuquén, las décadas
posteriores vieron persistir de maneras solapadas y casi siempre retraídas
las formas culturales de vida del pueblo mapuche. El uso del idioma, el
mapuzungun, se volvió una práctica del ámbito privado y en algunos casos
las propias familias temían su uso por la condena que implicaba, sobre
todo en los establecimientos escolares.
los mismos paisanos; para que se pueda conseguir una mejor educación para los
hijos; mejor salud para los integrantes de las familias; la posesión de la tierra que
ocupan y la que necesitan para su subsistencia; la organización y el progreso de
las Agrupaciones; una mayor representatividad y coherencia en los pedidos que
se formulan ante el Gobierno nacional, provincial o los municipales, tendientes a
lograr el desarrollo de las comunidades Indígenas y la solución de tantos problemas
que los aquejan, concientes de la importancia de preservar los valores de la raza
y adquirir aquellos que la civilización puede brindarles; deciden por unanimidad
crear una Institucion cuyo principal fin sería obtener, asegurar y promocionar los
principios ya enunciados.- (…)
Podrán formar partes de la CONFEDERACIÓN, todas las Agrupaciones y
Grupos Tribales Indígenas de la provincia que estén reconocidos oficialmente
en Decretos, Censos Nacionales o provinciales u otros documentos públicos y
aquellos/as que se formaren dentro del estilo tradicional en forma organizada
(Acta de Fundación, 1970).
El apoyo dado por la Iglesia Católica provincial, y en particular por Jaime
De Nevares, como hemos visto, no fue desdeñable. Desde el punto de vista de
Sebastián Valverde,
Además del lugar relegado que se otorgaba a los mapuche dentro de los
ámbitos de toma de decisión, existieron denuncias por parte de diferentes
actores sociales debido a ciertos manejos del territorio por parte de los
altos cargos del directorio de la Corporación, considerados irregulares.
Éstas llegaron a un punto álgido en 1995: la Confederación Mapuche
de Neuquén acusó al Director de la Corporación de corrupción y actos
ilícitos con el fin de incrementar su patrimonio personal. Los reclamos
apuntaban a la cantidad de concesiones hechas a diversos actores que no
habrían sido ocupantes históricos de las tierras, en comparación con las
destinadas a los originarios, que solo contaran con 10.000 hectáreas para
invernada en aquel año (Moyano, 2006). Esta situación había cambiado
para 1999, aunque se multiplicaban las concesiones hechas a habitantes
no mapuche cuyo lugar de residencia no era el territorio en cuestión –
como el número de emprendimientos turísticos, por ejemplo. Además,
la entidad cobraba tasas a los mapuche, en animales u otras especies,
por la utilización de pasturas, recolección de leña o piñones. Este fue el
marco en el cual se produjo en 1995 la toma –por parte de integrantes
de las comunidades y de la Confederación Mapuche– de las oficinas de
la Corporación Interestadual y de algunos territorios considerados como
propios, siendo la primera etapa de acciones colectivas enmarcadas en este
conflicto.
El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Neuquén fue el órgano
que intercedió en las negociaciones para poner fin a las “usurpaciones
ilegales”, como las caracterizaba el gobierno provincial (Valverde y
Stecher, 2013: 7). Aunque se trataba de un ente autárquico cuya
composición en términos de su Directorio incluía casi con igual peso,
en la letra, a representantes del Estado Nacional como del Provincial,
fue este último el que gestionó una serie de ofrecimientos para algunas
comunidades. Es interesante resaltar que en estas propuestas se dejaba
por fuera de la discusión a las comunidades Niengueihual y Ñorkinko
(Muzzopappa, 2000: 72). Este proceso exhibió pujas entre la jurisdicción
nacional y la provincial para lograr inclinar la balanza hacia sus respectivos
lados en términos del poder de toma de decisiones. Pulmarí en sí misma
representaba una oportunidad de dotar a la provincia de mayor peso,
ya que las nuevas actividades económicas que se podían llevar a cabo en
la corporación, como las forestales y de turismo, implicaban la posible
Bibliografía
Fuentes
Notas
1Aquí hablamos de “mapuche” y “argentino” como dos nacionalidades diferentes, en
función de la auto-percepción del pueblo mapuche como Nación. No se trata de un
enfoque que busque “extranjerizar” al pueblo mapuche.
[2]La contradicción, como la entendía Mao Tsetung en 1937, es decir, como una
característica de la dialéctica histórica, permite observar la existencia de contradicciones
principales y secundarias, así como de contradicciones antagónicas y no antagónicas.
El enfoque de Althusser, en la década de 1960, la entendía como el elemento que
permitía diferenciar la forma de comprender la dialéctica en Hegel y en Marx, ya que
en el segundo, la contradicción aparecía según Althusser “sobredeterminada”, es decir,
influida por un conjunto de variables de la formación social. En ambos enfoques, la
contradicción no es “simple”, en tanto la dinámica social no se reduce de forma mecánica
a la existente entre capital y trabajo, sino que ésta se encuentra en vinculación con
multiplicidad de contradicciones de diferente origen y peso. Retomamos aquí estas
reflexiones cuando utilizamos el término contradicción.
[7]“Yo llegué hace 34 años, y la Villa no era así como hoy. No había loteos. Después nos
empezaron a venir demandas de desalojo”, relataba Amandina Gutiérrez, kona (referente
de zona) de la comunidad Paicil Antriao, entrevistada el 15 de julio de 2018 en Villa La
Angostura, Neuquén.
[9]Entre 1943 y 1949, se tramitó la disolución del condominio de las 625 hectáreas
cedidas a Paicil y Antriao en 1902, a las que hicimos referencia anteriormente. Se inicia
una línea de sucesiones, debido a que la propiedad reconocida por el Estado Nacional
en 1943 fue de carácter individual y privada. Tras la muerte de Victoriano Antriao,
sucedida en 1971, se designa como sucesor a Enrique Antriao, aunque no fuese hijo sino
sobrino: “era como (que) él estaba a cargo de la familia digamos pero no era como se
manejaban los mapuce. Al fallecer Victoriano le hacen un poder a Enrique, pero hacen
una especie de herencia y hacen un edicto que ningún Antriao se enteró, porque no había
medios, no había diarios ni nada, lo habrían sacado en Bahía Blanca. Entonces el único
que se presenta (no es que se presenta, lo llevan los abogados) es Enrique, entonces quedó
como el único heredero de la familia Antriao. Ésa es una de las tramoyas [maniobras
informales] que hicieron, entonces a Enrique Antriao le decían que ya las tierras estaban
vendidas que él tenía que firmar y firmaba y bueno le hacían firmar y de esa manera
conseguían las escrituras”. Testimonio de Hugo Montes. Transcripción en extenso en
Informe final de los resultados del Relevamiento Territorial, histórico, social y cultural
de la comunidad mapuce Lof Paichil Antriao (2013).
[13]La prensa regional indicaba que “los cuatro caciques que representan a más de 235
familias, expresaron en contraposición al concepto de ‘pueblo, nación mapuche’ que
sustenta la Confederación Mapuche, ‘nosotros como ciudadanos argentinos, respetamos
las normas y leyes de nuestro Estado Nacional’” (“Levantaron la toma de Pulmarí”, 1995,
citado en Papazian, 2013: 316).