El Proceso de Modernizacion Del Estado Peruano 2002-2021

EL PROCESO DE
MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO PERUANO
2002 - 2021
Agenda pendiente:
lucha contra la corrupción,
transparencia y Gobierno digital
Vegas Guerrero, Carmen Inés

Flores Carcagno, Amadeo Javier
sentinema
EL
PROCESO
DE MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO PERUANO
2002-2021
Agenda pendiente: lucha contra la corrupción,
transparencia y Gobierno digital
Vegas Guerrero, Carmen Inés

Flores Carcagno, Amadeo Javier
© Carmen Inés Vegas Guerrero y Amadeo Javier Flores Carcagno.
© Fuerza Popular
© Asociación Civil para la Cooperación Estratégica hacia el Desarrollo Sostenible (ACCEDES)
© Entimema, 2022
Colombia, 63
28016 Madrid
Tel.: 91 532 05 04
www.entimema.com
El proceso de modernización del Estado peruano 2002-2021.

Agenda pendiente: lucha contra la corrupción, transparencia y Gobierno digital.
ISBN: 978-84-17528-68-3
THEMA: JP
El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores y no refleja la opinión de

Fuerza Popular ni de la editorial Entimema.
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento
con propósitos no comerciales, siempre y cuando se cite la fuente.
No está permitida su venta.
Citar esta obra como:

Vegas Guerrero, C. I. y Flores Carcagno, A. J. (2022). El proceso de modernización del Estado
peruano 2002-2021. Agenda pendiente: lucha contra la corrupción, transparencia y Gobierno
digital. Madrid: Entimema.
Agradecimientos
Los autores agradecen el invaluable apoyo y colaboración de las profesionales del equipo de investi-
gación: la licenciada Bertha María Carrillo Curay y la magíster Inés Gabriela Herencia Ortega, y de los
destacados asistentes de investigación: el bachiller Hugo Eduardo Jesús Gárate Vegas y el abogado
Víctor Raúl Valdez Riquelme, sin quienes no hubiese sido posible alcanzar los resultados que en la
presente obra se ponen a disposición del público lector.
Agradecemos a la organización política Fuerza Popular y la Asociación Civil para la Cooperación

Estratégica hacia el Desarrollo Sostenible (ACCEDES) el habernos confiado la realización del estu-
dio La modernización del Estado, que da origen a esta obra por medio del financiamiento con fondos
públicos para investigaciones.
Finalmente, queremos reconocer a todos aquellos que con sus conocimientos y experiencia absol-
vieron nuestras consultas y encuestas, contribuyendo con el mejor desarrollo de esta investigación.
ÍNDICE
ACRÓNIMOS Y SIGLAS 8
INTRODUCCIÓN 12
CAPÍTULO I. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 14
1.1. Concepto general de la gestión pública 15
1.2. El proceso de la gestión pública en el Perú 21
1.3. Modelos y enfoques 21
1.3.1. El modelo clientelar 22
1.3.2. El modelo burocrático 23
1.3.3. El modelo gerencial y la nueva gestión pública 26
1.3.3.1. Enfoque de la gestión por resultados 30
1.3.3.2. Enfoque de la creación de valor público 31
1.3.3.3. Enfoque de la gestión por procesos 31
1.3.4. El modelo de gobernanza 32
1.4. Antecedentes y contexto del proceso de modernización de la gestión
pública del Perú del siglo XXI 34
1.5. Evolución del proceso de modernización de la gestión pública
en el Perú del siglo XXI 37
1.6. Definición de la modernización de la gestión pública 52
CAPÍTULO II. PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO

DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 54
2.1. Lucha contra la corrupción 54
2.1.1. Contextualización 54
2.1.2. Definiciones de la corrupción 61
2.2. Transparencia 64
2.2.1. Gobierno abierto 65
2.2.1.1. Rendición de cuentas 67
2.2.1.2. Integridad 68
2.2.1.3. Participación ciudadana y de las partes interesadas 69
2.2.2. Transparencia y el acceso a la información pública 69
2.3. Gobierno digital 79
2.4. Innovación pública 90
EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO 2002-2021
Agenda pendiente: lucha contra la corrupción, transparencia y Gobierno digital
CAPÍTULO III. COMPILACIÓN NORMATIVA, INSTRUMENTAL E INSTITUCIONAL 95

3.1. Modernización de la gestión pública en el Perú 96
3.1.1. Compilación normativa 96
3.1.2. Compilación instrumental 113
3.1.3. Compilación institucional 117
3.2. Lucha contra la corrupción 126
3.3. Transparencia 151
3.4. Gobierno digital 165
3.5. Innovación pública 189
CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

EN EL PERÚ 192
4.1. Del proceso de modernización en sí mismo 195
4.1.1. Coexistencias de modelos de Administración pública 195
4.1.2. Superposición de componentes y modelos en permanente
implementación 196
4.1.3. Débil continuidad del enfoque de una gestión 197
4.1.4. Se complejiza por su magnitud o amplitud del campo de acción 197
4.1.5. Volatilidad, incertidumbre y lentitud que debilita al proceso
de modernización 198
4.1.6. Limitados mecanismos para asimilar los cambios y transformaciones 198
4.1.7. Necesaria articulación entre los sistemas administrativos 199
4.1.8. Desconexión con la generación de valor público 199
4.1.9. Deficiente articulación de los actores 207
4.1.10. Deficiente gestión del recurso humano 210
4.1.11. Frondosa, compleja e inconexa normatividad 216
4.1.12. Aprobación de la actualización de la PNMGP 217
4.2. Aspectos que impactan en el proceso de modernización 218

4.2.1. Lucha contra la corrupción 218
4.2.2. Transparencia y acceso a la información pública 224
4.2.3. Gobierno digital 233
4.2.4. Innovación pública 237
4.2.4.1. Algunas experiencias internacionales 238
4.3. Avances de la reforma y modernización del Estado en 2012 245
4.4. Documentos de política de la Secretaría de Gestión Pública 249
4.4.1. Documento de política: calidad regulatoria en el Perú 249
4.4.2. Documento de política: simplificación administrativa en el Perú 251
4.4.3. Documento de política: perspectivas del usuario para mejorar
intervenciones 252
4.4.4. Documento de política: gestión de la calidad en el Perú 254
4.4.5. Documento de política: Gobierno abierto en el Perú 256
4.4.6. Documento de política: estructura, organización y funcionamiento 257
4.4.7. Documento de política: Plataforma de Mejor Atención
al Ciudadano (MAC) 260
CONCLUSIONES 263
RECOMENDACIONES: AGENDA PENDIENTE Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 268
BIBLIOGRAFÍA 273
REFERENCIA NORMATIVA 279
LISTA DE TABLAS 282
LISTA DE FIGURAS 284
RELACIÓN DE ANEXOS 286
ANEXOS 287
ACRÓNIMOS Y SIGLAS
AAC Autoridad Administrativa Competente
ACR Análisis de Calidad Regulatoria

AGA Alianza de Gobierno Abierto
AIR Análisis de Impacto Regulatorio
ANPD Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales
ANTAIP Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública
APP Asociación público-privada
BCR Banco Central de Reserva
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BM Banco Mundial
BN Banco de la Nación
CAD Ciudadanos al Día
CAF Banco de Desarrollo de América Latina
CAN Comisión Alto Nivel Anticorrupción
CAS Contratación administrativa de servicios
CCIDEP Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del
Perú
CCV Comisión de Coordinación Viceministerial
CdG Centro de Gobierno
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
CGR Contraloría General de la República
CLAD Centro Latinoamericano de Administración Pública
CNUCCC Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
8
CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

CPI Compra Pública Innovadora
CTAR Consejos Transitorios de Administración Regional
DGT Dirección General de Tráfico
DIRCOCOR Dirección contra la Corrupción
D.L. Decreto legislativo
DNIe Documento nacional de identidad electrónico
DNP Departamento Nacional de Planeación
D.S. Decreto supremo
EGDI Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico
ENSC Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana
FMI Fondo Monetario Internacional
GEOIDEP Portal de Información de Datos Espaciales del Perú
IA Inteligencia artificial
IDEP Infraestructura de Datos Espaciales del Perú
INDECOPI Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual
INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática
INICTEL Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones
INPE Instituto Nacional Penitenciario
IOFE Infraestructura Oficial de Firma Electrónica
LAI Leyes de acceso a la información
LMMGE Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
LOE Lineamientos de Organización del Estado
LOPE Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
LPAG Ley del Procedimiento Administrativo General
MAC Mejor Atención al Ciudadano
MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
MINAM Ministerio del Ambiente
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior, Transporte y Turismo
MINEM Ministerio de Energía y Minas
MINJUS Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
9
MOP Manual de Operaciones

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones
NCA Niveles de confianza en la autenticación
NGP Nueva gestión pública
NTP Norma Técnica Peruana
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCI Oficina de Control Institucional
OEA Organización de los Estados Americanos
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONGEI Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
ONU Organización de las Naciones Unidas
OSCE Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
PAGA Planes de Acción de Gobierno Abierto
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PDG Plan de Gobierno Digital
PECERT Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional
PEGE Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico
PEP Portal del Estado Peruano
PGO Plataforma de Gestión Organizacional
PIDE Plataforma de Interoperabilidad del Estado
PJ Poder Judicial
PNIC Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad
PNMGP Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
PNP Policía Nacional de Perú
PPR Presupuesto por resultados
PSCE Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
PSPP Portal de Software Público Peruano
PTE Portal de Transparencia Estándar
REDERECI Registro de Deudores de Reparaciones Civiles
REDNACE Red Nacional del Estado Peruano
RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
R.M. Resolución ministerial
10
RNIE Red Nacional de Investigación y Educación

ROF Reglamento de Organización y Funciones
RTI Global Right to Information
SBS Superintendencia de Banca y Seguros
SC Secretaría de Coordinación
SD Secretaría de Descentralización
SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
SEGDI Secretaría de Gobierno Digital
SERNAC Servicio Nacional del Consumidor
SGP Secretaría de Gestión Pública
SGTD Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
SIP Secretaría de Integridad Pública
SPAM Correo electrónico comercial no solicitado
SPIJ Sistema Peruano de Información Jurídica
SPP Software Público Peruano
SSAC Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano
SSAP Subsecretaría de Administración Pública
SSAR Subsecretaría de Análisis Regulatorio
SSCAC Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano
SUCE Solicitudes Únicas de Comercio Exterior
SUNARP Superintendencia Nacional de Registros Públicos
SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
SUNEDU Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
SUT Sistema Único de Trámites
TIC Tecnologías de la información y la comunicación
TUO Texto Único Ordenado
TUPA Texto Único de Procedimientos Administrativos
UIF Unidad de Inteligencia Financiera
UIT Unidad impositiva tributaria
UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
VUCE Ventanilla Única de Comercio Exterior
11
INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de modernizar nos referimos a desarrollar alguna actividad para estar acorde
con la realidad actual. Hablar de modernizar la gestión pública significa que esta se adecue de tal
forma que satisfaga las necesidades que la ciudadanía demanda o requiere. En nuestro país, lleva-
mos cerca de veinte años desarrollando el último gran proceso de modernización de la gestión
pública con el propósito de alcanzar tal finalidad.
En ese sentido, la presente investigación sobre la modernización del Estado tiene como objetivo
principal dar a conocer la situación del proceso de modernización del Estado y la agenda pendiente,
con énfasis en temas relacionados con la lucha contra la corrupción, transparencia y Gobierno di-
gital, planteando alternativas o propuestas de solución.
Cabe resaltar que el estudio se centra en el proceso de la política pública de modernización de la

gestión pública desde la perspectiva del Gobierno nacional y no se ha abordado lo referente al ám-
bito de Gobierno subnacional.
Así, este estudio se sustenta en un análisis cualitativo, descriptivo no experimental y basado en

sucesos que han ocurrido con anterioridad a la presente investigación, por lo cual todo estará cen-
trado en la interpretación o las observaciones para llegar a una conclusión. Por ello, esta investiga-
ción tiene carácter exploratorio. Para tal fin, hemos consultado fuentes documentales y estadísti-
cas, y hemos aplicado también una encuesta a funcionaros y servidores públicos, así como a
expertos en la materia.
De esta manera, nuestro análisis busca observar de manera integral lo que ha venido ocurriendo a
lo largo de estas últimas dos décadas, respecto del proceso de modernización, presentando dife-
rentes enfoques, instrumentos, normas e hitos que se han ido alcanzando en este proceso.
Para ello en el capítulo I expondremos las bases conceptuales de la modernización de la gestión

pública de manera general, partiendo del concepto de la gestión pública, para luego pasar a pre-
sentar los modelos que existen en torno a esta, y exhibir los antecedentes y evolución del proceso
de modernización, para finalmente presentar el concepto de modernización de la gestión pública
que hoy se tiene en nuestro país.
12
Acto seguido, en el capítulo II presentaremos las nociones y concepciones que nos ayuden a con-
textualizar el comportamiento de los principales elementos que inciden en el proceso de la gestión
pública, entendiendo estos como: la lucha contra la corrupción, transparencia, Gobierno abierto e
innovación pública.
En el capítulo III, buscamos exponer cómo ese marco teórico se ha materializado en el Perú, por lo
que presentaremos una compilación normativa instrumental e institucional de la modernización de
la gestión pública y de los elementos que inciden en este proceso, arriba mencionados.
En ese orden de ideas, el capítulo IV de nuestra investigación presenta un diagnóstico basado en la infor-
mación y documentación observada, permitiéndonos mostrar cuáles son los principales avances y pro-
blemas que hoy sigue atravesando el proceso de modernización a través de diversos aspectos que inci-
den sobre ella, y al mismo tiempo procuramos mostrar cuál es la caracterización de lo que viene
aconteciendo en torno a la lucha contra la corrupción, la transparencia, el Gobierno abierto y la innova-
ción pública. Cabe mencionar que compartimos la especial relevancia que tiene el recurso humano en
los procesos de reforma de las entidades públicas, donde la modernización no es la excepción.
En este diagnóstico se incorporan también resúmenes de materiales que reflejan el avance de la

reforma y modernización del Estado del año 2012 y los documentos de política respecto a los me-
dios del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública que ha desarrollado la
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, los cuales complementan
este apartado y exponen las posiciones oficiales que el Estado tiene con relación al proceso que
han desarrollado.
El corolario de nuestra investigación estará constituido por la exposición de las conclusiones y reco-
mendaciones alcanzadas, las cuales presentan no solo las visiones finales de lo observado, sino tam-
bién los efectos que se han alcanzado durante la implementación del proceso de modernización de la
gestión pública de nuestro país. Al mismo tiempo, nuestras recomendaciones procuran servir de pau-
tas orientadoras y, en algunos casos, incluso como líneas directrices, oportunidades de mejora y ac-
ciones para enfrentar la agenda pendiente, a fin de que puedan coadyuvar a solucionar problemas que
han interferido en el adecuado desarrollo de la modernización de la gestión pública.
Finalmente se han anexado un conjunto de documento que contribuyen al sustento de nuestra in-
vestigación y se ha colocado la bibliografía que referencia el aporte académico sobre el cual hemos
inspirado nuestro análisis intelectual.
En consecuencia, esperamos que esta contribución investigativa sirva para el análisis y desarrollo
de ideas políticas y técnicas, a fin de construir reflexiones propositivas que nos permita contribuir a
la mejora de la modernización del Estado y, por ende, a que se brinden bienes y servicios de mayor
calidad y con valor público a la ciudadanía peruana.
13
CAPÍTULO I.
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN
DEL ESTADO
El estudio de la modernización del Estado no es un tema nuevo ni poco abordado, por el contrario,
con frecuencia forma parte de la agenda de todo Gobierno en su proceso de mejora para garantizar
la prestación de bienes y servicios de mayor calidad para la sociedad.
En nuestro entendimiento, el Estado moderno surge para responder a la necesidad de garantizar,

fundamentalmente, los derechos naturales de las personas (vida, libertad, propiedad) y su seguri-
dad en un entorno de igualdad bajo la premisa de que los gobernantes y gobernados nos somete-
mos al imperio de la ley, en el marco de un Estado de derecho.
Así, este tipo de Estado, al centrarse en buscar el bienestar de las personas, comienza a asumir mayo-
res responsabilidades que surgen como producto de un contexto social cambiante, haciendo que las
entidades públicas deban responder y adaptarse a estas nuevas necesidades y demandas públicas.
En ese orden de ideas, resulta evidente que el Estado ha ido construyendo un conjunto de herra-
mientas, normas, principios y técnicas que orienten su accionar y le permitan actuar de manera
legal, predecible, transparente, eficiente y oportuna, entre otros aspectos.
Es así como surgen los sistemas de gestión pública, los cuales se convierten en la manera especia-
lizada de orientar y organizar el actuar del Estado, para proyectar la prestación de bienes y servi-
cios a la sociedad. Este marco, atendiendo a la premisa del cambio constante en el contexto social,
también requiere estar en constante o permanente proceso de adecuación o modernización para
seguir respondiendo a las demandas sociales y necesidades públicas.
Ahora bien, como se ha explicado tanto en la introducción como en la parte metodológica del pre-
sente trabajo, es importante recordar que cuando hablamos de modernización del Estado peruano,
no hacemos referencia a las funciones que conforman el sistema político y sus estructuras institu-
cionales y sociales, que tiene un carácter inmensamente mayor y más complejo.
Así, cuando hablamos de modernización del Estado, entenderemos que hacemos alusión a la moder-
nización de la gestión o Administración pública. De esta manera, la reforma de la Administración
14
pública se limita a mejorar las estructuras encargadas de la función ejecutiva y administrativa sola-
mente, es decir, lo que comúnmente se llama Gobierno.
En nuestro país, igualmente, el tema ha sido impulsado de manera permanente, así se puede evi-
denciar por qué el Estado peruano ha pasado gran parte de su historia republicana impulsando
procesos de modernización.
Sin embargo, el proceso más importante que se ha iniciado hasta la fecha empezó en 2002, con la
promulgación de la Ley 27658, Ley de Modernización del Estado. Esta norma ha sido el principal
instrumento jurídico que ha permitido orientar el accionar y desarrollo de las instituciones públicas
en su afán de fortalecer su institucionalidad, mejorar sus acciones y desarrollar mecanismos que
les permitan llegar de manera eficaz a los ciudadanos.
Cabe destacar que el proceso que se ha desarrollado en nuestro país se ha abocado a la modernización
de la gestión del Estado, en consecuencia, estamos hablando de la manera en la que la Administración
pública se ha proyectado a la sociedad, empleando principios, normas, instrumentos, procesos, técnicas
y demás elementos con los cuales puedan concretar la manera de organizarse, desenvolverse y desple-
gar sus acciones de manera más oportuna, efectiva, eficiente, transparente, dinámica y con calidad.
Este proceso ha tenido fases donde se han alcanzado grandes avances de desarrollo, como en lo
normativo o teórico, y otros en donde no se ha evolucionado de la forma esperada, como la imple-
mentación o medición de su impacto real, quedando también pendientes de un mayor desarrollo la
innovación pública y el Gobierno digital, a modo de ejemplo.
Nuestro objetivo es poder entender de qué hablamos cuando nos referimos a la modernización del
Estado para el caso peruano, por lo que, a lo largo de este capítulo, expondremos el concepto ge-
neral de gestión pública mostrando su definición para el caso peruano, los modelos y enfoques de
la Administración pública para luego desarrollar el proceso de la gestión pública en el Perú, los
antecedentes y contexto del proceso de modernización, su evolución, así como su definición.
1.1. CONCEPTO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En este apartado detallaremos lo que, a nuestro criterio, constituyen una serie de caracterizaciones
y definiciones que merecen mayor atención y contribuyen a darle sentido de orientación conceptual
al presente trabajo de investigación.
Conforme a IDEA Internacional y Transparencia (2009), la gestión pública se define como “el con-
junto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas,
los que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo”
(pág. 5), y se entiende que “está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través
15
de los cuales el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regu-
laciones con el objeto de dar curso a sus funciones” (pág. 14).
Además, Saravia (2018) señala que: “Si bien la gestión pública es un tema técnico vinculado con el per-
feccionamiento de las herramientas de la gerencia estatal y la Administración pública, es, en esencia, un
tema político. Por ello, en su construcción intervienen diferentes actores y contextos, dentro del marco
de la consolidación y la diversificación de los roles del Estado con sus ciudadanos” (pág. 144).
Desde una perspectiva operacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) (2014) entiende que la gestión pública para el desarrollo implica:
[…] planificar, movilizar, desplegar, organizar y transformar recursos financieros, humanos, ma-
teriales, tecnológicos y metodológicos para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públi-
cos tangibles e intangibles, originando resultados significativos para la sociedad, consistentes
con los objetivos gubernamentales, en forma eficiente, eficaz y equitativa, creando valor públi-
co para la sociedad como un colectivo. Es así, que el ciclo de gestión pública contempla desde
la planificación para el desarrollo y su financiamiento hasta la producción de los bienes y servi-
cios públicos, incluyendo las funciones públicas de regulación y provisión directa de servicios
públicos, y la internalización en la sociedad del cambio originado por el accionar público (valor
público), como también la rendición de cuentas al respecto (pág. 46).
Asimismo, en diversos documentos de organismos internacionales se hace referencia —sobre todo

a la caracterización o elementos— a la importancia de la calidad en la gestión pública y a la conno-
tación de que se ejecute en un Gobierno democrático, así lo referencia la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014), por ejemplo, señalando también que la gestión pública
debe centrarse en el servicio al ciudadano y en los resultados.
Además, Máttar y Perrotti (2014), en su estudio Planificación, prospectiva y gestión pública: reflexio-
nes para la agenda de desarrollo, afirman respecto a la eficiencia de la gestión pública lo siguiente:
[…] abarca múltiples dimensiones: depende de cómo se toman las decisiones sobre la asignación de
los recursos públicos, cómo se financian las políticas que se derivan de estas decisiones, cómo se
dividen entre el Gobierno central y los Gobiernos subnacionales las responsabilidades de aplicación
de dichas políticas, cómo se gestionan los recursos y, finalmente, cómo se monitorea y evalúa la im-
plementación de estas políticas. Es decir, la eficiencia de la gestión depende de la correcta alineación
del proceso presupuestario, del sistema tributario, de las relaciones intergubernamentales (entre el
Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales) y de la organización administrativa […] (pág. 159).
Resulta interesante mostrar el diagrama sobre el ciclo de la gestión pública para el desarrollo que
nos plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014):
16
Figura 1.
El ciclo de la gestión pública para el desarrollo
• Cambio social y valor • Objetivos de Gobierno

público generado (medio y largo plazo)
(resultados e impacto • Instituciones públicas
económico)
Planificación • Estrategias de política
• Rendición de cuentas pública
de políticas
Evaluación y estrategias • Insumos: recursos
financieros, humanos,
materiales, tecnológicos
y de sistemas
• Inversión pública • Finanzas públicas

•A
signación, distribución, y disciplina fiscal
producción y consumo de Ejecución/producción Presupuesto • Marco fiscal y sistemas
bienes y/o servicios y seguimiento de administración
públicos (productos/ (políticas, financiera
outputs) programas
• Gestión presupuestaria
y servicios
y contable
públicos)
Fuente: elaboración propia a partir de García y García (2010) y BID y CLAD (2007), como se citó en CEPAL (2014).
Como se aprecia, la gestión pública implica un entramado complejo de actores, decisiones, estra-
tegias que requieren de acciones, recursos humanos y económicos, determinación de resultados,
así como seguimiento y evaluación de estos para determinar si se logran los objetivos trazados, qué
aspectos se deben cambiar, mejorar o eliminar en la búsqueda de satisfacer las demandas y nece-
sidades ciudadanas.
En ese mismo orden de ideas, en el año 2008, el Centro Latinoamericano de Administración Públi-
ca (CLAD), a través de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, asegura también
que una gestión pública de calidad implica que la Administración pública se someta al Estado de
derecho, pues es en este donde se organiza y actúa con racionalidad y objetividad. Se ha de tener
en cuenta el principio de legalidad, en vista de que a través de las normas se determinan y atribu-
yen las competencias a los órganos y entidades de la Administración pública, además, sus diversas
políticas e instrumentos deben ser desarrollados en el cuerpo normativo respectivo.
La misma Carta nos recuerda también la importancia del principio de la eficiencia, del objetivo de
la gestión pública a través de la creación de valor público, así como lo sustancial, que supone que
los resultados e impactos sean cuantificables, medibles y, por tanto, evaluables. Nos recuerda así
una serie de herramientas que consideramos bastante débiles en las Administraciones públicas,
pues como bien se señala:
17
Para la objetiva determinación de resultados, se requiere analizar la evolución del desempeño

y el nivel de alcance de las metas, trazadas con sistemas de información para el seguimiento,
evaluación y control rigurosos y oportunos, que fundamenten la toma de decisiones y medidas
correctivas. La gestión pública para resultados requiere la implementación de sistemas de mo-
nitoreo, medición y control que permitan un adecuado control y la toma de decisiones (CLAD,
2008, pág. 9).
En cuanto a la legislación nacional, consideramos importante rescatar el concepto que a mediados

del año 2002 se publica en la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República, la cual establece una definición de gestión pública en su nove-
na disposición final, señalando que: “Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades
tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas guber-
namentales establecidas por el Poder Ejecutivo”, coincidiendo con lo señalado por Idea Internacio-
nal y Transparencia (2009).
Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública (2013), en su documento la Política Nacional de Moder-

nización de la Gestión Pública de 2021, que se aprueba mediante Decreto Supremo 004-2013-
PCM, determina un concepto sobre qué es una gestión pública moderna:
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano.
Esto es una gestión en la que funcionarios públicos cualificados y motivados se preocupan —en
el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competen-
cias que corresponden a cada nivel de gobierno— por entender las necesidades de los ciudada-
nos y organizan tanto los procesos de producción o actividades (como conjunto de acciones que
transforman los insumos en productos en la “cadena de valor”) como los de soporte (los siste-
mas administrativos), con el fin de transformar los insumos en productos (seguridad jurídica,
normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satis-
facción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible (pág. 27).
Merece una especial mención el término “Administración pública”, pues cuando se suelen mencio-
nar, en términos generales, las expresiones “gestionar”1 y “administrar”2 aparecen como sinónimos
y su uso es indistinto, así lo ha desarrollado Idea Internacional y Transparencia (2009), quienes nos
refieren que “[…] a ambos se los define como la acción y efecto de hacer algo, de asumir una fun-
ción o tarea para cumplir un propósito” (pág. 14).
Ahora bien, para el caso peruano, la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley
27444, establece que se trata de entidades de la Administración pública a aquellas organizaciones
que participan del poder público que actúan con potestad administrativa, tienen un fin público,
1. Para más información, ver: https://dle.rae.es/gestionar?m=form

2. Para más información, ver: https://dle.rae.es/administrar
18
siendo su servicio objetivo los intereses generales y la necesidad de su eficacia. Además, debe
valorarse la vinculación de dichas entidades con la actividad para la que están capacitadas jurídica-
mente, es decir, entre la naturaleza jurídico-formal de la organización y el régimen jurídico-formal
de los actos. Resulta interesante mencionar que las entidades que forman parte de la Adminis-
tración pública no legislan, aunque emiten normas, y no juzgan, pese a que expiden resoluciones de
conflictos en algunos casos.
Es decir, desde una perspectiva procedimental, en la legislación peruana (artículo I de la LPAG), la

Administración pública comprende a todas las instituciones y organismos públicos y privados que
prestan servicios públicos o los regulan, cualquiera que sea su naturaleza y que sean parte o de-
pendan del Poder Ejecutivo, con todos sus organismos públicos, del Poder Legislativo, del Poder
Judicial y de los Gobiernos subnacionales (regionales y locales), así como de los organismos cons-
titucionalmente autónomos.
Nos parece interesante señalar lo que IDEA Internacional y Transparencia (2009) plantea al inte-
grar ambos conceptos, gestión y Administración pública, porque en sí encierran dos elementos que:
[…] dan origen a la acción estatal y gubernamental, podemos decir que la gestión pública está
configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado di-
seña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y aplica regulaciones con el objeto
de dar curso a sus funciones.
La gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar un fin co-
lectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos
públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colecti-
vos. Esta es una definición muy general que hay que matizar y concretar desde diferentes pun-
tos de vista.
La acción pública se desarrolla en varias dimensiones que actúan simultáneamente. Estas di-
mensiones son:
• En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales que
actúan en instituciones determinadas, su estudio le corresponde a la ciencia política y la
sociología.
• En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración pública como una persona
jurídica que tiene derechos y obligaciones, su estudio le corresponde al derecho.
• En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de trabajo y organización
interna, su estudio le corresponde a las ciencias de la administración y la ingeniería.
• En efecto, la acción de gobierno requiere de 1) instituciones, 2) de mandatos y ordenes, cum-
plidos a través de políticas y funciones, y 3) métodos de trabajo y organización (tecnologías,
instrumentos y procedimientos), para ejecutar y cumplir con sus fines y responsabilidades.
19
Las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos técnicos
prácticos e instrumentales, con base científica, necesarios para el ejercicio de una determinada
responsabilidad, capacitan a hombres y mujeres para mejorar su bienestar, dando lugar a la
gestión que para el caso de la actuación del Estado se denomina gestión pública (págs. 14-15).
Otro concepto que consideramos importante es el de políticas públicas, debiendo entender que:
“Las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un Gobi-
erno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio
Gobierno consideran prioritarios” (Tamayo, 1997, pág. 281).
Las políticas públicas son pues las que definen objetivos que se encuentran en un nivel estratégico,
nos ayudan a responder qué debe hacer el Estado para resolver los complejos problemas y deman-
das sociales, exigiendo de los servidores públicos un vasto conocimiento de la realidad social y una
interacción, necesaria e indispensable, con los actores para definir problemas y diseñar propuestas
de soluciones. Mientras que la gestión pública la entendemos conforme a lo señalado por la CGR
como las acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y me-
tas, las que están enmarcadas por el Poder Ejecutivo. Desde una perspectiva general, ya hemos
comentado que el accionar de otros poderes y niveles de Gobierno también realizan acciones de
gestión pública de acuerdo con sus competencias y en el marco de sus propias políticas.
Así, la gestión pública es la que se encarga de administrar los recursos para cumplir con los ob-
jetivos, está a un nivel operativo que nos ayuda a responder cómo el Estado implementa las
políticas públicas para resolver los problemas, necesidades y demandas sociales y es la que
contiene el conocimiento de la estructura y funcionamiento del Estado y de la ejecución de los
recursos públicos.
En ese sentido, debemos tener en cuenta que las políticas públicas y la gestión pública deben ser con-
sideradas como las caras de una misma moneda, necesitan tener objetivos, un norte claro que guíe
nuestro camino (políticas públicas) y, al mismo tiempo, se requiere una serie de acciones que materia-
licen las políticas, sea estableciendo normas, instrumentos, tomando decisiones, sean actos de la Ad-
ministración pública o actos administrativos, pero que nos conduzcan a la prestación de servicios de
calidad que mejoren la vida de las personas y contribuyan a su realización individual y al desarrollo
como sociedad.
Finalmente, para la presente investigación sobre la modernización del Estado peruano debemos
tener en cuenta que entendemos por ello la modernización de la gestión pública en el Perú. Asimis-
mo, en cuanto a la gestión pública nos quedaremos con la definición que nos trajo la Ley 27785 y
que se complementa con la definición de gestión pública moderna que nos ofrece la Política Nacio-
nal de la Modernización de la Gestión Pública de 2021.
20
1.2. EL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
La gestión pública ha pasado por todo un desarrollo y adaptación a lo largo de la historia, con el
objetivo de servir mejor a los integrantes de la sociedad y a la sociedad en sí misma. A ese proceso
de adaptación y evolución de la gestión pública la denominamos modernización de la gestión públi-
ca y, como es natural, en nuestro país ha tenido diversas etapas y procesos, algunos de ellos con
contenidos, técnicas y herramientas que han coadyuvado realmente a la modernización, aunque en
algunos casos se quedaron solamente en el nombre. Estas diversas etapas han acompañado el
desarrollo republicano de nuestro país.
Para describir tal situación, y dada la amplitud de la cuestión, a fin de brindar un resumen concreto
e idóneo de las coyunturas ocurridas, anexamos al presente estudio, de manera reducida, las fases
de este desarrollo enunciadas por Saravia Salazar (2018), quien en su obra “La gestión pública en
el Perú en perspectiva histórica (siglos XIX-XXI)”3 describe de manera inigualable toda esta transi-
ción histórica que ha contribuido a la estructuración de la manera en que nuestro aparato guberna-
mental se comporta hoy en día. Estas fases son:
1. La herencia virreinal.
2. El Estado caudillista (1821-1896).
3. La era de la ampliación de roles del Estado (1896-1930).
4. La era del Estado planificador (1930-1990).
5. La era de la reforma del Estado (1990 en adelante).
Para mayor detalle del desarrollo de estas fases puede revisarse el anexo 1.
Tras ese devenir, en los últimos veintiún años se han gestado varios avances que a nuestro juicio
representan un gran estadio o etapa que ha supuesto una nueva forma de comportamiento de la
Administración pública en nuestro país, que ha estado marcada por diversas fases trascendentes
que han ido sucediéndose como parte del influjo de diversos enfoques que han cobrado vigencia en
estos años. Así, más adelante expondremos, con la mayor concreción posible, la manera en que se
han producido tales cambios, configurándose esta fase a la cual llamamos el proceso de moderni-
zación del siglo XXI en el Perú.
1.3. MODELOS Y ENFOQUES
Para hablar de modernización del Estado, principalmente en lo referido a modernización de la ges-

tión pública, debemos entender los aspectos doctrinarios que se avocan a la evolución conceptual
3. Para profundizar en el tema ver: Saravia Salazar, J. (2018). La gestión pública en el Perú en perspectiva histórica (siglos
XIX-XXI). Líneas Generales, número 2, año 1, 144-159.
21
de la Administración pública, en tanto que nuestro país no ha sido ajeno a recibir influencia de di-
versas corrientes o tendencias que han ido marcando el devenir de esta.
En ese sentido, expondremos los cuatro modelos centrales: el clientelar, el burocrático, el geren-
cial y de gobernanza; y los tres enfoques que hemos considerado de mayor relevancia: la gestión
por resultados, la creación de valor público y la gestión por procesos en la nueva gestión pública,
que procedemos a detallar.
Así, esperamos describir los mismos para entender cómo se han ido manifestando estos modelos
y enfoques en la realidad de la gestión pública a lo largo de su evolución en el Perú y cómo subsis-
ten en diferentes medidas y entidades hasta la actualidad. De esta forma se evidencia su influencia
en los cambios, reformas legislativas y en la formulación de políticas públicas para la búsqueda del
fortalecimiento del proceso de modernización de la gestión pública en el país.
1.3.1. El modelo clientelar
Este modelo también es conocido como el modelo de patronazgo o premoderno, que conforme
señala Ramió (2016) “es el tipo de organización que producen de forma natural y espontánea los
individuos”. Además, Fukuyama (como se citó en Ramió 2016) añade:
Nos recuerda que la sociabilidad humana natural se basa en la selección por parentesco y el
altruismo recíproco […] Las élites de la mayoría de las sociedades tienden a recurrir a redes de
familiares y amigos. Los puestos públicos son ocupados de manera discrecional, sin ningún tipo
de filtro competitivo en méritos o competencias, gracias a redes informales, a compra de los
puestos e incluso con puestos públicos que son heredados por familiares (pág. 3).
El Estado moderno siempre ha tratado de superar a este modelo, puesto que se buscan procesos
de selección del personal al servicio del Estado que estén basados en la meritocracia y que sean
ciegos a cualquier tipo de influencia externa (sea una recomendación, el pago por el puesto, la cer-
canía, por pertenecer a un partido político que este en el Gobierno, etc.).
Como bien señala Ramió (2016), construir un modelo alternativo ha supuesto casi dos siglos, y
conforme se fue surgió el Estado moderno y la vida en democracia, aparecieron los partidos políti-
cos y el modelo de patronazgo pasó a ser uno clientelar. Así, cuando un partido político gana las
elecciones, bajo este modelo cobra sentido que elija y coloque a la gran mayoría de los empleados
públicos, pues así implementa su programa electoral. Esto origina que el partido político esté muy
metido en las instituciones públicas, con lo cual se generan espacios de captura por intereses dis-
tintos al interés general de la sociedad.
22
Este tipo de modelo no fortalece al Estado, por el contrario, lo debilita en términos de eficiencia y
eficacia, se vuelve mediocre en sus capacidades, pues al contar con un recurso humano sin forma-
ción, conocimiento o experiencia lo ralentiza en el cumplimiento de sus fines, que es la satisfacción
de las demandas o necesidades de los ciudadanos.
Hay una serie de lecciones que Fukuyama ha desarrollado para cualquier país que aspire a reducir
el clientelismo y apostar por el proceso de profesionalización de la Administración pública:
1.a) El proceso de reforma (de la Administración) es profundamente político, no técnico; 2.a) la

coalición política a favor de la reforma tiene que basarse en grupos que no tienen demasiadas
implicaciones en el sistema existente; 3.a) la ideas son decisivas y el debate público acerca de
la base moral del empleo público es un aspecto crítico; 4.a) la reforma requiere mucho tiempo
y se beneficia siempre de un liderazgo fuerte; y 5.a) los sindicatos en el sector público se han
convertido en parte de una élite que utiliza el sistema político para proteger sus propios intere-
ses, bloquean las reformas y contribuyen a la decadencia política (Jiménez, 2016).
Debemos tener en cuenta que este modelo es parte de la manifestación de la naturaleza humana,
por lo que, a pesar de los procesos de reforma, está latente a la espera de ingresar a nuestro siste-
ma de Administración pública.
1.3.2. El modelo burocrático
La primera línea de conducción de la Administración pública en el Estado moderno estuvo marcada

por el modelo weberiano o modelo de administración burocrática. Bajo este marco se construyó
una visión de administración que generó una ola de cambios en la mayoría de los Gobiernos a me-
diados del siglo pasado.
Como su nombre señala, estaba centrado en el pensamiento del sociólogo Max Weber, quien en su
obra Economía y sociedad, de 1921 (como se citó en Ramió 2016), dice:
[…] definió a la burocracia como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad,
la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia conseguida a través de la división prefijada
de las tareas, de la supervisión jerárquica, y de detalladas reglas y regulaciones. La burocracia
en sí es un tipo de gobierno. De esta manera Weber fue el diseñador del Estado moderno de
carácter impersonal por la vía de dibujar unas Administraciones públicas en su caracterización
de la burocracia típico-ideal; definió esta como un sistema dirigido a garantizar la racionalidad de
las acciones y de las relaciones de todos los participantes. Este tipo ideal se centraba en supri-
mir de los procesos de elección de todos y cada uno de los factores considerados irrelevantes
para el objetivo al que una organización burocrática determinada estaba dedicada y, muy en
23
especial, factores como las emociones, las lealtades individuales, las creencias o los valores
particulares de los empleados (pág. 5).
Este modelo trata de reemplazar la dominación carismática y tradicional por la legal y racional que
rige al modelo weberiano, la cual, articulada a través de la burocracia, se basaba en:
a. La definición del interés público desde la perspectiva fundamentalmente “administrativista”.

Esto implicaba reclutar, desarrollar y conservar expertos en el campo de la administración,
la ingeniería y el trabajo social.
b. El logro de resultados en función de las especialidades de los expertos y bajo una fuerte
orientación de inversión pública.
c. La legitimación de la selección de los expertos y funcionarios no electos en un Estado admi-
nistrativo.
d. La aplicación de sus conocimientos y normas profesionales a los problemas existentes en
sus campos de especialización (IDEA Internacional y Transparencia, 2009, pág. 16).
Bajo esa premisa su postulado es fundamentalmente administrativo y se concentraba, por ejem-

plo, en captar expertos para alcanzar resultados eficientes en función de sus especialidades, sepa-
rando claramente el rol de los profesionales (burócratas) de los políticos.
En ese orden de ideas, Weber, sin dejar de reconocer una serie de limitaciones del proceso burocrá-
tico y los burócratas, señalaba que el funcionario y el político son dos figuras profesionales distin-
tas y que había una serie de problemas que el burócrata no puede solucionar y que aquellos deben
ser resueltos por los políticos. El funcionario está supeditado y obedece a la ley, si no la Adminis-
tración pública se desmorona, mientras que el político, por su tipo de trabajo, rinde cuentas ante
sus seguidores, que podrían dejar de creer en él.
Su propósito de alcanzar la eficiencia se enfocaba en despersonalizar la gestión, así las personas

tenían como fundamento el cumplimiento de su rol conforme se les había asignado en un marco
normativo que definía estrictamente lo que debían ejecutar según el cargo, no habiendo espacio
para la deliberación. En consecuencia, teníamos una gestión donde los trabajadores públicos se
conducían conforme a las obligaciones jurídicas que tenían, y no se atendía a una misión.
Lo antes expuesto se debía a que el modelo weberiano estableció una distinción entre expertos y
tomadores de decisiones. Así, el experto (quien manejaba el tema de manera técnica) aplicaba lo
que el tomador de decisiones (el político) definía, y este último se comprendía que definía la agenda
en función de su apreciación de la realidad. Había una clara y profunda distinción.
De esta forma, los expertos tenían un rol claro y concreto, avocarse al cumplimiento de los seña-
lamientos políticos conforme a sus especialidades. En consecuencia, la distribución de tareas esta-
ba segmentada por diversas piezas estructuradas en un sinfín de procedimientos, cada uno con sus
24
propios objetivos y fines, que conformaban un tipo de gestión cuya meta era la de servir a la Admi-
nistración misma, la cual se centraba en los intereses inmediatos y en las expectativas de sus
funcionarios y directivos.
Como bien refiere Abellán-Artacho y Abellán (2020), una referencia, en el marco del vínculo entre
la democracia y la burocracia, es la relación que existe entre los políticos y los funcionarios. Para
Weber, si bien la burocracia no se genera como un ideal, considera que el proceso de democratiza-
ción de las sociedades, que se conceptualizaba en su tiempo como la ampliación del sufragio, iba
de la mano con el fortalecimiento del proceso de burocratización.
Así, por ejemplo, se amplía la base para el marco del criterio y mérito y se eliminan privilegios para
los procesos de elección de los funcionarios. De esta manera los partidos políticos iban ampliando
sus bases en el proceso de democratización y también burocratizándose para llegar a las masas.
En ese sentido, si bien la ideología democrática es una impulsora del proceso de burocratización, al
mismo tiempo es enemiga del dominio de la burocracia, pues desconfía de la casta burocrática, por
ejemplo, en los procedimientos disciplinarios, queriendo instaurar la destitución arbitraria o para el
caso del personal burocrático que no sea por procedimientos de méritos, sino que sea reemplazado
por el personal de confianza, en general se sustituye en poder del derecho por el poder de la arbi-
trariedad de los dominados (partidos políticos); pero aún más, de forma interesante nos señala que
esos dominados no son las masas (bases) de los partidos, sino los líderes de los políticos. Se hace
una reflexión, ya desde aquellos tiempos importante, por ejemplo, los partidos políticos eran cons-
cientes de que un ministro designado que no sea especialista del sector tenía serias desventajas
frente a un funcionario especialista del máximo nivel (burócrata), es el dominio del conocimiento de
los procedimientos (Abellán-Artacho y Abellán, 2020).
Con este modelo de burocracia se buscaba dar una respuesta a la ambición de la modernización del
Estado, aportando sistemática organizativa y abandonando la lógica natural de las organizaciones
que se estructuraban por intereses particulares y sentimientos individuales o colectivos de carac-
ter subjetivo. De esta forma, como se ha explicado unas líneas antes, se implantan principios de
jerarquía, buscando que en las organizaciones haya que asegurar el dominio de la política por enci-
ma del corporativismo de los empleados públicos, quienes ingresan a las organizaciones y sus
puestos por mérito y en su carrera administrativa son impecables e imperecederos. Pero esto últi-
mo también genera una vulnerabilidad en el sistema, pues puede ser cooptado por los cuerpos y sindi-
catos de empleados públicos y sus intereses (Ramió, 2016).
Ramió (2016) nos explica de forma precisa y clara las limitaciones de este modelo:
El modelo burocrático retiene, en este sentido, la semilla de la decadencia de la Administración

pública y del Estado: como afirma Fukuyama (2015), la decadencia política se expresa a través
de la rigidez institucional (imposibilidad de reformas) y repatrimonialización, pues quienes
25
tienen los resortes del sistema aguantan lo indecible. El modelo burocrático incentiva esta
disfunción y es incapaz de generar anticuerpos para superarla.
El modelo burocrático contribuye a diseñar un Estado muy fuerte aunque posteriormente se

vaya debilitando por las derivas y externalidades negativas del propio modelo. Facilita un domi-
nio absoluto de la política en sus decisiones sobre la organización en un sentido positivo ya que,
a su vez, mantiene a la política alejada del ámbito organizativo y de los temas más técnicos e
instrumentales. Se trata de un modelo que empodera tanto al poder político como a una blin-
dada dimensión estrictamente profesional. Con el mercado y con la sociedad mantiene una
relación muy distante, de casi absoluta separación. Con ello se evitan potenciales capturas
externas, pero también genera un autismo institucional muy negativo: el modelo es excesiva-
mente narcisista, suele olvidarse con facilidad de sus funciones básicas en su entorno económi-
co y social y trata a los ciudadanos como simples administrados. Otro problema es que no logra
evitar lógicas corporativas entre los funcionarios y determinados grupos de interés de carácter
económico y social (págs. 5-6).
Como se puede evidenciar, es un modelo rígido, no se adapta con facilidad a los cambios y, por ende,
no tiene una capacidad de respuesta rápida ante las emergencias o contingencias que surgen en
todas las sociedades, y que demandan análisis y soluciones multidimensionales.
Concidimos con Ramió (2016) cuando señala:
El modelo burocrático puede ser mejorado y superado en el futuro pero no del todo abandona-
do, al menos a nivel conceptual, ya que agrupa unos valores institucionales que son inamovi-
bles y que siempre hay que preservar (entre otros la jerarquía, la meritocracia y aspectos orga-
nizativos que aseguren la seguridad jurídica) (pág. 6).
1.3.3. El modelo gerencial y la nueva gestión pública
A. El modelo gerencial
Este modelo es conocido también como posburocrático y es el primer intento de superar al mode-
lo weberiano. Se produce a finales de los años ochenta y sobre este se origina la nueva gestión
pública.
Con relación a las principales ideas que nos trae este modelo, conforme lo señala Ramió (2016):
[…] destacan las siguientes: a) el desempeño de las organizaciones mejora cuando los gestores
saben lo que se espera de ellos (se han determinado objetivos concretos) y los resultados son
medidos con relación a tales expectativas. b) La gestión pública mejora cuando los gestores
26
disponen de cierta discrecionalidad y flexibilidad en el uso de los recursos para llevar a cabo sus
responsabilidades. La discrecionalidad y flexibilidad son controladas principalmente a través de
la evaluación de resultados. c) El desempeño mejora cuando las decisiones y controles se foca-
lizan en los resultados más que en los recursos o en los procedimientos (pág. 6).
Podemos señalar entonces que este modelo llegó a la gestión pública con una perspectiva innova-
dora para lo que en ese momento se practicaba en la Administración estatal, nos referimos a que
comenzaron a focalizar sus esfuerzos en cumplir con el objetivo de que la sociedad perciba los
beneficios del accionar público.
Bajo esta perspectiva se considera que los resultados de la gestión no se miden en términos de
tareas cumplidas, insumos o procedimientos, sino en la capacidad de generar cambios positivos
que tienen diversos impactos e implicancias en el contexto social, llegando incluso a influenciar la
mejora de la propia organización pública que los impulsa.
Este modelo no deja de lado los aspectos de desarrollo legal, pero le presta mayor atención a la eje-
cución de las labores que al apego a las normas; podría decirse que su agenda es alcanzar el mayor
impacto social posible tras su despliegue. Por ello se comienzan a concentrar más en aspectos que
permitan promover un mejor desempeño de la gestión e incentivan a los funcionarios y servidores
públicos a poner sus talentos a disposición del Gobierno para producir de mejor forma y con ma-
yor calidad a fin de que sus resultados tengan un nivel más trascendente para la sociedad. Reconoce
entonces que para la adecuada ejecución de las labores se requiere de liderazgos que establezcan
una conducción más estratégica de la gestión.
Si observamos un comparativo entre la visión weberiana y la gerencial o posburocrática, las distin-

ciones no solo son claras, sino que evidencian las ventajas de adaptarse a esquemas que permiten
un mayor progreso social.
Tabla 1.
Cuadro comparativo entre paradigma burocrático y paradigma posburocrático
Paradigma burocrático Paradigma posburocrático
• Interés público definido por los expertos • Resultados valorados por los ciudadanos
• Eficiencia • Calidad y valor
• Administración • Producción
• Control • Apego al espíritu de las normas
• Especificar funciones • Identificar misión, servicios
• Autoridad y estructura • Clientes y resultados
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Paradigma burocrático Paradigma posburocrático
• Justificar costos • Entregar valor (valor público)
• Construir la rendición de cuentas

• Implantar responsabilidad
• Fortalecer las relaciones de trabajo
• Entender y aplicar normas

• Seguir reglas y procedimientos • Identificar y resolver problemas
• Mejora continua de procesos
• Separar el servicio del control

• Lograr apoyo para las normas
• Ampliar las opciones del cliente
• Operar sistemas administrativos • Alentar la acción colectiva
• Ofrecer incentivos
• Evaluar y analizar resultados
• Practicar la retroalimentación
Fuente: tabla adaptada de Programa de formación: desarrollo de capacidades para el fortalecimiento de las organizaciones políticas,
IDEA Internacional y Transparencia, 2009, Lima, Perú, pág. 18.
B. La nueva gestión pública
La nueva gestión pública (NGP) se basa en atender y satisfacer las necesidades de la ciudadanía
aplicando principios, mecanismos y procedimientos que han sido exitosos en el plano de la activi-
dad privada y que esta introduce en la gestión pública para que se garantice un accionar eficiente,
eficaz y oportuno.
Ahora bien, uno de los principales precursores de la idea de la nueva gestión pública, Aucoin, quien
fuera citado por Brugué y Subirats (1996), señala que el surgimiento de la nueva gestión pública es
la expresión de una forma diferente de definir la Administración, enfocándose en disminuir costos,
midiendo el desempeño realizado y los resultados alcanzados en términos de satisfacción de la
ciudadanía.
Como afirma Guerrero (1999), la NGP va a buscar apartarse de la visión weberiana. Con ello se
pretende dar paso a un nuevo enfoque más proactivo que busca entender y atender a las demandas
ciudadanas empleando criterios económicamente más efectivos para su desempeño.
Por su parte, Barzelay (2003) señala que cuando se habla de nueva gestión pública debemos en-
tender que se han tomado un conjunto de decisiones sobre políticas públicas que han motivado un
reajuste sustancial en el ejercicio del Gobierno y la gestión del sector estatal.
Otro enfoque que también recoge la NGP es el de la “Reinvención del Gobierno”, difundido por Os-
borne y Gaebler, a los cuales Chica Vélez (2011) parafrasea de la siguiente forma:
28
• Los ciudadanos, entendidos como clientes, deben ser puestos en primer lugar. Estos se de-
ben identificar respecto a los productos y servicios que presta la organización.
• Se deben eliminar los procedimientos burocráticos. Reducción de trámites en los pasos y
operaciones organizacionales.
• Se debe procurar dar un mayor poder a los empleados, eso con el fin de obtener resultados
y para lo cual se debe también volver a lo esencial (pág. 62).
En ese orden de ideas, la NGP agrupa muchas corrientes y modelos de gestión diferentes; algunos
con enfoques más neoempresariales y otros, denominados neopúblicos, que ponen más énfasis a
aspectos como la racionalización, el control de la externalización de los servicios públicos, la repo-
litización, la participación ciudadana y la ética en la gestión pública. Pero como señala Ramió
(2001), las corrientes neoempresariales representan la mayor parte de la literatura y suelen ser la
fuente de inspiración directa de un significativo número de equipos de gobierno de nuestras admi-
nistraciones. Así, las corrientes neoempresariales tienen como principales características:
- Filosofía de “no remar”, sino hacer que los otros “remen”: el Estado relacional y la sociedad
del bienestar, más que el Estado intervencionista y del bienestar.
- Fomentar la mutación de las Administraciones públicas al pasar de proveedoras de servi-
cios públicos a intermediarias que “venden” servicios.
- Adopción del lenguaje y los conceptos del sector privado.
- La reducción de la relación entre la Administración y la ciudadanía a la relación Administra-
ción-clientes.
- Fragmentación de la Administración en unidades más pequeñas con una creciente autono-
mía respecto a la gestión económica, patrimonial, laboral, etc., para que estas se especiali-
cen en la producción de una gama determinada de servicios y se reajusten con más facilidad
a las necesidades de los clientes de los servicios públicos.
- Todo lo anterior se materializa en organismos que tienen unas formas jurídicas alejadas en
mayor o menor grado del derecho público (pág. 4).
La NGP entiende que es indispensable brindar servicios de mayor calidad, con transparencia y for-
taleciendo los mecanismos de control; a su vez, se alienta que se fomente una participación ciuda-
dana más activa, que sea consciente de su rol propositivo para alcanzar los cambios esperados. Así,
este modelo promueve el cambio en la organización y gestión de las Administraciones públicas,
incorporando, como ya se ha mencionado, métodos más dinámicos, rápidos y sinérgicos, teniendo
como premisa alcanzar el éxito y tomando, para ello, una serie de técnicas o herramientas que han
funcionado en el mundo privado; y, al mismo tiempo, aplican medios de articulación con los actores
no gubernamentales para que sean parte de los procesos de cambio y generen valor respecto a su
aplicación y resultado.
De esta forma, los parámetros en los que se desenvuelve la nueva gestión pública redimensionan
la actuación de las entidades gubernamentales para transformarlas y conseguir una construcción
29
que sea capaz de tener mayor sensibilidad a la problemática social y responder a esta de manera
eficiente, eficaz y oportuna.
Otros aspectos importantes por resaltar que nos trae la NGP, en su proceso de incorporación a las
Administraciones públicas, conforme lo señala IDEA Internacional y Transparencia (2009), son:
a. La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.

b. La gradual eliminación del modelo burocrático hacia una gestión por resultados.
c. La creación del valor público.
d. El desarrollo de las instituciones y dimensionamiento adecuado del Estado.
e. El mejoramiento de las conquistas macroeconómicas y la equidad social (pág. 19).
En síntesis, este modelo comprende que su responsabilidad no se orienta solo al cumplimiento de

mandatos, sino que debe alcanzar resultados eficaces y eficientes, económicamente más produc-
tivos, por lo que se entiende que el proceso de cambio debe reemplazar la burocracia tradicional
por un Gobierno más competente, transparente y que lleve servicios de calidad a la ciudadanía, de
ahí que la gestión por resultados sea uno de los aspectos claves para su implementación.
Es así como desde esta nueva concepción hay que tener presente la concurrencia de diversos en-
foques que le han ido dando forma y sentido al paradigma de la nueva gestión pública, así tenemos
la gestión por resultados, la creación de valor público y la gestión por procesos, entre otros. Para
comprender mejor estos aspectos, pasaremos en el siguiente acápite a comentar —de manera
sucinta— el sentido y desarrollo de los principales enfoques mencionados.
1.3.3.1. Enfoque de la gestión por resultados
Este es un enfoque que se desarrolla dentro del contexto de la nueva gestión pública; su ejecución
implica el que se conjeture una Administración con instituciones públicas orientadas al cumpli-
miento de medidas estratégicas previstas en un plan de gobierno u otros instrumentos de gestión
que permitan identificar un norte claro y aspectos verificables de ser cumplidos.
Este tipo de gestión exige un marco sinérgico de actuación, donde se deja de lado la verticalidad de
funciones para construir vínculos de esfuerzo conjunto que se soporten en procesos múltiples que
confluyan para obtener las metas deseadas.
Así, podemos colegir que la agenda que atiende la gestión por resultados:
Hace énfasis en la superación de problemas socialmente relevantes como: la superación de la

pobreza; el crecimiento económico sostenible; el mejoramiento en la calidad de vida; el incre-
mento de la esperanza de vida; el aumento de los promedios de escolaridad; la disminución del
costo de operación gubernamental; y el mejoramiento de la definición y medición de los
30
resultados de desarrollo por parte de las instancias estatales y supraestatales (Chica Vélez,
2011, pág. 66).
1.3.3.2. Enfoque de la creación de valor público
A la gestión por resultados debemos sumarle otro enfoque estratégico que ha contribuido al forta-
lecimiento y desarrollo de la concepción de la nueva gestión pública, nos referimos a la creación del
valor público.
Este concepto podemos describirlo siguiendo a Barzelay (1998), quien refiere que los servidores
públicos, al reflexionar sobre la razón de ser de la acción gubernamental, deben tener presente los
conceptos de producto o servicio, calidad y valor.
Esto nos remite a lo expuesto por Moore (1995), quien entiende:
La gestión pública como una acción estratégica, orientada a resultados que son demandados
por la sociedad. En este sentido, sostiene, el gerente público es un actor que debe explotar el
potencial del contexto político y organizativo en el que está inmerso con el fin de crear valor
público (pág. 18).
Sin embargo, no es posible definir el término “valor público” de una manera parametrizada o abso-
luta, pues no se asocia a una sola circunstancia, sino que, más bien, se asocia al posible efecto que
alcancen las acciones de las organizaciones públicas en su despliegue hacia la sociedad y sobre
todo al nivel de satisfacción que estas alcancen.
1.3.3.3. Enfoque de la gestión por procesos
Finalmente, un aspecto que no puede dejar de mencionarse es el de la gestión por procesos, la cual
construye articulaciones ordenadas y organizadas de forma estratégica sobre las que se desen-
vuelve la actividad gubernamental para alcanzar sus objetivos y fines. Para exponer esto en térmi-
nos sencillos, cabe remitirnos a lo señalado por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros (2020), que señala que: “La gestión de procesos tiene como
propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera
transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos
institucionales” (pág. 8).
Esta forma de gestión permite construir espacios de trabajo organizados para crear información y
producir resultados coherentes tras el despliegue del aparato gubernamental. Para ello se necesi-
ta una visión estructural de las cosas para dimensionar su naturaleza, sentidos, alcances, variacio-
nes y costos, entre otros, y ponerlos en marcha de manera que respondan con simpleza, rapidez,
31
concatenación razonable de los elementos y dinamicidad, a fin de obtener resultados mediante el

ejercicio de esfuerzos debidamente necesarios.
Es importante señalar que este enfoque se origina en los procesos de organización industrial, don-
de se enfatiza la estructura organizacional como necesaria para alcanzar los objetivos, no partien-
do desde la eficiencia individual, sino de la eficiencia de la totalidad de la estructura.
En general, este enfoque también contribuye a la conformación de la nueva gestión pública, siendo
más una herramienta de construcción de acciones organizadas en ese marco de generación de si-
nergias que se requieren articular para que el aparato gubernamental responda de manera eficien-
te y eficaz.
1.3.4. El modelo de gobernanza
Este modelo surge también, en la década de los noventa, cuando ni siquiera se había terminado de
consolidar la NGP.
Como bien lo define Ramió (2016):
La gobernanza es un intento de configurar espacios públicos deliberativos en los que puedan

interactuar los distintos niveles de Administraciones públicas, los agentes económicos y socia-
les y la sociedad civil, para afrontar los desafíos que tiene planteados la sociedad actual, en un
entorno dominado por los fenómenos de la globalización-localización (pág. 8).
Tiene en consideración que el elemento democrático es fundamental, representada en la transpa-

rencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, lo cual contribuye con el principio de
legitimidad, no siendo suficiente solo con eficacia y eficiencia. Además, los ciudadanos salen del
proceso de clientelización y recuperan sus derechos políticos, en tanto pueden participar de distin-
tas formas, y con diferentes intermediarios, y también de manera directa, en el espacio de debate
e influencia política.
Ahora bien, este modelo es apoyado por diversos sectores de la sociedad, ya que desde una pers-
pectiva conceptual seduce y entusiasma que los actores, desde el mercado y la sociedad civil orga-
nizada, hagan llegar sus aportes en la construcción de políticas públicas, es decir, que participen de
manera directa e indirecta en el ciclo de las políticas públicas y tengan un rol activo en los procesos
de evaluación y control de su implementación.
Este modelo pone en evidencia que los medios o herramientas planteadas por los sistemas políti-
cos partidarios y por el propio Estado vienen fracasando en sus intentos por representar y recoger
32
las propuestas de diversos sectores sociales, los cuales han ido cambiando drásticamente dado el
proceso de globalización, el impacto de las TIC, los movimientos migratorios, etc.
Resulta interesante recoger lo que señala Ramió (2016) respecto del modelo de gobernanza y la
política:
[…] fomenta indirectamente la intromisión de la política en el seno de la Administración pública.

Como la política es impotente para adoptar las grandes decisiones y soluciones, los líderes
políticos se refugian en la técnica y en la toma de pequeñas decisiones. Representa una funcio-
narización de la política que debilita todavía más a la Administración pública y al Estado.
Es muy probable que el modelo de la gobernanza haya llegado para quedarse y seguramente
será una de las grandes opciones de futuro tanto para el Estado como para sus Administracio-
nes públicas.
[…]
El modelo de gobernanza es, en cambio, inexistente en la Administración pública. Es una para-

doja: la Administración pública opera dentro de un modelo de gobernanza, pero no ha asumido
en su seno este modelo (no posee ni la capacidad de relación ni la inteligencia institucional para
maniobrar en este sistema) (págs. 10-11).
Un aspecto que resaltar es que este modelo busca superar en enfoque de compartimientos estan-
cos para abordar los problemas y propuestas de solución desde el Estado, ahora bien, esa interre-
lación debe ser activa con el mercado y la sociedad civil, lo cual se ha visto favorecido por las TIC
y, además, los ciudadanos reclaman más información y participación (debatir, opinar, decidir y co-
gestionar) a los tomadores de decisiones.
Es importante mencionar que existen diversos autores que hablan de otros modelos o enfoques,
como el modelo de la nueva gobernanza, que tiene como discurso principal:
Aumentar la efectividad y legitimidad, a través de la inclusión de actores sociales en el ciclo de

las políticas públicas y priorizando una operación flexible bajo esquemas de coordinación hori-
zontal. Ello genera una visión inclusiva sobre la amplia gama de organizaciones y actores que
participan en la gobernanza de sociedades complejas y pluralistas.
Además, han establecido que cuentan como mecanismo de coordinación a las: “redes de cola-
boración, asociaciones público-privadas e integración de servicios entre múltiples entidades
públicas” (Ugarte, Rivero y Bautista, 2020, pág. 7).
33
Desde nuestra perspectiva, esta denominación seguiría encajando en el modelo de gobernanza que
hemos explicado líneas arriba.
De igual forma, también se plantea el modelo del neoweberiano, que tiene como discurso principal:
Modernizar la Administración pública al contar con una burocracia profesional, ética y proba,
que goce de estabilidad y línea de carrera. Se ha de impulsar bajo esquemas de representación
y bases de legitimidad sólidos para conectar las intervenciones del Estado con las valoraciones
de los ciudadanos, y evitar la inercia organizacional.
Y cuyo mecanismo de coordinación es el: “Ejercicio de autoridad, a través de la jerarquía impar-

tida por funcionarios públicos imparciales. Roles y responsabilidades de tipo político y adminis-
trativo están claramente definidos y divididos. La actuación es configurada en base a ley” (Ugar-
te, Rivero y Bautista, 2020, pág. 7).
Existe una situación similar respecto a la NGP, pues algunos hablan de la existencia de una llama-
da reconceptualización de la NGP como innovación, siendo debatida y cuestionada por Iglesias,
quien desarrolla la NGP y la innovación en el sector público (Iglesias, 2020).
Finalmente, queremos mostrar en este devenir del tiempo la evolución de los modelos que las
Administraciones públicas han ido asumiendo y que subsisten en parte; algunos se encuentran aún
en proceso de implementación y tienen diversos espacios en el Estado donde coexisten.
Ahora pasaremos a desarrollar los antecedentes y el contexto del proceso de modernización en la

gestión pública del Perú.
1.4. ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA

GESTIÓN PÚBLICA DEL PERÚ DEL SIGLO XXI
En la década de los noventa se sentaron las bases de un proceso que dictó una nueva agenda para
reformar la gestión pública. Para ello se estableció una nueva Constitución Política de Perú en 1993
que redefinió el rol del Estado en la economía y se reestructuraron las entidades públicas en la
búsqueda de una reducción del Estado, para priorizar y resaltar su rol de ente regulador y de pro-
motor de la inversión; así se reducía su capacidad ejecutora y se brindaba un espacio fuerte y am-
plio al mercado y su autorregulación. Sin embargo, cabe mencionar que se crearon también figuras
como los organismos reguladores y la Defensoría del Pueblo para equilibrar la relación entre el
ciudadano, el mercado y el Estado.
34
Se introducen así una serie de recomendaciones que se asumen e implementan en el marco del
Consenso de Washington4, que sustenta las llamadas reformas de primera (políticas de estabiliza-
ción y reformas estructurales que resaltan los aspectos económicos y el rol mínimo del Estado),
las cuales nos permiten reingresar al mercado financiero internacional y estabilizar y reactivar
nuestra economía afectada por el terrorismo, el no pago de la deuda externa y la hiperinflación.
Es interesante mencionar que la aplicación de estas reformas fue avalada y propiciada ampliamen-
te por los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI), para toda América Latina y como requisitos necesarios para la reinserción al mercado
internacional.
Estos procesos de reforma estructurales requieren de amplios consensos y tiempo para su imple-
mentación, y si bien tuvieron impactos positivos en la economía de los países de América Latina, entre
ellos el Perú, es cierto que las políticas propuestas por el Consenso de Washington no eran suficien-
tes. Fue entonces necesario pensar en reformas más profundas que permitieran un funcionamiento
adecuado del sistema de mercado en las economías capitalistas de los países subdesarrollados.
Es así como los mismos organismos internacionales y diversos autores, a inicios de los años noven-
ta para América Latina y a fines de esa década para el Perú, nos hablaron de la necesidad de imple-
mentar un Posconsenso de Washington o las llamadas reformas de segunda generación.
Tanto James Wolfensohn, presidente del Banco Mundial de 1995-2005, como Michei Camdessus,
presidente del FMI de 1987-2000, señalaban de forma general (como se citó en Schuldt, 2000) que
en el marco del proceso de globalización, y dadas las crisis financieras de México en 1994 y del
sudeste asiático en 1997, se hacía evidente la necesidad de fortalecer la lucha contra la pobreza.
Así era necesario implementar nuevas medidas (que no necesariamente eran consecutivas a las
reformas de primera generación) que debían coadyuvar a que un país alcance de forma sostenida
un crecimiento de alta calidad, siendo necesario para ello contar, además, con políticas macroeco-
nómicas adecuadas, instituciones sociales, políticas y sociales consolidadas, y el centro de las po-
líticas debe ser la reducción de la pobreza.
Se centran entonces en la importancia de la estructura de las instituciones, en la mejora de las

funciones administrativas y en las capacidades legales y regulatorias del Estado. Deben estable-
cerse mecanismos que generen los incentivos y acciones que son requeridos para desarrollar el
4. El Consenso de Washington tenía entre sus principales políticas, con relación al campo de las políticas públicas: aus-
teridad y disciplina fiscal; la reforma fiscal; la reorientación del gasto público hacia áreas de alto rendimiento económico
para mejorar la distribución del ingreso (adopción del método de caja); la reforma tributaria, que implicaba el aumento de
impuestos indirectos, simplificación, eliminación de exoneraciones, etc.; la privatización de las empresas públicas y can-
celación de la banca estatal de fomento. En materia de intercambios internacionales: la unificación de los tipos de cam-
bio; la liberalización comercial; la liberalización financiera; la apertura a la inversión extranjera directa. Respecto a la
competencia y la propiedad: la desregulación de los mercados, es decir, libre entrada y competencia, así como las garan-
tías a los derechos de propiedad (Schuldt, 2000, págs. 151-152).
35
sector privado y la capacidad institucional de las reformas. Se reconoce que sin instituciones fuer-
tes no se puede contar con reformas fuertes y sostenibles y se admite la importancia de los con-
sensos sociales para el proceso de implementación de las reformas: “1) Reforzar la gobernabilidad
y la calidad del Gobierno; 2) disponer de un sistema legal y de administración de justicia adecuado;
3) afrontar el problema de la corrupción; 4) un marco social que permita tratar los problemas de la
pobreza” (Schuldt, 2000, págs. 156-157).
En el Perú, sin embargo, las circunstancias de orden social, histórico, político y económico dotan al
proceso de peculiares características, en cuyo contexto se fueron introduciendo reformas de primera y
segunda generación, de modo casi simultáneo (Vegas, 2005). Se introducían pues procesos de reduc-
ción de la burocracia y privatización (reformas de primera generación), y al mismo tiempo se descon-
centraban como inicio de un proceso de descentralización, creando más burocracia a través de los
Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). Se creaban agencias autónomas de alta
exigencia técnica y con parámetros de reclutamiento, como la agencia tributaria del país (Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria [SUNAT]), con una autonomía muy amplia.
Es así como en este contexto de reformas estructurales de primera y segunda generación se intro-
ducen determinados aspectos de la nueva gestión pública (NGP), implementándose una serie de
mejoras en algunas instituciones, como el Banco Central de Reserva (BCR), u organismos regula-
dores, la SUNAT, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad intelectual
(INDECOPI), entre otros, altamente técnicos, lo cual era coherente, en tanto se habían iniciado
grandes procesos de privatizaciones y concesiones que requerían una nueva y reforzada estructura
de la Administración pública (reforma institucional) para dar soporte a las reformas estructurales
como la tributaria, libre competencia, etc.
Para la conformación de estas entidades, por ejemplo, se aplicaban principios de autonomía y ges-
tión propios de la NGP, se establecieron indicadores de desempeño, exigentes procedimientos de
captación, programas de capacitación, políticas de evaluación, programas de incentivos y para el
recurso humano, entre otros5.
Podemos afirmar, en términos generales, que la mejora en la Administración pública fue entendida
en este periodo como un conjunto de líneas de mejora de la gestión para procurar la simplificación
administrativa, la calidad del gasto público, el perfeccionamiento de la estructura de las institucio-
nes del Estado, etc., que después de algunos años (hacia inicios del siglo XXI) adoptó un tamiz ho-
lístico e integral que conllevó el inicio de un tratamiento y el establecimiento de una visión para
abordar la modernización de la gestión pública como un proceso trascendente que buscara marcar
un cambio en la conducta del aparato gubernamental en el Perú poniendo al ciudadano como cen-
tro de su servicio.
5. Cabe mencionar que con el transcurso del tiempo estas políticas de NGP se fueron diluyendo o debilitando en las di-
versas instituciones que las aplicaron en el momento de su creación o en sus procesos de reforma.
36
1.5. EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

EN EL PERÚ DEL SIGLO XXI
A continuación detallaremos el proceso de la modernización de la gestión pública en el Perú desde

el año 2000 hasta julio de 2021, que constituye el periodo de la presente investigación.
Este apartado se centra en un resumen de los antecedentes desarrollados por la SGP (2021i), así
como los aportes de Ugarte, Rivero y Bautista (2020) y el estudio de la OCDE (2016) sobre Gober-
nanza pública: Perú. Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo.
De modo general, abordaremos como parte del contexto las reformas administrativas generales
que se han realizado durante este periodo, además del desarrollo normativo del proceso de moder-
nización en sí mismo.
Ahora bien, en el año 2000, se tomaron las primeras medidas normativas que permitieron insti-
tucionalizar la modernización de la gestión pública como una función permanente del Estado.
Esto se realizó dotando de nuevos roles a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de los
literales: g), h) e i) del artículo 4.o del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Pre-
sidencia de Consejo de Ministros (PCM), aprobado por Decreto Supremo 004-2000-PCM, publi-
cado el 15 de febrero de 2000:
Artículo 4. Las funciones de la PCM son las siguientes:
g) Asesorar a las entidades públicas en materia de simplificación administrativa y evaluar de

manera permanente sus procesos de simplificación administrativa.
h) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa.
i) Promover la mejora de la gestión pública, la calidad del gasto público, el perfeccionamiento
de la organización de las entidades públicas y la eficiencia de los procesos y sistemas adminis-
trativos […].
En la misma norma, se crea la Dirección General de Gestión Pública como:
El órgano encargado de conducir y realizar las acciones tendientes a la mejora permanente

de la Administración pública señalado en el artículo 18.o del ROF de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros. Se le asignan funciones vinculadas principalmente a la simplificación admi-
nistrativa y la mejora de la estructura y organización de las entidades públicas.
En el año 2001 se publica la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que aborda
con énfasis lo referente a la simplificación administrativa.
37
En el año 2002, el proceso de modernización de la gestión pública comenzó a tomar una forma más
relevante y se marcó un hito relevante con la dación de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización
de la Gestión del Estado, la cual “declaró al Estado peruano en proceso de modernización en sus
diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad
de mejorar la gestión pública y construir un Estado al servicio del ciudadano”6. Un aspecto clave de
este nuevo proceso es su enfoque de servir mejor al ciudadano, de ahí que el proceso de cambio
asumiera un nuevo giro en la manera en que se enfocó la gestión pública en el Perú, aunque sin
obtenerse los resultados esperados.
Esta norma marcó un antes y un después en lo que se refiere a la modernización de la gestión pú-
blica en el país, dado que por primera vez se constituyó un marco normativo que definiría la orien-
tación que tendría el proceso de modernización; asimismo, se determinaron sus alcances y se defi-
nieron los principios que lo guiarían.
En el mismo año, a nivel macro se produjo una reforma sustancial en la Constitución, pues se aprobó
la Reforma Constitucional para la Descentralización Política y Administrativa mediante la Ley 27680; la
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización; la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización
Territorial; la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y la Ley 27972, Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, lo cual supuso una serie de reformas en la Administración central y subnacional, para
dar inicio, entre otros, a la transferencia de funciones.
Otra línea importante fue la creación del Foro del Acuerdo Nacional, en el año 2002, que tradujo
sus acuerdos en un conjunto de políticas de Estado, las cuales fueron elaboradas con base en el
diálogo y consenso de diversos actores políticos y representantes de la ciudadanía organizada; ello
con la finalidad de definir las líneas maestras para conducir al desarrollo del país y afirmar la go-
bernabilidad democrática. Actualmente, el Acuerdo Nacional (2014) tiene cuatro objetivos y treinta
y cinco políticas, las cuales enunciamos en el anexo 2 del presente trabajo.
Para el año 2004, se aprueba la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pú-
blico, y la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, que buscaba implantar un proceso meritocrá-
tico para los servidores públicos. En el año 2005 se aprueba la Ley 28522, Ley del Sistema Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico, que perseguía programar y alinear los objetivos a corto, medio
y largo plazo del Gobierno nacional y subnacional en sus diversas entidades públicas.
Posteriormente, en el año 2007, se promulgó la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(LOPE), la que también define principios para la actuación del Poder Ejecutivo, destacando el prin-
cipio de servicio al ciudadano, el cual expresa que “las entidades del Poder Ejecutivo están al ser-
vicio de las personas y de la sociedad”7. En esta norma también se señala que la modernización de
6. Numeral 1 del artículo 1.o de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
7. Artículo II de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
38
la gestión pública es uno de los sistemas administrativos del Estado y establece otros adicionales
como los de abastecimiento, tesorería, planificación y presupuesto, entre otros.
En el mismo año, se establecen las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, aprobado

mediante Decreto Supremo 027-2007-PCM, que tiene un fuerte enfoque de simplificación adminis-
trativa. Se aprueba también la Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo. Ambas normas fueron
posteriormente derogadas.
Las reformas administrativas públicas continúan en diversos aspectos, así para el año 2008, me-
diante el Decreto Legislativo 1023 se aprueba la ley que crea la Autoridad Nacional del Servicio
Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos (Ley Servir), y respecto
a la infraestructura pública y la prestación de servicios públicos con participación del sector priva-
do se promulga el Decreto Legislativo 1012, Ley Marco de las Asociaciones Público-Privadas, que
luego fue derogada en el año 2015 por el Decreto Legislativo 1224, hasta llegar a la norma vigente
sobre la materia en el año 2018, Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión
privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
Respecto a la reforma pública administrativa de simplificación administrativa, en el año 2010 se apro-

baría, mediante Decreto Supremo 025-2010-PCM, la Política Nacional de Simplificación Administrati-
va y su respectivo plan, mediante Resolución Ministerial 228-2010-PCM, normas que serían derogadas
en el marco del Decreto Supremo 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública y su respectivo plan aprobado mediante Resolución Ministerial 125-2013-PCM.
Luego, en 2011, mediante Decreto Supremo 054-2011-PCM, vio la luz un instrumento que a pesar
de las intenciones y discursos no tuvo el nivel de impacto y cumplimiento esperado, hablamos del
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, también denominado Plan Bicentenario.
Este instrumento buscó trazar un camino orientador, estructurado y planificado para encaminar el
país hacia el bicentenario. Para ello se trazaron seis objetivos:
1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas.

2. Oportunidades y acceso a los servicios.
3. Estado y gobernabilidad.
4. Economía, competitividad y empleo.
5. Desarrollo regional e infraestructura.
6. Recursos naturales y ambiente (CEPLAN, 2011).
Como se observa, este instrumento también mostró una orientación hacia un Estado más preocu-
pado por las necesidades ciudadanas y por prestarle mejores servicios. Sin embargo, como hemos
señalado y veremos en los hechos más adelante, lamentablemente, esto no se concretó de mane-
ra regular ni contundente.
39
En el año 2012, se aprueba la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública mediante Decreto

Supremo 109-2012-PCM, que establece como acciones prioritarias la formulación y aprobación de
la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación; además
de la adecuación del marco normativo que regula la estructura, organización y funcionamiento del
Estado, la mejora en la calidad de servicios y el Gobierno abierto. Esta reconoce que el Estado con-
tinuaba actuando de manera desarticulada e ineficiente, especialmente en la provisión de bienes y
prestación de servicios públicos, por lo que se estima pertinente impulsar una reforma mayor para
contar con un Estado moderno, eficiente, descentralizado, unitario, inclusivo y abierto.
Así se señala que la reforma del Estado implica:
Una transformación sustantiva de algunos de los roles básicos del Estado actual (planificador,
propietario, agente económico, normativo de los sistemas político-institucional, económico y/o
social, administrador de sus estructuras y/o controlador de su funcionamiento, etc.). Es un proce-
so que conduce a cambios sustanciales en la forma como se organiza y distribuye el poder políti-
co, en la estructura y funcionamiento del aparato estatal, en las reglas que enmarcan el vínculo
con los trabajadores del sector público, y en la forma en la que el Estado se relaciona con los
ciudadanos, atiende sus demandas y garantiza sus derechos básicos (USAID, 2011, pág. 10).
En el mismo año, 2012, se promulgaría el Decreto Legislativo 1211, que establece el fortalecimien-
to e implementación de servicios públicos integrados a través de Ventanillas Únicas e intercambio
de información entre entidades públicas.
En el año 2013, en lo que respecta al Gobierno digital mediante Decreto Supremo 081-2013-PCM,
se aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017, y en materia de recursos hu-
manos se aprueba la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.
En el mismo año, 2013, se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rum-
bo a 2021, a través del Decreto Supremo 004-2013-PCM, adquiriendo este la calidad de ser el
instrumento más importante para definir la conducción estratégica del proceso de modernización
del Estado, al mismo tiempo que determina los objetivos y lineamientos para la actuación del sec-
tor público y ponerlo al servicio de los ciudadanos.
Con este instrumento se tiene una visión coherente y articulada de hacia dónde se pretende que
camine la gestión pública en el Perú, ya que la PCM ha definido que la modernización se avoca a
una gestión por resultados orientada al servicio de los ciudadanos, donde las autoridades, los fun-
cionarios y los servidores públicos son responsables de su ejecución.
Esta política, conforme lo ha definido la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, cuenta con cinco
pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio, tal como se puede observar en
la figura 2:
40
Figura 2.
Pilares y ejes de la política de la modernización
3 Ejes
5 Pilares centrales
transversales
Gobierno abierto
Primer pilar Segundo pilar Tercer pilar Cuarto pilar Quinto pilar
Políticas Presupuesto Gestión por Servicio Civil Sistema de
Gobierno públicas, para procesos, Meritocrático información,
planes resultados simplificación seguimiento,
electrónico estratégicos y administrativa monitoreo,
operativos y organización evaluación y
institucional gestión del
conocimiento
Articulación
interinstitucional
Gestión del cambio
Fuente: adaptación del gráfico proporcionado por la Presidencia del Consejo de Ministros8. Elaboración propia.
Mediante la Ley 30039, de 7 de junio de 2013, se modifica la Ley 27658 incorporando a los Gobier-
nos regionales y locales en la Estrategia del Proceso de Modernización de la Gestión del Estado, así
se establece como estrategia del proceso de modernización lo siguiente:
El proceso de modernización de la gestión del Estado se apoya en la suscripción de convenios

de gestión y en la implementación de programas piloto de modernización en los distintos sec-
tores de la Administración pública central, en todas sus instancias, de acuerdo con lo dispuesto
en la presente ley. Estos últimos implican una reorganización integral del sector, incluyendo
aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros9.
Ahora bien, hay que tener en cuenta el Acuerdo entre la República del Perú y la OCDE, el mismo que
fuera suscrito el 8 de diciembre de 2014, y ratificado mediante Decreto Supremo 004-2015-RE. Es así
como, desde ese año en adelante, los diversos Gobiernos han manifestado su respaldo y voluntad, en
torno a que el Perú forme parte de la OCDE, situación que no ocurre desde hace cerca de ocho años,
pero que ha impactado en diversos aspectos normativos, organizacionales y de política pública del Perú.
En el año 2015, mediante Decreto Supremo 086-2015-PCM se declararon de interés nacional las
acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en el marco del proceso de vinculación del Perú
con la OCDE.
8. Para más información, ver la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021:
https://sgp.pcm.gob.pe/politica-nacional-de-modernizacion-de-la-gestion-publica-al-2021/
9. Artículo 12.o de la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
41
Esto tiene una trascendencia especial dado que el Gobierno peruano solicitó a la OCDE que desa-
rrollara una serie de estudios en el marco del Programa País, siendo uno de ellos un estudio deno-
minado Gobernanza pública: Perú. Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo (OCDE,
2016)10, el cual abordaba una serie de recomendaciones en materia de la reforma de la gobernanza
pública, el Centro de Gobierno, la planificación estratégica y el seguimiento y evaluación de políti-
cas públicas. Así analiza la implementación de una descentralización efectiva con relación a los
logros y retos en la gobernanza multinivel, y también estudia lo referente al servicio civil y la inte-
gración del Gobierno digital y el Gobierno, abiertos a la modernización del sector público.
De esta manera, se establecen una serie de recomendaciones, que para el caso de la materia de la
investigación se centran en el desarrollo del Centro de Gobierno. Sin embargo, es interesante men-
cionar que, en el marco de las recomendaciones de la OCDE en sus diversos estudios del Programa
País, se realizan una serie de ajustes, por ejemplo, en el año 2016 se introduce lo referente a la
calidad regulatoria, a través del Decreto Legislativo 1310, que aprueba medidas adicionales de
simplificación administrativa y perfecciona el marco institucional y los instrumentos que rigen el
proceso de mejora de la calidad regulatoria.
En el año 2017, a través del Decreto Supremo 022-2017-PCM, se produjo la modificación de la es-
tructura orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros, cambiando el Reglamento de Organi-
zación y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, para fortalecer sus marcos de acción
e intervención, a fin de transformarlo en un Centro de Gobierno, acogiendo las sugerencias de la
OCDE.
Esto se desarrolló atendiendo a que el artículo 17 de la LOPE establece que la PCM es responsable
de las coordinaciones de las políticas nacionales y sectoriales, así como de la organización con los
demás poderes del Estado y entidades públicas de todo tipo y nivel de gobierno11. Además, el estu-
dio de gobernanza pública de la OCDE hizo recomendaciones para mejorar el diseño institucional
de la PCM, a fin de optimizar sus capacidades y fortalecer sus competencias de articulación.
De esta forma, al convertir a la PCM en un Centro de Gobierno se buscó concretar que existiera
coherencia en la conducción administrativa que lidera el Gobierno y cumplan los fines y prioridades
de gestión a favor de los ciudadanos.
10. Ver: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru_

9789264265226-es#page4
11. Ver: Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
“Artículo 17. Presidencia del Consejo de Ministros.
La Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sec-
toriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales,
Gobiernos regionales, Gobiernos locales y la sociedad civil. El presidente del Consejo de Ministros es el titular de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. Su organización y funciones se regulan mediante decreto supremo con el voto aproba-
torio del Consejo de Ministros”.
42
En el año 2018, a través del Decreto Legislativo 1446, se modificó, nuevamente, la Ley Marco de Mo-
dernización de la Gestión del Estado (LMMGE), incorporándose en la ley el artículo 5-A12 que contex-
tualiza el rol del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ratificando que este
tiene como finalidad velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios a los ciudadanos.
Como bien señala la Secretaría de Gestión Pública (2021), con esta modificación se busca integrar
y desarrollar el funcionamiento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública,
que se habría creado en el año 2008 en la LOPE, y así diez años después se modifica la LMMGE y se
incorporan la finalidad y los ámbitos de aplicación del mencionado sistema, en razón de que existía
una dispersión en torno a sus materias y se dificultaba la comprensión de sus alcances. Por tanto,
se tiene en cuenta la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y las materias asig-
nadas a la Secretaría de Gestión Pública en el ROF de la PCM.
Como consecuencia de ello, se aprobó ese mismo año, mediante Decreto Supremo 123-2018-PCM,
el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, el cual señala
en su artículo 4 que: “La gestión pública consiste en la selección y utilización de todos aquellos
medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de
las entidades públicas”13. El mismo artículo señala que ello se logra a través de:
a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones, satis-
facen las necesidades y expectativas de las personas generando beneficios a la sociedad.
b) La optimización de la gestión interna a través de un uso eficiente y productivo de los recur-
sos públicos.
12. Ver: Decreto Legislativo 1446, decreto legislativo que modifica la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Ges-
tión del Estado, publicado el 16 de septiembre de 2018.
“Artículo 5-A. Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
5-A.1 El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad velar por la calidad de la
prestación de los bienes y servicios; propiciar la simplificación administrativa; promover y mejorar la calidad en las
regulaciones en el ámbito de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Gobierno abierto; la coordi-
nación interinstitucional; la racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda de
mejoras en la productividad y en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión y la gestión del conoci-
miento, hacia la obtención de resultados.
5-A.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría del
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública”.
13. Ver: Decreto Supremo 123-2018-PCM, Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
“Artículo 4. Proceso de modernización de la gestión pública.
4.1 La modernización de la gestión pública consiste en la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la
creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas. Se crea valor público
cuando:
a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones, satisfacen las necesidades
y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad.
b) Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para, directa o
indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad.
4.2 Los objetivos y contenidos principales del proceso de modernización de la gestión pública se desarrollan en la Políti-
ca Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuya conducción recae en la Presidencia del Consejo de Ministros y
requiere la intervención articulada de todas las entidades públicas”.
43
Este mismo reglamento establece que el sistema tiene como medios que actúan de forma interre-
lacionada para su despliegue y ejecución (ver anexo 3):
a) Simplificación administrativa.
b) Calidad en las regulaciones.
c) Calidad de la prestación de bienes y servicios.
d) Gobierno abierto.
e) Coordinación interinstitucional.
f) Estructura, organización y funcionamiento del Estado.
g) Mejora de la productividad.
h) Gestión de procesos.
i) Evaluación de riesgos de gestión.
j) Gestión del conocimiento.
Es importante señalar que en el artículo 7 del mencionado decreto supremo se indica que dichos
medios:
[…] se relacionan entre sí y están orientados a que las entidades públicas mejoren su gestión
interna y la calidad de la prestación de los bienes y servicios que brindan, así como de las regu-
laciones que emitan, para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas, generando
beneficios a la sociedad.
Además, también en su artículo 3 establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la

Gestión Pública se rige bajo los siguientes principios:
a) Orientación al ciudadano: las intervenciones de las entidades públicas, según su naturaleza,

se diseñan e implementan a partir de la identificación de las necesidades y expectativas de
los ciudadanos.
b) Orientación a resultados: las entidades realizan intervenciones públicas para resolver un
problema público o de gestión interna y evalúan sus resultados para mejorar sus bienes,
servicios o regulaciones.
c) Eficacia y eficiencia: las entidades públicas orientan su actuación hacia el logro de objetivos
institucionales y el manejo racional y óptimo de los recursos, eliminando la duplicidad o
superposición de competencias, funciones y atribuciones.
d) Flexibilidad: las entidades públicas adaptan su organización y procesos para responder
oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del entorno donde intervienen.
e) Simplicidad y armonización: las entidades públicas que establecen reglas para el funciona-
miento y gestión de la Administración pública lo hacen buscando la simplicidad en las re-
glas y su operación armónica con las regulaciones emitidas por otras entidades rectoras de
políticas y sistemas.
44
f) Reconocimiento de la heterogeneidad: al legislar sobre el funcionamiento, operación y ges-

tión de las entidades públicas se reconoce la heterogeneidad de las mismas, procurando la
razonabilidad de las exigencias que se imponen a la Administración.
Asimismo, a través de esta norma, en sus artículos 5 y 6, señala que las entidades del Estado pe-
ruano aplican el modelo de gestión para resultados, el cual permite identificar y adoptar decisiones
sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a la creación de valor público. De esta forma, esta-
blece una serie de orientaciones para la gestión por resultados:
a) Delimitación de los resultados esperados, orientados a resolver un problema público o po-

tenciar una oportunidad, previa identificación de los bienes y servicios a prestar o la regula-
ción a emitir.
b) Desarrollo de una cultura de excelencia y de servicio público con miras a profundizar la
responsabilidad, compromiso, y la capacidad de acción entre los servidores civiles.
c) Aplicación de mecanismos conducentes a mejorar la productividad y eficacia de las entida-
des públicas.
d) Uso de sistemas de información para monitorear y evaluar las intervenciones públicas, y
toma de decisiones basadas en evidencia.
Un aporte interesante del Reglamento del Sistema de Modernización de la Gestión Pública, en su

artículo 12, señala que las entidades que quieran implementar acciones de modernización deberán
tener en cuenta lo siguiente:
a) Identificación de la problemática: el inicio de toda acción de modernización responde a la ne-

cesidad de resolver un problema público que aqueja a las personas y que está asociado a los
objetivos institucionales de la entidad, o que afecta el funcionamiento de la gestión interna.
b) Priorización: las acciones de modernización se priorizan, principalmente, en función de la
cantidad de personas a quienes afecta una situación problemática, del grado de afectación
que podría ocasionar la inacción pública a un grupo de personas, o de la potencial mejora en
la productividad que podría generar.
c) Viabilidad de la implementación: las acciones de modernización toman en cuenta la capaci-
dad operativa y los recursos disponibles de la entidad, considerando que los beneficios es-
perados superen los costos asociados.
d) Medición de resultados: las acciones de modernización contemplan desde su diseño y en su
implementación condiciones para realizar el seguimiento de sus avances y evaluar sus re-
sultados.
e) Trazabilidad en las decisiones: la toma de decisiones y el control de la gestión y sus resulta-
dos se basan en evidencia documentada y accesible.
A modo de resumen, la Secretaría de Gestión Pública (2021) comparte que el Reglamento del Sis-
tema de Modernización de la Gestión Pública desarrolla una serie de aspectos, además de los ya
45
expuestos, como: 1) el sistema puede ser operado por uno o más órganos, es decir, no se requiere la
creación de una oficina en particular, pero es la máxima autoridad administrativa de cada entidad
la que tiene nexo y relación técnico-funcional con la Secretaría de Gestión Pública y; 2) regula las
atribuciones del rector del sistema, que es la Secretaría de Gestión Pública, estableciendo los tipos
de opiniones técnicas que emite.
Es todo este cúmulo de elementos que ha impulsado el Poder Ejecutivo el que marca un ritmo de
acción más definido y tecnificado de la gestión, pero que al mismo tiempo ha contribuido a compleji-
zarla, dado que no existe un dominio general de todos estos elementos por parte de la integralidad de
los funcionarios y servidores públicos, motivo por el cual ponerlos en práctica resulta difícil para
aquellos actores que no tienen las capacidades técnicas para implementar líneas de trabajo que de-
mandan un conocimiento especializado. Por consiguiente, ello puede constituir un factor que, más
allá de su buena contribución conceptual, puede truncar su cumplimiento dada la escasa compren-
sión de este.
En paralelo, en el año 2018 se dieron una serie de normas que reformaban la Administración públi-
ca, el Decreto Legislativo 1412, Ley del Gobierno Digital; y el Decreto Legislativo 1448, que modifica
el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310, decreto legislativo que aprueba medidas adicionales de
simplificación administrativa y de perfeccionamiento del marco institucional y los instrumentos
que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria como parte de un proceso integral y continuo.
También se aprueba el Decreto Legislativo 1447, que tiene por objeto modificar el Decreto Legisla-
tivo 1211, decreto legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de
servicios públicos integrados a través de Ventanillas Únicas e intercambio entre entidades públi-
cas, a fin de ampliar las modalidades de los servicios integrados, así como promover los servicios
y espacios compartidos bajo criterios que prioricen eficiencia, productividad, oportunidad y mejora
de la calidad. Asimismo, establece disposiciones para promover el despliegue transversal de las
tecnologías digitales en los servicios y tramites a cargo de las entidades públicas.
Siguiendo con nuestro análisis del proceso de modernización de la gestión pública, en el año 2019, a
través de Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM/SGP, y como corolario de lo
antes señalado, se aprobaron los Lineamientos 001-2019-SGP, que establecen los “Principios de ac-
tuación para la modernización de la gestión pública”.
Dichos lineamientos apuntan a la construcción de políticas que generen valor; a medir los resulta-
dos en las intervenciones públicas; a pensar de manera sistémica los problemas; a responder me-
jor a las personas; a que nos permita contar con bienes y servicios de calidad; a emitir regulaciones
de calidad; a mejorar la productividad de las entidades públicas; y a diseñar estructuras organiza-
cionales interconectadas, ágiles y adaptables.
En este aspecto destaca que se le da relevancia a la calidad en la actuación pública. Es pues un do-
cumento que, entre otros, establece orientaciones sobre el enfoque de modernización, los principales
46
problemas que se buscan resolver y los principios que debieran guiar la actuación de las institucio-
nes públicas en la búsqueda de servir de forma eficiente y eficaz al ciudadano (Secretaría de Ges-
tión Pública, 2021). Se establecen como principios de actuación:
a) Diseñar e implementar políticas públicas que generen resultados.

b) Medir los resultados de las intervenciones.
c) Pensar de manera sistémica los problemas.
d) Responder mejor a las personas.
e) Contar con bienes y servicios de calidad.
f) Emitir regulaciones de calidad.
g) Mejorar la productividad de las entidades públicas.
h) Diseñar estructuras organizacionales interconectadas, ágiles y adaptables.
En este punto, ya a la fecha, lo último que se aprecia, conforme a lo reportado en el Portal de la

Presidencia del Consejo de Ministros14, es que la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública (PNMGP) está en proceso de actualización, rumbo al año 2030, lo que sin duda marcará
una nueva etapa en este esquema de reforma continua que se inició en el año 2002 y que en el
tiempo ha procurado consolidar un marco de trabajo más ordenado y técnico del que se tuvo du-
rante el siglo pasado, y que reconoce la importancia de la transparencia, el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, etc.
A nivel institucional, con la aprobación del Texto Único Integrado del Reglamento de Organización
y Funciones (ROF) de la PCM mediante Resolución Ministerial 156-2021-PCM, de 17 de julio de
2021, se han precisado las materias y funciones a cargo de la Secretaría de Gestión Pública y sus
subsecretarías para adecuarlas al marco normativo aprobado después de 2017 y consolidar su rol
como ente técnico-normativo. Cabe mencionar que este texto integra al Decreto Supremo 126-
2021-PCM, publicado el 2 de julio de 2021, que aprueba la sección primera del ROF de la PCM, y la
Resolución 141-2021-PCM, que aprueba la sección segunda del ROF de la PCM, publicado el 9 de
julio de 2021.
Se establece entonces que la Secretaría de Gestión Pública tiene la siguiente organización:
14. Para más información, ver: https://www.gob.pe/institucion/pcm/campañas/3787-politica-nacional-de-moderniza-

cion-de-la-gestion-publica
47
Figura 3.
Organización de la Secretaría de Gestión Pública
Secretaría de Gestión Pública
Subsecretaría de Subsecretaría de Calidad Subsecretaría de

Administración Pública de Servicios Simplificación y Análisis
Responsable de las Responsable de las Regulatorio
políticas, normas, políticas, normas, Responsable de las
instrumentos y estrategias instrumentos y estrategias políticas, normas,
en materia de estructura, en materia de calidad de instrumentos y estrategias
organización y la prestación de bienes y en materia de
funcionamiento del Estado, servicios (incluida su simplificación
gestión por procesos, medición), gestión de administrativa y calidad
evaluación de riesgos de reclamos y servicios regulatoria
gestión, Gobierno abierto integrados
y gestión del conocimiento
Fuente: elaboración propia, información obtenida de Documento de Política VIII-PCM (2021).
Además, queda claramente establecido que la mencionada Secretaría de Gestión Pública tiene a su
cargo las siguientes materias:
a) Estructura, organización y funcionamiento del Estado.

b) Gestión por procesos.
c) Evaluación de los riesgos de gestión.
d) Simplificación administrativa.
e) Calidad regulatoria.
f) Calidad de la prestación de bienes y servicios.
g) Innovación.
h) Gobierno abierto.
i) Gestión del conocimiento.
j) Gestión de reclamos y servicios integrados.
k) Productividad y gestión interna.
A partir de todos los aspectos mencionados, podemos determinar que a lo largo de estos años se
ha observado una acumulación de enfoques, modelos y medios para construir las bases concep-
tuales sobre las cuales se trabaja la gestión pública en el Perú. Un aspecto que destacar es que se
ha mantenido la coherencia y rutina en establecer que el proceso de modernización se oriente a
llevar como resultado de la acción gubernamental mejores bienes y servicios a los ciudadanos,
para lo cual plantean que los procesos puedan tener resultados con la capacidad de ser medibles.
48
Será a partir de ello que expondremos, más adelante, si en la práctica este despliegue principal-
mente teórico ha tenido una aplicación práctica asertiva o si solo ha tenido manifestaciones decla-
rativas instaladas en normas que no han producido los efectos esperados.
Ahora bien, es interesante señalar el nivel de influencia o incidencia que tienen los organismos in-
ternacionales en los procesos de reforma de las Administraciones públicas. Así se ha puesto en
evidencia a través de los estudios y recomendaciones de la OCDE, FMI, CEPAL, BM y del BID15, que
se han tenido en cuenta y han sustentado las diversas reformas, como hemos visto, por ejemplo,
en las reformas de primera y segunda generación en la década de los noventa con el BM y el FMI,
y hoy con la OCDE y BID en la introducción de elementos como la calidad regulatoria.
Finalmente, a continuación presentamos una tabla que muestra la evolución normativa en materia
de reformas administrativas públicas y el proceso de modernización en sí mismo, para poder apre-
ciar cómo al mismo tiempo que se busca modernizar la gestión pública se reforman diversas enti-
dades, estructuras, funciones y hasta servicios públicos.
De esta forma queremos poner en evidencia que la implementación del conjunto de políticas, herra-
mientas e instrumentos que implica el proceso de modernización de la gestión y, por ende, a la Adminis-
tración pública, tiene el reto de adaptarse de forma permanente y constante, pues las reformas públicas
administrativas se producen al mismo tiempo. Así, este proceso se complejiza en tanto trata de orde-
narse y actualizarse y al mismo tiempo cambian, por ejemplo, los sujetos (Administración pública nacio-
nal y subnacional); las relaciones o enfoques de cómo prestar los servicios públicos de infraestructura
a través de las asociaciones público-privadas; la estructura subnacional y la del Poder Ejecutivo; o se
ingresan nuevos conceptos, funciones y estructuras como el Gobierno digital, el Gobierno abierto, la
calidad regulatoria, etc., y hasta enfoques o exigencias de tipo internacional como los de la OCDE.
Tabla 2.
Listado de normas más importantes del proceso de modernización y de las reformas públicas
administrativas emitidas entre 2000 y 2020
Tipo de Número del

N.o instrumento instrumento Título del instrumento legal Fecha de publicación
legal legal
Decreto 004-2000- Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones

1 15 de febrero de 2000
Supremo PCM de la Presidencia del Consejo de Ministros (derogada)
2 Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 11 de abril de 2001
3 Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 30 de enero de 2002
15. Para más información, ver: https://www.iadb.org/es/centrodegobierno
49
Tipo de Número del

legal legal
Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del

4 Ley 27680 7 de marzo de 2002
Título IV, sobre Descentralización
5 Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 20 de julio de 2002
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

6 Ley 27785 23 de julio de 2002
Contraloría General de la República
7 Ley 27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial 25 de julio de 2002
18 de noviembre de
8 Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
2002
9 Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 27 de mayo de 2003
10 Ley 28175 Ley Marco del Empleo Público 19 de febrero de 2004
Decreto 027-2007- Se establecen las políticas nacionales de obligatorio

11 25 de marzo de 2007
Supremo PCM cumplimiento (derogada)
Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de
12 Ley 28522 Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (derogada en 25 de mayo de 2005
parte, a excepción de la segunda, tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima disposición complementaria)
20 de diciembre de
13 Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE)
2007
Decreto legislativo que aprueba la ley marco de

asociaciones público-privadas para la generación de
Decreto
14 1012 empleo productivo y dicta normas para la agilización 13 de mayo de 2008
Legislativo
de los procesos de promoción de la inversión privada
(derogada)
Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional

Decreto
15 1023 del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo 21 de junio de 2008
Legislativo
de Gestión de Recursos Humanos
Decreto 025-2010- Decreto supremo que aprueba la Política Nacional de

Supremo PCM Simplificación Administrativa (derogada)
Resolución 228-2010- Plan de Simplificación Administrativa (dejada sin

17 16 de julio de 2010
Ministerial PCM efecto)
Decreto 054-2011- Decreto supremo que aprueba el Plan Bicentenario:

18 23 de junio de 2011
Supremo PCM el Perú hacia 2021
Decreto 109-2012- Decreto supremo que aprueba la Estrategia para la 1 de noviembre de

19
Supremo PCM Modernización de la Gestión Pública 2012

20 9 de enero de 2013
Supremo PCM Modernización de la Gestión Pública
Aprueba el Plan de Implementación de la Política

Resolución 125-2013-
21 Nacional de Modernización de la Gestión Pública 18 de mayo de 2013
Ministerial PCM
2013-2016
50
Tipo de Número del

legal legal
Ley que modifica la Ley 27658 incorporando los

22 Ley 30039 Gobiernos regionales y locales en la Estrategia del 7 de junio de 2013
Proceso de Modernización de la Gestión del Estado
23 Ley 30057 Ley del Servicio Civil 4 de julio de 2013

24 10 de julio de 2013
Supremo PCM Gobierno Electrónico 2013-2017
Decreto supremo que ratifica el Acuerdo entre la

Decreto
25 004-2015-RE República del Perú y la Organización para la 11 de febrero de 2015
Supremo
Cooperación y el Desarrollo Económico
Decreto legislativo que establece el fortalecimiento

Decreto e implementación de servicios públicos integrados a 24 de septiembre de
26 1211
Legislativo través de Ventanillas Únicas e intercambio de 2015
información entre entidades públicas
Decreto legislativo del marco de promoción de la

Decreto 25 de septiembre de
27 1224 inversión privada mediante asociaciones público-
Legislativo 2015
privadas y proyectos en activos (derogada)
Declaran de interés nacional las acciones,

actividades e iniciativas desarrolladas en el marco
del proceso de vinculación del Perú con la
Decreto 086-2015- Organización para la Cooperación y Desarrollo 16 de diciembre de
28
Supremo PCM Económico (OCDE) e implementación del Programa 2015
País y crea la Comisión Multisectorial de Naturaleza
Permanente para promover las acciones de
seguimiento del referido proceso
Decreto Decreto legislativo que aprueba medidas adicionales 30 de diciembre de

29 1310
Legislativo de simplificación administrativa 2016
Decreto supremo que aprueba el Reglamento de

Decreto 022-2017-
30 Organización y Funciones de la Presidencia del 28 de febrero de 2017
Supremo PCM
Consejo de Ministros (derogada)
Decreto legislativo que regula la promoción de la

Decreto
31 1362 inversión privada mediante asociaciones público- 23 de julio de 2018
Legislativo
privadas y proyectos en activos
Decreto Decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 13 de septiembre de

32 1412
Legislativo Digital 2018
Decreto Decreto legislativo que modifica la Ley 27658, Ley 16 de septiembre de

33 1446
Legislativo Marco de Modernización de la Gestión del Estado 2018
Decreto legislativo que modifica el artículo 2 del

Decreto Legislativo 1310, decreto legislativo que
Decreto aprueba medidas adicionales de simplificación 16 de septiembre de
34 1448
Legislativo administrativa, y perfecciona el marco institucional y 2018
los instrumentos que rigen el proceso de mejora de
calidad regulatoria
51
Tipo de Número del

legal legal
Decreto legislativo que modifica el Decreto

Legislativo 1211, que aprueba medidas para el
Decreto 16 de septiembre de
35 1447 fortalecimiento e implementación de servicios
Legislativo 2018
públicos integrados a través de Ventanillas Únicas e
intercambio de información entre entidades públicas
Decreto supremo que aprueba el Reglamento del

Decreto 123-2018- 19 de diciembre de
36 Sistema Administrativo de Modernización de la
Supremo PCM 2018
Gestión Pública
Resolución
de Secretaría 004-2019- Aprueban los Lineamientos “Principios de actuación
de Gestión PCM/SGP para la modernización de la gestión pública”
Pública
Aprueban el Texto Integrado del Reglamento de

Resolución 156-2021-
38 Organización y Funciones de la Presidencia del 17 de julio de 2021
Ministerial PCM
Consejo de Ministros16
Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Elaboración propia.
1.6. DEFINICIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Es importante señalar que Levi et al. (2015), en su publicación El valor estratégico de la gestión
pública. Trece textos para comprenderla, nos comparte una perspectiva interesante sobre el objeto
de la modernización de la gestión pública y de la Administración pública, así señalan:
[…] La modernización de la gestión pública no puede ser vista como una mera selección de los
medios más adecuados. Ella depende de la selección de los fines que se busca obtener. En este
sentido, el objetivo más general de la Administración pública es el desarrollo sustentable, con-
siderado en términos económicos, políticos, sociales y ambientales. Se debe poner especial
énfasis en la búsqueda de la ciudadanía social, de modo que la gestión pública de mejor calidad
debe estar presente en las políticas de educación, salud, seguridad pública, combate a la pobre-
za y la desigualdad social. […] es en dichas áreas sociales donde el Estado debe invertir sus
recursos financieros y sus competencias administrativas más valiosas (pág. 611).
Por su parte, la Secretaría de Gestión Pública (2013), en la Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública al 2021, señala que es necesaria una política integradora de modernización de la gestión
pública y nos recuerda que:
16. Integra el Decreto Supremo 126-2021-PCM, publicado el 2 de julio de 2021, que aprueba la sección primera del
ROF de la PCM, y la Resolución 141-2021-PCM, que aprueba la sección segunda del ROF de la PCM, publicado el 9 de
julio de 2021.
52
Las deficiencias del Estado tienen impacto en la vida de los ciudadanos y en las actividades
empresariales, lo que tiene consecuencias en el bienestar de las personas, en la competitividad
empresarial, en la legitimidad de los Gobiernos y, por lo tanto, en el sistema democrático y sus
instituciones. Tomando en cuenta las consecuencias que tienen las deficiencias de desempeño
del Estado en la vida de las personas y en la competitividad y gobernabilidad democrática del
país, es que se requiere una política integradora de modernización de la gestión pública, para
asegurar que todas las entidades de los tres niveles de Gobierno actúen de manera articulada
y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el servicio a sus
ciudadanos (pág. 11).
Pero es el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aproba-

do mediante Decreto Supremo 123-2018-PCM, el que en su artículo 4 nos define el proceso de
modernización de la gestión pública como la selección y utilización de todos aquellos medios orien-
tados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de las entida-
des públicas. Señala también que los objetivos y contenidos principales del proceso de moderniza-
ción de la gestión pública se desarrollan en la Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública, cuya conducción recae en la Presidencia del Consejo de Ministros y requiere la interven-
ción articulada de todas las entidades públicas.
Además, el mismo reglamento establece que se crea valor público cuando:
a) Las intervenciones públicas, que adoptan la forma de bienes, servicios o regulaciones, satis-
facen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad.
b) Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos
públicos, para, directa o indirectamente, satisfacer las necesidades y expectativas de las
personas, generando beneficios a la sociedad (artículo 4 del D.S. 123-2018-PCM).
Es importante considerar que el proceso de modernización es de naturaleza cambiante y perma-

nente, en tanto debe adaptase al entorno social, es decir, cada etapa de la historia tiene sus propios
retos de adaptabilidad en las Administraciones públicas y en la gestión pública en sí misma. Así que
si cambian las demandas sociales, el Estado debe dar respuesta a las mismas, teniendo en cuenta
que cada día se complejizan más y los ciudadanos quieren respuestas mucho más rápidas y com-
pletas, de ahí que el proceso de modernización sea permanente en todas las instancias y niveles de
gobierno, más aún cuando la realidad social de nuestro país demanda mecanismos de gestión que
puedan contribuir al cierre de brechas sociales para generar oportunidades de desarrollo a la po-
blación en general, reduciendo así la desigualdad social.
53
CAPÍTULO II.
PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDEN EN EL
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
En el marco de la presente investigación, consideramos pertinente caracterizar algunas materias

que inciden en el proceso de modernización de la gestión pública, como son: la lucha contra la co-
rrupción, la transparencia, el Gobierno digital y la innovación pública.
Conforme evidencia el análisis de los conceptos y acciones que han regido la gestión pública en el
Perú en las últimas décadas, podríamos afirmar que las materias arriba mencionadas resultan re-
levantes para el desenvolvimiento de la Administración pública en nuestro país.
En ese orden de ideas, veremos a lo largo de este capítulo que cada materia tiene su propia estruc-
tura, parámetros e implicancias para el proceso de modernización, la gobernanza y la gobernabili-
dad democrática; debiendo tenerse en cuenta que siendo cada una de estas un género en sí mismo
no es posible uniformizar el contenido descriptivo, por lo cual cada una tiene su propio abordaje.
Así, cumpliendo con los objetivos de la investigación se expondrán las definiciones que engloban
a cada materia y se enunciarán los elementos que a nuestro juicio resultan relevantes de ser
enunciados.
2.1. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
2.1.1. Contextualización
El fenómeno de la corrupción no es nuevo, ni ha surgido con el Estado moderno, sus manifestaciones

han estado presentes a lo largo del desarrollo de las sociedades humanas y han afectado el devenir
de muchos procesos históricos, perturbando su ejecución o destruyendo los efectos de estos.
54
Conocido es también que este problema social es uno de los más grandes y graves a nivel mundial,
y se constituye como un obstáculo directo para el desarrollo de las naciones, sobre todo las que no
son del primer mundo.
Además, la corrupción trastoca los valores democráticos y atenta contra los principios y la moral de
la sociedad conllevando severas crisis de gobernabilidad, lo que provoca la deslegitimación de la ins-
titucionalidad e incluso la estabilidad de los Gobiernos, quebrando incluso al propio Estado de dere-
cho, ya que favorece no solo el quebrantamiento de la ley, sino la creación de leyes para, indirecta-
mente, propiciar su despliegue y con ello vulnerar incluso los derechos de los ciudadanos.
Esto ha provocado que en nuestro país emerjan severas crisis sociales y de Gobierno, debido a que
la corrupción se ha manifestado como un factor que ha interferido, con un alto impacto, en el com-
portamiento político y gubernamental, medrando la credibilidad de los actores políticos y el respe-
to por las instituciones públicas.
Cabe recordar que las crisis de corrupción que hemos tenido han generado tal nivel de desconfian-
za en los actores políticos que en nuestra sociedad avocarse a la labor política se concibe como
algo negativo, en lugar de ser entendido como una labor que se orienta al servicio de la población,
por lo que las autoridades no suelen gozar del respeto de la ciudadanía.
Además, la corrupción representa un factor nocivo para el desempeño económico de nuestro país,
dado que afecta el clima de los negocios, generando, al mismo tiempo, incertidumbre e inestabili-
dad jurídica que desincentiva la atracción de inversiones, impactando en la creación de empleo
formal y de calidad.
Es por ello por lo que, desde hace algunas décadas, el problema cobró realce y se abordó con ma-
yor notoriedad desde el Estado, tal como lo señala el Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (2011):
Hasta antes de los noventa, la palabra “corrupción” era solo mencionada en espacios de debate
político, judicial y en las conversaciones cotidianas de los ciudadanos; pero no era aún un tema
que mereciera la atención de las decisiones de las políticas a nivel internacional y nacional. Fue
a partir de la década de los noventa que el tema de la corrupción irrumpió en el escenario de la
discusión política en el marco del proceso de liberalización de las economías y la aplicación de
políticas surgidas a consecuencia del Consenso de Washington (pág. 23).
Es en ese contexto donde nos hemos visto en la necesidad de generar formas más efectivas de
enfrentar la corrupción, considerando que esta impacta de forma dramática en el desarrollo políti-
co, social y económico de los países, acarreando costos socioeconómicos muy altos, que, para el
caso peruano, en términos monetarios, han representado aproximadamente quince mil millones de
soles al año, por lo que, como señala Engel et al. (2018):
55
Combatir la corrupción requiere un enfoque más audaz que involucre a servidores públicos,
empresas, sociedad civil e individuos para generar el necesario shock sistémico que supere la
crisis de confianza entre ciudadanos e inversores y fortalezca la cultura democrática. Los Go-
biernos necesitan responder al descontento ciudadano y a la ansiedad de los inversores me-
diante reformas estructurales en la contratación pública y en la financiación de las campañas.
Una mayor transparencia en los contratos gubernamentales, en los presupuestos públicos y en
los conflictos de intereses, y la utilización de herramientas innovadoras de las tecnologías de la
información pueden ser muy útiles (pág. 19).
Por tanto, la corrupción no puede ser vista como un problema, sino más bien como un fenómeno
que convive con la sociedad y que no tiene una solución definitiva ni única, por lo que su abordaje
amerita que el Estado actúe de forma decidida, estructurada y coordinada para enfrentarla en to-
das las aristas que el problema presenta.
Existen una serie de enfoques que son reconocidos como sustanciales para la lucha contra la gran
y pequeña corrupción, los cuales requieren medidas preventivas y sancionadoras, el fortalecimien-
to de los procedimientos y de las instituciones que buscan combatirla, todos ellos regulados y es-
tablecidos en diversas normas e instrumentos.
Frente a este escenario, es importante considerar que su abordaje no puede ser efímero ni mera-
mente declarativo, sino que demanda de acción constante, por lo que resulta importante atender a
lo señalado por la Lawyers Council for Civil & Economic Rights (2020) respecto a que:
La República del Perú cuenta con uno de los marcos normativos más sólidos para el combate
a la corrupción en la región. Aunque las personas y profesionales señalaron que las normas
generales necesitan de mejora constante y periódica (sobre todo hacia la prevención de los
actos indebidos), también consideraron que aquellas son suficientes y aportan una base sólida
para controlar ese fenómeno. Respecto a los retos de implementación se mencionaron la falta
de voluntad política y resistencias culturales correspondientes a intereses (generalmente de par-
tidos políticos), y barreras en normas procesales como el abuso de la prisión preventiva y de la
inmunidad de altos funcionarios públicos. Además de las personas en condición de pobreza,
migrantes y personas en sectores económicos informales fueron señalados como aquellos
sectores más afectados por la corrupción (pág. 30).
Tal como se ha señalado, nuestro país tiene un robusto marco normativo para el combate de la
corrupción, integrado por dispositivos de diversos niveles que bien empleados podrían contribuir a
un combate efectivo de esta problemática. Para dimensionar el marco jurídico existente, presenta-
mos un listado resumen de las normas más importantes en materia anticorrupción:
56
Tabla 3.
Listado de normas más importantes con contenido en materia de anticorrupción
Tipo de Número del

legal legal
1 Constitución Constitución Política del Perú 1993
Tratado Convención de las Naciones Unidas contra la

2 2003
internacional Corrupción
Tratado
3 Convención Interamericana contra la Corrupción 1996
internacional
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores

Tratado
4 Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 1997
internacional
Internacionales
5 Ley 30916 Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia 19 de febrero de 2019
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de

6 Ley 27785 23 de julio de 2002
la Contraloría General de la República
7 Ley 30483 Ley de la Carrera Fiscal 6 de julio de 2016
8 Ley 30057 Ley del Servicio Civil 4 de julio de 2013
Ley que crea la Comisión de Alto Nivel

9 Ley 29976 4 de enero de 2013
Anticorrupción
10 Ley 29277 Ley de Carrera Judicial 7 de noviembre de 2008
11 Ley 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública 13 de agosto de 2002
12 Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado 11 de julio de 2014
13 Ley 30077 Ley Contra el Crimen Organizado 20 de agosto de 2013
Ley que crea el Registro de Deudores de

14 Ley 30353 29 de octubre de 2015
Reparaciones Civiles (REDERECI)
Ley que incorpora la pena de multa en los delitos 26 de noviembre de

15 Ley 30111
cometidos por funcionarios públicos 2013
Ley que regula la responsabilidad administrativa de

16 Ley 30424 las personas jurídicas por el delito de cohecho 21 de abril de 2016
activo transnacional
Ley que regula la gestión de intereses en la

17 Ley 28024 12 de julio de 2003
Administración pública
Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades

de funcionarios y servidores públicos, así como de las 13 de diciembre de
18 Ley 27588
personas que presten servicios al Estado bajo 2001
cualquier modalidad contractual
Ley de Transparencia y Acceso a la Información

19 Ley 27806 3 de agosto de 2002
Pública
57
Tipo de Número del

legal legal
Ley de protección al denunciante en el ámbito

20 Ley 29542 administrativo y de colaboración eficaz en el 22 de junio de 2010
ámbito penal
Ley que transfiere a la Contraloría General de la

República la competencia para recibir y ejercer el
21 Ley 31227 control, fiscalización y sanción respecto a la 23 de junio de 2021
declaración jurada de intereses de autoridades,
servidores y candidatos a cargos públicos
Decreto
22 635 Código Penal Peruano 8 de abril de 1991
Legislativo
Decreto
23 957 Código Procesal Penal Peruano 29 de julio de 2004
Legislativo
Decreto Decreto legislativo que aprueba la Ley Orgánica del

24 767 4 de diciembre de 1991
Legislativo Poder Judicial
Decreto legislativo que modifica el Código Penal y

el Código de Ejecución Penal a fin de establecer y
ampliar el plazo de duración de la pena de
Decreto
25 1243 inhabilitación principal, e incorporar la 22 de octubre de 2016
Legislativo
inhabilitación perpetua para los delitos cometidos
contra la Administración pública, y crea el Registro
Único de Condenados Inhabilitados
Decreto legislativo que crea el Registro Nacional

Decreto 16 de diciembre de
26 1265 de Abogados Sancionados por Mala Práctica
Legislativo 2016
Profesional
Decreto legislativo que establece el deber de

registrar los vínculos de parentesco y otras
Decreto vinculaciones derivadas de las inscripciones que 28 de diciembre de
27 1279
Legislativo lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación 2016
y Estado Civil orientado a contribuir a la
efectividad de la lucha contra la corrupción
Decreto legislativo que modifica el artículo 242 de

Decreto la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 30 de diciembre de
28 1295
Legislativo General, y establece disposiciones para garantizar 2016
la integridad en la Administración pública
Decreto legislativo que modifica el Código Procesal

Decreto Penal para dotar de medidas de eficacia a la 30 de diciembre de
29 1307
Legislativo persecución y sanción de los delitos de corrupción 2016
de funcionarios y de criminalidad organizada
Decreto legislativo que reestructura el Sistema

Decreto
30 1326 Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y 6 de enero de 2017
Legislativo
crea la Procuraduría General del Estado
Decreto legislativo que establece medidas de

Decreto
31 1327 protección para el denunciante de actos de corrupción 6 de enero de 2017
Legislativo
y sanciona las denuncias realizadas de mala fe
Decreto Decreto legislativo que amplía la responsabilidad

32 1352 7 de enero de 2017
Legislativo administrativa de las personas jurídicas
58
Tipo de Número del

legal legal
Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de

Decreto Transparencia y Acceso a la Información Pública,
33 1353 7 de enero de 2017
Legislativo fortalece el Régimen de Protección de Datos
Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses
Decreto Decreto supremo que aprueba el Texto Único

34 017-93-JUS 2 de junio de 1993
Supremo Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Decreto supremo que aprueba el Texto Único

Decreto 021-2019- 11 de diciembre de
35 Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y
Supremo JUS 2019
Acceso a la Información Pública
Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la

Decreto 089-2013-
36 Ley 29976, ley que crea la Comisión de Alto Nivel 11 de agosto de 2013
Supremo PCM
Anticorrupción

Decreto 002-2019-
37 Ley 30424, ley que regula la responsabilidad 9 de enero de 2019
Supremo JUS
administrativa de las personas jurídicas
Decreto 033-2005- Decreto supremo que aprueba el Reglamento de la

38 19 de abril de 2005
Supremo PCM Ley del Código de Ética de la Función Pública
Decreto 040-2014- Decreto supremo que aprueba el Reglamento

39 13 de junio de 2014
Supremo PCM General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil
Decreto Decreto supremo que aprueba el Texto Único Ordenado

40 082- 2019-EF 13 de marzo de 2019
Supremo de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Decreto 120-2019-
41 Ley 28024, ley que regula la gestión de intereses 1 de julio de 2019
Supremo PCM
en la Administración pública

Ley 27588, que estableció prohibiciones e
Decreto 019-2002-
42 incompatibilidades de funcionarios y servidores 8 de marzo de 2002
Supremo PCM
públicos, así como de personas que presten servicios
al Estado bajo cualquier modalidad contractual
Decreto supremo que aprueba el Reglamento del

Decreto Decreto Legislativo 1327, que establece medidas de
43 010-2017-JUS 14 de abril de 2017
Supremo protección al denunciante de actos de corrupción y
sanciona las denuncias realizadas de mala fe

Decreto 038-2011- Ley 29542, ley de protección al denunciante en el
Supremo PCM ámbito administrativo y de colaboración eficaz en
el ámbito penal

Decreto 072-2003-
45 Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la 7 de agosto de 2003
Supremo PCM
Información Pública
Aprueba reglamento para implementar aspectos de

Decreto 004-2014- identidad del agente encubierto y garantizar su
46 6 de mayo de 2014
Supremo JUS protección en el marco de la técnica especial de
investigación
59
Tipo de Número del

legal legal
Decreto 044-2018- Decreto supremo que aprueba el Plan Nacional de

Supremo PCM Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
Decreto 092-2017- Decreto supremo que aprueba la Política Nacional 14 de septiembre de

48
Supremo PCM de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2017
Aprueba reglamento para implementar aspectos de

Decreto 004-2014- identidad del agente encubierto y garantizar su
49 6 de mayo de 2014
Supremo JUS protección en el marco de la técnica especial de
investigación
Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Elaboración propia17.
Pese a toda la regulación existente, este fenómeno no ha sido controlado y abordado de la mejor
manera, por lo que aún existe mucho por hacer para que la corrupción no siga mermando el accio-
nar de la gestión pública en nuestro país.
Así, conforme al Informe del Latinobarómetro (2021):
La corrupción en América Latina es un producto cultural que comienza con la certeza del 75%
de los ciudadanos de que no existe igualdad ante la ley. Eso conduce al fraude social masivo […] de
al menos un tercio de la población, lo que afecta al Estado con una moral impositiva y laboral
baja.
La cultura cívica instalada lleva a demandar muchos derechos, pero cumplir menos obligacio-
nes, cometer fraude social y tratar de compensar así, anímicamente, las desigualdades de no
tener igualdad ante la ley.
La corrupción es un producto de todo aquello.
La percepción de aumento de la corrupción ha disminuido del 62% en 2016 al 57% en 2020. Sin
embargo, persiste muy elevada en muchos países.
Chile (73%) encabeza los países que perciben el aumento de la corrupción sin considerar la
dictadura de Venezuela (75%); le siguen Ecuador (72%) y Paraguay y Perú (70%) (pág. 81).
Así, los resultados son bastante desalentadores, más aún si conocemos cómo impacta la corrup-
ción en la credibilidad del sistema democrático y las instituciones y, en general, en la vida cotidiana
de los ciudadanos que ven y padecen los diversos actos de corrupción que se producen en la Admi-
nistración pública.
17. Aclaramos que, dada la amplitud de normas existentes, nos hemos limitado a identificar las que consideramos tienen
mayor influencia y son de mayor nivel, llegando este listado a abarcar desde normas con rango constitucional hasta de-
cretos supremos.
60
2.1.2. Definiciones de la corrupción
Como hemos esbozado antes, hay que comprender que la corrupción no es una sola acción, sino
que es un conjunto de estas que se manifiestan a través del aprovechamiento o abuso de una posi-
ción, condición o poder para obtener un beneficio propio o a favor de un tercero.
Sin embargo, el concepto de corrupción que se ha manejado en el Estado peruano se concentra

principalmente en la corrupción que ocurre en el aparato estatal, la cual se manifiesta cuando el
funcionario público es quien representa el centro del problema o participa de este.
Esto concuerda con lo señalado por González Casanova (2007), quien expone que: “La definición domi-
nante de la corrupción es la que viene de Aristóteles, quien en la Política se refería a la corrupción como
un delito de los gobernantes ‘que se reparten entre sí la fortuna pública contra toda justicia’” (pág. 2).
De esta manera apreciamos que, en nuestro país, ese enfoque coincide con la posición oficial del Gobier-
no, así se entiende que la corrupción es un fenómeno que está centrado en el actuar de los funcionarios
públicos (aunque sin dejar de observar el papel que también juega el sector privado, pero con un nivel de
participación diferente, o con un nivel secundario). De ahí que se haya puesto mayor énfasis en su abor-
daje desde la gestión pública y el uso que hacen los funcionarios públicos del patrimonio del Estado.
Esto queda evidenciado al observar lo establecido en el Decreto Supremo 042-2018-PCM, decreto

supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción,
el cual tiene como finalidad:
Establecer medidas en materia de integridad pública con el objeto de orientar la correcta, trans-
parente y eficiente actuación de los servidores públicos18 y de las entidades señaladas en el ar-
tículo I del título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 2744419, Ley del Procedimiento
18. El subrayado es nuestro.

19. Ver: Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley.
La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración pública.
Para los fines de la presente ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración pública:
1. El Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos.
2. El Poder Legislativo.
3. El Poder Judicial.
4. Los Gobiernos regionales.
5. Los Gobiernos locales.
6. Los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales, cuyas actividades se realizan en
virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público,
salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen.
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en
virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia.
Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto
en la presente ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo con su naturaleza privada.
61
Administrativo General, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia

de integridad pública, como parte de las acciones de prevención y lucha contra la corrupción para
la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y el buen gobierno.
Además, el numeral 3.2 del artículo 3 de esta misma norma señala que “la corrupción es el mal uso
del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico o ventaja directa o indi-
recta, por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas
y derechos fundamentales”.
Esta definición también fue recogida en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrup-
ción, aprobada un año antes mediante Decreto Supremo 092-2017-PCM. Si bien con este concepto
se aprecia un campo un poco más amplio de entendimiento del fenómeno, las acciones para su
erradicación todavía se orientan hacia la cosa pública.
Si observamos un poco más el porqué de esa línea de trabajo, debemos entender que la casuística
nos muestra que las acciones corruptas concurren con mayor frecuencia en la Administración pú-
blica.
Así, la famosa obra de Alfonso Quiroz (2013) sobre la historia de la corrupción en el Perú nos pre-
senta que el mal uso de las finanzas públicas por actos de corrupción no es algo reciente, sino que
estos se remontan, incluso, a la etapa virreinal. En ese contexto, según cálculos realizados por este
autor, se estima que, a lo largo de toda nuestra historia republicana, la corrupción nos ha costado
anualmente del 30% al 40% del gasto presupuestal. Estas cifras, sin lugar a duda, desnudan la
seriedad del problema, pues exponen el nivel de descomposición que ha tenido siempre el aparato
gubernamental peruano, y en parte justifican el por qué su tratamiento es prioritariamente desde
una perspectiva pública. Además, exigen una respuesta más activa y efectiva, considerando los
altos grados de inequidad y pobreza que existen en nuestro país.
Para complementar aún más lo manifestado, debemos remitirnos al estudio realizado por la Fun-
dación Konrad-Adenauer-Stiftung y el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz
de Montoya (2018) respecto a que a nivel de los Gobiernos subnacionales en el periodo 2013-2017,
“se estima que cada municipalidad distrital enfrentó en promedio 6 casos de corrupción, mientras
que cada Gobierno regional afrontó 143 casos” (pág. 22).
Otro dato destacable de ese mismo estudio nos muestra que en el periodo arriba referido, en todo
el país, solo respecto a problemas en los Gobiernos regionales, se tienen registrados 395 casos por
corrupción donde existen investigaciones o procesos judiciales en marcha contra 67 gobernadores
o exgobernadores regionales.
Una información más actual presentada por la Contraloría General de la República del Perú (CGR)
(2020) nos muestra que:
62
Los cálculos señalan que alrededor del 15% del presupuesto público ejecutado se habría perdi-
do en 2019 por corrupción e inconducta funcional, siendo las tres circunscripciones territoriales
regionales más afectadas, en términos relativos, como porcentaje del respectivo monto de pre-
supuesto ejecutado, el Callao, Lambayeque y Pasco; y a nivel del Gobierno nacional, los secto-
res de transporte y comunicaciones, salud y educación (pág. 5).
Todo esto suma aproximadamente veintitrés mil millones de soles.
Para representar esta penosa situación observemos el cuadro de perjuicio subnacional y nacional
por región que el mismo documento de la Contraloría General de la República (2020) ha preparado
al respecto:
Tabla 4.
Perjuicio subnacional y nacional por región
Perjuicio subnacional y nacional por región

(en soles)
Amazonas 311 441 964 Huánuco 391 628 493 Pasco 320 850 572
Ancash 804 099 646 Ica 357 212 754 Piura 1 039 931 333
Apurímac 396 436 757 Junín 712 076 756 Puno 666 297 392
Arequipa 966 911 061 La Libertad 600 175 267 San Martín 463 249 148
Ayacucho 493 473 022 Lambayeque 705 513 000 Tacna 277 798 435
Cajamarca 656 557 473 Lima 10 359 826 254 Tumbes 181 277 674
Callao 1 132 875 253 Loreto 476 018 452 Ucayali 408 665 636
Cusco 768 255 095 Madre de Dios 133 854 599 TOTAL 23 297 036 682
Huancavelica 438 183 493 Moquegua 234 427 154
Fuente: elaboración propia. Información obtenida del Cálculo del tamaño de la corrupción
y la inconducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria (CGR, 2020, pág. 53).
Frente a esta situación, toca considerar también las cifras que expone la CGR (2021):
Con relación al nivel de sanciones efectivas que existen a partir de las responsabilidades iden-
tificadas; así se observa que de 2508 procesos judiciales iniciados entre 2008-2017, solamente
315 casos cuentan con una sentencia, esto equivale al 12,6% de los procesos, pero de ese uni-
verso únicamente 266 casos cuentan con una sentencia condenatoria, es decir, el 10,6% de los
casos justiciables (pág. 29).
63
Además, Shack (2019) menciona que la cantidad de funcionarios sancionados por temas de corrup-
ción son muy bajos, así en su análisis expone que, de 9550 personas con denuncias penales por
presuntos delitos asociados a temas de corrupción, solamente 456 tienen sentencia, lo que equiva-
le al 4,7% de los casos; y lo que es peor aún, solo 78 de estos han recibido una condena efectiva, es
decir, con prisión de por medio, representando esto menos del 1% de las causas judicializadas.
Consecuentemente, tal como ya se ha expuesto, aún existe un largo camino por recorrer, procuran-
do primero contar con un diagnóstico más certero, no sobre el problema de la corrupción, sino so-
bre las implicancias y efectos de las respuestas gubernamentales ejecutadas para replantear la
estrategia y abordar el fenómeno con mayor eficacia, para tener un Estado que sea respetado,
creíble y que realmente tenga como prioridad a la ciudadanía.
2.2. TRANSPARENCIA
No cabe duda de que la transparencia constituye un elemento sustancial de un sistema democrático

y que ayuda al buen gobierno (FLACSO Argentina, 2017). El control del poder que los ciudadanos le
han otorgado en calidad de representantes a sus autoridades es muy importante y se tiene que ejer-
cer en un contexto de apertura y acceso de la información por parte de aquellos. A ello se suma la
rendición de cuentas que deben realizar las autoridades para con los ciudadanos. Como se aprecia, se
manifiesta la transparencia en un sentido bidireccional, tanto por el derecho que tienen los ciudada-
nos de solicitar y que puedan acceder a la información pública como por el deber del servidor o fun-
cionario público de explicar a los ciudadanos, de forma sustentada, las acciones realizadas en el
ejercicio de cargo a través de la rendición de cuentas.
Asimismo, la transparencia está muy ligada también a aspectos como la integridad, la ética públi-
ca, los datos abiertos y la participación ciudadana, y se constituye conforme a la OCDE (2021) en
uno de los principios del Gobierno abierto. Son conceptos, herramientas, procedimientos que inte-
ractúan y están interrelacionados, como veremos a lo largo de esta investigación.
De igual forma, hablar de lucha contra la corrupción carece de sentido si no hablamos de transpa-
rencia.
Su trascendencia es pues significativa, y así también es recogida dentro de la Política Nacional de

Modernización de la Gestión Pública al 2021, que como eje transversal recoge al Gobierno abierto.
En el marco de la presente investigación, no podríamos hablar de un proceso de modernización de

la gestión pública sin que exista la transparencia, pues solo lo que se conoce puede ser evaluado,
redefinido, mejorado, modificado, eliminado o en general transformado. Asimismo, ha de ser sujeto
de control por parte de las entidades públicas a cargo del ejercicio de la fiscalización y control,
como en el caso peruano son el Congreso de la República y el Congreso de la República.
64
No podemos dejar de reconocer el control político que ejercen los ciudadanos a través del apoyo o
el retiro de este a las autoridades, que se eligen a través del voto ciudadano.
Para el caso de esta investigación, centraremos el análisis de la transparencia en el marco del ac-
ceso a la información que se desarrolla en la actualidad en la legislación nacional, como lo es la Ley
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, creemos importante desarrollar algunas caracterizaciones de los conceptos de Go-
bierno abierto y sus principios conforme a la OCDE (2021), además de la transparencia y acceso a
la información, que tiene un acápite propio. Hablaremos de la rendición de cuentas, integridad,
participación ciudadana y las partes interesadas, para abordar también de forma breve otras insti-
tuciones vinculadas, como las referentes a datos personales y ética pública, en la búsqueda para
conocer la bastedad de la interacción de la transparencia en el ámbito público.
Finalmente, debemos mencionar que la transparencia es concebida como una línea de gestión
desde donde el Estado expone la acción gubernamental (toma de decisiones, acciones, medidas,
normas, políticas, etc.), de manera activa o pasiva, a la ciudadanía. En ese sentido, no se limita solo
a que se conozca la información, sino a que el ciudadano sepa hacia dónde se orienta el accionar
público.
2.2.1. Gobierno abierto
La Secretaría de Gestión Pública (2013), en su Política Nacional de Modernización de la Gestión

Pública, citando a la OCDE (2005), señala con relación al Gobierno abierto:
[…] es aquel que se abre al escrutinio público, es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, es
capaz de responder a sus demandas y necesidades, y rinde cuentas de sus acciones y resulta-
dos. Asimismo, es un Gobierno en el cual las organizaciones de la sociedad civil y los ciudada-
nos pueden: 1) obtener fácilmente información relevante y comprensible; 2) interactuar con las
instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los servidores públicos; y 3) participar en los
procesos de toma de decisiones.
Un Gobierno abierto es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la participación ciuda-
dana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de
eficacia y garantizar la rendición de cuentas. El reto está en asegurar que la información sea
accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo (pág. 48).
La OCDE (2021), en otro de sus estudios recientes, es consciente de la amplitud y complejidad del
concepto de Gobierno abierto, así señala:
65
En esencia, el Gobierno abierto consiste en fortalecer la democracia a través de interacciones

renovadas entre el Gobierno y los ciudadanos. Las reformas de Gobierno abierto se basan en la
idea de que promover la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación
de las partes interesadas permite a los Gobiernos trabajar de manera más eficiente, brindar los
servicios que sus electores quieren y necesitan y, en última instancia, aumenta la confianza en
la legitimidad de las decisiones (pág. 13).
Para el año 2012 ya la misma CEPAL, en su estudio denominado El desafío hacia el Gobierno abierto
en la hora de la igualdad, señala respecto al Gobierno abierto que se trata de una nueva idea de trans-
parencia apoyada sustancialmente en las tecnologías de la información, que se centra en la idea de
Gobiernos transparentes a los ciudadanos. Es pues un Gobierno acompañante que establece espa-
cios de colaboración con la sociedad civil y tiene como fin último la prestación de servicios públicos
de alta calidad. Sin embargo, también se señala que esta nueva transparencia, en alusión al Gobierno
abierto, no tiene la capacidad de dar solución a todos los problemas si no cuenta con una debida con-
textualización, pues si los ciudadanos conocen las cifras duras, pero no tienen conocimiento del sen-
tido de aquellas o si se les otorga de forma parcial las cifras, se pierde el sentido real y objetivo de la
transparencia.
Además, CEPAL (2012) ya plantea temas como la importancia de que la apertura de datos se rea-
lice a nivel de todos los poderes del Estado, indicando que siempre podrían encontrarse ciertas
reticencias en temas relacionados con las leyes y las sentencias judiciales.
Por su parte, en el portal de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) se señala como definición de
Gobierno abierto:
El Gobierno abierto es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia y acceso a la

información, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad, buscando incluir las
necesidades y expectativas de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones de la Ad-
ministración pública, la formulación e implementación de políticas públicas y la mejora de la
calidad de la provisión de bienes, servicios y regulaciones, para fortalecer la democracia, legiti-
midad de la acción pública y el bienestar colectivo20.
Ahora bien, coincidimos con la OCDE (2021) en que se requiere un cambio cultural para la adecua-
da implementación del Gobierno abierto, lo que ellos denominan la cultura de gobernanza, ya que
tiene un gran impacto en las instituciones, los funcionarios y en las relaciones entre la Administra-
ción pública y los ciudadanos. Estos cambios son tanto de las instituciones públicas y sus funciona-
rios como de la sociedad civil.
20. Para mayor información, ver: https://sgp.pcm.gob.pe/gobierno-abierto/
66
Por parte de las entidades y las personas que la integran, entender y creer en la importancia de
abrir y compartir la información implica cambios de valores, conductas y aprender a valorar la opi-
nión ciudadana, diseñando una serie de mecanismos que permitan escuchar a los ciudadanos, mos-
trar su gestión, el sustento de sus decisiones y también enseñarles a entender el funcionamiento
de la Administración pública.
Los ciudadanos y las partes interesadas tienen también que involucrarse y dedicar parte de su
tiempo para entender los mecanismos y formas de la Administración pública, seguir sus procedi-
mientos y mecanismos, pedir información, aportar en los procesos de políticas públicas y entender
que es un derecho, pero también un deber ciudadano.
Así, la PNMGP (2013) señala que un Gobierno abierto busca la cocreación del valor público, lo cual
se genera con mayor eficiencia cuando participan el Gobierno, la sociedad y las personas.
Conforme señala la Secretaría de Gestión Pública, se viene construyendo un Gobierno abierto en el

Perú, para ello:
Desde 2011 somos parte de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA), la cual es una iniciativa de más
de 70 países que busca asegurar compromisos para Gobiernos nacionales, regionales y locales con
el fin de promover buenas prácticas de Gobierno abierto. Así, a través de Planes de Acción de Go-
bierno Abierto (PAGA) se definen de manera participativa los compromisos del Estado peruano para
promover los principios de Gobierno abierto. Actualmente se encuentra en implementación el
IV PAGA, el cual cuenta con 21 compromisos en distintas materias priorizadas para promover la
transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas e integridad21.
Cabe mencionar que en la actualidad en el portal de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM se

encuentra una serie de reportes sobre el avance del PAGA hasta el año 2020, así como herramien-
tas de capacitación en Gobierno abierto dirigido a Gobiernos regionales y locales, y la Guía de la
OCDE sobre Gobierno abierto22.
2.2.1.1. Rendición de cuentas
Conforme señala FLACSO Argentina (2017), existen diversos autores que definen la rendición de
cuentas como la obligación de los gobernantes (autoridades políticas) y empleados, servidores o
funcionarios públicos de asumir responsabilidad por sus acciones y dar cuenta de ello, desde una
concepción que trascienda la idea de sanción o de castigo. Además, señala que, para ser efectiva,
la rendición de cuentas debe ser una obligación normativa y ética, por lo que en caso de incumpli-
miento tendrá una reparación o castigo.
21. Para más información, ver: https://sgp.pcm.gob.pe/gobierno-abierto/

22. Para más información, ver: https://sgp.pcm.gob.pe/gobierno-abierto/
67
Respecto a la rendición de cuentas, la OCDE (2021) nos explica qué se puede esperar por parte de
los ciudadanos y las partes interesadas, que cuentan con una serie de derechos y herramientas a
disposición para:
a) Exigir justificaciones o el debido sustento para las decisiones de la Administración pública, es

decir, del Gobierno.
b) Recompensar o sancionar a su Gobierno y organismos públicos relacionados con base en la
evaluación del desempeño que se realice.
La rendición de cuentas incluye un conjunto de mecanismos administrativos y judiciales de denuncia

y apelación y elecciones. De esta manera, los ciudadanos y las partes interesadas podrían confiar en
dichos mecanismos y en las instituciones públicas que las normas determinan como una protección
para evitar el abuso de autoridad, así como para corregir las infracciones que se pudieran presentar.
Se refiere a la posibilidad de impugnar las decisiones, la posibilidad de que se repare el daño causado
y la protección de denunciantes, entre otros (OCDE, 2021).
Por otra parte, para el Gobierno la rendición de cuentas significaría satisfacer las necesidades de
los ciudadanos de saber el sustento o justificación de las acciones del Gobierno, brindando la infor-
mación y los datos respectivos de forma entendible y adecuada. Esta rendición de cuentas puede
darse exista o no un requerimiento previo. El Gobierno, al tener conocimiento de la aprobación o
desaprobación por parte de los ciudadanos, puede realizar las acciones correctivas pertinentes.
Esto permite que se mantengan y fortalezcan los sistemas de control y equilibrio entre la Adminis-
tración pública, el Gobierno y los ciudadanos, quienes hacen un seguimiento y monitoreo del cum-
plimiento de los objetivos de las políticas y de los servicios y el correcto accionar del funcionario
(OCDE, 2021).
La rendición de cuentas es otro instrumento que trabaja de forma conjunta con la transparencia, se
constituye así en un elemento clave para su funcionamiento, en tanto:
[…] se pone de manifiesto la preocupación por supervisar, controlar y restringir el poder, la princi-
pal relación que guardan ambos conceptos es el control y la responsabilidad, ya que la transpa-
rencia no solo es un valor público, sino que es un medio que permite a la ciudadanía controlar
la labor pública y dar cuenta de la responsabilidad de los funcionarios públicos (Concha, 2020,
pág. 2).
2.2.1.2. Integridad
La OCDE (2021) señala que cuando hablamos de integridad nos referimos a la alineación constan-
te y el cumplimiento de valores, principios y normas éticas compartidas, con el objetivo de defender
y priorizar el interés público sobre los intereses privados.
68
La OCDE (2017) señala, en el marco de la investigación que nos convoca, que, por ejemplo, la transparen-
cia no es suficiente, por lo que poner a disposición del público la información debe ir necesariamente
acompañado de mecanismos eficaces de escrutinio y rendición de cuentas. Además, indica que deben
generarse políticas que tengan en cuenta el contexto donde se aplican, considerando un enfoque conduc-
tual, la gestión de riesgos y especialmente promoviendo una cultura de integridad en toda la sociedad.
En ese orden de ideas, en el portal de la OCDE se dice respecto a la recomendación de la OCDE

sobre integridad pública23 que se debe contar con tres pilares: 1) tener un sistema para reducir las
oportunidades por comportamiento corrupto; 2) el cambio de la cultura para hacer que la corrup-
ción sea inaceptable socialmente y; 3) hacer que las personas sean responsables de sus acciones
a través de la rendición de cuentas. Además, de manera bastante interesante desarrolla la pro-
puesta de abordar los problemas de corrupción en tres áreas con enfoques particulares como son:
1) políticas públicas, evitando su captura por intereses distintos al interés público; 2) contratacio-
nes públicas, para prevenir la corrupción en estas y; 3) infraestructura pública, sobre todo en los
grandes proyectos que son proclives a la corrupción y mala gestión.
2.2.1.3. Participación ciudadana y de las partes interesadas
Conforme a la OCDE (2021), cuando hablamos de rendición de cuentas los ciudadanos y las partes
interesadas tienen la misma oportunidad de influir en la toma de decisiones en las diversas etapas del
ciclo de las políticas públicas y en la prestación de servicios. Así, pueden dar a conocer sus preferen-
cias, opiniones y aportes a las autoridades de la Administración pública en los temas que les afectan.
El Gobierno, gracias a dicha participación, conoce, analiza y tiene en cuenta los aportes pertinentes
para la construcción de las políticas públicas y, en general, toma de decisiones públicas, y además
debe dar cuenta de ese proceso. En ese sentido, el Gobierno brinda las posibilidades y medios sufi-
cientes para lograr que los ciudadanos participen, en igualdad de oportunidades, cuidando que
participen los diversos grupos sociales (OCDE, 2021).
Otro aspecto que resulta relevante para los diversos procesos de participación ciudadana es el
apoyo irrestricto a la libertad de expresión. El Gobierno debe propiciar el fortalecimiento de la so-
ciedad civil, plural, diversa, independiente y activa en la vida política del país (OCDE, 2021).
2.2.2. Transparencia y el acceso a la información pública
Como se puede ver, a lo largo de la lectura del presente capítulo los elementos materia de estudio se
entrelazan e interactúan entre sí. En ese sentido, no podemos hablar de lucha contra la corrupción sin
23. Para mayor información, ver: https://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
69
un actuar transparente en la Administración pública. Para lograrlo, el Gobierno digital y el Gobierno

abierto son elementos que contienen una serie de herramientas, mecanismos, valores, principios,
etc., que contribuyen a la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, y cada
uno incide e impacta entre sí.
La transparencia se pone de manifiesto a través de diversos medios como son las leyes de acceso
a la información, las políticas públicas de información y los canales públicos de información. Estos
instrumentos cumplen el objetivo de facilitar y asegurar el acceso y disposición de la información
de las instituciones públicas hacia la ciudadanía.
Ahora bien, conforme señala la OCDE (2021), al ser la transparencia un principio del Gobierno
abierto, la entiende como la divulgación de información y datos gubernamentales relevantes, pero
esta acción debe realizarse de manera oportuna, accesible, comprensible y reutilizable.
Se define la transparencia como:
Esfuerzos del Gobierno para hacer que la información y los datos estén disponibles pública-
mente para que los ciudadanos y las partes interesadas puedan ver, comprender y monitorear
sus actividades y decisiones. Como consecuencia, el público tiene acceso, comprende y puede
utilizar la información y los datos importantes que el Gobierno crea y recopila (por ejemplo,
sobre acciones, procesos, decisiones, etc.). La transparencia se puede implementar mediante el
acceso a la información (divulgación proactiva y reactiva) y datos gubernamentales abiertos
(OCDE, 2021, pág. 166).
La Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014), respecto a la transparencia, nos indican:
La transparencia permite una gestión pública más democrática, debido a que equilibra las rela-
ciones de poder entre la Administración pública y la ciudadanía reduciendo el monopolio de in-
formación de aquella, poniéndola a disposición de las personas. Ello aumenta la capacidad de
la ciudadanía de influenciar, vigilar y controlar a la Administración, tanto en sus actuaciones
como en sus resultados.
[…]
El nuevo modelo de gestión pública, basado en el principio de transparencia, requiere imple-

mentar técnicas administrativas que le permitan generar procedimientos inclusivos, participa-
tivos y deliberativos, tanto en la etapa de la formación de las decisiones públicas como en la
evaluación de las mismas. La transparencia también contribuye a mejorar las condiciones en
que desempeña sus labores la Administración pública, es decir, aporta a mejorar los niveles de
eficiencia de la gestión pública […] (pág. 22).
70
En ese mismo orden de ideas, la OCDE (2021) nos señala que la transparencia significa para los
ciudadanos y partes interesadas:
Los ciudadanos y las partes interesadas tienen acceso, comprenden y pueden (re)utilizar la in-
formación y los datos que el Gobierno crea y recopila. Si el Gobierno no ha publicado informa-
ción o datos importantes de manera proactiva, los ciudadanos y las partes interesadas pueden
solicitar acceso al Gobierno. Además, pueden reutilizar la información y los datos gubernamen-
tales para asuntos privados y contribuir así al desarrollo social, por ejemplo, desarrollando una
idea empresarial (pág. 13).
Mientras que para el Gobierno, según lo expuesto por la OCDE (2021), la transparencia significa:
El Gobierno pone a disposición del público la información y los datos importantes en un formato
apropiado y a través de canales suficientes para garantizar que los ciudadanos y las partes intere-
sadas puedan acceder a ellos, comprenderlos y (re)utilizarlos. Esto incluye, como mínimo, informa-
ción y datos sobre todas las decisiones tomadas por los funcionarios públicos, sus circunstancias y
los resultados e impacto que estas conllevan. El Gobierno puede publicar los datos y la información
de forma proactiva o reactiva a petición de los ciudadanos y las partes interesadas (pág. 13).
Por su parte, para el CLAD (2016), en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, en el mismo
sentido nos señala que:
La transparencia deberá orientar la relación de los Gobiernos y Administraciones públicas con

los ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos. La transparencia implicará dos ámbitos
cruciales: el derecho de acceso a la información que está en poder de las instituciones públicas
y que puedan solicitar los ciudadanos, y también la obligación de los Gobiernos de poner a dis-
posición de la ciudadanía, de forma proactiva, aquella información que den cuenta de sus acti-
vidades, del uso de los recursos públicos y sus resultados, con base en los principios de la pu-
blicidad activa, tales como la relevancia, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad, veracidad,
comprensibilidad, sencillez y máxima divulgación (pág. 6).
Es así como en la Constitución Política del Perú (1993), en el inciso 5 del artículo 2, se establece que:
Artículo 2.o Toda persona tiene derecho:
[…]
5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier enti-
dad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informacio-
nes que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones
de seguridad nacional.
71
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la
nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refie-
ran al caso investigado.
Es importante tener en cuenta, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional (2010)24:
El principio de transparencia y el derecho de acceso a la información pública constituyen dos

elementos estrechamente vinculados que posibilitan el control de la actuación del Estado. A
través de ellos se controlan, por ejemplo, las actividades públicas de las autoridades, funciona-
rios, funcionarias y servidores del Gobierno nacional y los Gobiernos regionales y locales. De ahí
que cuanto más transparente sea la gestión pública estaremos frente a Administraciones más
responsables y comprometidas con los fines públicos.
Ahora bien, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) (2021), en su Compendio de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: Normativa y Criterios
Interpretativos Relevantes, nos indica respecto de la transparencia: “Una de sus manifestaciones
es la obligación de publicar información de oficio o transparencia activa; y otra es el derecho de
acceso a la información pública, también denominado transparencia pasiva” (pág. 6).
En la legislación nacional, este derecho constitucional ha sido desarrollado de forma expresa en la

Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que cuenta con un Texto Único
Ordenado, aprobado mediante Decreto Supremo 021-2019-JUS, y su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo 072-2003-PCM. Como se aprecia en el contenido de estas normas, se estable-
cen sus objetivos y se regulan aspectos como los sujetos titulares del derecho, los obligados a
satisfacerlo, el procedimiento administrativo respectivo, las excepciones al acceso de la informa-
ción pública y el régimen de infracciones y sanciones en caso de que se vulneren los derechos
protegidos.
Así, se conceptualiza a la transparencia como:
La apertura y exposición a la ciudadanía del ejercicio de las funciones del Estado en su con-
junto (autoridades políticas, funcionarios, funcionarias y servidores públicos) y así se consti-
tuye en un principio constitucional. […] La transparencia, al tratarse de un principio constitu-
cional, tiene rango o jerarquía de la Constitución, lo que significa que se encuentra por encima
de las leyes y del resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico (Presidencia del Consejo de
Ministros y USAID, 2014, pág. 9).
24. STC 00565-2010-PHD/TC, f. j. 6.
72
En general, podemos afirmar que el concepto de transparencia como principio de un accionar se

hace presente tanto en el sector público como en el privado.
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública:
Implica la facultad de toda persona de acceder a cualquier información pública, cuando ella la
solicita, sin que sea necesario justificar su pedido. Este derecho garantiza:
• Solicitar, sin expresión de causa, la entrega de información pública.

• Recibir la información verdadera, actual, clara y completa, dentro del plazo legal y con el
pago del costo correspondiente (Presidencia del Consejo de Ministros y USAID, 2014,
pág. 13).
El Tribunal Constitucional, en el caso Rodríguez Gutiérrez, Exp. 1797-2002-HD/TC, f. 16., citado por
la PCM (2014), ha afirmado al respecto que:
El contenido constitucionalmente garantizado por el derecho de acceso a la información públi-

ca no solo comprende la mera posibilidad de acceder a la información solicitada y, correlativa-
mente, la obligación de dispensarla de parte de los organismos públicos. […] A criterio del Tri-
bunal, no solo se afecta el derecho de acceso a la información cuando se niega su suministro,
sin existir razones constitucionalmente legítimas para ello, sino también cuando la información
que se proporciona es fragmentaria, desactualizada, incompleta, imprecisa, falsa, no oportuna
o errada.
Ningún derecho es absoluto, todos tienen sus límites en otros derechos o en otros principios
constitucionales. El acceso a la información no es una excepción.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014), se dice que la Constitución concluye
que este derecho tiene límites en:
• El derecho a la intimidad.
• La seguridad nacional.
• El derecho al secreto bancario.
• La reserva tributaria25.
• El derecho a la autodeterminación informativa, denominado también como derecho “a la
protección de datos personales”26 (págs. 11-13).
25. Artículo 2, inciso 5.

26. Artículo 2, inciso 6.
73
Como bien explica la Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014), la transparencia impone
una serie de obligaciones en el quehacer de las entidades públicas, no es la mera entrega de infor-
mación, sino que lo central es que con este principio se mejora el accionar público, pues se pueden
diseñar e implementar, por ejemplo, mejores soluciones para los problemas públicos o mejorar la
prestación de servicios públicos. Así:
• Agrega valor a las decisiones tomadas.

• Abre posibilidades legítimas de participación.
• Ofrece mayores garantías de acertar en la selección y en la solución de los problemas
planteados en la agenda pública.
• Se puede convertir en un incentivo para promover una mayor eficiencia en los servicios
públicos, al exponer los resultados de la gestión a la ciudadanía, fomentando una sana
competencia por la aprobación social (Presidencia del Consejo de Ministros y USAID,
2014, pág. 20).
La Guía de la OCDE sobre Gobierno abierto para funcionarios públicos peruanos (2021) contiene una
tabla referencial sobre canales para la divulgación proactiva de información, que consideramos
interesante presentar en la presente investigación y que se adjunta en el anexo 4.
No cabe duda de que para que los ciudadanos realicen un ejercicio de monitoreo efectivo, estos
necesitan más información, pero también capacitación para entenderla y poder identificar y de-
nunciar un acto corrupto. La información debe ser oportuna, sin barreras en lo referente a costos
de acceso u otro que limiten su uso efectivo por parte de la sociedad. Un tipo de barrera también
es la entrega de información en formatos poco claros o con un nivel de detalle de compleja com-
prensión y que evite identificar a los responsables de estas. Así, la información debe ser creíble,
clara, comprehensiva, relevante, oportuna, y de ser el caso de datos, plausible de ser procesada
y reanalizada.
Como bien señala el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Reporte de Economía y Desa-
rrollo (2019), es muy difícil que los Estados entreguen una información adecuada, de calidad y
oportuna. Aunque se descarte que no quieren realizarlo por temas de corrupción, hay que tener
presente que son un sinnúmero de entidades públicas que realizan muchas actividades y la gene-
ración de información accesible y comprensible se hace bastante compleja.
Finalmente, el mismo Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Reporte de Economía y De-
sarrollo (2019) resumen de forma muy interesante que:
Los esfuerzos de los Gobiernos para producir más y mejor información para la ciudadanía se
materializan en distintas prácticas de transparencia, entre las cuales destacan las leyes de
acceso a la información y las políticas de apertura proactiva de datos y Gobierno abierto. Las
primeras son leyes que establecen las condiciones para que los ciudadanos (individualmente o
74
agrupados) puedan solicitar al Estado información adicional a la que es de libre acceso. Las
políticas de apertura comprenden iniciativas por las cuales, entre otras cosas, se fijan conteni-
dos mínimos que deben estar disponibles para los ciudadanos en determinados tiempos y for-
matos (pág. 144).
Por otro lado, si bien no forma parte del objeto de la investigación, existen otros elementos muy
importantes vinculados con la transparencia y el acceso a la información pública, que por ejemplo
se relacionan con el uso de las tecnologías de la información y, por ende, con el Gobierno digital,
que es el derecho a la protección de datos personales que nuestra Constitución Política reconoce
en su inciso 6 del artículo 2, por el cual toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos,
computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad
personal y familiar. Así, este derecho genera una serie de facultades que tiene toda persona para
ejercer control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros, ya sean pú-
blicos, privados o informáticos, para evitar su uso indebido o no deseado.
Otro aspecto vinculado es el de la ética pública, que también se relaciona con la integridad y la
lucha contra la corrupción. Desde un enfoque del funcionario o servidor público, en el Perú se tra-
duce en el Código de Ética de la Función Pública, aprobado mediante Ley 27815, donde se estable-
ce el conjunto de principios, deberes y prohibiciones que deben orientar el quehacer del funcionario
o servidor público.
Así, la transparencia es reconocida como un deber por el mencionado código, donde los funciona-
rios públicos deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, lo que implica que di-
chos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona
natural o jurídica. Además, agrega que el servidor público debe brindar y facilitar información fide-
digna, completa y oportuna en todo momento.
Finalmente, presentamos una tabla que contiene las principales normas relacionadas con el pre-
sente acápite. Cabe mencionar que estas no incluyen las normas relativas a Gobiernos subnacio-
nales ya que no forman parte del ámbito de investigación, sin embargo, debemos mencionar que es
un tema de gran importancia analizar el proceso de implementación de estas en estos niveles de
gobierno.
75
Tabla 5.
Principales normas relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública
Decreto
N.o legislativo / Número Nombre de la ley Fecha de publicación
ley
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos

1 Ley 29785 7 de septiembre de 2011
Indígenas u Originarios
2 Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales 3 de julio de 2011
3 Ley 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo 8 de agosto de 2003
4 Ley 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública del Perú 13 de agosto de 2002
Ley de Transparencia y Acceso a la Información

5 Ley 27806 3 de agosto de 2002
Pública
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de

6 Ley 27785 23 de julio de 2002
la Contraloría General de la República
7 Ley 27658 Ley de Modernización de la Gestión del Estado 30 de enero de 2002
Ley que regula la publicación de la declaración

8 Ley 27482 jurada de ingresos y de bienes y rentas de los 15 de junio de 2001
funcionarios y servidores públicos del Estado
9 Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General 11 de abril de 2001
Ley de los Derechos de Participación y Control

10 Ley 26300 3 de mayo de 1994
Ciudadanos
Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional

Decreto de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
11 1353 7 de enero de 2017
Legislativo fortalece el Régimen de Protección de Datos
Personales y la regulación de gestión de intereses
Decreto legislativo que aprueba el Marco de la

Decreto
12 1276 Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector 23 de diciembre de 2016
Legislativo
Público No Financiero
Crea el Portal de Transparencia Económica como

Decreto de
13 077-2001 plataforma informativa del Ministerio de Economía 7 de julio de 2001
Urgencia
y Finanzas para los ciudadanos a través de Internet
Decreto de Acceso ciudadano a información sobre finanzas

14 035-2001 17 de marzo de 2001
Urgencia públicas
Decreto supremo que aprueba el IV Plan de Acción

Decreto 206-2019- de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario
Supremo PCM 2020-2021 y crea la Comisión Multisectorial
denominada Foro Multiactor de Gobierno Abierto
Dispone que las entidades del sector público

Decreto 018-2001- incorporen en sus TUPA un procedimiento para
Supremo PCM facilitar a las personas el acceso a la información
que posean o produzcan
Decreto 059-2004- Establece disposiciones relativas a la

17 11 de agosto de 2004
Supremo PCM administración del Portal del Estado Peruano
76
Decreto
N.o legislativo / Número Nombre de la ley Fecha de publicación
ley
Decreto supremo que aprueba la implementación

Decreto 063-2010-
18 del Portal de Transparencia Estándar en las 3 de junio de 2010
Supremo PCM
entidades de la Administración pública
Decreto supremo que aprueba la Estrategia

Decreto 016-2017- Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del
Supremo PCM Perú 2017-2021 y el Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú
Decreto supremo que implementa el Portal de

Decreto 063-2010-
20 Estándares de Transparencia en las entidades de 3 de junio de 2010
Supremo PCM
la Administración Pública
Decreto Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

21 142-2009-EF 24 de junio de 2009
Supremo Participativo
Decreto supremo que aprueba el Reglamento de

Decreto 002-2009- Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Supremo MINAM Participación y Consulta Ciudadana en Materia
Ambiental
Decreto supremo que establece disposiciones

Decreto 059-2004-
23 relativas a la administración del Portal del Estado 11 de agosto de 2004
Supremo PCM
Peruano

Decreto 072-2003-
24 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 7 de agosto de 2003
Supremo PCM
Pública
Decreto supremo que aprueba el texto legislativo

Decreto 043-2003-
25 de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 24 de abril de 2003
Supremo PCM
Información Pública
Decreto supremo que dispone que las entidades del

sector público incorporen en sus textos legales un
Decreto 018-2001-
26 procedimiento sobre trámites administrativos para 27 de febrero de 2001
Supremo PCM
facilitar el acceso de los ciudadanos a la
información que los ciudadanos poseen o producen
Decreto supremo que regula el uso de tecnología

Decreto 001-2000-
27 avanzada en el área de archivo de documentos e 26 de marzo de 2000
Supremo JUS
información a entidades públicas y privadas
Aprueba Directiva 001-2017-PCM-SGP,

Resolución 035-2017- “Lineamientos para la implementación del Portal
Ministerial PCM de Transparencia Estándar en las entidades de la
Administración pública”
Aprueba Directiva 001-2017-PCM-SGP,

Resolución 035-2017- “Lineamientos para la implementación del Portal
Ministerial PCM de Transparencia Estándar en las entidades de la
Administración pública”
Nota: datos obtenidos del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). Elaboración propia.
77
A nivel internacional, resulta de interés destacar que las leyes de acceso a la información (LAI)
existen en algunos países desde hace muchos años, como en Suecia, que datan del año 1776, o
como en el caso de países como Estados Unidos o Francia, cuyas LAI tienen más de 40 años. Su
implementación es en general un fenómeno reciente en el mundo, y los países de América Latina
se han sumado gradualmente a este movimiento, en particular desde los últimos años de la década
de los noventa y principios de 2000, logrando casi completa cobertura (CAF, 2019), tal como se
observa en la siguiente figura:
Figura 4.
Leyes de acceso a la información en América Latina
1999 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2011 2014 2016
Perú
Trinidad Honduras
y Tobago Chile Argentina
Guatemala Colombia
Uruguay Brasil
México El Salvador Paraguay
Panamá
República
Dominicana Bolivia
Ecuador Costa Rica
Nicaragua Cuba
Venezuela
Nota: en gris se muestran los países que no han implementado todavía una ley de acceso a la información. Bolivia y Venezuela han
aprobado normas que reglamentan algunos aspectos sobre este ámbito, mientras que en Costa Rica este derecho se rige por las
disposiciones contenidas en la Constitución (Organización de los Estados Americanos, 2013).
Fuente: elaboración propia con base en datos del Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2018).
Fuente: tomado de CAF y Reporte de Economía y Desarrollo. Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción, 2019, pág. 37.
Como bien señala el informe de la CAF (2019), parece que la existencia de las LAI en los países de
América Latina es una apuesta en materia de transparencia, lo cual no significa que haya aportado
realmente al combate de la corrupción. Sin embargo, estas LAI pueden contribuir con la detección
de irregularidades y ser disuasivas. En ese sentido, también, debemos considerar que la implemen-
tación de estas leyes puede ser incompleta o defectuosa, sobre todo en países con débil capacidad
institucional.
El mismo informe nos plantea casos en donde las LAI escritas pueden ser muy buenas técnica-
mente, pero se implementan en la práctica de una manera completamente distinta. Así señalan el
ejemplo:
78
[…] de acuerdo con los datos del ranking Global Right to Information (RTI), que capturan exclu-
sivamente la solidez del marco legal sin considerar la calidad de su implementación, el país que
cumple con los mayores estándares en su ley de acceso a la información pública es Afganistán,
a pesar de ser un país con altos niveles de corrupción, según indica su posición (172 entre 180
países) en la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Interna-
cional27 (págs. 144-148).
Para un funcionamiento real de las LAI, por un lado, debemos promover el conocimiento y uso
efectivo por parte de los ciudadanos y, por otro lado, que los funcionarios las respeten y apliquen
de forma debida, en fondo y tiempo.
Un tema atractivo que se aborda, y que solo mencionamos, a pesar de que consideramos su impor-
tancia, es la relación entre las políticas de transparencia y el rol de los medios de comunicación
(CAF, 2019).
2.3. GOBIERNO DIGITAL
Resulta importante comprender la tecnología como el conjunto de conocimientos aplicados para

ayudar a mejorar la forma de vida del ser humano y hacer que sus hábitos sean más prácticos y
eficientes. Entenderemos que esto no ha sido siempre aplicado como se esperaría o de forma uni-
forme, y es ese factor el que marca el desarrollo de las sociedades hoy en día.
Este aspecto tan importante, que se ve definido por el conocimiento, en la actualidad tiene la oportuni-
dad especial de avanzar como antes no podía, ya que la expansión de Internet y la globalización permi-
ten que el conocimiento se acelere con mayor rapidez, al mismo tiempo que este puede ser compartido
con mayor eficiencia. Pero eso no lo es todo, una sociedad que investiga avanza, las que no lo hacen se
limitan a recoger las piezas muchas veces fragmentadas de lo que otras ya probaron o dejaron de usar,
ello, como reiteramos, porque el conocimiento ahora avanza con mucha mayor fluidez que en el pasado.
Así las cosas, los Gobiernos, al desarrollar sus procesos para servir a la ciudadanía, no pueden
permanecer ajenos a la aplicación de avances tecnológicos para alcanzar sus objetivos de mejor
manera, de ahí que la transformación digital se presente como el nuevo gran paradigma que debe
marcar su accionar.
Por ello, este factor se ha constituido como la prioridad de muchos Gobiernos, ya que no solo abre
un mundo de oportunidades incontables, sino que facilita que la gestión se pueda desarrollar de
manera más célere, práctica (simple), transparente, económica, eficaz y oportuna.
27. Realizado por el Centre for Law and Democracy y Access to Info Europe, 2018.
79
Con la aplicación de la tecnología y la digitalización de la gestión los servicios pueden realizarse

más rápido, facilitando la creación de medios accesibles para que desde cualquier lugar y en cual-
quier momento los ciudadanos accedan a estos, reduciendo, tal como ya hemos señalado, las opor-
tunidades para que la corrupción se manifieste.
En una zona geográfica como la latinoamericana, que se caracteriza por su bajo rendimiento y pro-
ductividad pública, más aún en un contexto como el peruano, donde además inciden factores alta-
mente complejos como los altos índices de desigualdad económica y social, así como el alto grado
de desconfianza en el Gobierno y sus instituciones, la transformación digital ofrece una oportuni-
dad para construir nuevos espacios de respuesta a los problemas de la ciudadanía.
Además, como señala el BID (2021), “la pandemia de la COVID-19 puso de relieve lo urgente que es
esta agenda” (pág. 8). Ello porque de un día para otro se tuvo que enfrentar una nueva condición de
vida para todos y adaptarnos a nuevos hábitos, pero un factor que influyó fue que el Estado tuvo
que seguir respondiendo a las demandas sociales a distancia, ya que, con las cuarentenas decreta-
das, el nivel de interacción entre las personas se redujo al mínimo, pero los problemas no. Asimis-
mo, existía la disyuntiva de salir de casa y exponerse a los contagios o quedarse en casa y estar
más protegidos de la pandemia. Esto no fue ajeno a los trabajadores públicos, quienes tuvieron que
tomar el mismo tipo de decisiones, pero tuvieron que adoptar decisiones para responder a las de-
mandas ciudadanas.
Frente a ello, los Gobiernos, como el peruano, tuvieron que acelerar sus procesos de implementa-
ción de tecnologías digitales o en muchos casos replicar experiencias internacionales ya emplea-
das para no quedar paralizados y garantizar la continuidad de los servicios públicos.
La Administración pública tuvo que reinventarse, y fue necesario habilitar plataformas de pago
online en los diversos portales web institucionales. El teletrabajo y el trabajo remoto se instauraron
en la vida de los ciudadanos y también de los funcionarios públicos, con plataformas como Zoom y
Meet, así como la educación virtual en nuestros estudiantes y docentes, con herramientas como el
WhatsApp y FaceTime. El Estado debía velar por la seguridad jurídica y entraron con mayor fuerza
los sistemas de firma digital, reconocimiento facial, etc.
Cabe mencionar que, desde el enfoque de los recursos humanos (si bien no forman parte central de
esta investigación), para el cuerpo de servidores públicos esta adaptación de la intromisión abrupta
del Gobierno electrónico no ha sido sencilla (además del estrés propio de la pandemia por el
COVID-19). Y no solo por el manejo de las herramientas de las TIC, las limitaciones que existen en
materia de conectividad y de acceso a los equipos informáticos o de telecomunicaciones necesa-
rios. El segmento poblacional que caracteriza a los servidores o funcionarios públicos no nacieron
con las TIC, por lo que su adaptabilidad a ellas es más lenta, surgiendo, entre otros, temor o recha-
zo a los cambios que había que enfrentar.
80
Consideramos pertinente tomar como referencia el Estudio de la CAF y PubliTechLab (2020) que
nos muestra de manera clara y sucinta cómo ha evolucionado el Gobierno digital y los elementos
que caracterizan esta evolución.
Tabla 6.
Elementos de la transformación digital de los Gobiernos
Gobierno Gobierno
Gobierno analógico Gobierno digital
electrónico inteligente
• Enfoques
• Transparencia
• Operaciones impulsados • Aprovechamiento
y enfoques
cerradas por la apertura del conocimiento
centrados
y enfoque al ususario derivado de los
Enfoque en el ciudadano
de lo interno y los datos datos para hacer
• Procedimientos del ciudadano
• Procedimientos • Transformación
impulsados el eje central
analógicos de los procesos
por TIC
y operaciones
• Estadísticas • Analítica de datos, • Inteligencia

• Accceso a la
Datos y registros datos abiertos artificial y análisis
información
administrativos y masivos predictivo
Fuente: CAF (como se citó en CAF y PubliTechLab, 2020).
Ahora bien, como señalan Naser y Hofmann (2016), hacia el año 2005 fue cuando se empezó a traba-
jar el tema bajo el enfoque del Gobierno electrónico presentando información en línea; promoviendo
técnicas para la simplificación administrativa; la virtualización de procedimientos; las Ventanillas Úni-
cas; la georreferenciación; el registro de documentos y archivos electrónicos; la firma electrónica o
digital; la protección de datos; la preservación de la información; la interoperabilidad; los medios de
pago electrónicos; la contratación electrónica; y la seguridad de la información, entre otras.
Respecto a cómo entender el Gobierno electrónico, la forma para comprenderlo de forma sencilla
es la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (como se citó en Naser y Concha
2011), la cual define el Gobierno electrónico como: “La utilización de Internet y el World Wide Web
para entregar información y servicios del Gobierno a los ciudadanos”.
Otro concepto que considerar es el de la OCDE, conforme se señala en la publicación de la PCM

(2013), quien define al Gobierno electrónico como:
La oportunidad de desarrollar una nueva relación entre el Gobierno, ciudadanos, usuarios de

servicios y empresas a través de las TIC, permitiendo la difusión y recopilación de información
y servicios tanto dentro como fuera del Gobierno para la prestación de servicios, la toma de
decisiones y la rendición de cuentas (pág. 26).
81
También es importante asumir la definición del Valenti, Anta y Bendersky (2004) respecto a que:
El Gobierno electrónico, desde un punto de vista tecnológico, es la capacidad que ofrecen las
tecnologías de la información y de la comunicación para desarrollar y ofrecer información y
servicios públicos a través de medios telemáticos, habitualmente Internet. Para el Gobierno, el
Gobierno electrónico es el medio para modernizar la gestión pública a través de las tecnologías
de la información y de la comunicación, en busca de mejores prácticas, mayor control y trans-
parencia y más agilidad. En definitiva, esto permitirá una mejor prestación de servicios al país
en su conjunto (pág. 5).
Finalmente, cabe considerar lo señalado por Naser y Concha (2011) en cuanto a que:
El Gobierno electrónico es la transformación de todo el Gobierno como un cambio de paradigma

en la gestión gubernamental, es un concepto de gestión que fusiona la utilización intensiva de las
TIC, con modalidades de gestión, planificación y administración, como una nueva forma de gobier-
no. Bajo este punto de vista, el Gobierno electrónico basa y fundamenta su aplicación en la Admi-
nistración pública, teniendo como objetivo contribuir al uso de las TIC para mejorar los servicios e
información ofrecida a los ciudadanos y organizaciones, mejorar y simplificar los procesos de so-
porte institucional y facilitar la creación de canales que permitan aumentar la transparencia y la
participación ciudadana (pág. 5).
Como se observa, el enfoque del Gobierno electrónico introduce en las agendas de Gobierno una
visión más dinámica del quehacer en la gestión, aplicando las tecnologías de la información como
medio de ayuda.
Esto se pone de manifiesto, también, en tanto el Gobierno electrónico contribuyó con la generación
de un nuevo paradigma clave en la gestión pública, como es el Gobierno abierto decidido a promo-
ver, facilitar y garantizar la entrega de información y datos de interés público a la ciudadanía. En ese
sentido, el acceder a la información que se produce en las entidades públicas, así como a las ges-
tiones del Gobierno, es un derecho esencial de las personas, facilitando con ello la transparencia en
la gestión, legitimando las decisiones y fortaleciendo el actuar democrático del aparato guberna-
mental.
Ahora bien, la introducción del Gobierno electrónico y luego del Gobierno digital no empezó en 2020,
en nuestro país lleva muchos años de trabajo —articulado o no, eficaz o no—, que se evidencia en
parte en el desarrollo de una serie de normas e instrumentos que tratan de orientar el accionar
en materia digital. Para comprender cómo ha evolucionado la transformación digital en nuestro país,
observemos el desarrollo normativo del Gobierno electrónico en el Perú:
82
Tabla 7.
Evolución del Gobierno electrónico en el Perú
Norma de Fecha de
Año Nombre
aprobación publicación
2000 Firmas y certificados digitales Ley 27269 8 de mayo de 2000
Decreto Supremo 23 de mayo de

2001 Creación del Portal del Estado Peruano (PEP)
060-2001-PCM 2001
3 de agosto de
2002 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 27806
2002
Creación de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Decreto Supremo 28 de junio de

2003
Informática (ONGEI) y su portal web 067-2003-PCM 2003
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Decreto Supremo 29 de noviembre

2004
Estado (SEACE) 083-2004-PCM de 2004
Decreto Supremo
Creación del Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) 21 de junio de 2006
032-2006-PCM
Resolución
26 de julio de
Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico Ministerial
2006
274-2006-PCM
2006
Decreto Supremo 3 de noviembre de
Creación de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
165-2006-EF 2006
Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información-Agenda Decreto Supremo 21 de junio de

Digital Peruana 031-2006-PCM 2006
Resolución 18 de la
10 de noviembre
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico Declaración de
de 2007
Santiago
Decreto Supremo
2007 Modificación del organigrama de la PCM 14 de julio de 2007
063-2007-PCM
Resolución
2 de noviembre de
Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (IDEP) Ministerial
2007
325-2007-PCM
Resolución Ministerial 25 de marzo de

2009 Ley sobre estándares de accesibilidad
126-2009-PCM 2009
Decreto Supremo
Política Nacional de Banda Ancha 24 de julio de 2010
034-2010-MTC
2010
Decreto Supremo
Creación de defensoría estándar 3 de junio de 2010
063-2010-PCM
Aprobación del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Decreto Supremo

27 de julio de 2011
Información en el Perú-La Agenda Digital Peruana 2.0 066-2011-PCM
Decreto Supremo 21 de octubre de

2011 Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)
083-2011-PCM 2011
Crean el Portal de Información de Datos Espaciales del Perú Decreto Supremo

27 de julio de 2011
(GEOIDEP) 069-2011-PCM
83
Norma de Fecha de
Año Nombre
Decreto Supremo 21 de octubre de

Firma digital
105-2012-PCM 2012
2012
Crean el Portal del Comité Coordinador Permanente de la Decreto Supremo 14 de agosto de
Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP) 086-2012-PCM 2012
Acceso e intercambio de información espacial entre entidades Decreto Supremo 27 de diciembre

de la Administración pública 133-2013-PCM de 2013
2013
Decreto Supremo
Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 10 de julio de 2013
081-2013-PCM
Reglamento de la ley que crea Ventanilla Única de Decreto Supremo

7 de mayo de 2015
Antecedentes para Uso Electoral 069-2015-PCM
2015
Comisión Multisectorial Permanente encargada del Decreto Supremo 23 de septiembre
seguimiento y evaluación de CODESI 065-2015-PCM de 2015
Catastro multifinalitario a través de Infraestructura de Datos Decreto Legislativo 29 de diciembre

2016
Espaciales 1288 de 2016
Crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Decreto Legislativo

7 de enero de 2017
Información Pública 1353
Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del

Perú 2017-2021 Decreto Supremo 12 de febrero de
016-2017-PCM 2017
Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú
2017
Decreto Supremo 22 de junio de
Establece plazos para implementación de la interoperabilidad
067-2017-PCM 2017
Se crea, mediante decreto, la Secretaría de Gobierno Digital Decreto Supremo 27 de febrero de

(SEGDI) 022-2017-PCM 2017
Amplía la información para la implementación progresiva para Decreto Supremo 15 de diciembre

la interoperabilidad 121-2017-PCM de 2017
84
Norma de Fecha de
Año Nombre
Resolución de
Se aprueba el uso de servicios en la nube para entidades de Secretaría de 4 de enero de
la Administración pública del Estado Gobierno Digital 2018
001-2018-PCM/SEGDI
Establece la definición de seguridad digital de ámbito Decreto Supremo 14 de mayo de

nacional 050-2018-PCM 2018
Decreto Supremo 14 de mayo de

Se crea el Portal de Software Público Peruano (PSPP)
051-2018-PCM 2018
Decreto Supremo 1 de agosto de

Obligatoriedad de la declaración jurada de intereses
080-2018-PCM 2018
Decreto Supremo 30 de noviembre

Declaran de interés nacional el desarrollo del Gobierno digital
118-2018-PCM de 2018
2018
Decreto Legislativo 13 de septiembre
Se aprueba la Ley de Gobierno Digital
1412 de 2018
Decreto Supremo 23 de marzo de

Se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (Gob.pe)
033-2018-PCM 2018
Resolución de
Lineamientos para la Formulación de Planes de Gobierno Secretaría de 22 de diciembre
Digital Gobierno Digital de 2018
005-2018-PCM/SEGDI
Resolución de
Secretaría de 22 de diciembre
Lineamientos del Líder de Gobierno Digital
Gobierno Digital de 2018
004-2018-PCM/SEGDI
Resolución de
Secretaría de
Directiva para compartir y usar Software Público Peruano 17 de abril de 2019
Gobierno Digital
001-2019-PCM/SEGDI
2019
Resolución de
Creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital Secretaría de 5 de octubre de
del Estado Gobierno Digital 2019
003-2019-PCM/SEGDI
Decreto de Urgencia 9 de enero de

Se crea el Sistema Nacional de Transformación Digital
006-2020 2020
Decreto de Urgencia 9 de enero de

2020 Se aprueba el Marco de Confianza Digital
007-2020 2020
Ampliación de servicios de información en materia de Decreto Supremo 1 de febrero de

simplificación administrativa 016-2020-PCM 2020
85
Norma de Fecha de
Año Nombre
Decreto Supremo 19 de febrero de

Reglamento de la Ley de Gobierno Digital
029-2021-PCM 2021
Resolución de
Directiva para Conversión Integral de los Procedimientos Secretaría de 15 de junio de
Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales Gobierno Digital 2021
001-2021-PCM/SEGDI
Contratación de la provisión de conectividad en áreas rurales Decreto de Urgencia

4 de junio de 2021
y de preferente interés social 014-2021
Resolución
2021 Se crea, mediante decreto, la Secretaría de Gobierno y
Ministerial 17 de julio de 2021
Transformación Digital
156-2021-PCM
Resolución de
Secretaría de
Directiva para generación y uso de código de verificación Gobierno y 17 de septiembre
digital en la Administración pública* Transformación de 2021
Digital 002-2021-
PCM/SGTD
Decreto Supremo 25 de septiembre

Reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital*
157-2021-PCM de 2021
Nota: las dos últimas normativas corresponden a publicaciones posteriores al corte de la investigación.
Fuente: ONGEI (2013) y PCM (2022). Elaboración propia28.
En cuanto a los cambios y las transformaciones relacionadas con las TIC, conforme a lo estableci-
do en la tabla 7, vemos que la CAF y PubliTechLab (2020) estructuran este proceso de Gobierno
electrónico a Gobierno digital para evolucionar a Gobierno inteligente. Además señalan:
[…] el auge de los datos, la inteligencia artificial y la personalización de los servicios están mar-
cando el inicio de una nueva era de transformación del sector público que puede describirse
como Gobierno inteligente.
Esta nueva tendencia ha sido señalada por la OCDE (2019) en su definición de “sector público
basado en los datos” (data-driven public sector). De esta manera, con este cambio de paradig-
ma el Gobierno inteligente ya no se centra únicamente en la automatización de procesos, en la
integración de los servicios en línea y en la eficiencia operativa de las Administraciones. Este es
un nuevo enfoque en el que el usuario se ubica en el centro de los procesos de transformación
28. Para mayores referencias ver:

a. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), 2013, págs. 76-77.
b. Presidencia del Consejo de Ministros, Normativa sobre Transformación Digital. Recuperado de: https://www.gob.pe/
institucion/pcm/colecciones/147-normativa-sobre-gobierno-digital
86
de los Gobiernos y en el que las tecnologías digitales —incluidas las avanzadas—, así como los
datos, se convierten en herramientas fundamentales para estas transformaciones.
Mediante procesos de transformación digital, las entidades del Gobierno pueden integrar nue-
vas tecnologías —como la nube o la inteligencia artificial—, así como nuevas metodologías ági-
les de trabajo que permiten la experimentación y la iteración con el usuario final para mejorar
sustancialmente el diseño y la provisión de servicios al ciudadano (CAF y PubliTechLab, 2020,
págs. 24-25).
Este mismo estudio plantea las capacidades centrales con las que debe contar un Gobierno inteli-
gente:
Tabla 8.
Capacidades y habilitadores del Gobierno inteligente
Dimensión Categorías Ejemplos
• Digitalización de puntos de contacto

• Plataformas de acceso en línea
Servicios • Portales de servicios a ciudadanos y empresas
• Plataformas de mensajería
• Plataformas de pagos
• Automatización de procesos transaccionales

Procesos
• Habilitación digital de servicios
Capacidades
• Despliegue de sensores
Decisiones • Analítica predictiva avanzada
• Almacenamiento de datos en la nube
• Infraestructura de datos
• Registros públicos abiertos y unificados
Datos
• Gobernanza de datos y compartición de información
• Cocreación de soluciones con empresas y ciudadanos
Fuente: cuadro obtenido de CAF y PubliTechLab, 2020, pág. 25.
Hay elementos clave que los Gobiernos tienen en cuenta y que aplican el Gobierno electrónico,
son los que hacen referencia a la gestión de los datos públicos que generan y su vinculación en-
tre ellos. Muchas entidades ofrecen servicios digitales y estas se suelen agrupar a través de
portales o Ventanillas Únicas del Estado. Ello implica que se usen plataformas que permitan la
integración de los sistemas internos y la interoperabilidad, así como la seguridad de la identidad
y protección de datos.
87
Además, en la actualidad se habla del Govtech, que es un enfoque que cuenta con varias definicio-
nes, algunas de las más importantes son las de la University of Cambridge (2019), donde se define
Gov-Tech como “un sector industrial naciente en el que startups y firmas de tecnología del sector
privado ofrecen soluciones innovadoras basadas en tecnología —utilizando generalmente las tec-
nologías más recientes— para resolver los problemas del sector público” (pág. 4).
En ese mismo sentido, la Digital Future Society (2020) señala que el Gobierno del Reino Unido de-
fine Gov-Tech como “un ecosistema emergente de innovación en el que startups y pequeñas y
medianas empresas del sector privado ofrecen productos y servicios tecnológicos, generalmente
utilizando tecnología de última generación y emergentes, a clientes del sector público” (pág. 9).
Por su parte, el estudio de la CAF y PubliTechLab (2020) señala, respeto de los ecosistemas Gov-
tech, que son:
El resultado de la interacción entre startups, que representan la oferta de innovación, y los

Gobiernos que configuran la demanda. Esta interacción es mediada por los procesos de con-
tratación pública, los cuales generalmente están sujetos a determinados marcos normativos
e institucionales, así como a determinadas culturas de contratación en las Administraciones
públicas. Las startups a su vez forman parte de ecosistemas de innovación más amplios, y su
operación se enmarca en un entorno digital específico y en un mercado de este tipo de em-
presas. Por su parte, los Gobiernos establecen políticas públicas y regulaciones que enmar-
can el funcionamiento de los ecosistemas, implementan estrategias de Gobierno digital que
pueden promover la participación de las startups y MiPymes tecnológicas en el desarrollo de
soluciones Gov-Tech, y, en este contexto, tienen el reto de aprovechar las oportunidades que
ofrecen las nuevas tecnologías emergentes y el auge de los datos (CAF y PubliTechLab,
2020, págs. 39-40).
Así nos plantean una dinámica de un ecosistema Govtech en la siguiente figura:
88
Figura 5.
Las dinámicas de los sistemas Govtech
Políticas
Ecosistema
y regulación
de innovación
Marco de
contratación
Entorno Startups Contratación Gobiernos Datos

digital pública
Cultura de
contratación
Mercado de
Gobierno
startups
startups y mipymes
digital
tecnológicas
Fuente: cuadro obtenido de CAF y PubliTechLab, 2020, pág. 38.
Así, se evidencia una serie de actores clave para la creación, desarrollo y sostenibilidad de un eco-
sistema Govtech: los Gobiernos, las grandes empresas, los inversores de capital de riesgo, las
universidades y escuelas de gobierno y los laboratorios de innovación. La innovación pública resul-
ta ser un factor clave para el desarrollo del Govtech y que también es abordado en este capítulo.
Como resalta de lo enunciado, el gran factor adicional que tener presente es que estos esquemas
han dado paso a una nueva situación donde el sector público y el privado van trabajando de manera
colaborativa, activa y constante, para obtener resultados de mayor calidad. Es más, esta etapa
marca una condición donde el sector público se soporta en las soluciones que le ofrece el privado
para responder mejor a las necesidades colectivas.
Con el desarrollo de estas tecnologías y los grandes avances en la inteligencia artificial se ha dado
paso a un nuevo esquema donde se concibe la transformación del sector público, para que, aplican-
do tecnologías digitales, se construya una configuración estructural sinérgica basada en el empleo
de soluciones que proveen las herramientas tecnológicas, y que pueden aplicarse a casi todos los
campos del quehacer público, tanto para su desempeño interno como en sus marcos de proyección
hacia la ciudadanía. Se cuenta así con soluciones integrales, sencillas y céleres, para que las accio-
nes concluyan exitosamente, en menos tiempo, ahorrando recursos, evitando duplicas labores,
y actuando de forma más transparente y oportuna.
89
La importancia de avanzar en este campo resulta sustancial puesto que, tal como ya se ha mencio-
nado, dar los pasos correctos hacia la digitalización de los servicios públicos puede contribuir a
contar con un Estado más corto, más eficiente, menos burocrático y corrupto, que se desenvuelva
solo con el capital humano indispensable para que se tomen decisiones con mayor rapidez y trans-
parencia, empleando menos recursos materiales y sirviendo de mejor manera a la ciudadanía.
En ese sentido, por ejemplo, los análisis de datos, la generación de tendencias y de análisis pros-
pectivos para el mejor diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como un sinfín
de beneficios que nos podría traer un Gobierno inteligente, requieren ecosistemas funcionales y
seguros.
2.4. INNOVACIÓN PÚBLICA
Para hablar de innovación pública consideramos como documentos internacionales orientadores y

principales a la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública29, aprobada en el año
2020, y la Declaración sobre Innovación en el Sector Público30 de la OCDE, del año 2019, ambos
suscritos por el Perú.
Lo antes mencionado es reafirmado por el CLAD (2021), que señala:
[…] la innovación pública es tema central en la agenda de organismos internacionales como la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la Declaración sobre
la Innovación en el Sector Público, de 2019; el CLAD en Iberoamérica, con la reciente Carta
Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, del corriente año, y los múltiples foros y
redes de debate […] (pág. 18).
Ahora bien, que la gestión pública, sus instituciones, es decir, los funcionarios y servidores públicos
y la misma sociedad en su conjunto, puedan pensar fuera de la caja con relación a la prestación, los
medios, las formas, los instrumentos y los canales en todo el ciclo de las políticas públicas es un
desafío que sin duda tiene una serie de resistencias propia de la cultura organizacional, de la nor-
mativa, de la desconfianza, del control y del miedo al cambio.
Sin embargo, consideramos que la innovación ha venido para contribuir con los procesos de moder-
nización en la gestión de las Administraciones públicas; su penetración en el mundo de lo público
con nombre propio es de corta data, pero está en la agenda pública, y por eso consideramos impor-
tante exponerla en la presente investigación.
29. Para mayor información, visitar: https://clad.org/wp-content/uploads/2020/10/Carta-Iberoamericana-de-Innovacion-

10-2020.pdf
30. Para mayor información, visitar: https://oecd-opsi.org/wp-content/uploads/2018/11/Declaraci%C3%B3n-Espanol.pdf
90
En ese orden de ideas, el CLAD (2020), en la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión

Pública (en adelante la Carta), señala que:
La innovación pública busca nuevas maneras para crear valor público, es decir, valor comparti-
do por todos. La innovación en la gestión pública puede definirse como el proceso de explorar,
asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas institucional, organizativa y social, de
forma que aporte soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas y permita así res-
ponder de manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y de la
sociedad (pág. 8).
[…] puede subdividirse en dos grandes ámbitos: 1) servicios a la ciudadanía: creación y mejora
de políticas, bienes y servicios de impacto directo en la ciudadanía; y 2) procesos internos: me-
jora de procesos y políticas de gestión internas dentro de la Administración. Lograr la primera
es muy difícil sin trabajar en la segunda, que suele ser la más compleja (pág. 12).
La innovación pública nos trae grandes retos y desafíos por su naturaleza multifacética y al consti-
tuirse en sí misma como un modo de actuar. Así, podemos señalar que nos traerá:
[…] un cambio de paradigma desde los modelos más tradicionales en los que gobernar se con-
sideraba como algo básicamente unidireccional (de los gobernantes hacia los gobernados), ha-
cia un modelo multidireccional, de relacionamiento entre Gobierno, sociedad y mercado, basa-
do en la gobernanza sociopolítica o interactiva, de cocreación en producción de bienes públicos
[…] (CLAD, 2021, pág. 19).
Además, la innovación pública introduce el trabajo experimental y la cocreación, los cuales se

ponen de manifiesto en el proceso de generación de soluciones (que implica la innovación), enfo-
cado principalmente en los ciudadanos, y que lideran los funcionarios y servidores públicos, con
el objetivo de brindar soluciones a los complejos problemas públicos y lograr el bienestar común
en la sociedad.
En ese orden de ideas, hay que tener presente que la innovación en la gestión pública debe buscar
siempre la creación de valor público, sea que se creen o mejoren servicios o bienes públicos, por el
valor generado a raíz de los procesos internos de la Administración pública o por el valor que se
produce por la confianza social del actuar de la Administración. La Carta nos habla de una innova-
ción inteligente en los procesos decisionales, es decir, a través de la inteligencia artificial y de la
gestión del conocimiento; debe traducirse en servicio público de calidad que mejore la vida de las
personas, con lo cual se contribuye al fortalecimiento del sistema democrático.
Hacia dónde debe mirar la innovación pública de manera prioritaria para que pueda ser exigida por
la sociedad y asumida por la Administración pública y los políticos, pues debe priorizar la igualdad
social con desarrollo sostenible, en tanto que son los dos grandes retos del siglo XXI en el mundo,
91
sustentada por el marco general que agrupa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030, y así lo establece la Carta. Además, nos señala que otra apuesta estratégica debería ser
mejorar “los sistemas de control y de regulación para superar las fallas estructurales de la corrup-
ción, la arbitrariedad, la opacidad, el dispendio y el déficit en la evaluación de las políticas y de los
servicios públicos” (CLAD, 2020, pág. 8).
En una realidad tan cambiante, donde los problemas sociales también cambian con rapidez, requie-
re de soluciones nuevas, atrevidas, innovadoras, de una respuesta rápida, eficaz y eficiente, y es ahí
donde aparece la innovación pública.
Por su parte, en la Declaración sobre Innovación en el Sector Público de la OCDE, del año 2019, se
señala, respecto a la innovación pública, que cuenta con diversas perspectivas como:
a) Innovación orientada a la mejora, fortalece y lleva a otro nivel las prácticas actuales, logra
eficiencias y mejores resultados, y se basa en las estructuras existentes.
b) Innovación orientada a la misión, logra ambiciones y prioridades claras, desarrollando nue-
vos métodos y enfoques según sea necesario.
c) Innovación adaptativa, responde a un entorno cambiante y fomenta la curiosidad por inter-
pretar y responder a los cambios en la sociedad y en la tecnología; innovación anticipatoria,
explora y se involucra con la incertidumbre en torno a temas emergentes que darán forma
a prioridades y compromisos futuros (págs. 5-6).
De esta manera, el conjunto de países firmantes de la Declaración sobre Innovación en el Sector

Público de la OCDE (2019), entre ellos el Perú, declaran que:
a) Van a adoptar y mejorar la innovación.

b) Alentar y brindar herramientas a todos los servidores públicos para innovar.
c) Cultivar nuevas alianzas e involucrar diferentes voces.
d) Apoyar la exploración, la iteración y las pruebas.
e) Difundir lecciones y compartir prácticas (págs. 6-7).
Es así como ponen en la agenda internacional la tendencia a seguir para la implementación de un

buen gobierno y, por tanto, de sus políticas públicas a la innovación pública en los países miembros
de la OCDE y de quienes aspiran a serlo, como en el caso peruano.
El pensar en innovación pública está intrínsecamente relacionado con una cultura de innovación que
implica la apertura a nuevas ideas, creatividad, mentalidad emprendedora y toma de riesgos. Se ha-
bla entonces de que un “ecosistema de innovación es una comunidad dinámica basada en la colabo-
ración, la confianza y la creación conjunta de valor. Ante la escasez de recursos en el Estado, los
ecosistemas son clave para fomentar la creación de soluciones innovadoras” (SGP, 2021a, pág. 17).
92
Parte del ecosistema para lograr que se implante de forma rápida y debida la innovación en el sec-
tor público son los llamados Laboratorios de Innovación Pública, que no son únicamente multidis-
ciplinarios en profesiones y experiencias, en ellos también interactúan actores de la sociedad como
las universidades, instituciones públicas, asociaciones civiles, sector empresarial, etc., en la bús-
queda de contribuir en el diseño e implementación de una política pública para ser luego revisada
y corregida, sin que el error sea sinónimo de castigo o sanción.
Estos laboratorios permiten ampliar la visión tradicional de una entidad pública con una combina-
ción de los enfoques y modos de entender la realidad y mejorar sus niveles de comprensión sobre
el resto de los actores sociales (Acevedo y Dassen, 2016, pág. 22).
Un componente de los laboratorios se centra —también— en el recurso humano, así Acevedo y

Dassen (2016) señalan:
No todos los laboratorios de innovación están dedicados a la generación directa de innovacio-

nes. Más bien, muchas de estas unidades tienen como objetivo promover el ejercicio de activi-
dades innovadoras por parte de otros organismos del Estado. En estos casos, el trabajo de los
laboratorios se enfoca en actividades de capacitación para funcionarios públicos; investigación
y difusión de metodologías de diseño; experimentación y cocreación (pág. 25).
Existe una serie de elementos y dinámicas que de acuerdo con la Carta favorecen e incentivan la
innovación en la gestión pública, que son:
a) El incremento de la profesionalización de las posiciones más estratégicas de las institucio-

nes públicas.
b) Un diálogo colaborativo y complementario entre la dimensión política y la dimensión pro-
fesional.
c) El fomento de las interacciones e intercambios de ideas entre los diversos sectores admi-
nistrativos.
d) La definición de espacios de trabajo y de tiempo exclusivamente para el pensamiento es-
tratégico y prospectivo, la creatividad y la innovación.
e) La apertura de las instituciones y fomentar una gobernanza y colaboración público-privada
que fomente lógicas de innovación abierta, mediante dinámicas de participación ciudadana y
de colaboración con las organizaciones sociales y empresariales. Establecer ecosistemas de
innovación que permitan pensar más allá de lo estatal desde una gobernanza y metagober-
nanza público-privada que permita abordar temas como la compra pública de innovación.
f) La formulación de arquitecturas organizativas de carácter variable que sean capaces de
acoger la fluida implementación de las iniciativas innovadoras.
g) El establecimiento de incentivos o políticas de compensación para que los empleados pú-
blicos puedan innovar en las políticas y los servicios públicos.
93
h) El establecimiento de instancias de investigación aplicada de innovación en el sector públi-

co (alcance, impacto, etc.) con aseguramiento de presupuestos que garanticen su funcio-
namiento en el tiempo (CLAD, 2020, págs. 11-12).
En el Perú, en el mes de junio de 2021, se publicó la Resolución de Secretaría de Gestión Pública

009-2021-PCM/SGP, que aprueba los Lineamientos 001-2021-SGP que establecen las Orientacio-
nes para una Gestión Pública Innovadora. Este constituye el único instructivo legal de carácter na-
cional que orienta el accionar en materia de innovación pública y de reciente publicación, que tiene
como finalidad promover la innovación en sus tres dimensiones: cultura, incentivos y ecosistema,
desde la Administración pública. Además contribuye a crear un Estado eficiente y cercano a los
peruanos, el cual es el centro de esfuerzos.
Estos lineamientos definen la innovación pública como un proceso inclusivo e iterativo para demar-
car problemas públicos, cocrear, prototipar e implementar soluciones viables que modernicen el
Estado y agreguen valor a las personas. Asimismo, establece que se caracteriza una solución inno-
vadora en el marco de tres aspectos que se podrán identificar en dicha solución:
• Puede ser nueva o ser un cambio significativo para la organización, proceso, etc.
• Crean uno o más tipos de valor público: calidad, involucramiento de las personas, etc.
• Es nueva para el lugar de trabajo, aun cuando está inspirada en otras (SGP, 2021b, pág. 6).
Otro aspecto relevante que tener en cuenta es lo referente a los incentivos en innovación pública,
en tanto constituyen un conjunto de recompensas y sanciones que motivan a las personas a cam-
biar su comportamiento (SGP, 2021b, pág. 13).
Es así como hemos podido revisar de manera general a lo largo del presente apartado los concep-
tos e ideas centrales respecto a la innovación pública, evidenciando que es un concepto relativa-
mente joven y que se encuentra en una fase inicial para su incorporación en la gestión pública, pero
que viene con fuerza y rapidez en tanto la sociedad actual, sus problemas y exigencia de soluciones
se vuelven más complejos y los ciudadanos exigen respuestas inmediatas, algo natural en una so-
ciedad moderna, de la inmediatez, que vino de la mano con las tecnologías de la información y la
comunicación.
Un camino importante e interesante por descubrir es el que nos trae hoy en día la innovación públi-
ca, que tiene su particular naturaleza en la innovación privada, y que no debe perderse de vista.
94
CAPÍTULO III.
COMPILACIÓN31 NORMATIVA, INSTRUMENTAL
E INSTITUCIONAL
En los acápites precedentes hemos desarrollado el marco teórico del proceso de modernización
del Estado y los elementos que estructuran la gestión pública en el Perú, así como alguna de las
materias que inciden de manera sustancial en su desenvolvimiento y desarrollo.
En ese orden de ideas, consideramos pertinente presentar en este capítulo los principales elemen-
tos con los que el Estado peruano trabaja la modernización de la gestión pública del Estado desde
una perspectiva normativa, instrumental e institucional, así como de los temas que impactan tam-
bién en el proceso de modernización materia de análisis y que forman parte de la presente investi-
gación, como la lucha contra la corrupción, transparencia y acceso a la información pública, Gobier-
no digital e innovación pública.
Por ello, presentamos la compilación de los principales elementos que en cada materia destacan y
contribuyen a entender la forma en que se desarrollan las labores en la Administración pública, y que
al mismo tiempo permitirán verificar la existencia de sinergias o situaciones positivas, en algunos
casos, y en otras dificultades que se deben superar.
En ese sentido, tras el proceso de conceptualización en el primer capítulo de los elementos materia
de investigación, pasamos a la exhibición de las normas, instrumentos e instituciones que orientan
y materializan la modernización de la gestión pública y alguno de los elementos que la impactan,
como hemos señalado líneas arriba.
31. Conforme a la RAE, se entiende por compilación: “Obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas apareci-
das antes por separado o en otras obras”. Ver: https://dle.rae.es/compilaci%C3%B3n
95
Así, es importante tener en cuenta que los elementos expuestos en el presente capítulo son los
que se encuentran vigentes y el breve desarrollo que contiene esta compilación son un resumen
textual o parafraseado32 de la norma o instrumento respectivo.
3.1. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
En el capítulo I de la presente investigación, hemos desarrollado la evolución del proceso de mo-

dernización de la gestión pública en el Estado peruano, de la mano con las normas centrales que
evidencian en paralelo las reformas administrativas que se han implementado entre los años 2000
y julio de 2020. En ese sentido, en este acápite solo se expondrán aquellas normas centrales del
proceso de modernización de la gestión pública que están vigentes, en el marco de la información
que se encuentra desarrollada por la Secretaría de Gestión Pública en su portal33, como de la revi-
sión de los documentos de política34 que esta ha desarrollado.
3.1.1. Compilación normativa
A. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29158
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) establece los principios y las normas básicas de orga-
nización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno nacional, las fun-
ciones, atribuciones y facultades legales del presidente de la República y del Consejo de Ministros,
entre otros, así como la naturaleza y requisitos de creación de entidades públicas y los sistemas
administrativos que orientan la función pública en el marco de la Constitución y la Ley de Bases de
la Descentralización35.
Una de las funciones principales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es coordinar las
políticas nacionales de carácter multisectorial, en especial las referidas al desarrollo económico y
social; además, formula las políticas nacionales en su respectivo ámbito de competencia, el proce-
so de descentralización y de la modernización de la Administración pública36.
32. En este capítulo no se ha utilizado un sistema de citado en tanto que se señala al inicio del mismo que esta compila-
ción contiene un breve desarrollo textual de las normas en sí mismas o de aquellas que contienen los instrumentos y
desarrollan las instituciones, respectivamente. Esta aclaración se realiza debido a que, siendo esta una reducción de
contenidos de instrumentos y normas, los mismos no pueden ser modificados o alterados por su naturaleza conforme se
ha señalado en el concepto de compilación. La presente nota se realiza para prevenir cualquier interpretación de plagio
al tratarse de una compilación.
33. Ver: https://sgp.pcm.gob.pe/
34. Para mayor información, ver: https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/3428-documentos-de-politica-de-la-
secretaria-de-gestion-publica
35. Artículo 1.o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley 29158.
36. Numeral 2 del artículo 18.o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley 29158.
96
Asimismo, una de las competencias o funciones de la PCM también es formular, aprobar y ejecutar
las políticas nacionales de modernización de la Administración pública y las relacionadas con la
estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la modernización del Estado37.
Respecto a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, la LOPE señala claramente que uno de los
requisitos para la creación de organismos públicos es que este debe cumplir y estar en el marco de
lo establecido en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (LMMGE).
Además, respecto a los programas y proyectos especiales amparados en la LOPE, se señala clara-
mente que en el marco de los procesos de modernización y de descentralización del Estado, la
Presidencia del Consejo de Ministros los evalúa a fin de determinar la necesidad de su continuidad
o no.
Por último, cabe resaltar que, entre los sistemas administrativos creados por la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, uno de ellos es sobre la materia de modernización de la gestión pública38.
B. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658 y su Reglamento39
La ley tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores y mejores niveles de eficiencia
del aparato estatal. Ello con el fin de lograr una mejor atención al ciudadano, priorizando y optimi-
zando el uso de los recursos públicos.
El artículo 4.o de la ley señala taxativamente que el objetivo del proceso de modernización de la
gestión del Estado es alcanzar un Estado:
a) Al servicio de la ciudadanía.
b) Con canales efectivos de participación ciudadana.
c) Descentralizado y desconcentrado.
d) Transparente en su gestión.
e) Con servidores públicos cualificados y adecuadamente remunerados.
f) Fiscalmente equilibrado.
Asimismo, ante la creación e incorporación del Sistema Administrativo de la Modernización de la

Gestión Pública en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Marco de Modernización del Estado
define su finalidad del siguiente modo:
37. Numeral 4 del artículo 19.o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley 29158.
38. Artículo 46.o de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Ley 29158.
39. Cuenta con un reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 030-2002-PCM.
97
[…] velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; propiciar la simplificación
administrativa; promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia
de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Gobierno abierto; la coordinación interinstitucio-
nal; la racionalidad de la estructura, organización y funcionamiento del Estado; y la búsqueda
de mejoras en la productividad y en la gestión de procesos; la evaluación de riesgos de gestión
y la gestión del conocimiento, hacia la obtención de resultados40.
Este sistema administrativo tiene como ente rector a la Secretaría de Gestión Pública, la cual per-
tenece a la estructura organizacional de la PCM. También se señala que el enfoque principal de la
modernización es hacia el ciudadano. Es por ello por lo que la norma ampara y define la “democra-
cia participativa” y el “control ciudadano”, y menciona los derechos y obligaciones de los ciudada-
nos, así como las obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado.
El reglamento de la ley define la Administración pública central orientada al servicio de la persona

de la siguiente manera:
Toda entidad de la Administración pública central está orientada al servicio de la persona. En

ese sentido, la organización y toda actividad de la entidad deberá dirigirse a brindar un mejor
servicio y al uso óptimo de los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y
bienestar de la persona.
A fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, las entidades de

la Administración pública central deberán establecer mecanismos de gestión verificables y brin-
dar información a la ciudadanía acerca de las razones que fundamentan sus acciones o decisio-
nes41.
Por último, el reglamento destaca la propuesta de creación de entidades del sector público, el ré-
gimen de las entidades con convenios de gestión y el régimen de los programas piloto de moderni-
zación.
C. Decreto legislativo que modifica la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, Decreto Legislativo 1452
Se modificó la Ley del Procedimiento Administrativo General, adecuándose al Análisis de Calidad

Regulatoria y estableciendo que las entidades deben realizar dicho análisis de los procedimientos
administrativos a su cargo o sus propuestas, teniendo siempre en cuenta el alcance y lo estableci-
do por la norma vigente sobre la materia.
40. Artículo 5-A de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658.
41. Artículo 1.o del Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo 030-2002-PCM.
98
Asimismo, se señala sobre la vigencia indeterminada de los títulos habilitantes que excepcional-
mente, mediante decreto supremo, se establece la vigencia determinada de los mismos, para lo
cual la entidad debe sustentar la necesidad, el interés público que tutelar y otros criterios que de-
finan de acuerdo con la normativa de calidad regulatoria.
D. Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las entidades del Gobierno na-
cional, del Gobierno regional o del Gobierno local, a través de precisiones de sus compe-
tencias, regulaciones y funciones, Decreto Legislativo 1451
Así como señala su artículo 1.o, el decreto tiene por objeto fortalecer el funcionamiento de las en-
tidades del Gobierno nacional, Gobierno regional y local, a través de las precisiones que:
a) Actualicen denominaciones, competencias y funciones.

b) Reasignen competencias y funciones como consecuencia de la transferencia de funciones, pro-
cesos de fusión o creación de entidades.
c) Aclaren el alcance de determinadas competencias y funciones.
d) Coadyuven a la mejor aplicación de la regulación en concordancia con su razón de ser.
e) Adecúen la regulación a estándares, recomendaciones o convenios internacionales.
E. Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1211, que aprueba medidas para el
fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de Ventanillas Úni-
cas e intercambio de información entre entidades públicas mediante Decreto Legislativo 1447
Busca promover la integración de los servicios y procedimientos del Estado a través de servicios
integrados y espacios compartidos.
Se crea la Ventanilla Única, una modalidad de servicios integrados por la cual las entidades públi-
cas se articulan para brindar servicios y trámites, de manera parcial o integrada, asegurando a la
ciudadanía accesos presenciales, no presenciales o mixtos.
Asimismo, se crea el Catálogo Nacional de Servicios de Información. Este es un instrumento del

Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano que comprende el listado de servicios de informa-
ción. Su administración y desarrollo está a cargo de la PCM.
Además, se desarrolla el Sistema de Pagos Electrónicos del Estado. Es decir, el pago de los servi-
cios integrados se puede realizar a través de este sistema, el cual permite a los administrados
realizar pagos por servicios o procedimientos administrativos del Estado.
Por último, se crea la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), la cual es la única plata-
forma del Estado que, a través de accesos o canales de atención presenciales, no presenciales o
mixtos, brinda múltiples servicios de información, orientación, atención de trámites, reclamaciones
99
u otros servicios del Estado, incluyendo los que resulten de la prestación de servicios por institu-
ciones privadas, según corresponda. El MAC también busca asegurar una atención de calidad al
ciudadano y a las personas jurídicas.
F. Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación
de la Gestión de Intereses, Decreto Legislativo 1353
La autoridad se rige por lo dispuesto en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y las normas reglamentarias. Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a Información
Pública, es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre las funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública que esta autori-
dad tiene podemos enunciar algunas:
a) Proponer políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

b) Emitir directivas y lineamientos que sean necesarios para el cumplimiento de las normas en el
ámbito de su competencia.
c) Fomentar la cultura de transparencia y acceso a la información pública.
d) Supervisar el cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia, entre otros.
Asimismo, se crea el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este tribunal

tiene naturaleza de órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), y
constituye la última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la
información pública a nivel nacional.
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene diversas funciones, entre

ellas, podemos destacar:
a) Resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación que interpongan los fun-
cionarios y servidores públicos sancionados por el incumplimiento de normas de transparencia
y acceso a la información pública.
b) Dirimir mediante opinión técnica vinculante los casos en los que se presente conflicto entre la
aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, y Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley 27806.
c) Custodiar declaraciones de conflicto de intereses, entre otros.
Cabe resaltar que el decreto legislativo también abarca la confidencialidad de la información. Se

señala que los servidores públicos de la autoridad y del tribunal, bajo responsabilidad, tienen la
obligación de no hacer uso de la información que conozcan para fines distintos al ejercicio de sus
100
funciones, y cuando se trate de información secreta, reservada o confidencial, tienen la obligación

del cuidado diligente si toman conocimiento de ella en el ejercicio de su función.
El Reglamento del Decreto Legislativo precisa los procedimientos, requisitos de vocales y presi-
dentes, conformación, causales de abstención, infracciones, y vacancia, entre otros, sobre la con-
formación y procesos de la Autoridad de Transparencia, acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, y del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
G. Decreto supremo que aprueba el Procedimiento de Evaluación de Continuidad de Orga-

nismos Públicos Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo,
aprobado mediante Decreto Supremo 143-2021-PCM
Se aprueba el Procedimiento de Evaluación de Continuidad de Organismos Públicos Ejecutores,

Programas y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo a fin de promover la eficiencia y eficacia de
las entidades del Poder Ejecutivo al orientar su desempeño al logro de resultados, a través de la
evaluación de su continuidad, que permita adoptar mejoras en su gestión o implementar mecanis-
mos de reforma de la estructura del Poder Ejecutivo.
H. Decreto supremo que aprueba la calificación y relación de los programas y proyectos

especiales del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Supremo 098-2021-PCM
Por primera vez se establece la relación y calificación de los programas y proyectos especiales del
Poder Ejecutivo, de acuerdo con las características establecidas en la LOPE y los Lineamientos de
Organización del Estado. La norma adjunta un anexo en el que se encuentra la calificación y rela-
ción de los programas y proyectos especiales del Poder Ejecutivo.
I. Decreto supremo que aprueba la actualización de la calificación y relación de los orga-

nismos públicos, aprobado mediante Decreto Supremo 097-2021-PCM
Dado que habían transcurrido aproximadamente diez años desde la última actualización, resultó
necesario modificar la clasificación y relación de los organismos públicos del Poder Ejecutivo por
encontrarse estas desfasadas. La norma adjunta un anexo en el que aparece la clasificación y re-
lación de organismos públicos adscritos a cada ministerio actualizado debidamente.
J. Reglamento del Decreto Legislativo 1211, decreto legislativo que aprueba medidas
para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios
compartidos, aprobado mediante Decreto Supremo 090-2019-PCM
El reglamento precisa y establece las disposiciones que definen las funciones de las entidades,
desarrolla las etapas, procedimientos y otros, vinculados con la implementación, operación y finan-
ciación de los servicios integrados y espacios compartidos.
101
Cabe resaltar que la norma define el deber de colaboración e intercambio de información entre
entidades, lo cual comprende la participación de las entidades públicas en los procesos de diseño,
implementación, operación y evaluación de los proyectos de servicios integrados y servicios y es-
pacios compartidos identificados.
Asimismo, este deber de colaboración e intercambio de información entre entidades contará con
disposiciones que la Secretaría de Gestión Pública emitirá en materia de gestión del conocimiento
y Gobierno abierto a fin de que faciliten su operación.
Sobre la Ventanilla Única, el reglamento establece los criterios que la entidad deberá considerar
como mínimos para su creación, los cuales son los siguientes:
a) Pluralidad de entidades.
b) Pluralidad de servicios y trámites.
c) Articulación y complementariedad de los servicios y trámites.
d) Factibilidad de la propuesta, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y trámites que
impactan en la mejora de la productividad.
e) Mejora de la productividad.
f) Optimización de procesos.
Además, respecto a los canales de atención de la Plataforma MAC, la norma señala que existen
canales de atención MAC presenciales, no presenciales y mixtos. Los canales de atención presen-
cial de la Plataforma MAC son:
a) Centros de Mejor Atención al Ciudadano (Centros MAC).

b) Centros de Servicios Itinerantes MAC.
Los canales de atención no presenciales de la Plataforma MAC son:
a) Aló MAC.
b) Portal MAC.
Además, se cuenta con un canal de atención mixto de la Plataforma MAC que es el MAC Express.
Por último, cabe destacar que la Plataforma MAC contempla dos formas de Administración: la
Administración pública-pública y la Administración pública-privada.
102
K. Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública apro-

bado mediante Decreto Supremo 123-2018-PCM
Mediante Decreto Legislativo 1446, decreto legislativo que modifica la Ley 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se incorpora el artículo 5-A a la mencionada ley, el cual
establece que el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública tiene por finalidad
velar por la calidad de la prestación de los bienes y servicios; propiciar la simplificación administra-
tiva; promover y mejorar la calidad en las regulaciones en el ámbito de competencia de la PCM;
y el Gobierno abierto, entre otros.
Es así como el Sistema Administrativo de Modernización del Estado, creado en el año 2008 en la LOPE,
fue incorporado a la LMMGE y luego se emitió el Reglamento del Sistema Administrativo de la Moder-
nización de la Gestión Pública que, como bien señala la norma, tiene por objeto desarrollar el sistema,
establecer principios, normas y procedimientos que aplican al proceso de modernización de la gestión
pública en concordancia con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley 27658.
El Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública se rige por los siguientes principios:
a) Orientación al ciudadano.
b) Orientación a resultados.
c) Eficacia y eficiencia.
d) Flexibilidad.
e) Simplicidad y armonización.
f) Reconocimiento de la heterogeneidad.
Asimismo, el proceso de modernización de la gestión pública, como refiere la norma, consiste en el

uso de todos los medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o
servicio. El valor público se crea bajo dos procedimientos cuando:
• Las intervenciones públicas, que adoptan las formas de bienes, servicios o regulaciones, satis-
facen las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad.
• Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos
públicos, para directa o indirectamente satisfacer las necesidades y expectativas de las perso-
nas, generando un beneficio para la sociedad.
De la misma manera, el Reglamento del Sistema Administrativo de la Modernización de la Gestión

Pública señala que la gestión por resultados es un modelo de gestión que permite identificar y
adoptar decisiones sobre todos aquellos aspectos que contribuyan a la creación de valor público.
Cabe resaltar que el reglamento señala también que el Sistema Administrativo de la Moderniza-
ción de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a los siguientes medios:
103
a) La simplificación administrativa.
b) La calidad en las regulaciones.
c) El Gobierno abierto.
d) La coordinación interinstitucional.
e) La estructura, organización y funcionamiento del Estado.
f) La mejora en la productividad.
g) La gestión de procesos.
h) Evaluación de riesgos de gestión.
i) La gestión del conocimiento42 (ver anexo 3).
El ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública es la PCM a tra-
vés de la Secretaría de la Gestión Pública. La Secretaría de Gestión Pública tiene distintas atribu-
ciones, entre ellas podemos resaltar: la de emitir opiniones vinculantes, cuando corresponda, sobre
las materias del sistema; desarrollar y promover mecanismos que incentiven a las entidades públi-
cas a modernizar su gestión, y cuando sea necesario, brindar apoyo técnico para su implementa-
ción; supervisar y fiscalizar cuando corresponda el cumplimiento de las acciones dispuestas y dis-
posiciones emitidas en el marco del sistema43, entre otros.
El ente rector también tiene función normativa, es decir, la Secretaría de Gestión Pública tiene la
facultad de emitir resoluciones y puede aprobar directivas, normas técnicas y lineamientos.
L. Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por Decreto Supremo 054- 2018-PCM
Los Lineamientos de Organización del Estado (LOE) regulan los principios, criterios y reglas que
definen el diseño, la estructura, la organización y el funcionamiento del Estado. Así, busca que las
entidades públicas se organicen de la mejor manera a fin de que estas respondan a las necesidades
públicas en beneficio de la ciudadanía.
Los principios generales, los cuales regulan la estructura, organización y funcionamiento del Esta-
do, conforme a la LOE son:
a) Eficacia.
b) Eficiencia.
c) Especialidad.
d) Jerarquía.
e) Legalidad.
42. Artículo 7.o del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública aprobado mediante
Decreto Supremo 123-2018-PCM.
43. Artículo 14.o del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública aprobado mediante
Decreto Supremo 123-2018-PCM.
104
Asimismo, detalla los niveles de organización de la estructura orgánica de la entidad, los cuales se
clasifican de la siguiente manera:
• Primer nivel: órganos de Alta Dirección y, según corresponda, órganos resolutivos u órganos
consultivos.
• Segundo nivel: órganos de línea y órganos de administración interna.
• Tercer nivel: unidades orgánicas.
De la misma manera, también define el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como el

documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la
entidad. Este contiene las competencias y funciones generales de la entidad y las funciones espe-
cíficas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia entre sí.
Por otro lado, la norma define el Manual de Operaciones (MOP) como el documento técnico norma-
tivo de gestión organizacional que formaliza:
a) La estructura funcional de los programas y proyectos especiales.

b) La estructura orgánica interior de los órganos desconcentrados, cuando corresponda.
c) La estructura orgánica del interior de los órganos académicos, cuando corresponda.
M. Decreto supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha
contra la corrupción, Decreto Supremo 042-2018-PCM
El decreto supremo detalla los principios que orientan la integridad pública. Estos son:
• Transparencia.
• Corrección.
• Probidad.
• Respeto.
• Veracidad.
• Igualdad.
• Objetividad.
• Rendición de cuentas.
• Participación.
• Prevención.
• Neutralidad.
Asimismo, en una de sus modificaciones más importantes, podemos señalar la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones de PCM, del que, a grandes rasgos, podemos resaltar lo
siguiente:
105
• Se incorpora en la gestión de la Política General de Gobierno a la promoción de una cultura de

integridad y ética pública.
• Se crean los siguientes órganos de línea: Secretaría de Coordinación, Comunicación Social,
Gestión Pública, Gobierno Digital, Integridad Pública, Descentralización, Gestión Social y Diálo-
go y Demarcación y Organización Territorial.
• Se modifica ligeramente lo referente a la Secretaría de Gestión Pública y se detallan las fun-
ciones de esta.
Cabe resaltar que lo referente a la lucha contra la corrupción se ha detallado en otro apartado que
forma parte de la presente investigación.
N. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto

Supremo 004-2013-PCM
Se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual tiene ámbito de

aplicación en el Poder Ejecutivo (incluyendo ministerios y organismos públicos), los Gobiernos re-
gionales, los Gobiernos locales, los organismos que la Constitución y las leyes le confieren autono-
mía y las mancomunidades municipales.
La Secretaría de Gestión Pública es el ente rector del proceso de modernización de la gestión pú-
blica, y en coordinación con otras entidades, cuando sea necesario, tendrá a su cargo la articula-
ción, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
O. Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública, aprobado mediante Decreto

El decreto supremo modifica dos artículos que aprueba el Consolidado de los Avances en Reforma
del Estado efectuado por el Poder Ejecutivo durante el periodo 2007-2010, y la Estrategia de Mo-
dernización de la Gestión del Estado, Decreto Supremo 090-2010-PCM, e incorpora el anexo 2.
En esas dos modificaciones, en primer lugar, se aprueba la Estrategia de Modernización de la Ges-

tión Pública, la cual se encuentra desarrollada en el anexo 2 de la norma; y, en segundo lugar, se
modifica el rol de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se
señala que en su calidad de rector del proceso de modernización de la gestión pública y en coordi-
nación con otras entidades, cuando por la materia que desarrollar sea necesario, tendrá a su cargo
la articulación, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública.
Además se deja sin efecto el artículo 3 del Decreto Supremo 090-2010-PCM, que encarga a la
Secretaría de Gestión Pública la aprobación del Plan Nacional de la Estrategia de Modernización de
la Gestión Pública.
106
P. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros, aprobado mediante Resolución Ministerial 156-2021-PCM
El Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la PCM señala como su primera
competencia la materia de modernización de la gestión pública. Al ser la Secretaría General com-
petente en materia de comunicación social, de coordinación del Poder Ejecutivo, de modernización
de la gestión pública, de gobierno y transformación digital y de integridad pública, así como en su
condición de secretario general, también se encarga de conducir los procesos de modernización
institucional, en el marco del Sistema de Modernización de la Gestión Pública.
Esta norma integra al Decreto Supremo 126-2021-PCM, publicado el 2 de julio de 2021, que aprue-
ba la sección primera del ROF de la PCM, y la Resolución 141-2021-PCM, que aprueba la sección
segunda del ROF de la PCM, publicado el 9 de julio de 2021.
Cabe resaltar que según el artículo 24 del ROF de la PCM también existen unidades orgánicas de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. Entre dichas unidades orgánicas se encuentra la
Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación.
Esta mencionada oficina es la unidad orgánica de asesoramiento encargada de la coordinación,

formulación y evaluación de los planes estratégicos y operativos a nivel institucional y sectorial en
el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Sistema Administrativo de Mo-
dernización de la Gestión Pública.
En el ámbito institucional, la Oficina de Planeamiento, Modernización y Cooperación comprende:
a) Implementación de la gestión por procesos.

b) Simplificación administrativa.
c) Calidad de prestación de bienes y servicios.
d) Gobierno abierto.
e) Evaluación de riesgos.
f) Gestión del conocimiento.
g) Diseño, estructura y organización de la entidad, de las relaciones y cooperación internacionales.
En la estructura de la Presidencia del Consejo de Ministros también está comprendida la Secretaría

de Gestión Pública, órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel nacional en materias de
estructura, organización y funcionamiento del Estado, gestión por procesos, evaluación de riesgos
de gestión, simplificación administrativa, calidad regulatoria, calidad de la prestación de bienes y
servicios, innovación, Gobierno abierto, gestión del conocimiento, gestión de reclamos y servicios
integrados y las intervenciones orientadas a que las entidades públicas mejoren su productividad
y gestión interna.
107
Por último, la Secretaría de Gestión Pública (SGP) es el órgano rector del Sistema Administrativo
de Modernización de la Gestión Pública y también es responsable de proponer, articular, implemen-
tar y evaluar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y de la coordinación y di-
rección del proceso de modernización de la gestión del Estado. Esta SGP depende de la Secretaría
General y su titular tiene rango de secretario general.
Q. Directiva 003-2021-SGP, directiva que regula la verificación posterior aleatoria de los

documentos técnico-normativos de gestión organizacional, aprobada mediante Resolu-
ción de Secretaría de Gestión Pública 011-2021-PCM-SGP
Mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública se aprueba la Directiva 003-2021-PCM-SG,

que regula la verificación posterior aleatoria de los documentos técnico-normativos de gestión or-
ganizacional.
La directiva busca generar predictibilidad en la determinación, sustento y evaluación de los docu-

mentos técnico-normativos de gestión organizacional sujetos a verificación posterior aleatoria a
cargo de la Secretaría de Gestión Pública. La Directiva 002-2021-SGP regula el sustento técnico y
legal de proyectos normativos en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado,
aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 010-2021-PCM-SGP.
R. Directiva 002-2021-SGP, directiva que regula el sustento técnico y legal de proyectos

normativos en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado, aproba-
da por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 010-2021-PCM-SGP
Mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública se aprueba la Directiva 002-2021-PCM-SG,

que actualiza la Directiva 001-2018-SGP, recoge los cambios de los Lineamientos de Organización
del Estado y simplifica las disposiciones relacionadas con cada tipo de mecanismo de reforma del
Estado existente.
Asimismo, regula el sustento técnico y legal de proyectos normativos en materia de organización,

estructura y funcionamiento del Estado, que también se adjunta como anexo en la resolución.
S. Lineamientos 001-2019-SGP, “Principios de actuación para la modernización de la gestión

pública”, aprobados mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM-
SGP
Los Lineamientos 001-2019-SGP buscan orientar a las entidades públicas hacia una gestión basa-
da en la creación del valor público. También persiguen que las entidades públicas usen los mejores
mecanismos y herramientas de gestión para asegurar que los resultados obtenidos respondan de
manera eficiente ante las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la sociedad en general.
108
En los lineamientos también destaca la actuación y el rol de la Secretaría de Gestión Pública, que
se materializa en la siguiente figura:
Figura 6.
El rol de la Secretaría de Gestión Pública
Creación de valor público
Modernización de las
entidades públicas
Establecer estándares
mínimos de obligatorio Ejercer puntos de control
cumplimiento alternativo
a través de
Crear condiciones que generen incentivos para

la modernización de las entidades públicas
tiene por objetivo
Secretaría de Gestión Pública (SGP)
Fuente: Lineamientos 001-2019-SPG, “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública”,

aprobados mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM-SGP.
Asimismo, los lineamientos tienen un enfoque determinado, el cual tiene relación con una gestión
pública orientada a la generación de valor público. El documento de desarrollo señala que el
valor público se crea cuando las intervenciones del Estado resuelven problemas de interés público,
potencian oportunidades para las actuales y futuras generaciones o contribuyen a las aspiraciones
de país que se busca alcanzar. Además, las entidades crean valor público para las personas y la
sociedad mediante su propia gestión.
Los lineamientos desarrollan un gráfico en donde se muestra la cadena de valor público del Estado,
qué es lo que esta comprende y cómo nace ante las necesidades y expectativas de las personas (se
adjunta el gráfico que está contenido en los lineamientos).
109
Figura 7.
Cadena de valor público
Necesidades y expectativas
de las personas
RESULTADOS
Esperado Obtenido
Bienes
Servicios
Regulaciones
ESTRATEGIA OPERACIONES PRODUCTO
Fuente: Lineamientos 001-2019-SPG, “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública”,

aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM-SGP.
Por último, cabe resaltar que los lineamientos no solo exponen una mirada general de los principios
de actuación, sino que también desarrollan lineamientos específicos para lograr una óptima mo-
dernización de la gestión pública. Los lineamientos específicos son los siguientes:
a) Diseñar e implementar políticas públicas cuyos resultados generen valor.

b) Medir los resultados de las intervenciones.
c) Pensar de manera sistemática los problemas.
d) Responder mejor a las personas.
e) Contar con bienes y servicios de calidad.
f) Emitir regulaciones de calidad.
g) Mejorar la productividad de las entidades públicas.
h) Diseñar estructuras y organizacionales interconectadas, ágiles y adaptables.
110
T. Directiva 001-2019-PCM-SGP, que norma el procedimiento preparatorio que conduzca

a la formación de la opinión técnica, que viabilice la dirimencia de los conflictos de com-
petencia entre autoridades del Poder Ejecutivo de distintos sectores puestos en conoci-
miento de la PCM, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública
001-2019-PCM-SGP
Mediante resolución de Secretaría de Gestión Pública se aprueba la Directiva 001-2019-PCM-SGP,

la cual norma el procedimiento preparatorio que conduzca a la formación de opinión técnica, que
viabilice la dirimencia de los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo de
distintos sectores puestos en conocimiento de la PCM, como señala el artículo 1 de la resolución
antes mencionada.
U. Directiva 001-2018-PCM/SGP, directiva que regula el sustento técnico y legal de pro-

yectos normativos en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado,
aprobada por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 003-2018-PCM-SGP
Se aprueba la Directiva 001-2018-PCM-SGP que regula el sustento y evaluación de los proyectos

normativos en materia de organización, estructura y funcionamiento del Estado referidos en el ROF
sobre la creación de entidades públicas de ámbito nacional, regional y local, además del cambio de
dependencia de programas y proyectos especiales y el cambio de adscripción de organismos públi-
cos de un sector a otro en el Poder Ejecutivo.
A continuación, exponemos las principales normas relacionadas directamente con el proceso de

modernización de la gestión pública.
Tabla 9.
Listado de principales normas con rango de ley sobre modernización de la gestión pública
Ley / decreto
Fecha de
legislativo / decreto de Número Nombre de la ley
publicación
urgencia
20 de diciembre
A Ley 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de 2007
30 de enero de
B Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado44
2002
16 de
Decreto legislativo que modifica la Ley 27444, Ley del
C Decreto Legislativo 1452 septiembre de
Procedimiento Administrativo General
2018
44. Cuenta con un reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 030-2002-PCM.
111
Ley / decreto
Fecha de
legislativo / decreto de Número Nombre de la ley
publicación
urgencia
Decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de

16 de
las entidades del Gobierno nacional, del Gobierno
D Decreto Legislativo 1451 septiembre de
regional o del Gobierno local, a través de precisiones de
2018
sus competencias, regulaciones y funciones
Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo

1211, que aprueba medidas para el fortalecimiento e 16 de
E Decreto Legislativo 1447 implementación de servicios públicos integrados a través septiembre de
de Ventanillas Únicas e intercambio de información 2018
entre entidades públicas

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 7 de enero de
F Decreto Legislativo 1353
fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales 2017
y la regulación de gestión de intereses
Tabla 10.
Listado de principales decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones sobre la
modernización de la gestión pública
Decreto supremo / Fecha de

Número Nombre de la ley
resolución publicación
Decreto supremo que aprueba el Procedimiento de

Evaluación de Continuidad de Organismos Públicos 23 de julio de
G Decreto Supremo 143-2021-PCM
Ejecutores, Programas y Proyectos Especiales del 2021
Poder Ejecutivo
Decreto supremo que aprueba la calificación y

15 de mayo
H Decreto Supremo 098-2021-PCM relación de los programas y proyectos especiales del
de 2021
Poder Ejecutivo
Decreto supremo que aprueba la actualización de la 15 de mayo

I Decreto Supremo 097-2021-PCM
calificación y relación de los organismos públicos de 2021
Reglamento del Decreto Legislativo 1211, decreto

legislativo que aprueba medidas para el 4 de mayo de
J Decreto Supremo 090-2019-PCM
fortalecimiento e implementación de servicios 2019
integrados y servicios y espacios compartidos
Decreto supremo que aprueba el Reglamento del 19 de

K Decreto Supremo 123-2018-PCM Sistema Administrativo de Modernización de la diciembre de
Gestión Pública 2018
17 de mayo de
L Decreto Supremo 054-2018-PCM Lineamientos de Organización del Estado (LOE)
2018
Decreto supremo que establece medidas para

22 de abril de
M Decreto Supremo 042-2018-PCM fortalecer la integridad pública y lucha contra la
2018
corrupción
112
Decreto supremo / Fecha de

Número Nombre de la ley
resolución publicación
Aprueba la Política Nacional de Modernización de la 9 de enero de

N Decreto Supremo 004-2013-PCM
Gestión Pública 2013
Aprueba la Estrategia para la Modernización de la 1 de noviembre

O Decreto Supremo 109-2012-PCM
Gestión Pública de 2012
Aprueba el Texto Integrado del Reglamento de

Resolución 17 de julio de
P 156-2021-PCM Organización y Funciones de la Presidencia del
Ministerial 2021
Consejo de Ministros
Resolución de Directiva 003-2021-SGP, directiva que regula la

011-2021-PCM- 9 de julio de
Q Secretaría de verificación posterior aleatoria de los documentos
SGP 2021
Gestión Pública técnico-normativos de gestión organizacional
Resolución de Directiva 002-2021-SGP, directiva que regula el sustento

010-2021-PCM- 9 de julio de
R Secretaría de técnico y legal de proyectos normativos en materia de
SGP 2021
Gestión Pública organización, estructura y funcionamiento del Estado
Resolución de Aprueba los Lineamientos 001-2019-SPG, “Principios

004-2019-PCM- 21 de febrero
S Secretaría de de actuación para la modernización de la gestión
SGP de 2019
Gestión Pública pública”
Directiva 001-2019-PCM-SGP, que norma el

procedimiento preparatorio que conduzca a la
Resolución de
001-2019-PCM- formación de la opinión técnica, que viabilice la 8 de enero de
T Secretaría de
SGP dirimencia de los conflictos de competencia entre 2019
Gestión Pública
autoridades del Poder Ejecutivo de distintos sectores
puestos en conocimiento de la PCM
Directiva 001-2018-PCM/SGP, directiva que regula el

Resolución de
003-2018-PCM- sustento técnico y legal de proyectos normativos en 30 de julio de
U Secretaría de
SGP materia de organización, estructura y funcionamiento 2018
Gestión Pública
del Estado
3.1.2. Compilación instrumental45
A. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, Decreto Supremo

004-2013-PCM
La necesidad de una política integradora de modernización de la gestión pública nace ante las con-
secuencias que tienen las deficiencias de desempeño del Estado en la vida de las personas y en la
competitividad y gobernabilidad democrática del país.
45. Este acápite, al igual que todo el capítulo, contiene un resumen parafraseado o textual de cada instrumento expuesto.
113
Así, se necesita una política integradora de modernización de la gestión pública para asegurar que
todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera articulada y consistente para
mejorar el desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos.
Resulta interesante resaltar que la política señala que las principales deficiencias de la gestión pública
en el Perú son las siguientes: 1) ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de ar-
ticulación con el sistema de presupuesto público; 2) deficiente diseño de la estructura de organización
y funciones; 3) inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos; 4) infraestructura,
equipamiento y gestión logística insuficiente; 5) inadecuada política y gestión de recursos humanos;
6) limitada evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de insumos, pro-
cesos, productos y resultados de proyectos y actividades; 7) carencia de sistemas y métodos de ges-
tión de la información y el conocimiento; y 8) débil articulación intergubernamental e intersectorial.
Esta caracteriza la visión de Estado moderno al servicio de las personas como aquel que además
de ser orientado al ciudadano es eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto (transpa-
rente y que rinde cuentas). Asimismo, señala que la modernización de la gestión pública es una
política de Estado que alcanza a todas las entidades públicas que lo conforman, sin afectar los ni-
veles de autonomía que les confiere la ley. Se incluye al Poder Ejecutivo, los organismos autóno-
mos, los Gobiernos descentralizados, las instituciones políticas y la sociedad civil.
De la misma manera, indica y desarrolla los principios orientadores de la Política de Modernización,

los cuales son: la orientación al ciudadano, la articulación intergubernamental e intersectorial, el
balance entre flexibilidad y control de la gestión, la transparencia, rendición de cuentas y ética pú-
blica, la innovación y aprovechamiento de las tecnologías y el principio de sostenibilidad.
La gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano. Es un
proceso sustentado en componentes, los cuales también sirven de pilares para la propuesta cen-
tral de la Política de Modernización de la Gestión Pública.
Los componentes de la gestión pública orientada a resultados son los siguientes: planeamiento de
Estado: 1) políticas de Estado y de Gobierno, 2) planeamiento estratégico, 3) presupuesto para re-
sultados, 4) gestión por procesos, 5) servicio civil meritocrático y 6) seguimiento, evaluación y ges-
tión del conocimiento.
Establece como pilares centrales y ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión

Pública a 5 y 3 respectivamente. Los pilares centrales son: 1) las políticas públicas nacionales y
planeamiento, 2) el presupuesto para resultados, 3) la gestión por procesos y la organización insti-
tucional, 4) el servicio civil meritocrático y 5) seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del co-
nocimiento. De la misma manera, se enuncia que los pilares deben ser apoyados por tres ejes
transversales: 1) el Gobierno abierto, 2) el Gobierno electrónico y 3) articulación interinstitucional
(Gobierno colaborativo multinivel).
114
Además, la Política de Modernización de la Gestión Pública ha organizado sus lineamientos en tres

grupos. El primero está dirigido a todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno, el
segundo grupo está dirigido específicamente a los ministerio y organismos nacionales rectores de
sistemas funcionales, y, el tercer grupo está dirigido específicamente a los entes rectores de los sis-
temas administrativos nacionales.
La política señala que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública se diferencia de los de-
más sistemas administrativos en que no regula un proceso específico de soporte de la gestión, sino
que se trata de un sistema que impulsa reformas en todos los ámbitos de la gestión pública, apli-
cables a todas las entidades y niveles de gobierno.
El ente rector de la modernización debe ser una institución promotora de la cultura de servicio al
ciudadano y de procesos de innovación de gestión en las entidades, así como también deberá pro-
mover la articulación de los sistemas administrativos. Por ello, este sistema administrativo no solo
se limita a la emisión de normas y reglamentos, sino que también busca apoyar a las entidades en
la modernización de su gestión.
Asimismo, dicho ente buscará la modernización de la gestión pública mediante el desarrollo de

instrumentos que incentiven y apoyen los esfuerzos de modernización en todos los organismos
públicos y niveles de gobierno, tales como la formulación de lineamientos y orientaciones, la reali-
zación de acciones de coordinación y articulación entre actores del proceso de modernización de la
gestión, la ejecución de programas y acciones de desarrollo de capacidades e, incluso, la adminis-
tración de incentivos para alentar e impulsar la formulación e implementación de propuestas de
modernización.
B. Lineamientos “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública”,

aprobados por Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM-SGP
Los lineamientos buscan orientar a las entidades públicas hacia una gestión basada en la creación
de valor público que utilice los mejores mecanismos y herramientas de gestión para asegurar que
los resultados obtenidos respondan de manera valiosa, pertinente, eficaz y eficiente a las necesida-
des y expectativas de las personas y la sociedad.
Define y señala que la modernización de la gestión pública consiste en hacer que el Estado realice
cambios y mejore su gestión para generar bienestar en la sociedad. Esto implica la adopción de
mecanismos, herramientas y técnicas para mejorar su gestión y, principalmente, para mejorar los
resultados que entregan a las personas y a la sociedad por medio de sus intervenciones. En ese
sentido, la modernización de la gestión pública se entiende como un proceso de transformación
constante a fin de mejorar lo que hacen las entidades públicas y, de esa manera, generar valor
público.
115
Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública tiene como objetivo generar condiciones para que las
entidades públicas se modernicen. Para ello, orienta su actuación a: 1) establecer estándares
mínimos de obligatorio cumplimiento, a través de herramientas e instrumentos; y 2) ejercer pun-
tos de control administrativo, a través de opiniones técnicas vinculantes para asegurar la razo-
nabilidad de las decisiones de las entidades públicas.
C. Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública, aprobada mediante Decreto

En el anexo 2, donde se desarrolla la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-

2016), se presentan las cuatro (4) líneas de acción prioritarias:
a) Formulación y aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y del

Plan de Implementación a 2021, y alineamiento de los planes institucionales estratégicos y
operativos a dichos instrumentos.
b) Adecuación del marco normativo que regula la estructura, organización y funcionamiento del
Estado.
c) Mejora en la calidad de servicios.
d) Gobierno abierto: transparencia, ética pública y participación ciudadana.
También desarrolla los hitos de la modernización, tomando en cuenta las cuatro líneas de acción
prioritarias antes mencionadas. A modo de ejemplo, podemos enunciar los “Hitos/resultados que
alcanzar en 2016” del último año que comprende la Estrategia46, el año 2016:
• Metodología de simplificación administrativa, determinación de costos y gestión de procesos

incorporados en los 3 niveles.
• Orientación progresiva hacia un enfoque de gestión por resultados en los ministerios, Gobiernos
regionales y municipalidades provinciales desde el primer semestre de 2013 hasta finales de 2016.
• Avances en la simplificación de trámites en el marco de la Mesa de Simplificación de Trámites
– Tramifácil con Gobiernos municipales.
• Intervención articulada y descentralizada a nivel de dos Gobiernos descentralizados adicionales.
• Estrategias Multicanal de Atención Ciudadana (MAC) descentralizadas y en funcionamiento
que incorporen servicios y prestaciones sociales: ampliación de dos Centros MAC adicionales.
• El 100% de entidades del Gobierno central y el 80% de entidades de los niveles regional y local
utilizan el Sistema Único de Trámites (SUT).
• Metas del Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2012-2016 cumplidas e implementa-
das en los tres niveles de gobierno.
• Aprobación del Plan Nacional de Simplificación Administrativa al 2021 (pág. 17).
46. Anexo 2 “Estrategia de Modernización de la Gestión Pública (2012-2016) de la Secretaría de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobada mediante Decreto Supremo 109-2012-PCM”.
116
Tabla 11.
Instrumentos de la modernización de la gestión pública
Denominación del instrumento Norma Fecha de publicación
Política Nacional de Modernización de la Decreto Supremo 004-2013-PCM

A 9 de enero de 2013
Gestión Pública
Lineamientos “Principios de actuación para Resolución de Secretaría de Gestión

B 21 de febrero de 2019
la modernización de la gestión pública” Pública 004-2019-PCM-SGP
Estrategia para la Modernización de la

C Decreto Supremo 109-2012-PCM 1 de noviembre de 2012
Gestión Pública
3.1.3. Compilación institucional47
Para la identificación de los principales actores institucionales especializados de la modernización

de la gestión pública, hemos tomado como referencia el artículo 7.o del Decreto Supremo 123-
2018-PCM, que al referirse a los medios del sistema para su coordinación determina una serie de
actores, principalmente con las entidades u órganos detallados a continuación.
Tabla 12.
Medios y órganos que coordinan con el ente rector SGP del Sistema de Modernización
de la Gestión Pública
Medio del Sistema de

Modernización de la Entidad u órgano con el que coordina la SGP
Gestión Pública
La simplificación a. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de

administrativa Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual
a. Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad y Competencia del

Ministerio de Economía y Finanzas
La calidad en las
regulaciones
b. Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos
47. Este acápite contiene el resumen de la descripción y funciones de las principales instituciones que participan del
Sistema de Modernización de la Gestión Pública, además del ente rector que es la Secretaría de Gestión Pública de la
Presidencia del Consejo de Ministros. Debemos tener en cuenta que este sistema administrativo, a diferencia de los de-
más sistemas, no regula un proceso específico de aporte de gestión y abarca una serie de aspectos que son transversales
en diversas áreas de las instituciones.
Asimismo, al igual que todo el capítulo contiene un resumen parafraseado o textual de cada institución expuesta de
acuerdo con su respectivo ROF o norma que se indica en el texto.
117
Medio del Sistema de

Modernización de la Entidad u órgano con el que coordina la SGP
Gestión Pública
a. Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El Gobierno abierto
b. Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros
La coordinación a. Secretaría de Coordinación y la Secretaría de Descentralización del Viceministerio

interinstitucional de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros
La estructura, organización a. Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas
y funcionamiento del
Estado b. Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
a. Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Abastecimiento

La mejora en la
y la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio
productividad
de Economía y Finanzas
a. Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros

Evaluación de riesgos de
gestión
b. Contraloría General de la República
a. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de

La gestión del Ministros
conocimiento
b. Archivo General de la Nación
Fuente: tomado de Modernización de la Gestión Pública, PCM, 2020.
Como se ha señalado, el Sistema de Modernización de la Gestión Pública, a diferencia de los otros

sistemas administrativos establecidos en la LOPE, no regula un sistema específico de soporte en la
gestión, lo cual genera que su ámbito de acción sea sumamente amplio y, por ende, sus actores de
coordinación también lo sean.
Así por ejemplo, respecto del medio de la gestión de procesos de la norma, no se habla de una
entidad u órgano con quien la SGP coordine, pues cuando vemos la magnitud de su propósito, que
es organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera trans-
versal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos insti-
tucionales, se evidencia la complejidad de interacción institucional interna y externa. Sin embargo,
el mismo reglamento señala que es la máxima autoridad administrativa de cada entidad pública la
que actúa como nexo de coordinación en el interior de la entidad y mantiene relaciones técnico-fun-
cionales con la SGP y realiza el seguimiento de la implementación del Sistema de Modernización
de la Gestión Pública, lo cual pone en evidencia la complejidad del proceso, procedimientos y siste-
ma de modernización.
118
A. Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
Conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros es el res-
ponsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo, los orga-
nismos constitucionales, Gobiernos regionales, Gobiernos locales y la sociedad civil.
La PCM coordina las políticas nacionales de carácter multisectorial y las formulan en su respectivo
ámbito de competencia. Además, llevan adelante el proceso de descentralización y de moderniza-
ción de la Administración pública. Por tanto, formula, aprueba y ejecuta las políticas nacionales de
modernización de la Administración pública y las relacionadas con la estructura y organización del
Estado, y también coordina y dirige la modernización del Estado.
Las políticas nacionales y sectoriales consideran los intereses generales del Estado y la diversidad
de las realidades regionales y locales, concordando con el carácter unitario y descentralizado del
país. Para su formulación, el Poder Ejecutivo establece mecanismos de coordinación con los Go-
biernos regionales, locales y otras entidades según se requiera.
En ese sentido, a nivel organizacional hay una serie de unidades orgánicas que participan de diver-
sos medios de la modernización del Estado, pero el sistema tiene como ente rector a la Secretaría
de Gestión Pública (SGP), que es un órgano que forma parte de la Secretaría General de la PCM, de
acuerdo con su ROF, y como hemos visto en la tabla 10 coordinada también con otros órganos al
interno de la PCM.
• Secretaría de Gestión Pública (SGP)
Conforme al Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del

Consejo de Ministros aprobado mediante Resolución Ministerial 156-2021-PCM, es el órgano de
línea con autoridad técnica normativa a nivel nacional en materia de estructura, organización y
funcionamiento del Estado, gestión por procesos, evaluación de riesgos de gestión, simplificación
administrativa, calidad regulatoria, calidad de la prestación de bienes y servicios, innovación, Go-
bierno abierto, gestión del conocimiento, gestión de reclamos y servicios integrados y las interven-
ciones orientadas a que las entidades públicas mejoren su productividad y gestión interna.
Es el órgano que ejerce la rectoría del Sistema de Modernización de la Gestión Pública y es respon-
sable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección del proceso de modernización de
la gestión de la Administración pública y del Estado.
Forma parte de la Secretaría General y está compuesta por tres unidades orgánicas48:
48. Texto según el artículo 70 de la sección segunda del ROF de la PCM, aprobado por Resolución Ministerial 141-
2021-PCM.
119
a) Subsecretaría de Administración Pública.

b) Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorios.
c) Subsecretaría de Calidad de Servicios.
• Secretaría de Coordinación (SC)49
Es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa responsable de coordinar las relaciones del
Poder Ejecutivo con los demás poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos,
organizaciones gremiales y demás organizaciones de la sociedad civil.
Coordina y articula con los sectores del Poder Ejecutivo las acciones e información de carácter
multisectorial que le encargue la Alta Dirección de la PCM y apoya a las comisiones interministe-
riales permanentes y a las comisiones multisectoriales que dependen de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros.
Forma parte de la Secretaría General y está compuesta por dos unidades orgánicas50:
a) Subsecretaría de Coordinación con Entidades Públicas y Privadas.

b) Subsecretaría de Coordinación Intersectorial.
• Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SEGDI)51
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital es el órgano de línea con autoridad técnica

normativa a nivel nacional responsable de proponer, articular, implementar, desarrollar, brindar
asistencia técnica, supervisar y evaluar la Política Nacional de Transformación Digital y su estrate-
gia, las políticas nacionales, planes nacionales, normas, lineamientos, estrategias, proyectos, pla-
taformas y agendas digitales.
Forma parte de la Secretaría General y está compuesta por tres unidades orgánicas52:
a) Subsecretaría de Política y Regulación Digital.

b) Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital.
c) Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital.
49. Conforme al Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros,
aprobado mediante Resolución Ministerial 156-2021-PCM.
50. Texto según el artículo 65 de la sección segunda del ROF de la PCM, aprobado por Resolución Ministerial 141-2021-
PCM.
52. Texto según el artículo 77 de la sección segunda del ROF de la PCM, aprobado por Resolución Ministerial 141-2021-
PCM.
120
• Secretaría de Descentralización (SD)53
La Secretaría de Descentralización es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel nacio-

nal, responsable de promover el desarrollo territorial y la descentralización del Estado, así como de
articular el despliegue coordinado de la política nacional, sectorial y multisectorial en el territorio, a
través de los diferentes niveles de gobierno, procurando el desarrollo armónico y sostenible del Estado.
La Secretaría de Descentralización orienta la coordinación intergubernamental de los tres niveles

de gobierno en cada territorio. Su enfoque es multisectorial y, en coordinación con los sectores
competentes, busca promover el desarrollo a partir de las actividades diversas y de mayor poten-
cial, priorizadas y consensuadas con los actores públicos y privados en los departamentos, provin-
cias, distritos u otros espacios territoriales.
Forma parte del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial y está compuesta por tres
unidades orgánicas54:
a) Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Territorial.

b) Subsecretaría de Articulación Regional y Local.
c) Subsecretaría de Fortalecimiento de la Gestión Descentralizada.
• Secretaría de Integridad Pública (SIP)55
La Secretaría de Integridad Pública, conforme señala su Reglamento de Organización y Funciones, es el

órgano que tiene autoridad técnico-normativa a nivel nacional, es responsable de desarrollar los meca-
nismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riesgos de la corrupción y ejercer las funciones que
establece el artículo 6 de la Ley 29976, ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
Asimismo, coordina con las entidades responsables de materias vinculadas a la promoción de la

ética pública, integridad y lucha contra la corrupción los aspectos normativos u operacionales re-
queridos para el cumplimiento de sus funciones.
También se señala que ejerce técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha
contra la Corrupción y es responsable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección
del proceso de integridad y lucha contra la corrupción de la gestión de la Administración pública y del
Estado.
54. Texto según el artículo 89 de la sección segunda del ROF de la PCM, aprobado por Resolución Ministerial 141-2021-PCM.
121
Forma parte de la Secretaría General y está compuesta por dos unidades orgánicas56:
a) Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública.

b) Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública.
B. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad In-

telectual (INDECOPI)
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

(INDECOPI) es un organismo público especializado con personería jurídica de derecho público inter-
no y que goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera y administrativa. Tiene com-
petencia en las materias de propiedad intelectual, concursal, barreras burocráticas, la libre compe-
tencia, protección al consumidor, competencia desleal y dumping y subsidios57.
• Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
Es el órgano resolutivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de

la Propiedad Intelectual (INDECOPI), encargado de conocer los actos, disposiciones y actuaciones
materiales de las entidades de la Administración pública que establezcan requisitos, exigencias,
limitaciones, cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la permanencia de los agentes
económicos en el mercado, a fin de determinar su legalidad y razonabilidad.
Asimismo, es responsable de efectuar el control posterior del cumplimiento de las normas y prin-
cipios de simplificación administrativa por parte de las entidades del Estado y de identificar aque-
llos tributos municipales que graven el libre tránsito de personas, bienes y mercaderías en el terri-
torio nacional58.
C. Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es una entidad pública adscrita a la Presidencia
del Consejo de Ministros que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado.
SERVIR nació en noviembre de 2008 para modernizar la función pública. Busca un servicio civil
meritocrático, flexible y con altos niveles de eficiencia que sirva mejor a todos los peruanos. Tiene
como uno de sus propósitos implementar la Reforma del Servicio Civil59.
56. Texto según el artículo 84 de la sección segunda del ROF de la PCM, aprobado por Resolución Ministerial 141-2021-PCM.
57. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 1.o del Decreto Legislativo 1033.
58. Obtenido del portal de INDECOPI: https://indecopi.gob.pe/web/eliminacion-de-barreras-burocraticas/presentacion
59. Obtenido del portal de SERVIR: https://www.gob.pe/7455-autoridad-nacional-del-servicio-civil-quienes-somos
122
D. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
• Dirección General de Presupuesto Público
Es el órgano de línea del ministerio, rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y como
tal se constituye a nivel nacional como la más alta autoridad técnico-normativa en materia presu-
puestaria, encargada de conducir el proceso presupuestario del sector público60.
Forma parte del Despacho Viceministerial de Hacienda y está compuesta por cinco unidades orgá-
nicas61:
a) Dirección de Normatividad.
b) Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal.
c) Dirección de Calidad del Gasto Público.
d) Dirección del Presupuesto Temático.
e) Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial.
• Dirección General de Abastecimiento
Es el órgano de línea rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y, como tal, se constituye a
nivel nacional como la más alta autoridad técnico-normativa en materia de abastecimiento, encar-
gada de proponer políticas, dictar normas y procedimientos para la conducción de las actividades
de la cadena de abastecimiento público, así como monitorear, supervisar y evaluar la gestión de
dichas actividades62.
Forma parte del Despacho Viceministerial de Hacienda y está compuesta por seis unidades orgáni-
cas63:
a) Dirección de Normatividad.
b) Dirección de Planeamiento Integrado y Programación.
c) Dirección de Adquisiciones.
d) Dirección de Bienes Muebles.
e) Dirección de Bienes Inmuebles.
f) Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación.
60. Texto según el artículo 42 de la sección primera del ROF del MEF, aprobado por el Decreto Supremo 256-2019-EF.
61. Texto según el artículo 131 de la sección segunda del ROF del MEF, aprobado por la Resolución Ministerial 292-2019-
EF/41.
62. Texto según el artículo 50 de la sección primera del ROF del MEF, aprobado por el Decreto Supremo 256-2019-EF.
EF/41.
123
• Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos
Es el órgano de línea del ministerio encargado de realizar el análisis financiero y técnico sobre las
políticas en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público.
Forma parte del Despacho Viceministerial de Hacienda y está compuesta por cuatro unidades or-
gánicas64:
a) Dirección de Gestión de Personal Activo.

b) Dirección de Gestión de Pensiones.
c) Dirección de Técnica y de Registro de información.
d) Dirección de Programación de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos.
• Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad y Competencia
Es la encargada de formular y proponer medidas para mejorar los procesos de expedición de dis-
positivos legales, a efectos de que estos sean consistentes con la asignación eficiente de recursos
productivos, a fin de que no constituyan trabas al mecanismo de competencia y al desempeño de
los mercados65.
Es la unidad orgánica dependiente de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional,

Competencia y Productividad, la cual está a cargo del Despacho Viceministerial de Economía.
E. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
• Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria
Es el órgano de línea encargado de brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, ela-
borar y emitir opinión sobre proyectos normativos, establecer el criterio dirimente para resolver las
opiniones jurídicas discordantes formuladas por las oficinas de asesoría jurídica de las entidades
del Poder Ejecutivo, coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades públicas y sistemati-
zar y difundir la legislación nacional y la jurisprudencia vinculante con la finalidad de mantener la
coherencia y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico66.
Forma parte del Viceministerio de Justicia y está compuesta por dos unidades orgánicas:
EF/41.
EF/41.
66. Artículo 53.o del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS, aprobado por Decreto Supremo 013-2017-
JUS.
124
a) Dirección de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria.

b) Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión.
• Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

Personales
Es el órgano de línea encargado de ejercer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, así como de ejercer la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Promueve la transparencia y la tutela, garantizando el derecho fundamental de acceso a la infor-
mación pública y a la protección de datos personales, velando por el cumplimiento de la normati-
vidad sobre la materia67.
Forma parte del Viceministerio de Justicia y está compuesta por tres unidades orgánicas:
a) Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

b) Dirección de Protección de Datos Personales.
c) Dirección de Fiscalización e Instrucción.
F. Contraloría General de la República
Según su Reglamento de Organización y Funciones68, la Contraloría General de la República es una

entidad descentralizada de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, cuya com-
petencia es la de dirigir, normar, ejecutar y supervisar el control gubernamental a cargo de los ór-
ganos del Sistema Nacional de Control, mediante la aplicación de las normas, procedimientos
y principios que regulan el control gubernamental, conforme a la Ley 27785.
G. Archivo General de la Nación
Según la información de su portal Instituciona69, el Archivo General de la Nación propone y ejecuta

políticas de conservación, restauración, registro, difusión y servicio del Patrimonio Documental de
la Nación. Emite normas sobre producción, racionalización y administración de documentos de los
archivos públicos a nivel nacional para facilitar la toma de decisiones en la función gubernamen-
tal. Es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura.
67. Artículo 70.o del Reglamento de Organización y Funciones del MINJUS, aprobado por Decreto Supremo 013-2017-
JUS.
68. Para mayor información, ver: https://doc.contraloria.gob.pe/transparencia/2021/RC_179-2021-CG.pdf
69. Para mayor información, ver: https://www.gob.pe/4137-archivo-general-de-la-nacion-que-hacemos
125
3.2. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el capítulo I señalamos que contamos con un robusto marco normativo para enfrentar la co-
rrupción. Dada la amplitud de la gama normativa existente, a continuación presentaremos y descri-
biremos aquellas que consideramos tienen un mayor nivel de influencia en la lucha contra este
fenómeno.
Bajo las consideraciones expuestas, en referencia al ámbito de instrumentos legales supranaciona-

les, podemos mencionar a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003
y la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1996. Ambos instrumentos, de los
cuales el Perú es parte, tienen implicancia directa sobre la legislación nacional.
En primer lugar, respecto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
podemos señalar que los Estados miembros negociaron la convención con base en el reconoci-
miento que la prevención y la lucha contra la corrupción requieren de un enfoque integral y multi-
disciplinario70.
La finalidad de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es ser un marco norma-
tivo para la prevención y lucha contra la corrupción, y que sea el eje de iniciativas nacionales e in-
ternacionales de los Estados miembros. Busca que estos también promuevan su implementación
y aplicación en su normativa general y, sobre todo, que se busque mejorar las prácticas en sus na-
ciones. El objetivo común de los Estados miembros también es que se logre la adhesión universal
de los países a la Convención.
Cabe mencionar que la Convención tiene como finalidad los siguientes puntos:
• Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la
corrupción.
• Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la preven-
ción y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos.
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los
bienes públicos.
La naturaleza de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción nació ante una preo-
cupación persistente por la gravedad de los problemas y amenazas que plantea la corrupción para
70. Recuperado de: https://www.unodc.org/ropan/es/AntiCorruptionARAC/united-nations-convention-against-corruption.

html
126
la estabilidad y seguridad de las sociedades, y que esta trata de socavar al interior de las institucio-
nes y los valores de la democracia.
Debemos resaltar el hecho de que se incluya la recuperación de activos en la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción. Este hito trazó un nuevo curso en el derecho internacional,
además de que durante las negociaciones de este instrumento la delegación peruana realizó un
intenso trabajo y cumplió un rol fundamental para lograr que el tema fuera incluido, reconociéndo-
se a los Estados parte el derecho de que puedan accionar para que retornen los fondos generados
por actos de corrupción a sus países de origen. La recuperación de activos se presenta como un
principio fundamental de la Convención. Este hecho es relevante para los países, ya que para mu-
chos países en desarrollo la corrupción de alto nivel había saqueado las arcas del Estado y la rique-
za nacional y, sobre todo, donde los recursos son necesarios para que dichos Estados se reconstru-
yan y rehabiliten a su ciudadanía.
Asimismo, cabe mencionar que en el capítulo V del Convenio, el cual versa sobre recuperación de
activos, señala que los Estados parte prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí,
con el fin de obtener la restitución de activos.
La Convención decidió también que, con la finalidad de sensibilizar respecto del alto índice de co-
rrupción en el mundo, se proclame el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.
Respecto a su aprobación, fue en el año 2003, mediante Resolución 58/4 de la Asamblea General,
donde quedó sentada su aprobación y se instó a todos los Estados a que firmasen y ratificasen la
Convención a fin de lograr su rápida entrada en vigor.
A manera de resumen, y haciendo una breve revisión general sobre los principales aspectos de la
Convención, podemos enunciar que la Convención abarca desde acciones preventivas tanto en el
sector público como en el sector privado y dispone medidas para actuar sobre la participación de la
sociedad; asimismo, abarca la penalización y aplicación de la ley sobre los siguientes delitos:
I. Soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros y de organizaciones internacionales

públicas.
II. Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un
funcionario público.
III. Tráfico de influencias.
IV. Abuso de funciones.
V. Enriquecimiento ilícito.
VI. Soborno en el sector privado.
VII. Blanqueo del producto del delito, entre otros.
127
Además, reconoce como principio la recuperación de activos y la obligatoriedad en la cooperación

internacional. Finalmente, señala y detalla cómo se desarrollará la asistencia técnica e intercam-
bio de información, y las disposiciones y mecanismos de aplicación respecto a la Convención.
Como se mencionó, el otro instrumento internacional relevante es la Convención Interamericana

contra la Corrupción, cuyo ámbito de acción es de nivel hemisférico, y en la cual los Estados miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconocen que la corrupción es uno de
los medios que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos y
que, en algunos casos, tiene trascendencia internacional, lo cual exige una acción coordinada para
combatirla de manera eficaz.
Los Estados miembro de la OEA aprobaron y ratificaron la Convención Interamericana contra la

Corrupción convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas,
que no solo atenta contra la sociedad, sino también contra el orden moral y la justicia, además, la
corrupción actúa contra el desarrollo integral de la sociedad.
Este instrumento fue suscrito en 1996 y su entrada en vigor se realizó en 1997 conforme a su
artículo XXV.
Otro aspecto que destacar es que tiene como propósitos los siguientes enunciados:
• Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados parte, de los mecanismos
necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.
• Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados parte a fin de asegurar la eficacia
de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción
en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados a
tal ejercicio.
Además, la Convención Interamericana dispone en su artículo VI que esta es aplicable a los diver-
sos actos de corrupción, brindándonos así un listado de definiciones y hechos que a continuación
replicamos:
• El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una

persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros benefi-
cios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a
cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
• El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una
persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros benefi-
cios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra per-
sona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas.
128
• La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas
de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente
beneficios para sí mismo o para un tercero.
• La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma
en la comisión tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera
de los actos a los que se refiere el artículo VI sobre actos de corrupción.
Finalmente, la Convención abarca medidas preventivas, entre otros mecanismos, definiciones, pro-
cedimientos, medidas y protocolos con la finalidad de que se apliquen en los sistemas legales de
los Estados parte, adscritos a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Entrando al plano nacional, como primer elemento referente, en Perú, como en casi todos los paí-
ses, contamos con un instrumento normativo que abarca la tipificación de delitos, las sanciones y
medidas correctivas necesarias en esos casos, las cuales se encuentran recogidas en el Código
Penal Peruano.
El Código Penal Peruano fue aprobado mediante Decreto Legislativo 653 y fue publicado el 8 de
abril de 1991.
El Código Penal desarrolla el título XVIII sobre delitos contra la Administración pública. Dicho título
se divide en los siguientes capítulos: 1) delitos cometidos por particulares, 2) delitos cometidos por
funcionarios públicos, 3) delitos contra la Administración de justicia y 4) disposiciones comunes.
Entre los delitos tipificados que buscan sancionar la corrupción en las distintas formas de presen-
tarse, podemos detallar, a modo de ejemplo, los más destacados y relacionados con la lucha contra
la corrupción:
• Artículo 361 sobre usurpación de función pública: este delito refiere que el que, sin título o
nombramiento, usurpa una función pública, o la facultad de dar órdenes militares o policiales,
o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo continúa ejercién-
dolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años, e inhabilitación de uno
a dos años conforme al artículo 36.o, incisos 1 y 2 del Código Penal.
• Artículo 382 sobre concusión: este delito indica que el funcionario o servidor público que,
abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o
para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de ocho años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos
1, 2 y 8 del artículo 36.o del Código Penal; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco
días de multa.
• Artículo 383 sobre cobo indebido: este delito señala que el funcionario público que, abusan-
do de su cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en
129
cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de cuatro años de inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 1, 2 y
8 del artículo 36.o del Código Penal.
• Artículo 384 sobre colusión simple y agravada: este delito señala y distingue que el funcio-
nario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo, en
cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados
para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; inhabilitación de cinco a veinte
años; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa. Asimismo, cuando el
funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su car-
go, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operación a cargo del Estado, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimo-
nialmente al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena pri-
vativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años; inhabilitación de cinco a veinte
años; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días de multa. Por último, la pena
será privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años; inhabilitación de natura-
leza perpetua; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días de multa, cuando
ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
— El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
— La conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o
de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados
supere las diez unidades impositivas tributarias.
— El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la
comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.
• Artículo 387 sobre peculado doloso y culposo: este delito indica que el funcionario o servi-
dor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos
cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será repri-
mido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación de
cinco a veinte años; y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días de multa. De la
misma manera, la pena será privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años;
inhabilitación de naturaleza perpetua; y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta
días de multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
— El agente actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o
actúe por encargo de ella.
— Los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo
o inclusión social o de desarrollo.
130
— El agente se aproveche de una situación de calamidad pública o emergencia sanitaria, o la

comisión del delito comprometa la defensa, seguridad o soberanía nacional.
— El valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias.
Por último, si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción
de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años; y
con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstan-
cia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a progra-
mas de apoyo o inclusión social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de
tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días de multa.
Aparte del Código Penal, podemos identificar otros instrumentos con rango de ley y de alcance
nacional, entre los cuales podemos mencionar: leyes orgánicas, leyes ordinarias y decretos legisla-
tivos, estos últimos, promulgados mediante delegación de facultades por el Congreso de la Repú-
blica. Cabe resaltar que muchas de estas normas también se complementaron mediante la apro-
bación y promulgación de sus respectivos reglamentos. Todo ello, con la finalidad de desarrollar
los procedimientos, los mecanismos de aplicación y demás aspectos de interés.
A continuación presentamos algunos de los más relevantes en la materia:
A. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República, Ley

27785
Esta ley busca “establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcio-
namiento del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”.
También se define lo que involucra el control gubernamental, describiéndolo como: “Aquel control
que consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión públi-
ca, en atención al grado de eficiencia, transparencia y economía, así como en el uso y destino de los
recursos y bienes del Estado”.
Asimismo, mediante la mencionada ley se establece el concepto de control interno, el cual com-
prende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad
sujeta a control, con el fin de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúen de
manera correcta y eficiente.
De la misma manera, una de las atribuciones del Sistema Nacional de Control es impulsar la mo-
dernización y la mejora de la gestión pública, a través de la optimización de los sistemas de gestión
y ejerciendo el control gubernamental, con especial énfasis en las áreas críticas sensibles a actos
de corrupción administrativamente.
131
Por último, también se delimita la definición del “control social”, el cual consiste en la participación
activa de la ciudadanía en el proceso de gestión y control público, como fuente de información ca-
lificada y permanente sobre áreas críticas de la Administración pública y detección de actos de
corrupción.
B. Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Ley 29976 y su Reglamento,
Mediante dicha ley se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción con la finalidad de articular
esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas a corto, medio y largo plazo dirigidas a prevenir
y combatir la corrupción en el país.
Una de las funciones de la mencionada Comisión es promover la articulación de esfuerzos de las

entidades responsables de la investigación y sanción de actos de corrupción, así como coordinar
con las comisiones regionales anticorrupción la ejecución de la política y el Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupción a nivel regional.
En cuanto al Reglamento de la CAN Anticorrupción, en este se detallan los miembros que integran
la CAN, el funcionamiento, así como los derechos y deberes de los miembros. De la misma manera,
detalla el procedimiento y formalidades de las sesiones de la misma, entre otros aspectos.
Por último, a través del Reglamento se señala y detalla la creación y funciones de las Comisiones
Regionales Anticorrupción, su estructura, los procedimientos que seguir y la inclusión de las Comi-
siones Locales Anticorrupción.
C. Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815 y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo 033-2005-PCM
El Código de Ética de la Función Pública abarca los principios, deberes y prohibiciones éticas que
rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración pública.
Asimismo, detalla que el servidor público deberá actuar según los principios de respeto, probidad,
idoneidad, veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y lealtad al Estado de derecho. Tam-
bién señala que los deberes de todo servidor público son la neutralidad, transparencia, discreción,
ejercicio adecuado del cargo, uso adecuado de los bienes del Estado y responsabilidad.
Respecto al Reglamento de esta norma, se derogó del título I al título IV, por lo que, actualmente,
solo se encuentran vigentes los títulos V y VI, los cuales se refieren a los incentivos y estímulos a
favor de los empleados públicos, y la difusión del Código de Ética y campañas educativas, respec-
tivamente.
132
D. Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su respectivo Reglamento, aprobado

mediante Decreto Supremo 344-2018-EF
La ley tiene por objeto y finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recur-
sos públicos que se invierten. También busca promover la actuación bajo el enfoque de gestión por
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de manera que estas se efectúen de
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para que cumplan con los fines
públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos.
Cabe destacar que la Ley de Contrataciones dispone que los contratos regulados bajo su normativa
y bajo responsabilidad deberán incluir las cláusulas de garantías, anticorrupción, solución de con-
troversias y resolución de contrato por incumplimiento.
De la misma manera, en el Reglamento se prevé el contenido mínimo de las ofertas, como, por
ejemplo, el postor deberá presentar una declaración jurada en la que declare no haber incurrido y
se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
E. Ley contra el Crimen Organizado, Ley 30077
La Ley contra el Crimen Organizado fue publicada en 2013. Esta ley tiene por objeto fijar las reglas
y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por
organizaciones criminales.
La mencionada ley también define y menciona los criterios para determinar la existencia de una
organización criminal. Así, se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más
personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera que sea su estructura y ámbito de
acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada y coordinada. Cabe señalar que se determina el nivel de la
intervención de los integrantes de una organización criminal, estableciéndose que son personas
vinculadas a ella o actúan por encargo de la misma de manera temporal, ocasional o aislada, de-
biendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal.
F. Ley que incorpora la pena de multa en los delitos cometidos por funcionarios públicos,
Ley 30111
Mediante la Ley 30111, publicada en 2013, se incorpora la pena de multas en los delitos cometidos
por funcionarios públicos que se encuentran establecidos en el Código Penal Peruano.
133
G. Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito
de cohecho activo transnacional, Ley 30424 y su respectivo Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo 002-2019-JUS
El objeto de la ley promulgada sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas es regular

su nivel de responsabilidad y las medidas para sancionarlas por los diversos tipos que les son aplica-
bles, conforme a lo establecido en el Código Penal, Decreto Legislativo 1106 y Decreto Ley 25475.
La ley señala que, para efectos de la norma, las personas jurídicas son las entidades de derecho
privado, así como las asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comités no
inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las em-
presas del Estado peruano o sociedades de economía mixta. Las personas jurídicas son responsa-
bles administrativamente por delitos especificados en la ley en cuanto estos hayan sido cometidos
en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto.
El Reglamento especifica la clasificación de las personas jurídicas para efectos del modelo de prevención
y también señala cuáles son sus principios. Además, define las fases estratégicas para la gestión de ries-
gos, los procesos y responsabilidades operativas, así como la evaluación y análisis de riesgos, entre otros.
H. Ley que regula la gestión de intereses en la Administración pública, Ley 28024 y su

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 120-2019-PCM
La ley regula la gestión de intereses en la Administración pública, entendida como una actividad
lícita de promoción de intereses legítimos propios o de terceros, sean de carácter individual, secto-
rial o institucional en el proceso de toma de decisiones públicas, con la finalidad de asegurar la
transparencia en las acciones del Estado.
Asimismo, la norma señala que los funcionarios de la Administración pública que contravengan la
mencionada ley serán pasibles de las acciones y sanciones que recomienden los órganos del Siste-
ma Nacional de Control, incluyendo las disposiciones referentes a la carrera pública, del procedi-
miento administrativo general y demás que resulten pertinentes.
I. Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Ley 28716
La ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación,
funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado,
con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y
actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de
corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucio-
nales. La ley es aplicada por los órganos y personal de Administración institucional, así como por
el órgano de control institucional, conforme a su correspondiente ámbito de competencia.
134
La norma señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno
en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales orientando su ejecución de los
objetivos de la ley. Cabe señalar que la ley define el Sistema de Control Interno como el conjunto de ac-
ciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, inclu-
yendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado.
J. Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públi-

cos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad con-
tractual, Ley 27588 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 019-2002-PCM
Esta ley fue publicada en 2001. En ella se señala que los directores, titulares, altos funcionarios,
miembros de Consejos Consultivos, Tribunales Administrativos, Comisiones y otros órganos cole-
giados que cumplen una función pública o encargo del Estado, los directores de empresas del Es-
tado o representantes de este en directorios, así como los asesores, funcionarios o servidores con
encargos específicos que, por el carácter o naturaleza de su función o de los servicios que brindan,
han accedido a información privilegiada o relevante, o cuya opinión haya sido determinante en la
toma de decisiones, están obligados a guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o infor-
mación que por ley expresa tengan dicho carácter.
Asimismo, se menciona que tampoco podrán divulgar ni utilizar información que, sin tener reserva
legal expresa, pudiera resultar privilegiada por su contenido relevante, empleándola en su beneficio
o de terceros y en perjuicio o desmedro del Estado o de terceros.
Por tanto, la violación de lo dispuesto en la ley implicará la transgresión del principio de buena fe y
será sancionada con la inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de las acciones
administrativas, civiles y penales a que hubiera lugar.
K. Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación

de personal en el sector público en casos de parentesco, Ley 26771 y su Reglamento,
emitido mediante Decreto Supremo 021-2000-PCM
La presente ley también es conocida como la ley de nepotismo. La ley señala que los funcionarios,
directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas
que conforman el Sector Público Nacional, así como las empresas del Estado, que gozan de la fa-
cultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el
proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en
su entidad respecto a sus parientes:
• Hasta el cuarto grado de consanguinidad.

• Segundo de afinidad.
• Por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia o ser progenitores de sus hijos.
135
Para efectos de la ley de nepotismo, el parentesco por afinidad se entiende también respecto del
concubino, conviviente y progenitor del hijo. Asimismo, la prohibición de contratar refiere a contra-
tos de locación de servicios, contratos de consultoría y otros de naturaleza similar.
El Reglamento de esta norma señala, también, que se presumirá, salvo prueba de lo contrario, que
existe injerencia directa cuando el funcionario de dirección o de confianza que guarda el parentesco
indicado tiene un cargo superior a aquel que tiene la facultad de nombrar o contratar al personal,
al interior de su entidad.
Igualmente, el Reglamento define que no configura acto de nepotismo la renovación de contratos

de servicios no personales preexistentes, realizados de acuerdo con la normatividad sobre contra-
taciones y adquisiciones del sector público.
L. Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz

en el ámbito penal, Ley 29542
Esta ley tiene por finalidad proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a
cualquier ciudadano, que denuncien de forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilega-
les que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administra-
tivamente.
Asimismo, señala la autoridad competente que recibe y evalúa las denuncias presentadas, dando
el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y derivando aquellas cuyo
trámite corresponda ser efectuado por otras instancias administrativas, como la Contraloría Gene-
ral de la República.
M. Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos

en investigaciones preliminares, Ley 27379
La Ley 27379 está circunscrita a las medidas que limitan derechos en el curso de investigaciones
preliminares de carácter jurisdiccional. Las medidas limitativas se pueden dictar en los siguientes
casos:
• Delitos perpetrados por la pluralidad de personas, siempre que en su realización se hayan uti-
lizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier
persona con el consentimiento de estos.
• Delitos de peligro común, contra la Administración pública, delitos agravados, delitos aduane-
ros y delitos tributarios, previstos en el Decreto Legislativo 812, siempre que dichos delitos se
cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal.
136
• Delitos de terrorismo, de apología del delito en los casos previstos en el artículo 316.o del Có-
digo Penal, de lavados de activos previsto en la Ley 27765, de tráfico ilícito de drogas, delitos
contra la humanidad y delitos contra el Estado y la Defensa Nacional.
• Delitos contra la libertad y delito de extorsión, siempre que dichos delitos se cometan por una
pluralidad de personas.
• Otros delitos, cuando el agente integre una organización criminal.
Además, en cuanto a las medidas limitativas de derechos, la ley indica que el fiscal provincial, en
casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al juez penal las siguientes medidas:
• Impedimento de salida del país o de la localidad en donde domicilia el investigado o del lugar
que se le fije.
• Incomunicación.
• Secuestro y/o incautación de los objetos de la infracción penal o los instrumentos con que se
hubiere ejecutado, así como los efectos, sean bienes, dinero, ganancias o cualquier producto
proveniente de dicha infracción, así se encuentren en poder de personas naturales o jurídicas.
• Embargo u orden de inhibición para disponer o gravar bienes, que se inscribirán en los registros
públicos cuando corresponda.
• Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.
• Exhibición y remisión de información en poder de instituciones públicas o privadas, siempre que
estén relacionadas con el objeto de la investigación y sea necesaria para el esclarecimiento de
los hechos.
• Allanamiento de inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito o de peli-
gro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para ello.
• Inmovilización de bienes muebles y clausura temporal de locales, siempre que fuera indispen-
sable para la investigación del hecho delictivo a fin de garantizar la obtención de evidencias y
retener, en su caso, las evidencias que se encuentren en su interior, levantándose el acta res-
pectiva.
N. Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia para recibir

y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses
de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos, Ley 31227
La ley fue publicada en 2021 con la finalidad de derogar el Decreto de Urgencia 020-2019, para
establecer que la declaración jurada de intereses de las autoridades, funcionarios y servidores pú-
blicos del Estado, como instrumento para la detección y prevención de conflictos de intereses y
como requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública, se presenta ante el sis-
tema de la Contraloría General de la República con el fin de garantizar la autonomía e independen-
cia en el control, fiscalización y sanción de dichos instrumentos, de conformidad con el artículo 82
de la Constitución y de los principios constitucionales de lucha contra la corrupción, transparencia
y buena administración.
137
Asimismo, se dispone que la presentación obligatoria de la declaración jurada de intereses sea ante
el sistema de la Contraloría. Esta declaración es un documento de carácter público cuya presenta-
ción constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o función pública y demás situa-
ciones que regula la ley.
O. Decreto legislativo que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal a fin
de establecer y ampliar el plazo de duración de la pena de inhabilitación principal e
incorporar la inhabilitación perpetua para los delitos cometidos contra la Administra-
ción pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, Decreto Legislativo
1243
El decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, con
la finalidad de señalar la pena de inhabilitación principal para los delitos contra la Administración
pública, así como ampliar el plazo de duración de la misma y crear el Registro Único de Condena-
dos Inhabilitados.
P. Decreto legislativo que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y

otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional
de Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la efectividad de la lucha contra la
corrupción, Decreto Legislativo 1279
El decreto legislativo se emitió en el ámbito de delegación de facultades al Poder Ejecutivo en ma-

teria de reactivación económica, lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, agua y sanea-
miento y reorganización de PetroPerú S.A.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil registra los vínculos de parentesco de las per-
sonas naturales y las vinculaciones que se derivan de las inscripciones correspondientes para co-
adyuvar en la lucha contra la corrupción. Este registro garantiza la protección de los datos relativos
al parentesco y demás vinculaciones de las personas inscritas.
Q. Decreto legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, y establece disposiciones para garantizar la integridad en la Ad-
ministración pública, Decreto Legislativo 1295, así como su Reglamento, aprobado me-
diante Decreto Supremo 012-2017-JUS
El decreto legislativo modifica el artículo 242 de la Ley 27444 con la intención de señalar que en el
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles se consolide toda la información relativa
al ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria y funcional ejercida por la Administración pú-
blica, así como aquellas impuestas por los delitos tipificados en los artículos 382 (concusión), 383
(cobro indebido), 384 (colusión simple y agravada) y 385 (patrocinio ilegal), entre otros del Código
Penal Peruano.
138
R. Decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de
eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y de cri-
minalidad organizada, Decreto Legislativo 1307
El decreto legislativo tiene por objeto modificar el Código Procesal Penal, a fin de fortalecer la lu-
cha contra la delincuencia común y regular medidas de eficacia para una correcta persecución y
oportuna sanción de los delitos de corrupción de funcionarios previstos en los artículos 382 al 401
del Código Penal y de criminalidad organizada.
Asimismo, crea el Sistema Especializado de Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional,

y se encarga su implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la
Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
S. Decreto legislativo que establece medidas de protección para el denunciante de actos

de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, Decreto Legislativo 1327
El decreto legislativo tiene por finalidad fomentar y facilitar que cualquier persona que conoce de
la ocurrencia de un hecho de corrupción en la Administración pública pueda denunciarlo. Tiene por
objeto establecer los procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias reali-
zadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias efectuadas de mala fe.
Asimismo, el decreto legislativo establece las definiciones de: “acto de corrupción”, “denunciante”,
“denunciado”, “denuncia”, “denuncia de mala fe”, “denuncia sobre hechos ya denunciados”, “denun-
cia retirada”, “denuncia carente de fundamento”, “denuncia falsa”, “medidas de protección” y “per-
sona protegida”.
Los actos y hechos dispuestos en esta norma deben realizarse en el marco del principio de reserva,
es decir, se debe garantizar absoluta reserva de la información relativa a la identidad del denun-
ciante cuando este lo requiera, a la materia de denuncia y a las actuaciones derivadas de la misma.
T. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Con-

sejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial 156-2021-PCM
La Secretaría de Integridad Pública forma parte de la Secretaría General. Así, la Secretaría de Inte-
gridad Pública cuenta con dos subsecretarías: 1) de Gestión Estratégica de la Integridad Pública y
2) de Monitoreo de la Integridad Pública.
La Secretaría de Integridad Pública es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel

nacional responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los
riesgos de la corrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley 29976, ley que
crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asimismo, coordina con las entidades responsables
139
de materias vinculadas a la promoción de la ética pública, integridad y lucha contra la corrupción

los aspectos normativos u operacionales requeridos para el cumplimiento de sus funciones.
Es el órgano que ejerce técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha con-
tra la Corrupción, y es responsable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección del
proceso de integridad y lucha contra la corrupción de la gestión de la Administración pública y
del Estado. El ROF de la PCM señala que la Secretaría de Integridad Pública tiene las siguientes
funciones:
• Proponer, coordinar, conducir, supervisar y evaluar las políticas, planes y estrategias en materia
de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, articulando con las demás entidades
en los casos que corresponda.
• Proponer normas y aprobar directivas, lineamientos, metodologías y demás herramientas en
materias de su competencia, así como supervisar su cumplimiento.
• Dirigir el apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y ejercer las funciones que
establece el artículo 6 de la Ley 29976, ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción.
• Formular recomendaciones a las entidades de la Administración pública en materias de su
competencia.
• Proponer y conducir programas, proyectos, mecanismos, instrumentos y/o herramientas desti-
nadas a promover las materias de ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, según
corresponda.
• Dirigir y supervisar las acciones orientadas a promover una cultura de integridad pública sobre
la base de la ética.
• Consolidar y generar información cuantitativa y cualitativa en las materias de su competencia
que permitan el monitoreo y la adopción de políticas públicas.
• Supervisar el cumplimiento de las disposiciones, obligaciones y acciones que promuevan la
ética, la integridad y lucha contra la corrupción en las entidades de la Administración pública.
• Coordinar y articular con las entidades responsables de la investigación y sanción de actos de
corrupción.
• Dirigir y articular las medidas de prevención y gestión de los riesgos asociados a corrupción, en
el marco de su competencia.
• Emitir opinión técnica, cuando corresponda, en las materias de su competencia, conforme a la
normativa vigente.
• Expedir resoluciones en materias de su competencia.
• Las demás funciones que le asigne el/la secretario/a general en el marco de sus competencias
y/o aquellas que le correspondan por norma expresa.
140
Tabla 13.
Listado de convenios internacionales sobre la lucha contra la corrupción
Decreto supremo
Nombre del convenio internacional Fecha de ratificación
de ratificación
012-97-RE Convención Interamericana contra la Corrupción 24 de marzo de 1997
075-2004-RE Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 20 de octubre de 2004
Tabla 14.
Listado de principales leyes, decretos legislativos y decretos supremos sobre la lucha contra la
corrupción
Ley /
Fecha de
decreto legislativo / Número Nombre de la ley
publicación
decreto supremo
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

A Ley 27785 23 de julio de 2002
Contraloría de la República
B Ley 29976 Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción71 4 de enero de 2013
13 de agosto de
C Ley 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública72
2002
D Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado73 11 de julio de 2014
E Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado 20 de agosto de 2013
Ley que incorpora la pena de multa en los delitos 26 de noviembre de

F Ley 30111
cometidos por funcionarios públicos 2013
Ley que regula la responsabilidad administrativa de las

G Ley 30424 personas jurídicas por el delito de cohecho activo 21 de abril de 2016
transnacional74
Ley que regula la gestión de intereses en la

H Ley 28024 12 de julio de 2003
Administración pública75
I Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 18 de abril de 2006
Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de

funcionarios y servidores públicos, así como de las 13 de diciembre de
J Ley 27588
personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 2001
modalidad contractual76
71. La ley cuenta con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 089-2013-PCM.
73. La ley cuenta con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF.
74. La ley cuenta con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 002-2019-JUS.
141
Ley /
Fecha de
decreto legislativo / Número Nombre de la ley
publicación
decreto supremo
Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de

K Ley 26771 nombramiento y contratación de personal en el sector 15 de abril de 1997
público en casos de parentesco77
Ley de protección al denunciante en el ámbito

L Ley 29542 22 de junio de 2010
administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal78
Ley de procedimiento para adoptar medidas

21 de diciembre de
M Ley 27379 excepcionales de limitación de derechos en
2000
investigaciones preliminares
Ley que transfiere a la Contraloría General de la

República la competencia para recibir y ejercer el
N Ley 31227 control, fiscalización y sanción respecto a la declaración 23 de junio de 2021
jurada de intereses de autoridades, servidores y
candidatos a cargos públicos
Decreto legislativo que modifica el Código Penal y el

Código de Ejecución Penal a fin de establecer y ampliar
Decreto el plazo de duración de la pena de inhabilitación 22 de octubre de
O 1243
Legislativo principal, e incorporar la inhabilitación perpetua para los 2016
delitos cometidos contra la Administración pública, y
crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados
Decreto legislativo que establece el deber de registrar los

vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de
Decreto 22 de octubre de
P 1279 las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de
Legislativo 2016
Identificación y Estado Civil orientado a contribuir a la
efectividad de la lucha contra la corrupción
Decreto legislativo que modifica el artículo 242 de la Ley

Decreto 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y 30 de diciembre de
Q 1295
Legislativo establece disposiciones para garantizar la integridad en 2016
la Administración pública79
Decreto legislativo que modifica el Código Procesal

Decreto Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución 30 de diciembre de
R 1307
Legislativo y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios y 2016
de criminalidad organizada
Decreto legislativo que establece medidas de protección

Decreto
S 1327 para el denunciante de actos de corrupción y sanciona 6 de enero de 2017
Legislativo
las denuncias realizadas de mala fe80
156-
Resolución Texto Integrado del Reglamento de Organización y
T 2021- 17 de julio de 2021
Ministerial Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros
PCM
79. El decreto legislativo cuenta con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 012-2017-JUS.
80. El decreto legislativo cuenta con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2017-JUS.
142
A. Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción
Tal como se señala en la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, esta es una
política de Estado que comprende a todos los niveles de gobierno y actores públicos, constituyendo
una guía y orientación para el sector privado.
Mediante este instrumento, se manifiesta que se pretende dotar al Estado peruano de mecanismos
que garanticen la prevención y sanción de la corrupción, propiciando el mejoramiento continuo de
las instituciones y corrigiendo aquellas fallas del sistema que aprovecha la corrupción.
Así, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción se organiza en tres ejes:
• Eje 1: capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción.

• Eje 2: identificación y gestión de riesgos.
• Eje 3: capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción.
Según se establece en el documento de la política, el fenómeno de la corrupción tiene las siguien-

tes características:
• El uso indebido del poder o el mal uso de una posición privilegiada.

• Búsqueda de beneficios irregulares.
La Política también clasifica los tipos de corrupción según las aproximaciones realizadas por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2004):
• Gran corrupción y pequeña corrupción.

• Corrupción activa y corrupción pasiva.
• Soborno o coima.
• Fraude y malversación.
• Extorsión.
• Abuso de funciones.
• Favoritismo y nepotismo.
• Contribuciones políticas inapropiadas.
En el caso peruano, muchos de los tipos de corrupción antes mencionados han sido asumidos como
delitos en el Código Penal y otros como faltas administrativas. Para tener mayor claridad, incluimos
143
el cuadro comparativo desarrollado en la Política donde se realiza un comparativo entre los tipos de
delitos definidos por las Naciones Unidas y la tipología que hay en el Perú.
Tabla 15.
Comparativo entre los tipos de Naciones Unidas y la tipología del Perú
Tipos de corrupción Tipos de corrupción en el Perú

(UNODC, 2004) Ámbito penal Ámbito administrativo
Peculado, colusión, malversación, Incumplimiento del deber de cautelar

Gran corrupción y pequeña
tráfico de influencias y enriquecimiento los bienes del Estado, conflicto de
corrupción
ilícito intereses
Corrupción activa y Cohecho (cohecho activo genérico y

corrupción pasiva específico, cohecho activo
Abuso de posición personal, ventaja
transnacional, cohecho pasivo propio e
indebida
impropio, cohecho pasivo específico y
Soborno
soborno internacional pasivo)
Recibir doble remuneración del Estado,

Fraude y malversación Malversación, peculado incumplimiento del deber de cautelar
los bienes del Estado
Extorsión Concusión Ventaja indebida
Abuso de posición personal, ventaja

Abuso de funciones Negociación incompatible
indebida
Favoritismo y nepotismo Tráfico de influencias Nepotismo, conflicto de intereses
Contribuciones políticas Incumplimiento del deber de

Cohecho
inapropiadas imparcialidad
Fuente: tabla 2 de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción.
Finalmente, es relevante señalar que la Política establece como objetivo general el contar con
instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito político,
sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción
a nivel nacional, regional y local, con la participación de la ciudadanía.
B. Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021
Este instrumento, que deriva de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción,
establece las acciones priorizadas para desplegar las labores en la materia.
El plan señala que sus áreas de lucha contra la corrupción prioritarias son las siguientes: infraes-
tructura, contrataciones, captura política de las instituciones y la microcorrupción.
144
Sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan, el documento señala que: se realizará un
proceso sistemático mediante el cual se recopila, se ordena, se sistematiza y se analiza informa-
ción para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos, permitiendo también conducir ade-
cuadamente las intervenciones para conseguir los mayores resultados posibles.
Asimismo, se establece que: para coordinar y articular el seguimiento, monitoreo y evaluación, la

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción establecerá lineamientos, pautas y herramientas que facili-
ten y precisen los roles vinculados a medir el avance de las acciones anticorrupción establecidas
en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, así como la Política
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
C. Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales sobre el estado de las inves-

tigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción
Este instrumento aprobado por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM tiene por objeto establecer
los lineamientos aplicables para la puesta en funcionamiento del Aplicativo Informático Web que
implementa la metodología de determinación de costos de los procedimientos administrativos y ser-
vicios prestados en exclusividad para las entidades públicas, denominado Módulo Integral de Costos.
D. Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública en las enti-
dades públicas del Poder Ejecutivo
Mediante esta directiva se establecen los lineamientos aplicables que permitan la difusión del con-
tenido de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815 y su Reglamento.
Este instrumento es de aplicación para todas las entidades que conforman el Poder Ejecutivo.
E. Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público
Con este documento se establecen medidas de desempeño para el fortalecimiento de una cultura
de integridad en las entidades de la Administración pública, teniendo alcance nacional aplicable a
todas las entidades de la Administración pública comprendidas en el artículo I del título preliminar
del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
F. Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la

Como su nombre indica, este instrumento permite la implementación de la función de integridad en

las entidades de la Administración pública, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lu-
cha contra la Corrupción. Esto ha sido operativizado mediante la constitución de Oficinas de Inte-
gridad Institucional en las entidades públicas.
145
G. Nueva directiva para la implementación del Sistema de Control Interno
Este instrumento se orienta a que las entidades del Estado implementen el Sistema de Control
Interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los ob-
jetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, ética y transparente.
Tiene como objetivos:
1. Regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del
Estado, estableciendo plazos y funciones.
2. Establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema
de Control Interno.
Tabla 16.
Listado de principales instrumentos sobre la lucha contra la corrupción
Fecha de
Nombre del instrumento Norma
publicación
14 de
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la
A Decreto Supremo 092-2017-PCM septiembre de
Corrupción
2017
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 26 de abril de

B Decreto Supremo 044-2018-PCM
Corrupción 2018-2021 2018
Lineamientos para la elaboración de reportes

16 de
trimestrales sobre el estado de las investigaciones y
C Directiva 002-2012-PCM-SGP noviembre de
procesos por infracciones administrativas vinculadas a
2012
actos de corrupción
Lineamientos para la promoción del Código de Ética

4 de febrero de
D de la Función Pública en las entidades públicas del Directiva 001-2009-PCM-SGP
2009
Poder Ejecutivo
Resolución de Secretaría de
Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad 28 de junio de
E Integridad Pública 002-2021-PCM/
en las entidades del sector público 2021
SIP
Lineamientos para la implementación de la función de Resolución de Secretaría de

24 de julio de
F integridad en las entidades de la Administración Integridad Pública 001-2019-PCM/
2019
pública SIP
Nueva directiva para la implementación del Sistema 15 de mayo de

G Directiva 006-2019-CGR
de Control Interno 2019
146
A. Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
Según su ley de creación, Ley 29976, la CAN tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar accio-
nes y proponer políticas a corto, medio y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en
el país. Está conformada por diez miembros plenos y catorce miembros observadores, los cuales
se reúnen en sesiones periódicas.
Los diez miembros plenos con voz y voto son los siguientes:
• El presidente del Congreso de la República.

• El presidente del Poder Judicial.
• El presidente del Consejo de Ministros.
• El ministro de Justicia y Derechos Humanos.
• El presidente del Tribunal Constitucional.
• El fiscal de la nación.
• El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos regionales.
• El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.
• El secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional.
• El presidente de la Junta Nacional de Justicia.
B. Presidencia del Consejo de Ministros
• Secretaría de Integridad
La Presidencia del Consejo de Ministros ejerce sus competencias a nivel nacional en las siguientes ma-
terias: modernización de la gestión pública, ética pública, integridad y lucha contra la corrupción, desa-
rrollo territorial, descentralización, demarcación territorial, diálogo y concertación social, transforma-
ción digital, comunicación de las acciones del Poder Ejecutivo, así como la coordinación de las políticas
nacionales de carácter sectorial y multisectorial del Poder Ejecutivo y la coordinación de las relaciones
con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales autónomos, los Gobiernos regiona-
les, los Gobiernos locales y la sociedad civil, y las demás competencias que le asigne la ley.
Entre las unidades y órganos de línea se encuentra la Secretaría de Integridad Pública. La Secreta-
ría de Integridad Pública forma parte de la Secretaría General. Y cuenta con dos subsecretarías:
1) de Gestión Estratégica de la Integridad Pública y 2) de Monitoreo de la Integridad Pública.
82. Al igual que todo el capítulo, contiene un resumen parafraseado o textual de cada institución expuesta de acuerdo
con su respectivo ROF o norma que se indica en el texto.
147
La Secretaría de Integridad Pública es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel

nacional responsable de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar
los riesgos de la corrupción y ejercer las funciones que establece el artículo 6 de la Ley 29976,
ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Asimismo, coordina con las entidades
responsables de materias vinculadas a la promoción de la ética pública, integridad y lucha contra
la corrupción los aspectos normativos u operacionales requeridos para el cumplimiento de sus
funciones.
Es el órgano que ejerce técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad y Lucha

contra la Corrupción y es responsable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección
del proceso de integridad y lucha contra la corrupción de la gestión de la Administración pública
y del Estado.
Las unidades orgánicas de la Secretaría de Integridad Pública son las siguientes:
• Subsecretaría de Gestión Estratégica de la Integridad Pública

Es la unidad orgánica de línea encargada de diseñar, formular y/o conducir la implementación
de políticas, planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de
ética pública, integridad y lucha contra la corrupción. Además de unificar criterios y estandari-
zar procedimientos para la implementación de la integridad pública.
• Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública

Es la unidad orgánica de línea encargada de realizar el seguimiento y monitoreo de políticas,
planes, estrategias, programas, mecanismos e instrumentos en las materias de ética pública,
integridad y lucha contra la corrupción. Además de generar evidencia, conocimiento y propues-
tas que permitan la formulación de recomendaciones, medidas correctivas y/o de mitigación,
así como la formulación y fortalecimiento de políticas públicas en materia de integridad.
C. Contraloría General de la República y órganos de control institucional (Sistema Nacio-

nal de Control)
Según su Reglamento de Organización y Funciones83, la Contraloría General de la República es una

entidad descentralizada de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, cuya com-
petencia es la de dirigir, normar, ejecutar y supervisar el control gubernamental a cargo de los ór-
ganos del Sistema Nacional de Control, mediante la aplicación de las normas, procedimientos y
principios que regulan el control gubernamental, conforme a la Ley 27785.
83. Para mayor información, ver: https://doc.contraloria.gob.pe/transparencia/2021/RC_179-2021-CG.pdf
148
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedi-

mientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejerci-
cio del control gubernamental de forma descentralizada. El Sistema Nacional de Control está con-
formado por la Contraloría General de la República como ente técnico rector del sistema, los
órganos de control institucional y las sociedades de auditoría externa designadas por la CGR84.
D. Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú)85 es la encargada de recibir, analizar, tratar, eva-
luar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terroris-
mo, así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de pre-
vención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.
E. Defensoría del Pueblo
Según la Ley 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo86, le corresponde defender los dere-
chos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumpli-
miento de los deberes de la Administración pública y la prestación de los servicios públicos.
La Constitución Política del Perú señala que la Defensoría del Pueblo es autónoma, y los órganos
públicos están obligados a colaborar con la Defensoría. Así, le corresponde defender los derechos
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad; y supervisar el cumplimiento de
los deberes de la Administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Cabe resaltar que para ser elegido defensor del pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco
años y ser abogado.
Su portal institucional87 señala que la Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitu-
ción Política de 1993, como un organismo constitucionalmente autónomo, para defender los dere-
chos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración estatal y la
eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional.
Su misión es la de defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con autono-
mía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la supervisión
al cumplimiento de las obligaciones del Estado.
84. Para mayor precisión de conceptos, según el artículo 12 de la Ley 27785, ver: https://doc.contraloria.gob.pe/docu-
mentos/TILOC_Ley27785.pdf
85. Se creó mediante Ley 27693, de 12 de abril de 2002, modificada por Leyes 28009 y 28306 y reglamentada mediante
Decreto Supremo 020-2017-JUS. Ha sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Se-
guros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) mediante Ley 29038, de 12 de junio de 2007, y cuenta
con autonomía funcional y técnica.
86. La Ley 26520 se puede ver con profundidad en el siguiente enlace: http://www.oas.org/juridico/spanish/per_res8.pdf
87. Para mayor información consultar el portal institucional: https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/
149
F. Oficinas de Integridad Institucional
Las Oficinas de Integridad Institucional son las unidades responsables de ejercer la función de in-
tegridad y lucha contra la corrupción en las entidades públicas. Estas fueron creadas por Resolu-
ción 001-2019-PCM/SIP de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM. Un interesante ejemplo
sobre la conformación de estas oficinas lo encontramos en la Superintendencia Nacional de Admi-
nistración Tributaria (SUNAT), donde se señala que:
Mediante estas oficinas se busca promover y desarrollar acciones que conduzcan al fortaleci-
miento de la integridad y el comportamiento ético del personal de la institución y a la detección
de riesgos de corrupción a efectos de proponer mejoras o controles en los procesos institucio-
nales. Asimismo, se encarga de desarrollar e implementar medidas que ayuden a prevenir y
combatir la corrupción, asegurando los principios de objetividad y transparencia, así como de
brindar apoyo o asesoría a los funcionarios o directivos de la institución en el ejercicio del con-
trol que les corresponde88.
Tabla 17.
Listado de las principales instituciones relacionadas con la lucha contra la corrupción
Nombre de la institución Normas Fecha de publicación
Comisión de Alto Nivel Ley 29976, Ley de Creación de la Comisión de

A 4 de enero de 2013
Anticorrupción (CAN) Alto Nivel Anticorrupción
Contraloría General de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de
República y órganos de control
B Control y de la Contraloría General 23 de julio de 2021
institucional que conforman el
de la República, Ley 27785
Sistema Nacional de Control
Texto Integrado del Reglamento de

Secretaría de Integridad Pública de
Organización y Funciones de la Presidencia
C la Presidencia del Consejo de 17 de julio de 2021
del Consejo de Ministros, aprobado mediante
Ministros
Resolución Ministerial 156-2021-PCM
Unidad de Inteligencia Financiera

Ley que crea la Unidad de Inteligencia
F de la Superintendencia de Banca, 12 de abril de 2002
Financiera del Perú, Ley 27693
Seguros y AFP (SBS)
Ratificado en el
Artículos 161.o y 162.o de la Constitución
referéndum del 31 de
Política del Perú
octubre de 1993
E Defensoría del Pueblo
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo,
8 de agosto de 1995
Ley 26520
88. Se ha citado esta información de: https://ww3.sunat.gob.pe/institucional/integridad/index.html
150
Nombre de la institución Normas Fecha de publicación
Aprueban directiva “Lineamientos para la

implementación de la función de integridad
en las entidades de la Administración
F Oficinas de Integridad 26 de julio de 2019
pública”, aprobada mediante Resolución de
Secretaría de Integridad Pública 001-2019-
PCM/SIP
3.3. TRANSPARENCIA
Conforme se ha señalado en el capítulo I de la presente investigación, hemos dimensionado la

transparencia dentro de lo que define la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
sin embargo, también hemos querido mencionar las normas relativas a protección de datos perso-
nales a modo de referencia genérica, pues así lo ha recogido el Ministerio de Justicia en su compen-
dio normativo89. A nivel del acápite instrumental, hemos tomado en cuenta lo referente al Gobierno
abierto, en tanto hace referencia a la transparencia.
A. Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, aprobado por Decreto Supremo 021-2019-JUS, y el Reglamento de la Ley 27806,
En primer lugar, cabe señalar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley
27806, busca promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental
del acceso a la información pública amparado en el numeral 2 del artículo 5.o de la Constitución
Política del Perú. Esta norma se refiere a las entidades de la Administración pública que se encuen-
tran comprendidas en el artículo I del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley 27444.
La ley se rige y es sometida bajo el principio de publicidad, es así como los funcionarios que son
responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán prever
una adecuada infraestructura, organización, sistematización y publicación de la información, todo
ello como señala el artículo 3 del TUO de la Ley 27806.
89. Para mayor información, ver: https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/2518666-compendio-

de-transparencia-acceso-a-la-informacion-publica-y-proteccion-de-datos-personales-normativa-y-criterios-
interpretativos-relevantes
151
Asimismo, la norma obliga a que todas las entidades de la Administración pública cumplan lo esti-
pulado en la Ley 27806. Es por ello por lo que los funcionarios o servidores públicos que incumplan
la misma serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados
penalmente por la comisión del delito de abuso de autoridad.
En segundo lugar, la norma también define la “información de acceso público” como información
pública, es decir, cualquier tipo de documentación financiada por el presupuesto público que sirva
de base a una decisión de naturaleza administrativa, así como las actas de reuniones. Sin embargo,
debemos señalar que existen excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información públi-
ca, las cuales son señaladas en el artículo 15.o de la ley. Este señala que el derecho no podrá ser
ejercido respecto a la información expresamente calificada como secreta, que se sustente en razo-
nes de seguridad nacional, en concordancia con la Constitución Política del Perú, y que además
tengan como base fundamental el garantizar la seguridad de las personas y cuya revelación origi-
naría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, así como de
actividades de inteligencia y contrainteligencia.
En tercer lugar, la ley también señala que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información Pública deberá remitir un informe anual al Congreso de la República en el que dé cuen-
ta de las solicitudes, pedidos de información atendidos y no atendidos.
Asimismo, es importante resaltar que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública no solo está obligada a remitir un informe anual al Congreso, sino que también está
a cargo de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que ampara la Ley
27806.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley 27806 incluye las obligaciones tipificadas de la máxima
autoridad de la entidad de la Administración pública, del funcionario responsable de entregar la
información y del funcionario responsable del Portal de Transparencia. Además, el Reglamento
define quién es el funcionario o servidor poseedor de la información para efectos de la ley, es decir,
el funcionario o servidor que haya creado, obtenido, tenga posesión o control de la información
solicitada es responsable de disposiciones específicas, y se señala la responsabilidad que este pue-
de acarrear por el incumplimiento de su función.
Por último, en el marco normativo del Reglamento, se prevé y desarrolla las sanciones impues-
tas en las entidades públicas, clasificándolas como: infracciones muy graves, infracciones graves
e infracciones leves. En el caso de las personas jurídicas, también cuenta con la clasificación de
la sanción referente a sanciones administrativas, adicional a las tres clasificaciones antes men-
cionadas.
152
B. Decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la In-

formación Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regula-
ción de la Gestión de Intereses, Decreto Legislativo 1353
La Autoridad se rige por lo dispuesto en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública y las normas reglamentarias. Asimismo, la ley señala que el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a Información
Pública, es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre las funciones en materia de transparencia y acceso a la información pública que la Autoridad
tiene podemos enunciar:
• Proponer políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

• Emitir directivas y lineamientos que sean necesarios para el cumplimiento de las normas en el
ámbito de su competencia.
• Fomentar la cultura de transparencia y acceso a la información pública.
• Supervisar el cumplimiento de la actualización del Portal de Transparencia, entre otros.
Además, se crea el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este tribunal tiene
naturaleza de órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que constituye la
última instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información
pública a nivel nacional.
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene diversas funciones, entre

ellas, podemos enunciar algunas:
• Resolver en última instancia administrativa los recursos de apelación que interpongan los fun-
cionarios y servidores públicos sancionados por el incumplimiento de normas de transparencia
y acceso a la información pública.
• Dirimir mediante opinión técnica vinculante los casos en los que se presente conflicto entre la
aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 29733, y Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley 27806.
• Custodiar declaraciones de conflicto de intereses, entre otros.
Cabe resaltar que el decreto legislativo también abarca la confidencialidad de la información. Se

señala que los servidores públicos de la Autoridad y del tribunal, bajo responsabilidad, tienen la
obligación de no hacer uso de la información que conozcan para fines distintos al ejercicio de sus
funciones y cuando se trate de información secreta, reservada o confidencial, tienen la obligación
del cuidado diligente si toman conocimiento de ella en el ejercicio de su función.
153
El Reglamento del Decreto Legislativo precisa los procedimientos, requisitos de vocales y presi-
dentes, conformación, causales de abstención, infracciones y vacancia, entre otros, sobre la con-
formación y procesos de la Autoridad de Transparencia, acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales, y el Tribunal de Transparencia y Acceso a la información pública.
C. IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020-2021 y crea la Co-

misión Multisectorial denominada Foro Multiactor de Gobierno Abierto, aprobado median-
te Decreto Supremo 206-2019-PCM
El IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020-2021 contiene los compro-
misos del Estado peruano en materia de infraestructura, contrataciones, educación, salud, ambien-
te e industrias extractivas, programas sociales, seguridad ciudadana, justicia y calidad regulatoria;
asimiso, precisa las acciones necesarias, plazos y entidades públicas responsables de su imple-
mentación.
El IV Plan de Acción detalla que el Perú ha venido teniendo avances de manera sostenida en la
promoción y prácticas de Gobierno abierto, entre ellas, la transparencia y acceso a la información
pública.
Sobre la transparencia y acceso a la información pública, el IV Plan señala textualmente lo si-

guiente:
Un primer paquete de avances fue la generación de marcos normativos y conceptuales para la

promoción del principio de transparencia y acceso a la información pública, los que se pueden
evidenciar, por ejemplo, en la implementación de los Portales de Transparencia Estándar, el
Portal Nacional de Datos Abiertos y la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamenta-
les, que se implementan de manera progresiva en distintas entidades del Estado.
Más allá del Poder Ejecutivo, estas herramientas de acceso a la información han sido adopta-
das por los distintos poderes del Estado, organismos constitucionalmente autónomos, Gobier-
nos regionales y Gobiernos locales, que publican información de su gestión de manera periódica
y, además, atienden las solicitudes de acceso a la información conforme a un procedimiento y
plazos establecidos en la normativa.
Entre otras iniciativas que promueven la transparencia y el acceso a la información pública fi-
guran las orientadas a la transformación de la información en formatos y lenguajes sencillos
para mayor comprensión de los diversos públicos. Ejemplos de este tipo de iniciativas son las
audiencias públicas de rendición de cuentas y la publicación de trámites institucionales en len-
guas nativas.
154
Asimismo, con la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información

Pública y el Tribunal de Transparencia, se fortaleció el marco institucional de este principio,
emitiéndose lineamientos generales, así como absolución de consultas, supervisión de actuali-
zaciones de la información que se publica de manera obligatoria y la protección del derecho
constitucional de acceso a la información de la ciudadanía.
Además, el IV Plan presenta diversas fichas de compromiso que han sido segmentadas por ma-
teria:
• Respecto a la materia de infraestructura, en relación con transparencia y acceso a la informa-

ción pública, incluye los siguientes compromisos:
a) Estrategia de difusión y promoción sobre la actualización de información en materia de in-

fraestructura, a partir de la supervisión de los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de
las entidades del Estado, y señala como entidad líder a la Autoridad Nacional de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP).
b) Implementar un portal de datos abiertos en OSCE, y señala como entidad líder del
compromiso al Organismo Supervisor de las Contrataciones.
• Respecto a la materia de ambiente e industrias extractivas, en relación con transparencia y

acceso a la información pública, incluye los siguientes compromisos:
a) Plataforma virtual de acceso a información sobre la gestión de conflictos socioambienta-

les, y señala como entidad líder al Ministerio del Ambiente (MINAM).
b) Portales web promovidos por espacios multiactor subnacionales, con información de re-
cursos públicos (cantidad y uso) provenientes de la actividad extractiva minera e hidrocar-
burífera, y señala como entidad líder al Ministerio de Energía y Minas (en específico, a la
Oficina General de Gestión Social).
Por último, respecto al IV Plan, en su numeral 6 del capítulo V señala como una de las buenas
prácticas de transparencia y acceso a la información pública lo siguiente:
6. Un paso importante que se ha dado en el Perú, en el marco de los compromisos del IV Plan
de Acción de Gobierno Abierto, es que en el presente plan se está avanzando de una primera
perspectiva que fuera predominante en los años anteriores, vinculada al principio de transpa-
rencia y acceso a la información, para pasar a la promoción del principio de participación y co-
laboración activa de la ciudadanía.
Asimismo, destaca la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente, denominada Foro Multiac-

tor de Gobierno Abierto, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objeto de
proponer las prioridades que deban ser implementadas en el país como parte de los compromisos
155
que asuma el Estado peruano en los denominados Planes de Acción de Gobierno Abierto, así como
para dar seguimiento a su cumplimiento en el marco estándar aprobado por la Alianza de Gobierno
Abierto, de la cual forma parte el Estado peruano.
La Comisión Multisectorial tiene como una de sus funciones realizar el seguimiento de la imple-
mentación de los Planes de Acción de Gobierno Abierto. Así, esta Comisión también cuenta con un
reglamento interno y podrá invitar a representantes de otros poderes del Estado, organismos cons-
titucionalmente autónomos, entidades públicas, privadas o de la cooperación internacional para
que coadyuven al cumplimiento de su objeto.
D. Dispone que las entidades del sector público incorporen en sus TUPA un procedimiento
para facilitar a las personas el acceso a la información que posean o produzcan, aprobado
mediante Decreto Supremo 018-2001-PCM
Mediante la promulgación del decreto supremo, se dispone que las entidades del sector público
incorporen en sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) un medio para facilitar
a las personas el acceso a la información que posean o produzcan. Este procedimiento administra-
tivo deberá atender a los siguientes criterios:
• Las personas podrán solicitar, sin expresión de causa, la información que requieran, y tendrán
derecho a recibirla de cualquier entidad del sector público. Se denegará la entrega de informa-
ción que afecte la intimidad personal y la expresamente excluida por ley o por razones de se-
guridad nacional.
• El procedimiento deberá permitir que el acceso a la información pueda realizarse por escrito,
otros medios físicos o medios electrónicos de acuerdo con lo solicitado y a la capacidad de la
entidad.
• Cuando la reproducción de la información fuera imposible en razón de restricciones tecnológi-
cas, la entidad está obligada a brindar facilidades al interesado para acceder a la información.
• La tasa por el trámite deberá estar incluida en el TUPA y no incluirá el costo que demande la
reproducción o copia de la información, el cual será cancelado por el interesado después del
pronunciamiento de la dependencia.
E. Establece disposiciones relativas a la administración del Portal del Estado Peruano,

El decreto supremo señala que el Portal del Estado Peruano (PEP) será administrado por la Presi-
dencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informá-
tico (ONGEI), hoy Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.
Asimismo, se le asigna la máxima jerarquía entre los portales, páginas web y similares al Portal del
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).
156
F. Decreto supremo que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar

en las entidades de la Administración pública, aprobado mediante Decreto Supremo 063-
2010-PCM
Se implementa el Portal de Transparencia Estándar en todas las entidades de la Administración

pública. El portal se define como una herramienta informática que contiene formatos estándar bajo
los cuales cada entidad debe registrar y actualizar su información de gestión de acuerdo con la ley.
El portal se presenta en una versión amigable con definiciones expresadas en un lenguaje claro y
sencillo para un mejor entendimiento de la ciudadanía en general.
Así, el registro y la actualización de la información de transparencia son de carácter obligatorio y

de estricta responsabilidad de cada entidad. La ONGEI brindará asistencia técnica para su imple-
mentación y administración del aplicativo informático.
G. Decreto supremo que aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamen-

tales del Perú 2017-2021 y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, apro-
bado mediante Decreto Supremo 016-2017-PCM
Se aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 y el

Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú con el objetivo de promover la apertura de
datos de la información de las entidades públicas y la innovación en la generación de valor público
con la reutilización de los datos abiertos para la creación de nuevos productos y servicios con el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como establece su artículo 3.
Asimismo, estos dos instrumentos buscan también promover alianzas público-privadas a través de
la apertura y reutilización de los datos abiertos, para mejorar los servicios a la ciudadanía.
Además, crea el Portal Nacional de Datos Abiertos (www.datosabiertos.gob.pe), que facilita el ac-
ceso al Catálogo Nacional de los Datos Abiertos de la Administración Pública y está administrado
por el ONGEI de la PCM, hoy Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.
Por último, se establece la obligación a las entidades de la Administración pública de incorporar en

sus instrumentos de gestión “acciones que garanticen la implementación de la Estrategia Nacional
de Datos Abiertos Gubernamentales y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú en
el marco del Gobierno abierto y Gobierno electrónico, como ejes transversales de la Política Nacio-
nal de Modernización de la Gestión Pública”.
157
H. Aprueban Directiva 001-2017-PCM-SGP, “Lineamientos para la implementación del

Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración pública”, median-
te Resolución Ministerial 035-2017-PCM
La directiva que aprueba los lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia
Estándar (PTE) tiene por finalidad establecer lineamientos para una adecuada implementación del
PTE y sus mejoras en las entidades de la Administración pública. Este contiene formatos estánda-
res de información obligatoria que difundir y complementa las disposiciones del TUO de la Ley de
Transparencia y su Reglamento.
Su implementación recae en el funcionario responsable de la elaboración y actualización de la in-

formación del PTE, conforme a ley.
A continuación presentamos el listado de las principales normas relacionadas con la transparencia

y acceso a la información pública:
Tabla 18.
Listado de principales leyes y decretos legislativos sobre transparencia y acceso a la información
pública
Decreto
Fecha de
N.o legislativo / Número Nombre de la ley
publicación
ley
A Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 3 de agosto de 2002

Decreto Transparencia y Acceso a la Información Pública,
B 1353 7 de enero de 2017
Legislativo fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales
y la regulación de gestión de intereses
Tabla 19.
Listado de los principales decretos supremos y resoluciones ministeriales relacionadas con la
transparencia y acceso a la información pública
Decreto
Fecha de
N.o supremo / Número Nombre de la ley
publicación
resolución
Decreto supremo que aprueba el IV Plan de Acción de

Decreto 206-2019- Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020-2021 y crea 2 de enero de
C
Supremo PCM la Comisión Multisectorial denominada Foro Multiactor 2020
de Gobierno Abierto
158
Decreto
Fecha de
N.o supremo / Número Nombre de la ley
publicación
resolución
Dispone que las entidades del sector público incorporen en

Decreto 018-2001- 27 de febrero de
D sus TUPA un procedimiento para facilitar a las personas el
Supremo PCM 2001
acceso a la información que posean o produzcan
Decreto 059-2004- Establece disposiciones relativas a la administración del 11 de agosto de

E
Supremo PCM Portal del Estado Peruano 2004
Decreto supremo que aprueba la implementación del

Decreto 063-2010- 3 de junio de
F Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la
Supremo PCM 2010
Decreto supremo que aprueba la Estrategia Nacional de

Decreto 016-2017- 12 de febrero de
G Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 y el
Supremo PCM 2017
Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú
Aprueba Directiva 001-2017-PCM-SGP, “Lineamientos para

Resolución 035-2017- 18 de febrero de
H la implementación del Portal de Transparencia Estándar
Ministerial PCM 2017
en las entidades de la Administración pública”
A. Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 202191
La Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales está alineada con la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública. La Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamenta-
les tiene como finalidad promover la apertura y reutilización de los datos abiertos por la sociedad,
para involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos y mejorar los servicios públicos, generando
valor a partir de la colaboración e innovación.
Además, la Estrategia permite aprovechar el potencial innovador en la sociedad para mejorar y

desarrollar nuevos productos y servicios públicos a partir de la reutilización de los datos, promo-
viendo la generación de empleo y nuevos modelos de negocios, contribuyendo con el desarrollo
social y económico del país, con incidencia en el crecimiento de la industria de la información y de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
La Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales se sustenta en los siguientes princi-

pios fundamentales: 1) abiertos por defecto: datos disponibles de manera inmediata en forma es-
tructurada y en base de datos que no comprometen los derechos a la privacidad de los ciudadanos,
91. Aprobado mediante Decreto Supremo 016-2017-PCM. Para mayor información, verificar: https://sgp.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2017/05/Modelo-y-Estrategia-DAG-del-Peru.pdf
159
debiendo anonimizar los datos antes de su publicación de ser el caso; 2) oportuno y comprensible:
contar con un inventario de información que permita su priorización, consultas a los usuarios de los
datos, garantizando su calidad, con el mayor detalle de la información; 3) accesible y utilizable:
fáciles de ubicar en un portal central y disponibles para la mayor cantidad posible de usuarios y
propósitos, permitiendo tomar mejores decisiones a Gobiernos, ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil y del sector privado y otros, en formatos abiertos, gratuitos, bajo licencia abierta y sin
restricciones de acceso; 4) comparable e interoperable: formatos estructurados y estandarizados
para soportar la interoperabilidad y facilitar la comparación, la trazabilidad y la reutilización efecti-
va de los datos; 5) mejora de la gobernanza y participación ciudadana: fortalece la gobernanza y la
confianza en nuestras entidades públicas, mejora la toma de decisiones y la prestación de los ser-
vicios públicos; y, por último, 6) datos abiertos para la innovación: la apertura estimula la creativi-
dad e innovación de los integrantes que usan o necesitan los datos abiertos, generando beneficios
sociales y económicos para la ciudadanía, con fines comerciales o no.
En su momento, la estrategia implementó diversas líneas de acción, entre ellas, las siguientes:
1) establecer un marco normativo e institucional, 2) desarrollo de infraestructura tecnológica de
datos abiertos y, finalmente, la línea respecto a la 3) promoción de iniciativas y espacios participa-
tivos y colaborativos de abertura y reutilización.
B. Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú92
El Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales ha sido diseñado considerando un enfoque de pro-

cesos y cadena de valor de los datos abiertos, con el propósito de tener una visión amplia y com-
partida de todos los procesos de los distintos niveles, incluyendo el de medición del desempeño e
impacto.
Los beneficiarios de los datos abiertos gubernamentales son los propios ciudadanos, entidades
públicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, entre otros. También se benefi-
cian todos aquellos que tienen la capacidad de transformar los datos abiertos gubernamentales en
nuevos productos y servicios públicos.
Los datos abiertos gubernamentales pueden ser de naturaleza administrativa o funcional, estadís-
tica, geográfica, multimedia y genérica, y pueden ubicarse en bases de datos, archivos y páginas
web, entre otros.
A partir del marco normativo sobre transparencia y acceso a información pública, propiedad inte-
lectual, protección de datos personales, etc., se deben adoptar los mecanismos e instrumentos
complementarios para implementar los datos abiertos gubernamentales. Sin embargo, también es
92. Aprobado mediante Decreto Supremo 016-2017-PCM. Para mayor información, verificar: https://sgp.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2017/05/Modelo-y-Estrategia-DAG-del-Peru.pdf
160
necesario que las entidades de la Administración pública cuenten con las condiciones técnicas para
poder brindar el servicio de datos abiertos asegurando disponibilidad, seguridad, acceso y calidad
de datos.
Para dar sostenibilidad a la iniciativa de datos abiertos se necesita conocer y desarrollar el ecosis-
tema de datos abiertos a través de la creación de espacios de participación y colaboración. Entre
estos deberían participar los siguientes grupos de interés: ciudadanos; entidades de la Adminis-
tración pública; ciudadanos u organizaciones con capacidades y conocimientos para transformar
los datos y añadirle valor; organizaciones de la sociedad civil; movimientos y activistas cívicos in-
teresados en asuntos públicos, derecho de acceso a la información, transparencia y anticorrup-
ción; y organizaciones públicas y privadas dispuestas a concretar alianzas con el sector público.
Asimismo, para el desarrollo y sostenibilidad del proceso de apertura y reutilización de datos abier-
tos se requiere efectuar un proceso planificado de gestión del cambio que incida en la formación de
una cultura basada en datos, conocimiento abierto y centrada en el ciudadano para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y brindar oportunidades de desarrollo.
Por último, cabe señalar que la promoción e incentivo del modelo de datos abiertos gubernamen-
tales impulsará la demanda de profesionales y técnicos en la gestión de la información y en el uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que puedan cooperar a la ge-
neración de valor público y a la mejora de los servicios y políticas públicas desde el sector público
y privado.
Tabla 20.
Listado de los instrumentos sobre transparencia y acceso a la información pública
Fecha de
Instrumentos Norma
publicación
Estrategia Nacional de Datos Abiertos

A Decreto Supremo 016-2017-PCM 12 de febrero de 2017
Gubernamentales del Perú 2017-2021
Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del

B Decreto Supremo 016-2017-PCM 12 de febrero de 2017
Perú
161
A. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS)94
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) garantiza el acceso a una justicia inclusiva,
transparente, confiable y moderna, poniendo énfasis en la población en condición de vulnerabilidad, y
fomentando el respeto y la protección de los derechos humanos por parte de la sociedad civil y el Estado.
El MINJUS cuenta con una Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales. Esta Dirección es el órgano de línea encargado de ejercer la Auto-
ridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de ejercer la Autori-
dad Nacional de Protección de Datos Personales.
Es decir, el Ministerio de Justicia también promueve la transparencia y la tutela, garantizando el

derecho fundamental de acceso a la información pública y a la protección de datos personales,
velando por el cumplimiento de la normatividad sobre la materia y ejerciendo funciones adminis-
trativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras.
B. Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP)95
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección Nacional de Transparencia

y Acceso a Información Pública, es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública. La Autoridad se rige por lo dispuesto en la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública y su Reglamento.
La Autoridad tiene las siguientes funciones en materia de transparencia y acceso a la información

pública: 1) proponer políticas en dichas materias; 2) emitir directivas y lineamientos que sean nece-
sarios para el cumplimiento de las normas en el ámbito de su competencia; 3) supervisar el cum-
plimiento de las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública; y 4) absol-
ver las consultas que las entidades o personas jurídicas o naturales le formulen respecto de la
aplicación de las normas de su materia, entre otros.
C. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD)96
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) cuenta con la Dirección de Pro-
tección de Datos Personales y la Dirección de Fiscalización e Instrucción, con las que trabaja
93. Al igual que todo el capítulo, contiene un resumen parafraseado o textual de cada institución expuesta de acuerdo con
su respectivo ROF o norma que se indica en el texto.
94. Información obtenida de: https://www.gob.pe/minjus
95. Para mayor información, consultar: https://www.gob.pe/antaip
96. Para mayor información, consultar: https://www.gob.pe/anpd
162
conjuntamente para el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) y su

Reglamento.
La Dirección de Protección de Datos Personales es la unidad orgánica que resuelve en primera

instancia los procedimientos sancionadores sobre protección de datos personales y los procedi-
mientos trilaterales en tutela, además, administra el Registro Nacional de Protección de Datos
Personales. Cabe resaltar que depende jerárquicamente de la Dirección General de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Por último, la Dirección de Fiscalización e Instrucción es la unidad orgánica responsable de fiscali-

zar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de
Datos Personales y su Reglamento, así como de iniciar los procedimientos sancionadores por in-
fracción a las disposiciones sobre protección de datos personales e instruir el procedimiento san-
cionador.
Esta última también depende jerárquicamente de la Dirección General de Transparencia, Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales.
D. Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública97
Es el órgano resolutivo del ministerio que constituye la última instancia administrativa en materia
de transparencia y derecho al acceso a la información pública a nivel nacional. Como tal, es com-
petente para resolver las controversias que se susciten en dichas materias.
Asimismo, establece precedentes vinculantes cuando así lo señale expresamente en la resolución

que expida, en cuyo caso debe disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano y en su portal
institucional.
E. Oficinas de Transparencia y responsable de acceso a la información pública
Las entidades públicas obligadas a brindar información señaladas en la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al
funcionario encargado de brindar información solicitada en virtud de la Ley de Transparencia y AIP.
En caso de que la entidad no hubiera designado a nadie, las responsabilidades administrativas y

penales recaerán en el secretario general de la institución o quien haga las labores de este.
97. Se ha citado el ROF del MINJUS, aprobado mediante Decreto Supremo 013-2017-JUS.
163
F. Defensoría del Pueblo98
La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo. Atiende a nivel nacional

las quejas, consultas y pedidos de ciudadanos que por alguna causa han podido experimentar la
vulneración de alguno de sus derechos.
En este caso, la Defensoría ampara y recibe las quejas, consultas y pedidos de personas que seña-
lan que se les ha vulnerado su derecho de acceso a la información pública.
La Defensoría no es juez ni fiscal, ni sustituye a autoridad alguna, no dicta sentencias, no impone

multas ni sanciones.
Cabe resaltar que, en el año 2020, en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la In-
formación, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en donde exigió a ministerios, Gobiernos
regionales y locales, así como a los diversos organismos autónomos del país, fortalecer esfuerzos
para seguir impulsando una cultura de transparencia, con el objetivo de garantizar el derecho fun-
damental de acceso a la información pública.
G. Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia de Comunicación Corporativa, o la

que haga sus veces, y la Subgerencia de Comunicación Ciudadana y Acceso a la Información Públi-
ca, o la que haga sus veces, son los órganos de apoyo responsables de brindar apoyo para la opor-
tuna atención a las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por la Contraloría.
Cabe mencionar que de acuerdo con la normativa vigente, está prohibido que durante la ejecución
del control se revele información que pueda causar daño a la entidad, a su personal o al sistema, o
dificulte la tarea de este. Culminado el servicio de control y después de notificar el informe, este
adquiere naturaleza pública y debe ser publicado, en su integridad, en la página web de la Contra-
loría, salvo que el informe contenga información clasificada como secreta, reservada o tenga el
carácter de confidencial.
Asimismo, en la estructura de la Contraloría también se encuentra el funcionario responsable de en-

tregar la información de acceso público a los solicitantes, el cual es designado por resolución de Con-
traloría según el ámbito territorial donde este ejercerá sus funciones.
98. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-la-transparencia-y-el-acceso-a-la-informacion-

publica-siguen-siendo-un-reto-en-el-peru/
164
Tabla 21.
Listado de las principales instituciones relacionadas con transparencia y acceso a la información
pública
Fecha de
Instituciones Norma
publicación
A Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ley 167 28 de junio de 1826
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la

B Decreto Legislativo 1353 7 de enero de 2017
Información
Autoridad Nacional de Protección de Datos

C Decreto Legislativo 1353 7 de enero de 2017
Personales
Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información

D Decreto Legislativo 1353 7 de enero de 2017
Pública
Oficinas de Transparencia y responsable de acceso

E Decreto Legislativo 1353 7 de enero de 2017
a la información pública
Ratificado en el
Artículos 161.o y 162.o de la
referéndum del 31
Constitución Política del Perú
de octubre de 1993
F Defensoría del Pueblo
Ley Orgánica de la Defensoría
8 de agosto de 1995
del Pueblo, Ley 26520
Ley Orgánica del Sistema

Contraloría General de la República y órganos de
Nacional de Control y de la
G control institucional que conforman el Sistema 23 de julio de 2021
Contraloría General de la
Nacional de Control
República, Ley 27785
3.4. GOBIERNO DIGITAL
A. Decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, Decreto Legislativo 1412, y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 029-2021-PCM
Tal como se señala en la norma, con su dación se estableció el marco de gobernanza del Gobierno
digital para una adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital,
interoperabilidad, seguridad digital y datos, además de un régimen jurídico aplicado al uso trans-
versal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales
por parte de las entidades de la Administración pública en los tres niveles de gobierno.
165
En los numerales 1 y 2 del artículo 6 del decreto legislativo se define el Gobierno digital como el uso
estratégico de las tecnologías digitales y datos en la Administración pública para la creación de valor
público. Comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instru-
mentos utilizados por las entidades de la Administración pública en la gobernanza, gestión e imple-
mentación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios
digitales de valor para los ciudadanos.
Asimismo, se designa que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Go-
bierno Digital, es el ente rector en materia de Gobierno digital.
Podemos resaltar que el decreto legislativo define el documento nacional de identidad electrónico
(DNIe) como credencial de identidad digital emitida por el RENIEC, que acredita presencial y no
presencialmente la identidad de las personas. Cabe destacar que los funcionarios y servidores
públicos pueden hacer uso del DNIe para el ejercicio de sus funciones en los actos de administra-
ción, actos administrativos, procedimientos administrativos y servicios digitales.
Además, el decreto legislativo incorpora la definición de Infraestructura Nacional de Datos, la cual

se define como un conjunto articulado de políticas, normas, medidas, procesos, tecnologías digita-
les, repositorios y bases de datos destinadas a promover la adecuada recopilación, procesamiento,
publicación, almacenamiento y puesta a disposición de los datos que gestionan las entidades de la
Administración pública.
Asimismo, el Gobierno digital también comprende la interoperabilidad, la cual es la capacidad de

interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar objetivos que hayan
acordado conjuntamente, recorriendo la puesta en común de información y conocimientos, a través
de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información.
El Marco de Interoperabilidad del Estado Peruano se gestiona a través de cuatro (4) niveles: 1) a
nivel organizacional, 2) a nivel semántico, 3) a nivel técnico y 4) a nivel legal.
Otro concepto que se incorpora con la promulgación del decreto legislativo es el de seguridad digi-
tal. Esto resulta de gran importancia si se tienen en cuenta los riesgos que afectan la seguridad de
las personas, la prosperidad económica y social y los objetivos nacionales.
En este sistema de seguridad digital no solo participan actores de la Administración pública, sino
también se articula con el sector privado y otros que apoyan en la implementación de controles,
acciones y medidas. Además, el Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano comprende los
ámbitos de defensa, inteligencia, justicia e institucional.
Respecto al Reglamento del decreto legislativo, podemos resaltar que este señala que la Secreta-
ría de Gobierno Digital emitirá opinión técnica previa de proyectos de tecnologías digitales de
166
carácter transversal. La Secretaría de Gobierno Digital tiene la tarea de validar técnicamente di-
chos proyectos y verificar que cumplan con lo establecido en la ley, el Reglamento y normas com-
plementarias, así como con los criterios de accesibilidad, usabilidad, estandarización y escalabili-
dad, cuando corresponda.
Esta norma también confiere a la Secretaría de Gobierno Digital la capacidad de emitir opinión
técnica vinculante cuando se considera necesario aclarar, interpretar o integrar las normas que
regulan la materia de Gobierno digital; y la opinión técnico-especializada, la cual se emite en el
marco de una consulta formulada por una entidad y constituye una instancia consultiva de soporte
a la adopción de decisiones individuales de cada entidad en el marco de sus competencias.
Asimismo, el Reglamento presenta los niveles de confianza en la autenticación (NCA) con la plata-
forma Id Gob.pe, los cuales abarcan:
• El nivel 1: provee un nivel de confianza básico respecto de la identidad de un ciudadano digital

autenticado.
• El nivel 2: proporciona un nivel de confianza razonable.
• El nivel 3: ofrece un alto nivel de confianza.
Por último, el Reglamento también establece el Marco General de los Servicios Digitales del Esta-
do Peruano, donde detalla sus principios, proveedores públicos de servicios digitales, los tipos de
servicios digitales, el ciclo de vida de la implementación de los servicios digitales y describe la es-
tructura funcional de la Plataforma Digital Gob.Pe, entre otros.
B. Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, Decreto

de Urgencia 006-2020, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 157-2021-
PCM
Dado que la transformación digital es un proceso necesario para el bienestar de la población, con
esta norma se busca desarrollar un ecosistema que regule las actividades digitales del Estado
peruano, así como establecer mecanismos de colaboración y articulación con actores públicos,
privados y sociedad civil.
El ente rector del sistema es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de
Gobierno Digital. Este sistema se constituye como la autoridad técnico-normativa a nivel nacional
sobre la materia.
Asimismo, el cuerpo normativo también comprende y crea el Comité de Alto Nivel por un Perú Di-
gital, Innovador y Competitivo, un espacio de coordinación y articulación entre el sector público, el
privado, la sociedad civil, la academia y los ciudadanos, para las acciones relacionadas con el desa-
rrollo y consolidación de la transformación digital en el Perú.
167
Además, este sistema se articula con el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión

Pública. La Secretaría de Gobierno Digital coordina con la Secretaría de Gestión Pública las accio-
nes vinculadas con el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
El Reglamento del decreto de urgencia regula, entre otros, los principios de la gestión digital en las
entidades públicas, la creación del Comité de Gobierno y Transformación Digital en las entidades,
y detalla los procesos e instrumentos estratégicos para la transformación digital.
Por último, el Reglamento también comprende y desarrolla la Política Nacional de Transformación

Digital, las Estrategias Nacionales para la Transformación Digital, el Laboratorio de Gobierno y
Transformación Digital, la Red de Innovadores Digitales, la Plataforma Nacional de Talento Digital,
la creación de la plataforma Firma Perú y el reconocimiento de servicios de certificación digital.
C. Decreto de urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para
su fortalecimiento, Decreto de Urgencia 007-2020
La parte considerativa de esta norma señala que la confianza digital es un estado que emerge
como resultado de cuán veraz, predecibles, seguras y confiables son las interacciones digitales que
se generan entre personas, empresas, entidades públicas o cosas en el entorno digital. Es decir, la
confianza digital es un componente de la transformación digital y tiene como ámbitos la protección
de datos, la transparencia, la seguridad digital y la protección del consumidor en el entorno digital.
Así, este decreto de urgencia establece medidas que resulten necesarias para garantizar la con-
fianza de las personas en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públi-
cas y organizaciones del sector privado en el territorio nacional.
El ente rector del Marco de Confianza Digital es la Presidencia del Consejo de Ministros a través de
la Secretaría de Gobierno Digital, y es responsable de la articulación de cada uno de sus ámbitos.
Asimismo, se crea el Centro Nacional de Seguridad Digital como una plataforma digital que gestio-
na, dirige, articula y supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la
seguridad digital a nivel nacional como componente integrante de la seguridad nacional.
Entre las medidas de fortalecimiento, se crea el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digi-
tal. Este Registro recibe, consolida y mantiene los datos e información sobre los incidentes de se-
guridad digital reportados por los proveedores de servicios digitales en el ámbito nacional que
puedan servir de evidencia o insumo para su análisis, investigación y solución.
Además, podemos resaltar que otra medida de fortalecimiento es la promoción y aseguramiento

del uso ético de las tecnologías digitales y el uso intensivo de datos por parte de las entidades pú-
blicas y las organizaciones del sector privado que administran datos.
168
Otro aspecto que mencionar es que con esta norma se creó el Centro Nacional de Datos, una pla-
taforma digital que gestiona, dirige, articula y supervisa la operación, educación, promoción, cola-
boración y cooperación de datos a nivel nacional.
Por último, en la tercera disposición complementaria final, se señala que la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, se encarga de la gestión e impulso de
la Red Nacional de Estado Peruano (REDNACE) y la Red Nacional de Investigación y Educación
(RNIE).
D. Ley de Firmas y Certificados Digitales, Ley 27269, y su Reglamento, aprobado median-

te Decreto Supremo 052-2008-PCM
La Ley de Firmas y Certificados Digitales tiene por objeto regular la utilización de la firma electró-
nica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra
análoga que conlleve manifestación de voluntad.
La ley define la firma digital como aquella que utiliza una técnica de criptografía asimétrica, basada
en el uso único de un par de claves, asociadas una clave privada y una clave pública relacionadas
matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no pueden
derivar de ella la clave privada.
Asimismo, el certificado digital es el documento electrónico generado y firmado digitalmente por

una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves con una persona determinada al con-
firmar su identidad.
Cabe resaltar que la ley también comprende la confidencialidad de la información, donde se señala
que la entidad de registro recabará los datos personales del solicitante de la firma digital directa-
mente de este y para los fines señalados en la ley, además, la información relativa a las claves
privadas y datos que no sean materia de certificación se mantiene bajo la reserva del caso. Es así
como la información solo puede ser levantada por orden judicial o pedido expreso del suscriptor de
la firma digital.
Por otro lado, a grandes rasgos, el Reglamento de la ley detalla las características, validez y efica-
cia jurídica de la firma digital, las modalidades, las obligaciones del suscriptor de la firma electró-
nica y de la invalidez de la misma. Respecto al certificado digital, el Reglamento también detalla
los requisitos sobre el procedimiento para ser titular de un certificado digital, sus obligaciones
como titular y causales de cancelación, entre otros.
Por último, también comprende y especifica las entidades de certificación y registro o verificación,
sus obligaciones, la responsabilidad por riesgos que asumen, etc.
169
E. Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, Ley 30860, y su

Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2020-MINCETUR
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es un sistema integrado para la facilitación del co-
mercio exterior que, a través de medios electrónicos, permite a las partes involucradas en el comercio
exterior y el transporte internacional intercambiar información requerida para el ingreso, la salida o el
tránsito de las mercancías de los medios de transporte desde o hacia el territorio nacional.
La VUCE está administrada por el MINCETUR, y comprende la operación, mantenimiento, soporte,

control, gestión de cambios, gestión de conocimientos, implementación de componentes, imple-
mentación de mejoras, coordinación con otras entidades públicas y privadas y solución de conflic-
tos en la operatividad de la VUCE.
Los procedimientos administrativos y servicios de la VUCE son tramitados íntegra y únicamente

por medios electrónicos. De manera excepcional, se autoriza la presentación física de documentos,
e incluso dicha presentación física debe establecerse mediante decreto supremo refrendado por el
ministro de Comercio Exterior.
El Reglamento de la ley señala que el MINCETUR, como administrador de la VUCE, adopta las
medidas de seguridad técnicas, organizativas y legales que garantizan la confidencialidad, integri-
dad y disponibilidad de la información gestionada, en concordancia con la ley vigente en materia
de seguridad digital y Gobierno digital, así como el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de
Protección de Datos Personales, Ley 29733, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supre-
mo 003-2013-JUS.
Asimismo, el inicio del procedimiento y servicio administrativo en la VUCE genera la conformación

de un expediente electrónico, el cual cuenta con un único número de identificación que se mantiene
vigente hasta la emisión de la resolución por la entidad competente.
El Reglamento especifica que existe una lista única de mercancías restringidas y prohibidas, así
como que la VUCE proporciona a la SUNAT de manera permanente y actualizada la información
sobre los documentos resolutivos y las Solicitudes Únicas de Comercio Exterior (SUCE), con apro-
bación automática emitida por las entidades competentes.
Finalmente, este documento normativo desarrolla los distintos procedimientos de la emisión de

certificados, el otorgamiento de licencias, permisos, certificaciones o autorizaciones. Además, de-
fine y comprende el Portal de Acceso a Mercados y Regulaciones del Comercio Exterior, entre
otros.
170
F. Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (spam), Ley 28493,
y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 031-2005-MTC
La ley regula el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales no solicitadas, realizadas

por correo electrónico, sin perjuicio de aplicación de las disposiciones vigentes en materia comer-
cial sobre publicidad y protección al consumidor. También señala los derechos de los usuarios de
correo electrónico y las obligaciones de los proveedores de servicio de correo electrónico domici-
liados en el país, e identifica el correo electrónico comercial no solicitado.
La autoridad competente para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley es el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),
a través de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la Compe-
tencia Desleal.
El reglamento de la ley no define únicamente el correo electrónico comercial, correo electrónico

comercial solicitado y no solicitado. Además, se precisa que cuando se hace referencia a la persona
que transmite un mensaje de correo electrónico comercial no solicitado considerado como “ilegal”,
debe entenderse que se refiere al remitente de dicho mensaje.
Un factor adicional que mencionar es que en el Reglamento se señala y detalla el régimen sancio-
nador, las infracciones tipificadas en la ley, las prohibiciones y las sanciones.
G. Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecua-

ción del espacio físico en cabinas públicas de Internet, Ley 28530 y su Reglamento, apro-
bado mediante Decreto Supremo 013-2009-MIMDES
Esta ley declara de interés social la promoción del acceso al uso de Internet y de las tecnologías de
la información a las personas con discapacidad y la progresiva eliminación de las barreras físicas y
tecnológicas que les impidan su integración a la sociedad de la información y su reinserción al mer-
cado laboral.
Mediante esta norma, se detalla la adecuación de portales y páginas web de las entidades públicas
y las universidades, así como de espacios en cabinas públicas de Internet. Asimismo, el Instituto
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL), en coordinación con el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y otras entidades
públicas o privadas, se encargará de capacitar a personas con discapacidad y a las personas en-
cargadas de administrar cabinas públicas de servicio de acceso a Internet en el uso de programas
o software especiales.
También se detallan las sanciones que se recibirán ante el incumplimiento de la norma, cuya esca-
la será no mayor a dos unidades impositivas tributarias (UIT) si es un incumplimiento grave.
171
En ese contexto, la autoridad competente para conocer las infracciones y sanciones es el Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social. Es importante mencionar que el 60% de lo recaudado como multa
será transferido al CONADIS para el cumplimiento de las funciones encomendadas por ley.
Respecto al Reglamento de la ley, este comprende no solo la adecuación del espacio físico en ca-
binas públicas de servicio de Internet, sino también el acceso al hardware, al entorno digital y las
condiciones de accesibilidad a páginas web para personas con discapacidad visual.
Por último, señala que el ente supervisor es el CONADIS, y cuando este tenga conocimiento de que el
diseño del portal o la página web de una entidad del Estado contraviene lo dispuesto en el Reglamen-
to de la ley, informará a la ONGEI de la PCM. Un factor de especial relevancia es que el Reglamento
contiene un anexo con los lineamientos para el diseño accesible de páginas web.
H. Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación por niños, niñas y adolescentes, Ley 30254, y su Reglamento,
La ley busca promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) por niños, niñas y adolescentes para protegerlos de los peligros del mal uso del ac-
ceso a Internet. Asimismo, declara de interés nacional la generación y puesta en marcha de políti-
cas de Estado destinadas a informar y educar de forma integral a la población sobre el uso
responsable de las TIC, en atención al interés superior del niño y para dar prioridad al uso de las
mismas por los niños, niñas y adolescentes.
Además, crea una Comisión Especial que informará anualmente a la Comisión de la Mujer y Fami-
lia del Congreso de la República. Esta Comisión está encargada de proponer y definir lineamientos
para promover el uso seguro y responsable de las TIC en el país, también coordina políticas gene-
rales para la elaboración y difusión de campañas de información, prevención y educación, tales
como campañas que incluyen una página web, publicaciones en medios de prensa radial, televisiva
y escrita, charlas y material escrito en los colegios y talleres para padres y niños.
I. Decreto supremo que crea el Portal de Software Público Peruano y establece disposi-
ciones adicionales sobre el Software Público Peruano, Decreto Supremo 051-2018-PCM
El presente decreto crea el Portal de Software Público Peruano (PSPP), como plataforma oficial
que facilita el acceso a Software Público Peruano, que las entidades de la Administración pública
están en condiciones de compartir bajo licencias libres o abiertas que permitan: 1) usarlo o ejecu-
tarlo; 2) copiarlo o reproducirlo; 3) acceder al código fuente, código objeto, documentación técnica
y manuales de uso; 4) modificarlo o transformarlo de forma colaborativa; y 5) distribuirlo, en bene-
ficio del Estado peruano.
172
El Software Público Peruano es aquel software o programa de ordenador de titularidad de una

entidad de la Administración pública, cuyo desarrollo es contratado o efectuado directamente por
el personal de dicha entidad para soportar sus procesos o servicios, es financiado con fondos públi-
cos, y puede ser puesto a disposición para ser usado, copiado, modificado y distribuido bajo una li-
cencia libre o abierta.
Asimismo, el decreto supremo señala la priorización y plazos de publicación del Software Público
Peruano. Las entidades de la Administración pública deben publicar de manera priorizada los si-
guientes softwares públicos:
• Sistema de trámite documentario.

• Sistema de gestión documental.
• Sistema integrado de gestión administrativa.
• Sistema de notificaciones electrónicas.
Por último, el decreto también señala que toda entidad privada puede poner a disposición software
de utilidad para la digitalización y modernización de la Administración pública siempre que sea ti-
tular de los derechos suficientes que les permita publicarlos en el Portal de Software Público
Peruano, conforme a los requisitos técnicos y legales que establezca la Secretaría de Gobierno
Digital (SEGDI).
J. Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo 344-2018-EF
El Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE) es el sistema electrónico que
permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la
realización de transacciones electrónicas.
Asimismo, en el SEACE se registran todos los documentos vinculados al proceso, incluyendo mo-
dificaciones contractuales, laudos y conciliaciones entre otros. De igual forma, las entidades están
obligadas a utilizar el SEACE en las contrataciones que realicen, independientemente del ámbito
de aplicación de la norma, su cuantía o fuente de financiamiento.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene como función desarrollar,
administrar y operar el SEACE. El OSCE notifica los actos que emite en el ejercicio de sus funciones
a través del SEACE y/u otros medios electrónicos que poseen la misma validez y eficacia.
173
K. Aprueban la definición de seguridad digital en el ámbito nacional, Decreto Supremo

050-2018-PCM
El Decreto Supremo 050-2018-PCM define la seguridad digital en el ámbito nacional como el es-
tado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de
medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la
prosperidad económica y social, la seguridad y los objetivos nacionales en dicho entorno.
Además, se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y otros, quie-
nes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas, debiéndose tener presente
para estos efectos los aspectos siguientes:
• Nota 1: la confianza en el entorno digital, también denominada confianza digital, emerge como
resultado de cuán veraz, predecibles, seguras y confiables son las interacciones digitales que
se generan entre empresas, individuos o cosas.
• Nota 2: las medidas proactivas y reactivas comprenden tecnología, políticas, controles, progra-
mas de capacitación y sensibilización que tienen por finalidad preservar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información contenida en el entorno digital.
• Nota 3: los riesgos en el entorno digital o riesgo de seguridad digital es resultado de una com-
binación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. La gestión del riesgo de seguri-
dad digital comprende los procesos que garantizan que las acciones o medidas son apropiadas
con los riesgos y objetivos económicos y sociales en juego.
• Nota 4: la prosperidad económica y social comprende la creación de riqueza, la innovación y la
competitividad, entre otros, así como aspectos vinculados con las libertades individuales, sa-
lud, educación, cultura, participación democrática, ciencia, ocio y otras dimensiones del bienes-
tar en las que el entorno digital está impulsando el progreso.
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, como órgano rector del Sistema Na-
cional de Informática, y en coordinación con los actores competentes, dicta las políticas o lineamien-
tos de seguridad digital de los sistemas informáticos de las entidades de la Administración pública.
L. Decreto supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece
disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno digital, Decreto Supremo 033-
2018-PCM
Este decreto crea la Plataforma Digital Única para Orientación del Ciudadano (Plataforma gob.pe),
la cual constituye el único punto de contacto digital del Estado peruano con los ciudadanos y per-
sonas en general. Es administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secre-
taría de Gobierno y Transformación Digital. Esta Secretaría es el órgano rector del Sistema Nacio-
nal de Informática, dicta los lineamientos técnicos y normativos para la implementación, operación
y mantenimiento, entre otros, de la Plataforma gob.pe.
174
Asimismo, se crea el rol del líder de gobierno y transformación digital en cada una de las entidades
de la Administración pública comprendidas en el alcance del decreto, lo cual recae en un funciona-
rio o asesor de la Alta Dirección o director de un órgano de línea de la entidad.
El líder de gobierno y transformación digital comunica al líder nacional de gobierno y transforma-

ción digital los objetivos, acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobier-
no digital establecidas en su entidad, así como el estado de la implementación de las iniciativas y
proyectos priorizados por el Comité de Gobierno Digital, los avances del proceso de migración de
los canales digitales a la Plataforma gob.pe y la aplicación de lo dispuesto en el decreto.
Por último, se dispone que se integren los portales www.serviciosalciudadano.gob.pe, www.trami-

tes.gob.pe y www.peru.gob.pe en la Plataforma gob.pe, con base de dominio www.gob.pe.
M. Decreto supremo que aprueba medidas para el fortalecimiento de la Infraestructura

Oficial de Firma Electrónica y la implementación progresiva de la firma digital en el sector
público y privado, Decreto Supremo 026-2016-PCM
La norma tiene por objeto aprobar las medidas para el fortalecimiento de la Infraestructura Oficial
de Firma Electrónica (IOFE) y la implementación progresiva de la firma digital en el sector público
y privado.
Asimismo, se crea el Registro Oficial de Prestadores de Servicios de Certificación Digital. Este Re-
gistro brinda información sobre el estado de los prestadores de servicios de certificación digital
acreditados o reconocidos ante la Autoridad Administrativa Competente (AAC) y se encuentra a
disposición para ser consultado en el portal web institucional de la referida autoridad.
N. Decreto supremo que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno digital, la
innovación y la economía digital con enfoque territorial, Decreto Supremo 118-2018-PCM
La Presidencia del Consejo de Ministros decretó de interés nacional las estrategias, acciones, acti-
vidades e iniciativas para el desarrollo del Gobierno digital, la innovación y la economía digital en el
Perú con enfoque territorial.
Este decreto supremo crea el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo,
órgano de carácter estratégico dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que tiene
por objeto la coordinación multisectorial, articulación y promoción de las acciones relacionadas
con el desarrollo y consolidación del Gobierno digital, la innovación y la economía digital, haciendo
uso estratégico de las tecnologías digitales, a fin de fortalecer la competitividad y el bienestar eco-
nómico y social en todas las regiones del Perú.
175
O. Decreto supremo que amplía la información para la implementación progresiva de la

interoperabilidad en beneficio del ciudadano, en el marco del Decreto Legislativo 1246,
Decreto Supremo 121-2017-PCM
El decreto supremo tiene como objetivo ampliar la información de los usuarios y administrados de
distintas entidades de la Administración pública, en el marco del Decreto Legislativo 1246, a través
de la interoperabilidad, y de manera gratuita y permanente.
Entre las entidades antes mencionadas existe el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), Policía Nacional del Perú (PNP), Poder Judicial (PJ), Ministerio de Justicia, Superinten-
dencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Gobiernos locales de las ciu-
dades principales tipo A (según anexo A del Decreto Supremo 067-2017-PCM), Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y Banco de la Nación (BN).
P. Crean el Portal del Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Es-

paciales del Perú (CCIDEP), Decreto Supremo 086-2012-PCM
Mediante este decreto supremo se crea el Portal del Comité Coordinador Permanente de la In-
fraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP), al cual podrá accederse mediante el dominio
www.ccidep.gob.pe, sistema informativo que permite la difusión del marco de los procedimientos
y estándares definidos por el Comité.
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), hoy Secretaría de Gobierno y

Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de Secretaría Téc-
nica del Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCI-
DEP), es el órgano responsable de administrar el Portal del Comité Coordinador Permanente de la
Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP).
Q. Crean la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), Decreto Supremo 083-

2011-PCM
Esta norma crea la plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), infraestructura tecnológica
que permite la implementación de servicios públicos y el intercambio electrónico de datos entre
entidades del Estado a través de Internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles.
La Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) es administrada por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), en
el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado.
El uso de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) es de uso obligatorio a las entidades
de la Administración pública integrantes del Sistema Nacional de Informática que implementen
176
servicios públicos por medios electrónicos y/o el intercambio electrónico de datos que requieran de
la participación de una o más entidades del Estado. Cabe resaltar que la información contenida en la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) tiene carácter oficial.
R. Crean el Portal de Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP), Decreto Supre-
mo 069-2011-PCM
El Portal de Información de Datos Espaciales del Perú (GEOIDEP), creado por el decreto supremo,
se establece como un sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de Internet, el
cual proporcionará un servicio de acceso unificado de datos, servicios y aplicaciones geoespaciales
de la información territorial que producen y usan todas las entidades del sector público y privado.
Cabe mencionar que el administrador del GEOIDEP reportará a la Contraloría General de la Repú-
blica el incumplimiento de las disposiciones, y el superior jerárquico del funcionario responsable
realizará las acciones pertinentes ante la Oficina de Control Institucional (OCI) de la propia entidad,
para que se efectúen las acciones respectivas de su competencia.
S. Crean el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) mediante Decreto Supre-

mo 032-2006-PCM
Mediante el decreto supremo se crea el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). Este
portal está adscrito al Portal del Estado Peruano (PEP) como un sistema de información en Inter-
net sobre los procedimientos, requisitos y derechos establecidos en el Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos (TUPA) de las entidades públicas del Estado, a fin de facilitarle dicha informa-
ción al administrado.
Se podrá acceder a dicha información a través de la siguiente dirección electrónica: www.servicioal-

ciudadano.gob.pe. Cuando el PSCE se refiere a “entidades públicas” se entenderán aquellas referidas
en el artículo I del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444,
con excepción de las referidas en el inciso 8 y las empresas privadas con participación del Estado.
Por último, el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE) es administrado por la Oficina
Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), hoy Secretaría de Gobierno y Transforma-
ción Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.
T. Crean el Portal del Estado Peruano como sistema interactivo de información a los ciu-
dadanos a través de Internet mediante Decreto Supremo 060-2001-PCM
El Portal del Estado Peruano se crea como un sistema interactivo de información a los ciudadanos
a través de Internet, el cual proporcionará un servicio de acceso unificado sobre los servicios y pro-
cedimientos administrativos que se realizan ante las diversas dependencias públicas.
177
Este portal es administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través del Instituto Na-
cional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, se indica que todas las entidades públicas de
la Administración pública coordinarán y prestarán el apoyo solicitado por el INEI para el desarrollo
e implementación del portal.
Por último, el INEI brinda asesoramiento continuo a las entidades de la Administración pública en el uso
de Internet y ofertará cursos de capacitación con la finalidad de proporcionar a los responsables institu-
cionales las herramientas necesarias para que puedan cumplir sus funciones de manera idónea.
U. Dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administra-

ción pública mediante Resolución Ministerial 119-2018-PCM
La resolución establece la obligación de crear un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la

Administración pública. Entre las funciones del Comité de Gobierno Digital, este deberá, como mí-
nimo, formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas,
programas y/o proyectos de la entidad, así como liderar y dirigir el proceso de transformación digi-
tal en la entidad, entre otros.
Asimismo, la resolución señala que la Secretaría de Gobierno Digital, de la Presidencia del Consejo
de Ministros, como órgano rector del Sistema Nacional de Informática, dicta las directivas o linea-
mientos para la gestión y planificación del Gobierno digital en las entidades de la Administración
pública antes señaladas.
V. Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-In-

geniería de software y sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3.ª edición”, en
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática mediante Resolución
Ministerial 041-2017-PCM
Se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 12207:2016-Ingeniería

de software y sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 3.a edición” en todas las entidades
que integran el Sistema Nacional de Informática.
Además, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), hoy Secretaría de Go-
bierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, brindará asistencia
técnica a las entidades que lo requieran al implementar la NTP, y, por último, la responsabilidad de
la implementación de la NTP es del titular de las entidades de la Administración pública pertene-
cientes al Sistema Nacional de Informática.
178
W. Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014

Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad
de la información. Requisitos. 2.ª edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Informática mediante Resolución Ministerial 004-2016- PCM
Mediante resolución ministerial, se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP
ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de
seguridad de la información. Requisitos. 2.a edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Informática.
La ONGEI, hoy Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, brindará asistencia técnica a las entidades que lo requieran. Las entidades públicas que a la fecha
cuenten con la certificación ISO 27001 están exoneradas del presente proceso de implementación.
Por último, las entidades que quieran certificarse de acuerdo con lo establecido en la NTP podrán
realizar dicha certificación de forma opcional y con recursos propios de cada entidad.
X. Aprueban lineamientos para la accesibilidad a páginas web y aplicaciones para telefo-

nía móvil para las instituciones públicas del Sistema Nacional de Informática mediante
Los lineamientos aprobados son para la accesibilidad a páginas web y las aplicaciones para telefo-
nía móvil, para todas aquellas entidades que cuentan con páginas web y portales de Internet de
instituciones públicas cuyo desarrollo, programación y/o actualización aún no han sido aprobados
por la institución correspondiente o estén en la etapa de diseño.
PCM, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es la encargada de supervisar

que todas las instituciones públicas apliquen los lineamientos para la accesibilidad a sus páginas web
y portales institucionales, así como también la orientación y asesoría respectiva para su aplicación.
Y. Constituyen el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espacia-

les del Perú (CCIDEP), mediante la Resolución Ministerial 325-2007-PCM
Se constituye el Comité Coordinador Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del

Perú (CCIDEP) con el objeto de promover y coordinar el desarrollo, intercambio y el uso de datos y
servicios de información espacial entre todos los niveles de gobierno, sector privado, organizacio-
nes sin fines de lucro, instituciones académicas y de investigación.
Este CCIDEP está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, quien le presta la asistencia
técnica y administrativa que pueda requerir a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico
e Informática (ONGEI).
179
Z. Aprueban la Directiva 001-2019-PCM-SEGDI, “Directiva para compartir y usar Software Pú-

blico Peruano” mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2019-PCM-SEGDI
La directiva aprobada de la mencionada resolución es de alcance obligatorio a todas las entidades

de la Administración pública comprendidas en el artículo I del título preliminar del Procedimiento
Administrativo General, con excepción de las personas jurídicas señaladas en el numeral 8 del ci-
tado artículo.
La directiva aprobada tiene como objeto establecer los lineamientos, procedimientos y requisitos
para compartir y usar software entre las diferentes entidades de la Administración pública a través
del Software Público Peruano (SPP), en beneficio del Estado peruano. El SPP tiene como finalidad
contribuir a optimizar el uso de recursos en las entidades de la Administración pública, dado que
podrán adecuar un software preexistente en lugar de desarrollar un nuevo software, generando
ahorro y contribuyendo al despliegue del Gobierno y la transformación digital del Estado.
El Modelo de Software Público Peruano tiene los siguientes componentes:
• Portal de Software Público Peruano.

• Catálogo de Software Público Peruano.
• Software Público Peruano.
• Entidad titular del Software Público Peruano.
• Usuario del Software Público Peruano.
• Procesos del Software Público Peruano.
• Plataforma de Alojamiento de Código y Documentos.
• Comunidades de Software Público.
• Redes Multinacionales de Software Público.
Las características del SPP son: que es de titularidad de la entidad de la Administración pública;
que soporta procesos o funcionalidades que tengan o puedan tener alcances, objetivos, caracterís-
ticas o actividades similares en las entidades; el código fuente y código objeto derivado es delibe-
rado y puesto a disposición mediante una licencia libre o abierta; y, por último, que debe tener como
mínimo la documentación siguiente:
• Diccionario de datos.
• Manual de usuario o equivalente.
• Documentación técnica de desarrollo (deseable incluir el manual de operaciones o documento
equivalente).
• Manual de instalación y configuración.
180
AA. Aprueban Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado (PIDE) y medidas adicionales para su despliegue mediante Resolución de Secreta-
ría de Gobierno Digital 002-2019-PCM-SEGDI
La resolución y su anexo son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de la Administra-
ción pública, a fin de establecer los principios, modelos, especificaciones técnicas y estándares
para el uso e intercambio de información a través de la actual Plataforma de Interoperabilidad del
Estado en la Administración pública. Ello se desarrolla en dos ámbitos específicos: 1) seguridad de
la información y 2) organización de la información.
El modelo se constituye en una representación de los componentes de la Plataforma de Interope-

rabilidad del Estado y su forma de interactuar con las entidades, con miras a generar un entorno
colaborativo y sostenible que propicie el intercambio de datos e información entre ellas, haciendo
uso intensivo de las tecnologías digitales, la interoperabilidad y la firma digital.
Por último, la resolución define la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) como la infraes-
tructura tecnológica que permite la implementación de servicios públicos por medios y el intercam-
bio electrónico de datos entre entidades del Estado.
BB. Disponen la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado
en la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Resolución de Secretaría de Gobier-
no Digital 003-2019-PCM-SEGDI
Con este dispositivo se crea el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado como
un mecanismo para cocrear, producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, solucio-
nes tecnológicas y servicios digitales con las entidades públicas, así como para fomentar el desarro-
llo del talento digital y de una sociedad digital, con la colaboración de la academia, el sector privado,
la sociedad civil y los ciudadanos.
Por último, la Secretaría de Gobierno Digital emite las normas, directivas y lineamientos necesarios
para la implementación y desarrollo de acciones del Laboratorio de Gobierno y Transformación
Digital del Estado.
CC. Aprueban lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital mediante
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 005-2018-PCM-SEGDI
Los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital es de alcance obligatorio a todas
las entidades de la Administración pública, con pequeñas excepciones.
La resolución señala que el contenido mínimo del Plan de Gobierno Digital debe tener lo siguiente:
181
• Título.
• Introducción.
• Base legal.
• Enfoque estratégico de la entidad.
• Situación actual del Gobierno digital de la entidad.
• Objetivos y proyectos del Gobierno digital.
• Cronograma.
• Anexos.
El Comité de Gobierno Digital debe gestionar los recursos, bienes y servicios para que la ejecución
de los proyectos, adquisiciones y contrataciones del Plan de Gobierno Digital se registren en el
cuadro de necesidades y en lo que corresponda en el Plan Anual de Contrataciones o el documen-
to equivalente de la entidad.
Asimismo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital elabora semestralmente un informe de

supervisión que da cuenta del cumplimiento de la implementación del Plan de Gobierno Digital de las
entidades de la Administración pública. Finalmente, la Secretaría también brindará asistencia técnica
a las entidades que lo requieran en la formulación del Plan, mediante los mecanismos que se esta-
blezcan para tal fin.
DD. Aprueban Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 1310
mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2017-PCM-SEGDI
En 2017 se aprobó el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 1310, con
el fin de implementar un sistema de trámite documentario digital, con alcance obligatorio en todas
las entidades del Poder Ejecutivo, y, voluntariamente, en otras entidades del sector público.
El Modelo de Gestión Documental será publicado en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe),
en el Portal de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.
gobiernodigital.gob.pe) y en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.
gob.pe) el mismo día de la publicación de la resolución.
182
Tabla 22.
Listado de los principales decretos legislativos, decretos de urgencia y leyes sobre Gobierno digital
Decreto legislativo/
N.o decreto de Número Nombre de la ley Fecha de publicación
urgencia/ ley
Decreto legislativo que aprueba la Ley de 13 de septiembre de

A Decreto Legislativo 1412
Gobierno Digital 2018
Decreto de urgencia que crea el Sistema

B Decreto de Urgencia 006-2020 9 de enero de 2020
Nacional de Transformación Digital
Decreto de urgencia que aprueba el Marco

C Decreto de Urgencia 007-2020 de Confianza Digital y dispone medidas 9 de enero de 2020
para su fortalecimiento
D Ley 27269 Ley de Firmas y Certificados Digitales 28 de mayo de 2000
Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla

E Ley 30860 24 de octubre de 2018
Única de Comercio Exterior
Ley que regula el uso del correo

F Ley 28493 12 de abril de 2005
electrónico comercial no solicitado (spam)
Ley de promoción de acceso a Internet

para personas con discapacidad y de
G Ley 28530 25 de mayo de 2005
adecuación del espacio físico en cabinas
públicas de Internet
Ley de promoción para el uso seguro y

responsable de las tecnologías de la
H Ley 30254 25 de octubre de 2014
información y la comunicación por niños,
niñas y adolescentes
Tabla 23.
Listado de los principales decretos supremos y resoluciones ministeriales sobre Gobierno digital
Decreto supremo Fecha de

N.o Número Nombre de la ley
/ resolución publicación
Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de 13 de marzo de

I Decreto Supremo 082-2019-EF
Contrataciones del Estado 2019
Decreto supremo que crea el Portal de

Software Público Peruano y establece 15 de mayo de
J Decreto Supremo 051-2018-PCM
disposiciones adicionales sobre el Software 2018
Público Peruano
Aprueba la definición de seguridad digital en 15 de mayo de

L Decreto Supremo 050-2018-PCM
el ámbito nacional 2018
183

Decreto supremo que crea la Plataforma

Digital Única del Estado Peruano y establece 23 de marzo de
M Decreto Supremo 033-2018-PCM
disposiciones adicionales para el desarrollo 2018
del Gobierno digital
Decreto supremo que aprueba medidas para

el fortalecimiento de la Infraestructura Oficial
N Decreto Supremo 026-2016-PCM de Firma Electrónica y la implementación 29 de abril de 2016
progresiva de la firma digital en el sector
público y privado
Declara de interés nacional el desarrollo del

30 de noviembre
Ñ Decreto Supremo 118-2018-PCM Gobierno digital, la innovación y la economía
de 2018
digital con enfoque territorial
Decreto supremo que amplía la información

para la implementación progresiva de la 16 de diciembre de
O Decreto Supremo 121-2017-PCM
interoperabilidad en beneficio del ciudadano, 2017
en el marco del Decreto Legislativo 1246
Crea el Portal del Comité Coordinador

14 de agosto de
P Decreto Supremo 086-2012-PCM Permanente de la Infraestructura de Datos
2012
Espaciales del Perú (CCIDEP)
Crea la Plataforma de Interoperabilidad del 21 de octubre de

Q Decreto Supremo 083-2011-PCM
Estado (PIDE) 2011
Crea el Portal de Información de Datos

R Decreto Supremo 069-2011-PCM 27 de julio de 2011
Espaciales del Perú (GEOIDEP)
Crea el Portal de Servicios al Ciudadano y 21 de junio de

S Decreto Supremo 032-2006-PCM
Empresas (PSCE) 2006
23 de mayo de
T Decreto Supremo 060-2001-PCM Crea el Portal del Estado Peruano (PEP)
2001
Dispone la creación de un Comité de Gobierno

Resolución 10 de mayo de
U 119-2018-PCM Digital en cada entidad de la Administración
Ministerial 2018
pública
Aprueba el uso obligatorio de la Norma

Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC
Resolución 12207:2016-Ingeniería de software y sistemas. 2 de marzo de
V 041-2017-PCM
Ministerial Procesos del ciclo de vida del software. 3.a 2017
edición”, en todas las entidades integrantes
del Sistema Nacional de Informática
Aprueba el uso obligatorio de la Norma

Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014
Tecnología de la información. Técnicas de
Resolución 14 de enero de
W 004-2016- PCM seguridad. Sistemas de gestión de seguridad
Ministerial 2016
de la información. Requisitos. 2.a edición”, en
todas las entidades integrantes del Sistema
Nacional de Informática
184

Aprueba lineamientos para la accesibilidad a

Resolución páginas web y aplicaciones para telefonía
X 126-2009-PCM 1 de abril de 2009
Ministerial móvil para las instituciones públicas del
Sistema Nacional de Informática
Constituye el Comité Coordinador Permanente

Resolución 2 de noviembre de
Y 325-2007- PCM de la Infraestructura de Datos Espaciales del
Ministerial 2007
Perú (CCIDEP)
Resolución de Aprueba la Directiva 001-2019-PCM-SEGDI,

001-2019-PCM-
Z Secretaría de “Directiva para compartir y usar Software 17 de abril de 2019
SEGDI
Gobierno Digital Público Peruano”
Aprueba Estándares de Interoperabilidad de la

Resolución de
002-2019-PCM- Plataforma de Interoperabilidad del Estado
AA Secretaría de 26 de julio de 2019
SEGDI (PIDE) y medidas adicionales para su
Gobierno Digital
despliegue
Resolución de Dispone la creación del Laboratorio de

003-2019-PCM- 5 de octubre de
BB Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Estado
SEGDI 2019
Gobierno Digital en la Presidencia del Consejo de Ministros
Resolución de
005-2018-PCM- Aprueba lineamientos para la formulación del 22 de diciembre
CC Secretaría de
SEGDI Plan de Gobierno Digital de 2018
Gobierno Digital
Resolución de
001-2017-PCM- Aprueba lineamientos para la formulación del 9 de agosto de
DD Secretaría de
SEGDI Plan de Gobierno Digital 2017
Gobierno Digital
A. Directiva que establece los Lineamientos para la Conversión Integral de Procedimien-

tos Administrativos a Plataformas o Servicios Digitales
Con esta directiva se impulsa el proceso nacional de transformación digital mediante la innovación
digital para el diseño de plataformas y servicios digitales centrados en las personas a fin de atender
las necesidades de la ciudadanía, contribuir con la reactivación económica del país y fortalecer el
desarrollo de una sociedad digital inclusiva e innovadora.
185
B. Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado

(PIDE)
Este instrumento facilitó el establecimiento de los principios, modelos, especificaciones técnicas y

estándares para el uso e intercambio de información a través de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado en la Administración pública en dos ámbitos:
1. Seguridad de la información.
2. Organización de la información.
C. Directiva para compartir y usar Software Público Peruano
Esta directiva tiene como objetivo contribuir a optimizar el uso de recursos en las entidades de la
Administración pública, dado que podrán adecuar un software preexistente en lugar de desarrollar
uno nuevo, generando así ahorro y contribuyendo al despliegue del Gobierno y la transformación
digital del Estado.
D. Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital (PDG)
Este dispositivo está orientado a integrar y mejorar actividades que anteriormente las entidades
públicas, integrantes del Sistema Nacional de Informática, debían hacer con diferentes planes,
como el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, el Plan Estratégico de Tecnologías de Informa-
ción y el Plan Operativo Informático.
E. Disponen la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado

en la Presidencia del Consejo de Ministros
El Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Estado es un mecanismo para cocrear, pro-
ducir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales
con las entidades públicas, así como para fomentar el desarrollo del talento digital y de una sociedad
digital, con la colaboración de la academia, sector privado, sociedad civil y ciudadanos.
Cabe señalar que mediante Decreto Supremo 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del De-
creto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, se establece que se debe aprobar la
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos y la Es-
trategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital, pero hasta la fecha no se han aprobado las
mismas por parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.
186
Tabla 24.
Lista de los principales instrumentos sobre Gobierno digital
Fecha de
Nombre del instrumento Norma
publicación
Directiva que establece los Lineamientos para la

Conversión Integral de Procedimientos Resolución de Secretaría de 15 de junio de
A
Administrativos a Plataformas o Servicios Gobierno Digital 001-2021-PCM/SGD 2021
Digitales
Estándares de Interoperabilidad de la Plataforma Resolución de Secretaría de Gobierno 17 de julio de

B
de Interoperabilidad del Estado (PIDE) Digital 002-2019-PCM/SEGDI 2019
Directiva para compartir y usar Software Público Resolución de Secretaría de Gobierno 17 de abril de
C
Peruano Digital 001-2019-PCM/SEGDI 2019
Lineamientos para la formulación del Plan de Resolución de Secretaría 005-2018- 13 de diciembre

D
Gobierno Digital (PDG) PCM/SEGDI de 2018
Disponen la creación del Laboratorio de

Resolución de Secretaría Digital 5 de octubre de
E Gobierno y Transformación Digital del Estado en
003-2019-PCM/SEGDI 2019
la Presidencia del Consejo de Ministros
A. Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo
Es un órgano de carácter estratégico dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros que

tiene como objetivo la articulación de las acciones para la consolidación del Gobierno digital, la in-
novación y la economía digital. Este busca impulsar el proceso nacional de transformación digital
en beneficio de la población.
Se creó por Decreto Supremo 118-2018-PCM y posteriormente quedó establecido como un mecanis-
mo de gobernanza digital mediante el Decreto Supremo 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento
de la Ley de Gobierno Digital, regulando de esta forma las actividades de gobernanza y gestión de las
tecnologías digitales en las entidades de la Administración pública en materia de Gobierno digital.
B. Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros lide-

ra la articulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Transformación Digital y
100. Al igual que todo el capítulo, contiene un resumen parafraseado o textual de cada institución expuesta de acuerdo
con su respectivo ROF o norma que se indica en el texto.
187
su estrategia, así como las políticas nacionales, planes nacionales, normas, lineamientos, proyec-
tos y plataformas para tal fin. Además, es el ente rector del Sistema Nacional de Transformación
Digital, donde articula al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los
ciudadanos en materia de Gobierno digital, confianza y transformación digital del país.
Está dividida entre la Subsecretaría de Política y Regulación Digital, la Subsecretaría de Tecnolo-

gías y Seguridad Digital y la Subsecretaría de Servicios e Innovación Digital.
Un elemento especial que desarrollar, como parte de la Secretaría de Gobierno y Transformación

Digital, es el Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital Nacional. Este equipo está
encargado de liderar los esfuerzos para resolver, anticipar y enfrentar los ciberdesafíos y coordinar
la respuesta ante los ciberataques.
También es conocido con el nombre de PECERT y su objetivo principal es proveer al país de segu-
ridad en el entorno digital.
C. Centro Nacional de Seguridad Digital
El Centro Nacional de Seguridad Digital gestiona, dirige, articula y supervisa la operación, educa-
ción, promoción, colaboración y cooperación de la seguridad digital a nivel nacional como compo-
nente integrante de la seguridad nacional, a fin de fortalecer la confianza digital.
Tabla 25.
Listado de las principales instituciones relacionadas con el Gobierno digital
Nombre de la entidad u órgano Norma Fecha de publicación
Declara de interés nacional el desarrollo

del Gobierno digital, la innovación y la
Comité de Alto Nivel por un Perú
A economía digital con enfoque territorial 30 de noviembre de 2018
Digital, Innovador y Competitivo
aprobado por Decreto Supremo 118-2018-
PCM
Texto Integrado del Reglamento de

Secretaría de Gobierno y Organización y Funciones de la Presidencia
B 17 de julio de 2021
Transformación Digital del Consejo de Ministros aprobado por
Decreto de urgencia que aprueba el Marco

Centro Nacional de Seguridad de Confianza Digital y dispone medidas
C 9 de enero de 2020
Digital para su fortalecimiento, Decreto de
Urgencia 007-2020
188
3.5. INNOVACIÓN PÚBLICA
A. Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora, Lineamientos 001-2021-SGP apro-

bados mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 009-2021-PCM/SGP101
Las Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora, plasmadas en los Lineamientos 001-2021-
SGP, tienen como finalidad promover la innovación en sus tres dimensiones: cultura, incentivos y
ecosistema desde la Administración pública.
Según el documento de gestión, este también tiene como objetivo contribuir a crear un Estado efi-
ciente y cercano a los peruanos, el cual es el centro de esfuerzos.
Tabla 26.
Listado de las principales normas sobre innovación pública
Resoluciones Número Nombre de la ley Fecha de publicación
Resolución de Aprueba los Lineamientos 001-2021-

A Secretaría de 009-2021-PCM/SGP SGP, que establecen las Orientaciones 23 de junio de 2021
Gestión Pública para una Gestión Pública Innovadora
3.5.2. Compilación instrumental
En la actualidad no existe un desarrollo exhaustivo en materia de innovación pública, en ese sentido

hemos tomado en cuenta la única norma que contiene:
A. Lineamientos que establecen Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora. Li-
neamientos 001-2021-SGP, aprobados mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pú-
blica 009-2021-PCM/SGP102
La innovación pública se define como un proceso inclusivo e iterativo para definir problemas públi-
cos, cocrear, prototipar e implementar soluciones viables que modernicen el Estado y agreguen
101. Para mayor información, verificar: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1967940/RSGP%20N°%20

002-2021-PCM-SGP.pdf.pdf
102. Este apartado contiene un resumen parafraseado de la Resolución de la Secretaría de Gestión Pública 009-2021-PCM/SGP,
que aprueba los Lineamientos 001-2021-SGP, que establecen las Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora.
Para mayor detalle ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1967941/Anexo%20RSGP%20orientaciones%20
correcciones%20%281%29.pdf.pdf
189
valor a las personas. Asimismo, el documento caracteriza una solución innovadora según tres as-
pectos que se podrán identificar en dicha solución:
• Puede ser nueva o ser un cambio significativo para la organización, proceso, etc.
• Crean uno o más tipos de valor público: calidad, involucramiento de las personas, etc.
• Es nueva para el lugar de trabajo, aun cuando está inspirada en otras.
Además de ello, identifica los factores que impulsan la innovación en el sector público desde fuera
del Estado y desde el interior del Estado. Respecto al factor que impulsa por fuera del Estado, este
se refiere al interés de las personas, la sociedad civil y el sector privado por recibir mejores servi-
cios. Respecto al factor del interior del Estado, existen dos distinciones: 1) de arriba hacia abajo
(top-down), donde las metas y objetivos políticos de las autoridades demandan de innovación, y
2) de abajo hacia arriba (bottom-up), donde la iniciativa de los trabajadores de primera línea es re-
sultado de la cultura de innovación de la organización.
Los lineamientos señalan que existen tres dimensiones u orientaciones para promover una gestión
pública innovadora: 1) cultura, 2) incentivos y 3) ecosistema.
En primer lugar, sobre la cultura orientada a la innovación podemos señalar que está relacionada
con la apertura de nuevas ideas, creatividad, mentalidad emprendedora y toma de riesgos. Y, parti-
cularmente, la intención de ser innovador y la creación de un clima propicio. En esta dimensión
existen retos que impiden o retrasan su impulso, entre ellos: la sobrerregulación, el temor a tomar
riesgos, el trabajo en silos, la mirada cortoplacista y la planificación lineal.
En segundo lugar, en cuanto a los incentivos a la innovación, el documento expone que son el
conjunto de recompensas y sanciones que motivan a las personas a cambiar su comportamiento.
A modo de ejemplo podemos mencionar los siguientes: recompensas financieras, asignación de un
tiempo específico para investigar, etc.
Los lineamientos desarrollan los tipos de incentivos que se pueden ofrecer para fomentar la inno-
vación: el reconocimiento, la compensación, el valor monetario, el crecimiento profesional, los bie-
nes y el ocio, así como los incentivos tributarios. Esta dimensión también cuenta con retos para que
se generen incentivos a la innovación, entre ellos: cuellos de botella por reglas tradicionales, la
función de innovar no existe, la evaluación sesgada de la innovación, la ausencia de espacios y tiem-
po para innovar.
En tercer lugar, respecto al ecosistema de innovación, el documento lo define como una comunidad
dinámica basada en la colaboración, la confianza y la creación conjunta de valor. Ante la escasez de
recursos en el Estado, los ecosistemas son clave para fomentar la creación de soluciones innova-
doras.
190
En el ecosistema de innovación actúan distintos actores, entre ellos: las universidades, las empre-
sas, las entidades públicas, el emprendimiento, las organizaciones de soporte, los laboratorios y
los centros de investigación.
Al igual que en las dos dimensiones anteriores, en el ecosistema de innovación también existen
retos que los lineamientos han identificado: la ausencia de espacios para compartir y aprender
entre colegas de otras áreas, la falta de objetivos misionales, el no saber canalizar a tiempo las
quejas y necesidades de los ciudadanos y el enfoque reactivo hacia los problemas.
B. Guía de buenas prácticas de la innovación pública103
Esta guía se ha construido a partir de la reflexión de una selección de casos ganadores entre 2015 y
2019 del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por Ciudadanos al Día (CAD).
Detalla el procedimiento para innovar en la gestión pública, identificar el problema, conceptualizar y
experimentar, implementar la solución y, por último, la evaluación y aprendizajes del proceso.
Finalmente, cita algunos ejemplos innovadores en la gestión pública peruana como: la mesa de
partes móvil y la gaceta electrónica de propiedad industrial.
A. Presidencia del Consejo de Ministros: Secretaría de Gestión Pública
Órgano de línea con autoridad técnica normativa a nivel nacional en materias de estructura, orga-
nización y funcionamiento del Estado, gestión por procesos, evaluación de riesgos de gestión, sim-
plificación administrativa, calidad regulatoria, calidad de la prestación de bienes y servicios, innova-
ción, Gobierno abierto, gestión del conocimiento, gestión de reclamos y servicios integrados y las
intervenciones orientadas a que las entidades públicas mejoren su productividad y gestión interna.
Es el órgano que ejerce la rectoría del Sistema de Modernización de la Gestión Pública y es respon-
sable de apoyar a la Alta Dirección en la coordinación y dirección del proceso de modernización de
la gestión de la Administración pública y del Estado. Tiene tres unidades orgánicas de la Secretaría
de Gestión Pública: 1) Subsecretaría de Administración Pública, 2) simplificación y análisis regula-
torio y 3) calidad de servicios.
103. Este acápite presenta un resumen de la Guía de buenas prácticas de la innovación pública. Para mayor detalle, ver: https://
cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1793177/GUIA%20DE%20BUENAS%20PRACTICAS%20-%20INNOVACION.pdf.pdf
104. Este apartado cita de forma parafraseada lo señalado en el ROF de la PCM.
191
CAPÍTULO IV.
DIAGNÓSTICO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ
Como premisa inicial, debemos tener en cuenta que el proceso de modernización de la gestión
pública es un proceso en mejora constante y cuyo ámbito de aplicación es muy amplio, tanto en
conceptos o elementos que implementar como en el número de actores que participan de este.
En ese sentido, al evaluar cómo ha evolucionado el proceso de modernización de la gestión pública

del Perú, encontramos un acierto en el desarrollo de la construcción de un sistema robusto, capaz
de entender o tratar de abarcar todas las aristas que la gestión pública comprende en la actualidad;
sin embargo, su ejecución e implementación demuestra diversos niveles de aplicabilidad no unifor-
mizados, lo que ha generado compartimentajes inconexos unos de otros, desconfigurando la visión
de un sistema que alcance resultados que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Este diag-
nóstico se confirma con la opinión experta de más de sesenta profesionales destacados que han
participado en la formulación e implementación de políticas públicas y en procesos de mejora de la
gestión pública105.
Así se pone en evidencia, por ejemplo, en los resultados de nuestra encuesta (ver anexo 7), realiza-
da para la presente investigación a más de sesenta profesionales de nivel de tomadores de decisio-
nes, como jefes de entidad o cargos directivos y expertos consultores, que ante la pregunta sobre
“¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la implementación del proceso de modernización de
la gestión pública en el Estado?”, casi el 60% lo considera regular.
Los resultados se muestran con detalle a continuación:
105. Aproximadamente el 45% de los encuestados se han desempeñado como funcionarios de Alta Dirección y/o aseso-
res de la misma. Cabe mencionar que la gran mayoría ha participado en procesos de mejora a través de la modernización
del Estado. Para más detalle, ver anexo 7.
192
Figura 8.
¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la implementación del proceso de modernización de
la gestión pública en el Estado?
62 respuestas
Buena (9,68%) 6
Regular (59,68%) 37
Mala (30,64%) 19
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Fuente: elaboración propia. Tomado de anexo 7.
Al verificarse el porqué de la respuesta dada, podemos observar que los encuestados señalan que
algunos elementos que sustentan su respuesta son: falta de respaldo y decisión política, avance
lento, no se cuenta con objetivos claros y no se cuenta con evidencias de su impacto o beneficio,
entre otros. Para mayor detalle, la totalidad de la encuesta se encuentra en el anexo 7.
Esto se observa también al ver el desarrollo normativo, instrumental e institucional que ha sido
prolífico, pero al mismo tiempo desordenado e incompleto en su ejecución, como hemos puesto de
manifiesto en el capítulo III de la presente investigación.
Además, se incorporan elementos al sistema que no están siendo realmente adaptados al proceso
de modernización. Así, no se concluye la implementación de los elementos preexistentes y ya se
incorporan nuevos, de forma desordenada y con poca difusión. A ello se suma que los funcionarios
o servidores públicos tienen poco entendimiento de estos elementos y en muchos casos ni siquiera
están capacitados para implementarlos.
En ese orden de ideas, respecto del proceso de modernización se aprecia que en el año 2002 se
trabajó en una concepción de modernización del propio Estado amplia y no de la gestión pública per
se. Esto se evidencia en la LMMGP de 2002, luego en la LOPE aparece el Sistema Administrativo
de Modernización de la Gestión Pública (2007), y es en el año 2018 cuando se modifica la LMMGP,
incorporando lo referente al sistema administrativo mencionado.
193
Respecto del sistema, una manera de graficar las inconsistencias que tiene el mismo, y su nivel de
improvisación, es que desde el año 2002 se declaró el Estado en proceso de modernización, en el
año 2008 se creó el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, en 2013 se
aprobó por fin su Política Nacional de Modernización y en 2018 se reglamentó el funcionamiento
del propio sistema.
En el estudio de Ugarte, Rivero y Bautista (2020), si bien se aborda lo relativo a las reformas admi-
nistrativas, entre ellas la de modernización y varios de sus pilares, ejes y medios, consideramos que
resulta aplicable lo referente a las características de las entidades que implementan las reformas,
así como las limitaciones y características de los actores políticos y la ciudadanía, que detallamos
a continuación:
Tabla 27.
Sistematización de las categorías y los factores encontrados en las cuatro reformas de la Admi-
nistración pública
Actores políticos y
Ente rector Implementador Condiciones de mercado
ciudadanía
• Penalización a los • Alta rotación de • Accountability • Mercado reducido en las

errores con escasos funcionarios agobiante y basada en regiones
incentivos a las buenas • Débil capacidad técnica el cumplimiento de las • Mercado poco atractivo
prácticas formalidades
• Escasa agilidad de • Alto nivel de
• Complejidad de coordinación • Escasos incentivos para informalidad
instrumentos adoptar la reforma
• Dificultad para medir
• Normas no consideran voluntariamente
las necesidades de la
la diversidad entidad • Reducida participación
organizacional de consultores y
• Divergencia de enfoque
• Escaso vínculo con la ciudadanos
entre los altos mandos
realidad y la primera línea
• Evaluación basada en • Limitada gestión de
las normas y no en los conocimiento
resultados
• Dificultad para generar
• Poca flexibilidad de la y sostener información
norma de calidad
• Muchas autoridades
como punto de control
Fuente: gráfico 3. Ugarte, Rivero y Bautista (2020). Sistematización de las categorías

y los factores encontrados en las cuatro reformas de la Administración pública, pág. 13.
Así, el mismo estudio nos indica que las reformas no tienen suficiente tiempo para madurar, y en un
contexto de alta rotación, gana el sentido del proceso antes que el resultado, pues nadie exige los
resultados finales. El desequilibrio basado en la microrregulación ralentiza la gestión, haciendo que
las entidades no logren transformar estas reformas en actos concretos orientados a resultados y
el sistema de control incentiva que sea más importante el medio que el fin. Y no se mantiene ni
circula el conocimiento para aprender a gestionar (Ugarte, Rivero y Bautista, 2021).
194
Además de lo antes mencionado, tiene incidencia directa sobre diversos aspectos del proceso de
modernización de la gestión pública, los cuales forman parte del presente diagnóstico.
4.1. DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN EN SÍ MISMO
4.1.1. Coexistencias de modelos de Administración pública
La Administración pública en el Perú presentó, como característica principal, estar regulada por un
amplio marco de normas orientadas al control de las competencias y funciones de las organizacio-
nes públicas, presentando una construcción desarticulada y desconectada entre los elementos del
propio Estado. Tal nivel de desconexión nos permitía entender que hemos contado con una admi-
nistración hiperregulada para desplegar su funcionamiento, donde no se prestaba atención a las
necesidades sociales, sino que se enfocaba en construir espacios rígidos con burocracias que lu-
chaban por preservar sus cuotas de poder.
Este contraproducente sistema al final tuvo que ir dando paso a nuevas perspectivas dado que:
A medida que el Estado crecía y asumía nuevas responsabilidades en su proceso de desarrollo,

ese modelo administrativo comenzó a transformarse en un serio obstáculo, debido a las rigideces
que planteaba su funcionamiento y a la concepción “hacia adentro” que tenían sus procesos de
reforma administrativa. En estos procesos se enfatizaba el mejoramiento per se de la eficiencia
de la gestión pública, sin una adecuada consideración de su eficacia en términos de que su opera-
tividad se orientara a satisfacer las demandas de la población (Máttar y Perrotti, 2014, pág. 114).
En este recorrido no podemos olvidar que, desde el último cuarto de siglo, la Administración públi-
ca ha dado un importante giro en su desenvolvimiento, transformando su visión netamente enfoca-
da en la administración hacia una más activa e importante como es el gerenciamiento y sus diver-
sas expresiones de lo que hoy conocemos como la nueva gestión pública, transitando luego hacia
la gobernanza para facilitar entornos de articulación interinstitucional multinivel más dinámicos,
transparentes y confiables entre los actores públicos y privados, creando espacios de valor público
que fortalecen la institucionalidad y legitimidad de las decisiones de Gobierno.
Es justamente el modelo weberiano, del que ya hemos comentado, el que nos permite observar esa
visión original dedicada netamente a la administración, la cual se desarrollaba, principalmente, con
los funcionarios tras sus escritorios decidiendo alejados de la realidad social. A este estilo de ges-
tión lo conocemos como el modelo burocrático de gestión, el cual se centró en la desconcentración
de tareas y actividades de manera jerarquizada, y es que el modelo burocrático construía un marco
administrativo basado en niveles y jerarquías que iban organizando las competencias y funciones
195
de los funcionarios y servidores públicos, estableciendo sus formas de intervención conforme a un

marco normativo rígido que los regulaba.
En la actualidad este modelo subsiste junto con el modelo gerencialista (especialmente el NGP) y
el de gobernanza; es más, el modelo primigenio clientelar también se pone de manifiesto en diver-
sos espacios de la Administración pública peruana.
Esta coexistencia es una tendencia presente en todas las Administraciones, pues ningún país ha
adoptado e implementado reformas administrativas siguiendo un único modelo, puesto que ningu-
no de ellos abarca simultáneamente todos los aspectos que corresponden a un Estado moderno
(Ugarte, Rivero y Bautista, 2021). A ello se suma que es imposible eliminar o transformar un mode-
lo en su totalidad —cualquiera que fuere— por un modelo nuevo, así sea este impuesto. Esto es
debido a que siempre existe un periodo de transición y adaptabilidad que genera la semipermanen-
cia de la cultura organizacional, acciones, conductas y formas de trabajo.
Resulta importante tener en cuenta cómo cada modelo y sus diversas combinaciones impactan en
la gestión pública, por un lado, porque estos existen dentro del propio sistema y, por otro lado, por-
que el objetivo del proceso es modernizar aquella gestión en proceso de cambio constante.
Esta permanente transición de los modelos en la Administración pública, que para algunos autores
estamos pasando del modelo burocrático tradicional al de gerencia pública moderna, origina una
serie de exigencias para los servidores o funcionarios públicos, quienes tienen que prepararse para
asumir los retos que esto conlleva y afianzar el uso de las TIC, en tanto hay una demanda social
que satisfacer.
Así, por ejemplo, existe una ley que señala que no se debe solicitar copia del DNI a los ciudadanos
que van a realizar un trámite en la Administración pública; sin embargo, a los servidores o funcio-
narios públicos se les hace muy complicado aceptarlo y dejar de solicitar la mencionada copia
(ESAN Graduate School of Business, 2017).
En términos generales, la coexistencia de varios modelos genera una serie de impactos, algunos de
los cuales los mencionaremos a lo largo del presente diagnóstico.
4.1.2. Superposición de componentes y modelos en permanente

implementación
Como se ha apreciado a lo largo de los capítulos precedentes, el proceso de modernización de la

gestión pública cuenta con una amplia gama de pilares, ejes y medios que interactúan en el sistema.
196
Así, por ejemplo, no se terminó de difundir e implementar el pilar de gestión por procesos y se in-
corporó un medio para el Sistema Administrativo de Modernización, como el de calidad regulatoria,
que tiene también su propia complejidad.
4.1.3. Débil continuidad del enfoque de una gestión
Esta situación se refleja como parte de la cultura política del país, donde no solo con las transicio-
nes de gobierno por las elecciones generales se piden cambios, sino que se traduce hasta en el ni-
vel de la gestión de las unidades de una entidad pública, en la que el cambio de jefe de una unidad
(sea de un órgano de apoyo o de línea) significa, en la mayoría de los casos, que el nuevo jefe quiere
“imponer” su propio enfoque de trabajo, sin ni siquiera observar que los hechos y medidas adopta-
das por la gestión pasada se sustentaron o no en los procesos de planificación, y es más, si es que
las medidas del antecesor dieron resultados o no.
Esto pone en evidencia la grave desarticulación que existe con el sistema de planificación y que li-
mita no solo los avances en materia de gestión pública en general, es decir, si se logró de forma
eficiente y eficaz llevar resultados a los ciudadanos respecto de sus necesidades y demandas so-
ciales, sino de las políticas de modernización que buscan, por ejemplo, mejorar los procesos, pero
¿cómo mejoramos si no sabemos si los procesos propuestos lograron los resultados esperados?
No cabe duda de que un sistema que ha evolucionado especialmente es el de presupuesto, en tan-

to se conocen las reglas para su asignación y se fiscalizan sus niveles de ejecución, pero no de efi-
cacia; en ese sentido un titular de entidad tiene como real limitante las competencias instituciona-
les y el presupuesto asignado. De ahí que la LOPE, por ejemplo, tenga un gran significado en el
proceso de modernización.
4.1.4. Se complejiza por su magnitud o amplitud del campo de acción
A lo largo de estos años el desarrollo del proceso de modernización de la gestión pública ha evolu-
cionado hacia diferentes vertientes, en algunos casos se han simplificado las acciones administra-
tivas y se han eliminado las barreras burocráticas, pero en otros momentos se han incrementado
de manera sustancial e innecesaria procedimientos, mecanismos y demás que han complejizado la
actuación del propio Estado.
Esto, en lugar de ayudar a su avance y modernización, ha convertido la gestión pública en un siste-

ma mucho más denso, enrevesado, poco práctico y de difícil implementación. Tal situación se pone
de manifiesto sobre todo a nivel de los Gobiernos subnacionales, donde el ejercicio técnico de los
mecanismos de gestión pública está bastante rezagado.
197
4.1.5. Volatilidad, incertidumbre y lentitud que debilita al proceso de

modernización
El constante cambio e implementación de nuevas técnicas y medidas de gestión, que muchas ve-
ces reemplazan a mecanismos anteriores que no se han terminado de implementar, ha generado
una percepción de alta volatilidad que reduce la credibilidad en los procedimientos, técnicas y de-
más medidas que se intentan impulsar en la materia.
Este punto resulta importante, porque la pérdida de confianza de los actores, respecto a la seguri-
dad y predictibilidad que debe tener todo sistema administrativo en el ejercicio de su rol, hace que
las medidas sean desacatadas por parte de quienes tienen la responsabilidad de llevarlas a cabo y
de cumplirlas.
La consecuencia de esta volatilidad es el surgimiento de un alto nivel de incertidumbre respecto a

las medidas que se adoptan, su nivel de cumplimiento y la certeza de que se alcanzarán los objeti-
vos deseados.
Este tipo de deficiente nivel de construcción del sistema ha generado que la evolución de la gestión
pública en el Perú, en lugar de evolucionar de manera dinámica a lo largo de los últimos veinte
años, se haya producido de manera lenta, inconsistente y ambivalente.
El surgimiento de medidas improvisadas, o que no responden a visiones a largo plazo, ha producido

la burocratización de los procedimientos bajo una mal llamada visión o enfoque técnico de la ges-
tión.
4.1.6. Limitados mecanismos para asimilar los cambios y transformaciones
Otro factor que considerar es que, a lo largo de estos veinte años, no se han generado mecanismos
adecuados para que pueda existir un proceso de adaptabilidad a los cambios en el aparato guber-
namental más allá de la alta volatilidad e incertidumbre existente respecto al propio proceso de
modernización, producto de la improvisación o del establecimiento de múltiples medidas que han
ido implementando los diversos tomadores de decisiones; quienes además han rotado de forma
recurrente en estos espacios y tampoco se han generado visiones sostenidas a largo plazo que se
respeten ni criterios de adaptabilidad que permitan mantener los procesos en marcha de forma
continua y sin cambios drásticos, ni medios para perder el temor al cambio por parte de los actores
que participan del proceso de modernización de la gestión pública.
Esto se entiende porque durante el periodo antes mencionado, la mayoría de los procesos de cam-
bio demandan la reestructuración integral de los principios y procedimientos con los que se traba-
ja, nos hemos acostumbrado mal al borrón y cuenta nueva.
198
4.1.7. Necesaria articulación entre los sistemas administrativos
La coordinación entre los once sistemas administrativos constituye un reto sustancial para la es-
tructura y funcionamiento del Estado peruano, pues son los sistemas de soporte para lograr que se
obtengan resultados de calidad que impacten en la vida de los ciudadanos, satisfaciendo sus nece-
sidades y demandas. Conforme señala la LOPE, se encargan de regular la utilización de los recur-
sos en las entidades de la Administración pública, promoviendo la eficacia y la eficiencia en su uso.
El sistema de recursos humanos, de abastecimiento (compras, logística, etc.), presupuesto público,

tesorería, endeudamiento público, contabilidad, inversión pública, planeamiento estratégico, defen-
sa judicial y control interactúan en diversos aspectos y niveles con el Sistema de Modernización del
Estado, el cual, desde su creación en el año 2007, con la LOPE se desarrolla con mayor precisión,
hacia el año 2018, como veremos más adelante.
Así, el Sistema de Modernización del Estado también impacta en ellos, y cada uno en el de moder-
nización. La Política de Modernización debe contar con respaldo, por ejemplo, en el Sistema de
Planeamiento Estratégico y Presupuestario, pues es evidente que al ser un proceso constante debe
buscar su aplicación en las diversas instancias y procedimientos de las instituciones (a través de
sus planes estratégicos u operativos) y que para lograrlo se requiere de la asignación de recursos
públicos.
4.1.8. Desconexión con la generación de valor público
Bajo estas consideraciones, observamos que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública no

se adecúa a las necesidades y demandas ciudadanas reales, ni cumple adecuadamente con los
estándares burocráticos que realmente el país necesita, pudiéndose entender que este se encuen-
tra desconectado de lo que la ciudadanía demanda.
Hoy en día, producto de la pandemia, se han ralentizado las atenciones públicas a los ciudadanos,
a pesar de que se han implementado plataformas electrónicas para la gestión de algunos trámites,
los que demandan la entrega de servicios directos, como, por ejemplo, obtener un DNI, sacar una
partida de nacimiento, revalidar un pasaporte o un brevete. Se ha convertido en un proceso que
puede tardar muchos más meses que antes, ya que el establecimiento de citas por vía electrónica
ha colapsado y se entregan citas con un plazo de 2 a 4 meses.
Sin embargo, también debemos señalar que la Administración pública, a causa de la pandemia del
COVID-19, tuvo que adaptarse rápidamente con las herramientas que existían en ese momento,
pues las entidades públicas no se podían detener en tanto las demandas sociales seguían presen-
tándose, no solo, claro está, en temas de salud, sino en general el aparato estatal no se podía de-
tener.
199
En ese sentido, se instalaron plataformas para realizar pagos online en las Administraciones del
Gobierno nacional y subnacional, situación que la agencia recaudadora de impuesto (SUNAT), por
ejemplo, ya tenía implementado; pero esto se masificó en otras instituciones del Estado con las
mesas de partes virtuales, los canales de atención, la utilización de plataformas como Zoom, el
teletrabajo, la enseñanza en las diversas instituciones educativas, las citas médicas online, los sis-
temas de verificación de la identidad, las firmas digitales, etc. Cabe mencionar que el sector priva-
do ya tenía bastante más avance que el sector público, pero la pandemia los obligó también a am-
pliar el uso de las TIC.
No obstante, como hemos señalado a lo largo de la investigación, el Gobierno digital amplió su

cobertura, pero ello no significó necesariamente una mejora en la prestación de los servicios y de-
mandas sociales o que el trabajo en las entidades públicas se haya vuelto más eficiente —cabría
preguntarnos cuántos funcionarios simplemente no se adaptaron o no pudieron hacerlo al entorno
virtual y a pesar de no trabajar siguieron percibiendo un sueldo—; aunque también es cierto que
en el Perú el acceso a Internet y a los equipos informáticos o celulares de alta tecnología no es-
tán disponibles para la gran mayoría y, claro está, tampoco para todos los servidores o funciona-
rios públicos, ni la calidad de Internet es igual en todas las regiones del país, lo cual ha impactado
e impacta aún a las Administraciones públicas y a los ciudadanos.
Un factor que no se puede dejar de mencionar en nuestra realidad es el analfabetismo digital tanto
de los ciudadanos como de los servidores o funcionarios públicos, lo cual también afecta a la ges-
tión pública en sí y al avance en aspectos como la modernización o innovación pública.
Ahora bien, también observamos que no se han agilizado los procedimientos para facilitar la inter-
vención del Estado, por ejemplo, en el cierre de brechas de infraestructura. En este extremo la Ley
de Contrataciones del Estado sigue siendo un mecanismo engorroso y denso, infectado también de
corrupción y falta de transparencia.
Los mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP) u obras por impuesto no han tenido
el impacto esperado. Así podemos mencionar, a modo de ejemplo, el bajo acceso a la infraestruc-
tura, particularmente a nivel rural. En ese sentido, 3,2 millones de personas no cuentan con servi-
cios de agua, de ellos la mitad vive en zonas rurales, y 7,3 millones de personas no tienen servicio
de alcantarillado o disposiciones de excretas (Bonifaz, Urrunaga, Aguirre y Quequezana, 2020).
Así, estamos hablando de una inversión de trescientos sesenta y tres mil millones de soles para el
cierre de la brecha de infraestructura básica a largo plazo, según señala el Plan Nacional de In-
fraestructura para la Competitividad (PNIC).
Por otro lado, conforme al INEI (2020) en su informe técnico Perú: percepción ciudadana sobre gober-
nabilidad, democracia y confianza en las instituciones, cuando se pregunta sobre la gestión del Gobier-
no central, Gobierno regional y Gobierno local, se señala que la gestión íntimamente relacionada con
200
la capacidad y la eficacia de la dirección del gobierno y su acción en la Administración pública tiene

muy baja valoración de la población en todas las instancias de gobierno. En el periodo comprendido
entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el 44,5% opina que la gestión del Gobierno central es mala
o muy mala; el 56,4% califica de mala o muy mala la gestión del Gobierno regional; y un 58,3% en
el mismo sentido por el Gobierno local. Conforme se aprecia en el siguiente gráfico:
Figura 9.
Perú: gestión del Gobierno central, regional y local. Semestres: octubre 2018-marzo 2019 y
octubre 2019-marzo 2020 (porcentaje)
En su opinión, ¿la gestión del Gobierno central, regional y local es...?
58,3
60 56,4 56,4
53,7
48,5
50 46,4 44,5
40,2
40
32,2
30 27,6
24,7
22,8
20
10
0
Oct. 18-mar. 19 Oct. 19-mar. 20 Oct. 18-mar. 19 Oct. 19-mar. 20 Oct. 18-mar. 19 Oct. 19-mar. 20
Gobierno central Gobierno regional Gobierno local
MUY BUENA / BUENA MALA / MUY MALA
Fuente: INEI (2020, pág. 11).
Además de lo señalado por Ugarte, Rivero y Bautista (2020) respecto de las reformas integrales,
nosotros incluimos también las de modernización de la gestión pública. El Estado no ha logrado
establecer un hilo conductor entre las mencionadas reformas que permita afrontar la débil capa-
cidad de gestión. Así, nos refiere que, para comparar a toda la Administración pública, se cuenta
solo con el indicador de ejecución del gasto, el cual resulta insuficiente para poder determinar
realmente si se genera valor público, conocer el desempeño de las entidades, ejercer una adecuada
rendición de cuentas política o un control social idóneo.
201
De igual forma, Ugarte, Rivero y Bautista (2020) señalan que aun cuando el Estado peruano ha
impulsado una serie de reformas administrativas, al parecer no han logrado los resultados espera-
dos en cuanto a la efectividad del Gobierno o la calidad de la burocracia en el Perú, habiendo logra-
do resultados marginales con relación a estos.
Se pone en evidencia que el Estado ha descendido en efectividad con respecto a los años noventa,
pese a que el gasto público se ha incrementado progresivamente, como se evidencia en la tabla
siguiente (Ugarte, Rivero y Bautista, 2020, pág. 12):
Figura 10.
Índice de efectividad de gobierno entre 1996-2018 de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y
Perú
Indicador Presupuesto en miles de millones de dólares 90

país/año 1996 2000 2005 2010 2015 2018
80 Argentina
Argentina 34,02 39,18 24,13 64,24 107,64 83,59
70 Brasil
Brasil 167,97 123,01 168,43 420,06 365,42 378,70
60 Chile
Chile 8,58 9,41 13,01 26,46 31,69 43,28
Colombia 17,48 16,45 20,32 51,38 43,47 51,38 50 Colombia
México 33,37 67,36 92,33 124,52 144,34 142,40 40 México
Perú 5,72 5,93 8,70 15,53 24,61 29,11 Perú
30
1996
2000
2005
2010
2015
2018
Fuente: Ugarte, Rivero y Bautista (2020, pág. 12).
Respecto a la calidad de la burocracia, Ugarte, Rivero y Bautista señalan que […] también se obser-
va que la calidad de la burocracia no presenta variaciones desde el año 1998, estando aún en el
promedio de los países de América Latina pese a que la economía del Perú se situó entre las más
fuertes de la región (2020, pág. 12). Conforme se observa en la figura siguiente:
202
Figura 11.
Índice de calidad burocrática entre 1994-2016 de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y
Perú
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú
1994 1996 1998 2012 2014 2016
Conforme hemos señalado líneas arriba, un elemento que nos sirve como un indicador de referen-
cia es el nivel de ejecución alcanzado por parte de las instituciones públicas, aunque, claro está, no
es suficiente por sí mismo, pues no se mide la calidad de la ejecución. Así, el Área de Servicios de
Investigación y Seguimiento Presupuestal del Congreso de la República del Perú (2021), en su in-
forme sobre Ejecución del presupuesto público: periodo comparativo 2020 vs. 2019, nos muestra
los avances de ejecución alcanzado a nivel de Gobierno nacional (89,2%), de los Gobiernos regiona-
les (89,5%) y de los Gobiernos locales (65,0%), como se evidencia en la siguiente tabla:
203
Tabla 28.
Ejecución total del presupuesto público por niveles de gobierno (periodo comparativo 2020 versus
2019)
Incluye: actividades y proyectos Millones de soles
2020 2019
Total 177,367.9 217,362.5 183,770.5 84.5 39,994.6 100.0 168,074.4 188,571.6 161,407.2 85.6 20,497.2 100.0
PIA PIM Ejecución Variación Partic. PIA PIM Ejecución Variación Partic.
Nivel de Avance Avance
(PIM) (PIM)
gobierno (1) (2) (3) % % PIM (1) (2) (3) % % PIM
- (PIA)) - (PIA)
E: Gobierno
124,582.1 133,202.0 118,856.1 89,2 8,619.8 61.3 118,227.6 113,392.1 102,945 90.8 -4,835.5 60.1
nacional
R:
Gobiernos 31,906.7 41,588.1 37,235.5 89.5 9,681.4 19.1 29,915.9 39,537.9 33,722.7 85.3 9,622.0 21.0
regionales
M:
Gobiernos 20,879.1 42,572.4 27,678.9 65.0 21,693.3 19.6 19,930.9 35,641.6 24,739.0 69.4 15,710.7 18.9
locales
Variación 2020 vs. 2019 Indicador de eficacia

Total 9,293.5 28,790.9 22,363.3 0.85 0.86
IEG (PIM) IEG (PIM)
PIA PIM Ejecución
Nivel de gobierno 2020 2019
(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5)=(3)/(2)
E: Gobierno nacional 6,354.5 19,809.8 15,910.6 0.9 0.9
R: Gobiernos regionales 1,990.8 2,050.1 3,512.8 0.9 0.9
M: Gobiernos locales 948.2 6,930.8 2,939.9 0.7 0.7
Fuente: Congreso de la República. Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal (2021, pág. 7).
En la siguiente tabla vemos el avance de la ejecución por función. Así, por ejemplo, en el caso del
saneamiento, en el año 2020 fue de poco más del 60%, en un país en donde como hemos visto en
los párrafos precedentes, el agua y el desagüe son servicios básicos cuya brecha es necesaria
cerrar.
204
Tabla 29.
Ejecución total del presupuesto público por función (periodo comparativo 2020 versus 2019)
2020 2019
Total 177,367.9 217,362.5 183,770.5 84.5 39,994.7 100.0 168,074.4 188,571.6 161,407.2 85.6 20,497.2 100.0
PIA PIM Ejecución Variación Partic. PIA PIM Ejecución Variación Partic.
Avance Avance
Función (PIM) (PIM)
(1) (2) (3) % % PIM (1) (2) (3) % % PIM
- (PIA) - (PIA)
01: Legislativa 614.5 609.6 438.1 71.9 -5.0 0.3 672.8 673.2 488.9 72.6 0.5 0.4
02: Relaciones
750.4 797.7 752.0 94.3 47.3 0.4 740.4 782.2 757.0 96.8 41.8 0.4
exteriores
03: Planeamiento,
gestión y reserva 26,192.6 21,002.6 15,253.3 72.6 -5,190.0 9.7 22,377.0 18,129.6 14,608.9 80.6 -4,247.4 9.6
de contingencia
04: Defensa
y seguridad 5,300.3 6,034.6 5,844.7 96.9 734.4 2.8 5,267.4 5,824.7 5,507.3 94.6 557.3 3.1
nacional
05: Orden público
11,002.5 12,963.7 11,501.5 88.7 1,961.2 6.0 9,911.2 12,111.7 11,042.0 91.2 2,200.5 6.4
y seguridad
06: Justicia 6,859.1 6,764.8 6,270.7 92.7 -94.3 3.1 5,872.7 6,507.0 6,126.1 94.1 634.3 3.5
07: Trabajo 518.8 9,255.0 9,028.8 97.6 8,736.2 4.3 496.5 562.4 514.8 91.5 65.9 0.3
08: Comercio 535.1 704.3 594.6 84.4 169.3 0.3 525.7 653.6 494.1 75.6 127.9 0.3
09: Turismo 501.5 1,070.9 913.4 85.3 569.4 0.5 456.2 599.6 493.2 82.3 143.5 0.3
10: Agropecuaria 5,605.4 6,743.8 4,874.6 72.3 1,138.4 3.1 5,045.5 6,538.3 4,609.8 70.5 1,492.8 3.5
11: Pesca 449.7 453.9 412.1 90.8 4.1 0.2 475.5 527.3 466.0 88.4 51.8 0.3
12: Energía 1,120.3 2,006.1 1,597.4 79.6 885.7 0.9 924.8 1,407.3 1,148.0 81.6 482.5 0.7
13: Minería 158.8 270.4 229.4 84.8 111.7 0.1 152.5 261.8 230.2 87.9 109.3 0.1
14: Industria 218.6 396.7 372.2 93.8 178.1 0.2 214.1 219.4 186.7 85.1 5.3 0.1
15: Transporte 19,074.2 23,975.0 16,280.0 67.9 4,900.9 11.0 16,563.2 21,923.6 15,634.9 71.3 5,360.4 11.6
16: Comunicaciones 1,732.2 931.5 841.5 90.3 -800.8 0.4 1,430.0 1,867.2 1,184.6 63.4 437.2 1.0
17: Ambiente 3,004.6 4,330.0 3,465.2 80.0 1,325.4 2.0 2,802.4 4,008.3 3,243.5 80.9 1,205.9 2.1
18: Saneamiento 5,675.5 6,657.6 4,037.0 60.6 982.1 3.1 5,536.4 7,514.2 4,615.2 61.4 1,977.7 4.0
19: Vivienda
y desarrollo 2,797.5 4,482.9 3,421.8 76.3 1,685.4 2.1 2,559.2 3,747.4 3,120.6 83.3 1,188.2 2.0
urbano
20: Salud 18,494.7 27,580.1 24,294.1 88.1 9,085.5 12.7 18,217.1 20,891.0 18,507.3 88.6 2,673.9 11.1
21: Cultura
1,314.2 2,364.4 1,628.8 68.9 1,050.2 1.1 3,160.9 4,176.1 3,446.5 82.5 1,015.3 2.2
y deporte
22: Educación 31,327.9 33,194.4 28,999.9 87.4 1,866.5 15.3 30,628.0 31,803.8 28,814.1 90.6 1,175.8 16.9
23: Protección
6,795.7 14,658.0 14,055.8 95.9 7,862.4 6.7 6,399.7 7,016.5 6,613.4 94.3 616.8 3.7
social
24: Previsión
13,876.9 16,475.9 15,892.0 96.5 2,599.0 7.6 13,231.9 16,708.3 16,304.9 97.6 3,476.4 8.9
social
25: Deuda pública 13,447.0 13,638.6 12,771.6 93.6 191.6 6.3 14,413.5 14,117.2 13,249.1 93.9 -296.3 7.5
205
Variación 2020 vs. 2019 Indicador de eficacia

Total 9,293.5 28,790.9 22,363.3 0.8 0.9
IEG (PIM) IEG (PIM)
PIA PIM Ejecución
Nivel de Gobierno 2020 2019
(1) (2) (3) (4)=(3)/(2) (5)=(3)/(2)
01: Legislativa -58.2 -63.7 -50.7 0.7 0.7
02: Relaciones exteriores 10.0 15.4 -5.1 0.9 1.0
03: Planeamiento, gestión y reserva de
3,815.6 2,873.0 644.4 0.7 0.8
contingencia
04: Defensa
32.8 209.9 337.4 1.0 0.9
y seguridad nacional
05: Orden público y seguridad 1,091.3 852.1 459.5 0.9 0.9
06: Justicia 986.4 257.8 144.6 0.9 0.9
07: Trabajo 22.3 8,692.6 8,514.0 1.0 0.9
08: Comercio 9.4 50.8 100.5 0.8 0.8
09: Turismo 45.3 471.3 420.2 0.9 0.8
10: Agropecuaria 559.9 205.5 264.8 0.7 0.7
11: Pesca -25.8 -73.4 -53.9 0.9 0.9
12: Energía 195.5 598.8 449.4 0.8 0.8
13: Minería 6.3 8.7 -0.7 0.8 0.9
14: Industria 4.5 177.3 185.5 0.9 0.9
15: Transporte 2,511.0 2,051.4 645.1 0.7 0.7
16: Comunicaciones 302.2 -935.7 -343.1 0.9 0.6
17: Ambiente 202.2 321.7 221.7 0.8 0.8
18: Saneamiento 139.0 -856.6 -578.2 0.6 0.6
19: Vivienda y desarrollo urbano 238.3 735.6 301.2 0.8 0.8
20: Salud 277.5 6,689.1 5,786.8 0.9 0.9
21: Cultura y deporte 1,846.6 -1,811.7 -1,817.7 0.7 0.8
22: Educación 699.9 1,390.6 185.8 0.9 0.9
23: Protección social 396.0 7,641.5 7,442.4 1.0 0.9
24: Previsión social 644.9 -232.4 -412.9 1.0 1.0
25: Deuda pública -966.5 -478.6 -477.5 0.9 0.9
Fuente: Congreso de la República. Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal (2021, pág. 8).
Es importante señalar que la pobreza monetaria en el Perú hacia el año 2019 estaba en el 20% y
que, a consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19, el impacto habría originado un
aumento del 10%, es decir, en 2020 los pobres en el Perú suponen un 30%.
Además, compartimos lo que señala la OCDE en su estudio Panorama de las Administraciones

públicas América Latina y el Caribe 2020, que indica que, si bien los países de América Latina han
logrado una serie de mejoras significativas en el bienestar de sus ciudadanos en las últimas dos
décadas (para el caso peruano pasamos de tener niveles de pobreza que llegaban al 52% en 1990
206
a reducirlo al 20% en el año 2019), estos logros se encuentran en riesgo y la confianza en el Gobier-
no ha disminuido.
Finalmente, estas cifras exponen las debilidades y la poca legitimidad que tiene el accionar de la
Administración pública y del proceso de modernización de la gestión pública, pues cuando proyecta
sus intervenciones en la sociedad, los ciudadanos no perciben que estas generen valor público.
4.1.9. Deficiente articulación de los actores
Para progresar en la implementación de políticas públicas, la Administración pública requiere tra-

bajar de forma sinérgica, lo que significa que se puedan establecer procesos especializados para el
desarrollo de sus actividades propias y mecanismos de coordinación y cooperación entre distintos
actores para alcanzar resultados de mayor nivel. Ello porque, como hemos aprendido, la mayoría
de los temas o materias que requieren de la intervención pública necesitan el esfuerzo articulado de
varios actores; y, si bien las instituciones, para brindar servicios de calidad o llegar mejor a la ciu-
dadanía, deben tener procedimientos sencillos, prácticos y predecibles (entre otros aspectos) que
les permitan llegar de manera directa, muchas veces alcanzar los resultados demanda que obten-
gan información de fuentes que otros sectores o actores son capaces de proveer; o también que se
despliegan esfuerzos concertados y coordinados para que esa interacción conjunta produzca el
resultado esperado.
En nuestro país, durante años se ha desarrollado una vocación de creación de instituciones espe-
cializadas, generando compartimentos aislados que despliegan su labor de manera inconexa con
los demás actores públicos. El resultado de ello ha sido la fragmentación en la forma como se
producen las intervenciones gubernamentales, afectando la coordinación interinstitucional y el de-
sarrollo coherente de políticas públicas orientadas al ciudadano.
Este problema se torna aún mayor cuando se deben abordar problemas multidimensionales o in-
tersectoriales que demandan intervenciones articuladas y concertadas, pero que, producto de la
desconexión funcional y el no alineamiento de objetivos comunes, solo logran alcanzar a desplegar
medidas individuales, débiles, de bajo impacto, corta duración, alto costo y reducida eficacia y efec-
tividad. En este extremo, podemos afirmar que no existe una visión de trabajo integral de cómo
debe orientarse la gestión pública en su proyección hacia el ciudadano.
Este tipo de falencia, del que pocos tienen consciencia, genera que las entidades no alcancen obje-
tivos sustanciales, llegándose incluso a cuestionar su existencia, dado que no cumplen con el mo-
delo teórico que inspiró su creación. Sin embargo, el problema no radica en el modelo, sino en la
desarticulación de las labores, en la falta de una visión estratégica de conjunto que produce débiles
niveles de coordinación, ausencia de objetivos y visiones compartidas y la escasez de herramientas
o mecanismos para el intercambio de información.
207
Para comprender la magnitud del problema, observemos lo que nos refiere Mayorga (2018)106:
Hoy Perú tiene 93 organizaciones públicas que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y, en
última instancia, de la Presidencia de la República y la PCM. De estas, 19 son ministerios y 74
son organismos especializados con diferentes grados de autonomía administrativa y en la ges-
tión de políticas públicas: 33 son organismos ejecutores, 35 son especializados, 4 son regulado-
res y 2 son administradoras de fondos de salud. Si a este grupo se le agregan los 44 programas
y proyectos especiales, que gozan de autonomía económica y de una importante discrecionali-
dad, y las 52 universidades públicas se alcanza las 189 entidades públicas. Esta es una enorme
cantidad de organizaciones cuyas interacciones, procesos de trabajo y políticas públicas deben
ser coordinadas y articuladas consistentemente.
Debemos agregar a esto otro factor que suele presentarse, el de la duplicidad de funciones y/o
tareas. Existen instituciones que bajo diferentes enfoques despliegan las mismas tareas, incluso
realizan acciones o intervenciones con carácter semejante pero supuestamente bajo un nivel com-
petencial distinto.
Este problema no solo se presenta a nivel interinstitucional, sino que, producto de la deficiente
gestión de conocimiento que se tiene en las entidades públicas, repercute en que se repitan las
funciones al interior de las mismas instituciones. Una forma clara de observar esto lo tenemos
cuando en una entidad, un órgano de línea (especializado en la materia), emite opinión técnica so-
bre un tema normativo de su competencia y, posteriormente, ese mismo tema debe pasar por el
refrendo y evaluación de la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad. En estos casos lo recurrente
es que ambas oficinas se pronuncien sobre la interpretación de la norma, en lugar de desarrollar
cada cual sus líneas funcionales de manera adecuada.
Otro problema es la duplicidad de instrumentos de gestión, ya que podemos encontrar documentos

que bajo concepciones diferentes también cumplen la misma finalidad. Si bien hay normas y dispo-
siciones que buscan evitar estas circunstancias, el desconocimiento de estas o la falta de capacita-
ción técnica hace que muchas veces esta situación se produzca incluso a nivel normativo, ya que se
pueden encontrar reglamentos, en diversos temas o materias, y directivas que para operativizar las
acciones replican el contenido de los reglamentos.
Otro factor, algo más complejo, pero que debe ser mencionado en lo referente al problema de la
deficiente articulación, y que en algunos casos está vinculado incluso a temas de falta de transpa-
rencia o corrupción, es el de la competencia entre actores por cuotas de poder y presupuesto. Este
es uno de los aspectos donde se han generado mayores resistencias para articular de mejor mane-
ra el Estado, ya que muchas entidades prefieren aplicar sus medidas de modo individual, bajo la
106. Cabe destacar que lo mencionado por Mayorga solo se refiere a entidades del Gobierno nacional, y aquí en esta
cuenta están considerando a los Gobiernos regionales y locales, los cuales son 1873 en promedio.
208
creencia de que así podrán destacar más su labor y ganarse el reconocimiento de la ciudadanía, lo
cual acredita un desconocimiento de que las entidades son un medio para llegar a los ciudadanos
y no un fin en sí mismo.
Esto se explica también, en parte, porque se tiene el precepto de que es más importante cumplir
con los marcos de la legalidad de manera literal y no de los resultados esperados; es decir, no se
entiende con claridad que el marco normativo que delimita las competencias y funciones de una
entidad sirve para dotarlas de capacidad para actuar, sino que se toma de forma restrictiva como
la única forma en la que les está permitido actuar.
Por otra parte está el lado presupuestal, pues se concibe que a más acciones logren desplegar,
mayores recursos se les asignarán para realizar sus labores y gozarán de mayor empoderamien-
to, lo cual suele estar vinculado a la búsqueda de ejercer un mayor gasto o control de recursos
económicos, y no siempre acreditando con toda transparencia e integridad el ejercicio de estas
actividades.
Con los aspectos expuestos, y tomando en consideración la cantidad de instituciones que forman
parte de las entidades públicas, el elemento que denunciar es la debilidad del ente rector para
poder articular esfuerzos entre las instituciones públicas. Aquí el rol de la Secretaría de Gestión
Pública de la PCM, como ente rector, en tanto se ha venido fortaleciendo a través del tiempo, aún
no ha logrado consolidar líneas bien definidas para determinar un marco de trabajo concertado y
mejor coordinado entre las instituciones gubernamentales. Si bien su papel técnico ha ido cobrando
cada vez más vigencia, aún no está claro el despliegue de esfuerzos para generar sinergias que
conduzcan a labores bien articuladas en la búsqueda de objetivos comunes.
En ese contexto, lo expuesto se ve refrendado por la SGP en el Documento de política tomo VIII:
Sistema de Modernización de la Gestión Pública (2021i), donde se destaca que un tema de la agen-
da pendiente es: “Fortalecer y reconocer a la SGP como ente rector del Sistema de Modernización
de la Gestión Pública” (pág. 12).
Además, indican que:
Se debe asegurar que la SGP cuente con los recursos necesarios (humanos, presupuestales,
tecnológicos, etc.) para promover la modernización de la gestión pública en los tres niveles de
gobierno. Asimismo, es importante reconocer su rol como ente rector y, de manera especial, el
papel que juega como punto de control administrativo para asegurar la razonabilidad de las
decisiones de las entidades públicas (pág. 12).
En consecuencia, fortalecer los niveles de articulación es indispensable para mejorar la marcha del
Estado y contar con un Sistema de Gestión Pública más efectivo, eficiente y cercano al ciudadano.
Esto lo podemos refrendar observando que, en nuestra encuesta, al hacerse la siguiente pregunta:
209
“¿Qué medidas usted implementaría para fortalecer el proceso de modernización de la gestión

pública?”, se obtuvo entre las principales respuestas el que se fortalezca la articulación interinsti-
tucional (el resultado integral se podrá observar en el anexo 7).
Finalmente, a pesar de que no forma parte de la presente investigación, la situación de la desarti-

culación de los actores se vuelve más compleja si además de las relaciones intersectoriales, se
observan las relaciones multinivel con los Gobiernos subnacionales, pues estamos hablando de 25
Gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, 1678 municipalidades distritales y 2792
municipalidades de centros poblados, conforme los datos del INEI.
4.1.10. Deficiente gestión del recurso humano
Contar con profesionales de nivel, capaces de contribuir a responder a las demandas ciudadanas
con el empleo de sus conocimientos en el ejercicio de la función pública es indispensable para la
implementación de un Sistema de Modernización de la Gestión Pública que se desempeñe de ma-
nera adecuada. Por ello se requiere contar con sistemas que salvaguarden un enfoque profesional,
meritocrático y bien remunerado, que promueva mantener y reclutar a los mejores cuadros entre
sus filas.
En el Perú se estima que hay alrededor de 560 000 servidores públicos que laboran en aproxima-
damente 2000 entidades públicas (de nivel nacional, regional y local) bajo 3 tipos de regímenes
laborales107:
1. El regulado por el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Re-
muneraciones del Sector Público.
2. El regulado por el Decreto Legislativo 728, Ley de Promoción del Empleo.
3. El regulado por el Decreto Legislativo 1057, decreto legislativo que regula el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Dentro de estos regímenes no hay procesos de ascensos ni mejoras económicas, todo ello quedó
congelado hace varias décadas y no hay una estructura de líneas de carrera, fortalecimiento de
capacidades, ni gestión del desempeño.
A pesar de ello, desde 2006 hasta 2014, según información reportada por SERVIR, ha habido un
crecimiento de aproximadamente 40 000 personas que se incorporaron al sector público cada año,
siendo la mayoría contratados a través del régimen CAS; sin embargo, este régimen tenía como
107. Cabe precisar que, aparte de este grupo, existen cerca de 840 000 que no pertenecen a este sistema, sino a carreras
especiales (como profesionales de la salud, profesores, miembros de las fuerzas armadas y policía nacional, diplomáti-
cos y jueces, entre otros).
210
objetivo servir solo para la contratación temporal de personal, por lo que no contempla mecanis-
mos meritocráticos para el desarrollo de líneas de carrera, ni mejoras salariales o beneficios labo-
rales de manera integral. Otro factor es que los contratos CAS solo tienen vigencia hasta el último
día de cada año fiscal, es decir, hasta el 31 de diciembre de cada año, tras lo cual deben generarse
adendas para ampliarse el plazo o se puede concluir el vínculo.
Esta diversidad de regímenes, según información de SERVIR que recoge un estudio de la OCDE
sobre gobernanza pública (2016), ha provocado que existan en más de 500 reglamentos de empleo
público y más de 400 criterios para el establecimiento de escalas salariales y cuadros de puestos,
no estando estos homogeneizados.
Esta situación de desorden se entiende porque en nuestro país la gestión del capital humano del
sector público ha sido muchas veces postergado, o se ha manejado de manera incompleta o ambi-
valente. Tal es el caso que el último proceso que se viene ejecutando se inició en julio de 2013, con
la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), a través de la cual se ha buscado crear un régimen único y
exclusivo para los trabajadores del Estado, y sustituir a los regímenes antes mencionados. Sin em-
bargo, durante este tiempo ninguna institución pública ha logrado cumplir con el proceso de ade-
cuación que la ley planteó. Como una medida para remediarlo, mediante el Decreto Supremo 091-
2021-PCM se han establecido el ámbito, las fases y el cronograma para impulsar el tránsito de los
servidores civiles al régimen del servicio civil, Ley 30057, en las entidades del sector público. Con
esta norma se ha buscado reducir los plazos de adecuación a este régimen y hacerlo viable.
Otra distorsión que existe en el sistema de recursos humanos en el sector público es que hay mu-
chas personas que realizan un trabajo personal, subordinado y remunerado, pero no tienen dere-
chos laborales, se les contrata como proveedores de servicios, y no en planilla, como corresponde-
ría. Así, SERVIR, en su estudio denominado El reto de la formalidad en el sector público peruano
(2017), señala que son unas ciento cincuenta mil personas las que trabajarían en situación de infor-
malidad dentro del propio Estado, lo que representa un 11% del total que están al servicio del Es-
tado. La mayor tasa de informalidad laboral se produciría en los Gobiernos locales (26%), luego en
el Gobierno nacional (13%) y, finalmente, en los Gobiernos regionales (6%). La misma autoridad,
SERVIR, señala que la informalidad laboral en el sector público es menor que la del sector privado,
que llega a un 55%.
Esta pluralidad de regímenes y espacios de informalidad laboral genera también un clima laboral
bastante complejo y difícil de incentivar por la inestabilidad, diferencia remunerativa, etc. Este tipo
de informalidad laboral es una grieta por donde penetra el modelo clientelar.
Ahora bien, un ejemplo que nos permite visualizar el escaso nivel de avance en esta materia lo apre-
ciamos en los resultados de nuestra encuesta realizada para la presente investigación a más de
sesenta profesionales de nivel de tomadores de decisiones, como jefes de entidad o cargos directi-
vos y expertos consultores, donde a la pregunta formulada sobre los pilares de la modernización de
211
la gestión pública: “¿Cuál considera usted que ha tenido el mayor avance?”, el servicio civil merito-
crático ocupó el último lugar con apenas un 6,45%. El resultado integral de la consulta formulada
se muestra a continuación:
Figura 12.
De los pilares mencionados anteriormente, ¿cuál considera usted que ha tenido mayor avance en
los últimos 10 años?
62 respuestas
Políticas públicas,
planes estratégicos (35,49%) 22
y operativos
Presupuesto
(24,19%) 15
para resultados
Gestión por procesos,
simplificación (22,58%) 14
administrativa…
Servicio civil
meritocrático
(6,45%) 4
Sistema de información,
(11,29%) 7
seguimiento, monitoreo…
0 5 10 15 20 25
Entre los factores que intervienen para impedir el desarrollo de este régimen, tenemos que no ha
existido una visión política que impulse el proceso de manera uniforme; tampoco se le ha dado a
este proceso la relevancia o importancia que técnicamente se consideraría que debe tener. Esto se
puede evidenciar con los resultados de nuestra encuesta realizada para la presente investigación a
más de sesenta profesionales de nivel de tomadores de decisiones como jefes de entidad o cargos
directivos y expertos consultores, a quienes se les pidió su opinión sobre la importancia de los
pilares de la modernización de la gestión pública, situación donde el servicio civil meritocrático es
considerado uno de ellos; sin embargo, este pilar ocupó apenas el cuarto nivel de importancia con
un 30,65% entre cinco posibles, estando apenas por encima del sistema de información, que obtu-
vo el 29,30%.
A continuación se muestra el resultado completo a la pregunta formulada:
212
Figura 13.
A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los pilares de la modernización de la gestión
pública?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Políticas públicas Gestión por procesos Sistema de información
Presupuesto Servicio civil

para resultados meritocrático
PRIMER PILAR SEGUNDO PILAR TERCER PILAR
CUARTO PILAR QUINTO PILAR
Primer pilar Tercer pilar
Políticas públicas 39 62,90% Políticas públicas 5 8,06%
Presupuesto para resultados 4 6,45% Presupuesto para resultados 20 32,26%
Gestión por procesos 4 6,45% Gestión por procesos 26 41,94%
Servicio civil meritocrático 10 16,13% Servicio civil meritocrático 7 11,29%
Sistema de información 5 8,07% Sistema de información 4 6,45%
Segundo pilar Cuarto pilar
213
Quinto pilar
Políticas públicas: 6 9,68%
Presupuesto para resultados 11 17,74%
Gestión por procesos 4 6,45%
Servicio civil meritocrático 12 19,36%
Sistema de información 29 46,77%
Otro aspecto interviniente es la alta rotación de funcionarios que toman las decisiones en la mate-
ria. Esto último es una característica del ejercicio de la función pública y del servicio en nuestro
país, ya que la alta rotación se da en todos los niveles y ha producido que los profesionales que
laboran en el Estado no solo no tengan continuidad, sino que no haya un proceso de adecuación
idóneo para los puestos que ocupan, ni que tengan el tiempo suficiente para lograr impulsar medi-
das de orden normativo o político e implementarlas de manera completa, puesto que lo normal es
que durante el proceso se produzcan los cambios.
Como muestra de ello, hay que ver la tabla que Ugarte, Rivero y Bautista (2020) desarrollan sobre
la permanencia de titulares de entidades públicas en el periodo 2006-2020; y si bien esto se orien-
ta para mostrar la rotación en los niveles de los tomadores de decisiones, expone con claridad la
frecuencia de tal situación y la volatilidad que hoy representa en el Perú asumir un espacio deli-
berativo.
Tabla 30.
Permanencia del titular en el periodo 2006-2020 (cálculo en meses)
Permanencia (en meses) Kuczynski-

Alan García Ollanta Humala Vizcarra
Puesto (2006-2011) (2011-2016)
(2016-2021)
Ministro/a de Economía y Finanzas 12 30 9
Presidente/a del Consejo de Ministros 12 8 8
Director/a general de Presupuesto Público 22 30 17
Presidente ejecutivo en CEPLAN (2008+) 36 16 48
Presidente ejecutivo de SERVIR 17 15 26
Secretario/a general de la PCM 12 9 6
Presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN 11 15 9
CENEPRED (2011+) - 15 24
214
Permanencia (en meses) Kuczynski-

Alan García Ollanta Humala Vizcarra
Puesto (2006-2011) (2011-2016)
(2016-2021)
INDECI 41 61 10
Viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM (2017+) 0 0 9
Como se aprecia, el nivel de rotación es continuo, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)
no escapa de esta situación. Si proyectamos un cálculo siguiendo las cifras que nos expone el cua-
dro, encontraremos que esta entidad, entre 2006 y 2020, ha tenido alrededor de 10 titulares de
entidad, por lo que desarrollar acciones o medidas a medio y largo plazo sobre las cuales se ejerza
una verificación de su cumplimiento e implementación es poco viable.
Además, estos niveles de rotación hacen que sea complejo producir alianzas importantes, ya que
cada nuevo titular adopta sus propias medidas y trae sus nuevos enfoques para intentar impulsar
su agenda de trabajo.
Este elevado nivel de rotación trasciende a los tomadores de decisiones, y suele repercutir en equi-
pos completos, siendo eso posible debido a que la temporalidad de los contratos CAS faculta el
poder realizar en gran medida estos cambios; además, se suele emplear para cargos de confianza
la contratación mediante el régimen regulado por el Decreto Legislativo 728, el cual permite que el
vínculo para cargos de confianza se pueda extinguir en cualquier momento sin expresión de causa.
Otro factor es que la transición hacia el régimen de SERVIR no es obligatoria, sino voluntaria, por lo
que los servidores públicos pueden rehusarse a pasar por los procesos de cambio y conservarán
los derechos y beneficios que sus actuales regímenes les confieren.
También debe considerarse la existencia de otros actores que se oponen al surgimiento de un solo
sistema de carrera pública, algunos por sus altos niveles de especialización o necesidad de autono-
mía como los organismos constitucionalmente autónomos (Banco Central de Reserva, Superinten-
dencia de Banca y Seguros, etc.) o las entidades reguladoras. A ellos se suman otro tipo de entida-
des que no tienen interés en ingresar a un sistema único de carrera por cuestiones de orden político
o presión de los sindicatos.
En términos generales, estas entidades son islas que manejan sus propios marcos de ascenso,
sueldos, capacitaciones y demás beneficios, de manera desproporcionada y desigual, si se compa-
ran con el promedio de las entidades públicas, generando en algunos casos distorsiones, ya que no
necesariamente responden a criterios equitativos, meritocráticos y con perfiles de puestos que
justifiquen adecuadamente las escalas salariales que poseen.
215
Respecto al fortalecimiento de capacidades en las instituciones públicas, un aspecto importante es

la carencia de un marco uniforme para este. Si bien la mayoría de las entidades trabajan el tema,
no hay criterios uniformes para su desarrollo, y tampoco se ejecuta sobre la totalidad de los traba-
jadores.
Otra característica, en términos generales, es que las actividades de fortalecimiento de capacida-

des se han limitado al desarrollo de cursos o, en el mejor de los casos, algunos diplomados que se
desarrollan mediante convenio con instituciones de educación superior, pero sin la existencia de un
marco de evaluación de la calidad del conocimiento que se imparte.
4.1.11. Frondosa, compleja e inconexa normatividad
Nuestro país es uno de los más prolíficos en la elaboración de leyes y normas de todo tipo. En la
actualidad, solo a nivel del Congreso tenemos más de 31 300 leyes aprobadas, el problema redun-
da en la eficacia, pertinencia, capacidad de implementación y calidad de estas. Ello atendiendo a
que muchas de estas leyes solo tienen carácter declarativo, es decir, son creadas para señalar que
un tema es importante o relevante, pero que no tienen aplicación práctica alguna.
A nivel del Poder Ejecutivo, el tema es igual de complejo, y se producen múltiples normas de diver-
so tipo: decretos legislativos (tienen rango de ley por facultades delegadas al Poder Ejecutivo, solo
de julio de 2016 a marzo de 2018 se emitieron más de doscientos), decretos supremos, resolucio-
nes ministeriales, viceministeriales y resoluciones jefaturarles, entre otras, que buscan atender el
interés que tiene cada sector o entidad pública de regular un problema en el momento, pero que no
apuntan a construir soluciones de conjunto y a largo plazo.
Si a esto le sumamos el nivel de desarticulación o desconexión que se ha mencionado anteriormente

que existe de manera reiterada en nuestro país, tenemos una abrumadora producción de normas que
en la mayoría de los casos duplican temas, sobrerregulan situaciones, generan mayores barreras
burocráticas, interfieren unas sobre otras y complejizan el despliegue de la acción gubernamental.
Como respuesta a este problema se han aprobado medidas de Análisis de Calidad Regulatoria
(ACR), las cuales surgen en el marco de la simplificación administrativa para que se ayude a gene-
rar dispositivos de mejor nivel. Se aplica a todas las disposiciones normativas de carácter general
con excepción de las normas con rango de ley.
Sin embargo, las medidas de ACR solo son aplicadas a normas que establezcan procedimientos
administrativos, buscando así, tal como se señala en la propia página web de la SGP (2022): “Iden-
tificar, reducir y o eliminar aquellas disposiciones que resulten innecesarias, injustificadas, despro-
porcionadas, redundantes o que no se encuentra en adecuadas a la ley de procedimiento adminis-
trativo general u otras leyes en la materia”.
216
En consecuencia, resulta evidente que aún existe un amplio camino por recorrer para ordenar la
normatividad nacional de manera integral, y si bien en el Ministerio de Justicia se realizan labo-
res de depuración normativa desde hace varios años, estas todavía no concluyen o alcanzan un
resultado más palpable, por lo que es importante terminar de definir las normas que realmente
son necesarias para darle impulso a la Administración pública, las que dotan de contenido a las
diversas materias del quehacer gubernamental y estatal en su conjunto, las del quehacer social
en todos los campos de la vida humana, las que regulan derechos de todo tipo e índole, las que
establecen procedimientos y procesos para regular actuaciones y relaciones jurídicas relevan-
tes, etc.
Es interesante señalar que el mismo Congreso cuenta con una Comisión Especial para eliminar
una serie de normas que han caído en desuso o que se han derogado tácitamente.
Ahora bien, a modo de ejemplo podemos ver la compilación normativa que hemos presentado en
esta investigación, cuya comprensión, ordenamiento y, más aún, la puesta en marcha por el opera-
dor público resulta por lo menos compleja.
A modo ilustrativo, hablamos de la modernización de la gestión pública, del proceso en sí mismo,

de su política y del sistema. A ello se suman las normas organizacionales del ente rector, y las
normas que regulan los medios del sistema, los pilares y los ejes de la Política de Modernización,
cada uno de los cuales tiene subniveles de desarrollo legal e instrumental.
4.1.12. Aprobación de la actualización de la PNMGP
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública constituye el instrumento que expone

la visión, objetivos y líneas hacia donde se orienta justamente el proceso de modernización de la
gestión pública, valga la redundancia. Además, se disponen las líneas de acción que desplegará el
Estado para ser más eficiente, eficaz y oportuno en su proyección a la ciudadanía.
Esta política estableció la existencia de pilares y ejes transversales para su implementación, estos
son:
Pilares
• Primer pilar: políticas públicas, planes estratégicos y operativos.

• Segundo pilar: presupuesto para resultados.
• Tercer pilar: gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional.
• Cuarto pilar: servicio civil meritocrático.
• Quinto pilar: gestión del cambio.
217
Ejes transversales
• Gobierno abierto.
• Gobierno electrónico.
• Articulación interinstitucional.
A través de estos pilares y ejes en los últimos años se han proyectado tanto los aciertos como los
desaciertos en la gestión pública del Estado; además, ellos han inspirado la aplicación de enfoques,
técnicas, procedimientos y demás medidas que hemos venido presentando y describiendo.
Adicionalmente, han pasado casi nueve años desde su promulgación, y si bien las políticas no se
constituyen para tener un derrotero exacto de tiempo de vigencia, como en el caso de los planes, sí
resulta pertinente que se haga la evaluación de aquello que se ha logrado, aquello en lo que todavía
hay dificultades, como lo que se demostró en el presente diagnóstico, y se ejecuten medidas actua-
lizadas para que esta conducción política alcance los resultados deseados.
Es trascendente señalar que la evaluación y actualización es, para muchos, la fase más importante
del proceso de las políticas públicas, incluso más que la implementación. Por ello es relevante que
nuestra Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública sea actualizada, a fin de que pue-
da responder, de forma realista y con objetivos más claros, a las demandas y expectativas que la
ciudadanía tiene, sobre la manera en la que esperan que la Administración pública responda a sus
necesidades.
Conforme señala la propia Secretaría de Gestión Pública en su Documento de política, tomo VIII,
sobre el Sistema de Modernización de la Gestión Pública. Avances y agenda futura, entre diciembre
del año 2020 y febrero del año 2021, ellos han conducido un proceso colaborativo para el diseño y
formulación de la actualización de la PNMGP rumbo al año 2030, documento que a julio de 2021
no ha sido aprobado. La SGP considera que esta aprobación es clave, pues permitirá establecer los
principales objetivos, lineamientos y acciones que orientarán el proceso de modernización de la
gestión pública en 2030.
4.2. ASPECTOS QUE IMPACTAN EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
4.2.1. Lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción es el principal problema que aqueja al Estado peruano y afecta el
buen desenvolvimiento de la gestión pública. Cada año el país pierde millones de soles a causa de
la corrupción, así la CGR (2020) señala que en el año 2019 a causa de la corrupción y la inconducta
218
funcional se habrían perdido aproximadamente veintitrés mil millones de soles, lo que significa
aproximadamente el 15% del presupuesto público ejecutado.
Esto se pone de manifiesto también a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), que en su documento Perú: percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y con-
fianza en las instituciones, semestre octubre 2019-marzo 2020, nos señala que:
La corrupción y la delincuencia son los principales problemas que vive el país. En efecto, más
del sesenta por ciento de la población (60,6%) coloca a la corrupción como la principal preocu-
pación. Seguido por la delincuencia (41,8%). Los datos sugieren que la corrupción percibida por
la población como principal problema del país es aquella vinculada al poder político, como el
tráfico de influencias, cobro de porcentajes sobre contratos y licitaciones, malversaciones, des-
cuentos compulsivos, etc., que requieren instrumentos de medición, distintos al de una encues-
ta de hogares (INEI, 2020, pág. 3).
Esto afecta directamente al desarrollo de actividades, la prestación de bienes y servicios, así como
de obras que deberían realizarse a favor de la ciudadanía. Además, la corrupción, al extender sus
tentáculos, repercute en la institucionalidad del Estado, minando la credibilidad de la Administra-
ción pública, y busca hacer menos transparente el desempeño de la acción gubernamental.
En ese orden de ideas, el mismo documento del INEI (2020) refleja, respecto de la confianza en las
instituciones, que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con un 55,1%, es la
única entidad pública confiable, seguida por una entidad de la sociedad civil como la Iglesia católica
con un 46,4%, y estas son las que logran superar el umbral de confianza establecido en el estudio,
mientras que el ranking de las instituciones no confiables es liderado por los partidos políticos con
un 93,1% de tasa de desconfianza, seguido por el Congreso de la República, Gobierno regional, Po-
der Judicial, Procuraduría Anticorrupción, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Municipalidad
Provincial, Contraloría General de la República, prensa escrita (instancia de la sociedad civil que
aparece en este rubro), Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, Municipalidad Distrital, Jurado
Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, SUNAT y Defensoría del Pueblo,
entre otros.
Resulta interesante ver cómo estos niveles de desconfianza se manifiestan en los actores públicos
de representación, los cuales forman parte (desde una perspectiva amplia) del sistema de lucha
contra la corrupción, y en otro grupo de los niveles subnacionales que tratan de forma directa con
los ciudadanos, como los Gobiernos regionales y municipios provinciales y distritales. Incluso en
quienes deben defender a los ciudadanos de la burocracia, como la Defensoría del Pueblo, los nive-
les de desconfianza son muy altos.
Como se ha explicado antes, el tema de la lucha contra la corrupción ha estado a lo largo de las
últimas décadas presente, de manera constante, en la agenda pública, y nos hemos constituido
219
como uno de los países con la más frondosa normatividad en la materia. También creamos instru-
mentos de política para combatirla, sin embargo, no han dado mayores resultados.
Empezando por las normas, donde encontramos aquellas que tienen la intención de prevenir la
corrupción, pero que no se aplican, pasando por las medidas de control, que no se desarrollan de
forma continua, y las normas de sanción, que son poco eficaces. Los resultados de estas labores
son infructuosos y la corrupción gana cada vez más terreno.
Así tenemos, como constante en la gestión pública del Estado, una fuerte desconexión entre las
medidas y acciones que se adoptan. Ello pasa por una débil construcción de las líneas de preven-
ción que no cuentan con un enfoque completo sobre el fenómeno, hasta llegar a un divorcio con los
marcos de control y sanción que el Estado realiza. Solo a modo de ejemplo, en nuestro país apenas
el 1% de los casos de personas recluidas en penales del Estado corresponde a delitos de corrup-
ción.
Con los instrumentos de gestión política ocurre lo mismo, se tiene todo el marco para trabajar en
la materia, pero su nivel de implementación es muy pobre. Esto puede explicarse, en parte, porque
el sistema anticorrupción aún está en desarrollo. Así, advertimos la falta de institucionalidad del
sistema y de sus mecanismos de coordinación. Tampoco existe un modelo metodológico que per-
mita trabajar de manera uniforme y estructurada este fenómeno, ni objetivos claros que alcanzar.
De esta manera, tal como señala la Defensoría del Pueblo en su reporte de la corrupción en el Perú,
El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y desafíos (2017):
El tema anticorrupción presenta, al menos, tres conjuntos de problemas de coordinación: 1) hay

un problema de coordinación entre instituciones, puesto que pocas de ellas han desarrollado
oficinas, espacios o mecanismos para la coordinación interinstitucional entre las partes del
subsistema; 2) las unidades de coordinación subnacional cumplen, sobre todo, una función in-
trainstitucional; y, 3) la coordinación central del sistema (la CAN anticorrupción) tiene algunas
limitaciones claras: a nivel interno, la coordinación institucional cambia cada 2 años, lo que
genera cierta inestabilidad (OCDE, 2017); los miembros se reúnen dos veces al año y tienen la
obligación de emitir un plan cada 4 años. Se trata de reuniones formales, pero estas no siempre
se traducen en mecanismos regulares de coordinación (pág. 13).
Por otra parte, un elemento que incide de manera directa es nuevamente la deficiente gestión del
conocimiento, ya que no se cuenta con criterios uniformes ni estandarizados para la generación de
información y estadística en la materia. En este aspecto, muchas instituciones que abordan la ma-
teria desarrollan sus propios mecanismos de análisis, pero al no existir interconexión de informa-
ción, esta no presenta una visión integral de lo que realmente está ocurriendo.
220
Al igual que el Sistema de Modernización de la Gestión del Estado, el Sistema Anticorrupción, el

ente rector, constituido por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, es aún bastante débil
respecto a su capacidad de ser visto como un elemento referente e institucionalizado que sea apto
para conducir u orientar los objetivos del sistema. A esto debe añadirse que la mayoría de los acto-
res del sistema no cumplen su rol a cabalidad o lo realizan de manera parcial.
En este punto cabe destacar que, en cuanto al nivel de implementación de las Oficinas de Integri-
dad Institucional en las entidades públicas, si bien se ha avanzado en su instalación, poco han podi-
do lograr estas en la ejecución de sus labores. No debe olvidarse que las citadas oficinas muchas
veces pueden compartir sus labores con las Oficinas de Recursos Humanos, o ser constituidas
solamente como equipos de trabajo permanentes al interior del despacho de la máxima autoridad
administrativa de una entidad, con lo cual se ponen de manifiesto las limitaciones que existen para
que estas cumplan su papel de manera autónoma y cabal.
Resulta clave fortalecer las labores del Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción, pues
su débil nivel de actuación genera que se considere la corrupción como la principal limitante para
el eficiente desempeño de la gestión pública en el Perú. Ello se puede observar en la respuesta
dada en nuestra encuesta, donde a la pregunta sobre las tres limitantes más importantes que evi-
tan lograr una gestión pública eficiente y eficaz se señaló, en un 27,62%, que la corrupción era la
principal limitante. Los resultados integrales los presentamos a continuación.
221
Figura 14.
¿Cuáles considera usted que son las tres (3) limitantes más importantes que evitan lograr una
gestión pública eficaz y eficiente?
62 respuestas
Corrupción (27,62%) 50
Capital humano
(23,76%) 43
poco capacitado
Falta de
voluntad política (18,78%) 34
Poca claridad
en los procesos (6,63%) 12
Objetivos y resultados
(8,29%) 15
pocos definidos
Limitado uso de las TIC (8,29%) 15
Carencia de innovación (6,63%) 12
0 10 20 30 40 50
Siguiendo esta línea de análisis, los funcionarios y expertos encuestados, a la pregunta “¿Considera
usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción está bien estructurado en nuestro
país?”, respondieron con un contundente “No” en un 91,94%; y al preguntarles el porqué de su res-
puesta, señalaron principalmente que se debía a que: “Las acciones son dispersas y entorpecen la
gestión”, “Esta politizado y es poco transparente”, “Hay mucha impunidad” y “Mala articulación del
sistema”, entre otros aspectos (los resultados integrales se pueden observar en el anexo 7).
222
Figura 15.
¿Considera usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción está bien
estructurado en nuestro país?
62 respuestas
Sí (8,06%) 5
No (91,94%) 57
0 10 20 30 40 50 60
Estos resultados son consistentes cuando a los encuestados se les consulta “¿Cree usted que el
Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha contribuido a la reducción de la corrupción
en nuestro país?”, teniéndose como respuesta, de igual manera, un amplio “No” con un 82,26%.
Figura 16.
¿Cree usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha contribuido a la
reducción de la corrupción en nuestro país?
62 respuestas
Sí (17,74%) 11
No (82,26%) 51
0 10 20 30 40 50 60
223
A esto debería agregarse que es necesario fortalecer a nivel social y educativo el desarrollo de una
escala de valores más robusta. En parte, el problema por el que la corrupción se ha fortalecido
tanto es debido a que la sociedad peruana ha aceptado que existan conductas corruptas como algo
normal en el desarrollo de la actividad gubernamental. Esto resulta preocupante, pues los niveles
de tolerancia a este tipo de actitudes no solo fomentan la impunidad, sino que los corruptos y co-
rruptores actúen con mayor grado de intensidad, ya que son conscientes de que sus actos general-
mente no serán reprimidos.
Finalmente, es necesario que las líneas de trabajo en materia de prevención se fortalezcan de ma-
nera sustancial, así como que las medidas de sanción sean más efectivas. Cabe precisar que tam-
bién se requiere una profunda compenetración y mayor nivel de articulación entre los aspectos de
prevención, control y sanción para que el sistema pueda producir resultados concretos.
4.2.2. Transparencia y acceso a la información pública
Desde hace muchos años, el discurso político ha señalado la transparencia como un aspecto cen-
tral para el fortalecimiento de la gestión del Estado. Siempre se ofrece fortalecer las medidas para
facilitar a la ciudadanía la información de lo que se está haciendo en la Administración pública. La
parte que no se menciona es que esta no es una medida que responda solamente a un enfoque
coyuntural, sino que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución Política.
Es así que el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución señala que:
Toda persona tiene derecho:

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad
pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones
que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyen por ley o por razones de
seguridad nacional.
Para operativizar la aplicación de este derecho tenemos la Ley 27806 de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, donde se establecen los procedimientos y formas en las cuales se pue-
de solicitar la información, los plazos en los que las entidades deben responder, los medios y
formas para hacerlo y los niveles de información que existen, así como la naturaleza de la infor-
mación cuando se trate de secreta o confidencial, entre otros aspectos. Adicionalmente, tene-
mos la Ley 26300 de Derechos de Participación y Control Ciudadano y otros dispositivos que
regulan la materia.
Sin embargo, en la práctica la entrega es mayoritariamente insuficiente, esto teniendo por premisa
el concepto de que la OCDE le da a la materia: “Transparencia se entiende como la divulgación de
224
información y datos gubernamentales relevantes de manera oportuna, accesible, comprensible y

reutilizable”.
Conforme a información emitida por el ANTAIP (2020), sobre las solicitudes de acceso a la infor-
mación pública atendidas y no atendidas por entidades obligadas, se señala que el 98,1% de las
solicitudes recibidas por las entidades públicas que brindaron información han sido atendidas.
Sin embargo, es importante considerar que esta información no suele ser otorgada dentro de los
plazos establecidos, con la suficiencia o calidad adecuada, ni se responde de manera integral a lo
solicitado, ya que muchas veces la respuesta se da, simplemente, mediante un documento donde
se menciona que la información solicitada está en proceso de construcción, o que no se tiene.
Además, no existe ningún tipo de medida que le asigne responsabilidad específica y realmente
aplicable a los funcionarios o servidores por la calidad de la respuesta que se da.
Sin embargo, es importante tener en cuenta un caso distinto, pues cuando los ciudadanos solicitan
cierto tipo de información que va más allá de las capacidades, funciones y competencias de los
trabajadores públicos, se procede a responder en dichos términos.
Ahora bien, lo recurrente es que en el Estado peruano no se produce información de calidad y, por
ende, no se cumple con transparentar adecuadamente las acciones que se desarrollan en la Admi-
nistración pública.
Esto lo podemos confirmar con lo señalado en nuestra encuesta realizada para la presente inves-
tigación. Se preguntó “¿Piensa usted que la gestión pública en el Perú se desarrolla de forma trans-
parente?”, y la respuesta de los expertos, servidores y funcionarios públicos fue un abrumador “No”
con un 85,46%. El resultado integral de la consulta formulada se muestra a continuación:
225
Figura 17.
¿Piensa usted que la gestión pública en el Perú se desarrolla de forma transparente?
62 respuestas
Sí (14,52%) 9
No (85,48%) 53
0 10 20 30 40 50 60
Mas grave aún es que, al solicitarles a estos expertos, servidores y funcionarios públicos sustentar
su respuesta, encontramos que las respuestas se orientaban a identificar que el Estado no es
transparente debido a la fuerte afectación que genera la corrupción en el sistema gubernamental.
Además, también opinaron que no se cuenta con un sistema sólido para trabajar la materia y la
poca disposición de las entidades a exponer su información. El resultado integral se podrá observar
en el anexo 7 de la presente investigación.
Adicionalmente, cuando se le consultó a los mismos encuestados que indicaran dentro de una lista
cerrada de temas “¿Cuáles son los factores que interfieren para el ejercicio transparente de la
gestión pública?”, el 27,43% señaló la corrupción como la principal causa y el 18,86% la falta de
voluntad política como la segunda, con un 18,86%. El resultado integral de la consulta formulada
se muestra a continuación:
226
Figura 18.
Según usted, ¿cuáles son los factores que interfieren para el ejercicio transparente de la gestión
pública?
62 respuestas
Carencia
(14,28%) 25
de valores
Falta de
voluntad política
(18,86%) 33
Poca claridad (11,43%) 20

de los procesos
Sobrerregulación
(14,86%) 26
normativa
Limitado uso
de las TIC
(11,43%) 20
Otros (1,71%) 3
0 10 20 30 40 50
Analizando estos aspectos, es evidente que, tal como se entiende en la doctrina, el factor integri-
dad es un elemento trascendente para el desarrollo de la transparencia pública, entendiendo esta,
tal como lo refiere la OCDE (2017), como la alineación constante y el cumplimiento de valores,
principios y normas éticos compartidos para defender y priorizar el interés público sobre los intere-
ses privados.
Una vez más se pone en evidencia cómo la transparencia y el acceso a la información pública son
claves para la lucha contra la corrupción.
Además, si bien la presente investigación se centra en la transparencia, como ya hemos explicado en

el capítulo II, esta supone un elemento del Gobierno abierto, al igual que la rendición de cuentas,
constituyendo también una responsabilidad y deber de los Gobiernos y autoridades que obligan a
brindar información idónea, suficiente, clara y pertinente sobre sus acciones y decisiones.
Todos pues debemos someternos a la ley, lo cual incluye a las autoridades y los funcionarios públi-
cos. El ejercicio del poder y su capacidad discrecional en la toma de decisiones públicas está regu-
lado y los ciudadanos tienen el derecho de saber qué y por qué se decide, así como a pedir dicha
información, mientras que el Estado tiene la obligación de mostrarla o darla a conocer.
227
Cuando se muestra la información al público, se disminuye el riesgo de que algunos actores priori-
cen su beneficio o interés en los procesos de toma de decisión institucional o en el proceso de las
políticas públicas, cuyo centro debe ser siempre decidir aquello que favorezca a los ciudadanos y
no a un sector o grupo de interés de forma exclusiva o por razones indebidas (coimas).
Al respecto, es importante mencionar que las entidades públicas tienen por costumbre presentar
cada año la memoria de sus labores realizadas, mostrando de manera general los avances en el
cumplimiento de objetivos institucionales; sin embargo, no se suele presentar, al nivel esperado,
información detallada sobre las dificultades que los aquejan, metas incumplidas o por qué no se
ejecuta adecuadamente su gasto.
El aspecto que destacar es que algunas entidades consideran que ese tipo de presentación docu-
mental anual constituye un hecho de transparencia suficiente; no obstante, no siempre se tiene una
rutina de presentar información actualizada a través de reportes, notas o simplemente colgarlo en
sus propias páginas web, por lo que ahí se aprecia una deficiencia constante que encuentra susten-
to y causalidad en lo antes mencionado por los encuestados.
Es importante anotar esta situación, puesto que al no presentar las instituciones públicas sus ci-
fras, acciones, medidas y niveles de gasto, entre otros aspectos, también se entiende que dejan de
cumplir con su rol de transparentar la gestión, siendo ello un incumplimiento directo del derecho
que asiste a los ciudadanos de conocer lo que el Estado realiza y cómo lo realiza para mejorar sus
condiciones de vida y protección de sus derechos fundamentales.
Ahora bien, hemos considerado importante mostrar una herramienta como los Portales de Trans-
parencia Estándar del Estado (PTE), que son una manifestación de la transparencia activa en tanto
el Estado pone de manifiesto una serie de datos e información para con la ciudadanía y que sirven
para controlar, fiscalizar e investigar respecto de la actuación de los servidores o funcionarios pú-
blicos y de las entidades en sí mismas.
Estos PTE se crean en el año 2003 con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Y nos permiten tener acceso a diversos rubros de información como: datos generales de la entidad,
planeamiento y organización, presupuesto, proyectos de inversión pública e infobras, participación
ciudadana, personal, contratación de bienes y servicios, actividades oficiales, acceso a la informa-
ción y registro de visitas.
228
Figura 19.
Contenido estándar del Portal de Transparencia del Estado
Ver administradores de la información
Datos Planeamiento y Presupuesto Proyectos de Participación Personal Contratación de Actividades Acceso a la Registro de Información
generales organización inversión e Infobras ciudadana bienes y servicios oficiales información visitas focalizada
Fuente: tomado del Portal de Transparencia del Estado.
Un tema sustancial para discutir es la calidad de la información que se cuelga en el portal y la ca-
pacidad de procesamiento de la ciudadanía respecto de ella.
En ese orden de ideas, la ANTAIP (2020), en su reporte sobre la Supervisión a los Portales de Trans-
parencia Estándar de las entidades de la Administración pública, señala que tiene como objetivo su
supervisión, la verificación y el cumplimiento de la actualización de información en los PTE de las
entidades de la Administración pública. Así, se han supervisado 300 PTE con la finalidad de identi-
ficar el estado de su implementación y actualización.
Tabla 31.
Entidades supervisadas
Entidad Total
Poder Legislativo: Congreso de la República 1
Poder Judicial 1
AMAG 1
Cortes Superiores de Justicia 34
Poder Ejecutivo: despacho presidencial 1
Poder Ejecutivo: ministerios 19
Poder Ejecuivo: organismos públicos reguladores 4
Organismos públicos y organismos públicos descentralizados 70
Programas y proyectos especiales 60
Gobiernos regionales 25
Municipalidades provinciales capitales de departamento 25
Organismos constitucionales autónomos 10
Universidades 49
Total general 300
Fuente: tomado de ANTAIP (2020, pág. 9).
229
La supervisión que se hace califica dos componentes:
• Cumplimiento: si la entidad publicó la información o un aviso de sinceramiento vigente.

• Incumplimiento: si la entidad no publicó la información o un aviso de sinceramiento vigente.
Esto resulta insuficiente en términos de medir y conocer si realmente la información es la correcta,

de calidad y, sobre todo, que contribuya a verificar si se logra el fin último de un proceso de moder-
nización que es crear valor público.
Además de lo básico de la supervisión, tenemos que el reporte señala los siguientes resultados
(para conocer más información, ver anexo 8):
En 2019, se observa un nivel de cumplimiento del 62%; mientras que, en el primer semestre de
2020, se registra un nivel de cumplimiento del 61%. Manteniendo un promedio similar al obte-
nido en 2018, con 62%.
De acuerdo con el gráfico (figura 20 de nivel de cumplimento de entidades), los menores niveles
de cumplimiento en la difusión de información lo obtuvieron, en ambos periodos, las Cortes
Superiores de Justicia (2019: 25% y 2020-I: 24%), las universidades (2019: 43% y 2020-I: 41%)
y la AMAG (2019: 51% y 2020-I: 42%).
Por su parte, las entidades que obtuvieron los mayores niveles de cumplimiento fueron, en
ambos periodos, el Despacho Presidencial (2019 y 2020-I: 100%), los ministerios (2019: 96% y
2020-I: 95%) y los organismos públicos reguladores (2019: 97% y 2020-I: 93%) (pág. 20).
230
Figura 20.
Nivel de cumplimiento de entidades, anual 2019 y primer semestre de 2020
100% 100%
100 96% 95% 97%
93%
86%
82% 82% 81% 82%
77% 77%
80 75%
65% 64% 67% 66%
60
51%
45% 45% 43%
42% 41%
40
25% 24%
20
0
Congreso AMAG Despacho Organismos Programas Municipalidades Universidades
de la presidencial públicos y proyectos provinciales
República regulados especiales capitales de
departamento
Poder Cortes Ministerios Organismos Gobiernos Organismos

Judicial Superiores públicos y regionales constitucionales
de Justicia organismos autónomos
públicos
descentralizados
2019 2020-I
Fuente: tomado de ANTAIP (2020, pág. 21).
Como se aprecia, hemos avanzado, pero aún de forma limitada; se pueden mejorar los PTE midien-
do los indicadores de calidad, accesibilidad, claridad y entendimiento de la información mostrada.
Otro aspecto que abordar es la constante situación ya mencionada sobre la gestión pública perua-
na, hablamos de la debilidad institucional de los actores y su legitimación para ejercer influencia y
control de sus campos de acción. En este caso está marcado, sobre todo, por las entidades encar-
gadas de orientar el funcionamiento o aplicación de las medidas de transparencia, las cuales son la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP).
Respecto a la Autoridad Nacional de Transparencia, lo primero que se ha de destacar es que, tal

como se señala en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1353, decreto legislativo que crea la Auto-
ridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protec-
ción de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, y en su propio portal institu-
cional, esta es una entidad que:
Fomenta la cultura de la transparencia y acceso a la información pública, tiene facultades nor-

mativas, supervisoras, consultivas, promotora y de representación en materia de transparencia
231
y acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (Ley 27806) y su Reglamento108.
Como se observa claramente, esta institución no dirige ni lidera acciones, simplemente se limita a
fomentar que la transparencia sea desarrollada en el Estado, por lo que no podemos hablar de una
rectoría, ni de una entidad capaz de ejercer medidas de mayor nivel para imponer su agenda frente
a los demás actores gubernamentales, por lo que su nivel de legitimación es sumamente bajo y
poco percibido, requiriéndose darle un mayor contenido y capacidad que sustente su existencia.
La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre el Balance de la gestión del Tribunal de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública 2019-2021, señala que si bien la ANTAIP “[…] requirió infor-
mación a 1979 entidades de la Administración pública, solo respondieron 410, el número más bajo
de todos los informes emitidos” (2021, pág. 15).
El mismo informe señala información relevante respecto a que más del 30% de los solicitantes no
necesariamente vieron satisfecho su derecho de acceso, ya que no se les entregó de forma efectiva
la información solicitada. Además, la ley no autoriza una respuesta extemporánea a los pedidos de
acceso.
El caso del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública puede considerarse aún
más dramático, ya que según el artículo 6 del Decreto Legislativo 1353, arriba mencionado, es:
Un órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que constituye la última
instancia administrativa en materia de transparencia y derecho al acceso a la información pú-
blica a nivel nacional. Como tal es competente para resolver las controversias que se susciten
en dichas materias. Depende administrativamente del ministro y tiene autonomía en el ejercicio
de sus funciones.
A este tribunal se suele recurrir, principalmente, porque las entidades obligadas a brindar informa-
ción a los ciudadanos no cumplen con ello. Esto puede manifestarse de diversas formas, deman-
dando que este tribunal se pronuncie y establezca una posición final, en materia administrativa,
respecto a los pedidos ciudadanos.
Es así como, según estadística expuesta en el informe de la Defensoría del Pueblo (2021), el 68%
de los recursos de apelación que son de conocimiento del Tribunal de Transparencia son declara-
dos fundados, es decir, “en 6 de cada 10 apelaciones se determinó que la entidad obligada vulneró
el derecho fundamental de acceso a la información pública. En los años 2020 y 2021, esta cifra se
incrementó hasta en un 82%” (pág. 75).
108. Para más información, verificar: https://www.gob.pe/8273-autoridad-nacional-de-transparencia-y-acceso-

a-la-informacion-publica-que-hacemos
232
Sin embargo, el factor que medra toda esa labor es que esta entidad no posee mecanismos de
coacción o sanción para imponer sus decisiones, por lo que más allá de considerarse que sus fallos
pueden contener una expresión vinculante, no hay un mecanismo que genere responsabilidades
por su no acatamiento. Esta circunstancia, definitivamente, debilita y torna poco viable el desarro-
llo de las acciones que el tribunal puede desplegar, por lo que resulta indispensable fortalecer sus
capacidades y darle un rol de acción más relevante (Defensoría del Pueblo, 2021).
A ello se suman otros factores que contribuyen a su debilidad institucional, por ejemplo, también
en el informe de la Defensoría del Pueblo (2021) se señala que el tribunal no cuenta con un sistema
de registro que le permita conocer cuántas y qué tipo de resoluciones emite.
También consideramos que debemos mencionar que la transparencia y el acceso a la información

pública guardan una relación importante con los medios de comunicación, por ejemplo, en el caso
peruano ha permitido que se realicen importantes investigaciones que dan indicios razonables de
la comisión de delitos contra la Administración pública.
De igual forma, como hemos visto, hay una falta de cultura por parte de los servidores o funciona-
rios públicos de querer dar a conocer su accionar, y si lo hacen puede ser que esta no sea ni amiga-
ble ni completa. Por otro lado, los ciudadanos, en ocasiones, no conocen los mecanismos para
realizar la solicitud, qué hacer ante una denegatoria o frente al silencio administrativo negativo,
cómo apelar y, además, el procedimiento suele ser largo, engorroso y poco predecible.
4.2.3. Gobierno digital
En las últimas décadas la tecnología ha servido para acercar el Estado a la ciudadanía de una ma-
nera mejor. La digitalización de la gestión de los servicios ha servido para que los procedimientos
se acorten, los plazos se reduzcan y la ciudadanía pueda ser atendida en mayor cantidad de mane-
ra más accesible, dinámica y oportuna.
En nuestro país el uso de las herramientas tecnológicas se ha desarrollado de manera más lenta.
El progreso en la conformación de un sistema para el desarrollo de las labores en Gobierno digital
aún es incipiente, y está basado principalmente en la construcción de instrumentos que todavía se
encuentran en proyecto de ser aprobados. Ejemplo de esto son la Estrategia Nacional de Inteligen-
cia Artificial, la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos y la Estrategia Nacional de Seguridad y
Confianza Digital que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha publicado como docu-
mentos de trabajo, pero que a la fecha no han sido aprobados de manera oficial.
Otro factor que respalda lo antes mencionado es que en la actualidad tampoco se cuenta con una
política que sirva de instrumento orientador para las acciones en materia de Gobierno digital. De
igual forma, si bien se cuenta con un marco normativo que puede servir para el desempeño de las
233
labores, este es poco conocido y difundido, porque los actores del sistema no lo implementan de
manera adecuada.
Un elemento ya recurrente en el desempeño de los sistemas que forman parte de la gestión públi-
ca peruana es su debilidad institucional, así como su escasa capacidad de articulación, coordina-
ción y cooperación entre los actores. A esto debe sumarse que también la Secretaría de Gobierno
y Transformación Digital de la PCM, ente rector en la materia, a razón de la pandemia del COVID-19
ha cobrado mayor vigencia y realce en el despliegue de labores para orientar el funcionamiento del
sistema.
La parte positiva que mencionar es que justamente durante la pandemia, la actuación de los
medios digitales en el Perú se ha fortalecido de manera sustancial, dando paso al establecimien-
to de mayores mecanismos digitalizados para la atención al ciudadano. Esta situación ha provo-
cado que se tenga una nueva perspectiva sobre el desarrollo de este sistema, así se evidencia en
la respuesta dada en nuestra encuesta realizada para la presente investigación a más de sesen-
ta profesionales de nivel de tomadores de decisiones como jefes de entidad o cargos directivos y
expertos consultores, a quienes se les preguntó sobre la implementación del Gobierno digital en
el Perú, obteniéndose como respuesta que el 67,74% considera que esto se ha desarrollado de
manera regular.
Figura 21.
A la fecha, el nivel de implementación del Gobierno digital en el Perú es:
62 respuestas
Bueno 2 (3,23%)
Regular (67,74%) 42
Malo (29,03%) 18
0 10 20 30 40 50
234
Una parte importante que considerar es que resulta necesario generar un marco de trabajo progra-
mático, estable y predecible, reduciendo las iniciativas aisladas que tienen poca eficacia para la
prestación de servicios a la ciudadanía.
El estudio de la OCDE sobre gobernanza pública (2017) ya reconocía un significativo progreso en

materia de Gobierno digital respecto a los nuevos marcos legales y regulatorios, la firma digital, los
certificados electrónicos y la protección de datos, entre otros. Sin embargo, también señala que
estamos en el camino, pero debemos seguir avanzando.
La interoperabilidad constituye un gran reto en el proceso de transformación digital y de moderni-

zación del Estado, existe con sus propias limitaciones, pero como un buen modelo de inicio para
seguir los Centros de Mejora de Atención al Ciudadano (MAC)109, que nos muestran la capacidad de
acercar los servicios públicos a los ciudadanos a través de un punto de acceso único en un punto
del territorio nacional. Imaginemos esta propuesta en un espacio virtual, por ejemplo.
A modo de referencia preliminar de acceso a la información pública, tenemos el Portal del Estado
Peruano (www.gob.pe), el cual debería ser un único punto de acceso para información, trámites y
servicios, pero que aún es de complejo entendimiento y funcionamiento, aun así consideramos que
debe mencionarse como un avance e intento de estandarización y llegar al ciudadano.
Como hemos mencionado, el impacto de la pandemia a causa del COVID-19 obligó al aislamiento
social obligatorio en el Perú desde el 15 de marzo de 2020, lo que trajo, entre otros, el cierre de las
entidades públicas.
Sin embargo, las demandas y necesidades sociales no se detenían y se centraron inicialmente en

temas de salud, pero el aparato estatal debía responder. Así, si bien ya se contaba con experiencias
importantes en materia de plataformas para trámites y pagos del Estado como la SUNAT, RENIEC,
OSCE y algunas municipalidades de gran tamaño, no estaba masificado en la mayoría de las enti-
dades públicas del país por diversos motivos como limitado acceso a Internet, equipamiento, per-
sonal cualificado o los propios servidores públicos por miedo a perder sus puestos de trabajo no
dejaban que las TIC ingresaran con mayor fuerza.
Pero en esta ocasión la pandemia no nos dejó opción, así la digitalización de procedimientos se hizo
necesaria, el establecimiento de mesas de partes virtuales, sistemas de reconocimiento y verifica-
ción de identidad, se implementaron propuestas de interoperabilidad de bases de datos para que
las entidades pudieran compartir información, aplicación de los códigos QR, etc. El teletrabajo y el
trabajo remoto se impusieron y las plataformas como Zoom o Meet llegaron a nuestras nuevas
oficinas en casa.
109. Para más información, ver: http://www.mac.pe/
235
Ahora bien, como hemos podido apreciar, resulta clave la promoción del Estado para la creación y
desarrollo de un ecosistema digital o GovTech que permita que los diversos actores se desarrollen
e impacten positivamente en la mejora de la prestación de servicios públicos.
Lo antes mencionado va de la mano, por ejemplo, con el desarrollo de las startups, cuyos servicios
y bienes producidos deben ser promovidos y comprados por el Estado, lo que para el caso peruano
aún es limitado puesto que las normas de contrataciones no hacen diferenciación alguna y el desa-
rrollo de productos por estas tiene una dinámica distinta.
La cultura de lo digital tiene que ser promovida en las instituciones públicas mediante la genera-
ción de una serie de incentivos, pues el temor a perder puestos de trabajo con el ingreso de las TIC
y la inteligencia artificial bloquean o limitan los avances al interno de las Administraciones públi-
cas, y por ende limita también los procesos de modernización de estas.
El proceso de lograr que la ciudadanía participe en la construcción del ecosistema digital es clave.
Las organizaciones no gubernamentales, el mundo de la academia y las empresas resultan clave, así
como visibilizar que con la implementación del Gobierno digital se tiene un Estado abierto y transpa-
rente que lucha contra la corrupción, pero también que cuenta con las herramientas para que lo
que el Gobierno digital ponga en uso sea amigable y proteja nuestros datos sensibles. Además,
debe cuidar de que la virtualidad sea accesible a las personas con discapacidad y no dejar de aten-
der, por otros medios y canales, a las personas que son analfabetos digitales.
Según la encuesta de E-Gobierno de las Naciones Unidas de 2020110, el Perú se encuentra en el

puesto 71.o de 193 países en la clasificación de EGDI (Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico)
y a nivel de América se encuentra en la posición 11.a (pág. 46); y conforme al GovTech Index 2020111,
patrocinado por la CAF, a nivel de Iberoamérica el Perú ocupa el 10.o lugar con un promedio de 4.00
puntos sobre 10.00 de un total de 16 países analizados (pág. 19).
Para concluir, observemos cómo las bondades de aplicar adecuadamente las tecnologías de la informa-
ción generan grandes beneficios, así nos lo presenta el BID (2021, pág. 18) en los siguientes ejemplos:
El Gobierno Federal de Brasil reportó ahorros fiscales de US 92,5 millones tras la digitalización de
1116 servicios entre enero de 2019 y enero de 2021. Un caso concreto, aplicable a la coyuntura
que vivimos, es el del servicio de certificado internacional de vacunación, que pasó de requerir 950
trabajadores a 285. La digitalización de este trámite, que tiene una demanda de 2000 solicitudes
diarias, supuso una menor necesidad de contratistas y de espacio físico y generó unos ahorros de
alrededor de US 6 millones anuales. Estos ahorros fiscales se sumaron a un estimado de US
110. Para más información, se puede consultar el siguiente enlace: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/

egovkb/Documents/un/2020-Survey/2020%20UN%20E-Government%20Survey%20(Spanish%20Edition).pdf
111. Para más información, consultar: https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1580
236
277,5 millones de ahorros indirectos para la ciudadanía en general al no tener que incurrir en
gastos de desplazamiento y otros costos asociados a los trámites presenciales […].
Otro ejemplo importante que exponer es el del Gobierno de Jamaica, quien, tras incorporar un
sistema tecnológico de gestión de recursos humanos, logró reducir la masa salarial en prome-
dio un 9% anual en el periodo 2016-2019 (pág. 18).
Consecuentemente a lo expuesto, el Gobierno digital nos abre un sinnúmero de oportunidades que,

si somos capaces de adoptar y trabajar con la importancia que ello presenta, nos facilitará una
transformación real no solo del aparato gubernamental, sino de la propia sociedad peruana en su
conjunto. En nuestras manos está hacerlo realidad.
4.2.4. Innovación pública
Al ser la innovación un marco de gestión que constituye la razón de ser de la propia modernización,
esta requiere de una intervención técnica y política robusta con visión integral del sistema que per-
mita mejorar los medios y procesos para satisfacer demandas y necesidades del ciudadano.
Sin embargo, aún en el Perú, la innovación pública está en una etapa de introducción incipiente, y
no se han encontrado avances sustanciales hasta la fecha.
Nosotros consideramos que hay elementos centrales de perspectiva general y otros focalizados
que limitan el avance de la innovación en el sector. Desde una perspectiva general, tenemos que el
enfoque de la gran mayoría de los servidores públicos concibe su labor como un mero trabajo que
deben preservar para recibir una remuneración mensual y garantizar su supervivencia y la de su
familia, olvidando que la razón central de su trabajo es el servicio al ciudadano.
A ello se suman las distorsiones focalizadas como enfoques rígidos centrados en la desconfianza,
desarticulación, en el control exacerbado, el rechazo al error y la sanción, en el caso un servidor
público osará plantear una propuesta distinta (innovadora) que impactaría positivamente en la vida
de los ciudadanos, lo cual refleja su vocación de seguir su parámetro de acción o repetir lo mismo
sin importar el fin último.
Es importante no perder de vista que el objetivo final es la innovación pública permanente, tanto
por los avances tecnológicos (Gobierno digital) como por el dinamismo de la democracia participa-
tiva (gobernanza).
Asimismo, es interesante señalar lo que los expertos y servidores públicos que participaron de
nuestra encuesta contestaron ante la pregunta “¿Cree usted que la innovación puede desarrollarse
en las entidades públicas del Perú?”.
237
Figura 22.
En el contexto actual, ¿cree usted que la innovación puede desarrollarse en las entidades
públicas del Perú?
62 respuestas
Sí (72,58%) 45
No (27,42%) 17
0 10 20 30 40 50
Obtuvimos, como respuesta, que más del 72% de los encuestados considera que es posible desa-
rrollar este proceso en las entidades públicas en el Perú, lo cual genera un espacio importante de
motivación para continuar con este proceso.
4.2.4.1. Algunas experiencias internacionales
4.2.4.1.1. España
Si bien España no figura en el top del Índice Mundial de Innovación 2021112 a nivel de Government
effectiveness113, desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)114, ha
sido tomado como referente en este estudio por las buenas prácticas de algunas de sus regiones
autónomas, además de por su cercanía con nuestro país en cuanto a idioma y cultura.
112. España, a nivel de innovación en materia de Government effectiveness, se encuentra en la posición 32, para más in-
formación, consultar en: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/es.pdf
113. El Índice Mundial de Innovación posee diferentes indicadores que determinan los diferentes niveles de innovación,
por lo que, para efectos de esta investigación, hemos considerado el Government effectiveness como un indicador rela-
cionado con la gestión pública. Para poder obtener una mejor conceptualización sobre Government effectiveness, verifi-
car lo siguiente: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/governancemattersvii.pdf
114. La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad
intelectual. Es un organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 193 Estados miembros, para mayor
información visitar: https://www.wipo.int/about-wipo/es/
238
En el caso español hemos identificado dos experiencias innovadoras referidas a licencias y permi-
sos de conducir, y monitorización de afluencia en playas, los cual presentamos a continuación en
las siguientes tablas:
Tabla 32.
MiDGT (finalista en la XII edición [2021] de los Premios Aslan a la Transformación Digital de las
Administraciones Públicas en la categoría: app para mejorar el servicio al ciudadano)
Tema Aplicación para tener licencias y permisos de conducir de manera virtual
Entidad Dirección General de Tráfico (DGT) - Ministerio del Interior
Tiempo de
Desde 2020
implementación
Materia Innovación y simplificación
• Centralizar la información de la DGT en una app

• Facilitar la verificación y acceso en línea de todos los documentos vehiculares
Objetivos
• Acceder a información vehicular, recibir notificaciones de multas, realizar pagos y
trámites, actualizar datos
Ámbito Nacional
• Se puede acceder a toda la información relacionada con el vehículo, es decir, han

centralizado todas las dependencias en un solo lugar para acceder desde el teléfono
móvil
• Según informa la DGT, con la app se puede acceder a:
- Datos generales del vehículo, como marca, modelo, bastidor y cilindrada
Detalle - Distintivo medioambiental
- Datos de la última ITV
- Entidad aseguradora actual y fechas de cobertura
- Datos del titular del vehículo
- Municipio fiscal en el que está domiciliado el vehículo
- Conductor habitual, en el caso de que lo hayas comunicado a Tráfico
Población
Más de 27,2 millones de conductores con permiso de conducción en España en el año 2020115
beneficiada
Fuente: elaboración propia, con información tomada de la Dirección General de Tráfico

y del Informe del Banco de Innovación en las Administraciones Públicas (2021)116.
115. Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística a través de la Dirección General de Tráfico: https://www.
dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/censo-conductores/
116. Para más información, verificar: https://bci.inap.es/alfresco_file/7a771480-be1f-43db-9237-f31ef429a2af
239
Tabla 33.
Video sensors
Tema Monitorización de afluencia a playas en tiempo real
Entidad Ayuntamiento de Barcelona
Tiempo de
Desde 2020
implementación
Materia Innovación
• Garantizar la restricción de aforo en playas

• Instalar cámaras y sensores en puntos estratégicos de las playas
Objetivos
• Controlar el aforo con sistemas de monitoreo de cámaras e inteligencia artificial
• Respetar la información sensible de cada individuo. No se identificarán personas
Ámbito Diversos ayuntamientos de Cataluña
Es un sistema de inteligencia artificial móvil, en el que se utilizan cámaras y video sensors

con diversas estrategias, que detectan hasta 150 personas por minuto:
• El sistema combina la información que capta la cámara embarcada en el quad
(cuatrimoto), y que se actualiza cada tres segundos, con las cámaras fijas situadas en las
torres de vigilancia de los socorristas, que son los puntos más críticos de la playa. La
cámara está conectada en la plataforma HAToM, desarrollada por la empresa Tinkerers Lab,
que visualiza en tiempo real los datos geoespaciales facilitados desde el cuatrimoto en un
mapa 3D situado en la Jefatura de la Policía Local de Castelldefels. De esta manera, las
Detalle
autoridades pueden controlar la cantidad de gente acumulada en un mismo lugar “y si es
necesario, pueden cerrar la playa, cosa que ya ha pasado dos veces desde que lo hemos
instalado” (Serra, 2020)
• El control del aforo se hará mediante unos video sensors, un sistema que dará información
en tiempo real sobre el volumen de playa ocupada y, por lo tanto, se podrá conocer en
tiempo real cuál es el empleo de las playas en cada momento. El sistema avisará cuando
el aforo supere el estipulado y no identifica a personas, sino que detecta sombras y las
contabiliza como personas (Ayuntamiento de Barcelona, 2020)
Población
Veraneantes que acudan a las playas de la comunidad autónoma de Cataluña
beneficiada
Fuente: elaboración propia, con información tomada de Serra (2020)117 y del Ayuntamiento de Barcelona (2020).
4.2.4.1.2. Chile
En el caso chileno hemos identificado dos experiencias innovadoras referidas a las compras públi-
cas innovadoras y al banco de experiencias innovadoras en gestión pública. Los presentamos a
continuación en las siguientes tablas:
117. Para consultas: https://www.elnacional.cat/es/economia/start-up-catalana-solucion-controlar-aforo-playas_523167_102.

html
240
Tabla 34.
Compra Pública Innovadora (CPI)
Entidad Ministerio de Economía, Fomento y Turismo / Laboratorio de Gobierno / Dirección Chile Compra
Implementación Piloto de 2014-2017
Es un programa del Gobierno chileno para incorporar los factores investigación, desarrollo e
Materia innovación (I+D+i) en los procesos de compra de los organismos públicos. Instala la innovación
como práctica institucional
El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) impulsó iniciativas para la innovación, e

incorpora la institucionalización del proceso de innovación en cuatro etapas:
1. En la periferia. Innovación como un recurso externo a la institución: consultora externa de
apoyo
2. Un espacio en la institución. Innovación practicada en alguna parte de la institución:
Origen proyectos de innovación y unidades de innovación
3. En el centro de la institución. La innovación es visible y tiene una posición central en la
institución: lineamientos estratégicos, unidades de innovación y comités dependientes de la
dirección del servicio
4. Intrínseco a la institución. La innovación se inserta en las prácticas de todos los servidores
públicos de la institución
• “Contribuir a que los organismos públicos resuelvan sus necesidades de abastecimiento, a

través de la (1) innovación en los procesos de compras públicas y/o (2) a través de la compra
de productos o servicios innovadores”
• “Contribuir a la generación de una Directiva de Compras Públicas que Chile Compra difunda
en los 850 servicios públicos compradores que dependen de su gestión y competencia”
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2018). Mesa Interinstitucional Compra Pública e
Innovación. Documento de trabajo
• Generar innovación y valor agregado a las compras, al estilo del sector privado
• Licitar problemas o desafíos que generen la compra de diversos tipos de soluciones a esos
problemas
Objetivos • Poner atención en las necesidades y problemas de cada institución del Estado y que la
contratación pública sea una herramienta que genere mejoras reales en la gestión y en la
calidad de los servicios públicos
• Efectuar compras estratégicas, que resuelvan problemas asociados al quehacer de las
instituciones
• Priorizar productos o áreas estratégicas con oportunidades de mejora
• Al elaborar el plan anual de compras, asignar presupuesto para innovar en los productos o
áreas estratégicas priorizadas
• Incentivar la participación de las MYPE en la generación de innovación
• Generar ahorros a través de la mejora de procesos
Nacional. El programa CPI seleccionó a tres instituciones para ser piloto: Servicio Nacional del
Ámbito
Consumidor, Parque Metropolitano y Carabineros
241
El Estado juega un rol clave en el incentivo a la innovación privada y tiene una responsabilidad
ineludible en la incorporación de innovaciones en los servicios públicos para mejorar la calidad de
atención a los ciudadanos en los diferentes ámbitos de alcance del mismo Estado. Las compras
públicas aparecen como una gran oportunidad de ser gestionadas, en parte, con una óptica de
Alcance
proceso de innovación, buscando las mejores soluciones a problemas públicos sectoriales o
transversales, y tomando el gasto en compra pública como una palanca para la innovación privada
que a la vez genera innovación pública, a través de este “fondo de innovación” existente que son
las compras públicas estratégicas118
“Entre las dificultades de las instituciones para innovar en el proceso de compras está la
rigidez y la complejidad del sistema de compras, la falta de incentivo para comprar innovación
y el desconocimiento de los conceptos asociados a la Compra Pública Innovadora”119. Este
Brecha
programa incorpora la innovación como práctica en las compras públicas, pone atención en las
necesidades y problemas de cada institución y utiliza la contratación pública como una
herramienta estratégica para incorporar innovaciones privadas en el ámbito público
Población
No especificado
beneficiaria
Fuente: elaboración propia, fuente de la Dirección de Chile Compra y Laboratorio de Gobierno (2018)120.
Tabla 35.
Banco de experiencias innovadoras en gestión pública – OEA
Entidad Consejo para la Transparencia
Implementación 4 años
Materia Acceso a la información y Gobierno abierto
Origen No especificado
• Instalar la cultura de la transparencia en Chile, para lo cual se sustenta en dos ámbitos: la

transparencia activa y el acceso a la información
• Otorgar mayor información a la ciudadanía para facilitar la participación y el control
Objetivos
ciudadano
• Mejorar el desempeño de los organismos del Estado en materia de transparencia y acceso a
la información
Nacional. Órganos de gestión estatal, municipios, hospitales, universidades estatales,

Ámbito
empresas públicas, etc.
Contribuir en la instalación de la cultura de la transparencia en Chile. Este modelo se sustenta

en dos pilares: visión ciudadana y acompañamiento institucional, a través de mecanismos
Alcance electrónicos de fiscalización del desempeño público, y la autoevaluación institucional,
contrastando la información o cruzándola entre la opinión ciudadana y la autopercepción del
trabajador/funcionario público
118. Innovadores Públicos: https://innovadorespublicos.cl/documentation/publication/31/

119. Universidad de Chile y Laboratorio de Gobierno (2018). Experiencias de innovación pública, 1.a edición. Ediciones CEA-
FEN Universidad de Chile: Santiago de Chile.
120. ¿Cómo podemos innovar en el proceso de compra pública? Laboratorio de Gobierno. URL: https://www.lab.gob.cl/
uploads/filer_public/95/09/95095128-1a9b-464c-928c-d894c7d2c53b/directiva_compra_publica_innovadora.pdf
242
• Los órganos de la Administración central (268), en el año 2010, tuvieron un puntaje de

93,82%; el año 2011, un 93,37%; el año 2012, un 96,93%; y el año 2013, un 96,23%
• Los hospitales (57), en el año 2010, tuvieron un puntaje de 77,76%; el año 2011, un 84,63%; el año
2012, un 93,12%; y el año 2013, un 93,77%
• Las universidades (16), en el año 2010, tuvieron un puntaje de 20,45%; el año 2011, un 76,54%;
el año 2012, un 77,93%; y el año 2013, un 90,00%
Brecha
• Las municipalidades (345) han tenido dos procesos: en el año 2012 obtuvieron un puntaje
promedio de 30,26%; y en el año 2013 un 47,43%
• Las corporaciones municipales (54) han tenido un proceso de fiscalización, el que fue
durante el año 2013, con un puntaje promedio de 14,17%
• Las fundaciones (7) han tenido un proceso de fiscalización, el que fue durante el año 2013,
con un puntaje promedio de 94,15%
Población
Más de 16 000 000 de habitantes
beneficiaria
Fuente: elaboración propia, con información tomada de Organización de Estados Americanos.

Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva (2015)121.
4.2.4.1.3. Colombia
En el caso colombiano hemos identificado dos experiencias innovadoras referidas a los indicadores
de las entidades y al banco de experiencias innovadoras en gestión pública. Los presentamos a
continuación en las siguientes tablas:
Tabla 36.
TerriData
Tema Herramienta para visualizar virtualmente indicadores de diversos tipos
Entidad Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Tiempo de
No definido
implementación
Materia Innovación y simplificación
• Fortalecer la gestión pública a través de datos estadísticos a nivel nacional, departamental

y regional en Colombia
• Presentar y promover el uso de indicadores estandarizados y comparables
• Recoger información valiosa que sirva de insumo para el diseño de programas y proyectos
Objetivos en la elaboración de políticas públicas
• Definir metas e indicadores de los instrumentos de planificación existentes
• Realizar seguimiento y control de avance de los planes, programas y proyectos sectoriales
• Transparentar la gestión poniéndola al alcance del acceso público
• Permitir a la ciudadanía participar en el ciclo de la gestión pública
121. Para más información: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/innovacion/Banco/2015/GOBIERNO_ABIERTO/Modelo%20

de%20Fiscalizaci%C3%B3n.pdf
243
Ámbito Nacional
Es una plataforma virtual que permite a los ciudadanos tener acceso a los indicadores de las
instituciones de todo el país, por ejemplo: demografía, finanzas públicas, economía, ambiente,
vivienda y servicios públicos, educación, salud, seguridad, ordenamiento territorial, mercado
Detalle
laboral, medición de desempeño municipal. Todo ciudadano con acceso a un dispositivo
electrónico conectado a Internet (también está en versión IOS y Android) podrá tener acceso a
información actualizada, cuadros comparativos y así mejorar los procesos de toma de decisiones
Nace como una respuesta a la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE) y a las necesidades locales de contar con mejores datos sobre las realidades
Origen
territoriales. Es una herramienta útil y práctica para la planificación de la gestión pública y
brinda información para el diseño y focalización de proyectos
Población
Población de Colombia (ciudadanía, academia e instituciones públicas y privadas)
beneficiada
Presupuesto No definido
Fuente: elaboración propia, con información tomada del Departamento Nacional de Planeación (s.f.)122 y del vídeo de DNP Colombia (2019)123.
Tabla 37.
Gobernarte – BID
Tema Plataforma para la conectividad para la innovación social en el Atlántico
Entidad Departamento del Atlántico y Universidad Antonio Nariño
Tiempo de
4 años
implementación
Materia Innovación social
• Levantamiento de información directa, desde el sentir poblacional

• Identificar la problemática local y proponer soluciones creativas
• Seleccionar datos que se tomarán como insumos para identificar situaciones y resolverlas
Objetivos
• Tomar datos de la población y conectarlos con propuestas de políticas públicas objetivas y
acertadas
• Identificar aprendizajes colectivos a partir de los diversos proyectos y propuestas
Departamento del Atlántico. Población heterogénea: africanos e indígenas españolizados,

Ámbito
interactúan con diversas etnias regionales
122. Para más información, verificar: https://terridata.dnp.gov.co/

123. ¿Qué es TerriData?, visualizar en la siguiente página: https://www.youtube.com/watch?v=fNIza09AQ1E
244
Acércate es una iniciativa que consta de una web y una app de crowdsourcing124. Es un espacio
donde se crean soluciones entre todos, encaminadas a mejorar la condición de vida de los
pobladores
Detalle La plataforma está conformada por áreas temáticas y servicios (electricidad, agua, agricultura,
seguridad ciudadana, etc.) y cada una de estas áreas tiene un equipo de “solucionadores”
conformados por funcionarios de la gobernación, trabajadores/investigadores de la
Universidad Antonio Nariño y representantes de la sociedad civil
La plataforma online se creó como una vía rápida para que todos tengan cercanía con las
Origen autoridades y puedan hacer llegar sus opiniones, ideas y dudas. Para que todos los pobladores
puedan conectarse y participar, previamente se instalaron 160 zonas wifi
Población
2 489 709 habitantes
beneficiada
Fuente: elaboración propia, con información tomada de Acércate: Plataforma de Conectividad para la Innovación Social en el Atlántico125.
A modo de sugerencia, resulta interesante revisar los ejemplos que también nos ofrece el estudio
de la OCDE (2016) en lo que respecta al Gobierno digital y el Gobierno abierto126.
4.3. AVANCES DE LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO EN 2012127
Consideramos pertinente compartir, a modo de resumen, lo que en el año 2012 se evaluó respecto
de los Avances de la reforma y modernización del Estado en el Perú (Casas, 2012), como un docu-
mento preliminar auspiciado por la SGP de la PCM y con apoyo del BID.
Este documento colgado en el portal de la SGP evidencia que el concepto de modernización del
Estado se trabajó desde su acepción más amplia y fue la que rigió al inicio, para luego ser modifica-
da hacia una focalización de la gestión pública. Esto también se pone en evidencia en la LMMGP y
su modificación posterior, lo cual consideramos relevante, pues el objeto de estudio de una política
pública como la modernización del Estado debe contar con una definición y un ámbito de implementación
claros, si no los esfuerzos se difuminan y los impactos y resultados no son los esperados.
124. El crowdsourcing es un modelo de abastecimiento de información en el que personas y organizaciones participan

suministrando ideas sobre algún tema o soluciones a un problema.
125. Para más información, ver: https://gobernarte.info/dev4/site/wp-content/uploads/2020/08/FichaNuevaAcercate.pdf
126. Para más información, ver: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-
peru_9789264265226-es#page281
127. Consideramos importante señalar que este apartado expresa una reducción o resumen del documento: Avances de
la reforma y modernización del Estado en el Perú, de autoría de Casas (2012), por lo que no hemos utilizado un método
de citado puesto que no ha habido un aporte intelectual propio. Esta aclaración se hace con la finalidad de no afectar la
autoría correspondiente sobre dicho texto, previniendo cualquier interpretación de plagio.
245
El estudio se estructura en cinco capítulos: referido a la estructura del Estado, la simplificación

administrativa, el presupuesto por resultados, el proceso de descentralización y el Gobierno elec-
trónico, para luego compartirnos sus conclusiones.
En cuanto a la estructura del Estado, se centra en el Poder Ejecutivo y sus actividades para desa-
rrollar lo relativo a su reestructuración y creación de nuevas instituciones, la aún reciente Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del año 2007, los avances respecto de la Leyes de Organización y Fun-
ciones de los Ministerios, buscando tener una adecuada definición de competencias exclusivas y
compartidas, especialmente con los Gobiernos subnacionales.
Respecto a la simplificación administrativa, nos señala que, hasta antes de 2009, cada entidad
diseñaba sus propias acciones con la finalidad de simplificar trámites. Ante dicha situación, se pro-
mueve la formulación consensuada de la Política Nacional de Simplificación Administrativa, lo cual
fue un hito a pesar de que ya existían esfuerzos por parte de la PCM y de que se puso en evidencia
que los ministerios habían realizado más mejoras administrativas y mayor cantidad de procedi-
mientos simplificados que los organismos públicos entre los años 2007 y 2009.
La Política Nacional de Simplificación Administrativa identificó que, hasta el año 2010, el Poder Eje-
cutivo contaba con 3631 procesos de mejoras administrativas y se realizó simplificación de procedi-
mientos en 951 entidades; y sobre los Gobiernos locales y regionales, estos contaban con 10 503
mejoras administrativas y simplificaron procedimientos en 5801 entidades.
Es imprescindible resaltar que la simplificación administrativa es un tema importante dentro del

proceso de modernización de la gestión pública, lo cual se resume en acercar el Estado al ciudada-
no. Así, se dio un impulso más fuerte cuando buscaron mejorar la colocación de Perú en rankings
internacionales como el Doing Business del Banco Mundial, ya que también se pretendía mejorar
las condiciones para promover la inversión y que esta sea más atractiva no solo para los inversio-
nistas nacionales, sino también los internacionales.
Otro capítulo era el referente al presupuesto por resultados, cuyo objetivo es mejorar la efectivi-
dad y eficiencia del gasto público al generar un vínculo entre el financiamiento de las organizacio-
nes del sector público y los resultados que generan. El impacto de este se materializa en la mejora
en la priorización del gasto y en la eficiencia o efectividad del servicio que se financia.
En el año 2008, el Perú incluyó cinco programas estratégicos que se llevaron a cabo bajo la moda-
lidad de presupuesto por resultados (PPR) en su Ley de Presupuesto.
Así, según los funcionarios responsables del presupuesto por resultados en el Perú, el cambio prin-
cipal que busca el PPR es mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación
entre el presupuesto y los resultados, mediante el uso sistemático de la información de desempe-
ño y las prioridades de política.
246
Luego, en el año 2009, nuevamente se establece la incorporación de cuatro programas estratégi-

cos adicionales y se da un paso importante dado que se incorpora el PPR en la Ley General de
Presupuesto, lo que lleva a la institucionalización del proceso, ya que se reconoce como un eje
orientador del ejercicio de la elaboración del presupuesto.
En el año 2010, se crearon dos programas de incentivos orientados a las municipalidades que fue-
ron el Plan de Incentivos y el Plan de Modernización Municipal, que ahora han sido fusionados en el
último.
Este plan impactó en el crecimiento y la competitividad de la economía y en la calidad de vida de

los ciudadanos, por ello, era importante desarrollar un esquema de incentivos a través de transfe-
rencias condicionadas al logro de resultados a las municipalidades.
En el año 2012, para su formulación presupuestaria, se establecieron directivas que disponen que
para el año 2014 todas las instituciones públicas deben adoptar la formulación presupuestaria con
enfoque de resultados.
En conclusión, el presupuesto por resultados es una fase de la gestión por resultados. Desde el
Ministerio de Economía y Finanzas se ha buscado generar una cultura en ese sentido, sin embargo,
sus labores están más centradas en lo referido a la elaboración del presupuesto y la gestión finan-
ciera. Esto abre una gran oportunidad de sinergias entre la SGP y el MEF con la finalidad de que la
Secretaría evalúe y monitoree los avances del Ministerio, dado que la gestión por resultados es
hacia donde se busca llegar en varias instituciones que deberán luego integrarse en el proceso.
También aborda el proceso de descentralización desarrollando desde el inicio ejes del proceso y
el marco legal e institucional, señalando que, al ser un proceso inminentemente político, se inclu-
yen los mecanismos de participación y transparencia, los cuales ejercen un rol destacado en la
consolidación del proceso. Un claro ejemplo de ello es el presupuesto participativo. Además, nos
habla del Consejo Nacional de Descentralización, hoy inexistente.
Este mismo estudio de evaluación, en su último capítulo, hace referencia al Gobierno electrónico,
el cual se entiende como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o TIC en los
órganos de Administración pública para mejorar la información y los servicios que se ofrecen a la
ciudadanía. Así, también busca orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar
sustantivamente la transparencia del sector público y promover la participación de los ciudadanos.
El fin de utilizar las TIC en los servicios públicos es reducir los costos asociados a la provisión de
dichos servicios y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los mismos. Asimismo, se logra
obtener mayor confianza de la ciudadanía por la transparencia de las instituciones y se mejora la
capacidad del Gobierno para poder manejar un entorno cambiante.
247
En cuanto a la automatización de los trámites o servicios en general, hasta 2012 se resalta la poca
presencia de trámites transaccionales o interactivos y la gran cantidad de trámites de carácter
únicamente informativo cualquiera que sea la entidad que se analice o el sector.
Por otro lado, en cuanto al Portal del Estado Peruano, sus principales logros en 2011 fueron:
• Registro de más de 2076 entidades.

• Actualización del portal con más de 1648 personas encargadas de diferentes instituciones
públicas.
• Tutoriales, manuales y pequeñas ayudas para el entendimiento de la mayoría de los conceptos
y siglas especializados.
• El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial han cumplido con ingresar alrededor
del 80% de la información, lo cual contrasta con el pobre desempeño de las municipalidades
distritales y provinciales, Gobiernos regionales y organizaciones autónomas con 15%, 10% y
10% de información ingresada, respectivamente.
Para el año 2007, el Sistema Electrónico de Compras y Adquisiciones del Estado (SEACE) tenía
módulos heredados de CONSUCODE, entre ellos el plan anual de adquisiciones y contrataciones,
el registro de procesos de selección de contratación pública electrónica, catálogos de productos,
procedimiento de subasta inversa y estadísticas disponibles sin restricciones. Y para el año 2008,
se implementó una nueva plataforma de hardware y software con la finalidad de desarrollar una
nueva versión del SEACE. Es interesante señalar que, para el año 2010, el Perú se encontraba de-
trás de Brasil y Chile, pero mejor que Ecuador, Argentina y Colombia, en cuanto al desarrollo de un
sistema de compras y registro de proveedores.
En ese capítulo incluye lo referente a la adecuación de la Ley de Transparencia, pues en 2010 se

aprobaron los “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las
entidades de la Administración pública”.
Asimismo, en el año 2011, se aprobaron los lineamientos que establecen el contenido mínimo de
los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico (PEGE), y así, se consiguió uniformizar y facilitar la
aplicación de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico en los integrantes del Sistema Nacio-
nal de Informática.
Respecto al uso de aplicativos participativos e interactivos, para el año 2022, la SUNAT, RENIEC e
INDECOPI son los organismos con mayor cantidad de aplicaciones digitales con 291, 108 y 103
aplicaciones, respectivamente.
A modo de conclusiones generales de este estudio, consideramos pertinente señalar:
248
• La reforma del Estado y la modernización de la gestión pública abarca diversas acciones que
tener en cuenta por su carácter transversal y resulta relevante estudiar los principales esfuer-
zos.
• Cualquier intento de avanzar en la reforma del Estado o modernización de la gestión pública
pasa por el Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, los Gobiernos sub-
nacionales y la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
• Desde el año 2008 existe la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) como ente rector de
la gestión de recursos humanos en el Estado. Es importante resaltar su creación ya que, si no
se cuenta con un personal capacitado y motivado, no será posible implementar correctamente
una gestión por resultados, la mejora de la gestión de actividades y una idónea modernización
del Estado.
4.4. DOCUMENTOS DE POLÍTICA DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA128
A continuación, queremos exponer, a modo de resumen, el esfuerzo de sistematización que ha rea-

lizado la SGP respecto de varios medios del Sistema Administrativo de Modernización del Estado
hasta el año 2021; si bien este nivel de detalle no forma parte de la presente investigación, consi-
deramos pertinente contar con una mirada general de cada medio desde la perspectiva del propio
ente rector del sistema, que también puede ser entendida como una especie de memoria institucio-
nal y que han denominado documentos de política.
Para este capítulo, tenemos en cuenta sus consideraciones del estado de cada medio a través de lo
que consideran sus logros, avances y desafíos, respecto de:
4.4.1. Documento de política: calidad regulatoria en el Perú129
En cuanto a la calidad regulatoria, se necesita una reforma gradual y profunda que mejore el pro-
ceso de la toma de decisiones de políticas públicas. Entre los años 2016 y 2021, se pueden identi-
ficar los siguientes grandes logros:
En primer lugar, se logró la incorporación de la mejora regulatoria en el Sistema de Modernización

de la Gestión Pública, logrando incorporarla en un marco normativo e institucional.
128. Consideramos importante señalar que este apartado expresa una reducción o resumen de los documentos de política
empleados a lo largo del desarrollo del mismo, de autoría de la Secretaría de Gestión Pública (SGP), por lo que no hemos
utilizado un método de citado puesto que no ha habido un aporte intelectual propio. Esta aclaración se hace con la finalidad
de no afectar la autoría correspondiente sobre dichos textos, previniendo cualquier interpretación de plagio.
129. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1970343/Calidad%20Regulatoria%20
VF.pdf.pdf
249
En segundo lugar, se creó el ente de coordinación de calidad regulatoria, la Comisión Multisectorial

de Calidad Regulatoria (CMCR). Esta comisión está conformada por la Presidencia del Consejo de
Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En tercer lugar, se logró la implementación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) para reducir
cargas administrativas. El Análisis de Calidad Regulatoria somete a todo proyecto normativo con el
fin de determinar si se aprueba o no un nuevo trámite. Además, este cuenta con cuatro fases: pre-
paración, análisis, remisión y validación.
En cuarto lugar, se logra la implementación y el uso de aplicativos para mejorar la calidad regula-
toria. En ese sentido, la Secretaría de Gestión Pública señala que se siguió la experiencia de Colom-
bia y México, quienes implementaron un aplicativo informático para revisar el ACR (yachay.pcm.
gob.pe).
En quinto y sexto lugar tenemos la incorporación de instrumentos de calidad regulatoria en la Po-

lítica Nacional de Competitividad y Productividad; y la aprobación del Reglamento del Análisis de
Impacto Regulatorio (AIR) mediante el Decreto Supremo 063-2021-PCM.
Por otro lado, durante los años de 2016 a 2021, también se lograron identificar las principales difi-
cultades en todo este proceso, las cuales son las siguientes: inestabilidad política, rotación del
personal, resistencia al cambio, falta de información y la implementación de un aplicativo para la
revisión considerando el volumen de procedimientos administrativos que revisar.
Por último, la Secretaría de Gestión Pública es consciente que aún existen muchas metas por lo-
grar y procesos más eficaces en mérito de la calidad regulatoria. Así, la SGP enuncia la siguiente
agenda pendiente:
1. Adecuar o desarrollar instrumentos para los Gobiernos regionales y locales.

2. Definir plazos y criterios de priorización y evaluación.
3. Capacitar a funcionarios y servidores públicos. Se requiere capacitación permanente a di-
rectivos y servidores públicos en los tres niveles de gobierno.
4. Aprobar y validar las metodologías del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).
5. Desarrollar un aplicativo para todo el ciclo de regulación, con lo que se logrará integrar los
diferentes aplicativos existentes.
6. Integrar el Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) en el Análisis de Impacto Regulatorio
(AIR).
7. Asignar recursos necesarios para la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio.
Es fundamental que las entidades públicas asignen recursos suficientes para la implemen-
tación de la reforma (SGP, 2021b, págs. 17-19).
250
4.4.2. Documento de política: simplificación administrativa en el Perú130
El camino hacia la simplificación administrativa se inicia con la promulgación de la ley de simplifi-

cación administrativa, Ley 25035, del año 1989. El camino y avance de la simplificación administra-
tiva comenzó hace más de treinta años, sin embargo, en esta ocasión, la Secretaría de Gestión
Pública expone los principales logros de los años 2016 a 2021.
Los diez principales logros que la Secretaría de Gestión Pública identificó son los siguientes:
1. Cambio de enfoque: la simplificación administrativa como parte integral de la mejora de la

calidad regulatoria.
2. Implementación del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) para reducir cargas administrativas.
3. Fortalecimiento de la institucionalidad para promover la simplificación administrativa.
4. La implementación del Sistema Único de Trámites (SUT).
5. La aprobación de más de doscientos procedimientos administrativos estandarizados.
6. Actualización de los lineamientos y formatos para el TUPA.
7. La prohibición de exigencias a usuarios y otras medidas de simplificación administrativa.
8. La modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
9. Fortalecimiento del INDECOPI.
10. El uso de la Plataforma de Interoperabilidad como herramienta de simplificación adminis-
trativa (SGP, 2021c, págs. 7-12).
Respecto a la agenda pendiente que la Secretaría de Gestión Pública ha identificado, enuncia siete
(7) puntos que seguir con la finalidad de lograr una mayor optimización en el Estado y lograr verda-
deramente una simplificación administrativa.
En primer lugar, se deben incrementar los servicios públicos digitales, efectivos y eficientes y am-
pliar la digitalización de trámites. Se busca promover que más entidades públicas digitalicen sus
trámites y servicios en los tres niveles de gobierno.
En segundo lugar, se pretende avanzar en el uso de aplicativos y plataformas digitales. Se quiere

desarrollar una plataforma que integre los aplicativos que intervienen en el ciclo de revisión de
trámites. Los aplicativos de ACR, AIR, CCV y SUT.
En tercer lugar, fomentar y acelerar la adopción de medidas de simplificación administrativa en

todas las instancias administrativas. En ese sentido, se busca desarrollar guías, herramientas digi-
tales y materiales de capacitación para también promocionarlos y difundirlos de manera intensiva
en los tres niveles de gobierno.
130. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1979797/Simplificacion%20Administrativa.

pdf.pdf
251
Asimismo, también se debe promover el uso de la identidad digital para realizar trámites y servi-
cios, así como promover la simplificación administrativa en los Gobiernos regionales y locales.
De la misma manera, se tiene como punto pendiente el supervisar y fiscalizar el cumplimiento de

los procedimientos administrativos estandarizados por parte de los Gobiernos regionales y locales.
Por último, se busca potenciar la participación del sector privado en la supervisión del cumplimien-
to de las medidas de simplificación administrativa. Para ello, se debe convocar a las cámaras de
comercio y gremios empresariales para contar con información de primera mano sobre el cumpli-
miento de las disposiciones de simplificación administrativa y procedimientos estandarizados.
4.4.3. Documento de política: perspectivas del usuario para mejorar

intervenciones131
Durante el periodo de años de 2016 a 2021 se han evidenciado distintos logros respecto a las pers-
pectivas del usuario para mejorar las intervenciones del Estado. Muestra de ello es el resultado de
la Primera Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana (ENSC) realizada en 2017. En dicha en-
cuesta se evidenció que un 71% de los ciudadanos se muestra conforme con la atención brindada
en las entidades públicas.
En ese sentido, la Secretaría de Gestión Pública identificó seis importantes logros y avances. En
primer lugar, se logró contar con evidencia para la identificación de los conductores que impactan
en la satisfacción de la ciudadanía. Con ello, permitió al Estado mejorar la atención y los servicios
que prestan priorizando los conductores o atributos medibles que más valora la ciudadanía y los
incorporó en la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público.
La Segunda Encuesta Nacional de Satisfacción Ciudadana se realizó en 2019, y mostró una mejora
en la percepción del ciudadano hacia el Estado. Es así como, de casi 8 de cada 10 ciudadanos están
satisfechos o muy satisfechos con la experiencia al realizar su gestión en la entidad pública.
Además, mencionan que se presentaron propuestas para mejorar Tres Eventos de Vida. Los Even-
tos de Vida o Rutas Ciudadanas es una metodología de design thinking que permite plasmar en un
mapa cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por los que atraviesa el ciudada-
no desde un punto a otro durante la entrega de un bien o servicio. Por ejemplo, los Eventos de Vida
pueden ser el registro de nacimiento de un hijo, el fallecimiento de un familiar o la gestión de jubi-
lación.
131. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1996284/Perspectivas%20de%20Usuario.

pdf.pdf
252
En tercer lugar, se aplicó la herramienta Mapa de Viaje del Ciudadano que desarrolla los aspectos
centrales de la metodología Eventos de Vida antes mencionado. Es decir, se logró desarrollar una
metodología Eventos de Vida y/o Ruta Ciudadana.
En cuarto lugar, se evidencian las trabas administrativas que enfrentan los servidores públicos día
a día.
En quinto lugar, se presentó la Primera Encuesta Nacional para Mejorar la Gestión Pública 2020,
ello trajo como resultado que los temas donde se reportaron mayores trabas fueron: 1) recursos
humanos, 2) gestión pública, 3) abastecimiento y 4) presupuesto público.
En sexto y último lugar, se menciona como logro la obtención y desarrollo de instrumentos para
promover la innovación en las entidades públicas. Entre ellas se encuentra la Guía de Buenas Prác-
ticas en Innovación Pública y las Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora.
Durante todo este proceso de avance y desarrollo en busca de una óptima y mejora en la perspec-
tiva del usuario respecto del Estado, la Secretaría de Gestión Pública identificó tres dificultades
principales:
a) El impacto de la pandemia de la COVID-19.

b) Inestabilidad política y de gestión.
c) Limitadas alternativas sobre inteligencia artificial, ya que en el Perú ha sido desarrollado
de manera escasa (SGP, 2021d, pág. 16).
La perspectiva del usuario es un factor fundamental que demuestra una evaluación del rendimien-
to y desarrollo del funcionamiento de la Administración pública. Como consecuencia de ello, la
Secretaría de Gestión Pública enuncia los siguientes puntos que conforman su agenda pendiente:
1. Fortalecer el cambio de enfoque.

2. Tomar decisiones basadas en evidencia.
3. Continuar con los espacios de consulta a los servidores civiles y directivos.
4. Está pendiente contar con un Catálogo de Eventos de Vida.
5. Una agenda de reformas de los sistemas administrativos, en coordinación con sus entes rec-
tores.
6. Evaluar la implementación de mejoras, se requiere continuar con el acompañamiento y
evaluación de las mejoras implementadas por el CONADIS, MINEDU, entre otros.
7. Fortalecer la colaboración entre la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Gestión
Pública.
8. Fomentar la innovación. Es fundamental continuar con la promoción de la innovación en la
gestión pública y desarrollar instrumentos y orientaciones necesarias para los servidores
públicos (SGP, 2021d, págs. 20-22).
253
4.4.4. Documento de política: gestión de la calidad en el Perú132
Durante el periodo de años de 2016 a 2021, se pueden enunciar tres logros destacados, conforme
a la SGP, en materia de gestión de calidad en nuestro país. En primer lugar, la creación de la Sub-
secretaría de Calidad de Atención al Ciudadano (SSCAC). La SSCAC es responsable de impulsar la
mejora de la calidad de servicios a las personas, en coordinación con la Subsecretaría de Análisis
Regulatorio (SSAR) y la Subsecretaría de Administración Pública (SSAP). Las tres subsecretarías
son dependientes de la Presidencia del Consejo de Ministros.
En segundo lugar, se crearon disposiciones técnicas que orientan la mejora de la calidad de los
servicios. Esta normativa técnica orienta a las entidades de la Administración pública en cómo
mejorar la calidad de sus servicios con la finalidad de generar valor público y también lograr el
impacto en el ciudadano, mejorando así su calidad de vida.
Entre la normativa técnica promulgada, podemos enunciar como ejemplos: la Norma Técnica para
la Implementación de la Gestión por Procesos y la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad en
los Servicios Públicos.
En tercer lugar, en el año 2020 se promulgaron disposiciones técnicas para la gestión de recla-
mos, en concreto, el libro de reclamaciones digital como instrumento para recoger la voz de las
personas.
De la misma manera, la Secretaría de Gestión Pública ha podido enunciar diversos avances duran-
te el periodo de años de 2016 a 2021. Los avances más significativos son los siguientes:
1. El acompañamiento y asistencia técnica para la implementación de la norma técnica para

la gestión de la calidad de servicios.
2. Fortalecimiento de competencias en materia de calidad de servicios.
3. Sistema de medición de la calidad de servicios a la ciudadanía.
4. Implementación de la plataforma digital Libro de Reclamaciones (SGP, 2021e, pág. 10).
La Secretaría de Gestión Pública identificó que las principales dificultades respecto a la gestión de
calidad fueron la pandemia de COVID-19 y la alta rotación de servidores civiles, directivos y auto-
ridades de las entidades que proporcionan asistencia técnica. Así, en el procedimiento de la imple-
mentación de la gestión de calidad, se presentaron los siguientes retos:
1. La gestión de la calidad como una necesidad.

2. Se requiere la decisión y apoyo político.
132. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2012534/Gestio%CC%81n%20de%20

Calidad.pdf.pdf
254
3. Se requiere que los servidores civiles, directivos y autoridades internalicen y cambien hacia
una cultura de calidad.
4. La necesidad de desarrollar la capacidad de innovar y adaptación al cambio que requiere la
sociedad.
5. La toma de decisiones basada en evidencia, rompiendo así paradigmas y el temor a ser
evaluados.
6. Recursos para la mejora de la calidad (SGP, 2021e, págs. 12-14).
Como consecuencia de la identificación de las principales dificultades y retos durante la aplicación

de una gestión de calidad en el Perú, también se logra detectar qué lecciones aprendidas trajeron
consigo todo el avance de la gestión de calidad en estos años:
1. La importancia de la articulación entre la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de

Gestión Pública.
2. La mejora continua de los instrumentos y su estrategia de implementación. Al ser un ins-
trumento de calidad relativamente nuevo, se debe realizar una evaluación constante.
3. Considerar la heterogeneidad de las entidades, se debe tomar en cuenta las particularida-
des de los Gobiernos regionales y locales, así como los tipos de entidades.
4. La calidad la construyen las personas. Para garantizar el éxito de la Administración
pública se necesita de los conocimientos, habilidades, compromiso, entre otros, de las au-
toridades, directivos y servidores civiles.
5. La necesidad de una visión holística y de integración bajo un enfoque de gestión de calidad
(SGP, 2021e, págs. 15-16).
Para lograr una óptima gestión de calidad en la Administración pública se debe desarrollar su trans-
formación y mejora con base en un proceso estructurado a corto, medio y largo plazo adecuado.
Así, la Secretaría de Gestión Pública identifica y es consciente que aún existe mucho por fortalecer,
coordinar, implementar y posicionar, por lo que presentan los siguientes puntos como la agenda
pendiente en la gestión de calidad:
1. Posicionar la gestión de la calidad en la Administración pública.

2. Establecer una política clara de reconocimiento y confianza.
3. Coordinación estratégica entre la Secretaría de Gobierno Digital y la Secretaría de Gestión
Pública.
4. Implementar la estrategia integrada para mejorar la calidad de servicios.
5. Fortalecer las competencias de manera permanente.
6. Impulsar las herramientas y el enfoque de gestión por procesos.
7. Fomentar el uso del libro de reclamaciones digital.
8. Evaluar la participación y promoción de los reconocimientos, como instrumentos valiosos de
estímulo para la mejora, aprendizaje y reconocimiento de la gestión (SGP, 2021e, págs. 17-18).
255
4.4.5. Documento de política: Gobierno abierto en el Perú133
Durante los años 2017 y 2018 se puede apreciar que existe un fortalecimiento de la gobernanza del
Gobierno abierto, ya que se adoptaron diversos cambios normativos que dieron paso a ello. Respec-
to a estos cambios normativos que coadyuvaron en fortalecer la gobernanza del Gobierno abierto,
podemos señalar dos instrumentos normativos:
1) El decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la
Gestión de Intereses, Decreto Legislativo 1353, publicado en el año 2017.
2) El decreto supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha con-
tra la corrupción, Decreto Supremo 042-2018-PCM. Este decreto supremo de 2018 modifica el
Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre es-
tas modificaciones, e incluso incorporaciones, se encuentra la creación de la Secretaría de Inte-
gridad Pública y la Secretaría de Gobierno Digital, así como la norma encargada a la Secretaría
de Gestión Pública, la materia de Gobierno abierto.
Asimismo, respecto a instrumentos de política, en el año 2017 se aprobó la Estrategia Nacional de

Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021 y se creó el Portal de Datos Abiertos Guberna-
mentales del Perú, lo cual se hizo a través de la publicación del Decreto Supremo 016-2017-PCM.
Luego, en el año 2018, con la aprobación de la Ley de Gobierno Digital, los datos abiertos se incorpo-
ran como componente de la Infraestructura Nacional de Datos. Es así como la Secretaría de Gobierno
Digital lidera la implementación de la Estrategia de Datos Abiertos y la administración del portal.
En el año 2019 se creó e implementó el Foro Multiactor de Gobierno Abierto, que formaliza la par-
ticipación de los actores clave: el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.
Todo ello estuvo a cargo bajo la dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante los años 2016 y 2021, la Secretaría de Gestión Pública ha logrado identificar dificultades,
retos y lecciones aprendidas durante la implementación del Gobierno abierto en el Estado, estos son:
1. Institucionalizar el Gobierno abierto en el Perú.

2. La reincorporación de la sociedad civil en la construcción de los Planes de Acción de Go-
bierno Abierto (PAGA).
3. Desarrollar mecanismos para asegurar la participación y representatividad de la sociedad
civil, el sector privado y la academia (SGP, 2021f, pág. 10).
133. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2028521/Gobierno_Abierto.pdf.pdf
256
Si bien es cierto que en los últimos años el Gobierno abierto ha logrado distintos avances en el Perú,
aún existe una agenda pendiente que implementar en nuestro Estado. Así, la Secretaría de Gestión
Pública enuncia los siguientes puntos como la agenda pendiente que seguir:
1. Posicionar el Gobierno abierto en el más alto nivel de gobierno.

2. Fortalecer la institucionalización del Gobierno abierto en las entidades públicas.
3. Dar un enfoque más estratégico al Gobierno abierto.
4. Desarrollar las materias de participación y rendición de cuentas.
5. Cocreación y construcción de los Planes de Gobiernos Territoriales al Gobierno Nacional.
6. Promover la participación del Foro Multiactor en más acciones de los Planes de Acción de
Gobierno Abierto (PAGA).
7. Promover la participación y asegurar la representatividad de la sociedad civil.
8. Implementar acciones medibles que generen valor público en materia de Gobierno abierto.
9. Incorporar el enfoque de Gobierno abierto en las políticas públicas.
10. Herramienta para identificar buenas prácticas de Gobierno abierto.
11. Generar un sistema de información para reportar avances y facilitar el monitoreo y evalua-
ción de los Planes de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) (SGP, 2021f, págs. 11-13).
Como podemos observar, no son pocos los puntos de agenda pendiente que ha identificado la Se-
cretaría de Gestión Pública. Es por ello por lo que es importante reconocer y también recordar que,
según la OCDE, el Gobierno abierto contribuye al fortalecimiento de la buena gobernanza y la pro-
moción del crecimiento económico inclusivo.
4.4.6. Documento de política: estructura, organización y funcionamiento134
Entre los años 2002 y 2016 se ha normado la legislación peruana con el fin de delimitar principios
y reglas generales en materia organizacional que aplique a las diversas entidades públicas del
Perú. Lamentablemente, consideran que a nivel de reglamento no hay un desarrollo idóneo puesto
que falta implementar los principios regulados por ley y las reglas en los instrumentos concretos.
Establecen como un logro importante en la evolución de la estructura, organización y funciona-

miento del Estado la delimitación de los ámbitos comprendidos bajo el Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión Pública y la creación de la Subsecretaría de Administración Pública.
A partir del año 2017 es cuando se delimita a la Secretaría de Gestión Pública como órgano de línea
con autoridad técnica normativa a nivel nacional; y la Subsecretaría de Administración Pública
134. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2061469/Estructura%20

Organizaci%C3%B3n%20y%20Funcionamiento%20del%20Estado.pdf.pdf
257
como una unidad orgánica a cargo de las funciones relacionadas con el ámbito de estructura, orga-
nización y funcionamiento del Estado.
Así, también en 2021, se aprueba un nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la PCM en

donde se precisa y desarrollan las funciones de la Subsecretaría de Administración Pública.
Consideran como otro logro que durante estos años se haya consolidado el marco normativo sobre
organización, estructura y funcionamiento del Estado. En el marco de esta consolidación normativa
resaltan las siguientes normas: la modificación de la Ley Marco de la Modernización del Estado me-
diante el Decreto Legislativo 1446; la aprobación y promulgación del Reglamento del Sistema Admi-
nistrativo de la Modernización de la Gestión Pública mediante el Decreto Supremo 123-2018-PCM; y
la promulgación de los Lineamientos de Organización del Estado (LOE) mediante el Decreto Supremo
054-2018-PCM.
De la misma manera, es el conjunto de las reformas impulsadas con la finalidad de optimizar la

estructura y funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, con el objetivo de impulsar y fortalecer el rol de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros como Centro de Gobierno, entre los años 2017 y 2018, a propuesta de la Secretaría de
Gestión Pública, se impulsaron reformas orientadas a mantener solo aquellas instancias relaciona-
das con sus funciones sustantivas, así, simplificaron la estructura del sector.
Además, consideran como un gran avance la promulgación de directivas que brinden predictibilidad
sobre la actuación de la Secretaría de Gestión Pública como ente técnico. De esta manera, en la
búsqueda por dotar de mayor transparencia a las funciones de la Secretaría, se logró que la misma
regule los procedimientos, criterios y requisitos para la revisión y opiniones técnicas en temas de
su competencia.
También identifican que se han creado instrumentos para facilitar la elaboración de documentos de
gestión organizacional de los tres niveles de gobierno. Entre ellos, se incluyen modelos de organi-
zación y funciones estandarizadas que pueden ser adoptados por las entidades con el fin de apo-
yarlos en la elaboración de sus instrumentos de gestión.
Por ejemplo, se aprobaron los modelos de organización para municipalidades mediante la Norma
Técnica 0001-2020-PCM/SGP (SSAP), que pone a disposición de las municipalidades provinciales
y distritales modelos de organización que se puedan ajustar a sus necesidades y a las característi-
cas de las personas de su jurisdicción.
Por último, mencionan como logros la publicación de opiniones técnicas vinculantes para una me-
jor interpretación de las normas sobre estructura, organización y funcionamiento del Estado, así
como la habilitación de un canal de atención de consultas que se materializa en un correo de la
258
PCM, mediante el cual se absuelven las consultas de carácter general en materia de organización,
estructura y funcionamiento del Estado.
Cabe mencionar que en el año 2020, según cifras de la propia Secretaría de Gestión Pública, se
absolvieron más de 250 consultas formuladas por entidades de los tres niveles de gobierno e, in-
cluso, consultas formuladas por organismos constitucionalmente autónomos.
La propia SGP identifica sus principales dificultades, retos y lecciones aprendidas, los cuales pro-
cedemos a enunciar.
Las principales dificultades identificadas en el rubro de estructura, organización y funcionamiento

del Estado son:
a) La alta rotación del personal, de los funcionarios y servidores que ocasiona muchas ve-
ces el reinicio de las coordinaciones para la elaboración de documentos de gestión organi-
zacional.
b) Los limitados recursos para atender la demanda de las entidades, la Secretaría de Ges-
tión Pública no cuenta con un número abundante de profesionales que atiendan la deman-
da de asistencia técnica y acompañamiento a las entidades de los tres niveles de gobierno.
c) La emergencia por el COVID-19 obligó que la SGP replanteara las formas de brindar asis-
tencia técnica y acompañamiento a las entidades públicas, ya que estas se realizaban prin-
cipalmente de manera presencial (SGP, 2021g, pág. 15).
De la misma manera, los principales retos identificados son:
a) El entender que la entidad es un medio y no un fin en sí mismo. Es decir, que la entidad es

un medio para alcanzar los objetivos institucionales y, por lo tanto, logre repercutir en las
expectativas de la ciudadanía.
b) Existe mayor demanda de asistencia técnica de Gobiernos regionales y locales, lo cual ha
obligado a la Subsecretaría de Administración Pública a establecer planes de trabajo con-
juntos entre ella y el Gobierno regional o local (SGP, 2021g, pág. 16).
Las lecciones que se pueden resaltar durante todo este proceso de fortalecimiento y repercusión
de la estructura, organización y funcionamiento del Estado son las siguientes:
1. La consolidación de la Secretaría de Gestión Pública como ente rector, ente técnico y espe-
cializado.
2. El fortalecimiento de la capacidad técnica de la Subsecretaría de Administración Pública.
3. El acompañamiento permanente a las entidades se debe cumplir hasta cerrar el proceso
de consulta, de forma que, su hubiese algún cambio, el personal de la Secretaría de Gestión
Pública es avisado de manera oportuna.
259
4. Impulsar la gestión del conocimiento en las entidades públicas es necesario para dar con-
tinuidad a los procesos emprendidos para la formulación de los diversos documentos y
normativas de dicha materia (SGP, 2021g, pág. 17).
Por último, la Secretaría de Gestión Pública es consciente de que aún existe mucho por hacer y
establece una agenda pendiente como ente rector:
1. Buscar fortalecer y reconocer a la Secretaría de Gestión Pública como ente técnico y de

control de la burocracia.
2. Desarrollar lineamientos de funciones estandarizadas de otros sistemas de administración
interna.
3. Continuar con la elaboración de opiniones técnicas vinculantes ya que es de suma impor-
tancia.
4. Implementar la Plataforma de Gestión Organizacional (PGO), esta es una plataforma digi-
tal para la gestión y tramitación de documentos de gestión organizacional de las entidades
de la Administración pública y progresivamente de otros instrumentos y mecanismos vin-
culados con la modernización de la gestión pública.
5. Diseñar e implementar un modelo articulado de gestión por procesos y evaluación de riesgos.
6. Desarrollar un modelo de procesos estandarizados, los cuales deben ser estratégicos y de
apoyo, de tal forma que contengan las actividades mínimas necesarias para la generación
de productos de calidad (SGP, 2021g, págs. 18-19).
4.4.7. Documento de política: Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano

(MAC)135
Entre el año 2016 y 2021, la Secretaría de Gestión Pública ha logrado resaltar diversos avances
relevantes y logros de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano, también llamado “MAC”.
Entre estos logros, se enuncia que la Plataforma MAC cuenta con un marco normativo sólido que
lo soporta, así como que existe la consolidación de una estrategia para el funcionamiento y desa-
rrollo de la plataforma.
Asimismo, actualmente existen siete Centros MAC en operación a nivel nacional. Se implementa-
ron desde 2010 en Lima Norte, en 2012 en el Callo, en 2014 en Ventanilla, Callao y Piura, en 2017
en Lima Este, en 2018 en Arequipa y, el más reciente, en 2020 en Lima Sur.
135. Para más información, ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2061411/Plataforma%20MAC.pdf.pdf
260
Además, no solo la apertura e implementación de estos siete centros ha logrado un crecimiento

sostenido de atenciones en los mismos, sino que también se ha logrado el fortalecimiento de los
canales de atención presenciales que son los casos de Aló Mac y el Portal MAC.
Cabe mencionar que la SGP considera como otro gran logro la creación, implementación y expan-
sión del Mac Express. El Mac Express es un canal de atención mixto que permite al ciudadano
realizar trámites de manera presencial y servicios digitalizados, parcial o totalmente. Actualmente
existen 54 Mac Express que funcionan a nivel nacional. Entre estos, 38 funcionan en embarcacio-
nes de Plataformas Itinerantes de Acción Social y en Tambos, que recorren o están en las zonas
más alejadas del país.
La implementación del protocolo para la operación de los Centros MAC ante el COVID-19 permi-
tió que se creara también una plataforma web amigable e intuitiva, donde el ciudadano podía
reservar su cita en el Centro MAC de su preferencia y atender su duda o solicitud con la entidad
de su interés.
De la misma manera, hay que tener en cuenta que se logró la agilización de los mecanismos para
incorporar más entidades a la Plataforma MAC, implementar instrumentos para asegurar la calidad
en la Plataforma MAC, la directiva para la implementación de los Centros MAC, el módulo virtual de
capacitación para MAC, metodología para la evaluación de impacto de los Centros MAC, y la Platafor-
ma MAC referente de servicios integrados y servicios y espacios compartidos.
Por otro lado, respecto a los logros durante los años 2016 y 2021, se pueden resumir en cuatro
grandes puntos:
1. Expansión de los Centros MAC a nivel nacional.

2. Propuesta de creación del Programa Nacional “Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano
(MAC)”.
3. Creación de lineamientos metodológicos para la distribución de costos y gastos comunes
en los Centros MAC.
4. Desarrollo de un sistema de información de la gestión de la Plataforma MAC (SGP, 2021h,
págs. 8-9).
Si bien es cierto que durante el periodo de años de 2016 y 2021 se lograron diferentes avances
significativos sobre la Plataforma MAC, estos también presentaron dificultades y retos y, como
consecuencia de ello, cuentan con lecciones aprendidas. La Secretaría de Gestión Pública las enun-
cia de la siguiente manera:
1. Capacidad operativa para gestionar la Plataforma Mac desde la Presidencia del Consejo de
Ministros. Se deben evaluar otros mecanismos de gestión, tales como la creación de un
programa nacional o una unidad ejecutora dependiente de la PCM.
261
2. Institucionalizar la gestión de los recursos humanos, incluyendo la capacitación constante

y el desarrollo de habilidades blandas.
3. Promover una mayor participación de entidades públicas y la inclusión de más servicios. Se
tiene el reto también de no solo promover, sino incentivar que estas entidades públicas
permanezcan y se logre un incremento gradual en los servicios que brinda la plataforma
(SGP, 2021h, pág. 10).
Por último, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros enuncia los
siguientes puntos como parte de la agenda pendiente de la Plataforma MAC:
1. Promover la digitalización de trámites e incorporación a la Plataforma MAC.

2. Manuales de funcionamiento y sistemas de calidad de los canales mixtos y no presencia-
les.
3. Consolidar el sistema de gestión de calidad de la Plataforma MAC.
4. Redefinir las tipologías de los Centros MAC para adecuarlos a las realidades del país.
5. Implementar la modalidad de asesores multientidad para la Plataforma MAC.
6. Aprovechar mejor el Sistema Único de Trámites para la atención en Aló MAC.
7. Integrar el Portal MAC a la Plataforma gob.pe.
8. Promover la implementación y gestión de canales de la Plataforma MAC a través del sec-
tor privado.
9. Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación y difusión para la plataforma.
10. Promover los servicios y espacios compartidos, definir sus mecanismos de implementa-
ción y supervisión (SGP, 2021h, págs. 11-12).
Por último, cabe resaltar que se han de promover diversos canales para llegar a los lugares más
alejados del país.
262
CONCLUSIONES
A continuación, planteamos a modo de conclusiones las consideraciones centrales respecto a los

efectos de la acción gubernamental en el proceso de modernización del Estado y de los aspectos
que inciden en este, como son la lucha contra la corrupción, la transparencia, el Gobierno digital y
la innovación pública.
Sobre el proceso de modernización en sí mismo
• El proceso de modernización de la gestión pública coexiste con diversos modelos que le dan sen-
tido y forma a la Administración pública en el Perú. Esta coexistencia de modelos permite el
surgimiento de diversos medios, enfoques y acciones que se incorporan al sistema de una mane-
ra no programática, se superponen constantemente, lo que hace difícil su funcionamiento.
• El Estado peruano muestra una débil capacidad institucional que dé soporte a procesos de
reforma, más aún cuando se trata de procesos que involucran TIC, innovación, recursos hu-
manos capacitados y la generación de sinergias para alcanzar resultados que originen valor
público.
• Constituye una constante en la gestión pública la desarticulación y desconexión de actores,
normas, instrumentos, procedimientos, herramientas y mecanismos para el desarrollo de sus
labores tanto a nivel interinstitucional como intrainstitucional.
• En el año 2018 se redimensionó normativamente el proceso de modernización de la gestión
pública al incorporarse de forma expresa en la Ley Marco de Modernización de la Gestión Pú-
blica el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y ser reglamento este.
• La gestión pública está desconectada de la generación de valor público, atendiendo a que la
prestación de los servicios públicos no responde a las demandas sociales.
• El proceso para asimilar cambios, aceptar la transformación y adaptabilidad de nuestras insti-
tuciones y el proceso de modernización en sí mismo es bastante limitado, ya que se considera
erróneamente que es mejor y más rápido hacer borrón y cuenta nueva. Así, es como una histo-
ria sin fin, pues se origina una débil continuidad de los enfoques o acciones de la gestión pública
de toda entidad o sistema, lo cual se ve incrementado debido a una relación no muy fuerte con
la planificación.
• La excesiva proliferación normativa, el desorden en su aprobación, difusión e implementación
afecta directamente al desempeño de la gestión pública en nuestro país, así como la seguridad
263
jurídica del propio Estado. Al mismo tiempo, retrasa y entorpece la implementación de

mecanismos para la modernización del Estado, debido a que surgen contingencias donde
se generan espacios para la duplicidad, interferencia, confusión y aplicación errónea de las
normas.
• Al ser la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública el principal instrumento que
orientó todo el accionar del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, el
que este no se encuentre actualizado impide que responda de manera adecuada a las necesi-
dades ciudadanas.
• Los niveles de articulación en el Estado peruano son bastante débiles, producto de la falta de
una visión holística sobre cómo debe estructurarse la gestión pública para llevar mejores bie-
nes y servicios de calidad a la ciudadanía.
• Los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación no se han desarrollado de mane-
ra adecuada, facilitando la ejecución de labores aisladas que producen resultados débiles en su
accionar.
• Este débil proceso de articulación y deficiente gestión del conocimiento genera la existencia de
duplicidad de competencias y funciones en las entidades gubernamentales, tanto a nivel inte-
rinstitucional como intrainstitucional, lo cual repercute en el desarrollo de mayor burocracia,
mayor expendio de recursos e incremento innecesario de la cantidad de trabajadores que se
requieren para alcanzar un mismo fin.
Recursos humanos
• La existencia de diversos regímenes laborales en el servicio público ha generado un marco

caótico, donde la meritocracia y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores no es
el adecuado.
• Estos regímenes, en lugar de favorecer la construcción de un espacio de certidumbre y confort
laboral para el adecuado desempeño de las labores de los servidores públicos, han precarizado
la labor en el aparato público.
• La construcción de un sistema único que uniformice la configuración de una carrera pública
meritocrática no ha recibido el respaldo político adecuado, ni se le ha dado la importancia que
debería.
• Los altos niveles de rotación en los tomadores de decisiones afectan la continuidad en el desa-
rrollo de procesos e implementación de acciones y medidas de medio y largo plazo para facili-
tar un marco de trabajo coherente con objetivos estables que alcanzar.
• La carencia de un marco uniforme para el fortalecimiento de capacidades en las instituciones
públicas genera que no todo el personal esté capacitado para seguir criterios claros y bien de-
finidos con base en perfiles y necesidades institucionales.
• Un débil sistema de gestión de los recursos humanos dificulta e impacta directamente en el
proceso de implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública.
264
Lucha contra la corrupción
• La corrupción sigue siendo el principal problema que afecta el buen desenvolvimiento de la

gestión pública del Estado peruano.
• El contar con una amplia gama de instrumentos normativos y otros de gestión política para la
lucha contra la corrupción no ha servido para que se produzcan los resultados esperados. Ello
atendiendo a que no resguardan líneas de intervención sinérgicas, ni cuentan con un enfoque
claro de la realidad que se debe enfrentar.
• La debilidad institucional del ente rector, así como la falta de articulación adecuada de los ac-
tores del Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción hace que este no pueda cumplir
a cabalidad con su misión para luchar de manera efectiva contra la corrupción.
• El nivel de avance en la implementación de Oficinas de Integridad resulta positivo, pero aún
debe consolidarse su rol de actuación. Compartir sus labores, en la mayoría de los casos con
las oficinas de recursos humanos, o ubicarse como equipos de trabajo dependientes de la máxi-
ma autoridad administrativa limita su actuación y capacidad de despliegue.
Transparencia
• Subsiste la percepción de que el Estado peruano no se desenvuelve de manera transparente,

siendo la corrupción y la falta de voluntad política los principales factores que interfieren para
su adecuada realización.
• La cultura organizacional en las entidades públicas no reconoce de forma debida la importan-
cia y obligatoriedad de mostrar y brindar información a los ciudadanos. Lo mismo ocurre res-
pecto a las respuestas ante solicitudes de información por parte de los ciudadanos.
• La transparencia y acceso a la información pública se vienen implementando en el país como
parte del enfoque del Gobierno abierto, con limitaciones de carácter institucional, como, por
ejemplo, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene
un accionar limitado en el fomento de la cultura de la transparencia, y el Tribunal de Transpa-
rencia no posee mecanismos de coacción o sanción para imponer sus decisiones, por lo que
más allá de considerarse que sus fallos pueden contener una expresión vinculante, no hay un
mecanismo que genere responsabilidades por su no acatamiento. Esta circunstancia, definiti-
vamente, debilita y torna poco viable el desarrollo de las acciones que el tribunal puede desple-
gar, por lo que resulta indispensable fortalecer sus capacidades y darle un rol de acción más
relevante.
• Los PTE constituyen una importante herramienta para el fortalecimiento de la transparencia
del Estado, sin embargo, la calidad de la información que se cuelga como su presentación ami-
gable es limitada.
265
Gobierno digital
• El empleo de tecnologías de la información constituye una herramienta clave para acercar la

acción gubernamental de la ciudadanía de manera más ágil, célere y oportuna.
• La implementación del Gobierno digital en el Perú se ha desarrollado de manera lenta, no obs-
tante, con la pandemia del COVID-19 ha tomado un nuevo impulso ayudando a fortalecer la
gestión del Estado.
• El Estado peruano cuenta con una serie de propuestas, programas y medidas que emplean las
TIC, que se ponen de manifiesto en algunas entidades públicas como SUNAT, SUNARP, INDE-
COPI, RENIEC, OSCE, etc., pero que no han logrado masificarse en la mayoría de las entidades
públicas.
• La interoperabilidad es incipiente, y existen casos de entidades que al interno de su estructura
no están interconectadas.
• La brecha de conectividad en el Perú limita el avance del Gobierno digital, así como la deficien-
cia en equipamiento y personal capacitado.
Innovación pública
• A pesar de que la innovación pública no es un tema nuevo en las agendas públicas de los Esta-
dos en su búsqueda de mejorar los servicios a la ciudadanía, en nuestro país, es un concepto
que se está desarrollando en el Estado peruano.
• En el Perú, solo existen los Lineamientos 001-2021-SGP que establecen Orientaciones para
una Gestión Pública Innovadora, careciendo de un marco normativo e institucional de mayor
nivel y contenido para la ejecución de intervenciones en la materia.
Además, siguiendo lo que señala el estudio de la OCDE (2020), es sustancial que los Gobiernos, a
través de su Administración pública, implementen mecanismos serios y efectivos para realizar el
monitoreo y evaluación de las reformas, políticas públicas y procesos, entre ellos el de la moderni-
zación de la gestión pública. Esto supone que se cuente con la capacidad para desarrollar indicado-
res de desempeño significativos a nivel del Gobierno nacional y subnacional (Gobiernos regionales
y locales), los mismos que generen información a los formuladores y decisores de las políticas
públicas y a los demás actores interesados en la brecha existente entre la calidad formal de los
marcos normativos y la implementación real.
Así, lo que no se mide resulta por demás complicado que sea factible de saber cuál es su impacto,
si da o no resultados y qué, cómo y dónde se debe corregir. Por ejemplo, se ha puesto en evidencia
que para medir la eficacia real de la gestión pública y de sus diversos procesos no es suficiente
hablar de los niveles de ejecución presupuestal.
Finalmente, es de vital importancia entender el proceso de modernización de la gestión pública como

un proceso constante, que se debe observar y que tiene un impacto en el entorno y el contexto social,
266
así llegaron las TIC y surge una mirada clave del Gobierno digital y la necesidad de la innovación pú-
blica (que es, en sí misma, modernización). De igual forma, no podemos hablar de un proceso de
modernización que genere valor público en tanto haya espacio para la corrupción y la transparencia
no sea parte de la cultura organizacional y de la propia ciudadanía.
No cabe duda de que, como hemos expuesto, las personas, el recurso humano, es un eje central en
todo proceso, más aún en un proceso tan amplio, constante y que requiere vencer el temor al cam-
bio y pensar fuera de la caja, en la búsqueda por mejorar la prestación de bienes y servicios públicos
que aumenten la calidad de vida de las personas.
267
RECOMENDACIONES: AGENDA PENDIENTE
Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
En el presente apartado, a manera de recomendaciones y propuestas de mejora, estableceremos

propuestas que sirvan para el fortalecimiento de la gestión pública y de su proceso de moderniza-
ción, avanzar en la agenda pendiente, servir de incentivos y líneas de acción para implementar.
Sobre el proceso de modernización en sí mismo
• Con la reorganización de la PCM en el año 2017, cumpliendo con las recomendaciones de la

OCDE, encargándole a la SGP el rol de ente rector para la modernización de la gestión pública
del Estado, se ha generado un espacio de avance en el desarrollo e implementación de medidas
técnicas para orientar de mejor manera la gestión pública. Dicho proceso debe llevarse a cabo
hasta el final sin intromisiones de orden político, buscando salvaguardar que lo más importan-
te de esta labor es tener un Estado capaz de satisfacer las necesidades que los ciudadanos
demandan.
Ello significa fortalecer el rol del ente rector, recaído en la SGP, a fin de que pueda orientar de
manera adecuada la línea en la que debe desenvolverse el Sistema de Modernización de la
Gestión Pública del Estado. Para ello es necesario que cuente con el respaldo político, adecua-
dos recursos humanos, presupuestarios, tecnológicos, etc.
• Es imprescindible que la PCM consolide sus acciones para transformarse en un Centro de Go-
bierno (CdG)136 capaz de generar, disponer, normar, liderar, asesorar e implementar una visión
política y técnica sobre cómo debe desplegar el aparato administrativo público sus labores
hacia la ciudadanía, disponiendo la participación de los diversos actores públicos que existen.
• Promover la armonización de los sistemas administrativos. En este punto recogemos la pro-
puesta por la SGP (2021i), donde se señala que:
136. “[…] los Centros de Gobierno son la piedra angular de los sistemas de gobernanza pública. Los CdG aseguran que
los Gobiernos tomen decisiones de alta calidad, que coordinen acciones de gobierno y mantengan coherencia en el diseño
e implementación de la política de gobierno” (OCDE, 2016, pág. 107).
Para más información, ver: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-
peru_9789264265226-es#page109
268
Se debe propiciar espacios de armonización con los entes rectores de los demás sistemas ad-
ministrativos, a fin de promover su articulación, simplificación y actualización, tomando en
cuenta la heterogeneidad de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. Para ello,
también será importante continuar con la generación de evidencia sobre su funcionamiento y el
impacto que tienen en la gestión de las entidades públicas, a través de instrumentos como la
Encuesta Nacional de Gestión Pública, estudios sobre los efectos de sus regulaciones, entre
otros (pág. 13).
Asimismo, el empleo de las TIC para iniciar la integración digital de los sistemas de planeamiento,
presupuesto, inversión y abastecimiento son indispensables en la búsqueda de generar resulta-
dos eficientes y eficaces.
• Continuar con el desarrollo de los medios del Sistema de Modernización de la Gestión Pública,
por parte de la SGP, dotándolos de contenidos a través de las herramientas e instrumentos
respectivos (SGP, 2021i).
• Concluir con el proceso de identificación y saneamiento normativo, respecto del proceso de
modernización de la gestión pública, teniendo mayor claridad de cuáles son las normas que
requieren modificación, las que han sido o deben derogarse y las que están plenamente vigen-
tes, para poder contar con un marco jurídico que nos permita tener una visión integral del fun-
cionamiento del Estado y de todos los niveles del quehacer social.
• Identificar y crear un banco de prácticas de gestión pública (buenas y fallidas), las mismas que
deberán ser sistematizadas y difundidas.
• Actualizar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública constituirá una oportu-
nidad para reorientar los esfuerzos y hacer que la marcha del Estado mejore de manera sus-
tancial para responder con mayor prontitud, eficiencia, eficacia y oportunidad a lo que la reali-
dad peruana requiere.
Recursos humanos
• Implementar un sistema único de la carrera del servicio civil constituirá un marco efectivo para
la construcción de un servicio meritocrático mejor remunerado que capte los mejores talentos
para desplegar labores en el sector público. Se debe reducir la posibilidad de permitir el clien-
telismo que durante mucho tiempo ha permeado al Estado.
• La creación de la Ley Servir y la actualización de sus líneas de implementación constituyen una
oportunidad importante que debe ser implementada a cabalidad para permitir que se cuente
con un sistema que sea capaz de reclutar a los mejores profesionales para servir en el Estado
y responder a las demandas ciudadanas con mayor nivel de efectividad.
• Asegurar el apoyo político para la implementación del régimen de SERVIR.
• Establecer medidas para reducir el alto nivel de rotación en los tomadores de decisiones. En
ese sentido, disponer criterios para el cambio de titulares de entidad resulta de suma importan-
cia. Así, un ejemplo que destacar es el de la Autoridad del Transporte Público, donde después
269
de designar a su jefe institucional este solo puede ser sustituido por falta grave debidamente
motivada.
• Construir herramientas y métodos claros, medibles y con plazos determinados para hacer un
adecuado seguimiento al proceso de implementación del régimen SERVIR.
• Uniformizar los criterios de fortalecimiento de capacidades para los servidores públicos, basa-
dos en los perfiles de profesionales y las necesidades institucionales, los cuales deben a su vez
ser capaces de medir la calidad del conocimiento recibido por los trabajadores y su aporte a la
mejora de su productividad.
• La formación a los servidores y funcionarios públicos se debe orientar también para entender
que la entidad es un medio y no un fin en sí mismo; al igual que los órganos de apoyo, control y
los sistemas administrativos son un medio para alcanzar los objetivos institucionales y, por lo
tanto, las entidades, al proyectarse hacia la ciudadanía, logren satisfacer las demandas y nece-
sidades ciudadanas.
Lucha contra la corrupción
• Fortalecer las medidas para garantizar que el rol del ente rector, que ostenta la Secretaría de
Integridad Pública de la PCM, se institucionalice, fortalezca y despliegue de manera legítima,
favoreciendo la concertación de acciones y el establecimiento de marcos normativos idóneos y
criterios de evaluación que faciliten la toma de decisiones certeras en la materia.
• Siguiendo las observaciones realizadas por la OCDE sobre el Sistema de Integridad, es impor-
tante definir con mayor precisión los niveles de responsabilidad que cada institución tiene en la
materia y establecer el desarrollo de capacidades suficientes para que puedan cumplir con tal
encomienda (OCDE del Pueblo, 2017).
• Asumir mayor compromiso político, social e institucional de todos los actores públicos y priva-
dos, así como de la ciudadanía, para reducir los niveles de corrupción. En este contexto, es
esencial trabajar, sobre todo a nivel educativo y de escala de valores, para lograr que los niveles
de tolerancia a este tipo de acciones delictivas se reduzcan.
• Generar una interconexión amplia, sinérgica y profunda a nivel de las medidas de prevención,
control y sanción para que el sistema de integridad pueda producir resultados realmente efec-
tivos.
• Los mecanismos de protección a los denunciantes de casos de corrupción requieren un mayor
nivel de desarrollo y fortaleza, a fin de garantizar que este tipo de —valga la redundancia— de-
nuncias no solo sean atendidas de manera oportuna, sino que se proteja y se garantice el res-
paldo a quienes las formulan.
• Contar con un sistema de gestión de la información en la materia, basado en criterios unifor-
mes, con métodos estandarizados y prácticos, que todas las instituciones sean capaces de
desarrollar, servirá de base para un análisis realista y más efectivo sobre lo que ocurre con el
fenómeno de la corrupción en nuestro país, facilitando, así, las labores para su reducción.
• Con la implementación de las Oficinas de Integridad y entidades públicas, se da un paso impor-
tante para establecer medidas de control contra la corrupción, sin embargo, resulta necesario
270
que estas tengan mayor autonomía y espacios de la injerencia política para el despliegue de sus
funciones.
Transparencia
• Proponer la modificación del Decreto Legislativo 1353, decreto legislativo que crea la Autoridad
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección
de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, a fin de que se dote al Tribunal de
Transparencia y Acceso a Ia Información Pública de los mecanismos necesarios para hacer cum-
plir las resoluciones que emite (Defensoría del Pueblo, 2021).
• Promover el conocimiento y uso efectivo de los ciudadanos de sus derechos establecidos en la
Constitución y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de las
normas de protección de datos personales.
• Fortalecer el marco regulatorio referente a los incentivos y sanciones para los funcionarios y
servidores públicos responsables de procurar la atención o gestión de las solicitudes de acceso
a la información pública (OCDE, 2016). Se debe propiciar que los servidores y funcionarios, por
ejemplo, respondan las solicitudes de información de forma debida, en fondo y tiempo.
• Exigir que la información en los PTE sea amigable y de calidad, generando indicadores para su
debida supervisión y ante el incumplimiento haya una sanción efectiva.
• Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, el uso de las TIC resulta sustancial para “[…] pro-
cesar los requerimientos de información, monitorear su estado y comunicar a los ciudadanos
los resultados finales” (2016, pág. 329).
Gobierno digital
• Promover iniciativas de empleo de tecnologías de la información y Gobierno digital en el Estado

peruano, no solo para favorecer su digitalización, sino porque con la implementación de medi-
das y herramientas digitales se podrá contribuir de manera más efectiva a modernizar la ges-
tión del Estado de manera integral.
• Aplicar con mayor énfasis el Gobierno digital para ayuda a reducir las barreras burocráticas,
hacer que las labores de los servidores públicos sean más eficientes, y que se puedan alcanzar
resultados de mayor impacto.
• Impulsar de manera sustancial las líneas de acción en intervención que despliega el Sistema de
Gobierno Digital y fortalecer el rol de la Secretaría de Gobierno y Transformación digital de la
PCM. Con ello se podrá hacer que los procedimientos sean más sencillos, dinámicos, de menor
duración, accesibles, predecibles y transparentes a favor de la ciudadanía.
• Disponer acciones de promoción por parte del Estado para crear un ecosistema digital sosteni-
ble, como la adquisición de propuestas digitales y de innovación para la mejora de la prestación
de servicios públicos a las startups desarrolladoras de este tipo de productos y servicios.
• Implementar programas públicos que ofrezcan apoyo y financiación a proyectos para el forta-
lecimiento del ecosistema Govtech.
271
• Promover y acercar a los servidores y funcionarios públicos a las TIC, con metodologías ágiles
y el uso de los datos, mejorando sus resultados institucionales y optimizando las horas de tra-
bajo.
Innovación pública
• Formular y aprobar el marco normativo e instrumental que dé contenido a las medidas para
promover, difundir e implementar la innovación pública en el Estado peruano.
• Desarrollar los Laboratorios de Innovación Pública para promover la interacción e intercambio
de conocimiento entre las entidades públicas, la academia, las organizaciones sociales y los
actores privados.
• Generar incentivos para que los servidores y funcionarios públicos propongan alternativas de
solución innovadoras.
• Identificar experiencias e instituciones que desarrollen propuestas de innovación pública.
• Poner en práctica los documentos internacionales como la Carta Iberoamericana de Innovación
en la Gestión Pública, aprobada en el año 2020, y la Declaración sobre Innovación en el Sector
Público de la OCDE del año 2019.
272
BIBLIOGRAFÍA
Abellán-Artacho, P. y Abellán, J. (2020). Burocracia y Administración pública. El paradigma buro-

crático y el pensamiento weberiano. En Democracia, Gobierno y Administración pública con-
temporánea (págs. 43-64). España.
Acevedo, S. y Dassen, N. (2016). Innovando para una mejor gestión. La contribución de los Labora-
torios de Innovación Pública.
Acuerdo Nacional (2014). Política de Estado. Lima.
Arroyo, J., Álvarez, C., Castañeda, V., Cortés, J., Gibú, C., Llona, M. et al. (2015). Gerencia y moder-
nización de la Administración pública en el Perú. Lima: CENTRUM.
Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) (2020). Supervisión a
los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración pública. Lima:
MINJUS.
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) (2017). El reto de la formalidad en el sector público
peruano. Lima.
Ayuntamiento de Barcelona (junio de 2020). Barcelona inicia la temporada de baño en las playas
con medidas de control de aforo. Obtenido de Info Barcelona: https://www.barcelona.cat/info-
barcelona/es/tema/informacion-sobre-la-gestion-del-covid-19/barcelona-inicia-la-tempora-
da-de-bano-en-las-playas-con-medidas-de-control-de-aforo_958301.html
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y PubliTechLab (2020). Govtech y el futuro del Go-
bierno 2020. Madrid: CAF.
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Reporte de Economía y Desarrollo (2019). Integri-
dad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción. Buenos Aires.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2021). Transformación digital y empleo público: el futuro
del trabajo del Gobierno (M. Porrúa, M. Lafuente, E. Mosqueira, B. Roseth y A. Reyes, eds.). Wash-
ington, D.C.
Barzelay, M. (1998). Atravesando la burocracia. Una nueva perspectiva de la Administración pública.
España: FCE.
Barzelay, M. (2003). La nueva gerencia pública. Un acercamiento a la investigación y al debate de
las políticas públicas. México: FCE.
Bonifaz, J., Urrunaga, R., Aguirre, J. y Quequezana, P. (2020). Brecha de infraestructura en el Perú:
estimación de la brecha de infraestructura de largo plazo 2019-2038. BID.
273
Brugué, Q. y Subirats, J. (1996). Lecturas de gestión pública. Madrid: Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública.
Casas, C. (2012). Avance de la reforma y modernización del Estado en el Perú. Lima: Secretaría de
Gestión Pública, PCM y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2008). Carta Iberoamerica-
na de Calidad en la Gestión Pública. San Salvador.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2016). Carta Iberoamerica-
na de Gobierno Abierto. Colombia.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). (2020). Carta Iberoamerica-
na de Innovación en la Gestión Pública. Andorra: CLAD.
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2021). ¿Hackear lo público?
Innovación en la gestión pública. Caracas: CLAD.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) (2011). Plan Bicentenario: el Perú hacia el
2021. Lima.
Chica Vélez, S. (2011). Una mirada a los nuevos enfoques de la gestión pública. Administración &
Desarrollo, 57-72.
Colombia, D. N. (dirección) (2019). ¿Qué es TerriData? [Película].
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012). El desafío hacia el Gobierno
abierto en la hora de la igualdad. Santiago de Chile: CEPAL.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014). Panorama de la gestión pú-
blica en América Latina y el Caribe.
Concha, P. I. (2020). Transparencia pública: orígenes y expansión. Santiago de Chile: Universidad
Central de Chile.
Congreso de la República. Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal (2 de
febrero de 2021). Reporte Temático N.° 84/2020-2021. Ejecución del Presupuesto Público. Pe-
ríodo comparativo 2020 vs 2019. Lima.
Contraloría General de la República (CGR) (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la incon-
ducta funcional en el Perú: una aproximación exploratoria. Lima.
Contraloría General de la República (CGR) (2021). La reforma del control gubernamental en el
Perú: balance al trienio de su implementación. Lima.
Corporación Latinobarómetro (2021). Informe 2021. Santiago de Chile.
Defensoría del Pueblo (2017). El Sistema Anticorrupción Peruano: diagnóstico y desafíos. Lima.
Defensoría del Pueblo (2021). Balance de la gestión del Tribunal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública 2019-2021. Lima.
Departamento del Atlántico y Universidad Antonio Nariño (2019). Acércate: Plataforma de Conectivi-
dad para la Innovación Social en el Atlántico. Obtenido de Gobernarte: Premio Eduardo Campos
2019: https://gobernarte.info/dev4/site/wp-content/uploads/2020/08/FichaNuevaAcercate.pdf
Departamento Nacional de Planificación de Colombia (2022). Terridata: Sistema de Estadísticas
Territoriales. Obtenido de TerriData: DNP: https://terridata.dnp.gov.co
Digital Future Society (2020). Panorámica del ecosistema GovTech en España, Colombia y México.
Barcelona: PublicTech Lab.
274
Dirección Chile Compra y Laboratorio de Gobierno (2018). Directiva de Innovación para las Compras
Públicas: ¿cómo podemos innovar en el proceso de compra pública? Chile: Ministerio de Econo-
mía y Fomento.
Engel, E., Ferreira Rubio, D., Kaufmann, D., Lara Yaffar, A., Londoño Saldarriaga, J., Simone Noveck,
B. et al. (2018). Informe del grupo asesor de expertos en anticorrupción, transparencia e integri-
dad para América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: BID.
ESAN Graduate School of Business (28 de septiembre de 2017). Avances y desafíos de la moderniza-
ción de la gestión pública. Obtenido de Conexión ESAN: https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/
avances-y-desafios-en-la-modernizacion-de-la-gestion-publica
Ferrada, R. (2015). Premio Interamericano a la Innovación Pública para la Gestión Pública Efectiva -
Edición 2015. Obtenido de Organización de Estados Americanos (OEA): https://www.oas.org/es/
sap/dgpe/innovacion/Banco/2015/GOBIERNO_ABIERTO/Modelo%20de%20Fiscalización.pdf
FLACSO Argentina (2017). Control de políticas públicas, la cuestión de la transparencia y la trans-
parencia en cuestión. Buenos Aires: FLACSO.
Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung e Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya (2018). El círculo de la corrupción en los Gobiernos regionales. Los casos de
Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios. Lima.
González Casanova, P. (2007). Corrupción y capitalismo. México: UNAM.
Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) (2011). Informe anual sobre la lucha contra la co-
rrupción en el Perú 2010. Lima.
Guerrero, O. (1999). Del Estado gerencial al Estado cívico. México: UNAM.
IDEA Internacional y Transparencia (2009). Programa de formación: desarrollo de capacidades
para el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Lima, Perú.
Iglesias, P. (2020). Nueva gestión pública e innovación en el sector público. En Democracia, Gobier-
no y Administración pública contemporánea (págs. 43-64). España.
Instituto Nacional de Administración Pública (2020). Banco de Innovación en las Administraciones
Públicas. España: Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2020). Perú: percepción ciudadana sobre go-
bernabilidad, democracia y confianza en las instituciones. Lima.
Jiménez, R. (2016). Clientelismo versus administración impersonal. Fukuyama: el valor de las
instituciones (II). Obtenido de: https://rafaeljimenezasensio.com/2016/03/23/clientelismo-versus-
administracion-impersonal-fukuyama-la-reforma-de-la-administracion-ii/
Lawyers Council for Civil & Economic Rights & Vance Center (2020). Evaluación anticorrupción en
Latinoamérica 2020.
Levi, M., Weber, M., Skocpol, T., Evans, P., Oszlak, O., Peters, B. G. et al. (2015). El valor estratégico
de la gestión pública. Buenos Aires: Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Máttar, J. y Perrotti, D. E. (2014). Planificación, prospectiva y gestión pública: reflexiones para la
agenda de desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL.
Mayorga, F. (2018). Problemas de coordinación y coherencia en la política pública de modernización
del Poder Ejecutivo de Perú. Lima: CLAD.
275
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (2019). Plan Nacional de Infraestructura para la Compe-
titividad. Lima.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) (2021). Compendio de transparencia, acceso
a la información y protección de datos personales: normativa y criterios interpretativos relavan-
tes. Lima: MINJUS.
Moore, M. (1995). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Barcelona: Ediciones
Paidós Ibérica.
Naser, A. y Concha, G. (2011). El Gobierno electrónico en la gestión pública. Santiago de Chile: Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Naser, A. y Hofmann, A. (2016). La contribución del Gobierno electrónico y los datos abiertos en la
integración regional. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico (2022). La Nueva DGT. Obtenido de Sede Elec-
trónica de la DGT: https://sede.dgt.gob.es/es/appmidgt/
Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2021). Índice Mundial de Innovación 2021:
seguimiento de la innovación durante la crisis de la COVID-19. Ginebra. Obtenido de Organismo
Mundial de la Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/about-wipo/es/
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020). Encuesta sobre E-Gobierno, 2020: Gobierno
digital en la década de acción para el desarrollo sostenible. Nueva York.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2005). Effective Open Go-
vernment: improving public access to government information. París.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2016). Estudios de la OCDE
sobre gobernanza pública: Perú. Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo. Lima.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2017). Recomendación del
Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Santiago de Chile.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2019). Declaración sobre
innovación en el sector público.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2020). Panorama de las
Administraciones públicas América Latina y el Caribe 2020. París.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2021). Guía de la OCDE so-
bre Gobierno abierto para funcionarios públicos peruanos. Lima.
Presidencia del Consejo de Ministros (2013). Una mirada al Gobierno electrónico en el Perú. La
oportunidad de acercar el Estado a los ciudadanos a través de las TIC. Primera edición. Lima.
Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014). Acceso a la información pública. En Progra-
ma de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobierno abierto dirigido a Gobiernos re-
gionales y locales (págs. 1-56). Lima.
Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014). Transparencia. En Programa de fortaleci-
miento de capacidades en materia de Gobierno abierto dirigido a Gobiernos regionales y locales
(pág. 22). Lima.
276
Presidencia del Consejo de Ministros (2022). Compendio de normas sobre Gobierno digital y el Sis-
tema Nacional de Informática. Obtenido de Normativa sobre Transformación Digital: https://
www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/147-normativa-sobre-gobierno-digital
Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos e Insti-
tuto de Defensa Legal.
Ramió, C. (2001). Los problemas de la implantación de la nueva gestion pública en las Administra-
ciones públicas latinas: modelo de Estado y cultura interinstitucional. Reforma y Democracia,
21, 1-28.
Ramió, C. (2016). Una propuesta de postburocracia: un modelo burocrático y empresarial. Madrid:
GIGAPP Estudios Working Papers.
Saravia Salazar, J. (2018). La gestión pública en el Perú en perspectiva histórica (siglo XIX-XXI). En
Líneas Generales, 144-159.
Schuldt, J. (2000). Experiencias y agenda pendiente de las “reformas de segunda generación” en el
Perú. Ecuador Debate, 149-170.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2013). Política Nacional de Modernización de la Gestión Públi-
ca al 2021. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2020). Implementación de la gestión por procesos en la Admi-
nistración pública. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021a). Lineamientos 001-2021-SGP. Orientaciones para una
Gestión Pública Innovadora. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021b). Documento de política: calidad regulatoria en el Perú
- avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021c). Documento de política: simplificación administrativa
en el Perú - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021d). Documento de política tomo III: perspectivas del usua-
rio para mejorar intervenciones - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021e). Documento de política tomo IV: gestión de la calidad
en el Perú - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021f). Documento de política tomo V: Gobierno abierto en el
Perú - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021g). Documento de política tomo VI: estructura, organiza-
ción y funcionamiento del Estado - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021h). Documento de política tomo VII: Plataforma de Mejor
Atención al Ciudadano - MAC - avances y agenda Futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021i). Documento de política tomo VIII: Sistema de Moderni-
zación de la Gestión Pública - avances y agenda futura. Lima.
Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2022). Análisis de Calidad Regulatoria. Obtenido de Presiden-
cia del Consejo de Ministros: https://sgp.pcm.gob.pe/analisis-de-calidad-regulatoria/
Serra, C. (julio de 2020). Una start-up catalana tiene la solución para controlar el aforo en las playas.
Obtenido de El Nacional: https://www.elnacional.cat/es/economia/start-up-catalana-solucion-
controlar-aforo-playas_523167_102.html
277
Shack, N. (2019). Modelo de control concurrente como eje central de un enfoque preventivo, célere
y oportuno del control gubernamental en el Perú. Lima.
Tamayo, M. (1997). El análisis de las políticas públicas. La nueva Administración pública, 281-310.
Ugarte, M., Rivero, J. C. y Bautista, D. (2020). La reforma del Estado y gestión pública. En ¿Por qué
las reformas administrativas no logran los resultados esperados? (pág. 7). Lima: PUCP.
Universidad de Chile y Laboratorio de Gobierno (2018). Experiencias de innovación pública. Santiago
de Chile: Edificiones CEA-FEN.
University of Cambridge (2019). Thinking about GovTech. A brief guide for policymakers. Cambridge:
Bennet Institute for Public Policy Cambridge.
USAID (2011). Reforma del Estado y modernización de la gestión pública. Lima.
Valenti, P., Anta, R. y Bendersky, M. (2004). Estrategias de Gobierno electrónico: la definición de un
modelo de análisis y estudio de casos. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
Vegas, C. (2005). Proceso de aplicación de la nueva gestión pública en la Administración Tributaria
del Perú 1991-2005. Espacios Públicos, 64-95.
Zapata, E., Stirling, R., Pasquarelli, W. y Shearer, E. (2020). The GovTech Index 2020. Unlocking the
potential of GovTech ecosystems in Latin America, Spain and Portugal. Caracas: Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF).
278
REFERENCIA NORMATIVA
Ley 30039, ley que modifica la Ley 27658 incorporando los Gobiernos regionales y locales en la
Estrategia del Proceso de Modernización de la Gestión del Estado (7 de junio de 2013).
Ley 30057, Ley del Servicio Civil (4 de julio de 2013).
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (20 de diciembre de 2007).
Ley 29060, Ley del Silencio Administrativo (derogada) (7 de julio de 2007).
Ley 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico (CEPLAN) (25 de mayo de 2005).
Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (8 de diciembre de 2004).
Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público (19 de febrero de 2004).
Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27 de mayo de 2003).
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18 de noviembre de 2002).
Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública (13 de agosto de 2002).
Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (3 de agosto de 2002).
Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial (25 de julio de 2002).
Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repú-
blica (23 de julio de 2002).
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización (20 de julio de 2002).
Ley 27680, ley que aprueba la reforma constitucional para la descentralización política y adminis-
trativa (7 de marzo de 2002).
Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado (30 de enero de 2002).
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (11 de abril de 2001).
D.L. 1448, decreto legislativo que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 1310, decreto legis-
lativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, y perfecciona el marco
institucional y los instrumentos que rigen el proceso de mejora de calidad regulatoria (16 de
septiembre de 2018).
D.L. 1447, decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1211, que aprueba medidas para
el fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de Ventanillas
Únicas e intercambio de información entre entidades públicas (16 de septiembre de 2018).
D.L. 1446, decreto legislativo que modifica la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión
del Estado (16 de septiembre de 2018).
279
D.L. 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital (13 de septiembre de 2018).
D.L. 1362, decreto legislativo que regula la promoción de la inversión privada mediante asociacio-
nes público-privadas y proyectos en activos (23 de julio de 2018).
D.L. 1310, decreto legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa (30
de diciembre de 2016).
D.L. 1224, decreto legislativo del marco de promoción de la inversión privada mediante asociacio-
nes público-privadas y proyectos en activos (derogada) (25 de septiembre de 2015).
D.L. 1211, decreto legislativo que establece el fortalecimiento e implementación de servicios públi-
cos integrados a través de Ventanillas Únicas e intercambio de información entre entidades
públicas (24 de septiembre de 2015).
D.L. 1023, decreto legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema
administrativo de gestión de recursos humanos (21 de junio de 2008).
D.L. 1012, decreto legislativo que aprueba la ley marco de asociaciones público-privadas para la
generación de empleo productivo y dicta normas para la agilización de los procesos de promo-
ción de la inversión privada (derogada) (13 de mayo de 2008).
D.S. 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (11 de diciembre de 2019).
D.S. 123-2018-PCM, decreto supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de
Modernización de la Gestión Pública (18 de diciembre de 2018).
D.S. 042-2018-PCM, decreto supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública
y lucha contra la corrupción (22 de abril de 2018).
D.S. 092-2017-PCM, decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha con-
tra la Corrupción (14 de septiembre de 2017).
D.S. 022-2017-PCM, decreto supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el año 2017 (28 de febrero de 2017).
D.S. 004-2015-RE, ratifica el Acuerdo entre la República del Perú y la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (11 de febrero de 2015).
D.S. 086-2015-PCM, declaran de interés nacional las acciones, actividades e iniciativas desarrolla-
das en el marco del proceso de vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) (16 de diciembre de 2015).
D.S. 081-2013-PCM, decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico
2013-2017 (10 de julio de 2013).
D.S. 004-2013-PCM, decreto supremo que aprueba la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública (9 de enero de 2013).
D.S. 109-2012-PCM, modifíquense los artículos 2.o y 4.o del Decreto Supremo 090-2010-PCM que
aprueban la Estrategia de Modernización de la Gestión del Estado y detallan el rol de la Secre-
taría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (1 de noviembre de 2012).
D.S. 054-2011-PCM, decreto supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 (23
de junio de 2011).
280
D.S. 025-2010-PCM, decreto supremo que modifica el numeral 10 del artículo 2 del Decreto Supre-
mo 027-2007-PCM, que define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento
para las entidades del Gobierno nacional (derogado) (13 de febrero de 2010).
D.S. 027-2007-PCM, define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para
las entidades del Gobierno nacional (derogada) (25 de marzo de 2007).
D.S. 072-2003-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (7 de agosto de 2003).
D.S. 004-2000-PCM, Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Presidencia del Consejo
de Ministros (15 de febrero de 2000).
R.M. 156-2021-PCM, aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la
Presidencia del Consejo de Ministros (17 de julio de 2021).
R.M. 125-2013-PCM, aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública 2013-2016 (18 de mayo de 2013).
R.M. 228-2010-PCM, aprueba el Plan Nacional de Simplificación Administrativa (derogada) (16 de
julio de 2010).
Resolución de Secretaría de Gestión Pública 009-2021-PCM/SGP, aprueba los Lineamientos 001-2021-
SGP que establecen Orientaciones para una Gestión Pública Innovadora (23 de junio de 2021).
Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM/SGP, aprueba los Lineamientos “Prin-
cipios de actuación para la modernización de la gestión pública” (28 de febrero de 2019).
281
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Cuadro comparativo entre paradigma burocrático y paradigma posburocrático.......... 27

Tabla 2. Listado de normas más importantes del proceso de modernización
y de las reformas públicas administrativas emitidas entre 2000 y 2020........................49
Tabla 3. Listado de normas más importantes con contenido en materia de anticorrupción............. 57
Tabla 4. Perjuicio subnacional y nacional por región.................................................................................63
Tabla 5. Principales normas relacionadas con la transparencia y acceso
a la información pública....................................................................................................................... 76
Tabla 6. Elementos de la transformación digital de los Gobiernos..................................................... 81
Tabla 7. Evolución del Gobierno electrónico en el Perú...........................................................................83
Tabla 8. Capacidades y habilitadores del Gobierno inteligente............................................................. 87
Tabla 9. Listado de principales normas con rango de ley sobre modernización
de la gestión pública........................................................................................................................... 111
Tabla 10. Listado de principales decretos supremos, resoluciones ministeriales
y resoluciones sobre la modernización de la gestión pública.............................................112
Tabla 11. Instrumentos de la modernización de la gestión pública......................................................117
Tabla 12. Medios y órganos que coordinan con el ente rector SGP del Sistema
de Modernización de la Gestión Pública......................................................................................117
Tabla 13. Listado de convenios internacionales sobre la lucha contra la corrupción...................141
Tabla 14. Listado de principales leyes, decretos legislativos y decretos supremos
sobre la lucha contra la corrupción...............................................................................................141
Tabla 15. Comparativo entre los tipos de Naciones Unidas y la tipología del Perú...................... 144
Tabla 16. Listado de principales instrumentos sobre la lucha contra la corrupción.................... 146
Tabla 17. Listado de las principales instituciones relacionadas con la lucha
contra la corrupción........................................................................................................................... 150
Tabla 18. Listado de principales leyes y decretos legislativos sobre transparencia
y acceso a la información pública..................................................................................................158
Tabla 19. Listado de los principales decretos supremos y resoluciones ministeriales
relacionadas con la transparencia y acceso a la información pública.............................158
Tabla 20. Listado de los instrumentos sobre transparencia y acceso
a la información pública.....................................................................................................................161
282
Tabla 21. Listado de las principales instituciones relacionadas con transparencia

y acceso a la información pública..................................................................................................165
Tabla 22. Listado de los principales decretos legislativos, decretos de urgencia
y leyes sobre Gobierno digital.........................................................................................................183
Tabla 23. Listado de los principales decretos supremos y resoluciones ministeriales
sobre Gobierno digital.........................................................................................................................183
Tabla 24. Lista de los principales instrumentos sobre Gobierno digital.............................................187
Tabla 25. Listado de las principales instituciones relacionadas con el Gobierno digital..............188
Tabla 26. Listado de las principales normas sobre innovación pública..............................................189
Tabla 27. Sistematización de las categorías y los factores encontrados
en las cuatro reformas de la Administración pública........................................................... 194
Tabla 28. Ejecución total del presupuesto público por niveles de gobierno
(periodo comparativo 2020 versus 2019).................................................................................. 204
Tabla 29. Ejecución total del presupuesto público por función
(periodo comparativo 2020 versus 2019).................................................................................. 205
Tabla 30. Permanencia del titular en el periodo 2006-2020 (cálculo en meses)...........................214
Tabla 31. Entidades supervisadas.....................................................................................................................229
Tabla 32. MiDGT (finalista en la XII edición [2021] de los Premios Aslan
a la Transformación Digital de las Administraciones Públicas en la categoría:
app para mejorar el servicio al ciudadano)................................................................................ 239
Tabla 33. Video sensors......................................................................................................................................... 240
Tabla 34. Compra Pública Innovadora (CPI)..................................................................................................241
Tabla 35. Banco de experiencias innovadoras en gestión pública – OEA ......................................... 242
Tabla 36. TerriData................................................................................................................................................. 243
Tabla 37. Gobernarte – BID................................................................................................................................. 244
283
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. El ciclo de la gestión pública para el desarrollo ........................................................................ 17

Figura 2. Pilares y ejes de la política de la modernización........................................................................ 41
Figura 3. Organización de la Secretaría de Gestión Pública.....................................................................48
Figura 4. Leyes de acceso a la información en América Latina.............................................................. 78
Figura 5. Las dinámicas de los sistemas Govtech.......................................................................................89
Figura 6. El rol de la Secretaría de Gestión Pública................................................................................. 109
Figura 7. Cadena de valor público....................................................................................................................110
Figura 8. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la implementación
del proceso de modernización de la gestión pública en el Estado?..................................193
Figura 9. Perú: gestión del Gobierno central, regional y local. Semestres:
octubre 2018-marzo 2019 y octubre 2019-marzo 2020 (porcentaje).............................201
Figura 10. Índice de efectividad de gobierno entre 1996-2018 de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú.................................................................................................................. 202
Figura 11. Índice de calidad burocrática entre 1994-2016 de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú.................................................................................................................. 203
Figura 12. De los pilares mencionados anteriormente, ¿cuál considera usted que ha tenido
mayor avance en los últimos 10 años?.......................................................................................212
Figura 13. A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los pilares
de la modernización de la gestión pública?...............................................................................213
Figura 14. ¿Cuáles considera usted que son las tres (3) limitantes más importantes
que evitan lograr una gestión pública eficaz y eficiente?.....................................................222
Figura 15. ¿Considera usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción
está bien estructurado en nuestro país?.....................................................................................223
Figura 16. ¿Cree usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción
ha contribuido a la reducción de la corrupción en nuestro país?.......................................223
Figura 17. ¿Piensa usted que la gestión pública en el Perú se desarrolla
de forma transparente?.....................................................................................................................226
Figura 18. Según usted, ¿cuáles son los factores que interfieren para el ejercicio
transparente de la gestión pública?.............................................................................................227
Figura 19. Contenido estándar del Portal de Transparencia del Estado..............................................229
284
Figura 20. Nivel de cumplimiento de entidades, anual 2019 y primer semestre de 2020............231
Figura 21. A la fecha, el nivel de implementación del Gobierno digital en el Perú es:.................. 234
Figura 22. En el contexto actual, ¿cree usted que la innovación puede desarrollarse
en las entidades públicas del Perú?............................................................................................ 238
285
RELACIÓN DE ANEXOS
Anexo 1 La gestión pública en el Perú en perspectiva histórica (siglos XIX-XXI)

Anexo 2 Políticas del Estado peruano publicadas por el Acuerdo Nacional
Anexo 3 Medios del Sistema de Modernización de la Gestión Pública
Anexo 4 Canales para la divulgación proactiva de información
Anexo 5 Compilación institucional sobre lucha contra la corrupción (Sistema de Administra-
ción de Justicia)
Anexo 6 Encuesta de investigación: modernización de la gestión pública en el Perú
Anexo 7 Resultados del cuestionario sobre la modernización de la gestión pública en el Perú
Anexo 8 Información sobre la supervisión de los Portales de Transparencia Estándar
Anexo 9 Agenda pendiente respecto a Gobierno digital según OCDE
Anexo 10 Lista de bibliografía
286
ANEXOS
ANEXO 1. LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ EN
PERSPECTIVA HISTÓRICA (SIGLOS XIX-XXI)
1. La herencia virreinal
Según Carl Herbold (1974), el legado administrativo del virreinato en la naciente república peruana
tuvo las siguientes características: 1) centralismo; 2) formalismo legal; 3) estatismo; 4) dualismo
peruano (existencia del “Perú real” y el “Perú legal”); 5) parasitismo fiscal; y 6) acomodo permanen-
te entre lo tradicional y lo nuevo.
Estas características dificultaron el tránsito hacia un Estado moderno —el ideal republicano— y
retrasaron la constitución de la profesionalización del servicio público, la descentralización de los
servicios públicos y la optimización de la recaudación de impuestos. Como señala Fernando de
Trazegnies (1979), en el siglo XIX se produce una “modernización tradicionalista” que consiste en la
“recepción de un cierto número de elementos capitalistas, ligada a una profunda resistencia a todo
cambio en la estratificación social”, es decir, “se quiere devenir capitalista, pero al mismo tiempo se
quiere conservar las jerarquías tradicionales” (pág. 30). El aspecto formal del Estado (legal y admi-
nistrativo) era nominalmente moderno, pero carecía de las características propias de la moderni-
dad, y se convirtió, así, en una prolongación del sistema virreinal basado en privilegios, prácticas
clientelares y una visión patrimonialista del Estado.
2. El Estado caudillista (1821-1896)
Para Javier Tantaleán (2004), “el Estado de jure era asumido como liberal” y “el Estado de facto
interactúa con una infraestructura económica de un nivel mínimo de industrialización y con pode-
rosos intereses exportadores, que fueron variando en el tiempo: guano, salitre, azúcar, algodón,
plata y cobre” (págs. 172-173). De esta manera, para Tantaleán, la principal tarea de este Estado
“era construirse a sí mismo”, pues necesitaba dotarse de marcos jurídicos e institucionales básicos
(entes administrativos centrales y departamentales, e infraestructura para servicios básicos y para
287
el comercio), y tomar como referencia, para ello, los modelos administrativos de Europa y Nortea-
mérica.
Tras la independencia, la Asamblea Legislativa se ocupó de la organización administrativa del país,

creó prefectos donde antes había intendentes y erigió, sobre la base de las divisiones coloniales
correspondientes, los departamentos, las provincias y los distritos.
Por aquellos años, la Administración pública estaba conformada por dos clases de agentes admi-
nistrativos: los funcionarios políticos, tales como prefectos, subprefectos, gobernadores y tenien-
tes gobernadores, que compartían la autoridad con el jefe de Estado, pero eran dependientes del
mismo; y los empleados públicos, como ministros de Estado, jefes de ministerio, secretarios, oficia-
les de oficina y amanuenses, los cuales no compartían autoridad (León y León, 1897, pág. 77).
Desde la independencia hasta, más o menos, las primeras décadas del siglo XX, la gestión pública
se concentraba en cuatro ministerios: Hacienda, Gobierno, Guerra y Marina, e Instrucción Pública,
Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. Los tres primeros fueron constantes en la organización ad-
ministrativa de este periodo (Quiñones, 2014, pág. 3).
La idea del Estado que se tenía por aquellos años era la de uno mínimo, preocupado casi exclusiva-
mente por la seguridad policial, el mantenimiento de las fuerzas armadas y los servicios de justicia.
La calidad de vida de la población era un aspecto ajeno al Estado. Un concepto clave de esta manera
de entender la gestión pública fue el de las finanzas públicas, concepto heredado de la Revolución
francesa, que se define como la “ciencia que estudia la formación y administración del patrimonio del
Estado para el cumplimiento de los fines que le son propios”.
Fue la explotación del guano lo que produjo cambios importantes en la Administración pública. En
1856, por ley del 17 de noviembre, se dispuso que esta administración estuviera dividida en cinco
ministerios y se establecieron las responsabilidades de los ministros y también las relaciones y los
límites que estos debían tener respecto al presidente, el resto de las instituciones públicas y la
sociedad en general. Como señala Basadre (2005), con esta ley fue posible establecer, por primera
vez, un consejo de ministros en el país (pág. 24).
En estas condiciones, el desarrollo de los asuntos estatales y su administración fue más una labor
intuitiva que técnica, pero, aun así, existía la necesidad de construir un Estado moderno y de sentar
las bases de una institucionalidad para el futuro.
3. La era de la ampliación de roles del Estado (1896-1930)
Hacia finales del siglo XIX, como señala Herbold (1973), existía un clima intelectual favorable que
cambió la perspectiva en torno al rol del Estado en el país y al modo de hacer política de las élites.
288
Este clima intelectual y sus ideales en torno a lo que debía ser el Estado y cuáles debían ser sus
objetivos primordiales quedaron bien sintetizados en el discurso de apertura del año académico en
la Universidad de San Marcos, dado por un joven profesor de Filosofía, Javier Prado, que considera-
ba que las bases institucionales de la sociedad peruana debían cambiar para proveer: “[…] el go-
bierno de la libertad, de la libertad política y la libertad privada; justicia, estabilidad y respeto por
las instituciones y seguridad social, un Estado fuerte, uno patriótico, educación, nación trabajadora
y sana” (Anales universitarios, XXII).
El 22 de enero de 1896, el Gobierno promulgó la ley de creación del Ministerio de Fomento, que
quedó respaldada por la Constitución de 1860. Entre las consideraciones de su creación, se men-
cionó el propósito de generar “riqueza pública” (República del Perú, Ministerio de Fomento, 1899).
El nuevo ministerio tenía treinta empleados, y debían promover la producción agrícola y minera, y
comenzar a producir estadísticas de ello. Con este ministerio, se consolidó la idea de que al Estado
le competía la tarea económica fundamental de construir la infraestructura y producir los bienes
y servicios que no estaban dentro del alcance de los agentes particulares.
Durante el periodo de Leguía, se produjo un crecimiento acelerado del aparato estatal, cuya finan-
ciación fue producto de la ampliación de la deuda externa y no del crecimiento del aparato econó-
mico. Algunas entidades eran totalmente ineficientes, como el caso de los Gobiernos municipales
regionales (Alayza, 1927, pág. 23). Este crecimiento centralizado del aparato estatal no significó un
fortalecimiento del Estado (Placencia, 1985, pág. 18).
4. La era del Estado planificador (1930-1990)
Este periodo se refiere a la necesidad que hubo de orientar la política nacional y las instituciones es-
tatales hacia los nuevos roles asumidos por el Estado, con influencia directa del modelo occidental
del estado de bienestar. Ello se materializó en la creación de ministerios e instituciones, así como en
la reestructuración de algunos de ellos. Inicialmente, la planificación tuvo una connotación negativa,
debido a que era un concepto proveniente de los países adscritos al bloque comunista, pero, lenta-
mente, desde la década de 1930, fue tomada en consideración para reorientar la política nacional
y evitar, precisamente, la expansión, en el país, de las ideas comunistas y socialistas.
En el Perú, la idea de alentar el progreso y la modernización hizo que surgieran nuevas corrientes
de opinión en apoyo a la planificación, la misma que, durante la década de mediados del siglo XX,
tenía varias acepciones como: planeamiento, planificación y programación.
Estas iniciativas y perspectivas fueron recogidas por el Estado. Muestras de ello son los diferentes
dispositivos legales promulgados en 1948, 1952, 1953 y 1958 que permitieron una práctica de la
planificación en el ámbito público, como señala Gustavo Saberbein (1984), y que se amplió cuando
la actividad empresarial se hizo más importante en el sector público.
289
El Sistema Nacional de Planificación nació en el contexto de la suscripción, por parte del Estado pe-
ruano, de la Carta de Punta del Este (8 de agosto de 1961), en el marco de las obligaciones asumidas
dentro del programa norteamericano denominado Alianza para el Progreso. El plan de trabajo inicial
comprendió tres partes: 1) un análisis de la economía peruana durante el decenio 1950-1960; 2) las
bases del plan de desarrollo para el periodo 1961-1970; y 3) los programas de inversiones del Gobier-
no y entidades oficiales para el periodo 1962-1971.
El gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado inició un amplio proceso de reformas en el
país que seguía el contenido del Plan Inca, con el cual asumió el poder de facto y que duró más de
once años. Se produjo un incremento de las estructuras administrativas bajo la visión de un estado
proveedor de servicios de todo tipo. La burocracia se expandió, pero se caracterizó por la militariza-
ción de los puestos claves y la simultánea expansión de la élite tecnocrática y profesional.
Tras la vuelta a la democracia en 1980, Fernando Belaunde Terry regresó a la presidencia con la
difícil tarea de reactivar la economía peruana con una estrategia de libre mercado en un contexto
de proteccionismo internacional, a la par que ejecutó un proceso de desmontaje de las reformas
velasquistas, ya iniciado por Morales Bermúdez.
En el Gobierno de García, se crearon los Gobiernos regionales, elegidos por la ciudadanía de cada re-
gión. Sin embargo, esto fue más un gesto político oportunista y demagógico que un compromiso real
con un proceso de descentralización. Se dio en un momento difícil para el régimen hacia el término de
su mandato y no se les otorgó a estas nuevas autoridades las atribuciones ni competencias.
5. La era de la reforma del Estado (1990 en adelante)
El tercer periodo iniciado en la década de 1990 significó la vuelta a un Estado mínimo y acotado a
funciones de prestación de servicios focalizados y a una participación residual en la economía, úni-
camente como administrador y regulador, sin capacidad de ejercer su rol de empresario por el
principio de subsidiariedad, que sería consagrado en la Constitución de 1993.
La intervención del Estado en la economía disminuyó de forma drástica en este periodo, pues se
entendía que el sector privado dirigiría la economía y el Estado asumiría un rol regulador.
El ideal de descentralización planteado en la década de 1980 se materializó en el nuevo milenio

con la bonanza económica que experimentó el país por el alza sostenida del precio de los minerales
en el mercado internacional en esta última década. Ello permitió destinar fondos, a través del ca-
non minero, a los diferentes Gobiernos regionales para que se emprendieran obras diversas en
beneficio de la región y sus habitantes. Dicho sistema, lejos de contribuir positivamente, evidenció
problemas no previstos. Uno de ellos fue la poca capacidad de gestión e insuficiencia de personal
técnico en las regiones, personal que fuera capaz de proponer proyectos viables y pertinentes para
la realidad y necesidades de la región y sus pobladores (Saravia Salazar, 2018, págs. 144-159).
290
ANEXO 2. POLÍTICAS DEL ESTADO PERUANO

PUBLICADAS POR EL ACUERDO NACIONAL (ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN DE FECHA 25 DE MAYO DE 2014)
I. Democracia y Estado de derecho
1. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de derecho.

2. Democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos.
3. Afirmación de la identidad nacional.
4. Institucionalización del diálogo y la concertación.
5. Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedi-
mientos transparentes.
6. Política exterior para la paz, la democracia, el desarrollo y la integración.
7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana.
8. Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, ar-
mónico y sostenido del Perú.
9. Política de Seguridad Nacional.
II. Equidad y justicia social
1. Reducción de la pobreza.
2. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.
3. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la
cultura y del deporte.
4. Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social.
5. Acceso al empleo pleno, digno y productivo.
6. Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición.
7. Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud.
III. Competitividad del país
1. Afirmación de la economía social de mercado.

2. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.
3. Desarrollo sostenible y gestión ambiental.
4. Desarrollo de la ciencia y la tecnología.
5. Desarrollo en infraestructura y vivienda.
6. Política de desarrollo agrario y rural.
7. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad.
291
IV. Estado eficiente, transparente y descentralizado
1. Afirmación de un Estado eficiente y transparente.

2. Cautela de la institucionalidad de las fuerzas armadas y su servicio a la democracia.
3. Promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la
evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas.
4. Erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas.
5. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e indepen-
dencia judicial.
6. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa.
7. Eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional.
8. Sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda.
9. Gestión del riesgo de desastres.
10. Política de Estado sobre los recursos hídricos.
11. Ordenamiento y gestión territorial.
12. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento (Acuerdo Nacional, 2014).
292
ANEXO 3. MEDIOS DEL SISTEMA DE

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Coforme al artículo 7.o del Decreto Supremo 123-2018-PCM, se señala: “El Sistema Administrativo
de Modernización de la Gestión Pública tiene bajo su ámbito a los siguientes medios:
a) La simplificación administrativa
Tiene como propósito identificar y eliminar requisitos, exigencias y formalidades innecesarias en

los procedimientos administrativos y reducir los tiempos de espera. La priorización de las acciones
de simplificación administrativa toma en cuenta si los procedimientos son de alta demanda, de
prioridad para la población, impactan en múltiples actividades económicas, tienen elevados costos
de cumplimiento, tiempos de espera o número de quejas y sugerencias, entre otros criterios simi-
lares.
En ejercicio de su rectoría, la Secretaría de Gestión Pública establece relaciones de coordinación,

en lo que corresponda, principalmente con la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, en el
marco de sus respectivas competencias.
b) La calidad en las regulaciones
Tiene como propósito que la regulación sea un instrumento para alcanzar un objetivo de política
pública, adoptando la decisión de regular basada en evidencia, racionalidad, evaluación de sus po-
sibles impactos y cargas administrativas, con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo inte-
gral y bienestar social. Las entidades públicas utilizan el Análisis de Calidad Regulatoria, el Análisis
de Impacto Regulatorio y otros instrumentos que se adopten en el marco del proceso de calidad
regulatoria con la finalidad de evaluar y medir impactos, así como de reducir las cargas administra-
tivas y costos que se generen de los procedimientos administrativos, propuestas regulatorias o
disposiciones normativas vigentes. Asimismo, la evaluación de las regulaciones incluye la revisión
de las directivas de gestión interna y la eliminación de procedimientos de gestión administrativa
que hagan menos eficiente a la entidad.

en lo que corresponda, principalmente con la Dirección de Eficiencia Normativa para la Productivi-
dad y Competencia o la que haga sus veces del Ministerio de Economía y Finanzas y con la Direc-
ción General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria o la que haga sus veces del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de sus respectivas competencias.
293
c) El Gobierno abierto
Se basa en los pilares de transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, rendi-

ción de cuentas y colaboración e innovación, buscando incluir a la ciudadanía en el proceso de toma
de decisiones de la Administración pública, la formulación e implementación de políticas públicas
y la mejora de la calidad de la provisión de bienes, servicios y regulaciones, para fortalecer la de-
mocracia, legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

en lo que corresponda, principalmente con la Dirección General de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Personales o la que haga sus veces del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y con la Secretaría de Gobierno Digital o la que haga sus veces de la
Presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de sus respectivas competencias.
d) La coordinación interinstitucional
Es un mandato orientado a generar coherencia y articulación en las intervenciones públicas y optimi-

zar la gestión interna, a través de la asociación de recursos y capacidades, al interior de los órganos
de una entidad y entre entidades públicas. Se expresa en una relación vertical cuando integra entida-
des públicas de distintos niveles de gobierno, o en una relación horizontal cuando participan enti-
dades públicas de un mismo nivel de gobierno. Es inherente a la naturaleza de las entidades públicas
y no requiere ser normada explícitamente, ni la conformación de comisiones o instancias especiales
para su ejecución.

en lo que corresponda, principalmente con la Secretaría de Coordinación y la Secretaría de Descen-
tralización del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros,
o las que hagan sus veces, en el marco de sus respectivas competencias.
e) La estructura, organización y funcionamiento del Estado
Las entidades públicas, conforme a su tipo, competencias y funciones, adoptan una determinada
estructura y se organizan a fin de responder al objeto para el que fueron creadas y atender a las
necesidades de las personas. El diseño institucional se realiza en función de la finalidad o resultado
que lograr, por ende, la estructura debe ser entendida esencialmente como un medio para organi-
zar el trabajo, la toma de decisiones y las responsabilidades asociadas a las funciones, entre otros.
El funcionamiento comprende la asignación y distribución de funciones al interior de una entidad en
el marco de los principios de legalidad, especialidad y jerarquía, así como de las reglas de no dupli-
cidad y coherencia, entre otras, contenidas en la normativa de la materia.
294

en lo que corresponda, principalmente con la Dirección General de Presupuesto Público del Minis-
terio de Economía y Finanzas y con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en el marco
de sus respectivas competencias.
f) La mejora en la productividad
Se optimiza la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos
para alcanzar los objetivos institucionales planteados, considerando el (sic) costo-efectividad de las de-
cisiones de gestión. Comprende la reducción de todos aquellos trámites, pasos y requisitos, entre otros
aspectos, que afecten su productividad, fomentando aquellos otros que contribuyan a su incremento o
mejora, tales como la innovación, la implementación de servicios integrados y espacios compartidos,
entre otros de similar naturaleza. Para tal efecto, la mejora de productividad aborda la racionalización
del costo de los recursos o insumos requeridos para la elaboración de sus bienes y servicios; el equilibrio
entre los productos esperados y los recursos o insumos empleados para elaborarlos; y la relación entre
los resultados actuales y los resultados esperados.
En ejercicio de su rectoría, la Secretaría de Gestión Pública establece relaciones de coordinación, en

lo que corresponda, principalmente, con la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección
General de Abastecimiento y la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos, o las que hagan
sus veces, del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de sus respectivas competencias.
g) La gestión de procesos
Tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública
de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los
objetivos institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de
la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su de
sempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o
que puedan afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de
reclamos o quejas, entre otros similares. Las entidades públicas disponen de herramientas de ges-
tión de la calidad y toman acciones con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia.
h) Evaluación de riesgos de gestión
Las entidades públicas coordinan e implementan actividades destinadas a la gestión del riesgo
como mecanismo para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Comprende la
aplicación sistemática de prácticas para la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento,
el seguimiento y la revisión del riesgo, independientemente de su fuente de origen. Se implementa
siguiendo los lineamientos y metodologías que se determinen con la Secretaría de Integridad
295
Pública o la que haga sus veces de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Contraloría General
de la República en el marco de sus respectivas competencias.
i) La gestión del conocimiento
Tiene como propósito producir e incorporar conocimiento que sea útil para la gestión de la entidad,
propiciando predictibilidad en las decisiones. Comprende acciones dirigidas a la identificación y docu-
mentación del conocimiento orientada a mejorar la gestión interna y la toma de decisiones de la en-
tidad y facilitar su trazabilidad, así como vinculadas a su difusión y también la promoción de espacios
de intercambio entre servidores o entre entidades públicas para su asimilación y utilización. Se prio-
riza la documentación clave para el ejercicio de las funciones sustantivas, así como aquella que pro-
mueva transparencia, seguridad jurídica, mejora de la productividad, eficacia y eficiencia de la entidad.

en lo que corresponda, principalmente con la Secretaría de Gobierno Digital o la que haga sus veces
de la Presidencia del Consejo de Ministros, y con el Archivo General de Nacional, en el marco de sus
respectivas competencias.
296
ANEXO 4. CANALES PARA LA DIVULGACIÓN

PROACTIVA DE INFORMACIÓN
Esta tabla ofrece una descripción general no exhaustiva de los diferentes canales que los funciona-
rios públicos pueden utilizar para publicar información y datos. Cada canal es más adecuado para
determinados tipos de información y determinados tipos de objetivos.
Tipo de
Canal Objetivo Público Ejemplo
información
Sitios web • Información sobre Informe Público en general Organigrama del
institucionales formulación de ministerio
políticas
• Información
organizacional
Portales de datos • Datos • Informe • Público en general • Presupuesto

abiertos presupuestarios y • Crea • Partes interesadas aprobado en datos
de adquisiciones oportunidades de directas abiertos (gastos e
• Datos ambientales participación (comunidades ingresos)
• Apoya la técnicas, • Conjunto de datos
innovación científicos, de contaminación
investigaciones, del aire
etc.)
Diario/gaceta oficial Marco legal e • Informe • Visitantes Calendario de

información oficial • Apoyo a la • Público en general consultas públicas
participación
ciudadana
Publicidad (radio, Información sobre el Informe • Público en general Información sobre

televisión, vallas derecho a saber u • Audiencia amplia cómo acceder o
publicitarias, medios otras legislaciones solicitar información
impresos, etc.) pública
Redes sociales Información de • Informe Público objetivo Descripción de los

servicios públicos • Mejorar el acceso (personas mayores, servicios ofrecidos al
a los servicios jóvenes, público sobre los
públicos desempleados, etc.) destinatarios y cómo
solicitarlos
Reuniones públicas Información de • Informe • Público en general Informa sobre los

implementación y • Proporciona • Público objetivo resultados de una
evaluación mecanismos de (expertos, usuarios política
rendición de de servicios
cuentas al público públicos, electores,
etc.)
Otros tipos de canales: aplicaciones móviles, salas o bibliotecas públicas de lectura, mailing directo, servicios
telefónicos, centros de información e información, stands en el espacio público, eventos y exposiciones,
declaraciones y discursos.
Fuente: tomado de PCM, OCDE y Unión Europea. 2021. Guía de la OCDE sobre Gobierno abierto para funcionarios públicos peruanos, págs. 76-77.
297
ANEXO 5. COMPILACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)
Si bien la presente investigación se orienta a evaluar el comportamiento de los actores públicos y

el despliegue de sus labores en torno a la modernización de la gestión pública, en el caso de la lu-
cha contra la corrupción existen actores cuyo despliegue se orienta a la labor jurisdiccional del
Estado, pero que son parte del marco de labores para sancionar los ilícitos que se cometen, por lo
que a manera de anexo los presentamos brevemente a continuación:
Fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios (Ministerio Público)137
Tomando como fuente su propio portal institucional, las fiscalías especializadas en delitos de co-
rrupción de funcionarios han sido creadas para perseguir los delitos de corrupción, en cuya esfera
se considera la intervención de dos agentes (el corruptor y el corrupto), cuyas conductas contrarias
a la ley afecta al correcto funcionamiento de la Administración pública.
El Ministerio Público cuenta con 34 distritos fiscales, donde funcionan 42 fiscalías provinciales de
este subsistema especializado a nivel nacional, con un total de 117 despachos provinciales. Solo en
14 distritos contamos con fiscalías superiores especializadas, con un total de 20 fiscalías superiores.
Juzgados penales nacionales y la Sala Penal Nacional, especializados en delitos de co-

rrupción (Poder Judicial)138
El Poder Judicial es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerár-
quicos (juzgados de paz, juzgados de paz letrados, cortes superiores y la Corte Suprema de Justicia
de la República). Al interior existen juzgados y salas especializadas cuya competencia solo se cen-
tra en investigar y administrar justicia en los casos vinculados a los delitos de corrupción.
137. Este acápite cita de forma textual lo señalado en la página web: https://www.mpfn.gob.pe/fiscalias-anticorrupcion/
138. Este apartado ha señalado de forma textual lo establecido en el ROF del Poder Judicial mediante Resolución Admi-
nistrativa 226-2012-CE-PJ.
298
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos)139
Tomando como fuente su portal institucional, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de

Corrupción es un órgano autónomo en el desempeño de sus funciones y administrativamente ads-
crito al Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Es el ente encargado de ejercer la defensa jurídica
del Estado en sede jurisdiccional, al amparo de la Constitución y leyes con el fin de cautelar los
intereses del Estado, en los casos de corrupción de funcionarios públicos de todo nivel.
De esta manera, la Procuraduría tiene como función el ejercer la defensa jurídica del Estado en las
investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias y procesos judiciales por la comisión de
ilícitos penales contemplados en las secciones II, III y IV del capítulo II del título XVIII del Libro Se-
gundo del Código Penal.
Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú140
Según el ROF de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo 026-2017-IN,
la Dirección contra la Corrupción es el órgano especializado, de carácter técnico y sistémico, nor-
mativo y operativo; responsable de prevenir, investigar, combatir y denunciar bajo la conducción
jurídica del fiscal especializado los delitos contra la Administración pública y conexos, cometidos
por funcionarios o servidores públicos y particulares en agravio del Estado, en el marco de la nor-
mativa legal sobre la materia. Tiene competencia a nivel nacional.
Asimismo, coordina y puede contar con la cooperación y apoyo de organizaciones extranjeras simi-
lares en el ámbito de su competencia funcional.
Instituto Nacional Penitenciario
Según su portal institucional141, el INPE es la institución pública rectora y administradora del Siste-
ma Penitenciario Nacional, que cuenta con personal cualificado, con valores, mística y vocación de
servicio que busca la reinserción positiva a la sociedad de las personas privadas de su libertad, li-
berados y sentenciados a penas limitativas de derechos. Es una entidad adscrita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Su visión es ser una institución con prestigio, eficiente y eficaz que
incorpora positivamente al penado a la sociedad, contribuyendo al desarrollo del país y de la paz
social.
139. Este acápite cita de forma textual lo señalado en la página web: https://procuraduriaanticorrupcion.minjus.gob.pe/
la-procaduria/quienes-somos/
140. Este apartado se ha desarrollado con información obtenida de forma textual al ROF del Ministerio del Interior.
141. Se ha obtenido la información del presente acápite del portal institucional del INPE, para más información, ver:
https://www.gob.pe/inpe
299
ANEXO 6. ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN:

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL
PERÚ
1. Perfil del encuestado
1.1. Género:
a. Masculino
b. Femenino
1.2. Último cargo ocupado

a) Alta dirección (ministro, viceministro, secretario general, jefe de gabinete de asesores
del ministro, titular de entidad, gerente general)
b) Jefe de Sistema Administrativo
c) Jefe de Órgano de Línea
d) Jefe de Oficina de Control Institucional (OCI)
e) Asesor de alta dirección
f) Especialistas en sistema administrativo
g) Especialista de órgano de línea
h) Especialistas de OCI
i) Consultor
j) Otro
1.3. Profesión
a) Abogado
b) Economista
c) Contador
d) Administrador
e) Ingeniero
f) Otros
1.4. Años de experiencia en el sector público

a) 1-5
b) 5-10
c) 10-15
d) 15 o más
300
PARTE I: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
1. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la implementación del proceso de modernización
de la gestión pública en el Estado?
a) Buena
b) Regular
c) Mala
2. De la pregunta anterior, indique el porqué de su respuesta:
3. ¿En su desempeño laboral, ha podido ser parte de la implementación operativa de los linea-
mientos de la Política de Modernización del Estado?
a) Sí
b) No
3.1. Si la respuesta es sí, considera que el resultado alcanzado es:
a) Bueno
b) Regular
c) Malo
4. A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los pilares de la modernización de la gestión

pública? (En donde 1 es el más importante y 5 menos importante)
a) Pilar: políticas públicas, planes estratégicos y operativos

b) Pilar: presupuesto para resultados
c) Pilar: gestión por procesos, simplificación administrativa y organización internacional
d) Pilar: servicio civil meritocrático
e) Pilar: sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
5. De los pilares, ¿cuál considera usted que ha tenido mayor avance en los últimos 10 años?
a) Pilar: políticas públicas, planes estratégicos y operativos

b) Pilar: presupuesto para resultados
c) Pilar: gestión por procesos, simplificación administrativa y organización internacional
d) Pilar: servicio civil meritocrático
e) Pilar: sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento
301
6. A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los ejes de la modernización de la gestión

pública? (En donde 1 es el más importante y 5 menos importante)
a) Gobierno abierto
b) Gobierno electrónico
c) Articulación interinstitucional
7. De los ejes transversales, ¿cuál considera usted que ha tenido mayor avance en los últimos 10
años?
a) Gobierno abierto
b) Gobierno electrónico
c) Articulación interinstitucional
PARTE II:
1. ¿Cuáles considera usted que son las tres (3) limitantes más importantes para lograr una ges-
tión pública eficaz y eficiente?
a) Corrupción
b) Capital humano poco capacitado
c) Falta de voluntad política
d) Poca claridad de los procesos
e) Objetivos y resultados pocos definidos
f) Limitado uso de las TIC
g) Carencia de innovación
h) Otros
2. ¿Qué medidas implementaría usted para fortalecer el proceso de modernización de la gestión

pública? Por favor, enuncie al menos tres.
3. ¿Considera usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al desem-

peño de sus labores de manera eficiente?
a) Sí
b) No
302
4. ¿Cree usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al desempeño

de sus labores para que estas sean dinámicas?
a) Sí
b) No
5. Para usted, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al desempeño de

sus labores para que estas sean céleres?
a) Sí
b) No
6. En su experiencia, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye a que el re-
sultado de la ejecución de sus labores se alcance con mayor simplicidad?
a) Sí
b) No
7. ¿Considera usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye a la pres-

tación de servicios de calidad?
a) Sí
b) No
8. Desde su punto de vista, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública permite tener
capacidad de respuesta para hacer frente a situaciones de crisis o de emergencia en el país?
a) Sí
b) No
TEMAS ESPECÍFICOS:
1. ¿Considera usted que el sistema de integridad y lucha contra la anticorrupción está bien es-
tructurado en nuestro país?
a) Sí
b) No
2. De la pregunta anterior, indique el porqué de su respuesta:
303
3. ¿Cree usted que el sistema de integridad y lucha contra la anticorrupción ha contribuido a la

reducción de la corrupción en nuestro país?
a) Sí
b) No
4. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer la lucha contra la corrup-
ción en el país? Por favor, enuncie al menos una.
(Gestión pública)
1. ¿Considera usted que la gestión pública en el Perú se desarrolla de forma transparente?
a) Sí
b) No
2. De la pregunta anterior, por favor sustente su respuesta.
3. Según usted, ¿cuáles son los factores que interfieren para el ejercicio transparente de la ges-
tión pública?
a) Corrupción
b) Carencia de valores
c) Falta de voluntad política
d) Poca claridad de los procesos
e) Sobrerregulación normativa
f) Limitado uso de las TIC
g) Otros
4. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer la transparencia en la
gestión pública del país? Por favor, enuncie al menos una.
(Gobierno digital)
1. A la fecha, el nivel de implementación del Gobierno digital en el Perú es:
a) Bueno
b) Regular
c) Malo
304
2. De la pregunta anterior, por favor sustente su respuesta.
(Innovación pública)
1. En el contexto actual. ¿Cree usted que la innovación puede desarrollarse, en el contexto actual,
en las entidades públicas del Perú?
a) Sí
b) No
Por favor, sustente su respuesta.
2. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer el proceso de innovación
en la gestión pública? Por favor, enuncie al menos una.
305
ANEXO 7. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE

LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
EN EL PERÚ142
El presente cuestionario ha sido realizado por la Asociación Civil para la Cooperación Estratégica
hacia el Desarrollo Sostenible (ACCEDES) en el marco del trabajo de investigación sobre la moder-
nización del Estado en el Perú.
Este cuestionario no identifica al entrevistado y se desarrolla en 3 secciones con 32 preguntas en

total. Por favor, lea atentamente cada pregunta. Se debe tener en consideración que para poder
avanzar de sección es necesario completar todas las preguntas requeridas.
La información proporcionada es reservada y de uso exclusivo para la investigación. No registramos

los correos con los cuales ingresan al cuestionario.
Tiempo aproximado del cuestionario: 10-15 minutos.
Este cuestionario vence el viernes, 7 de enero de 2022.
Agradecemos de antemano su gentil colaboración.
Carmen Vegas
ACCEDES
142. El cuestionario fue difundido a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook y fue realizado desde el 1 de
enero de 2022 hasta el 7 de enero de 2022.
La versión en bruto de la información recopilada se hace entrega en el soporte digital respectivo.
306
¿Cuál es su género?
62 respuestas
Masculino (66,13%) 41
Femenino (33,87%) 21
0 10 20 30 40 50
De los datos obtenidos por el cuestionario se puede determinar que el 66,13% corresponden a per-
sonas del sexo masculino, mientras que el 33,87% corresponden a personas del sexo femenino.
¿Cuál es su último cargo ocupado?
62 respuestas
Alta Dirección (19,35%) 12
Jefe o especialista de órgano

de apoyo o sistema administrativo (16,13%) 10
Jefe o especialista
de órgano de línea
(11,29%) 7
Jefe o especialista de Oficina

de Control Institucional (OCI) (1,62%) 1
Asesor de
(24,19%) 15
Alta Dirección
Consultor (17,74%) 11
Otros (9,68%) 6
0 3 6 9 12 15
De los resultados observados se puede apreciar que el 43,54% del total de encuestados se ha des-
empeñado en Alta Dirección o como asesores de la misma. Mientras que el 17,74% han sido con-
sultores y el 16,13% jefes o especialistas de órgano de apoyo o sistema administrativo.
307
¿Cuál es su profesión?
62 respuestas
Abogado (33,87%) 21
Economista (8,06%) 5
Contador (3,23%) 2
Administrador
(16,13%) 10
Ingeniero (14,52%) 9
Sociólogo
(4,84%) 3
Profesor
(6,45%) 4
Otros (12,90%) 8
0 5 10 15 20 25
Dentro de las profesiones más recurrentes, podemos ver que más de un tercio de los encuestados
(33,87%) corresponden a “abogados”, mientras que “administrador” (16,13%) e “ingeniero” (14,52%)
se ubican en la segunda y tercera posición, respectivamente.
¿Cuántos años de experiencia posee en el sector público?
62 respuestas
De 1 a 5 años (16,13%) 10
De 5 a 10 años (16,13%) 10
De 10 a 15 años (16,13%) 10
De 15 años a más (51,61%) 32
0 5 10 15 20 25 30 35
Respecto a los años de experiencia, se ve que más de la mitad (51,61%) indican tener “de 15 años a
más”, mientras que las demás categorías (“de 1 a 5 años”, “de 5 a 10 años” y en “de 10 a 15 años”)
se distribuyen equitativamente con un 16,13% cada una.
308
De la información obtenida en esta primera sección se puede concluir que, a raíz de los datos obte-
nidos en el cuestionario, el grupo poblacional de mayor importancia se encuentra dentro de los si-
guientes parámetros:
• En su mayoría de sexo masculino (66,13%), con una muy amplia experiencia en el sector públi-
co (51,61%), que han trabajado en Alta Dirección o han sido asesores de la misma (43,54%) y
que son abogados de profesión (33,87%).
• También observamos que existe un importante número de personas que se han desempeñado
como consultores (17,74%) o como jefes o especialistas de órgano de apoyo o sistema adminis-
trativo (16,13%), y también aquellas que tengan como profesión el ser administrador (16,13%)
o ingeniero (14,52%).
• Este cuestionario nos ha permitido identificar que, del total de participantes, se ha contado con
una mínima participación de personas que tengan como profesión el ser contador (3,23%) o que
sean jefes o especialistas de Oficina de Control Institucional (OCI) (1,62%).
PARTE I: MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
1. ¿Cuál es la percepción que usted tiene sobre la implementación del proceso de modernización
de la gestión pública en el Estado?
62 respuestas
Buena (9,68%) 6
Regular (59,68%) 37
Mala (30,64%) 19
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Del total de encuestados, se observa un amplio consenso en que la implementación del proceso de
modernización se encuentra en el rango de “regular” (59,68%) a “mala” (30,64%), siendo esta pri-
mera opción la de mayor preferencia.
309
2. De la pregunta anterior, indique el porqué de su respuesta
1 Regular Conocimiento particular y no especializado
2 Regular Falta de mecanismos para su implementación
3 Regular No hay cambio en lo operativo, procesos lentos
Falta reforzar la importancia y los plazos para lograr la modernización deseada. Y falta
4 Regular seguimiento del cumplimiento normativo. Lamentablemente en el Estado solo se puede hacer
lo que está bajo la exigencia de una norma, en caso contrario no se hace
5 Regular Falta decisión política para implementar lo que está diseñado en la PNMGP y LMGP
Hay reformas pendientes, por ejemplo, en el ámbito de los recursos humanos y el Gobierno
6 Regular
electrónico
No se ha podido implementar más rápido por falta de voluntad política y resistencia de los
7 Regular
propios funcionarios
Algunos avances (cuatro pilares centrales), pero regulares avances en Gobierno abierto,
8 Regular Gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Pocos en el quinto pilar (sistema de
información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento)
9 Regular Es lento
10 Regular Observo avances poco efectivos en Gobierno abierto y en la articulación interinstitucional
11 Regular Lento avance
12 Regular Es un proceso “en” implementación
En realidad debió ser mala, pero por la pandemia esta mejoró con el uso de las TIC, lo que
13 Regular
aceleró los dos ejes de la PMGP
14 Regular Bajo en comparación con otros países de la región y peor aún con otros continentes
Creo que con este contexto político inestable no se ha impulsado el tema y muchas de las
15 Regular
políticas se están implementando de forma muy lenta
Se debe implementar una verdadera política de transparencia en el sector público en los tres
16 Regular
niveles, con indicadores adecuados
Proponemos tres aspectos: 1) no se ha realizado un adecuado fortalecimiento de capacidades a

los funcionarios y servidores, y ha habido demasiados cambios de la Alta Dirección de los
17 Regular sectores del Estado; 2) no se ha logrado implementar sistemas de procesos simplificados, con
opción de versión digital y de interoperabilidad; y 3) la falta de mecanismos para transparentar
procesos de adquisiciones del Estado y no permitir corrupción
18 Regular No se ve que los procesos sean más rápidos y transparentes
19 Regular Existen avances, pero no alcanzan a todos los niveles de la Administración pública
No se cumplió con lo señalado en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al

20 Regular
2021
Sin duda la idea es buena; sin embargo, muchas de las entidades, por no decir la mayoría, no
21 Regular
cumplen con su implementación
22 Regular No se nota cambios
23 Regular En mi experiencia como funcionario no percibí modernidad en la gestión pública
24 Regular Falta implementar mejor los sueldos por meritocracia
25 Regular La mayoría no ha interiorizado sus principios. Muy pocos ponen al ciudadano en el centro
310
No se está cumpliendo a cabalidad con el Proceso de Modernización de la Gestión Pública, que

26 Regular dispone la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que declara al
Estado peruano en proceso de modernización y normas reglamentarias
27 Regular No están claras las metas
28 Regular Porque falta implementar el sistema administrativo de modernización
29 Regular Porque está sesgada a una parte de la modernización y es incompleta
30 Regular Avances y retrocesos según Gobierno de turno
31 Regular Los funcionarios desconocen la modernización del Estado
Se están dando pasos hacia la modernización, pero son lentos o insuficientes. Se requieren
sistemas más ágiles, y en los casos que correspondan, estandarizados. Ejemplo: Reniec en zonas
más pobres, acceso a información legal básica en tema de alimentos a menores de edad,
32 Regular protección en temas de violencia de género, telemedicina para zonas alejadas, protección de
datos y protección al consumidor, unificación de historias clínicas y su paso a las historias
clínicas electrónicas, mejor alineación entre oferta formativa en institutos y universidades con
el mercado laboral, etc.
33 Regular Hay mejoras, sin embargo, la atención al usuario sigue presentando deficiencias
34 Regular Falta implementar varias mejoras
35 Regular Regular
Se ha avanzado en áreas específicas mediante la creación de islas de buen desempeño, pero

36 Regular
falta mucho y con un radio ampliado a toda la AP
37 Regular No se comunica ni la sienten los ciudadanos
38 Mala Hay muchas normas complejas y de difícil implementación para el funcionario promedio
39 Mala No se ven resultados
40 Mala CEPLAN y la Secretaría de Gestión Pública no cumplen su función
41 Mala No percibo buena toma de decisiones
Si bien es cierto que todos conocemos la necesidad de modernizar el Estado a favor de los
ciudadanos, aún falta mucho para que los sectores, e incluso el MEF y PCM, comprendan
42 Mala realmente la necesidad de esta modernización, y no solo brinden el presupuesto sino la
prioridad y la importancia requerida a la misma. Durante los últimos años eso no está en la
agenda real
43 Mala El proceso no ha logrado avances significativos en 8 años
44 Mala No existe
No se cumplen los estándares de Gobierno electrónico en el sector salud, estando en pandemia

45 Mala
y con emergencia sanitaria
Extrema burocracia, instituciones débiles, falta de implementación y adecuación de las TIC,

46 Mala
fortalecimiento de Gobierno digital. Deficiencia en la meritocracia
47 Mala Es pésimo
Falta interiorizar la necesidad, voluntad política, profesionalización de los servidores públicos,

48 Mala cultura digital, a la par que los problemas estructurales en el país y el inacabado proceso de
descentralización son una traba per se
49 Mala Lo poco que se ha normado casi no se ha implementado
50 Mala Porque no se posee un control total de los procesos, finanzas e inversiones
51 Mala Cambia lento y pocos avances
No existe tal modernidad, cada cambio de Administración quiere hacer su propio proceso,
52 Mala
además la exoneración de las propias instituciones hace más difícil una implementación
311
53 Mala Los niveles de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia del gasto público son muy bajos
54 Mala No hay meritocracia ni manejo eficiente de recursos
La modernización tiene costos de implementación, es de hecho una inversión; sin embargo,

55 Mala
todas la nuevas políticas no vienen acompañadas del presupuesto necesario
56 Mala Los servicios no están actualizados y virtualizados al 100%
57 Buena De esta manera se puede avanzar más rápido en los procesos
58 Buena El funcionario público ahora se capacita en los pilares de la gestión pública
59 Buena Se ha avanzado con los análisis diagnósticos y se han formulado lineamientos de la política
60 Buena Porque los procesos están mejorando progresivamente y se están sofisticando
Siempre hay algo que mejorar, en otros tiempos (hasta la mitad de la década de los ochenta)
61 Buena existía el INAP, y tuve la oportunidad de seguir cursos especializados para la Administración
pública
62 Buena Se han ido implementado nuevos procedimientos, instrumentos
3. ¿En su desempeño laboral ha podido ser parte de la implementación operativa de los

lineamientos de la Política de Modernización del Estado?
62 respuestas
Sí (62,90%) 39
No (37,10%) 23
0 10 20 30 40
Casi las dos terceras parte de los encuestados (62,90%) refieren que en su desempeño laboral han podido
ser parte de la implementación operativa de los lineamientos de la Política de Modernización del Estado.
312
3.1. En caso que la respuesta anterior sea sí, considera que el resultado alcanzado es:
39 respuestas
Bueno (25,64%) 10
Regular (58,98%) 23
Malo (15,38%) 6
0 5 10 15 20 25
Del porcentaje de las personas que respondieron positivamente a la pregunta anterior (62,90%), se
observa que más de la mitad (58,98%) considera que el resultado alcanzado en la implementación
de estos lineamientos es regular.
313
4. A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los pilares de la modernización de la gestión

pública?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Políticas públicas Gestión por procesos Sistema de información
Presupuesto Servicio civil

para resultados meritocrático
PRIMER PILAR SEGUNDO PILAR TERCER PILAR
CUARTO PILAR QUINTO PILAR
Primer pilar Tercer pilar
Segundo pilar Cuarto pilar
314
Quinto pilar
Políticas públicas: 6 9,68%
Presupuesto para resultados 11 17,74%
Gestión por procesos 4 6,45%
Servicio civil meritocrático 12 19,36%
Sistema de información 29 46,77%
Para el desarrollo de esta pregunta se le brindó al encuestado una tabla para que pudiera seleccio-
nar el orden de importancia de los pilares, siendo “primer pilar” el más importante y “quinto pilar”
el menos importante.
Así, se puede observar que el 62,90% de los encuestados considera que el primer pilar de impor-
tancia de la modernización de la gestión pública son las “políticas públicas”, respecto al segundo
pilar se observa paridad entre “presupuesto para resultados” y “gestión por procesos” con un
25,80% cada uno, en el tercer pilar se encuentra “gestión por procesos” con un 41,94%, en cuanto
al cuarto pilar se observa que “servicio civil meritocrático” alcanza el 30,65% del total y, finalmen-
te, el “sistema de información” se ubica como quinto pilar con el 46,77% de los votos.
Esta información nos dice que existe consenso en que las “políticas públicas” deben ser considera-
das como el primer pilar de la modernización de la gestión pública, mientras que para el quinto pi-
lar, con el 46,77%, se observa el “sistema de información”.
5. De los pilares mencionados anteriormente, ¿cuál considera usted que ha tenido mayor avance
en los últimos 10 años?
62 respuestas
Políticas públicas (35,49%) 22
Presupuesto
(24,19%) 15
para resultados
Gestión
(22,58%) 14
por procesos
Servicio civil
meritocrático
(6,45%) 4
Sistema de
(11,29%) 7
información
0 5 10 15 20 25
315
Se aprecia en esta pregunta un mayor acuerdo respecto al avance de las “políticas públicas” con un
35,49%; luego aparece “presupuesto para resultados” con un 24,19%; y “gestión por procesos” con
un 22,58%.
6. A su criterio, ¿cuál es el orden de importancia de los ejes de modernización de la gestión

pública?
30 29
(46,77%) 25 24
25 22
(40,32%) 20 (38,71%)
20 (35,48%) 18
17 16 (32,26%)
15 (29,04%)
15 (27,42%) (25,81%)
(24,19%)
10
0
Gobierno abierto Gob. electrónico Art. interinstitucional
Orden de importancia 1 2 3
Para responder la siguiente pregunta: “¿Cuál es el orden de importancia de los ejes de la moderni-
zación de la gestión pública?”, se decidió hacer 3 votaciones independientes en las cuales los en-
cuestados ordenarían cada pilar de acuerdo con sus preferencias (1-2-3), obteniéndose los siguien-
tes resultados:
Para el orden de importancia 1, se observa que el “Gobierno electrónico” se ubica como el más
votado con un 40,32%; para el orden de importancia 2, “articulación interinstitucional” obtiene un
38,71%; y, para el orden de importancia 3, el “Gobierno abierto” obtiene el 46,77% de votos.
De esta forma, al procesar toda la información en conjunto, podemos observar que existe un mayor
consenso (46,77%) respecto al hecho de que el Gobierno abierto debe ser considerado como el
tercer eje en importancia de la modernización de la gestión pública.
316
7. De los ejes transversales mencionados anteriormente, ¿cuál considera usted que ha tenido
mayor avance en los últimos 10 años?
62 respuestas
Gobierno
(16,13%) 10
abierto
Gobierno
(61,29%) 38
electrónico
Articulación
(22,58%) 14
interinstitucional
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Los encuestados refieren, con un 61,29% de los votos, que el Gobierno electrónico ha sido el eje que
más se ha desarrollado en los últimos 10 años en el Perú, seguido de la articulación institucional,
con un 22,58%.
PARTE II:
1. ¿Cuáles considera usted que son las tres (3) limitantes más importantes que evitan lograr una
gestión pública eficaz y eficiente?
62 respuestas
Corrupción
(27,62%) 50
Capital humano
poco capacitado (23,76%) 43
Falta de
voluntad política (18,78%) 34
Poca claridad
(6,63%) 12
de los procesos
Objetivos y resultados
(8,29%) 15
poco definidos
Limitado uso
de las TIC (8,29%) 15
Carencia de
innovación (6,63%) 12
0 10 20 30 40 50
317
2. ¿Qué medidas implementaría usted para fortalecer el proceso de modernización de la gestión

pública?
1 Formación técnica-política en la toma de decisiones

2 Tecnología, ejecución de proyectos y capacitación
3 Gobierno digital, compliance e innovación
4 Capacitación, difusión de los resultados e incentivación del capital humano
1) Articulación de sistemas administrativos, 2) reforma de descentralización y 3) revisión de la planificación
5
CEPLAN
6 Articulación, implementar un modelo híbrido en la gestión
Institucionalización de entidades públicas; rendición de cuentas, transparencia;
7
reclutamiento efectivo de personas/meritocracia
Definir un plan estratégico nacional. Involucrar a líderes a nivel de funcionarios y técnicos para implementar
8
la PNMGP y el PEDN
Articular los pilares para hacer una acción integrada y sistémica; articular todos los sistemas administrativos
9
en torno a la modernización; trabajar la modernización en el contexto de la descentralización
Reforzar los conocimientos de los líderes tomadores de decisiones en las entidades públicas. Evaluar el
10 avance en cada organización mediante aplicativos informáticos, así como los hacen por el SCI desde la
contraloría
11 Digitalización, meritocracia, capacitación continua y simplificación de procesos
12 Capacitación, erradicar la corrupción, planes y objetivos claros
13 Actualizar las normas y procesos
Decisión política para implementar las reformas del servicio civil; diseño participativo de las políticas
14
públicas; priorización de bienes y servicios que generen valor público
Revisaría la matriz de problemas de la política, tiene mucho de teoría y poco de práctica; incrementaría los
15 presupuestos para que las entidades puedan concluir sus procesos de modernización; comprometería el
liderazgo de SPR en la implementación de la política
Implementación de sistemas de información, Gobierno digital priorizando sectores claves (salud, educación,
inclusión social...); fortalecimiento de capacidades de gestores y profesionales en áreas claves como la salud
16
digital, educación digital; fortalecer infraestructura; fortalecer profesionales en gestión del conocimiento,
sistemas de tablero de control multisectoriales
1) Que la articulación interinstitucional esté ligada al Gobierno electrónico, de tal modo que los servidores
públicos puedan cruzar información en tiempo real para planeación, programación y toma de decisiones en
todo ámbito, incluyendo la gestión de conflictos sociales, evidentemente; 2) mayores candados para los
17 nombramientos y designaciones de funcionarios públicos (ministros, viceministros y directores generales), de
tal modo que no sea solo la confianza el criterio para ser nombrados o designados; 3) fortalecer la cultura del
trabajo en equipo entendiendo al Estado como un equipo: los recelos y mezquindades intra- e
interinstitucionales, además de los tontos egos personales, son una traba muy dañina para el Estado
Integrar la gestión entre sectores; meritocracia en los cargos públicos; estrategias anticorrupción integradas
18
al sector privado
19 Fortalecer las Oficinas de Integridad; promover la innovación y gestión por resultados
El fortalecimiento de capacidades con medición de resultados permanentes; implementar modernización de
20
interoperabilidad de los servicios y procesos; transparentar todos los procesos para evitar actos de corrupción
21 Aplicar procesos SERVIR en todas las instituciones estatales
22 Supervisar y/o verificar que todas las entidades públicas cumplan con transparentar sus acciones
23 Carrera pública meritocrática; presupuesto por resultados; inversión en tecnología
318
24 Mejoras en los sueldos por meritocracia

25 Implementar meritocracia. Simplificar
1) Priorizar la evaluación de desempeño institucional; 2) potenciar el proceso de planificación operativa entre
la planificación estratégica y la ejecución del gasto público; 3) efectiva descentralización de servicios de
26
salud, educación y seguridad ciudadana, con la participación de los Gobiernos locales, regionales y el
Gobierno nacional, garantizando flujos de información estandarizada entre estos
Formación profesional de los funcionarios, los PDP deben ser más articulados y construir un marco
27
transversal de competencias y niveles de desarrollo en los funcionarios públicos
28 Claridad en los procesos y la debida transparencia
29 Capital humano capacitado para las funciones que desempeña
30 Meritocracia, planificación, reforzar partidos
31 Recursos humanos altamente capacitados, Gobierno electrónico y política de meritocracia
Internet y sala de informática en todos los colegios y universidades públicas; Internet y ordenadores en
32 todos los centros de salud que atiendan partos del sector público; cambio en el currículo educativo a nivel
inicial, primaria y secundaria (actualizado a tiempos de pandemia)
1) Trabajo de recuperación ética en la instrucción básica y fundamental; 2) capacitación y actualización de los
33
procesos administrativos y operativos; 3) instrucción en las TIC
34 Carrera meritocrática
35 Evaluación, fusión de entidades, racionalización de recursos
36 Medición de resultados, monitoreo en la ejecución, supervisión
1) Fortalecimiento de Reniec:
A. Para que tod@s cuenten con Acta de Nacimiento, ya que es el primer paso para el ejercicio de los demás
derechos. Existen índices preocupantes, sobre todo en regiones
B. Ubicabilidad permanente. Es muy importante que todas las personas tengan actualizadas sus direcciones,
lo que sirve para un mejor ejercicio de derechos: acceso al centro médico, colegio que corresponde, permite
aplicar políticas municipales, regionales y nacionales realistas. El Estado o los particulares pueden dirigirse
con efectividad a cualquier ciudadano (ejemplo: entrega de notificaciones, pago de impuestos, etc.)
37 2) Interoperabilidad y articulación de entidades públicas: las instituciones son islas, y esto genera pérdida de
recursos para el Estado y para la ciudadanía (ejemplo: una persona es atendida de emergencia en un
hospital, pero no se la puede seguir atendiendo porque no es donde la persona está adscrita, el hospital se
queda con el diagnóstico y los resultados de los análisis, la misma persona va a otro u otros
establecimientos y le piden los mismos exámenes, o el profesional que lo atiende tiene información
sesgada, lo que conlleva una dilatación en el proceso de diagnóstico y tratamiento)
3) Reducir los ciclos de pobreza, mediante políticas de planificación familiar, con una mirada realista,
conociendo la realidad de cada población. Brindar información en los centros educativos sobre autocuidado
para prevenir violencia, bulling y embarazo en adolescentes
38 Servicio civil meritocrático
39 Transparencia absoluta y meritocracia
40 Mayor control de procesos, cumplir política de Estado, recurso humano cualificado
1) Capacitaría a los funcionarios; 2) fortalecería la interoperabilidad de las instituciones; 3) crearía un Centro
41
de Gobierno liderado por CEPLAN que oriente el accionar de la PCM y Presidencia
42 Evaluación meritocrática a los funcionarios públicos
1) Generar sistema de incentivos y penalidades para captar y monitorear desempeño de altos funcionarios;
43 2) fusión de sistemas de información de proveedores y beneficiarios del sector público; 3) articulación
vertical y horizontal entre ministerios y Gobiernos locales
44 Mejora en los controles, aplicación de las normas, cambio total del Ministerio Público y Contraloría
Prioridad en el objetivo; capacitación y renovación de cuadros; emisión de lineamientos generales y
45
específicos por sector
319
Obligatoriedad de conocer la gestión pública para todo postulante a cargos en el Estado; mejorar la gestión
46
de proyectos públicos; mejora permanente de capacidades en todos los niveles del Estado
47 -
48 Fortalecimiento de articulación inter- e intrasectorial
49 Transparencia, monitoreo y evaluación
50 Derogar todo, eliminar burócratas, reducir el Estado corrupto al mínimo
51 Lucha contra corrupción, políticas públicas, transparencia
52 Mayor capacitación a las entidades
1) Implementación de Gobierno digital en todos los órganos de gobierno con participación de sociedad civil,
de manera articulada, entrelazando sistemas de datos; 2) uso de las TIC e innovación en tecnología en
53
búsqueda de eficiencia y ahorro en trámites burocráticos; 3) Gobierno abierto y transparente y
fortalecimiento participativo articulado con OSC
54 Optimizar la desconcentración y el servicio al ciudadano
55 Mayor capacitación a los funcionarios
56 Fortalecer la parte eléctrica
57 Desarrollo de estrategias a largo plazo que no dependan de un periodo presidencial
58 Capacitación a los funcionarios, uso de las TIC, programación y evaluación constante
59 Voluntad política, presupuesto, creación de Ministerio de Modernización
60 Una bonificación por objetivos alcanzados
61 Simplificar la Ley de Contrataciones del Estado, servicio público meritocrático, reducción del Estado
62 Red de innovación pública
3. ¿Considera usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al

desempeño de sus labores de manera eficiente?
62 respuestas
Sí (74,19%) 46
No (25,81%) 16
0 10 20 30 40 50
Casi tres cuartos de los encuestados ponen de manifiesto que el Sistema de Modernización de la
Gestión Pública contribuye al desempeño de sus labores de manera eficiente.
320
4. ¿Cree usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al desempeño

de sus labores para que estas sean dinámicas?
62 respuestas
Sí (67,74%) 42
No (32,26%) 20
0 10 20 30 40 50
Un poco más de dos tercios de los encuestados afirman que el Sistema de Modernización de la
Gestión Pública contribuye al desempeño de sus labores de manera eficiente.
5. Para usted, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye al desempeño de

sus labores para que estas sean céleres?
62 respuestas
Sí (69,35%) 43
No (30,65%) 19
0 10 20 30 40 50
El 69,35% de los encuestados consideran que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública

contribuye a que se puedan desempeñar de manera célere.
321
6. En su experiencia, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye a que el

resultado de la ejecución de sus labores se alcance con mayor simplicidad?
62 respuestas
Sí (67,74%) 42
No (32,26%) 20
0 10 20 30 40 50
El 67,74% de los encuestados sostienen que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública

contribuye a que sus labores se alcancen con mayor simplicidad.
7. ¿Piensa usted que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública contribuye a la prestación

de servicios de calidad?
62 respuestas
Sí (77,42%) 48
No (22,58%) 14
0 10 20 30 40 50
Más de tres cuartos de los encuestados manifiestan que el Sistema de Modernización de la Gestión
Pública contribuye a la prestación de servicios de calidad.
322
8. Desde su punto de vista, ¿el Sistema de Modernización de la Gestión Pública permite tener
capacidad de respuesta para hacer frente a acciones de crisis o de emergencia en el país?
62 respuestas
Sí (62,90%) 39
No (37,10%) 23
0 5 10 15 20 25 30 35 40
El 62,90% de los encuestados creen que el Sistema de Modernización de la Gestión Pública permi-
te tener capacidad de respuesta para hacer frente a acciones de crisis o emergencia en el país.
323
PREGUNTAS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS
1. ¿Considera usted que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción está bien
estructurado en nuestro país?
62 respuestas
Sí (8,06%) 5
No (91,94%) 57
0 10 20 30 40 50 60
Casi la totalidad de encuestados (91,94%) considera que el Sistema de Integridad y Lucha contra
la Corrupción está mal estructurado en nuestro país. A continuación, observaremos con detalle los
grandes grupos en los cuales sustentan sus opiniones:
2. De la pregunta anterior, indique el porqué de su respuesta
1 No Está politizado y es poco transparente
2 No No se ven resultados positivos
3 No Mucho partidos oportunistas y no bien estructurados
4 No Mucha impunidad
La Secretaría de Integridad no debe pertenecer a la PM, el plan nacional no cumple como herramienta
de implementación de la política, además no es solo luchar contra la corrupción, es igual de
5 No
importante promover la integridad de las personas, nadie define quién es el órgano rector del sistema
funcional
6 No El principal problema es que la Fiscalía o Ministerio Público no persigue el delito
Las normas generan bloqueos en los procesos, y para acelerarlos se crean las condiciones para la
7 No
corrupción
Mayor apoyo técnico para la implantación, dado que este es un tema muy pegado a la parte legal, no
todos somos abogados y en las empresas o entidades del Estado, el cumplimiento normativo es de
8 No
mucho cuidado por el marco legal desordenado del Perú. Una ley contradice a otra y ahí se generan
trabas
324
Se mantiene la impunidad; no existen acciones de prevención; se debe fortalecer a la Fiscalía y policía

9 No
especializada
10 No Son las personas el problema
11 No Falta transparencia y no más sanciones
Las personas que lo componen no son independientes en sus decisiones y actúan de manera política
12 No
más que de manera profesional
Considero que todos los funcionarios/ciudadanos somos conscientes de que la corrupción es un mal
insertado en nuestra sociedad. Para luchar contra ella se debería desarrollar una política con
mensajes positivos en las familias, la escuela, en la academia y todos los sectores, en cada una de
13 No
sus políticas aportar a ese objetivo, incluyendo a los Gobiernos sin nacionales, estructurándose
transversalmente para que todos sean parte de las decisiones, no solo a través del oficial de
integridad o de campañas periódicas y esporádicas de lucha contra la corrupción
A nivel administrativo existen duplicidad de órganos encargados de revisar el tema (integridad, OCI,
14 No
ORH). A nivel judicial el sistema está politizado y es utilizado como instrumento de control político
15 No El sistema actual no funciona
Se necesita tener un sistema judicial moderno, oportuno y bien pagado para que se sancionen hechos
16 No
de corrupción
No funciona ningún ente que articule de manera integral, cooperante en la lucha frontal contra la
corrupción; falta de transparencia en gestión pública, en procesos de licitaciones y mafias
17 No
enquistadas como cáncer en el Estado en todos sus niveles y en alianza con empresarios mafiosos;
las instituciones son débiles por falta de institucionalidad, liderazgo y políticas claras anticorrupción
18 No Es obvio que no. Mire la Fiscalía
19 No No castiga al corruptor
Los OCI son insuficientes desde su origen. Se necesita verdadera independencia en la función de
20 No
control
Las acciones son dispersas y entorpecen la gestión, el sistema anticorrupción está infiltrado, no hay
21 No un enfoque preventivo, no hay auditorías de gestión que impulsen el logro de objetivos como
contratendencia a la gestión corrupta, no está vinculado al sistema electoral
Es letra muerta, una descripción de hechos que ya conocemos, pero nada concreto para fortalecer a
22 No
las instituciones para combatir la corrupción
23 No Los resultados nos demuestran que la estructura del sistema es ineficaz
24 No Las deficiencias administrativas se han criminalizado y los funcionarios públicos prefieren la inacción
25 No Optimizar las acciones priorizadas, indicadores, metas y sus responsables
26 No Demasiados actores, no articulados, demasiado empoderamiento
Se requiere que todos los ministerios se adscriban a SERVIR como un primer filtro para tener buenos
cuadros, usando las TIC. Hoy vemos ministros igual que antes, senderistas, antes narcotraficantes,
27 No
líderes de bandas de asaltantes y funcionarios al parecer corruptos como el director de Qaly Warma y
sus amigos, que han sido colocados en otros programas por amistad
28 No No existen herramientas que anticipen escenarios de corrupción
29 No Las normas deben de ir acompañadas de soluciones tecnológicas para que sean tangibles y medibles
El sistema de lucha contra la corrupción parece que no estaría integrado. No hay presupuesto para
30 No cobertura y la participación activa de los órganos de control (para realizar control concurrente
efectivo)
31 No No conozco ese sistema
32 No Se pierde en la burocracia. Faltan méritos personales
33 No Ante la evidencia pública de corrupción, no se necesita precisar o colocar ejemplos
325
Si bien el sistema involucra a toda las entidades públicas, los Gobiernos regionales y locales no se
34 No
sienten parte de este sistema y muchas veces se amparan en su “autonomía”
35 No Se debe atacar la microcorrupción
La información no es usada para hacer seguimiento de enriquecimiento ilícito, no se cruza la

36 No información para determinar tal enriquecimiento. Las declaraciones juradas son guardadas en un
archivo y punto
Porque las normas y lineamientos no son suficientes si no se acompaña de medios articulados de

37 No
control y sanción ejemplar
38 No El Estado está organizado como “feudos” y, finalmente, depende de los funcionarios
39 No Si un inodoro puede parir US 20 000 en el Palacio de Gobierno y no pasa nada, estamos jodidos
40 No No sé bien qué falla, pero los resultados hacen evidente que no funciona
No se pone en práctica el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción. No se optimiza la

gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos públicos, para satisfacer
41 No las necesidades y expectativas de las personas, generando beneficios a la sociedad. Al contrario, se
prioriza en todos los niveles de gobierno el uso indebido de recursos públicos, para beneficio personal
o de grupo
42 No No hay política de Estado sobre el tema
43 No Las prácticas recurrentes y extensivas de desmanejo de los recursos públicos no se han exterminado
44 No Por la evidencia siguen dándose procesos de corrupción, sobre todo en Gobiernos regionales
45 No Está presente en todos los niveles
Porque no se tiene una definición clara de lo que se está combatiendo ni responde a la realidad
46 No
nacional
Solo existe acceso a la ejecución del presupuesto en tiempo real en 800 de las 3000 unidades
47 No
ejecutoras a nivel nacional
48 No Porque la corrupción persiste y se observa a la vista de todos y no se hace nada
49 No Código procesal penal no adecuado al Perú. Demasiado poder al Ministerio Público
50 No Falta seguimiento
El sistema implica no solo las cláusulas anticorrupción. El sistema implica la educación, el respeto por
51 No
los derechos en todos los sistemas que maneja el Estado
52 No No se tiene confianza
53 No No existe voluntad política para combatirla
54 No No
55 No -
56 No Fiscalía sujeta al poder político y capturada por las ONG
57 No No hay un sistema
58 Sí Sin embargo, es necesario fortalecerlo
59 Sí Como en Perú estamos iniciando el tema, considero que empezamos bien
Sí, creo que el nuevo enfoque de prevenir antes que sancionar los actos de corrupción es una mejor
60 Sí estrategia. Se tiene que sensibilizar a los servidores públicos para que en todo momento actúen con
integridad
61 Sí Porque la base legal está bien definida
62 Sí Sí, pero debe fortalecerse
326
3. ¿Cree que el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha contribuido a la reducción

de la corrupción en nuestro país?
62 respuestas
Sí (17,74%) 11
No (82,26%) 51
0 10 20 30 40 50 60
Ante la pregunta sobre si el Sistema de Integridad y Lucha contra la Corrupción ha contribuido a la

reducción de la corrupción en nuestro país, observamos que el 82,26% de los encuestados conside-
ran que no ha ayudado. Tomando como base las respuestas anteriores, se le preguntó a los encues-
tados qué medidas implementarían para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país.
4. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer la lucha contra la
corrupción en el país?
Fortalecería a la UIF; cruzaría la información del sistema financiero y la SUNAT de las personas; no
1 No
permitiría que se politice la JNJ
Mejorar la formación de valores en los colegios. Premiar las buenas acciones de los servidores
2 No
públicos. Acciones de control y castigo más rápidas y eficientes
Sistema imparcial de control y seguimiento de actividades del Estado con control externo que sean
3 No
ajenos a la actividad del Estado
4 No Sanciones severas
DDJJ de intereses, mecanismos de denuncias, fortalecimiento de las comisiones regionales

5 No
anticorrupción, creación de la autoridad de integridad y transparencia
6 No Cambio total en el Ministerio Público
En mi experiencia, y tras ver los estudios de puntos de corrupción en instituciones de Gobierno del que
7 No
se determinó 170 puntos de corrupción, insisto en que los procesos alimentan la corrupción
Hacer charlas o eventos dirigidos a los operativos de liderar la implementación del modelo de
8 No
prevención en las entidades públicas
327
Fortalecer las acciones de control; ser escrupulosos con la designación de funcionarios y servidores
9 No públicos, verificando antecedentes; transparencia en el uso de los recursos públicos y en la
priorización del gasto público
Ante una situación comprobada que no exista impunidad en

10 No
los ámbitos administrativo y judicial
11 No Transparencia y subasta alterna
Un sistema de contrataciones y de pagos digital al 100%, que haga que el sistema fluya sin
12 No interferencias o criterios de personas, con control concurrente de la Contraloría y compliance en todo
el proceso
13 No Promover incentivos y certificaciones para funcionarios no corruptos
Es necesario modificar todo el sistema de representación política (congreso, regiones, partidos

14 No políticos) mejorando los niveles de accountability ciudadano, mejorando el control desde la cabeza del
sistema y de ahí cae en cascada hacia los funcionarios y servidores públicos
15 No No volver a contratar en el Estado a un funcionario corrupto
Implementaría filtros para postular a la candidatura de congresistas, alcaldes, gobernadores,

16 No
prefectos, ministros, etc. (sin antecedentes policiales, judiciales, penales)
17 No Fortalecimiento de Gobierno abierto y transparencia en Administración pública
18 No Eliminar todo el sistema
19 No Castigar al corruptor
20 No Las de la pregunta 2
21 No Digitalizar todos los procesos y fortalecería las OCI de cada institución
En general se debe evitar la impunidad, y ser mucho más estrictos en el control. La CGR es un elefante
22 No
blanco sin capacidad sancionadora, y esa es su principal limitante
23 No Un solo actor
24 No Varias estrategias, pero no las comparto porque cuesta pensarlas
25 No Mayor difusión de la política de integridad e incentivo a las buenas prácticas
26 No Modernización de los sistemas administrativos con mayor participación de las distintas oficinas.
Prohibición de por vida para volver a trabajar para una institución estatal (nacional, regional y local) si
27 No se tiene una sentencia por corrupción, ya sea como trabajador, consultor o proveedor, así como
autoridad elegida
28 No Afinar procesos de selección de personal
Un plan nacional de recuperación de valores dirigido a todos los niveles de educación. Fortalecer los
29 No sistemas de justicia, creando sus propias escuelas, con el fin de instruir alumnos que no tengan
ningún tipo de filiación política, religiosa u otras que puedan influir en la decisión que tomen
Trabajar de forma conjunta tanto con el Ministerio Público como con la Contraloría General de la
30 No
República
31 No Fortalecer SERVIR
Uso del polígrafo a todos los funcionarios que tengan responsabilidad en el uso de los recursos
públicos, así como el levantamiento voluntario del secreto bancario y bursátil de los altos funcionarios
32 No
públicos y de todos los funcionarios que tengan responsabilidad directa e indirecta del uso de los
recursos públicos
33 No Articular procesos
34 No Por todo lo acontecido hasta ahora el presidente ya debería haber sido destituido
35 No Reformar por completo el sistema de justicia
328
Cerrar los espacios para la corrupción en las compras y contrataciones del Gobierno; fortalecer los
36 No sistemas de auditoría y las capacidades de investigación y administración de justicia; reforzar los
mecanismos de transparencia y Gobierno abierto
37 No Que se apliquen penas
38 No Hacer públicas las cuentas financieras de altos directivos y sus familiares
Poder judicial imparcial, procesos céleres desde la Fiscalía, simplificar los procesos para castigar
39 No
ex post
40 No Meritocracia en todos los niveles
41 No 1) Rendición de cuentas integral en Congreso, 2) rendición de cuentas integral en el Poder Judicial
No me desgastaría tratando de eliminarla, sino que invertiría más tiempo y recursos en controlarla,
42 No
bien transparentando todo tipo de toma de decisiones, bien incrementado sus costos de transacción
43 No Establecer sanciones drásticas
No inferencia política en Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y en Poder
44 No
Judicial
45 No Políticas estables
46 No Medidas de sanciones drásticas
47 No Transparencia en la gestión informando sobre lo que se hace y los objetivos que alcanzar
48 No No
49 No -
Absoluta independencia y meritocracia con funcionarios autónomos en la Fiscalía y Contraloría,

50 No
además de ejercer sus funciones con plenitud
51 No Crear un sistema y reforzar enfoque preventivo
Promover open government y open data, repositorios de datos abiertos, transparentar tableros de
52 Sí
control electrónicos, fortalecer interoperabilidad para que se pueda cruzar información entre sectores
Se necesita de un sistema de control realmente independiente, a la par de transparente en lo mínimo

53 Sí y posible (y necesario) de difundir, en tanto así se aporta a una mayor transparencia y vigilancia
ciudadana
Contrataciones del Estado a través de concursos públicos íntegramente electrónicos. La IA debe ser un
54 Sí
elemento que considerar
55 Sí Reforzar medidas preventivas
56 Sí Fortalecer los sistemas de prevención y control
57 Sí Sistema electrónico, objetivo, responsabilidades separadas
Deben fortalecerse las capacidades de acción a los servidores que están en actividad y proveer con
58 Sí
más recursos para cobertura control concurrente in situ por los órganos de control
59 Sí Sanciones ejemplares, incentivos para los buenos funcionarios
60 Sí Aumentar el control concurrente
61 Sí La educación desde la niñez, la mayor inclusión en todo el Perú, acceso a información en todo el Perú
Mayor difusión, mayor capacitación a todos los servidores públicos, a todo nivel. Muchas personas
62 Sí desconocen algunas veces qué actos constituyen corrupción, sus implicancias y consecuencias porque
muchos actos se encuentran normalizados
329
1. ¿Piensa que la gestión pública en el Perú se desarrolla de forma transparente?
62 respuestas
Sí (14,52%) 9
No (85,48%) 53
0 10 20 30 40 50 60
El 85,48% de los encuestados consideran que la gestión pública no se lleva de manera transparen-
te en el país. Se desarrollan más las respuestas particulares en el siguiente ítem.
2. De la pregunta anterior, por favor, sustente su respuesta
1 No Todos los Gobiernos quieren hacer un botín del Estado y prefieren ocultar sus acciones
2 No Aún se descubren “negociados bajo la mesa”
3 No La gestión pública no termina con la transparencia, sino con el hecho de los recursos implementados
Procesos de selección y/o entrevistas no transparentes (ejemplo: los procesos CAS son en su mayoría
4 No
dirigidos)
5 No Mientras no se castigue la corrupción, esta seguirá dentro de la estructura pública
6 No Mira a Castillo
Porque la difusión de la información depende de la acción manual de los responsables de cada

7 No
empresa. Eso ya debería estar automatizado desde los sistemas utilizados en cada entidad pública
8 No Se precisa de procesos transparentes en línea
Aún subsisten las decisiones adoptadas de manera discrecional, basadas en lo que el Gobierno de
9 No
turno quiere
10 No Es necesario que los procesos e información sean lo más transparente posible usando las TIC
Cada Gobierno solo piensa en lo que le interesa, y por lo tanto maneja el Poder Ejecutivo según su
11 No
conveniencia
La Contraloría necesita modernizar sus protocolos de autoría concurrente para no gastar recursos,
12 No esfuerzo, tiempo y presupuesto en procesos insignificantes como abrir investigación por 14 soles en
una caja chica de una institución pública
330
13 No Falta articulación entre instituciones y procesos con mayor fiscalización gubernamental
14 No Nuevamente, es obvio que no
15 No Existen muchos procesos debajo de la mesa
Solo hay una apariencia de transparencia. El propio jefe de Estado es una muestra tangible de ello…
16 No Y es así en el Ejecutivo en general, y en los Gobiernos subnacionales también, obviamente. Además de
que la falta de amigabilidad de los portales de transparencia sigue siendo una característica evidente
La ciudadanía no está adecuadamente informada de los objetivos, por grupos de interés; no se

exponen las normas, se publican sin una descripción del enfoque, la articulación con políticas; la
17 No ciudadanía no puede medir la gestión de sus autoridades regionales y locales puesto que el sistema
electoral no permite esa evaluación; el sistema recarga en la población la responsabilidad de
identificar solicitar y analizar la información relevante para el análisis de la gestión
En el portal de transparencia no se pueden ver TODOS los procesos, gastos y actuados de las
18 No
instituciones
19 No No se requiere abundar en la respuesta, es evidente que no, en todo nivel
La falta de meritocracia y las contrataciones fuera del perfil para cargos públicos perjudican la
20 No
transparencia
Debería ser de conocimiento público la información relativa a la gestión, manejo de los recursos,
21 No
criterios que sustenten decisiones y la conducta de los funcionarios
22 No Está hecha solo para evidenciar, para cumplir, no hay diseño
Si se trabaja con las TIC no tendrías tantos problemas, pero a nadie le gusta. Cuando uno es
23 No
transparente sería bueno que las áreas de logística sean grabadas y el personal rotante
24 No Existen intereses de terceros que influyen en el desarrollo de la gestión pública
El tema de la transparencia está sujeto a los Gobiernos, en este actual Gobierno se ha visto muy
25 No afectada. Creo que igual se debe informar a la población más de las ventajas de una gestión pública
transparente para que pueda exigir que ello se cumpla y la política de ocultismo se reduzca
26 No Los índices de corrupción son cada vez más elevados
Los sistemas y procesos, no todos los esquemas o ventanas físicas o virtuales para transparentar las
27 No
adquisiciones y demás acciones del aparato estatal
28 No No toda la información estatal está disponible vía online
29 No Se requiere facilitar el acceso a la información, inclusive a nivel virtual
30 No Solo tiene apariencia de transparente
En su mayoría, las entidades publican sus resultados sin contemplar sus actuados, bajo los
31 No
argumentos que los archivos digitales pesan mucho
32 No No hay rendición de cuentas
Primero, los portales de transparencia no son usados correctamente, se ponen al día o se llenan al
finalizar el día, no previamente. Segundo, la solicitud de información, como los portales, que solicitan
33 No dicha información a los ciudadanos no son contestados o son contestados meridianamente. Tercero,
el silencio administrativo no se cumple
34 No A pesar de las normas y procedimientos establecidos, la conducta humana a veces es adversa
Si los congresistas son los principales lobistas y colocan a sus amantes y familiares en cargos
35 No
públicos ganando 10 000 soles mensuales en programas pequeños, pues así nunca avanzaremos
36 No Es evidente
Falta un diálogo honesto y responsable entre el Estado y la sociedad, para construir acuerdos
37 No
orientados a mejorar la ejecución de las políticas públicas. Hay falencia de estas políticas públicas
331
38 No Las personas no la aplican
39 No No se encarcelan a funcionarios y proveedores que son hallados corruptos
40 No Porque el sistema de información es muy complejo y debe ser más simple para acceder a la info
41 No Secretismo
42 No Porque las decisiones no se adoptan en un modelo de rendición de cuentas
Los portales de transparencia no tienen el nivel de detalle suficiente y solo presentan información
43 No agregada en la mayoría de los casos. Los sistemas claves, por otra parte, como el SEACE son
restringidos y poco amigables
44 No No se comparte información total sino parcial
Casos recientes de visitas a Palacio de Gobierno, impedir accionar de fiscales, reunión de presidente
45 No
con empresario en licitación pública
46 No Falta transparencia en Gobiernos locales y regionales
Falta de concienciación de la importancia de la transparencia en la información, por ello existe aún

47 No
resistencia
48 No La transparencia es parcial
49 No Corrupción e incompetencia
50 No No
51 No -
Se publica lo mínimo y se circunscribe a ello. Transparencia es no solo formalismo, sino acción real en
52 No
cada actividad pública
53 No Poca claridad de procesos
54 Sí Existen mecanismos para ello
Existe norma que obliga a la transparencia, tenemos portales de transparencia en varias instituciones,
55 Sí y contamos con procesos constitucionales que garantizan el acceso a la información pública. Hay
avances
El acceso a la información colabora mucho en ese tema. Hoy por hoy cualquier ciudadano puede
56 Sí
acceder a información de las instituciones
57 Sí Cualquiera puede acceder a un documento público sin expresión de causa. Antes no era así
Es tan evidente la ineficiencia del Estado y la lentitud que cualquier persona con base en la ley de
58 Sí transparencia o por la consulta digital, si es que existe, puede conocer qué ha pasado o en qué
proceso está su trámite
59 Sí Sí, hay una ley que regula y el ente de control supervisa
60 Sí No hay absoluta transparencia, pero creo que somos más transparentes que otros países
61 Sí No siendo lo suficiente lo logrado, por lo que el portal de transparencia ya es un avance importante
En las entidades de la Administradora pública a través del Gobierno abierto, el acceso a la

62 Sí
información y rendición de cuentas
332
3. Según usted, ¿cuáles son los factores que interfieren para el ejercicio transparente de la
gestión pública?
62 respuestas
Carencia
(14,28%) 25
de valores
Falta de
voluntad política
(18,86%) 33
Poca claridad (11,43%) 20

de los procesos
Sobrerregulación
(14,86%) 26
normativa
Limitado uso
de las TIC
(11,43%) 20
Otros (1,71%) 3
0 10 20 30 40 50
Se le pidió a los encuestados que marcasen un máximo de 3 alternativas sobre cuáles consideran
que son los factores que afectan la transparencia de la gestión pública, obteniendo que la corrup-
ción se perfila como el principal problema (27,43%), seguido de la falta de voluntad política (18,86%)
y finalmente la sobrerregulación normativa (14,86%).
4. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer la transparencia en la
gestión pública del país?
1 Utilización de portales web con información confiable y actualizada de todas las entidades del Estado
2 Ver
3 Que al momento de cerrar las adquisiciones se explique a la ciudadanía en detalle todo el proceso
4 Interoperabilidad y Gobierno abierto
5 Hacer más amigables los procesos de acceso a la información
6 Cambio total en el Ministerio Público
7 Reforzar la mayor participación de la ciudadanía
8 Haría más sencillo el Portal de Transparencia de las instituciones
9 Legajo profesional y en torno al grupo que perteneces
Es necesaria una fuerte articulación (incluyendo el Gobierno electrónico) del Sistema Nacional de Control
(asegurando su independencia en los 3 niveles de gobierno), con las entidades públicas y de sociedad civil
10 relacionadas con la transparencia, el acceso a la información pública y la vigilancia ciudadana, conjuntamente
con el Ministerio Público y el Poder Judicial y el OSCE, de tal modo que se pongan más candados y
desincentivos a la corrupción
333
11 Seguir capacitando a los funcionarios en la implementación de la transparencia en la gestión pública
Exhortar a que todas las entidades publiquen la información con todos sus actuados como se viene haciendo
12
en el SEACE
13 Que todos los procesos de contrataciones del Estado los deberían guiar organismos internacionales
14 Un Estado más pequeño y eficiente
Es imprescindible instaurar la cultura de la rendición de cuentas, donde los funcionarios y gobernantes le

15 muestren a los ciudadanos los avances de los proyectos, las dificultades de la ejecución y los resultados de su
gestión
16 -
Mayor difusión de los derechos ciudadanos para que estos se empoderen.

17
Mayor fortalecimiento de las áreas de control institucional para velar por el derecho a transparencia
Todo debe publicarse en los portales; comunicar a la ciudadanía; efectivo control precio y posterior;
18
meritocracia
19 Política de Estado
20 Mejorar la capacidad de la ciudadanía para acceder y usar la información sobre ejecución de recursos públicos
21 Integrarla al sistema de integridad
22 Mayor uso de las herramientas digitales
23 Obligación de informar resultados y proveedores
24 Institución transversal que integre todas las instituciones gubernamentales de justicia y fiscalización
25 Crear textos únicos que ordenen la gran cantidad de normas emitidas
26 Obligatoriedad de publicar registros y documentos en formatos amigables
27 Rearme moral
28 Seleccionar a gente capacitada para puestos clave
Las gestiones modernas buscan involucrar a los empleados con la organización, empoderándolos y
29
brindándoles herramientas para su desarrollo personal y profesional
Mejoraría la digitalización de los procesos, para mejorar los niveles de control y la predictibilidad de las
30
decisiones
Transparentar tableros de control y repositorios de acceso abierto y datos abiertos (open data y open
31
government)
32 Gobierno abierto eficaz; sanción ejemplar a los corruptos; Gobierno electrónico eficaz
La implementación de los Portal de Transparencia deben ser actualizados (o supervisados para que se
33 mantengan actualizados), y deben publicar en simultáneo las etapas de los procesos. Además, se debe
impulsar la interoperabilidad de todos los servicios del Estado
Despido del funcionario responsable de entregar información y salida de la autoridad máxima de la institución
34
si no se entrega la información en los tiempos y forma que manda la ley
35 -
36 Procesos claros y transparentes
37 Acceso a la información y Gobierno abierto
Información esencial y relevante de fácil acceso público. No solamente lo que conviene a los funcionarios,
38
sino la totalidad
39 Simplificar y autorización
40 Eliminar la gestión pública. Es una antigestión
334
41 Las de la pregunta 2
42 Gobierno electrónico y canales de información interactivos
43 Simplificar procesos
44 Mayor difusión
45 Rendición de cuentas, procesos/entrevistas públicos
46 Fortalecer el sistema de Gobierno electrónico y acceso abierto nacional
47 Gobierno digital
48 Todo el proceso hacerlo tratable por temas digitales
El problema es de origen, los partidos políticos que no funcionan, las universidades sin ética y los medios de
49 comunicación contribuyen a generar futuros funcionarios con valores trastocados que piensan que llegar a la
función pública es convertirse en millonario. Por lo tanto las medidas apuntarían a la falla de origen
La digitalización de todos los procesos y documentación que permita a la población ver lo que se hace desde
50
dentro
51 Mayor uso de tecnologías de la información
52 Meritocracia
Una entre muchas sería relanzar la bolsa de productos para la adquisición de todo tipo de bienes posibles de
53
estandarización
54 Procesos tecnológicos y decisiones transparentes
55 Reducir normativas
Vincular los planes de gobierno de los partidos políticos con la acción en la gestión pública exigiendo
56
rendición de cuentas antes, durante y después de cada medida tomada
Cumplir con los perfiles profesionales; mejorar el perfil para ocupar cargos políticos; acelerar el proceso hacia
57
Gobierno electrónico
Emisión de los informes resultantes de la supervisión, de manera oportuna. Lo que además permitirá
58
publicarlos
59 Más información para el público
60 Aumentar el desarrollo del Gobierno abierto y la transformación digital
61 Simplificación administrativa y comunicación efectiva con los administrados
62 Que sean públicas
335
1. A la fecha, el nivel de implementación del Gobierno digital en el Perú es:
62 respuestas
Bueno (3,23%) 2
Regular (67,74%) 42
Malo (29,03%) 18
0 10 20 30 40 50
Del total de entrevistados, podemos observar que casi en su totalidad (96,77%) consideran que el
nivel de implementación del Gobierno digital en el Perú ha sido regular y malo, lo que demuestra
un amplio acuerdo en este tema. En la siguiente pregunta se desarrollan un poco más los motivos
que generan estas respuestas.
2. De la pregunta anterior, por favor, sustente su respuesta
1 Regular La interoperabilidad no funciona de forma debida
2 Regular Falta integridad y cultura digital
3 Regular Poca masificación
4 Regular Falta reforzar la importancia del Gobierno digital
5 Regular Falta conectividad y que llegue a los menos favorecidos con el uso de la tecnología
6 Regular Aún no se ha implementado en la mayor parte de las instituciones la política de cero papel
7 Regular Faltan mayores procesos transparentes. La nómina de funcionarios responsables debe conocerse
Se debe incidir en implementar plataformas que permitan hacer cualquier trámite o reclamo
8 Regular
judicial o policial de manera remota
9 Regular Se han visto mejoras, pero no en los Gobiernos subnacionales o solo en algunos sectores
El avance del proceso es muy irregular, hay entidades muy tecnológicas y otras que no han
10 Regular
iniciado el proceso por falta de recursos
Algunos avances en sectores claves (salud y educación). Falta interoperabilidad en los sistemas
11 Regular
de información
12 Regular Falta mucho por hacer
336
13 Regular Hay muchos procesos dejados a la discreción humana
Debido a la coyuntura sanitaria se mejoró el tema, pero no todas las entidades públicas vienen
14 Regular
implementando el Gobierno digital
15 Regular En el sector público, existe personal, más del régimen laboral 276, que se resiste al cambio
16 Regular Por la pandemia ha mejorado
Si bien es cierto que hay interesantes avances a nivel de Gobierno central, todavía está
17 Regular pendiente la implementación en los Gobiernos regionales y locales, y en muchos de los casos
debido a la deficiencia en la conectividad de algunas zonas de nuestro país
18 Regular Aplicación de soluciones desfasadas
19 Regular Existe poco uso de herramientas digitales que deben estar interconectadas entre los sectores
20 Regular Hay pocos procesos que se pueden hacer de manera digital para el ciudadano
21 Regular Necesita mayor difusión y llegar a todos los niveles de la Administración pública
La pandemia por COVID-19 ha impulsado el desarrollo del Gobierno digital. Acelerado proceso de
22 Regular articulaciones con plataformas para el pago de servicios, adquisición de productos, ventas y
estudios por medios digitales
23 Regular Falta si lo comparamos
24 Regular Aún en las instituciones públicas no es conocida
25 Regular Insuficientes medidas y recursos para la innovación tecnológica
26 Regular Hay avances, pero insuficientes, y concentrados en las ciudades
27 Regular Faltan back ups para documentos
28 Regular Se han desarrollado algunas estrategias y sistemas
Gracias a la pandemia se está poniendo en práctica y con fuerza el Gobierno digital en el país.
29 Regular
Anteriormente, se hacía de forma aislada
30 Regular Falta mayor implementación
31 Regular La información sobre ejecución de gasto público de Gobiernos locales es muy limitada
Aún en el sector central hay espacio donde no ha penetrado este cambio y en nivel regional o
32 Regular
local es casi inexistente
33 Regular Falta interconexión entre entidades
34 Regular Falta articulación de los servicios de atención al ciudadano
Compra satelital inútil, no transparencia o actualización de páginas web de ministerio e

35 Regular
instituciones públicas
36 Regular Desigual
La mayoría de las entidades ahora han implementado los expedientes electrónicos y la firma
37 Regular
digital, lo que reduce la corruptela
38 Regular El proceso aún es lento
39 Regular Los avances son aislados y poco articulados
40 Regular Falta hacer mejoras a todos los niveles de gobierno, y no solo en el central
41 Regular -
Compra satelital inútil, no transparencia o actualización de páginas web de ministerio e

42 Regular
instituciones públicas
43 Malo Varios sistemas no están interrelacionados
337
44 Malo Limitado presupuesto, no existe plan de implementado
45 Malo No existe
46 Malo Los colegios y los centros de salud públicos carecen de computadoras y acceso a Internet
47 Malo No se ven efectos y gestión de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
48 Malo Ni existe. Los corruptos se encargan de que no exista
49 Malo No se encuentra nada
Porque falta una conexión y articulación y llenado de información en tiempo real, lo cual es un
50 Malo problema para la institucionalidad, planeación, programación y toma de decisiones. Ello sumado
al problema de la brecha digital existente en el país
Los procesos no están articulados entre entidades. Las plataformas están obsoletas o no están
orientadas a la experiencia del usuario. Las webs de las entidades no cumplen criterios de
51 Malo
seguridad virtual. La mayoría no resultan accesibles a personas con discapacidad. Muy pocos
procesos o trámites son completamente virtuales
52 Malo Aún existen procesos y trámites para los que hay que ir a formar fila, esto es tercermundista
El nivel de implementación del Gobierno digital aún lo considero precario dado el limitado
acceso a Internet en diferentes regiones del país, así como el escaso conocimiento de dicha
53 Malo
herramienta por parte de un buen sector de la población, por ello, el Gobierno digital hoy es
—aún— una quimera
54 Malo Software + hardware no avanzan juntos

55 Malo No hay articulación intersectorial
En varios casos, una misma información es publicada por diferentes entidades y en algunos
56 Malo
casos esta información es incongruente y/o está desactualizada
57 Malo Las entidades no han adoptado un modelo digital, salvo excepciones
No existen sistemas de información estandarizados ni menos aún homologables o compatibles

58 Malo
entre sí. El uso de la nube es prácticamente inexistente
59 Malo Faltan
60 Malo No está integrado, hay casos aislados pero no funciona sistemáticamente
61 Bueno Se notan más servicios digitalizados
Se ha pasado del Gobierno electrónico al Gobierno digital y se ha definido el sistema funcional

62 Bueno
de transformación digital
338
1. En el contexto actual, ¿cree usted que la innovación puede desarrollarse en las entidades
públicas del Perú?
62 respuestas
Sí (72,58%) 45
No (27,42%) 17
0 10 20 30 40 50
Respecto al proceso de innovación, se observa que casi tres cuartas partes de los encuestados
consideran que es posible desarrollar este proceso en las entidades públicas en el Perú. Dicha in-
formación se especifica más al desarrollarse la siguiente pregunta.
2. ¿Cuáles serían las medidas que usted implementaría para fortalecer el proceso de innovación
en la gestión pública?
1 Sí Medidas ágiles y tribus, eliminar el “señor”, es decir, la gestión horizontal
2 Sí Fortalecimiento en el uso de las TIC
3 Sí Falta de una política pública, falta de un plan como herramienta de implementación de la política
Ejecución de los convenios de colaboración existentes, por ejemplo, con China para la implementación
4 Sí
de Gobierno electrónico
5 Sí Participación ciudadana, meritocracia, alianza con universidades e institutos
6 Sí Concurso interno sobre buenas prácticas con premios atractivos
7 Sí Reingeniería de procesos
Comunicación asertiva con los administrados e intercambio de experiencias con otras realidades para
8 Sí
aprender y hacer
9 Sí Fortalecer las estructuras horizontales en el Estado
Promover laboratorios de innovación en alianza con universidades públicas y privadas, fondos

10 Sí
promovidos por PRODUCE y CONCYTEC articulados con instituciones del ejecutivo y las universidades
Cambio curricular en la educación pública, uso obligatorio del DNI electrónico y la implementación de
11 Sí
historias clínicas electrónicas para el sector público
339
Implementación de uso de las TIC y formación de líderes políticos con fortalecimiento en gestión e
12 Sí
innovación con especialización en temas diversos de sistemas digitales y procesos de innovación
13 Sí -
Atraer a los mejores talentos desde una perspectiva intercultural e interdisciplinaria, para buscar
14 Sí
aportar desde la empatía, la vocación de servicio, el trabajo en equipo y la creatividad
Empezar por generar gestión con base en la información y gestión de desempeño por resultados.
15 Sí Trazar rutas integradas entre sectores para fomentar condiciones básicas para el desarrollo de
servicios. Focalizar salud y educación, y eso va más allá de esos dos ministerios
Pasantías y/o capacitaciones en buenas prácticas exitosas de otras instituciones nacionales, porque
16 Sí
las hay
17 Sí Promoción de sus ventajas comparativas. Mayor inversión en el mejoramiento de los procesos
Actualizar el perfil profesional del servidor público y que el conocimiento de las TIC sea obligatorio;
18 Sí voluntad política continua; evaluación permanente del avance en los sectores y Gobiernos
subnacionales
Optimizar los procesos y servicios que respondan a desafíos colectivos, incrementando la

19 Sí
productividad del sector, la producción de políticas públicas más pertinentes y eficientes
Contacto directo con el ciudadano, involucrando su participación en los procesos de las instituciones
20 Sí
públicas
21 Sí Existe, pero igual de cerradas, y la innovación es pensar abiertamente. No hay conocimiento de ello
22 Sí Réplicas de experiencias internacionales exitosas
23 Sí Realizar eventos masivos que promuevan la innovación
24 Sí Premios
Se debe impulsar de manera transversal en todos los sectores la mejora continua en el contexto del
25 Sí
I+D+i
26 Sí Identificar a los agentes de cambio dentro de las propias instituciones
27 Sí Simplificación administrativa. Implantación de medios digitales en el tráfico documental
28 Sí Convocar a todas las entidades para que sean participes de este proceso
29 Sí Más meritocracia
30 Sí Capacitación, definición de una ruta estratégica nacional de MGP
31 Sí No soy experta en el tema
Creación e implementación de nuevos procesos, productos, servicios y métodos de entrega que

32 Sí permitan mejoras significativas en los resultados de eficiencia, eficacia y calidad. Deben buscarse
nuevos mecanismos de gestión, amparados en los planteamientos de la nueva gestión pública
33 Sí Personal capacitado
Invertir en mecanismos como laboratorios de innovación en las entidades públicas (ministerios por lo
34 Sí
menos)
35 Sí Voluntad política, recursos económicos y unidades especializadas
36 Sí Compensación por resultados a los funcionarios
37 Sí Reconocimientos públicos o económicos
38 Sí Sistematizar los servicios
39 Sí Políticas públicas
340
Primero hacer un cambio en el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, propiciar los
40 Sí incentivos en funcionarios para fomentar proyectos de inversión que innoven y que puedan servir
como iniciativas para inversión
41 Sí A) Mayor presupuesto, B) mayor difusión, C) capacitación a RR. HH.
42 Sí Generar cambios que se adapten a nuestra realidad y no se importen de otros lados sin conocerla
43 Sí Red de innovación pública
44 Sí Fortalecimiento de capacidades
45 Sí Crear un sistema meritocrático sólido, lo que es más fácil decir que hacer
Dejar de sancionar el error en la función pública, desde una perspectiva de diseño de política pública.
46 No
Implementar Laboratorios de Innovación Pública
47 No Mejorar las leyes y hacerlas más dinámicas
48 No Tecnología y capacitación
Los programas como Innovate limitan la participación de las entidades públicas. Y no se conoce que
49 No
otros mecanismos del ecosistema de innovación pueden ayudar a más entidades públicas
50 No Leyes más directas y la eliminación de otras que impiden su implementación
51 No Esperar el cambio de Gobierno, el actual no tiene ningún interés en fortalecer nada
52 No Ninguna. Hay que eliminar a los burócratas
53 No Un ministerio
54 No Meritocracia a todo nivel
55 No Presupuesto y personal altamente cualificado
56 No Solo lo he visto en las agencias de innovación
57 No Dejar la política en las entidades públicas
58 No Crear un sistema de captación de talentos para crear masa crítica dedicada a la innovación
59 No Transformar la CGR para que cumpla una labor de auditoría ajustada a ley
60 No Cambio de funcionarios por mérito e idoneidad moral
61 No Capacitación
62 No Cambio de paradigma en la cultura organizacional
341
ANEXO 8. INFORMACIÓN SOBRE LA SUPERVISIÓN

DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR
Nivel de cumplimiento detallado por rubro de información y por entidad, 2019
Proyectos
Planea- Contrata-
de Participa- Acceso a la
Datos miento y Presupues- ción de Actividades Registro de
Tipología generales organiza- to
inversión ción Personal
bienes y oficiales
informa-
visitas
pública o ciudadana ción
ción servicios
Infobras
Congreso de la No
89% 93% 100% 100% 100% 54% 100% 100% 100%
República aplica
No
Poder Judicial 82% 88% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 0%
aplica
No
AMAG 40% 80% 50% 0% 33% 85% 67% 100% 0%
aplica
Cortes
No
Superiores de 29% 24% 26% 21% 30% 31% 14% 47% 0%
aplica
Justicia
Despacho No
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
presidencial aplica
No
Ministerios 100% 99% 92% 88% 100% 98% 91% 100% 100%
aplica
Organismos
No
públicos 94% 98% 100% 100% 100% 88% 92% 100% 100%
aplica
reguladores
Organismos
públicos y
No
organismos 88% 84% 83% 86% 83% 80% 62% 93% 73%
aplica
públicos
descentralizados
Programas y
No
proyectos 66% 58% 68% 57% 75% 70% 50% 77% 57%
aplica
especiales
Gobiernos
82% 75% 74% 65% 41% 68% 66% 57% 80% 60%
regionales
Municipalidades
provinciales 65% 66% 60% 46% 20% 28% 47% 39% 60% 16%
capitales
Organismos
No
constitucionales 82% 85% 75% 63% 67% 76% 70% 100% 70%
aplica
autónomos
No
Universidades 58% 57% 47% 41% 35% 48% 29% 55% 18%
aplica
Fuente: Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración pública (ANTAIP, 2020, pág. 22).
342
Nivel de cumplimiento detallado por rubro de información y por entidad, 2020
Proyectos
Planea- Contrata-
de Participa- Acceso a la
Datos miento y Presupues- ción de Actividades Registro de
Tipología generales organiza- to
inversión ción Personal
bienes y oficiales
informa-
visitas
pública o ciudadana ción
ción servicios
Infobras
Congreso de la No
90% 92% 100% 40% 100% 54% 67% 100% 100%
República aplica
No
Poder Judicial 83% 75% 100% 100% 100% 100% 33% 100% 0%
aplica
No
AMAG 45% 73% 50% 0% 33% 77% 0% 100% 0%
aplica
Cortes
No
Superiores de 30% 23% 26% 21% 31% 26% 12% 47% 0%
aplica
Justicia
Despacho No
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
presidencial aplica
No
Ministerios 100% 98% 92% 88% 95% 94% 91% 100% 100%
aplica
Organismos
No
públicos 95% 100% 100% 100% 75% 92% 75% 100% 100%
aplica
reguladores
Organismos
públicos y
No
organismos 88% 83% 83% 84% 83% 79% 66% 93% 76%
aplica
públicos
descentralizados
Programas y
No
proyectos 68% 60% 68% 55% 72% 68% 50% 77% 57%
aplica
especiales
Gobiernos
80% 74% 74% 61% 44% 68% 62% 53% 80% 60%
regionales
Municipalidades
provinciales 62% 66% 60% 44% 16% 40% 44% 43% 60% 20%
capitales
Organismos
No
constitucionales 84% 84% 75% 63% 63% 74% 70% 100% 60%
aplica
autónomos
No
Universidades 54% 58% 47% 39% 24% 44% 31% 55% 16%
aplica
Fuente: Supervisión a los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la Administración pública (ANTAIP, 2020, pág. 24).
343
ANEXO 9. AGENDA PENDIENTE RESPECTO

A GOBIERNO DIGITAL SEGÚN OCDE
Conforme al estudio de la OCDE sobre gobernanza pública de 2016 se sugiere que:
El Gobierno peruano tiene que definir y seguir una visión coherente e integrada en donde la
naturaleza transversal de las tecnologías digitales se posiciones de tal forma que facilite un
cambio hacia la transición digital y el uso estratégico de las TIC para desarrollar el ecosistema
digital en todos los niveles de gobierno. Esto podría ayudar al Perú a capturar el valor de las
tecnologías digitales para apoyar el logro de los objetivos de desarrollo nacional, incluyendo
mejores resultados y políticas para los ciudadanos, por ejemplo, a través de una entrega de
servicios más eficiente y efectiva (pág. 251).
• Se debe contar con un liderazgo fuerte, para la gobernanza, gestión, planeamiento y asig-
nación de presupuesto para un ecosistema digital sostenible y eficaz.
• Se debe establecer espacios de flexibilidad institucional, de innovación para el ingreso de
las TIC.
• Formación y capacitación en habilidades digitales.
• Compartir buenas prácticas nacionales e internacionales, la creación e incentivos para los
servidores de forma individual, pero también a nivel institucional.
• Promover que el Estado pueda comprar de forma directa propuestas de mejora de los ser-
vicios públicos a través de startups sobre Gobierno digital e innovación pública.
• La conectividad es desigual en las diversas zonas del país, lo cual limita el acceso a Inter-
net, pero además el equipamiento y sus costos son otras limitantes para que el Gobierno
digital se masifique en todas las entidades públicas y con altos niveles de calidad, eficacia
y eficiencia beneficiando a los ciudadanos.
• El proceso de lograr que la ciudadanía participe en la construcción del ecosistema digital
es clave. Las organizaciones no gubernamentales, el mundo de la academia y las empre-
sas resultan clave, así como visibilizar que a través de la implementación del Gobierno di-
gital se tiene un Estado abierto y transparente que lucha contra la corrupción, pero tam-
bién que cuenta con las herramientas para que lo que ponga en uso por el Gobierno digital
sea amigable, que proteja nuestros datos sensibles. Además, debe cuidar que la virtualidad sea
accesible a las personas con discapacidad y no dejar de atender, por otros medios y cana-
les, a las personas que son analfabetas digitales (OCDE, 2016, pág. 251).
344
ANEXO 10. ENLACES DE LA BIBLIOGRAFÍA
1. Abellán-Artacho, P. y Abellán, J. (2020): https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746089

2. Acuerdo Nacional (2004): http://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-
nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/
3. Banco de Desarrollo de América Latina y Reporte de Economía y Desarrollo (2019): https://
scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1503/RED_2019_Integridad_en_las_
politicas_publicas._Claves_para_prevenir_la_corrupcion.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2021): https://publications.iadb.org/publications/
spanish/document/Transformacion-digital-y-empleo-publico-El-futuro-del-trabajo-del-
gobierno.pdf
5. Banco Interamericano de Desarrollo (2016): https://publications.iadb.org/publications/spanish/
document/Innovando-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-La-contribuci%C3%B3n-de-los-
laboratorios-de-innovaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
6. Barzelay, M. (1998): http://eprints.lse.ac.uk/31821/
7. Barzelay, M. (2003): http://eprints.lse.ac.uk/31819/
8. Brugué, Q. y Subirats, J. (1996): https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2413
9. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (2016): https://clad.org/
wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Abierto-07-2016.pdf
wp-content/uploads/2020/10/Carta-Iberoamericana-de-Innovacion-10-2020.pdf
wp-content/uploads/2021/03/Libro-6-Hackear-lo-p%C3%BAblico-Innovaci%C3%B3n-en-la-
gesti%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf
12. CEPLAN (2011): https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/plan-bicentenario-el-peru-hacia-el-2021/
13. Chica Vélez, S. (2011): https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3776682
14. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (2012): https://www.cepal.org/es/
publicaciones/3969-desafio-gobierno-abierto-la-hora-la-igualdad
15. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014): https://www.cepal.org/
es/publicaciones/37223-panorama-la-gestion-publica-america-latina-caribe
16. Concha, P. I. (2020): https://www.researchgate.net/publication/348009895_Transparencia_Publica_
Origenes_y_expansion
17. Congreso de la República. Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal. Re-
porte Temático N° 84/2020-2021. Ejecución del Presupuesto Público. Período comparativo
2020 vs 2019. (Lima, 2 de febrero 2021). https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/
reporte-tematico/84-ejecucion-del-presupuesto-publico-comparativo-2019-2020.pdf
18. Contraloría General de la República (2020): http://repositorio.contraloria.gob.pe/bitstream/
handle/ENC/18/Calculo_de_la_Corrupcion_en_el_Peru2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
345
19. Contraloría General de la República (2021): https://doc.contraloria.gob.pe/prensa/libros/LA_

REFORMA_DEL_CONTROL_GUBERNAMENTAL.pdf
20. Digital Future Society (2020): https://digitalfuturesociety.com/es/report/panoramica-del-
ecosistema-govtech-en-espana-colombia-y-mexico/
21. Engel, E. et al. (2018): https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-
del-Grupo-Asesor-de-Expertos-en-anticorrupcion-transparencia-e-integridad-para-
America-Latina-y-el-Caribe.pdf
22. FLACSO Argentina (2017): https://www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/09/El-control-
de-Politicas-Publicas-Ruiz-del-Ferrier-Cristina.pdf
23. Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung e Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio
Ruiz de Montoya (2018): https://www.kas.de/es/web/peru/einzeltitel/-/content/el-circulo-de-
la-corrupcion-en-los-gobiernos-regionales-1
24. González Casanova, P. (2007): http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/416trabajo.
pdf?PHPSESSID=ffc42510e755335c76404a255913b8ab
25. Grupo de Trabajo Contra la Corrupción (GTCC) (2011): https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_
per_gtcc.pdf
26. Guerrero, O. (1999): http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10735
27. IDEA Internacional y Transparencia (2009): https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/
con4_uibd.nsf/9506FA981DDF086405257C2B0056BEF1/$FILE/Gestión_Pública.pdf
28. Iglesias, P. (2020): https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7746087
29. Lawyers Council for Civil & Economic Rights & Vance Center (2020): https://www.vancecenter.
org/our-programs/lawyers-council/eal2020/
30. Levi, M., Weber, M., Skocpol, T., Evans, P., Oszlak, O., Peters, B. et al. (2015): https://scioteca.caf.
com/handle/123456789/795
31. Máttar, J. y Perrotti, D. E. (2014): https://www.cepal.org/es/publicaciones/36762-planificacion-
prospectiva-gestion-publica-reflexiones-la-agenda-desarrollo
32. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) (2021): https://www.gob.pe/institucion/
minjus/informes-publicaciones/2518666-compendio-de-transparencia-acceso-a-la-
informacion-publica-y-proteccion-de-datos-personales-normativa-y-criterios-interpretativos-
relevantes
33. Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú (2021): https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/403370/Peru_rumbo_al_Bicentenario_2021.pdf
34. Moore, M. (1995): https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=229192
35. Naser, A. y Concha, G. (2011): https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7330
36. Naser, A. y Hofmann, A. (2016): https://www.cepal.org/es/publicaciones/40631-la-contribucion-
gobierno-electronico-datos-abiertos-la-integracion-regional
37. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) (2013): https://www2.congreso.
gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0D6D8CA5D781070305257E9200775428/$FILE/3_
pdfsam_libro_ongei.pdf
346
38. Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2013): https://publicadministration.un.org/egovkb/

Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Complete-Survey-Spanish-2012.pdf
39. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2004): https://www.
oecd.org/gov/digital-government/definitionsandconcepts.htm
40. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2005): https://deliverypdf.
ssrn.com/delivery.php?ID=82010610102702610008307410512607212203708908904205
3026107097121081072120064019029108060016 059063040047117003119067015 08410
30780070820440640860060050800051120650990920300150330961130710270
83083119084026123074125078088099114115122097123075084100116123120&EXT=pdf
&INDEX=TRUE
oecd.org/gov/Open-Government-Highlights-ESP.pdf
oecd.org/countries/peru/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-peru-
9789264265226-es.htm
oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica/
oecd.org/gov/open-government/guia-de-la-ocde-sobre-gobierno-abierto-para-funcionarios-
publicos-peruanos.htm
45. Osborne, D. y Gaebler, T. (1992): http://biblio3.url.edu.gt/Libros/RG/0.pdf
46. Presidencia del Consejo de Ministros (2013): https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/
con4_uibd.nsf/0D6D8CA5D781070305257E9200775428/$FILE/3_pdfsam_libro_ongei.pdf
47. Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014): https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/
uploads/2015/01/Fasciculo-4-Gobierno-Abierto.pdf
48. Presidencia del Consejo de Ministros y USAID (2014): https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/
uploads/2015/01/Fasciculo-1-Transparencia.pdf
49. Presidencia del Consejo de Ministros (s.f.): https://www.gob.pe/institucion/pcm/colecciones/
147-normativa-sobre-gobierno-digital
50. Proyecto USAID y Perú ProDescentralización (2011): https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/
con4_uibd.nsf/0EEABF232BE0BEE605257BFF007098B3/$FILE/Reforma_del_Estado_y_
modernizacion_de_la_gestion_publica.pdf
51. Quiroz, A. (2013): https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/699/710
52. Resolución de Secretaría de Gestión Pública 004-2019-PCM-SGP, apruébese los Lineamientos
001-2019-SGP “Principios de actuación para la modernización de la gestión pública” (2019):
https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/265430-004-2019-pcm-sgp
53. Saravia Salazar, J. (2018): https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enlineasgenerales/article/
view/2674/2883
54. Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2013): https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/
PNMGP.pdf
347
55. Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2020): https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/

IMPLEMENTACI%C3%93N-DE-LA-GESTI%C3%93N.pdf
56. Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2021): https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/2069623/Sistema%20de%20Modernizacion%20de%20la%20Gestion%20Publica.pdf
57. Secretaría de Gestión Pública (SGP) (2022). https://sgp.pcm.gob.pe/gobierno-abierto/
58. Shack, N. (2019): https://archivo.olacefs.com/el-modelo-de-control-concurrente-como-eje-
central-de-un-enfoque-preventivo-celere-y-oportuno-del-control-gubernamental-en-el-peru/
59. Ugarte, M., Rivero, J. C. y Bautista, D. (2020): https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/
uploads/2021/06/2._dp_administracion_publica.pdf
60. University of Cambridge (2019): https://www.bennettinstitute.cam.ac.uk/publications/thinking-
about-govtech-brief-guide-policymakers/
61. Valenti, P., Anta, R. y Bendersky, M. (2004): https://publications.iadb.org/publications/spanish/
document/Manualgob-Estrategias-de-gobierno-electr%C3%B3nico-La-definici%C3%B3n-de-
un-modelo-de-an%C3%A1lisis-y-estudio-de-casos.pdf
348
El proceso de modernización del Estado peruano 2002-2021 es una investigación don-
de los autores dan a conocer la evolución del mencionado proceso, haciendo énfasis
en el abordaje de materias como la lucha contra la corrupción, transparencia, Gobier-
no digital e innovación, presentando diferentes enfoques, instrumentos, normas e hitos
que se han desarrollado.
Además, presentan un diagnóstico basado en la información y documentación obser-

vada, permitiendo mostrar cuáles son los principales avances y problemas que hoy
sigue atravesando el proceso de modernización de la gestión pública.
De igual forma, han incorporado resúmenes de materiales que reflejan los progresos
en la reforma y exponen las posiciones oficiales del Estado.
Finalmente, en la exposición de las conclusiones y recomendaciones alcanzadas nos

presentan no solo las visiones finales de lo observado, sino también pautas orien-
tadoras para enfrentar la agenda pendiente y coadyuvar a solucionar problemas que
interfieren en el adecuado desarrollo de la modernización de la gestión pública.
“Quien olvida su historia está condenado a repetirla”

(Cicerón)

El Proceso de Modernizacion Del Estado Peruano 2002-2021

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EL PROCESO DE

Vegas Guerrero, Carmen Inés

Vegas Guerrero, Carmen Inés

El proceso de modernización del Estado peruano 2002-2021.

El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores y no refleja la opinión de

Citar esta obra como:

Agradecemos a la organización política Fuerza Popular y la Asociación Civil para la Cooperación

CAPÍTULO II. PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INCIDEN EN EL PROCESO

CAPÍTULO III. COMPILACIÓN NORMATIVA, INSTRUMENTAL E INSTITUCIONAL 95

CAPÍTULO IV. DIAGNÓSTICO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

4.2. Aspectos que impactan en el proceso de modernización 218

AAC Autoridad Administrativa Competente

ACR Análisis de Calidad Regulatoria

CONADIS Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

MOP Manual de Operaciones

RNIE Red Nacional de Investigación y Educación

Cabe resaltar que el estudio se centra en el proceso de la política pública de modernización de la

Así, este estudio se sustenta en un análisis cualitativo, descriptivo no experimental y basado en

Para ello en el capítulo I expondremos las bases conceptuales de la modernización de la gestión

En este diagnóstico se incorporan también resúmenes de materiales que reflejan el avance de la

En nuestro entendimiento, el Estado moderno surge para responder a la necesidad de garantizar,

1.1. CONCEPTO GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Asimismo, en diversos documentos de organismos internacionales se hace referencia —sobre todo

• Cambio social y valor • Objetivos de Gobierno

• Inversión pública • Finanzas públicas

Para la objetiva determinación de resultados, se requiere analizar la evolución del desempeño

En cuanto a la legislación nacional, consideramos importante rescatar el concepto que a mediados

Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública (2013), en su documento la Política Nacional de Moder-

1. Para más información, ver: https://dle.rae.es/gestionar?m=form

Es decir, desde una perspectiva procedimental, en la legislación peruana (artículo I de la LPAG), la

1.2. EL PROCESO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ

1.3. MODELOS Y ENFOQUES

Para hablar de modernización del Estado, principalmente en lo referido a modernización de la ges-

1.3.1. El modelo clientelar

1.a) El proceso de reforma (de la Administración) es profundamente político, no técnico; 2.a) la

1.3.2. El modelo burocrático

La primera línea de conducción de la Administración pública en el Estado moderno estuvo marcada

a. La definición del interés público desde la perspectiva fundamentalmente “administrativista”.

Bajo esa premisa su postulado es fundamentalmente administrativo y se concentraba, por ejem-

Su propósito de alcanzar la eficiencia se enfocaba en despersonalizar la gestión, así las personas

El modelo burocrático retiene, en este sentido, la semilla de la decadencia de la Administración

El modelo burocrático contribuye a diseñar un Estado muy fuerte aunque posteriormente se

Concidimos con Ramió (2016) cuando señala:

1.3.3. El modelo gerencial y la nueva gestión pública

Si observamos un comparativo entre la visión weberiana y la gerencial o posburocrática, las distin-

Paradigma burocrático Paradigma posburocrático

• Eficiencia • Calidad y valor

• Control • Apego al espíritu de las normas

• Especificar funciones • Identificar misión, servicios

• Autoridad y estructura • Clientes y resultados

Paradigma burocrático Paradigma posburocrático

• Justificar costos • Entregar valor (valor público)

• Construir la rendición de cuentas

• Entender y aplicar normas

• Separar el servicio del control

B. La nueva gestión pública

a. La formulación estratégica de políticas de desarrollo y gestión.

En síntesis, este modelo comprende que su responsabilidad no se orienta solo al cumplimiento de

1.3.3.1. Enfoque de la gestión por resultados

• Cambio social y valor • Objetivos de Gobierno

• Inversión pública • Finanzas públicas