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Temas para La Segunda Parcial de Problemáticas Sociales

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Temas para la segunda parcial de Problemáticas Sociales:

- El papel de los movimientos sociales en Py

- Qué es organización social

- Cultura

La cultura no es pues algo que se impone al hombre y que le impide el conocimiento de la


verdad porque Jo encierra en formas de hacer que funcionan a la manera de una carcel, o que
Jo determinan frente a una voluntad carente de motivos, sino todo un aparato simb61ico que
le permite ser individuo, ser unico, concretar su vida de manera peculiar, definir las multiples
posibilidades que tenemos de ser, eligiendo, guiados por esquemas simbolicos, una de ellas. Es
la cultura la que nos forma como individuos separados, y la que nos situa frente a la realidad
con capacidad para abrirnos a ésta desde nuestra concreta situación, porque cada uno procesa
de manera singular el universo simb6lico que tiene a su alcance.
Esta consideraci6n de la cultura nos conduce a descubrir el sentido individual de las
identidades colectivas.
No existen homogeneidades, y la coincidencia de intereses entre algunos individuos que se
identifican con unas señas estéticas o éticas de un grupo no autoriza a nadie a arrogarse la
palabra total de ese grupo, ni a definir cómo cada una de las personas entiende su pertenencia
a ese grupo.

- Nociones de la comisión interamericana

- Nociones de la declaración universal

- Pacto de san josé

De los últimos tres sólo lo que compete al sistema de DDHH es decir a la protección de los
DDHH (su importancia sobre todo, todo lo que hablamos en clase)

Evolución histórica de los derechos humanos Bien puede afirmarse que la historia de la especie
humana es la apasionante historia de la larga, y a veces trágica, lucha de hombres y mujeres
por lograr el pleno disfrute de sus derechos fundamentales, es decir, de aquellos que les
corresponden por el simple hecho de ser personas, miembros de la gran familia humana A
esos derechos los llamamos hoy día "derechos humanos" Su concepto, alcance y protección,
como lo veremos después, se ha ido ampliando cada vez más, como resultado de esa
aspiración universal que en diferentes épocas y latitudes ha conducido a todos los pueblos de
la tierra a participar en la maravillosa aventura del espíritu de lograr su reconocimiento y
respeto

La idea de la protección internacional de los derechos humanos es una de las características


del denominado "Nuevo Derecho Internacional", que comienza a configurarse hacia fines de la
Primera Guerra Mundial, cuando surgieron las preocupaciones pacifistas que condujeron a la
creación de las primeras grandes organizaciones internacionales y a la revisión del concepto
clásico de soberanía nacional y sobre la naturaleza de los sujetos del Derecho Internacional La
trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial llevó a la conclusión de que para la
protección de los derechos humanos no bastaba su incorporación a los textos constitucionales
y la tutela de los Estados nacionales Precisamente, la Segunda Guerra Mundial, según algunas
corrientes de pensamiento, fue librada no sólo en función de determinados intereses
geopolíticos y económicos, sino también para afirmar los derechos humanos frente a los
horrores del fascismo y el nazismo, regímenes que llevaron a su más horrenda y criminal
expresión la violación sistemática de todos los derechos humanos, incluyendo los de sus
propios ciudadanos y de pueblos enteros.

La humanidad, como dijimos antes, sintió entonces la necesidad de reiterar su fe en la


dignidad de la persona humana, tan ultrajada por los regímenes totalitarios Al fundarse las
Naciones Unidas, en su Carta constitutiva se incluyó el siguiente Preámbulo "Nosotros los
pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales
puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de
otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad

Cuatro configuraciones históricas en América Latina: una visión panorámica:

Un recorrido genealógico sobre la evolución de los derechos humanos en América Latina a lo


largo de diferentes momentos históricos, reviendo contextos de enmarcamiento de los
derechos básicos a la vida, la integridad física y la dignidad humana, así como sus violaciones y
abusos en las sociedades latinoamericanas. Diferenciaremos cuatro grandes momentos o
configuraciones históricas, que se irán superponiendo con el pasar del tiempo sin reemplazar
por completo las prácticas y desafíos de las etapas precedentes.

• La configuración inicial se remite a los antecedentes históricos remotos, comenzando


con la concepción colonial del derecho jerárquico, diferencial y segmentario, articulada
desde la visión medieval de fueros asociados a estamentos sociales y corporaciones
segmentadas. El derecho colonial carecía de la universalidad que sustenta la normativa
moderna de derechos humanos ya que codificó y formó expectativas respecto del
funcionamiento y el abuso de poder, la aplicación y evasión de la legalidad, afectando
el funcionamiento sesgado de la justicia en épocas posteriores, pero también
concepciones de reivindicación de derechos y resistencia ante poderes estatales
abusivos

• El proceso se acelera con la construcción moderna de un discurso universal y la


normativa global de derechos humanos, que se dieron junto con la redefinición y
ampliación de los derechos sociales y económicos, aunque alcanzaron su ejercicio
efectivo tras el embate de las dictaduras contra el ejercicio de los derechos civiles y
políticos.

• En efecto, los derechos humanos se han tornado parcialmente efectivos sólo a fines
del siglo xx, siendo su inserción producto de las secuelas de violencia generalizada y en
forma concomitante del apoyo creciente en nuestras sociedades a un ideario universal
de justicia y rendición de cuentas. Fue entonces cuando los derechos humanos
pasaron de ser un mero registro formal para cobrar densidad en el imaginario de
sectores amplios de la población en torno a la lucha contra las dictaduras dentro y
fuera del territorio nacional, así como durante las transiciones democráticas y las
disputas entre movimientos sociales y élites políticas, intelectuales y económicas,
hasta su fluctuante definición en nuevas normativas y arreglos institucionales.
• Además, de manera creciente, distintos países han reconocido el estatus legal
preferencial de los pactos que han suscrito y ratificado, por ejemplo, al jerarquizar la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (de 1969, con un protocolo adicional
sobre derechos económicos y sociales), reconociéndola como fuente de obligaciones
dentro de los estados. Sin embargo, aun en la actualidad, el efectivo anclaje de los
derechos humanos no está asegurado y dista de ser pleno y efectivo

• Persisten resistencias derivadas de considerandos de soberanía nacional y situaciones


autoritarias de poder, así como resistencias basadas en argumentos de idiosincrasia
cultural. Existen sectores sociales y políticos que disputan la normativa; persiste la falta
de observancia de las normas jurídicas; existe violencia, corrupción, abusos de poder y
brotes de autoritarismo, que definiremos como microdespotismo. Aunque se intenta
fortalecer la tolerancia, la libertad de expresión y los derechos identitarios, subsiste el
riesgo de subordinar los derechos al discurso de la inseguridad pública y el combate
contra la delincuencia organizada; y, sobre todo, a menudo se adoptan medidas
excepcionales de seguridad que ponen en entredicho el efectivo respeto de los
derechos humanos

• Por último, en el reciente y contemporáneo escenario latinoamericano presenciamos


una nueva configuración de significado de los derechos humanos con base en un
‘constitucionalismo aspiracional’ y el creciente peso de normativas y mecanismos
regionales e internacionales. Igualmente, se confrontan en forma expansiva nuevos
desafíos generados por los mercados ilícitos, la inseguridad personal y la amenaza a los
ecosistemas, planteándolos en términos de derechos humanos. En las últimas décadas
se ha ampliado el espectro de los derechos fundamentales, destacándose una mayor
especificación de sus contenidos, adecuándolos a la normativa y los tratados
internacionales.

La siguiente configuración histórica se enmarca en los Estados republicanos establecidos en el


siglo xix. En sus constituciones y leyes, los distintos Estados incorporaron muchas garantías y
derechos políticos y civiles consagrados en las grandes revoluciones y articulados en torno a las
libertades individuales, aunque reconociéndolos en forma limitada, abusiva y excluyente, y con
condicionantes de estados de excepción, abusos de poder, proscripción y destierro, que en la
realidad latinoamericana se tornaron parte de la norma efectiva.

Reivindicación de derechos en Paraguay de los movimientos sociales :

Los movimientos sociales, se articulan en torno a reivindicaciones específicas, comparten un


proyecto de sociedad y su accionar no está orientado a la administración del Estado, sino al
reconocimiento de derechos y a la profundización de la democracia. A diferencia de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), su accionar no está definido por proyectos con
financiamiento, sino principalmente por el autofinanciamiento, su militancia se sustenta en el
compromiso y la adhesión voluntaria. El carácter nacional de los mismos, no está dado
necesariamente por tener presencia organizada a nivel nacional, sino por el carácter de sus
reivindicaciones y por su proyecto histórico o modelo de sociedad a la que aspiran.
los movimientos sociales como actores colectivos organizados e integrados identitaria y
simbólicamente, que se movilizan y accionan de múltiples formas –a menudo fuera de los
canales institucionales– para modificar y/o transformar una situación de injusticia, opresión
y/o explotación, desafiando colectivamente al orden dominante. Actúan para alcanzar
objetivos, derechos y demandas, promoviendo un cambio social significativo de beneficio
colectivo, que tensiona los límites de compatibilidad del sistema en el marco de la
construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Su accionar es una expresión de las
contradicciones de clase y en el proceso de conformación y consolidación, la dimensión
identitaria tiene un rol fundamental, cuestionando así los límites de la institucionalidad
vigente, por lo que en última instancia tiene al Estado como su principal oponente.
Movimientos sociales no es sinónimo de organizaciones sociales, pues se componen de dos
ámbitos: uno organizado y otro no organizado. La estructura de los movimientos sociales
forma parte del sector organizado. Se caracteriza por tener un accionar más o menos
permanente y vida organizacional, varían en cuanto a sus demandas, sus visiones, sus
canales de protestas, su tamaño, su reconocimiento social y en sus formas de estructuración
interna. Mientras que en el ámbito no organizado de los movimientos sociales, puede
considerarse a los sectores que se adhieren a su accionar en coyunturas determinadas. Así,
aunque movimientos sociales no es sinónimo de organizaciones sociales,

• ORGANIZACIONES EN PARAGUAY:

• Ambientalistas

• La Red Agroecológica.

• Mercadito Campesino

• Plataforma Ñamoseke Monsanto .

Campesinas

Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU)

Cultiva Paraguay

Federación Nacional Campesina (FNC)

Organización de Lucha por la Tierra (OLT)

Organización Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI)

Organización Nacional Campesina (ONAC).

• Diversidad

Aireana. Grupo por los derechos de las lesbianas

La Mansión 108 .

PANAMBI

Somos Gay

Indígenas

Mesa de Articulación Indígena (MAIPY).

Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPy)

HAY MÁS EN EL POWER


LUCHAS SOCIALES Y DERECHOS CIUDADANOS EN AMÉRICA LATINA

Uno de los ejes que nos permite analizar la relación entre democracia y movimientos sociales
tiene que ver con la construcción de derechos y prácticas ciudadanas. Partimos de que la
ciudadanía es algo más que una sumatoria de prerrogativas que se han ido acumulando desde
del siglo XVIII en los rubros civiles (dentro del plano individual), políticos (referidos
fundamentalmente a la capacidad de votar y ser votado), y sociales (que incluyen “un mínimo
de bienestar económico” y el “vivir la vida de un ser civilizado conforme a estándares
predominantes en la sociedad”) (Marshall, 1998: 22-23),

Desde tal perspectiva, interesa constatar su presencia en diversas formas de protesta que se
han desplegado en América Latina durante los últimos años, con la idea de contribuir a una
reflexión conceptual en la que debe profundizarse, para dar cuenta de la dualidad que parece
acompañar a las luchas sociales en la región: por un lado su principal meta continúa siendo la
mejora de las condiciones de vida de núcleos de población severamente afectados por la
brutalidad de la nueva ola del capitalismo salvaje, y por el otro, ha emergido en el escenario un
objetivo complementario centrado en la creación de nuevas formas de gestión social, que
apuntan hacia la modificación de las instituciones del Estado alrededor de una práctica
ciudadana que no se restringe a votar y ser votado

• Emergencia de la bandera ciudadana en los movimientos sociales latinoamericanos


contemporáneo.

Después de haber sido estigmatizada y condenada al olvido en el ideario político de quienes


desde la izquierda pugnaban por la transformación radical de la sociedad, la preocupación por
el desarrollo de la ciudadanía emerge claramente como uno de los rasgos distintivos de la
conflictividad social de la región a partir del nuevo siglo. Resulta interesante y significativo
constatar que la preocupación por el desarrollo de la ciudadanía no surge como parte de la
discusión y debate en torno a la transición democrática, sino tiempo después.
Durante aquellos procesos, la idea de la recuperación democrática se limitó a señalar la
importancia y urgencia de crear la institucionalidad jurídico-política que permitiera a las
fracciones de la elite que habían pugnado por la sustitución de las dictaduras, la alternancia
ordenada y pacífica en el poder. La preocupación central giraba en torno a qué arreglos
institucionales eran los más pertinentes para garantizar la estabilidad de los nuevos regímenes,
teniendo como límites del encuadre democrático, por un lado, la persistencia de actores
autoritarios –formalmente desplazados del poder– y por otro, las exigencias de las mayorías
subordinadas, que desde ese momento son perfiladas como potencialmente perturbadoras del
orden democrático.
No obstante esta situación, el retorno de la democracia liberal como la forma legítima de
Estado, y el debate en torno a la institucionalidad que la caracteriza, conforman el contexto
jurídico, ideológico y legal a partir del cual irá emergiendo en los actores sociales la
preocupación por el desarrollo de la ciudadanía, entendida ahora como una manera de
trascender las limitaciones que la elite impuso en la transición, mediante la reformulación de
las demandas populares y la impugnación de las políticas gubernamentales, en forma de
reivindicación de derechos ciudadanos.
Este rasgo de las políticas neoliberales, centradas en la privatización y el desmantelamiento del
precario Estado de bienestar aún existente, implica un ataque a conquistas que están
concebidas como derechos, y por lo tanto su defensa induce la referencia a la idea de
ciudadanía. El hecho de que los gobiernos que se ostentan como democráticos continúen el
proyecto económico que impulsaban las dictaduras, mantiene a los actores sociales
enganchados en la lucha por evitar la completa destrucción del Estado social. El recorte del
gasto social y las privatizaciones tienen devastadores impactos en las condiciones de trabajo y
de vida de amplios sectores sociales que, gozando en el pasado de condiciones privilegiadas
para el contexto latinoamericano , no sólo disponen de grados de organización y cohesión que
posibilitan su lucha, sino sobre todo pueden plantear sus demandas en términos de defensa de
derechos inatacables. Es éste uno de los rasgos que explica por qué los trabajadores del sector
público, especialmente educación y salud, están entre los grupos más activos en la lucha social
contemporánea, y que además se asocien luchas de orden principalmente reivindicativo, con
objetivos de alcance más general y profundo.

• La noción de ciudadanía en los movimientos sociales actuales:

La revisión del contexto en el que resurge la noción de ciudadanía como parte del repertorio
de los movimientos sociales nos da también la pauta para examinar las características que
dicha noción presenta. Primero que nada, destaca el hecho de que la reivindicación ciudadana
viene asociada a la emergencia de movimientos pluriclasistas y multisectoriales, que se
conforman como tales no por definición intencional, sino como resultado de la simultaneidad
del ataque que genera el despliegue de la reestructuración neoliberal capitalista en la forma
salvaje a la que hacíamos referencia.

La amplitud de la convocatoria social que implica la lucha contra la política neoliberal, la


privatización y la globalización, además de ofrecer un espectro muy amplio de actores,
demandas y frentes de lucha –que explica buena parte de la alta conflictividad que
atestiguamos en toda la región desde finales del siglo XX–, crea serias dificultades a la
gobernabilidad neoliberal, que cada vez más se apuntala en la criminalización de la protesta
como mecanismo para debilitar la insurgencia

Pero más allá de la inestabilidad que genera, esta conflictividad refleja el cuestionamiento de
la legitimidad de gobiernos que acaban no representando a nadie (de allí la caída de varios de
ellos)4 . Las crisis de representación parecen extenderse por toda el área y al tiempo que las
agrupaciones estrictamente políticas (incluidos los partidos) dan cuenta de su incapacidad para
asumir el papel articulador que les corresponde, han aparecido en el horizonte movilizaciones
cuyos objetivos incluyen la creación de nuevas formas de gestión social, que no sólo pasan por
la organización de núcleos alternativos al mercado, sino también por la modificación de las
instituciones del Estado. Podría afirmarse que como contrapartida de este deterioro, ocurre un
empoderamiento de la sociedad, en la medida en que, a través de múltiples actores, se
ostenta como la legítima depositaria de los derechos de la colectividad. En este proceso se va
reformulando la noción de ciudadanía, desbordando los límites definidos por el liberalismo y
estableciendo nuevos contornos y nuevos contenidos. La emancipación por la que luchan no
es sólo política sino también personal, social y cultural. No plantean un rechazo de la política,
sino una ampliación de la misma más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y
sociedad. (De Sousa, 2001)

Entre ellos se mantiene la vertiente electoral, pero sin que necesariamente se torne central,
pues los grupos y movimientos que ejercen esos derechos, lo hacen de nuevas maneras, sin
conducir a la fusión y desintegración de los movimientos de masas en las formas partidarias o
en los gobiernos que sustentan. Ello tampoco implica que los mecanismos asociados con las
elecciones tengan por fuerza que desaparecer; aun cuando haya razones de peso que explican
el desencanto con respecto a este ámbito de la política5 , lo que debe replantearse son sus
cimientos, más que sus manifestaciones y cualquier derecho vinculado con la democracia
incluso en su versión procedimental, sigue siendo irrenunciable

Los ciudadanos son personas con nombre y apellido a los que se reconoce individualmente. Sin
embargo, la ciudadanía como proyecto siempre ha catalizado aspiraciones sociales de
participación pública y para ello, ha exigido requisitos, ha otorgado derechos y ha delegado
responsabilidades que corresponden al tipo y correlación de fuerzas societales en los que se
sustenta. Eso es precisamente uno de los elementos que desde nuestro punto de vista articula
las luchas populares con las que ha arrancado el milenio en América Latina; por un lado apunta
a la apropiación de espacios ciudadanos tradicionales (es decir, en el sentido liberal del
término), pero por el otro lado está abriendo camino para ampliar los márgenes de la
participación social en la vida pública y para, eventualmente, modificar el tipo de requisitos, de
derechos y de responsabilidades que ello conlleva.

Es desde tal perspectiva que interpretamos las nuevas formas de autogestión y de


autoorganización, que implican no sólo una crítica de la forma Estado-nación tradicional, sino
“la obligación política horizontal entre ciudadanos y la idea de la participación y de la
solidaridad concretas en la formulación de la voluntad general, son las únicas susceptibles de
fundar una nueva cultura política y, en última instancia, una nueva calidad de vida personal y
colectiva basadas en la autonomía y en el autogobierno, en la descentralización y en la
democracia participativa, en el cooperativismo y en la producción socialmente útil […]” (De
Sousa Santos, 2001)

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