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ISSN 2448-5705
VOLUMEN 6 / NÚMERO 15 / MAYO–AGOSTO 2018
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
en Ciencias y Humanidades–UNAM, Vol. 6, No. 15, mayo–agosto 2018

EDITORIAL REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
INTERDISCIPLINARIAS EN CIENCIAS Y HUMANIDADES
Investigaciones sobre la paz desde América Latina: interdisciplinariedad con perspectiva crítica
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Pierre Gaussens y María Ivette Ayvar Acosta
Revista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

DOSIER
El torrente militarista desde el 11/S: características y costos
John Saxe-Fernández
La paz universal como mecanismo de dominación en el sistema internacional
Claudio René Lara Angelino
Violencia y paz en Colombia: una mirada desde la reproducción del capital en América Latina
Angélica Giraldo Durán y Adrián Gutiérrez Álvarez del Castillo
El Estado en la encrucijada. Justicia social y paz en México
R. David Benítez Rivera
Cuando hablar de violencia es violento: los problemas del discurso dominante
sobre el crimen organizado
Pierre Gaussens
Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de riesgo
María Guadalupe Alvear Galindo
La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica: exploraciones sobre
una relación poco iluminada
Leonardo Felipe Olivos Santoyo y Luz Alejandra Barranco Vera
Hacia la construcción de una cultura de paz en las escuelas
Leticia Ventura Soriano y Yanith Betsabé Torres Ruiz
ENTREVISTAS
la paz
Paz y defensa de los derechos humanos. Entrevista con Irma Alma Ochoa Treviño
María Elena Hernández Lara
Paz y juventud. Entrevista con Gabrielle John
Andrés Allán Sánchez Osorio
COMUNICACIONES INDEPENDIENTES
El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático
Alice Poma
RESEÑAS
Cultura de paz: una utopía posible
Anayely Santiago García
Economía solidaria: local y diversa
María Ivette Ayvar Acosta
COLABORAN EN ESTE NÚMERO Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018

ISSN 2448-5705
REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES

la paz
Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018

DIRECTORIO
INTERdisciplina en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
www.interdisciplina.unam.mx
Ricardo Lino Mansilla Corona María del Consuelo Yerena Capistrán
Editor Coordinación editorial
Pierre Gaussens Concepción Alida Casale Núñez
Editor invitado Cuidado editorial
Alma Laura Moncada Marín Isauro Uribe Pineda
Asistente del editor Gestión y operación de OJS
CONSEJO EDITORIAL Diego Frías / Universidad Estatal de Bahía, Brasil

Germinal Cocho Gil / Universidad Nacional Autónoma Hugo Melgar–Quiñonez / McGill University, Canadá
de México, México
Pedro Luis Sotolongo Codina / Academia de Ciencias COMITÉ CIENTÍFICO
de Cuba, Cuba Darío Salinas Figueredo / Universidad Iberoamericana,
Roger Strand / Universitetet i Bergen, Noruega México
Nancy Scheper–Hughes / University of California Diego Frías / Universidad Estatal de Bahía, Brasil
Berkeley, EUA Eloy Ayón–Beato / cinvestav–ipn, México
Julie Thompson Klein / Wayne State University, Pedro Eduardo Alvarado Rubio / Hospital Adolfo López
EUA Mateos del issste, México
Eloy Ayón–Beato / cinvestav–ipn, México Silvia Dutrénit Bielous / Instituto José María Luis Mora,
Héctor Zenil / Universidad de Oxford, UK México
Ana María Corbacho Rodríguez / Universidad Laura Páez Díaz de León / Universidad Nacional Autónoma
de la República, Uruguay de México, México
Bartolomé Luque Serrano / Universidad Politécnica Francisco Colom González / Consejo Superior de
de Madrid, España Investigaciones Científicas (csic), España
José Nieto Villar / Universidad de La Habana, Cuba Nialls Binns / Universidad Complutense de Madrid, España
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Universidad Nacional Autónoma

en Ciencias y Humanidades de México
Guadalupe Valencia García Enrique Graue Wiechers
Directora Rector
Ricardo Lino Mansilla Corona Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario Académico Secretario General
Carlos Hernández Alcántara Leopoldo Silva Gutiérrez
Secretario Técnico Secretario Administrativo
María Isabel García Rosas Mónica González Contró
Secretaria Administrativa Abogada General
María del Consuelo Yerena Capistrán Alberto Vital Díaz
Jefa del Departamento de Publicaciones Coordinador de Humanidades
INTERdisciplina, vol. 6, núm. 15, mayo–agosto 2018, es una publicación cuatri-

mestral electrónica, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, Ciudad de México, a través del Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Torre II de Hu-
manidades 4º piso, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, Ciu-
dad de México, <http://www.interdisciplina.unam.mx>, (rev.interd@unam.mx).
Editor responsable: Ricardo Lino Mansilla Corona. Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo No. 04–2015–062512120000–203, otorgado por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor, issn 2448–5705. Responsable de la última actualización
de este número: Isauro Uribe Pineda, Torre II de Humanidades 4º piso, Circuito
Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán 04510, Ciudad de México. Fecha de la
última actualización: 30 de abril de 2018.
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riamente reflejan la postura de los editores. Prohibi-
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Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018
doi: http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2018.15
Contenido / Contents
¾¾ Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Presentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
¾¾ Editorial
Investigaciones sobre la paz desde América Latina:
interdisciplinariedad con perspectiva crítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Peace research from Latin America: Interdisciplinarity
with critical perspective
Dosier / Dossier
¾¾ El torrente militarista desde el 11/S: características y costos . . . . . . . . . . 17

The militaristic torrent since 9/11: Characteristics and costs
¾¾ La paz universal como mecanismo de dominación

en el sistema internacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
The universal peace as a mechanism of domination
in the international system
¾¾ Violencia y paz en Colombia: una mirada desde

la reproducción del capital en América Latina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Violence and Peace in Colombia: A look from
the reproduction of capital in Latin America
¾¾ El Estado en la encrucijada. Justicia social y paz en México . . . . . . . . . . . 83

The State at the crossroads. Social justice and peace in Mexico
INTERdisciplina Volumen 6 | número 15 | mayo–agosto 2018
¾¾ Cuando hablar de violencia es violento: los problemas

del discurso dominante sobre el crimen organizado. . . . . . . . . . . . . . . . 107
When talking about violence is violent: The problems
of the dominant discourse on the organized crime
Pierre Gaussens
¾¾ Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de riesgo . . . 125

Violence and public health: Reflections regarding the risk approach
¾¾ La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica:

exploraciones sobre una relación poco iluminada. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Peacebuilding and criticism of hegemonic masculinity:
Explorations on a poorly enlightened relationship
¾¾ Hacia la construcción de una cultura de paz en las escuelas. . . . . . . . . . 157

Towards the construction of a culture of peace in schools
Entrevista / Interview
¾¾ Paz y defensa de los derechos humanos. Entrevista con

Irma Alma Ochoa Treviño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Peace and defense of human rights. An interview with
Irma Alma Ochoa Treviño
¾¾ Paz y juventud. Entrevista con Gabrielle John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Peace and youth. An interview with Gabrielle John
Comunicaciones Independientes / Independent Communications
¾¾ El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático. . . . . . . . 191

The role of emotions in the response to climate change
Alice Poma
Reseñas / Book reviews
¾¾ Cultura de paz: una utopía posible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Culture of peace: A possible utopia
¾¾ Economía solidaria: local y diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Solidarity economy: Local and diverse
Colaboran en este número / Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Presentación
La historia de nuestra civilización, que al decir de K. Marx ha sido la historia de

la lucha de clases, ha tenido como elemento ubicuo en todas sus etapas la reso-
lución violenta de los conflictos entre los grupos humanos. Las guerras han sido
las inseparables compañeras de viaje de la humanidad a través de todo su largo
y tortuoso desarrollo.
Es así, que cada intervalo de paz entre conflictos se antoja como un oasis
donde los seres humanos se reparan de los traumas de la anterior contienda, 5
hacen votos para no volver a caer en la tentación de la violencia y terminan jus-
tificando sin remedio la pertinencia del próximo conflicto. Como bien dijera Es-
quilo, la verdad es la primera víctima de toda guerra.
Todo lo anterior confirma la conveniencia de analizar el fenómeno de la paz
en el contexto más amplio posible. Este número es sin duda una aportación no-
table a ese esfuerzo. En las páginas de su dosier los lectores encontrarán un va-
riado espectro de contribuciones de carácter interdisciplinario a las distintas
facetas de este concepto. Más adelante pueden leerse las entrevistas a Irma
Alma Ochoa, destacada defensora de los derechos de las mujeres, niñas y ado-
lescentes, así como a Gabrielle John, Secretaria del Estudio del Progreso sobre la
Juventud, la Paz y la Seguridad de las Naciones Unidas.
Se reseñan también un par de obras imprescindibles de gran actualidad:
Cultura de la paz: una utopía posible, de Anayeli Santiago, y, Economía solidaria:
local y diversa, de Ivette Ayvar.
Este número es de imprescindible lectura para todos aquellos interesados
en conocer las diferentes perspectivas de los estudios sobre la paz.
Ricardo Mansilla
Editor
Presentation
The history of our civilization, which according to K. Marx has been the history
of the class struggle, has had an ubiquitous element in all its stages, the violent
resolution of conflicts between human groups. Wars have been the inseparable
companions of humanity’s journey through all their long and tortuous develop-
ment.
Thus, each interval of peace between conflicts seems like an oasis where hu-
6 man beings are repaired from the traumas of the previous conflict, vow not to
fall back into the temptation of violence and end up justifying without remedy
the relevance of the next conflict. As Aeschylus said, truth is the first victim of
all war.
All of the above confirms the convenience of analyzing the phenomenon of
peace in the broadest possible context. This number is undoubtedly a remark-
able contribution to this effort. In the pages of his dossier, readers will find a
wide spectrum of interdisciplinary contributions to the different facets of this
concept. Below you can read the interviews with Irma Alma Ochoa, a prominent
defender of the rights of women, girls and adolescents, as well as withGabrielle
John, Secretary of the United Nations Study on Progress on Youth, Peace and Se-
curity.
There are also a couple of essential works of great relevance: Culture of
peace: a possible utopia, by Anayeli Santiago, and, Solidarity economy: local and
diverse, by Ivette Ayvar.
This number is an essential reading for all those interested in knowing the
different perspectives of studies on peace.
Ricardo Mansilla
Editor
EDITORIAL
Pierre Gaussens*
María Ivette Ayvar Acosta**
Investigaciones sobre la paz desde América
Latina: interdisciplinariedad con
perspectiva crítica
Peace research from Latin América: Interdisciplinarity
with critical perspective
La paz representa un tema sumamente complejo. Su estudio es problemático por

varias razones. Primero, tanto por la relatividad intrínseca al carácter filosófico
del concepto, como por las connotaciones ideológicas que lo marcan, identifi-
cándolo en lo político con la derecha y el conservadurismo, al menos en América
Latina. Segundo, por el carácter teleológico de una categoría que ha sido erecta 7
desde la onu en el ideal universal e incuestionable al que deben aspirar todas las
sociedades, y que, por lo tanto, ha tensionado la exigencia analítica de los estu-
dios sobre la paz con los mandamientos de un deber moral, empobreciendo su
potencial para hacer de estos estudios una ingeniería de construcción de paz
(peace building) en detrimento de su autonomía intelectual, su capacidad de teo-
rización y su reflexividad crítica. Tercero, por la fuerte dimensión normativa de
un campo de estudio que, en sus aspiraciones por adquirir sus créditos de cien-
tificidad y lograr su reconocimiento como disciplina dentro de las ciencias hu-
manas, no deja de basarse en una premisa de corte funcionalista que ve en los
conflictos y las controversias una situación peligrosa, que habría que prevenir,
resolver y superar, desde el enfoque dominante de la gestión de riesgos, negan-
do así toda función social positiva al conflicto. Cuarto, debido a una serie de obs-
táculos teóricos y metodológicos que han impedido la formulación consensuada
de una definición mínima (sobre un término en sí polisémico), así como la deli-
* Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Becario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich),
asesorado por la Dra. Alba Teresa Estrada Castañón y la Dra. María del Carmen Legorreta
Díaz. Doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
Correo electrónico: pierre.gaussens@gmail.com
** Doctorante en ciencias de la administración del posgrado de la Facultad de Contaduría y
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Becaria Conacyt.
Correo electrónico: ayvar.te@gmail.com
Gaussens, Pierre y María Ivette Ayvar Acosta. «Investigaciones sobre la paz desde América Latina: interdisciplinariedad
con perspectiva crítica.» Interdisciplina 6, no 15, (mayo–agosto 2018): 7-16.
doi: http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2018.15.63831
mitación de su universo, es decir, a una dificultad epistemológica para la cons-

trucción de un objeto de estudio compartido por una comunidad científica. Fi-
nalmente, la complejidad inherente al tema de la paz también se explica por el
amplio abanico de problemáticas que encierra la cuestión.
Históricamente, el campo de los estudios de la paz y los conflictos (peace
and conflict studies) o de las investigaciones sobre/para la paz (peace research)
surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la creación de la Or-
ganización de las Naciones Unidas, con la constitución de centros de investiga-
ción especializados en la materia, todos ubicados en América del Norte, Europa
del oeste y Escandinavia, entre los que destaca el Instituto Internacional de Es-
tudios para la Paz de Estocolmo. Asimismo, podría ser considerado como prin-
cipal “padre fundador” de estos estudios al científico noruego Johan Galtung
(1996). Desde su fundación, los estudios sobre la paz han buscado constituirse
en una oferta intelectual legítima para satisfacer la nueva demanda de experti-
cia, producida por los organismos internacionales de la industria del manteni-
miento de la paz. En sus inicios, estos estudios han sido subsidiarios de las dis-
8 ciplinas de la ciencia política y las relaciones internacionales, por ser ellas
dominantes dentro del campo universitario norteamericano en la inmediata
EDITORIAL
posguerra, en torno a los clásicos temas de la guerra, la violencia y la seguridad,

los mismos que definen la paz de manera negativa, es decir, como ausencia de
guerra o de violencia. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y la
complejización del concepto de paz, ahora entendida también de manera posi-
tiva, sea como progreso, desarrollo o justicia, poco a poco los estudios sobre la
paz han logrado emanciparse de esta tutela disciplinar, para pasar a movilizar
las teorías y herramientas de un conjunto cada vez más amplio de ciencias so-
ciales y humanidades, de manera interdisciplinaria, con el fin de poder desarro-
llar concepciones que den cabida a la gran complejidad del “paradigma pacífico”
(Jiménez Bautista 2009).
En efecto, si los estudios sobre la paz tratan de investigar acerca de las con-
diciones que hacen posible la producción colectiva de procesos de paz, enton-
ces, enfrentan “la necesidad de ampliar el campo de estudio para incluir cues-
tiones relacionadas con la salud y la alimentación; también con el bienestar
social, con los procesos de negociación, con la justificación de las necesidades
y los derechos humanos, con la democracia, las relaciones internacionales y las
regulaciones jurídicas, con la cultura, con la comunicación, la educación y otras.
Tal vez demasiados temas, demasiados intereses” (Muñoz y Rodríguez 2001,
30). A su pesar, los estudios sobre la paz son necesariamente interdisciplina-
rios. Dependiendo de la perspectiva adoptada y de la problemática que esta re-
vela, como una de las múltiples condiciones para la paz, el análisis implica el
recurso a una multitud de disciplinas, como por ejemplo: la ecología con la sus-
Volumen 6 | número 15 | mayo–agosto 2018 INTERdisciplina
tentabilidad ambiental (López Becerra 2011); la sociología con la conflictividad

social (Lopera 2014); la administración con la resolución de conflictos (Valencia,
Gutiérrez y Johansson 2012); la filosofía con la ética de la no-violencia (Mingo
2010); la comunicación, por un periodismo de paz (Espinar y Hernández 2012);
la pedagogía, por la importancia de la educación en la construcción de la paz; y
también, la economía, la antropología, la historia, la geografía, el derecho o los
estudios de género.
La ineludible e inexcusable necesidad de la confluencia de disciplinas comienza a ser

una obviedad aceptada por todos. Sin embargo, esa confluencia no siempre se en-
cuentra en la actividad científica. La práctica de la interdisciplinariedad exige como
condición sine qua non la existencia de espacios concretos (asociaciones, simposios,
institutos, centros de altos estudios, etc.) donde hacerse realidad, donde los/as in-
vestigadores/as portadores de los conocimientos generados en sus particulares dis-
ciplinas los hagan circular. (Muñoz y Rodríguez 2001, 39).
Es por esta razón que se celebró, de agosto a noviembre de 2017, un Semi- 9

nario Interdisciplinario de Estudios para la Paz en un Centro de la unam espe-
EDITORIAL
cialmente dedicado a la interdisciplina, el Centro de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich). A su vez, es desde este espacio de
reflexión colectiva que surge la propuesta y es organizada la elaboración del
presente número de la revista INTERdisciplina, sobre la temática de la paz, pues
en él colaboran los mismos participantes a dicho seminario, entre especialistas
invitados y asistentes regulares, por lo que este número refleja, en cierta medi-
da, tanto los logros como los límites de los aprendizajes y las enseñanzas que
hemos podido desarrollar en ese espacio académico. Con esta publicación,
nuestro objetivo es simple: dar a conocer algunas de las problemáticas relacio-
nadas con la cuestión de la paz.
El presente número se divide en dos grandes bloques, correspondientes a
dos tipos de contribuciones que pueden ser agrupadas y distinguidas entre, de
un lado, las que tratan de paz negativa, es decir, de la paz puesta en relación
con la guerra, la violencia, el Estado y el capital, y, del otro, las que versan sobre
la paz positiva, o sea, sobre las condiciones favorables a la construcción de pro-
cesos de paz. En el primer grupo se encuentran los artículos de John Saxe-Fer-
nández, de Angélica Giraldo y Adrián Gutiérrez, de David Benítez, de Pierre
Gaussens y de Guadalupe Alvear Galindo; mientras que en el segundo grupo es-
tán los artículos de Claudio Lara, de Leticia Ventura y Yanith Torres, y de Leonar-
do Olivos y Luz Alejandra Barranco, así como las dos entrevistas y las dos rese-
ñas que acompañan al dosier. A continuación, presentaremos cada una de las
contribuciones, no por estricto orden serial sino más bien lógico.
Durante mucho tiempo, la cuestión de la paz ha sido estudiada en relación

con su negación, la guerra. En este sentido, la polemología constituye el antece-
dente teórico de la irenología. Es dentro de esta perspectiva clásica que se ins-
cribe el artículo de John Saxe-Fernández, “El torrente militarista desde el 11/S”,
acerca de la política exterior bélica que Estados Unidos ha llevado a cabo a raíz
de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la economía de guerra sobre la
que se sostiene este militarismo y sus consecuencias para las sociedades lati-
noamericanas. El artículo analiza entonces cómo hoy se expresa el dominio nor-
teamericano en el continente, ilustrándolo a través de las operaciones dirigidas
en contra de Venezuela y su actual gobierno, país con las mayores reservas de
petróleo en el mundo. En este sentido, la perspectiva geopolítica a la que nos
introduce e invita Saxe-Fernández no deja de constituir el marco global en el
que necesariamente se inscribe toda investigación acerca de la paz en América
Latina, como realidad periférica donde se despliegan los intereses de las poten-
cias dominantes.
Ahora bien, si la guerra representa la negación absoluta de la paz, lo contra-
10 rio de esta última, de manera relativa, es la violencia en general. Es así como las
investigaciones sobre la paz fueron evolucionando hacia el estudio de las múl-
EDITORIAL
tiples violencias, más allá de su extremo, la guerra, para analizar los principales
límites a la construcción de procesos de paz. De esta evolución existe hoy un
relativo consenso acerca de cómo la violencia representa el mayor obstáculo
para la paz, y cómo su estudio pasa en primera instancia por su segmentación
en dos grandes tipos, entre: de un lado, una violencia visible y tangible, que es
la de las armas, las agresiones y los golpes, y, del otro, una violencia invisible,
a menudo no reconocida como tal, que se esconde detrás de las apariencias de
la normalidad. Siguiendo a autores como Žižek (2007), Galtung (2003) y Bour-
dieu (1997), respectivamente, la primera se conoce como violencia subjetiva,
directa y física, mientras que la segunda se refiere a una violencia objetiva, es-
tructural y simbólica, que es la de las relaciones de dominación de unas clases
o grupos sociales sobre otros. Estos dos grandes tipos de violencia, no obstante,
resultan ser indisociables al momento de sus expresiones concretas, alimentán-
dose mutuamente el uno al otro.
La mayor parte de los estudios sobre la paz que buscan analizar las violen-
cias lo hacen en relación con la primera de ellas, la violencia física. En la actua-
lidad de América Latina, uno de los principales elementos de esta última es re-
presentado por el fenómeno delictivo, cuya violencia criminal vulnera la
convivencia de las sociedades y exacerba su conflictividad. Basado en el caso
mexicano, el tema de la delincuencia es introducido por Pierre Gaussens, en su
artículo: “Cuando hablar de violencia es violento: los problemas del discurso
dominante sobre el crimen organizado”, pero de manera heterodoxa y crítica, es
decir, no equiparando violencia con delincuencia, ni mucho menos paz con se-
guridad, como sistemáticamente lo hace el discurso oficial, tanto de los Estados
nacionales como de la onu, sino al contrario, demostrando que este discurso
dominante en sí es violento, y que, tras la visibilidad mediática de la violencia
criminal y el motivo aparente de luchar en su contra, en realidad se esconde un
nexo político-criminal que relaciona el campo de la delincuencia con el Estado,
así como profundas transformaciones en el ejercicio del poder político.
Por su lado, la violencia estructural o simbólica, inscrita en la objetividad de
las relaciones sociales de dominación, es ilustrada por el artículo de Guadalupe
Alvear Galindo, “Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de
riesgo”, en la medida en que este último, al centrarse en el acto violento en sí y
en la medición de los factores de riesgo relacionados con él, impide contextua-
lizar las condiciones sociales en las que se inscribe la violencia física. Es más, la
perspectiva estrictamente médica que predomina en la salud pública, sus insti-
tuciones y sus profesionales, conduce a la invisibilización de las violencias de
orden estructural que en parte determinan dicho acto y, por lo tanto, tiende a
estigmatizar a los individuos agresores, como únicos responsables de sus actos 11
y culpables de su violencia, contribuyendo así a producir una violencia simbó-
EDITORIAL
lica que se ejerce desde el mismo sector de la salud pública en detrimento de
sus usuarios, y particularmente, sobre los más desfavorecidos de ellos.
Ahora, después de ver durante mucho tiempo a la paz de manera negativa,
a través de la guerra, el conflicto y la violencia, a partir de los años setenta, los
estudios sobre la paz han desarrollado una producción teórica en torno a con-
cepciones positivas de la paz, con el fin de analizar las condiciones que hacen
posible su realización. Consecuencia de ello ha sido que el ejercicio de defini-
ción de la paz perdiera el relativo consenso que había alcanzado en la posgue-
rra, a raíz del proceso de creación de la onu, para entrar al debate de una crítica
que relacionara a la paz, tanto con la hegemonía de las potencias a nivel inter-
nacional (Pax Britannica, Pax Americana) como con el orden de la dominación en
cada sociedad (paz pública, “pax priista”), y que cuestionara toda “pacificación”
que, como actualización de la teología de la guerra justa, solo busca justificar la
guerra so pretexto de paz (Neocleous 2016).
Esta necesaria crítica a una concepción hegemónica de paz es el motivo del
texto de Claudio Lara, “La paz universal como mecanismo de dominación en el
sistema internacional”, en el que, desde una perspectiva histórico-cultural, es
cuestionado el paradigma dominante de paz tal como ha sido construido por el
sistema inter-estatal de las Naciones Unidas y la industria del mantenimiento de
la paz. Al presentar casos de estudio considerados como marginales, como el
ruandés y el somalí, el autor demuestra cómo la concepción universalista de
paz, promovida desde la onu, en realidad no es más que la universalización ins-
titucionalizada de puntos de vista particulares, estrechamente relacionados con

intereses cuyo sesgo cultural, en los hechos concretos, impide la posibilidad de
reconocer otras concepciones de paz y ejercer prácticas alternativas para la ges-
tión de conflictos, por lo que hoy resulta imprescindible reemplazar este para-
digma dominante por una concepción plural de paz, donde quepa la gran diver-
sidad de las culturas.
A su vez, esta cultura de paz, hecha de diversidad cultural, si bien puede
ser vista como utópica, no deja de ser una utopía posible, como lo plantea en
su mismo título el libro de David Adams, traducido del inglés por Roberto Mer-
cadillo y reseñado por Anayely Santiago. En efecto, debido a las múltiples vio-
lencias que caracterizan nuestro entorno social, la cuestión de la paz suele ser
ubicada en un plano ideal que se inscribe en contradicción con la realidad con-
creta. Para dejar de concebir la paz así, in abstracto, Adams indica que más
bien, debemos entenderla en términos de cultura, no en la idea sino en la cosa,
pues es necesario concebir la paz como un constructo social dinámico, que
puede hacerse y deshacerse, en la medida en que expresa procesos pacíficos o
12 violentos de socialización que se sostienen en prácticas culturales concretas.
Entonces, la construcción de paz implica transformar nuestras prácticas como
EDITORIAL
agentes sociales, de manera consciente y colectiva, para que nuestras relacio-

nes con los demás dejen de ser mediadas por la violencia sino por medios pa-
cíficos de interacción, particularmente en situaciones de conflicto.
Para la transformación pacífica de las sociabilidades, los estudiosos de la
paz coinciden, con justa razón, acerca del papel fundamental que allí puede
desempeñar la pedagogía, dado que la educación representa el principal factor
que permite reducir la violencia de las relaciones sociales, al fomentar un ma-
nejo más pacífico de los conflictos (Salcedo 2013), así como fomentar los valo-
res sociales sobre los que descansan las prácticas culturales pacíficas, tales
como el respeto y el diálogo. La importancia de la educación para la paz (peace
education) es el objeto del artículo escrito por las pedagogas Leticia Ventura y
Yanith Torres, intitulado: “Hacia la construcción de una cultura de paz en las es-
cuelas”, en el que ellas, a partir de sus propias experiencias de acompañamiento
en intervenciones pedagógicas, en escuelas de educación básica de la Ciudad de
México, explican la necesidad de transformar los espacios educativos con el fin
de garantizar la participación democrática de los sujetos que dan vida a estos
espacios entre profesores, trabajadores, estudiantes, familiares y vecinos, para
la construcción colectiva de procesos de paz desde las escuelas.
En relación con lo anterior, los principales agentes de cambio para la cons-
trucción de paz, sin duda, son los jóvenes. Es por ello que las investigaciones
sobre la paz se relacionan cada vez más con los estudios sobre juventudes, de
manera interdisciplinaria, y que, desde las instituciones oficiales, se ha puesto el
acento sobre la necesidad de incorporar a los jóvenes a las políticas y los progra-
mas de construcción de paz. Una muestra de esta nueva orientación se encuentra
en la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad, tomada en 2015 por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual tiene como principal obje-
tivo “aumentar la representación inclusiva de los jóvenes en todos los niveles de
adopción de decisiones de las instituciones y los mecanismos […] de prevención
y solución de conflictos”. Asimismo, en su punto 20, dicha Resolución “solicita al
Secretario General que lleve a cabo un estudio sobre los progresos logrados en
relación con la contribución positiva de la juventud a los procesos de paz”. Es
por eso que Allán Sánchez Osorio habló con la secretaria encargada de dicho es-
tudio, Gabrielle John, cuya entrevista da a conocer algunas estrategias de la onu
para garantizar la participación de los jóvenes en procesos de paz.
Ahora bien, una arista de la paz que, a pesar de su relevancia, poco ha sido
estudiada, se relaciona con la cuestión del género, pues ¿cómo hablar de paz en
el caso de sociedades históricamente patriarcales, en las que se ejerce a diario
una violencia de género, tanto en contra de las mujeres, como en contra de quie-
nes no encajan dentro de los patrones dominantes de la división sexual del tra- 13
bajo? En este sentido, la entrevista a Irma Ochoa, feminista y defensora de de-
EDITORIAL
rechos humanos en el estado de Nuevo León, realizada por Elena Hernández
Lara, permite ir relacionando la construcción de paz con el respeto a los dere-
chos humanos, y, en particular, a los de las mujeres, niñas y adolescentes, den-
tro de una realidad mexicana que, en las últimas décadas, ha sido marcada por
el fenómeno creciente del feminicidio. Además, esta entrevista revela la gran
dificultad que encuentra el activismo frente a gobiernos omisos, para hacer
cumplir al Estado sus obligaciones legales, como en el caso ilustrativo del largo
camino que tuvo que ser recorrido para lograr la implementación de la Alerta
por Violencia de Género en aquella entidad.
La necesidad de relacionar la investigación sobre la paz con los estudios de
género se ve reforzada por el artículo de Leonardo Olivos y Luz Alejandra Ba-
rranco, “Construcción de paz y crítica a la masculinidad hegemónica”, al de-
mostrar que, si la violencia se encuentra en el fundamento de la dominación
masculina, la construcción de paz necesariamente presenta una dimensión ge-
nérica, pasa por el cuestionamiento de muchas prácticas socialmente conside-
radas como masculinas o femeninas, e implica la transformación de los patro-
nes culturales que rigen las relaciones entre hombres y mujeres. El artículo
también ilustra cómo ambos campos de estudio pueden beneficiarse mutua-
mente en el cruce de sus líneas de investigación, en la medida en que los estu-
dios de género pueden complementar sus análisis centrados en la violencia de
género con otros ahora orientados hacia el potencial no-violento y pacificador
de la disidencia genérica (como en el caso de otros tipos de masculinidad), así
como los estudios sobre la paz, con un enfoque de género que solo puede con-
tribuir a enriquecerlos.
Finalmente, desarrollar investigaciones sobre la paz implica su aplicación a
casos de estudio. En el dosier se encuentran dos casos, entre los más represen-
tativos a nivel latinoamericano: el mexicano y el colombiano. El primero de
ellos, con el artículo de David Benítez sobre “El Estado en la encrucijada: justicia
social y paz en México”, explica toda la dificultad de tratar la paz en el caso de
una sociedad gangrenada por la violencia criminal, debido a la profunda crisis
de un Estado mexicano, hoy incapaz de garantizar el ejercicio de los derechos
más fundamentales. Mientras que el segundo estudio de caso, desarrollado por
Angélica Giraldo y Adrián Gutiérrez, “Violencia y paz en Colombia: una mirada
desde la reproducción del capital en América Latina”, trata de la relación histó-
rica que une la violencia de carácter estructural con la profundización de la acu-
mulación capitalista, y de los complejos vínculos que hoy existen entre el pro-
ceso de paz y los intereses económicos dominantes, en el marco de la actual
implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado colombiano y
14 las guerrillas.
Ambos casos son tratados de manera separada pero coincidente, en la me-
EDITORIAL
dida en que los dos artículos exploran las condiciones estructurales de la paz,
tanto en relación con los procesos históricos de construcción del Estado, como
con los de la acumulación del capital, desde una perspectiva analítica comparti-
da, de impronta marxista. A su manera, ambos textos son representativos de las
investigaciones sobre la paz desde América Latina, las cuales, en comparación
con sus homólogas de origen europeo o norteamericano, además de una siste-
mática interdisciplinariedad, también se caracterizan por una mayor perspecti-
va crítica, no por una supuesta episteme latinoamericanista, sino porque son
producidas desde espacios académicos, más autónomos del Estado y el merca-
do, que no necesariamente buscan constituirse en una oferta experta para satis-
facer las demandas de la industria de la paz. Dicho de otra manera, si los estu-
dios sobre la paz gozan de cierta libertad en América Latina (quizás ahora, con
la excepción de Colombia), es porque (aún) no son políticamente rentables ni
han sido convertidos en un negocio, como sí lo son en otras latitudes.
En el continente de las venas abiertas, donde el capitalismo es ante todo si-
nónimo de desigualdad social y depredación ambiental, difícilmente podría eva-
dirse la dimensión económica de la paz, pues una vez más, ¿cómo hablar de paz
para unos países cuyas economías se rigen por el principio de la competencia,
por la lucha de todos contra todos? Si concebimos la paz como plena satisfac-
ción de las necesidades humanas, entonces su construcción pasa, primero, por
el cuestionamiento crítico de estas mismas necesidades (Pérez-Viramontes
2014); segundo, por la búsqueda y generación de modos alternativos al sistema
económico dominante, para otra organización de la producción, la circulación y

el consumo; y, tercero, por la sustentabilidad ecológica que ha de garantizar el
nuevo modelo económico así construido. Esta necesidad de transformar la eco-
nomía es el motivo de la reseña hecha por Ivette Ayvar acerca del libo de Laura
Collin, Economía solidaria: local y diversa, la misma que se constituye entonces,
frente a la guerra de la acumulación sin fin del capital, como un conjunto de
prácticas económicas emergentes, basadas en el trabajo vivo, la cooperación, la
autogestión y la reciprocidad, que representa otro camino posible hacia la paz.
Por la fortaleza de sus luchas sociales, en América Latina la construcción de
paz se torna rebelde. Contrariamente a un funcionalismo dominante que ve en la
controversia un peligro, las estrategias de construcción de paz desde el Sur, más
que resolver los conflictos, se orientan nutriéndose de ellos. Estas estrategias
son desarrolladas por agentes múltiples y diversos que mediante su labor social
y su trabajo comunitario, contribuyen diariamente a la generación de sociabili-
dades no-violentas y la reproducción de entramados de socialización pacíficos.
En su resistencia ante un sistema capitalista que expresa la “contradicción en ac-
ción” (Marx) de una guerra permanente de todos contra todos, la paz no se logra- 15
rá por decreto, desde arriba. Por el contrario, la construcción colectiva de las
EDITORIAL
condiciones de su realización dependerá estrechamente de las capacidades de
movilización de la sociedad civil organizada. Y siguiendo la adecuación enuncia-
da por David Benítez en las conclusiones de su artículo, según la cual “no habrá
paz verdadera y duradera, sin justicia social real”, entonces, en el capitalismo
globalizado de hoy, la paz es más que nunca sinónimo de revolución.
Referencias
Bourdieu, Pierre. Razones prácticas, Barcelona: Anagrama, 1977.
Espinar, Eva y Hernández, María Isabel. «El periodismo de paz como paradigma
de comunicación para el cambio social.» Cuadernos de Información y Comu-
nicación, 17, España: Universidad Complutense de Madrid, 2012.
Galtung, Johan. Peace by peaceful means, Londres: Sage, 1996.
———. «Violencia cultural.» Documento de trabajo 14, Centro de Investigación
por la Paz, Fundación Gernika Gorgoratuz, España, 2003.
Jiménez, Francisco. «Hacia un paradigma pacífico: la paz neutra.» Convergencia.
Revista de Ciencias Sociales, 16, Toluca, México: uaem, 2009.
Lopera, Felipe. «El conflicto social, un concepto necesario en la educación para la
paz.» en Ra Ximhai, 10(2), Universidad Autónoma Indígena de México, 2014.
López Becerra, Mario Hernán. «Teorías para la paz y perspectivas ambientales
del desarrollo como diálogos de imperfectos.» Luna Azul, 33, Manizales, Co-
lombia: Universidad de Caldas, 2011.
Mingo, Alicia. «No-violencia, desobediencia civil y ejemplaridad. Una aproxima-

ción al pensamiento ético-político de Gandhi.» Revista Paz y Conflictos, 3,
Universidad de Granada, 2010.
Muñoz, Francisco y Rodríguez, Javier. Una agenda de la investigación para la
paz. Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, 2001.
Neocleous, Mark. «La lógica de la pacificación: guerra-policía-acumulación.»
Athenea Digital, 16(1), Universidad Autónoma de Barcelona, 2016.
Pérez-Viramontes, Gerardo. «Paz y necesidades humanas. Una relación comple-
ja y conflictiva.» Complexus, Revista del Centro de Investigación y Formación
Social, 3, Jalisco, México: iteso, 2014.
Salcedo, Daissy. «En el camino al desarrollo. La educación como medio para la
construcción de la paz.» VV.AA., Democracia, desarrollo y construcción de
paz, Serie Documentos para la Paz, 4, Colombia: Observatorio de Construc-
ción de Paz, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2013.
Valencia Germán, Gutiérrez Alderid y Johansson Sandra. «Negociar la paz: una
síntesis de los estudios sobre la resolución negociada de conflictos armados
16 internos.» Estudios Políticos, 40, Medellín: Instituto de Estudios Políticos,
2012.
EDITORIAL
Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Madrid: Paidós,

2007.
DOSIER
El torrente militarista desde el 11/s:
características y costos
The militaristic torrent since 9/11: Characteristics and costs
Resumen | Bajo el concepto de torrente militarista, este artículo analiza los acontecimientos
acaecidos a raíz del 11 de septiembre de 2001 (11/S) y su complejidad a la luz de revelacio-
nes recientes, desde las autorizaciones para el uso de la fuerza militar a su expresión en
guerras de agresión contra Afganistán, Iraq y un total de siete naciones, según el testimonio
del General Wesley Clark. También se incluye una sección sobre las vastas operaciones gol-
pistas (regime change) de Estados Unidos, con base en el ejemplo de la operación “Venezue-
la Freedom 2”, las cuales son guerras y operaciones por los recursos naturales, ante enemi- 17
gos reales o imaginarios, internos o externos, en el contexto de una economía —y
sociedad— en permanente movilización de guerra, que presenta altos costos fiscales para
la propia economía estadounidense.
Palabras clave | Estados Unidos de América, 11/S, torrente militarista, guerra, terrorismo,
contratismo cost-plus.
Recibido: 27 de noviembre de 2017. Aceptado: 14 de diciembre de 2017.
* Realiza sus investigaciones en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias

y Humanidades (ceiich) de la unam. Es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la misma universidad. Es Investigador Nacional Nivel III; Adlai E. Stevenson/unitar
Fellow; Wien Scholar/Brandeis; Premio Jesús Silva Herzog del Instituto de Investigaciones
Económicas de la unam; Premio Universidad 2000 en docencia. Es articulista de La Jornada:
http://www.jsaxef.blogspot.com. Entre sus trabajos relacionados con el tema, se encuen-
tran: “Importance stratégique du pétrole mexicain”. Les Temps Modernes, París, Francia,
núm. 391, año 39, febrero 1979, pp. 1268-1291; Terror e Imperio, México: Debate, Random
House, 2006; “The US Imperial Presidency: Global Impacts in Iraq and México” en Han
Günther Brauch et al. (ed.), Globalization and Environmental Challenges. Reconceptualizing
Security in the 21ST-Century, Springer, Berlin-Heildelberg-Nueva York, 2008.
** Avance de investigación del Proyecto dgapa IN-301415 “Crisis, geopolítica y geo-econo-
mía del capital”. Este estudio se realiza gracias al apoyo de la dgapa/unam y de la Dra.
Guadalupe Valencia, directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades (ceiich). El autor agradece la invitación para participar en el Seminario In-
terdisciplinario de Estudios para la Paz, coordinado por el Dr. Pierre Gaussens y celebrado
en el ceiich durante el semestre 2018-I.
Saxe-Fernández, John. «El torrente militarista desde el 11/s: características y costos.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–
agosto 2018): 17-39.
Abstract | Under the concept of a militaristic torrent, this article analyzes the events that
took place in the wake of 9/11 and its complexity in the light of recent revelations, from the
authorizations for the use of military force to its expression in wars of aggression against
Afghanistan, Iraq and a total of seven nations, according to the testimony of General Wesley
Clark, as well as a vast Southern Command´s “regime change” operation against the Vene-
zuelan government. They have been wars and operations over natural resources, against
real or imaginary enemies, internal or external, through a permanent mobilization for war
with high fiscal costs for the US economy.
Keywords | United States of America, 9/11, militarist torrent, war, terrorism, cost-plus con-
tracting.
Militarización y continuidad después del 11/s

“Estoy de pie, oponiéndome a una guerra no autorizada, no declarada e incons-
titucional. Lo que tenemos ahora es básicamente una guerra ilimitada, a ser li-
brada en cualquier momento y en cualquier sitio del orbe. […] Nadie con una
18 pizca de honestidad intelectual cree que estas autorizaciones permiten las gue-
rras que estamos librando en siete países”.1
DOSIER
Así se expresó el senador Rand Paul luego de que el Senado de Estados Uni-
dos de América (EUA) rechazó, el 12 de septiembre de 2017, una enmienda suya,
con endoso de un colega demócrata, a la Ley de Defensa Nacional 2018, en la
que se formalizaría el finiquito, en seis meses a partir de su aprobación, de la
Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (aum, por sus siglas en inglés) de
2001 y 2002. Esta aumf, totalmente fuera del Derecho Internacional, de la Carta
de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, se “formalizó” al calor de
los no aclarados ataques del 11 de septiembre de 2001 (11/S) a las Torres Geme-
las y al Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés) o Pentágono.
Las dos Cámaras, por medio de la aumf 2001, “autorizaron” al Ejecutivo, en
aquel momento encabezado por George Bush II y Richard Cheney, a “usar toda
la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o per-
sonas que [el presidente] determine que han planeado, autorizado o cometido
o ayudado en los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre 2001
o que han dado abrigo a tales organizaciones o personas”.2 Bajo la primera de
1 Senador Rand Paul, citado por Sheryl Gay Stolberg: “Senate rejects bipartisan effort to end
9/11 military force.” The New York Times, 13-09-2017, https://www.nytimes.
com/2017/09/13/us/politics/senate-rejects-rand-paul-effort-to-end-military-force-decla-
ration.html
2 En solo 60 palabras, la aumf dice: “The President is authorized to use all necessary and
appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines planned,
authorized, committed, or aided the terrorist attacks that occurred on September 11, 2001,
esas aumf, el Pentágono, con apoyo y participación británica por decisión del
Primer Ministro Tony Blair, inició, el 7 de octubre de 2001, el bombardeo contra
Afganistán, seguido de su ocupación militar. Posteriormente, con la aumf 2001
y 2002, EUA lanzó la guerra de agresión contra Iraq el 19 de marzo de 2003,
bajo el argumento de que Iraq poseía y estaba dispuesto a usar armas de des-
trucción masiva.3 Esta narrativa, según inspectores de las Naciones Unidas, re-
sultó falsa y fue ineficaz para concitar apoyo alguno de Alemania y Francia (ver
más adelante).
El 11/s: ruta hacia guerras por los recursos naturales,

los costos al fisco y al medio ambiente
No es desde la mano invisible del mercado sino desde el puño visible del Pentá-
gono, que, en el siglo xxi, EUA procura el acceso a los recursos que van quedan-
do sobre la corteza del planeta. Ahí donde se localizan los yacimientos o las
selvas tropicales, ahí hay despliegues de bases y operaciones militares. Que
esto ocurra en torno al control y usufructo de los combustibles fósiles y en me- 19
dio de síntomas graves e inequívocos de que ya el colapso climático antropogé-
DOSIER
nico (cca) está en curso, es de lo más significativo por ominoso, teniendo en
cuenta que se trataría de recursos tan vitales como el agua, la biodiversidad, la
alimentación, los minerales y los metales. Un cuadro global se perfila con clari-
dad si los letales combustibles fósiles y los intereses vinculados con la máquina
de combustión interna siguen lanzando anualmente a la atmósfera la friolera de
40,000 millones de toneladas de CO2 equivalente (GTy).
Los ataques del 11/S, todavía sin aclaración pública, fueron utilizados tanto
para obtener los mencionados “poderes de guerra” (aumf), como el posterior
despliegue de acciones militares no solo sobre Afganistán y en marzo de 2003
contra Iraq, sino sobre un total de siete naciones en Oriente Medio y Norte de
África, según declaró en entrevista con Amy Goodman en Democracy Now el Ge-
or harbored such organizations or persons, in order to prevent any future acts of internatio-
nal terrorism against the United States by such nations, organizations or persons.” Texto de
la aumf 2001, citado por Mary Louise Kelly: “15 Years later: When the US Military Strikes,
White House Points to a 2001 Measure.” Parallels, 06-09-2016, http://www.npr.org/sec-
tions/parallels/2016/09/06/492857888/when-the-u-s-military-strikes-white-house-points-
to-a-2001-measure
3 Luego de los ataques del 11/S, Bush demandó que los Talibanes entregaran a Osama Bin-
Laden y expulsaran a Al-Qaeda de Afganistán. Ellos declinaron la extradición a menos de
que se entregara evidencia del involucramiento de Bin-Laden en los ataques. Igual exigen-
cia en relación con Al-Qaeda. EUA consideró que la solicitud de evidencia era una táctica
dilatoria y, el 7 de octubre 2001, inició la operación “Enduring Freedom” junto con el Reino
Unido (con Tony Blair en papel estelar).
neral Wesley Clark, ex-Comandante Supremo de la Organización del Tratado del

Atlántico Norte (otan): son revelaciones que Clark conoció a solo diez días de
los ataques 11/S. A continuación párrafos claves de esa histórica entrevista:
General Wesley Clark a Amy Goodman:
Cerca de 10 días después del 11/S, fui al Pentágono y vi al Secretario Rumsfeld y al

Subsecretario Wolfowitz. Luego bajé las escaleras para saludar a gente de la oficina
del Estado Mayor Conjunto que solía trabajar para mí y uno de los generales me llamó
y me dijo: ‘Señor, hemos decidido ir a la guerra contra Iraq’. Esto ocurrió cerca del 20
de septiembre. Yo dije: ‘¿Vamos a la guerra contra Iraq? ¿Por qué?’ Contestó: ‘No lo sé’.
Así que le pregunté: ‘¿Encontraron alguna información que conecte a Saddam con Al
Qaeda?’ Contestó: ‘No, no. No hay nada nuevo en ese sentido…’ Pocas semanas des-
pués, volví a visitarlo, cuando ya estábamos bombardeando Afganistán. Le dije: ‘¿To-
davía seguimos en guerra contra Iraq?’ Y contestó: ‘Oh, es peor que eso’. Tomó una
hoja de papel de su escritorio y me dijo: ‘Acabo de recibir esto hoy, de arriba’ -es decir
de la oficina de la Secretaría de Defensa- y agregó: ‘Esto es un memo que describe
20 cómo vamos a atacar a siete países en cinco años, empezando con Iraq y luego Siria,
Líbano, Libia, Somalia, Sudán y terminando con Irán’. Le pregunté: ‘¿Está clasificado?’
DOSIER
Me contestó: ‘Si señor’. Entonces le dije: ‘No me lo enseñe…’”.4
No es difícil saber dónde, aunque sea más importante el “cuándo” fueron

planeadas esas guerras. La información pública indica que un año antes de asu-
mir como presidente, Bush se había declarado por una guerra contra Saddam. Es
conocido que integrantes del Proyecto para un Nuevo Siglo Estadounidense
(Project for a New American Century, pnac)5 habían elaborado un documento
donde mencionaban que para poder realizar la “transformación profunda” de-
seada por los neoconservadores, sería como respuesta a un “acontecimiento
tipo Pearl Harbor”. Seguro que el “Hado”, o alguna fuerza hipotética, decidió,
una vez sacado del juego al ambientalista Al Gore, crítico de la emisión de gases
de efecto invernadero (gei) a la atmósfera, regalar a unos integrantes del pnac
ya instalados en los puestos de mando, con una imperdonable y bárbara salva-
jada que, para empezar cegó 3,000 vidas y abrió las puertas a todavía más in-
fierno en los siete países mencionados, abonando a la acumulación de tragedias
4 General Wesley Clark, “Wars were planned. Seven countries in five years.” Democracy
Now, 11-09-2011, https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw. La traducción y cur-
sivas son mías JSF.
5 Thomas E. Donnelly, Donald Kagan y Gary Smitt, Rebuilding America´s defenses, strategy,
forces and resources for a new century. A report of The Project for a New American Century,
septiembre 2000, http://web.archive.org/web/20020923154604/http://www.newamerican-
century.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
conectadas a una Pax Americana lanzada desde agosto de 1945 por Harry Tru-
man, en poco minutos haciendo ceniza y radiando a la población e infraestruc-
tura de las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki.
Una viuda del 11/S, desde el Hufftington Post, sintetizó un aspecto nodal de
los atentados, una vez que Barack Obama, a mediados de 2016, desclasificó 29
páginas de la Investigación Conjunta del Legislativo sobre los Ataques del 11 de
Septiembre. Estas páginas fueron declaradas “secreto de Estado” y colocadas
bajo vigilancia en una bóveda en el sótano del Congreso, con acceso solo a se-
nadores y diputados y sin autorización de llevar cámaras fotográficas, plumas,
papel o tomar notas. Arabia Saudita y altos, medios y bajos cargos de su diplo-
macia fueron nombrados en esas reveladoras páginas de la Comisión ahora pú-
blicas, aunque todavía con párrafos censurados. Al respecto, la viuda escribió:
El presidente Bush no quiso que el reino de Arabia Saudita fuera investigado. El presi-
dente Bush tiene lazos profundos con el reino y su familia real y solo quería proteger
al reino. El presidente Bush quería hacer la guerra contra Iraq, no contra Arabia Saudita
[…] Las 29 páginas mencionaban términos como ‘Saudi’ y ‘Bandar’ en lugar de ‘Hussein’ 21
6
e ‘Iraq’. Entonces esas 29 páginas fueron un gran problema para el presidente Bush”.
DOSIER
Hubo una concertación de esfuerzos del Buró Federal de Investigaciones
(fbi, por sus siglas en inglés) y del gobierno de Bush para mantener cualquier
evidencia incriminatoria de los sauditas, fuera del foco de atención de la inves-
tigación de la Comisión. Ni Iraq, ni nación alguna de las siete mencionadas por
el general Clark, aparecen en la investigación. Pero fue bajo el impacto del 11/S
y el despliegue de fuerza contra una nación sin conexión con el 11/S,7 que la
presidencia de Bush II obtuvo esos “poderes de guerra” para cubrir con un man-
to de “legalidad” insostenible bajo el Derecho Internacional y el mismo Derecho
Constitucional de los EUA,8 que se procedió contra Afganistán e Iraq, con el ar-
gumento de que el gobierno de Sadam Hussein tenía y contemplaba el uso de
“armas de destrucción masiva”, planteamiento que resultó falso.
Bajo el halo del 11/S, EUA practica de manera intensa una unilateralidad
bélica vinculada con el pico petrolero (peak oil) y, años después, a lo que Ri-
6 Kristen Breitweiser, “29 Pages revealed: Corruption, crime and cover-up Of 9/11.” The
Huffinton Post, 17-07-16, https://www.huffingtonpost.com/kristen-breitweiser/29-pages-
revealed-corrupt_b_11033068.html
7 Saxe-Fernández J., Terror e Imperio, Debate (Random House), México, 2006
8 Saxe-Fernández J., “The US Imperial Presidency: Global impacts in Iraq and México.” En
Han Günther Brauch et al. (ed.), Globalization and environmental challenges. Reconceptua-
lizing security in the 21ST-century, Springer, Berlín-Heildelberg-Nueva York, 2008.
chard Heindberg del Post Carbon Institute llama peak-everything9 (pico-todo),

ya con los indicios más contundentes de los efectos del calentamiento global,
la penuria de las vetas de minerales y metales y la generalizada declinación de
recursos naturales, empezando por el petróleo y el gas natural convencional,
vitales a un régimen económico global, el capitalismo, con profundos vínculos
con los combustibles fósiles. Esas guerras de agresión también se vinculan a
las transformaciones tectónicas observadas en la ecuación mundial de poder,
bajo una creciente multilateralización en esferas tanto económico-tecnológi-
cas como militares. Esos operativos, al margen, insisto, del Derecho Interna-
cional y del Consejo de Seguridad (aunque EUA sea firmante de la Carta de la
onu), se realizan bajo coartadas varias: la guerra antiterrorista o la guerra al
narcotráfico.
Al tiempo que Washington rechaza las Convenciones de Ginebra, ataca Afga-
nistán y miente al mundo sobre las armas de destrucción masiva, luego bombar-
dea e invade Iraq. A la luz de la aumf, resulta todavía más grave y explosivo en-
terarnos de que Bush ocultó la activa participación de Arabia Saudita en el 11/S
22 y que luego, él y su sucesor se fueran sobre Libia, Siria, Yemen y Sudán. Por su
riqueza fósil y cercanía a sus refinerías, la mira de EUA y del big oil sigue en Mé-
DOSIER
xico, Canadá y Venezuela, esta última nación sometida a una brutal intervención
golpista desde el Comando Sur del Pentágono (ver adelante) y los grandes me-
dios corporativos (cnn, dw, agencias noticiosas excepto TeleSur) en pos del con-
trol y usufructo de su vasta reserva, bajo registro de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (opep) de ser la de mayor magnitud mundial.
Al lado del tlcan, hay acuerdos de facto que acoplan a México con los prin-
cipios de la política exterior y de seguridad de los EUA. ¿Qué principios? 1) Ava-
lar la doctrina de “autodefensa anticipatoria” o guerra preventiva, en desacato al
derecho internacional, y, 2) aceptar la doctrina straussiana contra la función de
defensa nacional, desviando las fuerzas armadas hacia funciones policiales. Re-
cordemos que el Estado de excepción interno se estableció en EUA bajo la Ley
Patriota y, luego, la Ley Marcial John Warner Defense Authorization Act, de 2007,
que permiten al Ejecutivo usar a los militares en tareas propias del Ministerio
Público. Con una partida de 3,000 millones de dólares y un Felipe Calderón en
Los Pinos, se puso en marcha la Iniciativa Mérida, arreglo de facto fuera del De-
recho Internacional y de la jurisdicción y vigilancia legislativa mexicana. Hoy, la
Ley de Seguridad Interior de pri y pan, nos homologaría con las leyes del De-
partment of Homeland Security (dhs) en el contexto de operativos del Comando
9 Richard Heinberg, “Geopolitical implications of ´Peak everything.” Post Carbon Institute,

10-01-2012, http://www.postcarbon.org/geopolitical-implications-of-peak-everything/
Norte y del dhs ¡para “proteger” la vasta infraestructura Pemex/cfe, en traspaso

a los huachicoleros del big oil!
El nombramiento de Rex Tillerson (Exxon/Mobil) en la Secretaría de Estado y
del general John F. Kelly, ex jefe del Comando Sur, al dhs, es parte del asalto oli-
gárquico-imperial contra el manejo nacional del petróleo venezolano y que los
astutos de acá van dejando del sector. ¿Por eso Kelly va en contra de la izquierda
mexicana? Se puede seguir paso a paso el guion golpista de Kelly contra Maduro
en la Operación Venezuela Freedom 2.10 Ahí, un gran lector de partituras como el
director de orquesta Gustavo Dudamel verá que Luis Almagro, de la Organización
de Estados Americanos (oea) —un viejo instrumento imperial—, pactó con Kelly
en 2015 para aplicar la Carta Democrática contra Venezuela, y que la oligarquía y
su Mesa de la Unidad Democrática (mud) siguen el libreto imperial: generan crisis
alimentaria, de medicinas, agua, electricidad y otros bienes esenciales, como en
el golpismo Nixon/Kissinger contra Allende. En ese guion, Kelly incluyó el uso de
la mud para hacer chillar las calles con violencia encapuchada, culpando a Madu-
ro desde las progolpistas cnn y la dw de Berlín, de cuanto herido, muerto, esca-
sez, desperfecto o desabasto ocurra. Tanto en lo interno de Venezuela como en lo 23
regional, los hechos y narrativas en medios se aproximan de manera cínica a la
DOSIER
partitura de esa operación que desnudó cómo se fragua el gran saqueo contra Ve-
nezuela. Los sucesos diarios hacen patente una diplomacia de fuerza, parte y par-
cela del acelerado desplome hegemónico de una potencia ante los riesgos exis-
tenciales de hoy, sin sustento moral y científico en los altos puestos de mando.
Si la Operación Venezuela Freedom 2 deja ver el complot Kelly-Almagro-mud
al servicio del big oil, no nos limitemos a explicar al belicismo de EUA o a Trump,
como resultado de una aberración fascistoide. Es peor que eso. Se trata del des-
plome hegemónico del capitalismo monopólico-financiero lanzado a la explota-
ción de los recursos, incapaz de frenar el arrastre de los poderes fósiles al abis-
mo. El golpismo de Kelly/Exxon por el crudo venezolano va al lado del
negacionismo de Trump. La cada vez más delineada demolición controlada de
las Torres Gemelas, las carnicerías de EUA y el ascenso de los generales, aceleran
el desplome. En un mundo multipolar y calentándose sin control, la ruta es otra.
Las AUMF de Bush II a Trump

El rechazo del Senado a la propuesta de Rand Paul para abrogar las mencionadas
autorizaciones no es un acontecimiento menor, sino ominoso. Después de todo,
10 Almirante Kurt W. Tidd, “Operación Venezuela Freedom 2.” Red Voltaire, 25-02-2016,
http://www.voltairenet.org/article191879.html
Obama también usó la aumf 2001 para participar en la ofensiva de la otan (con-
cebida y articulada desde su inicio por EUA) contra Libia, precisamente el 19 de
marzo, pero de 2011. La Operación de EUA se denominó Odyssey Dawn. En otra
ocasión, nos referimos al proceso detectado desde el gobierno de Truman (1945-
1953), que se fue perfilando junto al ascenso del aparato de seguridad militar en
EUA, consignado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y el análisis socioló-
gico de C. Wright Mills11 hasta la administración de George W. Bush (2001-2009),
en la paulatina transformación de la “presidencia imperial” en autocracia.12 Ya a
finales de 2005, cuando la opinión pública mundial recibe múltiples informes
de los horrores que se perpetraban diariamente contra la población iraquí, la
instauración de un vasto programa de campos de concentración y de tortura en
bases militares, como Guantánamo y buques de guerra de EUA, fue calificado
por Amnistía Internacional, en su informe sobre derechos humanos en el mun-
do de 2005, como un “gulag estadounidense” (American gulag), diseminándose
la percepción de un régimen de Pax Americana abiertamente dictatorial.
Pese al rechazo mundial a este esquema criminal, la guerra de agresión, la
24 ocupación militar, la represión y el intervencionismo se mantuvieron con Obama
(2009-2017) y adquirieron rasgos de creciente intensidad y todavía mayores ries-
DOSIER
gos a la paz y las naciones del mundo y la región latinoamericana con el arribo
de Donald Trump, en enero de 2017. Ahora no son tan infrecuentes las adverten-
cias sobre el asentamiento de una “junta militar” en la Casa Blanca, en particular
por la prevalencia de generales en la articulación de la política internacional,
acompañados por un ex-gerente de la principal petrolera de EUA: Rex Tillerson,
ex-ceo de Exxon/Mobil. El resto del gabinete vinculado con la seguridad interna-
cional incluye al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford; al
secretario de Defensa James Mattis; al Consejero de Seguridad Nacional H.R. Mc-
Master; y al nuevo Chief of Staff de la Casa Blanca, el general John Kelly.13
Para tranquilidad de los grandes capitalistas, el 0.1%, es decir, los altos in-
versionistas en el sector bélico-industrial, en la industria de los combustibles
11 Wright Mills C., La elite del poder, México, fce, [1961] 2013.
12 Cabe recordar que la “presidencia imperial”, como noción básica de la historiografía de
Estados Unidos, se desenvuelve bajo el ímpetu desestabilizante de la centrifugación capi-
talista y de la centralización y concentración en la Casa Blanca de poder policial militar y
de “inteligencia”, utilizada para restablecer una estabilidad suficiente que garantice otro
ciclo de inversión/explotación, en particular en la periferia capitalista. Sobre este concepto
se puede consultar, entre muchos otros: Arthur Schlesinger, Imperial Presidency, Houghton
Mifflin, Nueva York, 1973; John Saxe-Fernández “Trump en la Presidencia Imperial”, Memo-
ria, No. 264, México, 2017-4, pp. 20-26; Charlie Savage: Take over: The return of the impe-
rial presidency, Nueva York, Boston, Londres, Little, Brown & Co, 2007.
13 Lucas Robinson, “Trump is running a military junta.” Indiana Daily Student, 29-08-2017,
http://www.idsnews.com/article/2017/08/column-trump-is-running-a-military-junta
fósiles, o en la industria alrededor del motor de combustión interna, con una

votación de 61 a 36, la legislatura dio luz verde a la continuidad de una guerra
sin fin, bajo el principio de que “puede ocurrir en cualquier lugar y tiempo y
contra cualquier nación que ejerza jurisdicción sobre la riqueza fósil o mineral:
es una plataforma de crisis hegemónica en la que cualquiera puede ser el ene-
migo en cualquier momento”.14 Frente a ello, uno naturalmente se pregunta si el
Pentágono bajo Trump necesita la vigencia de la “autorización” de 2001/2002
para los próximos meses. La respuesta no se hace esperar. Ya el magnate Trump
lanzó cohetes contra Siria, en fechas recientes amenazó a Corea del Norte con
“un fuego jamás visto en la historia” y a pocas semanas de que asumiera la pre-
sidencia de EUA, refiriéndose a Venezuela, dijo de paso que “esto lo vamos a
arreglar” (we´re going to fix that). Meses después, aclaró cómo “arreglaría” lo que
su aparato de inteligencia está promoviendo en esa nación sudamericana: “La
gente está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones en Venezuela,
incluyendo una posible opción militar en caso de ser necesario”.15 No mencionó
las operaciones especiales y clandestinas que su gobierno, en estricta continui-
dad con sus antecesores (Clinton, Bush y Obama), “implementa” contra Venezue- 25
la, sede de la mayor reserva petrolera del mundo.
DOSIER
El torrente imperialista: antes y ahora
Como indicamos en otra oportunidad,16 el “torrente imperialista” no es asunto
menor ni nuevo, como se ilustra en la larga lista de violentos golpes de Estado:
desde el perpetrado por la diplomacia de fuerza de EUA, en pos de la riqueza de
la Anglo-Iranian Oil Company nacionalizada por Mohamad Mossadegh, cuyo go-
bierno fue derrocado por la Agencia Central de Inteligencia (cia, por sus siglas
en inglés) y por el espionaje británico en 1953;17 el golpe contra el gobierno gua-
temalteco de Jacobo Arbenz, inspirado por la United Fruit Company en 1954;
los golpes que se dieron contra los regímenes democráticos y legítimos del do-
14 Andrea Germanos, “Endless war continues as Senate kills effort to repeal 2001 authori-
zation.” Common Dreams, 13-09-2017, https://www.commondreams.org/news/2017/09/
13/endless-war-continues-senate-kills-effort-repeal-2001-authorization
15 Redacción: “Trump amenaza con intervención militar en Venezuela.” Proceso, 11-08-
2017, http://www.proceso.com.mx/498620/trump-amenaza-intervencion-militar-en-ve-
nezuela
16 Sobre el factor doméstico en los ataques del 11/S, ver John Saxe-Fernández, “Torrente
Imperialista.” La Jornada, 31-08-2017, http://www.jornada.unam.mx/2017/08/31/
opinion/022a1eco
17 Kinzer S., All the Sha´s men_An American coup and the roots of Middle East terror, Nue-
va York, John Wiley & Sons, 2003.
minicano Juan Bosch, en septiembre de 1963, y del brasileño João Goulart, en

1964; o la atroz desestabilización y destrucción del gobierno de Salvador Allen-
de, en 1973, con el cobre chileno en mente, a cargo de Henry Kissinger, asesor de
Richard Nixon y posterior Secretario de Estado, quienes han sido llamados por
Gregorio Selser18 como “Nixinger”, cuyos dotes de criminalidad de Estado y alta
nazificación es un rosario de asaltos militares y regímenes de terror a lo largo de
los años setenta, en Argentina y Uruguay. Estos procedimientos y eventos son
muestra, ad nauseam, del poco entusiasmo de la élite estadounidense por las
formalidades de su Derecho Constitucional y del Derecho Penal Internacional o
Comercial, como en el caso del histórico bloqueo a Cuba, y, ahora, en las sancio-
nes a Caracas decretadas por Trump, que, a decir de Peter Koenig, representan
“un golpe económico”, una “abierta guerra financiera” contra Venezuela.19 ¿Sigue
para Caracas, prepararse para escenarios militares, como lo advierte Koenig?
El torrente imperialista es una tendencia histórica que se recrudece y, en-
sangrentada, se intensifica y amplifica bajo el impulso del 11/S, en la dirección
de “guerras de agresión” —el mayor crimen derivado de los Juicios de Nurem-
26 berg, formalizado bajo el Derecho Internacional vigente—.
En varias entrevistas, el General Clark relaciona la intervención bélica de
DOSIER
grandes potencias (como los EUA) en regiones o países al acceso a recursos de

alto valor estratégico como el petróleo, pero también el cobre, cobalto, hierro,
sulfuro, litio, plomo, plata, zinc, niobio y tierras raras. De ahí la unilateralidad
bélica en Afganistán, donde se encuentran concentrados los minerales enume-
rados y, en general, en Oriente Medio, el norte de África y el Golfo Pérsico.20 El
establecimiento del Comando África también se relaciona con la fiebre extracti-
vista del siglo xxi.
Con la excepción de Irán, el resto de países en la “lista” mostrada a Clark ya
han sido objetos de la “atención y acción” encubierta y abierta de Washington.21
18 Selser G., De cómo Nixinger desestabilizó Chile, Hernández Editor, 1975.

19 Para detalles sobre las nuevas “sanciones” impuestas por EUA contra el gobierno de
Venezuela, ver Peter Koening, “Venezuela will never tolerate this.” Information Clearing
House, 29-08-2017, http://www.informationclearinghouse.info/47710.htm
20 Sede del 60% de la reserva mundial de petróleo y gas natural convencional. Mientras que
el petróleo “convencional” es el de alta calidad, bajo precio y fácil acceso, el no-convencio-
nal generalmente se obtiene a través de la “fractura hidráulica de alto volumen” o fracking,
que requiere amplia tecnología y es una técnica devoradora de agua, utilizando sustancias
de alta toxicidad e implicando riesgo a la población, la flora y la fauna. Es, además, emisora
de metano, un gas invernadero con más efecto de calentamiento a la atmósfera que el dió-
xido de carbono.
21 Police State USA, Pentagon War Plans in 2001: Iraq, Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Su-
dan, & Iran, 14-09-2014, http://www.policestateusa.com/2014/pentagon-war-plans-7-cou-
ntries-5-years/
A la sangrienta invasión, devastación y posterior ocupación militar de Iraq, orde-

nadas por Bush/Cheney en 2003 hasta la actualidad,22 siguieron operaciones de
comandos secretos de EUA en Sudán, detectadas por los medios al menos desde
el año 2005.23 En Somalia, EUA realizó operaciones clandestinas que incluyeron
ataques con cohetería, dadas a conocer en 2007.24 Con Obama y Hillary Clinton
en calidad de Secretaria de Estado, se ordenó la devastación de la población e
infraestructura de Libia y el asesinato de Gadafi, festejado por Clinton. Se proce-
dió sin autorización legislativa y se iniciaron con la otan acciones militares, in-
cluidos bombardeos, en la guerra civil de Siria, con operaciones y colocación de
bases sin autorización del gobierno sirio.25
En relación con Irán, cabe recordar que ha sido un objetivo de la retórica
guerrerista que se intensifica en tiempos electorales. El punto central al que lle-
van diversos análisis sobre la agitada dinámica interna de la Casa Blanca de
Trump es la continuidad del torrente imperialista en materia de política domés-
tica e internacional de seguridad. James Petras, al preguntarse quién gobierna
Estados Unidos, acierta cuando sintetiza el resultado de los abruptos cambios
en la cúpula de la administración Trump durante sus primeros ocho meses de 27
presidencia, en la restauración de “lo peor de todos los mundos: la política Clin-
DOSIER
ton-Bush-Obama-Trump de guerras múltiples permanentes, incrementando las
confrontaciones con Rusia, China, Irán y Venezuela, la desregulación de la eco-
nomía estadounidense por parte de Trump y recortes fiscales masivos para los
grandes negocios.”26
Aunado a lo anterior, es necesario agregar que ese torrente imperialista, con
alto riesgo de intensificación bélica y por estar en medio de los accesos al petró-
leo/gas natural convencional, junto al negacionismo climático de Trump, es de
grave riesgo para la biota global, pues la actitud de Trump está dirigida a corre-
22 Como Bush, Cheney está vinculado con la industria petrolera. Antes de asumir la vice-
presidencia, se desempeñó como gerente de Halliburton, principal firma proveedora de
servicios petroleros.
23 Mark Mazzetti, Anne Barnard y Eric Schmith, “Military success in Siria gives Putin upper
hand in US proxy war.” The New York Times, 06-08-2016, https://www.nytimes.
com/2016/08/07/world/middleeast/military-syria-putin-us-proxy-war.html
24 Site Staff, “U.S. enters Syrian civil war without Congressional approval.” Police State USA,
23-09-2014, http://www.policestateusa.com/2014/us-enters-syrian-civil-war/
25 La intervención rusa contra Al Nosra, solicitada por el gobierno sirio, a decir de analis-
tas de un conocido instituto semi-oficial al New York Times, parece haber frenado el dete-
rioro del Estado sirio, en apariencia un objetivo straussiano de peso para la Secretaría de
Defensa con Rumsfeld, Wolfowitz y sus sucesores.
26 James Petras, “¿Quién gobierna América? La élite del poder en tiempos de Trump.” Resu-
men Latinoamericano/Aporrea, 10-09-17, http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/
09/11/quien-gobierna-america-la-elite-del-poder-en-tiempos-de-trump-por-james-petras/
gir, censurar o reprimir a la comunidad científica, pero solo cuando las cifras y
conclusiones apuntan a peligros de corto, mediano o largo plazo que chocan
con negocios y tecnologías (motor de combustión interna) y ganancia de la que-
ma de combustibles fósiles, eje de las riquezas acumuladas por ExxonMobil,
Chevron/Texaco o bp, y, al mismo tiempo, pieza fundamental en la vulnerabili-
dad de ciudades como Houston, naciones del Caribe o Florida, ahogadas por hu-
racanes que, a decir de climatólogos, han sido de una inédita intensidad. Sin
embargo, según el DoD, sus socios corporativos de los combustibles fósiles per-
manecerán en función hasta mediados de siglo xxi,27 para cuando la catástrofe
climática/ambiental será irreversible. El alto capital va por la ganancia hasta la
extinción de las especies.
La subrogación de las guerras y el capitalismo

bélico-industrial cost plus del desastre
El 11/S representó la chispa usada por el liderato neoconservador para incen-
28 diar Oriente Medio e instaurar un régimen de excepción al interior de EUA, por
medio de la Ley Patriota que Bush siempre trató de intensificar y prolongar lo
DOSIER
más posible en el tiempo. En septiembre de 2002, el régimen formalizó la “na-

zificación” de su proyección al exterior, adoptando formalmente una “doctrina
de autodefensa anticipatoria” o “guerra preventiva” y, luego, la guerra de agre-
sión contra Irak. Esta “nazificación” de la política de seguridad internacional
de EUA fue captada por Benjamin Ferencz, uno de los principales jueces (chief
prosecutor) de los críminales de guerra nazis en el Tribunal Nuremberg, para
quien es un crimen máximo bajo la normatividad derivada de los Juicios de
Nuremberg y en cuya opinión George W. Bush debía ser juzgado por crímenes
de guerra por la violencia que desató contra Iraq en 2003. Ferencz logró la
condena de 22 oficiales nazis y abogó por un efectivo funcionamiento de la
Corte Penal Internacional (cpi) establecida en La Haya, Países Bajos, en 2002,
y ratificada por más de 100 países. Poco menos de un año antes de la invasión
de Iraq, el gobierno de Bush retiró la firma de EUA del Tratado de la cpi, inició
una ofensiva diplomática bilateral para que ciudadanos estadounidenses no
fueran extraditados por solicitudes de la cpi y, para colmo, tres meses des-
pués de la invasión firmó una nueva ley que prohíbe a cualquier oficial guber-
namental cooperar con la cpi e incluye autorización al presidente para “usar
todos los medios necesarios y apropiados”, incluyendo una invasión militar
27 John Saxe-Fernández, “Caos estratégico.” La Jornada, 6 de octubre de 2011, http://www.

jornada.unam.mx/2011/10/06/opinion/03,2a1eco
de los Países Bajos, para liberar a personal de EUA detenido y bajo custodia de
la cpi.28
El 11/S se esgrimió como fundamento para inducir el voto del miedo que
contribuyó a la reelección de Bush y que, desde entonces, ha sido un caballo de
Troya, con su aumf 2001 y 2002. Es, en medio del torrente imperialista, desen-
cadenado por el 11/S, que emanó la perorata del “nacional-trumpismo” con su
supremacismo blanco, anti-latino/mexicano, anti-inmigrante, racista y militari-
zado hasta la coronilla. Es gracias al senador Rand Paul que se supo, en su ex-
presión presupuestal, de la magnitud y contexto de la militarización de EUA,
junto con el creciente peso de ciertos personajes, tales como: Steven Mnuchin,
que cabildea por Wall Street desde el Departamento del Tesoro; John Kelly, ex
jefe del Comando Sur, quien preparó la primera etapa del esquema de desesta-
bilización golpista contra Caracas, conocido como “Operación Venezuela Free-
dom 1 y 2” e impulsado por el aparato del espionaje de EUA (cia, dia, nsa, usaid
y su “Oficina para las Iniciativas de Transiciones (oti, por sus siglas en inglés)
contra el gobierno bolivariano”.
Todos ellos, con Tillerson, ahora secretario de Estado, constituyen con 29
Trump una suerte de “junta”, cúpula militar que decide en torno a las proyeccio-
DOSIER
nes de fuerza sobre Afganistán, Irak, Libia, Siria y Venezuela. Se detectan expre-
siones dentro de esa cúpula de interés para hacer más fortuna, realizando ajus-
tes de tipo outsourcing (tercerización), ya en boga en el vasto programa de
contratos de la época Bush/Cheney. En aquel entonces, la empresa Halliburton
lideró, desde su entonces subsidiaria Kellog, Brown and Root, los grandes con-
tratos de la administración pública.29 Ahora, la tercerización opera en su estam-
pa neofascista, bajo inspiración de entes mercenarios tipo Blackwater, como
ocurrió en las guerras de Afganistán e Iraq.
El torrente y la economía permanente de guerra

La instauración e institucionalización de una economía permanente de guerra
en EUA impacta la estructura de poder, conformándose una fuerte conjunción
de poderosas relaciones de clientelas e intereses mutuos entre el alto aparato
corporativo, bélico-industrial, el Congreso, la presidencia imperial y su enor-
me burocracia militar, desde la que se realiza la mayor operación de planea-
ción industrial, estatal-privada, nacional y centralizada del planeta. Desde el
28 Aaron Glantz, “Bush and Saddam both should stand Trial”, OneWorld, Global Forum 25,
agosto, 2006, https://defence.pk/pdf/threads/bush-and-saddam-should-both-stand-trial.
1982/
29 Saxe-Fernández J., Terror e Imperio, Debate (Random House), México, 2006.
fin de la Segunda Guerra Mundial, y a lo largo del siglo xx y lo que va del xxi,
el gobierno federal de EUA ha gastado más de la mitad de sus ingresos fiscales
en el financiamiento de guerras pasadas, presentes o futuras.30 Escribe Sey-
mour Melman que:
[...] la operación de mayor envergadura del gobierno es el manejo de su economía mi-

litar por medio de una administración central. Más de 37,000 firmas industriales o
divisiones de esas firmas y más de 100,000 subcontratistas operan bajo el control de
una oficina de administración federal con cerca de 50,000 empleados. Probablemente
se trata de la administración industrial centralizada y estatal de mayor envergadura
del mundo.31
Como los poderosos consorcios, junto a esta gran masa de subcontratistas,

esas firmas cuentan con acceso privilegiado (cost-plus) a la mayor asignación ab-
soluta de recursos públicos en la historia de Estados Unidos y en lo que va de
nación alguna. Al mismo tiempo, los costos acumulados sobre la economía total
30 son notables, pero ¿qué tanto? Tengamos presente, como documenta Melman,
que desde finales de los años cincuenta, se establecieron nuevos lineamientos
DOSIER
al nivel de toma de decisiones de muchas firmas industriales:
Los contratos gubernamentales para las agencias militares y espaciales se asignaron

a las empresas en una base de cost-plus. Se trató de otorgar a las firmas contratadas
un fuerte incentivo para aumentar los costos, ya que los administradores del Pentá-
gono y los economistas del gobierno federal estimaron conveniente adoptar medidas
anti-cíclicas por medio de aumentos en los costos, e, incluso, promovieron el incurrir
en sobre-costos, todo bajo el supuesto de ‘reforzar la economía’ para ‘poner a EUA de
nuevo en marcha’ (‘on the grounds of bolstering the economy and getting America mo-
ving again’ ). Para las firmas involucradas, esto significó ir por la oferta alta (high bid)
y los resultantes sobre-costos se hicieron algo normal. Estos procedimientos iban
exactamente en sentido contrario a la tradicional política de minimizar los costos. Se
asentó una pauta de maximización de costos dentro de los límites disponibles en los
subsidios federales. La maximización de costos se transformó en tema dominante en-
tre las 37,000 firmas o secciones de ellas, organizadas para cumplir con los requisitos
establecidos por el DoD. Ya para 1980, los precios de los bienes producidos por esta
red de firmas crecían al 20% anual.32
30 Melman S., Profits without productivity, University of Pennsylvania Press, Philadelphia,

1987.
31 Ibidem, 82.
32 Ibidem, 4.
Además, consideremos que, según cifras de Melman, en los cuarenta años

transcurridos, entre 1947 y 1987, el DoD utilizó 7 billones 620,000 millones de
dólares. Él comparó esta suma, en dólares constantes de 1982, con la de todos
los bienes producidos y puestos al servicio de la producción. El cálculo incluye
el valor monetario de todas las fábricas, maquinarias, carreteras, ferrocarriles,
edificios, sistemas hidráulicos, redes eléctricas, etc., excepto bienes militares,
bases o bienes de consumo. Toda la economía civil de EUA en 1987 tenía un valor
de 7 billones 292,000 millones de dólares. Así, el aparato militar ha absorbido
una cantidad mayor de recursos que la cantidad de capital que sería necesaria
para reemplazar todos los recursos para la generación de bienes de capital (ca-
pital assets) de EUA. El estudio de Melman, de finales de los ochenta, muestra que
los efectos de la desviación de la inversión pública hacia el gasto militar ya se
observaban en la pobre condición en que se encontraba gran parte de la planta
física de la industria de EUA y las malas condiciones de la infraestructura civil.33
Con las guerras de agresión del torrente militarista post-11/S, todo empeora
en la dirección señalada por Melman. Por ejemplo, ya en 2014 el DoD pasó de
contar con 50,000 empleados civiles, a finales de los años 1980, a cerca de 31
720,000 empleados. En 2017, el número aumentó a 730,000, y para 2018, se
DOSIER
presupuestan recursos para 740,000.34 Muchas categorías para establecer el or-
den específico de la vasta expansión militar en curso no están más disponibles
al público. Pero estos aumentos indican un alto incremento en los contratos
para la industria militar, misma que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
fue receptora del 70% del presupuesto total del Pentágono (DoD). Además, un
número considerable del aumento en “personal” se refiere no solo a nuevos cua-
dros administrativos para la expansión bélico-industrial, sino también a “con-
tratistas-soldados mercenarios” de distintas nacionalidades que usualmente re-
ciben salarios menores y no se erogan partidas para seguros médicos, de salud
y de jubilación como es la costumbre con los soldados ciudadanos de EUA. La
guerra global contra el terrorismo tiende, como se indicó en el apartado ante-
rior, a la subrogación y tercerización de la tropa. Las “guerras de agresión son
masacres que devastan poblaciones inermes e infraestructura, una tendencia
del “capitalismo del desastre”, para usar un término de Naomi Klein35, repleto de
contratos cost plus.36 La subrogación de guerras como la de Afganistán, a través
33 Saxe-Fernández J., Terror e Imperio, Debate (Random House), México, 2006, 97-148.
34 Office of Management and Budget, Analytical Perspectives: Budget of the U.S. Govern-
ment, Fiscal Year 2018, Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 2017.
35 Klein N., La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre, Paidós, México,
2007.
36 Para los cálculos sobre los costos de estas guerras, ver Joseph E. Stiglitz y Linda J. Bil-
mes, “Estimating the costs of War: Methodological issues, with applications to Iraq and
de la mercenerización, sea de individuos o de firmas que manejan ejércitos mer-

cenarios, acompaña el declive de un liderato moral, intelectual y científico y la
capacidad de generar consenso alrededor de la diplomacia de fuerza ajena a la
normatividad internacional derivada de los juicios de Nuremberg. La noción de
hegemonía, en la concepción gramsciana, plantea que además de la coerción/
dominación, destaca la capacidad de generar consenso así como otorga gran
peso al liderato moral e intelectual. Esos son ejes vitales al ejercicio hegemóni-
co. Pero, por su intensificación y por ir acompañado de recortes fiscales a favor
de las grandes firmas y de los sectores de ingresos más altos, el torrente impe-
rialista que acompaña al 11/S observa costes muy altos en lo fiscal y en materia
de creciente desigualdad social. Según el Informe del Instituto Watson de la
Brown University acerca de los costos de las guerras emprendidas desde el
11/S, incluyendo las de Iraq, Afganistán, Pakistán, Siria y Homeland Security,
solo en los 17 años que van del 2001 al 2018 (más los intereses al año 2056 por
deudas de guerra), el total gastado ascendió a 7 billones (trillions) 900,000 mi-
llones de dólares.37
32 Trasladar hacia el resto de las economías, centrales y periféricas, los costos
de la economía permanente de guerra, y aún por medio del contratismo cost
DOSIER
plus, para gestar enormes ganancias a favor de las corporaciones, no ha sido la

excepción sino la norma, en la manipulación unilateral del sistema monetario
vinculado al dólar y al aparato bancario-financiero. En 2017-2018, el masivo au-
mento al gasto militar es de la magnitud requerida para librar una suicida gue-
rra nuclear. Los preparativos para esa guerra, como mostró C. Wright Mills en
195838 están en marcha desde hace décadas. Para 2018, el presupuesto del Pen-
tágono es de 696,000 millones de dólares, incluyendo 54,000 millones propues-
tos por Trump y 30,000 millones más, agregados por los diputados republica-
nos. Aunque existe una ley de 2011 que limita el gasto militar, ya ese “límite” fue
rebasado en 72,000 millones de dólares. Por ser una ley “laxa”, los contratistas
(cost plus y non bid, es decir, a puertas cerradas) “se las arreglarán para gastarlo
todo” como dijo el senador Rand Paul. Por décadas, ese tipo de contratismo, y
ahora de subrogación (outsourcing) de personal o funciones militares, es sueño
de magnates y de empresas privadas de seguridad a las que desde el gobierno
de Bush/Cheney, se asignó con intensidad labores de todo tipo, incluyendo ope-
Afghanistan.” En Michelle Garfinkel y Stergis Skaperdas (eds.), Oxford Handbook of the Eco-
nomics of Peace and Conflict, Oxford University Press, Oxford, 2012, http://www.socsci.uci.
edu/~mrgarfin/OUP/papers/Bilmes.pdf.
37 US Budgetary Costs of post-911 Wars, Watson Institute, Brown University, noviembre 2017,
http://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2017/us-budgetary-costs-post-911-wars-
through-fy2018-56-trillion
38 Wright Mills C., The causes of World War Three, Simon & Schuster, Nueva York, 1958.
raciones que chocan con las Convenciones de Ginebra sobre el trato inhumano
de prisioneros o el uso de la tortura.
A su vez, esta ampliación presupuestal, para la masiva proyección militar
de EUA, se dirige al mundo en general y a la periferia capitalista en particular,
sede de localizaciones estratégicas con grandes y codiciados yacimientos mi-
nerales, y de los combustibles fósiles que, advierte la comunidad científica
mundial al 97%, gestan el calentamiento global atmosférico. Entre otros paí-
ses, Venezuela, Iraq, Libia, México, Canadá, Nigeria, etc. Es un diseño de su-
brogación vinculado con el interés corporativo por el intenso contratismo que
acompaña a programas como el de “reconstrucción y estabilización”, puesto
en práctica luego de la brutal devastación de población e infraestructura en
Iraq y de la “estabilización” lograda con brutal represión. En sus inicios, el di-
seño estuvo a cargo de Carlos Pascual, ex-embajador de EUA en Ucrania y Mé-
xico. Ahora, el contratismo vincula la administración del gasto militar al lema
trumpista del America First, por medio de la subrogación de las guerras de
agresión, puesta en marcha en Iraq y Afganistán donde el uso de ejércitos mer-
cenarios, constituidos como firmas contratistas, se vinculó con saqueos y ma- 33
tanzas.
DOSIER
El imperio en estado de “diplomacia de fuerza”.
¿Hacia una intervención militar “humanitaria” contra Venezuela?
La Operación “Venezuela Freedom 2” indica en afirmativo. Tengamos presente
que Venezuela es el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Como se in-
dica en otro estudio,39 tiene como recursos probados 292,000 millones de barri-
les, esto es, casi 8.5 veces las reservas probadas de EUA, calculadas en 36,000
millones de barriles. De ahí el interés de EUA en derrocar al gobierno de Vene-
zuela ante la expectativa de controlar esta vasta riqueza energética, frente a los
limites geológicos y financieros de la llamada “revolución shale”. Consideremos,
además, que ante el acoso de sanciones económicas de EUA, el gobierno vene-
zolano decidió comercializar su petróleo en rublos, yuanes y euros.
El actual gobierno brasileño autorizó despliegues militares de EUA en el
Amazonas, una política vinculada con el escenario militar descrito en la Ope-
ración Venezuela Freedom 1 y 2, para ir cerrando el cerco sobre los recursos
estratégicos de Venezuela en particular, y de la región en general. La vía mili-
tar para el acceso al petróleo y el gas natural se perfila con grandes riesgos
39 Saxe-Fernández, J. y César Díaz Olín., “Geo-economía y geopolítica del Bloque Energéti-

co de América del Norte” (en prensa, José Luis Calva (coord.), 2018).
para la población y los recursos naturales de América Latina. Basta mirar el

espectáculo de destrucción de Iraq y Libia para apreciar el orden de magnitud
del riesgo. El estudio de Santiago Navarro y Renata Bessi sobre la ocupación
silenciosa del Amazonas por el Comando Sur debería llamar a la mayor aten-
ción y cuidado: lo que ocurra en Venezuela impactará a la región como un
todo. Es hora de la solidaridad latinoamericana. El dato duro debe prevalecer
en todo análisis de un complejo y peligroso escenario golpista del imperio, en
que se intenta el traslado de la frontera sur de EUA, del Río Bravo al Amazonas.
Ni más ni menos.
He aquí el diseño golpista dado a conocer por Red Voltaire, presentado por
el jefe del Comando Sur al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EUA.
Esta operación golpista rompe con principios fundamentales del Derecho Inter-
nacional, la Carta de las Naciones Unidas y de la oea.
La operación, en cuya ejecución inicial participó el general John Kelly, nom-
brado jefe del personal de la Casa Blanca de Donald Trump, está en curso y re-
presenta una seria amenaza para las naciones latinoamericanas y del Caribe:
34
Estados Unidos ha lanzado una feroz guerra no convencional contra los gobiernos
DOSIER
revolucionarios y progresistas, y los movimientos populares de nuestra América.

Añeja en la doctrina militar del Pentágono y también conocida como guerra de cuar-
ta generación, se ha nutrido y desarrollado con recientes experiencias como las re-
voluciones de colores y la primavera árabe. El blanco principal del ataque es la Vene-
zuela bolivariana, contra la que el imperio y los gobernantes de la región que le
sirven, desatan su furia y frustración. Luego de una ofensiva de meses para derrocar
al gobierno del presidente Nicolás Maduro, Trump declaró que “no descarta la opción
militar” en Venezuela…40
La más reciente, AmazonLog-2017, es objeto de un puntual y bien documen-

tado trabajo de Santiago Navarro y Renata Bressi.41 De relevancia local, regional
y mundial resaltan los planteos geopolíticos y advertencias sobre esa operación
ofrecidos por Ana Esther Ceceña, del Instituto de Investigaciones Económicas
de la unam, citados en ese importante estudio: “El despliegue de tropas”, dice
Ceceña, “facilita incursiones territoriales específicas y la realización de opera-
40 Ángel Guerra, “Venezuela indoblegable”, La Jornada, 17-08-2017, http://www.jornada.

unam.mx/2017/08/17/opinion/028a1mun
41 Santiago Navarro, Renata Bessi, The US Southern Command´s Silent Occupation of the
Amazon, Truthout Report, Nov. 9/2017, http://www.truth-out.org/news/item/42542-the-
us-southern-command-s-silent-occupation-of-the-amazon. Cita y texto en John Saxe-Fer-
nández, “2017: Lamentoso año”, La Jornada, 21/12/2017, p. 31, http://www.jornada.unam.
mx/2017/12/21/opinion/020a1eco
ciones de respuesta rápida, implicando ambas el uso de fuerzas especiales,

sean de Estados Unidos, locales o privadas en la triple frontera” (Brasil, Perú y
Colombia). Además, “la Operación AmazonLog 2017 crea condiciones para ope-
raciones futuras de tropas estadounidenses en dos áreas estratégicas: la parte
baja de Venezuela y a lo largo de la costa atlántica, donde ya Estados Unidos
obtuvo acceso a la base militar de Alcántara”.42
Apéndice: Operación “Venezuela Freedom 2”: proyección

del Comando Sur desde la frontera tri-nacional amazónica
DOCUMENTO PRESENTADO AL SENADO DE EUA:

En el “resumen ejecutivo” de la fase 1, se afirma lo siguiente: a) haber estableci-
do la imagen del gobierno venezolano como “autoritario y violador a los dere-
chos humanos” contra una oposición “democrática”, rótulos a los que Trump
agregó el de “dictadura”; b) haber operado bajo una Orden Ejecutiva emitida por
Obama, en la que “se declara una emergencia nacional, con respecto a la amena- 35
za inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de
DOSIER
Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela”; c) haber logrado
“reforzar el aislamiento internacional y la descalificación de Venezuela como
sistema democrático” (sin mencionar que el Instituto Carter, que vigila los pro-
cesos electorales, certificó la validez de los procesos para la elección e instala-
ción de una Asamblea Constituyente Nacional); d) haber generado un clima pro-
picio para la aplicación de la Carta Democrática de la oea, en contubernio con
Luis Almagro; y, e) que “se colocó en la agenda la premisa de la crisis humanita-
ria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, in-
cluyendo la onu.” Ahí calzan las palabras sobre el sufrimiento y el hambre, que
anteceden la amenaza militar de Trump. Ya en la fase 2 de la Operación Vene-
zuela Freedom, se habla del uso del “desabasto” como medida de presión políti-
ca, un desabasto no obstante extraño, que se traduce en una enorme abundan-
cia de víveres y artículos de primera necesidad en la frontera de Colombia con
Venezuela, para el lucro de siete grandes empresas de dentro y fuera, incluyen-
do transnacionales estadounidenses.
En esta misma fase 2, el componente militar se acentúa y explicita, ya que
incluye la planeación de “operaciones especiales” conformadas por componen-
tes operacionales del cs: Comando de Operaciones Especiales Sur, Joint Task
Force-Bravo y Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur Jiatfs. “Los elementos
42 Ibidem.
involucrados en esta operación deben elevar un conjunto de recomendaciones

que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, con-
cebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro
del área de responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos: fuerza de-
cisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica (Joint
Vision 2020, como proceso de actualización permanente de la doctrina militar),
que continuarán rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorporen todos los ins-
trumentos de autoridad nacional, entre ellos, recursos diplomáticos, de infor-
mación, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos”. ¿Qué es
todo eso sino intervención militar inminente?
En esta fase se incluyen las instancias inter-departamentales e inter-agen-
ciales, incluidas las del aparato de inteligencia, siendo la Defense Intelligence
Agency la más cercana al cs. A partir de ahí, el documento se dedica a la
“desagregación en acciones específicas” desplegadas bajo el cs en informe pre-
parado por el sucesor de Kelly, el Almirante Kurt W. Tidd, quien documenta “la
agenda común” del cs con la Mesa de la Unión Democrática (mud):
36
a) “Con los factores políticos de la mud hemos venido acordando una agenda
DOSIER
común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones ca-
llejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. Por supuesto, hay
que seguir impulsando como cobertura el referéndum o la enmienda que se
apoya en el texto constitucional y que sirve para censar, movilizar y organi-
zar una masa crítica para la confrontación […] la responsabilidad en la ela-
boración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase-2) […] des-
cansa en nuestro Comando, pero el impulso de los conflictos y la generación
de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la mud […] no
asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela […] [emplea-
remos] recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las
políticas para salir de Maduro”;
b) “Bajo un enfoque de “cerco y asfixia”, también hemos acordado con los so-
cios más cercanos de la mud, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza
para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar
a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes”;
c) “Hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después
de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de
emergencia”;
d) “Hemos propuesto […] aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impi-
diendo que las fuerzas chavistas se puedan recomponer y reagrupar […]
para debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación castrista y
comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico, opuesta

a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mer-
cado […] hay que responsabilizar al Estado y su política contralora como
causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez”;
e) “Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando
un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la si-
tuación. En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver con des-
gobierno: las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de
criminalidad y la inseguridad personal”;
f) “Importa la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos
y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el go-
bierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embal-
ses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de
vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica
como responsabilidad exclusiva de Maduro”;
g) “Posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de crisis humani-
taria por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con 37
el manejo del escenario donde Venezuela está “cerca del colapso y de implo-
DOSIER
sionar”, demandando a la comunidad internacional una intervención huma-
nitaria para mantener la paz y salvar vidas”;
h) “Hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos
convenido con Luis Almagro Lemes, Secretario General de la oea”;
i) “No se puede dejar a un lado el esfuerzo que hemos venido haciendo para
vincular al gobierno de Maduro con la corrupción y el lavado de dinero. En
esto debemos apoyarnos en el trabajo que vienen haciendo las Unidades de
Inteligencia Financiera (Grupo Egmont), el Grupo de Acción Financiera (gafi)
y el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo
de Dinero y la Financiación del Terrorismo (moneyval)”;
j) “Atención a la cuestión militar […] existe una alta probabilidad de que los
mandos identificados con el chavismo duro ofrezcan resistencia, sobre todo
en unidades de élite que históricamente se han alineado con el régimen. Por
eso, hay que sostener el trabajo para debilitar ese liderazgo y anular su ca-
pacidad de mando”;
k) “Lectura similar es necesaria hacer en relación con el empleo que va a hacer
el gobierno de las llamadas milicias y colectivos armados […] se convierten
en obstáculos para las movilizaciones de calle de fuerzas aliadas y grupos
opositores […] un impedimento para el control efectivo de instalaciones es-
tratégicas. De allí la demanda de su neutralización operativa en esta fase
decisiva”;
l) “Si bien en este terreno foco de la situación militar, no podemos actuar aho-
ra abiertamente, con las fuerzas especiales aquí presentes hay que concre-
tar lo ya anteriormente planificado para la fase 2 (tenaza) de la operación.
Los entrenamientos y aprestos operacionales de los últimos meses, con la
Fuerza de Tarea Conjunto Bravo en la base de Palmerola, en Comayagua,
Honduras, y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur –Jiatfs, permiten
colocar tales componentes en condiciones de actuar rápidamente en un
arco geoestratégico apoyado en las bases militares de “control y monitoreo”
en las islas antillanas de Aruba (Reina Beatriz) y Curazao (Hato Rey); en
Arauca, Larandia, Tres Esquinas, Puerto Leguízamo, Florencia y Leticia en
Colombia; todo ello como Lugar de Operaciones de Avanzada (fol, con pro-
yecciones sobre la región central de Venezuela donde se concentra el pode-
río político-militar). En este aspecto, debemos mantener la vigilancia elec-
trónica sobre esta zona de influencia, sobre todo en la fachada atlántica,
manteniendo las incursiones de los RC-135u combat equipados con siste-
mas electrónicos que han permitido recientemente recolectar inteligencia,
38 interceptar y bloquear comunicaciones, tanto del gobierno como de contin-
gentes militares (Ver informe confidencial respectivo). También se debe po-
DOSIER
ner OK el Primer Batallón 228 del Regimiento del Aire con sus 18 aviones y
los helicópteros UH-60 Blackhawk y CH-47, aproximándolos al terreno, pre-
feriblemente las instalaciones de Hato Rey en Curazao. Ya hemos estableci-
do las directivas y órdenes vinculantes”;
“En estas 12 recomendaciones están involucrados aspectos políticos, eco-

nómicos y militares que son parte de planes estratégicos de nuestro gobierno,
los cuales vienen siendo impulsados por múltiples agencias y a los que se ape-
ga el U.S. Southern Command. En correspondencia con esa guía de planeamien-
to, he enfocado mis esfuerzos en cuatro áreas principales: garantizar que se-
guimos siendo el primer socio de seguridad de elección en este hemisferio;
profundizar en la colaboración entre las agencias, generando confianza, plata-
forma de innovación para el Departamento de Defensa y planificación de ope-
raciones críticas y trans-regionales, como esta Operación Venezuela Freedom-2,
donde se involucran comandos combativos y socios inter-agenciales. Vamos a
seguir construyendo alianzas que protegen nuestros intereses, defender nues-
tro territorio, defender el bien común mundial, y avanzar la seguridad, el buen
gobierno, frente a las amenazas como las que presenta el régimen opresivo de
Venezuela. Por eso, en la planificación hay cuestiones particulares que nos ata-
ñen, donde debemos elaborar planes específicos que pongan en operación las
recomendaciones, tal como se reseña en los apartados y documentos anexos,
siendo la tarea del día de esta Junta Evaluativa, por lo que ordeno la mayor
atención y esfuerzo en la reunión”.
Almirante Kurt W. Tidd

Comandante
U.S. Southern Command (SouthCom)
25 de febrero de 2016
(Disponible en: Almirante Kurt W. Tidd, “Operación Venezuela Freedom 2”, Red
Voltaire, 25-02-2016, http://www.voltairenet.org/article191879.html).
Referencias
Kinzer, S. All the Sha’s men. An American coup and the roots of Middle East terror.
Nueva York: John Wiley & Sons, 2003.
Klein, N. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. México: Pai-
dós, 2007. 39
Melman, S. Profits without productivity. Philadelphia: University of Pennsylvania
DOSIER
Press, 1987.
Saxe-Fernández, J. «The US Imperial Presidency: Global impacts in Iraq and Mé-
xico.» En Han Günther Brauch et al. (eds.), Globalization and environmental
challenges. Reconceptualizing security in the 21ST-Century. Berlin-Heildel-
berg-New York: Springer, 2008.
———. Terror e Imperio. México: Debate (Random House), 2006.
——— y César Díaz Olín. «Geo-economía y geopolítica del Bloque Energético de
América del Norte.» (En prensa, José Luis Calva (coord.), 2018).
Selser, G. De cómo Nixinger desestabilizó Chile. Hernández Editor, 1975.
Wright Mills C., La elite del poder. México: fce, [1961] 2013.
———. The causes of World War Three. Nueva York: Simon & Schuster, 1958.
DOSIER
Claudio Rene Lara Angelino*

La paz universal como mecanismo de
dominación en el sistema internacional
The universal peace as a mechanism of domination
in the international system
Resumen | El presente artículo busca reflexionar en torno al paradigma de paz dominante

en el sistema internacional. A partir del análisis histórico que demuestra la evolución del
concepto de paz, se pretende comprender la formación actual de un paradigma de paz uni-
versal sesgado cultural, política, económica y socialmente por intereses particulares. Un
paradigma que, si bien no se encuentra escrito en ningún instrumento jurídico internacio-
nal, actualmente forma parte esencial de la estructura de poder entre los Estados. De forma
crítica, y a partir de dos experiencias africanas, se plantea abandonar la idea de una paz
universal para dar paso a un concepto de paz heterogénea, que permita entender que la paz 41
es tan diversa como las culturas que forman nuestro mundo.
Palabras clave | paz, dominación, seguridad, violencia, paz heterogénea.
Abstract | This article seeks to reflect on the dominant paradigm of peace in the internation-
al system. From the historical analysis that demonstrates the evolution of the concept of
peace, it is intended to understand the current formation of a paradigm of universal peace
based culturally, politically, economically and socially by particular interests. A paradigm
that represents an essential part of the power structure among the States, although it is not
written in any international legal instrument. Critically, and based on two African experi-
ences, it is proposed to leave behind the idea of a universal peace to consider a concept of
heterogeneous peace that allows us to understand that peace is as diverse as the cultures
that make up our world.
Keywords | peace, domination, security, violence, heterogeneous peace.
Introducción
En 1795, Immanuel Kant publicó su libro Sobre la paz perpetua. De forma inno-
vadora, Kant abriría el camino al estudio de la paz y no de la guerra, como en el
Recibido: 27 de noviembre, 2017. Aceptado: 4 de enero, 2018.
* Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Correo electrónico: claudio.lara502@gmail.com
Lara Angelino, Claudio Rene. «La paz universal como mecanismo de dominación en el sistema internacional.» Interdisci-
plina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 41-59.
pasado lo hicieron autores como Nicolás Maquiavelo o Thomas Hobbes, consi-

derados creadores del realismo político. La nueva corriente idealista establecía
que los Estados republicanos (no las personas) serían capaces de renunciar a su
estado de libertad salvaje y formar racionalmente una comunidad pacífica. Su
base sería un pacto que reconociera la existencia de un Derecho de gentes (ius
gentium), no de guerra (ius ad bellum), que respetara la soberanía de los Estados
y regulara sus relaciones sin la necesidad de recurrir al conflicto (Kant 1795).
Sin embargo, esta propuesta innovadora planteada en el tratado filosófico y
político de la paz perpetua no tuvo la aceptación suficiente entre los dirigentes
de los Estados ni en la academia de aquella época. A pesar de que Kant aceptaba,
al igual que el realismo, que el actor principal de las relaciones internacionales
era el Estado, sus ideas acerca del Derecho de gentes y una paz universal se-
guían considerándose como un objetivo alejado de la realidad y hasta cierto
punto, imposible de alcanzar.
Fundados en la idea de que sus relaciones se encontraban inmersas en un
estado de anarquía, los hechos demostrarían que los Estados seguirían condu-
42 ciéndose de forma irracional y violenta al momento de resolver sus disputas o
hacer valer sus intereses frente a otros Estados. Dicho estado no permitía crear
DOSIER
las condiciones para establecer una paz duradera, sino periodos de paz momen-
táneos que básicamente servían como una etapa de preparación para una guerra
en el futuro. Un ejemplo claro de ello fue el periodo de la llamada “paz armada”
(1871-1914) y el sistema de alianzas en Europa, previo al estallido de la Primera
Guerra Mundial.
Precisamente, el fin de este conflicto y la creación de la Sociedad de Nacio-
nes, el 28 de junio de 1919, pondrían nuevamente sobre la mesa las ideas de
Kant de crear una Confederación de Estados basada en el respeto a un Derecho
Internacional, ante el temor de que se diera nuevamente una guerra mundial de
igual o peores dimensiones y consecuencias. Esta propuesta sería planteada y
desarrollada por las potencias vencedoras de la “Gran Guerra”, aunque ahora se-
ría complementada con un nuevo elemento: los 14 puntos del presidente esta-
dounidense Woodrow Wilson.
Para este periodo histórico, el Estado seguía siendo el actor preponderante
de las relaciones internacionales. No obstante, la idea de una paz perpetua aún
no era clara en los objetivos del recién creado organismo, debido a que desde
un inicio, su objetivo general fue establecer un mecanismo de resolución de
conflictos por medios pacíficos y fundar un ente capaz de garantizar la creación
y permanencia de condiciones de seguridad entre los Estados, pero no la paz
por sí misma, como puede comprobarse en el Pacto de la Sociedad de Naciones.
Asimismo, la determinación de que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña
fueran las potencias encargadas de establecer el nuevo orden mundial seguía
creando un clima de insatisfacción por parte de los países derrotados y del res-
to de los Estados. Para ellos, la Sociedad de Naciones representaba un organis-
mo parcializado y dominado por los intereses de las grandes potencias que es-
tablecía un sistema de relaciones interestatales frágil y una paz tan endeble que
en cualquier momento podría fragmentarse otra vez.
Esta visión de la paz en las relaciones internacionales perduraría solo por
20 años y la Sociedad de Naciones presenciaría su propio fracaso con el inicio
de la Segunda Guerra Mundial en 1939. En ese momento, resultó evidente para
todos los países que los esfuerzos de la Sociedad de Naciones, desde su crea-
ción, no habían sido lo suficientemente fuertes como para impedir un nuevo
conflicto de mayores dimensiones. Por lo tanto, instituir una paz duradera sería
una labor no de un grupo de potencias, sino de toda una comunidad internacio-
nal fundamentada en la igualdad de derechos.
Es así como, tras el término de la Segunda Guerra Mundial y la firma de la
Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, surge oficialmente la Orga-
nización de las Naciones Unidas (onu), el 24 de octubre de 1945. Finalmente, el
idealismo de Kant se vería materializado en la letra de los primeros dos puntos 43
del primer artículo de la Carta de Naciones Unidas, que expresan como objeti-
DOSIER
vos de este organismo:
Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colecti-
vas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de
agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de con-
formidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arre-
glo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a que-
brantamientos de la paz; y
Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras
medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. (onu 1945, 1).
Como podemos ver, la institucionalización de la paz incluyó elementos kan-

tianos, como la primacía del Estado como ente rector de las relaciones interna-
cionales; la importancia de crear una paz de carácter universal y duradera; los
principios de justicia e igualdad de derechos; el respeto a un Derecho Interna-
cional; y, en cierta medida, el respeto a la soberanía de los Estados, entendido
como libre autodeterminación de los pueblos.
La creación de la onu representó un avance trascendental en la conceptua-
lización universal de lo que hoy en día se entiende por paz entre los Estados,
pero, sobre todo, significó la adopción de una ideología creada por y para los
Estados miembro de esta nueva comunidad internacional. Al ser aceptada y
aprobada consensualmente, el objetivo de respetar, difundir, promover y hacer

valer esta paz en el mundo sería ahora la principal tarea legítima de los países
miembro o no, en sus respectivos territorios.
El problema de definir a la paz

La idea de paz se ha ligado intrínsecamente a los conceptos de violencia y con-
flicto. Si bien podemos encontrarnos con diversas explicaciones de lo que signi-
fican estos dos últimos fenómenos, al tratar de encontrar una definición que nos
revele cabalmente qué significa la paz, tendríamos que remontarnos a las defini-
ciones proporcionadas por el desarrollo de los estudios para la paz, las cuales
básicamente se resumen en dos: 1) la paz negativa como ausencia de guerra, y
que en los últimos años se ha ampliado para englobar no solo la guerra sino tam-
bién el conflicto y la violencia directa, y, 2) la paz positiva, introducida por los
trabajos de Johan Galtung, enfocada a la satisfacción de las necesidades huma-
nes más vitales, así como al reconocimiento, no solo de la violencia directa sino
44 también al de un tipo de violencia estructural en la sociedad y sus instituciones.
La problemática que surge en ambas definiciones es, por un lado, que la paz
DOSIER
negativa conceptualiza la paz a partir de lo que no es, ante la imposibilidad de

englobar todo lo que la paz podría ser. No solo eso, esta definición vislumbra en
términos absolutos al fenómeno social del conflicto (en cualquiera de sus for-
mas) como un elemento antagónico a la idea de la paz. Por otro lado, la paz po-
sitiva ofrece una explicación más valorativa de lo que la paz debería ser. Sin
embargo, esto abre el panorama a una serie de imprecisiones teórico-prácticas
que figuran en metas establecidas, sobre todo desde el plano institucional, en
principios y valores “universales” como el desarrollo, la justicia y la seguridad;
conceptos que en ocasiones suelen usarse como sinónimo de paz.
La paz desde la perspectiva de Naciones Unidas

Desde el momento de su creación hace 72 años, hasta la actualidad, la onu no
cuenta con una definición acerca de la paz. Si bien existen algunas aproximacio-
nes a la paz positiva en conceptos como cultura de la paz, definida como “un
conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan
la violencia y previenen los conflictos atacando sus raíces a través del diálogo y
la negociación entre los individuos, los grupos y los Estados” (onu 1998, 1), la
mayoría de las referencias que hace la onu sobre a la paz se encuentran fuerte-
mente ligadas con la idea de seguridad.
El documento más importante que dio origen y estructura a este organismo,
la Carta de Naciones Unidas, da razón de la unión entre paz y seguridad como
uno solo, sin definir previamente lo que significa una u otra. De las 40 ocasiones
en las que se menciona en la Carta la palabra “paz”, en 26 de ellas se hace refe-
rencia al mantenimiento de la paz (peacekeeping); en 5, a amenazas o situacio-
nes de peligro para la paz; en 4, al quebrantamiento de la paz; y, en 4 más, a
restablecer, fomentar o promover la paz. Por lo tanto, no existió (ni existe) refe-
rencia alguna que defina lo que la comunidad internacional entendería por paz
desde 1945 en adelante, aun cuando en dicho contexto parecía que, epistemo-
lógicamente, era evidente lo que esta significaba.
No obstante, el mayor problema es la marcada relación entre paz y seguri-
dad, siendo esta última palabra repetida en la Carta en 138 ocasiones; 104 de
ellas para referirse al papel del Consejo de Seguridad en el mundo, encargado
de velar por la paz y la seguridad internacional. Precisamente, el hecho de que
5 de los 15 miembros del único órgano coercitivo de Naciones Unidas sean per-
manentes (con base en el artículo 23 de la Carta), y que a su vez, estos posean
un derecho de veto, pone en duda la imparcialidad de sus decisiones en favor
de esta supuesta paz y seguridad internacionales.
A pesar de que el derecho de veto no se encuentra escrito en la carta de la 45
onu, los cinco miembros permanentes (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Es-
DOSIER
tados Unidos) acordaron establecer esta estructura en la toma de decisiones del
Consejo. Esto significa que, además de los 9 votos favorables de sus miembros
no permanentes, para adoptar una resolución respecto a una amenaza a la paz y
la seguridad internacional se necesita el consentimiento de estos llamados “cin-
co grandes”. La justificación de que se incluyera este mecanismo desde la funda-
ción de la onu fue el rol fundamental de esos países en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacional, así como en la creación del citado organismo.
En otras palabras, la creación del Consejo de Seguridad y las imprecisiones
epistemológicas de lo que se entiende por paz, o incluso por seguridad, son re-
sultado de un contexto político internacional enmarcado por la Guerra Fría, y el
establecimiento de una nueva balanza de poder en términos del realismo políti-
co, a la cual se sujetaron jurídicamente el resto de los Estados, estratégicamen-
te o no, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. No solo eso, la creación de la
onu representó un evento icónico en la conceptualización “universal” de lo que
hoy en día se entiende por paz (en términos de mantenimiento) entre los Esta-
dos. Es decir, que hablar de mantenimiento de la paz implicaba dar por hecho
que la paz ya existía en el mundo, y por ende, el problema sería solo saber con-
servarla.
Al ser aceptada y aprobada en consenso por los Estados, se estableció una
paz universal, idéntica y compartida por la comunidad internacional, aun cuan-
do no se explicaba exactamente en qué consistía esta paz, cómo se lograba, o,
incluso, aceptando que ya existiera, cómo se preservaba. Lo cierto es que desde
entonces, se ha tratado de la paz y la seguridad desde y para los cinco miem-

bros permanentes y sus aliados, no de esta llamada comunidad internacional, y
que por supuesto no es idéntica ni compartida. Se trata por tanto, de una visión
de paz dominante, vacía de definiciones, pero llena de valores que correspon-
den a los intereses particulares de dichos Estados.
Además, el problema no se constriñe únicamente a la falta de definición o
consenso sobre la paz, si no se amplía al hecho de que esta paz se encuentra
restringida al marco estatal, creando con ello no una paz para la humanidad
sino una paz para los Estados. En la carta de la onu, la palabra humanidad nun-
ca se menciona y los Derechos Humanos son mencionados únicamente en 7 oca-
siones. Aun cuando tres años más tarde, se elaborara la conocida Declaración
Universal de Derechos Humanos, el enfoque de la paz dentro del único artículo
que la menciona seguirá siendo el mismo, como se muestra en el artículo 26,
párrafo 2, relativo al derecho a la educación:
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

46 fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos
DOSIER
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
En este sentido, el poder de veto frente a las crecientes violaciones a Dere-

chos Humanos en contextos de violencia directa, indirecta o estructural, por la
acción contraria o la omisión de ciertos gobiernos en hacer respetar los Dere-
chos Humanos, como lo demuestran los múltiples y lamentables ejemplos en
el mundo, reflejan perfectamente el poder de la figura del Estado frente a la
figura del ser humano, y la idea de paz que prevalece en el sistema de Nacio-
nes Unidas.
Transgredir la paz es transgredir el orden

Dentro del paradigma de paz dominante, en 1956 surge una propuesta del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Canadá, Lester B. Pearson, quien sugirió al
entonces Secretario General de Naciones, Dag Hammarksjold, la idea de crear
una fuerza militar de interposición para reducir las tensiones ocasionadas por
la crisis del Canal de Suez y permitir el retiro de los ejércitos de Francia, Israel
y Reino Unido del territorio egipcio (Reyes 2005). Desde entonces, la evolución
de los llamados “cascos azules” en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(omp) ha respondido a diversas exigencias propias de cada contexto histórico-
político predominante, como sucedió durante y al final de la Guerra Fría, o con
la nueva agenda de seguridad impuesta por Estados Unidos después de los aten-
tados del 11 de septiembre de 2001.
Dicha transformación se ha hecho evidente con la transición de una estrate-
gia de pacificación que pasó de conformar fuerzas de interposición, a fuerzas de
mantenimiento o incluso de imposición de la paz. De esta forma, las omp se han
transformado para responder a situaciones de conflicto que, por ejemplo, han
dejado de ser predominantemente entre Estados para dar pie a conflictos en su
interior, y con ello, a nuevas formas de combate y a nuevos actores beligerantes
que suponen un reto a una visión dominante de paz de corte estatocéntrico. Así
pues, elaborando una definición con información del Departamento de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, las omp actualmente se
podrían definir como:
Operaciones multidimensionales integradas por personal militar, policial y civil que

trabaja para salvaguardar la paz, proporcionar seguridad y facilitar procesos políti-
cos, proteger a civiles, ayudar en el desarme, la desmovilización y la reintegración de
ex combatientes; apoyar la organización de procesos electorales, proteger y promo- 47
ver los derechos humanos, así como auxiliar a restablecer el estado de derecho. (onu
DOSIER
2017).
Ahora bien, es importante anotar que el establecimiento de las operaciones

de mantenimiento de la paz no se encuentra estipulado en la Carta de Naciones
Unidas. Incluso podría pensarse que su existencia se halla fuera de la legalidad,
con todo lo que ello conlleva para los países que las han acogido, ya sea de for-
ma voluntaria o impuesta, antes y ahora. Sin embargo, de alguna u otra forma,
las omp han demostrado su viabilidad ante ciertos conflictos o crisis a lo largo
de los años.
Además, el Consejo de Seguridad se ha apoyado en el capítulo vii de la Car-
ta para proyectar en las omp el cumplimiento del artículo 42 de la Carta de Na-
ciones Unidas, que permite al Consejo ejercer “la acción que sea necesaria para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales” (onu 1945, 13).
Sin embargo, para la onu, la funcionalidad de las omp y su concepción de paz
como un fin máximo en los esfuerzos por garantizar la seguridad internacional
han tenido distintas aproximaciones y significados. Esta variedad de interpreta-
ciones ha sido un problema central para la comprensión de las sociedades en
conflicto y su situación posterior a él en muchas regiones del mundo.
Por esta razón, Naciones Unidas se encargó de definir el mantenimiento de
la paz en 1992, con el informe “Un programa para la paz” (onu 1992) realizado
por el entonces secretario general de la Organización, Boutros Boutros-Ghali.
Este informe contiene precisiones teóricas importantes para la implementación
práctica de las misiones, sus estrategias, objetivos y, lo más importante, su en-

tendimiento sobre el mantenimiento de la paz en el mundo como un espectro
de acción más amplio que el conocido hasta el momento. Con base en este do-
cumento, las estrategias de pacificación pueden sintetizarse en cinco fases:
Figura 1. Las cinco fases estratégicas de pacificación en el modelo dominante de paz
48
DOSIER
Fuente: Elaboración con base en (onu 1992).
1. La diplomacia preventiva (preventive diplomacy) o prevención del con-

flicto, que consiste en “la aplicación de medidas estructurales o diplomá-
ticas para evitar la escalada de tensiones intra o inter-estatales, y su po-
sible advenimiento en un conflicto violento”. El objetivo primordial
radica en construir un sistema de alerta temprana que permita recopilar
información suficiente para analizar los factores que impulsan el conflic-
to en cuestión. Las actividades de prevención de conflictos pueden in-
cluir el uso de “buenos oficios” hechos por el Secretario General, desplie-
gue preventivo o medidas que fomenten la confianza entre las partes.
2. El establecimiento de la paz (peacemaking), que “incluye medidas para
resolver los conflictos en curso y por lo general implica una acción di-
plomática para lograr que las partes hostiles negocien un acuerdo”. Gru-
pos de negociadores, gobiernos, grupos de Estados, organismos regio-
nales o de las Naciones Unidas pueden ser enviados para apoyar,
fomentar y llevar a buen término las negociaciones. Estos esfuerzos de

pacificación también pueden ser llevados a cabo por grupos no oficiales
y no gubernamentales, o por una personalidad destacada que trabaje de
forma independiente. De igual forma, el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas puede ejercer sus “buenos oficios” para facilitar la resolu-
ción del conflicto.
3. El mantenimiento de la paz (peacekeeping) es una técnica diseñada para
“preservar una paz frágil, es decir, donde se ha interrumpido la lucha
armada, y, asimismo, para ayudar en la implementación de los acuerdos
alcanzados por los pacificadores”. Con el transcurso de los años, el
mantenimiento de la paz se ha transformado de un modelo inicialmente
militar, de observación de cese al fuego y de separación de fuerzas ar-
madas después de una guerra entre Estados, a uno que incorpora un
modelo complejo de diversos elementos (militares, policiales y civiles)
que trabajan en conjunto para ayudar a cimentar una paz duradera.
4. Imposición de la paz (peace enforcement), entendida como la actividad
que “implica la aplicación, con la autorización del Consejo de Seguri- 49
dad, de una serie de medidas coercitivas, incluido el uso de la fuerza
DOSIER
militar. Dichas acciones son autorizadas para restaurar la paz y la segu-
ridad internacional en situaciones donde el Consejo de Seguridad ha
determinado la existencia de una amenaza a la paz, quebrantamiento a
la paz o acto de agresión.” En este sentido, el Consejo tiene las faculta-
des para utilizar agencias y organismos regionales para llevar a cabo
estas acciones bajo su autoridad.
5. Consolidación de la paz (peacebuilding), que “involucra una serie de me-
didas específicas para reducir el riesgo de caer o recaer en conflicto me-
diante el fortalecimiento de las capacidades nacionales en todos los ni-
veles de gestión de conflictos, y sentar las bases de una paz duradera y
el desarrollo”. Esta consolidación funciona evaluando y conociendo las
causas estructurales de los conflictos violentos de forma amplia. Las
medidas de consolidación de la paz dirigen los problemas centrales que
afectan el funcionamiento de la sociedad y busca mejorar las capacida-
des del Estado para llevar a cabo de forma efectiva y legítima sus fun-
ciones básicas.
Al realizar un estudio más detallado de estas cinco fases, podemos dilucidar

varias cosas. Primero, que estas estrategias de mantenimiento de la paz manio-
bran en favor de la preservación del marco antes descrito de paz dominante.
Segundo, que el análisis de cada fase merece un análisis más detallado de su
funcionalidad y operatividad en el mundo. Para empezar, hablar de la preven-
ción del conflicto (preventive diplomacy) resulta un tanto arriesgado si tomamos

en cuenta que la idea de que el conflicto es algo inherente a las sociedades hu-
manas tiene cada vez más peso en los estudios sociológicos de la violencia. Por
consiguiente, la diplomacia preventiva o prevención del conflicto resulta difícil
de comprender en un sistema internacional que difícilmente se catalogaría
como no conflictivo.
Por otro lado, el establecimiento de la paz (peacemaking) nos coloca en la
discusión de saber quién o quienes pueden ser considerados como hostiles con
las facultades de negociar un acuerdo de paz, si la paz es algo negociable, y de
ser así, quién o quiénes se encargan de determinar quién y cómo se puede ne-
gociar la paz. Algo sumamente problemático y que abordaremos y ejemplifica-
remos con mayor detenimiento en el último apartado de este artículo. Evidente-
mente, respecto al mantenimiento de la paz (peacekeeping), el cuestionamiento
principal nos remite a la esencia misma de la crítica que hemos llevado a cabo
a lo largo del presente trabajo sobre el mantenimiento del paradigma de paz do-
minante.
50 Por su parte, la imposición de la paz (peace enforcement) nos dirige inevita-
blemente a preguntarnos si la paz es algo que puede ser impuesto coercitivamen-
DOSIER
te. ¿Es posible que la paz se implante por medios violentos? La Real Academia de
la Lengua Española señala a la imposición como una “exigencia desmedida con
que se trata de obligar a alguien” o como una “carga, tributo u obligación que
se impone” (rae 2016). Nuevamente nos situamos en la discusión de saber
quién o quiénes, y bajo qué autoridad y facultades se encuentra para decidir
que la paz (y tipo de paz) debe imponerse violentamente. Asimismo, la impar-
cialidad con la que se decide en el Consejo de Seguridad qué situaciones de
conflicto pueden asumirse como amenaza o quebrantamiento a la paz, y acto
de agresión.
Finalmente, la consolidación de la paz (peacebuilding) reconoce la impor-
tancia del conocimiento de las causas estructurales de los conflictos. Sin embar-
go, centra su atención en la creación de capacidades estatales (no humanas)
para ejercer su poder sobre la sociedad; y vuelve a la problemática de conside-
rar al conflicto como un elemento que debe prevenirse y evitarse a toda costa
con el fin de establecer una paz duradera y un desarrollo dentro del paradigma
dominante.
El mantenimiento de la paz universal y sus cinco fases representa en reali-
dad la imposición de un orden basado en ideas, principios y valores particula-
res de una estructura de poder legitimada por el Consejo de Seguridad y apro-
piada por el resto de la comunidad internacional. Las bases sobre las cuales se
asientan las omp se encuentran efectivamente obstaculizadas por concebir los
conflictos de forma homogénea, como si todos tuvieran las mismas causas, las
mismas consecuencias, y como si para todos hubiera una solución única dentro
de este paradigma. Fuera de ella, en un área gris, no existe solución ni paz alter-
nativa alguna como se demuestra en el siguiente esquema:
Figura 2. Efectos de la resolución de conflictos desde el paradigma de paz dominante.
51
DOSIER
Fuente: Elaboración propia.
En efecto, bajo dicho mecanismo reduccionista de resolución de conflictos,

estos pueden ser únicamente atendidos por el conjunto de Estados que confor-
man la comunidad internacional, o de manera más precisa, el Consejo de Segu-
ridad. Se da por entendido que fuera de esta paz, que representa más bien un
orden, no existen otras visiones o alternativas, por entender erróneamente que
todo conflicto que surge en el mundo debe ser atendido en dicho marco, aun
cuando los hechos demuestran que los conflictos lejos de solucionarse única-
mente se contienen o peor aún, se agravan.
En este sentido, dicha concepción entraña dos problemáticas: primero, que
aquello que arbitrariamente se considere como transgresión al orden, se con-
funda deliberadamente con transgresión a la paz, y, segundo, que ante la incom-
prensión de las raíces y los contextos en los que se desenvuelven los conflictos,
se desestime el riesgo que se corre de agravarlos convirtiéndolos en crisis, o
simplemente, de no contribuir de forma positiva o negativa a su resolución. Dos
ejemplos de ello fueron las fallidas operaciones de mantenimiento de la paz
desplegadas en Ruanda y Somalia. Ambos países son un ejemplo de alternativa
en la resolución de conflictos a partir de su visión de la paz, misma que se en-

cuentra fuera del paradigma dominante como veremos a continuación.
Hacia la conceptualización de una paz heterogénea

La experiencia africana es un buen ejemplo de las diferentes visiones que exis-
ten en el mundo en torno a la paz. A diferencia de la comprensión valorativa de
la paz universal usada en la práctica y el discurso, las visiones africanas ofrecen
una nueva dimensión de entendimiento basados en la experiencia y en la pre-
servación de estructuras históricas de organización social y política asociado al
concepto de reconciliación, que va más allá del enfoque occidental que com-
prende únicamente la guerra o la violencia y el mantenimiento de la paz.
De esta forma, presentaremos los puntos que diferencian nuestra compren-
sión de la justicia como un principio asociado al paradigma de paz dominante
proveniente de sociedades occidentales, en contrapartida al concepto africano
de Ubuntu y su importancia en el proceso de reconciliación de la colectividad.
52 Para ello, abordaremos brevemente el caso de estudio de Ruanda y las estrate-
gias de consolidación de la paz implementadas después del genocidio de 1994,
DOSIER
perpetrado por la mayoría étnica hutu, sus milicias y el ejército ruandés sobre
la minoría tutsi y los hutus moderados.
En el mismo sentido, abordaremos el caso somalí y su estructura de organi-
zación política y social basada en clanes como una alternativa a la resolución de
conflictos occidental frente al devenir de la guerra civil que inició en 1991 y cu-
yos estragos aún perduran. En ambos casos, el objetivo primordial es lograr en-
tender la paz como un concepto que, más allá de definiciones o principios, con-
tiene experiencias y respuestas a necesidades concretas y en diferentes
contextos. En otras palabras, hablar de una paz heterogénea, no universal ni
dominante, conformada por elementos de distintas características pero que, al
mismo tiempo, forman un camino compartido por todos como humanidad.
El caso ruandés
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda se estableció el 8 de noviembre de
1994 para enjuiciar a los culpables de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Entre ellos había funcionarios políticos como el Primer Ministro, Jean Kamban-
da y el ex alcalde de la ciudad de Taba, Jean-Paul Akayasu. Asimismo, los tribu-
nales nacionales desempeñaron un papel importante para condenar a las per-
sonas acusadas de planear el genocidio. Sin embargo, lo que representó un
cambio en el proceso de reconciliación en Ruanda fue el establecimiento de
juicios comunitarios, mejor conocidos como Tribunales Gacaca (pronunciar
“gachacha”) encargados de deliberar sobre los actos de violencia realizados por

personas que cometieron crímenes durante el genocidio pero no participaron
en su planificación.
Lejos de la idea occidental de castigo, la meta de los tribunales Gacaca era
lograr la reconciliación de las personas con la sociedad. Los objetivos persegui-
dos por el Gobierno de Unidad Nacional, encabezado por el presidente Paul Ka-
game, líder del Frente Patriótico Ruandés (tutsi) fueron proporcionar a la au-
diencia pública, a través de dichos juicios, las herramientas necesarias para la
reintegración y dilucidación de los crímenes. Esto como consecuencia de que la
mayoría de ellos no fueron esclarecidos en los hechos (durante y después del
genocidio) dada la destrucción del sistema judicial.
Si bien hay algunas críticas hacia los tribunales Gacaca, que van desde la
aparente imparcialidad de los juicios hasta la falta de principios de ley univer-
sal y la inclusión de los Derechos Humanos, que proporcionaran condiciones
justas para juzgar a los acusados, es de particular interés notar que la mayoría
de estas críticas han sido formuladas por organismos no gubernamentales occi-
dentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (Chakravarty 53
2006). En este sentido, es importante subrayar que sería muy complicado enten-
DOSIER
der a los tribunales Gacaca desde este enfoque, dado que estos se fundamenta-
ron en un sentimiento comunitario generalmente entendido en sociedades afri-
canas como Ubuntu. Es decir, una filosofía que refleja el sentido de pertenencia
de cada persona a su comunidad y que va más allá de la concepción occidental
de individuos.
La razón principal que sustenta esta práctica histórica (no tradicional) en las
sociedades africanas subsaharianas, es “la capacidad en una cultura africana
para expresar compasión, reciprocidad, dignidad, humanidad y mutualidad en
el interés de construir y mantener comunidades con justicia y cuidado mutuo”
(Mawere y Mubaya 2016, 97) o, en términos simples, la idea de que una persona
es una persona por y a través de las otras personas. Por lo tanto, en esta visión
podemos reconocer que la responsabilidad de los crímenes no es solo de las
personas que los cometieron sino también de su comunidad. La visión que sur-
ge de este enfoque sugiere que las personas juzgadas están de alguna manera
“enfermas” y que, por lo tanto, existe la responsabilidad y necesidad de reinte-
grarlas a su colectividad para su sanación en ella, haciéndolas recuperar así su
humanidad.
De inicio, podemos notar que esta filosofía es diferente a la idea occidental
de la responsabilidad individual de la acción criminal y el tratamiento carcelario
de su castigo (Foucault 2002). Un ejemplo son las palabras del Premio Nobel de
la Paz sudafricano, Desmond Tutu, quien refiere acerca del concepto de Ubuntu,
su vinculación con la humanidad y la justicia: “mi humanidad está atrapada, li-
gada inextricable en la tuya. Cuando te deshumanizo, me deshumanizo inexora-

blemente [...]. Tu humanidad entra en su propia comunidad, en pertenencia”.
En realidad, este planteamiento es más que una filosofía dado que también
engloba prácticas sociales, un estilo de vida comunitario y la base fundamental
de la política y la ley dentro de una diversidad de sociedades africanas. En el
caso ruandés, dentro y fuera de las estrategias de consolidación de la paz, Ubun-
tu representa el núcleo central de la reconciliación. Su ejercicio se da a través de
la figura de inyangamugayo, o jueces comunitarios quienes cuentan con la legi-
timidad y el reconocimiento de sus veredictos por parte del pueblo. Colectivi-
dad que también participa activamente en los tribunales por ser con ellos con
quien se tiene que llevar a cabo la reconciliación, de allí la importancia de que
los juicios se desarrollen de forma pública.
De esta manera, y solo para dar mayor evidencia a nuestro argumento, algu-
nos autores están de acuerdo con la sugerencia de que estos juicios han ayuda-
do a apaciguar el dolor causado por el genocidio, traer justicia y rehabilitación
social a las personas que sufrieron actos de violencia, y, con ello, contrarrestar
54 la transmisión intergeneracional del trauma (Karbo y Mutisi 2008). Algo suma-
mente importante para sociedades que han sufrido de actos tan atroces como el
DOSIER
genocidio, y que en Ruanda ha tenido avances considerables desde entonces.

Un ejemplo de ello radica en el cierre del Tribunal Penal Internacional para
Ruanda y de los Tribunales Gacaca, el 31 de diciembre de 2015 y el 4 de mayo
de 2012, respectivamente. La experiencia de Ruanda con los tribunales Gacaca
y la idea generalizada de que Ubuntu es una filosofía para la acción pacífica en
el África subsahariana, son una muestra clara de que existen alternativas al pa-
radigma de paz universal. En este sentido, Ruanda ha dado un paso trascenden-
tal que implica alejarse de la paz impuesta en el sistema internacional y que
cuestiona su viabilidad en numerosas sociedades, especialmente en aquellos
países que siguen en conflicto a pesar de los esfuerzos de organismos interna-
cionales y regionales.
El caso somalí
La experiencia de Somalia ofrece una prueba más de que la paz puede abordarse
desde diferentes visiones. En este país del Cuerno de África, la estructura histó-
rica del parentesco se basa en un tipo de linaje paternal o agnaticio conocido
como clan, al cual pertenecen sus miembros según el antepasado de quien pro-
vienen. El clan forma una especie de contrato social que define los términos de
la unidad colectiva dentro y entre los clanes, y en el que la responsabilidad de
las acciones de los individuos es asumida por la colectividad del clan, con quie-
nes todo individuo comparte compromisos en términos de deberes y derechos.
De acuerdo con el reporte del Centro Austríaco de Investigación y Documen-

tación sobre el País de Origen y Asilo de la Cruz Roja Nacional, esta estructura
de linaje, que caracteriza a los somalís nómadas-pastoriles, como mayoría de-
mográfica en el país, se divide en las siguientes categorías:
1. Clan-familia: generalmente, es el límite superior del clan y puede llegar

a contar con hasta 30 generaciones ligadas a un antepasado común. En
Somalia, su distribución no corresponde a las fronteras políticas esta-
blecidas durante el colonialismo y asimiladas por el Estado somalí des-
pués de su independencia, por lo que esto representa un motivo de con-
flicto dentro y fuera del país.
2. Clan y sub-clan: con hasta 20 generaciones ligadas a un antepasado co-
mún, actúa como una unidad política y con cierto grado de “exclusivi-
dad territorial” sobre el espacio en el que realiza sus desplazamientos
estacionales regulares hacia pastizales y asentamientos semi-perma-
nentes. Esta parte de la estructura de linaje no cuenta con algún tipo de
organización política centralizada, más bien es liderada por un miem- 55
bro del clan conocido como “cabeza del clan”. El sub-clan es parte de la
DOSIER
estructura mayor y hace referencia a miembros pertenecientes a un gru-
po de 10 generaciones (Gundel 2009).
3. Linaje primario: se trata de una estructura particular del clan que des-
cribe el sentimiento de pertenencia de sus miembros a un determinado
linaje, por lo general dentro del marco de 6 y 10 generaciones.
4. Grupos Mag: es la unidad más básica, funcional e importante del clan
para cada uno de sus miembros. Se trata de un pequeño grupo de per-
sonas (perteneciente a un linaje en particular) que se compone de unos
cientos a unos pocos miles de personas que se identifican con un ances-
tro común, alrededor de 4 a 8 generaciones. Estos grupos regulan sus
relaciones sociales y políticas a través de los contratos Xeer, que no son
más que las leyes consuetudinarias históricas de Somalia aplicables
dentro y entre los grupos Mag (Gundel 2009).
El significado de la palabra Mag en idioma somalí es “ataque”, aunque tam-

bién es utilizada en la frase Ebbahai baku la magai que significa “Dios ha decre-
tado esto sobre ti”. En este sentido, podemos deducir que Mag hace referencia a
la voluntad de Dios sobre actos negativos de las personas, en particular el homi-
cidio, acto castigado por el pago de una sanción económica que es impuesta a
todo el grupo como colectividad que responde a los actos del individuo homicida.
Esto es importante de analizar ya que el pago del Mag como vía institucional
de solución de conflictos se vio fuertemente mermado, desde el estallido de la
guerra civil en 1991 hasta la actualidad, como consecuencia del contexto de vio-
lencia e inestabilidad producto de las disputas internas y de las fallidas estrate-
gias de imposición de la paz ejecutadas por la Unión Africana y su omp desple-
gada desde 2008, así como a otros factores tales como la pérdida de ganado
producto de las sequías y la degradación ambiental.
En suma, se ha generado una situación cuyas características generales no
solo imposibilitan la resolución de conflictos entre los somalís, sino que des-
mantelan un mecanismo histórico de contención de la violencia y abren la puer-
ta a la comisión de delitos como el homicidio, sin asumir la responsabilidad de
los actos ni individual ni colectivamente. Por ejemplo, a inicios de 1993, los ni-
veles de violencia eran tan altos que hicieron que las fuerzas de mantenimiento
de la paz de la onu, desplegadas en la misión onusom i, y de las de Estados Uni-
dos, desplegadas en la misión Fuerza de Tarea Unificada (unitaf) se hicieran
víctimas de constantes ataques, robos y saqueos en sus instalaciones y en los
corredores internacionales de ayuda humanitaria.
La onu, consciente de que las operaciones militares serían poco fructíferas
56 sin un proceso de diálogo, coadyuvó a la realización de unas conferencias que
facilitaran el proceso de negociación de la paz. Estas se desarrollaron del 4 al 15
DOSIER
de enero de 1993; y en marzo de ese mismo año, siguieron llevándose a cabo en

el vecino país de Etiopía. Los resultados fueron los siguientes acuerdos: el
Acuerdo General del 8 de enero de 1993; el Acuerdo sobre el cumplimiento de
la cesación del fuego y sobre las modalidades de desarme; y, el Acuerdo sobre
el establecimiento de una comisión ad hoc para una conferencia sobre la recon-
ciliación nacional.
Sin embargo, el principal problema fue que estas conferencias nunca con-
templaron la forma histórica de resolución de conflictos basada en el Xeer, que
describimos anteriormente, ni otorgó la importancia suficiente a la estructura
de clanes. Al contrario, forjadas al más puro estilo occidental, su objetivo era
buscar una solución rápida a través de la negociación entre las partes en conflic-
to, particularmente entre los líderes de las dos principales facciones en conflic-
to, Mohamed Farah Aidid y Ali Mahdi, sin un análisis previo de quienes debían
estar presentes en dichas negociaciones o sus razones e intereses para llegar a
una paz consensuada. En 1995, el autor Gerard Prunier expresaba al respecto:
Los nómadas, que deberían estar contentos de que la comunidad mundial haya deci-
dido “ayudarlos”, tuvieron que adaptarse a los caminos occidentales y hacer la paz de
una manera civilizada, es decir, no reclinándose durante meses bajo los árboles, com-
poniendo poemas y hablando de guerras pasadas, sino sentándose en las mesas de
las habitaciones con aire acondicionado y poniendo sus firmas en el fondo de un pe-
queño pedazo de papel.
Las asambleas de clanes y entre clanes, así como las deliberaciones de los
ancianos quienes las presiden, obedecen a otras prácticas y lógicas, así como a
otros tiempos y espacios fuera del paradigma de paz universal. Para Prunier,
esta distancia explica cabalmente la falta de compromiso de las partes en las
negociaciones impuestas por la onu, dado el desconocimiento o deliberada in-
tención de no cumplir con lo acordado en las conferencias de paz, ni lo que la
comunidad internacional esperaba de estos acuerdos, ya que su firma en dichos
“papeles” no les confería ningún sentimiento de compromiso.
En consecuencia, como era de esperar, los tres acuerdos no generaron los
resultados esperados por Estados Unidos y la onu. En la evaluación de sus ac-
ciones, encontraremos que, erróneamente, tomaron con ingenuidad el contexto
en el que se desenvolvían los combates y la naturaleza del conflicto, creyendo
que los problemas de inseguridad se resolverían manteniendo la paz con mili-
tares y equipo militar, y, finalmente, que la operación carecía de conocimiento
sobre las formas de organización social y política de la sociedad somalí, así
como sus mecanismos más importantes en la resolución de sus conflictos.
57
DOSIER
Conclusiones
Definir la paz representa todo un reto para la academia y para nuestras socieda-
des. El vacío que existe actualmente en este concepto ha propiciado la creación
de estructuras de poder político, económico, social y cultural en el mundo, mis-
mo que ha forjado una serie de valores y principios que suelen asociarse erró-
neamente con un concepto de paz universal. El orden mundial forjado desde la
creación de la onu y las respectivas transformaciones que sufrió durante la se-
gunda mitad del siglo xx, y comienzos del siglo xxi, consiguió que a través de
los Estados asumiéramos una idea de paz ligada estrechamente a la seguridad
de unos cuantos Estados que por su poderío en el sistema internacional han im-
puesto sus intereses y su visión de orden como sinónimo de paz.
En efecto, a nivel internacional tiene mayor peso la aceptación y el recono-
cimiento de un Estado sobre el gobierno de otro Estado, que el reconocimiento
de la satisfacción de las necesidades básicas de su población. Aquellas luchas
sociales en busca de justicia respecto del orden político, económico o cultural
que la subyuga, se reprimen o se ignoran bajo la idea de que transgredir el or-
den equivale a transgredir la paz dominante. Es por esta relación tan compleja
que algunos conflictos en el mundo aún no se han resuelto o simplemente no
son objeto de atención mediáticamente hablando.
En este sentido, las experiencias africanas ofrecen solo una de muchas apro-
ximaciones al concepto de paz. Tal vez podría parecer que los juicios Gacaca
son demasiado diferentes a los métodos de resolución de conflicto occidenta-
les, como han informado algunas ong’s; o que los mecanismos de resolución de
conflictos basados en el Xeer, el Mag y en la organización tribal tienen un carác-
ter ajeno o “atrasado” al funcionamiento de nuestras sociedades. No obstante,
estas diferencias más allá de ser un obstáculo para su comprensión representan
una posibilidad y un paso muy importante en el reconocimiento de prácticas y
filosofías alternativas al paradigma de paz dominante en el que se fundamenta
el sistema internacional en su conjunto.
Es por eso que tal vez ha llegado el momento de entender que la paz es el
reconocimiento de nosotros mismos como seres humanos y de nuestra capaci-
dad como colectividad para resolver nuestros conflictos y vivir en armonía en-
tre nosotros y el entorno que nos rodea. Por supuesto, no podemos olvidar que
cada acción pequeña o grande hacia la paz seguirá siendo vulnerable si no nos
comprometemos con la propiedad de nuestro futuro.
Es tiempo de pensar en la paz no como una paz universal, sino como una
paz heterogénea, llena de experiencias y posibilidades que podemos compartir.
Es momento de retomar nuestra importancia como seres humanos y colectivi-
58 dad frente a los mecanismos del poder estatal, y escuchar y compartir lo que
nuestras sociedades en el mundo tienen por decir y que ya han silenciado por
DOSIER
tanto tiempo.
Referencias
Abuya, Pamela, Nyarwath, Oriare et al. Thought and practice in African philoso-
phy. Nairobi, Kenia: Konrad Adenauer Foundation, 2002.
Bain, William. The new paternalism: between anarchy and society: trusteeship and
the obligations of power. Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2003.
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores,
2002.
Gundel, Joakim. Clans in Somalia. Report on a lecture. Viena, Austria: Cruz Roja
Austriaca, 2009.
Kant, Immanuel. Sobre la paz perpetua. Viena, Austria: 1795.
Karbo, Tony, Mutisi, Martha. Psychological aspects of post-conflict reconstruction:
Transforming mindsets: The case of the Gacaca in Rwanda. Accra, Ghana:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2008.
Mawere, Munyaradzi, Mubaya, Tapuwa. African Philosophy and thought systems.
A search for a culture and philosophy of belonging. Abakwa, Camerún: Lan-
gaa Research and publishing cig, 2016.
Mugumbate, Jacob, Nyanguru, Andrew. «Exploring African philosophy: The va-
lue of Ubuntu in social work.» African Journal of Social Work, 3(1), Harare,
Zimbabue: University of Zimbabwe, 2013.
Nabudere, Dani. Ubuntu philosophy. Memory and reconciliation. Texas, Estados

Unidos de América: The University of Texas at Austin, 2005.
onu. ¿Qué es el mantenimiento de la paz? Nueva York, Estados Unidos de Amé-
rica: Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 2017.
http://www.un.org/es/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml
———. An agenda for peace: Preventive diplomacy, peacemaking and peacekee-
ping. Nueva York, Estados Unidos de América: Repertoire of the Practice of
the Security Council, 1992.
———. Carta de las Naciones Unidas. San Francisco, Estados Unidos de América:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, 26 de
junio de 1945.
———. Resolución A/RES/52/13. Nueva York, Estados Unidos de América: Asam-
blea General de Naciones Unidas, 15 de enero de 1998.
Programa de Divulgación sobre el Genocidio de Rwanda y Naciones Unidas. The
justice and reconciliation process in Rwanda. Kigali, Ruanda: Departamento
de Información Pública, 2014.
Prunier, Gérard. Somalia: Civil War, intervention and withdrawal 1990-1995. 59
Londres, Reino Unido: writenet, 1995.
DOSIER
Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, España,
2016. http://dle.rae.es/?id=L5nDVC2
República de Ruanda. Gacaca Courts in Rwanda. National Service of Gacaca
Courts. Kigali, Ruanda: Gobierno de Ruanda, 2012.
Reyes, Guillermo. «Las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Actualidad y
perspectivas.» En María Cristina Rosas (coord.), Las operaciones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas: lecciones para México, México, Dis-
trito Federal, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, 81-98.
Tutu, Desmond. Who we are: Human uniqueness and the African spirit of Ubun-
tu. Pennsylvania, Estados Unidos de América: Templeton Prize, 13 de abril
de 2013. https://www.youtube.com/watch?v=0wZtfqZ271w
DOSIER
Angélica Giraldo Durán*, Adrián Gutiérrez Álvarez del Castillo**

Violencia y paz en Colombia: una mirada
desde la reproducción del capital
en América Latina
Violence and peace in Colombia: A look from the reproduction
of capital in Latin America
Resumen | En el contexto actual de la implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia,

resulta pertinente elaborar reflexiones que permitan la comprensión de los procesos cam-
biantes que han determinado la violencia en este país, así como la identificación de sus fun-
damentos en el conjunto de la sociedad actual. En ese sentido, el objetivo de este documen-
to es hacer explícita la relación que existe entre la violencia colombiana y las formas que ha 61
adoptado la reproducción del capital en Colombia desde el siglo XIX hasta la actualidad. De
ese modo, proponemos, en primer lugar, un acercamiento a las especificidades de la violen-
cia en dos momentos históricos que guardan relación con el establecimiento y cambio de
los patrones que han guiado la reproducción del capital en el país; en segundo lugar, anali-
zamos el contexto actual en el que se desarrolla el conflicto armado colombiano; y a partir
de ello, finalmente, identificamos los puntos en común, las divergencias y los intereses que
subyacen en el tratamiento que se le ha dado a la violencia y a la paz en los proyectos polí-
ticos de los dos últimos gobiernos.
Palabras clave | Colombia, violencia, reproducción del capital, discurso, guerra, paz.
Abstract | In the current context of the implementation of the Acuerdos de la Paz in Colom-
bia, it is relevant to elaborate reflections that allow an integral comprehension of the chang-
ing processes that had determined the violence in this country, and the identification of its
bases in the set of the contemporary society. In that way, the objective of this document is
to make explicit the relation between Colombian violence and the concrete forms that has
assumed, from the nineteenth century to the present, the reproduction of capital in Colom-
Recibido: 27 de noviembre de 2017. Aceptado: 24 de enero de 2018.
* Economista de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en geogra-

fía en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.
Correo electrónico: angiraldodu@gmail.com
** Licenciado y maestro en geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la unam.
Correo electrónico: guadrian2@hotmail.com
Giraldo Durán, Angélica y Adrián Gutiérrez Álvarez del Castillo. «Violencia y paz en Colombia: una mirada desde la repro-
ducción del capital en América Latina.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 61-81.
bia. Based on this, we propose, in first place, an approach to the specificities of violence in
two moments that are linked to the establishment and change of the patterns that has fol-
lowed the capital for its reproduction in the country; in second place, we analyze the devel-
opment of the Colombian armed conflict in the current context; and finally, we identify the
common aspects, the divergences and the interests that underlie the treatment of violence
an peace in the political projects of the last two governments.
Keywords | Colombia, violence, reproduction of capital, discourse, war, peace.
Consideraciones sobre la violencia en Colombia

En la organización social capitalista, el cúmulo de relaciones que dimensionan
la vida social es organizado y articulado por una actividad unificadora que no
puede revelarse sin negarse a sí misma. A saber, por la lógica del capital, cuyo
despliegue imprime de manera diferencial y jerárquica la carga excedente del
significado de la relación capital-trabajo a la totalidad de las relaciones sociales
que envuelve. Esto, que en todo caso se traduce en explotación y dominio de
62 clases, pone de manifiesto que la estructura misma del orden social necesita,
como condición de existencia y medio de reproducción, de una violencia que le
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posibilite dirigir sus finalidades a la expropiación del trabajo social para la acu-
mulación y la reproducción del capital, así como a la imposición e interioriza-
ción social de las condiciones que reclama su proyecto civilizatorio.
Sin embargo, ya que el capital presenta distintos niveles de abstracción y de
concreción, el análisis de su movimiento y de la violencia que lo dinamiza en
situaciones concretas, implica considerar un mayor número de determinaciones
históricas y sociales e, incluso, reconocer los matices derivados de la incidencia
de la lucha de clases local. Pues el modo en el que las tendencias generales de
la reproducción del capital se sintetizan “en espacios geoeconómicos (econo-
mías centrales o dependientes) y momentos históricos específicos [...] no solo
reproduce la relación social capital-trabajo, sino que también reproduce y re-
crea formas específicas de aquella relación” (Osorio 2014, 85).
En ese sentido, consideramos que la noción de patrón de reproducción del
capital, elaborada en Latinoamérica por diversos teóricos marxistas de la
dependencia,1 constituye una herramienta teórico-metodológica de relevancia
para el análisis de los diferentes países que conforman la región, ya que da
1 Cfr. Marini, Ruy Mauro. Dialéctica de la dependencia. México: Era, 1973; Marini, Ruy Mau-
ro. “Sobre el patrón de reproducción de capital en Chile”, Cuadernos cidamo, 7: 1-31, 1984;
Osorio, Jaime. Teoría marxista de la dependencia. México: Ítaca, 2015; Sotelo, Adrián. “El
capitalismo contemporáneo en el horizonte de la teoría marxista de la dependencia”, Argu-
mentos, 26(72): 77-95, 2013.
cuenta de la tendencia del capital a asumir formas particulares y a establecer

pautas en sus aspectos centrales (como en las modalidades de explotación, en
las transferencias de valor y en las relaciones de subordinación) que funcionan,
en ciertos espacios y tiempos, para resolver las contradicciones propias de la
reproducción mundial del capital. Además, creemos que el carácter concreto de
dicha noción, puede ser de utilidad para comprender que, si bien la violencia
constituye una característica esencial del desarrollo del capitalismo, la manera
en la que se manifiesta y se ejerce (ya sea por medios materiales o simbólicos)
en situaciones particulares, guarda una estrecha relación con la manera en la
que se sintetiza la reproducción del capital y, por lo tanto, el patrón que esta-
blecen sus proyectos imperantes.
De ese modo, a continuación presentamos algunos elementos que permiten
identificar, en el caso de Colombia, las diferentes tendencias y las mediaciones his-
tóricas que ha seguido el capital para su reproducción mundial, regional y sobre
todo, para su síntesis en este país. Tendencias y mediaciones que, por su natura-
leza subordinada, tienen en común el detrimento ampliado (e incluso la puesta en
cuestión) de la vida de la población, mediante la acción de una violencia indisocia- 63
ble de la lógica del capital que condiciona y rebasa sus expresiones más visibles.
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Pues a pesar de que desde mediados del siglo pasado la violencia colombiana ha
sido tema de polémicas teóricas y políticas, así como de discusiones cotidianas
entre investigadores, instituciones, organizaciones civiles y la sociedad en gene-
ral, muchas veces se han analizado sus causas, sin considerar la relación que guar-
dan con la historia del capitalismo en la región y, más aún, con el proceso propio
de la reproducción del capital en el país, el cual subyace en sus diferentes mani-
festaciones y determina, de alguna u otra forma, el contexto en el que se desarro-
lla, los objetivos que persigue y la participación de los sujetos implicados en ella.
Cabe mencionar que desde mediados del siglo pasado las aproximaciones a
la violencia en Colombia han sido diversas, tanto en enfoques, temas y metodo-
logías, como en el énfasis de su definición y de sus variaciones históricas. Es
por ello que en un esfuerzo por sistematizar la heterogeneidad de fuentes sobre
el tema, Gonzalo Sánchez (2015) las distingue y caracteriza en dos grupos: el
primero, que enmarca textos de comienzos y mediados del siglo xx, comprende
la literatura apologética de la violencia elaborada por las élites y las institucio-
nes asociadas a ellas; la literatura testimonial constituida por las narraciones de
sus protagonistas o de víctimas en periodos muy cortos y en lugares específi-
cos2 y los nuevos estudios sobre la violencia que giraron en torno a la reinter-
2 Por ejemplo, el relato de 1955 titulado “Las guerrillas del Llano” del guerrillero Eduardo
Franco Isaza. Medellín: Lealon, 1986.
pretación de la obra de Germán Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna La violencia

en Colombia,3 la cual fue el “primer intento de globalización descriptiva del fe-
nómeno elaborado con base en informaciones de primera mano, puesto que los
autores tuvieron la oportunidad de recorrer las zonas más afectadas” (Sánchez
2015, 22).
Dicha obra no solo sería un precedente importante para la posterior institu-
cionalización universitaria de los estudios sobre la violencia, sino también para
el comienzo de interpretaciones en las que se vincula el origen y los efectos so-
ciales del fenómeno, con el desarrollo económico nacional. A decir de Sánchez,
los estudios que se desprendieron de ello están vigentes en la actualidad y con-
forman un segundo grupo de fuentes,4 caracterizadas por el redescubrimiento
de la violencia en el amplio espectro de las ciencias sociales, y por el interés en
profundizar en los contextos (políticos, económicos, sociales) generales y parti-
culares en los que se produce, la pluralidad de sus manifestaciones y sus diver-
sas interrelaciones desde perspectivas que enfatizan la coyuntura, la larga du-
ración o las continuidades-discontinuidades históricas a diferentes escalas.
64 Sin embargo y pese a su diversidad, destaca que entre las fuentes compren-
didas en el segundo grupo que plantea Sánchez, prevalece el reconocimiento
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explícito o implícito de por lo menos tres aspectos: 1) del papel del Estado y la
configuración bipartidista de su aparato que, desde el siglo xix hasta la actuali-
dad, caracteriza, por una parte, las disputas entre los proyectos de las diferen-
tes fracciones de la clase dominante y el constante conflicto con los dominados
y, por otra, los diferentes medios (coercitivos o consensuales) para saldar las
rivalidades; 2) de la emergencia de una de las más grandes insurrecciones con-
temporáneas en Colombia, producto de las contradicciones de lucha de clases a
mediados del siglo xx, como proceso determinante de la guerra continua entre
grupos armados: guerrilla, paramilitares y poder político-ejército, con tensio-
nes y/o vínculos complejos; y, 3) de las diferentes manifestaciones de la violen-
cia, ya sea por su connotación escalar (nacional, regional o local), por las estra-
tegias y los impactos de los grupos implicados, o bien por la caracterización
cuantitativa o cualitativa de su brutalidad.
Aunque estos aspectos han estado presentes en varios momentos de la his-
toria y la historiografía colombianas, consideramos que es pertinente profundi-
3 Bogotá: Taurus, (2005) [1962].

4 De acuerdo con Sánchez (2015) algunas de las obras más representativas de este grupo
son: Palacios, Marco. Entre la legitimidad y la violencia, Colombia 1875-1994. Bogotá: Nor-
ma, 1995; Sánchez, Gonzalo. Guerra y política en la sociedad colombiana. Bogotá: El Ánco-
ra, 1991; Deas, Malcom y Llorente, María V. (comps.). Reconocer la guerra para construir la
paz. Bogotá: Uniades-Cerec-Norma, 1999.
zar en las diferentes manifestaciones y los matices que la violencia ha presen-

tado a partir de la funcionalidad y la relación que han tenido en distintos
momentos con el establecimiento de las condiciones para la realización históri-
ca de ciertos proyectos de clase. En ese sentido identificamos que, en un primer
momento, posterior a la consolidación de la independencia política, el origen de
los conflictos sociales y de las guerras civiles en Colombia tuvo que ver con la
fuerte división entre las oligarquías locales, la Iglesia y el Estado, con la particu-
laridad de que en las representaciones partidistas de estos grupos (liberal o
conservadora), había desde entonces muy pocas diferencias en materia política
y económica. Además de que en “este tipo de guerras las fracciones de la clase
dominante participaban proporcionando no solo la orientación político-econó-
mica, sino también la dirección militar” (Sánchez 2015, 18).
Ello aseguró las condiciones políticas necesarias, tanto para el sometimien-
to y disciplinamiento de la fuerza de trabajo, como para el cercamiento de tie-
rras que caracteriza el proceso general de inserción dinámica de las naciones
latinoamericanas en la división internacional del trabajo, como productoras de
materias primas y alimentos. En este marco, Colombia en particular presenció 65
una fuerte disminución de las exportaciones de minerales como oro y plata
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(fuente principal de la riqueza extraída hasta antes de 1850) y una demanda cre-
ciente de producción agrícola (tabaco, algodón, quina, añil y, sobre todo, café y
plátano) por parte de los mercados externos, la cual se dio junto al incremento
de las importaciones de bienes de consumo (LeGrand 2015). A decir de Renan
Vega (2002), aunque este proceso se inició en ciertas regiones y ciudades, hacia
1870 y 1930 se extendería por todo el territorio, apoyado de la construcción de
infraestructura de transportes (ferrocarriles, puertos, carreteras) y de la implan-
tación de “enclaves imperialistas”, en los cuales se produciría petróleo, banano
y caucho en las condiciones de trabajo extremas que definen las formas que
asumió la violencia cuando el patrón de la reproducción del capital en Colombia
giraba en torno a la exportación agro-minera. Pues estos sectores, como es el
caso de la producción cauchera (emplazada en la Amazonía colombiana), solo
pudieron sostenerse por el sometimiento de una gran número de indígenas a un
“sistema esclavista y criminal de trabajo que [terminó por aniquilarlos] por
completo no solo de Colombia, sino de otros países de la cuenca amazónica”
(Vega 2002,16).
Todo ello estableció la pauta para la reproducción del capital en el país has-
ta las primeras décadas del siglo xx, en términos de una triple dimensión que
cambiaría más adelante: “de los valores de uso en los que encarna, de los proce-
sos de explotación que establece, y de la subordinación y dependencia en que
se mueve frente a los capitales de las economías imperialistas” (Osorio 2005, 4).
De manera que, en un segundo momento, uno de los más álgidos en la historia
colombiana, la violencia adquirió nuevas formas producto de la creciente diver-

sificación social que trajo consigo el avance de la industrialización. Dentro de la
historiografía colombiana, este periodo, comprendido entre 1940 y 1960 apro-
ximadamente, ha sido denominado “La Violencia” debido al reconocimiento de
una confrontación mucho más evidente entre las clases dominadas (sociedad
civil, obreros y, sobre todo, campesinos) y las diferentes fracciones de la clase
dominante. Aunque en este conflicto, “la guerra misma, su conducción en el pla-
no militar, la hizo el pueblo y principalmente el campesinado” (Sánchez 2015,
18), disputando, en principio, su representatividad partidista en el aparato es-
tatal. Destaca pues, el carácter insurgente que tomó el conflicto y, sobre todo,
su esencia agraria que contrastaba fuertemente con el predominio industrial
que experimentó la economía colombiana durante ese periodo. Por lo demás,
consideramos que en esta contradicción, escasamente reconocida, es posible
encontrar algunas pistas para interpretar los vínculos entre la lucha de clases de
la que da cuenta la periodización de la llamada “Violencia” y las formas, los me-
dios y los efectos producidos por el cambio del patrón con el que se reprodujo
66 el capital en Colombia en ese momento.
Al respecto, Ruy Mauro Marini (1973) señala que la industrialización latinoa-
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mericana da cuenta de una nueva jerarquización de la economía mundial capi-

talista, basada en la redefinición de una división internacional del trabajo en la
que, producto del progreso técnico, las etapas inferiores de la producción fue-
ron transferidas a las periferias en condiciones de mayor explotación, tanto en
términos de intensificación y de elevación de la productividad del trabajo, como
de la tendencia a remunerar al trabajador en proporción inferior a su valor real,
lo que permitió que la “acumulación [dependiera] en lo fundamental más del au-
mento de la masa de valor —y por ende de plusvalía— que de la cuota de plusva-
lía”, pues el hecho de que las mercancías producidas estuvieran destinadas a
realizarse en el mercado mundial, terminó por separar al interior de las econo-
mías “el aparato productivo de las necesidades de consumo de masas” (Marini
1973, 72). De modo que el auge industrial en la región implicó la agudización de
las relaciones de dependencia frente al capitalismo central, bajo modalidades
nuevas, vinculadas con la reducción de las importaciones “de bienes de consu-
mo y su reemplazo por materias primas, productos semielaborados y maquina-
ria destinados a la industria” (Marini 1973, 66), es decir, por la importación de
capital para ramas, en su mayoría, productoras de bienes suntuarios (tanto ma-
nufactureros como agroindustriales).
Sin embargo, debido a que en algún momento ello supuso serios problemas
para la realización del volumen creciente de mercancías, mediante el interven-
cionismo estatal y la inflación, verificados como tendencias generales en Latino-
américa, se dio un acercamiento relativo y corto de las capas inferiores naciona-
les al consumo, incluyendo al de bienes suntuarios. En Colombia en particular,

ello incentivó una urbanización acelerada y la migración masiva de población
rural que buscaba —de manera forzada o “voluntaria”— nuevas oportunidades
en los núcleos regionales industriales (de textiles, cemento y energía), acompa-
ñada de una reconfiguración de la agricultura de exportación (principalmente y
ahora de manera ampliada e industrial, de plátano y de café) que se desarrolló
en medio de disputas abiertas entre colonos, terratenientes y empresarios por
la propiedad de la tierra y el tipo de trabajo.
Esto último puso de relieve la transformación del fundamento de la “diferen-
ciación espacio-temporal entre lo rural y lo urbano” (Echeverría 2013, 13) en el
país, es decir, el cambio en su estructura productiva-consuntiva según las ten-
dencias de un patrón de reproducción del capital, fundado en una industria o
agroindustria carente de bases jurídicas o políticas que posibilitaran la incorpo-
ración plena de la tierra y la fuerza de trabajo para la producción en la totalidad
del territorio, pues el despliegue de dichas tendencias se dio sin afectar el régi-
men —defendido por la clase terrateniente conservadora— de la gran propiedad
privada de la tierra,5 que se había concentrado en Colombia desde el siglo ante- 67
rior y que excluía a la clase trabajadora rural y a las mayorías campesinas.6
DOSIER
Ello condicionó, por una parte, “la insuficiente capacidad de respuesta de la
producción agrícola frente a las demandas de materias primas y alimentos pro-
pias del proceso de industrialización” y, por otra, la emergencia de “dinámicas
de relación espacial a través de procesos de toma de tierras y de colonización
campesina, los cuales, además de ampliar la frontera agrícola, terminaron so-
metidos a la activación recurrente de dispositivos de violencia y despojo de las
tierras así valorizadas” (Estrada 2015, 7). Esto dio pie a la insurrección y al con-
5 Los diversos intentos por modificar la estructura agraria durante el siglo xx (aunque en
aras de favorecer el desarrollo capitalista) fueron truncados, en general, por los sectores
terratenientes o latifundistas conservadores. Entre esos intentos estuvo el establecimiento
de la ley 200 de 1936 o “Ley de Tierras” que buscaba regular la propiedad agraria, pero que
fue ampliamente debilitada por dichos sectores conservadores mediante presiones políti-
cas y luego a través de la confrontación armada en el contexto de La Violencia. Posterior-
mente, con el patrocinio del gobierno norteamericano y en el marco de la Alianza para el
Progreso, fue planteada la ley 135 de 1961 que establecía la Reforma Social Agraria; medida
que fue rechazada de manera frontal por los grandes terratenientes y empresarios agríco-
las (Fajardo 2014).
6 En 1954 “1) de 800,000 propietarios rurales, más de la mitad solo poseían parcelas con
una superficie promedio inferior a 2 hectáreas y ocupaban no más del 3.5% de la superficie
ocupada en ese momento; 2) menos del 60% de la población rural activa, cerca de 1,200,000
campesinos carecían de tierra; 3) al mismo tiempo, no más de 25,000 propietarios, el 3% de
ellos, monopolizaban el 55% de las tierras utilizables ‘no trabajadas en su gran proporción
o utilizadas solo extensivamente con ganadería o mediante cultivos con aplicación de sis-
temas medievales’.” (Toro 1985 citado en Fajardo 2014, 42).
flicto brutal de la guerrilla colombiana, del movimiento obrero y en sus comien-

zos, de la sociedad civil con el Estado, ya no solamente para la incorporación
popular al aparato estatal, sino incluso para la transformación radical de las
condiciones económicas, políticas y sociales que imperaban.
En ese sentido, la introducción de formas industriales en Colombia se acom-
pañó de una reconfiguración del territorio que trajo consigo la emergencia de
nuevas formas de explotación, de violencia y de despojo que, agravadas por la
permanencia del latifundio improductivo, especialmente ganadero, [y] la pro-
piedad minifundista” (Estrada 2015, 7), terminaron por golpear con especial
fuerza a los trabajadores agrarios, tanto a los que permanecieron en el campo
como a los que fueron desplazados a las ciudades para favorecer el abarata-
miento del conjunto de la fuerza de trabajo. Sin embargo, los efectos más signi-
ficativos de este proceso se presenciaron en la producción cafetera, la cual se
posicionó como la principal actividad exportadora y generadora de las divisas
requeridas por el avance de la industrialización, convirtiéndose así (aunque no
sin conflictos con las demás fracciones de la clase dominante) en el sector en
68 torno al cual girarían las políticas económicas durante este periodo.
Pese a ello, como menciona Jairo Estrada, lo anterior no fue indicativo de un
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programa de industrialización continuo y sistemático dirigido por el Estado co-

lombiano, sino, más bien, de uno que profundizaba la dependencia, es decir, el
“predominio de la exposición a la economía mundial y la apertura a la inversión
extranjera” (2015, 8), lo que devino en el control y la monopolización del mer-
cado interno por parte del capital transnacional, así como en la creación de po-
líticas proteccionistas que intentaron dirimir el antagonismo entre las burgue-
sías agrarias, industriales y los antiguos terratenientes (tanto los partidarios del
partido conservador como del liberal) para dirigir su atención hacia las deman-
das crecientes de café. No obstante, esta medida estatal se enfrentaría con el
problema que sugerían los “pequeños y medianos productores [de otros bienes],
los sectores intelectuales, los obreros y empleados urbanos, es decir, la clase
trabajadora” (Estrada 2015, 9) que estaba en formación y crecimiento.
En términos generales, lo anterior constituye lo que de manera mayoritaria-
mente peyorativa y vaciada de contenidos de clase define la periodización ofi-
cial de este momento en la historia colombiana y cuya función ideológica ha
sido central para asignar “a la Violencia el carácter de un Gran Sujeto Histórico
trascendente, exterior a los sujetos implicados en el conflicto y que como tal,
[…] permite despersonalizar las responsabilidades” (Sánchez 2015, 19) de quie-
nes la hicieron fungir, según los proyectos que representaban en el aparato es-
tatal, como mediadora para la transformación económica, política y cultural que
demandaba el capital para su reproducción en Colombia. Aunque, a decir de Es-
trada (2015), además de que en este periodo de despliegue y expansión indus-
trial capitalista se activaron mecanismos de disciplinamiento y de control mu-

cho más extremos que desestructuraron algunas luchas, se dio pie a otras con
cualidades totalmente distintas.
En efecto, si la acusada “Violencia” había cobrado la vida de por lo menos
200 a 300 mil personas, y el desplazamiento forzado de otros 2 millones (Rueda
2000), para darle fin a este periodo, el Estado requería encontrar vías para sol-
ventar las disputas constantes entre los partidos Liberal y Conservador. Una de
ellas fue la conformación en 1958 del Frente Nacional, que acordaba la alternan-
cia del poder, la división equitativa de los cargos burocráticos y la realización
concertada de los proyectos burgueses de las fracciones de clase implicadas.
Sin embargo, con el debilitamiento del proceso de industrialización al que se
asistió a finales de la década de los cincuenta, producto del agravamiento de la
crisis de sobreacumulación del capital en el mundo, las medidas tomadas por el
Frente Nacional generaron rápidamente una gran acumulación de demandas por
la escasa representatividad política-económica de los grupos subalternos, que
llevaron a los movimientos populares (rurales y urbanos) a distanciarse de los
núcleos guerrilleros liberales a los que se habían anclado para enfrentar el con- 69
servadurismo estatal.
DOSIER
A partir de entonces, la violencia que se había ejercido con especial rigor
contra el campesinado tomó un sentido distinto que, siguiendo el estímulo po-
lítico de los levantamientos socialistas y comunistas que se desarrollaron en
otros puntos de Latinoamérica durante ese periodo, estuvo dirigido “a la contes-
tación armada, en la forma de autodefensa y de guerrilla campesina” (Estrada
2015, 10). Indudablemente, el ejemplo más significativo de ello lo constituye la
conformación en 1964 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(farc) y del Ejército de Liberación Nacional (eln), que elaboraron planes milita-
res con una fuerte impronta de transformación agraria y de empoderamiento
campesino, justamente en un momento en el que el patrón industrial que había
asumido la reproducción del capital en el país estaba por entrar en un nuevo
proceso de reestructuración que parecía reposar en el deterioro aún mayor de
las condiciones de vida no solo de los campesinos, sino del conjunto de la fuer-
za de trabajo colombiana.
La actualidad de la violencia para la reproducción del capital

A decir de Estrada, a partir de los sesenta comenzaron a hacerse notorios los
signos del deterioro y el fracaso político del patrón industrial que había seguido
el capital para su reproducción en Colombia, no solo porque entonces la econo-
mía debió abrirse al comercio, pues no logró consolidar la esperada producción
de bienes intermedios y de capital; sino también, porque registró la pérdida de
la centralidad de la producción cafetera, que presionó “la generación de rentas

sustitutivas para compensar los efectos sobre la balanza de pagos [...] y la polí-
tica macroeconómica” (2015, 11), lo cual tuvo fuertes impactos en materia de
producción e ingresos, sobre todo en los trabajadores agrícolas, que se vieron
obligados a buscar otras vías de supervivencia. Es por ello que, a comienzos de
los años sesenta, el Estado enfrentó el problema rural con una propuesta de re-
forma a la Ley Agraria, que no prosperó debido a las pujas de los latifundistas
ganaderos y de los que en las décadas anteriores habían impulsado la tecnifica-
ción capitalista en la producción agrícola. Con ello, se “selló cualquier posibili-
dad de democratización de la propiedad sobre la tierra por vía institucional [y] la
única opción que quedó al campesinado desposeído” (Estrada 2015, 11) fue dar
continuidad a los procesos de colonización y toma de tierras, a lo que el gobierno
respondió con políticas de desarrollo rural inspiradas en el Banco Mundial.
Lo relevante de lo anterior es que colocó al sector agrario en una posición
secundaria dentro de la política estatal, la cual al principio centró su atención
en la industria de la construcción de vivienda, debido a que tenía una gran ne-
70 cesidad de acumulación especulativa y financiera para salir de esta época de
profundo estancamiento económico; y, en la década siguiente, en la producción
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y el comercio de drogas ilícitas (primero de marihuana y luego de coca), que se

convertían “en un factor indispensable de la estabilidad macroeconómica” (Es-
trada 2015, 12), en la medida en que estimulaban la especulación inmobiliaria,
la concentración de la tierra y la dinamización del sector financiero mediante el
lavado de dinero. Esto sentó las bases para que en la década de los ochenta, se
produjera el vuelco de la economía de las exportaciones (concentradas en el
café), hacia la exportación por ramas especializadas como las drogas, los recur-
sos mineros-energéticos7 y, en fechas recientes, la agroindustria,8 producidos
para satisfacer las demandas del mercado exterior. Esta situación, a su vez, con-
trasta con la decadencia de la industria manufacturera, e incluso, con el despla-
zamiento relativo de sectores que fueron fundamentales en los momentos ante-
riores —como el café, aunque en la actualidad sigue siendo relevante—, y
7 El petróleo y el carbón constituyeron en promedio casi un cuarto de las exportaciones

durante la mayor parte de la década de los noventa (26.9%), un tercio de estas durante la
primera década de los 2000 (33.2%), y más de la mitad durante el periodo 2000-2015
(56.1%) (cálculos propios a partir de estadísticas tomadas de la Cepal).
8 Al examinar con más especificidad las exportaciones de productos agrícolas es posible
ver incrementos importantes durante el periodo 2001-2014 en algunos de los bienes con-
siderados como “prioritarios” por el gobierno colombiano y que en su mayoría son produ-
cidos por el sector agroindustrial, como es el caso del cacao (con un crecimiento promedio
de 399%), el arroz (133%), el maíz (107%), el aceite de palma (31%) y el azúcar de caña o
remolacha (12%) (Cálculos propios a partir de estadísticas tomadas de TradeMap).
aquellos que garantizaban parte del consumo interno, que ahora debe ser satis-
fecho en buena medida con la importación de mercancías.
En especial, la cuestión de las drogas permite develar otro de los elementos
fundamentales en el desarrollo de la violencia en Colombia: la intervención im-
perialista de Estados Unidos en la supuesta lucha contra el narcotráfico. En este
sentido, en 1999 se concibe el Plan Colombia como un acuerdo bilateral entre el
gobierno colombiano y estadounidense con el objetivo aparente de combatir la
producción y comercialización de drogas. No obstante, consistió realmente en
un amplio programa de contrainsurgencia que buscaba el fortalecimiento de las
fuerzas militares colombianas para la lucha contra las guerrillas, bajo la excusa
de su nexo con el negocio de las drogas,9 pero que además, ocultaba otros inte-
reses geopolíticos por parte de Estados Unidos; ante todo de control de la re-
gión latinoamericana y sus recursos,10 y de establecimiento de alianzas políti-
cas que derivaran en beneficios económicos (como la firma del tlc con Colombia,
y los beneficios comerciales obtenidos por los productores de armas estadouni-
denses a los que el país realizaba compras importantes) (Vega, 19-03-16). De
esta manera, la injerencia de Estados Unidos y, en general, la bandera de la lu- 71
cha contra el narcotráfico en Colombia, fue un elemento central en el recrudeci-
DOSIER
miento del conflicto armado en la década de los noventa, e incluso ha manteni-
do su centralidad en la actualidad; un indicador de ello es el espacio que la
lucha contra el narcotráfico ha tenido, tanto en la política de Seguridad Demo-
crática del gobierno de Álvaro Uribe, como en los Diálogos de Paz encabezados
por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Estas nuevas tendencias geopolíticas y de producción, que rigen la forma
actual en que se reproduce el capital en Colombia, han ocasionado el despliegue
de una reorganización territorial de la que se hablará más adelante y cuyos fines
principales son: adecuar el territorio nacional para la producción, extracción y
exportación de los bienes estratégicos para el capital mundial —a los ya mencio-
nados se suman otros como la biodiversidad, el oxígeno y el agua, cuya conso-
lidación como ejes de reproducción apenas se empieza a poner en marcha (Es-
trada 2010)—, y, de manera simultánea, establecer las condiciones más
favorables para la acumulación, con el objetivo de atraer la inversión de capital
extranjero necesaria para el desarrollo de esas actividades económicas centra-
les, en pocas palabras, constituir al país en un “lugar óptimo” para la acumula-
ción de capital.
9 En el contexto del Plan Colombia, “el gobierno norteamericano creó la figura de la “narco-
guerrilla” para promover nuevas versiones de la guerra contrainsurgente” (Fajardo 2014, 61).
10 Se cree que, con este fin, fueron establecidas siete bases militares estadounidenses en
territorio colombiano.
Las condiciones antes expuestas dan cuenta de una nueva configuración del
Estado capitalista colombiano, que coincide con la emergencia generalizada de
lo que Joaquim Hirsch denomina “Estado nacional de competencia”, un Estado
“cuya política y estructuras internas son determinadas decisivamente por las
presiones de la ‘competencia internacional por el lugar óptimo’” (2000, 100) y
que implica dos hechos: en primera medida, que la principal función del Estado
es ahora configurar las condiciones óptimas para el proceso de acumulación de
capital en el marco de un proceso global en el que compite con otras naciones
que buscan ser “lugares óptimos”, por lo que ya no tiene en cuenta los intereses
sociales y políticos al interior de la nación, el bienestar material de la sociedad,
ni el crecimiento de la economía nacional; y, en segunda medida, que son nece-
sarias modificaciones estructurales, principalmente un proceso de “des-demo-
cratización”, pues la política estatal queda supeditada a las presiones del capital
internacional, los movimientos del mercado mundial, y en especial a los intere-
ses del capital transnacional, por lo que las decisiones políticas importantes
son desvinculadas de los procesos democráticos (aunque estos siguen funcio-
72 nando, cada vez tienen una menor injerencia real) y de los intereses de la socie-
dad al interior de la nación. Por ello, el Estado nacional de competencia presen-
DOSIER
ta un alto grado de autoritarismo.11

En Colombia, el cambio de forma de Estado se ha acompañado de la inclu-
sión de nuevos actores al conflicto, como los paramilitares que se consolidaron
en la década de los noventa con el surgimiento de las Autodefensas Unidas de
Colombia (auc) y que aún siguen operando bajo otros nombres, en alianza con
las fuerzas militares y el capital privado (latifundista e industrial, tanto extran-
jero como nacional); y los narcotraficantes que emergieron en la década de los
ochenta con los grandes carteles de Medellín y Cali, agregando mayor comple-
jidad al conflicto, como mencionamos anteriormente. A partir del surgimiento
de estos nuevos actores, se generan también nuevas formas de ejercicio de la
violencia que, aunque parecen desvinculadas u opuestas, mantienen relación
con el Estado y tienen la función de mediar el establecimiento de las condicio-
nes objetivas y subjetivas óptimas para la llegada del capital transnacional. De
manera que, a pesar de su cambio de forma, el Estado sigue siendo una media-
ción necesaria para la consecución de las condiciones económicas, políticas y
11 En este mismo sentido, Henri Lefebvre (1976), refiriéndose a la reforma del Estado en el
marco del proceso de mundialización, menciona que ahora, mientras que al interior de
cada Estado se busca que los intereses individuales estén sometidos, a través de la ideolo-
gía o de la fuerza, a una estrategia conjunta (entendiendo estrategia como la forma que
adopta la ideología para intervenir en el espacio), a escala global las estrategias se confron-
tan en la disputa por la plusvalía global.
sociales que permiten la concreción de la reproducción del capital en una esca-

la nacional, como parte del proceso de reproducción global del capital. Pero,
por otra parte, el cambio del patrón de reproducción y, por lo tanto, de los ejes
de acumulación que se ha presenciado en fechas recientes, también ha implica-
do un reacomodo al interior del aparato de Estado, pues en medio de este pro-
ceso, las burguesías minera, agroindustrial y financiera han tenido que ampliar
su poder político para imponer sus intereses y proyectos como ordenadores de
la vida social.
Esto fue especialmente notorio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
(2002-2010) y más aún durante el de Juan Manuel Santos (a partir de 2010),
quienes asumieron la presidencia como representantes de alguna de esas frac-
ciones de clase. De manera que las medidas y políticas desplegadas por el apa-
rato de Estado que personifican estos presidentes han respondido a dichos pro-
yectos que se encuentran en consonancia con las necesidades de la nueva forma
de reproducción del capital y con el tratamiento que esta última requiere dar al
conflicto en particular y a la violencia en general. En el caso de Álvaro Uribe y
Juan Manuel Santos, existe un claro pilar político en cada uno de sus proyectos, 73
que determina la forma que adopta la ilusión de comunidad y la manera en la
DOSIER
que ésta se construye: la guerra en el primer caso y la paz en el segundo. Dichos
pilares se vieron materializados en la Política de Defensa y Seguridad Democrá-
tica por un lado, y en el proceso conocido como Diálogos de Paz por el otro.
La Política de Defensa y Seguridad Democrática consistió en la implementa-
ción, con la ayuda de Estados Unidos, de una amplia y sistemática ofensiva mi-
litar contra los grupos insurgentes y otros grupos armados ilegales, que debía
ir acompañada de un apoyo activo de la sociedad civil en las tareas de los órga-
nos de seguridad del Estado12, con el fin de lograr la consolidación del control
estatal del territorio, la protección de la población y la eliminación del narcotrá-
fico en Colombia. Por su parte, los Diálogos de Paz hacen referencia a las con-
versaciones que se desarrollaron entre el gobierno nacional y las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (farc-ep) desde septiembre
de 2012. Su resultado fue la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y
el proceso de implementación del mismo, que se adelanta en la actualidad en
los seis frentes que fueron discutidos para acordar la terminación del conflicto
armado: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del
conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, e implementa-
ción, verificación y refrendación.
12 Mediante acciones concretas como la creación de unidades de soldados campesinos, la

fundación de redes de cooperantes, el estímulo a las deserciones dentro de los grupos
armados ilegales y el incentivo a informantes mediante el ofrecimiento de recompensas.
Los proyectos políticos de guerra y paz: lo común en las diferencias

Hasta el momento hemos hecho un somero recorrido por la historia del conflicto
armado en Colombia, desde sus orígenes en la época de La Violencia, pasando
por el surgimiento de las guerrillas de izquierda y la consolidación del conflicto
armado —del que también participó el Estado con sus fuerzas militares y parami-
litares, así como los grupos ligados al narcotráfico—, hasta la actual etapa de de-
clive del conflicto, afianzada con la firma de los Acuerdos de Paz con las farc y
la negociación en curso con el eln. A la llegada a esta última etapa, tuvieron inje-
rencia tanto las medidas guerreristas del gobierno Uribe, como las estrategias de
negociación del gobierno Santos. Ahora, en este momento en el que parece haber-
se alcanzado el objetivo común de paz, propuesto explícitamente por los dos
proyectos —a pesar de sus diferencias en cuanto a los medios para alcanzarla—,
vale la pena plantearnos algunas preguntas. ¿Realmente la finalización progresi-
va del conflicto armado y, en específico, de la existencia de las guerrillas, trae
consigo la paz? ¿Qué tipo de paz era la que esperaban conseguir estos proyectos
políticos? ¿Para qué y para quién era necesaria la consecución de esta paz?
74
DOSIER
El carácter violento del capitalismo

El capitalismo es un sistema violento por naturaleza, en tanto requiere para su
reproducción de la jerarquización y el ordenamiento de la sociedad en clases
antagónicas, así como la imposición de manera efectiva de dichas relaciones de
poder en todos los espacios de la vida social (Osorio 2014). Estos procesos de
explotación y dominio son violentos en sí mismos, en tanto implican la apro-
piación y el control de la vida misma de los trabajadores por parte del capital,
pues mantienen la ficción de que estos últimos deben vender su fuerza de tra-
bajo en ese marco de relaciones. A su vez, la reproducción y expansión de este
orden social desigual e injusto requiere “mecanismos materiales e ideológicos
de control extremadamente fuertes y eficaces, que por un lado sirvan de con-
tención al descontento y las movilizaciones sociales y por el otro presenten la
desigual vida cotidiana como un proceso histórico irrefutable e inmutable”
(González 2012, 352); esto es, requiere de la violencia en sus más diversas ma-
nifestaciones. En ese sentido, Slavoj Žižek (2009) propone identificar dos for-
mas de expresión de la violencia: la estructural u objetiva, es decir, la violencia
inherente al sistema, que parece anónima porque no es atribuible a individuos
concretos, “las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de do-
minación y explotación incluyendo la amenaza de la violencia” (p. 20); y la sub-
jetiva, que es la violencia física e ideológica ejercida por agentes sociales o
aparatos represivos (Žižek 2009), que constituye “una expresión de la estruc-
tural, es su forma más visible, pero también es una manifestación que encubre
y desvía la atención de los fundamentos de la violencia estructural” (González

2012, 352).
El conflicto armado colombiano se presenta, en ese sentido, como violencia
subjetiva, en tanto que tiene sus raíces —como lo deja claro su historia retrata-
da líneas más arriba— en la violencia estructural latente en la jerarquización de
la sociedad para la constitución y mantenimiento en el tiempo de una clase tra-
bajadora sometida y disciplinada, así como en el dominio sobre los recursos
necesarios para la acumulación, y el acomodamiento del territorio para la mis-
ma en diferentes épocas. Por tanto, constituye también una expresión de esta
violencia de carácter estructural que se oculta tras los actos más visibles pro-
pios de la violencia subjetiva: el despojo, el desplazamiento, el secuestro, la
tortura, la desaparición, la muerte perpetrada con las armas de los actores del
conflicto.
Así, los discursos aparentemente distintos de los últimos gobiernos, pero
tejidos en torno al objetivo común de la consecución de la paz —o el fin de la
violencia—, presentan una concepción limitada de la misma, ya que al personi-
ficar la violencia en el conflicto armado, mostrándolo como su única expresión, 75
velan la violencia de carácter estructural, e incluso los otros actos de violencia
DOSIER
subjetiva que se presentan como desligados del conflicto y que persistirían una
vez superado este último.13 En este sentido, el fin del conflicto armado, y espe-
cialmente de las guerrillas como uno de sus protagonistas centrales, no significa
la consecución de una paz completa y absoluta, estable y duradera como ha sido
el eslogan del gobierno de Santos; aunque justamente es en esa apariencia de
paz absoluta que crea el discurso, en donde radica el éxito del mismo, pues,
como veremos más adelante, logró centrar la atención de la sociedad en el con-
flicto armado y en el “enemigo subversivo” como los principales problemas para
conseguir la paz, así como el desarrollo económico y por lo tanto el bienestar
social. Hecho que, entre otras cosas, facilitó a los dos gobiernos el cumplimiento
de las funciones del Estado de competencia, es decir, el establecimiento, dentro
de un marco aparentemente democrático, de las condiciones óptimas para la lle-
gada y reproducción del capital extranjero, aunque esto implicara un detrimento
de la situación de los trabajadores colombianos y del grueso de la población.
Es así como, durante estos periodos presidenciales, fueron implementadas
diversas medidas en el ámbito laboral y tributario para favorecer los intereses
del capital, como la reforma laboral efectuada por el gobierno Uribe en el año
2002, que tenía como fin flexibilizar la contratación y disminuir los costos labo-
13 Muestra de ello son los asesinatos sistemáticos de líderes sociales durante los Diálogos
de Paz y de manera posterior a la firma de los Acuerdos, que solo en lo corrido del año
2017, suman más de 60 (TeleSur, 10 de octubre de 2017).
rales, con la consecuente reducción de beneficios para los trabajadores.14 De

igual forma, tanto Uribe como Santos establecieron reformas tributarias en las
que, entre otras cosas, ampliaron la base gravable del impuesto al consumo (iva)
y aumentaron sus tarifas, hasta llegar a un 19% en el último gobierno. Estas
constituyen solo algunas medidas implementadas que contribuyen a reforzar la
superexplotación y con esto, la presencia de la violencia estructural.
El conflicto armado como obstáculo

a la reafirmación del capitalismo
Vimos entonces que el conflicto armado y, en especial, los proyectos y discursos
que sobre la paz tejen los gobiernos de Uribe y Santos ocultan y desvían la aten-
ción de la complejidad de la violencia en su condición estructural, lo que al mis-
mo tiempo permite mantenerla, en tanto constituye una condición esencial de
la acumulación sistémica. Ahora, pretendemos indagar en el cómo se consigue
este propósito, y para eso es necesario volver a los dos proyectos políticos. La
76 Política de Defensa y Seguridad Democrática, y los Diálogos de Paz, como mate-
rialización de los proyectos y discursos de Uribe y Santos, nunca ponen en cues-
DOSIER
tión el sistema económico y social vigente, por el contrario, lo reafirman como

estructura ordenadora y articuladora de la sociedad actual, tanto discursiva-
mente como a través de las políticas que se derivan de estos grandes ejes y que
están dirigidas a permitir la reproducción del capital.
Es así como la política de Seguridad Democrática afirma la importancia de un
“clima de seguridad” para el buen desarrollo de la inversión, el comercio y la
efectividad del gasto público, elementos fundamentales para la producción y re-
producción del capital que, sin embargo, son presentados como condiciones
para el desarrollo económico y la generación de oportunidades de empleo en be-
neficio de la sociedad.15 Asimismo, durante los años de implementación de dicha
política, fueron resaltados en repetidas ocasiones los avances obtenidos en ma-
teria económica gracias a las mejoras en la seguridad, como las condiciones de
estabilidad que facilitaron el desarrollo de los planes de inversión y consumo de
las empresas y los hogares, y el mejor ambiente de negocios (Zuluaga, 2009).
En lo que respecta a los Diálogos de Paz, Santos fue enfático en aclarar que
el modelo económico y político no estaba en discusión dentro del proceso de
14 Entre otras cosas, la reforma ocasionó la reducción del pago de horas extras y el sobre-
costo que para el empleador tiene el trabajo dominical y festivo, la posibilidad de ampliar
la jornada de trabajo a diez horas y la reducción de la indemnización por despido.
15 Ver “Política de Defensa y Seguridad Democrática”, Presidencia de la República y Minis-
terio de Defensa Nacional, 2003.
negociación con las farc (efe, 23-02-14), ni en el otro proceso que se mantiene
en la actualidad con el eln. De igual forma, Santos resaltó los beneficios econó-
micos de la paz, como el incremento permanente del pib entre 1.5 y 2.5 puntos
adicionales, el aumento de la inversión extranjera y la productividad, hechos
que hasta el momento no habrían sido posibles por el obstáculo que representa
el conflicto armado.
Al ratificar la necesidad de la terminación de la confrontación armada para
el correcto funcionamiento del sistema económico capitalista al interior del
país, por un lado se hace explícito el objetivo de establecer el orden social en el
territorio como parte de las “condiciones óptimas” necesarias para la reproduc-
ción del capital nacional y extranjero, aunque con el disfraz de la búsqueda del
bienestar social; y, por otro lado, se desconoce el origen histórico, político, so-
cial y económico del conflicto, que como fue esbozado líneas más arriba, en el
caso colombiano adoptó una forma violenta, en la medida en que las clases sub-
alternas acudieron a la rebelión armada como respuesta a los mecanismos con-
trainsurgentes a los que ha recurrido el Estado para la preservación del orden
social y económico capitalista a lo largo de la historia (Estrada 2015), sobre 77
todo, cuando dicho orden ha tomado una forma particular en Colombia, atrave-
DOSIER
sada, entre otras cosas, por una estructura de concentración de la tierra y por la
disputa entre diferentes fracciones y clases dominantes por mantener sus res-
pectivos proyectos políticos. Pese a esta realidad histórica, tanto el discurso
político de Uribe como el de Santos —aunque el primero de manera más contun-
dente— muestran al Estado como un ente desarticulado del conflicto armado y
no reconocen su responsabilidad en la conformación de lo que Estrada denomi-
na “estructuras complejas de contrainsurgencia”,16 ni en el establecimiento de
políticas económicas, sociales y de seguridad que han contribuido a perpetuar
y agudizar el conflicto. De esta manera, son discursos que tienden a vaciarse de
contenido histórico y, por tanto, de sentido político, enfatizando el elemento
ofensivo de la subversión y relegando el elemento defensivo de la misma.
Una vez que son velados estos determinantes políticos y económicos, es
cuando el conflicto armado puede ser presentado como el mayor obstáculo para
el “desarrollo económico y social” —y no como una manifestación de la lucha de
clases—, bajo un discurso que busca obtener consenso y unir a toda la sociedad
(incluyendo las clases dominadas) en torno a la lucha contra un enemigo co-
mún: el “enemigo subversivo”, que debe ser derrotado por la vía de las armas o
desmovilizado mediante el diálogo. Estos discursos así construidos, y sobre
16 Hace referencia a la constitución de complejas organizaciones mercenarias y paramili-

tares, que incluyen a instituciones militares, de inteligencia del Estado, hombres políticos,
narcotraficantes, empresarios, entre otros.
todo el correspondiente al gobierno Uribe —además de los actos violentos de

contrainsurgencia en sí—, constituyen mecanismos de disciplinamiento y con-
trol social, en la medida en que desalientan procesos sociales de resistencia,
reivindicación o transformación, mediante la estigmatización, criminalización o
represión de los mismos, reforzando así la inmutabilidad del sistema capitalista
como estructura ordenadora y articuladora de la sociedad.
La “pacificación” y reconfiguración territorial

La paz perseguida por los proyectos políticos de Uribe y Santos, era entonces la
paz requerida por el capital para sus procesos de acumulación y reproducción
en el país. En este sentido, uno de los objetivos centrales, tanto de la política de
Seguridad Democrática, como de los Diálogos de Paz, fue adecuar el territorio a
las necesidades actuales del capital y, en especial, del capital trasnacional. La
primera se enfocó en recuperar militarmente amplias zonas del territorio nacio-
nal con el fin de lograr la seguridad requerida por el capital para moverse libre-
78 mente, transportar mercancías y establecer inversiones.17 De esta manera, Uribe
logró incrementar la inversión extranjera directa en un 164% durante su primer
DOSIER
mandato, concentrada en el sector minero y de hidrocarburos (Rodríguez 2014),

es decir, en los sectores ejes de acumulación del patrón de reproducción actual.
A su vez, garantizó la seguridad para el capital de la clase terrateniente y la bur-
guesía ganadera a la que dicha administración representó. No obstante, el go-
bierno de Uribe obtuvo estos resultados a un alto costo social, pues del total de
víctimas y desplazados del conflicto armado en Colombia durante los últimos
30 años, la ofensiva militar emprendida por este gobierno en sus ocho años de
duración ocasionó el 44% de las victimas (más de 3 millones y medio de perso-
nas) y el 45% de los desplazados (más de 3 millones de personas) (Valencia, 10-
09-16). Sumado a lo anterior, Uribe implementó otras medidas de ordenamiento
territorial en detrimento de los campesinos, como la no adjudicación de Zonas
de Reserva Campesina bajo su gobierno. Todo esto, sin embargo, también con-
tribuyó al alistamiento del territorio para la inversión.
Asimismo, los Diálogos de Paz, y ahora la implementación de los Acuerdos,
buscan la recuperación de la parte del territorio nacional que se encontraba
17 La política de Seguridad Democrática fue reforzada por el Plan Patriota y por su segunda
fase denominada Plan Consolidación, cuyos objetivos respectivamente eran recuperar, de la
influencia de las farc, los cascos urbanos y las vías de comunicación, así como desarticular
la presencia de la guerrilla en las zonas rurales. En otras palabras, el fin principal era la re-
cuperación del territorio urbano y rural cooptado por las farc. Estos planes son considera-
dos como la última etapa o la continuación del Plan Colombia, en la medida en que también
contaron con la financiación del gobierno estadounidense.
cooptada por los grupos armados al margen de la ley, pero esta vez a través de
un acuerdo negociado, y con el claro interés de poner dicho territorio al servicio
del capital trasnacional y la burguesía agroindustrial y financiera. Estas inten-
ciones quedan en evidencia con hechos como la visita durante el proceso de ne-
gociación con las farc de Gustavo Grobocopatel, cabeza del grupo agroindus-
trial Los Grobos (Lewin, 20-03-16), caracterizado por producir bajo el modelo de
agricultura por contrato (especialmente en Argentina), lo que se conjugó con la
aprobación paralela de la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económi-
co y Social, que precisamente contribuye al establecimiento de las condiciones
necesarias para el desarrollo de este modelo agroindustrial. Incluso, en el actual
proceso de implementación de los Acuerdos, resaltan las Alianzas Productivas
como una de las estrategias ampliamente promovidas para la producción en el
campo, las cuales permiten vincular a los pequeños productores con los de ma-
yor tamaño, trayendo beneficios sobre todo a estos últimos, con el abaratamien-
to de los costos de producción.
79
A modo de conclusión
DOSIER
Es posible encontrar una parte importante de las raíces del conflicto armado
colombiano y de sus cambios a través del tiempo, en la forma en la que se ha
concretizado la reproducción del capital en Colombia en diferentes momentos
históricos, así como en los requerimientos políticos, económicos, sociales y
territoriales de la misma. Es por esto que el conflicto armado constituye una
expresión de la violencia estructural, pero al mismo tiempo oculta su esencia
con los actos de la violencia subjetiva. En este sentido, la paz que proponían
alcanzar los proyectos políticos aparentemente disímiles de Álvaro Uribe y
Juan Manuel Santos, y sus respectivos discursos, no es una paz completa o in-
tegral, en la medida en que no busca el fin de las relaciones violentas que sus-
tentan el orden social. Así, la terminación del conflicto armado no implica au-
tomáticamente la consecución de paz, lo que se reafirma con la violencia
subjetiva que continúa aún durante la implementación de los Acuerdos de Paz.
La paz buscada se limita al restablecimiento del orden público, entendido
como el fin de las acciones insurgentes que resulta necesario para la reproduc-
ción del capital en el territorio colombiano. En cambio, la consecución de una
verdadera paz, que implique el fin de la violencia estructural y subjetiva, solo
es posible con la construcción de otro orden social que no esté determinado
por la violencia inherente a las relaciones de poder y dominio que priman en
la actualidad, y en donde sea posible la construcción de una comunidad real,
no ilusoria.
Referencias
Echeverría, Bolivar. Modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotacio-
nes a partir de una lectura de Braudel y Marx. México: Itaca, 2013.
EFE. «Santos dice que no se va a cambiar el modelo de Estado en negociaciones
con farc». El Espectador, 23 de febrero de 2014. https://www.elespectador.
com/noticias/proceso-de-paz/santos-dice-no-se-va-cambiar-modelo-de-es-
tado-negociaci-articulo-476794
Estrada, Jairo. «Transformaciones del capitalismo en Colombia. Dinámicas de
acumulación y nueva espacialidad.» Espacio Crítico, 12: 2-21, 2010.
———. Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elemen-
tos para una interpretación histórica del conflicto social y armado. Bogotá:
Centro de Memoria Histórica, 2015
Fajardo, Darío. Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010. Bogotá:
ilsa, 2014.
González, Fabián. «Fragmentación espacial, violencia y discurso: trazos concep-
tuales para abordar el espacio público.» En Boris Berenzon y Georgina Cal-
80 deron (coords.), Los elementos del tiempo y el espacio, México: unam, 2012,
345-363.
DOSIER
Hirsch, Joachim. Globalización, capital y Estado. México: uam-X, 2000.

Lefebvre, Henri. «El Estado moderno.» Geopolíticas, 3: 137-149, 1974.
LeGrand, Catherine. «Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto so-
cial en la frontera colombiana, 1850-1936.» En Gonzalo Sánchez y Ricardo
Peñaranda (comps.), Pasado y presente de la violencia en Colombia, Mede-
llín: La Carreta Histórica, 2015, 119-138.
Lewin, Juan E. «La visita del “rey de la soya” a La Habana.» La Silla Vacía, 20 de
marzo de 2016. http://lasillavacia.com/content/la-visita-del-rey-de-la-soya-
la-habana
Marini, Ruy M. Dialéctica de la dependencia. México: Era, 1973.
Osorio, Jaime. «Patrón de reproducción del capital, crisis y mundialización.» Al-
ternativas y Globalización, 2005, 2-17.
———. Estado, reproducción del capital y lucha de clases: la unidad económico/
política del capital. México: unam; iiec, 2014.
Presidencia de la República y Ministerio de Defensa Nacional. Política de Defensa
y Seguridad Democrática. Bogotá: Ministerio de Defensa, 2003.
Rodríguez, Gina P. «Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos: ¿una misma derecha?»
Nueva Sociedad, 254: 84-99, 2014.
Rueda, Rafael. «El desplazamiento forzado y la pacificación del país.» En Enfo-
ques y metodologías sobre el hábitat: memorias de una experiencia pedagó-
gica, 105-114. Medellín: forhum, 2015.
Sánchez, Gustavo. «Los estudios sobre la Violencia: balance y perspectivas.» En

Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (comps.), Pasado y presente de la vio-
lencia en Colombia, Medellín: La Carreta Histórica, 2015, 17-32.
TeleSur. «onu advierte del aumento de asesinatos de defensores de dd.hh. en
Colombia.» TeleSur, 10 de octubre de 2017. https://www.telesurtv.net/
news/onu-advierte-del-aumento-de-asesinatos-de-defensores-de-dd.hh.-
en-Colombia-20171010-0052.html
Valencia, León. «Pastrana y Uribe, el 70.13 por ciento del total de víctimas.» Se-
mana, 10 de septiembre de 2016. http://www.semana.com/opinion/articu-
lo/leon-valencia-victimas-de-los-gobiernos-de-pastrana-y-uribe/493104
Vega, Renan. Gente muy rebelde. Enclaves, transportes y protestas obreras. Bogo-
tá: Pensamiento Crítico, 2002.
———. «Plan Colombia, plan de recolonización.» Rebelión, 19 de marzo de 2016.
http://www.rebelion.org/noticias/2016/3/210151.pdf
Žižek, Slavoj. Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Buenos Aires: Pai-
dós, 2009.
Zuluaga, Oscar I. «La seguridad democrática y el fortalecimiento de las condi- 81
ciones económicas en Colombia.» Revista Ejército, diciembre de 2009.
DOSIER
https://ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=236642
DOSIER
R. David Benítez Rivera*

El Estado en la encrucijada. Justicia social
y paz en México
The state at the crossroads. Social justice and peace in Mexico
Resumen | México atraviesa actualmente un proceso de descomposición generalizada, tanto

en su economía como en sus instituciones de gobierno, que parecen incapaces de garanti-
zar seguridad, certeza electoral y respeto a los derechos mínimos, como el libre tránsito, la
libertad de expresión, la salud o la educación. Además de tomar en consideración los ele-
mentos internos que han hecho posible esta crisis, como la puesta en práctica de políticas
de corte “neoliberal” y el consecuente abandono de políticas sociales, este artículo intenta
enmarcar los acontecimientos nacionales en unos procesos globales de reconfiguración es-
tatal. Ante ello, resulta necesario partir de una comprensión general de la relación intrínse- 83
ca entre capitalismo y Estado, como expresiones de la modernidad, para luego poder dar
cuenta del impacto que esta relación tiene en la orientación y transformación de las estruc-
turas de gobierno y las subjetividades. En este sentido, la violencia aparece como expresión
de la construcción de una nueva legitimidad en la dominación estatal y capitalista. Así, la
paz no puede restringirse al mero cese de la violencia criminal. Su búsqueda necesariamen-
te pasa por la cuestión de la justicia social.
Palabras clave | México, violencia, justicia, Estado, paz.
Abstract | Mexico is currently undergoing a process of generalized decomposition, both in

its economy and in its government institutions, which seem incapable of guaranteeing se-
curity, electoral certainty and respect for minimum rights, such as free transit, freedom of
expression, health or education. In addition to taking into account the internal elements
that have made this crisis possible, such as the implementation of “neoliberal” policies and
the consequent abandonment of social policies, this article attempts to frame national
events in global processes of state reconfiguration. Given this, it is necessary to start from
a general understanding of the intrinsic relationship between capitalism and State, as ex-
Recibido: 30 de noviembre de 2017. Aceptado: 18 de enero de 2018.
* Profesor-Investigador en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autó-

noma Metropolitana, unidad Xochimilco (uam-X). Licenciado en sociología, maestro en co-
municación y política, con estudios de doctorado en ciencias sociales por la uam-X.
Correo electrónico: rbenitez@correo.xoc.uam.mx
Benítez Rivera, David R. «El Estado en la encrucijada. Justicia social y paz en México.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agos-
to 2018): 83-105.
pressions of modernity, to then be able to account for the impact that this relationship has
on the orientation and transformation of government structures and subjectivities. In this
sense, violence appears as an expression of the construction of a new legitimacy in State
and capitalist domination. Thus, peace cannot be restricted to the mere cessation of crimi-
nal violence. Its search necessarily goes through the question of social justice.
Keywords | Mexico, violence, justice, State, peace.
Introducción
En México, el tema de la paz es relativamente nuevo. Adquirió un grado impor-
tante de pertinencia en la última década, a raíz de que el entonces presidente,
Felipe Calderón, en diciembre de 2006, decidiera declarar la llamada “guerra
contra el narcotráfico”, como una forma de hacerse de legitimad luego de haber
llegado a la presidencia a través de una elección altamente cuestionada. Esta lla-
mada guerra, lejos de representar una solución real a los crecientes problemas
de violencia relacionados con el crimen organizado, que desde el sexenio ante-
84 rior habían comenzado, la incentivaron de una manera exponencial. Aunque si
bien es cierto que la violencia creció de manera importante a partir de la decla-
DOSIER
ración de guerra calderonista, la violencia relacionada con el crimen organizado

había mostrado ya su crudeza en entidades como Guerrero y Tamaulipas, en el
sexenio anterior. Ahora, este escenario de violencia descarnada no es la única
muestra de la enorme crisis que se vive en México. El proceso de descomposi-
ción se ha generalizado. La descomposición de la economía, por ejemplo, se ma-
nifiesta en las consecutivas crisis y el impacto social que estas tienen; la infla-
ción y la consecuente pérdida del poder adquisitivo; desempleo y reflujo
migratorio debido al cierre de empresas quebradas en uno y otro lado de la
frontera; crecimiento del empleo informal; así como una creciente precariza-
ción laboral. Al mismo tiempo, descomposición de las instituciones de gobier-
no, incapaces de garantizar seguridad, elecciones justas, respeto a los derechos
humanos y las libertades básicas. En general, los distintos gobiernos parecen ir
en contra de todos los derechos ganados mediante largas luchas sociales, ha-
ciendo que los derechos laborales y políticos retrocedan considerablemente.
Al igual que la “lucha contra el terrorismo”, que otorgó al gobierno de George
Bush un relativo ascenso en la aceptación de su presidencia, en México, la “lucha
contra el narcotráfico” buscó generar una suerte de aceptación del gobierno cal-
deronista en medio de una vorágine de ilegitimidad, que comenzó desde la cam-
paña electoral y se consumó con la cuestionada elección de 2006. La búsqueda
de legitimidad del segundo gobierno panista no escatimó en gastos de propa-
ganda y difusión de su imagen, como también lo ha hecho el gobierno de Peña
Nieto durante su administración. De acuerdo con datos de Fundar, de 2013 a
2016, la administración peñista había gastado más de 36,000 millones de pesos

en publicidad oficial, 71% más de lo aprobado por el Congreso, equivalente a un
gasto de 25 millones de pesos diarios, poco más de un millón de pesos por hora.
Es más, la cifra de gasto en publicidad en este periodo de cuatro años rebasó el
gasto ejercido durante todo el sexenio de Felipe Calderón, ya de por sí oneroso
y que ascendió a un total de más de 32,000 millones. Estas cifras son indicativas
del esfuerzo que ambos gobiernos han hecho para construir una imagen de si-
mulación respecto a la situación nacional, acorde con el relato oficial de avance
positivo y cifras alegres. Pero sobre todo, para generar un discurso de justifica-
ción de la violencia, basado en la necesidad frente a un enemigo magnificado ex
profeso, pero que para inicios del 2017 y después de poco más de diez años de
guerra, ha cobrado más de 200,000 vidas, sin contar los poco más de 60,000
muertos por violencia criminal en el sexenio de Vicente Fox, más los que se su-
marán en el último tramo de la presente administración.
El complejo panorama que atraviesa el país puede ser explicado de diversas
maneras y desde distintos enfoques. En el caso de este escrito, además de tomar
en consideración los elementos internos que han hecho posible esta crisis, 85
como la puesta en práctica de políticas de corte “neoliberal” y el consecuente
DOSIER
abandono de una política social, orientada desde un eco lejano proveniente de
la Revolución de 1910, se intenta enmarcar los acontecimientos nacionales en
un proceso de transformaciones a escala mundial, a partir de la reconfiguración
estatal que se da en las últimas décadas del siglo xx. Ante ello, resulta necesario
partir de una comprensión general de la relación intrínseca que existe entre ca-
pitalismo y Estado como expresiones de la modernidad, para luego poder dar
cuenta del impacto que esta relación tiene en la orientación y transformación de
las estructuras de gobierno y en las subjetividades.
En este sentido, la violencia aparece como una expresión necesaria a la
construcción de una nueva legitimidad en la dominación estatal capitalista. A
la par, la idea de la paz se configura como una demanda que se va ampliando y
que se enuncia desde distintas posiciones. Si bien esta demanda tiene un im-
portante sesgo en la actualidad, como exigencia del cese de la violencia subje-
tiva (aquella que aparece como violencia descarnada y atroz), esta paz se debe
entender como insuficiente. En efecto, dicha exigencia tendría que acompañar-
se de una demanda del cese de la violencia objetiva, aquella que no se ve pero
que opera como parte consustancial del sistema estatal capitalista. Es decir, se
hace obligatorio pensar la paz no en su dimensión más básica, como paz nega-
tiva, sino elevar la reflexión y la expectativa a la obtención de una paz en sen-
tido positivo. Este planteamiento adquiere mayor notoriedad a la luz del análi-
sis de la realidad política en México y la forma en cómo el Estado se configuró
en el siglo xx.
Modernidad, capital y Estado

La modernidad puede ser analizada y explicada desde una doble vertiente:
como proyecto y, al mismo tiempo, como proceso histórico concreto. Entendi-
da como este último, puede ser definida de distintas maneras, dependiendo del
corte y la orientación del análisis. Así, la modernidad puede iniciar con la lle-
gada de Colón en 1492, a lo que se conocerá posteriormente como América y la
mundialización de la economía derivada de este acontecimiento; con el inicio
del proceso de separación del pensamiento escolástico ocurrido en el Renaci-
miento; con la secularización de la filosofía y la afirmación de la razón como
rasgo específico del ser humano individual; con la transformación del régimen
político, la superación del absolutismo y el arribo de las repúblicas sustenta-
das en las leyes que los ciudadanos se dan; o bien, con el proceso de transfor-
mación de la forma de producción y satisfacción de las necesidades humanas
mediante la maquinización del proceso productivo a partir de la Revolución
industrial.
Por otra parte, la modernidad también puede ser vista como un “proyecto
86 civilizatorio”, la construcción de una idea de humanidad que se va definiendo y
delineando con el ascenso de este proceso histórico. Una idea de humanidad
DOSIER
que tiene su sustento más importante en la noción de libertad: libertad mani-

fiesta en lo político, garantizada por las leyes; en lo económico, expresada en la
libre empresa y la libertad de intercambio; en el pensamiento, con la racionali-
dad que aparece como atributo que distingue a los seres humanos como facul-
tad. La utilización de esta razón en el tratamiento del mundo natural, del que
este ser humano “moderno” se ha desprendido a partir de una relación mediada
por la técnica, marcará una nueva etapa en la historia, no solo por este distan-
ciamiento, sino ante la posibilidad de extinción del mundo que aparece como
uno de los resultados negativos de esta forma en que el ser humano moderno
ve el mundo y se ve en él.
Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de este proceso es el que se
refiere a la secularización de la actividad política y su separación en una esfera
autónoma. Separación que no existió en ningún otro momento histórico ante-
rior, y que implicó también una separación respecto de lo social. Es precisamen-
te en el contexto de la modernidad que esta separación se da de manera mucho
más clara, manifestándose en el surgimiento del Estado. En este sentido, “no
toda dominación política se configura en forma de ‘Estados’ separados de la ‘so-
ciedad’. Lo que denominamos ‘Estado’ surgió recién con la sociedad burguesa
capitalista y representa una de sus características estructurales fundamentales”
(Sartori 2006, 206). Así, del Estado como forma de dominación se habla cuando
se conforma un “aparato de poder autónomo y centralizado, separado de la so-
ciedad y la economía” (Hirsch 2001, 33).
Pese a que en la actualidad, hablar de Estado es un tópico frecuentemente

utilizado para describir distintas formas históricas de organización —o bien de
dominación— política, el Estado es una conformación eminentemente moderna
en tanto forma social, es decir, en su calidad de objeto externo y ajeno al ser
humano, en el que se manifiesta su interrelación social de manera desfigurada y
no reconocible de inmediato, y en el que solamente es posible la socialidad en
las condiciones económicas imperantes. Para Hirsch (2001), las dos formas so-
ciales básicas en las que se objetivan las relaciones sociales en el capitalismo
son el valor, que se expresa en el dinero, y la forma política, que se expresa en
la existencia de un Estado separado de la sociedad. El Estado representa la for-
ma social de darse del capitalismo, por ello aparece como exterioridad a los su-
jetos, representa una esfera autónoma que no obstante define el tipo de relacio-
nes sociales, al configurarse como una forma política y jurídica que regula a los
individuos y garantiza su existencia. Así, el Estado se ha articulado como parte
inmanente del desarrollo mismo de la modernidad, a tal grado que, hoy día, ha-
blar de modernidad conlleva hablar de la forma capitalista en que se ha desen-
vuelto como medio de generación de riqueza y viceversa. Hablar del hecho ca- 87
pitalista refiere por añadidura a la modernidad como la forma histórica en la
DOSIER
que el capitalismo ha logrado desenvolverse de manera más amplia.
El hecho capitalista, como el modo de darse de una forma histórica, no se
presenta como una estructura externa a los sujetos, ni como una instancia a la
que pueda accederse o sustraerse por simple decisión individual. El hecho capi-
talista se muestra como una realidad infranqueable, una especie de destino trá-
gico del que ningún tipo de acción se escapa, es decir, nada puede estar fuera
de él, articula todas y cada una de las relaciones de esta forma histórica deno-
minada modernidad. Pareciera como si nada humanamente asequible pudiese
existir (dentro de la modernidad capitalista) sin contribuir en mayor o menor
medida a la lógica de la reproducción ampliada del hecho capitalista. Si nada
escapa de dicha lógica, entonces, todo lo cotidiano se vuelve pretexto para su
reproducción, como si, para que algo pueda existir dentro de esta modernidad
capitalista, fuese necesario que suponga, al menos en parte, el soporte a dicha
existencia de la reproducción del capital.
La sociedad capitalista se caracteriza materialmente por sostenerse y desa-
rrollarse sobre la base de la producción privada, el trabajo asalariado y el inter-
cambio de mercancías. Obtiene su coherencia y dinámica de la apropiación pri-
vada, mediatizada por el mercado y el intercambio, del plusvalor producido, es
decir, del proceso de valorización del capital. Impulsado por la coerción de
maximizar la ganancia, la acumulación del capital determina de manera esencial
las estructuras y desarrollos sociales, las condiciones de la división del trabajo,
la forma del progreso tecnológico, entre otras (Hirsch 2001, 35). La historia de
la modernidad se ha estructurado en torno a ideas claves que se han convertido

en los ejes de articulación de los discursos, la ideología, las formas de compor-
tamiento y de actuación de los individuos a través de estos últimos cinco siglos.
Los discursos sobre la razón, la secularización, la democracia, la libertad, la
igualdad, se han convertido en los ejes de la discusión corriente sobre la que se
yergue el proyecto moderno.
Es el Estado ese modo de darse de lo gubernativo y lo social en la moderni-
dad capitalista. De hecho, a la relación Estado compete asegurar la existencia de
los sujetos que lo conforman, regular las relaciones y sancionar a todo aquel
que trasgreda dicha relación. Ahora bien, si el capitalismo es una relación basa-
da en el interés, interés en tanto que los sujetos buscan la satisfacción de sus
necesidades, es el Estado el que se encarga de regular dicha relación mediante
la ostentación del monopolio de la violencia física legítima, la existencia de un
aparato de gobierno, de un aparato de administración y un aparato legislativo,
convirtiéndose así en un orden jurídico que aparece por encima de la sociedad
(nada por encima de la ley, todo bajo ella). En esta perspectiva, los sujetos apa-
88 recen inicialmente como iguales ante la ley y como sujetos libres para intercam-
biar, comprar y vender dentro de los márgenes que la relación Estado define y
DOSIER
posibilita. Posteriormente, el Estado reconocerá también las diferencias entre

los sujetos que conforman las sociedades modernas, pero siempre en función
de las necesidades de reproducción del capital.
El Estado, entonces, aparece como el modo de aseguramiento de la relación
capital y de la relación mercado. Asegura el bienestar de los propietarios del ca-
pital, tanto de aquellos que poseen propiedad privada como de aquellos que
solo se poseen a sí mismos. Así, modernidad, capital y Estado aparecen como
inescindibles dentro de todo análisis. La existencia de estas dos esferas (la po-
lítica, representada en el Estado, y la económica, representada en el mercado),
como esferas independientes, articula una suerte de contradicción que permite,
por un lado, la existencia de un régimen de intercambio, explotación y dominio
organizado en torno a la creación de riqueza, y que en este proceso se amenace
al ser humano al enajenarle lo que de humano tiene (su trabajo, que es, por cier-
to, la fuente del valor y la riqueza), y, por otro lado, la existencia de un régimen
de control político que lo permite hasta cierto grado, es decir, que regula y man-
tiene la condición que le da sustento y en lo que adquiere esencia.
No obstante la estrecha relación existente entre modernidad, capital y Esta-
do, sobre este último priva una visión en extremo simplista que lo reduce las
más de las veces a uno solo de sus atributos. El Estado tiende entonces a ser
visto, ya sea como aparato de Estado, es decir, gobierno, o como monopolio de
la violencia, o, bien, solo como alguna de sus manifestaciones materiales más
visibles. Intentar comprender las transformaciones ocurridas en la actualidad
en el Estado, su índice de violencia, de aseguramiento de la desigualdad y su

esencia contrapuesta a la paz positiva, requiere necesariamente de una revisión
articulada de los tres conceptos a los que ya hemos hecho referencia y que se
corresponden mutuamente como modos de soporte. El Estado, como ese modo
de aseguramiento del capital, ha sufrido transformaciones de acuerdo con las
necesidades propias de la reproducción del capitalismo. De aquel modo de re-
gulación estatal conocido como fordista, keynesiano o Estado benefactor (Welfa-
re State), figura emblemática del siglo xx, hemos arribado al denominado Estado
neoliberal, “posmoderno”, o mejor llamado por Hirsch como “Estado nacional de
competencia”, cuya base es el modo de regulación conocido como toyotismo.
Hablar de las transformaciones del Estado requiere entonces hacer una revisión
de las transformaciones históricas del capitalismo, de su adaptación y su des-
envolvimiento dentro de la modernidad.
Los rostros del Estado

Pese a que la forma Estado, como medio de dominación propiamente moderna, 89
puede ser caracterizada en lo general (como un proceso estructuralmente con-
DOSIER
tinuo), en su particular concreción, en su manera de darse y organizarse a lo
largo del tiempo y en sus distintos espacios territoriales, muestra diversos ma-
tices o rostros. Desde sus orígenes, las diferentes maneras de manifestación del
Estado se han estructurado de acuerdo con las distintas transformaciones que
el modo de producción capitalista ha sufrido, muchas de ellas resultado del im-
pacto de las sucesivas crisis, del empuje de los movimientos sociales, de las re-
voluciones científicas y tecnológicas, así como de las transformaciones cultura-
les y las diferencias entre países centrales y periféricos. Así, el régimen de
acumulación capitalista ha adquirido diversos modos de organización que per-
miten su reproducción. Dicha organización representa una transformación de la
forma social Estado, es decir, una adecuación indispensable para la reformula-
ción de las bases políticas que posibilitan la producción y el dominio del capital.
Luego de la quiebra de la bolsa de Nueva York en 1929 y del consecuente
colapso del mercado financiero mundial, la caída de precios en el sector prima-
rio y la caída de la producción del sector secundario provocaron la imperiosa
necesidad de reorientar la economía capitalista. La crisis económica repercutió
paralelamente en una crisis mayor, que puso en entre dicho los preceptos polí-
ticos y por supuesto económicos del liberalismo. La necesaria reorganización
política y económica estatal, puesta de relieve por la crisis del 29, recibió un
impulso con el inicio del conflicto bélico internacional de 1939. La Segunda Gue-
rra Mundial estimuló la industrialización de los países periféricos, particular-
mente en América Latina, donde el empuje generado por la demanda de produc-
tos primarios de exportación se dio aparejado de un aumento internacional de

sus precios. El aislamiento de las denominadas potencias del Eje del comercio
mundial, con el inicio de la guerra y la disminución de las exportaciones indus-
triales por parte de los países aliados, redujo la competencia y aceleró la pro-
ducción de los sectores primarios, permitiendo un proceso de industrialización
relativo que se vio marcado por la imposibilidad de adquisición de maquinaria
e insumos tecnológicos en medio de la escalada bélica, así como de una precaria
infraestructura de transporte que terminó por marcar hondas diferencias entre
los centros industriales y las áreas rurales dentro de países como México. En
este sentido, la urbanización desigual, generada por la atracción de fuerza de
trabajo frente a la industrialización concentrada, trajo consecuencias importan-
tes en los países periféricos; la insuficiencia de servicios, así como la imposibi-
lidad de incorporación de toda aquella fuerza de trabajo por el sector industrial
comenzó a generar presión ante la demanda creciente de vivienda y servicios en
los denominados cinturones de miseria. La afectación en los sectores rurales no
fue menor, la crisis generó una caída de los precios de los productos primarios
90 que se intentó controlar estatalmente mediante su disminución, lo que impidió
la modernización de este sector y permitió que prevalecieran relaciones de ex-
DOSIER
plotación intensivas y formas de producción basadas en el autoconsumo, que

difícilmente podían ser integradas al mercado nacional. Las migraciones campo-
ciudad comenzaron a sucederse de manera importante en este periodo, alimen-
tadas por el crecimiento poblacional, el aumento de la expectativa de vida y el
mantenimiento de la tasa de natalidad.
El proceso de crecimiento desigual entre los distintos sectores productivos
impidió a países latinoamericanos establecer una ruptura con respecto a la de-
pendencia que ya sufrían en relación con las exportaciones del sector primario.
Parte importante de estas economías seguía dependiente de su régimen de ex-
portación, lo que las llevó a hacer fuertes concesiones a los países metropolita-
nos a fin de mantener esos niveles. A partir de la crisis, se hace manifiesta de
manera clara la necesidad de una reorganización política y económica, a través
de la transformación del modo de regulación liberal hacia uno que permitiera
generar estabilidad. El fuerte impacto de la crisis había logrado socavar la forma
de organización del dominio en su forma liberal tanto política como económica.
La superación del proceso de crisis y sus consecuencias partía de la necesidad
de reactivación del mercado internacional, pero sobre todo, de reconstrucción
de los lazos de dominio y búsqueda de nuevas bases para la erosionada legiti-
midad estatal, es decir, de búsqueda de hegemonía.
La reactivación del mercado adquirió forma en el modelo productivo de la
industria automotriz, específicamente en la línea de montaje de Henry Ford, ba-
sada en los preceptos organizativos propuestos por Frederick W. Taylor, y que
no solo lograron revolucionar la forma del trabajo sino la de la sociedad en su

conjunto, mediante un flujo de mercancías producidas en serie y de forma ma-
siva, para las que se necesitaba una población con un tipo particular de subjeti-
vidad, que consumiera también de forma masiva. Dicha transformación de las
subjetividades pudo lograrse en gran medida gracias al despliegue mediático,
sobre todo cinematográfico, a nivel internacional del llamado american way of
life. La difusión de imágenes asociadas primordialmente con la libertad y la re-
beldía hicieron eco en un contexto mundial marcado por el ascenso de regíme-
nes totalitarios. Paralelamente, Estados Unidos (EUA) comenzó a partir de 1933,
bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, un viraje en su relación con Amé-
rica Latina. De la política de expansión marítima y ocupación militar, iniciada en
1880 como medida de avance del naciente imperialismo estadounidense, se dio
paso a la llamada política de “buena vecindad”. Así, de una política de “penetra-
ción abierta” se pasó a una política de “penetración pacífica” (encubierta), que
no descartó la intervención abierta en casos necesarios. La correlación de fuer-
zas, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, llevó a EUA más allá de una
simple posición de potencia militar hacia la hegemonía mundial, enmarcando el 91
siglo xx dentro de una modernidad propiamente americana (Echeverría 2010).
DOSIER
En lo político, el giro diplomático de EUA, aunado a las pretensiones de in-
tegración panamericana y de “defensa hemisférica”, frente al ascenso del fascis-
mo primero y luego del internacionalismo socialista (González 1979, 21), per-
mitieron consolidar un discurso democrático en oposición al totalitarismo que
justificara la política imperial en América en aras de la defensa de un “mundo
libre”. En este contexto, la organización política en América Latina se revistió de
un disfraz democrático, consolidándose gobiernos estables y fieles a los intere-
ses estadounidenses. En lo social, el nuevo modo de regulación logró un creci-
miento económico sólido y estable que pronto permitió el aumento de los sala-
rios (González 1979, 108), elevando el poder adquisitivo y propiciando el
consumo y la circulación de mercancías. La industria rápidamente tuvo un cre-
cimiento nunca antes visto. Las ciudades se transformaron en polos industria-
les de atracción para un sinnúmero de individuos, sobre todo del sector rural.
El sector obrero, ocupado en el ámbito fabril dentro de las ciudades, se acrecen-
tó considerablemente debido al aumento de la demanda de fuerza de trabajo.
Como resultado de esta incorporación masiva, producto de la industrialización,
se consolidó, al menos en apariencia, una especie de igualdad social dependiente
en lo absoluto del desenvolvimiento mundial del capital.
La estabilidad lograda hizo necesaria la aparición de un sistema de seguri-
dad social promovido desde el aparato estatal. No en aras de proteger a los tra-
bajadores frente al capital, tendiente siempre a la sustracción de plusvalor para
su reproducción ampliada, sino en pro de la conservación del nivel de consumo
como medida de estabilidad y crecimiento económico. La ampliación de las ma-

sas de trabajadores ocupados en las fábricas permitió el surgimiento de sindi-
catos que, tras largas luchas, lograron incidir de manera positiva en los dere-
chos y las garantías laborales. Por su parte, el aparato estatal se vio en la
necesidad de ceder ante las demandas obreras y frente a la presión indirecta
que el bloque socialista ejercía. Se hizo necesario el despliegue de un aparato de
tipo corporativo que servía de mediador de la relación capital y salvaba de los
peligros de las diferencias de clases existentes, así como medida para regular el
mercado interno al que se le daba prioridad como medio de reactivación de la
economía mundial.
En el caso particular de México, la expresión de este modo de regulación
post-liberal se estructuró con características sumamente específicas, que a su
vez encuentran sus cimientos en dos procesos: por un lado, el de la Revolución
mexicana, y los orígenes de esta lucha armada marcada por la incursión de sec-
tores populares con demandas sociales que terminaron por ser incluidas cons-
titucionalmente, sobre todo aquellas referentes a la educación, la tierra y el tra-
92 bajo (manifiestas en los artículos 3, 27 y 123, marcando un avance importante
en lo que respecta a los derechos sociales), y, por otro lado, el proceso de recon-
DOSIER
figuración estatal y de cambio de modo de regulación, de uno liberal a uno más

intervencionista. En su particularidad, tres son las características principales
que definieron el sistema político mexicano en la época postrevolucionaria y
que, de cierto modo, lograron garantizar un alto grado de legitimidad a la domi-
nación gracias a la creación de un poder estatal hegemónico: el surgimiento de
una figura presidencial constitucionalmente fortalecida, y que de hecho adqui-
rió facultades metaconstitucionales al convertirse en la fuente de toma de deci-
siones en última instancia, en todos los niveles de gobierno, al grado de trans-
formar la presidencia republicana en una especie de “principado sexenal” (Roux
2000); un régimen oficial de partido único; y, la organización para su control de
los sectores productivos al Estado dentro de una forma corporativa.
En efecto, la existencia de un partido oficial (Cosío 1982, 35) permitió, entre
otras cosas, una salida a la crisis política posrevolucionaria, que amenazaba con
el desmembramiento del grupo revolucionario fragmentado en diferentes grupos
(Garrido 1982, 71). El partido oficial logró el sometimiento de los diferentes cau-
dillismos a un poder central e instaurar un sistema “civilizado” en las luchas por
el poder, además de oficializar la Revolución mediante el discurso y la creación
de un sistema de seguridad social amplio, acompañado de una estabilidad econó-
mica y política creciente y sostenida. A su vez, permitió la consolidación de un
ejército federal y el desarme de los campesinos revolucionarios (Garrido 1982,
221), así como la desaparición de los múltiples partidos políticos regionales que
solo representaban un brazo de la extensión del poder político de los caudillos.
En términos generales, dos características fundamentales para la constitu-

ción del Estado mexicano postrevolucionario han sido: un poder ejecutivo alta-
mente fortalecido y un partido con carácter de oficialidad, que al menos en pre-
tensión, quiso incorporar la totalidad de las masas campesinas y obreras
organizadas, de manera subordinada al poder ejecutivo por medio del partido
oficial. En gran medida, el poder adquirido por el partido oficial y el sustento de
su legitimidad se debieron a la transformación del partido en una organización
de masas. La incorporación de los líderes sindicales, obreros y campesinos al
aparato partidista, mediante la promesa incumplida de sesión de puestos públi-
cos y la puesta en marcha de reformas sociales, como la reactivación del repar-
to agrario o la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo (procesos por
demás acordes con la permisibilidad que generó la entrada a la Segunda Guerra
Mundial de EUA y su vuelco de una injerencia política de intervención abierta a
una de “buena vecindad”). Convertido en un aparato de masas, el partido oficial
logró su consolidación como un poder hegemónico, gracias a la búsqueda de
satisfacción de las reivindicaciones aún pendientes que la Revolución había in-
cumplido. 93
Este proceso de consolidación hegemónica del poder estatal permitió gene-
DOSIER
rar una economía nacionalista ad hoc, con políticas económicas proteccionistas
que buscaban revertir la crisis económica mundial de 1929. Para la segunda mi-
tad del siglo xx, la incentivación de la inversión privada aumentó, se limitó el
reparto agrario, se dio por terminada la aplicación de la “educación socialista” y
se llevó a cabo una política de oposición sistemática de las demandas de los tra-
bajadores (Garrido 1982, 461). Paralelamente se abrió paso a la conformación
de un proyecto “integrador”, que buscaba subordinar los sindicatos obreros y
campesinos. Evidentemente, las masas populares continuaron relegadas de
toda participación política real. Incluso los cargos de elección popular fueron
atribuciones correspondientes al presidente a partir de este proceso.
La consolidación del dominio político se fortaleció a partir de factores ex-
ternos, como la imposibilidad de los países participantes en la Segunda Guerra
Mundial de satisfacer la demanda de productos del sector secundario. Esto per-
mitió el desarrollo de una política interna de “sustitución de importaciones” y
de fomento a las exportaciones que impulsó una industrialización relativa en el
país, sobre todo a partir de la participación del Estado en sectores considerados
estratégicos y en el rescate de empresas a fin de conservar los niveles de em-
pleo. Entrada ya la segunda mitad del siglo xx, México experimentó un creci-
miento industrial importante tanto en el sector público como en el privado —en
parte derivado del aumento de la inversión extranjera y el auge en los precios
del petróleo—, aumentando con ello los índices de exportación. La industria, a
la par que crecía, se diversificó y, para la década de 1970, este crecimiento re-
percutió en el sector rural, aunque de manera diferenciada entre el norte y el

sur del país.
Sin embargo, para el último tercio del siglo xx, el crecimiento económico se
desaceleró considerablemente. El aumento de precios, la pérdida del poder ad-
quisitivo y la devaluación del peso frente al dólar, fueron algunos de los signos
que ponían fin al llamado “milagro mexicano” y dejaban en entredicho el modo
de regulación que con éxito había logrado revertir la severa crisis de 1929. Nue-
vamente, la necesidad de reorientación económica y de reconfiguración estatal
surgió ante la crisis económica y de legitimidad que se presentaba. En México
podemos marcar el inicio de esta nueva crisis a partir del inicio de la década de
1980 —pese a que ya había sido anunciada por el hito que representó el movi-
miento estudiantil de 1968—. Para el sexenio de Miguel de la Madrid, el arribo
de los denominados tecnócratas hizo inminente la aplicación de políticas neoli-
berales que terminaron por sepultar la ideología revolucionaria que había sos-
tenido y fundado los cimientos más fuertes de la dominación, pero, además,
abrió un nuevo episodio en el que la violencia no ha dejado de ir en aumento.
94
DOSIER
Crisis y reconfiguración estatal

La reorganización estatal en un nuevo modo de regulación, basado en la idea del
Welfare State, pese a tener pretensiones universalistas de instauración, no logró
afianzarse a lo largo y ancho del mundo. A lo sumo, el modelo fue exitoso en
Europa occidental, donde incluso la hegemonía estadounidense se vio fuerte-
mente cuestionada. Sin embargo, en países de América Latina, el modelo fue co-
piado solo parcialmente a fin de proteger el mercado interno, sustento de la
economía —como en el caso mexicano—. Paralelamente se dio inicio a un cre-
ciente endeudamiento por parte de los países latinoamericanos como medida
para mantener las economías nacionales y el impulso de la industrialización. No
obstante, se realizaron concesiones democráticas como la universalización del
voto y la extensión del sistema de seguridad social, paralelamente acompañado
de un ascenso de las dictaduras militares impulsadas desde la Casa Blanca. Para
los países de África, el modo de regulación de la posguerra jamás pudo ser in-
troducido, siendo su papel mantenido como meros proveedores de materias
primas (Hirsch 2001, 16). En cada una de las naciones donde el modelo fue
adoptado, este se configuró de acuerdo con las características sociopolíticas,
económicas, culturales e históricas específicas.
En gran medida, la etapa de mayor crecimiento y solidez de este modo de
regulación se dio durante la llamada Guerra Fría. Su crecimiento y expansión fue
impulsado inicialmente por la industria armamentística y militar que EUA enca-
bezaba. El gran potencial productivo y de competencia que dicha potencia ofre-
cía, paulatinamente, fue convirtiéndose en factor de presión para la liberaliza-

ción de los mercados y el libre tránsito de mercancías en regiones donde antes
no existía inversión. Esto fue poniendo fin a la regulación del mercado interno
por parte del Estado e impulsando su apertura y gradual desarticulación. Ante
la importancia que fue adquiriendo el mercado externo, el sector exportador se
fortaleció. Pronto las empresas multinacionales, capaces de movilizar flujos
considerables de mercancías a escala global, se vieron beneficiadas con la libe-
ración de los mercados y comenzaron a adquirir importancia económica para
las naciones.
En general, la crisis de este modo de regulación fue provocada por “un re-
troceso estructural en la rentabilidad del capital en todas las metrópolis capita-
listas” (Lipietz 1987, 29), es decir, la disminución de la tasa de ganancia y la de-
tención de la acumulación que se inició con la pérdida del liderazgo económico
por parte de EUA, gracias al éxito obtenido por parte de países de Europa occi-
dental y de Japón, que aplicaron un modo de regulación altamente competitivo,
pero más efectivo en su apertura al mercado mundial. El liderazgo militar de
EUA representó un gasto enorme, lo que le produjo un endeudamiento que ter- 95
minó por debilitar al dólar. Por lo tanto, este último dejó de fungir como la mo-
DOSIER
neda de referencia para las transacciones internacionales, lo que finalmente
obligó al gobierno de EUA a desistir de la garantía en oro de su moneda, llevan-
do al colapso del sistema Bretton-Woods a comienzos de los años setenta. Con
ello, se sustrajo un sustento decisivo a la regulación política del mercado mun-
dial. El sistema de cambios fijos, controlado por instituciones internacionales,
se disolvió (Hirsch 2001).
El colapso del sistema estabilizador de los tipos de cambio permitió que el
manejo internacional del dinero cayera en manos de los bancos, creando una
subordinación económica creciente de los Estados a los intereses privados. El
Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó de fungir como órgano regulador para
convertirse en una especie de “cancerbero” del capital financiero, sobre todo
frente a las naciones deudoras, ante las que logró imponer condiciones para ne-
gociar la deuda. Entre estas últimas se encuentran la reducción del sistema de
seguridad social, con todo lo que ello implica, y la cancelación de derechos la-
borales ganados a partir de largas luchas, hasta llegar a la denominada flexibili-
zación laboral. Asimismo, se comienza un férreo desmantelamiento de las aún
sobrevivientes estructuras campesinas tradicionales. Este proceso de restructu-
ración estatal, definido como “Estado nacional de competencia”, se caracteriza
por la mundialización dirigida por el capital financiero (Almeyra 2002, 300).
Contrario a la idea de globalización —que implica esencialmente una refe-
rencia a la idea de una aldea global donde las fronteras se diluyen, las identida-
des se unifican en la conformación de una identidad global—, la idea de mundia-
lización implica una referencia al proceso de transnacionalización de los flujos

de capitales y del libre tránsito de mercancías, sin que por ello desaparezcan las
diferencias culturales existentes. Por el contrario, la diferenciación cultural, ra-
cial y nacionalista tiende a marcarse de un modo radical por dos motivos. El
primer motivo es que la estabilidad del sistema político de las naciones comien-
za a fundamentarse en la apelación a los intereses generales de la nación en
contra de los competidores frente al capital trasnacional. Las otras naciones se
convierten en competidores por conseguir los favores del establecimiento del
capital en sus territorios. Así, los intereses ajenos se convierten en los enemigos
de la nación, como se puede ver actualmente en la posición de EUA frente al Me-
dio Oriente, en la guerra por el petróleo o contra Venezuela.
En segundo lugar, el resurgimiento de los racismos, nacionalismos, etnicis-
mos y chauvinismos es resultado del quiebre del viejo sistema de negociación y
cooptación corporativista, de la desregulación y del prácticamente nulo control
de lo social por parte del Estado. La búsqueda de un posicionamiento óptimo
frente al capital mundial hace que las naciones adopten medidas de escasa re-
96 gulación en lo que a flujos mercantiles e instalación de industrias se refiere. Se
reducen las políticas sociales, aumentan las privatizaciones, se minimizan los
DOSIER
estándares ecológicos a cambio de que el capital se establezca dentro del terri-

torio nacional, lo que tiene costos sociales altísimos. Las conquistas laborales
logradas a partir de largas luchas se tiran por la borda (como la reducción de la
jornada laboral a ocho horas). Se pone fin a la protección del trabajo femenino
e infantil. Los bajos salarios se vuelven cada vez más precarios. En suma, la do-
minación y la explotación se radicalizan. La política misma, otrora dedicada a
salvaguardar la soberanía de las naciones, se somete casi absolutamente a las
fuerzas del mercado mundial. El crecimiento económico deja de estar vinculado
con el bienestar de las mayorías. Se crean grandes zonas de pobreza y margina-
ción en todo el mundo, en comparación con las islas de bienestar o pequeños
sectores que disfrutan realmente de los beneficios de esta mundialización. Esta
tendencia a la radicalización de las diferencias en el acceso a los beneficios, así
como el grado de explotación y marginalidad, impulsan con mayor fuerza los
flujos migratorios hacia los núcleos industriales o de servicios.
Ahora bien, este proceso de transformación estatal hacia un nuevo modo de
regulación, donde la intervención gubernamental se reduce casi a su mínima ex-
presión, no implica la necesaria desaparición del Estado. El mercado, pese a po-
seer sus propias leyes y su lógica particular de existencia, no puede sustentarse
por sí mismo, mucho menos ocupar el lugar de un aparato de Estado y efectuar
funciones de seguridad social y prevención. El mercado, por más libre que pue-
da parecer, necesita del aparato estatal como medio de aseguramiento, regula-
ción y creación de las condiciones mínimas necesarias para posibilitar su repro-
ducción. En efecto, el Estado cumple funciones específicas dentro de la lógica de

reproducción del capital, tales como regular las relaciones comerciales, contro-
lar los precios de algunos productos, el tránsito de mercancías, evitar las prác-
ticas monopólicas, etcétera. Es decir, el Estado no desaparece ni se reduce, sim-
plemente se transforma en un Estado que posibilita y permite, como nunca
antes, la reproducción ampliada del capital, mediante la creación de las condi-
ciones necesarias para ello.
El Estado, al igual que siempre, funge hoy día como posibilitador de las con-
diciones para la reproducción ampliada del capital. La entrada en vigor de tra-
tados de libre comercio multinacionales, firmados y aceptados desde los mis-
mos gobiernos; la creación de leyes que revierten los logros de las luchas
obreras y que flexibilizan el trabajo a favor de las grandes empresas; la mínima
regulación ecológica; la condonación de impuestos a empresas y al tránsito de
mercancías, son parte de las labores que realiza el Estado como expresión polí-
tica de la modernidad capitalista. En este sentido, debemos tener en cuenta que
el capital no es una cosa, sino una relación: “si el capital no es una forma econó-
mica sino una forma de vida humana, entonces el Estado y la política se forman 97
o constituyen desde y en la totalidad del capital” (Ávalos 1996, 201). En otras
DOSIER
palabras, “los mercados no son fenómenos naturales, sino circunstancias cons-
truidas política e institucionalmente” (Hirsch 2001, 144). La mundialización
“adelgaza’’ y desgasta a los Estados, pero no los hace desaparecer sino que los
somete francamente al capital financiero internacional. La pérdida de soberanía
internacional y, al mismo tiempo, de consenso popular, debilita los Estados,
convirtiéndolos cada vez más en maquinarias burocráticas autistas (Almeyra
1997).
La descentralización y la desregulación adoptadas por una mayoría de go-
biernos, por recomendación (forzada) de instituciones políticofinancieras como
el fmi, la Organización Mundial de Comercio (omc) o el Banco Mundial (bm), jun-
to con la presión de los gobiernos de los países centrales sobre los países de-
pendientes (Almeyra 2004), apuestan por la reducción del papel del Estado en la
economía y la apertura de los mercados nacionales, en los que las proyecciones
a futuro dependen del comportamiento de los mercados mundiales. Paralela-
mente a este proceso, surgen nuevos productos, nuevas tecnologías de produc-
ción y de comunicación; cambian las formas de organización fabril; se flexibili-
zan las relaciones laborales, dentro de una continua transformación industrial
(Hirsch 2001, 122). Del mismo modo, y con la finalidad de restablecer la acumu-
lación de capital y la generación de riqueza, los organismos financieros interna-
cionales han presionado a los países dependientes para lograr una reducción de
los costos salariales, un incremento de los tiempos de trabajo y una intensifica-
ción del uso de las plantas fabriles. Estas condiciones han dado pie a una fuerte
crítica en contra de los efectos negativos del proceso de paulatino desmantela-

miento del viejo sistema de seguridad del Welfare State. La agudización de las
desigualdades ha ido en constante aumento, dando paso a procesos como el que
actualmente vive México, donde la violencia se hace presente de un modo crudo
y descarnado. A la violencia objetiva, inherente al modelo de desarrollo capita-
lista neoliberal, se ha sumado el surgimiento de nuevos actores, de poderes fác-
ticos que de manera directa o indirecta, han sido incentivados desde el aparato
estatal, al ser funcionales con su dominio.
Crisis estatal, violencia y paz

El fenómeno de transformación estatal abrió paso a un creciente retroceso en la
cesión de derechos sociales y laborales para favorecer la acumulación del capi-
tal. Este repliegue estatal de sus funciones de protección social permitió la in-
cursión del capital privado en la satisfacción de demandas de salud, educación,
seguridad, pero de igual manera abrió la puerta a la expresión de diversas iden-
98 tidades que, en la forma estatal postliberal, habían sido integradas corporativa-
mente como parte de los diferentes sectores productivos. En México, la legitimi-
DOSIER
dad del dominio estatal descansó en la representatividad que ligaba al partido

en el poder con los ideales de la Revolución. La herencia discursiva basada en la
reivindicación del proceso revolucionario, la generación de un sistema de segu-
ridad social y una Constitución política que parecía dar cuenta de esta heredad,
garantizaron una relativa estabilidad al régimen y hasta cierto punto, un alto
grado de hegemonía que se expresó en un pacto de dominación relativamente
estable. Este pacto adquiere forma y contenido, particularmente en el periodo
presidencial de Lázaro Cárdenas, quien a través de su política de masas, forta-
lecimiento del corporativismo y de la institución presidencial, así como de una
serie de políticas públicas, buscó dar solución a las demandas planteadas por
los sectores populares durante el movimiento revolucionario.
Este pacto de dominación, no obstante su efectividad, fue roto a partir de
una serie de procesos que pueden identificarse en cinco momentos que si bien,
no son los únicos, sí pueden ser representativos de esa ruptura que termina por
poner al país en una situación de agravada violencia. El primero de ellos puede
identificarse con la puesta en práctica de políticas neoliberales en los años
ochenta del siglo xx, proceso acompañando por el abandono del discurso reivin-
dicativo de los ideales revolucionarios y el inicio del desmantelamiento del Es-
tado de bienestar. A partir de este momento comienza a gestarse eso que se ha
dado en llamar “adelgazamiento estatal” y que representa una disminución de la
presencia del Estado y sus instituciones en la seguridad social para dar paso a
la participación de los privados en la oferta de servicios como la seguridad, la
salud y la educación, quitándole, por ende, al Estado, el papel de interventor en

la economía y los mercados para permitir que sea la ley de la oferta y la deman-
da la que regule al mercado.
El segundo momento lo representa la fuerte crisis que al interior del partido
oficial se da en la segunda mitad de la década de los 80. Esta crisis comenzó a
gestarse como una fractura resultada del cuestionamiento a la forma de elec-
ción de los candidatos presidenciales. Encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y
un grupo de organizaciones sociales y sectores de izquierda, la ruptura dentro
del pri deriva en el surgimiento del llamado Frente Nacional Democrático, que
postuló en aquel entonces a Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del tata Cárdenas) a la
presidencia en las elecciones federales de 1988, frente al candidato oficial, Car-
los Salinas de Gortari. Este Frente consiguió aglutinar un amplio espectro de las
organizaciones de la izquierda mexicana, desde sectores moderados hasta sec-
tores radicalizados, pero que en la coyuntura lograron unificarse primero en el
Frente, y posteriormente en la creación del Partido de la Revolución Democráti-
ca (prd). Este momento es muestra de la crisis al interior del partido oficial, pero
también marca el inicio del fin de la hegemonía priista frente a la sociedad en 99
México, aunque este proceso no represente el fin del partido revolucionario.
DOSIER
El tercer momento importante lo marca el alzamiento del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (ezln) el 1 de enero de 1994. Este suceso atrajo la aten-
ción de la opinión pública nacional e internacional al exponer la miseria y la se-
rie de injusticias que afectan a los pueblos indígenas en el país justo en el mo-
mento en que desde el discurso oficial del gobierno salinista, México estaba en
el umbral del primer mundo, muestra de ello era la firma del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte. La aparición del ezln mostró al mundo la rea-
lidad que en México los distintos gobiernos habían pretendido ocultar u obviar,
la situación de miseria y atraso social que viven las comunidades indígenas des-
de hace siglos y que representa una deuda histórica no saldada, pero sobre
todo, exhibió la indolencia de los distintos gobiernos priistas, que aún, arrogán-
dose la herencia de los ideales revolucionarios, no habían logrando hacer la mí-
nima justicia a estos sectores de la sociedad, mostrando que el pacto de domi-
nación solo fue parcial, que el arribo de México al primer mundo era un ardid
propagandístico y que en el país había un hondo abismo de marginalidad en los
sectores rurales e indígenas.
El cuarto momento se da para las elecciones del año 2000, cuando el enton-
ces presidente, Ernesto Zedillo, renuncia públicamente a su capacidad de desig-
nar a su sucesor como había sido tradición dentro del presidencialismo de cor-
te priista. Esta renuncia a la tradición, sumada a un hartazgo social consecuencia
de las sucesivas crisis, la inflación, la caída del peso y el aumento del desem-
pleo, la posibilidad de alternancia —que comenzó a gestarse con la serie de re-
formas que en materia electoral se realizan después de la controvertida elección

de 1988—, y la campaña del voto útil para “sacar al pri de los Pinos”, permiten
que por primera vez después de poco más de 70 años un partido distinto al Re-
volucionario Institucional ocupe la presidencia de la República. La llegada de
Vicente Fox al gobierno federal de la mano del Partido Acción Nacional (pan) ge-
neró una serie de expectativas que no lograron cumplirse. El cambio de partido
en el gobierno no implicó un cambio en la estructura de poder creada por el pri,
así, el rumbo fijado desde la lógica del neoliberalismo, no solo se mantuvo, sino
que se acentuó como lo demuestra el intento de implementación del Plan Puebla
Panamá que pretendía extender el modelo de la industria maquiladora a todo el
sur y sureste del país, además de impulsar el modelo extractivista de los recur-
sos naturales (Ornelas 2002). La estructura de gobierno basada en la corrupción,
el clientelismo y el control corporativo se mantuvo intacta, de hecho resultó
funcional al partido en el gobierno. Las promesas de investigar los nexos de po-
líticos con el narcotráfico quedaron solo en eso, al igual que dar solución al con-
flicto en Chiapas, por mencionar únicamente dos de los muchos casos. La con-
100 tinuidad y la frustrada transición democrática no abonaron para restituir el
pacto de dominación desgarrado por los tres gobiernos neoliberales anteriores,
DOSIER
así, la alternancia del partido en el poder a partir del año 2000, no logró generar
una nueva base de legitimidad.
Finalmente, un quinto momento puede identificarse en el fraude electoral
de 2006, que llevó a otro panista, Felipe Calderón, a la presidencia. La contro-
versial elección del 2006, en la que el candidato del pan se hace del Poder Eje-
cutivo frente al candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel
López Obrador, con una mínima diferencia de menos de un punto en el porcen-
taje de votos, así como la negativa por parte del Instituto Federal Electoral (ife)
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf), de abrir los
paquetes electorales para realizar un conteo de los votos boleta por boleta ante
los reclamos y señalamientos por las irregularidades detectadas durante el pro-
ceso de campañas y la elección, terminaron por derrumbar la ya de por sí frágil
legitimidad estatal. Así, la presidencia de Felipe Calderón, desde su inicio estu-
vo marcada por la sombra del fraude electoral y un enorme vacío de legitimi-
dad. Frente a esta ausencia de legitimidad, el nuevo presidente panista se lanzó
a una aventura bélica. Como uno de sus primeros actos como presidente, Calde-
rón declara la “guerra contra el narcotráfico”, con esta declaración designa a los
narcotraficantes como el enemigo interno a vencer. Despliega al ejército a lo lar-
go y ancho del país para realizar actividades de tipo policial, claramente contra-
rias al papel que constitucionalmente tienen reservadas las fuerzas armadas.
Con el ejército en las calles comienza a darse un fenómeno doble, no solo la
violencia vinculada con el narcotráfico no disminuye, sino que crece exponen-
cialmente, a la par que crecen también las violaciones a los derechos humanos
de la mano del ejército, que sin ningún marco legal claro que acote sus funcio-
nes, comienza a actuar de manera discrecional afectando a la población civil y
particularmente a luchadores sociales y miembros de organizaciones de defen-
sa de los derechos humanos.1
La llamada “guerra contra el narcotráfico” lejos de acabar con la violencia, la
exponenció a tal grado que en el sexenio calderonista la cifra de muertos llegó
a más de 120 mil (de acuerdo con datos del inegi) y en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, esta se continuó, sumando un número de muertos relacionados con
hechos violentos que para el último año del sexenio, ronda cifras similares a las
del sexenio anterior. La fallida estrategia de combate al narcotráfico se ha man-
tenido pese a su evidente fracaso. Así, al desmantelamiento del Estado benefac-
tor, o lo que fue su expresión mexicana, se suma la creciente violencia, generan-
do una combinación de elementos que dificulta poder pensar la paz como una
aspiración posible a corto plazo.
Pensar en la construcción de paz en el contexto mexicano implica pensar en
las condiciones que han posibilitado su inexistencia. Implica pensar esa posibi- 101
lidad atravesada por una doble condición. Por un lado, aquella que deriva de lo
DOSIER
que se denomina violencia objetiva y que tiende a no ser percibida de igual ma-
nera que como la violencia subjetiva lo es (Žižek 2007). La violencia objetiva,
por su condición sistémica, tiende a ser naturalizada e integrada rápidamente
en el paisaje, al grado de pasar inadvertida y considerarse como normal. Este
tipo de violencia está representada para este caso, en el desmantelamiento del
Estado benefactor y la orientación neoliberal de los últimos seis gobiernos fede-
rales, que han logrado dar al traste con una parte importante de los derechos
sociales recién conquistados hace menos de un siglo, convirtiendo estos dere-
chos en mercancías valorizables en el mercado como cualquier otro producto,
accesibles solo para aquellos que pueden pagarlos. Este proceso de desregula-
ción estatal debe reconocerse en el marco de una de las fases del capitalismo
más agresivas y violentas, la de la acumulación por desposesión (Harvey 2003),
que desde los años 70 del siglo pasado comenzó a implementarse bajo la pre-
sión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(fmi), Banco Mundial (bm) y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), como
una medida de renegociación de la deuda externa. Este viraje, implicó una feroz
1 Un excelente análisis y recopilación de casos sobre estos abusos de militares contra la

sociedad civil y luchadores sociales es el texto de Carlos Fazio (2016), Estado de emergen-
cia, en el que Fazio no solo hace un recuento de los abusos militares durante dos sexenios,
el de Calderón y el de Peña Nieto, sino que enmarca esta violencia en el marco de una es-
trategia de Estado para el control de territorios, recursos y regiones.
privatización de las empresas paraestatales y los servicios públicos, así como la

privatización y explotación de los recursos naturales, lo cual ha representado
una seria presión y amenaza a las tierras comunales de los pueblos originarios
y comunidades campesinas. Este proceso, a la par que representó una fractura
en el pacto de dominación, abrió la puerta para la organización de la Sociedad
Civil, que abandonada ante el retiro estatal quedó a expensas de los intereses
del capital privado, así como de poderes locales que frente a este abismo guber-
namental se fortalecieron, como el caso de los cacicazgos y los grupos de poder
del crimen organizado, sin más opción que tener que organizarse.
Por otro lado, la violencia subjetiva representa esta segunda condición que
dificulta la posibilidad de pensar la paz en un sentido que rebase la reflexión
sobre la paz negativa. La violencia subjetiva, como esa violencia sangrienta eje-
cutada por un agente identificable (Žižek 2007), visible y que genera un alto gra-
do de indignación no puede entenderse sino como una consecuencia de la vio-
lencia objetiva. La violencia criminal tiene en gran medida su origen en un
contexto de desigualdad, crecimiento de la pobreza, pérdida de derechos, au-
102 mento del desempleo, es decir, de la enorme injusticia social que se ha fomen-
tado desde los distintos gobiernos en este país. Aunque si bien, la desigualdad
DOSIER
no es por sí sola y de manera directa el origen de la violencia, en proporciones

como las que existen en México, no deja de ser un caldo de cultivo para la pro-
pagación de la actividad criminal.
Para el caso mexicano, el crecimiento de la violencia, como ya se mencionó
con antelación, puede marcarse con el inicio del sexenio calderonista, pero la
decisión del entonces presidente no debe entenderse solamente en un contexto
nacional de búsqueda de legitimidad ante la controversial elección federal del
2006. Juega en esa decisión la iniciativa Mérida, adoptada por los gobiernos de
México y Estados Unidos en 2007 y que representa un acuerdo en materia de se-
guridad y, particularmente, de lucha conjunta contra el crimen organizado
transnacional. Dicha iniciativa representó un aporte por parte de Estados Uni-
dos de 1,400 millones de dólares en equipo militar y tecnología con la preten-
sión de que México mejorara su programa de combate a las drogas y de vigilan-
cia de su territorio, equipara a las agencias para las tareas de vigilancia y
combate al crimen organizado, dotara de tecnología para coordinación conjunta
de las fuerzas de seguridad de ambos países, contribuyera a un hemisferio más
seguro y protegido donde las organizaciones criminales no fueran una amenaza
para los gobiernos ni la seguridad regional, y, finalmente, impidiera la entrada
y propagación de drogas ilícitas y amenazas transnacionales en toda la región y
hacia Estados Unidos (Arámbula 2008).
Bajo el amparo de este acuerdo bilateral, la violencia subjetiva en México cre-
ció. El establecimiento de una política represiva so pretexto del combate al nar-
cotráfico con el apoyo de los Estados Unidos, hizo estallar el número de muertes
relacionadas con armas de fuego, mismas que, como lo mostró el caso de las
operaciones “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” fueron introducidas a Méxi-
co por parte de agencias estadounidenses, como la Agencia Norteamericana de
Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (atf, por sus siglas en
inglés), de manera ilegal, bajo la intención de seguir las rutas que el mercado ne-
gro de armas en México tenía para poder dar con los líderes de los grupos crimi-
nales. No obstante, estas armas, lejos de permitir la captura de los líderes de los
cárteles, fueron usadas contra civiles, como lo reveló la cadena Univisión en el
caso de la masacre de Villas de Salvárcar, Chihuahua, en enero de 2010, cuando
hombres armados irrumpieron en una fiesta de estudiantes y asesinaron a 16
personas e hirieron a otras 12.
La violencia subjetiva en México no es un resultado azaroso, por el contra-
rio, se ha convertido en una estrategia gubernamental, una razón de Estado para
ejercer control sobre el territorio, los recursos y las personas desde diciembre
de 2006. Con esta apuesta, la implementación del neoliberalismo entró en una
nueva fase, de mayor agresividad y violencia. Desde la llegada al gobierno de 103
Calderón y continuando con el sexenio de Peña Nieto, se ha dado prioridad en
DOSIER
el gasto de los recursos públicos al supuesto combate al crimen organizado, sa-
crificando el gasto social en salud y educación por la compra de armamento y el
despliegue de un dispositivo castrense por todo el país. La “lucha contra el nar-
cotráfico” se ha convertido en el pretexto perfecto para enviar al ejército a las
calles a realizar labores anticonstitucionales, en franca violación de los dere-
chos humanos, como medio de amedrentamiento y de instauración de un régi-
men de miedo que busca desmovilizar a la sociedad civil, como puede verse en
el número de violaciones, abusos, muertes y la desaparición de líderes sociales,
miembros de movimientos sociales, defensores de los derechos humanos y pe-
riodistas.
Frente a este escenario, la necesidad de paz no se puede restringir al mero
cese de la violencia criminal, sino a la búsqueda de una paz más amplia, en su
sentido positivo, pues tanto la violencia objetiva como la subjetiva son las dos
caras de una misma moneda. El rezago social existente en diferentes regiones
del país, particularmente en las zonas habitadas por poblaciones indígenas y
campesinas, así como los miles de pobres que se concentran en las zonas urba-
nas, representan una deuda que el Estado tiene para con su población. La com-
placencia con la que los gobiernos, en una actitud neoliberal, han dado carta
abierta a la inversión privada y han dejado hacer y pasar, niega las condiciones
para toda justicia social, pero también ha abierto el camino para la aparición y
operación de poderes extra-gubernamentales que de facto operan como instan-
cias paraestatales.
Pensar la paz en un sentido positivo no es tarea fácil en el contexto que pri-

va en México. La búsqueda de paz debería atender esa violencia objetiva que
genera los otros tipos de violencia como la subjetiva, es decir, pensar la paz im-
plica pensar más allá del neoliberalismo y por lo tanto del capitalismo. Por ello,
requiere no solo pensar en una transformación política profunda, también de
una transformación de las subjetividades colectivas en su conjunto, no única-
mente de los funcionarios públicos. La ausencia de paz no podrá resolverse de
arriba hacia abajo, por decreto o desde las instituciones. Se requiere del empuje
de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada, de una salida de
esa pasividad y apatía que durante tanto tiempo han caracterizado al país, pero
que afortunadamente comienzan a retroceder en aras de la urgencia por resol-
ver la actual situación. En este sentido, la exigencia, que en algunos sectores
movilizados comenzó por el simple cese de la violencia, ha escalado y ampliado
sus objetivos, bajo el entendimiento de que no habrá paz verdadera y duradera,
sin justicia social real.
104
Referencias
DOSIER
Almeyra, Guillermo. «Estado y burocracia en la mundialización.» La Jornada.

México, 6 de abril de 1997.
———. «Lo político y la política en la mundialización .» En Gerardo Ávalos, Re-
definir lo político. México: uam-X, 2002.
———. «Observaciones metodológicas para el estudio de la mundialización diri-
gida por el capital financiero.» Eseconomía, 2004, 122.
Arámbula, Alma. Iniciativa Mérida. Compendio. México: Cámara de Diputados LX
legislatura, 2008.
Ávalos, Gerardo. Leviatán y Behemoth. Figuras de la idea del Estado. México:
uam-X, 1996.
Cosío, Daniel. El sistema político mexicano. México: Joaquín Mortiz, 1982.
Echeverría, Bolívar. Modernidad y blanquitud. México: era, 2010.
Fazio, Carlos. Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de
Peña Nieto. México: Grijalbo, 2016.
Garrido, Luís Javier. El partido de la revolución institucionalizada. México: Siglo
XXI Editores, 1982.
González, Pablo. Imperialismo y liberación. México: era, 1979.
Harvey, David. The new imperialism: Oxford University Press, 2003.
Hirsch, Joachim. El Estado nacional de competencia. Estado, democracia y políti-
ca en el capitalismo global. México: uam-X, 2001.
Lipietz, Allan. The crises of global fordism. Londres, 1987.
Lockhart, James. Los nahuas después de la conquista: historia social y cultural de

los indios del México central, del siglo xvi al xviii. México: fce, 1999.
Ornelas, Jaime. «El Plan Puebla-Panamá y la globalización neoliberal.» Aportes,
buap , 2002.
Roux, Rhina. «El principe despojado y los dilemas del Estado.» Viento del Sur,
2000.
Sabine, George. Historia de la teoría política. México: fce, 2006.
Sartori, Giovanni. La política. Lógica y método en las ciencias sociales. México:
fce, 2006.
Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Madrid: Paidós,
2007.
105
DOSIER
DOSIER
Pierre Gaussens*
Cuando hablar de violencia es violento:
los problemas del discurso dominante
When talking about violence is violent: The problems
of the dominant discourse on the organized crime
Resumen | El discurso dominante sobre la crisis de seguridad en México se basa en una re-
presentación oficial que equipara los grupos criminales con mafias, como supuestos “pode-
res paralelos” cuyos intereses “infiltran” el Estado. En contra de esta visión mediática, es
preciso deconstruir las categorías que hacen del “cártel” un enemigo fantasmal, la “plaza”
un territorio imaginario y el “narco” un mito, para poder entender de manera crítica un fe-
nómeno delictivo cuyo nexo político-criminal es funcional, tanto para el orden social en el 107
Estado como para la acumulación del capital en el mercado.
Palabras clave | Estado, grupo criminal, tráfico de drogas, nexo político-criminal.
Abstract| The dominant discourse on the security crisis in Mexico is based on an official rep-
resentation that compares criminal groups with mafias, as some “parallel powers” whose in-
terests “infiltrate” the State. Against this vision, it´s necessary to deconstruct the categories
that make the “cártel” a phantom enemy, the “plaza” an imaginary territory and the “narco” a
myth, in order to be able to understand critically a criminal phenomenon whose political nex-
us is functional to the social order in the State and the accumulation of capital in the market.
Keywords | State, criminal group, drug trafficking, political-criminal nexus.
Contra el discurso dominante

En el México del siglo xxi, el llamado crimen organizado es omnipresente. Su
acrónimo “narco” se encuentra en la prensa, discursos oficiales, noticias o Inter-
net. También se escucha en el transporte, las reuniones o en la calle. Tarde o tem-
Recibido: 27 de noviembre de 2017. Aceptado: 15 de enero de2018.
* Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Becario del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(ceiich), asesorado por la Dra. Alba Teresa Estrada Castañón. Doctor en sociología por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
Correo electrónico: pierre.gaussens@gmail.com
Gaussens, Pierre. «Cuando hablar de violencia es violento: los problemas del discurso dominante sobre el crimen orga-
nizado.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 107-124.
prano, las pláticas diarias terminan refiriéndose a ello, sea con respecto a la ocu-
rrencia de alguna situación o la suerte de algún individuo. El “narco” se ha
constituido en uno de los principales ejes de la vida pública del país. En forma
difusa, está en la mente de muchos. Por lo general, su sola mención suele bastar
para concluir una discusión o dar por sentada la demostración de cualquier argu-
mento. Su recurso retórico se ha convertido en una especie de sentencia lógica.
Si “fue el narco”, todo queda sobrentendido. Se cierra la explicación, no hay más
vuelta atrás y el silencio se torna cómplice. Hablar más se pone peligroso. Con
solo mencionarlo, todo queda con la apariencia de ser resuelto, entendido, expli-
cado, aunque no se diga nada en realidad. “Fue el narco”, “el narco lo hizo”, “está
con el narco”, “aquí manda el narco”, “la mano del narco”, son unas entre tantas
otras expresiones con las que los discursos ordinarios cierran el análisis sobre lo
cotidiana que se ha vuelto la violencia, la frecuencia con la que se dan los homi-
cidios, la recurrencia con la que salen a relucir las armas, la banalidad de que una
persona desaparezca, o la facilidad con la que termina derramándose la sangre.
Esta situación no es fortuita, sino producto de un largo y sistemático traba-
108 jo mediático de propaganda. Si hoy el “narco” está en nuestras cabezas, es por-
que primero estuvo en los discursos oficiales y apareció en las primeras planas
DOSIER
de los periódicos. Si ahora estructura las conversaciones diarias, es porque allí

se repite lo anunciado día tras día por los noticieros televisivos y radiofónicos.
En este sentido, el tratamiento de la información dado por los medios masivos
de comunicación, en México en años recientes, mucho tiene que ver con esa om-
nipresencia del “narco”. “Se ha establecido una especie de arquetipo del mal, re-
producido de manera insistente por los medios de comunicación, y, además, se
ha creado un dominio de significación donde el significante “narco” funciona
como un multiplicador lexicológico […]. Ese multiplicador lingüístico ejerce tal
fascinación, que quienes caen bajo su embrujo no diferencian ya las designacio-
nes con fundamento en la realidad de la pirotecnia verbal” (Astorga 1995, 41).
Esta última es distintiva del discurso mediático actual. Sus fuegos multico-
lores brillan en las numerosas declinaciones del prefijo “narco-”, que ya no se
restringe solamente a los narcóticos y, sobre todo, al tráfico de drogas y quienes
lo administran (los “narcos”), sino que ahora, también se aventura en los terre-
nos de la cultura (“narco-video”, “narco-corrido”, “narco-novela”, “narco-fiesta”),
la técnica (“narco-menudeo”, “narco-manta”, “narco-ruta”, “narco-túnel”, “narco-
fosa”), la economía (“narco-lavado”, “narco-dólar”, “narco-tienda”), la política
(“narco-voto”, “narco-democracia”, “narco-campaña”) y el Estado (“narco-guerra”,
“narco-imperio”, “narco-terrorismo”). No obstante, el prefijo contribuye menos a
definir que a ser definido. A menudo es más cercano al insulto que al concepto.
Es parte de la polémica periodística y no del debate científico. “El prefijo “narco”
opera de manera mágica y adictiva en el lenguaje cotidiano: basta usarlo con
cualquier palabra para imaginar que se comprende lo que se dice” (Astorga

2015, 215). Como taparrabo teórico, nuevo ersatz del pensamiento conservador
y medio de una auténtica colonización mental, el “narco” no da cuenta de lo
realmente existente por la carga fantasiosa que conlleva.
Palabras encontradas en el periódico Excelsior
narcoliteratura narcomantas narcoempresas narcodependiente

narcoauto narcocorrido narcopolítico narcoejecuciones
narcofosa narcoviolencia narcotiendita narcosoldados
narcopolítica narconómina narcochica narcopresidente
narcomodelo narcoposada narcojuniors narcomatanza
narcobloqueos narcotúneles narcoperredista narcocamioneta
narcochangarro narcosubmarino narcovirus narcocentro
narcosicarios narcolanchas narcoavión narcopolicías
narcofiesta narca narcomenudeo narcocampañas 109
narcovenganza narcopalenque narcoarmas narcocasa
DOSIER
narcovideo narcoconquista narcolaboratorios narcodólares
Fuente: Elaboración con base en (Castañeda, Henao 2011, 9).
Este discurso mediático en torno al “narco” no es más que el corolario de un

nuevo discurso oficial. En este punto, cabe recordar que, como lo advierte He-
gel, la ilusión no es ilusoria, es decir, que lo oficial, aunque no deje de ser una
ficción, no es nada ficticio. Que la propaganda no es un simple arsenal ideológi-
co para justificar el dominio de los dominantes, sino que constituye el discurso
mediante el cual los dominantes legitiman su dominación sin nunca tener que
justificarse, imponiendo así el desconocimiento de la lógica de su dominio en
cuanto capital, así como de la violencia arbitraria que reside en el origen de su
acumulación. Por lo tanto, el discurso oficial es mucho más que una propaganda
de acompañamiento. Es un logos performativo, como discurso constituido y
constituyente de la materia del mundo social, que contribuye a hacer existir lo
que tiende a hacer ver y creer, bajo la apariencia de enunciar lo que es. A su vez,
este efecto de realidad, siempre relativo,1 que hace advenir lo enunciado (y
1 “Sin lugar a dudas, esta disponibilidad no es infinita, y sería falso conferir al lenguaje
político el poder de hacer existir arbitrariamente lo que él mismo designa: la acción de
manipulación tiende a circunscribirse a determinados límites, puesto que se puede estar
anunciado), corresponde con la labor de profecía auto-realizada (self-fulfilling

prophecy) de la que se encargan los artífices del discurso dominante, hoy perio-
distas y académicos, todos presentados como “expertos”, quienes ponen sus
ideas de éxito al servicio del éxito de sus ideas.
En México, desde esta labor es construida la imagen de un nuevo enemigo
para la “seguridad nacional”. Con el cambio de siglo es operado un giro discur-
sivo cuyo centro es ahora ocupado por la figura del “crimen organizado”. Si bien
el tema del tráfico de drogas en sí no era nada nuevo dentro de la política nacio-
nal, en el contexto de la política exterior estadounidense de los años 2000, la
traducción e imposición de la agenda del llamado “combate al terrorismo y al
narcotráfico” vuelve a poner énfasis en esta segunda cuestión, sobre todo a par-
tir de las administraciones federales panistas. De allí en adelante empieza a ser
producido desde el Estado, de manera sistemática, un discurso centrado en la
construcción de la figura del nuevo enemigo: los “cárteles” de la droga. La esta-
dística oficial es manejada para tal fin.2 Las cifras avanzadas parecen escandalo-
sas. La retórica debe ser avasalladora. Los informes oficiales, deliberadamente
110 vagos e imprecisos, se multiplican. “Ofrecen precisamente la clase de material
que puede alarmar la opinión pública, es decir, la imagen de una amenaza terri-
DOSIER
ble, pero imposible de asir definitivamente” (Escalante 2012, 102), pues de lo

que se trata, al fin, es justificar la mano dura de la represión.
Producto de esa labor propagandística, hoy existe una especie de saber es-
tándar, de sentido común acerca del fenómeno delictivo, basado en una lengua
franca para referirse a la crisis de seguridad pública, a su vez hecha de términos
cuyo tecnicismo aparente solo esconde una profunda ignorancia. Estos últimos
conforman una precaria mezcla, proveniente de diversas fuentes, desde el argot
popular y la jerga penitenciaria hasta las consultorías empresariales, los manua-
les militares y los procedimientos penales, pasando por las notas periodísticas
de la crónica roja y las actas del ministerio público. Además del “narco”, allí se
en condiciones de resistirse a la argumentación sin ser capaz de argumentar la resisten-

cia y, menos todavía, de formular explícitamente los principios de la misma.” (Bourdieu
2012, 543).
2 En relación con las estadísticas de incidencia delictiva, cabe anotar que “el problema con
la construcción imaginaria del crimen organizado, y del delito en general, es que resulta
particularmente difícil contrastar la versión oficial, porque no hay otras fuentes de infor-
mación. La estadística delictiva, por mencionar lo más obvio, depende en última instancia
de la policía —que no puede llevar un registro objetivo de los números que sirven para
justificar su presupuesto o para evaluar su estrategia—. No hace falta pensar que se inven-
ten las cifras o que se oculte algún dato: basta con un cambio en los criterios de clasifica-
ción para que aumenten o disminuyan asaltos, agresiones, lesiones o amenazas, por ejem-
plo. De nuevo, sucede en México lo mismo que en cualquier otro país: la estadística
delictiva es problemática” (Escalante 2012, 152).
encuentran el “cártel”, la “plaza”, su “jefe”, los “lugartenientes”, “operadores fi-

nancieros”, “sicarios” y otros “halcones”, los “cuernos de chivo”, el “cobro de
piso” y los “levantones”, entre muchos más. En definitiva, “no es propiamente un
lenguaje, ni un género de habla, sino apenas un vocabulario o poco más, pero
de enorme atractivo, sobre todo para los medios de comunicación. Porque per-
mite resumir, ahorrar detalles, obviar lo que no se sabe, y ofrecer explicaciones
para cualquier público” (Escalante 2012, 57).
Ante esta situación, es preciso desacralizar el discurso dominante, con el fin
de poder anular la capacidad performativa del “narco” y romper con la función
de despolitización que cumple este término, al entenderlo como el caballo de
Troya de una permanente acción de propaganda. Sin embargo, “lo más difícil en
sociología es enfrentarse a las certezas del sentido común, sobre todo en un te-
rreno donde un fenómeno social sumamente complejo es reducido a una simple
lucha de buenos contra malos” (Astorga 1995, 13). En consecuencia, el presente
texto se enfrenta al reto de romper con las certidumbres primeras, con las evi-
dencias intrínsecas al rótulo del “narco”, en la medida en que el distanciamiento
que esta necesaria ruptura fomenta, en un inicio, tiene todas las apariencias en 111
su contra. Dicho de otro modo, las estrategias de ruptura necesariamente para-
DOSIER
dójicas que el pensamiento crítico se impone (e impone a sus lectores) suelen
aparecer al sentido común como desencantadas y, al mismo tiempo, cercanas a
la burla. Sus constataciones “implacables” pueden pasar inclusive por una pro-
vocación, un cinismo o una especie de radicalismo irresponsable, suerte de po-
lítica de lo peor que se complacería en tomar contrapiés gratuitos sobre los te-
mas más polémicos.
En cambio, creemos que si los agentes que tienen interés en el orden esta-
blecido no gustan de la crítica científica, es porque esta última introduce una
libertad en contra de la adhesión primaria al orden social, que hace que la con-
formidad misma tome formas de herejía, ironía o sarcasmo. Los lectores tam-
bién pueden sentirse atacados a nivel de sus más íntimas convicciones. Por lo
tanto, una de las estrategias que ellos utilizan contra los efectos de desmitifica-
ción del pensamiento crítico consiste en invocar la sensatez contra el desafío al
sentido común y así, intentar reducir la crítica científica al estado de una simple
sátira o de un chisme malicioso. Esta reducción es facilitada, además, por las
dificultades inherentes a la comunicación de la empresa de desmitificación ha-
cia unos lectores parcialmente mitificados. Y este obstáculo, ilustrado por la at-
mósfera de permanente sospecha que rodea a la empresa sociológica, es aún
más grande cuando la investigación tiene como objeto espacios sociales domi-
nantes, como en el caso de los espacios del nexo político-criminal, los cuales se
caracterizan, tanto por el hecho de pensarse a sí mismos como excepciones de
sus propios análisis, como por su pretensión al monopolio de su propia objeti-
vación, es decir, por su pretensión a la imposición de su propia “verdad históri-

ca”, lo que constituye la defensa más férrea contra toda producción de críticas
científicas.
Ahora bien, si dejamos de lado las declinaciones del prefijo “narco-” así
como los términos semi-doctos del discurso dominante, ¿cómo entender los fe-
nómenos reales a los que se refiere comúnmente la expresión “narco”? ¿Cómo
definir y construir pistas de explicación en relación con los ámbitos del narco-
tráfico y la criminalidad? Desde la ciencia social, a grandes rasgos han sido tres
los principales enfoques teóricos para tratar la cuestión de la organización cri-
minal, cada uno de ellos poniendo énfasis en una dimensión particular del fenó-
meno: 1) el enfoque organizacional, de corte institucional, que estudia la estruc-
tura interna de los grupos criminales, entendidos como burocracias clandestinas
sobre el modelo dominante de la mafia; 2) el enfoque empresarial, de índole
económica, que se enfoca en los negocios ilícitos y las relaciones de mercado
para la provisión de los bienes y servicios prohibidos por ley, y, 3) el enfoque de
redes clientelares, desde una visión antropológica, que analiza las relaciones de
112 poder en las que se enmarca la actividad criminal, como parte de un sistema
más amplio de relaciones sociopolíticas.
DOSIER
Estos tres grandes enfoques son los que movilizaremos en este texto, el cual
se dividirá entonces en tres partes: en un primer momento, desde el ámbito or-
ganizativo, defenderemos la idea de una delincuencia en realidad desorganiza-
da, lejana a la ficción que representa el modelo dominante de la mafia; en un
segundo tiempo, desde la esfera económica, mostraremos que los fantasmales
“cárteles” se asemejan en los hechos a pequeñas empresas familiares; y, en un
tercer momento, trataremos de explicar por qué el fenómeno delictivo no puede
entenderse contra el Estado, sino al contrario, a través de la importancia cre-
ciente que adquiere el nexo político-criminal que une a funcionarios con delin-
cuentes.
Delincuencia desorganizada: el modelo ajeno de la mafia

De manera genérica, lo que suele entenderse por “narco” se refiere a la llamada
“delincuencia organizada”. Esta última es una expresión derivada del término
inglés “crimen organizado”, proveniente de las políticas de seguridad de Esta-
dos Unidos, y que ha sido consagrado en el derecho público internacional por la
onu con la adopción de la Convención de Palermo en el año 2000, y retomado
en el derecho mexicano con las sucesivas reformas a la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada. Por lo tanto, cabe subrayar que esta última constituye
un término jurídico-legal. Es el resultado de las políticas de seguridad de los
principales Estados a nivel mundial y de su coordinación para la armonización
de las legislaciones nacionales y la construcción de herramientas penales com-

partidas frente a la transnacionalización de los mercados ilegales. Es decir, “la
necesidad de generar puentes de entendimiento y colaboración práctica, entre
los distintos Estados participantes, ha favorecido la generación de conceptos
amplios con una finalidad eminentemente práctica” (Flores Pérez 2009, 75).
En México, el término legal de “delincuencia organizada” es entendido sobre
el modelo estadounidense, como idea de contra-sociedad o, inclusive, “Estado
paralelo”. Fue sustituyéndose poco a poco a “la antigua imagen, más o menos
folclórica, de los narco-traficantes, un poco rancheros, un poco caciques, un
poco bandidos populares” (Escalante 2012, 104). A partir de las reformas lega-
les, se consolida en los imaginarios colectivos una nueva imagen de tipo mafio-
so, con base en el prototipo de la Cosa Nostra italiana, al estilo hollywoodense.
Apoyada en las cifras fantasiosas que lanzan sin pudor algunos funcionarios,
periodistas y otros “expertos autorizados” en la materia, sobre todo con respec-
to al dinero de las drogas, la mitología del “narco” como auténtica mafia va ga-
nando cada vez más fuerza. Debido a lo anterior, en la actualidad, “la distancia
entre los traficantes reales y su mundo y la producción simbólica que habla de 113
ellos es tan grande, que no parece haber otra forma […] de referirse al tema sino
DOSIER
de manera mitológica […]. Nada más fácil y cómodo que abordar problemáticas
como la mencionada con esquemas maniqueos, que se ignoran como tales, ali-
mentados por el pensamiento sustancialista y las categorías de percepción del
sentido común. Sin duda, una especialidad rentable para escribas de “empresa-
rios morales” y aspirantes al mandarinato en el campo académico” (Astorga
1995, 14).
Si en lo básico, se trata de delinquir para lucrar, esta nueva imagen se cons-
truye dando por hecho una serie de presupuestos: la existencia de una organi-
zación interna; una estructura burocrática; una división del trabajo; control te-
rritorial; trabajo en redes; disciplina en la cadena de mando; códigos de honor;
tecnología de punta; producción industrial; economías de escala; estrategias de
diversificación; alianzas regionales; mercadeo; ramificaciones globales, y, sobre
todo, ganancias multimillonarias. Estas son las partes del mito del “narco”. El
modelo dominante de la mafia, al equiparar los grupos criminales con burocra-
cias clandestinas, “tuvo un gran impacto en la percepción pública de la delin-
cuencia profesional. Su influencia persiste hasta ahora y puede apreciarse en el
tratamiento que frecuentemente brindan a este fenómeno los medios de comu-
nicación” (Flores Pérez 2009, 73).
En contra de esta visión mediática, planteamos que no existe ese llamado
“crimen organizado”, sino que, en la realidad concreta de los territorios locales
donde pueden operar grupos criminales, estos conforman más bien una delin-
cuencia desorganizada (Reuter 1983). Esto por varias razones. La primera de
ellas, la más obvia, es que el carácter ilícito de las actividades criminales hace
que sus condiciones de realización presenten altos costos de transacción, debi-
do, tanto a la volatilidad de la escasa confianza que caracteriza las relaciones
comerciales en los mercados ilegales, como a la contingencia e incertidumbre
que implica toda posible represión u oposición en su contra. Es decir, la condi-
ción ilegal de las actividades delictivas afecta dramáticamente la forma en la
que ellas son llevadas a cabo, en la medida en que tiende a frenar automática-
mente toda posibilidad de consolidación o proceso de expansión, hacia una ma-
yor sostenibilidad o mayor escala de las operaciones criminales.
Clandestinidad implica invisibilidad. La ilegalidad condena lo micro. Enton-
ces, “los grupos que se dedican a actividades delictivas suelen ser relativamente
pequeños, inestables y de escasa organización; las condiciones en que actúan,
la precariedad de las relaciones predatorias y la naturaleza de los mercados ile-
gales, hacen difícil la existencia de organizaciones mayores, de estructura com-
pleja” (Escalante 2012, 107). Es así como difícilmente pueden llegar a integrarse
organizaciones que logren tener una membresía numerosa y estable, una buro-
114 cracia interna y un control real sobre amplias zonas geográficas. Los miles de
participantes atribuidos a los “cárteles” son fantasmas, sus códigos unas fábu-
DOSIER
las y sus “plazas”, espejismos de los tiempos actuales.

En cambio, son reales los pequeños grupos criminales con condiciones míni-
mas de operación, sin burocracia ni jerarquía establecidas, que por la naturaleza
rudimentaria de las tareas delictivas, presentan una escasa división del trabajo,
una falta permanente de coordinación y frecuentes conflictos. Los grupos crimi-
nales son desorganizados porque la mayoría de los miembros que los integran
están momentáneamente reunidos por vínculos ocasionales, a menudo acciden-
tales y sobre todo oportunistas. Carecen de organicidad para su integración so-
lidaria. Lejos de constituir pequeñas sociedades, expresan lo pequeño de una
sociedad cuyos individuos se asocian en agrupamientos fortuitos en los que, de
manera serial, llegan a yuxtaponerse en su afán compartido por el lucro. En este
sentido, si en México los grupos criminales se han potenciado, se debe más a fac-
tores exógenos que a su propia capacidad organizativa. Con ello, no queremos
decir que la criminalidad sea un problema imaginario sino que, siguiendo a Es-
calante (2012, 69), “hay una dimensión imaginaria del crimen organizado”.
MiPyMEs y tráfico de drogas ilegales: la ficción de los “cárteles”

La demostración sobre el carácter desorganizado de los grupos criminales se ve
reforzada por todo análisis económico sobre los mercados ilegales donde ellos
operan. Si en un principio, podría parecer exagerada la comparación entre gru-
pos criminales y empresas, no obstante, mercados legales e ilegales son homó-
logos en su funcionamiento. También lo son los empresarios del lado y del otro
lado de la ley. En ambos casos, por igual se encuentran mercancías, costos, pre-
cios, vendedores y compradores, impuestos, intermediarios, mayoristas y mi-
noristas, ganancias, consumidores finales, importadores y distribuidores. Es
más, “el gran traficante como símbolo empresarial parecería una herejía y, sin
embargo […], son los grandes traficantes quienes encarnan el ethos empresarial
idealizado por el neoliberalismo en boga y han sido también los pioneros de la
apertura comercial “moderna”. En esta lógica, el tráfico de drogas viene a ser
una forma contemporánea de acumulación originaria” (Astorga 1995, 32).
Entre los mundos empresariales y criminales, la principal diferencia es mar-
cada por la sanción de la ley. Solamente. Mientras que en los mercados legales,
para su rentabilidad las empresas buscan las rentas que genera la constitución
de monopolios, en los mercados ilegales, las rentas diferenciales descansan en
el costo de la ilegalidad, es decir, es la prohibición en sí la que hace rentables
los negocios ilícitos. Ahora, los posibles productos sancionados por la ilegali-
dad son diversos y varían de un país a otro. En México, “aunque los delitos tipi-
ficados por la ley son varios, hablar de delincuencia organizada es referirse ge- 115
neralmente a organizaciones cuya renta criminal se obtiene principal pero no
DOSIER
exclusivamente del tráfico de drogas ilegales” (Astorga 2015, 153).
En el país, la historia del tráfico de drogas es relativamente larga. Hoy es
vieja de al menos un siglo (Astorga 2016). No cabe aquí adentrarnos en esta his-
toria, sino simplemente recalcar la importancia que tienen para los grupos cri-
minales las rentas generadas por el tráfico de las drogas ilegales.3 Se trata de la
marihuana, la amapola (y sus derivados), la cocaína y las drogas sintéticas,
como las metanfetaminas. En las últimas décadas, el auge del tráfico de drogas
ilegales se explica por un complejo conjunto de factores, presentes en tres es-
calas de análisis: en lo local, con la permanencia de estructuras caciquiles de
gobierno,4 conjugada con los flujos migratorios del éxodo rural; a nivel nacio-
nal, con la crisis de la economía campesina provocada por la apertura al capital
3 A diferencia de la economía nacional, en la que el peso del dinero del narcotráfico es

marginal. “No son pocos los estudios que consideran que la economía mexicana es depen-
diente de las exportaciones de drogas ilegales […]. Pero incluso en sus mejores años, a fi-
nales de los ochenta, las exportaciones de drogas ilegales nunca llegaron a representar más
del 3% del pib mexicano” (Resa Nestares 2003).
4 “Los orígenes del narcotráfico son profundamente rurales y se conectan con procesos de
intermediación social de cierta “clase” de campesinos acomodados, quienes tuvieron un
papel importante en las relaciones con el comercio, los aparatos del Estado y el poder re-
gional. […] No es, por tanto, entre terratenientes ni campesinos donde arraiga el narcotrá-
fico: los primeros se sirven de él, los segundos son su instrumento. Los narcotraficantes se
encuentran fundamentalmente en las clases intermedias situadas entre campesinos y pro-
pietarios” (Maldonado 2010, 339).
transnacional, y, a nivel global, con el crecimiento del consumo de drogas, en

particular en el país vecino del norte.
En relación con esta situación, el discurso oficial retoma la expresión de los
“cárteles de la droga”, originalmente acuñada por la política exterior estadouni-
dense hacia Colombia. Es a partir de allí que se ha popularizado el término de
los “cárteles” para referirse a los grupos criminales en México. Sin embargo, en
términos estrictos, o sea, entendiendo la definición propia de un cártel como un
acuerdo pactado entre varias empresas similares con el fin de evitar la compe-
tencia y regular los precios en el mercado, entonces los llamados “cárteles de la
droga” no existen como tales, sino que son ficciones inventadas por el discurso
dominante, el cual sobrestima de manera sistemática la capacidad estratégica
de mercadeo de los traficantes, así como la solidez organizativa de las redes co-
merciales que estructuran los mercados ilegales.
Al igual que el “narco”, el “cártel” no es más que otro fetiche lingüístico. En
primer lugar, porque “no existe, ni ha existido, un modelo único, universal, tras-
plantable a todo lugar y experiencia histórica particular, que pueda ser captura-
116 do de manera simbólica con una etiqueta mágica y adictiva, como la de “cártel”,
especie de camisa de fuerza epistemológica, que subsumiría todas las modali-
DOSIER
dades posibles de organización criminal y les daría la ilusión, y la tranquilidad

de espíritu, a quienes la utilizan, sin mayor reflexión, de haber definido de ma-
nera adecuada y entendido el fenómeno que pretenden describir y explicar” (As-
torga 2015, 215).
En segundo lugar, porque los mercados ilegales, debido a su carácter frag-
mentado, al mismo tiempo que dificultan la cooperación e impiden el monopo-
lio más allá de la escala local, fomentan la competencia entre unas empresas
criminales que son más tomadoras que fijadoras de precios. El hecho de la ile-
galidad hace que estos mercados presenten una tendencia antimonopólica in-
trínseca. Por lo tanto, en ellos las estructuras de precios tienden a escapar al
control de los agentes económicos. Contrariamente a lo que se suele pensar, “los
mercados ilegales no tienen ninguna tendencia inmanente hacia el desarrollo de
empresas criminales a gran escala, es decir, a constituirse en organizaciones cri-
minales tal y como sugiere la expresión de crimen organizado” (Paoli 2013,
146). Con unos negocios ilícitos en permanente disputa, dentro de unos merca-
dos sumamente competidos y con numerosos eslabones en las cadenas de va-
lor, “no hay grandes organizaciones cuyos tentáculos abarquen hasta el último
vendedor callejero de la droga, y, por lo mismo, carecen de capacidad para con-
trolar la violencia más allá de ciertos límites e intereses estratégicos […]. Atri-
buirle decenas de miles de miembros a una organización determinada es una
simple fantasía de las autoridades, lo que a su vez alimenta las fantasías popu-
lares, las mitologías. Hay mucha gente que se dedica al negocio ilícito, pero no
todos pertenecen a las organizaciones más grandes y fuertes. […] Hay subcon-
tratación de servicios y organizaciones más pequeñas dedicadas a labores pro-
pias” (Astorga 2007, 52).
Por lo general, la sanción de la ilegalidad implica toda una serie de fuertes
limitaciones para la organización empresarial del delito, que hacen que las em-
presas criminales carezcan de los elementos más básicos de la microeconomía,
tales como: escrituras, garantías contractuales, seguridad jurídica, representa-
ción legal, burocracia central, reglamentación, contabilidad, entre otros. Ade-
más, en los mercados ilegales, las estrategias comerciales de diversificación en
la comisión de los delitos, mediante la integración de las empresas criminales
(vertical u horizontal), pronto se ven frustradas por el aumento exponencial que
estas estrategias pueden implicar para los costos de transacción de las activida-
des delictivas, debido a los mayores niveles de exposición pública que requiere
la coordinación de tareas entre múltiples niveles, áreas y zonas. En este sentido,
“no es sencillo ni frecuente el salto de una clase de delito a otro, ni la articulación
de diferentes clases de delito en una misma organización; […] ese denominador
común es relevante para el código penal, nada más” (Escalante 2012, 109). 117
La amenaza permanente de la represión u oposición en su contra impide
DOSIER
que las empresas criminales puedan contar con una inversión a largo plazo,
condenándolas a lógicas cortoplacistas menos rentables. También pasa lo mis-
mo con la escala en el espacio, pues el riesgo proporcional a la distancia de las
comunicaciones tiende a restringir el alcance de las actividades delictivas a lo
local. A pesar de los avances de la técnica, particularmente en los medios de co-
municación y transporte, “los cambios tecnológicos no han sido lo suficiente-
mente importantes como para modificar las limitaciones impuestas por el hecho
de la ilegalidad” (Paoli 2013, 153). De igual manera, la imposibilidad de toda
publicidad comercial, orientada a la construcción de marcas, limita fuertemente
el potencial de las economías de escala para las mercancías ilícitas. Por todas
estas razones y otras más, a diferencia de la economía formal, “es poco probable
que emerjan grandes empresas provistas de una organización jerárquica al ser-
vicio de las transacciones económicas dentro de los mercados ilegales” (Paoli
2013, 149).
En suma, la ilegalidad condena los mercados de bienes y servicios ilícitos a
un estado tan lejano de la industria como cercano al pequeño artesanado y la
manufactura, con unidades de producción y comercio limitadas, siempre locali-
zadas, no diversificadas, fragmentadas y efímeras. “De allí la inutilidad de la in-
sistencia obsesiva y estéril de etiquetar como “cárteles” a grupos que no lo son
y nunca lo han sido. […] Lo que hay son simples organizaciones criminales de
diferente tamaño y capacidad” (Astorga 2015, 181). Es más, si la sanción de la
ley condena la pequeñez, los grupos delictivos que operan en los mercados ile-
gales, en los hechos, integran un complejo mundo de micro, pequeñas y media-

nas empresas del crimen. A su vez, estas MiPyMEs son profundamente familia-
res, en la medida en que la confianza y reciprocidad que caracterizan los
vínculos del parentesco pueden compensar la incertidumbre propia a las tran-
sacciones en los mercados ilegales. Muy lejos del arquetipo mafioso-industrial,
esta es la cruda realidad de la delincuencia desorganizada en el México profun-
do.
Nexo político-criminal: el mítico antagonismo con el Estado

Otra dimensión de la representación oficial del “narco”, al equipararlo con el
modelo de la mafia, descansa en la idea de una oposición fundamental entre el
Estado y los grupos criminales. En este punto, el discurso dominante moviliza
un conjunto de premisas falsas que es preciso develar: a) el Estado es por prin-
cipio hostil a las actividades criminales; b) la mayoría de los funcionarios encar-
gados de la persecución de los delitos es ajena a ellos, salvo en casos extraordi-
118 narios (las “manzanas podridas”); c) estos últimos son el producto de
prevaricaciones individuales y de ninguna manera obedecen a prácticas institu-
DOSIER
cionalizadas; d) en todo caso, es el crimen que infiltra al Estado y el delincuente

quien corrompe al funcionario.
Siguiendo estos postulados, la acción mafiosa de los grupos criminales re-
presentaría una amenaza que en consecuencia debe ser combatida para que no
“infiltre”, “contamine” o “penetre” al Estado, ni se convierta en un “poder parale-
lo”, una “contra-sociedad” o un “Estado en el Estado”. Desde esta visión, como lo
revela Astorga (1995, 33), “es común encontrarse trabajos [académicos] que pa-
recen emanaciones directas de asesores gubernamentales… sin nombramiento.
Apologías de las medidas gubernamentales centradas en la utilización del ejér-
cito y la policía […] para combatir principalmente al último eslabón de la cade-
na”, sean campesinos, pobres, marginados o desempleados, es decir, a los prin-
cipales condenados por delitos “contra la salud”. Asimismo, son escasos los
análisis sobre la criminalidad que incluyen en su perspectiva el vínculo con la
función pública.
En este sentido, el “narco” funciona como supuesta “fórmula conceptual de-
trás de la cual está la idea de un poder corruptor externo que mina las institu-
ciones políticas y civiles, y olvida que, desde el interior de algunas institucio-
nes, especialmente las orientadas hacia la coacción, se ha organizado sin
“contaminación” exterior el funcionamiento exitoso de lo que se combate” (As-
torga 1995, 10). Quienes hablan de “penetración” del crimen en lo político, quie-
nes sostienen la tesis de un poder “paralelo” enfrentado con el Estado o quienes
advierten sobre la “mano invisible” del narcotráfico, “tendrían primero que ex-
plicar cómo en un país de centralismo político y presidencialismo exacerbados,

un dominio tan importante ha escapado de su control” (Astorga 2016, 199). Lue-
go, tendrían que demostrar el fundamento empírico de la idea de pureza virgi-
nal que tienen del Estado. Finalmente, tendrían que exponer por qué, hoy, el
campo de la delincuencia estaría en condiciones para subvertir y hasta revertir
la antigua relación de subordinación estructural que presenta frente al campo
burocrático del Estado. Sin embargo, no lo logran ni lo hacen.
En contra del maniqueísmo resulta indispensable adoptar una perspectiva
crítica que nos permita entender el complejo sistema de relaciones que une las
instituciones del Estado con la criminalidad y el tráfico de drogas. En efecto, la
sostenibilidad de las actividades delictivas y de los mercados ilegales requiere
unos niveles mínimos de protección política, sin la cual no podrían operar. Es lo
que Roy Godson (2003) denomina como nexo político-criminal (political-crimi-
nal nexus), según el cual toda organización delictiva no es más que un sinónimo
forzoso de corrupción estatal (entendida como el uso ilegítimo del poder del
Estado para fines particulares de lucro). Es simple: sin corrupción institucional
en el Estado, no es posible la organización de grupos criminales, debido a que, 119
“a lo largo de las distintas etapas que implica el desarrollo del negocio ilegal, las
DOSIER
actividades de la organización pueden ser detectadas por las distintas institu-
ciones del Estado, en la medida en que este reglamenta muchos de los rubros
legales imprescindibles para la operación del tráfico de drogas” (Flores Pérez
2009, 128).
Sin embargo, en el terreno minado del nexo político-criminal, no se trata de
buscar la “verdad” de la corrupción o el “ser” de la criminalidad, ni de romper el
sello del secretismo para descubrir los vínculos precisos, con nombre y apelli-
do, que unen a los delincuentes con los funcionarios, siendo este conocimiento
reservado a los iniciados y pudiendo ser mortal para los profanos. Más bien,
desde la ciencia social, se trata de explicar los procesos históricos que subyacen
a las contradictorias relaciones que mantienen las instituciones del Estado con
los grupos criminales. Así, en el caso mexicano, “de norte a sur, de frontera a
frontera, de principios de siglo a finales del mismo y en lo que va del nuevo mi-
lenio, de gobernadores hasta la familia presidencial, lo que ha permanecido es
el señalamiento constante de la relación entre el poder político, policiaco, o am-
bos, y el tráfico de drogas” (Astorga 2016, 228-229). Entonces, debe partirse del
reconocimiento del hecho histórico de que en el país, desde sus orígenes a ini-
cios del siglo xx, en la época de la adopción de las primeras políticas prohibicio-
nistas, el tráfico de drogas “nació a la sombra de intereses del campo político y
supeditado a él. Así continuó durante décadas” (Astorga 2016, 203). En México,
el narcotráfico es ante todo un asunto político. Más que a los grupos delictivos
que operan en este mercado, el tráfico de drogas ilegales remite al Estado y sus
instituciones, y en particular, a las oficialmente encargadas de combatirlo: la po-

licía y el ejército.
Ahora bien, la naturaleza del nexo político-criminal es variante. Depende
tanto de la configuración general del Estado y las políticas instituidas en él,
como de las características propias a las actividades criminales. Por lo tanto, la
polaridad del nexo entre delincuentes y funcionarios varía siguiendo el estado
cambiante de las relaciones de fuerza que los une y al mismo tiempo los opone.
En general, la fuerza de los grupos criminales siempre será inversamente pro-
porcional al poder político de las instituciones del Estado: más fuertes serán los
grupos criminales y menos necesaria se hará la protección de las autoridades
estatales; en cambio, más fuerte será un Estado y menos indispuestos se mos-
trarán los delincuentes ante las directrices políticas.
El nexo político-criminal constituye una relación dinámica en la que funcio-
narios o delincuentes pueden indistintamente predominar. Sin embargo, histó-
ricamente, esta relación ha beneficiado más a los primeros que a los segundos,
en la medida en que a diferencia de estos, aquellos permanentemente pueden
120 contar con el poder del capital simbólico del Estado para respaldar sus accio-
nes. Mientras que los recursos de poder de los delincuentes son personales, los
DOSIER
de los funcionarios son institucionales. Esta ventaja fundamental, que hace del
nexo político-criminal un intercambio desigual, es la que permite a los funcio-
narios extorsionar a los grupos criminales a cambio de su protección. Aquí los
papeles se invierten. Son los delincuentes los extorsionados, y el delito pasa a
ser cometido por quienes deben combatirlo, los funcionarios.
Por esta razón, las expectativas de estos últimos para imponerse en la relación de
protección del negocio ilícito son, en principio, superiores […]. De ahí se deriva la
probabilidad de que las reglas informales de operación de diversos negocios ilícitos
puedan imponerse desde las estructuras del aparato estatal. Esta consideración no
presupone tampoco que, cuando los funcionarios públicos prevalecen en el vínculo
de contubernio, se encuentran necesariamente dirigiendo todos los aspectos de la ca-
dena de producción y mando del negocio ilícito. Se trata únicamente de la capacidad
de imponer lineamientos generales de desarrollo de la actividad ilegal […]. [Al contra-
rio], un delincuente poderoso puede coaccionar a un determinado grupo o grupos de
ellos. Puede incluso eliminarlos. Sin embargo, tarde o temprano, las fuerzas del Esta-
do suelen imponerse a ese criminal, sea con un propósito legal o de extorsión. Ejem-
plos sobran. (Flores Pérez 2009, 134-135).
La principal contradicción del nexo político-criminal radica en que, depen-

diendo de la polaridad de la relación y de su dinámica, ambas partes pueden
tener al mismo tiempo intereses comunes o antagónicos, lo cual provoca tanto
su probable acuerdo como su posible disputa. Debido a la extorsión por parte

de los funcionarios y su necesaria clandestinidad, los pactos que llegan a cele-
brarse con los delincuentes siempre serán precarios. El delito en el que aquellos
incurren desde su posición de autoridad impide la institucionalización de la ex-
torsión y vulnera su permanencia en el tiempo. Su vigencia dependerá entonces
del mantenimiento de los intereses comunes que estructuran la correlación de
fuerza entre las partes. Mientras que para los grupos criminales, la búsqueda de
ganancias hace que la cooperación sea más rentable que la confrontación con
las instituciones del Estado, en cambio, estas últimas, y en particular las que
cumplen con funciones represivas, están obligadas a la presentación de resulta-
dos mínimos, productores de cierta conflictividad, para legitimar públicamente
su razón de ser, reforzar su autoridad y justificar los medios, fondos y efectivos
puestos a su disposición.
Como es de esperar, dentro del Estado mexicano son las instituciones encar-
gadas de la persecución del delito las más afectadas por los efectos corruptores
del nexo político-criminal, en particular, la función judicial, el sistema peniten-
ciario, las fuerzas militares y, sobre todo, las policías en todos sus niveles (Mar- 121
tínez de Murguía 1999). A nivel de gobierno, debido a su debilidad institucional,
DOSIER
es el municipio el que representa el orden más propenso para el desarrollo de
este nexo. En lo local, el posible financiamiento de las campañas electorales por
el dinero del tráfico de drogas hace más vulnerables a los funcionarios del cabil-
do municipal. Inclusive, el nexo puede ir más allá de un apoyo puntual, al utili-
zar la estructura partidaria local para promover la candidatura de algún indivi-
duo directamente vinculado con actividades ilícitas. Frente a esta situación, el
discurso dominante presupone un interés de los grupos criminales para la polí-
tica. Esta es la última parte del mito.
Como a menudo pasa con el “narco”, aunque falten datos y pruebas, “hay
campo libre para los rumores, los ataques, las descalificaciones, las sospechas,
la imaginación, las fantasías, los mitos, la literatura. Este tipo de financiamiento
no es improbable, pero dada la reconfiguración del poder político en México y
la menor concentración de poder en partidos y funcionarios, parecería ser más
útil, menos costosa y más rentable como estrategia de los traficantes, la de in-
vertir en instituciones operativas, como las policiacas y militares, y no en el te-
rreno político” (Astorga 2007, 43-44). Aunque hasta la fecha, no se ha publicado
nunca ningún manifiesto político por parte de ningún traficante o grupo crimi-
nal, la mitología necesita atribuir a los grupos criminales una voluntad natural
de competir en el terreno de la política. Para operar plenamente, el mito del
“narco” requiere presentar a los grupos delictivos como, respectivamente: unas
empresas transnacionales con ingresos multimillonarios que compiten con los
mercados legales; unos referentes culturales que orientan las subjetividades co-
lectivas, y, sobre todo, unos poderes fácticos opuestos al Estado, que llegan a
controlar territorialmente unas amplias geografías.
Con este relato, los delitos son convertidos en los medios ilegítimos de nue-
vas elites que, en su insaciable búsqueda de poder, estarían disputando al Esta-
do la soberanía sobre el territorio nacional. De allí la necesidad de fortalecer el
poder estatal sobre regiones enteras cuyos territorios estarían controlados por
los poderes fácticos del narcotráfico. Aquí, la idea de una supuesta disputa por
el control territorial es clave. Por un lado, da una apariencia de explicación a la
violencia desatada entre los grupos criminales, quienes “pelean plazas”. Por el
otro, queda justificada la militarización como única opción y último recurso en
el combate al crimen, pues ya no se trata de mantener el orden público o perse-
guir la comisión del delito, sino de llevar a cabo una guerra para reconquistar el
territorio usurpado por un enemigo llamado “narco”.
México hacia un nuevo nexo político-criminal

122 La combinación de los tres enfoques analíticos movilizados en este texto, al
mismo tiempo que permite deconstruir los principales elementos que estructu-
DOSIER
ran la mitología del “narco”, da otras pautas de intelección crítica acerca de la

agrupación delictiva y la sociabilidad criminal. Resumiendo, no hay “narco” sino
tráfico de drogas ilegales. Su administración es operada, no por las “mafias” del
“crimen organizado”, sino por las agrupaciones de una delincuencia que resulta
ser desorganizada debido a su fragmentación por las tendencias anti-monopóli-
cas de los mercados ilegales, los mismos que condenan a los grupos criminales
a la pequeñez en su tamaño, a lo local en su escala y a lo artesanal en su acción.
Lejos de los “cárteles” oligopólicos, en su funcionamiento los grupos criminales
se asemejan a pequeñas empresas familiares. A su vez, para poder operar en los
mercados ilegales, estas últimas requieren cierta protección política por parte
de las autoridades estatales. Este nexo político-criminal da lugar a la constitu-
ción de un campo social de la criminalidad, en el que se reproducen redes clien-
telares de cooperación antagónica entre delincuentes profesionales y funciona-
rios públicos, para la distribución de unas ganancias ilícitas cuya obtención, en
última instancia, será determinada por el uso de la violencia. En definitiva,
cuando hablamos de criminalidad, no solo nos referimos a delincuentes profe-
sionales, que viven de las actividades ilícitas e hicieron de los mercados ilegales
el lugar de su profesión, sino que hablamos también de funcionarios que coope-
ran con ellos, dándoles la protección del Estado a cambio de su corrupción.
En el México de hoy, la omnipresencia del “narco” como mito es sintomática
de una profunda transformación del nexo político-criminal. A partir del giro neo-
liberal de los años ochenta, el vínculo entre los grupos delictivos y las autorida-
des estatales ha perdido la relativa estabilidad de la que gozaba hasta ese enton-
ces, con base en el control centralizado y piramidal del Estado, para pasar a una
nueva configuración, de tipo “atomizado-multidireccional-incremental” según
Flores Pérez (2009), que se caracteriza por: 1) la dispersión del poder del Estado,
en el marco de unas políticas neoliberales de descentralización administrativa
que agudizan la competencia institucional de los diversos niveles de gobierno
por el control sobre la protección política a las actividades criminales, y por las
ganancias derivadas de este vínculo corrupto; 2) la contienda permanente y di-
námica entre funcionarios y delincuentes para la definición de las reglas del jue-
go a favor de unos u otros en la relación clientelar que los une, y, 3) el aumento
de los niveles generales de violencia, entendida como el último recurso y medio
coactivo de regulación de los crecientes conflictos que oponen, tanto a los fun-
cionarios entre sí como a los funcionarios con los delincuentes, para el control
sobre el mercado de los negocios ilegales y sus rentas diferenciales.
El fortalecimiento de los grupos delictivos radica en la crisis de legitimidad
del Estado mexicano. Después de varias décadas de implementación sistemática
de políticas neoliberales, el profundo descrédito al que llegó el sistema político 123
nacional permite que, en la actualidad, exista una dinámica que está reorientan-
DOSIER
do la polaridad del nexo político-criminal en un sentido favorable a los intere-
ses criminales. La autonomía relativa respecto del poder político que están ga-
nando los agentes de los mercados ilegales tiene mucho que ver con la
desarticulación contemporánea, en el cambio de siglo, de los viejos mecanis-
mos de control e intermediación que habían sido construidos a lo largo del siglo
anterior desde el Estado posrevolucionario. En efecto,
[...] se dan las condiciones para que los traficantes expresen de manera más abierta
su espíritu de revuelta, su voluntad de poder y autonomía, su voluntad de sacudirse
la tutela histórica, pero no para tomar el lugar de la fuerza política al amparo de la
cual crecieron y se fortalecieron, sino para ser considerados bajo nuevas reglas del
juego, dada la modificación de las relaciones de fuerza. Esto con el fin de lograr las
mejores condiciones posibles en la reorganización y repartición del negocio, pues
saben que este no desaparecerá mientras siga imperando la visión jurídico-policiaca,
y ahora militar. (Astorga 2000, 112).
El ocaso del régimen de partido único, sumado al giro neoliberal de las po-
líticas económicas, provocó la transformación del nexo político-criminal desde
una tradicional subordinación hacia una nueva autonomía relativa de los gru-
pos criminales con el Estado. En las dos últimas décadas, esta reconfiguración
se ha expresado en el aumento generalizado de los niveles delictivos, los homi-
cidios, la violencia armada y la violación a los derechos humanos. Hoy, lo que
tenemos es un campo de delincuencia más fragmentado que nunca, pero tam-

bién más libre, cuyas luchas intestinas se reproducen a lo infinito en ausencia
del arbitraje de las intermediaciones tradicionales. La mano invisible del merca-
do, en toda su crudeza.
Referencias
Astorga, Luis. Mitología del narcotraficante en México. Ciudad de México: unam–
Plaza y Valdés, 1995.
———. «Crimen organizado y la organización del crimen.» En Bailey, John y Go-
dson, Roy (comps.), Crimen organizado y gobernabilidad democrática. Méxi-
co: Grijalbo, 2000, 85-113.
———. Seguridad, traficantes y militares. Ciudad de México: Tusquets, 2007.
———. ¿Qué querían que hiciera? Inseguridad y delincuencia organizada en el
gobierno de Felipe Calderón. Ciudad de México: Grijalbo, 2015.
———. El siglo de las drogas. Ciudad de México: Debolsillo, 2016.
124 Bourdieu, Pierre. La distinción. México: Taurus, 2012
Castañeda, Luz y Henao, José. «El elemento compositivo narco- en los medios
DOSIER
de comunicación.» Revista virtual Universidad Católica del Norte, 33: 7-24,

2011.
Escalante, Fernando. El crimen como realidad y representación. México: Colmex,
2012.
Flores Pérez, Carlos. El Estado en crisis: crimen organizado y política. México:
Ciesas, 2009.
Godson, Roy. Menace to society: Political-criminal collaboration around the
world. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2003.
Maldonado, Salvador. Los márgenes del Estado mexicano. Territorios ilegales, de-
sarrollo y violencia en Michoacán. Zamora: Colmich, 2010.
Martínez de Murguía, Beatriz. La policía en México: ¿orden social o criminalidad?
México: Planeta, 1999.
Paoli, Letizia. «Las paradojas del crimen organizado.» En Fernández, A. (ed.), De-
lincuencia, finanzas y globalización. Madrid: Centro de Investigaciones So-
ciológicas, 2013, 133-174.
Resa Nestares, Carlos. «El valor de las exportaciones mexicanas de drogas ilega-
les: 1961-2000.» Colección de documentos, España: Universidad Autónoma
de Madrid, 2003.
Reuter, Peter. Disorganized crime. Massachusetts: mit Press, 1983.
DOSIER
María Guadalupe Alvear Galindo*

Violencia y salud pública: reflexiones
en torno al enfoque de riesgo**
Violence and public health: reflections regarding
the risk approach
Resumen | Los resultados obtenidos mediante el Enfoque de la Salud Pública (esp) para el
estudio de la violencia son limitados y, en la práctica, conducen a la estigmatización y cri-
minalización de la pobreza. En este texto se reflexiona sobre dicho marco interpretativo
para explorar sus alcances y límites. Desde el esp, la violencia se entiende como un simple
acto violento pero no como un fenómeno social. Su categorización reduce el estudio a su
medición y asociación con factores de riesgo, a partir de quién es el receptor del acto vio-
lento o cuál es el tipo de acto ejercido, imposibilitando su contextualización. Como resulta- 125
do, la interpretación de la violencia pierde de vista los procesos sociales de los que ella
forma parte.
Palabras clave | violencia, enfoque de salud pública, modelo ecológico, tipología.
Abstract | The results obtained through the Public Health Approach (pha) for the study of
violence are limited and, in practice, lead to the stigmatization and criminalization of pov-
erty. This text reflects on this interpretive framework to explore its scope and limits. From
the pha, violence is understood as a simple violent act but not as a social phenomenon. Its
categorization reduces the study to its measurement and association with risk factors, from
who is the recipient of the violent act or what is the type of act exercised, making impossi-
ble to contextualize it. As a result, the interpretation of violence loses sight of the social
processes of which it is a part.
Keywords | violence, public health viewpoint, ecological model, type of violence.
Recibido: 27 de noviembre de 2017. Aceptado: 12 de diciembre de 2017.
* Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de

México. Doctora en ciencias biológicas.
Correo electrónico: alvear@unam.mx
** Agradezco a Juan Manuel Outón Alvear y Valeria Gutiérrez Vega por su participación en
la discusión y preparación del manuscrito, a Juan José García García y Rafael González
Guzmán por la lectura y comentarios del texto, así como a Pierre Gaussens por la revisión
y corrección de la versión final del trabajo.
Alvear Galindo, María Guadalupe. «Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de riesgo.» Interdisciplina
6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 125-135.
Introducción
Desde el Enfoque de la Salud Pública (esp) han sido sugeridas algunas explica-
ciones y prácticas preventivas de la violencia, pensadas casi siempre desde la
conducta individual y a partir de atributos personales. La Organización Mundial
de la Salud (oms)1 afirma que “es posible prevenir la violencia y disminuir sus
efectos, de la misma manera en que las medidas de salud pública han logrado
prevenir y disminuir las complicaciones relacionadas con el embarazo, las lesio-
nes en el lugar de trabajo, las enfermedades infecciosas y las afecciones resul-
tantes del consumo de alimentos y agua contaminados en muchas partes del
mundo” (Krug 2003, 3). Los resultados obtenidos desde esta propuesta son des-
alentadores. Es evidente la necesidad de reformular esta problemática y cons-
truir nuevas miradas. Buscamos plantear maneras de acercarnos al estudio de la
violencia desde el campo de la salud para ejercer posturas que no descarten el
carácter político del problema.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es pensar el marco explicativo
que se utiliza para estudiar la violencia desde el esp y explorar sus alcances y
126 limitaciones; intentar otras maneras de acercarnos a esta como problema de
salud pública, y, traducir su carácter político y su práctica, para lo cual prime-
DOSIER
ro es necesario entender el marco interpretativo que se utiliza para estudiar la

violencia desde la salud pública. Del extenso planteamiento que se hace de la vio
lencia desde dicho enfoque, se consideraron como elementos de análisis la
definición adoptada de violencia, el modelo ecológico desde el cual se busca
explicarla y sus clasificaciones como categorías centrales para entender el
marco conceptual de su abordaje.
Violencia y salud pública: el problema de su definición

La violencia se define desde el esp como “el uso intencional de la fuerza o el po-
der físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un gru-
po o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug 2003,
5). Este planeamiento da la posibilidad de considerar, además de los actos vio-
lentos, las amenazas y la intimidación, donde el poder proviene de las relaciones
interpersonales, incluyendo así el descuido o los actos por omisión, el suicidio y
otros actos de autoagresión. Al mismo tiempo, se reduce el resultado del acto
violento a lesiones, muerte, daños, trastornos o privaciones, es decir, a la parte
1 En este trabajo, se analiza parte del amplio planteamiento propuesto por la oms y se
resumen algunos elementos y actores relevantes para la discusión. El informe completo se
puede encontrar en Krug (2003).
visible y cuantificable de la violencia. También se introduce la probabilidad como

única encargada de explicar la ocurrencia de daños o lesiones a partir de mode-
los que usan asociaciones estadísticas construidas con base en el riesgo.
Dicho enfoque señala que uno de los aspectos más complejos consiste en
precisar la intencionalidad. En este punto, se especifica que, aunque “la violen-
cia se distingue de los hechos no intencionales que ocasionan lesiones, la pre-
sencia de la intención de usar la fuerza no significa necesariamente que haya
habido la intención de causar daño […]. En efecto, puede haber una considera-
ble disparidad entre la intención del comportamiento y las consecuencias inten-
tadas” (Krug 2003, 6). En la definición adoptada en el esp, se vincula la intención
con el ejercicio del acto violento mismo, y su relación con las consecuencias que
este acto asume a partir de la probabilidad. Entonces se hace un amalgamiento
entre el acto violento y la persona que lo realiza. Si bien señala que la intencio-
nalidad del actor de la acción violenta puede ser con o sin la intención de causar
daño, esta se realiza por una motivación “interna”. Desde su definición es ope-
rada una simplificación teórica del problema. En efecto, pensar en la violencia
como el uso intencional de la fuerza o del poder físico equivale a considerarla 127
como un acto y no como un fenómeno situado en un contexto específico. Al per-
DOSIER
petrador, se le pone en la misma escala de intervención en todos los hechos.
Con esta idea, se contribuye a obviar y desvanecer las posibles responsabilida-
des que podrían tener factores de orden estructural así como instituciones so-
ciales concretas.
Por otro lado, se advierte en el esp que “la definición lleva implícitos otros
aspectos de la violencia que no se enuncian en forma explícita. Por ejemplo, ti-
pifica los actos violentos como públicos o privados, reactivos o activos, con ca-
rácter delictivo o no, asumiendo que “cada uno de estos aspectos es importante
para comprender las causas de la violencia y elaborar programas de prevención”
(Krug 2003, 6). Desde esta óptica son elaborados programas de prevención bajo
una lógica de criminalización. Por ejemplo, en estudios empíricos sobre violen-
cia, “la intencionalidad de las lesiones de causa externa tiene una fuerte asocia-
ción con consumo de alcohol y otros psicotrópicos” (Castro, Rendón, Rojas, Du-
rán y Albornoz 2006, 2), como si las sustancias por sí mismas fueran el motor
que impulsara al sujeto a ejercer la acción violenta, desligándola de los proce-
sos sociales que en realidad la originan.
En cambio, consideramos que explicar la violencia con el enfoque de riesgo,
como sugiere Skolbekken (1995, 291), equivale a “enmarcarla desde la “epide-
mia del riesgo”, la cual refleja las construcciones sociales de una cultura en par-
ticular en un momento determinado de la historia”. A su vez, es otorgarle a la
probabilidad y a la técnica la capacidad de explicar el origen de la violencia e
identificar los elementos sociales que entran en juego para que esta ocurra y se
proyecte en la sociedad. Como señala Ulrich (1998, 504), “el riesgo no parece ser
más que parte de un cálculo esencial, un medio de sellar fronteras a medida que
se invade el futuro. El riesgo vuelve previsible lo imprevisible”.
No se valora la violencia como un acto sistémico, resultado de un entrama-
do fenomenológico y contextual. Mucho menos se relaciona la violencia en su
dimensión política, es decir, con la cuestión de su monopolio por parte del Es-
tado y sus instituciones, a pesar de que “la violencia estatal desempeña un pa-
pel central en el proceso de reconfiguración hegemónica, a su vez, ella misma
se reorganiza y lo hace principalmente bajo dos modalidades, que se han carac-
terizado como guerras: a) la llamada guerra antiterrorista […], y, b) el combate
contra la inseguridad y el crimen organizado, que ha proporcionado la exten-
sión y reorganización del sistema penitenciario” (Calveiro 2012, 59). En suma,
el acto violento desde el esp se muestra como parte del crimen. Considerar la
violencia desde este enfoque es partir de la epidemiología, en términos genera-
les. Es identificarla con el enfoque de riesgo, desde la probabilidad como deter-
minante del daño a la salud. Sin duda alguna, la explicación de lo que es la vio-
128 lencia desde este enfoque implica enmarcarla y contenerla bajo ciertas formas
que, a su vez, desconocen otras visiones.
DOSIER
Por lo tanto, resulta fundamental adoptar un concepto de violencia que ex-

prese el problema desde una mirada política y reconocer que, como lo señala
Foucault (1993, 6), “es necesario proceder a un análisis del poder, no desde su
representación, sino desde su funcionamiento”. Coincidimos en que, si quere-
mos hacer un análisis del poder, debemos hablar de poderes o intentar locali-
zarlos en sus especificidades históricas y geográficas. “El poder es esencialmen-
te lo que reprime” (Foucault 2006, 28), y el enfoque de riesgo precisamente deja
de lado este análisis.
El modelo ecológico y la violencia: límites explicativos

En el modelo ecológico, la salud/enfermedad resulta de la interacción entre
agente, huésped y ambiente, en un contexto tridimensional que descubre tanto
las relaciones de factores causales entre sí, como las relaciones directas con el
efecto. A partir de este modelo, “comprender la naturaleza polifacética de la vio-
lencia” (Krug 2003, 13) pasa por dar racionalidad y objetividad al problema y
manifestar que se tiene las herramientas teóricas y técnicas para abordarlo, par-
tiendo de afirmaciones basadas en factores de riesgo y probabilidades de peli-
gro. Así, para ser peligroso solamente es necesario cubrir un “perfil de riesgo”,
funcionando al mismo tiempo como soporte teórico y sustento empírico. Es a
partir de estos elementos que se tasa la probabilidad de ser víctima o perpetra-
dor de actos violentos, tratando de explicar el origen de la violencia. Para ello,
se parte de que ningún factor por sí solo explica por qué algunos individuos tie-
nen comportamientos violentos hacia otros, o el motivo por el cual la violencia
es más prevalente en algunas comunidades que en otras. Se asume que bajo el
modelo ecológico, el origen de la violencia se produce en cuatro niveles de aná-
lisis: el individual, el relacional, el comunitario y el social. En este sentido, “el
modelo explora la relación entre los factores individuales y contextuales y con-
sidera la violencia como el producto de muchos niveles de influencia sobre el
comportamiento” (Krug 2003, 13).
En el primer nivel (individual), se pretende identificar factores biológicos y
personales en general, “como la impulsividad, el bajo nivel educativo, el abuso
de sustancias psicotrópicas y los antecedentes de comportamiento agresivo o
de haber sufrido maltrato” (Krug 2003, 14). En este nivel, la violencia se sitúa en
cada persona o para una persona, se destacan los factores biológicos y se centra
la atención en las características del individuo, las cuales aumentan la probabi-
lidad de ser víctima o perpetrador de actos violentos. Se conjuga el ingrediente
biológico resumido en “predisposición a la agresión”, materializado en factores
de riesgo. El contexto social lo transforma en características personales, como, 129
por ejemplo, ser pobre. En general, la explicación se centra en “conductas de
DOSIER
riesgo”, como conductas patológicas o conductas delictivas. “Abordar el proble-
ma a nivel individual tiene implicaciones distintas de las que tienen los estu-
dios a nivel poblacional. Es considerar las variables tratadas como característi-
cas de individuos y no de grupos” (Pellegrini 1999, 220). En consecuencia, el
nivel individual termina apuntando hacia la predisposición de las personas a
ser violentas, criminalizando y estigmatizando la pobreza.
En el segundo y tercer nivel, el modelo ecológico indaga el modo en que
las relaciones sociales cercanas —por ejemplo, con los amigos, con la pareja y
con los miembros de la familia— aumentan para el individuo el riesgo de con-
vertirse en víctima o perpetrador de actos violentos. “En general, el estrato so-
cioeconómico bajo de la familia se asocia con violencia futura” (Krug 2003,
14). Finalmente, a nivel social, el análisis incluye las políticas sanitarias, edu-
cativas, económicas y sociales que mantienen niveles altos de desigualdad
económica o social entre distintos grupos. Socialmente, se “crea un clima de
aceptación de la violencia que reduce las inhibiciones contra esta, y que crean
y mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad o generan
tensiones entre diferentes grupos o países” (Krug 2003, 14). Bajo este razona-
miento, la violencia se tornará en conductas patológicas/conductas delictivas.
El modelo ecológico reduce el componente social en factores familiares, comu-
nitarios, culturales y “otros agentes externos”, haciendo hincapié en que la so-
cialización es un elemento clave. Asimismo, postula que la violencia compren-
de dimensiones organizativas, institucionales y culturales que pueden
conducir a la selección de estrategias violentas por parte de ciertos actores

sociales.
Ahora bien, si explicar la violencia desde el modelo ecológico contribuye a
conocerla, este sigue siendo insuficiente. En efecto, al dividir las causas de la
violencia en individuales, relacionales, comunitarias y sociales, da la posibili-
dad de sistematizar todos los factores que la determinan, al mismo tiempo que
estos cuatro niveles acaban abreviándose en su “influencia sobre el comporta-
miento”. Al seccionar la violencia en niveles, al particularizarla en riesgos, al
igual que el esp del que es parte, el modelo ecológico descontextualiza y despo-
litiza la violencia. Describe algunas asociaciones pero no comprende el fenóme-
no social en toda su complejidad, pues bajo esta óptica, el problema de la vio-
lencia se traslada hacia el comportamiento, y más específicamente, al
comportamiento de las clases más precarizadas, en el sentido de que, “si la po-
breza se debe principalmente al comportamiento de los pobres y no a las barre-
ras sociales, lo que hay que cambiar es entonces ese comportamiento y no la
sociedad. […] La política social abandonó progresivamente la meta de reformar
130 la sociedad y ahora se preocupa, en cambio, por supervisar la vida de los pobres
(Wacquant 2010, 54).
DOSIER
Con el modelo ecológico, se convierte al individuo precarizado en respon-

sable de la violencia, contribuyendo a una lógica de “criminalización de la po-
breza, derivada, por un lado, de la restructuración de los mercados económicos
y del progresivo desmantelamiento del Estado social y, por el otro, de un proce-
so de construcción social de las clases marginales como clases peligrosas” (Ti-
nessa 2010, 39). Desde este planteamiento, el esp coincide con la función de “la
inseguridad como discurso social privilegiado [que] se ha convertido en la he-
rramienta que legitima un accionar” (Vázquez 2014, 224), en el que la seguridad
social es sustituida por la seguridad pública, uniendo pobreza con delito e inse-
guridad con delincuencia. En otras palabras, “la masificación del miedo en el
imaginario social [...] bajo la gubernamentabilidad neoliberal [...] resulta ser un
argumento lo suficientemente plástico y amenazante como para desviar el foco
de preocupación hacia el supuesto comportamiento maligno de ciertos indivi-
duos, sacando del centro del debate a las políticas y las lógicas neoliberales”
(Codoceo y Ampuero 2016, 27).
En este mismo sentido, hablar de riesgos desde el esp es contribuir a consi-
derar que “la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no
la consecuencia de condiciones sociales [...]. Su objeto aparente, justamente de-
masiado aparente, dado que en estos últimos años tiende a invadir el debate
público hasta la saturación: la delincuencia de los “jóvenes”, las “violencias ur-
banas”, los múltiples desórdenes cuyo crisol serían los “barrios sensibles”, y las
faltas de urbanidad de los que sus habitantes son presuntamente las mayores
víctimas y, a la vez, los primeros culpables” (Wacquant 2010, 28). Estas formas
de entender la violencia, la salud pública las asumió como propias, en calidad de
desasosiegos por resolver.
Tipos de violencia: su clasificación

La oms clasifica la violencia en tres categorías generales: la auto-infligida; la in-
terpersonal y la colectiva; planteando las diferencias de los tipos de violencia a
partir del número de personas involucradas en el acto considerado violento. Por
lo tanto, esta visión continúa centrando el problema sobre los individuos, sin in-
corporar una visión contextual/histórica. Además, pretende explicar “los tipos
de violencia que existen en todo el mundo en la vida cotidiana de las personas”
(Krug 2003, 21). Los riesgos son presentados como categorías científicas, sin la
necesidad, para quienes las traen a la discusión, de explicar la naturaleza de las
relaciones apenas descritas empíricamente. Solamente “se establece que las cau-
sas han de buscarse al mismo nivel en que se produce el problema y se procede
a la cacería afanosa de factores individuales de riesgo” (Silva 2005, 310). 131
Sin embargo, la violencia constituye un problema complejo que invariable-
DOSIER
mente se abordará desde una posición política e ideológica. Entonces, más vale
reconocerlo. Por eso, Butler (2011, 16) afirma que, en todo análisis, “no hay un
solo marco y los marcos no son precisamente estáticos [...]. El marco no simple-
mente contiene o exhibe lo que contiene, sino que participa activamente en una
estrategia de contención, produciendo y haciendo cumplir de un modo selecti-
vo lo que se contará como realidad”. Bajo esta idea, desde el esp podemos decir
que la elección de los factores de riesgo y su asociación con la probabilidad es-
tán permeadas por cuestiones ideológicas (como por ejemplo, pensar en violen-
cia de pareja y no en violencia de género, o separar la violencia de pareja de la
violencia sexual). Al clasificar “causas” o “riesgos” de violencia en grupos, se
contribuye a imaginar que, “como todos los fenómenos sociales, los enemigos
simbólicos son construidos y reconstruidos cada día en la interacción cotidiana
siguiendo no una lógica racional, sino la lógica del discurso social, del sentido
común, de la mitología social (Tinessa 2010, 40).
Con la tipología de la violencia propuesta por la oms, los factores individuales y con-
textuales se sintetizan en comportamientos organizados en diferentes “cajones”. Se
establecen como los causantes de la violencia y se adecuan los factores de riesgo al
tipo de violencia del que se trate, sin más. Partir de esta clasificación es formar parte
de la política desde donde “las estrategias de control social radican, en suma, en la
gestión de determinados grupos, de determinadas categorías de sujetos hacia los
cuales se dirige la vigilancia, la incapacitación y la intimidación. [...] Se ubica al mis-
mo nivel de importancia y complejidad a “todas las violencias”, distinguidas entre sí

no por su carácter o naturaleza sino por los factores de riesgo que cada una de ellas
entraña. Así, el esp termina colocando, en un mismo plano de análisis probabilístico
y estadístico, un suicidio y un genocidio, o un linchamiento popular y una masacre
militar. Aquí, “el individuo, el sujeto desviado como “caso”, solo tiene relevancia en
cuanto sea posible clasificarlo en una categoría, sobre la base de una valoración pro-
babilística y estadística del riesgo […]. Después se procede a una clasificación de los
sujetos dentro de grupos homogéneos de riesgo. [...]. (Giorgi 2005, 70).
El control no se ejerce ya tanto sobre individuos concretos desviados (actuales o
potenciales), cuanto sobre sujetos sociales colectivos que son institucionalmente tra-
tados como grupos productores de riesgo. […] La meta es redistribuir un riesgo de cri-
minalidad que se considera socialmente inevitable. (Giorgi 2005, 39).
Desde la salud pública, en particular en el estudio de la violencia y, en gene-

ral, de los problemas de salud colectiva, se contribuye a construir lo que
Wacquant (2001, 46) denomina como el “estatus de infra-clase” con el cual se es-
132 tigmatiza a los pobres y que se establece desde afuera (y desde arriba), o sea,
desde la sociedad “oficial” donde, los especialistas de la producción simbólica
DOSIER
—periodistas, políticos, académicos y expertos gubernamentales— lo asignan

con finalidades de etiquetar a los presuntos miembros de tal clase y poder ejer-
cer un poder de control y disciplinamiento sobre ellos. A su vez, esta forma de
organizar la violencia sirve para encubrir que su origen está en:
la expansión de la mercantilización de los recursos naturales, así como de las empre-

sas y servicios públicos nacionales, [que] le han quitado a los Estados de los países
en desarrollo su base material para legitimar sus funciones de protección social y ci-
vil, […] desplegar programas y políticas destinados a “enjugar” las consecuencias más
evidentes de la pobreza y amortiguar (o no) su impacto social y espacial. También
contribuyen a determinar quién queda relegado, cómo, dónde y durante cuánto tiem-
po. (Wacquant 2001, 175).
Desde el esp, se responsabiliza a los sujetos de ser los violentadores/violen-

tados, eclipsando así la violencia estructural y la lógica general del sistema so-
cial en las que ellos enmarcan sus acciones. Aquí, la pobreza no es calificada
como un problema resultado de la economía de libre mercado, ni por la ausen-
cia de políticas públicas. En contraposición con ello, resulta necesario “plantear
el problema de la pobreza como un fenómeno de violencia que se manifiesta
como violencia estructural en el proceso de exclusión de grandes sectores de la
población de las posibilidades de acceder a los bienes sociales y culturales que
ofrece el sistema social” (Rodríguez 2004, 42). Solamente desde esta perspecti-
va alternativa, la salud pública dejaría de condenar a los pobres, desviados y

enfermos, señalados como los principales responsables de todas las violencias.
Consideraciones finales
A partir de la definición misma que da a la violencia, la oms toma una postura
ideológica que contribuye a considerarla como resultado del accionar del sujeto
individual, aislado de su contexto político y económico, y no de determinismos
sociales, hoy caracterizados por “el ahondamiento de las desigualdades y la ge-
neralización de la precariedad salarial y social como consecuencia de las políti-
cas de desregulación y de la deserción económica y urbana del Estado” (Wacquant
2010, 73). En general, el Enfoque de Salud Pública oscurece el hecho de que el
origen de la violencia es ante todo estructural. Al utilizar factores de riesgo
como manera de explicar la violencia, “las causas colectivas se rebajan aquí al
rango de “excusas” para mejor justificar sanciones individuales que, en la segu-
ridad de carecer de influencia sobre los mecanismos generadores de conductas
delictivas, no pueden tener otras funciones que las de reafirmar en el plano sim- 133
bólico la autoridad del Estado (en procura de legitimación) y reforzar en el pla-
DOSIER
no material su sector penal, en detrimento de su sector social” (Wacquant 2010,
66). Es decir, el modelo dominante de salud pública, en torno al Estado y sus
instituciones de salud, contribuye a la construcción de la lógica de castigar al
pobre-violento/delincuente.
Como ejemplo de ello, el modelo ecológico, como representación explica-
tiva del hecho violento, da lugar a plantear niveles progresivamente incluyen-
tes de factores involucrados, basados en la noción de riesgo, y resulta suma-
mente atractivo para el esp en la medida en que se presta para construir
sofisticadas ecuaciones que establecen relaciones estadísticas que, a su vez,
pulverizan la participación de otros factores que no se establecen dentro del
terreno de la conducta individual violenta. Por lo tanto, explicar la violencia
desde dicho modelo es encontrar las razones de la violencia, pero de manera
totalmente desarticulada, al fragmentar la realidad social y encubrir los fac-
tores de la violencia sistémica, como principal determinismo político, econó-
mico y social de la simple violencia directa. De esta manera, “se invierten […]
las causas y las consecuencias para mejor suprimir cualquier vínculo entre
delincuencia y desocupación, inseguridad física e inseguridad social, aumen-
to de los desórdenes públicos e incremento de las desigualdades” (Wacquant
2010, 65).
Colocar la responsabilidad de la violencia sobre los individuos y plantearla
como inmanente trae como efecto una fractura en los lazos comunitarios, al
convertir al otro en posible agresor y a uno en posible víctima, arrojándonos a
un espacio de desamparo total, en el que el miedo nos convierte en policías obli-

gados a la vigilancia del vecino. Desde la salud pública, resulta imprescindible
reflexionar sobre cómo entender y abordar el problema de la violencia dentro de
un contexto social, so pena de reproducir en nuestras prácticas profesionales,
inclusive de manera inconsciente, una lógica de criminalización afín a la ideolo-
gía neoliberal hoy dominante.
Referencias
Butler, Judith. «Violencia de Estado, guerra, resistencia. Por una nueva política
de la izquierda.» Las categorías nos dicen más sobre la necesidad de catego-
rizar los cuerpos que sobre los cuerpos mismos (entrevista de Daniel Gamper
Sachse). Buenos Aires: Katz Editores/Barcelona: Centro de Cultura Contem-
poránea de Barcelona, 2011.
Calveiro, Pilar. Violencias de Estado. La guerra antiterrorista y la guerra contra el
crimen como medios de control global. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2012.
134 Castro Bejarano, Mónica; Rendón, Luis Fernando; Rojas, Martha Cristina; Durán,
Carlos Andrés; Albornoz, Maribel. «Factores asociados con la intencionali-
DOSIER
dad en las lesiones de causa externa.» Rev Colomb Cir, 21: 215-224, 2006.
Codoceo, Fernando; Ampuero, Fernanda. «Apuntes iniciales sobre la instrumen-
talización política del ‘sujeto peligroso’.» En Criminalización de la pobreza.
La construcción política del sujeto peligroso. Editado por Universidad de Los
Lagos–Osorno, Chile: andros, 2016, 24-31.
Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la violencia y la
salud. Washington, D.C, 2003.
Foucault, Michel. «Las redes del poder.» Texto descargado de la conferencia pro-
nunciada en Brasil. Revista Anarquista Barbarie, 4 y 5. San Salvador de Ba-
hía, Brasil, 1976.
———. Defender la sociedad: curso en el Collège de France (1975-1976). México:
Fondo de Cultura Económica, 2000.
Giorgi, Alessandro de. Tolerancia cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de
control. España: Luna, 2005.
Pellegrini Filho, Alberto. «La violencia y la salud pública.» Rev Panam Salud Pu-
blica, 5: 219-21, 1999.
Rodríguez, Francisco. «La pobreza como un proceso de violencia estructural.»
Revista de Ciencias Sociales no 10, (2004): 42-50.
Silva Ayçaguer, Luis Carlos. «Una ceremonia estadística para identificar factores
de riesgo.» Salud Colectiva, 1: 309-322, 2005.
Skolbekken, John Arne. «The risk epidemic in medical journals.» Social Science
& Medicine, 40: 291-305, 1995.
Tinessa, Giulio. «Marginados, minorías e inmigrantes: criminalización de la po-
breza y encarcelamiento masivo en las sociedades capitalistas avanzadas.»
Miradas en Movimiento, 3: 39-68, 2010.
Ulrich, Beck. «La política de la sociedad de riesgo. » Estudios Demográficos y Ur-
banos, 3: 501-515, 1998.
Vázquez, Andrea Elizabeth. «Violentos, delincuentes y malos. Medios de comu-
nicación y drogas: análisis de titulares seleccionados de un medio gráfico
nacional.» En VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesio-
nal en Psicología, XXI Jornadas de Investigación, Décimo Encuentro de In-
vestigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología-Universidad
de Buenos Aires, 2014, 224-227.
Wacquant, Loïc. Las cárceles de la miseria, 2a ed. ampliada. Buenos Aires: Ma-
nantial, 2010.
———. Parias urbanos. Buenos Aires: Manantial, 2001.
Wieviorka, Michel. «Violência hoje.» Ciênc Saude Colectiva, 11: 1147-1156, 2006. 135
DOSIER
DOSIER
Leonardo Felipe Olivos Santoyo*, Luz Alejandra Barranco Vera**

La construcción de la paz y la crítica a la
masculinidad hegemónica: exploraciones
sobre una relación poco iluminada
Peacebuilding and criticism of hegemonic masculinity:
Explorations on a poorly enlightment relationship
Resumen | En este artículo se analiza cómo la violencia constituye uno de los ejes articula-
dores de la identidad masculina dentro de un mundo signado por la supremacía de los hom-
bres y lo masculino. No obstante, este dispositivo se ha empleado fundamentalmente para
describir e impugnar aquello que bajo la denominación violencia de género se ha concentra-
do en develar la violencia que los hombres ejercemos sobre las mujeres, violencia que ade- 137
más privilegia el espacio doméstico como aquel en donde se escenifica una amplia y diversa
gama de actos y omisiones que buscan perpetuar el poder masculino.
En este texto se bosqueja el potencial de la violencia de género en tanto categoría para
arrojar luz sobre otros fenómenos que, si bien son protagonizados por hombres, rara vez
se leen desde una perspectiva que reconoce su trasfondo genérico. Eventos como la guerra,
la delincuencia organizada o el pandillerismo por citar algunos de estos acontecimientos
cuyas motivaciones tendrán, cada uno, su propia historicidad pero que se producen confa-
bulados en la construcción social de la masculinidad.
Una vez planteada esa primera cuestión, se abre el entretelón para colocar la necesidad
de revisar profunda y críticamente el modelo normativo de la masculinidad como un ele-
mento fundamental para procurar, a distintas escalas, procesos de pacificación sostenibles.
Palabras clave: masculinidad, género, violencia y paz.
Abstract | This article analyzes how violence constitutes one of the articulating axes of mas-
culine identity within a world marked by the supremacy of men and masculinity. However,
this mechanism has been used primarily to describe and challenge, what under the name of
gender violence has focused on uncovering, the violence that men exert on women, violen-
* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.

Correo electrónico: lolivos@unam.mx
** Antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Correo electrónico: luzzbarranco@gmail.com
Olivos Santoyo, Leonardo Felipe y Luz Alejandra Barranco Vera. «La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad
hegemónica: exploraciones sobre una relación poco iluminada.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 137-156.
ce that also creates privileges or favors domestic spaces in which a wide and diverse range
of acts and omissions seek to perpetuate male power.
This text outlines the potential of gender violence as a category to shed light on other
phenomena that, although carried out by men, are rarely read from a perspective that re-
cognizes their generic background. Events such as war, organized crime or gangs cite some
of these events whose motivations will each have their own historicity but which conspire
within the social construction of masculinity.
Once this first question is posed, it is opened to place the need to profoundly and criti-
cally review the normative model of masculinity as a fundamental element to seek, at diffe-
rent scales, sustainable processes of pacification.
Keywords: masculinity, gender, violence and peace.
Introducción
La tesis central del trabajo consiste en develar las implicaciones y consecuen-
cias que guarda el concepto de violencia de género para reconocer en su origen
138 el mismo entramado de donde se construye la identidad génerica de los hom-
bres, las relaciones entre mujeres y hombres y las relaciones que mantienen los
DOSIER
sujetos al interno de cada uno de estos campos. Una postura que abreva de la
aspiración contenida dentro de la perspectiva de género que permite pensar
que, en tanto productos sociales e históricos, la violencia así como las condicio-
nes de desigualdad y de opresión genérica son factibles de desmontar.
Una de las ideas que hilvana la exposición de lo que aquí se presenta reco-
noce que, pensar críticamente la violencia masculina tiene una genealogía que
lo liga indiscutiblemente con el pensamiento y la acción feminista. Sin embargo,
es una postura tributaria tambien de diversas corrientes que a lo largo de la his-
toria han pensado y contestado críticamente a la inevitabilidad de la violencia.
Así, para argumentar estas premisas, la exposición está pensada en tres sec-
ciones. La primera de ellas refiere a la gestación, en condición de poca o nula
visibilidad, de aquellas manifestaciones que en distintos momentos se han ges-
tado para pensar en formas no violentas de convivencia, expresiones que mira-
rán críticamente desde asuntos concernientes con los vínculos más proximos
hasta eventos macros como las guerras.
El segundo apartado refiere al proceso de tematización de la violencia con-
tra las mujeres y el arribo de la perspectiva de género. Recogo la propuestas que
desde este campo se realiza para reconocer la violencia como un recurso del
poder, esgrimible en el momento en que los consenso se agotan. Por eso, lejos
de ser eventual o fortuita, tiene un carácter estructural.
Finalmente, la última parte del escrito se centra en reconocer como atributo
y requerimiento de la masculinidad el ejercicio de la violencia, y por tanto se
argumenta que toda violencia es una violencia de género, pues la violencia está
intrísecamente vinculada al proyecto de masculinidad patriarcal. Pensar en la
implicaciones que la violencia cobra en la vida de los hombres, pensada en pri-
mera persona, ya sea a través de las guerras, los enfrentamientos pandilleros, el
narcotráfico y otras, puede abrir horizontes para desheroizar una narrativa que
amplia y hondamente coloniza la subjetividad de los hombres.
Esa es la aspiración, a continuación presentamos los argumentos.
Revisiones críticas sobre la violencia

Una idea hondamente extendida en la cultura, sancionada a través de discursos
religiosos, filosóficos e incluso fundamentada desde premisas científicas, reco-
nocerá en la violencia una característica intrínsecamente humana. Un mecanis-
mo de sobrevivencia y para visiones más proclives a su legitimación, un recurso
central para nuestro éxito como especie.
A lo largo y ancho de nuestras sociedades, las narrativas de distinto cala-
do, comenzando por aquella constitutiva de la historia moderna, no solo na- 139
turalizan la violencia sino la glorifican hasta la saciedad. La épica que tiñe es-
DOSIER
tos discursos ha dejado signos perdurables en la identidad de las naciones y
por tanto en la cultura popular. Basta recordar los festejos que marcan el ca-
lendario cívico en la mayoría de nuestros países. Conmemoramos y celebra-
mos victorias, conquistas, derrotas y revoluciones, expresiones todas elo-
cuentes de una violencia vuelta hito y fuerza dinamizadora del trascurrir de
los pueblos.
En la heurística de la violencia confluyen cantos exaltados y otros tantos
que ontologizan su condición, transformándola en inevitable y necesaria, pero
también coexisten con lecturas que paradójicamente la tornan invisible, la velan
y la convierten en tabú. Frente a este estado, las perspectivas que han pujado
por convertirla en problema, colocarla en el centro de la reflexión crítica así
como aquellas experiencias colectivas que procuran una vida libre de violencia
navegan viento en contra. Continúan como expresiones marginales en medio de
un mar de turbulencias que antojan hundir toda perspectiva alternativa que as-
pire a la pacificación humana.
Particularmente, dentro de un contexto en el cual las dimensiones porno-
gráficas de la violencia tapizan las topografías humanas, arrojar luz sobre las
miradas críticas, desencializadoras y propugnantes de otro tipo de vínculo pue-
de resultar un esfuerzo ingenuo y de escasa sonoridad. No obstante, el argu-
mento de la precariedad y la falta de viabilidad no las hace menos necesarias ni
tampoco borra los esfuerzos diversos que desde tiempos remotos se han reali-
zado para vislumbrar un mundo sin violencia.
En este apartado se realizará un breve recuento de estas otras expresiones

que tienen dos dimensiones interconectadas. Por un lado, formas de interpreta-
ción que con distinto formato permitirán leer críticamente las visiones esencia-
listas y también aquellas que heroizan las manifestaciones de la violencia y, por
el otro, los experimentos sociales que concentran esfuerzos opositores a las
violencias y otros más que desarrollan modelos para resolver conflictos en dis-
tintos niveles sin que medie la fuerza, la destrucción o el sometimiento de las
otras y los otros.
Así tenemos, por ejemplo, cómo en torno a la guerra, experiencia hiperbóli-
ca del acto violento, se han gestado fuertes cuestionamientos a lo largo de la
historia. En efecto, en tanto fenómeno liminal, el paso de las guerras con su
muerte, hambre y sufrimientos, ha provocado contrapuntos que recordarán con
insistencia el horror y el error de las mismas. Las comedias de Aristófanes cons-
tituyen uno de esos momentos en los cuales el hartazgo de la guerra inspirará
relatos satíricos y desacralizados de la empresa bélica. La Asamblea de Mujeres
o Lisistrata pueden ser leídos como llamados a la paz pero también, con cierto
140 atrevimiento, interpretarse como piezas en las que se asientan el protagonismo
que los sujetos de género tienen en esos dos momentos, siendo los hombres los
DOSIER
sujetos de la guerra y las mujeres los de la paz. A esta cuestión volveremos con
mayor aliento en páginas subsecuentes.
Más cercano a nuestro tiempo y teniendo como escenario lo que Lenin deno-
minó la etapa imperialista del capitalismo, el movimiento socialista nucleado en
torno a la Segunda Internacional hizo una lectura de las conflagraciones que a
fines del siglo xix y principios del xx sacudían Europa. El consenso al interno de
la organización caracterizó dichos conflictos como disputas imperiales por la
posesión colonial dentro y fuera del viejo continente. El capitalismo era un sis-
tema que inevitablemente conducía a la confrontación armada y el movimiento
obrero, por tanto, debía propugnar por la paz y encabezar los esfuerzos por
desbocar la carrera armamentista y los discursos chovinistas que hacían de las
otras naciones, enemigas a las que se debía someter. En las postrimerías de la
Primera Guerra Mundial las corrientes más radicales dentro de la socialdemo-
cracia europea impulsaron campañas para boicotear eso que ya se vivía como
inminente. No solo emprendieron manifestaciones públicas que habrían de en-
lazar hombro con hombro a quienes tiempo después se enfrentaron en las trin-
cheras sino además impulsaron iniciativas contrarias a los bonos de guerra, al
enlistamiento obrero en los ejércitos y a las políticas militaristas de sus esta-
dos. Advirtieron lo que muy prontamente se volvió una realidad: el engrosa-
miento de las huestes armadas con la presencia mayoritaria del proletariado y
el costo que para esta clase tendrían los efectos de un evento de las dimensio-
nes que esta guerra anunciaba. A pesar de las razones esgrimidas, los tambores
de guerra y el estruendo patriótico socavaron toda resistencia; los partidos, sin-

dicatos y organizaciones socialistas fueron absorbidos por la vorágine bélica y
salvo algunas excepciones, terminaron avalando a sus gobiernos en esa empre-
sa de resultados catastróficos.
No obstante, la incapacidad del movimiento socialista de cambiar el curso
de la historia, la construcción del olvido en torno a estas acciones justamente
ha sido uno de los acicates para perpetuar la idea sobre la inevitabilidad de la
violencia. En el trabajo por desmontar dicha premisa, asentar estas otras expe-
riencias y generar una memoralia sobre expresiones recurrentes, permite pen-
sar en momentos que fraguan discontinuidades dentro de esas visiones mono-
líticas, por mínimas que estas sean. En esa línea, es imprescindible rescatar de
los silencios el legado de los sufragismos norteamericano e inglés en aquello
referido al repertorio de acciones que innovaron y heredaron a los movimientos
sociales subsecuentes, en específico en lo que se conoce como actos de resisten-
cia pacífica.
El sufragismo constituyó la respuesta colectiva que las mujeres en todo el
mundo darán a la exclusión de la que fueron objeto de los proyectos de organi- 141
zación social y política emanados de la Revolución francesa y del programa ilus-
DOSIER
trado burgués. A su exclusión de la ciudadanía y en general de la condición de
sujetos sociales, portadores de derechos políticos, sociales y civiles. Así, ante
las constricciones de una vida que se decantaba en la inmanencia1 del espacio
privado, las sufragistas demandaron para las mujeres aquello que la moderni-
dad burguesa colocó como promesas de los nuevos tiempos y que tendría en el
ámbito de lo público un lugar preponderante por los recursos que ahí se ponían
en juego tanto materiales como simbólicos. Es altamente significativo que jus-
to en la disputa por su pertenencia al mundo de lo político, de la razón y los
derechos, recursos apropiados monopólicamente por los hombres, las sufragis-
tas haya incorporado al quehacer en torno a la cuestión pública formas de actua-
ción que no persiguieron la destrucción, la marginación o el sometimiento de
sus antagonistas, horizontes que fraguaban la actuación de numerosos movi-
mientos sociales contemporáneos y que marcaron también el tono de una polí-
tica que durante el siglo xix y buena parte del xx aún no conocía de la institucio-
nalidad democrática. En sintonía con esos matices, las sufragistas innovaron las
formas de expresión a través de las cuales hicieron saber al mundo de sus de-
mandas. No solo se lanzaron a las calles masivamente, sino que lo hicieron tea-
tralizando la protesta, generando desfiles que a manera de grandes performan-
1 Dentro de la filosofía de Simone de Beauvoir, el concepto de inmanencia se opone al de la

trascendencia. La condición de la mujer sumida en la maternidad se encuentra atrapada en
el ciclo de la repetición sin capacidad de proyectarse como sujeto creador, trascendente.
ces capturaron la atención de los públicos, que se debatió intensamente por la

presencia de mujeres en la arena política y por la naturaleza de sus peticiones.
Pero no solo produjeron la estetización de estos actos masivos, desarrollaron
estrategias como las huelgas de hambre, las sentadas en lugares públicos, los es-
craches contra legisladores y ministros, la firma de peticiones y cartas, el ejerci-
cio de cabildeo, el encadenamiento en edificios y en actos de abierta provocación,
realizaron simulacros de votación frente a las casillas electorales. Las formas de
protesta tenían, además de los evidentes propósitos de llamar la atención y gene-
rar presión, la intención clara de no lastimar a ninguna persona, incluso en sus
acto más agresivos como fue la colocación de explosivos y otros atentados contra
la propiedad, se cuidaron de que en estos no hubiese vidas que lamentar.
Estas formas de resistencia y de acción política remergieron en el proceso
de independencia de India a mediados del siglo xx. Mahatma Gandhi, uno de sus
artífices, resultó gran conocedor de las estrategias empleadas por el movimien-
to sufragista inglés y las utilizó para procurar la descolonización de su país. La
idea de que las acciones importaban más que las palabras y el arrojo de las mu-
142 jeres, justo en un momento en donde la mística de la feminidad2 decimonónica
hizo de éstas, fundamentalmente de las mujeres de la burguesía, la encarnación
DOSIER
de la domesticidad, la abnegación y la pasividad, resultaron una fuente de ins-

piración para Gandhi. Este observó, con sorpresa y como un ejemplo, el arrojo
de aquellas sujetas, sobre quienes se dio por sentada la debilidad física y sobre
quienes resultaba clara su vulnerabilidad frente a los cuerpos policiacos y las
formas de represión que se emplearon en su contra. Sin embargo, ello no impi-
dió que se manifestasen y emplearan esos métodos de acción en el cual sus
cuerpos constituyeron un recurso fundamental de la resistencia pacífica, expo-
niéndose a los golpes, las torturas, la cárcel y otras expresiones violentas de los
gobiernos y de quienes desde la sociedad se alzaron como guardianes del siste-
ma de privilegios masculinos. Si las sufragistas se enfrentaban con entereza a
las fuerzas del orden, el pueblo indio también sería capaz de sortear a través de
esas formas de oposición no violentas a uno de los ejércitos más poderosos de
la era colonial (Castaño Dennyris 2016).
2 Este concepto, acuñado por Bety Friedan, describe la sintonía de diversos procesos socia-
les empleados para conducir el retorno masivo de las mujeres al espacio doméstico des-
pués de haber sustituido la mano masculina en el espacio laboral debido a que estos fueron
a luchar en contra de los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Estrategias de
convencimiento para desmantelar la memoria y la aspiración de las mujeres a ser indepen-
dientes, tener un trabajo y aspiraciones más allá del hogar y la familia. Lo utilizo como un
recurso descriptivo para dar cuenta de esos metadiscurso que de manera reiterada durante
la modernidad asentarán la idea de una naturaleza femenina cuyas características esencia-
les marcarán su destino exclusivo como madres y esposas.
La independencia del país asiático se gestó implementado y adaptado algu-

nas de las estrategias de quienes demandaron el voto para las mujeres, pero
será este segundo movimiento el que se convertirá en uno de los escasos ejem-
plos rememorados, en los cuales se observa una fisura exitosa que pone en en-
tredicho el relato epopéyico por el cual la violencia se reconoce como motor de
las gestas humanas. En efecto, en la renuncia al uso de la violencia fincó, en bue-
na medida, la victoria obtenida por Ghandi y su gente. El efecto causado alrede-
dor del mundo de las imágenes y anécdotas en las cuales, las conductas disua-
sivas de las tropas inglesas adoptaron el símbolo inequívoco de un abuso
flagrante de la fuerza y ayudaron a erosionar la legitimidad colonial se alimen-
taron de la postura política implementada por quienes masivamente participa-
ron en los actos de resistencia y desobediencia civil. La autoridad moral y ética
del movimiento independentista residió en esas acciones multiplicadas por
cientos y miles en las cuales mujeres y hombres recibían estoicamente golpes,
eran apresados sin oponer resistencia así como otras manifestaciones en donde
el uso de la fuerza física no tuvo lugar. En el caso particular de la independencia
india, una ecuación política se invirtió e hizo que la supremacía de la parte con 143
el mayor arsenal bélico y los recursos para imponerse a través de la fuerza no
DOSIER
fuesen el factor relevante en el resultado de dicha disputa. La apuesta por la paz
pareció tender posibilidades históricas.
En los años sesenta del siglo xx, este aprendizaje rindió frutos en otro lado
del mundo, retomado por otros sujetos sociales. Durante esa década, las y los
jóvenes en los Estados Unidos y Europa articularon movimientos masivos que
apropiándose de los insumos aportados por las sufragistas y los independentis-
tas indios construyeron una forma de ver la guerra que por vez primera pareció
adquirir un amplio y profundo consenso contrario al que había prevalecido en
el corazón mismo de las metrópolis. Así, en lugar de la exaltación al poderío bé-
lico, develaron las consecuencias devastadoras de las armas nucleares y acusa-
ron a los líderes de las grandes potencias, a los complejos militares y a la indus-
tria ligada a la carrera armamentista de encaminar a la humanidad a un
holocausto de dimensiones civilizatorias. Eran los tiempos de la guerra fría y de
un mundo atrapado en la bipolaridad de bloques que política, ideológica y eco-
nómicamente se disputaban la hegemonía histórica. Hegemonía que tendría
como puntal el descubrimiento y la producción masiva de artilugios mortales
que alimentaron guerras devastadoras, escenificadas convencionalmente en las
naciones periféricas.
En ese marco, los pacifismos europeos y estadounidense marcharon en con-
tra de la guerra en Vietnam e intercambiaron flores por armas. De forma masiva
los reclutas se negaron a sucumbir ante las seductoras promesas del Tío Sam y
se transformaron en objetores de conciencia. Este movimiento tiene diversas
significaciones sobre las que vale la pena subrayar algunas implicaciones en

materia de género. Como se ha escrito de forma reiterada, nunca antes en la his-
toria contemporánea pero, igualmente, nunca después una guerra provocó los
niveles de ilegitimidad que aquella escenificada en la Península Indochina. Entre
otras circunstancias su prolongación y la falta de una victoria contundente por
parte de los Estados Unidos posibilitó que las consecuencias indeseadas de
evento crecieran exponencialmente. La llegada de bolsos plásticos que por mi-
les aparecían con los cuerpos de jóvenes que habían caído en las selvas asiáti-
cas impactó dolorosamente a la ciudadanía norteamericana. Esta ciudadanía
presenciaba en vivo y en directo escenas televisadas que mostraban los lados
tenebrosos y dramáticos de una guerra sobre la cual se ponía en duda sus inten-
ciones nobles y justas. La lucha por la libertad y la democracia, monedas esgri-
midas para generar el apoyo en otras intervenciones militares, resultaron insos-
tenibles, por el contrario, la idea de una intromisión con tintes imperiales
comenzó a ser la respuesta que la gente dio sobre la presencia estadounidense
en esos territorios lejanos.
144 El cuestionamiento motivado por razones diversas trajo aparejada una serie
de prácticas con un alto valor simbólico, y una de estas fue la aparición de jóve-
DOSIER
nes que se negaron a prestar su servicio militar. Estos actos masivos tienen rele-
vancia no solo por lo que implicó específicamente en el proceso de descrédito de
esa guerra sino como un hito en la historia de las masculinidades. En efecto, la
insuflación de valores que había movilizado la participación de los hombres en
las guerras resultaron vacíos para los jóvenes de esa generación para quienes la
patria, la valentía, el honor y la misma violencia carecieron de significado y de
asidero identitario. Las flores y el cabello largo simbolizaban la acogida de signos
feminizados, adoptados en ese periodo para procurar modulaciones distintas de
ser hombre menos hostil y más suave, menos dominante y más empático. Esos
jóvenes dejaron en el imaginario estético y ético modelos alternativos de ser hom-
bre que con mayor y menor éxito serán acogidos por las próximas generaciones.
Esas formas alternativas de lo masculino representarán uno de los acicates
para colocar dentro de la reflexión crítica la masculinidad dominante o hegemó-
nica que, como veremos en las próximas páginas, tendrá en la violencia uno de
los ejes de problematización. Pero aunado a ello, en términos históricos, esta
experiencia representó un parteaguas para el florecimiento de la profesionaliza-
ción por la paz. Así, algunos segmentos de la bucólica juventud de los sesenta,
además de reivindicar la bondad natural de los hombres3 se transformaron al
3 De acuerdo con Johan Galtung, en la primera oleada pacifista de los años sesenta uno de
los componentes esenciales del movimiento provenía justo de grupos religiosos que dota-
paso del tiempo en investigadores por la paz, creando instancias académicas

dentro o paralelas a las universidades existentes, particularmente en el norte de
Europa. Desde ahí se generaron conocimientos alternativos a los emitidos por
los centros del poder militar y se divulgaron ríos de información que fortalecían
posiciones críticas, extendiendo su influencia más allá de los núcleos afines al
activismo pacifista. Una de las contribuciones relevantes de estas investigacio-
nes ha sido la creación de esquemas de resolución de conflictos basados en el
diálogo y la negociación. Metodologías utilizadas con relativo éxito en diversas
conflagraciones bélicas, disputas de índole laboral, de política parlamentaria y
de aquellas emanadas del choque de intereses entre actores de la sociedad civil.
Así, sintetizando evidencia empírica, desarrollando modelos de investigación
participativa, los estudios por la paz, que continúan desarrollándose, han forja-
do un corpus teórico y metodológico. Enfoques que además de servir para de-
nunciar y oponerse a la violencia, ensayan senderos alternativos en los que la
conflictividad humana se pueda expresar sin la eliminación, la neutralización o
el dominio de las otredades.
Mención aparte merecen los esfuerzos que desde la ciencia se han vertido 145
para evidenciar la carencia de argumentos legítimos que justifiquen la guerra y
DOSIER
la violencia. Uno de los ejemplos sobresalientes se expresó durante el VI Simpo-
sio Internacional acerca del Cerebro y la Agresión celebrado en Sevilla durante
1986 con la Declaración sobre la Violencia. Documento elaborado por 20 desta-
cados científicos y científicas provenientes de diversas disciplinas y países del
globo.4 A pesar de las intenciones explícitamente no políticas de sus autores, la
propuesta ha regalado a los movimientos en contra de la violencia, sean cuales
sean las dimensiones de su lucha, de la autoridad de sus creadores. Quienes sus-
criben el documento contradicen una a una las afirmaciones hechas desde sus
propias disciplinas que fundamentan en el orden biológico y psíquico la agre-
sión, la guerra y la destrucción humana. Es científicamente incorrecto decir, ini-
cian cada uno de sus alegatos, que la guerra y la violencia tengan su sustento en
el legado evolutivo, en los genes, las mentes o que parta del instinto. Concluyen
afirmando que “la biología no condena a la humanidad a hacer la guerra –esta– se
podría librar de la esclavitud del pesimismo biológico y tener la confianza para
realizar las tareas de transformación que se necesitan para este Año Internacio-
nal de la Paz (1986) y los años venideros” (Genovés Santiago 1996, 23-27).
ban a la política por la paz de evocaciones morales ciertamente cristianas como la bondad
de los hombres o la idea de la otra mejilla (Galtung Johan, 1984).
4 La declaratoria ha sido adoptada por más de 100 organizaciones científicas y ha apareci-
do publicada en diversas revistas de todo el mundo, la Unesco la acogió e hizo suya en
1986. (Genovés Santiago 1996, 23).
Este otro movimiento sentó claves para releer la violencia desde visiones
ajenas a las racionalizaciones que naturalizaron su propiedad. Dentro de estos
aportes la distinción analítica entre violencia y agresividad, que solían conside-
rarse sinónimos, ha resultado relevante. Xabier Lizarraga (2015), desde la antro-
pología del comportamiento, retoma la agresividad como un imperativo com-
portamental enmarcado en dinámicas adaptativas, de supervivencia y
sobrevivencia que hacen posibles reacciones, acciones, actividades y conductas
por parte del individuo.
En contraste, para John Galtung el concepto de violencia resulta un proceso
en el que “los seres humanos están influidos de tal forma que sus realizaciones
afectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potencia-
les” (1984, 30), identifica mediante el triángulo de la violencia tres tipos: cultu-
ral, estructural (ambas con manifestaciones invisibles ya que están inmersas en
estructuras sociales, culturales, económicas y políticas) y directa (manifestacio-
nes directas). La violencia está encaminada a someter e imponer por medio de
la dominación, da cuenta de un contexto histórico y disminuye la escala en me-
146 dida que el sujeto la interioriza, naturaliza y la emplea en sus relaciones coti-
dianas.
DOSIER
Estas interpretaciones en torno al sustrato natural que podría encontrarse

detrás de la agresividad humana y del contexto histórico que envuelve los vín-
culos violentos ha permitido, en efecto, relacionar la factura social de las rela-
ciones y las estructuras de la violencia y colocar en el dispositivo del poder el
origen de estas últimas. Como veremos con atención estas premisas han su-
puesto la posibilidad de pensar un mundo libre de violencia e ir desmontando
sus múltiples expresiones.
Uno de esos ejemplos se puede observar en torno a un fenómeno original-
mente nombrado Síndrome del menor maltratado, el cual debido a su incidencia
preponderante en los espacios privados, quedó incluido en la categoría de vio-
lencia doméstica. De acuerdo con Jorge Corsi (1994) la situación de los niños
violentados constituyó históricamente una de las primeras formas de problema-
tización de la violencia, generando conmoción social planetaria, así como los
primeros recursos institucionales para enfrentarlo. A mediados del siglo xix
cuando el acelerado proceso de industrialización requería mayor cantidad de
mano de obra, mujeres, niños y niñas pasaron a formar parte del ejército de
obreros, quienes laboraban en condiciones lamentables y recibían salarios me-
nores a los que se otorgaban a los adultos varones. Es en el marco de este capi-
talismo salvaje y en ascenso, también signado por la emergencia del movimien-
to obrero y el movimiento de mujeres, cuando la situación de los infantes en los
espacios laborales comienza a ser tematizada (Corsi 1994, 16).
De esta manera, una nueva sensibilidad despierta en amplios sectores cen-

tró su atención en la explotación fabril de los infantes. Las primeras reformas
sociales tuvieron el propósito de protegerlos mediante leyes que disminuían la
jornada laboral, prohibían la realización de ciertas labores riesgosas o exte-
nuantes, hasta que finalmente pudo declararse ilegal el empleo a menores. Con-
trariamente, los intentos por extender medidas similares que salvaguardaran la
integridad de las mujeres no corrieron con el mismo éxito, debió aguardarse
tiempo y sucederse numerosas luchas5 para que se lograra la promulgación de
derechos específicos para las trabajadoras. A través de este proceso por el cual
las y los menores de edad fueron separados del trabajo productivo se construyó
la categoría infancia tal como la conocemos hoy en día. Es decir, un momento
especial en el desarrollo de una persona que fue caracterizado por su fragilidad,
inmadurez, vulnerabilidad y por tanto el requerimiento de atención y cuidados
especiales. Este sino de la infancia tendrá un papel relevante en la procuración
de otro momento en el cual, en torno a estas personitas en ciernes se edificaron
recursos institucionales, leyes ,así como dispositivos culturales para evitar la
violencia que se ejercía en su contra. 147
Durante el siglo xx, a inicios de los años 60, en los Estados Unidos comien-
DOSIER
zan a realizarse estudios médicos, enfocados en dar seguimiento a manifesta-
ciones recurrentes en los cuerpos de niños menores de 5 años: hematomas, ci-
catrices y fracturas. Las pesquisas develaron el origen de dichas alteraciones y
concluyeron que se derivaban del maltrato físico intencional. Las investigacio-
nes pioneras del doctor Henry Kempe, determinantes para configurar el cuadro
de lo que a partir de entonces se denominó Síndrome del Menor Maltratado, se
replicaron en todo el mundo con resultados relativamente similares. En esta pri-
mera fase de problematización, el fenómeno quedó en manos de los profesiona-
les de la salud y son las clínicas y hospitales infantiles los encargados de obser-
var y detectar las dimensiones del maltrato. Posteriormente, con la incorporación
de visiones más amplias provenientes de la antropología, la sociología y la psi-
cología crítica, se enriquecieron los conocimientos y se logró descentrar de la
familia la problemática, ubicando los vínculos de esta en contextos sociales más
amplios (González et al. 1993). Con los datos recabados y la posibilidad de es-
5 Una de las batallas emblemáticas por las cuales hoy celebramos el 8 de marzo como el día
internacional de la mujer fue protagonizada por costureras norteamericanas. En 1908,
40,000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga demandando el
derecho de unirse a los sindicatos, mejores salarios, una jornada de trabajo menos larga,
entrenamiento vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga, 129 trabajado-
ras murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, en Washington
Square, Nueva York. Los dueños de la fábrica habían encerrado a las trabajadoras para for-
zarlas a permanecer en el trabajo y no unirse a la huelga (ver www.lfsc.org/march8-s.htm).
quemas más complejos e interdisciplinarios, se cuestionaron los mitos de las

familias disfuncionales y se observó, con alarma, las dimensiones cuantitativas
del maltrato, las cuales rebasaban con mucho el carácter de excepcionalidad, tal
como en un principio se pensaba.
A través de este recorrido en el cual la violencia, la agresión, la guerra y el
maltrato infantil se colocan como fuentes de visiones alternativas (permitiendo
visibilizar aquellas expresiones en las cuales se había arrojado un velo o bien
generándose discursos críticos de las motivaciones y las consecuencias de estos
actos) sirven de marco para comprender la perspectiva que nacerá de la mano
del feminismo y que pondrá en el centro de la reflexión la violencia contra las
mujeres. Tres elementos serán nutricios de este concepto, el proceso de visibi-
lización, el de desnaturalización y el reconocimiento de su dimensión estructu-
ral. Ello abordará el apartado siguiente así como del derrotero que ha llevado a
pensar la violencia contra las mujeres y su función de espejo en la configuración
de la masculinidad.
148
La violencia contra las mujeres
DOSIER
La problematización de la violencia contra las mujeres y su conversión en tema

de relevancia social guarda una vieja historia al menos en el mundo occidental.
De forma puntual se pueden encontrar algunos de sus primeros registros en los
albores de la Revolución francesa, en el marco de la convocatoria a la reunión
de los Estados Generales. En ese contexto, algunas mujeres, en su mayoría bur-
guesas ilustradas, denunciaron, a través de los cuadernos de quejas, las múlti-
ples situaciones de la vida cotidiana que vivían con oprobio. En esos mismos
demandaron a los legisladores realizar actos que procurasen una mejor educa-
ción, una defensa a los trabajos femeninos, el impulso a la dignificación de la
imagen y el prestigio de las mujeres y por supuesto no faltó la exigencia relacio-
nada con lo que hoy podríamos considerar, violencia contra las mujeres “el hom-
bre brutal y feroz no deja de serlo y la dulzura no debe ser el único recurso con-
tra la ferocidad. Hace falta una ley que la prevenga o que castigue sus excesos.
3. Su sexo es el más débil, deben estar sometidas al más fuerte. Sí, pero para ser
protegidas y no oprimidas por él. El abuso de la fuerza es una cobardía” (Puleo
1993, 130).
El feminismo ilustrado de los siglos xviii y xix jugó con la analogía entre el
poder despótico de los tiranos absolutistas con la situación que las mujeres pa-
decían en sus hogares de la mano de sus autócratas particulares. En las obras de
Marry Wollestoncraft pero también en las de D’Alembert y Condorcet se estable-
ce con matices este poderoso argumento como una forma de irracionalizar la
desigualdad prevalente entre los sexos, pero también como un recurso descrip-
tivo de esa vida carente de derechos, en el momento en que la filosofía de los

derechos se volvía moneda corriente. Si bien, como se ha insistido, la violencia
como tal no se encuentra tematizada sí que existen acercamientos que ya lo
enuncian. Como parte de la herencia ilustrada, John Stuart Mill en su texto La
sujeción de las mujeres (2005), realizará una operación teórica que desbordará
las premisas del liberalismo dentro del cual inscribe el fundamento de su pers-
pectiva, no obstante, el filósofo inglés se percatará de las consecuencias nocivas
de hacer del espacio privado uno en donde prevalezca la libertad absoluta de
los hombres. En efecto, dejar sin regulación el espacio privado en aras de pro-
teger la intimidad, la privacidad y la individualidad de las personas posibilitó
que esas personas libres, léase hombres, gozaran con exclusividad de las pre-
rrogativas que, además de su claro corte liberal, resultaron en la práctica andro-
céntricas. En sentido inverso, en la medida en que las mujeres y la infancia no
accedieron a la condición de sujetos de derechos dentro del mundo de lo públi-
co, el espacio privado se transformó en un territorio en donde carecían de cual-
quier protección. Esa desprotección los volvía seres vulnerable a los excesos de
poder que los padres y maridos ejercían ante el amparo de la privacidad y la 149
ausencia de instrumentos que regularan y posibilitarán la presencia estatal den-
DOSIER
tro de la sagrada familia. En ese sentido, Stuart Mill reclamará la generación de
leyes para castigar e impedir los abusos del poder masculino perpetrados en el
ámbito de lo íntimo y de las relaciones familiares.
Si bien, es de destacar la aparición intermitente del tema en la literatura,
como dato en sí mismo puede sugerir la presencia regular de los abusos en la
vida de las mujeres. Pero no será hasta los años sesenta y setenta del siglo xx
cuando se cuente con una explicación alternativa que permita reinterpretar esa
regularidad en el marco de una teoría que dará cuenta de la dimensión estructu-
ral. Una lectura a partir de la cual se comprenderá que la concurrencia de sus ma-
nifestaciones no son hechos aislados y mucho menos obedecen a la mala fortuna
de alguna incauta, sino son expresiones generalizadas que se producen como re-
sultado de las relaciones desiguales y opresivas entre mujeres y hombres.
Durante la oleada feminista de aquellos años, la violencia emerge como una
preocupación central. Esta comienza a develarse a través de las experiencias
acontecidas en los llamados grupos de reflexión, espacios creados por las jóve-
nes feministas en donde se fraguan ejercicios de autoconciencia en torno a la
opresión vivida y la revisión crítica y colectiva del significado de ser mujeres en
un mundo. En ese momento apareció con nitidez la idea de la violencia, nombra-
da de esa forma, en tanto vivencia que cruzaba la vida de todas las mujeres, in-
cluso de aquellas que no la habían experimentado de forma directa. En todos los
casos emergía como una posibilidad fáctica y latente, vivida como un miedo que
de tan introyectado y naturalizado la mayoría de las veces pasa desapercibido,
aun cuando este medio marcaba y alteraba las rutas de acción de las mujeres,
su capacidad de movimiento física y personal tanto en los espacios públicos
como en los privados.
De tal suerte, al mismo tiempo que mujeres implicadas en el activismo fe-
minista, realizaban acciones y generaban documentos estrictamente políticos,
muchas comenzaron a reflexionar y procurarse un espacio en las universidades
y en los centros de producción de conocimiento. En esa sincronía elaboraron
una teoría propia para explicar el origen y los mecanismos sistémicos de la
opresión femenina. Es en ese contexto en donde se recupera la noción de pa-
triarcado para describir e impugnar esa estructura de poder que marca las posi-
ciones de mujeres y hombres y por supuesto sus relaciones.
Kate Millet (1995), una de las más destacadas intelectuales del aquel mo-
mento, reconoció en el patriarcado un sistema de poder que precedía en el tiem-
po y sobre todo estructuraba al resto de los sistemas de opresión. Pero quizá
una de sus contribuciones más relevantes fue colocar la violencia como un me-
canismo indispensable para la reproducción del mismo. Al hacer una analogía
150 con el poder político, Millet consideró que el patriarcado descansa fundamen-
talmente en su capacidad de generar consensos, de colonizar la mente y el espí-
DOSIER
ritu de las mujeres, pero agregará algo más, dirá, al igual que sucede con aque-
llos regímenes que se erosionan en su legitimidad, que el patriarcado puede
experimentar momentos en que deja de hacer sentido y de convocar adhesio-
nes. En esas circunstancias el recurso de la fuerza se pone en marcha para ga-
rantizar la prevalencia del estado de cosas.
De esa perspectiva se desprenden al menos dos reflexiones que ayudarán a
comprender el carácter de la violencia y por tanto a su erradicación. La primera
de ellas, enunciada en páginas anteriores, refiere al poder como precondición
necesaria de las diversas expresiones de la violencia. Esta no ocurre en el vacío,
no son respuestas espontáneas que aparecen simplemente porque resultan de
una pulsión ingobernable o por la presencia de drogas, alcohol, la falta de edu-
cación, la marginación social y otros factores que podrían formar parte de epi-
sodios concretos. La violencia contra las mujeres develó con nitidez el funcio-
namiento de esta no solo para las relaciones entre los géneros sino, en general,
para todo tipo de vínculo humano. Las diferencias naturales convertidas en des-
igualdades sociales representaron un espejo que con toda plasticidad permitió
acceder al registro donde la violencia emerge convertida en prerrogativa de
quienes detentan las posiciones de superioridad. Es, por tanto, una de las posi-
bilidades, uno de los recursos que devienen de la existencia de posiciones des-
iguales que marcan el devenir entre los sujetos individuales y colectivos. Este
rasgo puede leerse con facilidad al compararse mujeres con hombres y observar
las dinámicas que establecen, en donde la hegemonía de los discursos de géne-
ro encarnan en mujeres que se mantienen subordinadas y hombres que apare-

cen posicionados sobre ellas.
Pero, adicionalmente, la lectura de Kate Millet en torno a la función de la
violencia como garante la desigualdad, avisora justamente cómo esta no se
constituye de episodios excepcionales, que solamente comprometen a quienes
viven en la pobreza, a personas disfuncionales, locas o alcohólicas. La violencia
no tiene ese carácter anómico, tal como se suele interpretar, todo lo contrario,
es un recurso profundamente funcional para el sistema, pero ello resulta una
experiencia tan conocida para las mujeres, aun cuando esté velada y apuntalada
por los sentimientos de vergüenza y culpa.
Finalmente, sacar del atrincheramiento privado y hacer de la violencia con-
tra las mujeres un tema de discusión y relevancia social ha sido uno de los cam-
bios sustanciales que el feminismo de la ola de los años sesenta y setenta trajo
al mundo, al menos en el occidente. Esto a su vez procuró que esta quedara so-
metida al análisis riguroso mediante el cual se dio cuenta de sus diversas expre-
siones. Se reconoció que si bien existía como manifestaciones físicas, golpes,
mordidas, puntapiés, existían otras formas menos evidentes, asumidas como 151
parte del débito de ser mujeres como la violencia sexualizada, otras más que se
DOSIER
valían de los recursos emocionales para someter y lesionar, así como manifes-
taciones que hicieron de la economía y el patrimonio herramientas de control.
Asimismo, se comprendió el continuo de espacios y relaciones sociales en los
cuales se verificaba la violencia contra las mujeres, un continuo que no garanti-
zaba ningún territorio libre de la misma. De tal suerte, se develó cómo la calle,
la escuela, el trabajo, el partido o la iglesia representaban territorios en donde
el riesgo acechaba y, como siempre se supo, justo a partir de ese momento se
denunció y documentó con precisión, cómo el hogar y los conocidos, incluso
familiares cercanos igualmente se encontraban entre los victimarios de muchas
niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Si bien el tema ya había circulado con anterioridad, durante las últimas dé-
cadas del siglo xx, la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, como se le ha
denominado indistintamente se colocó como el referente conceptual que subsu-
mió las diversas manifestaciones e incluso las causas mismas de la violencia. Si
bien esas décadas son también momentos de una febril construcción de institu-
cionalidad global6 y local para eliminar todas las formas de violencia contra las
6 Me refiero, fundamentalmente, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés), suscrito en 1979, Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Convención Belém do Pará), adoptada en 1994, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer (Conferencia de Beijing), 1995.
mujeres, mucha de esta energía social se concentró en edificar leyes y organis-

mos para enfrentar aquellas expresiones que, desgenerizadas, priorizaron los
acontecimientos sucedidos en el hogar.
Será hasta entrado el siglo xxi, que en México, al menos, las críticas feminis-
tas al rumbo de las políticas estatales centradas en la familia tengan resonancia
y vuelvan a colocar la condición de género como núcleo de relaciones violentas.
No obstante, el contexto que estructurará la posibilidad de este movimiento po-
lítico no será otro que la emergencia del fenómeno feminicida. Será este el mar-
co que urja pensar cómo y por qué las mujeres son asesinadas, no solo en Ciu-
dad Juárez sino en todo el país, como lo demostró la investigación diagnóstica
sobre el feminicidio en México. En consonancia con la generación de conoci-
mientos y la necesidad de ese concepto que dio cuenta de las especificidades
genéricas que operaron en los crímenes en contra de las mujeres, se instrumen-
taron en el país leyes e instituciones7 así como una cultura que en ciernes, ha
colocado el tema, lamentablemente sin la contundencia y la eficacia necesaria
para acabar con esos flagelos.
152 El feminicidio regresó con todo su dramatismo y crueldad el papel de los
hombres en la generación de la violencia, una responsabilidad que igualmente
DOSIER
ya se encontraba nombrada desde tiempo ha y que de alguna manera constitui-

rá el nudo problematizador de la masculinidad y los visos de oportunidad para
la producción de hombres críticos y desmarcados de la supremacía. A eso llega-
remos en la siguiente sección.
El género y los hombres vistos a través de la violencia

La modernidad consagró en el hombre la representación de la humanidad. En
parte, esa condición de encarnar la universalidad ha sido causa de lo que Daniel
Cazés denominó enajenación de género. Es decir, la falta de conciencia sobre las
vivencias específicas de ser hombre en este mundo y por supuesto cualquier
atisbo crítico frente al poder que se usufructúa. Serán estas características la
tónica que marca la identidad, las prácticas y la cosmovisión de la mayor parte
de los hombres. La norma no necesita explicarse, la norma simplemente es y ese
ha sido parte de los derroteros que el privilegio concede a los hombres.
Sin embargo, el feminismo se ha significado como una impugnación contun-
dente al poder masculino que, entre otros de sus efectos ha provocado peque-
ñas pero significativas fisuras a esa condición denominada androcentrismo. Este
7 Refiere aquí, fundamentalmente, a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia,
publicada en el Diario Oficial en 2007.
cuestionamiento ha dejado abierta la posibilidad de que los hombres confron-

ten su propio ser genérico y con ello experimenten el descentramiento de la
norma. Esto, lejos de ser un proceso terso, generador de elaboraciones igualita-
rias, ha provocado reacciones virulentas, algunos hombres y la cultura patriar-
cal leen la impugnación como una verdadera amenaza por parte de las mujeres
en general y del feminismo en específico.
De entre los ejes que han propiciado las más importantes reacciones y ela-
boraciones variopintas, la violencia, junto con la paternidad se han significado
porque se develan como dos de los elementos que sostienen la masculinidad. Al
mismo tiempo, históricamente la violencia ha sido un punto de inflexión en la
vida concreta de muchos hombres en términos de procesos reflexivos y de pro-
puestas de intervención, acicate de procesos que persiguen caminos alternos.
En términos de la producción de pistas conceptuales para repensar el valor
de la violencia, la introducción de la categoría género se constituyó en pieza
fundamental. A partir de esta perspectiva se ha comprendido que la condición
femenina, así como la masculina, es decir, la producción de los sujetos de la cul-
tura y de las instituciones productoras del género refieren antes que nada a un 153
proceso relacional. El hombre, lo masculino, la mujer y lo femenino, así como
DOSIER
otras posiciones dentro de la trama genérica no se definen ni se contienen cada
uno en sí mismos. La producción de esta dimensión definitoria de la humanidad
resulta siempre de un juego especular en donde cada uno de los términos exis-
te y se comprende, en relación con aquello que se presenta como lo otro, distin-
ción que la propia ideología de género ha anclado en eso que se considera como
la irrefutable y evidente distinción sexual.
De tal suerte, en el tránsito conceptual de la violencia contra las mujeres a
la violencia de género, el énfasis fue colocado para dar cuenta de las relaciones
que mujeres y hombres sostienen, pero con ello también se gestó una ranura
para mirar la función de este dispositivo en la edificación y consolidación de las
relaciones intragenéricas. Particularmente, este movimiento conceptual se vol-
vió relevante para acceder al campo de la masculinidad y reconocer, en primer
término, cómo este resulta un genérico que, con toda precisión desiguala siste-
máticamente a los hombres. La condición racial, étnica, etaria, religiosa, nacio-
nal y las preferencias sexuales constituyen algunas de las posiciones que mar-
can el hilado de esa jerarquía, misma que se aceita con el uso de la violencia
como una mediadora de los vínculos que se establecen entre varones. A eso re-
gresaremos en próximos párrafos.
Antes debemos mencionar que si bien el género emerge como una categoría
para revelar la presencia de las mujeres en el mundo y, por tanto, la necesidad
de pensar sus relaciones con los hombres, la misma ha fungido como mirador
que posibilita observar eso que definimos como la producción social de los
hombres y la masculinidad. El género resultó una poderosa herramienta para

desnaturalizar e historizar la condición femenina y masculina y, en consecuen-
cia, se ha vuelto un insumo de primer orden para irracionalizar la desigualdad
que marcan sus vínculos. En ese sentido, el cuestionamiento central planteado
como eje de las investigaciones y los estudios a partir de los años ochenta del
siglo xx en torno a los hombres ha sido pensar cuáles son esas condiciones his-
tóricas y sociales que articulan el imaginario de la masculinidad y configuraban
a los hombres concretos. En consonancia con esa interrogante, uno de los ejes
que suscitó gran interés y preocupación fue el de la violencia. En efecto, de la
mano del feminismo los hombres emergieron como los sujetos responsables de
los actos que lesionan y acotan las libertades, así como la integridad de las mu-
jeres. Lo que estas afirmaciones hicieron fue reconocer de forma problematiza-
da el papel de la violencia en la constitución de esta masculinidad. Si el sistema
de dominación genérica tiene como rasgo la predominancia de lo masculino y
los hombres, estos han resultado históricamente ser los sujetos que detentan el
poder, sea de las dimensiones que sea. Los recursos que permiten hacer valer la
154 capacidad de gobernar el campo de acción de otras, tal como definirá Michel
Foucault (1988) al poder, pueden ser múltiples pero la violencia dentro de un
DOSIER
sistema de poder tan jerárquico como el patriarcal se convierte en indispensa-

ble. Para el caso de los hombres, la violencia se constituye al mismo tiempo en
una prerrogativa y un mandato. En ambas dimensiones se presenta como un
fundamento indisociable del ser masculino. Los discursos que legitimen esta
premisa varían, algunos apuntarán a la masa muscular más desarrollada entre
los hombres, otras más recurrirán a la testosterona y más recientemente la evi-
dencia empírica de la tesis tendrá su prueba definitiva en el adn.
La perspectiva de género colocará violencia en el territorio de lo construido.
Dentro de ese complejo de socialización se aprende tempranamente el valor de
la masculinidad y al mismo tiempo, pese a que la ideología dominante señale
que ello es fundamento natural, la masculinidad, como lo han develado especia-
listas en el tema, resulta en una suerte de carrera meritocrática cuya validación
se realiza de la aceptación de quienes se asumen pares. Buena parte de las cla-
ves de esta serie de pruebas en torno a la hombría pasan por la expresividad de
talante violento. De tal suerte, los hombres son sometidos desde pequeños a
aprendizajes muchas veces contradictorios, por los cuales la violencia se coloca
como acto legítimo, que ennoblece a quienes los esgrimen o simplemente se
dan por hecho, resultan una respuesta esperada porque sencillamente los hom-
bres actúan de esa manera.
En efecto, las posibilidades heurísticas y políticas de pensar la violencia a
través de la mirada de género estriban en la insistencia de este reconocimiento
para pensar estos actos como resultado de fuerzas sociales y pensarlas en con-
textos sociales que, además, tienen un marco histórico. Esto ha sido capital para
el movimiento de mujeres y todas sus propuestas para erradicar la violencia
contra ellas; sobre la premisa del origen aprendido, se ha supuesto igualmente
la posibilidad de generar formas que desalienten, castiguen y erradiquen com-
portamientos opresivos. Pero como categoría también auxilió a descentrar del
espacio doméstico la atención casi exclusiva en la violencia contra las mujeres
y permitió acceder a esos otros registros en las que esta también acontecía.
Sin embargo y quizá aquí radica la tesis sustancial del presente trabajo, esta
perspectiva replanteó la necesidad de volver a pensar la violencia en general,
esa que se explica por un sinnúmero de variables y contextos como acciones
que no se producen al margen de la constitución de la masculinidad. En conse-
cuencia, fenómenos como la guerra, la delincuencia organizada, los enfrenta-
mientos entre pandillas o bien aquellas escenas que encuentran a perfectos des-
conocidos liándose a golpes en la calle, todos ellos, así como la cultura que
tolera, heroiza u oculta se encuentran imbuidos completamente de género. A
pesar de que no logren tematizarse de esa manera.
Michel Kaufman (1998), en uno de sus textos más sugerentes, planteará la 155
idea de la violencia de género vista como una triada indisoluble. Dirá que la vio-
DOSIER
lencia en contra de las mujeres, asunto central sobre el cual se expresó con urgen-
cia la crítica a la violencia, nunca aparece aislada de otras manifestaciones que,
como insistirá, también se fraguan en la producción genérica de los hombres. Una
de estas serán aquellas expresiones múltiples que desencuentran a los hombres
en conflictos que lesionan y vulneran su vida, su integridad y su dignidad.
La violencia entre hombres, como hemos mencionado anteriormente, cons-
tituye una de las mediaciones sistemáticas que cruzan los vínculos cercanos y
de lejanía, individuales y colectivos, institucionalizados o bien producidos en
condiciones de ruptura del tejido social, tal como acontece en nuestro país y en
muchas partes del mundo. El hecho de que los hombres son quienes protagoni-
zan de forma aplastante esos episodios podría resultar un fenómeno que de tan
obvio parezca intrascendente, pero justamente aquí radica una pista para sos-
pechar del modelo de masculinidad y trazar las rutas de ese enlazamiento con
la violencia. De tal suerte, tal constante habla de esa configuración que con ma-
yor contundencia política e investigaciones que la respalden problematicen las
pautas que han hecho de los hombres el sujeto de las energías tanáticas y des-
tructivas, mismas que no solo lesionan la vida de las mujeres sino también la de
los hombres.
En este momento en donde las fuerzas que dinamizan la economía se nu-
tren de jóvenes varones quienes, ante el agotamiento de la idea del futuro como
promesa y frente a la marmita del tesoro ubicada aquí y ahora, el negocio de la
sangre parece potenciar los valores más tradicionales y riesgosos de esa mascu-
linidad. Así en esta sinergia entre el capitalismo gore y las fuerzas de patriarca-
do, parece insuflarse la valentía, el arrojo, el riesgo, y, por otra, el sometimiento
cuando no la destrucción de quienes se convierten en enemigos. En estos mo-
mentos de saturación de sangre, la urgencia por construir la paz y por hacerla
sostenible se presenta también como algo aspiracional honda y sentidamente.
En su construcción, los hombres tendrán que poner en marcha su papel, por-
que, en su doble condición —de víctimas y victimarios de la violencia—, habría
intereses propios para erradicar la violencia en todas sus dimensione y espa-
cios. Pero justo la contribución desde este vector genérico requiere de esa revi-
sión crítica y del desmantelamiento de pautas de sociabilizarse como hombre
en los cuales la jerarquía y el dominio resulten fuertemente indeseables.
Referencias
Castaño Sanabria, Dennirys. «El feminismo sufragista: entre la persuasión y la
disrupción.» Polis. Revista Latinoamericana. (Noviolencia, Resistencias y
156 transformaciones culturales), 43, 2016.
Corsi, Jorge (comp.). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un
DOSIER
grave problema social. Buenos Aires: Paidós, 1994.

Foucault, Michel. «El sujeto y el poder.» en Dreyfus Hubert y Paul Rabinow, Mi-
chel Foucault: Más allá del estructuralismo y la hermenéutica. México: iis-
unam, 1988.
Galtung, Johan. ¡Hay alternativas! 4 caminos para la seguridad y la paz. Madrid:
Tecnos, 1984.
Genovés, Santiago. Violencia. Entender más y juzgar menos, México: Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados-Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, 1996.
González, Gerardo; Elena Azaola et al. El maltrato y el abuso sexual a menores:
una aproximación a estos fenómenos en México. México: uam-Unicef-Covac,
1993.
Kaufman, Michael. «La construcción de la masculinidad y la triada de la violen-
cia masculina.» Violencia Doméstica, Cuernavaca, 1998.
Millet, Kate. Política sexual. Madrid: Cátedra, 1995.
Lereuge, Herwig. «El movimiento socialista y la primera guerra mundial.» Estu-
dios Marxistas, 105. http://marx.be/fr/content/le-mouvement-socialiste-et-
la-premi%C3%A8re-guerre-mondiale
Lizarraga, Xavier. El comportamiento a través de Alicia: propuestas teórico-meto-
dológicas de la antropología del comportamiento. México: Conaculta, 2015.
Puleo, Alicia (ed.). La Ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo
xviii. Madrid: Anthropos, 1993.
DOSIER
Leticia Ventura Soriano*, Yanith Betsabé Torres Ruiz**

Hacia la construcción de una cultura de paz
en las escuelas
Towards the construction of a culture of peace in schools
Resumen | La construcción de una cultura de paz representa un horizonte de posibilidades

para mejorar la convivencia en las escuelas. La apuesta para que las escuelas sean espacios
para la construcción de una cultura de paz responde a una necesidad que existe ante los
cambios en la convivencia que se tienen dentro y fuera de ellas, y para fortalecer su papel
social e individual. Los docentes pueden ser la pauta, como promotores de la cultura de
paz, lo cual no implica centrar la construcción de esta en ellos, sino una posibilidad para
abordarla, y mostrar que los propios sujetos son capaces de transformar su entorno inme-
diato. Este artículo proporciona una mirada de aspectos a considerar, para la construcción 157
de una cultura de paz, tomando como referente la experiencia en el acompañamiento de
prácticas de intervención de profesores, en las escuelas de educación básica, en la Ciudad
de México.
Palabras clave | cultura de paz, escuela y convivencia.
Abstract | The building of a culture of peace represents a horizon of possibilities to improve

the coexistence in the schools. The commitment that schools are spaces for the construction
of a culture of peace responds to a need that exists face to the changes in commitment that
are lived inside and outside them, and to strengthen their social and individual role. Teach-
ers can be the guideline, as promoters of the culture of peace, which does not imply to focus
the building of it on them, but a possibility to tackle it and show that themselves are able to
transform their own immediate environment. This paper gives a view to some aspects to
think about for the construction of a culture of peace, taking as a reference the experience
in the accompaniment of teacher’s intervention practices in basic education in Mexico City.
Keywords | culture of peace, school and coexistence.
Recibido: 1 de diciembre de 2017. Aceptado: 10 de enero de 2018.
* Licenciada en sociología de la educación y maestra en desarrollo educativo por la Univer-

sidad Pedagógica Nacional (upn); docente de la upn.
** Licenciada en psicología educativa y maestra en desarrollo educativo por la Universidad
Pedagógica Nacional (upn); docente de la upn.
Correos electrónicos: ytorres@upn.mx / yanisita@gmail.com
Ventura Soriano, Leticia y Yanith Betsabé Torres Ruiz. «Hacia la construcción de una cultura de paz en las escuelas.»
Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 157-169.
Introducción
El clima de violencia que vivimos en México invade los espacios y uno de ellos
es la escuela, ante lo cual se presenta el desafío de construir espacios de convi-
vencia en la escuela que promuevan la cultura de paz. Esta necesidad tiene diver-
sas respuestas, entre las que se encuentra un señalado Nuevo Modelo Educativo
(2017) que contempla, además de la formación académica, el desarrollo integral
de los estudiantes, tanto en lo personal como en lo social, en relación con el tema
de la convivencia. El diálogo, la expresión y la escucha, el abordaje de los conflic-
tos, la participación y el reconocimiento de la diferencia son otros temas que se
encuentran presentes y en espera de ser abordados y desarrollados en dicho mo-
delo, para que deje de ser simple enunciación y convertirse en procesos vivos.
El concepto de paz ha ido evolucionando, desde un concepto relacionado
con la guerra, hasta llegar a la violencia en el hogar y en la escuela. La concep-
ción de paz vigente o que se toma en este artículo como punto de partida es la
teoría de Galtung (1998), quien entiende la paz en dos categorías: la paz negati-
va o la no guerra y la paz positiva o la no-violencia. Sin duda, uno de los ante-
158 cedentes más relevantes que han impulsado el interés por la construcción de
una cultura de paz fue la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura
DOSIER
de Paz, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1999). Dicha declaración

tuvo como propósito promover la paz a nivel global. Tomó como uno de los
puntos clave el hecho de que la paz no trata solamente de una ausencia de con-
flictos, sino que requiere también de un proceso integral que promueva la solu-
ción de conflictos de manera cooperativa. La definición que este documento da
sobre cultura de paz es: un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, compor-
tamientos y estilos de vida basados en:
a) el respeto a la vida, el fin de la violencia y el fomento y la práctica de la

no-violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;
b) el respeto pleno de los principios de soberanía e independencia de los
Estados;
c) el respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales;
d) el compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos;
e) la protección del medio ambiente;
f) la promoción del derecho al desarrollo;
g) el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres;
h) el fomento de la libertad de expresión, opinión e información, y,
i) la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia,
solidaridad, etc., bajo un entorno local y global que promueva la paz.
Esta declaración señala la necesidad de desarrollar valores, actitudes, com-

portamientos y estilos de vida que promuevan la paz en todos sus contextos.
También señala el papel fundamental de la educación para lograr un estado pa-
cífico, poniendo especial énfasis en la formación de las personas. De esta mane-
ra, la sociedad, sus instituciones (en este caso la escuela) y sus actores se vuel-
ven esenciales en esta tarea. De ahí que se encuentre vigente desde entonces el
interés por promover y desarrollar la cultura de paz, la resolución pacífica de
conflictos y la construcción de entornos democráticos desde la escuela.
La pertinencia de construir una cultura de paz en las escuelas responde,
entre otras cosas, a la agudización de los problemas de convivencia que se
dan al interior de las escuelas, pues estos indican que dichos esfuerzos deben
continuar y fortalecerse. En México, el estudio realizado por el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (inee), Violencia y disciplina en las es-
cuelas primarias y secundarias, reportó que un 19% de los alumnos de prima-
ria encuestados manifiesta su participación en peleas en las que se dieron
golpes, mientras que el 11% participó con otros compañeros en amenazas e
intimidaciones, así como en el daño a instalaciones de su plantel. La violencia 159
que se vive en las escuelas se ha ido indagando al tiempo en que esta ha au-
DOSIER
mentado de manera generalizada en México, pues la escuela no es una institu-
ción aislada.
El papel que desempeñan los profesores en la construcción de procesos que
promueven cultura de paz y convivencia en las escuelas es de suma importan-
cia, y representa un posible punto de partida para poder echar a andar propues-
tas. Por lo anterior, han surgido diversos programas que buscan contribuir a esta
cuestión desde distintas posiciones. Se han creado manuales, proyectos, cursos
o talleres, promovidos desde la propia Secretaría de Educación Pública (sep),
como el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (pace). Cada una de las apor-
taciones se orienta a una amplia necesidad, que no se resuelve con una sola res-
puesta, pues la escuela enfrenta un conjunto de problemas de convivencia. Por
otro lado, en las universidades, concretamente en algunos programas de posgra-
do, se busca formar sujetos capaces de responder a dichas problemáticas.
Un ejemplo es la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco, que ofre-
ce la Maestría en gestión de la convivencia en la escuela: violencia, derechos
humanos y cultura de paz (mgce). Dicho programa busca apoyar la profesiona-
lización de docentes y profesionales de la educación en el tema de la conviven-
cia desde un enfoque de cultura de paz en la Ciudad de México. Este programa,
de reciente creación, ha apostado por ofrecer a docentes herramientas teóricas,
metodológicas y prácticas para echar a andar procesos formativos que permitan
innovar la labor docente construyendo una cultura de paz en las escuelas. El lu-
gar de los profesores y de la escuela cobra en este contexto gran importancia
dado que es ahí, con sus protagonistas, donde se forman los futuros ciudada-
nos, quienes para enfrentar los múltiples desafíos que presenta la sociedad ac-
tual, requieren participar, comprometerse y desarrollar una capacidad reflexiva
y crítica que les permita conformar nuevos espacios relacionales.
Por lo anterior mencionado, lo que se busca con este artículo es mostrar y
argumentar la importancia de la educación como herramienta para la construc-
ción de la paz, repensando su papel y el de sus protagonistas. En este caso, se
retoman algunos aspectos para considerar a los docentes como promotores de
este proceso, con ello no se pretende centrar al docente como actor principal,
sino como un medio para abordar las problemáticas de las escuelas, que mues-
tran la necesidad de ir hacia la construcción de una cultura paz en las escuelas.
Un insumo importante para la elaboración de este artículo es la experiencia de
primera mano, en el acompañamiento de estrategias de intervención que han
llevado a cabo los docentes en sus escuelas.
160 ¿Por qué hablar de cultura de paz en las escuelas?

Hoy en día, las voces que cuestionan el sentido y la eficacia de la formación que
DOSIER
actualmente se ofrece en la escuela suenan cada vez más alto, haciéndose pre-
sentes con mayor frecuencia. Especialmente, cuando se reconocen sus limita-
ciones para apoyar los procesos de transformación al interior de las escuelas,
así como en la construcción de una sociedad más democrática. Si bien, desde
hace ya varios años, se han venido proponiendo cambios en el modelo educati-
vo y en lo curricular, sigue haciéndose evidente la dificultad para modificar de-
terminadas prácticas que, sedimentadas a través de los años, han contribuido a
crear y recrear ciertos modos de ser y de convivir que no están alineados con la
necesidad actual de la expresión de la diferencia en un marco de participación
democrática, y mucho menos la experiencia de ser reconocidos como sujetos de
derecho. Se trata de un problema complejo, pues, de manera general, las pro-
puestas e iniciativas para impulsar la democratización y la construcción de una
cultura de paz en las escuelas chocan con frecuencia con concepciones muy
arraigadas en torno al convivir, que oponen resistencia a la entrada de nuevas
propuestas. Al observar lo que sucede con los procesos de transición y apropia-
ción, es posible encontrar un panorama poco alentador. En ocasiones, los prota-
gonistas de la escuela se ven obligados a asumir una simulación, mientras se
continúa haciendo lo mismo, por lo que abordar el tema de la convivencia resul-
ta necesario, pues se requiere no solamente eliminar cualquier tipo de violen-
cia, sino construir espacios activos y promotores de una cultura de paz. Abor-
dar el tema de convivencia implica no centrarse solamente en respuestas de
carácter restringido y punitivo, como el control, la vigilancia, las sanciones,
sino desarrollar acciones que contribuyan a promover y desarrollar habilidades

para convivir con los miembros de la comunidad educativa.
Lo que se propone y desarrolla en el presente apartado parte del marco de
acción establecido por la Unesco: la iniciativa Educación para Todos (ept), así
como el Programa Regional de Educación para América Latina y el Caribe (preal).
Dicha estrategia identifica cinco focos para intervenciones, dentro de los cuales
se propone construir sentido acerca de sí mismo, los demás y el mundo en el
que vivimos, así como el fortalecimiento del protagonismo de los docentes para
dar respuesta a las necesidades de los estudiantes, entre otras cosas. En México,
los índices de violencia han ido en aumento, encontrando nuevas y distintas
formas de manifestarse, lo cual resulta preocupante dado que las generaciones
en formación se encuentran muchas veces inmersas en entornos altamente vio-
lentos. Apostar por construir una cultura de paz permite visibilizar y dejar de
normalizar las conductas y comportamientos sociales que conllevan algún tipo
de violencia, el desprecio y la apatía que suele existir hacia lo otro. Permite tam-
bién crear nuevas dinámicas de convivencia donde las personas puedan acer-
carse, mostrar cariño, respeto, y tomar un papel activo como creadores y recrea- 161
dores de la sociedad. De ahí la importancia de pensar programas, intervenciones
DOSIER
y planes bajo esta línea.
Construir una cultura de paz para la convivencia en la escuela requiere la
participación activa de sus protagonistas. En lo referente al Modelo Educativo
de México, recientemente presentado en 2017, se encuentra presente con mayor
fuerza el saber ser y el saber convivir, dando a la escuela un papel fundamental
para posibilitar y ayudar a desarrollar dichas habilidades. Sin embargo, en la
práctica no se hace visible dicho trabajo, entre otras cosas porque no se han
construido las posibilidades de desarrollarlo. La propuesta curricular, presente
en los Planes y Programas para Educación Básica, busca articular a estudiantes,
docentes, padres de familia y comunidad con el propósito de dinamizar y hacer
más integral el proceso pedagógico. Se vuelve necesario, entonces, que los pro-
tagonistas del proceso educativo se comprometan y desarrollen conciencia res-
pecto a promover dinámicas de convivencia diferentes, fundamentadas en un
enfoque de cultura de paz. De ahí que nuestro sistema educativo emerja como
pieza clave en la construcción de los nuevos ciudadanos, encontrándose frente
a un enorme reto: formar y preparar a las nuevas generaciones para que puedan
afrontar con éxito, insertarse y transformar la realidad social. Es entonces tarea
de las instituciones educativas ofrecer una educación integral y de calidad que
considere el saber y el saber-hacer, pero en la misma medida, el saber-ser y el
saber-convivir.
Una vez más, el papel de los docentes en la construcción de una cultura de
paz en las escuelas es importante. Para que los docentes se involucren en dicha
construcción, un principio básico es trabajar con las percepciones que tienen

con respecto a los distintos temas implícitos en la cultura de paz. Por ejemplo,
cómo conciben el conflicto, la autoridad, las normas, la convivencia, entre otros
factores. Por lo tanto, resulta necesario desmitificar y replantear la forma de mi-
rar dichos temas. Si la pretensión es que el docente sea el promotor de las estra-
tegias para generar y propiciar una cultura paz, resulta necesario que reconozca
el valor de permitir otras formas de convivencia, que se apropie de dinámicas
que transformen no solo su relación en las escuelas sino su vida misma en todos
los ámbitos. Por ello es necesario generar una cultura de paz como parte de la
propia vida, porque esto no es solo una necesidad para los otros sino para uno
mismo. De esta manera se apuesta a procesos de transformación social.
Por lo anterior, la formación de los docentes resulta importante para la
construcción y promoción de una cultura de paz en la escuela. En la Ciudad de
México, un programa de posgrado que busca generar estrategias de trabajo para
los docentes es la Maestría en gestión de la convivencia en la escuela: violencia,
derechos humanos y cultura de paz (mgce). Este programa se imparte en colabo-
162 ración con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y se encuen-
tra en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco de la Ciudad de
DOSIER
México. Por ser un programa de reciente creación, con apenas una generación de
egresados, aún no se cuenta con los resultados del estudio de impacto. Sin em-
bargo, se puede identificar que su trabajo está beneficiando a las escuelas, sobre
todo de educación básica. En este sentido, el programa de maestría sugiere in-
dagar más sobre la gestión de la convivencia, la cultura de paz en las escuelas,
la violencia y los derechos humanos. En este posgrado se apuesta por la posibi-
lidad que tienen los docentes para incidir en sus entornos laborales. Muestra la
noción de una cultura de paz en la que los sujetos son capaces de transformar
su realidad inmediata. Hasta la fecha, la primera generación de este programa
dio como resultado la intervención en catorce escuelas de la Ciudad de México.
El trabajo se desarrolló mayoritariamente en escuelas primarias y secundarias,
demostrando que es posible echar a andar una espiral de transformación que
inicia desde los mismos profesores.
La importancia de un programa que da respuesta a la necesidad de construir
ambientes pacíficos, específicamente en las escuelas, radica en el impacto que
las acciones e iniciativas de los implicados llegan a provocar en su realidad in-
mediata: fomentar el diálogo, abrir nuevos espacios para convivir, transitar de
la autoridad vertical a una más horizontal, generar espacios para la dimensión
socioafectiva (de gran importancia para la convivencia), entre otros, represen-
tan acciones que dan prueba tangible de que es posible construir nuevas diná-
micas de convivencia desde la escuela. Por otro lado, también contribuye a que
los implicados, en este caso los profesores, desmonten, analicen y comprendan
la realidad escolar cotidiana para entender cómo se genera la violencia al inte-

rior de las aulas, entre iguales, entre profesores, entre profesores y alumnos,
por mencionar algunas circunstancias.
Acciones y programas de este tipo, que buscan incidir desde la escuela, se
encuentran vigentes en distintos países de Latinoamérica y del resto del mun-
do, promoviendo un interesante intercambio de experiencias que nutren y per-
miten rediseñar estrategias para educar en la cultura de paz. Es así como llega-
mos a una primera conclusión acerca de la importancia de proponer e
implementar esfuerzos, que de manera gradual vayan sumándose en las escue-
las de nuestro país para ir construyendo esta cultura.
La violencia en los espacios de convivencia

De acuerdo con la clásica perspectiva de Durkheim (1893), en los seres huma-
nos existe la necesidad social básica de conformar grupos y de estrechar rela-
ciones: desde pertenecer a una familia, tener una pareja, disfrutar con amigos,
entre otros, en un entorno seguro y donde exista armonía, en otras palabras, lo 163
que este fundador de la disciplina sociológica denomina como “cohesión so-
DOSIER
cial”. Convivir es una forma de estar en contacto, de tejer relaciones y resulta
básico para cualquier sociedad. Ocurre de manera permanente en la dimensión
personal y social, implicando un proceso de construcción, siempre dinámico y
cambiante, que se refleja de distintas maneras cada una con alcances e implica-
ciones diferentes. Convivir implica respeto, aceptación del otro y de lo otro.
Cuando ocurre de manera positiva, satisfaciendo las necesidades básicas y ofre-
ciendo condiciones favorables para el desarrollo, entonces los valores y normas
sociales pueden asimilarse y llevarse a la práctica. En los distintos contextos de
convivencia, los seres humanos en correspondencia con su cultura desarrollan
diferentes estilos para relacionarse, tal como señala Martínez Guzmán (1999,
86): “La cultura es la manera humana de comportarse, de organizar las relacio-
nes, de distribuir los recursos, de cultivar la propia vida humana, como la agri-
cultura es el cultivo del campo”.
Desafortunadamente, como bien lo ha planteado Joan Galtung, hay factores
de una violencia más estructural, como la pobreza, la desigualdad, la violación
a los derechos humanos o la corrupción, entre otros, que también intervienen
amenazando la paz. Estas y otras formas de violencia están presentes en los dis-
tintos espacios de convivencia. Una de las implicaciones dereivadas de esta si-
tuación de violencia estructural es que la gente viva con temor constante, sufra
inseguridad, discriminación y/o exclusión.
También es cada vez más común la promoción del consumismo, la compe-
tencia, el individualismo, llegando a expresarse en comportamientos sexistas,
intolerantes y violentos. De manera sutil y sin darnos cuenta, esta corriente nos
va arrastrando hacia una sociedad hueca y materialista. De acuerdo con Muñoz
y Ramos (2009, 3) “dentro de los males característicos de las sociedades actua-
les encontramos el individualismo radical, la fragmentación social, la segrega-
ción por niveles sociales y por generaciones, ciudadanía pasiva consumista y
demandante de soluciones a las instituciones”. Lo anterior da como resultado la
negación de lo humano y da pie a un preocupante individualismo de las perso-
nas, problema que se acentúa por los efectos más negativos de la globalización.
Es en este contexto que la violencia continúa creciendo, y gana fuerza de mane-
ra perniciosa dentro de los espacios básicos de convivencia, como la familia y
las instituciones educativas.
En la actualidad, tanto en la dinámica familiar, como en la escolar y la comu-
nitaria, se encuentra presente una forma de relacionarse desde la violencia, la
cual ha existido sobre todo ante la manifestación del conflicto. Lo que llega a ser
preocupante y alarmante es que con frecuencia se mira a la violencia como la
única vía para resolver problemas y desacuerdos presentes en la vida cotidiana.
164 Dado que la violencia se encuentra presente y latente en los distintos contextos
de convivencia, es necesario tomar una postura que permita mirar lo que ocurre
DOSIER
cuando esta se manifiesta, comprender cómo surge y se configura, así como

pensar y echar a andar estrategias formativas que conduzcan hacia la transfor-
mación personal y social con miras hacia la paz. Particularmente en la escuela,
tanto estudiantes como docentes enfrentan múltiples retos ante la violencia.
En las intervenciones realizadas por los egresados del programa de pos-
grado mgce, se muestra la necesidad de realizar un trabajo con los docentes,
en donde la apuesta no solo es en la relación docentes-estudiantes, sino tam-
bién docente-docente, porque existe la necesidad de dejar las viejas prácticas
que tienden muchas veces hacia la verticalidad de la enseñanza, hacia el cas-
tigo y, en general, hacia prácticas bien arraigadas y sedimentadas que día con
día se crean y recrean al seguir los mismos patrones. Algunas de las propues-
tas de los egresados del MGCE apuestan al trabajo en las prácticas de los do-
centes en las escuelas (Luna 2017) a crear diálogos horizontales entre docen-
tes y estudiantes (Ortíz 2017) y a mover esa cultura institucional para crear
cambios en las relaciones entre docentes (Villamares 2017).
En las instituciones educativas de educación básica de la Ciudad de México,
los espacios de convivencia son limitados y, si bien varias escuelas cuentan con
patio, auditorio o cancha, con poca frecuencia se pone atención a las dinámicas
de convivencia que ocurren en dichos espacios. Trabajos como el de Lozano An-
drade (2009), realizados en escuelas secundarias mexicanas, muestran cómo los
jóvenes buscan establecer sus propios espacios de convivencia, por ejemplo,
pasando el recreo (e incluso ingiriendo alimentos) dentro de los baños.
Los espacios comunes que comparten los estudiantes, como el salón de cla-
ses, por caso, están envueltos en ambientes violentos, muchas veces normaliza-
dos o invisibilizados a tal grado de crear una resistencia adaptativa por parte de
los estudiantes. Vale la pena señalar el hecho de que en la convivencia el conflic-
to siempre estará presente; sin embargo, es posible y deseable que la violencia
en sus distintas manifestaciones no sea la salida al conflicto. ¿Cómo? Precisa-
mente educando en una cultura de paz.
Educar para la paz

De acuerdo con Lederach (1984), la educación para la paz tiene su origen en las
experiencias derivadas de las grandes guerras ocurridas a través de la historia
y se ha proyectado tanto por la línea de la no-violencia, como por las múltiples
iniciativas para innovar los procesos educativos. Como ya se mencionó, educar
para la paz no es una tarea exclusiva ni única de la escuela, sino que esta no
deja de constituir un lugar privilegiado para trabajar sobre ello, al reproducir en
una menor escala lo que ocurre a gran escala en la sociedad, y que es reflejo de 165
los valores vigentes, creencias y toda una cultura entretejida. Tal como afirma
DOSIER
Ianni (2002, 1): “La escuela, como institución educativa, es una formación social
en dos sentidos: está formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la so-
ciedad. Lo que se habla en cada escuela, es el lenguaje particular de la sociedad;
por tal motivo, no es ajena a la profunda crisis sociopolítica en la que estamos
inmersos y que como ciudadanos nos afecta”. Es así como la escuela debe asu-
mir este rol como promotora de la cultura de paz, mostrándose abierta a todos
los integrantes de la sociedad, proporcionando las condiciones para lograr que
sus protagonistas puedan desarrollarse integralmente en las distintas dimen-
siones que conforman lo humano. Una propuesta es hacer énfasis en realizar
una práctica docente dirigida a crear una cultura de paz en el aula, desde el re-
conocimiento de la dignidad humana (Pérez 2017)
Más que la idea de escuela apartada y lejana a la sociedad, se trata de enten-
der la escuela como formadora en el ser y el saber convivir. Si se aprovecha el
escenario que esta despliega día tras día con sus actores, donde se vive la exclu-
sión, la marginación, la agresión y se mira el conflicto como la oportunidad de
proponer nuevas formas de relacionarse, estaremos en el camino hacia la cons-
trucción de la paz. No hay que perder de vista que, así como se manifiesta la
violencia de múltiples maneras al interior de la escuela, también se presentan
valores como la solidaridad, el respeto y la amistad en su seno. Estos y otros
valores manifiestos dentro de la escuela también se aprenden y sirven como
contrafuerza ante la violencia. Es en este sentido que se han desarrollado múl-
tiples planes, proyectos y programas orientados a educar para la paz, abriendo
espacios de reflexión, de intercambio de ideas para sumar esfuerzos y poner

manos a la obra.
La Unesco es la encargada de analizar las políticas educativas de conviven-
cia escolar de las diferentes naciones. Este organismo ha dado fundamental im-
portancia al “aprender a vivir juntos”, desde la formación ciudadana. En México,
la construcción de una cultura de paz continúa siendo un importante desafío, el
nuevo modelo educativo y las orientaciones que este sigue proporcionan algu-
nos ingredientes necesarios para llevar a la práctica y a la realidad formas alter-
nativas de relacionarse y abordar el conflicto, por lo cual se debe insistir en en-
contrar posibilidades que permitan combinar diversos elementos para, de
manera gradual, ir transformando la cultura al interior de las escuelas y con
esto, también a la sociedad.
La importancia y necesidad de construir una cultura de paz en las escuelas,
sugiere mirar el trabajo ya realizándose al respecto, para reconocer y revalorar
esfuerzos. Algunos trabajos, como ya se señaló, los están produciendo los pro-
pios docentes quienes buscan construir respuestas, y dan muestra también de
166 las necesidades que hay en las aulas, por ejemplo: “La implementación de estra-
tegias docentes ante los comportamientos disruptivos en el aula” (Morales
DOSIER
2017), “Jóvenes y la autonomía por venir. Cultura de paz y derechos humanos

en una escuela secundaria de la Ciudad de México” (Polo 2017) y “El Ethos pro-
fesional docente en la construcción de la convivencia pacífica de una escuela
primaria” (2017), entre muchos otros trabajos que no están en el marco institu-
cional de las universidades.
Reflexiones finales
Construir una cultura de paz en las escuelas debe ser una apuesta que marque
pautas para crear mejores relaciones en una sociedad, como una respuesta a la
expresión de la violencia, lo cual es una necesidad innegable. Sin embargo, no
se debe esperar a que la violencia llegue a la escuela para crear acciones que
contribuyan positivamente a la convivencia. Como se señaló al principio de este
artículo, se trata de crear procesos en distintos aspectos: valores, actitudes,
comportamientos y estilos de vida. Tampoco se trata de crear recetas o guías
para responder a las problemáticas que se presentan en las escuelas. La aporta-
ción de este texto radica en compartir algunas líneas abiertas a considerar en la
construcción de una cultura de paz en las escuelas, surgeridas a partir de las
experiencias prácticas del trabajo con docentes.
La apuesta a la construcción de una cultura de paz, entre otras cosas, es
porque se puede lograr una mejor convivencia en la escuela. Esta cultura de-
manda enfrentar distintos retos como son: a) hacer partícipes a los diversos ac-
tores involucrados en la convivencia de las escuelas, más allá de los estudiantes

y docentes, pues resulta necesaria la participación activa de los padres y ma-
dres de familia, así como de los distintos agentes que son parte de la conviven-
cia en las escuelas; b) generar relaciones positivas entre los distintos miembros
de la comunidad educativa que contribuyan a crear mejores formas de convi-
vencia y beneficien sus interacciones; c) crear condiciones que hagan posible un
trabajo que ponga al centro al sujeto, es decir, considerar a la persona como un
ser integral, al no desarticular lo que se vive dentro y fuera de la escuela; d) ha-
cer de la cultura de paz lo que el propio término “cultura” indica, como parte de
una dinámica cotidiana, más allá de que un plan o programa específico indique
cómo y en qué tiempo abordarlo; e) realizar un trabajo que va más allá de crear
propuestas, pues resulta necesario que estas lleguen a las escuelas y se hagan
reales; f) lograr que la importancia del tema interpele al docente, no como una
medida laboral de formación, sino como una necesidad que contribuye en la co-
tidianidad de las escuelas.
Cualquier propuesta que se implemente para la construcción de una cultura
de paz debe ser crítica al primer principio que enfrenta la educación para la paz 167
en las escuelas: la violación al derecho a la educación. Ante las condiciones so-
DOSIER
cioeconómicas de desigualdad que permea el conjunto del sistema educativo
mexicano, la educación para la paz en las escuelas se enfrenta a una serie de
dificultades que contradice la propia propuesta. Frente a ello, no se trata de re-
nunciar a crear otras posibilidades de cambio, sino a crear las condiciones bási-
cas para hacer cambios. La responsabilidad de la escuela es enorme ante el pa-
norama que se vive en México. Las escuelas hacen sus aportaciones, pero se
debe considerar también un trabajo fuera de ellas, en otras instituciones que
puedan contribuir a la construcción de paces. En este sentido, una propuesta de
cultura de paz en la escuela debe ir más allá de la participación y convivencia
del círculo inmediato de la escuela. No se trata de plantear propuestas que solo
caben y se desarrollan en un espacio específico, y que fuera de este perderían
validez. La apuesta es a una transformación social más amplia, que implica un
trabajo más allá de las instituciones educativas y con el deber de interpelar a la
sociedad en su conjunto.
Referencias
Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaración y programa de acción so-
bre una cultura de paz. 1999.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco). La educación para todos (ept). http://www.unesco.org/new/es/
our-priorities/education-for-all/ (Consultado, 3 de noviembre, 2017).
———. José Luis Guzmán (preal): “Los docentes deben responder a la heterogenei-
dad de los estudiantes. http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-
room/singlenew/news/jose_luis_guzman_preal_los_docentes_deben_
responder_a/ (Consultado, 3 de noviembre, 2017).
Galtung, J. Tras la violencia 3r: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afron-
tando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia. Bilbao. Ger-
nika Gogoratuz, 1998.
Ianni, N.D. «La compleja tarea de construir un sistema de convivencia escolar.»
Revista Ensayos y Experiencias, año 7, 35, sept./oct., 2000.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee). «Violencia y disci-
plina en las escuelas primarias y secundarias.» 2007. http://publicaciones.
inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/204/P1B204_09C04.pdf (Consultado, 3 de
noviembre, 2017).
Lederach, J. P. Educar para la paz. Barcelona: Fontamara, 1984.
Lozano Andrade, J. I. «Exclusión y vida cotidiana de la escuela secundaria: sig-
nificados de dos alumnos en situación de reprobación.» Actualidades inves-
168 tigativas en educación, 9(3): 1-28, 2009.
Martínez Guzmán, V. «Saber hacer las paces. Epistemologías de los estudios
DOSIER
para la paz.» Convergencia Revista de Ciencias Sociales, 7(23): 49-96, 2000.

Morales Eagelista, M. La implementación de estrategias docentes ante los com-
portamientos disruptivos en el aula, tesis de maestría. Universidad Pedagó-
gica Nacional, 2017.
Muñoz, Y. y Ramos, M. E. «Metodología para la gestión del conflicto en las organi-
zaciones.» Revista de Información Psicológica, 96, mayo-agosto, 25-34, 2009.
Luna Martínez, A. El Ethos profesional docente en la construcción de la conviven-
cia pacífica de una escuela primaria, tesis de maestría. Universidad Pedagó-
Ortíz Rubio, A. El trabajo colaborativo entre profesores y alumnos como medio
para generar una mejor convivencia, tesis de maestría. Universidad Pedagó-
Péres Cabrera, O. La integración grupal en la configuración de la convivencia: un
caso desde la escuela primaria, tesis de maestría. Universidad Pedagógica
Nacional, 2017.
Polo Herrera, G. Jóvenes y la autonomía por venir. Cultura de paz y derechos hu-
manos en una escuela secundaria de la Ciudad de México, tesis de maestría.
Universidad Pedagógica Nacional, 2017.
Secretaría de Educación Pública (sep). Nuevo Modelo Educativo. https://www.
gob.mx/sep/documentos/nuevo-modelo-educativo-99339 (Consultado, 3
de noviembre, 2017).
Villamares de Jesús, S. La cultura institucional a partir de las formas de relacio-

nes entre docentes, una mirada desde un jardín de niños preescolar. ¡Cons-
truyamos una comunidad de práctica, es tiempo de compartir!, tesis de
maestría. Universidad Pedagógica Nacional, 2017.
169
DOSIER
E N T R E V I S TA
María Elena Hernández Lara*

Paz y defensa de los derechos humanos
Entrevista con Irma Alma Ochoa Treviño**
Solo pido una cosa: los que sobrevivan a esta época no olviden.
No olviden ni a los buenos ni a los malos.
Reúnan con paciencia testimonios sobre los que han caído por sí y por nosotros.
Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época
y de los héroes anónimos que han hecho historia.
Quisiera que todo el mundo supiera que no hay héroes anónimos.
Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas
y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero,
cuyo nombre perdura. Yo quisiera que todos ellos estuvieran cerca de ustedes,
como miembros de su familia, como ustedes mismos.
Julius Fucik
“Reportaje al pie de la horca” 171
Cárcel de la Gestapo en Pankrác, 1943
Año 2017, uno de los más sangrientos de la historia

reciente de México. Entre enero y septiembre se han
registrado más de 34,000 homicidios.1 El país lleva
tres décadas en guerra. Los primeros veinte años fue-
ron una guerra silenciosa, donde las fuerzas del Estado
focalizaron sus acciones en aquellos territorios donde
era “necesario pacificar”, es decir, acabar con los “ene-
migos internos” con el objetivo de hacer prevalecer el
tan nombrado —y poco entendido— Estado de Dere-
cho. Hace poco más de diez años, también en nombre
de este último, la guerra rompió el silencio, se exten-
dió a todo el territorio, apareció en los medios de comunicación e irrumpió en
espacios públicos, privados y comunitarios, dejando víctimas en la mayor parte
* Politóloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Actualmen-

te, es Enlace Regional de la Red por los Derechos de la Infancia en México (redim).
Correo electrónico: mahela1912@gmail.com
** Defensora de derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
1 http://www.animalpolitico.com/2017/10/septiembre-homicidio-doloso-victimas-2017/
Hernández Lara, María Elena. «Paz y defensa de los derechos humanos. Entrevista con Irma Alma Ochoa Treviño» Inter-
disciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 171-183.
del país. Entre 1990 y 2017 se calcula la comisión de más de 440,000 homici-
dios, es decir, casi medio millón de personas ha perdido la vida a causa de la
violencia armada en México.2 La guerra iniciada en el sexenio de Calderón, ha
continuado sin tanta cobertura mediática en el sexenio de Peña Nieto; empezó
siendo un combate armado contra el llamado crimen organizado. Sin embargo,
los hechos y las estadísticas nos dicen que las principales víctimas son inte-
grantes de grupos históricos, tanto excluidos del sistema político como explo-
tados por el sistema económico: pobres, migrantes, mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes.
En este contexto, a medidos de los años noventa, en el norte del país comen-
zaron a aparecer los primeros casos de feminicidio, particularmente en Ciudad
Juárez, Chihuahua, pero, paulatinamente, el problema fue extendiéndose (o
solo fue haciéndose más claro) en otras entidades de la república, como Nuevo
León y el Estado de México. La evidente incapacidad de las autoridades públicas
para atender esta problemática ha generado la movilización de diversos actores
sociales, que buscan influir en la toma de las decisiones públicas para frenar el
172 aumento de estos crímenes y obtener acceso a la justicia para las víctimas direc-
tas e indirectas. El caso Campo Algodonero (Chihuahua 2002) marcó un parte
E N T R E V I S TA
aguas en la búsqueda de justicia en casos de feminicidio, pues por primera vez

se reconoció la responsabilidad por omisión del Estado mexicano. No obstante,
el número de feminicidios ha ido en aumento, teniendo hoy cifras que estiman
la ocurrencia de cinco feminicidios diarios a lo largo del país. La respuesta ins-
titucional que se ha dado a este problema ha sido la emisión de Alertas de Gé-
nero, un mecanismo que pretende visibilizar la violencia de género y obligar a
las entidades a realizar acciones para reducir el número de feminicidios. Al día
de hoy, 24 estados han solicitado la Alerta, pero solo en 8 de ellos, esta se ha
decretado: Chiapas, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Si-
naloa, Veracruz.
Aunque el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia de género,
este tiene sus raíces en la violencia económica, cultural y sexual que reduce a las
mujeres a la condición de objeto, dado que las víctimas de feminicidio son en su
mayoría mujeres pobres que ni antes, ni después de su asesinato, han tenido ac-
ceso a la justicia. Muchas de ellas sufrieron violencia desde la infancia y, antes
de ser asesinadas, enfrentaron algún tipo de violencia por parte de su pareja sen-
timental. Por ello, el proceso de construcción de paz con perspectiva de género
ha de pasar en primera instancia por la búsqueda de justicia social, es decir, por
la construcción de condiciones que permitan a hombres y mujeres tener salarios
justos, acceso a la educación, la salud y a la justicia sin discriminación. Dicho en
2 http://www.proceso.com.mx/503749/mara-cuarto-siglo-feminicidios-en-mexico
pocas palabras, la paz para las mujeres necesita de la reconstrucción de relacio-

nes públicas y privadas que permitan su acceso en igualdad de condiciones a
bienes, servicios y derechos que posibiliten el desarrollo de todas sus capacida-
des y el disfrute de una vida plena.
Por todo lo anterior, resulta necesario conocer a quienes han sido las prota-
gonistas de la resistencia y la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de
la violencia en México. Irma Alma Ochoa Treviño, feminista, activista y fundadora
de Arthemisas por la Equidad A. C., ha dedicado treinta años de su vida a la pro-
moción y defensa de los derechos humanos de las regiomontanas. Fue una de las
principales promotoras de la Alerta por Violencia de Género en el estado de
Nuevo León, y, actualmente, la organización que fundó es la encargada de dar
seguimiento a la implementación de la misma.
¿Quién es Irma Alma Ochoa?

Soy una mujer nacida en Monterrey, Nuevo León (nl), en la primera mitad del si-
glo pasado (3 de octubre de 1947). A la fecha, cuento con 70 vueltas al sol. Soy la 173
primera de cinco hijos/as del matrimonio formado por Santos Ochoa González,
E N T R E V I S TA
oriundo de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y de Irma Alma Treviño de la Peña,
nacida en Monterrey. Soy esposa de Rómulo Ruiz Jerezano y madre por decisión
de Alejandro y Rómulo Ruiz Ochoa. Soy feminista por convicción y defensora de
derechos humanos por vocación. Tengo formación en trabajo social, egresada de
la Universidad Autónoma de Nuevo León, y con estudios en derechos humanos
por la Universidad de Monterrey (udem) y la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (scjn). Tengo una especialidad en equidad de género en educación, por la
Universidad Pedagógica Nacional (upn), y soy maestra en género y políticas públi-
cas, cursada en la Facultad de Filosofía y Letras de mi Alma Mater.
¿Cómo inicia su trabajo como defensora de derechos de las mujeres y las niñas?
Inicié mi trabajo como defensora de derechos humanos desde niña, pero en ese
tiempo no se conocía popularmente dicho concepto. Comencé defendiendo mis
propios derechos, como niña trabajadora empeñada en no dejar su derecho a la
educación. Trabajé primero en un molino de maíz, barriendo el piso y la ban-
queta y lavando el molino. Yo lloraba mucho, no quería trabajar ahí, mi mamá
me llevaba cuando aún estaba oscuro. Entraba a las 4:30 de la mañana, porque
las mujeres llevaban el nixtamal a moler muy tempranito. Gracias al apoyo de
mi tía Edna, médica de profesión, mis padres aceptaron que continuara estu-
diando una carrera técnica en el English Commercial Institute, para luego entrar
a la educación secundaria.
En vacaciones de verano, antes de entrar al English, trabajé en una báscula

pública, pesando camiones cargados de papel, cartón, vidrio, fierro, y pesán-
dolos de nuevo ya sin carga. La diferencia en estos valores era lo que se les
pagaba. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. La oficina per-
manecía abierta y tenía prohibido cerrarla. No podía ir al sanitario, porque la
oficina se quedaba sola. Yo tenía unos 11 años de edad. Me pagaban 50 pesos
a la semana. Mi papá y mi mamá me dijeron que ese dinero era mío y que com-
prara lo que quisiera. Compré una tela para hacerme un vestido (yo cosía, mal,
pero lo hacía); unos calzoncillos para mi hermano Santos y una camiseta para
José Guillermo, también compré unas calcetas rosas para mi hermana Emma y
una bolsa de chocolates M&M para mí. Luego trabajé como secretaria del Teso-
rero de Guadalupe, nl, y luego en una oficina de contabilidad. De ahí empecé
a trabajar en una oficina de abogados, administré una notaría pública, fui ase-
sora de la notaría. También administré un taller de reparación de autos y un
negocio de venta de quesos y carnes frías. Tuve suerte de que el jefe con quien
laboré 42 años me permitiera tener un horario que me facilitara no solo estu-
174 diar, sino también hacer trabajos voluntarios en diversos organismos públi-
cos. Desde niña trabajé y estudié, obteniendo importantes logros como estu-
E N T R E V I S TA
diante y trabajadora.
Más tarde, en el año 1965 fui contratada por un laboratorio que impulsaba
las pastillas anticonceptivas, para promoverlas en las plazas públicas y en bri-
gadas casa por casa. Varias veces me corretearon las buenas conciencias por es-
tar promoviendo la “promiscuidad”, cualquier cosa que eso signifique. Desde
que era estudiante, me involucré en proyectos para mejorar la calidad de vida
de grupos con derechos vulnerados. Durante tres meses participé en un progra-
ma de alfabetización en el Penal del Topo Chico, pero no concluí el proyecto,
primero porque no había suficiente transporte público que me acercara al lugar
(mi papá me llevaba y, transcurridas tres horas, regresaba por mí); segundo,
porque hubo un motín y como yo aún no era mayor de edad, papá me prohibió
regresar. Posteriormente, trabajé haciendo encuestas relacionadas con la pros-
titución en la zona roja de la ciudad.
A principios de la década de los noventa, al jubilarme de mi trabajo como
administradora en una notaría pública, fundé junto con otras colegas la Asocia-
ción Nuevoleonesa de Trabajo Social A. C. Rosalinda Robledo (†) era la presi-
denta y yo la vice presidenta. Hicimos trabajo de desarrollo de la comunidad,
de gestoría y acompañamiento a las niñas, niños, adolescentes y mujeres vícti-
mas de lesiones y malos tratos (aún no se tipificaba la violencia familiar). Hici-
mos varias brigadas a diversas colonias en el área metropolitana y en la zona
sur del estado (Zaragoza, Aramberri, Galeana, Iturbide y Dr. Arroyo). Rosalinda
lograba apoyos en el sector salud, con oculistas, médicos generales, dentistas,
nutriólogas. Otras compañeras conseguían que nos acompañaran maestras y

maestros de deportes o de baile, algunas personas cortaban el cabello, otras
enseñaban manualidades. También, en esos años fuimos a limpiar los márge-
nes del río La Silla.
Alrededor de 1996 o 97, coadyuvé con el colectivo Pro Defensa del Menor y
la Familia, que ya tenía tiempo de fundado. Era presidido por la maestra Sandra
Arenal. Después participé en Milenio Feminista (Nuevo León). Me encargué del
eje de derechos humanos. Para cumplir con esa responsabilidad tomé un diplo-
mado en la materia, impartido en la Universidad de Monterrey. Fui fundadora e
integrante del Pacto Plural de Mujeres de Nuevo León, donde la presidencia era
rotativa entre las integrantes. Allí fui nombrada Secretaría Técnica, único pues-
to permanente. Este colectivo logró detener en 1999 una modificación a la Cons-
titución del estado de Nuevo León, que pretendía incluir el derecho a la vida
desde la concepción, restringiendo los derechos humanos de mujeres y niñas ya
nacidas. También fui fundadora de Bioética y Derechos Humanos A.C. y de Ni-
ñez Siglo xxi A.C. En 2007, junto con varias compañeras feministas, fundé Ar-
themisas por la Equidad, A.C. 175
E N T R E V I S TA
¿Por qué ser feminista en un estado como Nuevo León?
Porque es donde habito, o como dice Cristina Pacheco, es donde me tocó vivir. A
principios de los años noventa, junto con otras colegas recibí muchas ofensas.
Mucha gente hablaba muy mal de quienes nos decíamos feministas. Había mu-
jeres en puestos públicos de alto nivel que decían “yo soy femenina, no feminis-
ta”, sin tomar en cuenta que el camino para que ellas estuviesen donde estaban
había sido desbrozado por las luchas feministas que nos antecedieron.
¿Cuál es el trabajo que hace Arthemisas en la promoción y defensa de los derechos

de las mujeres y niñas?
Arthemisas promueve los derechos de las mujeres y las niñas a través de mu-
chas actividades: pláticas, conferencias, mesas redondas, boletines, folletos,
volantes, entrevistas de prensa, radio o televisión, y columnas publicadas en
diversos medios impresos y electrónicos. El pilar más importante de nuestro
trabajo en los últimos años ha sido la documentación de las muertes violentas
de mujeres en el estado de Nuevo León. Muchas de estas tipifican como delito de
feminicidio. Este trabajo lo hemos realizado junto con el Observatorio Ciudada-
no Nacional del Feminicidio (ocnf). Nos ha permitido hacer visible las dimen-
siones de esta problemática en la entidad y conseguir que en 2016 se aprobara
la Alerta por Violencia de Género.
Dado que Arthemisas cuenta en sus filas con dos abogadas, hemos presen-
tado diversas solicitudes, iniciativas y propuestas de ley por modificación o adi-
ción, entre ellas: a) solicitud para reconocer las diversas estructuras familiares
en la propuesta de Ley de Familia; b) solicitud para incorporar en el Código Pe-
nal sanciones para quienes cometen el delito de trata de personas; c) solicitud
para agilizar la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia (lgamvlv); d) solicitud para incorporar un lenguaje in-
cluyente en las reformas a la Ley de Educación en el estado; e) propuesta de ley,
por modificación, para aumentar la sanción privativa de la libertad cuando el
responsable sea un servidor público; f) propuesta de ley para agregar el capítu-
lo “Violencia Feminicida” en el Código Penal del estado de Nuevo León; g) pro-
puesta de ley para eliminar el perdón del ofendido en casos de violencia fami-
liar y, en ningún caso, aplicar la mediación o conciliación; h) propuesta de ley
para modificar el Código Civil en relación con el derecho a la identidad (aproba-
da en mayo y publicada en septiembre de 2009); i) iniciativa para tipificar el fe-
minicidio, reformando los códigos penal y de procedimientos penales (aproba-
176 da y publicada en junio de 2013); j) proyecto de iniciativa de Ley de Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes (junio 2015).
E N T R E V I S TA
También Arthemisas ha participado en la construcción del Informe Sombra

de Nuevo León, entregado en 2009 a la Unidad de Observación en México de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la onu; el Informe
Sombra entregado en 2011 al Comité de Seguimiento de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (cedaw), del
que resultaron dos recomendaciones para el estado de Nuevo León (una por fe-
minicidios y otra por desapariciones de mujeres); el Estudio de la Implementa-
ción del Tipo Penal de Feminicidio en México, en 2012 y 2013, junto con el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; y, el Informe Sombra Beijing
+20, entregado en marzo de 2015.
¿Qué es y cómo podemos identificar la violencia feminicida?

La violencia feminicida es la forma más extrema de violencia que se ejerce con-
tra las mujeres y las niñas. Podemos identificarla por la saña con la que se co-
meten los actos criminales. Por las acciones torturantes que son infligidas a las
mujeres antes o después de matarlas. Por la falta de respeto al cuerpo inerte de
la víctima. Por la deleznable exposición que hacen de los cuerpos después de
quitarles la vida; pues después de privarlas de la vida, las violan, las mutilan y
tiran sus cuerpos como si fueran objetos sin valor. Cuando hablamos de violen-
cia feminicida, nos referimos a la violación de los derechos humanos de las mu-
jeres y de las niñas. Esta violencia, en sus diferentes tipos y modalidades, es
fruto de las conductas misóginas de sujetos deshumanizados y bravucones que

dan por sentado que la bestialidad significa ser “hombre”. La violencia feminici-
da no solo es la privación de la vida de una mujer de manera violenta, también
se refiere a la privación de la libertad, a las desapariciones, a las mutilaciones,
a los matrimonios forzados, a la trata de personas con fines de explotación se-
xual o laboral de mujeres y niñas, así como a la prostitución ajena, entre otras
violaciones a los derechos humanos. La violencia feminicida se perpetra lo mis-
mo en el ámbito privado como en el ámbito público, y se refiere a todas las for-
mas de muerte violenta de mujeres.
En las últimas décadas se ha vuelto popular hablar de perspectiva de género

y erradicación de violencia contra las mujeres, quizá como una forma de responder
al incremento de la violencia feminicida. En este sentido, ¿qué significaría
gobernar con perspectiva de género?
Vamos a ver. Si tomamos como base que gobernar significa dirigir o guiar, enton-
ces, como respuesta a tu pregunta, gobernar con perspectiva de género sería 177
guiar los destinos de una comunidad, un estado o una nación con una mirada
E N T R E V I S TA
incluyente, en donde las mujeres no seamos consideradas las otras en el pacto
social, ni seamos consideradas ciudadanas de segunda clase, sino que seamos
consideradas sujetas de derechos, de todos los derechos, en igualdad de condi-
ciones a los que ya tienen los hombres, sin importar las diferencias genéricas
(entre e inter género).
En este escenario, ¿consideras posible tener una vida libre de violencias

para las mujeres en Nuevo León? ¿Qué se necesitaría hacer para ello?
Trabajamos para que sea posible vivir una vida libre de violencias. A ello le de-
dicamos nuestro esfuerzo, nuestras capacidades y nuestro tiempo. Para cam-
biar una situación dada en un espacio determinado, mucho tiene que ver la
voluntad política. La violencia es un problema con raíces profundas, muy difí-
ciles de erradicar. Es un problema cultural, de salud, derechos humanos, edu-
cación, seguridad, procuración y administración de justicia, cuyas causas mul-
tifactoriales se han ido agravando con el tiempo, y que a partir de decisiones
erróneas de quienes administran el erario y los destinos del pueblo, ha ido
creciendo en todo el país, y Nuevo León no es la excepción. ¿Qué se necesita?
De la población en general, educación, educación y educación. Conocer de
perspectiva de género y de derechos humanos, respetar a todas las personas,
sin discriminación alguna. De las y los servidores públicos, que tengan volun-
tad política, ética, decencia, honradez, honestidad, integridad, compromiso,
responsabilidad, humanismo, solidaridad. Que se eduquen, se capaciten o se

formen en el conocimiento de los derechos humanos, la perspectiva de género
y de la interculturalidad. También que haya presupuestos etiquetados en esas
materias.
Para caminar en este sentido, ¿cuáles serían los primeros pasos que se deberían
dar para cesar la violencia contra las mujeres y niñas en Nuevo León?
Informar, desde la primera infancia, sobre la perspectiva de género, el enfoque
de derechos humanos y la importancia de respetar el derecho de las mujeres a
vivir sin violencias.
¿Qué pasos concretos se han dado?

Los primero pasos que se han dado, a partir de la Alerta de Género en el estado,
tienen que ver con la tipificación del delito de feminicidio en la entidad, la crea-
178 ción de protocolos de atención y la capacitación del personal de salud y de mi-
nisterio público, quienes suelen ser los primeros funcionarios públicos que en-
E N T R E V I S TA
tran en contacto con las víctimas.

En principio, es importante que el gobierno de Nuevo León haya reconocido
la existencia de la violencia feminicida y, con ello, la haya visibilizado; porque
mientras no se reconozca que existe un problema en detrimento de la mitad de
la población, no habrá posibilidades de que se realicen las acciones necesarias
para atajarlo. Es valioso que tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial
se hayan puesto de acuerdo para dar seguimiento y cumplimiento a las reco-
mendaciones en materia de seguridad, prevención, justicia y visibilización de la
violencia de la avgm para Nuevo León y lograr objetivos comunes, desde las di-
ferentes funciones que corresponden.
En las reuniones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la avgm
para Nuevo León, los diferentes órganos del gobierno, estatal y municipales,
han reportado los avances realizados. Dieron a conocer diversos programas,
campañas y acciones dirigidas a menguar la violencia contra las mujeres. Entre
las acciones para visibilizar el problema, hay un video sobre la avgmnl, donde
se explica qué es la alerta de género, cuáles son sus implicaciones y lo que el
Estado asume ante dicha declaratoria. Este video se ha difundido en redes socia-
les, pero no es la campaña que se recomienda en la avgm. La campaña, según las
recomendaciones, debe partir de las diversas áreas de gobierno y los munici-
pios, y dar a conocer las diversas problemáticas. Aunque hay varios esfuerzos
desde los órganos de gobierno y los municipios, no responden al eje de la avgm
que es la vinculación y la coordinación. Esto no se ve.
En relación con las medidas de seguridad, se han dado algunos pasos. El

gobierno estatal y los municipales han llevado a cabo diversas acciones para
resolver el problema como: recuperación de espacios públicos; mantenimien-
to e instalación de luminarias; geo-referenciación de zonas de conflicto; diver-
sas campañas de prevención en radio y televisión pública, así como en revis-
tas y redes sociales; en diversas oficinas públicas instalaron mantas con el
violentómetro. Pero los resultados de todo esto siguen siendo una historia en
construcción.
Nos comentaste al inicio que eras “feminista por convicción y defensora de derechos
humanos por vocación”. ¿Cómo se relaciona la lucha por la eliminación de la
violencia contra las mujeres con la lucha por los derechos humanos?
Se relacionan con el derecho que las mujeres y las niñas tenemos a vivir libres
de violencias. Este derecho no es aislado sino que está vinculado con los dere-
chos fundamentales a la vida, la libertad, la salud, la salud sexual y reproducti-
va, la información, la libre expresión, a ser escuchadas, a la no discriminación, 179
a ser tratadas con respeto, como personas con iguales derechos, el derecho al
E N T R E V I S TA
acceso a la justicia, etcétera.
Como feminista y defensora de derechos humanos, ¿qué significa para ti la paz?

A nivel personal, significa estar en armonía, con tranquilidad, estar sin estrés. A
nivel familiar, significa concordia, amor, amistad, hermandad, solidaridad. A ni-
vel social, a la paz la veo como un estado en donde la convivencia sea benéfica
para todas y todos, donde el pacto social sea de igualdad, de respeto a las dife-
rencias, de inclusión, de seguridad y de justicia. Para mí, tener paz significa no
padecer la angustia que me provocan las violencias, significa que se terminen
los conflictos que causan dolor y muerte.
¿Qué relación tiene el trabajo que realiza Arthemisas para la construcción

de la paz en Nuevo León?
El trabajo de Arthemisas va encaminado a que se reconozcan los derechos hu-
manos a las mujeres, niñas y niños. En ese sentido, se busca la utopía. Nuestro
trabajo plantea un cambio cultural en donde se reduzcan las ideas patriarcales,
heteronormativas y machistas. Toma como base las diversas leyes que nos nor-
man, entre ellas, por ejemplo, la lgamvlv. Arthemisas demanda que no se vio-
lenten nunca más a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Reclama la elimina-
ción de las diferencias de derechos entre mujeres y hombres; que la igualdad
sea un derecho sustantivo y no solo un renglón más en nuestra legislación. Que

se erradique la discriminación e impere el respeto a todas y todos.
Para concluir acerca de las condiciones para construir la paz con perspectiva
de género y derechos humanos, ¿cómo se diferenciaría esta de cualquier otro
tipo de paz que se haya promovido o se esté promoviendo en el estado?
Al igual que la violencia, la paz es un constructo aprendido. Debemos aprender
a construir la paz. Por el tema que Arthemisas trabaja, la violencia feminicida,
es muy importante el acceso a la justicia. Mientras este no exista, la violencia
contra las mujeres y las niñas seguirá impune y en aumento.
En una reunión para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo, a la que fui invita-
da, se habló de la necesidad de fortalecer el pacto social entre Estado y socie-
dad, como una de las condiciones para construir la paz. Si bien el pacto social
del que hablaba Rousseau implica democracia, en el siglo xxi sigue vigente pero
con variaciones, pues hemos de trascender la democracia griega y la impulsada
180 tras la Revolución francesa. Ahora demandamos una democracia en la que sean
incluidas todas las personas sin exclusión alguna. Además, se requiere de go-
E N T R E V I S TA
bernabilidad, esto es, garantizar la seguridad humana, garantizar el respeto a

los derechos humanos y también garantizar el acceso a la procuración y a la ad-
ministración de justicia. Sin estas condiciones, será imposible construir la paz
en un país como el nuestro, en donde las organizaciones criminales han socava-
do las instituciones.
Considero también que debe haber desarrollo económico, pero desafortuna-
damente, vemos que el salario mínimo oficial no apunta hacia la disminución de
las brechas entre quienes más tienen y las personas que sobreviven en situación
de pobreza.
Anexo. Cronología del tortuoso camino legal para lograr

la implementación de la Alerta por Violencia de Género (AVG)
en el estado de Nuevo León
13-01-12. Se presenta solicitud de investigación ante la Secretaría Ejecutiva de

InMujeres, del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y
Eliminar la Violencia contra las Mujeres.
25-01-12. Se demuestra la constitución legal de la promovente, Arthemisas por
la Equidad A.C.; además, se otorga poder para representación al Ob-
servatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
08-02-12. Se celebra una Sesión Extraordinaria de dicho Sistema Nacional en las
instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, D.F. En dicha
sesión, 32 integrantes del sistema negaron la solicitud de la promo-
vente para investigar la existencia o inexistencia de la violencia femi-
nicida en Nuevo León (19 votos en contra, 13 a favor, 0 abstenciones).
13-02-12. Se notifica a Arthemisas la improcedencia de la solicitud.
05-03-12. Arthemisas presenta amparo ante el Juez de Distrito en Materia Ad- 181
ministrativa del Distrito Federal en turno, para que el Sistema Nacio-
E N T R E V I S TA
nal funde y motive la negativa a investigar o, en su caso, anular la
resolución del 8 de febrero.
27-06-12. Se sobresee la demanda de amparo. El juez consideró que la quejosa
no está legitimada, al no ser tercero perjudicado, a defender los de-
rechos humanos.
08-07-14. Arthemisas presenta amparo de revisión.
18-08-14. Se turna el expediente al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la región, asignándosele al magistrado José Ma-
nuel Villeda Ayala, para la formulación del proyecto de sentencia.
10-2014. El Tribunal Auxiliar se declara competente para conocer y resolver el
recurso de revisión, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Am-
paro derogada en virtud de haber sido presentada la demanda cuan-
do estaba vigente la ley. Asimismo, considera lo siguiente:
1. Que el Sistema Nacional infringió los derechos fundamentales de

audiencia, seguridad jurídica y acceso a una justicia efectiva, a
través de las determinaciones asumidas en la sesión del 8 de fe-
brero del 2012, e incumplió con las obligaciones asumidas como
Estado parte en la Convención Interamericana, Belém do Pará;
2. Que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal,
todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente
fundado y motivado;
3. Que las autoridades que forman el Estado mexicano se encuen-

tran obligadas a garantizar la investigación y recopilación de es-
tadísticas y demás información pertinente sobre las causas, con-
secuencias y frecuencias de la violencia contra las mujeres;
4. Que Arthemisas tiene el derecho subjetivo a defender los dere-
chos humanos, los cuales deben ser garantizados por el Estado;
5. Que el Sistema Nacional debía realizar un engrose considerando
las participaciones de las integrantes para exponer cuáles fueron
los motivos y fundamentos que se tomaron en consideración
para negar la procedencia de la avg;
6. Que la resolución del Sistema constituye una violación constitu-
cional en materia de derechos humanos;
7. Que la negativa de iniciar la investigación de la avg en Nuevo
León es una forma de discriminación contra las mujeres, restrin-
giendo sin fundamentación ni motivación los derechos que se les
reconoce en la lgamvlv, la cedaw y la Convención Belém do Pará;
182 8. Que la negativa del Sistema obstaculiza el acceso a la justicia
para las mujeres víctimas de violencia en Nuevo León;
E N T R E V I S TA
9. Que se ordena al Sistema Nacional a que realice un nuevo acto y

cumpla con lo siguiente: a) se deje insubsistente la determina-
ción de la Sexta Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional (del
08/02/2012); b) se convoque a una nueva sesión extraordinaria;
c) se permita el acceso a la quejosa, a través de su representante
legal o de las personas que cuenten con facultades para ello, a
efecto de darle la oportunidad de ofrecer pruebas y alegar en tor-
no a la petición de solicitud de investigación sobre la proceden-
cia de una declaratoria de avg en el estado de Nuevo León; d) se
emita una nueva resolución de manera fundada y motivada; e) se
estudie si la solicitud de la quejosa reúne los requisitos de pro-
cedencia previstos en los artículos 33 y 34 del Reglamento de la
lgamvlv; f) se resuelva de manera definitiva lo que en derecho
proceda respecto de la denuncia.
30-03-15. El Sistema Nacional tiene una sesión extraordinaria, ordenada por la

sentencia del Tribunal Colegiado, en la que la solicitante de la avg
para Nuevo León, Arthemisas por la Equidad A.C., junto con el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como coadyuvante,
ejerce el derecho de audiencia ordenado por el Tribunal Colegiado.
05-2015. El Grupo de Trabajo de Investigación (gti) sobre la procedencia de la
Declaratoria de avg visita la entidad, constituyéndose en las depen-
dencias oficiales para entrevistar a las y los servidores públicos que

atienden casos de violencia contra las mujeres y las niñas, así como
a diversas organizaciones locales de la sociedad civil, entre ellas: la
promovente, Alternativas Pacíficas y Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Nuevo León.
18-11-16. Transcurridos 58 meses, después de que Arthemisas presente la so-
licitud para que se declarara una situación de emergencia en la enti-
dad, el Sistema Nacional se reúne por tercera ocasión desde 2012
para revisar el informe del gti sobre la situación de violencia contra
las mujeres en Nuevo León, y, finalmente, determinar que sí procede
declarar la avg para la entidad…
183
E N T R E V I S TA
E N T R E V I S TA
Andrés Allán Sánchez Osorio*

Paz y juventud
Entrevista con Gabrielle John**
¿Cuáles son los problemas más importantes en la

Resolución 2250? ¿Por qué una resolución sobre juventud,
paz y seguridad? ¿Cómo puede esta Resolución ser
utilizada para que los jóvenes puedan consolidar su trabajo
en favor de la paz?
La Resolución 2250 es la primera que reconoce el pa-
pel positivo de las y los jóvenes en la construcción de
la paz.
Me entusiasma centrarme en los asuntos de la paz 185
y la seguridad de los jóvenes, porque sabemos que hay
cientos de millones de jóvenes en todo el mundo que
viven en comunidades afectadas por conflictos violentos. Esta resolución per-
mite reconocer el papel positivo de las personas jóvenes.
Las y los jóvenes reconocen el hecho de que no siempre participan en la vio-
lencia o que viven pacíficamente, contribuyendo a la paz. La Resolución en sí
tiene cinco pilares de acción: participación, protección, prevención, asociación,
desvinculación y reintegración. Para impulsar la participación, se trata de obte-
ner apoyo del gobierno para fomentar la participación de los jóvenes en la toma
de decisiones, como agentes de cambio y acción.
A través de todas las conversaciones que hemos tenido con los propios jó-
venes, hemos notado que el gobierno debe ser consciente en proteger a los jóve
nes, durante la prevención de conflictos violentos, desarrollando políticas para
apoyar la participación de los jóvenes; gran parte de esto va relacionado con
otra de tus preguntas.
* Ingeniero químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Presidente de Efecto Valores A.C.
Traductor y entrevistador.
Correo electrónico: allan@efectovalores.org
** Secretaria del Estudio del Progreso sobre Juventud, Paz y Seguridad. Estudio solicitado
al Secretario General de las Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad en su Resolución
2250 (2015).
Sánchez Osorio, Andrés Allán. «Paz y juventud. Entrevista con Gabrielle John» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto
2018): 185-190.
Estas son algunas de las formas generales en las que la resolución lo exige.
Luego, el Estudio del Progreso tendrá que dar más líneas de información en for-
mas concretas sobre cómo cada una de esos elementos va marchando.
Relacionado con otra de sus preguntas, sobre cuándo podría implementar
el país la Resolución, o si hay algún tipo de guía sobre las formas generales en
que la Resolución debería implementarse, te comento que las pautas concretas
se irán dando después de la implementación por los Estados miembros. Obvia-
mente, el gobierno de cada Estado deberá proporcionar a las instituciones y a
las organizaciones juveniles los recursos para que ellas los usen en la construc-
ción de la paz. La apuesta está en el poder de cambio de los jóvenes y de la so-
ciedad civil.
¿Cómo podría implementarse la Resolución en todos los países de América Latina

y el Caribe? ¿Cuáles son los principales desafíos para su implementación
en América Latina y la región del Caribe?
186 En el Estudio del Progreso sobre Juventud, Paz y Seguridad será presentada una
serie de recomendaciones sobre cómo la Resolución 2250 se puede implemen-
E N T R E V I S TA
tar en el futuro. De momento, no quiero entrar en muchos detalles al respecto,

porque todavía estamos en las etapas de trabajo para dar con esas recomenda-
ciones, eso es lo que estamos trabajando febrilmente en este momento.
Escuchando las palabras de los jóvenes, en casi todos los compromisos, las
y los jóvenes de América Latina y el Caribe están haciendo este trabajo en cir-
cunstancias difíciles y precarias. Teniendo este conocimiento, un primer paso
desde el gobierno como forma para apoyar su trabajo está en la implementación
de la Resolución 2250. Otra forma muy obvia, es proporcionar a los jóvenes re-
cursos, ya sean financieros o de carácter técnico, nacionales o regionales, para
impulsar su trabajo en la construcción de la paz y que puedan ser sostenibles
en el largo plazo.
También es importante destacar el apoyo que puede brindar la comunidad
internacional a América Latina y el Caribe, para asegurar que una gran parte de
los jóvenes tengan mecanismos de protección, sobre todo para los jóvenes que
están haciendo este trabajo y que, como mencioné, se arriesgan al hacer este
trabajo, pensando en cómo puede la comunidad internacional garantizar y ayu-
dar a que las personas puedan liberarse del daño causado por los conflictos vio-
lentos. Creo que la comunidad internacional puede jugar un papel importante
en la defensa de los derechos humanos y en el impulso de la construcción de la
paz juvenil, para que funcione a nivel local y nacional. El gobierno nacional
debe impulsar a los jóvenes que están trabajando en la construcción de la paz,
como con la construcción de obras, siguiendo en este sentido al apoyo que mu-
chas entidades de la ONU están implementando en toda América Latina y el Ca-

ribe a favor de organizaciones de la sociedad civil.
También creo que hay muchas similitudes entre el movimiento feminista y
el movimiento de la juventud, pienso que las alianzas entre organizaciones de
mujeres y de jóvenes son realmente valiosas. Las organizaciones juveniles pue-
den aprender mucho del movimiento de mujeres y cómo desarrollar redes real-
mente fuertes para fortalecer su trabajo.
Pensando en términos de investigación, de instituciones académicas y tam-
bién de la misma sociedad civil, sabemos que hay mucha investigación que
apunta hacia qué factores determinan lo que impulsa a participar a los grupos
de jóvenes. Hay mucha información sobre cuáles son los impactos de la violen-
cia en los jóvenes, pero, en realidad, hay muy poca investigación sobre qué es
lo que permite sobrevivir a los jóvenes expuestos a ese entorno violento. En mi
propia opinión, para que realmente se mantenga la paz, los jóvenes deben ser
motivados para participar en la paz. Pienso que con la investigación en esta ma-
teria, realmente se ayudará a apoyar la agenda y la implementación de la Reso-
lución 2250. 187
Otro punto importante radica en el mismo trabajo que realizan las organi-
E N T R E V I S TA
zaciones de jóvenes. En este sentido, las resoluciones del Consejo de Seguridad
a menudo pueden parecer desafiantes para los gobiernos nacionales, lo cual
puede dificultar su implementación, por lo que es muy importante el papel de
las organizaciones sociales en la implementación de la Resolución 2250, la mis-
ma que fue impulsada por los jóvenes con base en su trabajo social. Por lo tan-
to, los propios jóvenes deben verse a sí mismos como factores importantes para
asegurarse de que la Resolución se está implementando.
Al final, tú mismo ya lo estás haciendo, así que te doy las gracias por ser
parte de ello. Esto merece la atención, dentro de tu contexto y en tu país.
¿Cuál es el propósito del Estudio del Progreso sobre Juventud, Paz y Seguridad?
¿Cuáles son los principales elementos por estudiar y qué sigue después
de este estudio?
El Estudio del Progreso, como lo he mencionado, fue dispuesto en el punto 20
de la Resolución 2250. El objetivo del mismo es estudiar las contribuciones de
los jóvenes a la construcción de la paz positiva.
Para la construcción del propio estudio, se pueden hacer recomendaciones
a nivel local, nacional e internacional. Por eso, yo diría que el estudio en sí mis-
mo se basa en una metodología donde se encuentran maneras para asegurar la
inclusión, así como promover la participacion de las y los jóvenes en la cons-
trucción de la paz, ya que ellos son realmente los principales constructores del
estudio. Es muy importante que el proceso de implementación de la Resolu-

ción, así como del estudio sea inclusivo. Por ello hemos realizado consultas
regionales con jóvenes como tú. En total, hemos realizado siete consultas re-
gionales: en los Estados árabes, los de Asia–Pacífico, de Europa del este, Asia
central, Europa occidental, África central y del oeste, así como en Latinoaméri-
ca y el Caribe. También hemos organizado encuentros nacionales, en los que
hemos tenido cientos de grupos de discusión que se llevaron a cabo, a cargo de
miembros de la sociedad civil, para contribuir colectivamente al estudio. Gra-
cias a estos encuentros, hemos tenido acceso a una información que difícil-
mente se puede alcanzar, con lo cual reconocemos las contribuciones de los
estudios de caso de los países y la investigación del enfoque en los países pre-
sentados en el estudio.
Los documentos temáticos se enviaron para que puedan ser estudiados y,
en la medida de lo posible, obtener una comprensión más sólida de las expe-
riencias de los jóvenes en todo el mundo. Esto no sin dificultades. Tú conoces
cuáles fueron algunas de las complicaciones regionales, ya que formaste parte
188 de uno de esos grupos. Sin embargo, parte de ese proceso fue importante para
que los jóvenes sientan que sus voces se reflejan en los resultados. Cuando
E N T R E V I S TA
creamos las síntesis del informe, las y los participantes han tenido la oportuni-
dad de revisarlas y validar si reflejan o no las discusiones dadas a nivel de las
consultas regionales, antes de que el documento esté finalizado. Esta retroali-
mentación es una parte muy importante del proceso.
¿Qué es lo que sigue después del estudio? Es una gran pregunta. Pienso que
lo que esperaríamos es que potencialmente se adopte la Resolución para que las
palabras plasmadas en el estudio se vuelvan realidad. Actualmente, el estudio
se encuentra en la fase de análisis de datos, en donde estamos analizando toda
la información que se recopiló a lo largo de este proceso. Ahora estamos con la
compleja tarea de asegurarnos de que realmente somos fieles a lo que los jóve-
nes han dicho, de que capturamos lo que los jóvenes tienen en mente y así es
como valdrá la pena para los términos del estudio.
¿Cuáles fueron algunos de los principales resultados de la Consulta Regional

sobre la Paz y la Seguridad en la Juventud de América Latina y el Caribe?
Trataré de dar una descripción en primer lugar general, pues a pesar del hecho
de que los jóvenes están en un contexto muy diferente en cada región del mun-
do, como tú sabes, hemos visto surgir muchos de los mismos problemas a nivel
mundial, tanto para México como para los países de Europa del este, desde Ca-
nadá a Sudáfrica. Entonces, es realmente sorprendente ver, a pesar de las enor-
mes diferencias que existen, que hay temas sobre los cuales todos los jóvenes
están hablando y que son importantes para ellos. Pienso que en el caso de Amé-
rica Latina y el Caribe, es realmente interesante por la diversidad de las perso-
nas jóvenes, y en las palabras que hemos escuchado de ustedes, los jóvenes que
trabajan en la construcción de la paz.
Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, hay muchos jóvenes que traba-
jan en la educación, que enseñan a otros jóvenes marginados para que ellos
puedan participar y conseguir un empleo, o que están promoviendo la educa-
ción no formal a favor de los jóvenes que no pueden acceder a la educación for-
mal, o quienes realizan un trabajo dedicado a los derechos y la justicia median-
te las artes y los deportes. Pienso que esta es una realidad particular de
Latinoamérica; una de las razones que demuestra una gran afinidad y habilidad
para usar las artes y los deportes como herramientas de mucha fuerza, pues así
los jóvenes pueden trabajar y divertirse, al mismo tiempo, de una manera pací-
fica, por ejemplo, usando el arte para hablar sobre temas de vulnerabilidad que
se consideran tabú, como en el caso de la promoción de la salud sexual, o me-
diante un trabajo con diferentes grupos sociales, como en el caso de las perso-
nas y comunidades afrodescendientes en Colombia. 189
Hay problemáticas muy graves en las que estamos trabajando, particular-
E N T R E V I S TA
mente en Estados Unidos, temas como la equidad de género, pues la región atra-
viesa una situación muy fuerte; promoviendo y abogando por los derechos de
las mujeres jóvenes, como por los derechos de las comunidades lgbtq, en esta
región y en Europa occidental, ya que esta necesidad derivó de las conversacio-
nes con los mismos jóvenes.
Hay muchos otros desafíos que fueron identificados por los jóvenes y aso-
ciaciones en América Latina y el Caribe. Se ha mencionado mucho el estigma y
la discriminación que los jóvenes experimentan. Increíblemente, las cosas se
relacionan como resultado de las normas sociales que están en vigencia en las
sociedades latinoamericanas, en torno al acceso a los recursos y a la seguridad
personal, a las cuestiones judiciales, así como a la falta de oportunidades eco-
nómicas que los jóvenes enfrentan con fuerza en todos los ámbitos.
Gran parte de las contribuciones de las personas jóvenes para el Estudio del
Progreso ayudó a identificar dónde están los problemas, así como el trabajo que
están haciendo ellos para la consolidación de la paz, y las limitaciones o las ma-
neras con las que se inhibe su capacidad para participar en la construcción de
la paz y la seguridad.
En resumen, los principales insumos del estudio son las recomendaciones
que todos los jóvenes participantes elaboraron en torno a la seguridad, la parti-
cipación política, la legislación, el acceso a la información, entre otras cuestio-
nes. Es cierto que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con ello y
cómo garantizar la participación de los gobiernos nacionales, junto con las ins-
tituciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, para que se

implemente con éxito la Resolución 2250. Sin embargo, cabe recalcar que los da-
tos provenientes de América Latina y el Caribe han sido muy útiles para la elabo-
ración del Estudio del Progreso sobre Juventud, Paz y Seguridad, al orientar el
sentido de las recomendaciones del estudio. Entonces, con suerte, el documento
final será una herramienta verdaderamente útil para todos los jóvenes que traba-
jan en la construcción de la paz en los países latinoamericanos, como México,
para que puedan verlo, leer las recomendaciones y decir a los gobiernos nacio-
nales y regionales: “Esto es lo que estamos pidiendo y esto es lo que necesitamos
para poder desarrollar y continuar el trabajo social que estamos haciendo”.
190
E N T R E V I S TA
Alice Poma*
El papel de las emociones en la respuesta
al cambio climático
The role of emotions in the response to climate change
Resumen | El cambio climático está poniendo a la humanidad frente a elecciones éticas de

las que dependerá la (calidad de) vida de las generaciones venideras y de las demás espe-
cies que habitan el planeta. A pesar de que el conocimiento sobre el cambio climático es
cada vez más preciso y los efectos, aunque inciertos, ya pueden preverse, la respuesta al
cambio climático es todavía insuficiente e ineficaz.
A lo largo del texto se mostrará cómo dicha falta de respuesta ha sido elaborada en sociolo-
gía como un proceso colectivo de construcción social. El objetivo del presente artículo es 191
reflexionar sobre la falta de respuesta al cambio climático a partir de algunas aportaciones
sociológicas y los resultados de una investigación en curso en la Ciudad de México.
Al contrastar los resultados de la literatura con entrevistas en profundidad con ocho miem-
bros de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias, y Pedregales de Coyoacán
que están defendiendo el agua en la Ciudad de México, se analizan tanto las emociones que
influyen en respuesta al cambio climático como algunas estrategias que podrían implemen-
tarse para superar las dificultades generadas por estas emociones incómodas.
Palabras clave | cambio climático, emociones, percepción, respuestas.
Abstract | Climate change is putting humanity in front of ethical choices that will define the
(quality of) life of future generations and other species that inhabit the planet. Although
the knowledge about climate change is increasingly accurate and the effects, despite being
uncertain, can already be predicted, climate change response is still insufficient and inef-
fective.
This paper shows how this lack of response has been elaborated in sociology as a collective
process of social construction. The aim of this article is to reflect on the lack of response to
climate change from some sociological contributions and the results of an ongoing research
in Mexico City.
Recibido: 8 de febrero de 2018. Aceptado: 4 de marzo de 2018.
* Doctora en ciencias sociales, investigadora asociada ‘C’ de tiempo completo en el IIS-UNAM.

Correo electrónico: apoma@sociales.unam.mx
Poma, Alice. «El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto
2018): 191-214.
Crossing the results of the literature with in-depth interviews with eight members of the
General Assembly of Villages, Communities, Neighborhoods, and Hills of Coyoacan, which
has been denouncing water wastage in Mexico City, I will analyze emotions that influence
climate change responses, as well as some strategies that could be improved to overcome
the difficulties generated by these uncomfortable emotions.
Keywords | climate change, emotions, perception, responses.
Introducción
El cambio climático es un problema socioambiental de gran relevancia y urgen-
cia, no solo por las consecuencias que genera en las actividades humanas, sino
también porque nos obliga, como especie, a tomar conciencia de nuestro propio
impacto en la naturaleza.
El hecho de que como seres humanos somos causantes y víctimas del cam-
bio climático —aunque no todos de la misma forma— dificulta el proceso de
aceptación y respuesta al problema.
192 La falta de respuesta al cambio climático es un tema que ha generado deba-
te en las ciencias sociales y sigue sin comprenderse del todo. Entre las razones
propuestas para comprender por qué las personas no estamos actuando contra
un problema de tal magnitud y urgencia encontramos la falta de información y
la falta de interés de los ciudadanos. La psicología también ha contribuido me-
diante el análisis del proceso de negación del problema por parte de los indivi-
duos. A lo largo del texto, veremos cómo este proceso ha sido elaborado suce-
sivamente en sociología como un proceso colectivo, proporcionando, además,
elementos críticos a la falta de información y de interés como elementos expli-
cativos para la escasa acción contra el cambio climático.
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre la falta de respuesta al cam-
bio climático a partir de algunas aportaciones sociológicas y los resultados de
una investigación en curso en la Ciudad de México.
La hipótesis defendida en el presente artículo es que algunas emociones que
los sujetos sienten al recibir información y pensar en el cambio climático influ-
yen en su respuesta al problema. A partir de esta primera hipótesis, se mostrará
cómo gracias a herramientas proporcionadas por el estudio de los movimientos
sociales y la sociología de las emociones se pueden sugerir estrategias para en-
frentar este problema.
Los resultados de investigación presentados se basan en entrevistas en pro-
fundidad con miembros de un colectivo de ciudadanos que defiende el agua en
la Ciudad de México. Gracias a la disponibilidad de estos sujetos de compartir
su sentir hacia el problema del cambio climático ha sido posible empezar una
reflexión que lejos de acabarse en este artículo, se propone poner atención al
problema de la percepción de los ciudadanos acerca cambio climático, aspecto

que en México ha sido desatendido hasta ahora, como también reclama el psicó-
logo Javier Urbina, afirmando que:
[...] el número de estudios y publicaciones sobre percepción del cambio climático en

México es todavía insuficiente, pues el tema no se ha instalado como un componente
básico de los planes, programas, estrategias y acciones; dicho de manera breve y ta-
jante, la percepción social y la comunicación del cambio climático se contemplan de
manera tímida, apenas esbozadas, en los documentos oficiales del gobierno mexica-
no. (2017, 341).
El artículo se compone de cuatro apartados: el método y el caso de estudio

de la investigación, una breve introducción al enfoque sociológico de las emo-
ciones, y el problema de la percepción del cambio climático en la que se compar-
tirán algunos resultados de la investigación. Sucesivamente, el análisis consisti-
rá en una primera parte en la que se describirán algunas emociones identificadas
como clave en la respuesta al cambio climático, y una segunda parte que presen- 193
tará algunas estrategias para contrarrestar dichas emociones. Se concluirá con
una serie de reflexiones finales donde, más que cerrar, se propone abrir puertas
en el campo de la investigación social sobre el cambio climático.
Método y caso de estudio

La investigación se basa en entrevistas en profundidad con miembros de la
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán,
quienes, desde febrero de 2016, están luchando contra el desperdicio de agua
en la delegación Coyoacán en la Ciudad de México.
No existiendo movimientos de base organizados alrededor del problema del
cambio climático en México, la posibilidad de trabajar con sujetos sensibles a las
temáticas medioambientales permite comprender las dificultades intrínsecas ge-
neradas por el cambio climático hasta en sujetos empoderados y con una con-
ciencia política y ambiental. Estos sujetos, que no están ajenos al cambio climáti-
co y tienen que actuar contra los efectos del mismo (Velásquez y Martínez 2012),
son actores clave para comprender cómo construir alternativas al cambio climá-
tico desde la ciudadanía, pues como mostraron Grin et al. (2010) y Leff (2011) los
movimientos sociales son actores clave en la transición hacia la sustentabilidad.
Los comités de ciudadanos y en particular los que ya están organizados en
defensa del territorio, son centrales para desarrollar un cambio hacia un estilo
de vida más sustentable porque como sujetos sociales pueden incidir tanto en
los diferentes niveles de gobierno, a través de demandas de cambios de políti-
cas, como en un cambio de estilo de vida más sostenible, al promover prácticas

proambientales y tener visibilidad e influencia en sus territorios.
Trabajar con estos sujetos es relevante no solo para entender la percepción
actual del problema, que nos ayuda a comprender la falta de respuesta social,
sino para poder construir con estos sujetos estrategias para sensibilizar y co-
municar los efectos del cambio climático de manera que este se sienta como un
problema colectivo y se enfrente como tal, en cada territorio y en la cotidianei-
dad, partiendo de esta idea: “si los efectos de un problema son percibidos como
compartidos se creará un sentimiento de corresponsabilidad para su resolu-
ción” (Solís y Salvatierra 2013, 33).
Como hemos dicho, este artículo se fundamenta en entrevistas en profundi-
dad con miembros de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y
Pedregales de Coyoacán (en adelante, la Asamblea). Una las características de
este colectivo es la fuerte identidad local y del lugar que sienten los vecinos ins-
talados en estas tierras, los pedregales de Coyoacán, desde los años setenta,
junto con el fuerte sentimiento de injusticia y el dolor compartidos entre todos
194 los miembros del grupo a causa del desperdicio de agua que está llevando a
cabo la empresa constructora ‘Quiero Casa’ en su obra de avenida Aztecas 215,
desperdicio que los miembros de la Asamblea denuncian como ecocidio.

Esta experiencia se caracteriza por la solidaridad con otras luchas, como la
de Ayotzinapa, y con la de las poblaciones de otras colonias que sufren escasez
de agua, así como con la de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre
de 2017. La comparación entre el desperdicio de agua que este colectivo denun-
cia en la delegación Coyoacán y la escasez sufrida por decenas de miles de ciu-
dadanos solo en la Ciudad de México aumenta aún más su rabia y compromiso,
legitimando su lucha.
A nivel organizativo, la Asamblea es un colectivo informal, que no se ha
constituido en A. C., se reivindica apartidista, y se autorganiza de manera hori-
zontal y no jerárquica. Su repertorio es no violento, e incluye la instalación de
un plantón convertido en el punto de referencia de la lucha frente a la obra de
avenida Aztecas 215. El plantón duró 220 días en 2016, habiendo sido desaloja-
do el 5 de diciembre del mismo año y retomado el 30 de agosto de 2017, suman-
do153 días en que la Asamblea estuvo en plantón hasta el 31 de enero de 2018.
Este colectivo se singulariza por una autoformación permanente que, ade-
más de la convivencia en el plantón, se puede observar en la experiencia de la
escuela popular ‘piedra y manantial’ que organizan todos los viernes antes de
su asamblea semanal, además de los diversos talleres y actividades que se rea-
lizan en el espacio del plantón entre semana.
Aunque la riqueza de esta experiencia urbana de defensa del agua no se
puede resumir en tan solo algunas líneas, en lo que concierne a la comprensión
de la percepción del cambio climático es relevante entender que estos sujetos

son personas sensibles a los problemas medioambientales, de extracción popu-
lar, con un nivel de estudios universitarios (6 de 8 de los entrevistados han es-
tudiado una carrera), y con escasa o nula confianza en las instituciones, todos
ellos elementos que, como veremos a continuación, influyen en la construcción
social del cambio climático.
Entre los entrevistados contamos con ocho personas, cuatro mujeres (E1,
E2, E3, E5,) y cuatro hombres (E4, E6, E7, E8), la mitad adultos y adultos mayores
(más de 40 años hasta pasados los setenta) (E1, E2, E3, E8) y los demás jóvenes
adultos entre 20 y 40 años (E4, E5, E6, E7).
Los entrevistados muestran, además, que en su cotidianeidad promueven
prácticas proambientales como el uso del trasporte colectivo y de la bicicleta
como medio de trasporte, el consumo de alimentos producidos localmente y no
industrialmente, el uso eficiente del agua, el reciclaje de desechos, la reutiliza-
ción, la disminución del uso de productos desechables y de plástico, la atención
de no consumir determinados productos estéticos o de limpieza que pueden
contaminar, etc. Estas prácticas se promueven tanto por su sensibilidad ambien- 195
tal como social, y están motivadas por sus valores e identidad, e influyen en
cómo ven el mundo y en sus emociones, las cuales se consideran en sociología
como construcciones sociales y culturales, como veremos a continuación.
Las emociones desde la mirada sociológica

Al estar las emociones a menudo asociadas con la psicología o la neurociencia
como componentes exclusivas del individuo o como objeto de estudio de otras
disciplinas tales como la filosofía, la antropología, o la historia, es necesario
aclarar qué presupone analizar las emociones desde una mirada sociológica.
La sociología empieza a ocuparse de emociones en tiempos relativamente re-
cientes, gracias a sociólogos como Hochschild (1979, 1983), que desde finales de
los años setenta muestra cómo las emociones son también resultado de la inte-
racción social; Kemper (1978), quien desarrolló el modelo de estatus y poder (sta-
tus y power model); Collins (1975), y, Heise (1988), con la teoría del ‘control afec-
tivo’ (affect control theory). Estos últimos proponen analizar las emociones desde
un enfoque estructural que muestra cómo estas son determinadas por la estruc-
tura social, tanto a nivel macro (Kemper 1978), como a nivel micro (Collins 1990;
Scheff 1990). Por otro lado, Hochschild (1979, 1983) propone un enfoque cultural
y constructivista, al considerar las emociones como productos de la cultura e in-
troducir los conceptos de “reglas del sentir” y “manejo o trabajo emocional”.
Las reglas del sentir son reglas no escritas aprendidas a través de la sociali-
zación y guían lo que sabemos es correcto sentir o aquello que la sociedad es-
pera que sintamos y/o expresemos en distintas ocasiones. Una regla del sentir
muy común es el ser felices durante una fiesta, como puede ser el día de una
boda. El hecho de que el ser humano pueda sentir otras emociones diferentes de
las esperadas lo hace sentir incómodo, expresando sentimientos que en reali-
dad no siente con tal de ser aceptado socialmente. Este esfuerzo de adaptación
se ha definido como manejo o trabajo emocional, y puede ser superficial, cuan-
do solo expresamos la emoción esperada, o en profundidad, forzándonos a sen-
tir la emoción “correcta”.
El que muchas emociones no sean algo universal sino algo cultural se pone
de manifiesto cuando personas con diferentes culturas pueden sentir la misma
emoción, como la vergüenza, por ejemplo, en contextos totalmente diferentes.
Esto sucede porque desde niños somos socializados, en la familia o en otras ins-
tituciones como la escuela, a sentir determinadas emociones en determinados
contextos. Estas se fortalecen en la interacción social, construyendo marcos de
interpretación de la realidad coherentes con las reglas del sentir. Emociones
como el respeto a la autoridad y el orgullo nacional son el resultado de la edu-
196 cación y la cultura que el ser humano recibe. La diferencia en que, por ejemplo,
se sienta desprecio o compasión hacia un pobre, depende de cómo interpreta-
mos la pobreza, si como una culpa del individuo que no ha hecho lo suficiente
para salir de su condición o como una consecuencia de la desigualad producida
por el sistema económico y social.
El hecho de que estas reglas sean socialmente construidas hace que se pue-
dan desafiar o cambiar. Entonces, encontramos que gracias a movimientos so-
ciales que consiguieron un cambio cultural, como el movimiento feminista o el
movimiento por los derechos de las personas con preferencias sexuales diferen-
tes, la vergüenza de ser homosexual se haya convertido, por ejemplo, en orgullo
(gay pride), o el sentimiento de culpabilidad por no ser una buena ama de casa,
en satisfacción por ser una mujer feliz, a pesar de no tener hijos o no estar ca-
sada. Asimismo, en México, el movimiento zapatista en Chiapas hizo que mucha
gente sintiera orgullo en lugar de vergüenza por ser indígena.
Estos casos muestran la dimensión colectiva de las emociones, es decir, el
hecho de que las emociones no solo son parte de la psique del ser humano, sino
que se socializan. Compartir emociones con otras personas nos acerca a ellas, y
puede fortalecer una identidad colectiva. Además, también se ha mostrado
cómo el ser humano puede reflexionar sobre lo que siente o sentir a partir de lo
que piensa. Por ejemplo, podemos sentir vergüenza por haber pensado algo que
consideramos inoportuno, o enfadarnos con nosotros mismos porque sentimos
esa vergüenza, que entra en contradicción con nuestros valores. De este modo,
también se ha demostrado que la cognición y las emociones están siempre inter
relacionadas.
Según este enfoque constructivista social, lo que los seres humanos senti-
mos lo interpretamos, y el resultado de nuestra interpretación es lo que nos
hace actuar. Esto desmiente la idea de que las emociones son la causa de la ac-
ción irracional del ser humano sino que, más bien, son parte de nuestra racio-
nalidad.
Sentir, pensar y actuar son tres acciones inescindibles, a pesar de que el
dualismo entre emociones y racionalidad no esté del todo superado y de la es-
tigmatización de las emociones como elementos desestabilizadores y amenaza-
dores de la racionalidad humana.
La supresión de las emociones con el fin de parecer más objetivos o racio-
nales —que es en realidad una estrategia de manejo emocional construida cul-
turalmente y que refleja la visión del mundo positivista— condujo a que las
emociones fueran excluidas de las ciencias sociales como la sociología, hasta
hace unas pocas décadas. Esta estrategia también se utiliza para desprestigiar a
actores sociales que manifiesten públicamente sus emociones, como ha sido el
caso de las víctimas de abusos sexuales en los EUA (Whittier 2001), o el uso de
la etiqueta NIMBY (no en mi patio trasero), que desacredita a los ciudadanos que 197
se oponen a instalaciones en sus territorios identificándolos como egoístas,
irracionales o ignorantes. La racionalidad como estrategia de trabajo emocional
es una técnica que tiene el objetivo de evitar la capacidad movilizadora de las
emociones, principalmente recurriendo a evidencias científicas, desacreditando
las experiencias narradas por las personas, tachándolas de “histéricas” y ridicu-
lizando a quien utiliza un lenguaje emocional.
Para concluir el presente apartado, comprender el papel de las emociones
para discernir las acciones humanas, tal como la respuesta al cambio climático,
es un reto que enfrentamos actualmente y aunque “el análisis del cambio climá-
tico se complica más si agregamos los factores psicológicos y sociales” (Urbina
2012, 45), es evidente la necesidad de enfoques que incorporen la subjetividad
y la dimensión emocional para comprender la percepción del cambio climático.
La construcción social del cambio climático

Para comprender la respuesta al cambio climático es necesario ante todo com-
prender la percepción del problema, pues el reconocimiento social de un pro-
blema no siempre tiene que ver con su magnitud física, sino con normas socia-
les que “posibilitan que una situación ambiental adquiera el estatus de objeto
de preocupación” (Lezama 2004, 14).
Uno de los primeros resultados que emergen de las entrevistas con los
miembros de la Asamblea es que el cambio climático es un problema real y se-
rio, pero, al mismo tiempo, fuera de su alcance.
Mostraré en esta primera parte los elementos que hacen percibir el cambio
climático a estos sujetos como un problema, pasando sucesivamente a analizar
por qué a pesar de esto, el cambio climático no es un tema debatido colectiva-
mente y no está en su agenda de lucha. Elementos que permitirán contribuir a
la comprensión de la falta de respuesta al cambio climático.
El hecho de que estos sujetos perciban el cambio climático como un proble-
ma se debe a sus valores, visión del mundo y experiencia en defensa del agua y
del territorio, más que a los efectos del mismo o al conocimiento que tienen del
problema.
En cuanto a la información, no se observa una falta absoluta de la misma, sino
como en otras investigaciones (Norgaard 2011), existe cierta confusión y mucha
heterogeneidad en la información de los entrevistados sobre el tema, indicador
de que el cambio climático no es un tema que se discute colectivamente. Cabe se-
ñalar también que la mayoría de los entrevistados no buscan información sobre
el tema, sin embargo, todos expresaron su interés en recibir más información.
A diferencia del caso de Norgaard (2011) donde la disminución de la nieve
198 en una comunidad rural de Noruega afectaba tanto la economía local como la
identidad y la cultura, en el caso de la Ciudad de México los entrevistados per-
ciben un cambio general en las estaciones y un aumento de intensidad de algu-

nos eventos atmosféricos que no tienen todavía mayores efectos en sus vidas
cotidianas, como afirma este joven:
Yo creo que en la ciudad no lo vemos tan cotidiano, porque no somos los que sembra-
mos, no somos los que vemos cómo el campo ya no da, cómo los ríos se secan, no lo ve-
mos tan cotidiano. Los que lo ven más cotidiano son los que viven con la naturaleza. E6
El extracto pone en evidencia la dificultad de percibir el cambio climático en

la ciudad por no tener una relación directa con la naturaleza, como sí la pueden
tener las personas que viven y trabajan en el campo. El hecho de que falten es-
pacios verdes, de que no estemos acostumbrados a convivir o a observar la na-
turaleza, y de que en la ciudad ya no tengamos un vínculo con los ciclos natu-
rales son elementos que dificultan la percepción del problema.
En cuanto a los efectos del cambio climático percibidos, la mayoría de los en-
trevistados lo asocian a la contaminación atmosférica, aunque algunos también
dicen percibirla como normal, y a las inundaciones que padecen algunas zonas
de la ciudad. A pesar de estar muy sensibles a la temática del agua, el cambio cli-
mático no se asocia con la escasez de agua o con la pérdida de biodiversidad,
problemas relacionados con el desarrollo de la ciudad y el modelo económico.
Las dificultades de asociar el cambio climático con efectos locales no impi-
den que el cambio climático se perciba como un problema porque estos sujetos
lo asocian con el cambio ambiental global, que pueden observar en su vida co-
tidiana comparando el territorio en el que viven con el pasado, o con efectos en
el mismo como el aumento de la contaminación del aire y las enfermedades de-
rivadas de la misma, la pérdida de biodiversidad, de fuentes de agua y de cober-
tura forestal o de árboles.
AL preguntar a los entrevistados si se sentían afectados por el cambio cli-
mático, una de las entrevistadas de mayor edad contestó: “Sí, claro, eso es lo
que nos acarrea las enfermedades también. El cambio climático trae enfermeda-
des (...) a los bronquios, una pulmonía” (E1), y otra mujer de mediana edad, con-
testó con estas palabras:
Claro, por supuesto. A todas partes lo vemos. (…) donde había un árbol hoy hay un
poste, donde había una jacaranda hoy hay banquetas, donde había un riachuelo hoy
hay departamentos. Inclusive en la provincia, en las carreteras, salía uno y veía tanto
verde, tantos árboles, a las orillas de las carreteras ya no hay nada. E2
La percepción del cambio climático como un problema es entonces posible 199

porque estos sujetos lo asocian con el cambio ambiental global que ellos obser-
van y perciben como una consecuencia del modelo de desarrollo capitalista que
critican. Esto hace que los responsables del cambio climático sean identificados
en la clase política y empresarial, como afirma esta mujer al contestar qué pien-
sa del cambio climático:
[El cambio climático] es producido igualmente por los poderosos, no les interesa ha-
cer crecer sus grandes empresas sacrificando lagos, lagunas, árboles, bosques com-
pletos, montañas. Masacran todo lo que pisan, todo lo que tocan. E2
Tanto sus creencias y valores como el apego al lugar que caracteriza a estos
sujetos, permiten superar las dificultades de percibir el cambio climático rela-
cionadas con la falta de información, en donde se circunscribe el tener que en-
tender las ciencias climáticas, o manejar la información difundida por los es-
cépticos acerca del problema. Como dijo uno de los jóvenes más informado
sobre el tema:
De que estamos afectando y alterando los ecosistemas, y que esto se está viendo re-
flejado en el incremento de la temperatura con el calentamiento global que determina
el cambio climático, yo sí le veo lógica. E4
Aunque los entrevistados tengan en su mayoría un nivel educativo alto (li-

cenciatura) nadie estudió ciencias relacionadas con el clima, pero eso no impide
que el cambio climático, asociado con el cambio ambiental global sea percibido
como un problema. Esto confirma las ideas de investigadores como Read et al.
(1994) quienes afirmaron que la dificultad de las ciencias climáticas no es un
impedimento insuperable si por ejemplo el cambio climático se asocia con las
emisiones de CO2 —producto de la combustión fósil— y que se pueden percibir
fácilmente en áreas urbanas e industriales.
Además de sus creencias y valores, el apego al lugar es una emoción que con-
tribuye a la percepción del problema. Como resultado del estudio de los conflic-
tos socioambientales (Poma 2017, Poma y Gravante 2017a), el apego al lugar
puede ser un vínculo afectivo movilizador para la defensa del territorio y el de-
sarrollo de prácticas proambientales. En las zonas urbanas esto se complica
pues la movilidad laboral y el estilo de vida urbano no propician el desarrollo de
vínculos afectivos entre el lugar y sus habitantes (Giuliani 2004) y esto puede
generar un desapego o desinterés hacia los cambios que pudiera sufrir el territo-
rio. A eso se añade la dificultad para los habitantes de las ciudades de mantener
un conocimiento de los ciclos naturales, y “percibir los sistemas urbanos como
200 ecosistemas” (Pérez et al. 2006, 124) que impiden percibir los cambios ambien-
tales globales y la gravedad de su impacto en el territorio urbano.
Cuando pregunté a una entrevistada qué sintió cuando talaron los árboles
del área donde ahora están construyendo unos edificios y produciendo el des-
perdicio de agua que la Asamblea está denunciando, ella contestó:
Es que fue un corajísimo [sic], e impotencia, y es lo que yo creo que nos tiene aquí, y
creo también porque estamos dice y dice [sic] que queremos a nuestros patos.1 Somos
gente, yo creo, sensible a todos los cambios climáticos. E3
La fuerte identidad y apego al lugar que caracteriza a los miembros de la

Asamblea, nos permite observar cómo este vínculo se puede alimentar y mante-
ner aun viviendo en la ciudad, y cómo la coexistencia de apegos a nivel local y
a nivel global (Feitelson 1991; Devine-Wright 2013) ha permitido no solo la mo-
vilización en defensa del agua, sino también que perciban los cambios ambien-
tales globales, tal como lo evidencia el testimonio de otra mujer:
El cambio climático es un problema bastante grande y eso sí para todo el planeta. (…)
Todo esto se percibe, mira, aquí tiraron muchos árboles, en Reforma e Insurgentes
han tirado, en Álvaro Obregón también, y vemos cómo tiran árboles, y los niditos de
los pájaros, allí mueren los pajaritos. Todo esto daña el planeta, todo. (…) Cielo, mar
1 Las imágenes de los patos que acudieron al sitio donde el agua surgió dentro del área de
la construcción se han convertido en un símbolo para los miembros de la Asamblea.
y tierra son los que nos dan la vida a la humanidad. Pero el día que nos sanemos como
humanos, ese día va a ser de armonía para todos. E1
Los testimonios de estas dos mujeres, una mayor y otra de mediana edad,
son ejemplo de cómo la sensibilidad hacia el medio ambiente puede mante-
nerse aun viviendo en la ciudad, y cómo eso influye en la capacidad de perci-
bir el cambio climático, a pesar de no ser todavía tan evidente como en otros
contextos.
En conclusión, este apartado ha podido mostrar de qué manera los entrevis-
tados perciben el cambio climático como un problema, pero no explica todavía
por qué, no obstante eso, no hablan colectivamente del mismo y no es parte de
su agenda de lucha. Para ello, en el siguiente apartado analizaré algunas emo-
ciones generadas al recibir información sobre el cambio climático y que podrían
ser factores explicativos para comprender la falta de respuesta al problema.
El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático 201

Que las personas perciban el cambio climático como un problema es el primer
paso para comprender la respuesta al mismo, pero no es suficiente solo conocer
si es percibido como un problema pues hay muchos problemas ambientales, so-
ciales y personales que por varias razones no se enfrentan o no tienen solución.
Entonces, el paso sucesivo de la investigación ha sido explorar la dimensión
emocional de la construcción del problema, es decir, las emociones que los su-
jetos sienten al pensar en el cambio climático, o asociadas con el mismo.
El tema del cambio climático genera diferentes emociones en las personas,
algunas ocasionadas por la información acerca del problema, otras como resul-
tado del lugar que las personas sienten ocupar respecto al problema, como cau-
santes y/o víctimas, y a sus relaciones sociales, que incluyen las emociones ha-
cia otros actores, sean estos las generaciones venideras o los tomadores de
decisión quienes implementan las medidas para mitigarlo.
Por ejemplo, una encuesta llevada a cabo por el Center for Climate Change
Communication de la Universidad de Yale, muestra diferentes reacciones al
cambio climático, que incluyen desde el estar interesados, al estar disgustados
y preocupados, y entre las emociones y estados de ánimo emergen el optimis-
mo, la impotencia, la rabia, la tristeza, el miedo, la depresión y la culpa.
Norgaard (2011), en una investigación etnográfica en Noruega, muestra que
el cambio climático generaría emociones “incómodas” como miedo, impotencia
y culpa, que relaciona con la negación al problema, considerado como un pro-
ceso social que se consigue a través de diversas estrategias de trabajo emocio-
nal (Hochschild 1979, 1983) en respuesta a estas emociones incómodas.
Por otra parte, la literatura también ha mostrado que las emociones son
centrales para la aceptación de las medidas contra el cambio climático en dos
direcciones: la primera es la relación entre ciudadanos y autoridades, la segun-
da es el no considerar las emociones en la producción de las políticas y medi-
das. Burley et al. (2007), por ejemplo, muestran cómo el no considerar el apego
al lugar en la restauración de un tramo de costa en el Reino Unido, aunado a no
haber sabido construir una relación con los residentes y haber ignorado el co-
nocimiento local, generó un sentimiento de alienación. En la misma línea, Agye-
man et al. (2009) defienden la idea de que las políticas de adaptación e interven-
ción deberían incluir los vínculos afectivos con el lugar, pues al no considerar
la dimensión emocional de los sujetos que viven en el territorio cualquier inter-
vención podría llevar a una oposición de las poblaciones locales.
En este apartado mostraré algunas emociones que emergen en las entrevis-
tas llevadas a cabo con los miembros de la Asamblea y que, siguiendo la pro-
puesta de Norgaard (2011), influyen en la respuesta al cambio climático: la im-
potencia, el miedo, que veremos son diferentes, la culpa, la rabia o la frustración,
202 y, finalmente, las emociones hacia las autoridades.
A pesar de que todos los entrevistados contesten que el cambio climático es
un problema, en las entrevistas emergió la dificultad de actuar contra el mismo,

lo cual refleja que el cambio climático no es parte de la agenda de lucha de estos
sujetos, ni tampoco los argumentos de discusión colectiva, elemento que tanto
Immerwahr (1999) como Norgaard (2011) asocian con emociones incómodas.
El primer resultado que surge del análisis de las entrevistas, y que ya fue
identificado en la literatura, es la abstracción del problema o la dificultad de in-
tegrar la información sobre cambio climático en la vida cotidiana. Como mostré
en el apartado precedente, estos sujetos han sido capaces de asociar el cambio
climático con algunos cambios ambientales globales que ellos observan en su
entorno y enmarcarlo como una consecuencia del sistema capitalista, haciendo
que el cambio climático se perciba como un problema. Aun así, no siempre y no
todos los sujetos hacen esta asociación, pudiendo crear incomodidad, pues,
como dijo una entrevistada: “A veces se habla como de cambio climático, pero
que se escucha muy así… como que no concreto” (E5).
Otra emoción que emerge del análisis de las primeras entrevistas, y que
también ha sido identificada en la literatura como una emoción con influencia
en la respuesta al cambio climático es la impotencia. La impotencia está relacio-
nada con pensar que el problema no tenga solución, pero también con la falta
de agencia o sentimiento de eficacia de los sujetos. En el caso de los miembros
de la Asamblea, siendo sujetos empoderados, la impotencia está relacionada
con pensar que el cambio climático sea un problema sin solución, como mues-
tran las palabras de este entrevistado:
A mí lo que me preocupa es que no haya una solución, porque me parece que no la

hay, o sea, todo empeora, entonces si no hay una solución, a todos, capitalistas, co-
munistas y lo que sea, nos va a llevar. E6
Este mismo entrevistado sugiere que sería necesario tener más información
sobre las alternativas, para revertir esta impotencia que él siente. El hecho de
que el cambio climático sea un problema a gran escala, asociado con diversa in-
formación acerca de eventos atmosféricos extremos y a desastres naturales
frente a los que las personas se sienten impotentes alimenta la creencia de que
no haya solución.
Los datos proporcionados por los científicos del clima y las noticias acerca
de desastres como huracanes, sequías, etc. hacen ver lo más devastador del
cambio climático que, junto con el fracaso de la diplomacia climática y de la ac-
titud de países como Estados Unidos, no genera esperanza. Uno de los retos de
la comunicación del cambio climático es empezar a reflexionar sobre los efectos
de la información que se difunde entre las personas, y pensar cómo se puede
alertar y generar preocupación sin llegar a generar impotencia y miedo. 203
El efecto que genera la información sobre el cambio climático, y que des-
miente la hipótesis de que a más información sobre el problema haya más res-
puesta, se observa en investigaciones que muestran la falta de correlación entre
mayor información y respuesta al cambio climático (Immerwahr 1999, Norgaard
2011). Eso pasaría porque la información sobre el cambio climático puede tener
un efecto negativo en la preocupación y la responsabilidad personal sentida ha-
cia el problema. Los más informados se sienten menos responsables (Immerwahr
1999) y pueden también sentirse abrumados por la información que tienen, si
no manejan las emociones que dicha información genera. Así, uno de los entre-
vistados más informados, por ejemplo, afirma:
Lo que me cuestiono es si nos va a dar tiempo. La magnitud del problema y la veloci-

dad a la que se están dando los fenómenos en el nivel de respuesta que nos veo como
sociedad me hace cuestionarme si nos va a dar tiempo. No quiero ser pesimista, este
escenario trato de no meterlo en mi cabeza, y mejor irme por lo positivo, pero si lue-
go anda allí rondando, sobre todo cuando veo ciertas actitudes, de la gente o de mí
mismo, incluso de mí mismo. E4
Como mostré en el apartado sobre cómo entendemos las emociones en so-

ciología, las emociones interactúan entre ellas, y un ejemplo es el miedo hacia
el futuro que genera la impotencia. Como muestra Norgaard (2011), ese senti-
miento de inseguridad, que en México se suma a la inseguridad por la violencia
en el país y a la precariedad económica, no solo influye en las elecciones de vida
de los jóvenes, que ven con pesimismo su futuro, sino también en la negación
del problema. Este miedo al futuro se observa en los entrevistados jóvenes que
se encuentran en la década de los treinta, y que ya están viendo su proyecto de
vida alterado por este sentimiento de inseguridad. Una de las entrevistadas, por
ejemplo, identificó en esta inseguridad una de las razones por las que no ha te-
nido hijos, mientras otro joven así lo expresa:
Pues justamente que me empiezo a cuestionar qué tipo de futuro voy a tener. Mi fu-
turo no a cincuenta años, sino en la próxima década. Y también los que vienen atrás
de mí, gente que conozco, familiares que tengo, que son menores de edad, y yo digo
“¿y entonces a ellos qué les va a tocar enfrentar?” Si a mí ya me está tocando enfrentar
esto, ¿a ellos qué les va tocar enfrentar? Entonces esto es como el motor de involu-
crarme en hacer algo. Por ejemplo, luchar, informarme, entender cómo funcionan las
cosas. Cómo se pueden remediar. Qué está pasando. Como un pequeño diagnóstico,
por qué llegamos a esto. Y ahora cómo lo podemos resolver o enfrentar, mitigar, o
como sea. E4
204
Este extracto es ilustrativo porque permite ver que la información que este
joven tiene, junto con su experiencia, lo lleva a un estado de ánimo pesimista,

que él intenta manejar manteniéndose optimista. Esto es lo que Hochschild
(1979, 1983) definió como trabajo emocional. La estrategia en este caso es su-
primir el pesimismo, que el sujeto no quiere sentir, pero sí está sintiendo, con-
virtiendo el miedo al futuro en motor para la acción.
Como se mostró en otra investigación (Poma y Gravante en prensa) la parti-
cipación en la acción colectiva es central para superar emociones incómodas
como impotencia, miedo y desesperanza. Esto confirma la importancia de traba-
jar con sujetos organizados para poder comprender cómo superar las dificulta-
des que hacen que no haya respuesta social al cambio climático, con el objetivo
de construir alternativas que sean aceptadas y compartidas socialmente.
Además de la impotencia y el miedo que ocasiona el pensar que estamos
frente a un problema sin solución que amenaza nuestra seguridad, otro elemen-
to que dificulta la respuesta al cambio climático es el dilema de ser causantes y
víctimas.
Al explorar la percepción acerca de los causantes del problema, casi todos
los entrevistados identifican como causantes la producción industrial y el mo-
delo de desarrollo capitalista que estos sujetos critican, siendo aún escasa la
percepción del papel de causante del consumidor individual, ya que como afir-
maron dos entrevistadas “son las empresas y las grandes fábricas que contami-
nan” (E5); “Ellos [los que están en el poder] son los que están propiciando el
cambio climático” (E2).
Si por un lado la identificación de responsables o culpables es un elemento

central para que haya movilización (Poma 2017), ya que sujetos organizados
que identifican los causantes de un problema pueden pedir cambios y la resolu-
ción del problema, por el otro, desplazar la responsabilidad hacia altas autori-
dades o tomadores de decisión ha sido identificado en la literatura como una
forma de rechazar el involucramiento (Opotow y Weiss 2000). El hecho de que el
cambio climático se perciba como un problema creado desde lo alto y, además,
caracterizado por un modelo de intervención top-down por parte de las institu-
ciones, puede dificultar aún más el enfrentar el problema, como lo señala un
entrevistado:
Allí es que viene también un poco lo que es la idea dominante de que el cambio está
en uno mismo, la hacemos nuestra. Cuando sí, el cambio está en uno mismo, pero
también junto con otras, junto con otros, y eso es lo importante. Las personas que
están alrededor pueden poco a poco no gastar tanto el agua, o que no se tire tanto el
agua, tener lombricomposta, o composta en diferentes zonas de sus casas, o espacios
de sus casas, intentan comprar menos ropa, o menos plástico, pero eso siempre es 205
potenciado cuando uno puede estar organizado. Y creo que eso es todavía lo que hay
que vislumbrar más allá, el estar organizado para no creer que únicamente tirando
menos agua se puede [enfrentar el cambio climático], cuando Nestlé o Quiero Casa
tiran millones y millones [de litros de agua]. E7
La falta de actuación de los actores identificados como principales culpa-

bles del cambio climático, sabiendo que hay sectores, países o actores que con-
taminan más que otros, y en consecuencia que inciden más que otros en el cam-
bio climático, genera frustración e impotencia hacia los sujetos que quieren
hacer algo para enfrentar el cambio climático. Veremos más adelante cómo es-
tas emociones son manejadas por estos actores, que siguen promoviendo prác-
ticas proambientales.
El papel de causantes, que sienten las personas con más información sobre
el problema, genera también sentimientos de culpa e impotencia:
Yo cuando les daba clase a mis alumnos decía cuánto se gasta o cuánto destruimos
para tener una cosa de estas (muestra el celular) y estoy dispuesto a decir en aras del
cambio climático para que ya no siga afectándonos deshagámonos de estas cosas tan
contaminantes, y así muchas. (…) Porque pues uno se ha acostumbrado a cierta como-
didad, a final de cuentas. Entonces yo creo que para mí este es el principal dilema: si
vamos a estar dispuestos a hacer este sacrificio y en el tiempo que se requiere, porque
ya es de ya, no es de mañana, en diez años. Por lo que yo he leído es en esta década
que está por terminar, o si no, nos vamos a tener que atener a las consecuencias. E4
El evadir la culpa de estar contribuyendo al cambio climático, junto con el

miedo a tener que renunciar a ciertas comodidades que consideramos impres-
cindibles podrían también estar en la base de la elusión del problema.
Además de la culpa para ser causantes del cambio climático, la culpa tam-
bién se puede sentir a causa de la injusticia climática. Como muestra Norgaard
(2011), las personas que entrevistó en Noruega se sentían culpables para ser su-
jetos privilegiados (esto es, de un país del primer mundo con un alto estilo de
vida) respecto a otros que puedan estar sufriendo más los efectos del cambio
climático sin haberlos generado. Este no es el caso de los miembros de la Asam-
blea, que en su mayoría atribuyen la responsabilidad del cambio climático a
otros sujetos, pero otra culpa que podría emerger es la relacionada con las con-
secuencias de nuestras acciones que enfrentarán generaciones venideras.
Actores comprometidos socialmente y con el medio ambiente, como son los
miembros de la Asamblea, superan este sentimiento de culpabilidad gracias a su
compromiso y a las prácticas proambientales que llevan a cabo cotidianamente.
Una de las razones que explican el porqué no se sienten tan responsables
206 del cambio climático es que todos llevan a cabo prácticas proambientales, des-
de la reducción de plástico al uso de transporte colectivo, el reciclaje, la reutili-
zación, el uso de bombillas de bajo consumo, la reducción de basura, etc. Al

preguntar a los entrevistados si les generaba frustración hacer estas prácticas
cuando a su alrededor no ven que se estén haciendo esfuerzos al respecto o que
los mismos programas municipales, como el ‘Hoy no circula’ o el de ‘Basura
cero’, no están generando los resultados esperados, la respuesta es que lo hacen
porque se sienten bien con ellos mismos, o como dijo una mujer:
El día que me vaya yo de este mundo, me voy con satisfacción de haber puesto mi
granito de arena, para que no haya tan cercana una hecatombe ecológica, pero estos
la están acelerando. A ver cómo se van de este mundo. Porque todos vamos al mismo
agujero, aunque tengan millones de pesos. E2
La frustración se supera con la satisfacción de saber que se está haciendo

algo, y eso permite superar también el sentimiento de culpabilidad de ser cau-
santes del cambio climático, o de no estar actuando y así condenar a las futuras
generaciones a un futuro no solo incierto sino posiblemente peor que el actual.
Para concluir este apartado, quiero tratar unas emociones que también influ-
yen en la falta de respuesta al cambio climático, por lo menos en México: los sen-
timientos de alienación hacia la política y las emociones hacia las autoridades.
Norgaard (2011) muestra que a pesar de la confianza que los noruegos sien-
ten hacia la autoridad y su democracia, las emociones como el miedo a perder
la seguridad ontológica, la culpa y la impotencia son suficientes para que las
personas evadan el problema. En mi investigación, al trabajar con sujetos em-

poderados y con sensibilidad hacia las problemáticas ambientales, he podido
observar que la relación entre los tomadores de decisiones y los ciudadanos es
una variable relevante en la respuesta al cambio climático.
Al preguntar a los entrevistados lo que pensaban de las medidas implemen-
tadas en la Ciudad de México para enfrentar el cambio climático las respuestas
fueron todas en el mismo sentido: “engaño vil y perverso” (E4), “arma de doble
filo” (E7), “(puro) discurso” (E2, E7, E5), “demagogia” (E4), “negocios” (E4 y E6), y
“paliativos” (E5).
La opinión de los entrevistados acerca de tales medidas es que no van a la
raíz de las cosas, sino cubren intereses particulares, como lo expresa un entre-
vistado:
Como todos los proyectos del gobierno los siento como que usan un problema real
para hacer un negocio para ellos. Las medidas que toman y lo que hacen, no vemos
que de verdad enfrenten el problema, porque lo del “hoy no circula” ¿qué haces? Que
los que venden carros, vendan más, no venden menos. Que el que tenga, que la gente 207
vea ya por tener un carro que circule diario, o si no tiene uno que no circula un día,
tener otro para suplir el día que no circula. O sea, no se genera conciencia. E6
Esa percepción es el resultado de la experiencia de los sujetos, no solo en la

lucha que encabezan ahora, sino en su experiencia de vida en la que la relación
con las autoridades ha generado o fortalecido emociones contrasubversivas
(subversive counter-emotions), en lugar de emociones que cimientan las estruc-
turas sociales y las relaciones de dominación (cementing emotions) (Flam 2005).
Al asociar las medidas con los intereses particulares de los que están en el po-
der, no solo estas medidas pierden legitimidad, sino que pierde validez todo
discurso alrededor del cambio climático, como muestra este testimonio:
Cuando se empieza a manejar en términos políticos, esta política demagógica y utili-

taria, allí es cuando yo siento que pierde toda validez. Y lamentablemente el cambio
climático ha caído en eso. El discurso político del cambio climático desde las institu-
ciones se ha vuelto una demagogia impresionante y un negocio muy lucrativo. Y aho-
ra que estaba leyendo algunas cosas de esto que es el negocio verde, de “ahora te
vamos a vender la solución” (…) allí es cuando yo digo “No, nos están dorando la píl-
dora”. E4
La desconfianza se basa en el hecho de que se asocian las medidas contra el

cambio climático a negocios particulares, pero además se alimenta de la identi-
dad colectiva de “nosotros”, el pueblo, contra “ellos” que son los que contami-
nan, a los que no les interesa cómo vive el pueblo, y en esa construcción se aso-
cian diferentes emociones a diferentes actores, como muestra este testimonio:
A ellos los enajena el poder y la ambición. Ellos están posicionados por eso. No mue-
ven un hilo si no es por poder o por ambición. Y nosotros, la diferencia es que el pue-
blo mueve los hilos por dignidad, por convicción, por amor. E3
Otra entrevistada más joven, también expresa su sentir hacia los tomadores
de decisión y afirma:
Yo siento que ellos nunca van a la raíz de las cosas, que todos son paliativos chiqui-
tos, que intentan… simular, o para hacer ver que están preocupados por el cambio
climático, cuando en realidad no están preocupados, porque si no ya hubieran parado
esto (el desperdicio de agua en avenida Aztecas 215). E5
La relación con las autoridades es el resultado de una construcción social

208 que también está influida por emociones, pues se basa en la experiencia de los
sujetos. Transformar eso significa cambiar la cultura política de un país, lo cual
es un proceso que necesita tiempo y un cambio radical, no obstante, todos los

entrevistados piensan que se podría empezar a actuar desde lo local:
Bueno, hoy ya nos preocupamos por comer mejor, por dejar grasas, harinas, y no sé
cuántas cosas químicas, y volver un poco hacia lo natural, y eso ya es un gran avance.
Si empezamos ya a comer diferente, empezamos a consumir diferente, entonces el
día de mañana vamos a pensar diferente, porque ya somos diferentes. E2
Este cambio cultural es lo que se produce gracias a la participación en el con-

flicto (Poma 2017), y que podría estar con la base de un cambio hacia un estilo
de vida más sostenible. Este cambio también se ve influido por la experiencia de
los sujetos, su proceso de empoderamiento y las emociones asociadas a estos.
Concluyo este apartado en el que se mostró cómo ciertas emociones que se
sienten en relación con el cambio climático (impotencia, frustración, miedo al
futuro, culpa de estar contribuyendo al cambio climático, y desconfianza hacia
las autoridades) pueden influir en cómo se enfrenta. Estas emociones son incó-
modas para los sujetos que las sienten (Norgaard 2011), lo cual provoca que no
se hable ni de ellas ni del problema que las genera, que en este caso es el cambio
climático. Mientras Norgaard (2011) mostró el papel del trabajo emocional en la
negación socialmente construida del cambio climático, en el siguiente apartado
se quiere mostrar de qué forma algunas estrategias de trabajo emocional po-
drían ser útiles a la hora de enfrentar el problema.
Estrategias de manejo emocional para actuar

en contra del cambio climático
En el apartado anterior vimos que uno de los jóvenes entrevistados intentaba
manejar el pesimismo que genera el pensar en el cambio climático.
Otra estrategia de manejo emocional que el cambio climático requiere es so-
brellevar la impotencia. Como sugirió uno de los entrevistados, la impotencia se
puede sobrellevar mostrando que hay alternativas, y enmarcando el desafío que
representa el cambio climático en algo alentador, como hace Naomi Klein en la
introducción de su libro Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima:
Hay formas de evitar este desalentador futuro o, cuando menos, hacerlo mucho me-
nos aciago. El problema es que todas ellas implican también cambiarlo todo. Para no-
sotros, grandes consumidores, implican cambiar cómo vivimos y cómo funcionan
nuestras economías, e incluso cambiar las historias que contamos para justificar
nuestro lugar en la Tierra. La buena noticia es que muchos de esos cambios no tienen
nada de catastróficos. Todo lo contrario: buena parte de ellos son simplemente emo-
cionantes. (Klein 2015, 17). 209
La información sobre las alternativas al cambio climático puede generar es-
peranza que permite superar la impotencia.
Otra acción que permite superar la impotencia es organizarse y participar
en actividades colectivas contra el cambio climático. La impotencia va de la
mano con la soledad, mientras el ver que hay más personas que están actuando
o están interesados en enfrentar el problema puede animar, como mostró este
joven al compartir su experiencia de participación en la reunión alternativa a la
COP13 de Cancún en 2016:
Fue una experiencia inolvidable, una experiencia que retroalimenta y aparte esperan-
zadora. Porque no piensas que hay tanta gente movilizándose para frenar esto, y de
repente platicas con una persona que viene de Alemania, otra que viene de Argentina,
otra que viene de Taiwán. Varias partes del mundo donde estamos luchando para fre-
nar el cambio climático, es algo esperanzador. Y es una experiencia que retroalimenta
porque hay bastante discusión también allí, entonces, esta discusión que enriquece,
y que te llevas experiencias desde la autonomía, pasando por el anarquismo, y lo que
se hace llamar el socialismo del siglo xxi. Entonces todas estas discusiones con estas
cabezas que están todo el tiempo pensando y repensando otro mundo es una expe-
riencia que sí, retroalimenta bastante. E7
La impotencia, el miedo o la frustración que genera la idea de que la socie-

dad no sea capaz de actuar para enfrentar el cambio climático se superan con
la organización, empezando a actuar y mostrando que el cambio es posible y

deseable.
Como los miembros de la Asamblea afirman, el mismo hecho de que ellos
sigan en plantón defendiendo el agua después de dos años de despilfarro sin
actuación ni respuesta por parte de las instituciones, es un ejemplo de dignidad
y de que no todo está perdido, porque sigue habiendo alguien que defiende el
territorio. La impotencia relacionada con la idea de que a la gente no le importa
ni el cambio climático ni el planeta se puede así superar con el ejemplo de los
que luchan por eso.
Además de la impotencia, la superación del miedo al miedo es una de las
primeras etapas del empoderamiento (Poma y Gravante 2017b). Los miembros
de la Asamblea, siendo sujetos empoderados, tuvieron que enfrentar muchos de
sus miedos y aprendieron a convivir con ellos, entonces no sienten el miedo a
tener que cambiar su estilo de vida, siendo algo que reivindican y están ponien-
do en práctica cotidianamente.
Superado el miedo al miedo, para superar el miedo a un cambio de estilo de
210 vida hay que mostrar que hay alternativas y que son viables y deseables. Un es-
fuerzo entonces que se podría intentar para mejorar la respuesta colectiva al
cambio climático es hablar de las alternativas, en lugar de los desastrosos efec-

tos del cambio climático. Difundir experiencias de personas que ya promueven
prácticas proambientales y que están felices y satisfechas de sus elecciones y
estilo de vida, también podría ayudar a enfrentar ese miedo al cambio. Además,
compartir la experiencia de los sujetos que promueven estas prácticas puede
ser útil también porque estas personas saben transmitir la pasión y el entusias-
mo que los animan a seguir a pesar de las dificultades, y han elaborado su pro-
pia estrategia de trabajo emocional para sobrellevar emociones como la impo-
tencia, la frustración, el miedo, etc.
Compartir emociones, además de experiencias, aunque sean emociones in-
cómodas como la impotencia, la frustración, el miedo o la tristeza sería otra es-
trategia para poder enfrentar el problema. Asumir que nos sentimos impotentes
frente al cambio climático podría ser un primer paso para empezar a superar
esta impotencia, pues al ver que no somos los únicos preocupados e impotentes
se podrían crear las condiciones para la acción. Como se mostró en otra inves-
tigación (Poma y Gravante 2018) la impotencia frente a la represión puede ali-
mentar la identidad colectiva de los de abajo o de los “sin poder”, frente a los
poderosos. Una toma de conciencia de que existe una ‘comunidad bajo ataque’
(Gould 2009) a causa del cambio climático, podría influir positivamente en la
respuesta contra el mismo.
Finalmente, para superar los sentimientos de alienación, además de empo-
derarse y buscar alternativas que sean consideradas oportunas y viables, hay
que construir confianza entre los actores sociales. Para eso, habría que mostrar
que se han implementado medidas dirigidas a la raíz del problema e informar
de sus impactos, que no sean motivadas por intereses personales, que tomen en
cuenta la desigualdad presente en la sociedad distribuyendo los esfuerzos a los
sectores y actores que más contribuyen al problema, en lugar de afectar a los
que ya viven en condiciones de vulnerabilidad.
Conclusiones
El cambio climático está poniendo a la humanidad frente a elecciones éticas de
las que dependerá la (calidad de) vida de las generaciones venideras. A pesar de
que el conocimiento alrededor del cambio climático es cada vez más preciso y
los efectos aunque inciertos ya se pueden prever, la respuesta al cambio climá-
tico es todavía insuficiente e ineficaz. La cantidad de gases de efecto invernade-
ro en la atmósfera continúa en aumento, superando las 400 partes por millón,
mostrando el fracaso de la diplomacia climática y la insuficiencia de los esfuer-
zos nacionales e internacionales. 211
Esta situación hace necesario reflexionar sobre la razones detrás de esta fal-
ta de respuesta. Desde el estudio de los movimientos sociales y la sociología de
las emociones, lo que se está sugiriendo es que se ponga atención al papel de
algunas emociones “incómodas” que permitirían comprender la falta de res-
puesta, resultado de un proceso de negación socialmente construido.
En este artículo se ha mostrado cómo las emociones de impotencia, miedo
al futuro, frustración, culpa y sentimientos de alienación estarían dificultando
la respuesta al cambio climático en actores empoderados y sensibles al medio
ambiente en la Ciudad de México. Al contrastar los resultados de la literatura
con la experiencia de algunos miembros de la Asamblea General de los Pueblos,
Barrios, Colonias, y Pedregales de Coyoacán que están defendiendo el agua en
la Ciudad de México, también se han analizado algunas estrategias que podrían
implementarse para superar las dificultades generadas por estas emociones in-
cómodas.
Si bien los resultados presentados en este artículo solo representan un va-
lioso punto de partida para profundizar en esta problemática, dichos resultados
dan la pauta para empezar a debatir, con estos y otros sujetos, cómo poder su-
perar las dificultades que impiden una respuesta colectiva, eficaz y compartida
al cambio climático, y cómo poder generar en el mediano y largo plazo un cam-
bio social y cultural hacia la sostenibilidad, el cual resulta necesario para en-
frentar el cambio climático.
Referencias
Agyeman, Julian, Patrick Devine-Wright, y Prange, Julia. «Close to the edge,
down by the river? Joining up managed retreat and place attachment in a
climate changed world.» Environment and Planning A, 41: 509-513, 2009.
Burley, David, Pam Jenkins, Shirley Laska, y Traber Davis. «Place attachment and
environmental change in coastal Louisiana.» Organization and Environment,
20: 347-366, 2007.
Collins, Randall. Conflict sociology: Toward an explanatory science. Nueva York:
Academic Press, 1975.
Feitelson, Eran. «Sharing the globe: The role of attachment to place.» Global En-
vironmental Change, 1: 396-406, 1991.
Devine-Wright, Patrick. «Think global, act local? The relevance of place attach-
ments and place identities in a climate changed world.» Global Environmen-
tal Change, 23: 61-69, 2013.
Flam, Helena. «Emotion’s map: A research agenda.» En Helena Flam y Debra King
(coords.), Emotions and social movement. Londres: Routledge, 2005, 19-40.
212 Giuliani, Maria Vittoria. «Teoria dell’attaccamento ai luoghi.» En Mirilia Bonnes,
Marino Bonaiuto y Terence Lee (eds.), Teorie in pratica per la psicología am-
bientale. Milano: Raffaello Cortina Editore, 2004, 191-240.

Gould, Deborah. Moving politics: Emotion and act up’s Fight Against aids. Chica-
go: University of Chicago Press, 2009.
Grin, John, Jan Rotmanns y Johan Schot. Transitions to sustainable development.
New directons in the study of long term transformative change. Nueva York:
Routledge, 2010.
Heise, David. «Affect control theory: Concepts and model.» En David Heise y
Lynn Smith-Lovin (eds.), Analyzing social interaction: Advances in affect con-
trol theory. Nueva York: Gordon and Breach, 1988, 1-33.
Hochschild, Arlie. «Emotion work, feeling rules, and social structure.» American
Journal of Sociology, 85: 551-575, 1979.
Hochschild, Arlie. The managed heart: The commercialization of human feeling.
Berkely: University of California Press, 1983.
Immerwahr, John. «Waiting for a signal: Public attitudes toward global warming,
the environment, and geophysical research». A Report from Public Agenda,
1999. http://research.policyarchive.org/5662.pdf
Leff, Enrique. «Sustentabilidad y racionalidad ambiental: hacia “otro” programa
de sociología ambiental.» Revista Mexicana de Sociología, 73(1): 5-46, 2011.
Lezama, José Luis. La construcción social y política del medio ambiente. México:
El Colegio de México, 2004
Kemper, Theodore D. «Toward a sociological theory of emotion: Some problems
and some solutions.» American Sociologist, 13: 30-40, 1978.
Klein, Naomi. Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima. Barcelona, Es-
paña: Paidós Iberica, 2015.
Noorgard, Kari Marie. Living in denial. Climate change, emotions, and everyday
life. Cambridge MA: The mit Press, 2011.
Norgaard, Kari Marie. «‘People want to protect themselves a little bit’: Emotions,
denial, and social movement nonparticipation.» Sociological Inquiry, 76(3):
372-396, 2006.
Opotow, Susan y Leah Weiss. «New ways of thinking about environmentalism:
Denial and the process of moral exclusion in environmental conflict.» Jour-
nal of Social Issues, 56(3): 475-490, 2000.
Poma, Alice. Defendiendo territorio y dignidad. Emociones y cambio cultural en
luchas contra represas en España y México. Campina Grande, Paraíba, Brasil:
Editora da Universidade Estadual da Paraíba (eduepb), Red waterlat-goba-
cit, Escuela de Estudios Hispano Americanos (EEHA), Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (csic), España, 2017.
——— y Tommaso Gravante. «Emotions in inter-action in environmental resis-
tances: The case of Comité Salvabosque in Mexico.» PArticipazione e COn- 213
flitto. The Open Journal of Sociopolitical Studies, 10(3): 896-925, 2017a.
———. «Emotions and empowerment in collective action: The experience of a
women’s collective in Oaxaca, Mexico, 2006-2017.» Emotions: History, Cultu-
re, Society, 1(2): 59-79, 2017b.
———. «Emociones, identidad colectiva y estrategias en los conflictos socio-am-
bientales.» Andamios. Revista de Investigación Social del Colegio de Humani-
dades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Méxi-
co, 36, 2018.
———. «Manejo emocional y acción colectiva: las emociones en la arena de la
lucha política.» Estudios sociológicos, 108, sept.-dic., 2018 (en prensa).
Pérez, Irma R., Gabriela Carranza Ortiz, Yolanda Nava Cruz, y Alfonso Larqué
Saavedra. «La percepción sobre la conservación de la cobertura vegetal.» En
Javier Urbina Soria y Julia Martínez Fernández (eds.), Más allá del cambio
climático. Las dimensiones psicosociales del cambio ambiental global. Ciudad
de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Instituto Na-
cional de Ecología; Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de
Psicología, 2006, 123-140.
Read, Daniel, Ann Bostrom, Morgan M. Granger, Baruch Fischoff, y Tom Smuts.
«What do people know about global climate change? II. Survey studies of
educated lay people.» Risk Analysis, 14(6): 971-982, 1994.
Scheff, Thomas J. Microsociology: Discourse, emotion, and social structure. Chi-
cago, University of Chicago Press, 1990.
Solís Mecalco, Rubén de Jesús, y Benito Salvatierra Izaba. «Percepción social del
cambio climático en Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación en
comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas.» Temas Antropológicos, Revis-
ta Científica de Investigaciones Regionales, 35(1): 29-53, 2013.
Urbina Soria, Javier. «La percepción social del cambio climático: insumo funda-
mental para la gobernanza climática.» En José Clemente Rueda Abad, Carlos
Gay García y Benjamín Ortiz Espejel (coords.), La gobernanza climática en
México: Aportes para la consolidación estructural de la participación ciuda-
dana en la política climática nacional. Vol. II. Retos y opciones. Ciudad de
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Programa de Investiga-
ción en Cambio Climático, 2017, 331-353.
———. «Percepción y comunicación de riesgos ambientales y su aplicación en la
adaptación al cambio climático.» Ciencia, oct.-dic., 2012, 42-49.
Velázquez Quesada, Susana Isabel, y Miriam Martínez Ortega. «Conflictos socia-
les y cambio climático en México.» En María José Cárdenas (comp.), México
ante el cambio climático. Evidencias, impactos, vulnerabilidad y adaptación.
214 Ciudad de México: Greenpeace, 2010, 40-42.
Whittier, Nancy. «Emotional strategies: The collective reconstruction and dis-
play of oppositional emotions in the movement against child sexual abuse.»

En Jeff Goodwin, James M. Jasper y Francesca Polletta (eds.), Passionate po-
litics: Emotions and social movements. Chicago: University Chicago Press,
2001, 233-250.
RESEÑA
David Adams

México: Herder, Traducción y edición de Roberto E. Mercadillo, 2014, 427 pp.
Anayely Santiago García*
Este libro es producto de dos grandes

momentos: el primero, cuando David
Adams escribe las tres obras que lo
componen, y, el segundo, cuando Ro-
berto Mercadillo los traduce y compi-
la. Ambos trabajos tienen por resulta-
do una construcción que nos muestra
el panorama completo del pensamien- 215
to de Adams sobre la cultura de paz
como manifestación de una utopía po-
sible que se cultiva y transforma des-
de y para el mundo en el que vivimos.
Los tres capítulos que componen el
libro reflejan tanto la formación profe-
sional en ciencias biológicas del autor,
como la necesidad de Mercadillo por
insertar el trabajo de este último en
países hispanohablantes manteniendo
siempre la idea original, como lo hacen,
por ejemplo, al traducir el concepto de war); 2) “La paz mundial a través de la
town hall por democracia participativa. democracia participativa: una estrate-
Los tres libros que Adams entregó a gia para el movimiento global por una
Mercadillo, durante el otoño del 2011 cultura de paz” (World peace through
en Roma, componen este atractivo ma- the town hall: A strategy for the global
terial: 1) “Historia de la cultura de la movement for a culture of peace); y, 3)
guerra” (the history of the culture of “He visto la tierra prometida: una nove-
* Pasante de la licenciatura de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México.
Correo electrónico: santiagoanayely@gmail.com
Santiago García, Anayely. «Reseña del libro: Cultura de paz: una utopía posible. David Adams: México: Herder, Traducción
y edición de Roberto E. Mercadillo, 2014, 427 pp.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 215-216.
la utópica” (I have seen the promised turales que conforman una conducta
land: an utopian novella). ciudadana que dota a la sociedad civil,
El libro trata de la paz y la violen- tanto de la consciencia como de la ca-
cia como culturas y no como concep- pacidad para construir una democracia
tos. De entrada, se hace manifiesta la participativa, como movimiento global
preocupación del autor por demostrar capaz de promover la paz.
que la legitimación utilitarista de la Para el autor, la evolución de la
violencia para el mantenimiento de la cultura no debe pensarse en términos
paz no es válida. Igualmente, la apela- biológicos, ya que, de hacerlo, se legi-
ción a la naturaleza agresiva del ser timaría el dominio y poder de una mi-
humano como la supuesta responsa- noría recurriendo al argumento de la
ble de la guerra y la violencia no tie- selección natural y desconociendo así
nen sentido alguno, pues no hablamos el carácter cultural de las relaciones
de un fenómeno biológico heredado sociales que sustentan las desigualda-
sino de un fenómeno cultural. des entre individuos y grupos. A su
Para la construcción de aquella vez, estas últimas no pueden ser supe-
216 cultura de paz, Adams apuesta a lo que radas mediante el uso de la violencia,
él llama “actuación de la ciudadanía”, que solo las reproduce, sino mediante
RESEÑA
es decir, a la consciencia de nuestra ca- el diálogo que se encuentra en la base

pacidad moral de agencia para actuar de una cultura de paz. La propuesta de
en razón del otro, en el marco de una Adams va en contra de la sentencia se-
solidaridad intelectual y moral que, si gún la cual, “si quieres paz, entonces
bien empieza impactando localmente, prepárate para la guerra”, dejando en
más tarde lo hará en términos globa- claro que la guerra no tiene justifica-
les. En este sentido, si el ser humano ción alguna, ni política, ni ética, ni re-
es capaz de hacer la guerra, también lo ligiosa, sino que es funcional al man-
es para construir la paz. El problema tenimiento de la dominación de unas
aquí es que el concepto de paz muchas minorías sobre las mayorías. Frente a
veces se encuentra situado en un plano las crecientes injusticias nacidas de la
ideal, debido a que a menudo no se co- desigualdad, hoy resulta cada vez más
rresponde con la realidad. Es por eso necesaria la construcción activa de la
que el autor habla no de paz en abs- paz, mediante prácticas sociales alter-
tracto sino de cultura de paz en con- nativas para las que este libro consti-
creto, como conjunto de prácticas cul- tuye una valiosa propuesta.
RESEÑA
Laura Collin Harguindeguy

Tlaxcala, México: El Colegio de Tlaxcala A. C., 2014, 200 pp.
María Ivette Ayvar Acosta*
En este nuevo título de Laura Collin se

presenta el reto mayúsculo de enfren-
tar la crisis del sistema social y econó-
mico en el que nos encontramos. En
sus primeras páginas, queda eviden-
ciada la urgencia de cuestionar el sis-
tema capitalista y construir otros ca-
minos que permitan generar necesarios 217
cambios. El libro representa una nota-
ble contribución a la construcción de
otra economía, otra manera producir,
distribuir y consumir, que da esperan-
zas frente a la crisis económica actual
y ofrece un camino hacia la construc-
ción de la paz económica.
En efecto, cuando hablamos de
paz, la mayoría del tiempo nos referi- cesidades humanas y el libre desarro-
mos al ámbito político o cultural, es llo de las capacidades productivas y
decir, a la violencia de los conflictos creativas del ser humano. El problema
que oponen grupos o pueblos adversa- acá radica en los límites de un sistema
rios en su disputa por el poder y los económico dominante cuya acumula-
recursos. Sin embargo, esta visión do- ción sin fin de capital se sostiene en la
minante omite la dimensión económi- explotación de la fuerza de trabajo y
ca de la paz, cuando entendemos más de la naturaleza, así como en la puesta
bien a esta última como un sinónimo en competencia de los agentes econó-
posible para la satisfacción de las ne- micos entre sí para las ganancias de
* Doctorante en el doctorado de ciencias de la administración del posgrado de la Facultad

de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Correo electrónico: ayvar.te@gmail.com
Ayvar Acosto, María Ivette. «Reseña del libro: Economía solidaria: local y diversa. Laura Collin Harguindeguy: Tlaxcala,
México: El Colegio de Tlaxcala A. C., 2014, 200 pp.» Interdisciplina 6, n° 15 (mayo–agosto 2018): 217-221.
esta acumulación. En este marco, la explotación no solo son necesarios

¿cómo podemos hablar de paz? ¿Aca- sino deseables y legítimos.
so no es necesario para ello pensar en No obstante, la autora recuerda
otras formas de organizar nuestras que dichos presupuestos únicamente
economías, más pacíficas y menos vio- son una forma de ver la economía y
lentas? Creemos que sí, por lo que los que se puede construir otra, en la cual
caminos de la economía social y soli- se reconozca que vivimos en un plane-
daria, que presenta este libro, son parta lleno de recursos abundantes y que
te integral de la construcción de la como seres humanos tenemos necesi-
paz. dades finitas. A su vez, estos últimos
Para Collin, la crisis es un presu- dos planteamientos exigen desmenu-
puesto en el que ella basa sus plantea- zar dos cuestiones: en primer lugar, lo
mientos y cuestiona en primer lugar si que entendemos por necesidades hu-
es posible otra economía. Para dar res- manas y, en segundo, la existencia de
puesta a su interrogante, recupera el la pobreza. Así, Collin desarrolla un
olvidado significado de la economía apartado, bajo el polémico título de
218 como el arte de satisfacer las necesi- “¿Quién inventó a los pobres?”, en el
dades humanas y denuncia la naturali- que analiza la historia de las unidades
RESEÑA
zación de la economía en su sentido domésticas del campo mexicano y su

estrictamente capitalista, el cual sepa- constitución, mediante la intervención
ra artificialmente la economía de la so- de los programas sociales y las políti-
ciedad y al trabajador del trabajo, así cas de “desarrollo”, en entes depen-
como permite la mercantilización de dientes del dinero para la satisfacción
dichas necesidades, incluyendo el tra- de sus necesidades, convirtiendo en
bajo mismo. En este sentido, la autora pobres a quienes no lo eran y conven-
explica por qué la teoría económica ciéndolos de ello.
dominante se estructura con base en En este análisis, el dinero es pre-
estas y otras falacias presentadas sentado como un tipo de droga. Para
como premisas indiscutibles. Su obra ejemplificarlo, Collin realiza un análi-
se dedica a develar esas premisas y sis comparativo de la satisfacción de
cuestionarlas. Por ejemplo, en la vi- necesidades alimenticias, de salud, vi-
sión capitalista de la economía, se cree vienda y educación en tres sistemas
que existen medios escasos, recursos económicos: el de la economía domés-
limitados para la satisfacción de una tica, el de la economía industrial-mer-
serie de fines diversos y de necesida- cantil y el de la economía neoliberal,
des infinitas en la sociedad, lo que lle- cuestionando los tipos de necesidades
va a la necesidad de competencia por que son consideradas desde la econo-
los recursos para su maximización. mía política y cuáles son negadas
Entonces, los principios de la produc- como tales. El resultado del análisis
tividad, la eficacia, la competitividad y pone en evidencia las carencias de los
sistemas dominantes para la evalua- Laura Collin denuncia las tendencias

ción de la pobreza y de sus indicado- de una producción cada vez más robo-
res, coincidiendo con los análisis de tizada, que migra hacia los lugares
Julio Boltvinik, quien define cuatro donde las condiciones laborales son
grupos de necesidades: de sobreviven- las más cercanas a la esclavitud, que-
cia, cognitivas, emocionales y de cre- dando el papel de trabajador relegado
cimiento, todas igualmente básicas e por el de consumidor. Hoy el “ejército
indispensables en la vida de un ser hu- industrial de reserva” (Marx) tiende a
mano. Así, Collin critica que las nece- superar al número de trabajadores ac-
sidades emocionales, de conocimiento tivos. Se busca hacer más con menos,
y sentido están ausentes en los indica- pero sobre todo, con menos mano de
dores de la teoría económica dominan- obra, que además sea cada vez más
te, y presenta un cuadro comparativo productiva (“competitiva”), para la ge-
entre la satisfacción de las necesida- neración de un flujo creciente de mer-
des en una economía de mercado y en cancías que requiere ser consumido
una economía solidaria, con el que la de forma convulsiva. Por eso, el arque-
autora finalmente resalta que más que tipo de la sociedad actual es el consu- 219
dinero, se requiere tiempo, dedica- midor consumista, adicto a las com-
RESEÑA
ción, esfuerzo, interés y una red social pras, habitante de los centros
que permita satisfacer todas las nece- comerciales, mientras que otra econo-
sidades humanas. Con ello, se eviden- mía implicaría valorizar, más que al
cia que al convertir las necesidades en dinero el buen vivir, más que a las
negocio, se mercantiliza la vida y se mercancías las relaciones sociales,
crean necesidades falsas. A final de más que al consumismo la creatividad,
cuentas, lo que importa es el negocio, la sociabilidad y la convivialidad.
no la satisfacción, encontrando eco en Es así como el libro nos lleva a dos
la famosa frase de los “mercadólogos”: caminos posibles: la reproducción am-
“Un cliente feliz no es rentable”. pliada del capital, de un lado, y la lógi-
Los valores de una sociedad son ca reproductiva de la vida, del otro.
los que guían las acciones de sus Ambos caminos son divergentes. En el
miembros. De allí la urgencia de con- primero, se busca producir y vender
ceder valor a lo que realmente vale, y mercancías, ser más productivo, ex-
quitárselo a aquello que es impuesto plotar la fuerza del trabajo vivo y la
como imagen de felicidad. Cuestionar naturaleza para alimentar la carrera
a qué le concedemos valor es lo que sin fin de la competencia por la acumu-
puede permitir el cambio de nuestras lación, siguiendo la sentencia de Vivia-
acciones, pero también cuestionar la ne Forrester: “Para creer que algo pue-
forma de producir y la razón por la de crecer indefinidamente, hay que
que se produce, ya sea para hacer di- estar loco o ser economista.” En el se-
nero o para satisfacer necesidades. gundo camino, se busca la satisfacción
de necesidades, la cooperación, el don, organización económica, en calidad de

la reciprocidad, la autonomía y la auto- “tercer sector” que no busca reempla-
gestión. A la ideología del crecimiento zar al sistema capitalista sino hacerlo
infinito se opone la del decrecimiento más accesible para quienes han sido
y la reproducción ampliada de la vida. excluidos, tanto del campo del Estado
Se requiere producir en función de las como del mundo de las empresas. En
necesidades, solamente, y generar el segundo campo, el de la economía
unos excedentes para el intercambio popular, los agentes económicos se es-
con regiones lejanas, para festejos o fuerzan por sobrevivir dentro de la
como reservas para malos tiempos. economía capitalista, mediante estra-
Según la autora, el fin y la función tegias como en el caso del comercio
principal de la economía es satisfacer informal y ambulante, reproduciendo
las necesidades humanas de manera a menor escala la lógica general de la
integral, mediante formas de produc- ganancia. Por su lado, el tercer campo
ción socialmente sostenibles y ecológi- de la economía solidaria es el único,
camente sustentables, sin comprome- según la autora, que encierra un po-
220 ter las necesidades de las generaciones tencial transformador para la cons-
futuras, donde el producto del trabajo trucción de un sistema económico al-
RESEÑA
humano sea orientado a proveer valo- ternativo, garante de paz, abundancia

res de uso, educación, salud, ocio y de- y sustentabilidad.
más actividades culturales y artísticas, En la construcción de alternativas
en una relación equilibrada con los ci- a la economía capitalista, Laura Collin
clos de los ecosistemas. En la econo- coloca la economía solidaria como un
mía solidaria que nos presenta el libro, elemento fundamental para cambiar el
también hay un mercado, pero ya no mundo y crear un nuevo sujeto social.
como reino del más fuerte, de la “com- Las prácticas prefigurativas como es-
petencia pura y perfecta”, sino resca- pacios de construcción de subjetivi-
tando su función como espacio de in- dad son necesarias para crear nuevas
tercambio y generador de relaciones ideas, para cambiar de valores. En este
sociales, y recuperando la lógica de la punto, la autora nos propone tres pa-
autoproducción y del “prosumidor”, sos para invertir la lógica capitalista:
con base en mercados locales con mo- el primero consiste en recuperar la ca-
nedas sociales que permitan fortalecer pacidad productiva y limitar las nece-
la comunidad y construir la paz. sidades que requieren dinero, vía el
En el ámbito de esta economía al- autoconsumo. El segundo paso es el
ternativa, Laura Collin analiza tres intercambio recíproco de productos,
campos: la economía social, la econo- mediante redes de intercambio en
mía popular y la economía solidaria. mercados locales. El tercer paso es li-
En el primero de ellos, las cooperati- mitar las compras lejanas sobre pro-
vas representan la principal forma de ductos no disponibles en la zona geo-
gráfica cercana, pues la consigna dad, la cooperación, el trueque, el don,

básica podría ser: producir más, com- lo local, lo artesanal, lo orgánico, la
prar menos y consumir mejor. autosatisfacción de necesidades, el
En resumen, encontramos en este trabajo no enajenado o la economía
creativo libro conceptos necesarios circular, entre otras ideas, todas sus-
para reflexionar, cuestionar y cambiar tentadas en prácticas emergentes que
nuestras prácticas, como agentes eco- la autora conoce y presenta, que hoy
nómicos, por otras que nos acerquen a en día se constituyen como partes in-
otra economía, basada en la autoges- dispensable desde la economía para la
tión, la autoproducción, la reciproci- construcción de la paz.
221
RESEÑA
Colaboran en este número
Pierre Gaussens
Profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de
México (ces-Colmex). Doctor en sociología por la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Sociales de la unam. Ha sido becario posdoctoral en el ceiich de mar-
zo de 2017 a febrero de 2018, y coordinador del Seminario Interdisciplina-
rio de Estudios para la Paz, en el mismo Centro, entre agosto y noviembre
de 2017. Autor del libro: Tomar el poder sin cambiar el mundo. El fracaso de 223
la izquierda latinoamericana, publicado en 2017 por la editorial Yecolti y la
asociación civil Prodecuc A.C., ambas dedicadas al trabajo social.

Becaria Conacyt. Doctorante en ciencias de la administración en la Facul-
tad de Contaduría y Administración; maestra en pedagogía por la Facultad
de Filosofía y Letras, y licenciada en administración por la unam. Tiene una
larga experiencia en trabajo social mediante su participación en más de 70
proyectos de intervención sociológica desde el 2005, desarrollados en la
Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Chia-
pas, en torno a prevención de la violencia, educación ambiental y capaci-
tación en proyectos de desarrollo social. Actualmente, realiza una tesis
doctoral sobre cooperativismo, administración de empresas cooperativas
y economía social y solidaria. Es socia-fundadora de “Planta”, el primer co-
working cooperativo de México.
Doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras,
investigador del ceiich y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales de la unam. Investigador Nacional Nivel III; Premio Universidad 2000
en docencia; Primer Premio Nacional de Periodismo 2008; Premio Jesús Sil-
va Herzog del Instituto de Investigaciones Económicas de la unam; Adlai E.

Stevenson / unitar Fellow; Wien Scholar/Brandeis. Es articulista de La Jor-
nada, y autor de diversos libros y artículos publicados en América Latina,
América del Norte y Europa. Entre sus libros están: Petróleo y estrategia
(México: Siglo xxi, 1980); La compra-venta de México (México: Plaza y Janes,
2002); Terror e imperio (México: Arena, 2006); La energía en México: situa-
ción y alternativas (México: ceiich-unam, 2009).

Estudió relaciones internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la unam, con movilidad internacional en el Instituto de Estu-
dios Políticos de París (SciencesPo), en donde recibió el Diploma en Cien-
cias Sociales y Humanidades, que otorga la universidad por la excelencia
en los resultados académicos. Sus líneas de investigación se centran en los
temas de asuntos humanitarios, paz y seguridad internacional. Se ha des-
224 empeñado como asistente de investigación en el Instituto de Investigacio-
nes Económicas (iiec), el Instituto de Investigaciones Sociales (iis) y la Fa-
LOS AUTORES
cultad de Ciencias Políticas y Sociales, última donde también ha sido

profesor adjunto en las materias de Medio Oriente y economía. Fue becado
por la Academia Mexicana de Ciencias para realizar una estancia de inves-
tigación en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad
de Guanajuato. Trabajó como monitor de actividades culturales e informa-
tivas en el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Angélica Giraldo Durán

Economista por la Universidad Nacional de Colombia (unal) y estudiante
de la maestría en geografía en la unam. Actualmente, se desempeña como
profesora adjunta de la licenciatura en geografía en la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam. Es integrante del Laboratorio “Economía, Espacio y Po-
der”, adscrito a la unal, en el que ha participado en diferentes proyectos
de investigación relacionados con el campo colombiano. Entre sus líneas
de investigación se encuentran la geografía económica, la geografía rural y
la economía campesina.
Adrián Gutiérrez Álvarez del Castillo

Licenciado y maestro en geografía por la unam. Al día de hoy se desempe-
ña como profesor en la licenciatura en geografía en la Facultad de Filosofía
y Letras de la unam, y como becario de investigación en el Centro de Estu-

dios Históricos de El Colegio de México. Ha participado en investigaciones
en diferentes entidades y facultades de la unam, así como en eventos aca-
démicos nacionales e internacionales. Los ámbitos en los que se enmarcan
sus líneas de investigación son el pensamiento geográfico, la geografía
económica y la geografía regional.
René David Benítez Rivera

Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Relacio-
nes Sociales, miembro del Área de Investigación Espacio Social, Región y
Organización Rural, en la uam-Xochimilco. Licenciado en sociología y
maestro en comunicación y política, con estudios de doctorado en ciencias
sociales y letras hispánicas. Profesor invitado en el Instituto Superior In-
tercultural Ayuuk (isia). Miembro fundador de la Universidad de los Pue-
blos del Sur (Unisur) en Guerrero.
225
LOS AUTORES
Profesora de salud pública y epidemiología en el Departamento de Salud
Pública de la Facultad de Medicina de la unam. Doctora en ciencias biológi-
cas de la uam-Xochimilco; maestra en salud pública por el Instituto de De-
sarrollo de la Salud (La Habana, Cuba); especialista en salud ambiental por
la Escuela Nacional de Salud Pública de México; y, licenciada en medicina
por la uam-Xochimilco. Ha participado en encuentros científicos naciona-
les e internacionales. Autora de artículos en libros y revistas sobre proble-
mas de salud colectiva, relacionados con el ambiente y el trabajo, así como
con factores de riesgo para enfermedades crónicas en población adoles-
cente. Actualmente, trabaja sobre violencia y salud pública.
Leonardo Olivos Santoyo

Doctor en estudios latinoamericanos por la unam, especializado en estu-
dios de género de los hombres y en historia del pensamiento feminista.
Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Docente
en el Diplomado sobre Teoría y Metodología Feminista en el ceiich, e inte-
grante del Programa sobre Investigación Feminista del mismo Centro.
Luz Alejandra Barranco Vera

Estudiante de la maestría de antropología social en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, adscrita a la línea de investigación de “Antropolo-
gía de la violencia y las edades”. Realiza actualmente su trabajo de inves-
tigación en la Región de la Montaña de Guerrero, sobre el tema: “La cons-
trucción de la masculinidad en espacios violentos entre adolescentes de
nivel secundaria”. Asistente en el XIV Diplomado sobre Relaciones de Gé-
nero: “Construyendo la equidad entre mujeres y hombres”, en el Centro de
Investigaciones y Estudios de Género de la unam.
Leticia Ventura Soriano

Licenciada en sociología de la educación y maestra en desarrollo educativo
por la Universidad Pedagógica Nacional (upn). Actualmente, es estudiante
del doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam
y docente en la upn. Su trabajo está enfocado en las problemáticas educa-
226 tivas relacionadas con la diversidad sociocultural y la formación docente.
Colabora con organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad
LOS AUTORES
civil.
Yanith Betsabé Torres Ruiz

Licenciada en psicología educativa y maestra en desarrollo educativo por
la Universidad Pedagógica Nacional (upn). Actualmente, es estudiante del
doctorado en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam y
docente en la upn. Su línea de trabajo está dirigida a las prácticas institu-
cionales y la formación docente. Participa en la creación y desarrollo de
material educativo para la educación superior.

Politóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
unam, donde también ha sido profesora adjunta. Con formación comple-
mentaria en educación popular y derechos humanos por la Universidad
Iberoamericana y el Comité Cerezo México. Fue consultora independiente
para el diseño y evaluación de proyectos sociales con enfoque de derechos
humanos para la Agencia para la Cooperación Española (aecid) y Terre des
hommes (Alemania). Hoy en día, se desempeña como Enlace Regional en la
Red por los Derechos de la Infancia en México (redim).

Ingeniero químico por la unam. En 2011, fue galardonado con la Presea
Ing. Bernardo Quintana Arrioja al Liderazgo, otorgada por la unam y em-
presas ica, por su labor altruista e impulso al voluntariado universitario.
Desde el 2011, es coordinador de Participación Política en la Agenda So-
cial y Política de las y los Jóvenes 2011-2021 ajuv11-21. Ha representado
a México en diversos eventos internacionales, entre los que destacan el
Foro Mundial de Juventud de Naciones Unidas, en Indonesia, 2012; la Con-
ferencia Mundial Women deliver en Copenhague, 2016; y, recientemente,
en la Consulta Regional sobre Juventud, Paz y Seguridad en América Lati-
na y el Caribe, realizada por Naciones Unidas en Panamá, 2017. Es inte-
grante de la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes desde
2012, así como miembro del Consejo Consultivo del Sistema de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, des-
de enero de 2017. A la fecha, es presidente de Fundación Efecto Valores
A.C., donde tiene como misión construir alternativas de participación y
prevención para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México, víctimas 227
de violencias y abandono.
LOS AUTORES
Alice Poma
Investigadora asociada ‘C’ de tiempo completo en el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la unam. Doctora en ciencias sociales por la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla, España). Autora del libro: Defendiendo territorio
y dignidad. Emociones y cambio cultural en las luchas contra represas en
España y México (eduepb, 2017); y de varios artículos en español, inglés e
italiano sobre el papel de las emociones en los conflictos y los movimien-
tos sociales. Sus principales líneas de investigación son: cambio climático,
emociones, movimientos sociales y conflictos socioambientales.

Tesista de la carrera de filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la
unam, con ejes de formación profesional e investigación en ética, filoso-
fía política y derechos humanos. Autora de diversas ponencias en facul-
tades y centros de la unam, así como del artículo “La enseñaquidad como
forma de aprender a pensar filosóficamente”, publicado en 2013 en la Re-
vista de Filosofía Nuestramericana. Posibilidad, Critica y Reflexión. Actual-
mente, es estudiante del Diplomado en línea por la Cátedra Extraordina-
ria sobre Trata de Personas de la unam, y beneficiaria de una beca para

titulación dentro del Proyecto papiit “Epistemología y Critica Jurídica”, a
cargo de la Dra. María Eugenia Alvarado Rodríguez, investigadora del
ceiich.
228
LOS AUTORES
Guía para autores
INTERdisciplina es una revista de acceso abierto, Referencias
publica artículos que son resultado de investi- —— Citas: se deben presentar acorde al Manual
gación interdisciplinaria y reflexión crítica mede Estilo Chicago 15ª edición. Estas deben
diante la interacción entre las ciencias y las hu- estar incorporadas en el texto señalando,
manidades, sobre los grandes problemas entre paréntesis, en el siguiente orden:
nacionales y mundiales generando propuestas Apellido de las y los autores y el año de pu-
para su solución. Reflexiones argumentadas so- blicación. En el caso de citas textuales, se
bre las implicaciones del trabajo interdiscipli- indicará la página de la referencia.
nario desde una perspectiva teórica, epistemo- Ejemplos:
lógica, metodológica y/o práctica. Análisis de (Hobsbawm 1995, 140)
las ideas de transformación de las formas de (Dagnino, Olvera y Panfichi 2010, 220)
pensamiento y organización del conocimiento —— Referencias bibliográficas: se deben pre-
y los saberes en el siglo xxi. Análisis críticos so- sentar al final del artículo, en orden alfabé-
bre el proceso de integración del conocimiento. tico acorde al primer apellido de las y los
autores.
Aplicación de criterios éticos —— Notas a pie de página: fuente Times New
Esta publicación se adhiere a la declaración y Roman, 10 puntos e interlineado sencillo.
normas del Committee on Publication Ethics Ejemplos:
(cope). i. Libro de un autor: Hobsbawm, Eric.
Historia del siglo xx. Barcelona: Crítica,
Revisión de pares 1995.
229
Los artículos son sometidos a revisión por es- ii. Libro de dos o más autores: Dagnino,
pecialistas en el tema, en la modalidad de do- Evelina, Alberto Olvera y Aldo Panfichi. La
ble ciego. disputa por la construcción democrática en
Los artículos se deben enviar en formato América Latina. México D.F.: Fondo de Cul-
Word a través de la dirección electrónica: tura Económica, 2010.
rev.interd@unam.mx iii. Sección de libro: Álvarez, Sonia E.
«Los feminismos latinoamericanos se glo-
Características y estructura balizan: tendencias de los 90 y retos para
Los artículos deben ser inéditos y no deben el nuevo milenio.» En Arturo Escobar, Sonia
estar en proceso de evaluación de otra publi- E. Álvarez y Evelina Dagnino (eds.), Política
cación. cultural y cultura política. Una nueva mira-
—— Extensión: el texto no debe exceder 60,000 da sobre los movimientos sociales latinoame-
caracteres (25 cuartillas: página tamaño ricanos. Bogotá: Taurus; icanh, 2001, 345-
carta, fuente Times New Roman, 12 pun- 380.
tos, interlineado de 1.5 líneas, márgenes iv. Artículo de revista: Levitsky, Steven y
2.5 × 2.5 × 2.5 × 2.5 cm). Lucan Way. «Elecciones sin democracia. El
—— Resumen: los artículos escritos en español surgimiento del autoritarismo competitivo.»
o un idioma distinto deberán presentar tan- Estudios Políticos, (5)24: 159-176, 2004.
to el resumen como el abstract en inglés. La v. Artículo de periódico: Reuter. «Renun-
extensión máxima será de 200 palabras. cia Benedicto xvi “por falta de fuerzas”.» La
—— Palabras clave: los artículos escritos en es- Jornada, 11 de febrero, 2013: 1-2.
pañol o un idioma distinto deberán presen-
tar tanto las palabras clave como las key Figuras e ilustraciones
words en inglés. Estas deben tener un Deben entregarse en un archivo anexo indi-
carácter temático. cando las páginas en las que deben insertarse.
—— Datos del autor(es): deben incluir nombre y Las imágenes deben señalar el autor(a) y la
apellidos, correo electrónico, adscripción fuente. Las tablas y gráficas deben entregarse
institucional, así como la formación aca en archivo Excel indicando las páginas en las
démica. que deben insertarse.
Guidance for authors
INTERdisciplina is an open access journal that should be included in text, followed in
publishes articles wich are the result of inter- brackets by, in the following order:
disciplinary research and critical reflection surname(s) of the author(s) and year of
involving the interaction between science and publication. In the case of verbatim quotes,
the humanities, concerning major national page of reference should be indicated.
and global issues, and generating proposi- Examples:
tions for their solution. Also, reasoned re- (Hobsbawm 1995, 140)
flections on the implications of interdisciplin- (Dagnino, Olvera and Panfichi 2010, 220)
ary work from theoretical, epistemological, —— Bibliographic references: should be enlist-
methodological and practical points of view, ed at the end of the paper, in alphabetical
and analyses of conceptions of the transfor- order, according to the first surname of the
mation of thought forms and organization of author(s).
knowledge and learning in the twenty first —— Footnotes: numbered or not, as necessity
century. Critical analyses of processes in- dictates, should be entered at the bottom
volved in the integration of knowledge are of each page. Font: 10 point Times New Ro-
also welcome. man, with single spacing.
Examples:
Application of ethical criteria i. Book by one author: Hobsbawm, Eric.
This publication adheres to the declaration Historia del siglo xx. Barcelona: Crítica,
and standards of the Committee on Publica- 1995.
tion Ethics (cope ). ii. Book by two or more authors: Dagni-
230
no, Evelina, Alberto Olvera and Aldo Panfi-
Peer review chi. La disputa por la construcción demo-
The articles are subject to review by special- crática en América Latina. México D.F.:
ists in the subject, double-blind mode. Fondo de Cultura Económica, 2010.
Papers should be submitted in Word for- iii. Section of a book: Álvarez, Sonia E.
mat to rev.interd@unam.mx «Los feminismos latinoamericanos se glo-
balizan: tendencias de los 90 y retos para
Characteristics and structure el nuevo milenio». En Arturo Escobar, Sonia
Papers should be unpublished and not in any E. Álvarez y Evelina Dagnino (eds.), Política
evaluation process by other journals. cultural y cultura política. Una nueva mira-
—— Length. Text should be no longer than da sobre los movimientos sociales latinoame-
60,000 characters (25 A4 pages, in 12 point ricanos. Bogotá: Taurus; icanh, 2001, 345-
Times New Roman font, with 1.5 line spa- 380.
cing and 2.5 × 2.5 × 2.5 × 2.5 cm margins). iv. Article in a journal: Levitski, Steven
—— Summary. Papers written in Spanish or any and Lucan Way. «Elecciones sin democra-
other language should enclose a summary cia. El surgimiento del autoritarismo com-
both in Spanish and in English. Maximum petitivo». Estudios Políticos, (5)24: 159-176,
length of same should be 200 words. 2004.
—— Keywords. Papers written in Spanish or any v. Article in a newspaper: Reuter. «Renun-
other language should present keywords in cia Benedicto xvi “por falta de fuerzas”». La
both languages. These should be thematic. Jornada, febrero 11, 2013: 1-2.
—— Author information. Should include au-
thor’s full name and surnames, email, insti- Figures and illustrations
tutional affiliation, as well as academic de- Should be presented in a separate file, indicat-
grees. ing the pages in which they must be inserted.
All images must mention the author and the
References source. Tables and graphs should be present-
—— Quotes. Should be presented according to ed in an Excel file, indicating the pages in
the Chicago Style Manual, 15th Ed. Quotes which they must be inserted.
ISSN 2448-5705
VOLUMEN 6 / NÚMERO 15 / MAYO–AGOSTO 2018
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
en Ciencias y Humanidades–UNAM, Vol. 6, No. 15, mayo–agosto 2018

EDITORIAL REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES
Investigaciones sobre la paz desde América Latina: interdisciplinariedad con perspectiva crítica

DOSIER
El torrente militarista desde el 11/S: características y costos
La paz universal como mecanismo de dominación en el sistema internacional
Violencia y paz en Colombia: una mirada desde la reproducción del capital en América Latina
El Estado en la encrucijada. Justicia social y paz en México
Cuando hablar de violencia es violento: los problemas del discurso dominante
Pierre Gaussens
Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de riesgo
La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica: exploraciones sobre
una relación poco iluminada
Hacia la construcción de una cultura de paz en las escuelas
ENTREVISTAS
la paz
Paz y defensa de los derechos humanos. Entrevista con Irma Alma Ochoa Treviño
Paz y juventud. Entrevista con Gabrielle John
El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático
Alice Poma
RESEÑAS
COLABORAN EN ESTE NÚMERO Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018

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ISSN 2448-5705

VOLUMEN 6 / NÚMERO 15 / MAYO–AGOSTO 2018

en Ciencias y Humanidades–UNAM, Vol. 6, No. 15, mayo–agosto 2018

Revista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias

COLABORAN EN ESTE NÚMERO Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018

REVISTA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES

Volumen 6 | Número 15 | mayo–agosto 2018

CONSEJO EDITORIAL Diego Frías / Universidad Estatal de Bahía, Brasil

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Universidad Nacional Autónoma

INTERdisciplina, vol. 6, núm. 15, mayo–agosto 2018, es una publicación cuatri-

¾¾ El torrente militarista desde el 11/S: características y costos . . . . . . . . . . 17

¾¾ La paz universal como mecanismo de dominación

¾¾ Violencia y paz en Colombia: una mirada desde

¾¾ El Estado en la encrucijada. Justicia social y paz en México . . . . . . . . . . . 83

¾¾ Cuando hablar de violencia es violento: los problemas

¾¾ Violencia y salud pública: reflexiones en torno al enfoque de riesgo . . . 125

¾¾ La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica:

¾¾ Hacia la construcción de una cultura de paz en las escuelas. . . . . . . . . . 157

¾¾ Paz y defensa de los derechos humanos. Entrevista con

¾¾ Paz y juventud. Entrevista con Gabrielle John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Comunicaciones Independientes / Independent Communications

¾¾ El papel de las emociones en la respuesta al cambio climático. . . . . . . . 191

Reseñas / Book reviews

¾¾ Cultura de paz: una utopía posible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

¾¾ Economía solidaria: local y diversa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Colaboran en este número / Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

La historia de nuestra civilización, que al decir de K. Marx ha sido la historia de

La paz representa un tema sumamente complejo. Su estudio es problemático por

* Programa de Becas Posdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

mitación de su universo, es decir, a una dificultad epistemológica para la cons-

posguerra, en torno a los clásicos temas de la guerra, la violencia y la seguridad,

tentabilidad ambiental (López Becerra 2011); la sociología con la conflictividad

La ineludible e inexcusable necesidad de la confluencia de disciplinas comienza a ser

Es por esta razón que se celebró, de agosto a noviembre de 2017, un Semi- 9

Durante mucho tiempo, la cuestión de la paz ha sido estudiada en relación

titucionalizada de puntos de vista particulares, estrechamente relacionados con

agentes sociales, de manera consciente y colectiva, para que nuestras relacio-

económico dominante, para otra organización de la producción, la circulación y

Mingo, Alicia. «No-violencia, desobediencia civil y ejemplaridad. Una aproxima-

Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Madrid: Paidós,

Recibido: 27 de noviembre de 2017. Aceptado: 14 de diciembre de 2017.

* Realiza sus investigaciones en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias

Militarización y continuidad después del 11/s

El 11/s: ruta hacia guerras por los recursos naturales,

neral Wesley Clark, ex-Comandante Supremo de la Organización del Tratado del

Cerca de 10 días después del 11/S, fui al Pentágono y vi al Secretario Rumsfeld y al

Me contestó: ‘Si señor’. Entonces le dije: ‘No me lo enseñe…’”.4

No es difícil saber dónde, aunque sea más importante el “cuándo” fueron

chard Heindberg del Post Carbon Institute llama peak-everything9 (pico-todo),

9 Richard Heinberg, “Geopolitical implications of ´Peak everything.” Post Carbon Institute,

Norte y del dhs ¡para “proteger” la vasta infraestructura Pemex/cfe, en traspaso

Las AUMF de Bush II a Trump

fósiles, o en la industria alrededor del motor de combustión interna, con una

minicano Juan Bosch, en septiembre de 1963, y del brasileño João Goulart, en

grandes potencias (como los EUA) en regiones o países al acceso a recursos de

18 Selser G., De cómo Nixinger desestabilizó Chile, Hernández Editor, 1975.

A la sangrienta invasión, devastación y posterior ocupación militar de Iraq, orde-

La subrogación de las guerras y el capitalismo