PROCESO DE PAZ EN GUATEMALA

Guatemala se caracterizó por su larga lista de gobernantes dictatoriales, comenzando por Rafael
Carrera y Turcios en 1851, quienes ejercieron su mandato dentro de políticas liberales.

En 1944, se produjo la revolución de octubre, donde civiles, y militares disidentes pusieron fin al
gobierno de facto de Federico Ponce Vaides, lo que colocó a Guatemala en la nómina de los
países democráticos, asumiendo el poder una Junta Provisional Revolucionaria, que en 1945 dio
paso a la asunción de un presidente elegido por el voto popular, quien gobernaría hasta 1951. Se
trató de Juan José Arévalo, quien fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz. Éste permitió
al comunismo una participación clave en el gobierno, y dictó la Ley de Reforma Agraria en 1952, lo
que irritó a la burguesía y a la poderosa United Fruit Company. Las compañías fruteras habían
apoyado a las dictaduras militares y se habían consolidado en el país.

Esta adhesión a la izquierda, molestó además, a Estados Unidos, quien brindó apoyo al golpe de
estado liderado desde Honduras por el Coronel Carlos Castillo Armas, quien tomó la jefatura del
país en 1954. Al ser asesinado Castillo, ocupó el mando el general Ydígoras Fuentes, quien sufrió
un levantamiento en 1960. Fue sofocado, pero sus participantes iniciaron desde Cuba una lucha
denodada contra la dictadura, ayudados por el gobierno cubano. Las fuerzas de izquierda se
multiplicaron en el país, organizadas en guerrillas, que fueron combatidas sanguinariamente
desde el estado.

En 1966 hubo un retorno a la democracia con Julio César Méndez Montenegro, que continuó la
lucha contra la guerrilla, que había asesinado a importantes personalidades. Esta crisis interna
desembocó en nuevos gobiernos militares que se sucedieron hasta 1982.

En 1982 los distintos sectores de la izquierda guatemalteca se unieron para formar la U.R.N.G
(Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca) siendo perseguidos sanguinariamente por el
oficialismo.

Ese año, si bien hubo elecciones democráticas asumió Efraín Ríos Montt, candidato respaldado
por Estados Unidos, por un golpe militar contra el vencedor proclamado por la voluntad popular,
Laugerud García, alegando fraude electoral. Gobernó duramente y antidemocráticamente
suspendiendo derechos políticos y combatiendo con saña a los grupos guerrilleros, siendo incluso
condenado en su accionar por la Conferencia de Obispos Católicos.

Nada amilanó a Ríos Montt, quien formó para el combate, las patrullas de autodefensa civil, que
lograron dar un duro golpe a la guerrilla, que nunca quiso llegar a un acuerdo con Ríos Montt.

En enero de1983, los miembros del Grupo de Contadora, una organización internacional para
lograr la pacificación de Centroamérica, se reunieron por iniciativa del gobierno de Panamá,
estando compuesto además de por ese país, por México, Colombia y Venezuela. Recibieron el
apoyo de la Unión Europea. En la declaración de Lima, firmada por Uruguay, Brasil, argentina y
Perú se brindó también respaldo al Grupo Contadora. En septiembre de 1984 todos esos países
europeos y americanos se reunieron en San José de Costa Rica, para establecer la política a
seguir para la pacificación centroamericana.

Un golpe realizado por sus propios hombres puso fin al despótico gobierno de Montt, asumiendo el
líder golpista y Ministro de Defensa en ejercicio, Oscar Mejía Víctores, quien sentó las bases para
el dictado de una constitución democrática, sancionada el 30 de mayo de 1985.
El 14 de enero de 1986, asumió el primer presidente designado de acuerdo a sus preceptos:
Vinicio Cerezo. Aquí es donde se inician una serie de reformas para garantizar la vigencia de los
derechos humanos, en armonía con lo que sucedía a nivel mundial. En su discurso inaugural
respaldó al Grupo Contadora. Dictó leyes de amparo, para garantizar los derechos y habeas
corpus para proteger a los detenidos ilegales. El 25 de mayo de 1986, los presidentes
centroamericanos se reunieron, firmando la declaración de Esquipulas I, para asegurar en estos
países una democracia pluralista.

En 1987 creó la Oficina del Procurador de Derechos Humanos. Como resultado de todas estas
acciones, el 7 de agosto de 1987 se firmó el Acuerdo de Esquipulas II, por el cual se creó la
Comisión Nacional de Reconciliación, que propició el Diálogo Nacional, y permitió a los civiles
tomar participación política e iniciar un diálogo constructivo entre el Gobierno y la URNG. Por los
acuerdos de Esquipulas se creó el Parlamento Centroamericano, como instancia permanente y
democrática. Estas conversaciones permitieron firmar el acuerdo de Oslo, a fines de 1989, por el
cual se intentaba terminar con los enfrentamientos internos, solucionando los problemas por
medios pacíficos.

Al principio reinó la paz y la prosperidad. Dos intentos de golpes de estado en 1988 y 1989
pudieron ser controlados, ya que la mayoría de los militares se mantenían adeptos al gobierno
democrático. Pero al final de su mandato la pobreza comenzó a crecer, y la corrupción se acentuó.
Sin embargo las conversaciones pacíficas entre las fuerzas enfrentadas continuaron con
normalidad durante 1990.

La Comisión Nacional de Reconciliación organizó una serie de reuniones, como la de El Escorial

de carácter interpartidaria, la de Ottawa con los dueños de empresas, la de Quito, con los
miembros de la iglesia, la de Metepec con el sindicalismo y la de Atlixco, con los sectores medios
de pequeños y medianos empresarios y profesionales independientes.

Lo sucedió Jorge Serrano Elías, en 1991, quien saneó la economía y restableció la paz interna.
Durante su gestión se suscribió, actuando como moderador el presidente de la Comisión Nacional
de Reconciliación y bajo la observación de las Naciones Unidas, en abril de 1991, el Acuerdo de
México, donde se propugnó la desaparición de las fuerzas guerrilleras previo acuerdo sobre la
manera de realizar la democratización del país y el respeto a los derechos humanos, incluyendo
preferentemente los de los pueblos aborígenes, y el de aquellos que debieron exiliarse por sus
opiniones y accionar político, para volver a reinsertarse en la sociedad guatemalteca. Rever la
situación del sector agrario y demás aspectos socio-económicos, dotar al poder civil de los medios
adecuados para su fortalecimiento y otorgar el nuevo rol al ejército, como colaborador del gobierno
democrático, fueron otros de los puntos acordados. Para ello se resolvió realizar las reformas
constitucionales necesarias. La URNG debería ser reconocida como partido político y sentarse las
bases para realizar una vez cumplidos estos requisitos, el acuerdo definitivo de paz.
Cuando todo indicaba que el camino comenzaba a transitarse sin tropiezos, se produjo un
autogolpe, el 25 de mayo de 1993, cuando el presidente intentó concentrar en sus manos todo el
poder del estado, disolviendo los poderes legislativo y judicial. Sin apoyo oficial ni civil, Serrano
dejó el poder.
El Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio, asumió entonces el poder vacante,
de acuerdo a los dispuestos constitucionalmente. Exigió la renuncia de los integrantes del Poder
Legislativo y de los integrantes de la Corte Suprema, para efectivizar la transparencia en los
miembros de esos poderes. A pesar de la resistencia de estos grupos, el 30 de enero de 1994, se
aprobaron por referéndum reformas constitucionales.
En marzo de 1994 se firmaron acuerdos sobre derechos humanos, con mediación de las Naciones
Unidas. En junio de 1994, sobre el restablecimiento de personas desplazadas y sobre
esclarecimiento histórico. En marzo de 1995 sobre derechos indígenas.

En 1996 asumió Álvaro Arzú, quien concretó el Acuerdo de paz firme y duradera, firmado en
Guatemala, entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG) el 29 de diciembre de ese año, que expone en sus considerandos, que por
medio de este acuerdo “se pone fin a una etapa de más de tres década de enfrentamiento
armado”. Entre sus disposiciones se conviene el derecho de los desarraigados por cuestiones
políticas de vivir libremente en Guatemala (art.3), el del pueblo guatemalteco a conocer la verdad
de lo acaecido durante las sangrientas luchas internas (art.4), la identidad y derechos de los
aborígenes (art,5), el desarrollo económico con justicia social (art.6), la inversión prioritaria del
gasto público en la solución de problemas sociales (art.7) estableciendo como deber del estado la
satisfacción de las necesidades básicas de toda la población (art.8). Otras cuestiones: El
fortalecimiento del poder civil y participación de las fuerzas armadas en un ámbito democrático,
reorganizando las instituciones (art.10). La incorporación de la URNG a la vida política está
contemplada en el art.11 Y el artículo 13 prevé el perfeccionamiento del sistema electoral.

A este acuerdo fueron anexados todos los suscriptos con anterioridad (art.15). En el artículo 17 se
hace un reconocimiento a todos los organismos que posibilitaron llegar a este acuerdo de paz,
especialmente a la mediación de las Naciones Unidas.

En 1999 asumió Alfonso Portillo, quien prometió continuar con el proceso de paz. En el año 2004
ocupó el poder Oscar Berger Perdomo. La implementación de los acuerdos se realiza no sin
obstáculos. Las fuerzas militares se redujeron, y se cerraron varias zonas bajo su dominio.
OBJETO DE CADA ACUERDO DE PAZ

1. Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos
(Querétaro, México. 25 de julio de 1991).

El Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios

políticos o Acuerdo de Querétaro fue el primero de los doce Acuerdos de Paz suscritos por el
Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el Conflicto
Armado Interno (García, s.f., p. 1). Este enfrentamiento duró más de treinta años y dejó un saldo
en muertos y desaparecidos que supera las 200 000 personas (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, s.f., p. 17).
La importancia del Acuerdo de Querétaro radica en que contiene una declaración de principios
democráticos que expresan un tipo de democracia aceptable para el Gobierno y la URNG
(Aguilera, 2005, p. 12). Según el Perfil de Gobernabilidad de Guatemala (2005, p. 132), este
documento sirvió de marco general o de base para la negociación de los demás Acuerdos de Paz.

2. Acuerdo global sobre derechos humanos (México, D.F., 29 de marzo de 1994).

El Acuerdo global sobre derechos humanos (AGDH) fue el segundo de los doce Acuerdos de
Paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que
generaron el Conflicto Armado Interno (García, s.f., p. 1). Este enfrentamiento duró más de treinta
años y dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 200 000 personas (Comisión
para el Esclarecimiento Histórico, s.f., p. 17).
El Acuerdo global sobre derechos humanos se firmó el 29 de marzo de 1994, en México, D.F., y
forma parte del Acuerdo de paz firme y duradera (APFD), el cual concluyó el proceso de
negociaciones de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996
(García, s.f., p. 1).

En el Acuerdo global sobre derechos humanos, el Gobierno y la URNG reconocen la importancia

de las instituciones y entidades nacionales dedicadas a la protección y promoción de los derechos
humanos, así como la conveniencia de fortalecer y consolidarlas. En consecuencia, acuerdan que
el Gobierno debe (“Acuerdo global”, 1997, p. 222-232):

3. Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el

enfrentamiento armado (Oslo, Noruega, 17 de junio de 1994).

El Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento

armado -también conocido como ARPD- fue el tercero de los doce Acuerdos de Paz suscritos por
el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -
URNG-, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el Conflicto
Armado Interno(García, s.f., p. 1). Este enfrentamiento duró más de treinta años y dejó un saldo
en muertos y desaparecidos que supera las 200 000 personas (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, s.f., p. 17). El Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el
enfrentamiento armado se firmó el 17 de junio de 1994, en Oslo, la capital de Noruega, y forma
parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera -APFD-, el cual concluyó el proceso de negociaciones
de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el 29 de diciembre de 1996 (García, s.f.,
p. 1).

4. Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión Para el Esclarecimiento Histórico de

las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado
sufrimientos a la población guatemalteca (Oslo, Noruega 23, de junio de 1994).

Es obligación del gobierno y un derecho de todos velar por nuestra seguridad y tener en cuenta
las victimas que desgraciadamente tiene que ser un medio para fomentar una cultura y respeto.

5. Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas - México, D.F. (México), 31
de marzo de 1995

El Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas -AIDPI- fue el quinto de los
doce Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para alcanzar soluciones pacíficas al Conflicto
Armado Interno (García, s.f., p. 1). Este enfrentamiento duró más de treinta años y dejó un saldo
en muertos y desaparecidos que supera las 250 000 personas (Comisión para el Esclarecimiento
Histórico, s.f., p. 17).
El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas fue firmado el 31 de marzo de
1995, en México, D. F., y forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera (APFD), el cual
concluyó el proceso de negociaciones de paz que duró alrededor de una década y fue suscrito el
29 de diciembre de 1996 (Procuraduría de los Derechos Humanos, 2001).
De acuerdo con Condore (2007, p. 48), el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos
indígenas es el acuerdo que ha motivado más reacciones de rechazo –tanto en la sociedad civil y
política, como en las esferas de gobierno–, tal como lo evidencia la negativa de población
guatemalteca a aprobar las propuestas de reformas a la Constitución Política de la República de
Guatemala durante la Consulta Popular de 1999.
6. Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situaciones Agrarias (México, D.F. 6 de
mayo de 1996). La disponibilidad y la solidaridad de los guatemaltecos son basadas en el
desarrollo para un bien común que busca la unidad y justicia para demandas de la población y
para lograrlo se necesita el dialogo para llegar a un acuerdo de paz social para una solución de
necesidades. Y más que todo dar a conocer los privilegios y beneficios para el desarrollo del país.

7. Acuerdo sobre Fortalecimiento del poder Civil y Función del Ejercito en una Sociedad
Democrática (México, D.F. 19 de septiembre de 1996). Es esencial que los ciudadanos del país
se sometan a la participación que hace posible el crecimiento económico de todos los sectores y
dirigirse a una fuente de inversiones y proveedores públicos con servicios para un bien común
para la unidad revolucionaria del país, con sistemas de justicia la cual la conforma el organismo
legislativo, ejecutivo y judicial.

8. Acuerdo sobre el Definitivo Case al Fuego (Oslo, Noruega 4 de diciembre de 1996).

Con la participación de todos los guatemaltecos y un sistema democrático que asegure la
conciliación y la equidad socioeconómica de una nación pluricultural, multiétnica y multilingüe. El
desplazamiento y la concentración del ejército de Guatemala ubicando en ciertas posiciones
estratégicas fortaleciendo la seguridad.

9. Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y régimen Electoral (Estocolmo, Suecia 7 de

diciembre de 1996).
Es todo aquello que nos ayuda a estar dentro de las reglas de plena convivencia democrática de
estricto respeto a los derechos del pueblo. Respetar y promover idiomas de lenguas mayas, y el
fortalecimiento la seguridad.

10. Acuerdo sobre bases para la Incorporación de la unidad Revolucionaria Nacional

Guatemala a la Legalidad (Madrid, España 12 de diciembre de 1996).
Este es un acuerdo que se basa en la seguridad y el factor de interés cuando el pueblo tiene un
objetivo de compromiso de un sistema democrático sin exclusiones, también se cuentan con
servicios a largo plazo y asegurar la igualdad de condiciones culturales, sociales y económicas.

11. Acuerdo sobre el Cronograma para la Implementación, cumplimiento y verificación de

los Acuerdos de Paz (Guatemala 29 de diciembre de 1996). Se implementa una agenda de los
acuerdos de paz la supervisión de los mismos. Como consiguiente se busca soluciones y
desarrollo de los guatemaltecos y un sistema de justicia que resuelva educación, salud y
seguridad ciudadana.

12. Acuerdo de Paz Firme y Duradera (Guatemala 29 de diciembre de 1996).Como resultado

se logre una política en la cual los problemas se resuelvan con dialogo y no con enfrentamiento y
un poco de tolerancia ente los guatemaltecos valorar el esfuerzo se hace a un cese de violencia.
El Acuerdo de Paz Firme y Duradera fue el último de los Acuerdos de Paz suscritos por el
Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -
URNG- el 29 de diciembre de 1996 (García, s.f., p. 1), dando fin oficialmente al Conflicto Armado
Interno. Este documento integra todos los acuerdos suscritos a partir del Acuerdo marco sobre
democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, para alcanzar soluciones
pacíficas a los principales problemas que generó la guerra civil en el país centroamericano
(Condore, 2007, p. 40). El enfrentamiento duró 36 años y dejó un saldo en muertos y
desaparecidos que supera las 250 000 personas (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, s.f.,
p. 17).
 FUNDAMENTO AL DERECHO A LA PAZ Y SU PROTECCIÓN
El estado de Guatemala a través de su Constitución Política trata, en reiteradas ocasiones de
hacernos saber que existe para proteger y garantizar nuestra paz, tal es el caso del Preámbulo
que establece: “… como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del
régimen de ilegalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y PAZ”. Ahí está la palabra, esto nos
muestra una idea que, desde el inicio del Texto Supremo, esta no acción es una garantía.
Avanzando nos encontramos con el artículo 2, el cual establece: “Es deber del Estado
garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y
el desarrollo integral de la persona”. Y de este modo es posible identificar distintos artículos que
velan por una anhelada paz para los habitantes; sin embargo, es fundamental recordar que de
poco sirve que todos seamos iguales ante la ley si la ley no es igual ante todos. Incluso, los
tratados internacionales y demás asuntos referentes a la Diplomacia, son apegados al hecho de
buscar la paz para sus habitantes. El Congreso de la República a través del artículo constitucional
171 literal f) recibe la potestad de Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz. El
ejército es otra parte del ordenamiento político que lucha por conseguir paz a través de la
violencia.
Está claro que la ley anhela paz, que en un sentido abstracto los legisladores trataron de dejarla a
las generaciones próximas en la nación una garantía esencial de tipo omisión, la cual es la Paz, es
notorio el interés en procurar este fin.

Cultura de Paz
La paz depende exclusivamente de cada ciudadano, parte de su exclusividad radica en el hecho
de que no puede el Estado obligar a la población a actuar con paz, ya que una ley posee carácter
coercitivo, sería irónico y hasta incoherente obligar al ciudadano a actuar con paz a través de la
represión.

Surge entonces, la cultura de paz, que no es más que “una serie de valores, actitudes y
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus
causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los
grupos y las naciones.”

La cultura de paz, es la paz de todos, es nuestra manifestación de rechazo a la guerra y la

aceptación al diálogo y a la tolerancia con nuestros semejantes.

Lo contrario a este concepto es una cultura de violencia y no hace falta explicarlo, basta y sobra
con ver un noticiero vespertino y percatarse que hubo heridos, muertos, a causa de un conflicto
que se resolvió por medio de violencia. Ni más ni menos.