Muñoz,

Roberto

Población indígena con residencia

rural en el Gran Chaco Argentino.
Formas actuales de reproducción y
condiciones de vida: un estado de la
cuestión
IX Jornadas de Sociología de la UNLP

5 al 7 de diciembre de 2016

Muñoz, R. (2016). Población indígena con residencia rural en el Gran Chaco Argentino. Formas actuales
de reproducción y condiciones de vida: un estado de la cuestión. IX Jornadas de Sociología de la UNLP,
5 al 7 de diciembre de 2016, Ensenada, Argentina. En Memoria Académica. Disponible en:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.9040/ev.9040.pdf

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 IX Jornadas de Sociología de la UNLP

IX Jornadas de Sociología de la UNLP

Ensenada, 5, 6 y 7 de diciembre de 2016

Población “indígena” con residencia rural en el Gran Chaco Argentino. Formas

actuales de reproducción y condiciones de vida: un estado de la cuestión.

Roberto Muñoz
IdIHCS-UNLP-CONICET
Munozroberto8288@yahoo.com

Introducción

Los llamados indígenas han cobrado una notable visibilidad pública en América Latina en
las últimas décadas. Esto ocurre no solo en países en los que tradicionalmente se los ha
considerado una porción importante de la población –México, Bolivia, Ecuador y Perú-,
sino también en aquellos dónde la cuestión indígena tuvo una presencia marginal. Entre
estos últimos, Argentina no ha quedado exenta de este fenómeno. En efecto, sobre todo a
partir de la década del noventa, surgen y se desarrollan múltiples organizaciones que se
reivindicancomo representantes de esta población en diferentes provincias del país. A su
vez, desde el aparato estatal, tanto el nacional como los provinciales, se desarrollan una
serie de herramientas legislativas e instituciones específicas destinadas a abordar a las
personas que quedan englobadas bajo esta denominación identitaria.En el mismo sentido, el
grueso de la producción académica sobre la temática refuerza la idea de un “resurgir
indígena”.Si uno se guía por las actuales cifras oficiales que miden esta población, ese
despliegue parece justificado. Más allá de las disparidades que hay entre ellas, indican que
los indígenas representarían a una franja, aunque minoritaria, nada despreciable de los
habitantes del país.
En esta ponencia nos proponemos avanzar en un estado del arte acerca de las formas
actuales de reproducción social de la población denominada indígena en la región

Ensenada, 5, 6 y 7 de diciembre de 2016

ISSN 2250-8465 - http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar
chaqueña, con especial interés en las comunidades rurales asentadas en la provincia de
Chaco. Se trata de una zona que se ha caracterizado, históricamente, por su incorporación
relativamente tardía al proceso de producción capitalista, lo que la constituyó en el último
refugio de las comunidades aborígenes ante el avance del capital. Esta particularidad ha
influido fuertemente en la producción de conocimiento sobre la región. Como señala
Gordillo (2006), la antropología argentina va a definir al Gran Chaco como su espacio
etnográfico más importante, el territorio “donde la antropología buscaría materializar (…)
el ´casillero salvaje´ asignado a la disciplina” (Gordillo: 2006; 229).
Dicho esto, no pretendemos realizar un estado de la cuestión exhaustivo, dado que la
extensa producción sobre el tema excede los límites de este trabajo. Nos interesa, por un
lado, poner en discusión los enfoques teóricospredominantes desde los cuales se ha
analizado la inserción social de los sujetos que componen a las denominadas
organizaciones y comunidades indígenas. Luego, describiremoslas transformaciones
ocurridas en el marco legal vigente que las atañe en los últimos años. Para ello,
utilizaremos bibliografía que se ha ocupado de la temática, así como también fuentes
oficiales –censos de población, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI,
2005), legislación específica-. Por último, nos interesa identificar, cómo las posiciones
teóricas reseñadas en primer lugar quedan reflejadas en los programas estatales destinados a
la población “indígena” con residencia rural. Respecto a este último punto, analizaremos la
caracterización social que se desprende de los informes y documentos delProyecto de
Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER).
La hipótesis general que guía nuestro trabajo sostiene que la mayoría de los estudios que se
ocupan de los llamados indígenas se centran casi exclusivamente en las interpretaciones
subjetivistas de la identidad y pierden de vista las relaciones de producción en las que se
insertan estos sujetos. En muchos de estos casos, el foco está puesto enla reconstrucción del
mundo de experiencias en los propios términos en que lo hacen los sujetos bajo estudio, sin
tener en cuenta la posición objetiva que ocupan dentro de la estructura social.Este énfasis, a
su vez, permea a las dependencias y políticas públicas específicas para esta población que
se han ido implementando en los últimos años. Por el contrario, una perspectiva que
recupere el concepto de clase, permite entender que detrás de la categoría indígena se
oculta a una fracción de la clase obrera argentina y que como tal presenta condiciones de
vida y de trabajo similares a las de otras fracciones de la misma clase.

Formas de reproducción social de la “población indígena” en la región chaqueña.

Aportes desde la Antropología

Hacia fines de la década del 70, la visión dominante en la disciplina, que había centrado el
grueso de su producción en la región chaqueña, postulaba que el lugar de las comunidades
indígenas en última instancia no era el propio de la civilización occidental. El referente
principal de esta corriente -y que iba a marcar toda una época del pensamiento
antropológico en Argentina- fue Marcelo Bórmida. Es la corriente que se dio en llamar
etnología fenomenológica y que sostenía la inmutabilidad de estas comunidades, abordando
su estudio desde la perspectiva de sus miembros –considerados ontológicamente distintos-
y haciendo abstracción de las condiciones sociales e históricas concretas. Esta perspectiva
ya ha quedado en gran parte perimida, sin embargo, una parte considerable de los aportes
más recientes terminan cayendo en errores similares.
En lo últimos años, ante la multiplicación de movimientos que se reivindican indígenas,
han proliferado los trabajos que los toman como objeto de estudio. Diversas disciplinas se
han abocado al análisis de la “cuestión indígena”, focalizándose en distintos aspectos.
Briones y Ramos (2010) describen suscintamente los diferentes campos abiertos:

“Desde las ciencias políticas, se han analizado mayormente las características y condiciones de
ordenamientos estatales multiculturales así como la emergencia de partidos políticos indígenas;
desde la sociología, las dinámicas de los llamados nuevos movimientos sociales; desde el derecho,
las posibilidades del pluralismo jurídico con base en la articulación de los derechos indígenas y el
derecho positivo; desde la educación y la lingüística, los requerimientos de currícula y pedagogías
interculturales. Desde la geografía, las vías de transformación de las interacciones sociedades-
medio ambiente abiertas por y desde el etnodesarrollo” (Briones y Ramos, 2010; 40).

A todo esto se suma, obviamente, el trabajo de los antropólogos, muchos atraídos por la
vitalidad que observan en los movimientos indígenas. No es nuestro interés, como dijimos,
hacer un estado de la cuestión exhaustivo sobre todas las aristas abordadas en la
bibliografía. Antes bien, nos detendremos que algunos autores que realizan aportes respecto
de las formas concretas de reproducción social de estos sujetos.
Subsunción indirecta del trabajo al capital
Por su parte, Hugo Trinchero (1995 y 1998) ha desarrolla una extensa obra sobre la
inserción indígena en la sociedad argentina. Aquí nos interesa detenernos en
específicamente en analizar las categorías de subsunción indirecta y diferenciada que el
autor construye para indicar “formas específicas de ciertas ramas del capital de intentar
ejercer su dominio sobre el trabajo, y que no responden a las formas directas analizadas por
Marx” (pp. 133) En efecto, el autor niega legalidad general al proceso de subsunción,
concepto axial de la teoría marxiana. Marx explica dicho proceso identificando dos
momentos. El primero es la subsunción formal del trabajo al capital, cuando se separan los
medios de producción de quienes lo producen y se mercantiliza el trabajo a través de las
relaciones asalariadas. Es formal por que no cambia la forma en que se realiza el trabajo.
En cambio, al alcanzar la subsunción real del trabajo, el capital ha transformado
su contenido, la mecanización barre con las formas de trabajo artesanales. El proceso
de trabajo se objetiva en un sistema de máquinas con la aparición de la gran industria.
Como consecuencia de este proceso, se expulsa población de las fábricas que pasa a
conformar una sobrepoblación relativa, es decir una población que es excedente para
las necesidades de acumulación del capital. Trinchero va a sostener que dicho proceso es
la expresión de una particularidad (el caso inglés) y no una tendencia que opera en
toda economía capitalista. Considera que el desarrollo de las relaciones capitalistas y, por
otro lado, la persistencia de modos de producción diferentes basados en la producción
doméstica en Argentina habilitan a pensar en otros términos.
Para este autor, la estacionalidad que caracteriza a la actividad agraria capitalista le
permite valerse de una fuerza de trabajo que se reproduce en parte en las comunidades
indígenas que él caracteriza como “modo de producción doméstico”. Este empleo de
fuerza de trabajo reproducida en la comunidad
constituiría una ganancia extraordinaria de las empresas que, por este motivo,
carecerían de incentivos para invertir en tecnología. Este traspaso de recursos de la
comunidad a la empresa capitalista estaría garantizado por la coerción política. Es decir,
se trataría de formas de contratación no libres que se basan en el uso de la coacción extra-
económica. Este supuesto proceso de subsunción indirecta y diferenciada daría a la luz no
a un proletariado sino a distintos sujetos (campesino y comunidades étnicas) que surgirían
del cruce de las diferentes combinaciones del capital con las formas
de la economía doméstica. Allí se encontraría el campo de estudio de
la antropología económica. A su juicio, este proceso debe ser visto no como la superación
de distintos modos “atrasados” de producción, sino como la reformulación de los mismos
al servicio del capital. Trinchero, pretendiendo rebatir las visiones esencialistas, termina
manteniendo el mismo sesgo al negar la historia de proletarización de esta población. Bajo
el artilugio de la “resignificación”, construye una comunidad inmutable que se
refuncionaliza para persistir más o menos inmutable.

Monte, marisca y autonomía

Gastón Gordillo (2006), se propone analizar las formas de inserción de las comunidades
tobas -asentadas en espacios rurales de Formosa- en el Estado argentino, intentando
rescatar supuestas prácticas contra-hegemónicas que les permitirían una independencia
relativa respecto de la explotación capitalista y las relaciones asalariadas. De esta manera,
termina idealizando ciertas prácticas de subsistencia. Por ejemplo, muchos de los miembros
de estas comunidades que en la actualidad se encuentran en la desocupación más estricta,
realizan la marisca, que básicamente consiste en la práctica de recolección de frutos y caza
de animales en el monte, ante la imposibilidad de proveerse de alimentos de otra forma. A
esta forma de subsistencia, el autor las describe como una herramienta que permite generar
un espacio de autonomía, habilitándole a esta población la posibilidad de no necesitar
vender su fuerza de trabajo. De esta manera, la marisca es convertida en un acto
de resistencia por parte de quienes la ejercen, frente al capital. Sin embargo, el mismo autor
cita a diferentes entrevistados quienes dicen que ir al monte implica estar todo el día
para buscar alimentos que resultan insuficientes para satisfacer todas las necesidades
alimenticias:

“La gente tiene hambre. En el monte, casi no hay miel, no hay pescado. [...] Meterse en el monte es
mucho trabajo. Ando todo el día y vuelvo cansado, porque el monte es lejos. Después, a la mañana,
¿Qué voy a comer? Nada...” (pp.82)

En este sentido, Gordillo reproduce la perspectiva que coloca en el mismo nivel de

determinación las prácticas culturales y las relaciones de producción en las que se insertan
estos sujetos. Para Gordillo, son las experiencias las que definen la realidad, lo que lo
lleva a dejar de lado todo tipo de determinación económica y/o estructural, centrándose
en lo que los actores dicen, sin ponerlo en cuestión.
Otro punto importante es su análisis sobre las “prácticas reciprocitarias” en las
comunidades étnicas. Gordillo señala que las comunidades étnicas habrían resignificado sus
prácticas y valores, ante su inserción en relaciones asalariadas. Es así que diferentes
conductas que se pueden verificar en diferentes sociedades capitalistas, el autor las
analiza como particularidades de estos grupos y, al mismo tiempo, pretende ver en ellas
prácticas de resistencia al capitalismo. La reciprocidad que se observa entre estos grupos,
en donde quienes menos tienen, piden a quienes tienen trabajo y un sueldo fijo, es
presentada por el autor como“un resguardo contra la explotación ejercida sobre ellos
a través del trabajo asalariado estacional...” (pp. 143). Ahora bien, tal mecanismo lo
podemos ver en todos lados, no es una estrategia privativa de las comunidades indígenas.
Entender la marisca, las nuevas forma de reciprocidad y todos los valores tradicionales
como formas de resistencia al capital es una posición marcadamente culturalista. Es,
además, intentar poner de manifiesto que sus pésimas condiciones de vida se revertirían
volviendo al pasado y a su relación particular con el monte. No entender el proceso
histórico de proletarización de la zona, y descartar las leyes del sistema capitalista en busca
de particularidades inexistentes, lleva a estas conclusiones.
Esta perspectiva que idealiza prácticas de subsistencia en el monte ha sido retomada por
otros autores. Valga de ejemplo el trabajo de Vivaldi (2010) sobre un “barrio toba” en las
afueras de la ciudad capital de Formosa. El mismo está compuesto por alrededor de tres mil
personas y según, constata la autora, la mayoría se encuentra desempleada y entre los que
tienen un empleo formal, lo hacen como empleados públicos. El resto subsiste a base de
planes sociales, changas esporádicas y venta de artesanías. Dicho esto, la autora intenta
explicar por qué los tobas de este barrio “se preocupan más por ´progresar´ en la ciudadque
por generar un reclamo sobre los títulos de propiedad de las tierras del monte” (pp. 102 y
103), que circunda al barrio. En las entrevistas que ella recoge queda clara la respuesta.
Dice la autora: “La mayoría de la gente con la que hablé en el barrio sostiene que lo que
motivó su migración a la ciudad fue la posibilidad de progresar a partir de contar con un
“trabajito”, que incluye el empleo formal, la venta de artesanías y trabajo por jornada” (pp.
105). En contraposición, sostienen que esa posibilidad no existe en las comunidades
rurales, como le explica otra de las entrevistadas: “En el interior es todo monte. La gente
vive en el medio del monte. Los chicos están descalzos, no tienen nada” (pp. 106). Pero
como contraposición, Vivaldi destaca que la misma persona agrega que en la ciudad no se
puede vivir sin plata. Forzando la interpretación, la autora desprende de esto que “el
progreso, si bien es lo deseado e implica una idea de mejora material y social, no implica
ignorar sus contradicciones: para participar de la abundancia de mercancías uno se aleja de
la abundancia de productos del monte” (pp. 106). Esto a pesar que más adelante sostiene
que el monte no permite garantizar la subsistencia. De todas formas, varios habitantes del
barrio siguen yendo al monte. ¿A qué se debe esto? Vivaldi señala que los que van más
asiduamente son las personas desempleadas, y allí pueden hacerse de algunos productos
alimenticios, leña y elementos para confeccionar artesanías. Es decir, una acción
estrictamente de subsistencia. Sin embargo, como lo vimos en el caso de Gordillo, en este
caso también se trataría de una forma de reafirmar su identidad indígena. La idealización
llega al extremo cuando –siguiendo con esta perspectiva- sostiene que “el monte permite
una cierta autonomía frente a relaciones de explotación...” (pp. 112).

Obreros rurales y urbanos

Para cerrar este acápite nos interesa recuperar el trabajo realizado por un grupo
interdisciplinario de investigadores entre 1969 y 1970 en la provincia de Chaco, pero que
recién se editó en 1995. Nos referimos al minucioso informe dirigido por Esther Hermitte y
publicado bajo el título Estudios sobre la situación de los aborígenes de la provincia del
Chaco y políticas para su integración a la sociedad nacional. A pesar de lo que a primera
vista hace suponer el título –relacionado con los requerimientos del gobierno provincial del
momento, que había solicitado este trabajo-, los autores aclaran enseguidaque

“las comunidades aborígenes del Chaco y la estructura social de laa provincia no aceptan una
descripción de sus características acorde con el tipo idela de <sociedad dual>. El modelo que puede
dar cuenta de la configuración social chaqueña debe tomar como dato originario del sistema que la
integración de los sectores aborígenes es un fenómeno temprano dentro del proceso de
estructuración de la sociedad chaqueña y que su situación actual, primero, no es exclusiva del grupo
aborigen, y segundo, que encuentra su explicación en el proceso de desarrollo de las fuerzas
productivas de la provincia, en la estructura ocupacional resultante y en el sistema de clases que le
corresponde” (Vol I, pp. 36)
De esta manera, el análisis de los diferentes casos abordados –tres asentamientos rurales en
diferentes puntos del interior provincial y el barrio Toba de Resistencia- puso el eje en las
relaciones concretas de producción de las que participan los llamados indígenas. De esta
manera, a diferencia de las perspectivas reseñas más arriba, aquí se vuelve determinante no
pasar por alto o dar un lugar secundario al proceso histórico de proletarización de la
población indígena.
Detengamos en ese proceso histórico de incorporación y proletarización de esta población
hasta llegar a nuestros días. Los autores describen ese devenir hasta los años 70 y nosotros
lo completamos hasta la actualidad. Con las avanzadas militares de entre fines del siglo
XIX y principios del XX, que permitieron la ocupación definitiva del territorio chaqueño
hasta entonces en manos de diferentes comunidades indígenas y la consiguiente destrucción
de su economía, se completan las tareas necesarias para permitir el desarrollo capitalista en
la región. Quedaba así conformada una masa de población disponible para el trabajo
asalariado. Entre las formas que tomó el avance del capital en la región, el trabajo en los
ingenios azucareros y los obrajes y, más tarde, la producción algodonera fueron las
actividades que requirieron gran parte de la fuerza de trabajo indígena, como obreros
transitorios para las diferentes tareas. La década de 1960 marca un punto de inflexión en
ambas producciones. Por un lado, se mecaniza la cosecha del azúcar y, por otro, se produce
una fuerte crisis de la actividad algodonera, que no logra revertirse. En un primer momento,
se contrae la superficie cultivada y más recientemente se acelera el proceso de
concentración y centralización del capital, con la expulsión de los productores más
pequeños y el avance tecnológico mediante el control químico del cultivo y la
mecanización de la cosecha. Ambos elementos, la reducción de la superficie sembrada y el
cambio de las condiciones técnicas de producción, redundaron en la eliminación masiva de
puestos de trabajo. Este proceso de expulsión de obreros, no pudo ser contrarrestado por el
avance sojero y de la ganadería que se observa en los últimos años en la región, por tratarse
de actividades que demandan una cantidad insignificante de fuerza de trabajo. De esta
forma, toda esa masa de población obrera, indígena o no, históricamente insertos como
obreros rurales transitorios, en la actualidad logra sobrevivir a dura penas en base a la
percepción de planes sociales de asistencia o, en menor medida, con changas o algún
empleo estatal precario.
Planteadas así las cosas, el grupo de Hermitte arriba a una conclusión de vital importancia y
total vigencia:
“La situación actual del aborigen, entonces no puede ser entendida en su significado, como tampoco
pueden diseñarse políticas tendientes a su superación, si no es concebida como un resultado del
peculiar desarrollo capitalista. El estudio del indígena debe ser encarado dentro del marco más
general de las posibilidades de empleo existentes, problema que así planteado pierde su
especificidad étnica para instaurarse dentro del ámbito más comprensivo de las clases sociales y su
determinación estructural” (Vol. I; pp. 53)

La “población indígena” en la actualidad: marco legal vigentey mensura.

En general, tanto en la producción académica como en los informes y documentos que

elaboran las instituciones públicas abocadas a las poblaciones indígenas, se destaca como
un punto de inflexión importante la reforma constitucional de 1994, desde el momento que
a partir de allí el Estado argentino reconoce la “pre-existencia” de pueblos indígenas en su
interior y asume el compromiso de garantizarle derechos especiales. Precisamente, la nueva
constitución estableció en su artículo 45 inc. 17 como atribución del Congreso reconocer
“la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, garantizando el respeto a su
identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Asimismo, reconoce la
personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras
que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras optas y suficientes para su
desarrollo humano. Garantiza también su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten”. A su vez, establece como atribución del
congreso dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural y adopta, con rango
constitucional, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y
la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial.
Esta nueva normativa, se suele sostener, fue el punto de llegada de un proceso de
reconocimiento legal que venía gestándose desde la década del ochenta en las
provinciasque históricamente habían concentrado gran parte de la población denominada
indígena1. Como señala Althabeet. al. (1995), en nuestro país se dio un proceso de génesis

1
La primera Ley del Aborigen es una ley provincial, sancionada por la Provincia de Formosa
(1984), que tiene especial influencia en la formulación de las leyes provinciales posteriores y en la
Ley Nacional del Aborigen (Ley N° 23.302), sancionada en 1985 y regl amentada en 1989. Luego
inversa, en tanto primero surgieron las leyes provinciales y luego se produjo la reforma
constitucional, retomando algunos elementos de las primeras. Con variantes, aquellas
herramientas legales consideraban al indígena como un ciudadano singular con derechos
especiales. También por primera vez, presentaban al indígena como destinatario exclusivo
de la acción legislativa. Si hasta entonces las políticas públicas operaban alcanzando por
igual a todos los ciudadanos, de ahora en más procurarían instrumentarse en base al
reconocimiento de que los mismos deben ser objeto de atención estatal especial(Carrasco,
1997).
Con la Constitución de 1994 como punto culminante de ese proceso,se abriría entonces una
etapa en donde, en principio, se profundiza la reversiónde lo que se consideraba uno de los
rasgos fundantes de la consolidación del Estado-nación argentino a fines del siglo XIX: “el
intento de eliminar, silenciar o asimilar a su población indígena” (Gordillo y Hirsch, 2010:
15).A partir de estos nuevos lineamientos constitucionales, actualmente en Argentina, al
igual que en la mayoría de los países latinoamericanos,se considera oficialmente como
criterio válido para la definición de lo indígena un concepto extremadamente subjetivista,
dominante actualmente en la Antropología, y que se basa en la auto-percepción o auto-
reconocimiento de los sujetos bajo estudio2. En base a ello, el Censo de Población de 2001
incluyó, por primera vez, una variable que interrogaba a los censados si se reconocían como
indígenas y si podían indicar su pertenencia étnica. Bajo esta metodología, se obtuvo una
cifra de población total indígena de 1.117.746, distinguiendo a su vez su localización entre
áreas urbanas (agrupamientos con dos mil o más personas), población rural agrupada
(menos de dos mil personas) y población rural dispersa. Toda la cuestión queda reducida a
reproducir lo que los entrevistados dicen acerca de sí mismos. Así, el Censo de 2001

se promulgaron las leyes de Salta (1986), Chaco (1987), Misiones (1987), Río Negro (1988),
Chubut (1990) y Santa Fe (1993). Por fin, se logra la derogación del artículo 67 inc. 15 de la
Constitución Nacional de 1853 y su reemplazo por el artículo 75, inc. 17, en la Constitución
Nacional de 1994. (Golluccio, 2008)
2
Leguizamon et. al. (2007) afirman que en las últimas décadas la antropología ha comenzado a
utilizar crecientemente como concepto para la pertenencia a cualquier otro grupo étnico, el auto-
reconocimiento. Para la adopción de dicha categoría, un importante aporte lo constituyó la obra de
FredrikBarth sobre los grupos étnicos y sus fronteras (1976). Sus conceptos habrían significado una
ruptura respecto de los abordajes culturalistas dominantes hasta los años 50: perspectivas que
definían lo indígena sobre la base de rasgos culturales estáticos e identificaban “una raza con una
cultura”.
incluyó una variable que interrogaba a los censados si se reconocían como indígenas y si
podían indicar su pertenencia étnica. Bajo esta metodología, se obtuvo una cifra de
población total indígena de 1.117.746, distinguiendo a su vez su localización entre áreas
urbanas (agrupamientos con dos mil o más personas), población rural agrupada (menos de
dos mil personas) y población rural dispersa. Contra lo que se suele creer, cabe destacar
que, según este relevamiento, si tiene algún sentido plantear la existencia de una “cuestión
indígena” en Argentina, hay que decir que sería una cuestión predominantemente urbana,
desde el momento que casi el 82% de esta población se encontraría en ese ámbito.

Cuadro N° 1 Población indígena total por sexo según localización. Argentina, 2001.

Localización Varones Mujeres TOTAL

Urbana 448.597 467.408 916.005
Rural
30.477 29.837 60.314
Agrupada
Rural
75.053 66.374 141.427
dispersa
554.127 563.619 1.117.746
TOTAL
Fuente: Censo Nacional de Población 2001 (INDEC)

No obstante, ese total –sostenemos- carece de validez científica. El criterio de auto-

adscripción conlleva innumerables inconsistencias. Por ejemplo, al cruzar los datos de la
población que se reconoce como indígena con los de nacionalidad de origen, encontramos
un número importante de casos que son nacidos en España, Italia, entre muchos otros países
del mundo. En ese sentido, la pregunta en sí dio lugar a distintas interpretaciones,
confundiendo muchas veces pertenencia con apoyo a la “causa indígena” o bien
“originario” de determinada localidad en su país de origen, entre otras.
Con la intención de resolver estas incongruencias y poder cuantificar mejor a esta
población, entre 2004 y 2005 se realizó la Encuesta Complementaria de Pueblos
Originarios (ECPI). A partir de los datos recabados en el Censo de 2001, la ECPI combinó
dos criterios: la auto-identificación de la pertenencia a un pueblo indígena y la ascendencia
indígena en primera generación. De acuerdo a esta fuente, en realidad en Argentina habría
600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes de algún pueblo
indígena. También en este caso hay que poner en cuestión los totales presentados por la
ECPI. Aún dentro de los límites fijados por el anticientífico criterio metodológico del auto-
reconocimiento, siguiendo esta fuente, estrictamente la cifra que habría que tomar en cuenta
como indicativa de la población indígena es la de 497.647 personas que son las que dicen
pertenecer a un pueblo indígena3, cifra que incluso habría que depurar ya que hay casos de
doble adscripción étnica que representan alrededor del 6% de los casos.
Para completar este panorama de cifras impresionistas, el principal organismo estatal a
nivel nacional dedicado específicamente a implementar las políticas públicas destinadas a
este sector de población, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no utiliza estos
datos estadísticos oficiales, sino que se vale de estimaciones propias igual de inconsistentes.
Es más, en un mismo informe se señala que la población aborigen en Argentina
desagregada por provincia estaría compuesta por casi el doble de personas que las que
registra las ECPI, y páginas más abajo, al dividir a esa misma población según su grupo
étnico de pertenencia, ese total se reduce a la mitad. En el texto no se aclara a qué se debe
esta disparidad, si trata del hecho de que se utilizaron fuentes diferentes para cada medición
o bien, como ocurre en algunos casos de la ECPI, que muchos de los que al ser consultados
dijeron ser indígenas, probablemente no pudieron indicar a qué “pueblo indígena”
pertenecerían.
Finalmente, el último aporte para sumar a la confusión, proviene de los datos del último
Censo de Población (2010). Manteniendo los mismos criterios de auto-reconocimiento, la
población que se considera indígena decrece en términos absolutos. Sin elementos que
justifiquen tal reducción, en 2010 Argentina cuenta con 162.714 indígenas menos de los
que supuestamente había en 2001.

Gráfico N° 1: Total población indígena según diferentes fuentes oficiales, Argentina

2001-2010.

3
El resto no se reconoce como perteneciente a un pueblo indígena sino que dicen descender de alguno de
ellos.
Fuente: Censo Nacional de Población 2001 y 2010. ECPI 2004/5. INAI 2007.

Población “indígena” rural y políticas de desarrollo: los diagnósticos realizados por el

PROINDER.

Ante el marcado avance de la pobreza rural en las últimas décadas, desde los años 90 se
ponen en marcha desde el Estado nacional, a través del actual Ministerio de Agricultura, un
conjunto de programas destinados a revertir el problema de la pobreza rural. Su rasgo
común es el fomento de acciones de tipo productivo, fundamentalmente a través de la
entrega de créditos o subsidios y asesoramiento técnico. Los objetivos explícitos buscan
sostener la subsistencia de la población en esos ámbitos, incrementar sus ingresos
disponibles, mejorar la producción predial, así como también promover la organización y la
participación de los “pequeños productores” y los “pobres rurales” del país. La aplicación
de algunos de estos programas estuvo restringida a aquellas regiones que concentraban los
peores índices de pobreza rural. De esta manera, entre otros, surgen el Programa de
Desarrollo Rural del Nordeste Argentino (PRODERNEA) y el del Noroeste Argentino
(PRODERNOA). Sin embargo, los más relevantes, por su alcance nacional, fueron el
Programa Social Agropecuario (PSA) surgido en 1993 y, como continuación del mismo
desde 1998, el Programa para el Desarrollo de Iniciativas Rurales (PROINDER). Este
último, se propuso dar un tratamiento diferencial a los indígenas rurales, al considerar que
deben afrontar dificultades adiciones en relación al resto de los hogares pobres “con
actividad agropecuaria”. Para ello, se realizaron una serie de informes que les permitiera
incluirlos como beneficiarios, ajustando el Programa a las necesidades de esta población
específica. Es así que en 2002 se confecciona el documento Los pueblos indígenas en
Argentina. Informe de actualización del año 2002 (Golluscio, 2008), con la intención de
capacitar a los técnicos que debían trabajar con las comunidades. El objetivo general era
“presentar algunos aspectos de la situación demográfica, socioeconómica y sociocultural
actual de los pueblos indígenas que viven en nuestro país” (Golluscio, pp. 7).Nos interesa
detenernos en la caracterización “socioeconómica” de estos sujetos. El informe describe,
desagredado por etnia, las inserciones laborales de los “indígenas”. En lo que respecta a la
región chaqueña, se señala para el caso de los tobas un fuerte proceso migratorio: “La
migración se relaciona con la falta de recursos naturales y de trabajo, por ejemplo, la crisis
del algodón, cosecha en la cual los tobas -junto con los wichi y pilagás- participaban todos
los años.” (pp. 15). Por su parte, se sostiene que los que todavía viven en comunidades
rurales, mantienen prácticas de caza y recolección, pero todas formas“la mayor parte
intenta trabajar también como peones de ingenio, obrajes o aserraderos” (pp. 15).
En el caso de los Wichi, Golluscio indica, por un lado, que también mantienen sus prácticas
de caza, pesca y recolección y a su vez habría algunas experiencias de desarrollo agrícola
con diversa suerte. Por otro, “son también peones de desmonte, obrajes, ingenios,
algodonales (si hay). Las mujeres hacen artesanías en fibras tejidas; los hombres, en
maderas dura y alfarería” (pp. 17).
Por último, los mocovíes “trabajan a destajo como peones de obrajes madereros, estancias o
quintas y como cosecheros temporarios. Muchas mujeres son empleadas domésticas.
Algunos pocos trabajan en cerámica” (pp. 17).
En términos generales, la autora resalta que en conjunto estas poblaciones carecen de agua
potable, electricidad y vivienda digna. También hay serias deficiencias en cuanto a
infraestructura vial, comunicación y acceso a la salud. Destaca que la falta de empleo es
generalizada y el crecimiento de la desocupación adquiere un ritmo alarmante.
Algunos años más tarde, en 2010, se elabora un segundo documento, La cuestión indígena
en la Argentina (Cervera Novo). Se trataba de un estudio de actualización en el marco del
Componente Fortalecimiento Institucional del Proyecto de Desarrollo de Pequeños
Productores Agropecuarios (PROINDER Adicional). El mismo pretende
“profundizar el conocimiento sobre la población indígena para identificar líneas de
intervención que permitan mejorar las condiciones de ingresos y de vida de este grupo
social, uno de los estratos de la población rural donde la incidencia de la pobreza y el
déficit en el acceso a los servicios sociales son más marcados” (pp.5)

Con ese propósito, se va a focalizar en especial en la situación productiva, según regiones,

de los asentamientos de población indígena rural.
Lo interesante a resaltar es que el informe de la dependencia estatal toma como referencia
teórica, fundamentalmente, la perspectiva desarrollada por Trinchero y que reseñamos más
arriba. De tal forma, el documento sugiere –para la elaboración de políticas públicas- la
necesidad de avanzar en el estudio de “las modalidades de producción y reproducción
económica y social de unidades familiares y comunidades indígenas” (pp. 8). Esto a pesar
de que el autor reconoce que
“los pobladores originarios son trabajadores rurales, transitorios y/o estacionales, cuyos
bajos salarios se explican en gran parte porque la reproducción de su fuerza de trabajo en la
época de no empleo en los emprendimientos agrícolas capitalistas regionales está
garantizada por el esfuerzo productivo doméstico comunitario y, como ese esfuerzo
doméstico comunitario está sujeto a una serie de constricciones (que es necesario analizar
en cada caso) necesitan complementar sus ingresos con el empleo estacional o
eventualmente con el empleo estatal” (pp. 61).

El autor no explica de qué manera esto diferenciaría a los llamados indígenas de amplias
capas de la clase obrera argentina.
Si bien en ambos informes se señala la proletarización de esta población desde por lo
menos principios del siglo XX, se insiste en su carácter peculiar, forzando la “diferencia
cultural”. Golluscio llega a plantear que la penetración de la televisión en las comunidades
wichi podría tener consecuencias inconmensurables:

“En ese sentido, hasta el Impenetrable está dejando de serlo. Un niño wichi de El Sauzalito
(Chaco), monolingüe e hijo de madre monolingüe, está expuesto actualmente al video y a la
televisión, por ejemplo. Los rápidos e irreversibles cambios que producirá la sola
introducción de una antena parabólica en el pueblo no han sido previstos” (pp. 17)

Cervero Novo, por su parte, intenta desconocer el proceso histórico otorgándole un carácter
“ancestral” incluso a la destrucción de la economía indígena y el avance de las relaciones
capitalistas. Refiriéndose al mecanismo de reclutamiento de fuerza de trabajo a través de
contratistas, sugiere que

“Estas prácticas también pueden ser consideradas “ancestrales” ya que el Gran Chaco ha
sido desde épocas coloniales un gran reservorio de mano de obra (por ejemplo para trabajos
en las minas del Potosí, entre otros) y también que los pobladores indígenas del Chaco
centro-occidental (en Argentina) constituyeron la principal fuerza de trabajo en los ingenios
azucareros, cuando la expansión de estos, en las primeras décadas del siglo XX” (pp. 22)

Reflexiones finales a modo de hipótesis de trabajo

A lo largo de este trabajo hemos intentado reseñar algunas de las interpretaciones teóricas
que desde la antropología pretenden explicar las formas de inserción social de la población
denomina indígena en la Argentina. Hemos visto que si bien los trabajos de Gordillo y
Trinchero se proponen descartar los elementos más burdos del esencialismo que
caracterizaba a la escuela de Bórmida, dominante dentro de la disciplina hasta inicios de los
80, terminan recayendo en caracterizaciones que idealizan a las comunidades, sin poder
comprender las formas concretas de reproducción social de esta población.
Desde el momento que estas perspectivas son adoptadas por las instituciones estatales, se
explica en parte las inconsistencias que muestran las fuentes oficiales en su intento por
delimitar a esta población.
Más allá de los datos censales, nos detuvimos también en los informes elaborados por el
PROINDER. A pesar de los elementos que los mismos informes presentan acerca de la
condición obrera de estos sujetos, se dan por sentadas aquellas interpretaciones, para
proponer como política superadora la estimulación de emprendimientos productivos. En
otro trabajo (Muñoz, 2015) intentamos mostrar cómo los llamados Programas de Desarrollo
Rural –entre los que se distingue, por su alcance nacional el PROINDER- se constituyen en
un mecanismo para frenar las migraciones rurales y su impacto en los índices de desempleo
en las zonas urbanas, en un contexto que, como señalamos, se caracteriza por la expulsión
de miles de los productores más ineficientes y la destrucción masiva de puestos de trabajo
ante el avance técnico en las diferentes ramas del agro. Es decir, políticas para contener a
una masa de población sobrante para el capital en los espacios rurales, en base a actividades
de subsistencia.
Dicho esto, rescatamos el aporte del grupo de Hermitte. Al centrarnos en las relaciones de
producción y las posiciones objetivas en la estructura social que se desprenden de aquéllas,
la cuestión étnica no tiene relevancia. La categoría indígena carece de validez científica,
desde el momento que se excluye toda pertenencia de clase de los mismos. ¿Cuáles son las
relaciones sociales que contiene lo “indígena”? Bajo el mismo concepto, quedan
englobados “indígenas” explotadores e “indígenas” explotados.
Esa masa de población obrera, históricamente inserta como obreros rurales transitorios, en
la actualidad reproduce su vida, con serias dificultades, en base a la percepción de planes
sociales de asistencia o, en menor medida, con changas o algún empleo estatal precario. En
este sentido, consumado el proceso de proletarización hace más de cien años, la hipótesis
general que guía nuestro trabajo para explicar las formas actuales de reproducción social de
esta población, sostiene que la tendencia general que se manifiesta en las últimas décadas
es el pasaje de esta fracción de la clase obrera argentina de su condición de sobrepoblación
relativa latente a estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el
hundimiento en el pauperismo consolidado, los que todavía continúan en los espacios
rurales.

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