Nos encontramos en un momento de recreación, de

reinterpretación, de volver a escribir, en suma, la historia en

todos sus aspectos, pero a la luz de una nueva bibliografía: la
que se nos presenta a través de trabajos de índole local y
regional.

La presente obra es un análisis profundo y, al mismo tiempo,

una “visión”, en clave social del anarquismo andaluz entre dos
períodos críticos de la historia de España: la Revolución de
1868 y la Guerra Civil de 1936-1939, que supone -como
reconoce el profesor Bernal en su prólogo- un avance notable
en la historiografía española.

En este libro, Jacques Maurice, catedrático de la Universidad

de Nanterre, conjuga un análisis investigador exhaustivo con
una síntesis conclusiva que nos permite hallar respuesta a
muchos interrogantes, porque, como escribe en el prólogo el
profesor Bernal, «el libro de Jacques Maurice, además de
lúcida reflexión sobre el pasado, pudiera ser valiosa guía para
entender algunos de los problemas principales que el
movimiento campesino tiene planteados en la actualidad».
 JACQUES MAURICE

EL ANARQUISMO ANDALUZ

Campesinos y sindicalistas,
1868‒1936
Traducción castellana de Bernat Hervás

Cubierta original: Enric Satué

Edición digital: C. Carretero

Difunde: Confederación Sindical Solidaridad Obrera

http://www.solidaridadobrera.org/ateneo_nacho/biblioteca.html
CONTENIDO

PRÓLOGO

ADVERTENCIA

SIGLAS Y ABREVIATURAS

INTRODUCCIÓN

I. LA ORGANIZACIÓN ANARQUISTA EN ANDALUCÍA

II. «UNA REALIDAD REBELDE». POBLACIÓN, PROPIEDAD Y

PRODUCCIÓN

III. EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y LAS LUCHAS POR LA DEMOCRACIA

IV. LOS «APÓSTOLES», O LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL

ANDALUZA

V. LOS SINDICALISTAS O LA IMPOSIBLE FEDERACIÓN CAMPESINA

VI. LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO ANDALUZ

CONCLUSIONES

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
 PRÓLOGO

¿Por qué, todavía hoy, tras los múltiples intentos ensayados

desde que comenzara la transición política del franquismo
queda sin vertebrarse un efectivo sindicalismo campesino en
Andalucía? No es, ni mucho menos, la nuestra una pregunta
retórica. Tras haber ocupado los conflictos de los jornaleros,
con inusitada frecuencia en los últimos años, las primeras
páginas de los informativos dando cuenta de huelgas de
hambre colectivas en pueblos andaluces, de enfrentamientos
violentos con los poderes constituidos, de ocupaciones de fincas
y procesos a los más destacados dirigentes, etc., ¿qué queda de
ello, qué fue lo conseguido?

Parece más bien que fuese poca cosa. Los pujantes proyectos
de sindicatos revolucionarios campesinos, fraguados al inicio de
la década de los años setenta, apenas representan, veinte años
después, una vaga sombra de lo que decían querían ser.

Al borde de la extinción, sumidos las más de las veces en

polémicas provocadas por patéticos personalismos, de
ideología o de acción, lo que pudiera haber sido una
estructuración unitaria en las reivindicaciones del proletariado
agrícola andaluz se va diluyendo en un sinfín descendente de
acciones cada vez más puntuales, localistas y sin
consecuencias.

Lo que sucede, sin embargo, poca novedad ofrece a quienes

sigan de cerca la historia social de Andalucía en la época
contemporánea. Al contrario. Los estudiosos de ella podrían
asemejar, sin dificultad, la situación presente con otras etapas
precedentes donde las luchas por la democracia y las libertades
políticas conocieron, sin reserva, la participación del
campesinado quedando éste, sin embargo, marginado una vez
conseguida la nueva situación, al no prosperar en sólidas
instituciones las incipientes organizaciones que los obreros del
campo hubieran diseñado en los tiempos difíciles. La historia,
no obstante, nunca se repite de igual modo pese a que, en
primera aproximación, ciertas actitudes y comportamientos,
lejanos entre sí por la cronología, ofrezcan similares
características. En el caso que nos ocupa, la más llamativa
habría de ser el constatar las dificultades inherentes que
conlleva formar un sindicato campesino con viso de
continuidad. No faltan tampoco las disparidades notorias, que
en la situación andaluza de hoy respecto al pasado vendría
subrayada por el reemplazamiento mayoritario del tradicional
substrato ideológico anarquista por otro de más clara
incardinación en las corrientes comunistas. Para algunos
analistas apresurados pudiera parecer que ciento veinte años
después de la Primera Internacional Marx se hubiera tomado la
revancha sobre Bakunin en las campiñas y vegas del
Guadalquivir.

Son muchos los libros, y algunos de ellos fundamentales, que

han pretendido explicar o desentrañar lo sucedido en el campo
andaluz en los dos últimos siglos, cuando emergen como clases
tanto la burguesía terrateniente como el proletariado agrícola.
Pocos, sin embargo, han prestado atención a esos diversos
intentos fallidos, que apenas ocuparon unos años en tan largo
lapso de tiempo, de construir un sindicalismo campesino. Han
sido muchas las razones esgrimidas para justificar la
discontinuidad de la acción y organización de los jornaleros:
desde quienes aludieron a los componentes psicológicos del
pueblo andaluz a quienes argumentaron, como única prueba, la
capacidad represiva dimanante de la estructura de la
propiedad latifundiaria de la tierra y el sistema de poder que
genera. Podrían aducirse algunas otras pero todavía, pese a los
avances conseguidos en recientes estudios, seguiría primando
el empleo de tópicos y lugares comunes que se han hecho
circular sobre la Andalucía rural. Y los referidos a la incapacidad
organizativa jornalera o al anarquismo tal vez sean de los más
reiterados y frecuentes.

Hacía falta un libro donde se conjugase, al unísono, un

análisis investigador con una síntesis conclusiva que diera una
visión actualizada del estado de la cuestión. Esta es, a mi
entender, la primera cualidad conseguida y destacable del libro
que ahora presentamos de Jacques Maurice. Su autor, conocido
hispanista francés en los medios universitarios españoles,
catedrático de la Universidad de Nanterre, había ya publicado
importantes trabajos sobre el fenómeno del campesinado
desde perspectivas culturalistas, acontecimientos como el de
Casas Viejas y estudios de síntesis como el dedicado a la
reforma agraria de la Segunda República española. Lo que
ahora se edita constituye la parte sustancial de la investigación
por él realizada para obtener el Doctorado de Estado, donde se
analiza lo que fuese la organización anarquista en Andalucía
durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX y
las implicaciones que ello tuviera en los sucesivos proyectos
organizativos jornaleros y la lucha de clases que determinan el
periodo. Volver a un tema, en principio, aparentemente tan
manido exigía, ante todo, una importante labor previa de
crítica y matizaciones, que es lo que Maurice lleva a cabo en la
primera parte de la obra, que comprende hasta el capítulo
tercero. La segunda parte, por el contrario, se fundamenta en
una investigación novedosa y original tanto por las
aportaciones como por el enfoque con que ha sido realizada.
Dos son las principales cuestiones que se abordan, a saber, la
difícil construcción de la «Regional andaluza» y los intentos
fallidos de construir la imposible «federación campesina».

En esta obra, centrada en la historia social de Andalucía, que

con ella conoce un avance notable, el problema fundamental
que se debate tiene gran trascendencia y había pasado en
buena parte inadvertido. Se trata del proyecto, varias veces
reiterado en el pasado y recuperado en el presente, de los
jornaleros andaluces de hacer prosperar un sindicalismo
campesino. Mientras que en las zonas industriales, mineras y
urbanas, desde principios de siglo, el sindicalismo se terminaría
imponiendo como forma modernizadora de vertebración de las
reivindicaciones obreras, en el campo andaluz, con unos
contingentes tradicionales de proletariado agrícola superiores
al medio millón de hombres, parece estar condenado a la
persistencia de movimientos obreros de comportamientos
arcaicos motivados en el espontaneísmo, discontinuidad y
utopía y, como tales, con escasa capacidad de transformación y
mejora de la clase jornalera. Tal vez pudiera pensarse que lo
que resulta inviable, por anacrónico, sería el proyecto en sí
mismo: la pretensión de hacer prosperar un sindicalismo
campesino, de corte revolucionario, carece de parangón en el
resto de los países europeos que han conocido, como en
España, un desarrollo capitalista de la agricultura. Aunque no
es menos cierto también que una agricultura con la intensa
presencia de proletariado como la andaluza, incluso en la
actualidad, carece a su vez de equivalente en las restantes
agriculturas europeas. Una vez más, la cuestión de la tierra y el
problema campesino en Andalucía adquieren connotaciones
que la singularizan. Tal vez por ello se justifica que la andaluza
sea una de las referencias obligadas de la historia social
europea contemporánea, máxime cuando situaciones sociales
largo tiempo superadas en la Europa occidental persisten
todavía aquí, en el tiempo presente, con operatividad efectiva.
Por tal motivo considero que el libro de Jacques Maurice,
además de lúcida reflexión sobre el pasado, pudiera ser valiosa
guía para empezar a entender algunos de los problemas
principales que el movimiento campesino tiene planteados en
la actualidad.

Sevilla, septiembre de 1989

A. M. BERNAL
ADVERTENCIA

La presente obra es la versión abreviada de la tesis de

doctorado que se leyó en junio de 1985 en la Universidad del
Franco Condado (Besançon). El tribunal estaba integrado por
los profesores Antonio Miguel Bernal, Albert Dérozier
(ponente), Marita Gilli, Joseph Pérez (presidente) y Pierre Vilar.

Iniciada a sugerencia de Pierre Vilar, la investigación fue

dirigida sucesivamente por Noel Salomón, fallecido en 1977, y
por Albert Dérozier.

Se han refundido completamente los capítulos de la tesis

dedicados a la implantación anarquista y a las peculiaridades
estructurales y políticas de la Andalucía anarquista. Sólo se han
efectuado ligeros retoques a los capítulos IV a VI del presente
libro. Se han reducido drásticamente el número y la extensión
de las notas a pie de página. Las citas en castellano proceden
de las obras originales.

Para no alargar más una obra ya voluminosa, sólo consta aquí

el agradecimiento del autor a las dos instituciones que le
concedieron apreciables ayudas para llevar a cabo la
investigación: la Casa de Velázquez y el Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS).
 SIGLAS Y ABREVIATURAS

CNT Confederación Nacional del Trabajo.

CRT Confederación Regional del Trabajo.
FAI Federación Anarquista Ibérica.
FNC Federación Nacional de Campesinos.
FNOA Federación Nacional de Obreros Agricultores.
FNTT Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra
(UGT).
FRE Federación de la Región Española.
FSRRE Federación de Sociedades de Resistencia de la Región
Española.
FTRE Federación de Trabajadores de la Región Española.
IRA Instituto de Reforma Agraria.
IRS Instituto de Reformas Sociales.
PSOE Partido Socialista Obrero Español.
UGT Unión General de Trabajadores.
UTC Unión de los Trabajadores del Campo.
AB La Agricultura Bética.
Aco La Agricultura y Córdoba.
AEPA Anuario Estadístico de las Producciones Agrícolas.
AHN Archivo Histórico Nacional (Madrid).
AIT, CC Asociación Internacional de Trabajadores,
Comunicaciones y Circulares (Manuscritos).
AIT, CCC Asociación Internacional de Trabajadores, Cartas,
comunicaciones y circulares (Impresos).
AMAE Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores (París).
AMAE CCC Correspondencia consular y comercial.
AMAE CPC Correspondencia política de los cónsules.
AMJ And Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Andalucía.
Aut La Autonomía.
BA Boletín Agrario (Córdoba)
BCAJ Boletín de la Cámara Agrícola de Jerez de la Frontera.
BCCO Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de
Córdoba.
BCNT Boletín de la CNT.
BFRESR Boletín de la Federación Regional Española de las
Sociedades de Resistencia.
BIRA Boletín del Instituto de Reforma Agraria.
BIRS Boletín del Instituto de Reformas Sociales.
BJC Boletín de la Junta Central de Colonización y
Repoblación Interior.
CAA La crisis agraria andaluza.
CAP La crisis agrícola y pecuaria.
Cors El Corsario.
ES Estudios de Historia Social.
EN España Nueva.
GaMFo Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento.
Guad El Guadalete.
IISG International Instituut voor Sociale Geschiedenis
(Ámsterdam).
Imp El Imparcial.
Lib El Liberal.
LibSev El Liberal de Sevilla.
MCJ Memoria de la Cámara de Comercio e Industria de Jerez
de la Frontera.
MCS Memoria de la Cámara de Comercio de Sevilla.
MERP Memorias y estados de los Registradores de la
Propiedad.
NO El Noticiero Obrero.
NS El Noticiero Sevillano.
OT El Obrero de la Tierra.
RS Revista Social.
SO Solidaridad Obrera.
ES El Socialismo.
SRV Suplemento a la Revista Blanca.
TL Tierra y Libertad.
LVC La Voz del Campesino.
LVOM La Voz del Obrero del Mar.
 INTRODUCCIÓN

En el período comprendido entre las dos guerras mundiales,

España ocupó un lugar aparte en Europa, pues fue el
anarquismo y no el comunismo la ideología que expresó más
radicalmente el rechazo al orden establecido y la aspiración del
mundo del trabajo a una sociedad más justa. También contó
con otra particularidad: el predominio del anarquismo fue
mayor en dos regiones que, desde todos los puntos de vista, se
sitúan en las antípodas, como son la Cataluña industrial y la
Andalucía agraria.

Esta doble originalidad no se les escapó a los militantes de la

época, especialmente a aquellos que, como Joaquín Maurín, se
definían como marxistas. Una viva polémica enfrentó a este
último en 1928 con el anarcosindicalista Joan Peiró, a través de
las páginas del periódico L’Opinió.

La cuestión era dilucidar la razón por la cual el proletariado

catalán había preferido el anarquismo al socialismo, la lucha
social a la acción política. Peiró hacía hincapié en la capacidad
del anarquismo, «esencialmente federalista», para responder a
las especificidades psicológicas y culturales del obrero catalán.
 Maurín, situándose en el terreno de las estructuras
materiales, consideraba que el factor determinante de la
progresión del anarquismo en Cataluña residía en la
inmigración masiva de trabajadores sin cualificación,
originarios de la España rural y desprovistos de educación
política. Maurín resumía su pensamiento en una frase
lapidaria: «El anarquismo, en España, lo ha producido sobre
todo el campesino andaluz».1

Ciertamente, esta interpretación poseía el mérito de la

claridad, pero al no ir acompañada de demostración alguna se
limitaba a desplazar el problema. Es significativo que ningún
otro participante en el debate la hizo suya. Debemos esperar
hasta los primeros años cincuenta para que reaparezca, esta
vez gracias al historiador Jaume Vicens Vives, quien subrayaba
igualmente el tardío encuentro del obrero catalán con el
anarquismo y lo definía en términos muy similares a los de
Maurín: «Utopía desmadejada, sin parangón posible en el
mundo, pura reacción del campesino analfabeto transformado
en obrero mecanizado de una empresa urbana».2

Lo cual viene a significar que, por encima de las divisiones

causadas por la guerra civil, persistía un nacionalismo suspicaz
que conducía a los intelectuales catalanes hostiles al
anarquismo a considerar a este último como un cuerpo extraño
en su patria, a ver en él únicamente la expresión propia de las
masas miserables de una sociedad rural atrasada, de la que
Andalucía era el prototipo.

1 Balcells (1973), pp. 63 y 91.

2 Vicens Vives (1962), p. 176.
 A partir de entonces, el conocimiento del movimiento obrero
catalán se ha enriquecido considerablemente gracias a
numerosos trabajos, especialmente los de Josep Termes y
Albert Balcells. No sucede lo mismo con Andalucía, que en
1936 conoció un destino muy distinto al de Cataluña, pues toda
su parte occidental, precisamente la dominada por el
anarquismo, cayó rápidamente en manos de los generales
facciosos. A lo largo de los últimos quince años, la investigación
sobre la realidad andaluza se ha desarrollado mucho más en el
ámbito de la historia económica que en el de la historia social.
De este modo ha enlazado con una tradición anterior a la
guerra civil: la de los intelectuales‒técnicos, hombres cuya
formación los hacía más sensibles al retraso económico de su
país y cuya actividad profesional les conducía a inscribirse en la
corriente reformadora.3 Sin embargo, por lo que respecta a la
literatura anterior a 1936, los trabajos más recientes
constituyen un decisivo avance, pues muestran cómo la clase
de los propietarios de la tierra que vivía de la renta fue
progresivamente sustituida por una burguesía agraria de
labradores, de grandes cultivadores que sacaban la mayor
parte de sus rentas de la explotación directa de la tierra y del
trabajo asalariado.4 Contra su predominio se reafirmaron en el
último tercio del siglo XIX los movimientos campesinos, en los
que el anarquismo jugó un papel preponderante.

Todavía hoy, el conocimiento que tenemos de ese período de

la historia social se debe en su mayor parte a una obra
publicada hace más de medio siglo, la Historia de las

3 Tuñón de Lara (1970), pp. 213‒221.

4 Question de la bourgeoisie..., pp. 77‒86. Artola et al. (1978), pp. 135‒144.
agitaciones campesinas andaluzas. Córdoba, de Juan Díaz del
Moral. A partir de su publicación, no ha habido historiador que
la ignore, tanto si se trata de suscribir las tesis de Díaz del
Moral como, por el contrario, si se intenta rebatirlas. En la
primera categoría se integran los hispanistas de lengua inglesa,
Gerald Brenan y Eric Hobsbawm, quienes fundamentan su
análisis de los anarquistas andaluces en la «descripción
magnífica de los aspectos milenaristas de la anarquía rural,
vista por un jurista local». 5 La norteamericana Temma Kaplan
representa perfectamente a la segunda categoría, ya que
defiende que «el anarquismo andaluz fue una respuesta
racional, y no milenarista, a una configuración social
específica».6 Antonio María Calero, por su parte, pone en tela
de juicio que la utopía fuese connatural a los anarquistas e
invita a una lectura más atenta y crítica del libro de Díaz del
Moral. 7 Una empresa a todas luces necesaria desde el punto de
vista científico, e incluso desde el punto de vista de los
militantes que aún hoy en día, al ser interrogados sobre su
pasado por el investigador extranjero, empiezan
recomendándole el mismísimo libro de Díaz del Moral. Si
realmente la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas
sigue siendo para todo el mundo la indispensable obra de
referencia, conviene presentarla de modo más sistemático de
lo que se ha hecho hasta el presente. Nos dedicaremos a
extraer su novedad y marcaremos sus límites, que fueron
determinados tanto por la personalidad del autor como por los
sucesivos momentos en que escribió su libro y lo publicó.

5 Hobsbawm, p. 100.
6 Kaplan, pp. 25 y 233‒235.
7 Calero (1976), pp. 74‒76.
 Ya desde su aparición, en 1929, la Historia de las agitaciones
campesinas andaluzas fue recibida por Nicolás Alcalá, amigo
del autor, como una obra «única en su género» que daba a
conocer una Andalucía auténtica, muy distinta de la imagen
edulcorada que los viajeros de la época romántica habían
propagado por el resto de España. 8 Ya no se trataba de
personajes pintorescos como en la Carmen de Mérimée o de
Bizet, sino que los protagonistas eran los campesinos de carne
y hueso y sus amos, los «señoritos», «con sus vicios y ‒¿por
qué no?‒ con sus virtudes». Lo más esencial se sugiere nada
más, pues en la época de Primo de Rivera se sometía la prensa
a censura. Desde el prólogo, Díaz del Moral erige al «obrero
consciente», al militante, en sujeto autónomo, considerándolo
como actor de la historia o, para emplear los términos de
Tuñón de Lara, «eleva a la categoría del conocimiento histórico
a los hombres del trabajo y a las organizaciones por ellos
mismos creadas». 9 Eso mismo constituye una novedad,
tratándose de un observador que no pertenecía al movimiento
obrero. Muy pocos intelectuales se habían aventurado
anteriormente en este terreno. Baste recordar al castellano
Constancio Bernaldo de Quirós, que en 1919 había publicado El
espartaquismo agrario andaluz, buen ejemplo de aquel tipo de
criminólogos positivistas que, a decir de Hobsbawm, tenían
tendencia a considerar los movimientos revolucionarios como
«fenómenos psicopatológicos». En la España de los años 1920
el anarquismo aparecía como un peligro para la sociedad; para
el historiador, era más una anomalía que un objeto de estudio.

8 El Sol (24 de marzo de 1929): «De la historia social andaluza».

9 El País (13 de abril de 1980): «Un adelantado de la historia social: Juan Díaz del
Moral».
Su historia la empezaron a escribir los militantes: Anselmo
Lorenzo, uno de los fundadores de la Primera Internacional,
Ángel Pestaña, Manuel Buenacasa, ambos militantes de la CNT,
y poco después el austríaco Max Nettlau. Consciente de las
lagunas de la historiografía oficial y fino conocedor de la
literatura militante, Díaz del Moral escogió deliberadamente, y
lo justifica ante sus lectores, privilegiar la historia del
anarquismo.10

Autenticidad: la palabra vuelve a aparecer en boca de otro

comentarista amigo, Manuel García Morente, 11 filósofo
neokantiano que alaba a Díaz del Moral por haber revelado a
sus compatriotas un mundo que en su mayor parte ignoraban y
que considera su obra como «un fragmento de auténtica
historia contemporánea».

Extrae a grandes rasgos la economía general y resalta ante

todo que, a diferencia de muchos historiadores, el autor no ha
olvidado el aspecto geográfico que influye sobre las
mentalidades. Este aspecto se ve analizado en el primer
capítulo, construido sobre la oposición entre campiñas y
serranías, siendo el «obrero consciente» fiel trasunto del
hombre de la campiña, de mente despejada y palabra fácil.
Luego, Moren te recalca también la importancia que el autor
concede a la «psicología del campesino andaluz», un valor que
Díaz del Moral considera al observar cómo los movimientos
campesinos de protesta se extinguen con la misma brusquedad
con que se producen; para él, esta característica corresponde a

10 Díaz del Moral (1973), p. 126, n. 9.

11 Revista de Occidente, LXIX (marzo de 1929), pp. 392‒396.
una estructura mental que se ha configurado a lo largo de una
«obra milenaria».12 Esta observación conduce a Díaz del Moral
a sumergirse en el pasado lejano, buscando, en las emociones
populares que esporádicamente sacudieron al reino de
Córdoba, desde la Edad Media musulmana hasta el siglo XVII, el
germen de las luchas obreras modernas. El autor dedica tres
capítulos a reconstruir la «prehistoria» ‒concepto tomado del
historiador alemán Werner Sombart‒, y ambos comentaristas
felicitan calurosamente al autor por haber establecido las
constantes psicológicas del pueblo andaluz. Sin embargo,
ninguno de ellos se detuvo en una precisión preliminar y, a
nuestro juicio, fundamental: «Las conmociones populares
cordobesas anteriores al siglo XIX nunca tuvieron por objetivo
la tierra». 13

Fuera cual fuere la razón, elección deliberada o autocensura,

Nicolás Alcalá y Manuel G. Morente evitaron comentar la parte
más voluminosa del libro, en la que podemos distinguir dos
subconjuntos: por una parte, los capítulos 5 al 7, que sitúan la
evolución del movimiento obrero cordobés en la historia del
movimiento obrero español e internacional; por otra, los
capítulos 8 al 11, que describen el desarrollo de la agitación
agraria en la provincia de Córdoba durante los primeros veinte
años del siglo XX. Si nos atenemos, pues, al contenido, la obra
de Díaz del Moral es de todo punto una monografía limitada en
el espacio y el tiempo. No obstante, sigue siendo la fuente a
que siempre se acude, sin duda a causa de la riqueza y calidad
de su información y, probablemente, también porque sus

12 Díaz del Moral (1973), pp. 24‒26.

13 Ibid., p. 47.
lectores se toman demasiado al pie de la letra un juicio
explícito del autor: «El relato de la actuación de los campesinos
cordobeses tiene un valor ejemplar.

Con levísimas variantes, los demás andaluces han

desarrollado sus luchas en igual forma y con procedimientos y
organizaciones análogas».14

Ahora bien, como ya percibió Manuel G. Morente, la Historia

de las agitaciones campesinas andaluzas es mucho más que
una simple «narración de los hechos». Es, valga la palabra, un
libro de tesis. Y esa tesis puede resumirse en algunas
proposiciones. La razón por la cual la agitación agraria revistió
una extraordinaria amplitud en la provincia de Córdoba entre
1918 y 1920 residió en «el enorme número de
obreros‒propietarios y colonos que en ella tomaron parte».15
También se produjo en el lugar en que más se desarrollaba y se
diversificaba la agricultura, allí donde, en consecuencia, la gran
propiedad se fraccionaba continuamente y los salarios eran los
más elevados: las luchas alcanzaron su mayor intensidad, pues,
en la campiña.16

Los «curanderos sociales» se equivocaron lamentablemente

al atribuirlas al hambre o a la miseria.17 Aquellas luchas no eran
más que la manifestación local de un fenómeno universal, «el
despertar de la conciencia de clase» entre las masas que, a

14 Ibid., p. 22, n. 5.
15 Ibid., p. 286.
16 Ibid., pp. 20, 45, 186.
17 Ibid., pp. 211‒213, n. 40.
partir de las desamortizaciones del siglo XIX, sólo tenían un
objetivo: el reparto igualitario de la tierra.18

Aunque el anarquismo tenía otros objetivos, no contrarió

esta aspiración. Su fuerza residió en la simplicidad de su
doctrina y en la ambigüedad de sus propuestas sobre la
reorganización de la sociedad: 19 su «ardiente y copiosísima
predicación» respondía mejor que el lenguaje «seco y frío» del
socialismo marxista al «temperamento» y a la
«sentimentalidad» de un pueblo sometido aunque sensible a la
menor injusticia y capaz de generar bruscos estallidos de
cólera. 20 Ello era más importante que las cambiantes tácticas
que había experimentado sucesivamente, siendo la última de
ellas la huelga general. Pues «el sindicalismo no es una teoría ni
una doctrina, sino una táctica y un sistema de organización de
las fuerzas obreras».21

El fracaso de éste y de aquélla era debido a que los dirigentes

anarcosindicalistas, a diferencia de sus predecesores, no se
esforzaron en educar a las masas y les hacían creer que
«estaban a las puertas del paraíso», encerrándolas en una
«estrecha visión puramente económica», rigurosamente
simétrica a la propia de las «clases acomodadas». 22 Como
análisis final, el autor considera que la decadencia del
movimiento reciente tenía como causa fundamental «la

18 Ibid., pp. 78, 199, 348.

19 Ibid., pp. 198 y 348.
20 Ibid., p. 197 y especialmente p. 216, n. 44.
21 Ibid., p. 159.
22 Ibid., pp. 26, 345, 354.
incultura y la inconsciencia de las masas, incapaces del
esfuerzo tenaz y persistente, indispensable para toda labor
social». 23

Libro de tesis, el estudio de Díaz del Moral es también una

obra de circunstancia, en el mejor sentido del término. Se
escribió en caliente, justo después del mayor movimiento
huelguístico que España jamás conociese en sus ciudades y
campos. Sus objetivos eran variados, como sus destinatarios. A
los ciudadanos, y más exactamente a los dirigentes políticos de
la oposición antimonárquica, Díaz del Moral pretendía revelar
la existencia de un universo mental que les resultaba
totalmente ajeno, el de los «anhelos, inquietudes, esperanzas»
de los trabajadores rurales. 24 También se dirije a los
cultivadores, a los empresarios agrícolas, a quienes instruye:
vuestra ignorancia de las precedentes agitaciones os ha
impedido comprender que «el movimiento carecía de empuje
para provocar una subversión agraria y... al primer choque se
desharía como nube de verano». 25 Pone en guardia a los
dirigentes del movimiento obrero contra las ilusiones que la
Revolución soviética pudiese suscitar en ellos y en las masas
que ellos influenciaban. Hay una frase que resume su opinión
sobre la dictadura del proletariado instaurada por los
bolcheviques: «no se ha demostrado experimentalmente su
eficacia para producir la revolución ni para acabar con el
régimen capitalista».26

23 Ibid., p. 360.
24 Ibid., pp. 17 y 269.
25 Ibid., p. 326, n. 49.
26 Ibid., p. 155, n. 8.
 Al aludir a la Nueva Política Económica (NEP), Díaz del Moral
añade que el «Estado ruso» ha debido «resucitar» el
capitalismo en la agricultura para poder enderezar la situación;
con ello, también ha resucitado el proletariado... El sentido de
su discurso es claro: el mundo del «trabajo muscular» debe
acabar con la utopía si quiere realmente crear una sociedad
más justa, cohabitando con otra categoría de trabajadores
igualmente respetables. 27 Pero, precisamente por ello, era
necesario que los políticos y las clases dirigentes no se
equivocasen de adversario:

Cuando al final del trienio los sindicalistas, anarquistas y

socialistas españoles condenaban unánimes el comunismo
soviético, los alcaldes y casi toda la burguesía llamaban
bolcheviques a los campesinos y les atribuían la ideología de
los dictadores rusos.28

Dicho de otro modo, Díaz del Moral invitaba a la burguesía a

no practicar la amalgama. En este sentido, recalca Manuel G.
Morente al final de su recensión, el libro podía enseñar a los
españoles a mejorar su convivencia, a mejor unir su cuerpo
social; a construir mejor su nación, en definitiva.

La obra se publicó el año 1929, en un momento difícil para la

dictadura de Primo de Rivera. En el mes de enero de aquel
mismo año Sánchez Guerra, antiguo ministro de la monarquía,
había intentado derrocarla. En el mes de marzo los estudiantes,
apoyados por sus profesores, entraron en abierto conflicto con

27 Ibid., p. 26.
28 Ibid., p. 364.
el régimen, que pretendía autorizar a las universidades
privadas católicas a conceder títulos oficiales. Los días de la
dictadura estaban contados y la monarquía, que la había
avalado, se encontraba ante un futuro incierto. En tales
circunstancias, Díaz del Moral propone nuevos elementos de
reflexión a la opinión pública, simplemente para preparar el
futuro. Tiene buen cuidado en anunciar sus intenciones
añadiendo un subtítulo a la obra: «Antecedentes para una
reforma agraria». Dos años más tarde, ya proclamada la
Segunda República, sale elegido en su Córdoba natal para las
Cortes Constituyentes, dejando muy lejos al segundo de lista, el
socialista Juan Morán Bayo. 29 Miembro de un grupo de
intelectuales liberales, la Agrupación al Servicio de la
República, dirigido por el filósofo José Ortega y Gasset, llega a
ser presidente de la comisión parlamentaria encargada de
preparar ni más ni menos que la reforma agraria. Rebasados
los sesenta años de edad, el notario de Bujalance se convertía a
su vez en actor de la historia.

Además de notario, Díaz del Moral era también labrador, a

decir de sus hijos; «burgués de pueblo», en expresión de
Maurice Agulhon, un hombre que logra reconstituir el
patrimonio que su bisabuelo paterno reunió a favor de la
desamortización y que se había reducido por las herencias; un
burgués que se ocupaba activamente de sus negocios: durante
la dictadura de Primo de Rivera fue secretario general de la
Asociación Nacional de Olivareros.30 Pero esta posición de clase

29 Tusell (1982), p. 171.

30 Díaz del Moral (1967), prólogo de Carmelo Díaz González. Agulhon, pp. 95‒96.
Cabrera (1978), p. 159.
no agota la significación del personaje. Tomó posesión de su
cargo en 1898, el año del desastre colonial, y durante décadas
fue un espectador privilegiado de la vida política y social de su
provincia. Formado por los krausistas, compartía su voluntad
de elevar al pueblo mediante la instrucción. En los primeros
años del siglo participó en Córdoba en una especie de
universidad popular, la «extensión universitaria». 31 Muy pronto
trabó amistad con eminentes representantes de la
intelligentsia inconformista que, siguiendo a Ortega y Gasset,
ambicionaba renovar el país mediante una prudente política de
reformas capaz de crear un consenso.

Estos datos biográficos aclaran la posición de Díaz del Moral

en favor de lo que un reciente comentarista ha llamado «la
perspectiva del sujeto».32 Ésta le condujo, como reconoce uno
de sus descendientes, a anteponer los factores subjetivos a las
condiciones objetivas a la hora de interpretar las luchas de
clase en los campos andaluces.33 Pero, a nuestro entender, no
se ha recalcado lo suficiente que este presupuesto teórico
determina toda la estructura del libro, ni tampoco que los
capítulos dedicados al movimiento obrero cordobés y a las
luchas que éste animó están construidos a partir de un orden
idéntico: «la propaganda, la organización, la lucha y sus
resultados».34 Todo ello supone para el lector unas páginas de
una indudable calidad literaria sobre los «núcleos de rebeldes»
formados por los dirigentes de los centros obreros,

31 Díaz del Moral (1973), dedicatoria y pp. 205 y 233.

32 Pérez Díaz, pp. 240 y 248.
33 Tastet Díaz, p. 7.
34 Díaz del Moral (1973), p. 269.
autodidactas ávidos de lectura y aficionados a la oratoria. Díaz
del Moral resalta en numerosas ocasiones que los más
instruidos o los más hábiles escapan de su condición y acaban
por elevarse en la jerarquía social convirtiéndose en «maestros
de las escuelas de los Centros obreros, o ampliadores
fotográficos, o comisionistas, o pequeños comerciantes, sin
contar los que han escalado las filas patronales».35 La breve
aunque sugerente evocación de la lectura colectiva de los
periódicos anarquistas, «asombroso espectáculo», aparece hoy
en día como un pasaje de antología, aun cuando esta práctica
ya había sido tratada, treinta años antes, por Anselmo Lorenzo
en un largo artículo. 36 El mérito de Díaz del Moral reside en
haber dado a una escena de la vida de los humildes sus cartas
de nobleza. Por contraposición, las anécdotas tienen
generalmente como función la de poner de manifiesto la
primitiva psicología de las masas, cuya creencia inquebrantable
en «el gran día» hace que rechacen, sin siquiera examinarlas,
las propuestas constructivas de los propietarios. Estos pasajes,
que conforman una microhistoria casi etnológica, atraen el
interés y desvían a muchos lectores de otros aspectos del libro.

De hecho, Díaz del Moral reconstruye, con una minuciosidad

de jurista, las fases de organización y reorganización de los
trabajadores cordobeses que jalonan los dos primeros decenios
del siglo XX y desembocan en «la invencible avalancha» de los
años 1918‒1919.37 Resalta la continuidad de la implantación
anarquista en la campiña centrando el análisis en las dos

35 Ibid., pp. 205, 217‒219 y 258, n. 63.

36 Sup. RB (22 de julio de 1899): «Arraigando en lo más hondo».
37 Díaz del Moral (1973), p. 279.
organizaciones locales ‒Espejo y Castro del Río‒ cuyas normas
de funcionamiento constituyen un ejemplo para todas las
demás. En un pasaje que ya es un clásico, enumera las
diferencias que, en principio, distinguen a las casas del pueblo
socialistas de los centros obreros anarquistas, sus respectivas
actitudes respecto al juego, la bebida, la instrucción o la
retribución de cargos. 38 Se extiende menos sobre las
contradictorias reuniones ‒los «mítines de controversia»‒ que
oponían a los militantes, lo que resulta sorprendente por parte
de alguien que insiste tanto en la superioridad de la «prédica»
anarquista.

Pero la primacía que el autor concede a la forma sobre el

contenido se manifiesta más claramente cuando hace la
relación de las luchas y de sus motivos, es decir, las
reivindicaciones. Así, lo que según él caracteriza a las huelgas
de principios de siglo es su repentino desencadenamiento y las
poco realistas demandas en materia de condiciones de
trabajo.39 Del mismo modo, los salarios exigidos durante el
«trienio bolchevique» son juzgados, en la mayor parte de los
casos, excesivos, y la duración de las huelgas de aquel período
se explica en gran medida por el «espíritu bélico» de los
trabajadores influenciados por el extremismo revolucionario.40
En cualquier caso, el lector deseoso de hacerse una opinión
bien fundamentada no encuentra en el libro ninguno de los
textos de reivindicación (las «bases del trabajo») presentados
por los huelguistas. Deberá contentarse, por el contrario, con

38 Ibid., pp. 282‒287.

39 Ibid., p. 201.
40 Ibid., p. 320.
una síntesis de los grandes ejes reivindicativos del trienio y con
indicaciones fragmentarias que se incluyen en las notas.

Por muy comprensiva que la actitud de Díaz del Moral sea en

relación con los militantes anarquistas, en definitiva no es más
que la de un burgués ilustrado, lo suficientemente lúcido como
para reconocer la realidad de la lucha de clases pero
excesivamente implicado en ella como para no minimizar las
responsabilidades de los grandes cultivadores en la génesis de
los conflictos que los opusieron a los obreros agrícolas. Esta
ambigua posición le conduce a expresar severos juicios
respecto a los estudios publicados unos veinte años antes que
el suyo, llevados a cabo por los franceses Ángel Marvaud y
Henri Lorin, a quienes reprocha fundamentalmente haber
«reducido la cuestión a un problema puramente local, a un
problema de medio, en que para nada entraba el sujeto».41
Estos observadores no hacían más que constatar que el
pequeño propietario era una clase en vías de desaparición, que
el gran propietario rentista era un tipo todavía muy extendido
y que el cultivador directo, el labrador, «singularmente más
laborioso y simpático» a ojos de Lorin, se encontraba con
excesivas dificultades para poder transformar por sí solo la
gran agricultura extensiva propia de Andalucía. En
comparación, la vida del obrero rural les parecía muy miserable
a estos observadores. Estas precisiones contradecían la visión
positiva que tenía Díaz del Moral de la agricultura cordobesa lo
suficiente como para que éste las catalogase como tantos otros
lugares comunes, incapaces de explicar una realidad compleja.

41 Ibid., p. 20. Sobre Marvaud y Lorin, pp. 19 (n. 1), 221 (n. 52) y 515.
 Poner al descubierto los presupuestos de este libro singular
nos permite una lectura más fructífera, menos unilateral que
aquella que únicamente se queda con los juicios de valor, el
aspecto más subjetivo, sobre el milenarismo y el mesianismo
de las masas campesinas. Gracias a la utilización sistemática
que hace Díaz del Moral de las fuentes del movimiento obrero,
el investigador actual se siente incitado a considerar al
anarquismo de otro modo, no como la expresión circunstancial
de un ánimo difuso de revuelta permanente de la sociedad
española contra los atropellos del poder.42 El anarquismo, en
tanto que corriente estructurada, se articuló desde el principio
alrededor de dos tipos de organización distintos, aunque
estrechamente ligados: el grupo de afinidad constituido sobre
una base ideológica y la sociedad de resistencia constituida
sobre una base de clase. Al hacerse y deshacerse
incesantemente los grupos, la organización de masas permite
medir con mayor precisión la influencia del anarquismo, pues
su existencia está mejor documentada.

Por ahí hemos empezado nuestra investigación: era

necesario reconstruir el proceso de implantación del
anarquismo en la sociedad andaluza, ya que Díaz del Moral
describía únicamente el episodio más tardío. Al hacerlo, se
dibujó ante nosotros una Andalucía anarquista que
aproximadamente correspondía a la depresión del
Guadalquivir que, según los especialistas, «forma una unidad
geográfica, un país netamente caracterizado», con sus
campiñas bordeadas de altas tierras.43 Aquí tratamos, pues, de

42 Tesis de A. Castro, cap. VIII.

43 Lorin, p. 227. Bosque Maurel, pp. 391‒393.
ese país, bajo la perspectiva de la lucha de clases que se
desarrolla durante casi setenta años alrededor del problema de
la tierra; de la fallida revolución de septiembre de 1868 a la
contrarrevolución armada de julio de 1936.

Las variaciones en el proceso de difusión del anarquismo en

el medio rural nos han conducido a investigar todo aquello que
en la evolución de ese medio pudiese ofrecernos alguna
explicación. El paso del Antiguo Régimen al orden liberal en
España se había llevado a cabo, de eso no hay duda, tardía e
incompletamente. Resultaba conveniente, por ello, medir su
impacto en el desarrollo de las fuerzas productivas y en el
establecimiento de nuevas relaciones de producción entre los
detentadores de la tierra, principal riqueza de la región, y los
que no poseían nada. Más allá de la aparente inmovilidad de
las estructuras surgidas de un pasado lejano ‒el hábitat
agrupado, el latifundio‒, nos pareció importante desentrañar
los factores que favorecían o entorpecían su reproducción. Más
allá de los términos que todo el mundo acepta para designar a
los antagonistas ‒ricos y pobres, patronos y jornaleros‒, nos
hemos esforzado en evidenciar, en paralelo, la emergencia de
una nueva burquesía agraria y la proletarización del pequeño
campesinado. Contamos con numerosos y distintos materiales
para realizar esta encuesta: los documentos oficiales (muy a
menudo desestimados), la prensa especializada (que es
también prensa de opinión), la producción histórica reciente
(que renueva las problemáticas). Sistemáticamente, al principio
de cada capítulo presentamos el estado de la cuestión
correspondiente.

Pero, en cualquier caso, el análisis de las estructuras no era

suficiente para explicar el arraigo de un movimiento que, al
pretender la transformación del orden social, se autoexcluía
del juego político. La violencia inherente a una sociedad
desigualitaria se manifestó muy pronto por medio de un Estado
que ‒salido de un compromiso entre la aristocracia
terrateniente y débiles burguesías periféricas‒ se legitimaba
por la fuerza, no por el consentimiento de los gobernados. A
esta violencia institucional le atribuimos un papel capital en la
génesis de las manifestaciones más dramáticas del
descontento campesino (Jerez, Casas Viejas): su estudio forma
parte del capítulo en que intentamos descubrir las raíces del
«apoliticismo» popular, con el objetivo de fijar las partes que
se van al federalismo republicano y al anarquismo. La misma
importancia concedemos a la falla que, en todos los ámbitos,
se produjo con el desastre colonial de 1898. A partir de
entonces, el Estado liberal burgués ya no pudo tratar los
problemas sociales por la fuerza, y tampoco pudo eludir
indefinidamente los problemas de fondo. El orden de los
propietarios de la tierra se vio cuestionado, y la necesidad de
reformarlo vino a ser una idea que compartían las más diversas
corrientes políticas. Buena parte de las dificultades con que se
encontraron los reformistas, cuando el cambio de régimen les
dio la posibilidad de pasar a la acción, procedía de esta
multiplicidad de proyectos. Nos hemos extendido sobre este
tema, con el objetivo de explicar mejor por qué el anarquismo
apareció, durante mucho tiempo, como la única fuerza que
encarnaba la solución revolucionaria del problema de la tierra.

Una vez diseñada la situación y sus determinantes, podíamos

emprender una historia del anarquismo andaluz menos
localista que la propuesta por Díaz del Moral. Al ser la etapa
inicial, el último tercio del siglo XIX, la etapa mejor
documentada y más estudiada, centramos nuestra atención en
el primer tercio del siglo XX, un período a lo largo del cual el
sindicalismo revolucionario (en aquellos tiempos ambos
términos eran sinónimos) fue estructurando progresivamente
las luchas del proletariado rural e hizo del anarquismo una
ideología en acción. La mutación que se operó en la forma y en
el contenido de los movimientos campesinos hizo más viva la
tensión entre medios y fines, entre «el ideal» encarnado por
los propagandistas y la realidad de la lucha cotidiana, todo ello
asumido por los dirigentes sindicales. En el caso del
anarquismo andaluz, esta tensión reviste una específica
tonalidad, pues su objeto es el problema de la tierra. Nuestro
trabajo consiste en ponerla de manifiesto a través del análisis
sistemático de un corpus compuesto por documentos
conocidos ‒como las resoluciones de los congresos nacionales‒
y por materiales extraídos de archivos y periódicos. También se
muestra que, si bien la oposición entre ciudades y campos
afecta de punta a cabo al anarquismo andaluz, en la práctica
los comportamientos milenaristas retroceden en el medio
rural; sin embargo, afectan plenamente al lumpenproletariado
de las ciudades superpobladas.

Nuestro campo de investigación era de una amplitud tal que

el estudio no podía ser exhaustivo. Lo que hemos hecho ha
sido situar el anarquismo andaluz en el movimiento de una
sociedad, confrontar prácticas y discursos, escrutar las
representaciones habituales del campesino proletario: trabajar,
en definitiva, por una especie de genealogía del saber.
Creemos que de ese modo se han trazado algunas sendas útiles
para trabajos posteriores que, al estar mejor diseñado el
cuadro regional, podrían rebasar la etapa de las monografías
provinciales y dedicarse al estudio de comarcas y comunidades
rurales ampliamente influidas por el anarquismo.
 I. LA ORGANIZACIÓN ANARQUISTA EN ANDALUCÍA

Una necesaria aproximación cuantitativa

Aunque admitamos que el anarquismo mantuvo la

hegemonía entre los trabajadores agrícolas andaluces hasta
1936, debemos esforzamos en reconstruir la evolución de sus
fuerzas organizadas, prolongar el estudio hecho por Renée
Lamberet sobre los años 1870‒1880, y afinar y completar los
cálculos efectuados por Antonio María Calero hasta el año
1931. 44 Si no queremos asimilar o confundir ciertos
comportamientos colectivos «anárquicos», de carácter
nihilista, con la práctica habitual de la organización de masa
anarquista, el método más objetivo para valorar la influencia
consiste en definir lo más concretamente posible los lugares y
los medios en que se implanta, crece o retrocede esta
organización. Ante todo los lugares, pues la distinción entre las
comarcas en que la implantación fue duradera de aquellas en
que sólo fue intermitente o pasajera nos permite apreciar la
parte ‒determinante o no‒ que tuvo la corriente libertaria en
el movimiento social de la región. Luego, los medios, pues no

44 Bernal (1974), p. 172. Lamberet, en Nettlau (1969). Calero (1976), pp. 20‒21, 26,
31, 33 y 85.
basta con diferenciar el componente urbano y el rural: es
necesario medir el nivel de implantación entre el pequeño
campesinado, para así poder precisar la intervención de sus
representantes en la vida y las directrices de la organización
anarquista.

Nuestra aproximación cuantitativa, como las que se han

hecho anteriormente, se basa en los escasos censos de
carácter global que se establecían en los congresos nacionales:
el de la FTRE en Sevilla (septiembre de 1882); y los de la CNT en
Madrid (diciembre de 1919 y junio de 1931) y en Zaragoza
(mayo de 1936). 45 Estas listas nos permiten establecer una
relación entre las dos áreas de mayor implantación del
movimiento anarquista, Cataluña y Andalucía. En cuanto al
largo período que separa el principio de la Restauración de la
crisis de 1917, hemos recurrido a la prensa, que ofrece algunos
datos de las etapas intermedias, como los años 1880, durante
los cuales la UTC celebra regularmente congresos, o los inicios
del siglo XX, que conocieron un intento destinado a reconstituir
una federación nacional, la FSRRE. 46 En esos períodos,
debemos contentarnos con la simple mención de las
organizaciones locales existentes, pues no se indican los
efectivos. Los datos numéricos aparecen en la etapa posterior,
la de la FNOA (1913‒1918), y figuran en los apéndices de la
obra de Díaz del Moral. 47 Con esta información podemos, a

45 Congreso FTRE (1882), pp. 73‒93. CNT, Congresos, 1919, pp. 9‒34; 1931, pp.
222‒241. S.O. (6 y 8 de mayo de 1936).
46 UTC.: R.S. (29 de diciembre de 1881) Aut. (28 de octubre de 1883). R.S. (1 de
mayo de 1884), Cors. (31 de enero de 1892), FSRRE: Sup. RB (20 de octubre de 1900, 9 y
16 de noviembre de 1901). Imp. (14, 15 y 17 de mayo de 1903). Lib. Sev. (16 de mayo de
1904). T. y L. (25 de mayo de 1905).
47 Díaz del Moral (1973), apéndices 3‒8.
falta de una cuantificación continua, delimitar las localidades y
comarcas rurales en que se mantiene la organización
anarquista, apreciando de este modo la solidez de su
implantación.

En resumidas cuentas, es necesario establecer una

aproximación cuantitativa para disipar la vaguedad
«impresionista» que todavía hoy parece de rigor cuando se
habla del anarquismo andaluz. 48 Pero esta aproximación
únicamente pretende evidenciar tendencias significativas en lo
que concierne a la amplitud de la penetración y al ritmo del
desarrollo. Naturalmente, será necesario verificar la validez de
los resultados obtenidos con la ayuda de otros tipos de análisis,
menos descriptivos, que determinen el papel que jugaron las
organizaciones, su prensa y sus dirigentes en la dirección de las
luchas. Tal es el objetivo de esta obra.

Andalucía y Cataluña: una relación de fuerzas fluctuante

Empecemos por fijar las proporciones reales de la fuerza

numérica anarquista en el conjunto del país. Si nos atenemos a
las cifras más fiables,49 las de los congresos logran el apogeo,
en 1919, con 700.000 afiliados. La CNT capitalizó su estrategia
de acción directa contra los patronos sobre todo en Cataluña,

48 Hobsbawm, p. 93: «La descripción es obligatoriamente más impresionista que

fotográfica».
49 Tuñón de Lara (1972), pp. 877‒878, para la crítica de la cifra de 1932.
que representaba el 61 por 100 de los efectivos totales.
Precisemos que tal preponderancia se veía estrechamente
ligada a la federación local de Barcelona, que contaba con unos
250.000 afiliados y que, por sí misma, ya era tres veces más
numerosa que la Regional andaluza. Esta situación es
excepcional en la historia del anarquismo español. En un
principio, con unos efectivos totales doce veces menores, los
afiliados andaluces eran tres veces más numerosos, pues la
clase obrera catalana se mantenía en su mayor parte al margen
del apoliticismo anarquista.50 En los años siguientes, debilitada
por la dictadura de Primo de Rivera, la CNT no se benefició de
su estrategia de enfrentamiento con el Estado republicano: su
tope se encuentra algo por encima del medio millón de
afiliados. Sus efectivos en Cataluña descienden
vertiginosamente: apenas 300.000 en 1931 y menos de la
mitad en 1936. La región andaluza, por el contrario, mantiene e
incluso aumenta sus posiciones ‒cerca de 110.000 afiliados en
1931 y casi 150.000 en 1936‒, lo que la convierte en la
Regional más numerosa en vísperas de la sublevación militar.

En cualquier caso, la fuerza de una organización de masas no

depende únicamente de su número de afiliados. Su capacidad
de movilización también está en función del número de
secciones locales que logra constituir en un territorio. Desde
este punto de vista, la Regional catalana parece más sólida,
pues la pérdida de afiliados que sufrió a lo largo de la Segunda
República no se tradujo en un pronunciado debilitamiento
debido a que el número de sus organizaciones apenas
disminuyó en una quinta parte en relación a su momento de

50 Vicens Vives (1972), t. 5, p. 165.

mayor implantación: 193 en 1882 y 156 en 1936. La Regional
andaluza, por el contrario, parece mucho más frágil: bien
ramificada en la época de la FTRE ‒358 secciones en 1882‒, su
implantación se hace más débil en los tiempos de la CNT, aun
cuando en 1936 supera el nivel de 1919, con más de 200
organizaciones de base. Estas fluctuaciones no pueden
explicarse únicamente como efecto de la represión. Las
modificaciones de estructuras impuestas desde Barcelona
provocaron, en algunas localidades, la formación de sindicatos
únicos, reduciéndose así el número de secciones. También se
planteó, de un modo más agudo, un problema de cuadros, que
examinaremos en los capítulos dedicados al anarquismo
andaluz y su componente campesino. Finalmente, se dio
también una tardía aunque viva competencia del sindicalismo
socialista, tema que examinaremos al analizar la relación de los
medios populares con la política.

La baja Andalucía, cuna y principal bastión

La Andalucía anarquista es esencialmente la baja Andalucía.

Esta afirmación parecerá excesivamente perentoria a aquellos
que creen en la cerrada distinción entre regiones marcadas por
el socialismo marxista y regiones dominadas por el socialismo
libertario. 51 Pero el mapa de las relaciones de fuerza entre las
distintas corrientes del movimiento obrero no es tan

51 Ramos‒Oliveira, t. 2, pp. 379‒384: «Geografía del socialismo y del anarquismo».

contrastado, ni el trazo de sus límites es tan claro: más que una
tela de un pintor fauve, evoca las gradaciones de un tapiz.

Esta baja Andalucía, según la definiría la evolución de las

fuerzas del anarquismo, se extiende aproximadamente entre el
curso inferior del Guadalquivir y la fachada marítima que
constituyen el litoral gaditano y malagueño. Presenta el
aspecto de un vasto cuadrilátero, cuyos ángulos serían Sevilla,
Málaga, Algeciras y Sanlúcar de Barrameda. Fue la cuna del
anarquismo al sur de la Sierra Morena y luego constituyó su
principal bastión, pues las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz
sumaron siempre más de la mitad de las organizaciones y los
dos tercios de los efectivos. Dicho de otro modo, la
penetración de la CNT en los campos de Córdoba,
generalmente a lo largo del curso medio del Guadalquivir, no
modificó sustancialmente la implantación inicial, tanto más
cuanto que el peso de la provincia de Córdoba en la Regional
andaluza no cesó de disminuir a lo largo de la Segunda
República. Aunque sólo fuese por esta razón, la obra de Díaz
del Moral ofrecería una imagen deformada del anarquismo
andaluz.

Si se mide la implantación por el número de municipios en

que existe una sección local, en la provincia de Cádiz es donde
el anarquismo tiene los cimientos más sólidos y la distribución
geográfica más uniforme. Queda confirmada esta apreciación
cuando se reúnen los datos por partidos judiciales,
destacándose de este modo las zonas donde la organización
anarquista es inexistente o intermitente.52 En esta perspectiva,

52 Véase infra: cuadros sobre la implantación anarquista, pp. 31‒59.

las provincias de Cádiz y Sevilla se distinguen claramente de las
provincias de Córdoba y Málaga, puesto que es poco frecuente
que la organización anarquista no esté presente en todas
partes; y cuando desaparece momentáneamente de ciertos
partidos judiciales, como en 1931, esto se debe a
circunstancias excepcionales. Por el contrario, resulta clarísimo
que está menos difundida en la provincia de Córdoba y es
mucho más discontinua en la de Málaga.

Málaga y Sevilla, dos polos urbanos

La concentración de fuerzas anarquistas en la baja Andalucía

se debe en gran parte a su rápida penetración en los
principales centros urbanos: se trata generalmente de puertos
fluviales o marítimos; es decir, de plazas comerciales
relativamente activas. Ya desde el principio, las federaciones
locales de Málaga y Sevilla son las más importantes: entre
ambas reúnen 10.095 afiliados a la FTRE, lo que representa el
26,3 por 100 de los efectivos andaluces. Esta tendencia se
acentuó con la poderosa corriente de adhesiones a la CNT
(38.713), que llegó a dar un 38,4 por 100, de las dos capitales,
sobre el total de la Regional andaluza. En esos momentos se
llegó al porcentaje más elevado, pues el debilitamiento de los
sindicatos malagueños al acabar la dictadura y la baja de los
efectivos sevillanos durante el bienio negro fijaron en 35.394 el
número de afiliados en 1931 y en 31.818 en 1936, con lo que
se redujo el porcentaje: 32,5 por 100 y 21,7 por 100. Los
sustanciales progresos que se llevaron a cabo en otras capitales
(Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz) no compensaron
totalmente las pérdidas acumuladas por Málaga y Sevilla: en
1936, el componente urbano de la Regional andaluza tiene un
tope de 60.000 afiliados, lo que no representa ni la mitad de
los efectivos ni la mitad de los sindicatos, al contrario de lo que
aún sucedía en 1931. Un buen índice de este cambio en las
tendencias lo hallamos en el estancamiento de los sindicatos
de la construcción, un sector en que la CNT tenía, por regla
general, una elevada tasa de sindicalización: en 1931, había
22.553 afiliados en cinco capitales de provincia, lo que significa
un 22,4 por 100 de los efectivos regionales; en 1936, los
afiliados censados en seis capitales no sumaban más que
17.152, o sea un 11,7 por 100.53 En definitiva, el componente
urbano, por importante que fuese, rara vez era preponderante,
y en cualquier caso debe verse relativizado por el peso de los
trabajadores de la construcción, actividad temporal que
requería una cualificación mínima, que en ese aspecto se
asemejaba a los trabajadores del campo.

Afiliados rurales y campesinos

En el medio rural, la penetración se llevó a cabo a partir de

algunos centros urbanos: Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la

53 De agregar los sindicatos de la construcción de Jerez, Algeciras y Sanlúcar de

Barrameda, se alcanzan 19.829 afiliados, menos que en 1931; representan el 13,5 por 100
del efectivo regional.
Frontera, Sevilla, Málaga, desde donde ‒tras el fracaso del
movimiento cantonalista‒ la organización irradia hacia las
campiñas circundantes y las tierras altas del interior. Los casi
20.000 afiliados rurales son por entonces mayoría en las tres
comarcas andaluzas de la FTRE.54 Además, la mayor parte de
ellos eran campesinos, agrupados en más de su 80 por 100 en
las secciones de agricultores, que a menudo superan el millar
de afiliados, incluso a veces los dos mil: Arcos de la Frontera
(1.155), Ronda (1.180), Grazalema (1.266), Olvera (1.695),
Marchena (2.120) y Antequera (2.251).

Además de algunos pequeños núcleos de hortelanos

alrededor de las grandes ciudades, el resto lo constituían
viticultores, cuyas secciones más importantes eran las de Vélez
Málaga y Jerez de la Frontera, con menos de un millar de
afiliados. De estos lugares surgieron la mayor parte de los
inculpados en los procesos de 1883, de lo que se infiere que,
junto a los campesinos asalariados, debía haber también
algunos minifundistas, aunque desconocemos en qué
proporción. Una veintena del centenar de organizaciones
rurales existentes en el sur de Andalucía en 1882 se mantuvo, a
pesar de la autodisolución de la FTRE; la mitad de ellas eran de
la provincia de Sevilla. Entre 1901 y 1905 vemos reaparecer
algunas de ellas en los congresos de la FSRRE. La de Morón de
la Frontera jugaba entonces el papel federador que diez años
más tarde asumiría la organización de Jerez, en el seno de la
FNOA.

54 En 1882 Andalucía se divide en tres «comarcas»: Andalucía del Oeste, del Sur y
del Este.
 La afiliación a la CNT de las organizaciones rurales se efectuó
con los mismos desequilibrios que en tiempos de la Primera
Internacional, aunque en esta ocasión la población cordobesa
de Bujalance precedió a Jerez y Carmona. Pero hasta 1919 la
CNT no penetró masivamente en los campos de Cádiz, Córdoba
y Sevilla. En los años precedentes, la FNOA, federación de
campesinos asalariados, sólo se arraiga en dos zonas: la
comarca de Jerez y los campos meridionales y orientales de
Córdoba. La constitución de una regional andaluza permite
extender la implantación de la CNT en la provincia de Sevilla, a
lo largo del curso medio del Guadalquivir. Allí se encontrarán
en los años siguientes las secciones de agricultores más
numerosas, pues la provincia de Sevilla contaba con 22
secciones, mientras que la de Cádiz sólo tenía 13. Pero la
mayoría (16.443) de los 31.063 afiliados rurales pertenecía a
«sociedades de oficios varios», muchas de las cuales, es cierto,
eran predominantemente campesinas: en la provincia de
Córdoba, este tipo de organización constituye la regla general.

Los años de dictadura no hacen apenas mella de forma global

en el potencial de la Regional andaluza, pero sus efectos sobre
la implantación en el medio rural son muy variables. Pues, con
32.598 afiliados rurales, la CNT mantuvo su posición; sin
embargo, el 57 por 100 de ellos pertenecían a organizaciones
sevillanas, lo que viene a significar que éstas resistieron mejor
la represión que las organizaciones gaditanas y cordobesas.
Entonces se reconstituyeron pocos sindicatos campesinos: se
encontraban en las grandes ciudades (Jerez, Córdoba), en sus
alrededores (La Rinconada, Posadas) o incluso en ciudades
medianas de precoz implantación (Carmona, Morón), y sus
efectivos eran elevados, por regla general. Esta concentración
de los afiliados campesinos en algunas grandes organizaciones
hizo que fuesen el doble que los miembros de las «sociedades
de oficios varios».

En los primeros meses del régimen republicano se registró un

incontestable flujo de trabajadores andaluces hacia la CNT. Al
tope se llegó en diciembre de 1931, con 350.000 afiliados, la
mitad de los cuales procedían del proletariado rural; la
preponderancia sevillana quedó confirmada con sus cinco
federaciones comarcales ‒Utrera, Morón, La Rinconada,
Constantina y Herrera‒, que reunían a casi 100.000
trabajadores.55 Al año siguiente, el fracaso de la huelga de
mayo de 1932 provocó un descenso regular de los efectivos: al
congreso de la Regional andaluza de marzo de 1933 sólo
acudieron los representantes de 242.630 afiliados, aunque por
desgracia no se establecieron estadísticas detalladas.

Los tres años siguientes fueron nefastos para la organización

anarquista. Es cierto que se produjo una sensible recuperación
a partir de la nueva situación que generó la victoria del Frente
Popular, y su fuerza potencial rebasaba sin lugar a dudas los
150.000 afiliados representados en Zaragoza en mayo de
1936. 56 Pero, de un modo muy significativo, la Regional
andaluza vuelve a basarse en su marco geográfico inicial, el
sudoeste gaditano, con un elemento nuevo que es la mancha
de aceite que se extiende hacia el norte, hasta las puertas de
Sevilla, y el restablecimiento del terreno perdido por el este,
reconstituyendo posiciones en la serranía de Ronda y en la

55 S.O., 26 de diciembre de 1931: Utrera, 30.000 afiliados; Morón, 25.000; La

Rinconada, 10.000; Constantina, 10.000. La comarcal «autónoma» de Herrera, 12.000.
56 No están representados en Zaragoza 85 sindicatos que reúnen 27.863 afiliados.
hoya de Málaga. La implantación anarquista se presenta
entonces en forma de racimos, unos estructurados alrededor
de grandes ciudades (Sevilla, Jerez, Cádiz e incluso Córdoba,
más hacia el norte) y otros, menos importantes, escalonados a
lo largo del Sistema Penibético, de Arcos y Morón hasta Alora y
Archidona. Como se puede apreciar sobre un mapa, estos
racimos o constelaciones no forman un tejido enteramente
continuo: los campos cordobeses están separados de la baja
Andalucía por un vasto vacío y las tieras altas malagueñas
presentan sin duda mayor relación, o afinidades, con la «banda
morisca» que con el campo de Gibraltar. 57

En el conjunto de las cuatro provincias, la implantación en el

medio rural alcanza el nivel más alto: 89 organizaciones locales
reúnen a 68.330 afiliados. Pero cuatro quintas partes de los
hombres del campo están integrados en sindicatos únicos,
mientras que las organizaciones propiamente campesinas
constituyen a partir de entonces la excepción: las más
importantes son las de Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Morón,
Córdoba y Baena.

Dicho de otro modo, la tendencia que se reveló en 1919

siguió acentuándose en tiempos de la Segunda República.
Aunque resulta difícil de interpretar, lo cierto es que tal tipo de
encuadramiento no favorecía en absoluto el desarrollo
autónomo de las luchas campesinas. Este tema los
examinaremos más adelante.

57 Drain (1977), I, p. 343: «La Banda Morisca s’allonge d’El Coronil á Estepa».
 Una fuerza de atracción limitada

Ya hemos dicho que no hay motivo para conceder un valor

absoluto a las cifras que de cuando en cuando proporcionan los
congresos, a menudo extraordinarios, de un movimiento de
vida caótica. Sin embargo, los datos reunidos muestran ciertas
constantes. La organización anarquista de Andalucía, menos
ramificada que en Cataluña, tampoco estaba tan fuertemente
estructurada alrededor de un centro: la preponderancia
sevillana no era comparable a la de Barcelona, lo que redujo en
la misma medida su campo de acción, como luego veremos.
Teniendo en cuenta que, en líneas generales, el elemento
urbano y el rural contaban con el mismo peso numérico, la
proporción de afiliados rurales no cesaba de aumentar, aunque
cada vez más concentrada en las zonas más excéntricas. Así, la
CNT no logró mantener las posiciones logradas en los campos
cordobeses, acabando por desaparecer prácticamente, en
beneficio de la FNTT, de obediencia socialista. Tampoco logró
reconstituir enteramente su implantación inicial en las
comarcas malagueñas, donde también fue rebasada por la
FNTT.58 Incluso en el bastión jerezano, la hegemonía anarquista
quedó en entredicho por la deserción de los obreros
viticultores, que en 1919 pasaron a la UGT y no regresaron a la
CNT hasta la Segunda República. 59 Aquel intercambio entre

58 Maurice (1975), p. 138: «La FNTT en febrero y junio de 1932».

59 Lib. Sev. (18 de octubre de 1919): dos meses antes del congreso de la Comedia, un
congreso regional de obreros viticultores se celebra en Jerez, participando en él delegados
de Jerez, Sanlúcar, Trebujena, Puerto de Santa María, Puerto Real y Rota, que acuerdan la
afiliación a la UGT.
ambas centrales sindicales no era excepcional: de los 29
sindicatos ingresados en la Regional andaluza en la primavera
de 1932, 12 procedían de la UGT, 16 se habían refugiado hasta
entonces en las organizaciones autónomas y sólo uno era de
nueva creación. 60 La fuerza de atracción de la corriente
libertaria sobre el pequeño campesinado aparece, pues, muy
limitada y su penetración en el medio rural es desigual. Había
una vanguardia que podía arrastrar a la acción a masas más
importantes, pero que no logró encuadrarlas siempre a la
escala de la región. Antes de buscar las razones de esta
situación, antes de plantearse el problema de la eficacia de la
organización anarquista en el medio rural, intentaremos
caracterizar las estructuras materiales de la Andalucía
anarquista.

60 BCNT, n.° 2, (junio 1932), p. 2: «Sindicatos ingresados en la CNT».

 II. «UNA REALIDAD REBELDE»: 61
POBLACIÓN, PROPIEDAD Y PRODUCCIÓN

¿TIERRA SIN HOMBRES?

¿Superpoblación relativa o subpoblación?

Importancia de los dos polos urbanos de Sevilla y Málaga,

importancia del componente rural en la baja Andalucía: estas
son las dos características fundamentales de la organización
anarquista andaluza. Ambas ponen en tela de juicio el modelo
establecido por Díaz del Moral, luego adoptado por el geógrafo
López Ontiveros, para la provincia de Córdoba. Según ellos,
existe una correlación evidente entre la implantación del
anarquismo y la superpoblación relativa propia de las
poblaciones de la campiña. Bujalance y Castro del Río, con unos
territorios de extensión media ‒entre 12.000 y 21.000
hectáreas‒, constituyen unos casos típicos de municipios cuya
densidad de población, 80,9 y 69,7 habitantes por kilómetro
cuadrado, era relativamente elevada en 1920, muy superior a

61 Gramsci (1975), pp. 497‒498: «A partir del grado de desarrollo de las fuerzas
materiales de producción se crean los reagrupamientos sociales, donde cada uno de ellos
representa una función y una posición dadas en la producción. Esta relación es así: es una
realidad rebelde...».
la débil media provincial: 41,2. Antes de resaltar «las
implicaciones sociológicas» de la cuestión, López Ontiveros
resume perfectamente este rasgo demográfico: «La Campiña
forma parte de ese gran conjunto meridional de mayor
densidad, superior notablemente a la media de España y a la
provincial, e incluso también a la media de Andalucía
Occidental».62

En cuanto a Díaz del Moral, relacionaba explícitamente

aglomeración de hombres, riqueza agrícola y movilidad de la
propiedad.63

Sin embargo, el conjunto de la Andalucía anarquista

responde a un modelo muy distinto, el expuesto por Carrión
cuando examina los negativos efectos del latifundio sobre la
población del sur de España.64 En 1920, en tiempos de Díaz del
Moral, casi todas las plazas fuertes del anarquismo rural
‒Arcos, Jerez, Carmona, Morón y Utrera‒ tenían una densidad
de población inferior a la media regional (50 hab/km2), que
únicamente se veía rebasada en algunos puntos por Sanlúcar
de Barrameda y Ronda.65 Anteriormente, en los años 1880, la
correlación entre una fuerte densidad y la penetración del
anarquismo sólo existía en los partidos judiciales de Málaga y
Vélez Málaga. En los años 1920 se puede observar en escasas
comarcas: en el Puerto de Santa María y, sobre todo, San

62 López Ontiveros, p. 194.

63 Díaz del Moral (1973), pp. 40 ss.
64 Carrión (1975), pp. 296‒297.
65 Censo de población de 1920, I (1922), Estado n.° XXI: «Variaciones en la
población, por partidos judiciales, durante el período 1911‒1920 y densidad que
corresponde a cada uno de ellos».
Roque, por una parte; y en los alrededores de Sevilla capital y,
en menor medida, en Estepa, por otra. Dicho de otro modo, la
concentración de trabajadores agrícolas en un espacio
homogéneo como los campos cordobeses, y su masiva
adhesión durante el «trienio bolchevista» al
anarcosindicalismo, son, probablemente, dos fenómenos
indisociables. Sin embargo, se trata de un caso excepcional.

Singularidad del caso cordobés

De entre las ocho provincias andaluzas, Córdoba y Jaén son

las que conocieron el crecimiento demográfico más sostenido,
especialmente durante el primer tercio del siglo XX. 66 En
setenta años, de 1860 a 1930, cada una de ellas ve
incrementarse en 2,5 puntos su porcentaje sobre el total
andaluz. El crecimiento de la población cordobesa procede
esencialmente de su tasa de crecimiento vegetativo, superior a
la media y en constante progresión: 8,93 por 1.000
(1900‒1909), 9,80 por 1.000 (1910‒1919), 12,90 por 1.000
(1920‒1929). Al propio tiempo, un saldo migratorio positivo
sigue la misma evolución ascendente, con un incremento de
24.286 habitantes durante el tercer decenio. Pero los censos
de población muestran que los aumentos más sustanciales de
población se registraban en la zona minera de Fuente Obejuna
(41.732 habitantes en 1900 y 69.794 en 1930) y en la capital,

66 Para la población, véanse el cuadro de la p. 84 y el gráfico de la p. 85.

que de 1920 a 1930 pasa de 73.710 a 103.106 habitantes,
gracias en un 80 por 100 a la aportación exterior. No hay duda
de que la mayor parte de la inmigración era rural, pues
Córdoba contaba en 1930 con casi un 30 por 100 de su
población activa (11.309 personas) dedicado a la agricultura.

La población se despliega de tal modo en los campos

cordobeses que no hay solución de continuidad entre el centro
urbano y las localidades que bordean del este al sur su vasto
territorio (el segundo en superficie, tras el término municipal
de Jerez de la Frontera).

No hay solución de continuidad entre una capital que todavía

es muy rural y un hábitat cada vez más concentrado en grandes
poblaciones agrícolas: la parte de la población que habitaba en
localidades de más de 10.000 habitantes pasa del 47 por 100
en 1877 al 64 por 100 en 1930, lo que constituye el mayor
aumento de la Andalucía anarquista y sitúa en este aspecto a la
provincia de Córdoba justo por detrás de la de Cádiz (que pasa
del 64 por 100 al 75 por 100).

No se debe, pues, al azar el hecho de que el anarquismo

cordobés llevase a cabo sin dificultades el paso del tipo de
organización tradicional (la federación comarcal) a una
organización más centralizada, como es la federación
provincial. Esta adaptación a nuevas condiciones de lucha no se
produjo en otros lugares, pues la situación estructural no era la
misma.
 Cádiz y Málaga: un panorama lleno de contrastes

Inicialmente, las dos provincias marítimas de Cádiz y Málaga

(que cuentan con una superficie aproximadamente igual) son
las que presentaban la mayor densidad demográfica: en 1877
era de 58,6 y 68,7 hab/km2, respectivamente. Ello se debía,
sobre todo, a la importancia de sus plazas comerciales, Cádiz,
Jerez y Málaga, pues la densidad cae a 40,8 y 52,3 hab/km2 si
no contamos las poblaciones de más de 30.000 habitantes. 67 Y
tal densidad era todavía muy alta teniendo en cuenta el grado
de desarrollo de las fuerzas productivas, ya que en 1900 dos
grupos de zonas rurales ‒el primero de ellos al oeste del
Sistema Penibético (partidos de Arcos, Grazalema, Gaucín,
Medina Sidonia y Algeciras) y el segundo al este de Málaga
(partidos de Colmenar, Vélez Málaga y Torrox)‒ tenían menos
habitantes que en 1860, elevándose las pérdidas acumuladas a
20.797 personas. Durante el mismo período sólo se producen
aumentos significativos en Jerez y zonas del norte malagueño,
aunque los más notables corresponden a La Línea, una ciudad
creada en 1870 que a fines de siglo contaba con 31.862
habitantes, y a Málaga. Al contrario de Cádiz, Málaga conserva
hasta 1887 a un buen número de habitantes rurales. En los
años siguientes se produjo un estancamiento, debido
probablemente a la inhibición de los industriales locales, los
hijos Heredia en la siderurgia y los Larios en la textil. 68

67 Censo de población de 1877, I (1883), pp. XVIII y XIX.

68 Lacomba (1972), pp. 124 ss.: «La crisis finisecular: filoxera y
desindustrialización».
 La recuperación demográfica de ambas provincias es tardía.
Su curva de población se mantiene horizontal hasta 1910,
fecha en la que se diferencian de Córdoba y Sevilla con un
saldo migratorio ampliamente negativo: ‒27.358 y ‒30.131
habitantes. Se vacían pueblos enteros durante un período de
unos treinta años, siendo la emigración masiva a América
organizada por agencias de reclutamiento, como observaba en
1889 el cónsul francés en Cádiz. También podía suceder ‒como
era el caso de Málaga en 1905‒ que los obreros agrícolas se
viesen devueltos por la Guardia Civil a sus pueblos de origen.69

Además de tardío, el nuevo arranque del crecimiento

demográfico es también precario, como se puede percibir
claramente en Cádiz. En el tercer decenio del siglo XX esta
provincia no llegó jamás a absorber el excedente que resultaba
de un crecimiento vegetativo elevado: +50.657 personas, cifra
superada por el saldo migratorio: ‒55.293 personas. Por lo que
respecta a Málaga, la situación sólo se estabiliza a nivel
provincial por la nueva fuerza de atracción de la capital
(+51.645 habitantes entre 1910 y 1930), que, por otra parte,
conoce a partir de 1920 un fuerte crecimiento natural (+11.449
personas) ligado a un descenso espectacular de la mortalidad
(de 30 a 20 por 1.000).

En ambas provincias, que en 1930 aventajan con mucho al

resto por lo que respecta a la densidad (69,4 y 84,2), se
acentúa el contraste entre los polos urbanos del litoral y las
altas tierras del interior. En Cádiz, este fenómeno se debe ante
todo a la creación de La Línea, pues los núcleos urbanos de la

69 AMAE, CCC, Cádiz, t. 115, 6 de octubre de 1889, y NS, t. 3, 31 de marzo de 1905.

bahía de Cádiz y de la comarca jerezana se estancan, aunque
ese conjunto representa más de la mitad de la población
provincial: un 56,8 por 100 para ser exactos, en apenas el 30
por 100 de la superficie. Por lo demás, la concentración de la
población habrá de ser mayor en razón del inmenso territorio
de Jerez (una quinta parte de la provincia) que abarcaba muy
pocos núcleos de población si se compara con los que existían
antes de la Reconquista.70 En cambio, se registra una creciente
concentración de la población en Málaga y en las cuencas
fluviales que la ciñen por el oeste (Coín) y por el este (Vélez
Málaga): en un escaso 20 por 100 de la superficie provincial, se
reunía en 1860 el 39,5 por 100 de los habitantes y el 45,5 por
100 en 1930; en ese período, el peso relativo de la capital pasó
de un 21,2 por 100 a un 30,6 por 100.

Tanto la geografía como el trazado de las vías de

comunicación, especialmente el de la red ferroviaria,
imprimieron un distinto tipo de relaciones entre ambas
capitales y su antepaís. Cádiz, abierta al océano, aislada en su
península, daba la espalda a su hinterland 71. Málaga, que en
1930 contaba con el mismo número de agricultores que en
1860 (10.842 ante 10.385), parece más ligada al antepaís
inmediato, caracterizado por la agricultura intensiva y el
hábitat «pulverizado». 72 A pesar de todo, lo que ambas
capitales tenían en común era encontrarse disociadas, fuera
cual fuese la distancia que las separase, de las comarcas de
agricultura extensiva del interior, donde el hábitat se veía

70 Gallardo, cap. VI: «Bosquejo histórico de la propiedad territorial en el Mediodía».

71 Zona de influencia. [N. e. d.]
72 Carandell (1934 b).
concentrado en pequeños pueblos o aldeas de dimensiones
variables, generalmente distantes. Creemos que este tipo
particular de organización del espacio da una luz sobre el
reparto de las fuerzas del anarquismo en ambas provincias, así
como las relaciones, poco intensas, entre sus sindicatos
urbanos (reagrupados en fuertes federaciones locales) y los
sindicatos rurales dispersos y, en ocasiones, aislados.

¿Preeminencia sevillana?

Aunque era inicialmente la más poblada, la provincia de

Sevilla mantuvo a duras penas una pequeña ventaja sobre
Málaga durante el último tercio del siglo XIX y hasta los años
1910‒1930 no vio reafirmada su primacía. Su mejor saldo
positivo, +72.996 habitantes, se dio durante la segunda década
del siglo XX, aunque debemos resaltar que la mayor parte de
ese saldo positivo fue a parar a la capital. En 1920, el 47 por
100 de los habitantes de Sevilla eran inmigrantes: el 19 por 100
procedía de los pueblos de la provincia y otro 19,5 por 100 del
resto de las provincias andaluzas, especialmente de Cádiz.73 En
el decenio siguiente las localidades meridionales vecinas,
Utrera, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira, conocieron un
ritmo de crecimiento sostenido: en 1930, los tres partidos
judiciales de Sanlúcar la Mayor, Sevilla y Utrera concentraban
el 54,7 por 100 de la población de la provincia, seis puntos por

73 Guichot, II. «Población».

encima que en 1860. En esta época, Sevilla y sus alrededores
constituían un núcleo de atracción de la mano de obra rural.
Sin embargo, entre 1860 y 1930 el peso relativo de la capital
aumentó poco, pasando de 25 a 28,4 por 100. Comparado al de
Valencia (tercera ciudad del país y también centro de una
región agrícola), el crecimiento de Sevilla parece muy limitado:
en tiempos de la Exposición Iberoamericana de 1929, la
metrópolis andaluza «sigue siendo una ciudad preindustrial...
con franjas importantes de clases medias y de servicios».74 La
más poblada de entre las provincias andaluzas estaba al mismo
tiempo subpoblada. En 1877 la densidad de población,
excluyendo a la capital, era de 26 habitantes por kilómetro
cuadrado, apenas superior a la de Córdoba, que contaba con
24,5 y era una de las más débiles de la región. En 1900 la media
provincial (39,5) era todavía inferior a la de Almería (40,9). En
1920 alcanzó los 50 hab/km2, que coincidía con la media
regional, pero en la mayor parte de los partidos judiciales se
registraba una densidad inferior, escalonándose desde 23 (en
Cazalla, la parte más montañosa) hasta 48,8 (Marchena);
únicamente el partido judicial de Estepa, a pesar de
encontrarse en las cadenas subbéticas, constituía una
excepción con sus 62 hab/km2. Los campos sevillanos se
distinguen, en este sentido, de los cordobeses,
emparentándose con las comarcas rurales malagueñas y
gaditanas. Llegan incluso a exagerar las características
negativas de éstas, pues ninguna de sus ciudades medianas
(Écija, Carmona, Osuna y Morón) conoció una progresión
significativa de la población en más de setenta años. En
general, la provincia de Sevilla es una de las pocas provincias

74 Tuñón de Lara (1978), pp. 131‒133.

andaluzas en las que el porcentaje de población residente en
localidades de más de 10.000 habitantes se mantiene
prácticamente constante: 53 por 100 en 1877, 56 por 100 en
1930.

Por muy excepcional que fuese desde el punto de vista

geográfico, la concentración del hábitat rural no debe
distorsionar el hecho de que éste se encontraba repartido en
partes aproximadamente iguales entre pequeñas ciudades,
centros de comarcas bastante extendidas e inhabitadas, y
pequeñas aldeas o grandes pueblos, unos agrupados al oeste
de Sevilla (Aljarafe), otros escalonados a lo largo de las cadenas
subbéticas, de Montellano al valle del Genil. Nos encontramos
ante una organización aparentemente anárquica del espacio,
que en una época en que el sistema de comunicaciones es
bastante restringido limita la vida social al medio local. Pues, si
bien la capital atrae como un imán a los desocupados, no juega
el papel de motor de la economía provincial, de modo que
Drain puede calificarla de «organismo urbano insular» cuya
dominación resulta «esterilizante».75 De ahí proviene sin duda
la dicotomía propia al anarquismo sevillano, escindido entre la
federación local de la capital y las federaciones comarcales,
alejadas las unas de las otras; un esquema en que la primera
pretendía detentar la dirección de organizaciones rurales
ampliamente autónomas, no sólo por el carácter
descentralizado del movimiento libertario sino también como
consecuencia de la escasa estructuración y jerarquización del
espacio económico.

75 Drain (1977), I, pp. 249 ss.; todavía hoy, la influencia de Sevilla en el mercado de
trabajo agrícola no se ejerce más allá de un radio de 50 kilómetros.
 HOMBRES SIN TIERRA

El bastión de la gran propiedad

El campo sevillano y jerezano, verdadero bastión del

anarquismo rural, lo era también de la gran propiedad,
considerada bajo sus dos aspectos complementarios: por una
parte, las grandes fincas (superiores a 250 hectáreas en tierras
de secano); por la otra, el peso específico de los grandes
cultivadores (medido a partir de la contribución territorial).

Los datos catastrales sistematizados por Carrión inscriben en

el mapa la realidad física del latifundio, que se manifiesta de un
modo especialmente notable a ambos lados de la vertical
trazada desde el norte de la provincia de Sevilla hasta el
estrecho de Gibraltar. En muchas ocasiones, afecta a
municipios de gran extensión, cuyas dos terceras partes de la
superficie total (como es el caso de Utrera), o incluso las tres
cuartas partes (Jerez), están ocupadas por fincas de más de 250
hectáreas. Esta estructura se da igualmente en el vasto término
municipal de Córdoba.

Heredada del Antiguo Régimen, esta organización del espacio

agrario se vio reforzada en la época contemporánea, primero
durante el segundo tercio del siglo XIX, con la desamortización,
y luego en el primer cuarto del siglo XX, mediante un vigoroso
proceso de acumulación de propiedades modestas:76 las fincas
de dimensiones excepcionales se formaron en esa época, como
sucedió con el paradigmático caso de Jerez de la Frontera, que
en 1919 veía un 52,6 por 100 de su vasto territorio cubierto de
fincas de más de 500 hectáreas.77 También era frecuente que
el latifundio marcase con su sello pequeñas localidades como
Bornos, en Cádiz, donde una sola finca (de casi 5.000
hectáreas) ocupaba el 79 por 100 del territorio: en este caso
extremo, el acaparamiento de la tierra acarreaba
consecuencias sociales muy negativas para los centenares de
jornaleros que vivían allí. Por el contrario, en pequeñas
localidades como Fernán Núñez, en Córdoba, su situación era
menos precaria, pues la vieja nobleza conservaba una fuerte
posición y parcelaba sus fincas mediante la aparcería.78

La realidad económica del monopolio de la tierra puede

aprehenderse a partir del grupo de propietarios que rebasan
las 250 hectáreas. Este grupo es tanto más fuerte cuanto
mayor es el predominio de la gran propiedad: en Cádiz (68,1
por 100 de la superficie), en Sevilla (59,2 por 100) y en Córdoba
(53,4 por 100). 79 Sin embargo, este indicador no es suficiente
para evaluar el poder material de los grandes cultivadores, que
podían explotar tierras arrendadas además de las suyas
propias. El análisis de los datos fiscales muestra que Sevilla se
distinguía del resto de las provincias andaluzas en el sentido de

76 Artola et al. (1978), pp. 89‒90 y 118‒119.

77 BCJ, 1919, n.° 3, Cádiz: Estados F y G.
78 BIRA, n.° 28 (octubre de 1934), pp. 920‒921: «Estudio del término de
Fernán‒Nuñez».
79 Camón (1975), figuras 5, 6 y 7.
que la concentración de la riqueza agrícola (líquido imponible)
era incomparablemente más grande que la propia
concentración de la propiedad: así es como la cantidad pagada
por los grandes contribuyentes (cuotas mayores de 5.000
pesetas) representaba el 71,8 por 100 de la renta declarada en
la provincia.

También observamos que esta categoría era

proporcionalmente más numerosa, lo que es más patente a
medida que vamos descendiendo al nivel del municipio y
relacionamos el aspecto territorial y el aspecto económico del
monopolio de la tierra.

Aunque menos intensamente, esta situación se da también

en Jerez, donde 179 propiedades representan el 73,6 por 100
de la superficie y 253 contribuyentes pagan el 85,9 por 100 de
la contribución.

El corolario de esta fuerza de la burguesía agraria sevillana y

jerezana es que los cultivadores medianos, los que pagaban
entre 1.000 y 5.000 pesetas de contribución, tienen una parte
proporcional más reducida que en el resto de Andalucía (25 por
100 de media): 18,4 por 100 en Cádiz y 16,4 por 100 en Sevilla.
También es cierto que proporcionalmente son más numerosos.
Y es lícito pensar, como hizo el marqués de Torrenueva, que
sus costos de producción debían ser más elevados, en razón
del carácter rudimentario de la mecanización. 80

Todo hace pensar que allí donde el monopolio de la tierra es

más antiguo y está más uniformemente repartido el
minifundista encuentra mayores dificultades para acceder a la
propiedad. En esta perspectiva, la comparación entre
propietarios censados en 1860 y contribuyentes rurales de
1930 resalta la divergente evolución del bloque Cádiz‒Sevilla
en relación con la provincia de Córdoba. Esta última participa
de la progresión que se detecta a escala regional, dando lugar a
un salto de 220.000 a más de 500.000 propietarios: el peso
relativo de Córdoba aumenta de 11,5 a 14,7 por 100; el de
Cádiz‒Sevilla, por el contrario, desciende de 17,8 a 14 por 100.
Esta comparación, por aproximativa que sea, indica sin lugar a
dudas que la tesis de Díaz del Moral sobre la división de la gran
propiedad no puede aplicarse al conjunto de la Andalucía
anarquista. Esta diferencia se debe, en parte, al distinto
proceso temporal con que se produce la liquidación de las
tierras colectivas, que en los campos gaditano y sevillano
empezó muy temprano, dando lugar con la privatización de
vastas dehesas a la rápida desaparición de pequeños y
medianos ganaderos. Este proceso fue más tardío en las altas
tierras cordobesas y cabe preguntarse si, además, tuvo un
menor alcance.

80 Información sobre el problema agrario en la provincia de Córdoba (1919), pp.

134‒144.
 El peso del proletariado agrícola

La evolución numérica del proletariado agrícola, designado

con términos tan vagos como jornalero u obrero del campo, se
encuentra en estrecha correlación con la evolución de la gran
propiedad y no es precisamente en la baja Andalucía donde
más aumenta. En 1860, antes de la penetración de la Primera
Internacional, las provincias de Cádiz y Sevilla agrupaban a un
tercio de los 450.000 jornaleros censados en Andalucía (a
excepción de Almería). Esta masa de asalariados estaba
repartida por la región de modo más o menos uniforme y las
concentraciones más importantes se encontraban, amén de los
partidos judiciales de Granada y Málaga, en los campos
jerezanos y del sudeste sevillano. Al relacionar el número de
jornaleros con la población de cada partido judicial, las
densidades más importantes ‒un jornalero de cada cuatro
habitantes‒ correspondían al extremo occidental de la banda
morisca: Morón y Arcos de la Frontera.81

Sesenta años más tarde, en 1920, el campesinado sin tierra

había crecido globalmente en un 50 por 100: se cuentan
700.000 jornaleros y el crecimiento más importante se registra
en la Andalucía Oriental (Jaén y Granada). También en Málaga
y Córdoba hubo un importante aumento, lo suficiente para que
el peso relativo de los jornaleros se mantuviese estable: 15‒16
por 100 del total de cada provincia. Cádiz y Sevilla, por el
contrario, sólo reagrupan una cuarta parte: en el baluarte de la
gran propiedad, las posibilidades de trabajo asalariado tendían
a reducirse: luego veremos por qué.

81 Para mayores detalles, consultar los cuadros de las pp. 87‒91.

 En tiempos de la Segunda República, el censo de campesinos
asentables efectuado por el IRA indica, pese a sus lagunas, que
las masas más numerosas de campesinos sin tierra se
encontraban en las provincias de Sevilla y Jaén (que totalizaban
110.000 jornaleros), seguidas de Córdoba y Cádiz. 82 Sin
embargo, su peso específico ‒más del 90 por 100 de los
campesinos asentables‒ era el más elevado en una serie de
partidos judiciales que se escalonan desde el hinterland
pastoril del sur gaditano (San Roque, Medina Sidonia) hasta los
campos oleícolas del este cordobés (Bujalance). Por otra parte,
se añadieron a las grandes concentraciones de siempre otras
nuevas, especialmente Osuna, donde uno de cada cinco
habitantes era jornalero. El censo del IRA muestra que en la
Andalucía anarquista el campesino minifundista, sea pequeño
propietario o colono, sólo tiene una cierta importancia en las
comarcas vinícolas gaditanas, cuya explotación se basaba
desde hacía tiempo en la aparcería, 83 y en las poblaciones
sevillanas y, más todavía, cordobesas, donde las grandes casas
señoriales solían parcelar sus propiedades. Todo ello debe
tenerse muy presente pues, como veremos, estos núcleos de
campesinos semiproletarios constituirán siempre un problema
para los dirigentes de la organización anarquista. Pero no es
suficiente para extrapolar al conjunto de la Andalucía
anarquista la tesis de Díaz del Moral según la cual este estrato
del pequeño campesinado fue el principal protagonista del
movimiento social. Había bastantes localidades en las que la
propiedad se encontraba lo bastante concentrada o la

82 Véase cuadro elaborado a partir de BIRA, «Juntas provinciales», n.° 21 (marzo de

1934) a n.° 40 (octubre de 1935) y compárese con Malefakis, cuadro 24.
83 CAP, t. 3, n.° 161, Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
burguesía agraria lo suficientemente desarrollada como para
que el campesino proletario constituyese el tipo predominante.
El propio Díaz del Moral lo reconocía:

La población puramente obrera varía mucho de pueblo a

pueblo: en algunos es reducidísima; casi todos los campesinos
cuentan, además de su trabajo, con los productos de alguna
haza arrendada o con otros rendimientos; pero en otros el
número de obreros sin más recursos que sus brazos, como
ellos dicen, es considerable, y vense precisados a emigrar con
frecuencia a los inmediatos, en demanda de ocupación. 84

Dicho esto y teniendo en cuenta la tipología de los conflictos,

resulta significativo que el asalariado agrícola fuese mezclado a
los otros tipos de trabajadores (como era el caso en la ciudad)
o, por el contrario, se mantuviese aislado, como acostumbraba
a suceder en los pueblos: Casas Viejas es un buen ejemplo de
ello.

¿SUBEXPLOTACIÓN DE LA TIERRA?

Régimen de la propiedad y movimientos de población

El análisis de los datos precedentes sugiere un tipo de

causalidad simple entre distribución territorial de la población
y régimen de la propiedad. En realidad, parece haber un

84 Díaz del Moral (1973), p. 44 (las cursivas son mías).

vínculo evidente entre estancamiento demográfico y crisis de
la agricultura latifundista en el último cuarto del siglo XIX,
época de frecuentes hambres, elevada mortalidad y emigración
más o menos fomentada por los poderes públicos. ¿Y luego?
No es muy seguro que, en tiempos de la primera guerra
mundial, la interrupción de la emigración a ultramar sea un
factor suficiente como para explicar la recuperación
demográfica, frágil pero indudable, del período 1910‒1930 (la
tasa de crecimiento medio anual se encuentra entonces
emparejada con la nacional, un 1 por 100). En la segunda
década, resulta evidente que el crecimiento de la población en
la baja Andalucía se logró principalmente gracias a la
migración: en la Andalucía anarquista, únicamente la provincia
de Córdoba logró un crecimiento vegetativo superior al de la
primera década (quizá porque la «gripe» de 1918‒1919
provocó allí menos fallecimientos). En cuanto a la tercera
década, la evolución parece mucho más compleja. Es cierto
que globalmente la Andalucía anarquista mantuvo un
excedente de población (unas 240.000 personas) que procedía
enteramente de un elevado crecimiento vegetativo: en esos
momentos, la mortalidad desciende de modo significativo,
acercándose a la tasa media ‒inferior al 20 por 1.000‒. Sin
embargo, hay un sorprendente contraste entre la provincia de
Cádiz ‒que perdió en ese tiempo más habitantes de los que
ganó‒ y los campos meridionales de las provincias de Sevilla y
Córdoba, donde numerosos pueblos y aldeas logran aumentos
apreciables de la población, como lo muestra el mapa de las
áreas de migración. 85 Lo que se plantea, pues, es la
problemática de los movimientos de población

85 García Barbancho, «Áreas de migración en 1921‒1930».

intrarregionales. 86 El hecho de que se produjese una mayor
movilidad de la población rural en relación con las migraciones
estacionales tradicionales nos conduce a preguntamos si la
agricultura latifundista se mantenía tan uniformemente
atrasada como se pretende. Pues, ¿qué retenía o atraía a una
parte de los campesinos sin tierra en ciertas comarcas?

Una doble especialización agraria

Esquemáticamente, el monocultivo no es característico de la

Andalucía anarquista. Únicamente en la parte central de las
sierras subbéticas, en Córdoba y aún más en Jaén, el olivar se
fue adueñando progresivamente de comarcas enteras y
alrededor de 1920 se impuso como cultivo dominante. En la
provincia de Jaén, la superficie plantada se dobló entre 1879 y
1934, pasando de 160.000 a 320.000 hectáreas. Paralelamente,
el trigo fue cediendo ante la cebada: bajo la Segunda
República, Jaén se convirtió en la primera provincia oleícola del
país y una de las mayores productoras de cebada, con
1.399.000 quintales.87 A pesar de ello, no puede afirmarse con
toda seguridad que tal especialización convirtiese una
agricultura hasta entonces pobre en una agricultura próspera;
entre 1923 y 1934, el valor de la producción agrícola se
mantuvo estacionario. Y en cuanto las malas condiciones

86 Bernal (1985), pp. 243‒248: «Las zonas latifundistas no se ven afectadas [por la
emigración] sino que se convirtieron en zona de atracción de la mano de obra».
87 Los pasajes sobre producción remiten a las figuras de las páginas 92‒99.
meteorológicas reducían la producción de aceitunas, el costo
para el empleo era muy alto, como sucedió en 1930.88 En esos
lugares las masas rurales, tanto más numerosas cuanto que no
había grandes ciudades en la provincia, pasaron a la UGT,
influenciadas por los núcleos socialistas de la zona minera de
Linares.

La mayor parte de las comarcas de la Andalucía anarquista,

por el contrario, mantenían una economía agrícola basada en
los cereales y completada por los viñedos (lo cual constituía
una excepción, pues estaban retrocediendo en todos lados,
tanto en Jerez como en Málaga) 89 o por los olivares, que se
daban en proporciones variables a excepción de la provincia de
Cádiz. Esta última es, de todas las andaluzas, la que ve más
acentuado el contraste entre terrenos cerealeros (cada vez
menos numerosos) y comarcas pantanosas o montañosas, cada
vez más consagradas al pastoreo desde que las tierras
roturadas tras la desamortización fueron abandonadas y luego
reconquistadas como pastizales. 90 En el marco de esta
agricultura en decadencia ‒que los observadores de la época
atribuyen a la importancia de la propiedad foránea‒, 91 los
cortijos jerezanos no constituyeron una excepción: apenas
aumentan las superficies sembradas, el rendimiento medio por

88 Sobre los perjuicios de este monocultivo, véase Bernaldo de Quirós, CAA, «Datos
sobre la crisis agrícola de Jaén», y López Quero, O.T., n° 120, 5 de mayo de 1934.
89 CAP, t. 4, n.° 290, Sociedad Económica de los Amigos del País de Málaga:
destrucción por la filoxera de las cinco sextas partes de un viñedo de 120.000 hectáreas.
90 Concuerdan Liga de Contribuyentes de Medina Sidonia y Consejo provincial:
CAP, t. 2, n.° 66 y t. 5, n.° 499.
91 Quevedo: el 40 por 100 de la superficie provincial pertenecía a terratenientes
forasteros.
hectárea es del orden de los 10 quintales y la precoz
mecanización de la siega y la trilla reduce la oferta de trabajo
en las explotaciones mayores, las que empleaban alrededor de
doscientos trabajadores.92 Volvemos a encontrar muchos de
estos rasgos negativos en las comarcas malagueñas de
agricultura extensiva, aunque en algunas ocasiones se vean
atenuados por la rápida extensión del olivar, como sucedía en
Antequera, por citar un ejemplo.93

Pues, efectivamente, la asociación de los cereales con los

olivares en una misma tierra representa un mayor número de
jornadas y períodos de trabajo más importantes para los
campesinos sin tierra, además de una actividad más regular,
que se extiende desde la cosecha de las leguminosas (en mayo)
hasta la recogida de las aceitunas (noviembre‒diciembre),
pasando por la cosecha de los cereales (junio‒julio). A fines del
siglo XIX esta situación se había generalizado en el campo
sevillano donde, además, la siega de los cereales y la recogida
(«ordeño») de las aceitunas se realizaban a mano. Pero, en ese
último tercio del siglo XIX, se produjo una contracción
considerable de las tierras de labor: a partir de entonces, las
superficies sembradas (trigo: 170.000 hectáreas; cebada:
60.000‒70.000 hectáreas) y las superficies plantadas de
olivares (220.000 hectáreas) se estabilizaron y llegaron a su
máximo hasta la Segunda República. 94

En los campos sevillanos, la especialización agraria se da

92 Maurice (1979), pp. 100‒101.

93 Mata Olmo, p. 31.
94 Bernal‒Drain, pp. 23‒25. MCS (1932‒1933).
antes que en otros lugares, gracias a la mayor fuerza de la
burguesía agraria, que se adelantó a la nueva legislación en
materia de propiedad, integrando ya desde el Antiguo Régimen
y a gran escala baldíos y propios. 95 Luego, se reforzará
localmente con la desamortización de las tierras eclesiásticas, a
menudo las mejores. 96 Sobre estas bases, lograron que la red
ferroviaria les sirviese prioritariamente: así, Morón quedó
ligada desde 1864 a la línea Cádiz‒Sevilla‒Córdoba, acabada en
1861.

Gracias a estas bazas, la burguesía agraria sevillana superó

sin mayor dificultad la crisis agraria de los años 1880, una crisis
que procedía del envilecimiento del precio del trigo, al que le
hacían la competencia los granos de los países nuevos. Se
redujo progresivamente la superficie de tierras dedicada a este
cereal, de modo que descendió la oferta en el mercado
regional, donde se estableció una molinería relativamente más
mecanizada que en otras regiones cerealeras.97 A continuación,
la creciente utilización de abonos hizo posible una apreciable
mejora de los rendimientos.98 De este modo, la producción de
trigo, que ya se había triplicado a lo largo del siglo XIX, volvió a
doblarse desde principios de la Restauración hasta la Segunda
República. En 1934, un año agrícola excelente, Sevilla se
convirtió en la primera provincia productora del país, con un
excedente que representaba el 43 por 100 de la producción. En

95 Bernal (1979), pp. 336‒340. Drain (1977), I, pp. 353‒362.

96 Lazo Díaz y Drain (1977), I, pp. 362‒369.
97 CAP, t. 7, pp. 572‒573: la estadística fiscal indica que, para el ejercicio
1886‒1887, las fábricas de vapor instaladas en Andalucía representan el 26,7 por 100 del
total. Había 29 en la provincia de Córdoba y 25 en la de Sevilla (52 en Barcelona).
98 Drain (1977), I, pp. 146‒148: consumo de fertilizantes en 1919.
cambio, y a pesar del reciente avance del olivar hacia el
sudeste, entre El Arahal y Estepa, la producción de aceite
tendía a disminuir.

La provincia de Córdoba, con unos veinte o treinta años de

retraso, siguió una evolución similar, de modo que la reducción
de las superficies labradas ‒por abandono de las tierras
marginales de la sierra‒ no fue realmente significativa hasta el
año 1930. La especialización cerealera, en cualquier caso, había
empezado mucho más temprano, pues desde principios de los
años 1880 el trigo había alcanzado (con 120.000 hectáreas) su
máximo en cuanto a superficie sembrada.99 Por el contrario, la
cebada progresó durante el primer tercio del siglo XX a un
ritmo mantenido (76.000 hectáreas en 1934), siguiendo en este
sentido al modelo sevillano. De un modo general, la evolución
de los cultivos parece ligada a la mejora de la maquinaria
agrícola, especialmente de los tipos de arado, capaces de
labrar más profundamente los suelos de textura pesada, lo que
implica un aumento proporcional del ganado de labranza. 100 El
aumento, en un 100 por 100, de la producción de trigo
mediante la mejora de los rendimientos se dio a fines del
período 1925‒1934, durante el cual Córdoba obtuvo el mejor
rendimiento máximo (18,85 quintales por hectárea) de todas
las principales provincias productoras, alcanzando el quinto
lugar entre ellas.101

99 GaMFO (30 de julio de 1881): informe de la Junta provincial. Reseña geográfica,

1912‒1914, t. 3, p. 234, Carandell (1934 c).
100 Concuerdan un campesino de Pedro Abad, And. (10 de diciembre de 1919) y el
labrador A. Zurita, BA (enero de 1929).
101 AEPA, 1934‒1935, p. 41: «Producciones medias de trigo por hectárea en secano
 Por otra parte, conservó el segundo lugar de las provincias
oleícolas. Sin duda, allí era más marcada que en Sevilla la
especialización geográfica entre terrenos cerealeros (situados
en las cercanías de la capital y del eje ferroviario del valle del
Guadalquivir) y terrenos oleícolas, muy tempranamente
relacionados con la línea Córdoba‒Málaga, terminada en 1865
y que atrajo en seguida la producción agraria de la Andalucía
interior. 102

En definitiva, el campo sevillano y cordobés se distingue

tanto del conjunto agrícola andaluz (a excepción de Jerez)
como de la mayor parte de las regiones agrarias del país,
especialmente de Castilla. Mientras por regla general la
producción aumenta en el primer tercio del siglo XX gracias a la
extensión de las superficies sembradas, el desarrollo de la
agricultura comercial en la Andalucía latifundista (y anarquista)
se basa en la mejora ‒ciertamente limitada, pero no por ello
inexistente‒ de los sistemas de cultivo en las tierras más
fértiles. Un indicador de ello es el retroceso, en las comarcas
más desarrolladas, del barbecho, debido al paso de la rotación
trienal a la bienal. 103 Otro índice es el inicio de la diversificación
de los cultivos (especialmente del maíz) en los campos
sevillanos y jerezanos. Los factores determinantes de esta
evolución se encuentran, muy probablemente, en dos procesos
paralelos y complementarios: por una parte, el refuerzo del
monopolio de transformación de los productos (molienda de
los granos y de las aceitunas, refinado del aceite); por otra, la

en el último decenio».
102 AMAE, CCC, Sevilla, t. 5, 8 de marzo de 1873.
103 Camón (1975), pp. 336‒337. Drain, 1977, I, pp. 153‒153 bis.
extensión de la explotación directa de oeste a este, de Sevilla a
Córdoba, mientras este modo de explotación estaba menos
desarrollado en la provincia de Málaga y seguía siendo
minoritario en la de Cádiz.104 Por otra parte, la explotación
directa no excluía un tipo precario de aparcería en zonas a las
que poco antes había llegado la irrigación: una aparcería
destinada a evitar la división de la tierra en cuanto a su
propiedad y, también, a mantener el control de la producción,
al conservar el propietario la elección de los cultivos más
rentables.105

Sin lugar a dudas, había una estrecha correlación entre la

atracción ejercida por el campo sevillano y cordobés en la
mano de obra flotante a partir del segundo decenio del siglo XX
y los progresos que en aquellos momentos experimenta la
agricultura.

Desde este punto de vista, Díaz del Moral no se equivocaba al

subrayar que la intensidad de las luchas campesinas era tanto
mayor cuanto más desarrollada estuviese la agricultura;
únicamente se le puede objetar que detuviese la historia de
dichas luchas antes de alcanzar su nivel crítico. Pues la
creciente combatividad del proletariado agrícola animó a los
grandes propietarios a ahorrar cada vez más en fuerza de
trabajo, dando lugar a un nuevo paso en este sentido con la

104 MERPt 1896, t. 3 y 4. Calero (1976), p. 108: «Formas de explotación de la tierra

(1925)».
105 Sobre la irrigación en Andalucía occidental en el siglo xx, véase Carrión (1971);
BA (octubre de 1935): «La zona regable del canal de Guadalmellato»; Eza (1936), citado
por Martínez Alier, para quien «medianerías» y «parcelas» sobre regadíos no son
«residuos feudales».
mecanización de la siega, lo que sucedió a lo largo de la
Segunda República.106

Este hecho nos ayuda también a comprender por qué razón

los observadores de la época llegaron a formular apreciaciones
aparentemente contradictorias respecto a la agricultura
andaluza. Camón, originario de Levante, denunció tanto las
grandes extensiones de tierra sin cultivar como la insuficiencia
de un aprovechamiento del suelo basado en el cultivo de los
cereales. El castellano Bernaldo de Quirós, por su parte,
juzgaba «anacrónica» la imagen de un campo andaluz
abandonado, invadido por la caza mayor y la cría de toros
bravos. 107 Uno y otro ponían de manifiesto los efectos
diferenciados de la especialización agraria regional alrededor
del año 1930, que se desarrollaba a partir de una lógica que un
agente consular francés enunciaba ya muy claramente en
1874: «los agricultores importantes de Andalucía tienen por
costumbre dedicar sus campos al cultivo de aquellos productos
por los que esperan hallar mejores mercados».108

Era un buen modo de decir que, a partir de aquella época, la

economía agrícola regional iba a quedar dominada por el
comercio.

106 Infra, cap. VI.

107 Sobre el enfoque valenciano de Camón: García Delgado (1977); Bernaldo de
Quirós (1973), pp. 121‒122.
108 AMAE, CCC, Sevilla, t. 5, 14 de mayo de 1874.
 La explotación de los hombres

Tras la revolución de 1868, parlamentarios y ministros

(generalmente liberales) encargaron encuestas sobre la
condición obrera: por ello, los archivos municipales de Jerez
cuentan con, al menos, tres informes elaborados en 1872, 1886
y 1902. 109 Todos ellos contienen descripciones exactamente
iguales de los jornaleros agrícolas.

Víctima del paro estacional, este trabajador debía también

contar con la competencia de los segadores que llegaban de
Portugal, Huelva o Málaga, y trabajaban a destajo. En el mejor
de los casos, lograba un contrato de tres o cuatro semanas.
Alojado en el propio lugar de trabajo, permanecía durante todo
aquel tiempo separado de su familia. A fines del siglo XIX logró
permisos para irse a su casa de vez en cuando con el fin de
cambiar la ropa: se trata de la «vestida», que sustituía al
«ropero», criado que hasta entonces se encargaba de llevar a
cabo aquel cometido. Alimentado en el cortijo, el jornalero no
percibía su exiguo salario hasta cumplir la totalidad del
contrato; podía darse por muy satisfecho si le pagaban lo
convenido de antemano, especialmente cuando trabajaba a
destajo, pues en tal caso dependía de la honestidad del
agrimensor que medía la cantidad de trabajo entregada.110 Si
era cabeza de familia y los suyos, en espera de la paga, debían
comprar «al fiado», podía suceder que solicitase un adelanto al
capataz, ofreciendo en prenda su herramienta de trabajo: este

109 Maurice (1979), p. 88.

110 R.S. (1 y 8 de septiembre de 1881), «Los trabajadores agrícolas de la provincia de
Cádiz: El agrimensor pagado por el amo para que mida las faenas segadas merma tanto
que a veces quedan reducidas a un tercio o más».
tipo de prácticas daba lugar a numerosos abusos, como
denunciaba la prensa obrera de los años 1880. 111 Estas
características, junto a las interminables y agotadoras jornadas
laborales del verano, constituían los aspectos más
sobresalientes de la condición de asalariado agrícola.
Unicamente los viticultores, los trabajadores de los viñedos,
parecían mejor tratados: ganaban más dinero, regresaban a sus
casas al terminar la jornada y las pausas (comida y «cigarrillos»)
eran más numerosas;112 sin embargo, sus períodos de trabajo
anuales eran más cortos y, por otra parte, constituían una
minoría.

Más que en los salarios y las condiciones de trabajo, los

observadores de la época se interesaban en las infrahumanas
condiciones de vida que resultan de todo ello: alimentación
deficiente (aceite, garbanzos y gazpacho), carencia de higiene,
enfermedades (raquitismo y tuberculosis), promiscuidad en los
dormitorios, arbitrios a los que deben recurrir esposas y
madres de familia para sobrevivir... Se trata de la «Andalucía
trágica» que descubre Azorín en 1905, año de grandes
hambres; el mismo año en que Blasco Ibáñez describió en La
Bodega la situación de Jerez en 1892, como si en todo aquel
tiempo no hubiese cambiado nada... Hay un aspecto
miserabilista en las evocaciones de estos ahitos ciudadanos,
que, en cualquier caso, poseen el mérito de intranquilizar la
conciencia de sus lectores. Los observadores franceses no se

111 R.S. (15 de marzo de 1883), «Los trabajadores del campo de Vélez‒Málaga»:
«para algunas pesetas el trabajador empeña el azadón al manijero, el cual cobra luego un
real de alquiler siempre que aquél utiliza el útil...».
112 Concuerdan AMAE, CCC, Cádiz, t. 113, 31 de mayo de 1883, y GaMFo (16 de
septiembre de 1883), pp. 654‒656.
sustraen a ello. Pero, al contrario que los viajeros de la época
romántica, no buscaban emociones fuertes sino que deseaban
estudiar aquella «otra Sicilia» que era Andalucía. 113 Así se
explica la interpretación de Costedoat‒Lamarque, un
universitario francés que inmediatamente después del trienio
bolchevista pudo trazar un panorama prácticamente idéntico al
de sus predecesores. 114 Como ellos, resaltó el carácter
seminómada del jornalero, obligado a continuos
desplazamientos con el fin de encontrar trabajo y que, según
él, eran causa del extendido celibato. Simultáneamente, el
sevillano Guichot se fijaba en el elevado porcentaje de
nacimientos ilegítimos,115 que no podían deberse únicamente a
los «señoritos» o a la libre unión que preconizaban los
anarquistas: es una historia de la vida cotidiana que aún está
por escribir.

Los reformadores españoles, por su parte, dieron a la luz

aspectos nuevos. Como Carrión, que atribuía a las excesivas
distancias que separaban las poblaciones de las explotaciones
agrícolas el hecho de que, dejando aparte el personal fijo (diez
criados, aproximadamente), la mano de obra se viese cada vez
más reducida a personas muy jóvenes y a hombres entrados en
años. 116 Bernaldo de Quirós, que en 1932 fue enviado a
Andalucía por el Ministerio de Trabajo, subrayó la elevada
participación de la mujer en los trabajos del campo,

113 Andalucía, «la Sicilia de España» según Marvaud (1975), p. 94, de quien lo toma
prestado Hobsbawm.
114 Costedoat‒Lamarque, pp. 86 ss.: «L’existence du Jornalero».
115 Guichot: 11,18 por 100 en Cádiz, 8,82 por 100 en Sevilla, que siguen a
Pontevedra, 12,45 por 100, y La Coruña, 11,28 por 100
116 Carrión (1975), pp. 300‒301.
especialmente en la siega, en la provincia de Sevilla. 117 Para los
cultivadores, contratar a mujeres y niños para trabajos que no
requiriesen una especial cualificación era un negocio redondo.
Sería preciso datar esta creciente utilización del ejército de
reserva para saber cuál fue su factor determinante. Pese a ello,
precisemos que en noviembre de 1918 se tiene noticia de la
aparición, en Montoro, de la figura de las «medias mujeres»:
niñas de 10 a 14 años que cobraban una peseta por día,
mientras que las mujeres percibían dos pesetas y los hombres,
tres o tres con veinticinco céntimos.118 Esta división técnica del
trabajo agrícola se asemeja mucho a la que, según Lenin,
caracterizaba las explotaciones del sur de Rusia a fines del siglo
XIX.119 Y, probablemente, donde se hallaba más arraigada era
en las eras de los grandes cortijos: desde el mecánico de la
máquina de vapor (la locomóvil) hasta el «rempujero», el
muchacho que recogía las espigas, pasando por el «sabanero»,
esforzado trabajador que llevaba pesadas balas de paja hacia el
almiar.

No es difícil imaginar que semejante vida de forzado

favoreció algunas tentativas de escape. Mientras la acción
colectiva chocaba con la represión, únicamente quedaban las
soluciones individuales, como emigrar o cambiar de oficio,
manteniéndose soltero con tal de conservar alguna posibilidad
de éxito. Pero, hasta el presente, no se ha llevado a cabo
ninguna encuesta sistemática que permita apreciar la magnitud
o la dirección de las transferencias de población rural hacia

117 Bernaldo de Quirós‒Ardila, p. 236, n. 3.

118 BIRA, «Estadísticas de huelgas», n.° 179 (mayo de 1919).
119 Lenin (1974), p. 205.
sectores como la extracción minera o la construcción, ni
posibles regresos al campo a fortiori.

En cualquier caso, la débil y en ocasiones inexistente

industrialización no puede explicar por sí misma la estabilidad
de una población agrícola activa que, a juzgar por los censos
decenales, caracterizó todo el primer tercio del siglo XX.

Lo cierto es que, a medida que se iba haciendo más difícil

expatriarse, la gran ciudad atraía cada vez más a los
campesinos, a pesar de la carestía de alojamientos y la
dificultad que suponía encontrar un empleo estable.

Debemos tener en cuenta que la desigualdad respecto a la

educación era mucho menor en las ciudades que en el campo,
como se ve al observar las respectivas evoluciones de la
población alfabetizada.

Desde este punto de vista, la diferencia entre la media

nacional y la regional ‒que llega a su punto culminante en 1920
con 13 puntos (46,3 y 33,1 por 100)‒ confirma el creciente
retraso de Andalucía respecto al resto del país. Pero el origen
del fenómeno queda disimulado por el hecho de que, tras un
prolongado estancamiento hasta 1910, se registra
posteriormente un progreso en la alfabetización muy notable
en las capitales de provincia andaluzas, que mantuvieron un
ritmo generalmente superior al de otras aglomeraciones
urbanas. Este desequilibrio entre población rural y urbana es
particularmente notorio en la Andalucía anarquista, aun
cuando las variaciones de una provincia a otra tendían a
aminorarse.
 Si el acceso a los rudimentos del saber era un medio para
cambiar de condición, parece ser que, según las cifras, hubo un
contingente importante de hombres del campo que escogieron
esta alternativa. A pesar de lo que diga Díaz del Moral, la
ignorancia no era sinónimo de inconsciencia.

Esta era la «realidad rebelde» que subyace a los estereotipos

del discurso anarquista. El campesino proletario era un hombre
condenado a errar por los caminos y que se veía privado de los
derechos más elementales hasta quedar asimilado a un paria.
Al cobrar un salario bajo, del que, por lo general, se descontaba
la alimentación que le suministraba el patrono, era proclive a
percibir la condición de asalariado como una esclavitud. Por
instinto, sabía que debía ganarse el pan con el sudor de su
frente; pero también se rebelaba ante aquel pan negro que, al
constituir la base de su sustento, se convertía en símbolo de su
condición de esclavo de los tiempos modernos. 120 Además,
conociendo por experiencia lo difícil y azaroso que era fundar
un hogar, no resultaría extraño que sintiese la familia como

120 Díaz del Moral (1973), p. 213, n. 40: «Cuando hablan [los obreros militantes] del
hambre ‒y esgrimen esta arma siempre que hay ocasión‒, lo hacen como instrumento de
combate para poner de su parte a la opinión o a las autoridades o para estimular las
rebeldías...» (las cursivas son mías).
una falsedad. Así las cosas, en una sociedad bloqueada por el
monopolio de la tierra, se iban a desarrollar las luchas
campesinas por el derecho al trabajo, por el salario y por la
reducción del tiempo de trabajo; imbricándose las unas con las
otras, poco a poco iban a modificar la imagen convencional,
difundida por la ideología dominante, que caracterizaba al
campesino andaluz. De ser tosco y resignado, acabaría por
convertirse en el rebelde que lucha solidariamente por
conquistar su dignidad y por enderezar el rumbo de la
sociedad.
 III. EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y LAS LUCHAS POR LA
DEMOCRACIA

UNA DOBLE FIDELIDAD

Del libro de Díaz del Moral se desprende una idea primordial:

el comportamiento político de las masas populares cordobesas
obedecería a una especie de movimiento pendular del que se
aprovechaban los partidos de la oposición ‒el partido
republicano y el socialista‒ cada vez que la organización
anarquista degeneraba y se descomponía.121 Se trata de una
tesis original que se enfrenta con la interpretación más
extendida. Según ésta, apenas introducidas en la lucha política
gracias al sufragio universal, las masas campesinas andaluzas la
abandonaron muy pronto, a consecuencia de los sucesivos
fracasos de la revolución de 1868 y de la Primera República.
Entonces, siempre según esta interpretación, durante decenios
se dejaron llevar por el abstencionismo militante de una
minoría, refugiándose de este modo en una pasividad que
perjudicaba al progreso de la democracia. Los historiadores
que, según esto, imputan al anarquismo comportamientos
nihilistas ‒o incluso violentos‒ sólo pueden hacerlo
subestimando los obstáculos que se oponían a la libre
expresión de la opinión.

121 Díaz del Moral (1973), p. 198.

 El antagonismo de clases en Andalucía se encontraba tan
polarizado en torno al problema de la tierra, que las clases
dirigentes se hallaron ante la imposibilidad de fundamentar
democráticamente el consentimiento de los ciudadanos. Por
ello, ya establecido el sufragio universal, cuando se estaban
celebrando las elecciones a las Constituyentes, en enero de
1869, Andalucía aparecía a los ojos del cónsul francés en Sevilla
como «un país... ocupado militarmente y que, en la práctica,
recibía el trato de país enemigo». 122 Esta descripción resulta
igualmente apropiada para las elecciones legislativas de junio
de 1919, que tuvieron lugar mientras el general La Barrera,
investido por Maura de plenos poderes, se comportaba como
un verdadero procónsul. Todavía en junio de 1931, algunas
semanas después de la proclamación de la Segunda República,
Sevilla se veía recorrida el día de las elecciones a Cortes
Constituyentes por patrullas de la Guardia Civil y del ejército,
bajo pretexto de prevenir un complot contra el régimen. Y en
estos tres casos aun se trataba de comicios relativamente
abiertos. Lo más corriente era que el falseamiento de los
resultados electorales, perfeccionado por el sistema censitario
nuevamente en vigor, alimentase un abstencionismo de
carácter más estructural que militante: el propio Tusell
reconoce haber detectado «pocas muestras de propaganda
antielectoral durante el reinado de Alfonso XIII».123

Partiendo de esta constatación, resulta absolutamente

destacable el hecho de que el electorado popular, lejos de
dejarse intimidar, se movilizase cada vez que se abrían

122 AMAE, CCC, Sevilla, t. 4, 6 de enero de 1869.

123 Tusell (1976), p. 434.
perspectivas de cambio. En esos casos se pronunciaba sin
ambages en favor de partidos antimonárquicos. En la baja
Andalucía escogía preferentemente a los representantes más
populistas del republicanismo, tanto si se trataba de los
intransigentes durante el sexenio, como de los federalistas a la
vieja usanza o de los amigos de Martínez Barrio en la Segunda
República. En cualquier caso, al observarla de cerca, esta
participación popular no tenía nada de excepcional pues, a
partir de la introducción del sufragio universal, los hombres del
campo tomaron el camino de las urnas para designar a sus
propios ediles. En el ámbito local, votar por el candidato
republicano y más tarde por el socialista era ante todo
sancionar al patrono por su rechazo a negociar o incluso por su
comportamiento represivo. 124 Se tejieron de esta manera
estrechos lazos entre trabajadores y opositores políticos y se
establecieron hábitos que crearon, si no una tradición
democrática, al menos una tradición de lucha por la
democracia. Naturalmente, los dirigentes anarquistas no veían
con buenos ojos esta evolución. Pero debieron conformarse
con ella y acabar admitiendo, incluso a regañadientes, que en
tiempos de la Segunda República cualquier conocido militante
se convirtiese en alcalde de su localidad. 125

No hay solución de continuidad en el comportamiento de los

trabajadores andaluces de la revolución de 1868 a la Segunda
República. En febrero de 1871 los internacionalistas de Jerez se
inquietaban por el hecho de que «desanimaba mucho a los

124 Díaz del Moral (1973), pp. 352‒353, n. 98.

125 V.C. (1932), n.° 60: Pedro López, un amigo de A. Rosado, es alcalde de
Montejaque, pueblo de la serranía de Ronda donde el anarquismo arraigó temprano.
obreros el creer que ser de la Internacional les impedía ser
republicanos».126 En junio de 1931, los afiliados de la sociedad
de oficios varios (CNT) de Coria del Río, cerca de Sevilla,
votaban masivamente en favor del partido de Martínez Barrio;
esta actitud recuerda la del obrero barcelonés tal como ha sido
analizada por Romero Maura y que se puede caracterizar como
una doble fidelidad. Fidelidad, por un lado, a la organización de
masas y de clase que permite al trabajador asalariado mejorar
su condición cotidiana; y fidelidad al partido que mejor
encarna, correcta o incorrectamente, el ideal de una sociedad
en la que todos los productores estarían libremente asociados
y, en consecuencia, reconciliados (plataforma interclasista).

Estas fidelidades complementarias, no contradictorias,

explican el planteamiento adoptado aquí. En lugar de disociar
los movimientos campesinos de las contiendas políticas,
pretende inscribirlos en la intensa lucha política e ideológica
que se libra alrededor del problema de la tierra de la Primera a
la Segunda República. Por las mismas razones, también se
resiste a abstraer los estallidos de cólera campesinos,
frecuentemente provocados, de la política coercitiva de los
gobiernos de la monarquía restaurada. Tampoco considera
inmutable la actitud de las clases dominantes. La burguesía
agraria se encuentra, como el resto de las clases sociales,
sacudida por el contragolpe de los acontecimientos que
marcaron en España el paso del siglo XIX al XX: el desastre
colonial de 1898 y la crisis política y social de los años
1917‒1919. La relación de la burguesía agraria y el Estado se
modificó a medida que éste amplió su espacio de intervención:

126 AIT, Actas, I, 14 de febrero de 1871.

no parece probable que las masas populares y sus
organizaciones quedasen indiferentes a estas evoluciones
simultáneas.

FUERZA Y DEBILIDADES DEL REPUBLICANISMO ANDALUZ

Una fuerza subterránea

La revolución de 1868 revela la fuerza de la corriente

republicana que, según todos los especialistas del siglo XIX, se
remonta a mediados de los años 1850. Sin embargo, esta
fuerza se había mantenido subterránea debido a la política de
represión de las libertades, que siguió al fracaso del bienio
progresista.

Así pues, los republicanos, de un modo absolutamente

casual, tuvieron que organizarse en sociedades secretas o
semisecretas, muy jerarquizadas y muy estrictas respecto a sus
miembros en lo concerniente a la disciplina y la moralidad. De
este modo se creaba una tradición que marcó al
asociacionismo obrero naciente, desde que se vio reducido a la
clandestinidad con la prohibición de la Internacional. ¿No
reconoció uno de los inculpados en el proceso de «la Mano
Negra» que los afiliados a la federación local estaban
organizados en pequeños grupos, de diez personas, llamados
«decurias»? «¿Acaso no podían hacerlo de otro modo?, se
preguntaba entonces la muy legalista Revista Social. «No»,
respondió veinte años más tarde Tierra y Libertad... 127

Estas sociedades republicanas tenían una finalidad

estrictamente política: derribar por las armas un poder
opresivo, cuya arbitrariedad se hacía sentir vivamente en el
ámbito local. En Loja, Narváez hizo condenar a penas muy
duras a veinticuatro concejales, por el simple hecho de
distribuir entre los pobres los granos del pósito. 128 Estas
sociedades reclutaban a sus hombres entre los artesanos,
pequeños comerciantes y pequeños propietarios. También
había algunos militares, que jugaron un papel incluso
relevante, como el caso de Manuel María Caro García, quien en
junio de 1857 dirigió el levántamiento de Utrera.129 Además,
estas sociedades asumían funciones de organización de la
ayuda mutua y de moralización de la vida colectiva,
sustituyendo de este modo a los ineficaces poderes públicos:
en la propia Loja, la sociedad fundada por el herrador Pérez del
Álamo llevó a cabo una campaña contra el abuso del alcohol y
tuvo éxito, pues en un año redujo a la mitad los ingresos de los
consumos. En este sentido se podrían entender estas
sociedades de carácter interclasista como las matrices de una
sociabilidad popular duradera en el medio rural. Al evocar las
numerosas organizaciones republicanas surgidas en la
provincia de Córdoba tras la formación de la Conjunción
republicano‒socialista, en 1909, Díaz del Moral resalta la
continuidad de su composición sociológica: «Sus elementos

127 R.S. (5 de abril de 1883), y T. y L. (8 de febrero de 1902).

128 Pérez del Álamo (1971), p. 52.
129 Bernal (1979), p. 440.
integrantes seguían siendo los de siempre: hombres de
profesiones liberales, pequeños propietarios y arrendatarios,
obreros industriales y artesanos...».130

El desarrollo de las primeras sociedades republicanas se

produjo con el despliegue del liberalismo económico, bajo el
gobierno de O’Donnell. La venta de tierras de propios,
importante en la provincia de Cádiz, y de las instituciones de
beneficencia, acabaron de quebrar las estructuras de la
comunidad rural del Antiguo Régimen. También es el momento
en que se lleva a cabo el desmantelamiento del clero regular,
cuando sus efectivos llegaron al más bajo nivel (según Artola,
sólo quedaban 13.000 religiosas en todo el país: ¿cuántas
habría en Andalucía?). Se trata de un terreno favorable para
nuevas formas de indiferencia religiosa, incluso para el
anticlericalismo: en 1866‒1867, el duque de Almodóvar del Río
vio desfilar largos cortejos de obreros, acompañando el
entierro civil de uno de sus compañeros... El anarquismo
heredará muchos de los rasgos, de mentalidad y de normas de
comportamiento, de los que hemos venido hablando. Por otra
parte, le costó más tarde mucho trabajo y muchos esfuerzos
desvincularse de un modelo de microsociedad legado por este
republicanismo del siglo XIX.

Su popularidad, su capacidad de movilización y la profunda

impresión que habían dejado en la memoria colectiva las
anteriores insurrecciones populares, se evidenciaron en una
manifestación organizada por los federalistas de Sevilla, dos
meses después de la revolución victoriosa. Reunió a dieciocho

130 Díaz del Moral (1973), p. 227.

o veinte mil personas, estaba formada por cincuenta grupos y
la encabezaba Pérez del Álamo, que llevaba la bandera
desplegada en Loja en 1861. La manifestación también rendía
homenaje a los mártires de Utrera, fusilados en Sevilla en 1857,
cuyos retratos eran llevados «en medio de un solemne silencio»
por los miembros de la asociación de tejedores.131 Se trataba
de un desquite sobre los responsables de aquella matanza, el
gobernador Auñón y el general Lassala, que fueron relevados
de sus funciones por el gobierno de la reina el mes de julio.132
Sin embargo, la adhesión al orden proclamada por un buen
número de grupos no halló refrendo ni entre la mayoría ni en la
totalidad del territorio.

¿Qué revolución?

Por regla general, se presenta a la revolución de 1868 como

la superposición de tres procesos autónomos e
intrínsecamente contradictorios: un golpe de Estado
encabezado por generales contra una soberana que mantenía
un régimen corrupto e incompetente; una revolución política
que movilizó esencialmente a la población urbana; y una
revolución social ardientemente deseada por los campesinos
sin tierra. No cabe duda sobre el carácter esencialmente
antidinástico de la sublevación militar: siempre que pudieron,
situaron a hombres seguros al mando de las provincias, como
en Córdoba, donde la junta había exigido la disolución de la

131 AMAE, CPC, Sevilla, t. 70, 23 de noviembre de 1868.

132 AMAE, CCC, Sevilla, t. 4, 8 y 16 de julio de 1868.
Guardia Rural y el duque de Hornachuelos, gran propietario
rural y amigo de Serrano, fue nombrado gobernador civil antes
de verse reemplazado por Zugasti, célebre en la lucha contra el
bandolerismo.133 La decisión que mejor muestra su intención
de mantener el statu quo fue el desarme de las milicias, que
provocó la insurrección de las poblaciones de Cádiz y Málaga,
además de la designación del unionista Caballero de Rodas
como capitán general de Andalucía.

Pero, a nuestro entender, es un error considerar como

totalmente opuestas a unas capas urbanas interesadas
exclusivamente en el desarrollo de las libertades (tanto la de
asociarse como la de emprender) y unas masas rurales que
ante todo aspiraban al reparto, es decir, a una generalización
de la propiedad privada de la tierra. Se trata de un error que,
por una parte, sobreestima la dimensión del movimiento de
reparto de las propiedades ‒que se inicia muy pronto, en
otoño de 1868‒ y que, por otra, desdeña o ignora por
completo las reivindicaciones del pueblo llano de las ciudades.
Pues, en efecto, el epicentro del movimiento de reparto se
encontraba en las altas tierras gaditanas, zona que
concentraba toda una serie de rasgos negativos respecto a los
pequeños campesinos: reciente privatización de una masa
considerable de dehesas comunales, gran extensión de la
propiedad señorial y, por vía de consecuencia, de la
explotación foránea, signos que preludiaban la crisis,
especialmente en lo que concierne a la exportación de los
vinos. Hubo, ciertamente, algunas tentativas en el resto de las
provincias, pero, en el actual estado de los conocimientos,

133 Ibid., 27 de septiembre de 1868, y CPC, Sevilla, t. 74, 13 de marzo de 1870.

nada indica que éstas trascendiesen en una medida
apreciable.134 Muestra de ello fue el levantamiento armado del
otoño siguiente (octubre de 1869) que, dirigido por Salvochea y
sus seguidores, quedó localizado alrededor de Ubrique.

En el medio urbano, la distinción establecida por Hennessy

entre dos tipos de federalismo muestra claramente la
diversidad de las situaciones. 135 Por un lado, había un
federalismo de las ciudades, como el de Cádiz y Málaga, donde
los negocios estaban estancados y el problema del empleo se
manifestaba cruelmente, hasta tal punto que para las clases
populares la integración en la milicia era tanto un medio de
ganarse la vida como un signo de compromiso militante. Y, por
otra parte, se daba el federalismo de las ciudades más
prósperas, como Sevilla, cuya municipalidad decidió, en marzo
de 1869, rescatar a los jóvenes a quienes había tocado en
suerte acudir al servicio militar en la primera quinta de Prim:
con ello evitaba que la población se rebelase contra esta
medida, lo que sucedió en Jerez. Como vemos, las grandes
ciudades de la baja Andalucía ofrecen un panorama bastante
variado. En Cádiz, la derecha, dominada por los unionistas,
aparta de las listas electorales a un gran número de
ciudadanos, lo que lleva a los republicanos a boicotear los
comicios y refuerza entre ellos las tendencias insurreccionales.
En Sevilla, por el contrario, progresistas y republicanos se
reparten el poder. El gobierno civil recae en los progresistas,
cuyos dirigentes gozan de un alto respeto, como era el caso del
rector de la Universidad, Machado y Núñez, nombrado para

134 AMAE, CPC, Cádiz, t. 68, 18 y 24 de octubre, 2, 9 y 14 de noviembre de 1868.

Bernal (1979), pp. 451‒453.
135 Hennessy, cap. 3, pp. 60‒61.
este puesto en marzo de 1870. Por su parte, los republicanos
logran sin mayores dificultades conservar el control de la
municipalidad. Este reparto del poder contribuyó en gran
medida al mantenimiento de la tranquilidad pública, como en
diversas ocasiones hizo constar el consulado francés, a pesar
de las precoces manifestaciones obreras por el aumento de los
salarios. En Málaga, la situación era muy distinta: algunas
semanas después de la revolución, los miembros de la familia
Larios ‒propietarios de la manufactura de tejidos‒ se vieron
obligados, ante una muchedumbre de hombres armados, a
aumentar en un 20 por 100 los salarios de sus obreros.136

El asesinato de Prim, en diciembre de 1870, abrió un período

de inestabilidad política: en 1871 y 1872 se suceden sin cesar
las elecciones y los relevos en los ministerios. Hay dos
características mayores que se desprenden de unos datos
extremadamente fragmentarios, sobre todo en lo concerniente
a las elecciones municipales, que sin embargo fueron tan
numerosas como las legislativas. En las ciudades se registra un
pronunciado retroceso del partido republicano, debido a
diversos factores: crecientes presiones gubernamentales sobre
los electores, agravadas divisiones internas entre benévolos e
intransigentes, y creciente indiferencia política de los obreros,
mediatizados por la propaganda internacionalista: «Las clases
obreras ‒estima el cónsul de Francia‒ piensan más en actuar a
base de huelgas que tomando las armas».137

Durante estos dos años, el abstencionismo es muy elevado y

136 Sobre las manifestaciones: AMAE, CCC, Sevilla, t. 4, 19 de octubre de 1868, y

CPC, Cádiz, t. 68, 24 de octubre de 1868.
137 AMAE, CPC, Sevilla, t. 78, 16 de enero de 1872.
los candidatos ministeriales sólo logran un pequeño número de
sufragios. En el medio rural, no es cierto que el desapego
popular por la causa republicana fuese tan fuerte como se
pretende. En Morón de la Frontera el electorado popular
acudió a las municipales de diciembre de 1871 para derrotar al
hombre que encarnaba el poder de las clases dominantes,
Francisco Candau. Este rico propietario era además, en
aquellos momentos, ministro del Interior. Dos meses antes se
había comprometido ante los diputados a utilizar el Código
Penal, para así mejor combatir la Internacional. Los
internacionalistas locales reaccionaron enviando al gran
periódico republicano de Madrid, La Igualdad, una muestra del
pan de mala calidad con que Candau alimentaba a sus
obreros.138 Un gesto meramente simbólico, ciertamente, pero
cuyo mensaje político quedaba muy claro: al utilizar la papeleta
de voto, la gente del pueblo podía defender sus intereses.

La llegada al poder de Ruiz Zorrilla en junio de 1872 abre

camino al relanzamiento de un sistema de reformas políticas y
económicas. También se ve seguido inmediatamente por un
recrudecimiento de las luchas sociales y luego por un sensible
avance de los republicanos en las legislativas del mes de
agosto. En el plano social, la situación se degrada, tanto en las
ciudades como en el campo. El 22 de junio, en Jerez de la
Frontera, una banda de republicanos armados, llegados de
Sanlúcar de Barrameda, y unos trabajadores ocupados en la
cosecha de los cereales se enfrentaron en una breve
escaramuza, en la que se produjeron actos de pillaje e incluso

138 Ibid., Sevilla, t. 76, 17 de diciembre de 1871.

un asesinato.139 El episodio, generalmente silenciado, prefigura
lo que sucederá veinte años más tarde. En Málaga, a fines de
julio, todos los oficios se declaran en huelga; los obreros de las
hilaturas Larios aguantan durante tres semanas, pero no
obtienen absolutamente nada. 140 Desde el punto de vista
político, el hecho más importante reside en el voto republicano
en el medio rural (98.000 votos), concentrado en un 60 por 100
en la baja Andalucía y repartido de manera bastante uniforme
entre siete de los nueve distritos de las provincias de Cádiz y
Sevilla. 141 Este comportamiento del electorado rural contrasta
con el escaso eco que encuentra la tentativa insurreccional de
los intransigentes en el otoño siguiente, limitada a la zona de
Linares y algunos pueblos gaditanos.

El año de 1873 marca el período decisivo del ciclo

revolucionario. El sangriento levantamiento de Montilla, que se
produjo al día siguiente a la proclamación de la República,
aparece como un caso aislado de exasperación popular,
provocada por la actuación de una banda monárquica armada,
la «Partida de la Porra». 142 Ciertamente, se produce un poco
por todos lados un movimiento de apropiación de las tierras y
de sus productos (aceitunas), sobre todo en los campos
sevillanos: pero no llega a consolidarse, sin duda porque las
autoridades locales, que se mantuvieron en sus lugares,
controlaron la situación. Por lo demás, el veredicto de las
elecciones de mayo a Cortes Constituyentes fue perfectamente

139 Ibid.y Cádiz, t. 78, 23, 24 de junio y 4 de julio de 1872.

140 Ibid., Málaga, t. 78, 31 de julio, 7 y 20 de agosto de 1872.
141 Cuadrado (1969), I, cuadro pp. 366‒389.
142 Díaz del Moral (1973), pp. 85‒89.
claro en Andalucía. La tasa de participación fue bastante
elevada, teniendo en cuenta la falta de competencia: varía de
la mitad (Sevilla) a los dos tercios (Málaga) del cuerpo
electoral; en Cataluña fue del 30 por 100 solamente. La nota
dominante fue el voto masivo de los distritos rurales en favor
de los republicanos, un voto que representó el 80 por 100 del
medio millón de sufragios obtenidos por éstos en la región.

En cualquier caso, la esperanza que parecía constituir

Andalucía para la República se transformó muy pronto en un
peligro, según palabras de Pi y Margall. 143 A fin de proteger la
capital de sus enemigos, especialmente de los carlistas, el
gobierno de Madrid redujo las guarniciones de otras ciudades.
Milicias, formadas principalmente por obreros, aseguraron a
partir de entonces las funciones de la policía. Al debilitarse el
Estado, las autoridades municipales de Cádiz y Sevilla apoyaron
las reivindicaciones obreras de la primavera, referentes al
aumento de los salarios y a la reducción de la jornada de
trabajo.144 Su actitud contrasta, como resulta evidente, con los
procedimientos empleados a principios de verano en Jerez,
Paradas y Carmona con los obreros agrícolas, cuyas secciones
afiliadas a la Internacional fueron registradas por la policía; en
represalia, alrededor de Jerez se quemaron varios campos de
cereales. En esta confusa situación, la acción llevada a cabo en
Cádiz a partir de principios del mes de marzo por parte de su
alcalde, Salvochea ‒todavía federalista y ya internacionalista‒,
prefigura la orientación que la facción extremista del partido

143 Pi y Margall, p. 145.

144 AMAE, CPC, Cádiz, t. 82, 7 de mayo de 1873, y Sevilla, CCC, t. 5, 6 y 13 de
mayo de 1873.
republicano imprimirá al movimiento cantonalista: mucho
anticlericalismo, algunas medidas de justicia fiscal y la voluntad
de reforzar las milicias con pedidos de armas al extranjero.
Pero, en el aspecto agrario, ni el más mínimo rastro de
programa social...145

Desde este punto de vista el cantonalismo, movimiento

esencialmente urbano con dirigentes pequeñoburgueses, opta
por la vía contraria a la política que Pi y Margall intenta llevar a
cabo, de conformidad con su programa de gobierno del 13 de
junio. El 12 de julio su ministro de Hacienda, Carvajal, presentó
un proyecto de ley que estipulaba el fraccionamiento de las
tierras colectivas y la venta a plazos de sus lotes. Sin embargo,
a éste no se refería para nada la proclama del cantón sevillano
del día 19 de julio: «El Ayuntamiento y los voluntarios
condenan el más leve ataque a la propiedad y hasta el menor
pretexto para turbar el orden...».146 Con ello, parecía darse la
razón al primer diario marxista español, La Emancipación, que
el 15 de febrero ya había hecho la siguiente apreciación:
«Nacida de las veleidades de un partido liberal de la burguesía,
la república española viene únicamente a establecer la libertad
y asegurar el orden; aquí se detiene su misión».

De hecho, la alianza tácita entre los dirigentes federalistas e

internacionalistas era una verdadera trampa para las fuerzas
populares, incluso en el caso de que viesen reconocido el
derecho al trabajo y obtuviesen la jornada de ocho horas,
concesiones destinadas a salvaguardar la paz social. Esta

145 Aubert (1986), p. 21.

146 Lida (1973), pp. 363‒364.
alianza, que daba la espalda al pequeño campesinado, era de
extrema fragilidad: en Sevilla, de 3.000 voluntarios hubo
únicamente 300 que resistiesen durante 48 horas a las tropas
de Pavía; en Cádiz, el final fue menos glorioso, ya que
Salvochea capituló y entregó sus poderes al cuerpo consular...
A contrario, la ausencia de cantón en Jerez revela la posición de
clase de los federalistas, que aceptan los sufragios de los
conservadores para oponerse mejor a los «socialistas»
locales. 147 Forzoso es reconocer que, tanto en su plataforma
como en su práctica, el cantonalismo andaluz, por muy
«anticentralista» que fuese, no tenía nada de progresista. Y, al
menos por un cuarto de siglo, cualquier posibilidad de resolver
el problema agrario por la vía de la reforma quedó borrada del
horizonte político.

Una sorda lucha de influencia

El siguiente período de represión de las libertades, que se

abrió con la Restauración, impidió a las numerosas fracciones
de un republicanismo atomizado medir su influencia electoral
hasta las legislativas de 1891, las primeras que, tras quince
años, se hacían por sufragio universal. Sin embargo, hay al
menos dos signos reveladores del persistente vigor del ideal
republicano. En primer lugar, el rey Alfonso XII fue acogido con
extrema frialdad por las poblaciones de Cádiz y Sevilla en sus

147 AMAE, CPC. Cádiz, t. 82 y CCC, Sevilla, t. 5. AIT, Actas, II, 11 y 15 de agosto de
1873. Véase también Drochon, Martínez Shaw y Moreno Aparicio.
visitas de marzo de 1877, octubre de 1879 y febrero de
1882.148 Por otra parte, en los años 1880 la prensa anarquista
multiplicó sus advertencias a los comités federalistas,
«pactistas», que a su entender se esforzaban por impedir que
los trabajadores se organizaran de una forma autónoma en su
propia federación, la FTRE. No fue casual que, en febrero de
1886, los internacionalistas de Barcelona sintiesen la necesidad
de resaltar el «inmenso abismo» que les separaba del partido
republicano federal, «el único partido liberal que solicita el
apoyo de las masas populares». 149 En cualquier caso, las
relaciones entre anarquistas y republicanos no se vieron
siempre marcadas por el signo de la rivalidad. En Cádiz,
Salvochea fue un precursor al unir a unos y a otros en una
sociedad, el «Círculo librepensador de Guillén Martínez», cuyo
declarado objetivo era combatir el oscurantismo. A fines de
siglo, una mujer, Belén Sárraga, militante del librepensamiento,
representó un papel parecido en Córdoba y Málaga: fue la
impulsora de un periódico y la consejera de círculos como «Los
Amigos del Progreso», donde se codeaban «librepensadores,
republicanos y ácratas».150

En las legislativas de 1891, con la mitad de candidatos que

escaños a cubrir, los republicanos obtuvieron un resultado
honorable ‒más de 70.000 votos‒ respecto al logrado en 1872,
últimas elecciones abiertas. Además, los sufragios obtenidos se
repartieron de forma equilibrada entre distritos urbanos y

148 AMAE, CPC, Cádiz, t. 91, 21 y 28 de marzo de 1877; Sevilla, 31 de marzo de

1877; t. 92, Cádiz, 27 y 31 de octubre de 1879; t. 94, Cádiz, 27 de febrero de 1882.
149 Bandera Social, n.° 55: manifiesto del 23 de febrero de 1886.
150 Díaz del Moral (1973), p. 185. Sup. RB (12 de mayo de 1900 y 12 de enero de
1901).
rurales, aunque eso ya no volverá a repetirse: en lo sucesivo, la
influencia republicana en el medio rural se debilitó
continuamente, concentrándose en las provincias de Córdoba y
Jaén, es decir, en aquellos lugares donde la penetración del
movimiento obrero fue más tardía. Por el contrario, esta
influencia se recupera sensiblemente en el medio urbano en
las elecciones del primer decenio del siglo XX; su techo lo
alcanza en 1910, con más de 50.000 votos, 10.000 de los cuales
eran malagueños.151

Una serie de factores explica la imposibilidad en que se

encontraron los republicanos para consolidar su influencia. Los
conservadores, que aceptaron a regañadientes el
restablecimiento del sufragio universal, se vieron obligados,
apenas recuperado el poder, a hacer frente a la pujante
movilización popular, animada por la celebración del Primero
de Mayo, y endurecieron su actitud, siendo imitados por los
liberales, que procuraban conservar a sus votantes. Desde
1893, la intrusión del gobierno en la campaña electoral fue de
tal calibre que los republicanos cedieron nuevamente, como en
1870 y 1871, a la tentación del «retraimiento». Justificaron su
posición denunciando «la farsa electoral»: un discurso que se
parecía mucho al que los anarquistas mantenían desde hacía
veinte años...

Al cambio de siglo, la estructuración del Partido Radical de

Lerroux introdujo un elemento de novedad y perturbación en
el panorama político, elemento generalmente subestimado por

151 Tusell (1976), pp. 410‒411: «Votos y candidatos republicanos en Andalucía»

(1891‒1923).
lo que respecta a Andalucía. Sin embargo, la reacción al clero,
que alimentaba el ambiente anticlerical, era tan vigorosa como
en el resto del país; por ello, el resurgir de la procesión del
Rosario en 1895 fue interpretada como una provocación por el
pueblo de Cádiz.152 Y la propia Iglesia patrocinó en 1898 el
congreso de «la Buena Prensa», en Sevilla, precedente
inmediato de la aparición del diario católico El Correo de
Andalucía. Así pues, el ambiente era tan favorable como en
Cataluña o Levante para que los republicanos intentaran
rehacer su virginidad política, explotando el sentimiento
anticlerical que se mantenía vivo en los medios populares.

Lo ocurrido en Jerez ilustra perfectamente la sorda lucha de

influencia que oponía a anarquistas y republicanos: Manuel
Moreno Mendoza, según parece un hombre de origen
modesto, organizó los oficios ligados a la producción del vino,
viticultores y toneleros, y federó a su alrededor a las
sociedades de trabajadores de la tierra. Lo hizo en base a una
plataforma auténticamente reformista, que se expuso
detalladamente en una colaboración a una encuesta sobre la
clase obrera, organizada por Moret en 1902.

La conclusión no ofrece dudas sobre el pensamiento de sus

autores:

No olvidemos que es preferible que nosotros preparemos

mediante lenta evolución la transformación que los
tiempos reclaman, a que llegue un día en que el rasero
terrible y desastrosamente nivelador de una revolución,

152 AMAE, CPC, Cádiz, t. 102, 14 de octubre de 1895.

 producida por el hambre y exacerbada por la ignorancia y
el odio de clases, venga a ahogar en sangre nuestro
insaciable y torpe egoísmo...153

En materia agraria, se nota una sensible evolución en

comparación con el proyecto defendido por Pi y Margall aún en
1894, consistente en orientar la desamortización de las tierras
comunales en un sentido progresista: se trataba ya de
fraccionar la gran propiedad privada.

Las vivas y frecuentes críticas de que fue objeto Moreno

Mendoza en los periódicos anarquistas ‒Suplemento a la
Revista Blanca, La Protesta y Tierra y Libertad‒ nos indican la
influencia que debió ejercer en toda la comarca jerezana.154
Como Lerroux, se apoyaba en un diario, La Unión Obrera, en
los miembros republicanos del Ayuntamiento (propietarios y
profesores) y en las organizaciones locales del partido:
Fraternidad Obrera Republicana y Juventud instructiva obrera
radical. En 1910, ya podía alardear de haber extirpado las ideas
anarquistas de la cabeza de los obreros de Jerez. Luego,
desarrolló una larga carrera política, en la que destaca su
elección como diputado en junio de 1931, año en que también
fue alcalde de Jerez hasta el mes de diciembre. Una trayectoria
de notoria continuidad, paralela a la de Diego Martínez en el
campo anarquista.

153 AMJ, legajo 116 (2), Expuesto al Ministerio de la Gobernación de la Sociedad de

Viticultores, 8 de octubre de 1902.
154 Sup. RB. (25 de mayo de 1900): «La Unión Obrera, de Jerez, nos cuenta que su
ídolo Manuel Moreno era quincallero y que antes había sido gañán, teniéndolo a mucha
honra».
 Pero, en general, los centros locales de las organizaciones
republicanas, que unificaban a todas las tendencias,
constituyeron durante este período unas estructuras de
acogida para las sociedades de resistencia anarquizantes. Díaz
del Moral ofrece numerosos ejemplos para la provincia de
Córdoba, pero el fenómeno fue general, pues se produjo tanto
en Antequera (en 1902 los trabajadores se reunían en el Centro
de Unión Republicana) como en Jerez, en una fecha tan tardía
como 1911: en ese año, los campesinos anarcosindicalistas se
creían obligados a justificar su vinculación a la Casa del Pueblo
radical, bajo la égida de la cual tuvo lugar en 1912 la
conmemoración del Primero de Mayo. 155 Como en Barcelona,
las gentes del pueblo ya no estaban en la calle. A partir de ese
momento disponían de un lugar propio donde reunirse,
entretenerse y concertarse entre trabajadores de distintos
oficios. Bajo diferentes nombres y formas, el círculo
republicano era un modelo para los obreros militantes,
especialmente para los anarquistas cuya federación local,
dotada de una amplia autonomía, quedaba muy cercana al
modo de funcionamiento del partido republicano. Se trataba
del crisol de una cultura política, cuyo principal denominador
común consistía en el rechazo, casi visceral, de los
profesionales de la política, tildados de «vividores», y en la no
menos profunda vinculación a la persona de los dirigentes, que
por sus hechos y actitudes se erigían en ejemplo.

La influencia, en definitiva, del ideal republicano rebasó en

mucho su traducción electoral, pues se ejerció a través de una
red asociativa marcadamente capilar. Bajo el punto de vista de

155 T. y L. (1 de marzo de 1911). AMJ, legajo 508, 5 de mayo de 1912.

la antropología histórica fue, sin lugar a dudas, tan importante
como la adhesión al revolucionarismo anarquista, minoritario
en el medio rural durante mucho tiempo.

EL ORDEN DE LOS PROPIETARIOS

En los primeros años de la Restauración surgió el espectro de

«La Mano Negra», una temible asociación de malhechores que
liquidaba físicamente a los adversarios de su causa y a sus
traidores. Era un espectro tan profundamente incorporado a la
imaginación colectiva que resurgía siempre que el desamparo
de los desheredados se expresaba de forma violenta: así, en
1892, unos días después del motín de Jerez, El Imparcial
publicaba en su edición del 21 de enero un artículo sobre «La
Mano Negra», cuyo título se presentaba bajo forma de un
espantoso jeroglífico. Un espectro que acosaba de tal modo al
espíritu de los hombres de Estado que, medio siglo más tarde,
fue invocado por Azaña para explicar la permanencia de los
comportamientos violentos en la baja Andalucía. Aunque, en
realidad, la unidad de lugar (los campos gaditanos) era el único
factor común de hechos tan distintos como los procesos de
Jerez o el putsch de Casas Viejas.

El asunto de «La Mano Negra», a partir del cual se construyó

una interpretación unilateral y mistificadora del anarquismo
rural andaluz, no se puede eludir bajo pretexto que la
existencia de una sociedad secreta nunca pueda ser dilucidada.
Tanto la crónica judicial como la prensa de la época,
especialmente la obrera, ofrecen suficiente información como
para que hoy en día sea posible demostrar que se organizó
conscientemente la represión con el fin de impedir el
desarrollo de un sindicalismo moderno, que expresase unas
reivindicaciones muy concretas y conquistase mejoras. En este
sentido, debemos reconocer que esta represión fue ejemplar.

Hay trabajos recientes que se han extendido largamente en

los factores económicos de carácter coyuntural que pudieron
contribuir a la extremización de las tensiones sociales. 156 Como
Díaz del Moral, aquí pondremos el acento en el grado de
organización y el nivel de concienciación alcanzado entre los
campesinos cada vez que los dirigentes de la monarquía
restaurada acudieron en socorro de la burguesía agraria: en
1882‒1883, en 1892 y en 1903.

Los grandes procesos

Hubo tres procesos en que se trató de «La Mano Negra».

Tuvieron lugar en Jerez de la Frontera y se sucedieron en un
corto lapso de tiempo, de fines de mayo a fines de septiembre
de 1883. Los inculpados en esos procesos fueron acusados de
haber perpetrado crímenes con premeditación contra gentes
del pueblo, no contra propietarios o notables. 157 El primer

156 Brey en Seis Estudios... (1984). Castro Alfin (1986).

157 Es lo que sostiene, en vano, uno de los abogados, José Luque: «aquí el delito se ha
realizado dentro de los mismos asociados contra uno que era uno de tantos, por
consiguiente ... la sociedad en general no debe alarmarse»: Proceso, II, pp. 296‒297.
sospechoso, Juan Galán, capataz de una viña, fue aprehendido
el 4 de diciembre de 1882 por un triple asesinato cometido la
noche anterior, cerca de Jerez. Se detuvo a otros sospechosos a
lo largo de los días y semanas siguientes; algunos de ellos
fueron liberados y nuevamente detenidos. A fines de enero de
1883, los arrestos se multiplicaron y el número de detenidos
rebasó rápidamente los cuatrocientos. Dieciséis de ellos fueron
entonces acusados de haber asesinado, el día 4 de diciembre
precisamente, a un joven trabajador agrícola, «el Blanco de
Benaocaz», cerca del pueblo de San José del Valle, a 15
kilómetros de Arcos de la Frontera. A mediados de febrero, el
descubrimiento bajo una piedra (!), en pleno campo, de un
documento justificando la eliminación de traidores a la causa
de los trabajadores, desencadenó una campaña de prensa
(interrumpida a fines de marzo) y un debate en el Congreso de
los Diputados el día 28 de febrero. A principios de marzo, otro
obrero de la viña, Cristóbal Durán, fue detenido: se le acusaba
del asesinato de un guarda de campo cometido el verano
precedente (!) cerca de Arcos. El 13 de marzo, el primer
inculpado, Juan Galán, se desdice de sus confesiones y
denuncia los malos tratos recibidos de la Guardia Civil. A
principios de abril, el asesinato de un modesto posadero cerca
del Puerto de Santa María dio lugar a una instrucción muy
rápida y a un breve proceso («Venta del Empalme»), al término
del cual los cuatro inculpados fueron condenados a muerte
(luego sus penas fueron conmutadas por trabajos forzados a
perpetuidad). A fines de abril, el fiscal, Pascual Doménech,
presentó sus conclusiones contra los presumibles autores del
asesinato de «el Blanco de Benaocaz»: con ello, se llegó al
momento de la apertura del más largo (del 5 al 18 de junio de
1883) e importante proceso contra «La Mano Negra», el
proceso de la Parrilla, nombre de la explotación agrícola en la
que estaban empleados la mayor parte de los dieciséis
acusados.

La importancia del proceso de la Parrilla se debe en gran

parte al encarnizamiento con que el fiscal se dedicó a
convencer a los jueces, y por lo tanto a la opinión pública, de
que algunos de los inculpados eran los jefes de una banda
criminal y, en consecuencia, los instigadores del crimen. Poco
le importaba no poderlo probar: le bastaba con reunir un haz
de presunciones, fundamentadas esencialmente en la delación,
contra aquellos de quienes exigía la cabeza. Al actuar de aquel
modo, Doménech seguía las intimaciones que el representante
de la burguesía agraria, Francisco Candau, acababa de dirigir a
Pío Gullón, ministro liberal del Interior. Ante el fulgurante
avance del colectivismo anarquista, que a partir de entonces
reclutaba adeptos entre los propietarios «en mayor o menor
escala», era ya hora ‒según Francisco Candau‒ de anteponer la
justicia a la libertad. El ministro dio entonces garantías al
interpelante: se había detenido a «los jefes más
caracterizados».

De los cuatro inculpados que habían sido designados

formalmente como jefes de la sociedad secreta que
supuestamente había mandado asesinar a «el Blanco de
Benaocaz», tres de ellos fueron considerados como integrantes
del núcleo dirigente de la federación del Valle. Se trata de los
hermanos Corbacho ‒el menor de los cuales, Pedro, gestionaba
los bienes que poseía en la aldea de Alcornocalejo con su
hermano Francisco‒ y de Juan Ruiz, antiguo empleado de los
consumos en Arcos, preceptor de los hijos de ambos hermanos
y él mismo padre de familia. El cuarto, Bartolo Gago de los
Santos, era «maestro de molino» en la propiedad de la Parrilla:
también era primo del «Blanco» y, según se creía, por él se
adhirió a la asociación regional de los trabajadores, cuyo
objetivo era «socorrerse mutuamente en caso de
necesidad».158 Bartolo fue quien, al final de la instrucción y
luego, durante la declaración, acusó a los hermanos Corbacho
de haber dado por escrito la orden de hacer desaparecer a «el
Blanco», que estaba a su servicio como aperador desde hacía
diez meses. ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Querían castigar al
joven por su disoluta conducta? ¿Querían liquidar una deuda
que habían contraído con él? Bartolo variaba demasiado en sus
declaraciones como para concederle crédito alguno.

La actitud de Pedro Corbacho y sus allegados fue muy

distinta. Pedro Corbacho no varió ni una sola vez sus
declaraciones. Negó de punta a cabo los hechos en que se
basaba su acusación, especialmente su pertenencia a cualquier
asociación. El único punto en que se le pudo poner en
dificultades era el que hacía referencia a una suma de dinero
que él guardaba a petición del «Blanco», reunida a base de
retenerle una parte de su salario. Roque Vázquez, su vaquero y
presunto mensajero entre la junta de Alcornocalejo y el grupo
de la Parrilla, mantuvo la misma actitud: no sabía nada.
Francisco Corbacho y Juan Ruiz, que en la instrucción habían
confesado su adhesión a la FTRE, se retractaron durante el
proceso. Tres meses más tarde que Juan Galán, Ruiz también
declaró haber sido torturado por la Guardia Civil dos días
después de su arresto. El hecho es que, por su función de

158 Proceso, II, p. 53

policía judicial, la Guardia Civil contribuyó en gran medida a
orientar la instrucción. El capitán Oliver no tardó en hacer
confesar la adhesión de numerosos detenidos a la asociación.
Luego presionó a Bartolo Gago para que denunciase a los
Corbacho como jefes de la asociación e instigadores del
crimen. Finalmente, el 7 de abril hizo comparecer al principal
testigo de cargo, Cayetano de la Cruz, el expósito, un
analfabeto de 46 años que trabajaba bajo las órdenes de
Bartolo. Su declaración contenía los nombres de todos aquellos
que luego serían condenados a muerte. Sin embargo, ninguno
de los dos logró salvar la cabeza: Bartolo fue ejecutado y
Cayetano apareció colgado en la prisión...

Las presiones sufridas por los acusados hacen que sus

declaraciones durante la instrucción deban quedar en tela de
juicio: se produjeron malos tratos, se les retuvo largos períodos
en los calabozos y, probablemente, se les hicieron falsas
promesas... 159 No es de extrañar, por ello, que aquellas
declaraciones se viesen contradichas en el juicio oral. Pese a
todo, un minucioso examen de unos y otros aporta cierta luz
sobre el proceso de implantación de la organización anarquista
de masas entre los trabajadores de la comarca. Se dio un
descubrimiento fortuito, empírico, de la existencia de una
asociación de trabajadores por contactos directos con
segadores de Arriate, pueblo cercano a Ronda. 160
Simultáneamente, también se registró una propaganda oral
más o menos sistemática, llevada a cabo por un tal Maximino,

159 Ibid., pp. 131, 169 y 183.

160 Ibid.. pp. 31‒32.
habitante de Ubrique.161 Bajo mano, hubo una amplia difusión
de la memoria del congreso de Barcelona de septiembre de
1881 y del órgano oficial de la FTRE, Revista Social: únicamente
los más instruidos podían leerlo, pero muchos inculpados lo
conocían de oídas o incluso habían escuchado la lectura de
algunos fragmentos.162

Arriate, Ubrique: no es casual que la FTRE creciese a partir de

esas comarcas montañosas hacia los alrededores. Había
secciones campesinas importantes y, además, Ubrique era en
aquellos momentos la sede de la Unión de los Trabajadores del
Campo. San José del Valle, centro de una comarca
relativamente poblada aunque de hábitat disperso, pudo
constituir una buena tierra de misión para los propagandistas
de la federación. En realidad, su actividad empezó a dar frutos
en el mes de agosto de 1882, tras una reunión mantenida en la
cabaña de Bartolo: en ese momento se produjeron las primeras
adhesiones entre los trabajadores de la Parrilla, seguidas por
otras en noviembre y diciembre. En el congreso de Sevilla de
fines de septiembre, la federación del Valle ya censaba a 110
afiliados. No cabe duda de que el anarcocolectivismo estaba en
plena expansión en aquella comarca en el momento en que
estalla el asunto de «La Mano Negra». También es sabido que
la Guardia Civil buscaba sistemáticamente, desde hacía meses,
cualquier pretexto que pudiese confundir el movimiento de
organización de los trabajadores con el bandolerismo. Y es
notorio que a partir de los congresos de la FTRE y de la UTC
multiplicó, durante los meses de octubre y noviembre, el

161 Ibid., pp. 59, 64 y 316.

162 Ibid., pp. 64, 110, 138 y 167‒168.
despliegue de maniobras de intimidación entre los miembros
más conocidos de la federación.

Este contexto de represión preventiva permite poner en

claro los contrastes de actitud entre los inculpados. Los obreros
agrícolas de la Parrilla, a pesar de sus diferencias, se
solidarizaron con Bartolo. Repitieron hasta la saciedad que su
asociación era «lícita» y que cometieron el asesinato del que se
les acusaba bajo el imperio del miedo que les inspiraban los
Corbacho. Ambos hermanos ‒«de posición desahogada»,
según los abogados‒163 mantenían que no tenían nada que ver
con aquellas gentes. Su línea de defensa era totalmente
coherente.

Eran, efectivamente, suscriptores de la Revista Social, como

declaró Ruiz en la instrucción, y por ello sabían que aquella
publicación, lejos de empujar al crimen, ponía constantemente
en guardia a sus lectores contra las provocaciones de la
burguesía agraria. 164 También sabían que la Revista Social
defendía firmemente la estrategia tradeunionista de la FTRE,
que concedía absoluta prioridad a la acumulación de las
fuerzas organizadas respecto al desarrollo espontáneo de las
huelgas o, en general, de todas las formas aventureras de
acción. El objetivo seguía siendo la constitución de «libres
asociaciones de productores libres». Y esa estrategia era la que
más temía la burguesía agraria, cuyo portavoz, Candau, la
había analizado muy lúcidamente ante los diputados; 165

163 Ibid., pp. 282 y 331.

164 R.S. (24 de agosto de 1882). «Misceláneas doctrinales».
165 «Esta secta marcha y ... aplaza la lucha hasta que llegue el momento oportuno, y
mientras tanto organiza sus huestes y las alienta para que aflijan al capital...»
esperando que los poderes públicos sacaran de ello las
consecuencias.

El carácter eminentemente político del proceso se puso en

evidencia tanto por los informes del fiscal como de la defensa.
El fiscal partía del supuesto de que todos los inculpados
pertenecían a «una asociación en que hay distintos grados,
unos más iniciados que otros». Este supuesto se basa en la
«extraña» coincidencia que se daba entre los hechos
reprochados y el contenido de los documentos descubiertos en
1879 (el famoso Reglamento del Núcleo Popular). La acusación
se construyó con esta amalgama de la causa juzgada y unas
investigaciones judiciales anteriores. A partir de ahí, los simples
indicios se convierten en pruebas y las confesiones de la
instrucción tienen un valor al menos igual a las declaraciones
hechas en la audiencia pública. Indicios y confesiones
contribuyeron a formar la íntima convicción del magistrado de
que aquél no era un crimen vulgar, sino «un asesinato hecho
con alevosía y premeditación». 166 Los cinco defensores,
nombrados de oficio, se quejaron de la campaña alarmista
desencadenada por la prensa y trataron de llevar el asunto
hacia un crimen de derecho común. Intentaron descargar de
culpa a sus respectivos clientes fiándose exclusivamente de sus
declaraciones públicas o de las de los testigos. José Luque,
defensor de Ruiz, criticó veladamente el modo en que se
arrancaron las confesiones. Joaquín Pastor y Landero,
contradiciendo al fiscal, se declaró íntimamente convencido de
que el ministerio público cedía ante las instrucciones

166 Proceso, II, pp. 237‒278.

gubernamentales.167 Un temor que no tardó en justificarse,
pues el Tribunal Supremo agravaría más tarde el veredicto de
Jerez, al aumentar de siete a quince el número de condenados
a muerte, entre los que se contaba Ruiz. Sabemos hoy en día
que el ministro de la Guerra, Martínez Campos, estaba
informado desde noviembre de 1882 de las investigaciones
llevadas a cabo por la Guardia Civil para identificar a los
dirigentes de la Internacional. 168

La versión novelesca del proceso que ofreció mucho más

tarde el célebre criminalista Bernaldo de Quirós, no resiste el
análisis. 169 Lejos de ser «una verdadera, grande y larga
tragedia» fue, en realidad, una tragicomedia o, si se prefiere,
una parodia de justicia. Se trataba de acreditar la idea de que
unos trabajadores jóvenes y honrados estaban
irremisiblemente abocados por su rusticidad a ser los
instrumentos de personas de rango social más elevado, pero
de inteligencia pervertida debido a su adhesión al colectivismo.
Así se comprende la embarazosa posición de la Revista Social,
que durante el proceso se refugió en una prudente expectativa,
y las distancias que la FTRE mantuvo respecto a los condenados
a lo largo del congreso de Valencia, en octubre de 1883.
También resulta muy comprensible que los herederos de la
FTRE emprendiesen a principios de siglo, cuando había una

167 Ibid., pp. 301 y 314.

168 Lida (1969). En la comunicación del director de la Guardia Civil al ministro se
puede leer esto: «...en carpeta reservada conservo relaciones nominales de los principales
agentes instigadores de diferentes localidades, para poder en su día darles el golpe de
gracia merecido si nos lo permite el Código y presentan bien las circunstancias» (Las
cursivas son mías).
169 Bernaldo de Quirós (1973), 2.a ed., pp. 162‒167.
coyuntura política más favorable, la rehabilitación de los
Corbacho y de Juan Ruiz, que a partir de entonces quedaron
reconocidos como los responsables de la organización de San
José del Valle. La campaña de Tierra y Libertad, sus numerosos
artículos y los testimonios de los supervivientes, confirman la
deliberada voluntad del poder de acabar en su embrión con un
movimiento social naciente. Pero mantiene el equívoco inicial
sobre la verdadera personalidad de «el Blanco de Benaocaz» y
sobre el tipo de organización que habían establecido los
trabajadores de la Parrilla. 170 De este modo, se alimenta una
corriente historiográfica para la cual las formas de protesta
campesina importan más que sus propias motivaciones.

Efectivamente, con el paso del tiempo otras coincidencias

‒mucho más sorprendentes que las que tanto inquietaban a
Pascual Doménech‒ nos llaman la atención. El clima social
estaba profundamente degradado cuando se produjo el
proceso de la Parrilla; sirva como muestra que a fines de enero
de 1883 se produjeron robos en panaderías de Jerez. De la
lectura de la Revista Social también se desprende que los
cultivadores se esforzaban por generalizar el trabajo a destajo,
que Candau prefería llamar «trabajo contratado»; según él, era
el «sistema adoptado hoy para las tres cuartas partes de las
faenas agrícolas de Andalucía», y constituía un progreso
respecto al «trabajo asalariado». Lo cierto es que la burguesía
agraria veía en este sistema el modo de reducir sus costes
salariales, en una coyuntura marcada por las pésimas cosechas
de 1881‒1882. Y el proceso de la Parrilla se inició precisamente
en vísperas de una siega que se anunciaba excepcional, lo que

170 T. y L., serie de artículos del 25 de enero al 31 de mayo de 1902.

condujo a los trabajadores a exigir la abolición del destajo. El
poder respondió en dos planos distintos: enviando soldados a
segar y abriendo un proceso espectacular... 171 El proceso que
se intentó abrir a Juan Galán tres meses después confirma que
los objetivos de la represión eran indisociablemente políticos y
económicos. Para Pascual Doménech, el asesinato del que
acusa a Galán sólo podía tener un móvil: el deseo de vengarse
de un vecino que hacía cortar la viña con tijeras, procedimiento
mucho más rápido que el empleo de la hoz tradicional. Clarín,
en una de sus crónicas en El Día, había revelado la oposición de
los trabajadores a aquella innovación que reducía las jornadas
de trabajo.172 Al imputárselo a la Internacional como si fuera un
crimen, el fiscal demostraba que el aparato judicial estaba
enteramente al servicio de la burguesía agraria.

La espada y la cruz

La calma reinante en Andalucía a lo largo de los años

siguientes es engañosa. Se acabó en 1890 con motivo de la
proclamación del Primero de Mayo, en homenaje a los
trabajadores de Chicago ejecutados en 1887 como
consecuencia de una provocación de sus patronos. En Cádiz y
Sevilla desfilaron varios miles de obreros por las calles.173 Sin
embargo, el regreso de los conservadores al poder se tradujo

171 Ibid. (22 de febrero de 1902) y Bernaldo de Quirós (1973), 2.a ed., pp. 173‒176.
172 Proceso, III, pp. 6 y 77‒78. El Día (23 de marzo de 1883).
173 AMAE, Cádiz, t. 98, 2 de mayo de 1890.
en una nueva limitación de las libertades. En Cádiz, Salvochea
fue objeto de un arresto preventivo la víspera del Primero de
Mayo de 1891, con lo que se abortó la manifestación prevista
para ese día. Fue puesto en libertad poco después y
nuevamente detenido a fines del mes de agosto, en razón de
unas explosiones producidas en la ciudad durante las semanas
precedentes.174 En Jerez, las autoridades aplicaron de un modo
muy restrictivo la ley de 1887 sobre las asociaciones,
negándose a autorizar sociedades de socorro mutuo entre los
vendedores del mercado central (la plaza de Abasto) y los
hortelanos. Pero los grupos anarquistas proliferaban en la
sombra y la difusión de El Productor, principal diario obrero de
la época, avanzaba a buen ritmo.175 Ese era el pesado clima en
que, una noche de invierno, se produjo un episodio totalmente
insólito.

El «suceso» reseñado el domingo 10 de enero de 1892 por

los diarios madrileños se resume en pocas palabras. En la
noche del 8 al 9 de enero, una muchedumbre de 400 a 600
individuos, armados de palos, navajas y pistolas invadió el
centro de Jerez, al grito de «¡Viva la anarquía, mueran los
burgueses!» Se dividieron en varios grupos y unos se fueron
hacia la cárcel y otros hacia un cuartel. Los asaltantes fueron
fácil y rápidamente rechazados por la tropa y los distintos
cuerpos de policía, aunque la mayor parte de ellos logró
escapar. En ningún momento mostraron intención de robar o
incendiar, lo cual resulta extraño e inhabitual en este tipo de
motín. Pero aquella escaramuza nocturna causó algunas

174 Ibid., Cádiz, t. 99, esp. 30 de abril, 1 de mayo y 27 de agosto de 1891.

175 AMJ, legajo 8, y Brey, Seis estudios..., pp. 104 ss.
víctimas, creándose así el acontecimiento: uno de los tres
muertos, al que encontraron con la garganta cortada con una
hoz, era el hermano menor de un concejal. Ocho días más
tarde se reveló el móvil de los asesinos, con lo que se le dio a
aquella muerte un carácter eminentemente simbólico: «a
Castro lo mataron por llevar guantes».176

A partir de este macabro descubrimiento se fueron

encadenando todas las cosas: inmediato arresto de los
presumibles jefes (el barbero Lamela y el zapatero Zarzuela);
despliegue de la caballería por todos los campos circundantes;
redadas masivas en toda la comarca; identificación de los
sospechosos por parte de testigos enmascarados; y repentinas
revelaciones de un agitador originario de Madrid, Félix Grávalo,
en relación con los vínculos que habrían mantenido los
amotinados con Salvochea, encarcelado en Cádiz... A medida
que pasaban los días, mientras la encuesta no progresaba se
iba forjando poco a poco la tesis de un golpe meticulosamente
preparado: se trataba de que los anarquistas se amparasen en
Jerez, lo aislasen, constituyesen durante unas cuantas horas un
«cantón» y, con ello, demostrasen su fuerza. A posteriori, la
prensa se encargó de hinchar los peligros que corrió la
población de Jerez, que vivió aquel episodio profundamente
asustada, siendo de notar que El Imparcial jugó un papel de
primer orden en esta campaña. En su edición del 19 de enero,
el gran diario liberal publicó una crónica de Ortega Munilla,
influyente miembro de su redacción, sobre «los anarquistas de
Jerez»: se trata de una larga entrevista con un imaginario
anarquista «importante», cuya significación política venía a ser

176 Imp. (18 de enero de 1892).

que los dirigentes conservadores no tenían una capacidad
mayor que sus predecesores para garantizar el orden público:
«la verdad es que de los Pío Gullón nacen los Elduayen»
(ministro del Interior de Cánovas). 177

La tesis del complot anarquista se ha transmitido hasta

nuestros días, recuperada y ampliada entretanto por Bernaldo
de Quirós. Precisamente de El Imparcial es de donde el autor
de El espartaquismo agrario andaluz toma los elementos que le
permitirán presentar la irrupción de trabajadores agrícolas en
el corazón de una próspera ciudad como una manifestación de
locura colectiva. Para mejor construir esta interpretación, no
duda en permitirse ciertas licencias literarias, especialmente
cuando toma prestado un cuento de Clarín que transfigura al
joven asesinado por la muchedumbre imbécil «por no tener
callos en las manos».178 También habría podido citar a Blasco
Ibáñez, que ofrece en La Bodega una imagen, muy conforme
con la ideología dominante, de hombres toscos, movidos por
instintos bestiales. Estas variaciones sobre el tema de los
bárbaros en la ciudad tienen, sin embargo, un gran
inconveniente: entre todas las noticias que relata la prensa,
únicamente se fijan en aquellas que podían alimentar los
fantasmas de ciudadanos cultos, que compartían
retrospectivamente el horror experimentado por los habitantes
de Jerez.

Pero, y en esto concuerdan todas las fuentes, las autoridades

locales estaban prevenidas. Y por una razón muy simple: se

177 Para mayores detalles, véase Maurice (1986).

178 Bernaldo de Quirós (1973) 2.a ed., pp. 168‒172.
producían frecuentes paros en el trabajo de los jornaleros, que
reivindicaban mejores salarios y descansos más numerosos. En
los días que precedieron a la invasión de la ciudad circulaban
patrullas y las tropas estaban acuarteladas. El arresto
preventivo de decenas de trabajadores «forasteros»,
sospechosos por definición, el día 7 de enero, parece haber
actuado como detonante: los trabajadores agrícolas se reunían
al día siguiente en las puertas de Jerez, penetraban en la
ciudad y se dirigían a la cárcel con el fin de liberar a aquellos
que estaban encarcelados.

Esta reconstrucción de los hechos sugiere más la provocación

policial, en la que participa al menos un confidente, que la
premeditación de los amotinados. Esta interpretación fue
ampliamente corroborada por los cargos de la acusación. Por
atacar un cuartel y haber incitado a los soldados a unirse a
ellos, los amotinados habían de comparecer ante los jueces
militares. Se trataba de un delito grave, del que fueron
acusados, sin pruebas, Zarzuela y Lamela. ¿No era el primero
de ellos conocido por sus «ideas disolventes», y el segundo
como distribuidor de la prensa anarquista? Como sucediera en
el proceso de la Parrilla, convenía demostrar que los presuntos
autores del asesinato de Castro Palomino sólo podían haber
actuado bajo órdenes: se trataba, simplemente, de dos obreros
agrícolas, uno de ellos ex soldado, «Busiqui», y el otro un
analfabeto, «el Lebrijano». Finalmente, «jefes» y ejecutantes
fueron condenados a muerte; únicamente «el Lebrijano»
reconoció su participación en el crimen, tras denunciar a
«Busiqui» como el asesino.

El otro delator, Grávalo, salvó la cabeza: a partir del día de la

sentencia intentó hacer confesar a sus compañeros de
detención que habían actuado en connivencia con
Salvochea.179

Poco tiempo pasó entre el 8 de enero y el 4 de febrero, día

en que se celebró el consejo de guerra. La aplicación de la
sentencia tuvo lugar menos de una semana después, el 10 de
febrero, con la ejecución al garrote de los cuatro condenados.
Por lo que parece, este procedimiento tan expeditivo no bastó
a las autoridades para dar a las masas campesinas la lección
que merecían. La víspera del día fatal se produjo la entrada en
escena del clero, lo que a partir de entonces va a constituir el
acontecimiento. Sacerdotes y religiosos acosan a los
condenados, puestos «en capilla», y obtienen del más débil de
ellos, «el Lebrijano», edificantes muestras de arrepentimiento:
el acusado declara, ante distintas personalidades, haber sido
engañado por la prensa anarquista y aconseja a sus camaradas
tener fe en Dios. Por el contrario, la actitud de Zarzuela y
Lamela, que proclamaban tanto sus convicciones anarquistas
como su inocencia, pudo ser interpretada por los periodistas
como una bravata. Además, el «epílogo del drama», como lo
tituló El Imparcial, se prolonga más allá del día de la ejecución.
Pues, efectivamente, el día 12 de febrero la prensa revela las
declaraciones postumas ‒y sensacionales‒ de Zarzuela, quien,
en vida, nunca había dicho nada digno de mención ante los
periodistas, lo cual no deja de ser un detalle bastante
significativo... Según estas declaraciones, la «algarada
anarquista» se había preparado escrupulosamente desde el

179 Imp. (5 de febrero de 1892) y Los Sucesos de Jerez, 1893. Salvochea fue
condenado a 12 años de reclusión por otro consejo de guerra celebrado en diciembre de
1892.
mes de mayo precedente; consistía en tomar Jerez en una
tenaza desde tres puntos distintos, con la intención de
establecer la anarquía «con todas sus consecuencias». Sin
embargo, estas presuntas declaraciones de Zarzuela estaban
cuajadas de contradicciones, ya que se podía leer que el
movimiento proyectado no era anarquista. No importaba: se
trataba de justificar a posteriori la ejemplaridad del castigo.

Al actuar tan severamente, los dirigentes conservadores

habían concedido un respiro a la burguesía agraria. Pero era un
corto respiro, pues en muchos lugares los asalariados agrícolas
continuaban luchando por sus reivindicaciones, declarándose
en huelga intermitente. Pero la súbita llegada del mal tiempo
actuó en su contra, al interrumpir las faenas del campo.

El 8 de marzo, dos meses exactamente después del motín,

entre 2.000 y 3.000 trabajadores entraron en Jerez implorando
ayuda. Fue una buena ocasión para el viejo y piadoso Pedro
Domecq, que se ocupó de la distribución de víveres y ropa,
mostrando así que los propietarios eran también capaces de
sentir caridad cristiana para con los necesitados.

Se trataba de una inesperada ocasión de inculcarles la lección

que se había pretendido darles: «Vinisteis como fieras contra la
sociedad y la sociedad os trató como fieras; venid como
hermanos y la sociedad os recibirá como hermanos».180

180 Fedriani Fuentes: «Biografía de Pedro de Domecq y Lostau (1825‒1894)».

 La Guardia Civil en la picota

El motín de Alcalá del Valle, producido el primero de agosto

de 1903 es un episodio menos conocido y también más trivial,
tanto por sus orígenes como por su desarrollo. Se trata de una
huelga de solidaridad que se complica y degenera en un
sangriento enfrentamiento entre un pequeño destacamento de
guardias civiles y una muchedumbre de hombres del pueblo
que, al controlar la refriega, saquearon el ayuntamiento,
quemaron los archivos y maltrataron a numerosos notables. Lo
que dio un gran eco a este incidente fue la nueva actitud de
algunos órganos de prensa, especialmente republicanos, que
se sumaron a Tierra y Libertad en la revelación de las torturas
infligidas a los campesinos para que revelasen quiénes eran sus
jefes. Esta campaña, apoyada por sindicatos franceses, fue lo
suficientemente poderosa como para obligar a Maura, el nuevo
hombre fuerte del partido conservador, a pedir mayor
información y luego a nombrar un juez especial que aclarase
los casos de tortura.181 Aunque en lo más inmediato, lo cierto
es que la sentencia del consejo de guerra del 25 de enero de
1904 no sufrió revisión alguna. Pero el propio Maura, en junio
de 1909, justo antes de la Semana Trágica, obtuvo del rey el
indulto de los tres condenados a muerte y una reducción de
pena para otros dos.182 Algo estaba cambiando en la política

181 La información más detallada es la que da Gistau, pp. 500‒529. Se ha completado

con T. y L., desde el 3 de agosto de 1903 hasta el 18 de agosto de 1904, y El Gráfico, diario
de J. Burell, que se dedica, en agosto de 1904, a fustigar «La Inquisición en Alcalá del
Valle».
182 Connelly Ullman, pp. 242‒252.
represiva del poder. También acababa de cambiar alguna cosa
en las luchas campesinas.

En cierto modo, el enfrentamiento de Alcalá del Valle le va de

maravilla a la burguesía agraria, que desde la primavera de
1901 se enfrentaba a una progresiva extensión de huelgas
contra el salario con alimentación («a remojado») y por la
reducción de la jornada de trabajo. Este movimiento,
impulsado por las organizaciones anarquistas locales, se
distinguía de los precedentes por su madurez y por el apoyo
que recibió de los oficios urbanos. La relativa tolerancia de que
hizo gala el liberal Moret en 1902 no tuvo mayor continuidad,
pues Maura, que le reemplazó en el Ministerio de
Gobernación, dio a los gobernadores civiles consignas de
dureza, 183 que fueron prontamente llevadas a la práctica
cuando a fines de la primavera de 1903 se generalizaron las
huelgas en las tierras altas, en los confines de las provincias de
Cádiz, Sevilla y Málaga. Se cerraron centros y escuelas
anarquistas en numerosos lugares, y en concreto en Alcalá del
Valle. De un modo natural, los trabajadores organizados de
aquel pequeño y aislado pueblo, a mitad de camino entre
Olvera y Ronda, se unieron a la huelga de protesta lanzada
desde Barcelona y exhortaron a los demás jornaleros,
especialmente a los del alcalde y cacique local, a imitarles. La
intervención de la Guardia Civil desencadenó la riña: murió un
joven, desarmaron a los guardias y el sargento fue herido; la
cólera de los campesinos se volvió entonces contra los edificios
y las personas que simbolizaban el poder del Estado policial.

183 N. S.: circulares de Moret (24 de junio de 1902) y Maura (12 de diciembre de
1902).
 A continuación, las autoridades judiciales intentaron
revalidar la archiconocida tesis según la cual había una
asociación obrera que, al abrigo de una fachada legal, no tenía
más objetivo que proceder al reparto de los bienes.

Signo de los tiempos, esta tesis ya no encuentra la menor

aceptación. A partir de la campaña llevada a cabo durante los
procesos de Montjuic contra los excesos de la represión
policial, la Guardia Civil ya no podía seguir torturando
impunemente.

A partir del momento en que los medios intelectuales

expresan públicamente que el caciquismo era una plaga para el
país, el ilimitado poder de una familia de caciques locales ‒los
Gavilanes (!)‒ constituye una explicación tan plausible de la
rebelión de una comunidad rural como la acción de
propagandistas llegados de la gran ciudad.184

Desde este punto de vista, el asunto de Alcalá del Valle

marca un giro en el sistema de representación que las
fracciones progresistas de la opinión tenían de los movimientos
campesinos: ¿acaso estos movimientos no se habían
convertido en un elemento de primera magnitud en la lucha de
influencia que libraban las organizaciones reformistas y las
revolucionarias?

184 Según Gistau, las autoridades judiciales sospechaban de dos zapateros, J. García y
M. Suescum Guinda.
 LA ESTRECHA VÍA DE LA REFORMA AGRARIA

Una clase sin partido

Octubre de 1930: la dictadura ya no es más que un mal

recuerdo, pero el país atraviesa un peligroso período de
«transición». Al contrario que la mayor parte de los países
europeos, España no cuenta ni con un partido agrario, ni con
un Ministerio de Agricultura, y el Estado dedica menos del 0,50
por 100 del presupuesto a la «base principal de su economía».
Antonio Zurita, arrendatario del duque de Medinaceli, es quien
muestra así su inquietud y presenta esta amarga constatación.
Zurita era también primer vicepresidente de la Cámara de
Agricultura de Córdoba y director de su publicación mensual.185
Más que una opinión personal, estaba expresando el punto de
vista de un grupo en ascenso, el de los labradores. Este grupo
no tenía partido pero, si llegaba el caso, sus organizaciones
sociales y profesionales podían cumplir esa función.

Las Cámaras Agrícolas, organismos de defensa y de expresión

de los explotadores agrícolas, eran en Andalucía una realidad
reciente y bastante frágil. Creadas por decreto en noviembre
de 1890, se desarrollaron muy lentamente: se contaban
solamente seis, de un total de 31, en el año 1899, cuando su
asamblea en Zaragoza creó la Liga Nacional de Productores. No
las había apenas en la baja Andalucía, excepto en Jerez: su
Cámara publicaba un boletín desde el mes de mayo de 1894.
Luego aparecen en Cádiz y, algo más tarde, en Huelva y Sevilla,

185 BA (octubre de 1930): «En cada país tiene la Agricultura el trato que merecen los
agricultores».
donde el Casino de Labradores defendía, desde 1859, los
intereses de sus socios. 186 En conjunto, los grandes cultivadores
‒especialmente los de la provincia de Cádiz‒ pertenecían
anteriormente a grupos de presión, las Ligas de
Contribuyentes. Aunque estaban mezclados con los
industriales y los comerciantes, aprovecharon la ocasión de la
encuesta abierta en 1887 por el gobierno de Sagasta para
presentar sus propias quejas, exigiendo la elevación de los
aranceles, la reducción a la mitad de la contribución territorial,
el refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil y el desarrollo de
las vías de comunicación.

El inicio del siglo XX vio nacer la primera y única tentativa de

federación en gran escala (Andalucía, Extremadura y Canarias)
de las organizaciones profesionales existentes. La iniciativa
quedó en manos de un gran propietario de Córdoba, el conde
de Torres‒Cabrera, quien algunos años antes se ilustró creando
una asociación, La Caridad, fundamentada en la colaboración
de clases.187 Para constituir la Cámara Agrícola se rodeó de
administradores de casas señoriales (Fernán‒Núñez) y de
grandes propietarios que eran, a la vez, influyentes políticos
(Vega de Armijo). Luego, en 1901, dejó la presidencia de la
nueva Federación Agraria a Manuel Vázquez, a su vez
presidente de la Cámara Agrícola de Sevilla.188 A pesar de ello,
la unión orgánica de los grandes labradores de la España
meridional no duró mucho tiempo, pues lo que le dio vida fue
el rechazo a la orientación antilatifundista que se bosquejaba a

186 Bernal‒Lacroix, pp. 482‒507.

187 Díaz del Moral (1973), pp. 147‒149.
188 ACo (31 de octubre de 1900) y A.B. (15 de julio de 1901).
partir de 1898, tanto en el movimiento de los «productores»
de Costa como en los proyectos de Canalejas, efímero ministro
de Agricultura. Las iniciativas de Costa fueron objeto de vivas
críticas de las Cámaras Agrícolas de Jerez y Córdoba: sus
doctrinas eran confusas, según la primera, derivando
fácilmente «de un socialismo sentimental a un despotismo
reaccionario»; este apasionado partidario del colectivismo no
podía ser el «ídolo» de los agricultores, ponderaba la
segunda. 189 En el segundo congreso de la Federación, en
septiembre de 1903, la supuesta intención de Canalejas de
parcelar el latifundio inquietaba todavía lo suficiente como
para que un ponente le opusiera una alternativa
modernizadora: limitar el cultivo de los cereales a las tierras
más fértiles y sustituir en las grandes explotaciones a los
animales por la fuerza mecánica. 190 Esta orientación se vio
consagrada al año siguiente, al final de un concurso organizado
por los poderes públicos sobre «el problema agrario en el
mediodía de España»; según la memoria premiada, su solución
residía en un mejor aprovechamiento de las grandes fincas. Al
haberse alejado los peligros que se cernían sobre el latifundio,
la unión de los labradores ya no era un imperativo mayor.

Lo que, por el contrario, resulta sorprendente es que el gran

movimiento huelguístico de los años 1918‒1920 no inspirase a
los terratenientes una iniciativa similar a la de Torres‒Cabrera.
Ya lo había resaltado Díaz del Moral: 191 cuando se organizan,

189 BCAJ (28 de febrero de 1899): «Para la regeneración»; y ACo (24 de marzo de
1900): «La Asamblea de Zaragoza».
190 ACo (30 de septiembre de 1903): ponencia de F. Llera (Badajoz).
191 Díaz del Moral (1973), pp. 366‒367.
los labradores lo hacen como máximo hasta el nivel de la
provincia. Seguramente lo hacen estimulados por los poderes
públicos, que en 1919 se esforzaron por institucionalizar las
estructuras de concertación entre patronos y obreros en el
ámbito local y reorganizaron las Cámaras Agrícolas. También
debió ser así por la falta de unidad del movimiento
huelguístico. O incluso porque la neutralidad de España en la
guerra mundial fue muy beneficiosa para los grandes
cerealeros. Más profundamente, quizá, porque las
contradicciones existentes en el seno de la burguesía agraria se
agudizaban bajo los efectos de los proyectos de ordenación de
la propiedad privada de la tierra, que desde el ascenso de
Canalejas al poder, en 1910, se sucedían sin interrupción. 192 En
materia de fiscalidad, por ejemplo, algunos labradores se
declaraban en favor de la terminación del catastro contra el
que Torres‒Cabrera batallaba a principios de siglo. Otros
aprobaban la proposición del vizconde de Eza, presidente del
Instituto de Reformas Sociales, en el sentido de extender a la
propiedad privada la obra de colonización emprendida por la
ley González Besada de 1907, sin excluir la expropiación de
tierras de bajos rendimientos. Y otros, por el contrario,
compartían la opinión de la nobleza terrateniente: se oponían a
la parcelación y eran escépticos en lo concerniente a la eficacia
de la pequeña propiedad.193

Un hecho realmente paradójico es que la burguesía agraria,

asustada por las concesiones hechas a los huelguistas, se sintió

192 Malefakis, Apéndice V, y García Martín, Femández‒Muro Ortiz.

193 Zurita y Calafat: se ignora si tenía parentesco con el dirigente de la Cámara
agrícola de Córdoba. Información..., I.R.S., pp. 17‒31 y 134‒144.
más debilitada todavía por la dictadura. Esperaba de un
régimen fuerte que rompiese con la política intervencionista en
materia de precios de los gobiernos precedentes y que hiciese
cesar la amenaza de expropiación. Creía llegado el momento
de reformar el Estado en el sentido de sus intereses, pues se
sentía la fuerza motriz. Tal es el sentido del manifiesto que
llamaba a la formación del Bloque Agrario, que lanzan en
septiembre de 1924 los presidentes de las Cámaras Agrícolas
de Córdoba, Jaén y Sevilla. 194 Esta iniciativa, a la que se suma
Díaz del Moral, se encuentra con el veto de Primo de Rivera,
que está formando en esos momentos su Unión Patriótica y se
muestra mas receptivo a las exigencias del capital financiero
que a las de los labradores. Las cámaras agrícolas no
resucitaron hasta el advenimiento de la democracia, en cuyos
primeros meses de vida se transformaron en reductos de
oposición a las veleidades reformadoras del Gobierno
Provisional de la República. Luego, una vez votada la Ley de
Bases, algunos de sus dirigentes se deciden: en noviembre de
1933, Antonio Navajas y Francisco de Paula Salinas resultan
elegidos en la provincia de Córdoba, uno como diputado
agrario, el otro como diputado radical; Navajas había sido
vicepresidente de la Cámara de Agricultura en tiempos de la
dictadura y Salinas había hecho las funciones de presidente en
1931. Al ver sus intereses amenazados, los labradores entraron
en política. Y para defender mejor a su clase, trataron de no
jugárselo todo a una carta.

194 «Manifiesto», Córdoba, 6 de septiembre de 1924, sacado de Revista Agrícola.

 «Un estado mayor sin ejército» 195

«La tierra andaluza para el jornalero andaluz»: no se trata de

la consigna de una organización revolucionaria, sino de la
orgullosa divisa que un notario de treinta años propone en
1915 a todos aquellos que comparten su ideal. Con El ideal
andaluz, Blas Infante ofrecía, en cierto sentido, a las élites
pensantes de Sevilla la magna carta que reclamaban para
sustentar un regionalismo auténticamente popular, capaz de
enfrentarse a las «teorías anarquistas y socialistas del
internacionalismo absoluto». 196 Infante participó entonces en
el movimiento que, a iniciativa del Ateneo de Sevilla y de su
revista Bética, se va desarrollando para que Andalucía tome
ejemplo de Cataluña que, con la Mancomunidad, acababa de
obtener un embrión de autonomía interna. Se trata de un
movimiento heterogéneo, en el que Infante ocupa un lugar
original: es un ferviente admirador de Costa, autor de
Colectivismo agrario, introductor en España de las ideas del
norteamericano Henry George. E Infante irrumpe en la vida
pública precisamente en el momento en que los adeptos
españoles de George emprenden la tarea de hacer de su
doctrina una fuerza en acción. Se crea un diario, El Impuesto
único, por iniciativa de algunos ingenieros agrónomos, y se
organiza un congreso en mayo de 1913 en Ronda: Infante lleva
allí el saludo de los «fisiócratas» de Sevilla.

195 Díaz del Moral (1973), pp. 234‒235.

196 Cajigas, «Apuntaciones para un estudio del regionalismo andaluz», en Cortines
Torres, n.os 16‒18.
 Fisiócrata: sin duda es la palabra que mejor caracteriza la
andadura intelectual de Infante. Su convicción profunda,
fundamentada en la historia, es que la vocación de Andalucía
es eminentemente agrícola. Sólo hay un gran obstáculo que
impide su realización: la acumulación de la tierra, el latifundio.
Infante propone vadear ese obstáculo modificando la
fiscalidad, que gravaría a los propietarios rurales en función del
«valor social» de sus tierras, lo que constituiría una base más
objetiva para el cálculo de la renta que la mantenida por la
legislación en vigor. Dicho de otro modo, se trataba de una
nacionalización indirecta conforme a las teorías de George, que
del mismo modo que propusiera Costa sólo afectaría a una
categoría parasitaria, la de los rentistas de la tierra, cuya
indemnización sería escalonada. En un plano más inmediato, el
objetivo sería asegurar a los asalariados agrícolas «la tenencia
continuada de la tierra»; a largo plazo, la perspectiva era
formar «una clase media campesina», considerada como la
piedra angular del desarrollo regional y de la reconstrucción de
un tejido social destruido desde la misma Reconquista.

Su libro no fue bien recibido por los regionalistas

conservadores. Para José Gastalver, uno de los principales
colaboradores de Bética, los pretendidos latifundios no son
más que «focos de experimentación», y pretender crear de
arriba abajo una pequeña burguesía campesina le parece una
solución ilusoria.197 El debate se situó también en un plano
ideológico, de ahí su alcance. Lo que más molestaba a los
medios conservadores era la exaltación que hacía Infante de un

197 Gastalver, «La ciudad y el campo» e «Ideal andaluz», en Cortines Torres, n.os 42 y
851.
pueblo sojuzgado por feudales y caciques, pero que supo
permanecer insumiso. Restituirle la tierra que le ha sido
arrebatada es el único medio de insuflarle «la conciencia
colectiva» sin la que no puede tener personalidad regional.
Infante, que inicialmente esperaba que el Ateneo de Sevilla
asumiese el liderazgo de una cruzada cívica, se aparta de él,
crea Centros Andaluces y acaba desplazando la dirección de su
revista semanal, Andalucía, de Sevilla a Córdoba. La
colaboración de concejales radicales (Eloy Vaquero) y de
sindicalistas socialistas (especialmente tipógrafos) constituye
un ambiente más favorable que la «pseudointelectualidad»
sevillana, tanto más vituperada cuanto Infante había creído
poder contar con ella.198

Ronda, cuna del georgismo español, y Córdoba, foco de un

sindicalismo campesino particularmente combativo, son las dos
ciudades entre las que se comparte el movimiento de Infante a
lo largo de los dos años cruciales que fueron 1918 y 1919. Las
asambleas que se celebran y las resoluciones que se toman
simbolizan los dos ejes mayores de la acción de Infante durante
este período: el reconocimiento de la nacionalidad andaluza y
su reconstrucción por la vía de la reforma agraria. Su adhesión
al federalismo queda explicitada en la asamblea de Ronda de
enero de 1918, con el redescubrimiento del proyecto de
Constitución de Antequera de 1883. El Manifiesto regionalista
se hizo público el primero de enero de 1919: en el momento en
que la campaña por los Estatutos de Autonomía llega a su
mayor intensidad en Cataluña y el País Vasco. Se precisa el
proyecto político: la autonomía andaluza debe fundarse en la

198 Manifiesto de enero de 1919 en Cuatro textos..., p. 91.

más amplia autonomía de los municipios, células de la vida
social; su concretización pasa por la reconstitución de su
patrimonio rural.

A fines de marzo, sin embargo, el problema de la tierra pasa

a primer plano y acapara a los regionalistas reunidos en
Córdoba. Con el concurso de un joven ingeniero agrónomo
destinado en Sevilla, Pascual Carrión, elaboran un proyecto de
ley que parte del postulado georgista que afirma que la tierra
pertenece a todos, y por lo tanto a la colectividad. Su puesta en
marcha reposa en la expropiación de hecho de las tierras
usurpadas en tiempos de la Reconquista y de la
desamortización: deberán municipalizarse y ser explotadas por
sindicatos de jornaleros agrícolas, que serían obligatorios. Los
propietarios afectados conservarán bienes inmobiliarios y
«mejoras» pero contribuirán a la indemnización de los
propietarios legítimos desposeídos, pagando un censo a la
comunidad; estos últimos quedarán indemnizados en forma de
títulos emitidos por un organismo regional, cuya deuda estará
garantizada por el Estado. Esta es la solución que Infante y sus
amigos proponen a los poderes públicos, para que la
adoptasen antes de la siega: la única, subrayan, capaz de
resolver el problema por la vía legal. 199 Comentando un
congreso anarcosindicalista reciente, uno de los colaboradores
cercanos de Infante ofrecía una clara explicación del significado
de aquella propuesta: «no es sólo de obtener más salario de lo
que se trata, sino del derecho a ocupación segura».200

199 Andalucía, n.° 134 (29 de marzo de 1919).

200 Ibid., n.° 132: «La cuestión agraria. La Asamblea de octubre en Castro del Río. ¿Y
la próxima?».
 En una situación que a partir de entonces se vio dominada
por el auge de las luchas campesinas, Infante opera la
conjunción de fuerzas que, más allá de su diversidad
sociológica e ideológica, están animadas por la misma voluntad
de evitar una solución revolucionaria del problema agrario. Por
ello, encontró aliados circunstanciales entre los militantes
socialistas que, como el futuro diputado Juan Morán, prefieren
sin lugar a dudas su orientación resueltamente antilatifundista
al programa todavía muy obrerista de su partido, que lleva
cierto retraso respecto al de la UGT.201 Desde este punto de
vista, el eco dado por Andalucía a los acuerdos negociados por
sindicalistas socialistas con los patronos de ciertos pueblos
cordobeses es revelador de las convergencias que se
produjeron entonces. Estas convergencias se vieron
estorbadas, sin embargo, por el endurecimiento de las clases
dominantes. No se puede negar que Andalucía expresó, en
cualquier circunstancia, su solidaridad con los militantes de las
organizaciones obreras que eran víctimas de arrestos y
deportaciones arbitrarios. Pero, a fines de 1919, al hacer
balance de los congresos celebrados por las federaciones
andaluzas de la UGT, Infante seguía estimando que el gobierno
podía, si quería, resolver en frío el problema agrario de la
región.202

A partir de entonces, los caminos de los andalucistas y de los

socialistas empezaron a divergir. Los dirigentes socialistas iban
a jugar en un doble registro. Ante el proletariado rural que se
sentía atraído por la experiencia soviética, mantuvieron el

201 Bernal (1975), 1.a ed., p. 294, y Biglino, pp. 306‒323.

202 Andalucía, n.° 167, «El problema actual de Andalucía (II)».
discurso del maximalismo doctrinal. Se debía ir a la
«socialización de la tierra», a «la implantación del régimen
comunista», proclamaba el congreso campesino que la UGT
organizó en octubre de 1920, en Jaén. Los jefes de fila de la
corriente socialdemócrata, por el contrario, parlamentarios e
intelectuales recientemente adheridos, como Fernando de los
Ríos, desarrollaron una plataforma susceptible de convencer a
los pequeños campesinos: respeto al derecho a la propiedad
privada e intervención tutelar de los poderes públicos. 203 En
estas dos variantes, el socialismo español concede un papel
preeminente al Estado en la regulación de las relaciones
sociales. Por su parte, Infante ve cómo se pierde la posibilidad
de realizar su proyecto de unir, bajo la égida de intelectuales
patriotas, a capitalistas y trabajadores contra latifundistas.
Apenas proclamada la República, no cambia de opinión: «Todo
latifundio andaluz es ilegal en su origen. Por tanto hay que
restituir la tierra a los campesinos», declaraba al diario El Sol, el
11 de junio de 1931. Pero sus antiguos aliados, los socialistas,
no querían una reforma al estilo georgista, como la presentada
por Camón.204 Infante devuelve entonces la prioridad a la lucha
por la obtención del Estatuto de Autonomía, fiel en este
sentido a su convicción primera, según la cual el problema de la
tierra sólo lo podía resolver el pueblo andaluz. Pero su
exacerbado patriotismo le impedía ver que con el cambio de
régimen el problema se había convertido en un asunto de
Estado. Sigue siéndolo hoy: por mucho que exista la comunidad
autónoma andaluza, el problema agrario está lejos de verse
resuelto.

203 Calero (1976), doc. n.° 19, y Ríos, «El problema agrario en España».
204 Camón (1975), cap. 17 y Apéndice.
 ¿El antídoto contra la revolución?

La historia de la reforma agraria de la Segunda República es

la de la montaña que da a luz un ratón. Viene a simbolizar la
imposibilidad de instaurar, en la España de los años treinta, un
régimen democrático viable, desde el momento en que éste
renuncia a transformar en profundidad unas estructuras
económicas y sociales inadaptadas al desarrollo de las fuerzas
productivas. Azaña, el paladín de la República, podía proclamar
ante las masas que la reforma agraria era la «columna
vertebral» del régimen. Pero este reconocimiento era tardío
(octubre de 1935) y, además, no estaba desprovisto de
ambigüedad.205 El desconcierto de los campesinos sin tierra,
durante este período de aceleración de la historia, se mantiene
a la medida de su ansiosa espera de tiempos mejores.

La única reforma de estructura prometida formalmente por

la victoriosa coalición republicana era la reforma agraria, que
sin embargo conoció una gestación laboriosa: de julio de 1931
a septiembre de 1932, pasó más de un año entre el proyecto
de los expertos designados por el ministro de Justicia,
Fernando de los Ríos, y la Ley de Bases adoptada por las Cortes.
Pasó otro año más mientras se ponían a punto los organismos
de aplicación (Instituto de Reforma Agraria, Juntas Provinciales
y Comunidades de campesinos) y se confeccionaba el
inventario de tierras expropiables. En ese momento, la revuelta
de los habitantes de Casas Viejas y su implacable represión

205 Azaña, III, Discurso en el campo de Comillas, p. 288.

marcaron el creciente divorcio entre la sociedad civil y el
Estado. De todo ello resulta un cambio de mayoría en favor de
las fuerzas de la derecha. Ironía de la historia, la suerte de la
reforma quedó entonces en manos de sus más circunspectos
partidarios, que pueden jactarse de haber quintuplicado, de
diciembre de 1933 a diciembre de 1934, la superficie de las
tierras redistribuidas y prácticamente triplicado el número de
sus beneficiarios. Andalucía representa más del tercio de las
expropiaciones y ocupaciones temporales: 42.624 hectáreas,
casi la mitad de los campesinos asentados, con un total de
6.044 familias. 206 Pero la contraofensiva reaccionaria no se hizo
esperar mucho: dirigida por la derecha clerical, suspendió de
facto los asentamientos y luego desnaturalizó, con la ley del
agrarista Velayos de julio de 1935, el espíritu de la reforma; ya
no se promoverían nuevos colonos dependientes del Estado,
sino que aumentarían las pequeñas explotaciones familiares.
Viniendo de políticos que siempre se habían opuesto a la
división de la gran propiedad, aquello no podía ser más que
una promesa demagógica. Los partidos dirigentes del Frente
Popular, Izquierda y Unión Republicana, también se
comprometen a su vez a conceder la prioridad al campesino
minifundista. Pero, bajo la presión de las masas, se ven
obligados a acelerar la política de asentamientos de los
campesinos sin tierra: esa política beneficia más que nada a las
zonas de agricultura extensiva menos desarrolladas que al
campo andaluz. Globalmente, y según las estimaciones más
elevadas, Andalucía recibió de marzo a julio de 1936 menos de
una quinta parte de las tierras redistribuidas: 94.309 hectáreas;

206 Véanse los cuadros sobre superficie distribuida, número de asentamientos y

cronología, del final del cap. 3..
el número de beneficiarios, 11.733, apenas representa una
décima parte del total. 207

Lentitud de la reforma, modestia de los resultados e

improvisado relanzamiento son hechos que debemos
relacionar con una coyuntura y una relación de fuerzas muy
concretas.

Contrariamente a su predecesora, la Segunda República

nació en un período de envilecimiento de los precios,
especialmente de los productos agrícolas: se trata de los años
de la gran depresión. La crisis fue menos pronunciada en
España, debido a su débil desarrollo industrial y a la elevada
protección de que gozaba su agricultura. También fue más
tardía, por lo modesto de sus intercambios exteriores. Es,
sobre todo, de una intensidad muy variable según los sectores
y según si los bienes producidos van destinados al mercado
interior o a la exportación; así vemos cómo, en el caso de la
agricultura, la producción cerealera (especialmente la de trigo)
queda menos afectada que la de aceite. Pero, por muy diferida
y por muy desigual que fuese, la crisis de los años 1930 ofrece
argumentos suplementarios a todos aquellos que rechazan las
soluciones democráticas del problema agrario, entre los cuales
había incluso quienes rechazaban la idea, predilecta del
catolicismo social, de «la función social de la propiedad».208

La coyuntura también puso en evidencia la agudeza del paro

en la agricultura latifundista. El problema no era nuevo,

207 Se remite para el estudio pormenorizado del tema a Malefakis, 2.a parte, y a
Maurice (1975). Véase también el cuadro de la p. 150.
208 Maurice (1975), p. 16.
aunque las autoridades oficiales no empezaron a tomar
medidas hasta que se produjo el movimiento huelguístico de
1918‒1920, época en que el número de parados en algunos
pueblos de los campos cordobeses era particularmente
elevado. Hay una anécdota que sugiere que siguió siendo así
durante la dictadura. El alcalde de Lucena tomó la iniciativa de
tasar a ciertos labradores, con la intención de crear una «Caja
de paro» pero la Cámara Agrícola logró anular la medida.209 En
1930, la combinación de una sequía excepcional y una pésima
cosecha de aceitunas puso de manifiesto el carácter estructural
del subempleo en las zonas de monocultivo extensivo: 100.000
parados, repartidos en partes iguales por las provincias de Jaén
y Sevilla, según Bernaldo de Quirós; 200.000 en toda la baja
Andalucía, según Carrión.210 En 1932, en Casas Viejas, sólo un
jornalero de cada cinco tenía trabajo.

Con la finalidad de prevenir un agravamiento de aquella

plaga crónica y los riesgos que comportaba para la paz civil, los
expertos del Gobierno Provisional se fijaron como objetivo
primordial disponer de las tierras arables necesarias para el
asentamiento de 60.000 a 75.000 familias campesinas cada
año, en Andalucía, Extremadura y una parte de Castilla la
Nueva. Y, para ello, no había ninguna necesidad de expropiar;
bastaba con proceder a una ocupación temporal, sin limitación
de tiempo, de todas las tierras, de secano o regadío, cuya
extensión o renta rebasara los máximos admisibles desde el
punto de vista de la justicia social. Los «obreros campesinos»
tenían prioridad en estos asentamientos, para los cuales se

209 BCJ (1919), n.° 3. BA (enero de 1929): «Un documento notable».

210 Maurice (1975), pp. 22‒23.
agruparían en comunidades. Una vez constituidas, éstas
acordarían por mayoría la forma, individual o colectiva, de
explotación. Podrían disponer a su antojo de los eventuales
beneficios de la explotación, dado que la redistribución de las
tierras se financiaba por medio de un impuesto progresivo que
afectaba a todos los grandes propietarios del país.

Pero, en pocos meses, la jerarquía de las prioridades se

modificó. El gobierno de centro‒izquierda de Azaña explicó,
por medio de su ministro de Agricultura, Marcelino Domingo,
que adoptaba por razones financieras la hipótesis más baja de
20.000 asentamientos anuales. No se trataba solamente de
luchar contra el paro, que, como recordaba el diputado gallego
Basilio Álvarez, «no era más que una hijuela del paro general,
industrial». También era necesario reconstruir el patrimonio
municipal, a lo que el gobierno esperaba llegar expropiando,
sin indemnizar, las tierras señoriales indebidamente
privatizadas durante el siglo XIX. Además, era igualmente
necesario racionalizar la producción: así pues, la redistribución
de tierras había de empezar por la propiedad excesivamente
concentrada en el ámbito local y por las tierras irrigables poco
o mal aprovechadas. Como contrapartida mayor, el proyecto
de Domingo tranquilizaba a los «cultivadores directos», es
decir, a la burguesía agraria, cuyos representantes se
mostraron satisfechos por el abandono de toda exacción fiscal
excepcional: a partir de entonces, las Cortes controlarían la
marcha de la reforma, al votar el presupuesto. Sin embargo,
Díaz del Moral insistió en el sentido de que los beneficiarios de
la reforma pasaran de usufructuarios a propietarios. Algunos
diputados radicales aprovecharon la oportunidad para
denunciar «la manía socializante» de la coalición en el poder.
La mayoría se reafirmó in fine sobre la confiscación inmediata
de los bienes rústicos de la aristocracia terrateniente (ex
grandes de España). Con ello, contaba llevar a cabo una
reforma económica; en realidad, lo que hizo fue la economía
de una reforma efectiva. ¿Cómo se llegó hasta ese punto?

Los diputados socialistas, que constituían la principal minoría

parlamentaria, aprobaron esta ley de compromiso cuando sus
expertos habían exigido, el verano precedente, que el número
de familias asentadas cada año fuese de 150.000. La verdad es
que sus líderes no creían en la reforma. Ya desde las primeras
semanas de la República, Besteiro y Largo Caballero, los
hombres que dirigían la organización sindical y, por ello, los
que detentaban mayor poder, dieron el tono en dos registros
distintos y complementarios: lo necesario era industrializar el
país, decía el primero; los arrendamientos colectivos son
preferibles al reparto de tierras, estimaba el segundo. Aunque
el PSOE tenía 40 diputados por Andalucía, en los debates
parlamentarios sólo se oyó a Juan Morán y Lucio Martínez,
secretario general de la reciente Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra. Seguramente debemos buscar ahí las
razones de esta gran discreción, pues fue justamente durante
el largo período de elaboración de la ley cuando la FNTT logró
un decisivo avance en Andalucía: de febrero a junio de 1932,
pasó de 55.188 a 125.617 afiliados. Un avance, por otra parte,
bastante desigual, pues la baja Andalucía siguió, en el aspecto
sindical, dominada por el anarquismo. En el plano político, la
participación en las elecciones constituyentes de junio de 1931
fue bastante buena 211 y provechosa para las formaciones

211 Tusell (1982), pp. 79‒81.

representativas de un republicanismo populista y, a menudo,
clientelar; el partido radical obtuvo así 7 escaños de los 16 de
Sevilla y 4 de los 10 de Cádiz, con un total de 20 en toda la
región. Pero los diputados no participaron en mayor medida
que sus homólogos socialistas en la discusión de una ley que,
no obstante, comprometía el futuro de la región. Había una
total desconexión entre el movimiento social y la
representación política.

A pesar de todo, las concesiones de los socialistas no

aplacaron a la burguesía agraria. Ésta no podía admitir que el
derecho a la propiedad privada se viese cuestionado ni de
forma indirecta, sea por ciertas disposiciones de la reforma
(ocupación temporal, concesión de tierras a sociedades
obreras), sea por la legislación social del ministro de Trabajo,
Largo Caballero (prioridad de contratación a la mano de obra
local). Presionó por eliminar estas medidas y logró su objetivo
cuando la coalición reformista se rompió y esta ruptura
modificó la relación de fuerzas en favor de los partidos
conservadores: en noviembre de 1933, los 16 diputados
andaluces del PSOE se encontraron aislados ante los 25
radicales y los 27 de la CEDA. La caída de la tasa de
participación fue particularmente fuerte entre el electorado
rural de la baja Andalucía: en Sevilla, pasó de 66 a 49,8 por 100,
en Cádiz de 59,6 a 37 por 100 (27 por 100 en Sanlúcar de
Barrameda). El abstencionismo fue masivo en todos los
pueblos pequeños dominados por el anarquismo, como
Montejaque: 34 votantes de 1.008 inscritos. 212

212 CNT (24 de febrero de 1933).

 La tragedia de Casas Viejas, «un aduar miserable»
(Ramos‒Oliveira), dejó profundas huellas en el espíritu de los
campesinos. La matanza de 22 vecinos llevada a cabo la
madrugada del 12 de enero de 1933 por la Guardia de Asalto,
que acabó indiscriminadamente con la vida de hombres
jóvenes y viejos, es manifiestamente desproporcionada
respecto al carácter muy localizado del contragolpe tardío que
conoció en la baja Andalucía el vasto movimiento
insurreccional, desencadenado por el activismo anarquista. No
se trataba únicamente de un error político, sino de un grado
más en la escalada de violencia institucional: se pasó de una
justicia expeditiva a ejecuciones sumarias, de la tortura
infligida a unos individuos al terror de masas. El historiador,
naturalmente, puede reconstruir los orígenes específicos de la
revuelta campesina y esforzarse en definir con rigor el papel
jugado por un puñado de militantes libertarios convencidos.
También puede resaltar las responsabilidades de los notables
locales y de los agentes del poder central en la génesis y el
desarrollo del suceso: Buitrón, alcalde radical de Medina
Sidonia, de donde dependía la aldea, que a pesar de sus
promesas no hizo nada para mejorar la vida cotidiana de sus
habitantes; Bascuñana, el alcalde pedáneo, que mantenía un
doble juego, dejando a sus administrados acosar a la Guardia
Civil antes de erigirse en intermediario; Del Pozo, el
gobernador civil, del partido de Azaña, que delegó sus poderes
en individuos dudosos, y transmitió las draconianas órdenes
recibidas de la Dirección de Seguridad pero sin rendir cuentas
de su ejecución a su ministro; el capitán Rojas, instigador de la
carnicería, condenado en mayo de 1934 y que volvemos a
encontrar en julio de 1936 cazando a los «rojos» en
Granada...213 Sin verse directamente implicados, los dirigentes
socialistas tuvieron también una parte de responsabilidad.
Desde hacía meses dejaban agotarse a los obreros agrícolas en
una acción reivindicativa de precarios resultados. Parecía que
olvidasen que, en numerosos pueblos, sus propios militantes
caían bajo las balas de la Guardia Civil. Todo sucedía como si,
entre los partidos reformistas, el espíritu de capilla ganase al
imperativo político mayor, que era enraizar la democracia
entre los trabajadores de la tierra.

La política de reacción que llevaron a cabo los gobiernos de

derechas acarreó un sensible cambio en la orientación de la
federación campesina de la UGT. Su nueva dirección
«izquierdista» se apoderó del problema del empleo y, a
mediados de mayo de 1934, lanzó la primera huelga nacional
de campesinos que conoció España. Al declararla ilegal el
gobierno radical, Andalucía vuelve a la situación que conoció
quince años atrás: se generalizan, más allá de las zonas de
influencia anarquista, las formas de acción violenta: en la
provincia de Jaén se rompen máquinas y se maltrata a las
personas con relativa frecuencia. En octubre, el IRA toma una
decisión cuyo alcance rebasa los 400 colectivistas de «Espera
obrera», la sociedad agrícola a la que, en una localidad de las
altas tierras gaditanas, se le confió dos años antes la
explotación de cuatro fincas: se niega a renovar el
arrendamiento colectivo debido a un desastroso balance
financiero. 214 ¿Una prueba más de que el IRA ya estaba en

213 Sobre Casas Viejas, véase Brey‒Maurice (1973 y 1976), Ramos Espejo y Relaño.
214 B1RA, n.° 9, pp. 41‒51; n.° 15, pp. 183‒185; n.° 28, p. 942. O.T. (14 de octubre y
9 de diciembre de 1933).
contra de la reforma agraria, como repetía hasta la saciedad El
obrero de la tierra, el órgano de la FNTT? ¿O quizá la
confirmación del carácter ilusorio de la estrategia de los
dirigentes reformistas de la UGT, preocupados, según decían,
en preparar progresivamente al obrero agrícola para
convertirlo en un buen gestor? Pues, si el objeto de la reforma
era producir más y mejor, no de dar trabajo, como había
declarado Domingo, era lógico aplicar rigurosamente el criterio
de la rentabilidad financiera.

La conclusión del pacto del Frente Popular vuelve a movilizar

parcialmente al electorado popular, que espera del éxito de las
izquierdas una amnistía y la revalorización de los salarios. El 16
de febrero de 1936 votaron tres electores de cada cuatro en las
provincias ganadas por el sindicalismo socialista; en la baja
Andalucía, la participación recobra el nivel de 1931: 59,5 por
100 en Cádiz y 68,7 por 100 en Sevilla. Las fuerzas de la
derecha sufren un incontestable revés, excepto en Granada,
donde los 10 escaños obtenidos por la CEDA quedan
invalidados por maniobras fraudulentas. En cualquier caso,
después de esta primera vuelta, las izquierdas republicanas y el
PSOE obtienen un número de escaños casi idéntico: 28 y 27; los
candidatos republicanos, seguramente gracias a su mayor
notoriedad, consiguen en todas partes más votos que sus
compañeros de lista socialistas; Izquierda y Unión Republicana
logran, en las provincias de Cádiz y Sevilla, el mismo número de
diputados que el Partido Radical en 1931... La única novedad
en esta notable estabilidad fue la elección de 6 diputados
comunistas, que concretiza la nueva orientación unitaria del
PCE.
 Alentadas por el regreso de la izquierda republicana al poder,
las masas campesinas vuelven a la lucha por el empleo. Los
anarcosindicalistas plantean entonces el problema en el ámbito
local y logran algunos éxitos. Su prudencia contrasta con la
propaganda del sindicalismo socialista, que llama a los
campesinos a apoderarse de las tierras para que su
redistribución finalice el primero de octubre, principio del año
agrícola. No parece, sin embargo, que se produjesen
ocupaciones a gran escala, ni que sus protagonistas tuviesen la
intención de instalarse por mucho tiempo. Se trataba, más que
nada, de formas locales de acción directa para asegurarse un
salario. 215 Naturalmente, no se debe subestimar su impacto
psicológico, amplificado por la derecha. Pero, para la burguesía
agraria, era más inquietante la nueva actitud de los poderes
públicos en relación con las reivindicaciones campesinas. Se
dictaron condiciones muy estrictas a los propietarios para
hacer efectivo el reparto del trabajo entre asalariados agrícolas
y se impusieron fuertes multas a quienes no las cumplieron.216
Pero, a nivel local, seguían siendo inexistentes las mediaciones
entre el poder y las masas. Puesto a prueba por la represión de
los años anteriores, el sindicalismo campesino se va
reorganizando lentamente. Las municipalidades y los alcaldes,
reemplazados administrativamente, a duras penas controlan
los excesos anticlericales y los incidentes entre trabajadores y
guardias civiles, reducidos a una actitud defensiva. La
inexistencia de una vida democrática local hace que las
tensiones entre burgueses y proletarios, en el medio rural,
asuman una tonalidad cada vez más pasional.

215 Infra, cap. VI, p. 314.

216 Malefakis, p. 425, n. 30. Minios, p. 101. Pérez Yruela, pp. 211 y 405‒406.
 En definitiva, no es una revolución en marcha sino una
situación de consecuencias imprevisibles, es un equilibrio
inestable de fuerzas lo que caracteriza la primavera de 1936 en
los campos andaluces. La relación de las clases dominadas con
la política ya no es aquella relación de exterioridad absoluta
que se había dado durante tanto tiempo. En cualquier caso,
tanto los comportamientos electorales como los
comportamientos cotidianos indican que tal relación se
mantiene con una cierta ambigüedad. Seguramente las masas
temen menos a un Estado que no duda en utilizar contra
propietarios y patronos su poder coercitivo. Pero, a pesar de
todo, se mantienen a la expectativa ante un futuro incierto. La
guerrilla que sostienen para hacer respetar su derecho al
trabajo no les prepara para enfrentarse a la contrarrevolución
armada a la que se adhiere una burguesía agraria acorralada. 217
Al vér cómo estaban desprevenidas sus organizaciones, los
militantes obreros se batieron como auténticos
«desesperados». Pero no pudieron evitar que, de Jerez a
Granada, la Segunda República conociese la misma suerte que
su antecesora.

217 Bernal (1980), pp. 207‒211.

 IV. LOS «APÓSTOLES»

O LA DIFÍCIL CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL ANDALUZA

TÓPICOS Y PERSONAJES DE LEYENDA

Es muy posible que, para iniciar un estudio del anarquismo

andaluz, se deba empezar por los tópicos al uso y por los
personajes que han entrado en la leyenda.

El andaluz, si es proletario, es ante todo un hombre rebelde;

un hombre que, por su maximalismo casi instintivo, pone en
peligro las posibilidades de la revolución y, por lo tanto, las
oportunidades de abolir su condición.

Al evocar el declive de la primera federación obrera, la FRE, a

principios de la Restauración, el castellano Anselmo Lorenzo
decía: «Los andaluces sólo influían en la organización por su
número y por su sentimentalismo, y nada podían en otro
sentido, porque, víctimas del latifundio y analfabetos en gran
parte, no podían administrar ni dirigir». 218

El catalán Eusebio Carbó, en nombre de la AIT, la

218 A. Lorenzo, p. 412.

Internacional anarquista, consideraba en 1933: «el caso de
persistencia revolucionaria del pueblo andaluz que a veces
puede ser un peligro para la misma revolución».219

Hoy en día, César M. Lorenzo, el hijo del vasco Horacio M.

Prieto, secretario general de la CNT en 1936, abunda en este
sentido: «El drama de la CNT andaluza residió justamente en la
mediocridad de sus militantes, desbordados por las masas
místicas, ignorantes, prontas a inflamarse por ideas negativas
que sirviesen de derivativo a su miserable condición». 220

Resultaría tedioso prolongar este florilegio.

Reconozcamos que el anarquismo andaluz se ha aplicado

siempre en forjar esta imagen de rebelde impulsivo, hasta de
cabeza loca. Ante todo, sucedió con los disidentes de la
federación reconstituida en 1881, la FTRE, los «Desheredados»,
que rechazaban cualquier componenda con las clases
dirigentes.221 En el momento más fuerte de la lucha de clases
durante el trienio, el delegado de los agricultores de Sevilla,
Antonio Chacón, que intervenía en nombre de la Regional
andaluza, invocaba la pureza del «ideal» para rechazar la fusión
con la UGT, es decir, la unidad sindical. 222 En 1933, el delegado
del sindicato textil de Sevilla soñaba con batirse con pistolas y
dinamita...223

219 BCNT, n.° 15, p. 15.

220 C. Lorenzo, p. 191.
221 Lida (1973), p. 451 (Manifiesto).
222 CNT, Congreso de la Comedia..., p. 325.
223 S.O. (4 de abril de 1933): «El congreso de la Regional andaluza», 7.a sesión.
 Desde esta perspectiva, resulta lógico prestar atención a las
personalidades que constituían una excepción a la regla. Una
de ellas, si no la única que, en palabras de César M. Lorenzo,
«emerge de aquella marea humana de innegables simpatías
libertarias», es la del gaditano Fermín Salvochea, cuyas
exequias, en septiembre de 1907, fueron seguidas por una
muchedumbre inmensa; su memoria se ve todavía hoy
venerada en su ciudad natal.224 Aquel «Don Quijote en carne y
hueso», según el prefacio de un escrito de Vallina, fascinó por
su abnegación y su existencia ascética tanto a hombres de
acción como a hombres de letras; citemos como ejemplo a
Blasco Ibáñez y Valle Inclán entre ellos. Su vida entera fue una
concentración de las virtudes del dirigente revolucionario, un
ejemplo de tal magnitud que eclipsa al resto de personalidades
del anarquismo andaluz, incluso a aquellas de quienes Díaz del
Moral resaltó la importancia decisiva en la unificación y
movilización de los trabajadores andaluces de principios del
siglo XX; personalidades entre las cuales destaca,
precisamente, uno de los discípulos de Salvochea, José Sánchez
Rosa.

No es nuestra intención rehabilitar a dirigentes, hombres

menospreciados o ignorados por una historiografía todavía
muy catalanocentrista por lo que respecta al anarquismo. ¿Es
necesario recordar que el propio Anselmo Lorenzo, a principios
del siglo XX, había expresado su alta consideración por los
militantes que encontró en 1872, durante una rápida gira por
Andalucía, como Miguel Rubio, «el zapatero filósofo» de

224 Moreno Aparicio, pp. 201 y 279.

Sevilla, y Miguel Pino, el cerrajero mecánico de Málaga?225 Más
tarde, otros historiadores militantes, como Buenacasa o Abad
de Santillán, han trazado biografías sucintas de responsables
andaluces, como el viticultor Sebastián Oliva, que luchó
durante años con fortuna diversa por crear y desarrollar una
federación campesina en el seno de la CNT.

Nuestro propósito es profundizar en el análisis, ampliando el

objetivo a toda la Andalucía anarquista, en la vía trazada por
Díaz del Moral con el propósito de precisar mejor la naturaleza
y el alcance de la influencia ejercida en todos los niveles: local,
regional y nacional, por los sucesivos responsables de la
organización andaluza. Ello nos lleva a establecer una primera
distinción entre propagandistas y organizadores, a integrar el
papel de cada uno de ellos en la vida de la organización y en
sus distintas etapas, a desarrollar el análisis que Díaz del Moral
esbozó: el que trata de las relaciones entre anarquismo
español y anarquismo andaluz, a plantear así la cuestión
esencial sobre el lugar que ocupó en la plataforma y en la
praxis del anarquismo español el problema de la tierra en
Andalucía y, a partir de ahí, determinar también el papel que
jugaron sus organizaciones en las luchas campesinas que se
desarrollaron entre el último tercio del siglo XIX y la Segunda
República.

De este modo verificaremos la tesis de Díaz del Moral, para

quien intelectuales y artesanos dominaron durante largo
tiempo las organizaciones de base, antes de ser

225 A. Lorenzo: «La excursión a Andalucía».

progresivamente relegados por los trabajadores de la tierra.226
En otras palabras, nos interrogaremos sobre la capacidad del
anarquismo para extraer del mundo y de los movimientos
campesinos unos dirigentes verdaderamente propios, unos
«intelectuales orgánicos», si se prefiere.

EL MAESTRO: SALVOCHEA

Hablar ante todo de los «apóstoles», de los portadores de la

palabra redentora, significa tener en cuenta la importancia que
les concede la sociedad española del siglo XIX, una sociedad en
la que tradiciones y necesidades se conjugan para hacer de la
comunicación oral un medio privilegiado para la difusión de las
ideas, un medio de propaganda. Importancia que también se
debe medir teniendo en cuenta la persecución de que eran
objeto por parte de las clases dirigentes, la veneración que les
profesaban los humildes y la curiosidad que despertaban entre
los intelectuales. En este sentido, Fermín Salvochea
(1842‒1907) fue incontestablemente el primero de entre los
apóstoles y, en cuanto tal, figura en un lugar preeminente en el
panteón anarquista. El reverso de la medalla es que la leyenda
sustituye a la biografía, lo que necesariamente conduce al
historiador a fijarse en las lagunas.

226 Díaz del Moral (1973), pp. 105 y 182.

 Las lagunas de una biografía

Sabemos poco sobre la formación intelectual de aquel hijo de

un rico negociante aficionado a las letras. Aún adolescente, fue
enviado por su familia a Gran Bretaña para aprender inglés e
iniciarse en los arcanos del comercio. Estuvo allí cinco años y
descubrió a Thomas Paine, Bradlaugh y Robert Owen, adepto
de un «socialismo municipal» que Kropotkin estimaba muy
cercano al anarquismo.227

Fermín Salvochea

Estas posibles influencias en el pensamiento del joven

centran su formación ideológica.228 A su regreso, frecuentó el
cenáculo fourierista de Cádiz, un cenáculo cuyo fourierismo
ponía más el acento, como ha demostrado Elorza, en la
necesaria reconciliación del individuo con el trabajo que en la

227 Kropotkin (1973), p. 343.

228 Brey et al. (1987): «Formation idéologique et expériences révolutionnaires d’un
bourgeois déclassé».
ambiciosa construcción filosófica‒política del falansterio y de la
liberación de las pasiones.229 No sabemos nada del período de
exilio en el extranjero que siguió al fracaso del levantamiento
armado que protagonizó en el otoño de 1869.

Nada, por ejemplo, de las relaciones que pudo establecer en

París con los opositores de Napoleón III, sólo que estaba en la
cabeza de la manifestación organizada en protesta contra el
asesinato de Víctor Noir. Tampoco podemos precisar el papel
exacto que pudo jugar, a su regreso a España en 1871, en el
seno del directorio del Partido Republicano Federal, presidido
por Pi y Margall.230 Pero sí sabemos, por el contrario, que la
caída de la Comuna de París le llevó rápidamente a adherirse,
con algunos de sus amigos, a la Internacional, sin por ello
abandonar el Partido Republicano Federal.231

Faltan también datos para reconstruir su evolución

intelectual durante sus dos largos períodos de detención, de
1873 a 1884 y de 1891 a 1899.

La construcción de la leyenda

Los primeros en construir la leyenda de Salvochea fueron sus

amigos republicanos. Así, un sabio profesor, Moreno Espinosa,
había exaltado al «triste demócrata», al glorioso visionario, al

229 T. y L. (19 de julio de 1902): necrología de R. de Cala por Salvochea.

230 Hennessy, p. 152.
231 Guereña, en Brey et al. (1987): «Fermín Salvochea du fédéralisme á
l’anarchisme».
apóstol vencido, sufriendo pacientemente el martirio a
imitación de Cristo, en una oda de pomposo estilo publicada en
el undécimo aniversario del 8 de diciembre de 1868, el día en
que Salvochea negoció una tregua con el ejército que asediaba
la ciudad, cuajada de barricadas. 232 Condenado a cadena
perpetua a principios de 1874, Salvochea se encontraba
entonces en el quinto año de reclusión. También Ramón León
Maínez le consagraría un artículo en su diario en octubre de
1893, cuando, algunas semanas después de una nueva
condena a doce años de reclusión, Salvochea, transferido al
penal de Valladolid, intentó suicidarse.233 León Maínez hacía un
elogio del presidente del cantón, del dirigente popular
injustamente perseguido, del hombre, de la nobleza de su
carácter. Al año siguiente, en Nueva York, donde estaba
exiliado, José Martí le rendía homenaje, haciendo un bosquejo
muy vivo de la silueta de aquel republicano excesivamente
sincero que había creído que «bastaba con segar las ortigas,
cuando lo que había que hacer era mudar las raíces».234

La imagen que sus contemporáneos dieron de Salvochea

corresponde bastante fielmente a la realidad. Un cronista de
las jornadas de diciembre de 1868 subrayaba que aquel
«demócrata» de nuevo cuño, hasta entonces oscuro, se había
convertido en una personalidad de primer orden gracias al
valor de que había hecho gala en las barricadas.235 Nicolás
Estévanez, el militar y conspirador republicano, abundará en

232 V.O.M. (30 de septiembre de 1908): «A Fermín Salvochea».

233 El Pueblo (19 de octubre de 1893).
234 J. Martí, t. 3, pp. 283‒284.
235 Moreno Aparicio, pp. 81‒86.
esta opinión: «los sucesos de Cádiz le hicieron en pocas horas
el hombre más popular de Andalucía y aun de toda España».236

Además, las proclamaciones que firmó como presidente del

cantón en julio‒agosto de 1873 muestran su constante
preocupación para reafirmar la moral de los voluntarios,
tranquilizar a la población y convencer a la marina de la justicia
de la causa cantonalista.

La última proclama denunciaba la actitud de dimisión

nacional de las Cortes, que al autorizar la intervención
extranjera situaba a España en el último rango de las
potencias. 237 Dicho de otro modo, aquel republicano
intransigente era un patriota.

Pero si Salvochea ha pasado a la posteridad es en gran

medida gracias a la literatura, y más exactamente gracias al
escritor comprometido que en aquellos momentos era Vicente
Blasco Ibáñez. En La Bodega, que apareció en 1905, el novelista
valenciano le daba a su modelo la fisonomía de un santo varón,
laico, ya envejecido, Fernando Salvatierra, que vivía entre los
jornaleros de Jerez como un asceta, decidido librepensador si
no ateo, querido por todos aquellos que combatieron a su lado
durante el sexenio. Mezclando hábilmente los diferentes
períodos de la vida del revolucionario, Blasco lo transportaba
de Cádiz a Jerez, acentuaba su anticlericalismo y atenuaba su
igualitarismo. En otras palabras, conservaba de su acción y de
su pensamiento únicamente aquello que conducía hacia la

236 Páginas Libres (1 de diciembre de 1920): «Estévanez y Salvochea».

237 Moreno Aparicio, pp. 131‒184.
unidad de acción entre republicanos y anarquistas. Y, habilidad
suprema, desdoblando el modelo en dos personajes, el
maestro y el discípulo, Fermín Montenegro, iba hasta hacer
decir al primero que «la verdadera fraternidad era la justicia
social», que, en cualquier caso, no era incompatible con una
reforma parcial del régimen de propiedad que, al menos,
aliviaría la miseria de los trabajadores...238

Blasco Ibáñez, naturalmente, no inventaba nada cuando, al

presentar la conversación entre ambos personajes, orquestaba
con toda la sonoridad de su estilo la meditación en voz alta de
Salvatierra, que reflexionaba sobre las cambiantes relaciones
que la humanidad dolorida ha mantenido con la naturaleza
desde la más alta antigüedad. Por necesidades de su causa ‒la
idealización del mundo mediterráneo‒ transponía lo que fue
una constante en la vida de Salvochea, el combate anticlerical.
Salvochea había librado aquel combate en 1873 como alcalde
de Cádiz y luego como presidente del cantón: a las calles y
escuelas les quitó sus nombres de santos, sacó las estatuas
religiosas de los lugares públicos, derribó o secularizó
conventos y prohibió la enseñanza religiosa en las escuelas
públicas.

Más tarde, lo siguió en otro contexto cuando fundó, en 1886,

un círculo librepensador con el propósito de ampliar los apoyos
de su periódico, El Socialismo239.

Luego, desde la cárcel en que nuevamente le encerraron,

238 Blasco Ibáñez, La Bodega, cap. V.

239 El País (29 de mayo de 1903): «Campaña de El Socialismo».
denunció en febrero de 1892 las presiones ejercidas por el
clero de Jerez sobre los cuatro trabajadores condenados a
muerte por la justicia militar, con el propósito de hacerles
renegar públicamente de sus convicciones. Ciertamente, los
sacerdotes y religiosos habían intentado «por todos los medios
imaginables» obtener «la muerte moral de aquellos a quienes
tratan de quitar la vida en la plaza pública».240

Sin embargo, Blasco Ibáñez ignoraba, deliberadamente o no,

que el pensamiento de su modelo había evolucionado con el
tiempo. En 1900, al denunciar «la contribución de sangre»,
Salvochea consideraba que «la piedra angular sobre la que hoy
descansa el viejo y vacilante edificio capitalista» ya no era
tanto el clericalismo, como pretendía Gambetta, como «la
plaga del militarismo».241

Según Vallina, en la misma época encontraba muy extraño

que la Sociedad de Librepensadores de Madrid se especializase
en la actividad «necrológica» consistente en organizar
entierros civiles.242 En 1904 evocó en dos ocasiones, con la
intención de criticarlo, el mensaje que Cristo había transmitido
a los pobres, precisando con intención que lo escuchasen los
librepensadores que la idea de Dios desaparecería solamente
«el día que la revolución social haya dado el golpe de gracia al
régimen capitalista; antes, no».243

240 La Anarquía (18 de febrero de 1892): «Una carta».

241 Salvochea, p. 9.
242 Vallina, pp. 58‒59.
243 V.O.M. (15 de octubre de 1904), «La Verdad» y (15 de febrero de 1904), «Dios y
el dinero».
 Uno de sus discípulos, Pedro Vallina, seguramente con la
intención de reaccionar contra la imagen edulcorada que de
Salvochea proyectaron los republicanos, volvió a publicar en
Páginas libres, la revista que creó en Sevilla a fines de 1920, al
regresar del exilio, algunos de los textos publicados por
Salvochea cuando se conocieron en Madrid a principios de los
años 1900. Aquellas páginas exaltaban, en forma versificada, a
los héroes de los tiempos modernos: Satán, o el regicida, que
luchaban por la causa de los pueblos; denunciaban, con tono
vehemente, en cortos textos en prosa, los perversos efectos de
la propiedad, el simulacro de justicia que había sufrido la
marcha de Jerez de enero de 1892; comprendían un diálogo
entre el autor y un amigo sobre las virtudes del comunismo
nivelador, el único que podría establecer la fraternidad entre
los hombres: la igualdad económica tan querida por los
anarquistas era algo muy distinto a la justicia social, que no era
más que una figura de retórica.

Llegó luego, en tiempos de la República, una breve biografía

del anarquista alemán Rocker, publicada en un mensual
anarquista de Valencia, Orto, a fines de 1933, que en 1945
apareció en forma de folleto. En 1958, al final de su vida,
Vallina publicó a su vez un folleto en que mezclaba con sus
recuerdos los pocos elementos autobiográficos aportados por
Rocker y por el propio Salvochea. Lleno de anécdotas sobre el
Madrid provinciano de principios de siglo y sobre la vida que
allí llevaba Salvochea, se fijaba ante todo en el humanismo,
más que en la dimensión de dirigente revolucionario de
Salvochea, pasando así por alto el papel jugado por Salvochea
en el movimiento anarquista a partir del momento en que
rompió con sus amigos federalistas. Sin embargo, en abril de
1886 el ex presidente del cantón había hecho público en su
periódico, El Socialismo, su rechazo ‒formulado en términos
corteses‒ a figurar entre los miembros del comité republicano
que se estaba reconstituyendo: «después de lo ocurrido el 73,
creo que nada debe esperarse ya de la política». 244

En resumidas cuentas, los largos años pasados por Salvochea

en la cárcel (casi una tercera parte de su vida) contaron mucho
en el momento de construirse su leyenda, acarreando casi
automáticamente un paralelismo con Blanqui. Pero no es
motivo suficiente para eclipsar la acción del hombre maduro
entre 1886 y 1891, ni el magisterio del hombre envejecido
entre 1899 y 1904, pues el rasgo común y característico a
ambos períodos fue sugerido por el propio Salvochea en uno
de los últimos textos que se le conocen: la primacía de la
acción individual y de la lucha ideológica sobre la acción
colectiva y la lucha reivindicativa.245

El Socialismo, el Primero de Mayo y la huelga general

Estamos intentando la reconstrucción de un personaje

histórico a partir de las huellas de su palabra y su pensamiento,
tal como las hemos conocido a través de los despachos del
cónsul francés en Cádiz, el folleto de Vallina y su propia
producción periodística.

244 Soc. (16 de abril de 1886).

245 BFRESR (1 de enero de 1906).
 Ante todo, explicitemos que el carácter solitario de su
combate por un mundo liberado de la explotación del hombre
por el hombre se aclara por el contexto en que interviene
aquel «decepcionado del republicanismo» en que se había
convertido Salvochea cuando la amnistía le permitió regresar a
su ciudad natal. En febrero de 1886 sacó a la calle un
bimensual: El Socialismo. La Federación de Trabajadores de la
Región Española (FTRE) no era entonces más que la sombra de
sí misma. En octubre de 1883, apenas acabados los procesos
de «La Mano Negra», la Federación había decidido, en su
congreso de Valencia, «la retirada al Monte Aventino» en
espera de días mejores. Con el regreso de los conservadores al
poder y la agravación de la crisis agraria, tales días no llegarían:
un año más tarde, en Barcelona, un grupo de delegados se
planteaba la posibilidad de disolver la Federación y, en los
últimos días de 1884, los escisionistas, «los Desheredados»,
entre los que estaban representadas numerosas localidades
gaditanas y sevillanas, celebraban un congreso en Cádiz. Por su
parte, la Unión de los Trabajadores de los Campos (UTC)
conocía graves disensiones internas.

En 1885, las tentativas que se hacían desde Madrid, en mayo;

y Barcelona, en julio, para reformar la organización de masas,
se quedaron cortas y sólo algunas pocas federaciones locales
andaluzas participaron, apareciendo Sevilla como la más
«legalista» en aquella época.

Excepto en la provincia de Barcelona, la prensa anarquista

vegetaba: en abril de 1884 cesó de aparecer el semanario
sevillano La Autonomía, portavoz oficioso de la UTC, que había
iniciado una viva polémica con el órgano oficioso de la FTRE,
Revista Social, volviendo a poner en tela de juicio el programa
agrario adoptado en el congreso de Valencia.246

El lanzamiento de El Socialismo se produjo, pues, en

circunstancias particularmente desfavorables. En el ánimo de
Salvochea, aquel bimensual debía constituir un revulsivo para
las masas, aterrorizadas por los «asesinatos legales» de Jerez,
hacerlas salir de su letargo y darles razones para la esperanza.
El modelo explícito era el bimensual lanzado por Kropotkin en
febrero de 1879, Le Révolté: no se trataba de extenderse sobre
los defectos del régimen capitalista sino de poner en evidencia,
de una forma accesible, todos los signos que dejaban presentir,
en todo el planeta, la llegada de una nueva era. 247 Pero,
aislado, sin grandes medios financieros, sin colaboradores fijos,
Salvochea ‒como Kropotkin‒ no tuvo más remedio que erigirse
en redactor único de su periódico, sacando su material de los
periódicos anarquistas del mundo entero. Tanto por necesidad
como por su propósito deliberado, El Socialismo se convirtió en
«eco de la prensa universal», contribuyendo así a reavivar
entre los lectores el espíritu de solidaridad internacionalista
que había presidido la constitución de la Internacional en
España. Tras la matanza de los communards parisienses, la
ejecución de los anarquistas de Chicago, en noviembre de
1887, se constituyó en uno de los mitos fundacionales del
movimiento obrero: un poema anónimo, publicado al
cumplirse el primer aniversario de la ejecución, rendía
homenaje a aquellos héroes cuyo sacrificio no había sido vano

246 Nettlau, caps. XIX‒XXII.

247 Kropotkin (1973), pp. 354‒355.
y anunciaba grandes cosechas.248 Por lo demás, aquel hecho
confirmó a Salvochea en su idea de que el régimen republicano
podía ser tan duro con los trabajadores como la monarquía, y
que los anarquistas no podían, definitivamente, esperar nada
del «sistema parlamentario»: tal es lo que especificó al director
del diario republicano El Manifiesto en enero de 1891, poco
tiempo antes de las primeras elecciones con sufragio universal
que se organizaban desde 1876.249

Con el propósito de no ahondar el foso que separaba a las

dos grandes tendencias del anarquismo, colectivistas y
comunistas, Salvochea tuvo mucho cuidado en no
comprometerse a fondo en favor de los últimos, concediendo,
por el contrario, un creciente espacio en su periódico a la
actividad de los grupos y sociedades de resistencia locales.
Pues, en aquel mismo tiempo, se había establecido una especie
de modus vivendi entre sindicalistas y activistas, logrando
finalmente los primeros hacer reconocer, en Barcelona en
mayo de 1888, la legitimidad del movimiento por la jornada de
8 horas: así, la corriente anarquista conservaba ventaja sobre la
marxista, que se disponía a organizarse formalmente con los
congresos constitutivos del PSOE y de la UGT. Esta unión
permitió el éxito de la primera celebración del Primero de
Mayo en 1890, especialmente en Cádiz, donde la movilización
popular permitió reconquistar la calle, prohibida desde los
lejanos tiempos de la Primera República. Pese a ello, en los
discursos pronunciados para la ocasión ya aparecieron algunos
matices. Los compañeros de Salvochea hacían hincapié en el

248 Soc. (16 de noviembre de 1888): «A los héroes de Chicago».

249 Diario de Cádiz (12 de enero de 1891).
ejercicio de los derechos de los trabajadores: asociación y
huelga; Salvochea, por su parte, consideraba el paro masivo en
el trabajo como el preludio de «grandes cambios sociales».250
Seis semanas más tarde, El Socialismo ponía los puntos sobre
las íes, acabando con cualquier ambigüedad: la importancia de
la huelga se debía menos a sus resultados que a su propia
existencia, lo que podía suponer como inteligencia previa de
los «productores».251

El año siguiente, 1891, el activismo anarquista se apuntaba

teóricamente un tanto: en el congreso de Madrid, a fines de
marzo, una amplia mayoría admitía que la huelga general era el
medio más eficaz para llegar a las ocho horas.252 El anarquismo
español salía así de largos años de incertidumbre, de múltiples
variaciones sobre el tema de la huelga general, vista como la
antecámara de la revolución, como el último recurso que no se
debía utilizar a la ligera; una concepción que había estado muy
extendida para excluir cualquier movimiento de envergadura
en favor de mejoras parciales.253 En cualquier caso, la decisión
de 1891, tomada contra los socialistas, no pasó de ser una
victoria pírrica, pues Cánovas se dedicó a prevenir o, en su
defecto, abortar la huelga general en la mayor parte de las
ciudades en que se declaró, como en el caso de Cádiz, donde se
arrestó preventivamente a Salvochea y otros militantes. 254 Sin
embargo, una vez lanzada, la idea siguió haciendo su camino,

250 AMAE, CPC, Cádiz, t. 98, 2 de mayo de 1890.

251 Soc. (16 de junio de 1890).
252 Santillán (1965), I, p. 431. Díaz del Moral (1973), p. 131.
253 Termes (1873), pp. 215‒219. A. Lorenzo, pp. 338 (1874) y 395 (1877).
254 AMAE, CPC, Cádiz, t. 99, 25, 27, 30 de abril y 1 de mayo de 1891.
resurgiendo con fuerza diez años después, en el segundo
congreso de la Federación de las Sociedades de Resistencia de
la Región Española (FSRRE), cuyo manifiesto declaraba, entre
otras cosas: «En fin, nos proponemos trabajar por nuestra
cuenta, organizando no el sufragio universal, creador de
tiranos, sino la Huelga universal, redentora de esclavos».255

Simbólicamente, el último congreso celebrado por la CNT

antes del levantamiento militar de julio de 1936 comenzó el
primero de mayo y el secretario general, Horacio Prieto, resaltó
en su discurso de apertura el lazo casi orgánico entre aquella
jornada y la huelga general revolucionaria, medio de lucha del
que se había apropiado el proletariado.

Para concluir con El Socialismo, queda por desvelar una

paradoja: Salvochea, redactor casi único de aquel periódico de
audiencia difícilmente mensurable, siempre se ocultaba, tanto
detrás de aquellos a quienes traducía del inglés como detrás de
las personalidades y colectividades gaditanas a las que daba la
palabra. En ello reside sin duda el secreto de la excepcional
duración de aquel periódico, cuyo título indicaba claramente la
voluntad de su fundador y animador: unir a todas las fuerzas
revolucionarias. Este espíritu sincretista que únicamente
excluía a los marxistas ‒entonces minoritarios‒ y establecía las
bases de una alianza populista, debió parecer demasiado
peligrosa a los dirigentes conservadores, que acallaron a
Salvochea cerrando su periódico, deteniéndolo y, finalmente,
condenándolo a una larga pena. Pero el dirigente gaditano
pudo expresarse en otras publicaciones anarquistas antes de su

255 Artola (1974‒1975), II, pp. 258‒260. Cuadrat, pp. 64‒65.

encierro, y así denunciar a nuevos ricos y «príncipes de la alta
banca judía», además de poner en evidencia la crueldad de la
burguesía jerezana y las presiones del clero para con los
condenados a muerte; e indicar que, lejos de ser una utopía, el
comunismo respondía tanto a los descubrimientos recientes de
la ciencia experimental, del transformismo, como a las
prácticas de ayuda mutua y solidaridad, propias de cualquier
familia de trabajadores: el comunismo representaba la
igualdad, del mismo modo que la anarquía representaba la
libertad. 256

El período madrileño

De nuevo amnistiado, Salvochea se instaló en Madrid y

colaboró regularmente, al menos hasta el verano de 1902, en
los periódicos de la pareja Montseny, La Revista Blanca y su
suplemento semanal. Mientras tanto, publicó un folleto, La
Contribución de Sangre.

Si, con Vallina, admitimos que siguió con interés el congreso

constitutivo de la nueva federación de sociedades obreras; si es
igualmente cierto que la orientación adoptada (la primacía de
la «lucha económica» para lograr la emancipación de los
trabajadores) era de una ortodoxia estricta desde el punto de
vista anarquista, también debemos tener en cuenta que las

256 La Anarquía (18 de diciembre de 1891): «El 11 de noviembre», y (18 de febrero

de 1892): «Una carta». Cors. (4 de diciembre de 1892): «El comunismo es la igualdad».
ideas desarrolladas entonces por Salvochea se situaban en un
registro bastante distinto.

Así, en La Contribución de Sangre, texto que precedió en

algunos meses al congreso en cuestión, insiste en el carácter
primigenio de la acción individual, del compromiso personal:
«Que cada uno cumpla con su deber, aportando su concurso a
la obra del bien general, y la acción individual se tornará pronto
en colectiva, sin necesidad de concierto ni organización». 257

Ofrece como ejemplo a aquellos que pasan a la acción, como

Pini, Ravachol, Caserío o Pallás, adeptos de la actuación
individual y regicidas, y también a una joven que mostró una
elocuencia desbordante en un meeting organizado en París por
la liberación del coronel Picquart, dispuesta a sacrificarse con
tal de reparar una injusticia. 258

Los textos en verso publicados por Suplemento a la Revista

Blanca en 1899 y 1900 exaltan los valores (libertad, verdad y
justicia) por los que a menudo se baten y perecen los
trabajadores; las virtudes (valentía, voluntad y, sobre todo,
constancia) de las que, a imitación de sus mártires, deben
hacer prueba para adelantar la llegada de un mundo nuevo.
Aquellas traducciones de poetas ingleses y norteamericanos, o
de militantes revolucionarios como Louise Michel, se
correspondían con las traducciones de artículos publicados en
periódicos anarquistas del extranjero, especialmente en los de
Sébastien Faure y Jean Grave.259 Entre los textos escritos por el

257 Salvochea, p. 19.

258 Sup. RB (3 de junio de 1899): «La tradición revolucionaria» (S. Faure).
259 Le Journal du Peuple (S. Faure) y Les Temps Nouveaux (J. Grave) que sustituye a
propio Salvochea, algunos tienen una pretensión doctrinal y
tratan básicamente de lo que constituye «el principio de todos
los males»: la propiedad, la «hidra» moderna, y del único
remedio que puede liberar a la humanidad: el comunismo, «del
que nunca debió apartarse [la sociedad]». 260 También
encontramos en esa época una defensa e ilustración del
«expropiador», que no debe confundirse con el vulgar ladrón,
pues el primero se limita a restituir a la sociedad la parte del
producto del trabajo confiscada por los burgueses. 261 Del
mismo estilo es la consigna que Salvochea toma de un
periódico anarquista británico, «No trabajad», y que Tierra y
Libertad publicó en abril de 1902, dos meses después de la
huelga general de Barcelona.262

Como en el período precedente, el de El Socialismo, la

producción del Salvochea traductor es más abundante que la
del Salvochea autor. En verso, los textos de su cosecha eran, en
aquella época, exclusivamente textos conmemorativos
‒Montjuic, Chicago, la Comuna, el Primero de Mayo‒; en
opinión de Vallina, piezas de circunstancias hechas para ser
leídas a lo largo de las veladas de los grupos anarquistas:
Salvochea trabajaba por encargo, como un zapatero...263 En
prosa, además de los textos de carácter doctrinal que
acabamos de señalar, Salvochea tomó de la prensa anarquista

Le Révolté.
260 Sup. RB (24 de junio de 1899): «La propiedad», y (7 de octubre de 1899):
«Comunismo e individualismo».
261 Ibid. (14 de abril y 19 de mayo de 1900).
262 T. y L. (26 de abril de 1902).
263 Vallina, p. 107.
extranjera los artículos que se relacionaban indirectamente con
la experiencia de la guerra colonial que acababa de vivir
España, para con ello mejor mostrar la dimensión universal del
combate antimilitarista; se trata de las exacciones de Gallieni
en Madagascar, de la explotación de la mano de obra indígena
en Argelia o de la feroz resistencia de los bóers a una potencia
que a sus 38 millones de habitantes unía sus vastas colonias. 264
En general, Salvochea invoca a aquellos que por su palabra,
pluma y acción son autoridades, para fundar en razón la «idea»
y el carácter ineluctable de su «triunfo».

Sin embargo, de los quince textos reseñados los años 1901 y

1902, sólo hay una traducción, la de un texto de Béranger.265
Todo sucede como si, tardíamente, a fuerza de tratar a las
Musas como un aficionado, Salvochea se hubiese dejado
seducir por ellas... Su poesía es sentenciosa, una poesía a lo
Sully Prudhomme, a lo Núñez de Arce; su análisis lexical revela
la «constancia» que emplea el pensador, el filósofo, en
transmitir a los humildes, a los pobres y a los oprimidos un
mensaje de esperanza y de verdad. Las composiciones de la
primavera de 1901 les exhortan a abandonar la resignación y a
cesar en sus lamentos; exaltan la nueva fuerza del productor
que, ilustrado por el pensador, acaba descubriendo que la
anarquía es la madre de la libertad:

De la noche ya viene el fin tan deseado

y despunta la aurora de paz y de armonía,

264 Sup. RB (10 de junio de 1899): «El general Gallieni»; (2 de diciembre de 1899):
«El robo». Salvochea, pp. 11‒13, Freedom.
265 Brey et al., (1987): «inventaire de la production journalistique de Salvochea
(1899‒1902)».
 un paso más, y libre será el desheredado
en el seno amoroso de la madre anarquía.266

Anuncian el ineluctable «despertar» del esclavo antes de que

las siguientes composiciones, llevadas por la oleada anticlerical
del verano de 1901, enuncien de dónde vendrá el final del
«sueño de la razón»: del advenimiento de una humanidad que
la ciencia habrá desembarazado de la divinidad, de sus santos y
de sus mercaderes, los sacerdotes y sacristanes. En otoño, tres
composiciones ilustraban y desarrollaban esta idea‒fuerza y,
acogiéndose a la tradición clásica de la fábula, pretendían
disipar los «cuentos de la aldea», a menudo difundidos por las
beatas acerca de animales tan útiles al hombre como la
culebra, el búho o el sapo. Como a Béranger, el paquebote,
lugar en que se encuentran representados del pobre al rico
todos los grados de la jerarquía social, proporciona a Salvochea
material para anécdotas significativas. La voluntad de instruir
aparece finalmente en marzo de 1902, de una manera
explícita, bajo la forma simbólica del lobo dando una lección de
sabiduría al borracho, que se cree un superhombre:

Los que a la vanidad culto rindiendo

el vicio van doquiera pregonando,
comprendan que el ejemplo que están dando
hasta el bruto lo acoge sonriendo.267

Vallina dice de esta composición que fue escrita para burla

de un cierto Cadenas, «entusiasta de Nietzsche» y aficionado a

266 Sup. RB (22 de junio de 1901): «Hoy».

267 T. y L. (22 de marzo de 1902): «El lobo y el borracho».
la bebida, con lo cual se cumplía una doble intencionalidad:
alertar a los anarquistas contra un vicio degradante y tomar
distancias respecto a la bohemia intelectual y anarquizante que
menudeaba por el Madrid de la época.

Los textos en prosa, poco numerosos, dan prueba de la

misma voluntad edificante. Siguen tomando su materia prima
de los periódicos anarquistas extranjeros y comentan
acontecimientos sociales y políticos: huelga de mineros en
Francia, actos de insumisión en el ejército ruso, e incluso
catástrofes naturales, como la erupción de la Montaña Pelada;
todo ello con la intención de ilustrar al lector, de anunciarle
puntualmente el instante próximo y radiante del juicio final
hecho por el pueblo, que finalmente sale de la noche secular
en que se encuentra inmerso. El empleo frecuente del ya se
reviste de todos los sentidos posibles: de la impaciencia de
aquel que clama por la revolución social ‒«¡Ya era hora!» ‒, a
la fuerza de la evidencia para aquel que sabe ver e interpretar
el sentido de los acontecimientos.

También datan del período madrileño algunos textos de

carácter más o menos autobiográfico, como los artículos sobre
la prisión, de los que se podía esperar que Salvochea expresara
la parte más personal de su experiencia. En ellos, se extiende
sobre las malas condiciones de vida e higiene, y más
generalmente sobre los perversos efectos del universo
carcelario, tanto sobre los carceleros como sobre los presos. El
juego, la bebida y el afán de lucro contribuían, según
Salvochea, a hacer de las cárceles verdaderas «universidades
del crimen», según la frase de Kropotkin, quien, tras su
encierro en la cárcel de Clairvaux, había plasmado los
aprendizajes de sus estancias «En las cárceles rusas y
francesas» en una obra publicada con este título en 1886;
luego, volvería sobre el tema en sus memorias, llegando a la
conclusión de que era vano, como se pretendía hacer en
Francia, reformar el sistema penitenciario, que no corregía a
los delincuentes sino que los corrompía más aún.268

Menos prolijo que su modelo, Salvochea se apoyaba en sus

propias observaciones para mostrar que, en España, la mayor
parte de los detenidos se veían amenazados por una muerte
lenta. La conclusión era evidente: ¡había que destruir las
prisiones! Pero, inmediatamente, Salvochea concedía a sus ex
«correligionarios» republicanos que, mientras no se produjese
la desaparición de la propiedad individual (que engendraba la
delincuencia y, por lo tanto, la cárcel), se podía imaginar una
solución que las reemplazase, unas «colonias comunistas»
donde los condenados, viviendo con sus familias, se dedicarían
a la industria y a la agricultura y se instruirían lejos de los
lugares de perdición, como garitos y tabernas, y lejos también
de los curas.

Además, un buen uso de la electricidad disuadiría a los más

«refractarios» de evadirse, pues la peor eventualidad, perder la
vida, no era nada al lado de lo que perderían en la cárcel de su
libertad y de su dignidad... La argumentación revela el carácter
marcadamente reductor del «determinismo» de que alardeaba
Salvochea, ya que, al ser el comportamiento del individuo el
«resultado» de su medio, el criminal no podía ser más que un
enfermo, el suicidio un «asesinato colectivo» y los militantes

268 Kropotkin (1973), pp. 388‒396.

anticolonialistas como Maceo y Rizal el producto de
circunstancias contingentes...269

El culto al hombre ejemplar

Este pensamiento mecanicista está estrechamente ligado a

una lectura idealista de la evolución de la humanidad, la que
Salvochea desarrolla en uno de sus escasos textos largos, La
Contribución de Sangre. El «sistema capitalista burgués» no es
fundamentalmente distinto del canibalismo de las sociedades
primitivas: únicamente se distingue por la forma, más refinada
e hipócrita, pero el ávido capital devora al productor tal como
el pretendido salvaje devoraba a su semejante; según
Salvochea, no hay mejor analogía. Cuando los pueblos en masa
hayan asumido plenamente esta verdad, habrá grandes
posibilidades de que salgan para siempre del «reino de las
tinieblas». Como vemos, el razonamiento analógico sólo puede
expresarse en el discurso metafórico; la difusión de las nuevas
luces, «las ideas de rebelión y de emancipación», producen a la
larga los mismos efectos que la revelación. De ahí procede la
certeza de que, llegado el día, el paro general del trabajo hará
que el capital sufra instantáneamente un síncope:

Como el paro general

se declare para el Mayo,

269 Sup. RB (16, 23 y 30 de septiembre de 1899): «La prisión». El País (9 de agosto de

1903): «La cárcel por dentro».
 de fijo le da un desmayo
en el acto, al capital. 270

Un pensamiento que, trascendiendo los meandros de la

historia, basándose ante todo en la firmeza de la íntima
convicción, en la «constancia», prescinde de la mínima
demostración, toma el camino más corto, recurre a los
probados medios del catecismo, con el diálogo, de la sabiduría
popular, con la fábula, y del moralista con la máxima.

Como si, en relación a la ampulosidad oratoria de la época, la

concisión del discurso, la predilección por los géneros cortos,
como el poema, el artículo o la tarjeta postal, fuesen
cualidades en sí mismos.271 Un pensamiento que, a fuerza de
discurrir en la esfera de lo universal abstracto, acaba por
transcribirse en escritura fonética, como si aquella grafía
artificial pudiese renovar la fuerza del verbo...272

Decididamente, no podemos considerar a Salvochea como un

vulgarizador, ni siquiera mediano, del pensamiento de
Kropotkin, a quien su cultura histórica permitía articular las
ideas fundadoras del comunismo antiautoritario sobre el
análisis de las sociedades contemporáneas. En sus últimos
años, Salvochea estaba tan desfasado en relación con el
movimiento social real que, según parece, consultó a
Kropotkin, el maestro pensador, respecto a la oportunidad de
desencadenar una huelga general revolucionaria en el mundo

270 El Trabajo (15 de abril de 1900): «Al Primero de Mayo».

271 Vallina, pp. 47 y 107.
272 Procedimiento empleado en Sup. RB entre mayo y septiembre de 1899.
entero con motivo del Primero de Mayo. Vallina no precisa la
fecha, pero la confusión de Salvochea nos parece bastante
sintomática de su dificultad, o incluso incapacidad, para
concretar un mito en línea de acción, en estrategia
revolucionaria. En sus escritos no se encuentra el más mínimo
asomo de análisis de la nueva relación de fuerzas que se
genera, en 1902, debido al aumento de la combatividad obrera
a partir de la huelga general de Barcelona y del alud de huelgas
agrícolas que se sucedieron en Andalucía; ni, a fortiori,
tampoco ofrece análisis de los reajustes tácticos acarreados
por los vaivenes de la lucha y que se operaron en los congresos
obreros de 1903 y 1904; pues, al no ser ya la huelga general
una panacea, a partir de entonces el acento se puso en la
necesidad de prepararla cuidadosamente, reforzando la
organización. 273

Salvochea, que no formó nunca una familia y profesaba a su

madre una admiración sin límites, se quedó encerrado en su
sueño de sociedad: una sociedad tan armoniosa como podía
serlo la familia de la comunidad primitiva. Un sueño que
tranquilizaba tanto al perseguido como al paria, que
encontraban en él el mismo consuelo que el niño en el regazo
materno; un sueño de cuya eficacia colectiva se puede dudar,
pero que permite al individuo superar muchas pruebas y lo
aleja de una vida puramente vegetativa. Este sueño estaba lo
suficientemente vivo entre las siguientes generaciones como
para resurgir con fuerza renovada en 1936, en el contexto de
profunda crisis que vivía la sociedad española. El proyecto de
«comunismo libertario» adoptado en el congreso de Zaragoza

273 Imp. (14 de mayo de 1903) y Lib. Sev. (17 de mayo de 1904).
se limitaba a desarrollar la idea según la cual el establecimiento
de nuevas relaciones interpersonales era un paso previo a la
transformación de las relaciones sociales, en el camino hacia la
sociedad del futuro. El anarquismo español no llegó a esta
etapa en vida de Salvochea. El objetivo no era tanto convencer
a los dubitativos como fortalecer a los convencidos. En el
discurso de Salvochea, el anuncio de nuevos tiempos y la
denuncia del orden establecido y de sus servidores cumplían la
misma función. La ética que debe guiar al luchador importa
más, en definitiva, que la descripción de la sociedad por la que
se lucha. Lo esencial era saber defender la propia dignidad
como lo había hecho Salvochea ante las groseras
provocaciones de un juez de Jerez.274 Este mensaje era tanto
más explícito cuanto que correspondía a la experiencia
ordinaria de numerosos militantes, víctimas del aparato policial
y judicial del Estado represor.

Pero el lenguaje del intelectual desclasado era

excesivamente abstracto, excesivamente intemporal como
para que su ideal se convirtiese en una fuerza material que
transformase la sociedad.

Es por ello que, en el fondo, el culto a Salvochea fue el culto

rendido al glorioso ancestro, a aquel que, habiendo pagado en
su propia persona, daba el ejemplo a los discípulos capaces de
asimilar sus enseñanzas: José Sánchez Rosa fue uno de ellos,
uno de los dirigentes que marcaron la transición entre el
propagandista y el organizador.

274 Sup. RB (10 de febrero de 1900): «La justicia burguesa».

 EL FUNDADOR DE LA REGIONAL ANDALUZA: SÁNCHEZ ROSA

Conocemos la personalidad de José Sánchez Rosa

(1864‒1936) gracias a Díaz del Moral, que veía en él al
propagandista anarquista por excelencia. 275 Las biografías que
luego escribieron otros autores no son más que simples calcos
del caluroso retrato que hizo el notario de Bujalance.
Reconozcamos ante todo que nos encontramos en presencia
de una figura que, desde todos los puntos de vista, es
representativa del movimiento libertario de su tiempo: nativo
de Grazalema ‒precoz y vivaz foco anarquista‒, hijo de un
zapatero, autodidacta que completó su formación en la cárcel,
junto a Salvochea, pertenecía a la generación siguiente a la del
maestro. Militó con el verbo y la pluma durante los veinte
primeros años del siglo XX, culminando su actividad en los años
1918‒1919, es decir, en pleno trienio. Fue, en cierto modo, el
fundador de la Regional andaluza.

La Primera Internacional española había dividido la «región»,

es decir, España, en cinco grandes demarcaciones territoriales,
las comarcas. Andalucía formaba parte de la comarca del Sur.
Sin embargo, los problemas de la acción clandestina llevaron
muy pronto a los dirigentes, todos ellos bakuninistas, a
aumentar el número de aquellas comarcas a nueve, con el
propósito de desconcentrar tanto como fuese posible el poder
de decisión. A partir de 1875 Andalucía quedó dividida en dos:
Oeste y Este. Luego, al tener de nuevo acceso a la vida pública

275 Díaz del Moral (1973), pp. 249‒252; p. 337, n. 70; pp. 348‒349, n. 92; p. 354, n.
101.
y con el consiguiente desarrollo de la organización, el congreso
de Sevilla aumentó a tres el número de sus comarcas: la
Andalucía del Oeste, la del Sur y la del Este. Pero el declive de
la Federación y el agravamiento de las tendencias centrífugas
condujeron a sus dirigentes a reemplazarla por una estructura
más ligera, la del «Pacto de unión y solidaridad» entre las
organizaciones locales. Unicamente la Andalucía del Oeste,
bajo la égida del gallego Ricardo Mella y de su semanario La
Solidaridad (1888‒1889), rechazó la disolución de las
comarcas; se trataba de una batalla de retaguardia que,
empero, finalizó, el 12 de julio de 1890, con la constitución de
un centro obrero en Sevilla.276 No podríamos afirmar que éste
sobreviviese durante la última década del siglo, época en que
las organizaciones obreras fueron víctimas de una fuerte
represión; sólo sabemos que, a fines del año 1900, numerosas
sociedades de resistencia sevillanas suscribieron un «pacto
federativo de unión y de mutua defensa», que muy pronto fue
puesto a prueba, con ocasión de la huelga general de octubre
de 1901.277

Es decir que, teniendo en cuenta los antecedentes,

abordaremos desde un ángulo relativamente inédito el estudio
del pensamiento y la acción de Sánchez Rosa.

276 FTRE, Memoria..., 1889. Nettlau, cap. XXVI.

277 N.O. (23 de marzo de 1901). AMAE, NS 10, 16 de octubre de 1901. Imp. (17 de
octubre de 1901): FRE. Segundo Congreso. Sesión de clausura.
 El propagandista

El que fuera discípulo de Salvochea se transparenta en uno

de los característicos «diálogos» de su producción, aquel que
opone al capitalista y al trabajador. 278 Con ellos, enlazaba con
la tradición del catecismo revolucionario, ilustrado desde los
inicios de la Primera Internacional por el andaluz y ex
seminarista Marcelau.

José Sánchez Rosa

Primero arrogante y vanidoso, al capitalista se le bajan luego

los humos merced a una acumulación de preguntas oratorias
del trabajador, que le recuerda que el origen de todas sus
riquezas se encuentra en el trabajo del productor. Éste deja
bien sentada la idea de que «la propiedad privada es un robo»
sobre la historia y el sentido común, predice al capitalista su
ineluctable derrota y luego, volviéndose a sus hermanos, les

278 T. y L. (28 de julio de 1905): «Diálogo. El capitalista y el trabajador».

transmite en dos cuartetos una exhortación ‒estudiar es
contribuir a la causa de «la gran revolución»‒ y una
advertencia ‒tanto peor si no lo hacéis‒, ambas muy
conformes con las ideas que prodigaba Salvochea.

Sánchez Rosa contaba entonces unos cuarenta años y,

siguiendo las huellas de su maestro, colaboraba regularmente
en el gran periódico anarquista de la época, Tierra y Libertad.
En aquel mismo tiempo publicó folletos de divulgación que, por
desgracia, hoy en día resultan muy difíciles de encontrar. 279 Se
instaló en el Campo de Gibraltar y militaba en la Federación
que acababa de crearse en Madrid. No podemos confirmar su
presencia en el congreso de 1901, señalada por Díaz del Moral,
pero acudió al de 1903 como delegado por Algeciras y Los
Barrios, y allí mantuvo el tópico discurso contra la propiedad
individual, denunciando especialmente el excesivo alquiler que
se aplicaba a las viviendas obreras y exhortando a los
proletarios a que luchasen para que lo rebajasen a la mitad.280
Este tema constituyó una constante de su propaganda: en
1918, en el discurso de clausura del primer congreso de la
Regional andaluza, volvió a la carga, fustigando en aquella
ocasión a los gerentes y a sus prácticas usureras.

Sánchez Rosa seguía siendo discípulo de Salvochea en 1908,

año en que ‒viviendo en Aznalcóllar, pequeña localidad minera
en la que tenía una escuela racionalista que le aseguraba la
subsistencia‒ mandó a Tierra y Libertad un artículo que
incitaba a los trabajadores a renunciar al tabaco y al alcohol.281

279 Díaz del Moral (1973), supra, y Buenacasa, p. 129.

280 Imp. (15 de mayo de 1903): «Congreso de la Federación Regional».
281 T. y L. (27 de julio de 1908): «Podemos, pero no queremos».
A partir de 1910, cuando se instaló en Sevilla, se convirtió en el
principal propagandista del anarcosindicalismo en la Andalucía
del Guadalquivir. A pesar de ello, es notorio que no participó ni
en el congreso constitutivo de la CNT ni en su primer congreso
ordinario, aunque sí representó a las sociedades obreras de
Andalucía en el congreso antimilitarista de El Ferrol, celebrado
a fines de abril de 1915 y que dio lugar a la reorganización de la
CNT.

Por regla general, los biógrafos únicamente muestran los

aspectos formales de su actividad como propagandista. Según
Díaz del Moral, no era un gran orador pero su gran experiencia
suplía perfectamente tal carencia. Otros pretenden que era
muy brillante.

« Tierra y Libertad llegó a escribir que había «electrizado» a

su auditorio de Castro del Río en el verano de 1916, en el curso
de un mitin que reunió a adeptos anarquistas.282 Por nuestra
parte, nos interesan más aquellos en que Sánchez Rosa se
enfrentaba (en los «mítines de controversia») a los
representantes de la corriente socialista, lo que, según se dice,
resultaba bastante frecuente, y no nos sorprende: desde hacía
mucho tiempo, los militantes del PSOE intentaban introducirse
en un medio rural sometido a las distintas propuestas de las
oposiciones antimonárquicas.

Se había programado uno de estos mítines de controversia

en Jerez de la Frontera, a principios del mes de junio de 1915.
El alcalde lo prohibió ‒los obreros estaban negociando en
aquellos momentos los jornales de la siega‒ y tampoco pudo

282 Ibid. (12 de julio de 1916).

celebrarse a puerta cerrada, debido a los riesgos que
entrañaba una provocación a la policía: esto es, al menos, lo
que se desprende del largo manifiesto que Sánchez Rosa
publicó en Tierra y Libertad, dirigido a los obreros agrícolas de
las provincias de Cádiz y Sevilla. 283

A pesar de todo, pudo mantener una larga conversación, en

presencia de testigos, con quien ya había sido su oponente,
Eladio Egocheaga, llegado de Madrid para consolidar el
sindicato UGT constituido en 1913 por los mineros de Río
Tinto, y que luego se dedicaría a organizar a los obreros
agrícolas de la región. Egocheaga se había presentado en Jerez
con este ánimo, llevando consigo un proyecto de constitución
de «sindicatos agrarios de obreros», que habían de afiliarse al
mismo tiempo a la FNOA anarcosindicalista y a una UGT
«descentralizada», apolítica y partidaria de la acción directa...
La plataforma reivindicativa era muy ecléctica, compuesta
‒ironizaba Sánchez Rosa‒ de «girones del Impuesto único», de
socialismo político (los municipios habían de jugar un papel de
protección social) y de sindicalismo de acción directa (querían
preparar una huelga general para la siega de 1916).

Como es natural, la propuesta de Egocheaga no tenía nada

de ingenua: desde su creación, en abril de 1913, la FNOA
parecía ir viento en popa, pues se había extendido desde su
núcleo primitivo de Jerez hacia Utrera y Sevilla. Sus dos
primeros congresos habían concedido una gran importancia a
las reivindicaciones concretas que afectaban al salario y a la
duración del trabajo. Con ello y ante la profunda crisis de la

283 Ibid. (23 de junio de 1915).

CNT, Egocheaga intentaba sin duda capitalizar en provecho de
la UGT el potencial de la FNOA y, manteniéndose en el terreno
de la necesaria sindicación del obrero agrícola, insistió en que
Sánchez Rosa discutiese e incluso enmendase el proyecto.

Éste, por el contrario, quería que se tratara exclusivamente el

tema convenido: «socialismo y sindicalismo», con el propósito
de demostrar que ambos términos eran antagónicos. Su
interlocutor podía entonces replicar hábilmente que no había
ido a hablar de política, con la que no estaba en absoluto de
acuerdo...

El relato que nos dejó Sánchez Rosa de este encuentro ilustra

perfectamente la contradicción en que se encontraba el
propagandista anarquista en cuanto no tenía que denunciar
globalmente, en abstracto, al adversario, sino argumentar hic
et nunc contra compañeros de trabajo y de lucha. La lucha de
clases en la vida no era tan simple ni tan esquemática como lo
era sobre el papel o ante las muchedumbres: acarreaba
imprevistos ante los cuales no había diálogo posible, más que
el de los sordos.

Al echarse atrás, Sánchez Rosa le dejaba el campo libre a su

interlocutor, lo cual no era poca cosa pues se trataba de decidir
qué movimiento conduciría al proletariado agrícola de la región
a la acción, si el anarcosindicalismo o el socialismo. Por lo
demás, el envite era tan importante que al final de su relato
Sánchez Rosa se vio en la necesidad de justificar su rechazo a
discutir el proyecto de Egocheaga: no quería allanarle el
camino a un arribista...
 Nacimiento de la Regional andaluza

Tres años más tarde, un congreso obrero celebrado en Sevilla

dio lugar al nacimiento de la Regional andaluza de la CNT.
Paradójicamente, quien preside la primera sesión y anima de
punta a cabo los debates es Sánchez Rosa, pese a no ser de los
fundadores de la CNT y haber dejado a sus compañeros de
Jerez que representasen a Andalucía en todos los congresos
anuales de la FNOA. Se trata de una etapa y una faceta de su
acción que generalmente se silencian; los biógrafos señalan
únicamente la conclusión, es decir, la expulsión de la CNT, sin
precisar la fecha ni indicar los motivos, de los que podríamos
tener una idea revisando los diarios que el mismo Sánchez Rosa
publicaba en Sevilla en aquellos tiempos. Pero, por desgracia,
estos periódicos ya no se pueden encontrar hoy en día. 284 A
pesar de todo, los datos disponibles permiten establecer
algunas hipótesis respecto a las razones de un fracaso que, en
gran medida, constituyó un fracaso personal. Pues, a diferencia
de otros veteranos, Sánchez Rosa no tuvo un papel dirigente en
la Segunda República, aun cuando podamos encontrarle
participando junto a Pestaña en el mitin que tuvo lugar en
Sevilla el 19 de julio de 1931.285

Digamos ante todo que el congreso constitutivo de la

Regional andaluza se desarrolló algunas semanas antes que el
de Sants, en Barcelona, que tuvo lugar a fines de junio. Este

284 Díaz del Moral (1973), pp. 511‒513, menciona El Productor y La Anarquía, que
se publicaron en 1919 y 1920.
285 BCNT (octubre de 1931), p. 6.
último tomó una decisión que modificaría profundamente el
tipo de organización tradicional, fundamentada en las
secciones de oficios, que a partir de entonces se vieron
reemplazadas por el «Sindicato único»: no sólo se trataba de
tener en cuenta los nuevos datos estructurales ‒aparición de
las grandes empresas y reforzamiento de la organización
patronal‒ propios de Cataluña, sino que todo ello se
conformaba también con la voluntad de los fundadores de la
CNT, en el sentido de hacer una organización verdaderamente
confederada, que coordinase las luchas de las diferentes
regiones y profesiones.286 Hasta donde sabemos, este aspecto
no se abordó en el congreso de Sevilla de mayo de 1918, aun
cuando se tomaron decisiones como la fijación de una cuota
mensual de todos los afiliados o la remuneración del secretario
general, que tendían a estructurar mejor la organización
regional.

De la información de El Liberal de Sevilla resalta claramente

la esperanza depositada por los delegados de las asociaciones
campesinas en la nueva Regional, especialmente por los de
Jerez, que desde hacía muchos años militaban en el seno de la
FNOA y que, en noviembre de 1916, habían relevado a los
catalanes en la dirección del bimensual La Voz del
Campesino. 287 El viejo luchador Diego Martínez lo expresaba
perfectamente al declarar que «el día que la Federación sea
fuerte, poderosa, podrá triunfar y hacer frente a la burguesía y
a los Poderes públicos».

286 Cuadrat, pp. 638‒646: Informe de José Negre en el congreso de septiembre de

1911.
287 Lib. Sev., «El Congreso Obrero» (2, 3, 4 y 6 de mayo de 1918).
 En cuanto a su camarada Sebastián Oliva, resaltaba la
comunidad de intereses que existía entre obreros agrícolas y
«artesanos», idea que luego recogió Gallego Crespo, quien
según Díaz del Moral fundó algún tiempo después Acción
Solidaria. Otros delegados, por el contrario, no se privaron de
denunciar la mala organización de los trabajadores urbanos y la
débil participación de los obreros de Sevilla en el congreso.
Pérez de la Rosa, el mentor de la organización de Castro del
Río, les ofreció como ejemplo las asociaciones rurales
propietarias de los locales de su sede social.

Juan Gallego Crespo

Los delegados de estas organizaciones campesinas se movían

por la convicción de que los campesinos proletarios eran «los
heraldos de la revolución social», una convicción expresada en
el congreso de mayo de 1917 de la FNOA. Pero habían medido
las dificultades de la puesta en marcha de las decisiones
tomadas por los congresos precedentes de esta federación y
las atribuían a la falta de solidaridad entre organizaciones de
base. Según ellos, un medio de remediarlo era reagrupar a los
trabajadores de una misma localidad en un sindicato de Oficios
Varios, lo que equivalía a trasponer en el medio rural el futuro
Sindicato único de los catalanes. Otro medio era concentrar los
esfuerzos de propaganda en La Voz del Campesino y suprimir
los periódicos locales, que constituían otras tantas «capillas».
Se comprende así el interés que suscitaba el desarrollo de una
Regional como factor de unificación de las luchas, ya que
supondría la desaparición de las federaciones de las comarcas
rurales, las comarcales, o, al menos, su incorporación en la
propia Regional. A fines de año, el último congreso de la FNOA
decidió como medida conservatoria mantener estas
federaciones, considerando que era el mejor modo de
consolidar la CNT en el medio rural.

Sánchez Rosa no era ajeno a aquellas aspiraciones. Por ello,

en agosto de 1916 propuso desde las columnas de Tierra y
Libertad el lanzamiento de un periódico, La Redención del
Campesino, que hubiese llenado el vacío dejado por la
desaparición de La Voz del Campesino.288

288 T. y L. (16 de agosto de 1916).

 Igualmente, en su discurso de clausura del congreso de mayo
de 1918, volvió a hacer hincapié en los objetivos permanentes
del anarcosindicalismo: supresión del trabajo a destajo y
expropiación de la tierra. Pero lo hizo en términos muy
generales y no pronunció palabra sobre la reivindicación
fundamental de la reducción de la jornada de trabajo ni sobre
la táctica a seguir para conseguirla. En cambio, se extendió
hablando de los problemas del momento: coste de la vida y la
vivienda, amnistía y actitud de Lerroux.

La Regional andaluza se reunió de nuevo a principios del mes

de enero de 1919. Tomó unas cuantas decisiones en materia
de organización, como la de crear un periódico quincenal,
Acción Solidaria, formar un comité de defensa de los presos y
estipular la retribución de algunos militantes.

También dio lugar a una viva discusión sobre los efectos,

nocivos para las colectividades proletarias, que generaban los
obreros que se dejaban influenciar por la política. Dicha
reunión estuvo marcada, según parece, por la ausencia de los
delegados de Jerez, aunque Sánchez Rosa propuso y obtuvo
que se les escribiese, con la intención de lograr una acción
concertada. 289

Los jerezanos acababan de participar en el último congreso

de la FNOA en Valencia, un congreso que se disolvió después
de tomar la decisión (en presencia de los representantes del
comité nacional, Buenacasa y Mira) de adherir «en bloque» la
FNOA a la CNT.

289 Lib. Sev., «Vida obrera. Federación regional» (7 y 9 de enero de 1919).

 Sebastián Oliva

Sin embargo, bajo la presión conjunta de los delegados

catalanes y de Sebastián Oliva, secretario de la FNOA, se
tomaron ciertas medidas conservatorias, que prolongaron la
existencia de la FNOA y de su publicación hasta el congreso de
la CNT. No sabemos muy bien por qué la saliente dirección de
la FNOA, con Oliva a la cabeza, dejó de asistir a la asamblea de
Sevilla. Una posible razón sería la viva crítica a que se vieron
sometidos en Valencia por parte de algunos camaradas suyos,
como el activista J. Guerrero. En cualquier caso, se elevó una
voz entre los delegados campesinos presentes en Sevilla,
quejándose de la ineficacia de la Regional; otros preconizaron
formas de acción más duras, como el sabotaje y el «asalto» de
las tiendas de alimentación. En el período siguiente, el
desarrollo de la Regional andaluza se vio obstaculizado por la
represión que sufrió la organización sevillana a partir de la
huelga general de febrero de 1919. Desde finales del mes de
marzo, el nuevo gobernador civil, el conde de Salvatierra,
deportó a 18 militantes y cerró la federación local, así como los
centros obreros de diversas localidades de la provincia. Algo
más tarde explicó a su ministro que llevaba a cabo una
represión selectiva, tolerando el funcionamiento de «todas las
sociedades integradas por campesinos»; no sería de extrañar
que con ello tratase de favorecer la penetración de los
sindicatos católicos de Monedero en el medio rural, en un
momento en que se multiplicaban las huelgas agrícolas en la
provincia. 290 Enérgico y hábil, Salvatierra fue propuesto como
gobernador civil de Barcelona en enero de 1920, desde donde
se dedicó a perseguir a la Regional catalana para así mejor
potenciar la creación de los Sindicatos Libres.

A partir de entonces, Sevilla sería para Madrid un banco de

pruebas ideal para calibrar la capacidad de represión de los
gobernadores civiles respecto a las fuerzas revolucionarias.

A pesar de todo, a mediados del verano ‒con Sánchez Rosa

encarcelado‒, el comité regional anunció la celebración del
segundo congreso, fijó la fecha y la sede (el 20 de abril de
1920, en Ronda), le asignó como objetivo la adopción de «los
verdaderos principios del sindicalismo revolucionario» y
subrayó la necesidad de constituir sindicatos de rama.291

Desde Barcelona, llegaron militantes para colaborar en la

reorganización de la Regional andaluza y, aunque es cierto que
algunos de ellos fueron detenidos nada más llegar, es muy
probable que muchos otros escapasen a la vigilancia policial, a
juzgar por las consignas, cada vez más precisas, que se daban a

290 AHN, Gobernación, 57 A n.° 26, Sevilla, 27 de junio de 1919.

291 E.N. (27 de agosto de 1919): «Un manifiesto. A todos los sindicatos obreros de
Andalucía».
los trabajadores andaluces a medida que se acercaba el
congreso extraordinario de la CNT. Según se lee en un
documento de finales de noviembre, su obligación era enviar
delegados y crear sindicatos únicos.292

Probables causas de una ruptura

La representación andaluza en el congreso de la Comedia de

diciembre de 1919 muestra que los esfuerzos desplegados por
los militantes de Barcelona y Sevilla dieron sus frutos: 73
delegados, de los cuales 28 eran de la provincia de Sevilla; y
93.150 afiliados, lo que representaba multiplicar por cuatro los
existentes en mayo de 1918 (22.540). Como en los
precedentes, Sánchez Rosa tampoco participó en este
congreso. El comité regional estuvo representado por tres
responsables de la federación sevillana. Uno de ellos, el obrero
del vidrio Antonio Jurado, figura incluso entre los firmantes de
una resolución que admite la posibilidad de una fusión con la
UGT, «condicionada» al respeto de los principios de la acción
directa. Pero luego será implícitamente desautorizado por
Antonio Chacón, delegado de los agricultores de Sevilla, quien
intervino en nombre de toda la Regional andaluza y rechazó
cualquier intento de compromiso con la dirección de la UGT y
suscribió la propuesta, apoyada por el comité nacional saliente,
que se pronunciaba por la «absorción» en tres meses de los
afiliados de la UGT. Todo lo cual quiere decir que la ausencia de
Sánchez Rosa no condujo en absoluto a poner en tela de juicio

292 Ibid. (23 de noviembre de 1919).

la ortodoxia de las posiciones de la Regional andaluza. Pasó lo
mismo con motivo del debate sobre las Federaciones
Nacionales de Industria, donde Oliva fue el único delegado
andaluz que se pronunció en su favor, y en ocasión del voto de
la declaración final sobre el comunismo libertario, suscrita por
Jurado y Paulino Diez, representantes de los sindicatos de la
Construcción y del Textil de Málaga. Debemos, pues, buscar
por otro lado las causas de la ruptura de Sánchez Rosa con la
CNT.

Díaz del Moral, al subrayar el declive del ideal anarquista

durante el trienio, nos da la pista. Según él, los éxitos de la
acción colectiva y la reducción de la autonomía de las secciones
‒desde entonces fundidas en el molde del Sindicato único‒
influyeron en gran medida en el estado de ánimo de los
núcleos dirigentes, hasta tal punto que la prensa, su principal
vehículo propagandístico, abandonó cada vez más los puntos
de doctrina para consagrarse prioritariamente a las cuestiones
reivindicativas. 293 Buenacasa parece confirmar este análisis
cuando subraya que «la tendencia exclusivamente sindicalista»
de Solidaridad Obrera, órgano de la Regional andaluza en 1920,
le costó severas críticas, sobre todo de parte de los
campesinos. En el congreso de la Comedia, no se oyó a ningún
delegado andaluz en el curso de la discusión sobre la
enseñanza del esperanto, y cuando se trató de las escuelas
racionalistas, un delegado de Sevilla estimó más urgente
buscar el modo de hacer efectivo «el poder» de los sindicatos.
Esta opinión ha de relacionarse con el hecho de que en
diciembre de 1919, Sevilla no tenía todavía, a diferencia de

293 Díaz del Moral (1973), p. 299.

Málaga, su sindicato único, manteniendo el tipo de
organización de las antiguas secciones de oficios. Hasta los
meses siguientes, los dirigentes de la CNT no se esforzaron en
implantarlas y, cuando lo hicieron, fue en una
semiclandestinidad; así, a mediados de septiembre de 1920,
una redada de la policía detuvo a 16 militantes encargados de
recaudar las cotizaciones. 294 Ya no se organizaban grandes
procesos, pero, como en los tiempos de «La Mano Negra», se
pretendía meter a los sindicatos en graves apuros económicos.

Si fue precisamente en aquel momento cuando Sánchez Rosa

se distanció de la organización sindical, no resulta extraño que
tras su expulsión no le siguiesen los sindicatos confederados de
la región. Al tratar de constituir nuevamente una federación de
grupos anarquistas a su alrededor entendía, según Santillán,
resucitar en una coyuntura análoga de reflujo el episodio de los
«Desheredados». Antonio Rosado, otro de los protagonistas de
las luchas del trienio, se muestra severo con él al precisar que,
a fines de 1919, Sánchez Rosa ya había intentado aquella
reagrupación regional, entrando así en competencia directa
con la federación que Rosado acababa de crear y a la que había
dotado de un bimensual, Juventud Rebelde. 295 No obstante, no
creemos que se tratase de simples rivalidades personales. Lo
que estaba en cuestión permanente, como en tiempos de
Salvochea, era el lugar de la organización de masas, del
sindicato, tanto en el movimiento libertario como en el propio
movimiento social; la concepción de esta organización y su
autonomía en relación con los grupos anarquistas. Y,

294 Imp. (14 de septiembre de 1920).

295 Rosado, pp. 32‒33.
contrariamente a las ideas preconcebidas, este debate no
oponía exclusivamente a los doctrinarios con los sindicalistas
sino que, más allá de las líneas de división ideológicas, dividía a
los propios cuadros anarquistas.

Instalado en Sevilla, Sánchez Rosa llevó regularmente la

palabra redentora a los campos, pero no parecía preocuparse
por las reivindicaciones concretas de los campesinos
proletarios. Debía considerar más rentable para su causa
impulsar acciones contra el elevado precio de los alquileres y
poner en marcha al miserable subproletariado que se apiñaba
en la gran ciudad, ejercitándolo así en una cierta gimnasia
revolucionaria contra el Estado policial. En este sentido,
Sánchez Rosa se mantuvo fiel a las enseñanzas de Salvochea,
aunque sin hacer gala de la misma prudencia, pues el gaditano
siempre procuró mantenerse por encima de las discordias. En
cualquier caso, no podía asentarse sólidamente la autoridad de
la Regional andaluza ignorando la necesidad de coordinar las
luchas campesinas. El problema se plantearía de nuevo, y con
una creciente agudeza, bajo la Segunda República; y,
nuevamente, uno de los apóstoles del anarquismo andaluz se
sentaría en el banquillo. En este punto ha llegado el momento
de evocar «el asunto Vallina».

EL «FALSO APÓSTOL»: VALLINA

El otro discípulo de Salvochea, probablemente el mejor,

Pedro Vallina (1879‒1970), goza de la reputación de haber
hecho del ejercicio de la medicina un apostolado.
 En el modesto sanatorio que instaló en Cantillana, cerca de
Sevilla, Antonio Rosado no vio jamás que pidiese ni una sola
peseta a sus enfermos. Vallina era admirado, incluso venerado,
más allá de las filas anarquistas; Blas Infante, el adalid del
regionalismo andaluz, veía en él al profeta de los tiempos
modernos.

Un agitador

Hijo de una familia acomodada, según Romero Maura,

contaba 20 años y acababa de iniciar sus estudios de medicina
cuando conoció a Salvochea, con quien coincidió en Madrid,
hallándose éste instalado en dicha ciudad tras su liberación. 296
En los años precedentes había presenciado en Sevilla y Cádiz el
chauvinismo de sus compatriotas durante la guerra de Cuba,
vituperando en un poema con título al estilo de Víctor Hugo
‒Los Castigos‒, la irremediable senilidad de España, que
después de defender vanamente una causa perdida de
antemano recaía en sus vicios tradicionales, la bebida y la
prostitución. 297 Estaba preparado para recibir las enseñanzas
de Salvochea y asumió cierto protagonismo en las campañas
antimilitaristas de principios de siglo, hasta tal punto que sus
camaradas pensaron en él ante la celebración de un congreso
internacional sobre el tema; eso sucedió en 1904, cuando ya se
encontraba exiliado en París.298 Sensible a la opresión de los

296 Romero Maura, p. 255.

297 Vallina, pp. 119‒120.
298 Lib. Sev. (19 de mayo de 1904): «Congreso obrero de la Federación Regional».
pueblos colonizados, el joven Vallina no olvidaba tampoco la
crueldad con que la burguesía de su país trataba a los
trabajadores de la baja Andalucía, de donde era originario. En
1900 había rendido cumplido homenaje al barbero Lamela, uno
de los ajusticiados en febrero de 1892, con la poesía Visión
apocalíptica, evocando con las imágenes del infierno cristiano
la caída de la dominación burguesa y la irresistible fuerza de la
justicia popular. 299 Estrechamente ligado a los viejos militantes
federalistas, también se comprometió con la reconstrucción de
la federación anarquizante de las sociedades de resistencia, del
mismo modo que los jóvenes intelectuales andaluces que
treinta años antes habían contribuido a la fundación de la
Internacional. Figuraba entre los oradores que intervinieron en
la sesión de clausura del segundo congreso, en octubre de
1901.300 Muy pronto se convirtió en un agitador profesional y,
guiado por su mentor Salvochea, encontró refugio en París,
durante el otoño de 1902, escapando de la pesada condena
que, en su opinión, pretendían infligirle los militares de Madrid.
Implicado en el atentado de que fue objeto Alfonso XIII
durante su visita a París, en 1905, tuvo que abandonar Francia
y refugiarse en Londres, donde parece que permaneció unos
diez años. Su regreso a Andalucía se produjo en 1915 o 1917.301
Buen representante de los intelectuales desclasados o
inconformistas que, al adherirse al anarquismo, mantenían
relaciones permanentes con los políticos republicanos, Vallina
se distinguía por su militancia en la organización de masas
anarquista. Militó en Madrid a principios de siglo y lo hizo de

299 Vallina, p. 118 (poema publicado en T. y L. en 1902, n°. 171).

300 Imp. (17 de octubre de 1901).
301 Santillán (1971), III, pp. 38‒40.
nuevo tras el trienio, en septiembre de 1923, como miembro
del comité nacional de la CNT, residiendo en Sevilla, junto a
Paulino Diez, otro revolucionario profesional.302 Pero no hemos
encontrado huellas de su participación en los congresos de
1919 y de 1931 de la CNT, contrariamente a lo que pretende un
militante de la época, José Hiraldo. La confusión procede
probablemente de que se pensó en él en 1919 para la
delegación que debía ir a la joven Rusia de los Soviets. El único
signo visible en su actividad como revolucionario a fines del
trienio lo constituyen los escasos números del mensual Páginas
Libres y la reivindicación de la herencia de Salvochea; ello le
valió ser considerado lo suficientemente peligroso como para
ser deportado a Málaga.303

Pedro Vallina

Nuevamente deportado por la dictadura de Primo de Rivera,

302 Pestaña (1974), p. 17.

303 AHN, Gobernación, 58 A, n° 6, Sevilla, 11 de diciembre de 1920.
conoció de nuevo el exilio ‒se le asignó Marruecos como lugar
de residencia‒ y se escapó, yéndose a Lisboa por un tiempo; un
itinerario que, en todos los aspectos, se parecía mucho al de
Salvochea. Regresó a su país «poco tiempo antes de la
proclamación de la República», instalándose en Extremadura,
concretamente en Siruela, pueblo situado al nordeste de la
provincia de Badajoz. Parece que allí hizo prosélitos para la
UGT entre los campesinos, lo cual le fue vivamente reprochado
más tarde, en un manifiesto de la Regional andaluza.

En cualquier caso, desde las primeras semanas del nuevo

régimen aparece como el portavoz de la aspiración de las
masas campesinas a la posesión de la tierra. No es casual que
El Sol publicase una entrevista suya dos días antes de la
apertura del congreso de la CNT y que, ese día, el gran diario
madrileño concediese la palabra a Blas Infante, quien mostró
su completo acuerdo con las posiciones expuestas por
Vallina. 304 A partir de ahí, no resulta sorprendente que Vallina
aportase su apoyo activo a la candidatura de Blas Infante y
Ramón Franco en la campaña de las elecciones a las
Constituyentes, exhortando a los campesinos a apropiarse de
las tierras y favoreciendo de ese modo, en opinión de Pestaña,
su afiliación en masa a la CNT.305 Vallina reincidió con motivo
de las elecciones parciales del 4 de octubre en Sevilla, en
aquella ocasión en favor de Balbontín, que resultó vencedor.
Estas candidaturas molestaban a las grandes formaciones
políticas y fueron juzgadas subversivas por el gobierno
provisional, particularmente por Miguel Maura, el ministro de

304 El Sol (9 de junio de 1931), Vallina, y (11 de junio de 1931), Infante.

305 BCNT (octubre de 1931), p. 9.
Gobernación, que aprovechó la primera ocasión que se le
presentó para privar de libertad a un reputado agitador, tanto
más peligroso cuanto que gozaba de una gran popularidad
entre las masas campesinas.

El 21 de julio de 1931, Pedro Vallina fue detenido en Alcalá

de Guadaira, localidad cercana a Sevilla, donde residía. El
nuevo gobernador civil, Bastos, acababa de iniciar la prueba de
fuerza contra las organizaciones obreras de la capital,
especialmente los sindicatos de la CNT. En muchos sectores,
sobre todo el de la construcción y el de las fábricas de cerveza,
las reivindicaciones chocaban con el rechazo a negociar de los
patronos, apoyados por Bastos. 306 Al mismo tiempo, los
propietarios rurales se parapetaban detrás de las decisiones de
los nuevos jurados mixtos para cuestionar los acuerdos
concluidos con los sindicatos anarcosindicalistas, de forma
especial en lo concerniente al empleo de maquinaria.307 Así
pues, tanto en la ciudad como en el campo reinaba una
situación social extremadamente tensa, que el más mínimo
incidente podía deteriorar. Y éste se produjo el sábado 18 de
julio, cuando un huelguista, empleado en una fábrica de
cerveza, cayó abatido en plena calle por dos guardias de
seguridad. Los responsables de la CNT y las direcciones
sindicales, desbordadas por los afiliados, se vieron arrastrados
a una huelga general de protesta, que empezó el 20 de julio en
la capital pero que también afectaba a una quincena de
localidades de la provincia, que se sumaron a ella en
solidaridad con los obreros agrícolas de La Rinconada. Bastos

306 Ibid., pp. 7‒8.

307 La Tierra (7 de agosto de 1931): «Origen y desarrollo de los sucesos de Sevilla».
pudo desde entonces hacer una amalgama entre los dos
movimientos huelguísticos y formular la tesis de un complot
revolucionario a imagen de la marcha sobre Jerez de enero de
1892: complot del que Vallina sería el alma, pues según el
guión descrito, él debía marchar con millares de campesinos
hasta la ciudad paralizada por la huelga general.308

No nos ocuparemos aquí de los medios utilizados en los días

siguientes para reprimir el movimiento obrero de la gran
capital andaluza, pues ya Tuñón de Lara ha hecho un análisis
minucioso de ello. Digamos únicamente que, a partir del
trienio, la patronal de Sevilla imitó en todo a la de Barcelona:
en diciembre de 1919 recomendó al gobierno apoyar
resueltamente el lock‒out decidido en Madrid y Barcelona;309 y
en septiembre de 1920 informaba al gobernador que estaba
preparada para pagar sus salarios a los obreros no sindicados
mientras durase el lock‒out, declarado con la intención de
prevenir cualquier huelga...310 Añadamos que la provocación
deliberada hacia las organizaciones obreras no fue una
iniciativa exclusiva de Bastos: en agosto de 1933, uno de sus
sucesores consideraba llegado el momento de acabar con los
comunistas sevillanos, esperando, de este modo, poner punto
final al comunismo en España...311 Estos ejemplos, sacados de
la correspondencia entre gobernadores civiles y Ministerio de
Gobernación, dan una imagen bastante significativa de la

308 Arrarás, I, pp. 152‒154.

309 AHN, Gobernación, 57 A, n.° 26, Sevilla, 23 de diciembre de 1919 (Industriales
Metalúrgicos).
310 Ibid., 58 A, n.° 6, Sevilla, 2 de septiembre de 1920 (Unión Comercial).
311 Ibid., 58 A, n.° 29, Sevilla, 5 de agosto de 1933.
connivencia, incluso de la abierta complicidad, que existía
entre poderes públicos y grandes intereses económicos.
También hacen creíble la versión anarcosindicalista de los
acontecimientos de julio de 1931, según la cual el tándem
Maura‒Bastos no pretendía únicamente debilitar a la CNT, sino
que también deseaba asestar un golpe decisivo a la influencia
que el partido de Martínez Barrio ‒curiosamente denominado,
teniendo en cuenta que nos encontramos en 1931, Izquierda
Republicana‒ conservaba entre los trabajadores, incluyendo a
los afiliados a la CNT. Es muy significativo que la Regional
andaluza ofreciese como ejemplo la pequeña localidad de Coria
del Río, donde Martínez Barrio había obtenido más del 90 por
100 de los sufragios, precisamente uno de los resultados que
Tuñón de Lara considera «sospechosos». 312 Bastos no se
mantuvo durante mucho más tiempo en el cargo: el 29 de
agosto se vio reemplazado por Vicente Sol Sánchez, un hombre
cercano a Azaña.

Mayo de 1932: la huelga de los campesinos sevillanos

Todas estas precisiones tienen por objeto aclarar el papel,

generalmente silenciado, que jugó Vallina durante este período
tan turbio como turbado. Un papel que hace pensar en el que
representó Salvochea alrededor de 1890: reunir en la acción,
sin exclusivas, a los trabajadores, en aquel caso a los del

312 S.O. (1 de agosto de 1931): «Un documento de la CRT de Andalucía».

campo; y acabar, además, con los obstáculos que de seguro les
iba a poner una burguesía «maestra en el arte del engaño».313
Pero, mientras en los años treinta muchos grupos anarquistas
seguían adoptando el nombre de Salvochea, su antiguo
compañero de armas iba a ser desautorizado, un año después
de la proclamación de la República, por las instancias dirigentes
de la CNT, que le dejaron «al margen» de la Confederación. Y,
sin embargo, aquel a quien él había acusado de ser un
confidente, Miguel Mendiola, también se vio apartado de sus
responsabilidades, que eran ni más ni menos que la secretaría
general de la Regional andaluza.

Con todo ello queremos decir que el estudio de este episodio

es tan necesario como el de las disensiones de la Regional
catalana, revisado hasta la saciedad; tanto más cuanto que la
verdadera cuestión de la disputa entre Vallina y sus camaradas
era la capacidad de los dirigentes de la Regional andaluza para
llevar de forma responsable las luchas campesinas, en una
situación en que, como lo habían demostrado los
acontecimientos de julio de 1931, los agentes del poder central
estaban dispuestos a todo.

Debemos lamentar que los historiadores militantes hayan

preferido correr un púdico velo sobre este asunto, como si
fuera ajeno a su movimiento. Trataremos de llenar esta laguna
con los materiales aportados por la prensa de la época, con los
debates de las Cortes y con las memorias de Rosado, amigo y
protegido de Vallina.

313 Vallina, p. 35.

 Antonio Rosado

El origen del «asunto Vallina» se encuentra en la decisión

tomada a fines de abril de 1932 por el «primer congreso
provincial de sindicatos industriales y agrícolas de la provincia
de Sevilla».314 Con la fuerza de sus 126.386 afiliados y sus 77
organizaciones locales, los dirigentes sevillanos pusieron a
punto una acción concertada de sus secciones campesinas,
siguiendo un calendario muy preciso: el 5 de mayo debían
presentar sus reivindicaciones a los patronos, si éstos no
respondían en cinco días, interpondrían el preaviso legal de
huelga, que tendría efecto ocho días más tarde. Esta táctica
tenía su precedente unos lustros atrás, en Jerez; por lo tanto,
resultaba lógico que se pusiera en cabeza del comité provincial
encargado de organizar aquella huelga a un jerezano, José
Ballesteros, entonces secretario de la poderosa Asociación
General de Trabajadores Agrícolas. No se trataba únicamente
de oponerse, en nombre de la acción directa, a los jurados

314 Andalucía Libre (1 de mayo de 1932) y S.O. (3 de mayo de 1932).

mixtos de Largo Caballero y así negociar de forma
descentralizada, en función de las relaciones de fuerza locales.
La plataforma adoptada por los delegados campesinos
enumeraba las reivindicaciones de carácter general: negativa al
trabajo a destajo, a las normas de rendimiento y a las máquinas
durante la cosecha; además, establecimiento de un salario
mínimo y jornada de cinco horas. Esta plataforma podría
parecer maximalista y, de hecho, tomaba a contrapié la
voluntad patronal en cuanto se oponía a su deseo de asociar
remuneración y productividad, obteniendo así la más completa
libertad de contratación posible.

Los responsables de la Regional andaluza reconocieron luego

que la puesta en práctica de aquel plan se caracterizó por una
sucesión de errores. Al mismo tiempo que presentaban sus
reivindicaciones, la mayor parte de las secciones campesinas
presentaron el preaviso de huelga, lo que significaba el avance
del inicio del movimiento, de modo que se arriesgaban al
fracaso y a exponer a las organizaciones locales a las sanciones
previstas por la ley de defensa de la República. A iniciativa de la
comarcal de Morón, se corrigió en el error y luego hubo que
encarar la defección de Ballesteros, un hecho que hasta el
presente no ha podido ser explicado. El comité regional
propuso constituir un comité de huelga (así se hacía en Jerez) y
la federación local de Sevilla insistió en asumir la dirección de
la huelga, a lo que accedió finalmente el comité regional.

Unos días antes de la fecha prevista para iniciar la huelga,

concretamente el día 16 o 17 de mayo, estallaron unos
explosivos en el sur de la provincia, en Montellano y en Morón.
La policía y la Guardia Civil descubrieron inmediatamente, en
numerosos lugares, sendos depósitos de bombas.315 Se detuvo
a algunos dirigentes de la Regional y de la federación local,
pero los más importantes fueron pronto liberados. Entonces
decidieron posponer la huelga y dieron aviso de ello a las
secciones campesinas mediante telegramas, aunque luego
anularon tal decisión, Vallina, que seguía siendo sospechoso a
ojos de la policía, fue interrogado por el comisario Aparicio,
poco después ascendido a jefe de la Brigada Social. Al día
siguiente, publicó en un diario local un aviso, cuyo contenido
prevenía a los campesinos contra cualquier acción
desconsiderada.316

A pesar de las vacilaciones de los organizadores y de la

advertencia de Vallina, la huelga agrícola, que se declaró el 19
de mayo, se cumplió bastante bien en la provincia. Con el
propósito de asegurar su éxito, el comité regional propuso
entonces a las organizaciones de base extender el movimiento
a la totalidad de la región: el 70 por 100 de los responsables se
pronunciaron en favor de una huelga ilimitada. Pero el día
fijado para su comienzo, el 29 de mayo, únicamente los
trabajadores de Sevilla respondieron masivamente a la
consigna. Dos días más tarde, se suspendía la huelga general.

Mientras tanto, el comité nacional de la CNT había enviado a

dos de sus miembros ‒M. Alcón y F. Terrén‒ a exigir de Vallina
explicaciones sobre las graves acusaciones que había
formulado contra los dirigentes sevillanos. Seguramente fue
entonces cuando Vallina dio los nombres de Mendiola,

315 Arcarás, I, pp. 371‒372, y Rosado, p. 89‒90.

316 Lib. Sev. (23 de mayo de 1932).
Zimmerman y Rafael Peña, pues estaba absolutamente
convencido de que éstos habían actuado en connivencia con el
gobernador civil. Tras esta primera entrevista, Zimmerman
(responsable de la federación local) alimentó la polémica, que
se fue agriando con tal rapidez que el comité nacional
encomendó de nuevo a dos de sus miembros ‒R. Sanz y
Ricardo Peña‒ que lograsen de Vallina una demostración con
pruebas fehacientes de sus acusaciones.317 El médico confirmó
las sospechas sobre Mendiola, afirmando que el gobernador lo
había liberado a cambio de confesar la localización de los
depósitos de las bombas.

El mismo día de aquella segunda entrevista, el 10 de junio,

otro diario de Sevilla, El Noticiero Sevillano, publicó una
entrevista con Vallina, que inmediatamente se reprodujo en la
prensa madrileña.

El tema era la «traición» de Mendiola y Zimmerman. Sobre el

primero de ellos recaía la acusación de haber anunciado la
fabricación de bombas en el curso de una reunión secreta de la
Regional; el segundo estaba acusado de declinar ante
testimonios, durante una visita que realizó al sanatorio de
Cantillana, toda responsabilidad en el asunto. La conclusión de
Vallina era que aquella gente ya no representaba a nadie en
Andalucía.318

317 BCNT (julio de 1932), pp. 10‒11 (segunda entrevista). Alcón y Peña eran faístas:
véase Gómez Casas, pp. 132 y 147.
318 La Tierra (11 y 16 de junio de 1932).
 «El asunto Vallina»

A partir de entonces, el asunto Vallina se vio sometido a la

opinión pública. El 16 de junio, el órgano de la CNT, Solidaridad
Obrera, publicaba un largo manifiesto con fecha del día 12,
firmado por diez miembros del comité regional (entre los que
se encontraba Peña, pero no Mendiola). El texto, que defendía
el buen nombre de la organización, denunciaba con duras y
violentas palabras al falso apóstol Vallina, recordando de paso
sus veleidades con la UGT en los tiempos en que residía en
Siruela, además de glosar sus vanos esfuerzos para
comprometer a la Confederación con los aventurados
proyectos de Ramón Franco. Su conducta «desviacionista» fue
inmediatamente desaprobada por la federación local de grupos
anarquistas de Sevilla, aunque ésta no había hecho pública tal
posición. Y eso no era todo. Pues, tras ajustar de este modo sus
cuentas con Vallina, los miembros del comité regional echaban
sobre las espaldas del comité provincial la responsabilidad de la
conducta y de la orientación de la huelga agrícola... Como un
buen príncipe, el comité nacional podía entonces declarar que
no había habido ni traidores ni soplones, que el verdadero
delator había sido Pedro Vallina y que no había razón alguna
para expulsarle, «ya que no actúa en la CNT».319

Con lo dicho, correspondía defenderse al principal

organizador de la huelga agrícola, Carlos Zimmerman. Y lo hizo
en una entrevista que concedió a Eduardo de Guzmán,

319 BCNT (julio de 1932), pp. 22‒28: «El asunto Vallina».

periodista de La Tierra, publicada el día 17. Según él, la huelga
tenía un carácter netamente pacífico y no había existido
ninguna contraorden para aplazarla ni tampoco negociaciones
con el gobernador civil. Luego, pasando al contraataque,
acusaba de premeditación a Pedro Vallina, quien, siempre
según Zimmerman, no había aceptado quedarse al margen de
las instancias de decisión de la organización y no había
perdonado la oposición de Mendiola a sus continuas
injerencias. Por lo demás, concluía, Mendiola era un joven de
posición social desahogada que se había sacrificado en muchas
ocasiones: como máximo, se le podían reprochar algunas
«negligencias».

En los últimos días del mes de agosto se reunió un pleno de

la CNT en Madrid. Vicente Ballester y Juan Méndez
representaban a la Regional andaluza en lugar de Mendiola. El
informe del comité regional confirmaba que los responsables
sometidos a juicio de confianza habían quedado suspendidos
de sus funciones, pese a que la organización sevillana estimaba
que no habían cometido acto de traición. De entre los
documentos consultados, este informe es el más preciso, tanto
en lo que concierne a la cronología de las huelgas organizadas
por la CNT en la provincia de Sevilla en mayo de 1932, como en
lo tocante a las respectivas responsabilidades de la federación
local y del comité regional.320 Por este documento sabemos
también que la huelga de solidaridad debía durar 48 horas,
aunque esta afirmación podría responder a un intento de
disimular el fracaso que conoció el movimiento en el ámbito de
la región. Con todo, siguieron imputando a la actuación de

320 Ibid. (septiembre de 1932), pp. 11‒13.

Vallina, calificada de «canallada», el motivo del desaliento
campesino y la «decadencia» de su huelga.

El carácter conservatorio de las medidas tomadas respecto

de Mendiola y Zimmerman se vio inmediatamente contradicho
por la circular que publicó Solidaridad Obrera el primero de
septiembre, el día siguiente al pleno. Este documento, firmado
por Vicente Ballester, informaba de su propio nombramiento
como nuevo secretario general de la Regional andaluza, que se
acordó durante una reunión de los responsables sevillanos...

Dos meses más tarde, todos los protagonistas de este asunto

tuvieron la oportunidad de explicarse en la asamblea general
organizada el 30 de octubre por la federación de Sevilla. Vallina
no acudió, pese a haber sido invitado. Zimmerman y Mendiola,
por el contrario, se esforzaron en refutar las críticas de
negligencia, o incluso de connivencia con las autoridades, que
varios militantes habían formulado contra ellos, entre los que
había un metalúrgico afiliado al partido comunista.
Zimmerman imputó a la inactividad de Ballesteros, a la
«indiscreción» cometida por los responsables del sindicato
campesino de Sevilla y a las solicitudes de aplazamiento de la
huelga que hicieron Rosado y otros militantes la
responsabilidad de las iniciativas que se vio obligado a tomar
para llevar a la práctica las decisiones del congreso. Pese a
todo, reconoció haber solicitado a Sol la autorización para
enviar los telegramas, muy controvertidos, ya que el servicio de
comunicaciones se encontraba bajo una estrecha vigilancia; en
lo demás, subrayaba, no actuó por su cuenta sino de acuerdo
con todos aquellos que compartían con él las funciones del
comité: de este modo, Zimmerman implicaba a todos los
dirigentes de la ciudad de Sevilla. Mendiola tuvo una larga
intervención, estimando que su pronta liberación había
generado comentarios «tendenciosos»: recordó que no había
tenido nada que ver con los preparativos de la huelga agrícola,
pero añadió a continuación que nunca se había mostrado
pesimista respecto a ella. Al abordar luego la cuestión de sus
relaciones con Sol, justificó las continuas gestiones que hizo
con el gobernador en razón de sus funciones. Algo más le costó
explicar por qué se le ocurrió la idea de escribirle una carta, en
la que se defendía de la consideración de «cabeza directriz» del
movimiento campesino. Para acabar, se apoyó en las
declaraciones de los principales acusados para sugerir la
fragilidad de la tesis oficial sobre el «complot de las bombas».
Un militante de Alcalá de Guadaira fue más lejos al declarar
que, en ocasiones, el descubrimiento de explosivos había sido
un montaje de la Guardia Civil. A pesar de aquel inesperado
refuerzo, Mendiola se encontraba aislado, lo cual no impidió
que la asamblea se diese por satisfecha y ambos hombres
fuesen «reivindicados».321

Cinco meses más tarde, del 28 de marzo al 1 de abril de 1933,

tenía lugar en Sevilla el congreso de la Regional andaluza. Por
lo que sabemos, éste sería el último que se celebró antes del
alzamiento militar de julio de 1936. Apenas se habló de Casas
Viejas, más que para definir las modalidades de ayuda a los
familiares de las víctimas. En cambio, el congreso dedicó una
de sus doce sesiones a la huelga de mayo de 1932 y decidió,
por una amplia mayoría (61 por 100 de los votos emitidos), que

321 S.O. (9 y 18 de octubre de 1932): «Depuración imprescindible». BCNT

(noviembre de 1932‒enero de 1933), pp. 31‒37.
Mendiola y Ballesteros quedarían a partir de entonces
incapacitados para ejercer responsabilidades sindicales,
dejando a la organización de Sevilla la responsabilidad de
determinar la suerte de Zimmerman. La comisión de seis
miembros designada para examinar su caso estaba integrada
por un delegado campesino, B. Montilla, de Castro del Río; por
el ex dirigente de la FNOA, S. Oliva, que representaba al
sindicato de la madera de Algeciras; y por J. Arcas, del sindicato
de la construcción de Sevilla. Su informe trataba el tema de
Vallina según la tesis de la dirección nacional: movido por el
despecho, el médico había formulado acusaciones sin
fundamento. Su conducta, «malsana y perniciosa», lo dejaba
lógicamente «al margen» de la organización. A partir de ahí, los
tres dirigentes incriminados quedaban limpios de cualquier
sospecha de traición. Sin embargo, la comisión desvinculaba
claramente el caso de Zimmerman del de Mendiola. El primero
había enviado telegramas, efectivamente, pero con la
circunstancia atenuante de haberlo hecho a instancias de sus
camaradas. Por el contrario, la comisión se vio obligada a
reconocer que Mendiola se había prestado a ciertas
«concomitancias» totalmente contrarias a las normas de la
confederación, de modo que estimaba que al dirigente le había
faltado la fortaleza de carácter que se le debe exigir a un
secretario general. Desde este punto de vista, Ballesteros, que
había desertado en el momento crucial, era acreedor a la
misma sanción.322

Este veredicto tan circunspecto indispuso a la federación

local de Sevilla. Su delegado, apoyado por Paulino Diez, invocó

322 CNT (30 de marzo de 1933) y S.O. (1 de abril de 1933).

la asamblea general de octubre de 1932, por la cual
Zimmerman y Mendiola debían reintegrarse a sus funciones. Al
ser rechazada esta propuesta, un delegado (del Sindicato de la
Distribución de Granada, según el diario de la CNT, y del de la
Construcción de Sevilla, según Solidaridad Obrera) se
pronunció enérgicamente en el sentido de que se adoptase el
informe de la comisión: ¿No había ido Mendiola a buscar
camaradas «para presentar las bombas»? Si eso era verdad,
¿no equivalía a darle la razón a Vallina? Lo mejor era pasar sin
más demora a la votación, y ésta ofreció el siguiente resultado:
95 abstenciones, 23 votos a favor de los dirigentes destituidos
y 185 en favor de la resolución; con ello se mostraba sin
ambages la opinión de la base. A continuación, el congreso
podía ‒en su novena sesión‒ confirmar a Ballester en sus
funciones (261 votos) y a Sevilla como sede del comité regional
(186 votos ante los 80 de Granada y los 22 de Córdoba).

Las Memorias de Antonio Rosado aclaran

complementariamente la materialidad de los hechos y las
responsabilidades respectivas de Vallina y Mendiola. Rosado
admite explícitamente la existencia de algunos anarquistas que
pusieron bombas ‒«petardistas dinamiteros»‒ e incluso cita
por su nombre a uno de ellos, un tal Cabeza, y llega incluso a
afirmar que para aquellos cabezas locas el movimiento
reivindicativo de los campesinos no era más que «un simple
pretexto».

El doctor Vallina había probado su valentía denunciando la

actitud irresponsable de los dirigentes sindicales, pero,
objetivamente, se convertía con ello en un importante testigo
de cargo en relación a los militantes inculpados. Por esta razón,
y tras entrevistarse largamente con Mendiola, Rosado se había
inmiscuido en el asunto, suplicando a unos y otros que cesasen
las polémicas. Pero no por ello quedó menos convencido de
que Mendiola se había visto totalmente desbordado por los
suyos y por los acontecimientos...323

Por otra parte, Eduardo Ortega y Gasset, diputado

radical‒socialista por Ciudad Real, que había visitado a Rosado
en la cárcel, pudo explicar en las Cortes los tratos secretos
entre Mendiola, Zimmerman y Sol. Este último los confirmó a
su modo, indicando que había liberado a Zimmerman con la
intención que éste diese orden de reintegrarse al trabajo a los
huelguistas, y leyendo la carta en que Mendiola acusaba a
Vallina de intentar vengarse.324

Son muchos los indicios que, cotejados unos con otros,

convierten en muy verosímil la hipótesis según la cual
Mendiola fue manipulado, como si desde distintos bandos
muchas personas hubiesen intentado eliminarle.

Pero esta hipótesis es, hoy por hoy, indemostrable, pues los
numerosos documentos por él escritos no fueron publicados
por la CNT. Pero no hay duda de que la Confederación lo utilizó
como chivo expiatorio: en su décima sesión, el congreso
andaluz de marzo de 1933 escuchó el largo alegato que había
enviado Mendiola tras su sanción, pero, después, rechazó la
posibilidad de reemprender el debate.325

323 Rosado, pp. 89‒100.

324 Morí, t. 8, pp. 28‒42 (E. Ortega) y pp. 48‒65 (V. Sol).
325 CNT (3 de abril de 1933) y S.O. (6 de abril de 1933).
 En resumidas cuentas, lo que se reprochaba a Vallina era el
método, el procedimiento empleado para cuestionar la
capacidad del principal dirigente de la Regional andaluza para
organizar y llevar a buen fin un movimiento de masas. En el
fondo, se reconoció implícitamente la veracidad de su
apreciación respecto a Mendiola en el curso de la segunda
entrevista que mantuvo con los enviados del comité nacional.

En el pleno de mediados de abril de 1932, Mendiola había

sobreestimado las posibilidades de la Regional andaluza; en
realidad, ésta no estaba preparada para «un movimiento
general de carácter revolucionario», ni tan sólo para «un
movimiento simplemente huelguista», es decir, reivindicativo.
Y el hecho es que, al haber apoyado el comité nacional a los
dirigentes andaluces en la dirección de las huelgas de mayo, no
tenía ninguna posibilidad de rectificar.

Era preferible que la autocrítica procediese de la propia

Regional; pero, ¿podía ésta hacerlo? ¿No había sido Mendiola
su fiel intérprete desde que ejercía sus funciones?

Ahí se encuentra sin duda la clave de la lentitud con que se

llevó a cabo su sustitución, la clave de la laboriosa transacción
que representó la elección de Ballester y el mantenimiento de
Sevilla como lugar de residencia del comité regional.

Nos queda demostrarlo, intentando delimitar, de manera

contrastada, el lugar que ocuparon los dos secretarios
generales de la Regional andaluza en la historia del
anarcosindicalismo bajo la Segunda República.
 MENDIOLA Y BALLESTER: ¿HOMBRES NUEVOS?

Mendiola, fiel intérprete de la Regional andaluza

Miguel Mendiola fue elegido secretario general de la

Regional andaluza en el congreso que tuvo lugar en Sevilla a
mediados de octubre de 1931. Anteriormente había sido uno
de los 79 delegados andaluces que acudieron al congreso
nacional extraordinario del Conservatorio, llegando incluso a
presidir una de las sesiones. Además de representar al comité
regional, hacía lo propio con tres sindicatos (Alimentación de
Almería, Arroyomolinos y Obreros Municipales de Huelva).
Según las actas de este congreso, participó tan activamente
como Ballester, delegado de la conferencia regional de
septiembre de 1930 y del sindicato de la Madera de Cádiz, o
como Peña, representante del sindicato Textil de Sevilla. Fue a
propuesta suya que, a partir de la primera sesión, el congreso
decidió enviar una delegación a entrevistarse con Largo
Caballero, a la sazón ministro de Trabajo, con el propósito de
regular el conflicto que oponía a los mineros de Asturias con el
gobierno por la financiación de su orfanato. Fue también él,
probablemente, quien sugirió en vano que se discutiera de
nuevo en una comisión el informe de actividades que F. Arín
había presentado en nombre del comité nacional designado en
junio de 1930. Con ello disentía de los delegados de la
Construcción de Málaga y Huelva, que exigían a gritos la
destitución del comité nacional saliente, olvidando o
menospreciando la considerable ayuda que éste había
aportado, tras la caída de la dictadura, a la reorganización de la
Regional andaluza, en la que Arín veía «una gran promesa para
la CNT».

Si Mendiola no intervino en las numerosas cuestiones de

organización y reivindicativas que se trataron fue, sin duda,
porque era miembro de la comisión encargada de informar
sobre el punto más controvertido del orden del día, la posición
que debía adoptar la CNT ante la convocatoria de la Asamblea
Constituyente. La resolución de la Regional gallega, preparada
por Villaverde, presentaba una plataforma de acción
fundamentada en el desarrollo de las libertades, plataforma
juzgada conforme a la concepción de la acción directa y
revolucionaria propia de la CNT. Mendiola la había suscrito, así
como el delegado del sindicato de Morón de la Frontera, José
Margalef. Pero, junto a Ballester y Peña, también figuraba
entre los 34 delegados que, justo antes del examen de la
resolución, habían presentado una propuesta que condenaba
al comité nacional por haber incluido en el orden del día la
cuestión de las relaciones entre la CNT y la Constituyente. Tal
propuesta no fue tomada en consideración pero dio el tono de
la discusión, en la que los sindicatos de la construcción de las
grandes ciudades defendieron una moción contradictoria,
exigiendo que la CNT respetase al pie de la letra su apoliticismo
de principio. Aunque la resolución fue enmendada en este
sentido y luego aprobada, la rechazaron 31 sindicatos; entre
ellos se encontraban los de la Construcción de Cádiz y Sevilla y
el del Textil de Sevilla, es decir, Peña. Peña, que había
defendido ‒contra la opinión del comité nacional‒ el derecho
de los miembros de la FAI a tomar parte en los trabajos del
congreso (tercera sesión), y luego volvió a ser vencido en el
proyecto, apoyado por Zimmerman, de una escuela central de
propagandistas (sexta y séptima sesiones), tuvo, al menos, la
satisfacción de obtener que a los afiliados del PSOE y del PCE se
les retirase toda función dirigente en la organización sindical
(decimocuarta sesión)...

En cuanto a Mendiola, propuso junto a Ballester una solución

de espera para otra cuestión en litigio, la de los comités de
defensa de los detenidos, los «comités pro‒presos». Desde el
pleno de enero de 1928, éstos estaban compuestos por partes
iguales por miembros de la CNT y de la FAI. Pestaña planteó la
duda de si debían seguir existiendo, pues primitivamente
aquella tarea correspondía al comité nacional. También se
trataba de saber si el previsto aumento del sello confederal lo
percibiría íntegramente el comité nacional pro‒presos (CPPN).
Finalmente, el congreso adoptó la propuesta de Mendiola y
Ballester, que aplazaba la cuestión para el siguiente congreso y
ratificaba el mantenimiento de los comités de defensa con su
nueva forma.

Ello equivalía a consagrar el enlace orgánico, «la trabazón»

entre sindicatos y grupos específicos tal como lo concebía la
FAI. Sin embargo, no está muy claro que esa fuese la intención
de los dos dirigentes andaluces, que preocupados por el
funcionamiento democrático de su organización aplicaban la
resolución de la conferencia regional de septiembre de 1930;326
pues, efectivamente, Ballester no había logrado imponer la
idea de comités de defensa de los detenidos independientes.

326 S.O. (1 de octubre de 1930): «Los grandes comicios de la CNT» (J. Elizalde).
 Miguel Mendiola

Animado por la misma preocupación, Mendiola subrayó la

necesidad de reunir el pleno conforme a los estatutos, es decir,
cada tres meses.

Cuatro meses después del Conservatorio, Mendiola se izó a la

cabeza de la Regional andaluza, cuyo cuarto congreso había
preparado su antecesor, Progreso Blanco. 327 Este último
criticaba vivamente en su informe de actividades a las
organizaciones de Málaga y Granada, por haberse
comprometido en huelgas generales de carácter puramente
reivindicativo sin siquiera informar al comité regional. Pestaña
ya lo había indicado en el informe de su visita a Sevilla en julio:
el comité regional se encontraba siempre ante el hecho
consumado. Pestaña recalcaba igualmente, citando el caso de
La Rinconada, la confusión reinante en el ánimo de los
militantes, para quienes CNT y FAI eran la misma cosa.328

327 S.O. (4 de octubre de 1931): convocatoria y orden del día.

328 BCNT (octubre de 1931), pp. 8‒9.
Progreso Blanco no iba tan lejos pero quería sancionar a los
sindicatos indisciplinados. No convenció al congreso, que
consideraba que la revolución permanente de las grandes
masas de trabajadores excluía ipso jacto cualquier disciplina...
La influencia de la FAI se hizo sentir de punta a cabo: desde la
segunda sesión, su representante, Domingo Germinal, hizo un
vibrante homenaje a la memoria de Francisco Ferrer; también
fue el último orador del mitin de clausura, dedicando una hora
y media a la demostración de «la necesidad de una revolución
bien coordinada». 329 Zimmerman y Peña modificaron
sustancialmente la muy importante resolución sobre la
cuestión agraria: si la tierra no se entregaba inmediatamente a
los municipios, debía irse abiertamente a la huelga
revolucionaria. Zimmerman propuso inclusive lanzar un
movimiento nacional «de carácter revolucionario» para acabar
con las persecuciones que sufrían los militantes de la CNT; y si
el comité nacional lo rechazaba, precisaba Zimmerman, la
Regional andaluza actuaría por su cuenta, «con absoluta
autonomía». El congreso aprobó la moción. En el mitin de
clausura, Mendiola pudo exaltar la posición «francamente»
revolucionaria del anarcosindicalismo andaluz.330

Entre su elección y su destitución, Mendiola representó a la

329 S.O. (27 de octubre de 1931). En carta del 23 de mayo de 1933 dirigida al ministro
de Gobernación, el gobernador civil de Málaga traza la biografía de Domingo Miguel
González (a) Domingo Germinal. Oriundo de Burgo de Osma (Soria), nació D. Germinal
en 1880 y era perito mecánico. Residió 25 años en Cuba, donde fue dirigente del grupo
anarquista “Tierra”, escribiendo en el periódico del mismo nombre que se editaba en La
Habana y del cual se conservan ejemplares sueltos y en pésimo estado en los fondos de la
antigua Sociedad Económica de los Amigos del País de dicha ciudad. De Germinal se han
encontrado varios artículos en los números de enero‒febrero de 1913 de /Tierra!
330 BCNT (noviembre de 1931), pp. 7‒17.
Regional andaluza en dos plenos nacionales: el de los días 13 y
14 de diciembre de 1931, que fue el último presidido por
Pestaña; y el del 13 al 16 de abril de 1932, dominado por el
fracaso del movimiento insurreccional del alto Llobregat
(«acontecimientos de Figols»). En ambos casos tuvo frecuentes
intervenciones, lo suficientemente numerosas como para que
hoy en día se pueda determinar en qué filas se alineaba dentro
de la CNT, que entonces estaba dividida entre
anarcosindicalistas moderados ‒«treintistas»‒ y extremistas
‒«faístas».331

En lo concerniente al primero de aquellos plenos, no

podemos atribuir con certeza a Mendiola las tomas de posición
de la Regional andaluza, pues iba acompañado por Juan
Méndez, del sindicato del Vidrio de Sevilla. 332 Pero fue
Mendiola quien, junto a Pestaña y Valverde, fue a ver en
delegación al ministro de Gobernación, Casares Quiroga, con el
fin de protestar por los arbitrarios actos cometidos por los
gobernadores civiles, especialmente en Andalucía, para con las
organizaciones de la CNT; actos que, a ojos de la Regional
andaluza, justificaban ampliamente, y al margen de las
posiciones de principio, la gestión propuesta por la Regional
gallega y aceptada a regañadientes por la Regional catalana.
Esta gestión, por lo demás, se limitaba a prolongar la iniciativa
tomada por Pestaña quince días antes, cuando pidió en una
carta abierta a Azaña la definición del margen de maniobra que
concedía el gobierno a los sindicatos confederados. 333 La

331 Brademas, p. 156: informe confidencial del Comité nacional (1934).

332 BCNT (enero de 1932), pp. 4‒25.
333 Pestaña (1974), p. 47.
Regional andaluza argumentaba que era necesario llamar la
atención de los poderes públicos sobre el hecho de que los
derechos de los ciudadanos no se respetaban en todos lados.
Por supuesto, la protesta podía tomar otras formas e ir hasta
una huelga general de 48 horas; la Regional andaluza había
tomado una resolución en este sentido en su reciente
congreso; pero, precisaba, ante todo convenía consultar a las
Regionales restantes.

Pero sería un error interpretar aquella actitud como un

apoyo a Pestaña. En realidad, los dirigentes andaluces se
tomaban al pie de la letra las resoluciones del congreso del
Conservatorio. En cuanto a la cuestión de los comités
pro‒presos, que volvió a plantearse, se opusieron a Pestaña,
que a título personal proponía que subsistiesen a nivel
regional. Se tomó la decisión de mantener aquellos comités a
todos los niveles de la organización (local, regional y nacional),
quedando cada uno encargado de coordinar del mejor modo
posible su acción en favor de los detenidos en espera de juicio
y de los condenados.

Al tratarse de la lucha contra el paro, se llegó a un acuerdo

unánime para rechazar cualquier fórmula de ayuda financiera a
las víctimas de aquel mal. Sin embargo, y a diferencia de otras
delegaciones y del propio Pestaña, que proponían la semana
de 44 horas como una primera etapa hacia una reducción más
importante de la duración del trabajo, la Regional andaluza se
pronunció en favor de la jornada de 6 horas, consigna más
susceptible de movilizar a los parados. Finalmente triunfó la
solución «municipalista», propuesta por la Regional gallega,
que se basaba en unas bolsas de trabajo locales y en el reparto
del trabajo entre los asalariados de cada municipio. Mirándolo
bien, tal solución se asemejaba bastante a la del sindicalismo
socialista.

Pero el verdadero meollo de aquel pleno era «la cuestión

agraria». Aquel punto se había incluido en el orden del día
mediante la solicitud formulada por la Regional andaluza334 en
el pleno anterior, el de mediados de septiembre. Se trataba de
tomar posición sobre el proyecto de reforma agraria del
gobierno provisional. Mientras, el congreso regional de Sevilla
se había pronunciado contra la parcelación de la tierra bajo la
dirección del Estado, solución típicamente «reformista». Este
congreso había preconizado la expropiación revolucionaria y la
explotación comunal en el mismo movimiento, pero el pleno
de diciembre no llegó tan lejos, 335 pues las plataformas
presentadas por las Regionales pretendían ser realistas. El
alemán Souchy, representante de la Internacional anarquista,
resaltó que el comité nacional se preocupaba prioritariamente
por los trabajadores de la industria e hizo un llamamiento en
favor de las cooperativas. El plan de acción adoptado se
caracterizaba por su naturaleza constructiva: precisaba las
reivindicaciones propias de las distintas categorías del pequeño
campesinado, preconizaba la expropiación de las grandes
fincas, su municipalización y su explotación por parte de
cooperativas independientes de los sindicatos, aunque
controladas por ellos; sin embargo, no indicaba en absoluto los
medios que debían emplearse para alcanzar tales objetivos.
Mendiola, en su discurso del mitin de clausura, no hizo

334 BCNT (octubre de 1931), p. 22.

335 Ibid. (enero de 1932), pp. 9‒15, y S.O. (18 de diciembre de 1931).
referencia a ello, subrayando, por el contrario, el rechazo que
el congreso «campesino» que acababa de celebrarse en Sevilla
había expresado a la reforma gubernamental. En cuanto a
Villaverde, invocó a los grandes mentores: Bakunin, Salvochea
y Mella. Y Pestaña, situándose en un plano «práctico», resaltó
el valor de las soluciones «transitorias», presentadas por la
CNT. Era la última vez que podía hacerlo en calidad de
secretario general.

Cuando se reunió el pleno de mediados de abril de 1932,

Pestaña acababa de ser destituido y reemplazado por Manuel
Rivas de la FAI:336 era el final lógico de un conflicto que durante
meses había enfrentado a Pestaña con los sindicatos de
Barcelona. Aquel pleno tenía ante todo que pronunciarse sobre
la «conducta» del precedente comité nacional, expresar si
había actuado correctamente al anular el 24 de enero la huelga
general revolucionaria de apoyo a los mineros del alto
Llobregat y pronunciarse igualmente sobre la suficiencia de su
apoyo para asegurar el éxito de la huelga general de protesta
del 15 de febrero, contra la deportación a África de un
centenar de dirigentes anarquistas, entre los que se hallaban
Zimmerman y Sánchez Rosa. Respecto al primer punto,
Mendiola hizo dar un descargo unánime al comité nacional,
bajo reserva que el congreso, aplazado a septiembre, diese un
veredicto definitivo. En cuanto al segundo punto, el pleno
reconoció que el comité nacional había interpretado
correctamente las aspiraciones de la base, aun cuando la
precipitación con que se había organizado la huelga del 15 de
febrero impidió que se unieran a ella numerosos sindicatos

336 BCNT (mayo de 1932), pp. 2‒29.

agrícolas. Mendiola fue uno de los ponentes de la comisión ad
hoc, junto a J. Font (Cataluña), M. González (Centro) y M. Alcón
y M. Rivas por el comité nacional.

En su informe sobre el estado de la Regional andaluza,

Mendiola mostró de qué modo las fluctuaciones de la política
social del gobierno ‒«un tira y afloja»‒ influían negativamente
sobre el desarrollo normal de las organizaciones locales. A su
entender, lo mejor era desarrollar unas federaciones
provinciales, medida que permitiría llegar al medio millón de
afiliados (la Regional contaba entonces con 325.000); también
consideraba necesario que la CNT lanzase una campaña de
agitación. Por lo demás, las posiciones adoptadas por Mendiola
respecto a los demás puntos del orden del día se orientaban en
el mismo sentido, el de una radicalización de la acción. En su
opinión, el asunto de El Luchador debía ser objeto de un
debate en el congreso, pues los ataques que el periódico de
Montseny lanzaba contra los «traidores» a la CNT se originaban
en la actitud del anterior comité nacional; en consecuencia,
Mendiola se opuso a que aquel tema lo solucionase
únicamente la Regional catalana. Con ello, se distanciaba de la
línea Pestaña y manifestaba su desconfianza respecto a la
organización catalana, que continuaba aportando miembros a
la dirección nacional. Por ello Mendiola estuvo de acuerdo en
que el comité nacional ‒como ya se trataba desde hacía
tiempo‒ se desplazase de Barcelona. ¿No acababa de
manifestar uno de sus representantes, dirigiéndose a la
Regional andaluza, que no se trataba de convertir una eventual
huelga de ferroviarios en un movimiento revolucionario?

También fue Mendiola quien propuso e hizo adoptar, con la

abstención de Aragón, una resolución sobre la cuestión
planteada por el comité nacional: los comités de acción. Éstos,
integrados por miembros de la FAI y de la CNT, habían sido
creados junto con los comités pro‒presos a fines de la
dictadura y les había sido asignada una misión ofensiva, casi
militar. La cuestión era si, una vez terminada la dictadura,
debían seguir existiendo. La resolución adoptada no respondía
directamente a la pregunta, pues se trataba de que la CNT
preparase la revolución social por sus propios medios,
manteniendo una estrecha relación con el comité
revolucionario de la FAI, lo cual no implicaba en absoluto un
vínculo orgánico y lo excluía en el nivel de los «organismos
secundarios». Como vemos, aquel texto tan cuidadosamente
equilibrado contentaba a todas las sensibilidades, por no decir
susceptibilidades. Sin embargo, lejos de constituir una posición
hostil a la FAI, insinuaba, en nombre de la autonomía y con una
clara voluntad de eficacia, un reparto de las tareas entre
organización de masas y organización específica, debiendo la
primera movilizar a las masas en y por la acción colectiva y la
segunda encuadrarlas en el momento oportuno con vistas al
ataque final. Tal dispositivo concordaba con el objetivo que se
fijaría la FAI un año y medio más tarde, en vísperas de las
elecciones legislativas de noviembre de 1933: «Hemos de
encauzar nuestra acción a socavar los cimientos de la economía
capitalista dificultando su desenvolvimiento en todas sus
manifestaciones, y precipitando su ruina».337

La sesión que el pleno reservaba a la lucha contra el paro iba

a aclarar el sentido que convenía dar a la resolución que

337 Gómez Casas, p. 162.

concernía a las relaciones entre la CNT y la FAI. El documento
presentado por el nuevo comité nacional se esforzaba en
demostrar que las luchas llevadas a cabo para lograr el reparto
del trabajo y la jornada de seis horas sólo servían para
malgastar las energías de la organización obrera, en un
combate forzosamente desigual contra el gran capital y el
aparato del Estado. En lugar de ello, concluía, era necesario
concentrar todas las fuerzas con el objetivo de la próxima
implantación del comunismo libertario. En realidad, la posición
tomada por la nueva dirección de la CNT volvía a poner en tela
de juicio la que ‒prácticamente sin discusión, y ese era
precisamente su punto flaco‒ había sido adoptada en el
congreso del Conservatorio; a fortiori iba a contracorriente de
la interpretación realista y pragmática que Pestaña había
querido darle; en todo caso, se encontró con las reservas de la
Regional catalana, que, en nombre de la necesaria solidaridad
que debía reinar entre los trabajadores, defendió el principio
de la jornada mínima. Valeriano Orobón, militante de
Valladolid, intervino ampliamente con el fin de recalcar la
necesidad de reinsertar al máximo de parados en el circuito de
trabajo; para ello, convenía repartir el trabajo equitativamente,
reduciendo si era necesario la duración de la jornada de
trabajo a dos o tres horas diarias. El comité nacional se mostró
dispuesto a aceptar aquella enmienda. Y en ese momento
Mendiola declaró, en nombre de la regional andaluza, que sólo
cabía una actuación: aprovechar la situación revolucionaria que
se estaba viviendo, para de aquel modo derribar de una vez
por todas «el régimen capitalista». Pedro Vallina podía
denunciar estos excesos con toda la razón, toda vez que la
experiencia, infalible criterio, ya había puesto de manifiesto la
ligereza con que el secretario general de la Regional andaluza
lanzaba a las fuerzas organizadas del pequeño campesinado
pobre hacia un dudoso combate. Pues, en cualquier caso, los
pistoleros y las bombas no sólo existían en la febril imaginación
de los políticos burgueses y los policías torturadores...

Llegados aquí, estamos en condiciones de formular una

conclusión sobre Mendiola. El análisis que acabamos de hacer
permite afirmar que fue un fiel intérprete de las cada vez más
maximalistas posiciones de la Regional andaluza. En este
sentido, no podía considerársele un «traidor», acusación que
se reservaba para los dirigentes sospechosos de ceder ante el
régimen republicano. Pero fue rápidamente apartado de su
cargo y luego juzgado con severidad. Intentemos determinar
en qué había fallado. Hemos visto que, a imagen de otros
dirigentes anarquistas, Mendiola tenía por costumbre
relacionarse con los representantes del poder, ministros y
gobernadores. Es probable que fue demasiado lejos por esta
vía, que no tomó las precauciones necesarias y que dio
muestras de una inocencia culpable ante un político tan astuto
como Vicente Sol, que alardeó en las Cortes de haber alentado
al patronato de Sevilla a que se uniera y organizara. Y, caso que
fuese miembro de una FAI interesada en mantener su
autonomía para así mejor llevar a cabo su revolución, Mendiola
se quemó al dejar que la organización sevillana le quitase la
dirección del movimiento campesino de mayo de 1932, que a
partir de entonces se vio condenado a hundirse como los
precedentes. En una palabra: ya no era un hombre seguro.
¿Ofrecía más garantías Ballester, su sucesor?
 Ballester: un militante íntegro

Cuanto más ignorada ‒de un modo deliberado, por otra

parte‒ es la figura de Mendiola en la historiografía anarquista,
más se eleva la personalidad de Vicente Ballester Tinoco
(1903‒1936), que en general se hace acreedor a las
apreciaciones más elogiosas. 338 Incluso los militantes de
Barcelona vieron en él, a principios del año crucial de 1936, a
un posible secretario general de la CNT. Hubiese sido un
singular destino para un hombre que, tres años antes, se había
mostrado tan reticente para aceptar la dirección de la Regional
andaluza. Pero no sucedió nada de eso. Ballester no se situó a
la cabeza del comité nacional, transferido a Madrid después del
congreso extraordinario de mayo de 1936. Este gaditano murió
en su tierra, sumariamente ejecutado, víctima de una
denuncia.

Vicente Ballester Tinoco

338 Santillán (1971), III, pp. 60‒62.

 Ballester vio confirmadas sus funciones como secretario
general de la Regional andaluza con una mayoría aplastante
(261 votos de 285), a fines de marzo de 1933. No hay duda de
que su pasado lo avalaba de sobras. Siendo todavía un joven
miembro del grupo de Salvochea, a fines del trienio, tuvo que
tomar partido en el enfrentamiento que dividía a los
anarquistas andaluces. Junto a Antonio Rosado había opinado
que un militante debía ocupar su puesto en el seno de la
organización sindical, ejerciendo responsabilidades hasta el
más alto nivel y aceptando incluso una función retribuida. Esta
concepción acabaría por imponerse y quedar codificada en el
congreso de marzo de 1933, a iniciativa de la comisión
encargada de informar sobre la «estructura del comité
regional», de la que formaba parte Rosado. Éste fue de los que
relacionaron el principio de la remuneración con el nombre del
candidato,339 o sea Ballester.

El joven militante se formó menos en las luchas que en los

debates ideológicos, que se desarrollaban en los escasos
periódicos anarquistas tolerados por Primo de Rivera. Se dio a
conocer lo suficiente como para que, en los tiempos
inmediatamente posteriores a la dictadura, la policía lo
considerase un hombre a vigilar.340 Ello sucedía poco después
de la conferencia regional andaluza en los días 19 a 22 de
septiembre de 1930, que había significado la reaparición
pública de la CNT en Andalucía. En su nombre y en calidad de
delegado del sindicato de la Madera de Cádiz, Ballester
participaría en el congreso del Conservatorio.

339 CNT (1 de abril de 1933).

340 AHN, Gobernación, 51 A, n.° 9, Cádiz, 9 de noviembre de 1930.
 Ya hemos visto cómo se pronunció en los mismos términos
que Mendiola respecto a la actitud frente a la Constituyente y
en relación con los comités pro‒presos. También formaba
parte de dos comisiones, la de las credenciales y la que debía
informar sobre la reorganización de la CNT. Se abstuvo de
tomar parte en los agitados debates de las primeras sesiones,
que trataron del informe sobre las actividades del comité
nacional, interviniendo únicamente para obtener un correcto
desarrollo del congreso. Su proposición, consistente en
organizar un escrutinio secreto en el procedimiento de voto,
fue recogida por Pestaña y la mayoría absoluta prefirió el voto
por el número de afiliados al voto por delegaciones (tercera
sesión). La designación de las ponencias tuvo lugar en la quinta
sesión, cuando él ya había subrayado la necesidad de preparar
los dictámenes antes de su examen en sesión plenaria. Y
cuando se trató el tema de la creación de un diario nacional,
expresó su conformidad precisando que la Regional andaluza
esperaba lo que acordara el congreso para lanzar o no un
semanario (segunda sesión). Sin embargo, y a pesar del
mandato expreso de su sindicato, no pudo suscribir el plan de
reestructuración interna de la CNT preparado por Joan Peiró,
pues juzgaba excesiva la importancia concedida a las
Federaciones Nacionales de Industria (novena sesión). En
resumidas cuentas, aquel militante de buena voluntad y
espíritu constructivo se mantenía en la más estricta ortodoxia.

Por ello, parecía lógica su promoción al cargo de Mendiola,

ya desacreditado. Representó a la Regional andaluza junto a
Juan Méndez en el pleno de los días 28 a 30 de agosto de 1932,
apenas tres semanas después del pronunciamiento intentado
por Sanjurjo en Sevilla, que se saldó con un fracaso. Ballester
fue el único que lo mencionó en su informe, valorando las
iniciativas tomadas por «los comités responsables de la CNT»
con el objetivo de movilizar a los trabajadores. También precisó
que la CNT había rechazado la posibilidad de entrar en el
comité de salud pública formado por las organizaciones de
izquierda y extrema izquierda. Con ello avalaba la actitud de la
federación local de Sevilla, cuyo representante en el mitin
obrero del día 11 de agosto, E. Calderón, se retiró del acto con
el propósito de demostrar con claridad que los anarquistas no
habían salido a la calle para defender a la república sino para
hacer la revolución.341 Pero la posición que adoptó en el dilema
planteado por la Regional catalana, sobre cómo reaccionar
ante la ley del 8 de abril de 1932, mostraba hasta qué punto
era realista su apreciación de la fuerza del anarcosindicalismo
andaluz. De aquel pleno surgieron dos orientaciones: mientras
la mayor parte de las delegaciones apoyaban la idea expresada
por los catalanes, que pedían una intervención muy enérgica,
las de Galicia y Asturias se inclinaban hacia una posición
defensiva. La delegación andaluza se alineó implícitamente en
estas filas, pues no podía dejarse llevar hacia un movimiento
violento, y únicamente se comprometió a llevar a cabo
acciones de protesta. ¿No había explicado ya Ballester que la
reapertura de sus sindicatos era un factor favorable para
reorganizar las fuerzas?342

Unos meses después volvía a estar todo por rehacer, con el

fracaso del movimiento insurreccional del día 8 de enero de
1933 y su trágica repercusión en Casas Viejas. Un largo pleno,

341 Tuñón de Lara (1978), pp. 249 ss.

342 BCNT (septiembre de 1932), pp. 3‒18.
del 30 de enero al 2 de febrero, se consagró casi
exclusivamente a determinar las responsabilidades de los
órganos de dirección implicados en la aventura. 343 El
secretariado de la Internacional anarquista ‒formado por
Carbó y Schapiro‒ se mezcló en el asunto recomendando
insistentemente que la CNT impidiese en el futuro a cualquier
organismo que no dependiese de ella el lanzamiento de «una
acción revolucionaria de gran envergadura».344 En cualquier
caso, el comité nacional quedó absuelto al término de una
larga discusión y los comités de defensa (catalanes) sólo
sufrieron el reproche de haber rebasado sus prerrogativas,
recayendo en última instancia la responsabilidad del fracaso en
los dirigentes de la federación de los ferroviarios, que no
habían sabido o no habían querido aplicar las resoluciones de
su congreso, que exigían sumarse a la huelga general. Al
acumular el «faísta» M. Rivas las funciones de secretario del
comité nacional y del comité de defensa, resultaba ciertamente
difícil que la FAI, juez y parte, se condenase a ella misma... La
delegación andaluza no juzgó oportuno faltar a la solidaridad
con la dirección nacional, aunque no se abstuvo de recordarle
que ya había informado sobre su insuficiente preparación para
un movimiento de aquella envergadura. Atribuyó los
«acontecimientos de Casas Viejas» a una infortunada
coincidencia de circunstancias, a la «impresión» que su
emisario había sacado de Barcelona y que había comunicado a
los responsables de las federaciones comarcales. En el fondo,
se limitaba a repetir lo ya dicho en el pleno del mes de agosto.
Cuando sonó la hora de la autocrítica, en el congreso de

343 Ibid. (marzo de 1933), pp. 4‒17.

344 «Informe Schapiro...», p. 476.
Zaragoza, Ballester precisó que el movimiento en Andalucía lo
había organizado la CNT, no la FAI. Lo cual equivalía a decir que
la ligazón orgánica entre ambas no era tan estrecha como en
Cataluña. Pero, al haberse creado una dinámica revolucionaria,
era lógico que la Regional andaluza exigiese con insistencia su
potenciación: era necesario llevar a cabo «una intensa
campaña de agitación y propaganda» desde entonces hasta la
fecha prevista para el congreso nacional, o sea, el mes de
mayo, que en los campos meridionales marca el principio de la
cosecha.

El congreso regional de 1933, como el precedente, tenía

como objetivo preparar el congreso nacional que ya se había
aplazado en numerosas ocasiones. El estado mayor anarquista
no ignoraba su importancia, de modo que mandó a sus
dirigentes más representativos a Sevilla, como era el caso de F.
Ascaso, Durruti, V. Pérez Conviña345, D. Germinal y A. González
Mallada. Se había dado el tono quince días antes, en el pleno
regional de Cataluña, con la expulsión de la federación local de
Sabadell, que rechazaba la intervención de la FAI en la CNT, no
había entregado sus cotizaciones y se encontraba
prácticamente en disidencia. En ese rechazo se vio imitada por
la mayor parte de los sindicatos de Valencia y Huelva. Así, el
congreso andaluz se veía afectado por aquel problema y tuvo
que examinar lo que se ha dado en llamar «el asunto Juan
López», ya que, a pesar de su expulsión del sindicato de la
Construcción de Barcelona, aquel militante «treintista» había
logrado cargos responsables en la federación local de Huelva,

345 Vicente Pérez Viche (1900 - ?), fue conocido como Vicente Pérez Combina, Convina o Conviña. [N. e.
d.]
en la que, por otra parte, había algunos miembros acusados de
recibir estipendios de la dirección del puerto.346 El congreso
que acababa de destituir a Mendiola encargó al comité
regional una encuesta pormenorizada sobre la situación en
Huelva, para que a partir de ella tomase las medidas más
oportunas. En julio, una circular firmada por Ballester
informaba a los lectores de CNT que, después de una asamblea
general, ya estaba en marcha la reorganización sindical de
Huelva.347

Sin embargo, había problemas más urgentes que exigían la

atención de los congresistas, como el del paro. Ya hemos visto
cómo su incremento acentuaba las disensiones en el seno de la
CNT. El pleno catalán, aun refiriéndose a las decisiones del
Conservatorio, acababa de adoptar una posición dura: el papel
de los sindicatos consistía, a partir de entonces, en demostrar
mediante una creciente propaganda que la única salida
consistía en la revolución social. El congreso andaluz casi se
alineó con esta alternativa, manteniendo del plan de acción de
la comisión ad hoc únicamente la reducción de la jornada de
trabajo a seis horas, en el caso de los obreros de las ciudades, y
a cuatro, para los del campo. No quiso saber nada ni de la
abolición del trabajo a destajo, ni de la gratuidad de la vivienda
para los parados ni de las bolsas de trabajo. Uno de los
ponentes, delegado de las Artes Liberales de Sevilla, se quejó
de que el documento ‒criticado por el «faísta» Germinal‒ se
interpretase como una traición al espíritu revolucionario de la
CNT. Caído Mendiola, la línea que él mismo había defendido en

346 CNT (1 de abril de 1933). Ramos‒Oliveira, III, p. 51.

347 CNT (6 de julio de 1933).
el pleno de abril de 1932 resultaba la ganadora. Durruti,
representante oficioso de la FAI en aquel congreso, no se
equivocó en absoluto: «¡Ved ‒decía en la reunión de clausura‒
cómo los representantes de los sindicatos rechazan cualquier
componenda con el régimen capitalista!». Pese a todo, el
congreso no había presentado unanimidad y hubo que confiar
a una comisión el encargo de verificar el escrutinio; el
documento corregido quedó aprobado por 231 votos contra 71
y 21 abstenciones, lo que representa el 71,5 por 100 de los
sufragios expresados.

En el aspecto interior, también era necesario sacar

conclusiones sobre las disfunciones aparecidas el año anterior,
durante la huelga de los sindicatos campesinos. A la pregunta
del posible mantenimiento de las federaciones provinciales, la
comisión ad hoc respondió afirmativamente, dejando en
cualquier caso a las federaciones comarcales la posibilidad de
pertenecer a la provincia de su elección. Esta propuesta fue
vivamente combatida por la mayor parte de los que
intervinieron, pues implicaba un aumento de las cotizaciones y,
sobre todo, implicaba un nuevo circuito burocrático que, lejos
de impulsar la acción revolucionaria, la alejaba de sus
objetivos, como acababa de demostrar la práctica. El congreso
rechazó, pues, el informe de la comisión y decidió la disolución
de las federaciones provinciales existentes. Era un retorno a los
orígenes, a un tipo de organización federativa en que municipio
y comarca prefiguraban mejor que la provincia ‒división
puramente administrativa, artificial‒ las unidades de base de la
sociedad comunista libertaria. Avelino González, el director de
la CNT, resumió perfectamente el espíritu cuando explicó que,
en España, la comuna era el municipio y que, dado su carácter
campesino, Andalucía se adaptaría rápidamente. 348 También
por esta razón, no había necesidad de constituir, a pesar del
acuerdo del congreso de Madrid, las Federaciones Nacionales
de Industria que, por otra parte, copiaban al pie de la letra las
estructuras cada vez más concentradas de la economía
capitalista, en lugar de oponerse a ellas;349 con casi dos años de
retraso, el congreso andaluz tomaba posición contra la línea
tradeunionista de Peiró y sus amigos «treintistas».
Lógicamente, a partir de entonces, las federaciones comarcales
debían constituir los cimientos de una regional campesina, que
asociada a otras acabaría por formar una organización
nacional. En el próximo capítulo volveremos a tratar
largamente este aspecto.

Atando cabos, las atribuciones del comité regional se vieron

considerablemente restringidas. Seguía estando compuesto
por delegados de los sindicatos del lugar de residencia pero, a
partir de entonces, se veía en la obligación de reunir cada tres
meses una asamblea plenaria, compuesta por los
representantes de las federaciones locales y comarcales; aquel
minicongreso tendría plena competencia sobre todo aquello
que concerniese a la vida de la organización sindical:
«principios, normas, tácticas de lucha y acción revolucionaria».
Fue en aquel momento cuando, al sonar su nombre para la
función de secretario, Ballester pidió un voto nominal y luego,
al cambiar de parecer, invocó su obligación de regresar a
Cádiz.350 ¿Temía ser rehén de la federación sevillana, cuyas

348 S.O. (6 de abril de 1933): «Mitin mostruo de clausura del congreso de la Regional
andaluza y extremeña».
349 CNT (1 de abril de 1933), tema 16.
350 S.O. (6 de abril de 1933), 9.a sesión.
disensiones internas habían sido reconocidas por su sindicato
de la Construcción? En cualquier caso, acabó aceptando el
cargo que el congreso le confiaba.

Al mismo tiempo, el congreso se pronunció en todos los

aspectos de la política gubernamental que le parecían
negativos. La CNT debía emprender una acción de conjunto
contra la reforma agraria que afectaba a todo el país. En lo
concerniente a la ley sobre la contratación de mano de obra
foránea, que resquebrajaba la solidaridad entre los
trabajadores agrícolas, las organizaciones de las ciudades
habrían de solidarizarse con la huelga general para llegar a su
abolición. Y, si por ventura, los gobernantes obligaban a la CNT
a que cumpliera con la ley de asociaciones profesionales, sólo
quedaría la posibilidad de declarar la huelga general
revolucionaria, costase lo que costase: llegado el momento,
tocaría decidir a las Regionales. No podían darse directrices
más claras al comité regional, a su secretario y al semanario,
Solidaridad Proletaria, que, según se acordó, iba a publicarse
de nuevo.

El sentido se explicitó al final del congreso, cuando se

discutió la «reafirmación de los principios» ‒punto que se
añadió al orden del día a propuesta del sindicato sevillano de la
Construcción‒ y en los discursos del mitin de clausura.

Reafirmar los principios significaba confirmar la posición

adoptada en 1919 en favor del comunismo libertario y
demostrar que la Regional andaluza estaba inmunizada contra
el virus reformista. Se designó una comisión de ocho
miembros, que comprendía al delegado del comité nacional,
con el objetivo de informar sobre la organización de la
producción y del consumo en la sociedad postrevolucionaria.351
Este tema era de la más viva actualidad pues, como han
mostrado recientes estudios, había en el movimiento
anarquista ideólogos conscientes de la necesidad de oponer a
las soluciones marxistas un proyecto alternativo, que para
resultar creíble debía ir más allá de las fórmulas mágicas,
intentando diseñar el perfil de la sociedad comunista libertaria.
Únicamente el delegado de las Artes Liberales de Sevilla
defendió el proyecto de resolución presentado en el congreso
andaluz. Ninguno de los dos diarios de la CNT consideró
conveniente presentarlo. Sin embargo, las críticas que recibió
por parte de Avelino González y Paulino Diez fueron lo
suficientemente precisas como para que, hoy en día, podamos
leerlo entre líneas. 352 No, el «concepto» de comunismo
libertario no era en absoluto confuso. Sí lo era, por el contrario,
la distinción establecida entre tal concepto y el sindicalismo
revolucionario, simple instrumento de reivindicación. González
y Diez volvían a poner en tela de juicio el papel que aguerridos
militantes, veteranos (entre los que se encontraba Rosado),
atribuían a los sindicatos en la construcción de la sociedad
posrevolucionaria, siguiendo en este punto el pensamiento de
los fundadores de la Primera Internacional. Los tiempos habían
cambiado; ya no podía darse un sindicalismo en estado puro. Al
no poderse enmendar el proyecto de la comisión, lo mejor era
llevar el tema al congreso nacional. Y así se hizo. La FAI, que en
principio era la cabeza pensante del organismo libertario, se
ocuparía de ello. Cuando se decidió, confió esta tarea a su

351 CNT (30 de marzo de 1933).

352 S.0. (8 de abril de 1933), 12.a sesión.
nuevo secretario, Abad de Santillán, un ex «espontaneísta»
convertido en «constructivista».353 Una vez más, la ironía de la
historia quiso que en Zaragoza le derrotase Federica Montseny,
aquella «oradora de moda» de quien Schapiro había
denunciado «el sentimentalismo a ultranza» y «la incalificable
inconsciencia».

El mitin de clausura fue un festival. Siete oradores se

dedicaron a prevenir a los trabajadores de Sevilla «la roja»
contra la ineficacia y la duplicidad de los comunistas
«estatalistas». En un discurso de una hora y media, González
Mallada reflejó mejor que nadie el sentido del congreso. A
partir del rechazo al «frente único» propuesto por los
comunistas desarrolló, con los experimentados métodos de la
retórica anarquista, la concepción de un comunismo libertario
armonioso, conforme a la naturaleza, ni conventual ni
carcelario. La necesidad de defenderse de los comunistas le
llevó a teorizar, más para los militantes que para el pueblo,
como precisó Miguel Cordón, los valores universales del
humanismo: libertad, solidaridad y paz. Aparte de estas
consideraciones, era vano pretender de antemano encauzar el
movimiento social. En resumidas cuentas, el modo de llegar a
la sociedad ideal seguía siendo, a pesar de los sucesivos
fracasos, la huelga general revolucionaria que Durruti había
invitado a preparar desarrollando y perfeccionando unos
grupos de defensa ‒cuadros de defensa‒, compuestos por
militantes escogidos. Como concluía Miguel Cordón, su
optimismo era realmente contagioso.

353 Gómez Casas, pp. 188‒208, y Santillán (1976).

 Pero este último se decepcionaría pronto. El 16 de agosto de
1933 interpelaba al gobernador civil de Cádiz, apelando a su
«conciencia»: ¿cómo podía ser que desde el mes de mayo los
sindicatos de la CNT permaneciesen cerrados?354 El 8 de mayo,
en efecto, el voto del congreso regional fue atendido con el
lanzamiento de una huelga general de protesta contra la
política represiva del gobierno. Arrarás, sin duda con cierto
cinismo, escribió: «tres días más tarde había 2.000 detenidos
más».355 Otra consecuencia fue que el congreso nacional, cuyo
orden del día se acababa de anunciar, volvió a aplazarse. A
principios de septiembre la justicia volvió a cargar: la Regional
andaluza quedó «suspendida» y por lo tanto, como se
precisaba, «fuera de la ley». La lista de sedes de sindicatos
cerradas se alargaba.356 El 19 de septiembre, el gobernador de
Sevilla informaba a Martínez Barrio, ministro de Gobernación
del nuevo gobierno presidido por Lerroux, que Ballester era
transferido al penal del Puerto de Santa María. Ocho días
antes, los oradores del mitin de marzo ‒F. Ascaso, P. Diez, V.
Pérez Conviña y Durruti‒ habían sido detenidos; no está de
más preguntarse qué hacían en Sevilla en aquellos
momentos.357 Resaltemos simplemente que durante el mes de
agosto el diario El Sol había llevado a cabo una vigorosa
campaña contra las doscientas «bandas terroristas»
comunistas y anarquistas que tenían en jaque a la ciudad.358
Entre tanto, la UGT progresaba en el medio rural.

354 CNT (16 de agosto de 1933).

355 Arrarás, II, pp. 160‒162.
356 CNT (7 y 20 de septiembre de 1933).
357 AHN, Gobernación, 58 A, n.° 29, Sevilla, 12 y 19 de septiembre de 1933.
358 El Sol (27, 28 y 30 de julio; 4, 6, 8, 13, 15, 20 y 27 de agosto de 1933).
 Luego ya perdemos el rastro de Ballester. Según sus
biógrafos, él y Miguel Cordón fueron llamados a la redacción
del periódico CNT y, al producirse el movimiento insurreccional
de octubre de 1934, se dedicó a potenciarlo en Madrid. Ello le
valió, siempre según la misma versión, una buena temporada
en la cárcel y «amargas decepciones», debidas a las
disensiones internas que provocó el movimiento de octubre
entre las filas de la CNT. Estas enigmáticas afirmaciones de
Santillán sólo pueden descifrarse si se intenta reconstruir las
posiciones de la Regional andaluza respecto al tema que en
aquellos momentos preocupaba al movimiento obrero
español: la alianza entre sus distintos componentes.

Tras ser seguidas sus consignas de abstención, la CNT

desencadenó el 8 de diciembre de 1933, a partir de su núcleo
aragonés (el comité nacional tenía entonces su sede en
Zaragoza), una insurrección armada. Con ello intentaba dar la
vuelta a un escrutinio favorable a la derecha y dar a luz con
fórceps la revolución social. A pesar de su fracaso, decidió
mantenerse en su espléndido aislamiento respecto a la
iniciativa tomada en Cataluña, cuyo propósito era constituir
una «alianza obrera», prescindiendo de ella. En su pleno del 13
de febrero de 1934 había instado a la UGT a precisar clara y
públicamente sus aspiraciones revolucionarias. En el pleno
siguiente (23 de junio de 1934) criticó a su Regional asturiana
por haber concluido un pacto de unidad de acción con su
homologa de la UGT. Mientras, había tenido que aceptar la
celebración de una conferencia nacional para discutir sobre «la
alianza obrera revolucionaria».

Poco después, en el mes de agosto, la Regional andaluza

reunía un pleno que mereció en el periódico CNT ‒que acababa
de reaparecer‒ dos artículos, firmados con seudónimo.359 En
ellos se subrayaba que la resuelta actitud de la Regional
andaluza contrastaba afortunadamente con las vacilaciones de
otras regionales sobre el viejo problema de «la alianza obrera o
el frente único»; la amalgama entre dos líneas distintas
muestra claramente que la Regional andaluza, fiel a sí misma,
continuaba metiendo en el mismo saco a comunistas y
socialistas. En cualquier caso, la firmeza en los principios no
excluía un cierto realismo, pues se les daba a las organizaciones
de base todas las facilidades necesarias para entenderse, de
forma «circunstancial», con las de la UGT. Se quejaban acto
continuo de que muchos militantes ‒«pasando de un
optimismo ultraísta al más castrador pesimismo»‒ se dejasen
arrastrar por la aspiración a la unidad. La única baza eficaz era
la reorganización de los «grupos de defensa» de los que, por
otra parte, se reconocía la escasa consistencia que habían
tenido hasta entonces en la región. Se felicitaban igualmente
de que el comité regional, rindiéndose a la evidencia, admitiese
la oportunidad de constituir comités pro‒presos a nivel
provincial; los sindicatos, sin embargo, debían ratificar aquella
decisión.

Como consecuencia de la represión que siguió al mes de

octubre de 1934, la CNT siguió paralizada un año más. En
Andalucía podemos datar en el otoño de 1935 la recuperación
de la actividad de los comités responsables: en octubre, el de la
comarcal de Carmona, y en diciembre el de la comarcal de

359 CNT (22 y 30 de agosto de 1934).

Morón. 360 Observemos que se trataba de organizaciones
rurales. En cuanto al comité regional, se mantuvo en el más
absoluto de los silencios. Es muy posible que su reconstitución
dependiese en gran medida de los responsables anarquistas.
Algunos de ellos se reencontraron en el pleno nacional de la
FAI de los días 31 de enero y 1 de febrero de 1936 y la
delegación andaluza fue la que más insistió en el necesario
refuerzo de los «comités de defensa», en el más estricto
respeto a su independencia orgánica con relación a la CNT. Lo
cierto es que desde el mes de octubre de 1933, el número de
grupos anarquistas en la región se había reducido en un 40 por
100, pasando de 119 a 71; en Cataluña, por el contrario, habían
crecido de 206 a 225. El «faísta» catalán García Oliver podía
afirmar con razón en el congreso de Zaragoza que la FAI ya no
tenía por qué estar subordinada a la CNT. Sin embargo, ¿era
bueno para Andalucía lo que era bueno para Cataluña? Uno de
los delegados más críticos de aquel congreso, González Inestal,
del sindicato de la Pesca de Pasajes, al analizar la trayectoria
seguida por la CNT desde 1931, observaba que, al principio, la
Confederación tenía en su contra a la gran masa del
campesinado castellano; a la influencia socialista en Asturias; a
su débil implantación en el País Vasco, y a «grandes núcleos
socialistas» en Andalucía y Extremadura. Era una justa
estimación de las relaciones de fuerzas. Tras los reveses
sufridos, ¿la suscribirían los delegados andaluces?

Lo que más sorprende al lector a poco que atienda al

congreso de Zaragoza (días 1 y 2 de mayo de 1936) es la

360 S.O. (11 de enero de 1936), Carmona. Campo Libre (21 de diciembre de 1935),
Morón.
práctica inexistencia de la Regional andaluza. Su comité sólo se
manifestó en una ocasión, mostrando su sorpresa de que el
comité nacional pretendiera ignorar los resultados del reciente
congreso de la Internacional anarquista. No se oyó en ninguna
de las grandes cuestiones en debate: reintegración de los
sindicatos de oposición, octubre de 1934, alianzas
revolucionarias o comunismo libertario. Como si, con la fuerza
de sus 150.000 afiliados, sus 217 sindicatos y sus 146
delegados, la Regional andaluza hubiese sido simplemente un
gigante acéfalo. Aquel mutismo contrasta con el primerísimo
papel que jugaron sus delegados campesinos en la discusión
del problema agrario. Sólo se vio interrumpido por algunas
voces solitarias, entre las que se distinguía la de Vicente
Ballester.

Siempre como delegado de Cádiz y de su sindicato de la

Madera, Ballester volvió a ser ‒nobleza obliga‒ miembro de la
comisión de credenciales. También lo era de la encargada de
analizar y fijar las normas de actividad; en aquel caso se trataba
de liquidar las secuelas de los conflictos que habían sacudido a
la CNT durante el bienio negro. Las más dolorosas eran las
relaciones con el movimiento revolucionario de octubre de
1934. La CNT había rechazado su colaboración con las
organizaciones obreras que se habían comprometido; para
justificar su actitud y restablecer la verdad frente a sus
detractores marxistas, envió un emisario a París, Carbó, hostil a
la alianza con la UGT. Una vez allí, se enfrentó con el enviado
de la FAI, Avelino González, que era favorable a aquella alianza.
Ni uno ni otro intervinieron en el acto organizado por los
anarquistas franceses, ni denunciaron la represión que se
abatía sobre los trabajadores españoles. Muchos delegados se
lo reprocharon, aunque el pleno de mayo de 1935 hubiese
absuelto a Carbó.

Por su parte, el representante andaluz en aquel pleno

declaró que Carbó había cumplido con su deber y se lamentó
por la ausencia de González en el congreso. Pero nada indica
que aquel representante fuese Vicente Ballester.

No obstante, fue prácticamente el único delegado andaluz

que intervino en el debate de fondo sobre octubre de 1934. En
un principio, muchos oradores se habían lamentado de que el
comité nacional no supo apreciar las virtualidades
revolucionarias del movimiento. Pero, a propuesta de Peirats,
la palabra quedó monopolizada por los miembros de los
comités, lo que condujo a los antiguos dirigentes (Rivas y Pérez
Conviña) a volver sobre el tema de la insurrección de enero de
1933 y las razones de su fracaso. Ballester juzgó conveniente
centrar el debate y establecer que lo importante era octubre y
nada más. El congreso lo siguió, viendo reproducirse las
habituales divisiones entre las regionales del norte (Asturias y
Galicia) y el bloque catalano‒aragonés. Ballester volvió a tomar
la palabra: ¿era necesario, en un congreso que pretendía
reconstruir, hablar únicamente de las «actividades
subversivas»? Para aquellos que creían que no se había hecho
una campaña apolítica en las elecciones de febrero de 1936,
propuso su definición de «apoliticismo»: la imparcialidad o, si
se prefiere, la ausencia de compromiso partidista. Para mejor
comprensión, añadió que la organización debía condenar la
violencia individual. Aquel discurso tenía un aire familiar: el
que Pestaña o Seguí habían mostrado a lo largo de los años
veinte, los del terrorismo en Barcelona.
 Ballester confirmaba así que, desligado de las obligaciones de
su cargo desde hacía ya unos meses, había recobrado su
libertad de expresión. Ante el congreso volvió a esgrimir las
ideas que había desarrollado profusamente en la Revista
Blanca, en forma de cartas dirigidas a un destinatario anónimo.
Se lamentaba de la esquemática concepción que algunos de
sus camaradas tenían todavía de la revolución, del
«quijotismo» de los golpes de mano ‒que, por regla general, se
volvía en contra de la causa que sus autores pretendían
defender‒. Pero, tras mostrar el fondo de su ideario, Ballester
volvió a sumirse en el silencio, incluso cuando, al final del
congreso, se trató el tema de la unidad de acción con la UGT.

Acabado el congreso, los principales dirigentes anarquistas

partieron a anunciar las buenas nuevas. Un editorial de
Solidaridad Obrera había precisado la interpretación que
convenía dar: era necesario popularizar ante todo el
«concepto» de comunismo libertario. El delegado del sindicato
del Vidrio de Sevilla había acertado en su juicio: el informe
presentado por Federica Montseny era una buena base para la
propaganda. El 24 de mayo la CNT organizaba mítines en Cádiz,
Málaga y Sevilla. El de Sevilla estaba presidido por Zimmerman,
en nombre de la federación local, y Peña representaba al
comité regional: 361 ambos eran viejos conocidos. También
había un representante de la antigua oposición de Valencia,
Domingo Torres, quien subrayó el carácter insustituible de los
sindicatos y precisó que la unidad de acción con «las fuerzas
revolucionarias» de la UGT excluía su «absorción»; desde el
congreso de la Comedia, la evolución de las relaciones de

361 S.O. (31 de mayo de 1936).

fuerzas en el movimiento obrero había convertido aquel
objetivo en algo caduco, lo que el propio García Oliver había
reconocido en Zaragoza. Pero todos los papeles de aquel mitin
estaban muy bien repartidos. Le correspondía a Federica
Montseny, por la Regional catalana, comentar la decisión que
se había tomado respecto a buscar un entendimiento con la
UGT, con el objetivo de derrocar la República burguesa y
levantar en su lugar un nuevo régimen. Después de un sentido
homenaje a las víctimas de Asturias, la oradora puso los puntos
sobre las íes: la alianza entre ambas organizaciones sindicales
no tenía ningún sentido si no desembocaba rápidamente en un
movimiento insurreccional. Las mujeres debían emular a
aquellas que habían mostrado el camino, tanto en Casas Viejas
como en Asturias: no contentándose con echar un hijo al
mundo sino dando a luz a la humanidad entera, la del
comunismo libertario. «No hay que contentarnos con ser
madre de un hijo; hay que ser madre de todos», fueron las
palabras de Federica Montseny. Entonces García Oliver, en
nombre del comité nacional, pudo extenderse largamente
sobre las nuevas relaciones que, en aquel marco, se
establecerían entre el individuo y la sociedad, logrando
finalmente el hombre salir de la prehistoria. Para concluir,
Zimmerman aseguró a los campesinos que la federación local
sabría imprimir a sus luchas el carácter revolucionario que
habían tenido anteriormente. Mayo de 1932 ya se había
olvidado totalmente, se había contabilizado en el balance...

Eso sucedió, sin duda, el mismo día en que Ballester habló en

Cádiz junto a Largo Caballero, en el mitin de la «alianza
sindical» evocado por Hiraldo. 362 Ya no debía tener la misma
concepción de la unidad sindical que los demás dirigentes
anarquistas. Y, a decir de Rosado, ya no era él sino Peña quien
aseguraba el secretariado del comité regional en vísperas del
levantamiento militar de julio.363 Con ello se comprende mejor
que no fuese elegido secretario general de la CNT; una CNT
que, pese a haber recobrado la unidad, volvía a ir a la deriva...

LA REGIONAL ANDALUZA: UNA CONSTRUCCIÓN PRECARIA

Formalmente, la constitución de una regional anarquista en

Andalucía reviste un carácter tardío. Coincide con el desarrollo
del anarcosindicalismo, con la difusión de un modelo sindical
renovado en relación con el que prevalecía a principios de los
años setenta y ochenta del siglo XIX.

Ciertamente, los jóvenes intelectuales andaluces, como el

ingeniero García Meneses y el médico García Viñas, compartían
con los dirigentes del movimiento obrero catalán, como el
tipógrafo Farga Pellicer, la voluntad de construir una
organización de tipo radicalmente nuevo, cuyas estructuras
doblemente federativas debían permitirle simultáneamente el
combate político y el económico. Estructuras territoriales ‒las
federaciones locales‒ y estructuras corporativas ‒las uniones

362 Hiraldo, p. 50. La relación más completa del discurso de Ballester, en Diario de
Cádiz (25 de mayo de 1936).
363 Rosado, p. 118.
de oficios‒ tenían como respectivas funciones poner en jaque
al Estado opresor y a la burguesía explotadora, con la intención
de reemplazarles, una vez aniquilados, en sus tareas de
gobierno y administración. Aquel esquema ideal implicaba una
prioridad del refuerzo cuantitativo y cualitativo de la
organización, quedando la acción reivindicativa, acción
defensiva en estricto sentido, subordinada a aquel objetivo
mayor. Pero la realidad subvirtió aquel plan desde el principio.
Al reconocerse las libertades y ser el aparato del Estado menos
represor, se extendió la práctica de la huelga en el mundo del
trabajo, a pesar de las reiteradas advertencias de la FRE.

Con pocas excepciones, se desarrollaron menos las

estructuras verticales, corporativas, que las horizontales, las
estructuras territoriales. La política represiva llevada a cabo por
Cánovas y luego por Sagasta acentuó aquella tendencia, y las
escasas posibilidades de un laborismo a la española se
volatilizaron. Durante un largo período, el anarquismo se
replegó sobre sus bases locales, desertó del territorio de la
acción colectiva y camufló su fracaso con fórmulas de acción y
azarosas empresas, como aquella de «la propaganda por el
hecho»... Sin duda, el colectivismo anarquista, el de «la libre
federación de libres asociaciones industriales y agrícolas», sólo
era viable con un Estado débil y una sociedad civil vigorosa;
pero no era ese el caso de España, y mucho menos de
Andalucía, a fines del siglo XIX.

Aquel período vio al mismo tiempo el paso del «gran partido

del trabajo», estructurado y disciplinado, anhelado por el
albañil Francisco Tomás, al «partido anarquista», informal y
proteiforme, que no era más que «la reunión o agrupación de
todos los que profesan los principios anarquistas y trabajan
para su realización».364

Tras el fracaso del movimiento cantonalista, los anarquistas

españoles se dieron cuenta inmediatamente de que el
republicanismo había dejado de ser el principal peligro para la
autonomía de acción y organización de los trabajadores. Así, a
partir de 1879, la elaboración de un «programa de realización
práctica inmediata» tenía como objetivo diferenciar a la FRE de
la corriente socialista naciente. Fundamentado en el
«municipio libre», se podía interpretar como la teorización de
una revolución cantonalista mejor preparada y, en
consecuencia, más viable que la fallida experiencia del verano
de 1873.365

Salvochea se incorporó al movimiento anarquista en un

momento crucial de su evolución, cuando los procesos de «La
Mano Negra» le obligaron a recapacitar y replantear su
estrategia en la vía trazada durante los años de clandestinidad.
Salvochea, por el papel que había jugado a principios y al final
del sexenio, estaba bien situado para conocer y dar a conocer
los nocivos efectos que tenía sobre el pueblo la política
burguesa, la política de los políticos, y con ello apuntalar las
posiciones de principio de los primeros internacionalistas sobre
las lecciones de la historia reciente. Heredero en esta medida
del «apoliticismo» de los fundadores de la Primera
Internacional, se alejó en lo concerniente al método a seguir
para llevar a cabo la Revolución Social, su objetivo común. La

364 Cors. (28 de marzo de 1895): «Necesidad de la unión y bases para la misma»,
Merlino.
365 A. Lorenzo, t. 2, cap. II. Nettlau, cap. XIV.
crisis del modelo colectivista no era únicamente la de un tipo
de organización a la que le faltaban cuadros dirigentes; era
también la de una concepción que situaba la primacía de la
conciencia de clase por encima de la libertad individual. En un
país poco desarrollado y socialmente polarizado en los
extremos, esta concepción había sido objeto de una
interpretación sectaria, obrerista, llevando la desconfianza en
los intelectuales hasta aquellos que ejercían funciones
dirigentes en la organización, de modo que éstos se vieron
eliminados uno tras otro. 366 De continuar por aquel camino, el
anarquismo difícilmente se hubiese distinguido del socialismo
marxista de la época.

De regreso en Cádiz, cuna del liberalismo democrático, el

intelectual Salvochea supo captar todos aquellos elementos
contradictorios, característicos de un período de transición.
Favoreció la reorganización de las fuerzas obreras locales al
mismo tiempo que renovó los lazos con personalidades
representativas del federalismo intransigente.

Guardando las proporciones, jugó en la baja Andalucía el

papel que en Cataluña correspondía a Anselmo Lorenzo con los
librepensadores y otros masones. Rompió con el fetichismo de
la organización, criticado por el mismo Lorenzo, exaltó las
virtudes de la acción y, con ocasión de la celebración del
Primero de Mayo, contribuyó a hacer de la huelga general la
forma de la acción revolucionaria por excelencia.

En último término, no importaba demasiado su motivación

366 IISG: carta de García Viñas a Nettlau, del 16 de enero de 1929.

desde el momento en que se oponía a la huelga parcial que un
González Morago consideraba, veinte años atrás, como «un
medio rutinario y siempre, o al menos a menudo, perjudicial
para aquellos que hacían de él un uso inconsiderado». 367
Salvochea fue al mismo tiempo un heredero y un precursor:
poco después de su liberación definitiva, un grupo anarquista
de Ronda, que llevaba el significativo nombre de «los
Desheredados», reconocía explícitamente que los libertarios
españoles, prisioneros de su puritanismo metafísico, se habían
equivocado al abandonar las luchas sociales y que ya era
tiempo de que se sumasen a la idea de huelga tal como la
acababa de exponer Urales.368

Esta difusa voluntad de acción presidió la constitución, en

1900, de una federación de sociedades obreras que extendía al
conjunto del territorio el modelo de los «Pactos de Unión y
Solidaridad» que se habían formalizado en los quince últimos
años del siglo XIX. En el plano de las estructuras, la nueva
federación reposaba sobre el principio de autonomía de sus
organizaciones constitutivas locales; su ligazón, o mejor dicho
su cemento, procedía de la táctica adoptada, la de la huelga
general. Esta orientación, que además dejaba de lado las
disputas doctrinales, tenía que despertar forzosamente las
simpatías de Salvochea y favorecer la atracción de sus mejores
discípulos, el veterano Sánchez Rosa y el joven Vallina. Pero era
tal el hueco entre finalidades y medios, las estructuras eran tan
flojas y las reivindicaciones tan diversas que las huelgas
generales declaradas un poco por todas partes no convergieron

367 Nettlau, p. 625.

368 Sup. RB (9 de septiembre de 1899): «A los libertarios».
en ningún movimiento de conjunto. Eso era lo que constataban
en 1903 los diplomáticos franceses en Madrid, que explicaban
el fracaso por la debilidad del sentimiento de solidaridad entre
los trabajadores españoles; una debilidad acentuada por las
insuficiencias en materia de prensa y de organización: «de las
48 provincias del reino, 33 no tienen todavía, en materia de
sindicatos libertarios, de comités de acción, de periódicos
especiales, más que organizaciones nulas o rudimentarias».369

La ideología igualitarista y voluntarista de un Salvochea y de

un Sánchez Rosa no podía por sí sola superar los
inconvenientes del localismo propio de una sociedad
protoindustrial y del movimiento obrero que de ella surgiera.
Finalmente, la derrota de sus elementos más modernos ‒la de
los metalúrgicos, octubre de 1901 en Sevilla y febrero de 1902
en Barcelona‒ condujo a que, en el futuro, los dirigentes de la
federación centrasen sus esfuerzos en el fortalecimiento de la
organización y, en tal sentido, apartasen de nuevo a los
militantes más activistas.

Sin embargo, aquella nueva travesía del desierto sería de

corta duración. En Barcelona se fue diseñando poco a poco el
perfil de la «Solidaridad Obrera» ante una «Solidaridad
Catalana» muy electoralista. Rápidamente surgiría, a pesar de
la Semana Trágica, una organización con vocación nacional, la
CNT. Inicialmente se fundamentaba sobre principios muy
próximos a aquellos que habían dado forma a la FTRE de los
años 1880. Como instrumento de emancipación de los
proletarios de las ciudades y los campos, el sindicalismo debía

369 AMAE, NS 10, 5 de agosto de 1903: despacho de J. Cambon a P. Delcassé.

protegerse contra todo aquello que podía desnaturalizarlo,
como la tutela de los trabajadores intelectuales, muy dados a
la carrera política, o los medios de acción propios del
reformismo: las cajas de resistencia o el cooperativismo; era
ilusorio intentar dirigir contra la burguesía el arma que estaba a
su disposición, es decir, el dinero. Los trabajadores debían
recurrir a la «acción directa», nueva versión de la «lucha
económica», y organizarse en sus sindicatos, que se asociarían
doblemente según el esquema clásico: federación local y
federación de oficio. La principal novedad consistía en la
introducción en aquella armazón compleja de un nuevo anillo
suplementario: las Confederaciones Regionales.

Mientras prevaleció aquel modelo, la CNT vegetó: sólo había

13 localidades andaluzas representadas en el primer congreso
ordinario de septiembre de 1911, sin una sola federación local.
La penetración del anarcosindicalismo en la sociedad andaluza
no se produjo hasta 1918, y se debió tanto a la propia
evolución de la CNT como a la coyuntura generada por la
primera guerra mundial. Ante todo se dio la preparación, a
partir de septiembre de 1911, de la huelga general
revolucionaria, que el congreso constituyente de 1910 había
distinguido claramente de las huelgas generales locales y
defensivas. Luego llegó la adopción del Sindicato único, que en
el nivel local amalgamaba estructura territorial y estructura
corporativa, haciendo con ello superfluas las Federaciones
nacionales de Industria pero acarreando también la absorción
de la federación campesina, bien implantada en las comarcas
rurales de Cádiz y Córdoba. Se dio, en fin, una profesión de fe
en favor del comunismo libertario que, provisionalmente,
ponía fin a medio siglo de incertidumbres doctrinales y daba la
razón a los apóstoles del anarquismo. Son estos factores los
que, a pesar de los obstáculos interpuestos por los poderes
públicos, aclaran el proceso de formación de la Regional
andaluza alrededor del núcleo sevillano y del veterano Sánchez
Rosa; Sevilla, que se convirtió en el polo de atracción de toda la
población de los alrededores, Sánchez Rosa que representaba
el elemento de continuidad entre las luchas urbanas de
principios de siglo y las del trienio. Otros tantos factores que, a
largo plazo, iban a reforzar la concepción instrumental del
sindicalismo de acción directa, que pasó de ser el medio de
defensa de los intereses de los trabajadores a constituirse, ni
más ni menos, en la palanca del asalto final contra el régimen
capitalista.

El advenimiento de la Segunda República iba a constituir la

inesperada ocasión de hacer real un viejo proyecto: fundir el
movimiento obrero español en el seno del anarquismo. El
rápido crecimiento de la CNT en 1919 había hecho creer a los
congresistas de la Comedia que, a partir de entonces, ellos
podían ahorrarse la unidad de acción con la UGT e ir a la
unidad orgánica del proletariado por simple absorción de la
base de la organización reformista. Habiendo modificado la
dictadura de Primo de Ribera las coordenadas de la situación,
fue necesario encontrar otro medio de hegemonizar el
movimiento obrero: la creación de la FAI que, partiendo de la
imposibilidad de llevar a cabo la unidad a partir de criterios de
clase, sólo la buscaba en función de criterios ideológicos y, a
semejanza de la Alianza bakuninista, se asignaba la misión de
salvaguardar a la organización de masa de cualquier desviación
marxista. 370 El advenimiento de la Segunda República y la
participación de los socialistas en el gobierno harían todavía
más imperiosa esta exigencia.

Con sus masas miserables y sus tradiciones de lucha,

Andalucía apareció entonces como el terreno ideal para un
apocalipsis revolucionario. Lo cierto es que hacía años que los
activistas anarquistas se interesaban en ella: en 1921, Durruti
había ido con el objetivo de obtener una coordinación de las
actividades de los grupos. Desde la dimisión de Primo de Rivera
hasta, al menos, el segundo bienio, hubo responsables de la FAI
siguiendo regularmente asambleas y congresos de la Regional
andaluza. El eje siguió siendo Sevilla, no sólo porque la ciudad y
la provincia habían acrecentado en todos los aspectos su peso
específico. Sevilla era, más que Barcelona, el lugar en que se
enfrentaban las distintas corrientes que se disputaban la
hegemonía del movimiento obrero. En este sentido, el
anarquismo debía contar a partir de entonces con una
organización comunista bien estructurada que, además,
pudiese pretender entrar en competencia directa en el registro
de la propaganda revolucionaria, con su consigna de «gobierno
obrero y campesino». A partir de entonces, los dirigentes
anarquistas se apoyaron en la creciente importancia numérica
de la Regional andaluza, con la intención de erosionar un
régimen que, a su entender, era más opresivo que los
precedentes, demarcándose así por la izquierda de rivales que
ellos, probablemente de un modo exagerado, consideraban
amenazadores. Este fue en particular el sentido de las
repetidas huelgas generales que, por regla general, eran

370 Gómez Casas, pp. 117‒124, y C. Lorenzo, pp. 67‒68.

defensivas, pero que permitían a los trabajadores urbanos
manifestar su exigencia inmediata de libertad, antes que su
aspiración a un futuro igualitario; el acto revolucionario por
excelencia consistía en ocupar la calle, no el lugar de trabajo, lo
que conducía casi automáticamente a las masas a increpar al
Estado y ocultaba el contenido de clase de la lucha contra el
capital. 371 Al actuar de este modo, los dirigentes andaluces
olvidaban el análisis presentado por Pestaña en el congreso del
Conservatorio, según el cual la eficacia del anarcosindicalismo
no dependía tanto de su fuerza numérica como de su
implantación mayoritaria en el proletariado industrial. Pero
éste, por muy importante que fuese en las grandes ciudades de
la región, estaba excesivamente abigarrado como para
constituir por sí mismo el vehículo de una revolución libertaria.
Había en los alrededores, e incluso en contacto con las
ciudades, un pequeño campesinado muy proletarizado, que
desde hacía lustros defendía codo con codo su derecho al
trabajo, es decir, su derecho a la existencia, cada vez más
amenazada por la especialización de la agricultura regional y el
comportamiento malthusiano de la burguesía agraria. Expertos
militantes como Vallina y Rosado lo discernían claramente,
dedicándose a encauzar las luchas de los campesinos
asalariados hacia resultados concretos. Así, el discurso
voluntarista de los dirigentes ‒como Zimmerman, Peña o
Mendiola‒, que se empeñaban en una revolución agraria
inmediata, total, se veía constantemente desmentido por una
práctica que negaba la especificidad del movimiento
campesino y sus potencialidades revolucionarias.

371 I. Puente, «Cómo debe ser nuestra revolución», en T. y L. (22 de abril de 1932).
 La autoafirmación anarquista consistió, para la Regional
andaluza, en afirmar su identidad durante tres años en una
huida hacia adelante que tuvo como efecto la disminución de
su fuerza de atracción, la reducción de su capacidad de
convocatoria, el cuestionamiento de su papel dirigente. El
tardío retorno a un cierto realismo fue sólo aparente, pues la
unidad de acción con la UGT no se había pensado en términos
de alianza entre fuerzas distintas, que actuaran conjuntamente
con el objetivo de establecer un régimen representativo de los
intereses de todos los trabajadores.

No era más que un medio contingente para ir hacia el

comunismo libertario que un miembro del comité nacional
podía todavía evocar en Córdoba, en junio de 1936, bajo la
forma simbólica de un «tranquilo oasis»; perspectiva poco
adecuada para que los proletarios de las ciudades y los campos
asimilasen las «tácticas» de la CNT, 372 como deseaba otro
orador. Poco tiempo antes, en la Revista Blanca, Ballester se
lamentaba de que el comunismo libertario se hubiese
convertido en un «galimatías».373 Como que nadie es profeta
en su tierra, fue como predicar en el desierto.

La Regional andaluza fue considerada desde su formación

como la infantería de la Revolución Social, y por ello se vio
expuesta a las arremetidas del aparato del Estado y sus fuerzas
represoras. Era una construcción frágil, marcada por la
precariedad. En vísperas del levantamiento militar no era más
que una sombra de sí misma y sucumbió trágicamente.

372 S.O. (17 de junio de 1936): «Córdoba. Mitin de afirmación revolucionaria y

sindical».
373 Ballester, «Epistolario íntimo», II.
 V. LOS SINDICALISTAS O LA IMPOSIBLE FEDERACIÓN
CAMPESINA

EL ANARQUISMO ANTE EL PROBLEMA AGRARIO

La tesis mantenida por Díaz del Moral se presenta bajo la

forma de una paradoja pues, según él, el éxito del anarquismo
en los campos andaluces se debió ante todo al punto más
inconcreto de su programa, es decir, la redistribución de la
tierra. De hecho, el objetivo declarado de la «socialización de la
tierra» iba a ser enunciado durante largo tiempo bajo la
ambigua consigna de «la tierra para los que la trabajan», que
era el tema del primer periódico campesino, La Voz del
Campesino.

A partir de la obra de Díaz del Moral ha habido pocos

estudios sobre el tema. El de Álvarez Junco es la reconstrucción
de una ideología a partir de la multiplicidad de discursos
desarrollados a lo largo de los cuarenta primeros años, período
durante el cual se reprimieron sin piedad los movimientos
campesinos. Eso no favoreció su expresión específica y aclara la
única propuesta original, hecha por un hombre de la ciudad, el
director de la Revista Social, Juan Serrano y Oteiza: la del
contrato de aparcería. En sus antípodas, el estudio de Temma
Kaplan propone una interpretación sociológica de las luchas
llevadas a cabo a fines del siglo XIX en los campos de Jerez:
afirma, más que demuestra, la alianza conflictual entre
productores independientes y campesinos proletarios. La
reciente obra de Xavier Paniagua plantea «el agrarismo» como
una característica permanente de la ideología anarquista. Pero
se apoya sobre una documentación tardía y circunscrita a
Cataluña y el País Valenciano. Además, disocia las posiciones
doctrinales de las plataformas reivindicativas de las
organizaciones campesinas, consideradas, sin previo examen,
como «moderadas» y, en consecuencia, ajenas al sujeto.

El término agrarismo, aplicado al anarquismo, designa dos

cosas distintas y, ante todo, una representación neofisiocrática
de la sociedad, según la cual la agricultura es el motor de la
vida económica y social. Esta representación no es propia del
anarquismo; se puede incluso considerar que éste la toma de la
ideología dominante que reactiva el tema de una España
esencialmente agrícola a lo largo del primer tercio del siglo XX,
es decir, una vez superada la crisis de fines del siglo XIX y
cuando ya se habían disipado las esperanzas relativas a una
modernización de tipo europeo. La particularidad del
anarquismo consiste en reactualizar el tema más antiguo del
«menosprecio de corte y alabanza de aldea», lo que se traduce
básicamente en el rechazo de la ciudad inhospitalaria y
alienante más que en el rechazo del mundo industrial, del
maquinismo. Efectivamente, con el paso del tiempo se fue
acentuando cada vez más la necesidad de modernizar la
agricultura, de industrializarla dentro del marco de las nuevas
relaciones de producción. El hecho de que esta transformación
se hiciera a nivel del municipio, el más cercano al productor, no
cambia nada. El agrarismo «comunalista» puede tomar el
aspecto de un retorno a la tierra; en la mayor parte de los
casos se percibe la necesidad de explotarla más racionalmente
por medio de los avances de la ciencia.

La otra significación de agrarismo se refiere al papel del

pequeño campesinado en la revolución, que el anarquismo
entiende como el paso instantáneo de la propiedad privada a la
propiedad social de los medios de producción e intercambio,
siendo la destrucción del sistema capitalista, jerárquico y
autoritario, portadora en sí misma de la construcción de la
sociedad anarquista, igualitaria y libertaria. La paternidad del
papel vanguardista del pequeño campesinado se atribuye, por
lo general, a Bakunin, distinguiendo así de un modo radical el
anarquismo del marxismo. Pero, a nuestro entender, eso no es
tan claro. Para Bakunin, el «instinto» es lo que diferencia al
trabajador manual en general del «sabio», del intelectual. No
hay duda de que tal instinto tiene mayor importancia en el
trabajador de la tierra, más cercano a la naturaleza, que en el
obrero de la ciudad. Pero Bakunin subrayaba con vigor que el
individualismo del campesino, su adhesión a la propiedad
individual de la tierra, representa para el revolucionario un
obstáculo que se debe salvar. Se necesita, pues, la «conciencia
clara», la «voluntad reflexiva» del obrero para que el instinto
de los campesinos abandone «el partido de la reacción» y
avance en el sentido de la Revolución Social. 374 Este análisis
nutrió al obrerismo de los anarquistas españoles, constituyó el
leitmotiv de su discurso: en una fecha tan tardía como el mes
de julio de 1931, el órgano oficioso de la CNT, Solidaridad
Obrera, estimaba que constituía un error pensar que los

374 Bakunin (1965), pp. 151‒165: «Les paysans».

campesinos tenían una concepción más «avanzada» del
problema social que los obreros de las ciudades. 375 Lo que es
más, la vieja consigna «la tierra para los que la trabajan» acabó
siendo rechazada como «marxistizante», contraria a la
reorganización de la sociedad sobre bases comunitarias; a
partir de entonces se prefirió «la tierra de nadie, el producto
de todos», aunque La Voz del Campesino adoptó por su cuenta
la fórmula más ambigua de «la tierra libre para el hombre
libre». 376

Los historiadores no han sacado todo el partido posible del

análisis que hizo Díaz del Moral sobre los antagonismos que
aparecieron, a lo largo del trienio, entre las distintas capas o
categorías de la población laboral, especialmente entre
asalariados y no asalariados. Se interesan casi exclusivamente
en las opiniones y, más aun, en los sistemas que emanan de
ideólogos ajenos a los movimientos y al mundo campesino,
aislando las prácticas discursivas de sus contextos, excluyendo
lo que genera la acción cotidianamente y que fundamenta el
sindicalismo, es decir, la reivindicación. Ciertamente, los

375 S.O. (31 de julio de 1931): «La organización nacional campesina».

376 V.C., Época III (1931‒1933).
dirigentes anarquistas estuvieron permanentemente
enfrentados con la necesidad de integrar en su estrategia de
liquidación‒reconstrucción social los distintos componentes
del pequeño campesinado. Pero no respondieron de un modo
uniforme, según una doctrina inmutable. Tuvieron que adaptar
sus posiciones de principio a las variaciones de las relaciones
de fuerza acarreadas por el desarrollo de la lucha entre el
capital y el trabajo.

Un característico ejemplo de estos reajustes tácticos fue el

cambio de posición respecto a la huelga, que en el cambio del
siglo XIX al XX pasó de ser un obstáculo a la unidad de los
trabajadores a constituirse en el aguijón de su toma de
conciencia y en el resorte de su movilización. El hecho de que
los campesinos proletarios recurriesen a esta forma de acción
contribuyó a esta evolución e hizo florecer, en el núcleo
andaluz, un sindicalismo específicamente campesino.

Así, sus dirigentes tomaron públicamente distancias respecto

al anarquismo de las ciudades en cuanto el movimiento se vio
suficientemente formado; y, en reacción, desarrollaron un
discurso agrarista, simétrico respecto al discurso obrerista que
mantuvieron ante ellos los proletarios urbanos. Podemos,
pues, afirmar sin ambages que el agrarismo no es siempre ni es
necesariamente una ideología que se proyecta de la ciudad
hacia el campo, y que el análisis del discurso centrado en la
propaganda escrita, en los periódicos y folletos, resulta
excesivamente esquemático y corto. La otra metodología, que
se dedica al relato de las luchas llevadas a cabo por los
militantes anarquistas y a los éxitos por ellas obtenidos,
tampoco permite ‒por muy minucioso que sea‒ explicar la
extrema dificultad de su movimiento para hacer del pequeño
campesinado la fuerza motriz de la revolución social.

Aunque los historiadores españoles se preocupan en buena

medida por las constantes, hay una en el anarquismo español
que se les ha escapado: en ocasión de los congresos
nacionales, en los que eran minoritarios, los delegados de las
organizaciones campesinas se reunían y deliberaban entre ellos
sobre sus problemas. En la fase inicial del anarquismo
colectivista, hasta mediados de los años 1880, lo hacían en
posición subordinada al movimiento obrero catalán, en el
marco de federaciones que todavía no se habían separado
totalmente del proudhonismo. Luego se abrió un largo período,
de aproximadamente un cuarto de siglo, durante el cual las
organizaciones campesinas aisladas, sin más directrices que la
jornada de ocho horas, fueron elaborando poco a poco, bajo el
fuego de una sistemática represión, una plataforma
reivindicativa y un plan de acción propios, que ponen a prueba
a lo largo de los primeros veinte años de nuestro siglo; la lucha
por el derecho al trabajo pasó a partir de entonces por el cese
periódico del trabajo. Esta práctica se encontrará pronto
formalizada por la constitución de la CNT, es decir, por la
penetración en España del sindicalismo de acción directa, y por
el nacimiento en Andalucía de una federación de obreros
agrícolas con vocación nacional, que llenaba el vacío dejado
por el arranque fallido de la CNT.

Esta federación campesina renovó los lazos que unían a

organizaciones campesinas de Cataluña, del Levante y de
Andalucía, y se acercó a una organización similar de peones y
braceros de Castilla. El paso de su dirección de Cataluña a Jerez
desemboca en la primera posición explícita en favor del
militantismo de los anarquistas en la organización de masas
bajo la égida del sindicalismo revolucionario. Pero la toma de
control de la CNT por el anarquismo catalán obligó a los
dirigentes campesinos a disolver voluntariamente su
organización, sacrificándola en el altar del Sindicato único y del
comunismo libertario.

A partir de entonces, en los congresos nacionales que van de

1919 a 1936, los delegados campesinos se convirtieron en los
expertos agrarios de la CNT. Se reunían por separado para
elaborar el proyecto de resolución, que luego defendían en
sesión plenaria y hacían aprobar en general sin modificaciones
ni mayor discusión.

De este modo impusieron con facilidad una línea bastante

pragmática, que se esforzaba en integrar las reivindicaciones
parciales, inmediatas, en una estrategia revolucionaria a largo
plazo. Los delegados de los sindicatos urbanos les escuchaban
sin involucrarse, como si no estuviesen comprometidos con
aquel tema.

En realidad, su mutismo se debía a que las posibilidades de

éxito de una revolución agraria pasaban por la constitución de
una federación nacional de campesinos, que a pesar de un
aparente consenso no llegó a ver la luz. Los dirigentes
históricos de un sindicalismo campesino autónomo, los de
Jerez en aquel caso, fueron apartados uno tras otro, viéndose
el proletariado agrícola lanzado a aventuras sin salida, cuyo
fracaso magnificaban los ideólogos de la FAI.
 Más que nunca, el encuadramiento de las masas campesinas
era uno de los principales envites de la lucha que oponía, tanto
en el interior de la CNT como en el interior de la UGT, a
partidarios y adversarios de la independencia del movimiento
sindical. Nuevos líderes, entre los anarquistas, perseveraron
contra viento y marea y recogieron el estandarte de una
federación que agrupase a campesinos parcelarios y
propietarios. En cualquier caso, debieron esperar el regreso de
una mayoría parlamentaría de izquierda para poder concretar
su proyecto. Entonces se apoyaron en el impulso que el Frente
Popular había dado a la reforma agraria y se propusieron
imprimirle un sentido colectivista, movilizando a las distintas
categorías del pequeño campesinado alrededor de objetivos
anticapitalistas. Esta orientación, elaborada conjuntamente por
catalanes y andaluces, estuvo lejos de lograr la unanimidad
entre las delegaciones presentes en Zaragoza, de modo que los
partidarios de la rápida constitución de la federación nacional
se vieron obligados a pactar con aquellos que negaban su
idoneidad o incluso su necesidad. La decisión, que quedó para
más adelante, se debía tomar a nivel regional. El levantamiento
militar la aplazó sine die.

La alianza conflictual entre campesinos y clase obrera en el

seno de la organización de masa anarquista constituye el
objeto de este capítulo. Sin olvidar las posiciones individuales,
el análisis apunta a integrarlas en la vida de la organización en
sus diferentes etapas, a articularlas en la orientación general
que ésta definía y en la interpretación que venía dada por sus
componentes campesinos. También pretende desligarse de la
letra de los discursos y apreciarlos a partir de las prácticas a
que remiten. De este modo, reintroducimos en el campo de la
historia a los organizadores de la acción, los dirigentes de los
sindicatos campesinos, los «obreros conscientes» tan queridos
por Díaz del Moral; oscuros militantes, ciertamente, pero que a
pesar de todo lo que se ha dicho, no eran mudos y, al tomar la
palabra, no dejaban de ser campesinos.377

LA «UNIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO» (1872‒1887?):

¿UNA TENTATIVA PREMATURA?

La Asociación Internacional de Trabajadores y las Uniones

de Oficios: dos concepciones

La Unión de los Trabajadores del Campo fue una de las

Uniones de Oficios creadas por las direcciones bakuninistas en
1872‒1873 y 1881‒1882, es decir, cada vez que la situación
política les permitió actuar a plena luz y sin grandes trabas.
Cada una de ellas agrupaba en su seno a las federaciones de
oficio correspondientes a un sector de actividad determinado;
eran pues, al menos sobre el papel, superfederaciones. Así, la
UTC tenía la vocación de agrupar a todos los oficios ligados a la
agricultura, la ganadería y la silvicultura.

Estas Uniones estaban concebidas como las partes

constitutivas de una nueva organización de la sociedad,
destinada a reemplazar a aquella que había moldeado el
capital. El organigrama del nuevo armazón social se formalizó

377 El País (6 de junio de 1982): recensión de la obra de Paniagua por Álvarez Junco.
en septiembre de 1871, en la conferencia secreta de Valencia,
aplicando las decisiones de principio tomadas en junio de 1870
en Barcelona, por parte del congreso constitutivo de la
Federación de la Región Española.

El hecho más significativo de aquel congreso había sido la

derrota de los partidarios del cooperativismo ante los
«aliados» españoles de Bakunin, entre quienes destacaron el
andaluz Meneses y el madrileño Morago, que jugaron un papel
preponderante para hacer admitir que el camino más corto
hacia la emancipación de los trabajadores lo constituía la
organización de la resistencia obrera ante los avances del
capital; ello excluía ipso facto cualquier acción colectiva,
«corporativa», en favor de reformas políticas, es decir, el logro
de condiciones más favorables para el combate de la clase
obrera. Al tejedor que consideraba al «indiferentismo» como
un crimen y citaba a Robespierre, un ebanista le respondió, en
términos muy proudhonianos, que solamente esperaba una
cosa del Estado: que dejase a los trabajadores «gobernarse»
por sí mismos...378

Los bakuninistas impusieron su interpretación antiestatalista

de los congresos de la Asociación Internacional de
Trabajadores. Efectivamente, la AIT había ligado desde su
segundo congreso (Lausana, septiembre de 1867) la lucha por
la emancipación política con la lucha por la emancipación
social; de ello se desprendía que la conquista de las libertades
políticas era absolutamente indispensable. Este era el marco

378 Congreso obrero español, I, pp. 303‒305 (Pagés Salvador), y 308‒309

(Flamerich).
desde el que se daban recomendaciones a los obreros de
Europa y América. Éstos debían, en primer lugar, recoger las
informaciones relativas a sus condiciones de trabajo para que
el Consejo General pudiese condensarlas en un informe
(Primer Congreso, Ginebra, septiembre de 1866). Una vez
organizados en sus respectivos oficios, tenían que lograr que
sus sociedades se federasen, con el fin de formar «uniones
internacionales de oficio» (Cuarto Congreso, Basilea,
septiembre de 1869). Para Marx y sus amigos se trataba de
armar mejor a los obreros ante los peligros de la competencia,
de la que se aprovechaban los capitalistas, y preservarlos de los
riesgos del aislamiento propio del carácter diario, inmediato,
de sus luchas contra el capital. A partir de entonces, y por su
conocimiento de la situación de los trabajadores de sus
respectivos sectores, federaciones y uniones de oficios estarían
en condiciones de preparar las huelgas que, ciertamente, no
eran una panacea ‒antes bien una necesidad‒: en muchos
casos era una razón suficiente para sostenerlas materialmente
y así hacer que salieran ganando (Tercer Congreso, Bruselas,
1868). Esta concepción se mantuvo lo suficientemente viva
como para que, un año después de la disolución de la Primera
Internacional, el congreso socialista universal de Gante
(septiembre de 1877) la hiciese suya. Pero también confirmó la
posición que Marx hizo adoptar en la conferencia de Londres
de septiembre de 1871, tras el fracaso de la Comuna de París,
en favor de la constitución de un partido político propio del
proletariado.

Fue justamente en vísperas de aquella conferencia de

Londres cuando los bakuninistas españoles precisaron la
función que asignaban a las Uniones o Federaciones de Oficios.
Eran más que un instrumento útil para el éxito de las luchas:
constituían un mecanismo esencial de la organización, pues la
decisión de sostener materialmente las huelgas declaradas en
el interior de un oficio dependía de la opinión de sus «consejos
periciales», dando prioridad a aquellas que tenían como
objetivo «resistir» a las agresiones del patrono, es decir, a las
luchas defensivas. La acción reivindicativa, con más razón si se
trataba del salario, se veía subordinada a la construcción de un
aparato que prefiguraba el «Estado económico obrero» o el
«Estado social», que los dirigentes de la FRE querían fundar
«en medio del Estado político burgués».379 Dígase lo que se
diga, esa perspectiva está más cerca del antiestatismo
proudhoniano que del revolucionarismo bakuninista, si bien es
cierto que el agitador ruso sirvió de catalizador de los reflejos
antiautoritarios que trabajaban a la sociedad española en
profundidad antes de la revolución de 1868. De cualquier
modo, y mientras hubiese consenso sobre la finalidad de la
huelga, poco importaba que se pretendiese socavar o derribar
el orden existente.

Los dirigentes de la FRE fueron definiendo poco a poco su

posición en la materia: con ello, trataban de evitar un choque
frontal con las masas de trabajadores que pretendían atraer
hacia la causa de la Internacional. En el congreso de Zaragoza
del mes de abril de 1872, lograron rechazar las posiciones del
catalán Fomells, que en nombre de los carpinteros de
Barcelona pedía la reducción de la jornada de trabajo y una
mayor equidad en la jerarquía de los salarios: eran «ideales

379 Nettlau, p. 69 (La Federación, mayo de 1870). Congreso obrero español, I, p.

252: «Actitud de la Internacional con relación a la política».
restringidos» para una asociación que aspiraba a la «abolición
del asalariado y a la igualdad económica entre individuos de
ambos sexos». Por la misma razón, las huelgas debían estar
estrictamente «reglamentadas», es decir, limitadas por las
Uniones y Federaciones de Oficios, y en absoluto regularizadas
o planificadas, como pretendían algunos.380 En el mes de mayo
se celebró en Barcelona el primer congreso de los trabajadores
del campo, que decidió no apoyar ninguna huelga durante el
año siguiente, con lo que se alineaba con las posiciones de la
dirección. 381 A mediados de septiembre, en Saint‒Imier, tras la
expulsión de Bakunin del seno de la AIT, los delegados
españoles suscribieron una resolución que hacía de la
necesidad de la huelga una virtud... revolucionaria, pues los
signatarios no esperaban ningún «resultado económico»: 382 era
el mejor modo de decir que la lucha reivindicativa se veía
marginada y reducida a un simple medio de agitación.

El congreso de Córdoba de los últimos días de aquel año iba a

representar, a nuestro entender, una transacción entre las
distintas tendencias que tenían en común el rechazo del papel
centralista de las luchas que quería imponer el Consejo General
de la AIT. La Federación española fue coherente al iniciar una
cierta descentralización de funcionamiento y recomendar a sus
organizaciones que constituyesen un fondo de propaganda.
Estonces, pareció necesario redefinir las funciones de las
Uniones de Oficios, cuya actividad había de tender, en el
futuro, a la reducción de la jornada de trabajo y a la

380 Lida (1973), pp. 215‒227: congreso de Zaragoza.

381 La Emancipación (8 de junio de 1872).
382 Rosal, pp. 253‒254.
«equivalencia» de los salarios, todo lo cual venía a significar
una voluntad de tener en cuenta las aspiraciones de ciertos
cuerpos de oficio, especialmente los de los tejedores de
Cataluña. Sin embargo, el congreso ignoró una resolución de la
conferencia de Londres perfectamente adaptada a España, ya
que exhortaba a los comités federales de todos los países a
desarrollar la propaganda en las zonas agrarias. 383 Ciertamente,
la elección de Córdoba había propiciado una participación de
delegados andaluces superior a los anteriores congresos, pero
los delegados campesinos seguían contándose con los dedos
de una mano.384

La UTC en 1872‒1873: una construcción burocrática

Tres meses antes, Francisco Tomás había trazado el camino a

seguir por los trabajadores de los campos, en una carta dirigida
al consejo de la Unión, que en aquella época se había instalado
en Sants, una población lindante con Barcelona que hoy en día
está integrada en la ciudad. Convenía no confundirse de
adversario, decía Tomás, pues el explotador no era tanto el
arrendador o el aparcero como el propietario absentista que
dilapidaba sus rentas en gastos suntuarios. Tomás se apoyaba
en la situación propia de Cataluña ‒donde la propiedad estaba
muy «dividida» y los jornaleros eran minoría‒ para asimilar al
minifundista con el campesino proletario. De ahí se desprendía

383 Ibid., p. 215.

384 Nettlau, pp. 162‒163.
que unos y otros debían agruparse en una sección única de
trabajadores del campo, con la intención de luchar al unísono
contra los grandes propietarios y los grandes arrendadores,
partiendo de sus propias reivindicaciones: aumento de los
salarios, reducción de los alquileres y revalorización de los
productos. 385 En pocas palabras: Tomás esbozaba una
plataforma de lucha antilatifundista.

En la primavera siguiente, del 18 al 22 de mayo de 1873, se

celebró en Barcelona el segundo congreso de la UTC. 386 La casi
totalidad de las 41 localidades representadas pertenecían a
algunas comarcas de la Cataluña litoral: el Maresme, el Baix
Llobregat y el Penedés, que practicaban una agricultura
intensiva (viñedos y huertos). Tres de las cuatro localidades
andaluzas (Jerez, Sanlúcar y Lebrija) se dedicaban tanto a la
viticultura como al cultivo extensivo de cereales. Málaga había
sido en otoño el escenario de una larga huelga de 158
hortelanos, afiliados a la Internacional, que se oponían a una
disminución del salario y a una prolongación de la jornada de
trabajo. Era una huelga legítima, pues los trabajadores
defendían su dignidad, y su éxito condicionaba el desarrollo de
la Unión en el sur de España, como había explicado Tomás a
sus correligionarios de Sanlúcar y Carmona, las dos
organizaciones andaluzas más importantes y a las que
solicitaba una contribución financiera. 387 Pero, por muy
ejemplar que fuese, aquella huelga no bastó para enraizar a la
Unión en el campo andaluz.

385 AIT, CCC, I, pp. 116‒118, carta del 2 de octubre de 1872.

386 La Federación (31 de mayo de 1873).
387 AIT, CCC, II, cartas del 6 de noviembre de 1872, pp. 19, 21, 40, 41.
 Así las cosas, podía parecer oportuno dar un paso adelante
en el sentido de difundir el sentimiento de solidaridad entre los
trabajadores desorganizados, haciéndoles compartir la
convicción de que formaban parte integrante de un
movimiento más amplio que el de su país natal. Tanto para los
trabajadores del campo como para los del textil ‒la Unión
Manufacturera‒388 el tema del orden del día era que su Unión
«se declarase» a favor de la Internacional, entendiendo que su
movimiento de emancipación no podría triunfar mientras los
trabajadores de todos los países, de los campos y de las
ciudades, no uniesen sus esfuerzos contra el comportamiento
«usuario» del gran propietario «rentístico». Las decisiones de
carácter organizacional se inscribían en esta perspectiva:
encuesta sistemática, «estadística», de las secciones a las
fuerzas productivas y las relaciones de producción de cada
zona; estructuración de eslabones intermedios, las comarcas,
encargadas de proporcionar al consejo de la Unión los
materiales necesarios para la elaboración de una tarifa
detallada, tanto de salarios como de alquileres. También desde
la perspectiva de una sociedad fundada en el trabajo, los
congresistas se pronunciaron por unanimidad contra el
proyecto gubernamental que quería reactivar la política
desamortizadora a favor de los campesinos sin tierra; 389 en su
opinión, aquella medida no favorecería la generalización de la
propiedad, sino que, en el mejor de los casos, serviría para
acrecentar aún más las fuerzas conservadoras en torno a los
grandes propietarios. En estas condiciones, era lógico que se

388 Izard (1978), pp. 63‒64.

389 Se trata del decreto de Tutau, ministro de Hacienda, del 9 de mayo de 1873, que
creaba una comisión de estudio sobre la posibilidad de generalizar la propiedad.
redoblaran los esfuerzos de propaganda para prevenir a los
campesinos de corazón limpio de las calumnias que curas y
burgueses propagaban sobre la Internacional...

Aquellas decisiones estaban en plena conformidad con el

espíritu del congreso de Córdoba. Y lo que es más: al elegir a
Reus como sede de la Unión y designar a Valencia como lugar
del siguiente congreso, los delegados admitían implícitamente
que su Unión se desarrollaría progresivamente a partir del
núcleo catalán y, de esta manera, no corrían grandes riesgos.
Pese a todo, hubo una nota falsa al oponerse los congresistas a
la voluntad de la comisión federal en cuanto a limitar la
cantidad de huelgas reglamentarias ante el flujo de demandas,
procedentes de numerosos cuerpos de oficio. 390 Pues,
efectivamente, en vísperas de la siega no se podía impedir que
las secciones agrícolas del Llobregat y de Sanlúcar actuasen con
el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo.

La dirección federal prefirió sacar como conclusión de aquel

congreso aquello que le pareció que mejor contribuiría al
avance de «la revolución de las ideas», es decir, el
financiamiento de la propaganda. Resaltaba la nueva amplitud
del movimiento huelguístico, no se pronunciaba sobre sus
motivos y veía únicamente en aquel fenómeno los
prolegómenos de la revolución. 391 Aquella posición se fue
haciendo cada vez más insostenible, sobre todo a medida que
el debilitamiento del aparato del Estado enardecía el ánimo de
los trabajadores.

390 AIT, CC, libro 4.°, circular n.° 14 del 5 de mayo de 1873.
391 Ibid., libro 5.°, circular n.° 20 del 15 de junio de 1873.
 Así, a partir del mes de agosto, el proceso de
descentralización iniciado en Córdoba ganó a las Uniones de
Oficios, con la decisión del congreso de la Unión
Manufacturera, que se comprometía a devolver a sus
federaciones la autonomía de organización y de acción,
concluyendo cada una de ellas un «pacto de unión y de mutua
defensa» con las otras. 392 El mes siguiente, en Ginebra, la
Internacional anarquista consideraba, vista «la experiencia
adquirida en España», que las Uniones descentralizadas eran el
mejor modo de fortalecer la autonomía de las secciones y
federaciones de oficio. 393

En realidad, aquella experiencia era demasiado particular

como para constituirla en un modelo válido de las ramas y
sectores en que la división técnica del trabajo no estaba tan
desarrollada como en la industria textil catalana.

La mejor prueba de ello la encontramos en el contrastado

cuadro que ofrecía la lista de las Uniones y Federaciones de
Oficios registradas en junio de 1874, durante el último
congreso celebrado antes de la restauración de la monarquía.
Había aumentado el número, pero muchas de ellas eran
realmente esqueléticas y la UTC ya no figuraba entre ellas
pues, como ya hemos dicho, las secciones campesinas
recientes de Andalucía no se habían afiliado. 394

En definitiva, la UTC de los años 1872‒1873 era una

392 Nettlau, pp. 184‒185, e Izard (1978), pp. 69‒70.

393 A. Lorenzo, p. 342.
394 Nettlau, p. 253.
construcción burocrática superpuesta sobre una sociedad rural
más diversificada y contradictoria de lo que imaginaban los
dirigentes de la FRE, que se basaban en su conocimiento del
campo del este mediterráneo. Su orientación era
excesivamente general y su plataforma insuficiente para
movilizar a los campesinos sin tierra de la España latifundista.

El problema de la propiedad: de la colectivización a la

municipalización de la tierra

Paradójicamente, con la metamorfosis de la FRE ‒es decir, la

constitución de la FTRE‒, la UTC fue una de las primeras
Uniones de Oficios que renacieron. Se estableció un consejo
provisional en Ubrique a partir de noviembre de 1881, y a
partir de allí la Unión se desarrolló a un ritmo tal que en
septiembre de 1882 contaba con 20.000 afiliados, el doble de
los efectivos que en 1873. Pero lo más notable es que, a partir
de entonces, la casi totalidad de sus fuerzas se encontraban
concentradas en Andalucía y no en Cataluña. Así pues,
reemprenderemos aquí, de un modo más sistemático a como
lo hicimos al hablar de «La Mano Negra», el análisis de los
factores que permiten explicar esta redistribución radical de las
fuerzas organizadas por el anarquismo en el medio rural.

Sin lugar a dudas, la clave de la penetración del anarquismo

entre las masas campesinas se encuentra en el período que se
extiende entre la restauración de la monarquía y la formación
del primer gobierno liberal. El fracaso de los federalistas y la
política de compresión de las libertades que llegó a
continuación se conjugaron para acelerar la radicalización de la
FRE: a partir de junio de 1874, el congreso de Madrid había
decidido limitar tanto como fuese posible «el pacto de
resistencia» y justificar por adelantado el ejercicio de las
«represalias». 395 La clandestinidad que imponía la
desconcentración del funcionamiento hacía que la organización
de los oficios dejara de ser una prioridad. Cuando volvió a
plantearse el tema, con motivo de un encuentro internacional
(Verviers, 1877), los delegados españoles se unieron al resto
para afirmar que, a partir de entonces, «los cuerpos de oficio
deben proponerse, como fin principal, la abolición del
proletariado y la toma de posesión de los instrumentos de
trabajo».396 Esta postura coincidía con la crítica dirigida a la
federación de toneleros, con motivo de su propaganda
«reaccionaria» que favorecía a las «adormideras» de la clase
obrera, presumiblemente los socialistas. 397 Conociendo el
papel que jugó la asociación de tipógrafos madrileños en la
formación del PSOE, conociendo también la evolución de la
federación de tejedores mecánicos ‒«las Tres Clases de
Vapor»‒ hacia posiciones moderadas, podemos deducir que la
dirección bakuninista tuvo que considerar entonces que las
federaciones de oficio frenaban más que estimulaban la acción
revolucionaria. Un impreso clandestino que, según Nettlau,
databa de aquel año de 1877 concluía así: «Pobre de aquel

395 A. Lorenzo, pp. 338‒339.

396 Ibid., p. 399.
397 Ibid., p. 373.
que, amando la revolución, le ofrece como primera idea la de
edificar». 398

Sin embargo, no es en absoluto cierto que la nueva línea

fuese puramente nihilista o subversiva, ni que la FRE careciese
de proyecto concreto respecto al problema agrario. Existen
suficientes documentos como para rehacer el camino que, en
menos de diez años, llevó de la adhesión a la noción genérica
de colectivización de la tierra hasta el programa del «Municipio
libre», siendo el único interrogante el impacto que pudieron
causar en las masas las ideas de una minoría. Sea lo que sea, la
información proporcionada por los historiadores militantes de
este período sugiere una gran diversificación de las formas de
propaganda, especialmente de impresos clandestinos, que de
un modo extremadamente capilar fueron difundiendo por el
cuerpo social propuestas que respondían a deseos latentes.
Creemos que, desde esta óptica, conviene analizar
conjuntamente algunos textos que, aunque conocidos, pasan
generalmente desapercibidos.

En un primer momento, la AIT no se había planteado la

cuestión de la propiedad. Marx y sus compañeros se esforzaron
inicialmente en aislar a los mutualistas y reforzar a los
sindicatos. Sólo en septiembre de 1869, en el congreso de
Basilea, hicieron adoptar por amplia mayoría una resolución en
dos puntos, que preconizaba la abolición de la propiedad
individual del suelo y el establecimiento de la propiedad
colectiva.399 Bakunin y sus aliados españoles, Farga y Sentiñón,

398 Nettlau, pp. 299‒300.

399 Guillaume, pp. 196‒200.
habían aprobado aquella posición de principio, que no
presuponía en absoluto cuál sería la organización futura de la
producción. En los años siguientes, la FRE estuvo
excesivamente ocupada en perfeccionar su construcción como
para profundizar motu proprio en la cuestión. El yerno de Marx,
Paul Lafargue, fue quien abrió a principios de 1872 el debate,
con una serie de artículos sobre «la organización del trabajo»
que no tardó en sintetizar, en colaboración con Anselmo
Lorenzo y para un informe sobre la propiedad que se sometió
al congreso de Zaragoza de abril en nombre del consejo federal
saliente. Este informe dio lugar a dos más y los tres se
remitieron al congreso siguiente, el de Córdoba, que rechazó el
documento de Lafargue y Lorenzo aunque, al considerar
«insuficientes» a los demás, volvió a aplazar la decisión. 400

La cuestión que se planteó en Zaragoza era saber «cómo

transformar la propiedad para hacerla conforme a la justicia».
El informe Lafargue analizaba un proceso, el contrainforme de
la delegación de Barcelona describía un estado. Lafargue, fiel
traductor del pensamiento de Marx, tomaba ejemplos de la
realidad española y mostraba que la concentración capitalista
de la propiedad no presentaba sólo aspectos negativos. La
aplicación de la ciencia permitía una producción en gran escala.
La desposesión del pequeño propietario y la generalización del
asalariado hacían a los trabajadores más solidarios que en el
arcaico marco de la economía de subsistencia, y ampliaban las
fuerzas revolucionarias hasta incluir a mujeres y niños. Más
que añorar el pasado, era necesario llevar hasta su extremo
aquella transformación: bastaba con expropiar a «algunas

400 A. Lorenzo, pp. 263 ss. (Zaragoza), y Díaz del Moral (1973), p. 387 (Córdoba).
personas», con colectivizar las pequeñas industrias y comercios
para modernizarlos mejor y organizarse en consecuencia,
escapando de la tutela de los partidos burgueses. Este
optimismo «metódico» puede parecer hoy en día demasiado
ingenuo, pero se debe tener en cuenta que Lafargue no poseía
ni la cultura de Marx ni un conocimiento tan profundo de la
sociedad española como el que su ilustre suegro podía tener de
la sociedad británica, ni tampoco contaba con colaboradores
de la talla de Engels. Por muy esquemático que fuese su
informe, tenía un rigor intelectual y una coherencia que
difícilmente se podían encontrar en el otro.

Formalmente, aquel segundo documento no era un análisis

sino una larga lista de «considerandos», de presupuestos, cuya
abstracción estaba íntimamente ligada a una postura moralista
que suplía toda reflexión. La injusticia de la propiedad
individual residía únicamente en su acaparamiento y sus
efectos intrínsecos: salarios, derecho de herencia,
especulación, prostitución de «la» mujer... Esta propiedad
concentrada en manos de algunos privilegiados estaba
«prácticamente muerta», lo que equivalía a decir exactamente
lo contrario de lo que escribía Lafargue y a no criticar «al
capital» más que como fuente de rentas obtenidas sin trabajo.
No se estaba muy lejos de Proudhon, ya que «sin capital no
[había] libertad posible»: para reducir «la antinomia»
capital/trabajo a la «síntesis», para reunir en cada hombre «las
cualidades de propietario y de trabajador», convenía, pues,
poner la tierra y «los instrumentos de trabajo» a disposición de
las colectividades obreras. De aquel modo, cada cual recibiría
el producto íntegro de su trabajo y el intercambio de los
productos quedaría asegurado. Como en el informe de
Lafargue, la realización de aquel objetivo pasaba por la
organización; era el único punto en común, pues ya no se
optaba por las cajas de resistencia.

El lector comprenderá mejor ahora que el informe de

Lafargue‒Lorenzo se arrinconase definitivamente, pues a pesar
de la obligada referencia al «apoliticismo» de la FRE, olía
demasiado a comunismo «autoritario». En cuanto al informe
de Barcelona, podemos suponer que estaba demasiado
saturado de proudhonismo como para lograr la adhesión de los
bakuninistas, que no habían podido establecer sus distancias
respecto a los republicanos más que desmarcándose de los
cooperativistas. A partir de entonces, tuvieron que
resguardarse sobre todo de los marxistas.

Tras la experiencia extranjera de la Comuna de París, el

cantonalismo, la experiencia nacional, iba a reforzar entre los
dirigentes españoles la convicción de que la construcción de la
nueva sociedad debía efectuarse de abajo hacia arriba, a partir
de la unidad natural que constituía el municipio. Este era el
sentido de la intervención de Farga Pellicer en la discusión
sobre los «servicios públicos» que había marcado el congreso
internacional bakuninista de septiembre de 1874.401 Pero la
coalición hostil al Consejo General era demasiado variopinta
como para mantenerse unida alrededor de un proyecto común.
Al informar sobre el congreso siguiente, el de octubre de 1876,
en Berna, el periódico de Morago ‒El Orden‒ subrayaba la
novedad: la coexistencia de los partidarios de «El Estado del
pueblo» (los belgas) y los mantenedores del municipio, los

401 Nettlau, p. 258.

«latinos».402 Muerto Bakunin poco tiempo antes, los primeros
iban a vencer rápidamente a los segundos y, después del
congreso de Gante, la Internacional anarquista iba a decaer con
la misma velocidad.

Aun manteniéndose ligados a jurasianos e italianos, los

españoles se encontraron entonces bastante aislados en el
plano internacional. En el interior, como sugiere Nettlau, la
esperanza de derrocar al Estado de la Restauración
aprovechando un golpe republicano se iba disipando poco a
poco, mientras la efervescencia reinante entre el pequeño
campesinado, en Levante y Andalucía, podía alimentar la idea,
mejor fundamentada, que las masas estaban preparadas para
salir de la expectativa. 403 En este contexto se iba a formalizar
hacia 1880 la estrategia que guiaría en el futuro y en toda
circunstancia la acción del «partido anarquista», es decir, la
acción de los grupos. La insurrección y la toma del poder en el
nivel local aparecían como los preámbulos de la
municipalización de la tierra, considerando su explotación
colectiva compatible con la permanencia de pequeños
propietarios y productores independientes.404 En el fondo, era
la misma orientación que la esbozada algunos años antes por
Francisco Tomás, con la única diferencia de la inversión del
orden de los factores al no considerar ya la organización de los
«productores» como una prioridad absoluta.

402 A. Lorenzo, pp. 386‒387.

403 Nettlau, pp. 307‒308.
404 Ibid., pp. 315‒317 y 325‒326 (programa del «Municipio Libre»).
 La UTC de 1882 a 1884: los motivos de una polémica

Estas eran las posiciones del anarquismo en la materia

cuando sus dirigentes decidieron, aprovechando el relevo de
Cánovas por Sagasta, regresar a la línea tradeunionista,
legalista, de los primeros años. Tal decisión apostaba por
mantener la influencia ganada entre las masas campesinas
andaluzas, canalizándola en el marco de una organización
corporativa que se dedicaba nuevamente a la mejora de las
condiciones de trabajo, como acababa de establecer el
congreso de Barcelona de septiembre de 1881.405 Esta fue, al
menos, la empresa a que se dedicaron algunos dirigentes de la
FTRE con una obstinación tanto más grande cuanto que ya no
controlaban directamente a la UTC, desde que su consejo
residía en Andalucía.

El alma de aquella empresa fue un antiguo artesano que

también había sido pasante de notario, Juan Serrano y Oteiza,
que según Nettlau fue el «portavoz» de la FTRE en el
semanario madrileño Revista Social, que apareció durante tres
años seguidos, de junio de 1881 a mayo de 1884.406 Ya hemos
visto cómo, en el verano de 1882, aquel periódico había
multiplicado los llamamientos a la vigilancia ante las maniobras
utilizadas por la burguesía agraria andaluza para poner trabas
al desarrollo de la organización entre los trabajadores del
campo. En los meses precedentes había contribuido también a

405 Artola (1974‒1975), II, p. 255.

406 Nettlau, pp. 332‒333 y 378‒381.
este desarrollo, por la publicación regular de «Monografías del
salario», en las que los cuerpos de oficio de numerosas
comarcas o localidades describían la situación que les imponían
los patronos. 407 Al reunir poco a poco aquellos datos, la Revista
Social ponía en obra la recomendación, reiterada en todos los
congresos internacionales y nacionales, consistente en
establecer una estadística del trabajo por oficio. Pero su
redacción reconoció luego que lo había hecho con el objetivo
de demostrar de forma «luminosa» la inferioridad en que se
encontraba el trabajador agrícola en su resistencia al capital:408
al ser contratado, ignoraba cuánto se le pagaría; no cobraba
integramente su salario, del que se descontaba generalmente
la alimentación; se veía enteramente sometido al carácter
estacional de la actividad agrícola, que en otoño e invierno se
traducía en un salario inferior y, muy habitualmente, en el
paro. La conclusión parecía automática: el interés del
trabajador agrícola no era imitar al industrial, sino encontrar un
medio capaz de «liberarlo de su condición de asalariado». 409

A partir de estas premisas, Serrano y Oteiza propuso, en la

segunda quincena del mes de junio de 1883, la fórmula del
«contrato de aparcería», con la intención declarada de mejorar
la situación del proletariado agrícola y de prepararlo para la
explotación colectiva de la tierra. 410 Ante todo, abandonaba
soluciones como la compra a plazos y el arrendamiento rústico,

407 De las 22 monografías publicadas entre septiembre de 1881 y septiembre de 1883,

7 conciernen a obreros agricultores y viticultores de Andalucía.
408 Álvarez Junco (1979), p. 353 [fl.S. (17 de enero de 1884)].
409 Ibid., p. 343 [fl.S. (27 de diciembre de 1883)].
410 Ibid., pp. 328‒334 [/?.S. ( 21 y 28 de junio de 1883)].
que suponían una aportación de capital por parte de los
trabajadores, que por ello se arriesgaban a quedar en una
situación de dependencia respecto al Estado o al capitalista. El
contrato concluido por diez años por la sociedad obrera
permitía eludir la dificultad, puesto que el propietario
anticiparía cada año los fondos de explotación; este adelanto le
sería restituido prioritariamente del producto de la cosecha, de
la que luego repartiría el saldo con el colectivo de trabajadores.

Esta ingeniosa fórmula de asociación entre el capital y el

trabajo apareció en un momento crítico: los inculpados en el
proceso de la Parrilla acababan de recibir una dura condena y
los obreros agrícolas de Jerez llevaban a cabo una huelga dura
para la supresión del trabajo a destajo. Ni unos ni otros
recibieron el apoyo de la dirección de la FTRE, que había hecho
algunas concesiones en el congreso de Sevilla de septiembre de
1882, que estimó necesario hacer campaña por la jornada de
ocho horas en la industria y «aconsejó» simplemente actuar
para eliminar el trabajo a destajo donde «ello fuera posible».
Pero el tercer congreso de la UTC, que tuvo lugar a
continuación, no asumió ninguna de aquellas consignas,
contentándose a su vez con aconsejar a los trabajadores que
no tomasen tierras en aparcería más que colectivamente.
Serrano y Oteiza podía pues apoyarse en esta recomendación
para justificar su propuesta, que por lo demás se adoptó por
amplia mayoría en el congreso de Valencia de octubre de 1883,
un congreso, por otra parte, que no congregó más que a cinco
delegados campesinos de ciento cincuenta y dos. El cuarto
congreso de la UTC, reunido inmediatamente después, juzgó
conveniente, por el contrario, aplazar la cuestión para el
congreso siguiente. 411 Al convertirse éste en un importante
objetivo, partidarios y adversarios del «contrato de aparcería»
desarrollaron en sus respectivos periódicos sus argumentos, los
primeros en la Revista Social y los segundos en La Autonomía,
que a fines de octubre de 1883 se convirtió en el «órgano
especial de la UTC».

Contemplaremos aquel polémico debate de un modo distinto

a como lo ha hecho Álvarez Junco, que lo considera como una
expresión ejemplar de «la vieja disputa entre revolucionarios y
reformistas». 412 A nuestro entender, se manifiestan en él
intereses divergentes o incluso antagónicos, pues La
Autonomía presentó desde el primer momento de un modo
prioritario el caso de las localidades de las tierras altas, cuyos
habitantes habían de buscar trabajo lejos de su hogar, lo que
hacía impracticable el contrato de aparcería. 413 La Revista
Social tuvo que esforzarse en demostrar que, lejos de ser la
iniciativa de un individuo de la ciudad, aquella fórmula
constituía la respuesta apropiada a la nueva táctica adoptada
por los propietarios para rentabilizar sus explotaciones. El
periódico publicó las contribuciones de las secciones agrícolas
de Sants, donde había residido el consejo de la UTC, y de Lora
del Río, uno de cuyos miembros, José Soto, había sido
secretario de la Unión. 414 De ello resultaba que los rabassaires
catalanes veían peligrar la estabilidad de que gozaban hasta

411 Ibid., p. 359 [Aut. (14 de enero de 1884)] y p. 336 [Aut. (10 de noviembre de
1883)].
412 Ibid., p. 321.
413 Ibid., p. 337 [Aut. (10 de noviembre de 1883)].
414 R.S. (6 y 20 de diciembre de 1883, 31 de enero de 1884), Sants; (10 de enero de
1884), Lora del Río.
entonces sobre sus viñedos, y que en los campos de Jerez,
grandes y pequeños propietarios tenían cada vez más
tendencia a arrendar sus fincas. De fuente oficial, aquello era
una práctica extendida en la gran viticultura y podía incluso
suceder que la explotación de los viñedos no se confiase a un
individuo sino a un grupo de trabajadores.415 A partir de ello se
comprende mejor que la idea de institucionalizar aquella
práctica procediese de la delegación de Puerto de Santa María,
donde eran numerosos los obreros viticultores organizados.
Aquella solución podía ser también conveniente para las
delegaciones de campesinos arboricultores y horticultores, que
se dedicaban a los cultivos intensivos.

Por el contrario, los obreros agrícolas de las tierras altas,

obligados a vender su fuerza de trabajo lejos de su casa,
normalmente remunerados a destajo según la estimación del
perito agrimensor del propietario, estaban en condiciones de
saber que, en la realidad, el colectivo de trabajadores no se
encontraba jamás en igualdad de condiciones con el
arrendatario. Sus representantes no se privaron tampoco de
criticar el carácter irreal y desmovilizador del proyecto de la
FTRE.

En cualquier caso, éste acabó siendo ratificado en el quinto

congreso de la UTC, que se desarrolló en Montellano del 14 al
16 de abril de 1884 con una débil participación, pues sólo
estuvieron representadas una quinta parte de las secciones
afiliadas.416 De los dos congresos siguientes (Marchena, mayo

415 CAP, t.3, n.° 161; t. 4, n.° 264.

416 El Chornaler (10 de mayo de 1884).
 de 1885, y Grazalema, mayo de 1887) sabemos poco, a
excepción que el último de ellos reunió solamente a tres
¡! localidades...417

La victoria lograda por los partidarios del contrato de

aparcería fue, pues, una victoria pírrica, la de una aristocracia
obrera que soñaba con establecer colectividades relativamente
estables de pequeños productores. En esta óptica, el pago de
una renta en frutos les hubiese protegido contra el carácter
aleatorio de las cosechas y la organización autónoma de su
trabajo les hubiese hecho escapar de la sobreexplotación que
pesaba sobre el obrero agrícola mal e irregularmente pagado
por sus largas jornadas. Un artículo posterior de la Revista
Social sobre «la importancia de la propaganda social en las
localidades y zonas rurales» revelaría las consideraciones
tácticas que subtendían aquel proyecto: se trataba de evitar
que los rurales fuesen a quitar el lugar a los obreros de las
ciudades, cuando éstos se declarasen en huelga. 418 La
institucionalización de la aparcería, en un momento en que el
Código Civil todavía no se había promulgado, hubiese puesto
un remedio fijando al pequeño campesino a la tierra. Al estar la
UTC implantada sobre todo en las zonas menos desarrolladas
de la baja Andalucía, algunos de sus dirigentes se rebelaron
contra una orientación que reducía al proletariado rural a no
ser más que la fuerza de apoyo de la clase obrera. No
comprendían por qué la dirección de la FTRE negaba al
asalariado agrícola el derecho a utilizar el «arma» de su
homólogo en la industria, la huelga, con el objetivo de trabajar

417 Bandera Social (24 de mayo de 1885) y Soc. (15 de julio de 1887).
418 R.S. (16 de julio de 1885).
menos y vivir mejor. Creían que su organización tenía cosas
mejores que hacer que acariciar una utopía y que, con una
propaganda adaptada a trabajadores en general iletrados,
lograría llevarlos a la acción, al menos en el ámbito de una
comarca. 419 No se les escuchó y su derrota se tradujo en su
exclusión del consejo de la UTC, cuya sede se transfirió a La
Campana, pequeña población situada a medio camino entre
Lora del Río y Carmona.

Las razones de un fracaso

Una vez la UTC se encontró bajo control, intentó sobrevivir a

la descomposición de la FTRE. Pero se trataba de una empresa
condenada al fracaso desde el momento en que la federación
decidió, en septiembre de 1884, otorgar absoluta autonomía a
sus secciones. Inactiva, la UTC avanzaba lentamente hacia su
disolución, cuando en octubre de 1888 una comisión animada
por el grupo «comunista» de Jerez y por anarquistas sin
etiqueta de Alcalá (¿de los Gazules?) se propuso
reorganizarla. 420 Pero esta tentativa se quedó en las buenas
intenciones; luego, ni Jerez ni Alcalá participaron en la
siguiente iniciativa, que se produjo tres años más tarde.

El 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 1891 se reunieron

419 Álvarez Junco (1979), pp. 340 y 359 [Aut. (2 de diciembre de 1883 y 14 de enero
de 1884)].
420 La Solidaridad (20 de octubre y 4 de noviembre de 1888).
en Córdoba los representantes de veinte localidades, todas
ellas andaluzas ‒a excepción de Zaragoza‒ y de las cuales la
mitad eran sevillanas. El resumen que el semanario El Corsario
nos ha dejado de este congreso de «agricultores» apenas nos
permite vislumbrar quiénes fueron sus promotores y qué
objetivos se fijaban.421 Nada nos indica, por ejemplo, qué razón
conducía a aquellos anarquistas andaluces, en las condiciones
de la época, a reafirmar «por todos los medios» su identidad;
sólo podemos pensar que se debió a la insistencia de la
delegación de La Campana, argumentando la ventaja que
supondría para los trabajadores del campo una forma de
organización «no autoritaria», calcada del modelo catalán del
«pacto», de la unión voluntaria entre secciones, imponiéndose
como regla el pago de una cotización fija. Se logró la
unanimidad sobre el primer punto, pues se dividieron las
opiniones en lo concerniente a la propuesta de La Campana,
donde en 1884 se había instalado, como ya hemos dicho, el
consejo de la UTC. Lo mismo sucedió en cuanto a la actitud que
se debía adoptar ante el Primero de Mayo: unos se
pronunciaban por la huelga y otros se opusieron abiertamente;
finalmente, cada organización tuvo libertad para conmemorar
aquella «fiesta» a su modo. En cuanto a la unanimidad lograda
respecto a la necesidad de abolir el trabajo a destajo,
embrutecedor y degradante, nos parece un tanto artificiosa, ya
que no sabemos nada del largo debate que desembocó en una
decisión esencialmente motivada por consideraciones éticas.

Es muy posible, como sugiere Kaplan, que aquel congreso

tuviese como objetivo reconstruir la UTC. Sin embargo, y pese

421 Cors. (31 de enero de 1892).

a haber utilizado la misma fuente que ella, no hemos
encontrado, ni tan sólo leyendo entre líneas, que una mayoría
«evidente» quisiera «llevar adelante una acción coordinada en
torno a la cuestión del empleo en la agricultura». 422 Más bien
creemos que lo más probable fuese todo lo contrario. La
delegación de La Campana había retomado el argumento ya
conocido según el cual «la clase agricultora» esterilizaría por su
pasividad los movimientos lanzados por «los demás oficios».
Para redimirla convenía también organizarla, pero en absoluto
llevarla a las huelgas, dadas sus «condiciones económicas».
Como vemos, era la misma orientación que defendían desde
hacía más de veinte años todos los ideólogos españoles del
anarquismo, en nombre de la pretendida unidad del mundo
campesino, latifundistas excluidos. Por eso, el embrión de
organización que se estableció en aquel congreso de Córdoba,
con una «comisión del pacto» que residiría en Antequera, no
podía dar lugar a una renovación de la UTC. Los únicos que, por
lo que sabemos, continuaron pidiéndola fueron ciertos
rabassaires catalanes, como los de Sallent, que el mayo de
1893 consideraban «urgente» volver a establecer relaciones
con los congresos de agricultores organizados por los
andaluces. Pero seguía siendo sobre la base de una
reivindicación propia de su condición de minifundistas: el
rechazo a pagar la renta a los propietarios.

Como vemos, España conoció en relación con Francia una

tentativa precoz para constituir una federación unificada de
pequeños campesinos, en una línea colectivista perfectamente
ortodoxa, al menos en un principio: restitución de la gran

422 Kaplan, pp. 192‒193.

propiedad rural a la colectividad, rechazo a su división,
explotación comunitaria que englobaba progresivamente, por
la persuasión y no la fuerza, a los minifundistas. Pero al estar
reducida la lucha por la emancipación a la dimensión
económica, la noción de etapa propia de los partidos obreros
de la época no tenía ya razón de ser.423 El anarquismo español
dudó entonces entre dos estrategias: o bien la toma de las
municipalidades por la vía insurreccional y la colectivización de
la tierra en aquel nivel o la reforma del sistema existente, lo
que implicaba la coexistencia de productores independientes y
trabajadores asalariados. En ambos casos, los campesinos
proletarios privados del derecho al voto por las clases
dirigentes se veían negados ‒si no en principio, sí en los
hechos‒, del único medio de presión específico de que
disponían para mejorar su situación, o sea: el derecho a la
huelga.

Construida desde arriba hacia abajo, controlada por

dirigentes ajenos al campesinado, la UTC era sin duda, en aquel
estadio de desarrollo de la sociedad española, una creación
prematura en la medida en que la penetración del capitalismo
en el campo seguía siendo muy limitada e incierta. En cualquier
caso, lo que seguía justificándola eran los lazos que se tejieron
entre trabajadores rurales de las diferentes regiones del país y,
a través de ellos, la conciencia de que los pequeños
campesinos, unidos en todas sus categorías, podían constituir
una fuerza autónoma.

423 Lafargue (1970), pp. 152‒153 (sobre «la conquista de los municipios»).
 GÉNESIS Y DESARROLLO DE UNA ORGANIZACIÓN DE CAMPESINOS
ASALARIADOS: LA «FEDERACIÓN NACIONAL DE OBREROS
AGRICULTORES» (1913‒1919)

Una novedad

Díaz del Moral fue sin duda el primero que llamó la atención
hacia aquella federación campesina que ocupa en la historia
del anarquismo español un lugar aparte, ya que se mantuvo
orgánicamente independiente de la CNT hasta el momento en
que se dejó absorber, pese a su gran afinidad ideológica con
aquella confederación. El simple hecho de haber incluido en su
libro las actas de sus congresos es suficiente para discernir la
importancia que le concedía. Pero ésta no aparece en el cuerpo
del estudio, que subraya ante todo las debilidades de aquella
federación, sus dificultades para hacer sobrevivir un bimensual,
La Voz del Campesino, y su incapacidad para organizar acciones
de conjunto.424 Por otra parte, un cierto provincianismo ciega
al notario de Bujalance hasta tal punto que presenta al último
congreso como «casi exclusivamente cordobés», cuando sus 24
‒y no 29‒ localidades representadas lo estaban únicamente
por 4 delegados, ante las 35 localidades y 47 delegados del
Levante... Aparte del expeditivo modo en que Díaz del Moral
trata a la Federación Nacional de Agricultores, lo que cuenta
son los materiales que ha dejado para la apreciación de sus
lectores.

424 Díaz del Moral (1973), pp. 243‒245 y 390‒459: Actas.

 El inglés Brenan fue, sin duda, uno de los primeros en utilizar
aquellos materiales. Consideraba que la creación de la
Federación Nacional de Agricultores Españoles obedecía a la
voluntad de hacer una confederación que englobase a
campesinos de toda España, que por esta razón sus tendencias
libertarias quedaron camufladas detrás de reivindicaciones
sociales moderadas y que finalmente el proyecto quedó
abortado a causa de la actitud hegemónica de los anarquistas
de Barcelona. 425 Por muy esquemática que sea, no puede
olvidarse esta interpretación. Calero, por su parte, minimiza el
papel jugado por la federación a nivel nacional. Tras cuantificar
las propuestas que las organizaciones de base hicieron a sus
congresos, observa que normalmente éstas traducían
reivindicaciones concretas y, sobre todo, subraya la función de
coordinación de las huelgas que cumplió la FNA en ciertas
zonas rurales de Andalucía, como la de Jerez.426 Este análisis
sólo se corresponde parcialmente con la realidad, pues
escamotea las contradicciones que aparecieron a lo largo de la
breve existencia de la federación y las dificultades
experimentadas por sus dirigentes para superarlas. El último
que se ocupó de ella, Antonio Bar, es el único que menciona su
nombre exacto: Federación Nacional de Obreros Agricultores.
Pero no saca partido de ello en la medida en que no se interesa
más que para dar una luz indirecta sobre la evolución de la CNT
desde el sindicalismo de acción directa al
anarcosindicalismo.427 Esta óptica lo conduce a considerar los
debates de los sucesivos congresos como un conjunto

425 Brenan, pp., 139‒141.

426 Calero (1976), pp. 31 y 76‒77.
427 Bar, pp. 316‒338.
homogéneo; a disociar artificialmente las diferentes funciones
cumplidas por la federación; y a constatar simplemente, sin
avanzar la más mínima explicación, los cambios que se
produjeron de un año para otro sobre ciertas cuestiones.

A nuestro entender, la novedad aportada por la FNOA

consistía en que agrupó a los campesinos asalariados de
numerosas zonas del territorio que, desde Barcelona hasta
Cádiz, pasando por Valencia y Córdoba, tenían en común una
economía comercial fundada en distintos grados en la
agricultura. La proximidad de plazas marítimas importantes y la
existencia de buenas comunicaciones ferroviarias facilitaron la
circulación de bienes, personas e ideas. En este sentido, resulta
sintomático que el congreso de diciembre de 1918 se
convocase a petición de los campesinos de Barcelona, que
estaban preocupados por la competencia de los campesinos de
«la región valenciana».428 Pero antes de la aparición de aquella
manzana de la discordia, la creación de la FNOA había
favorecido el reagrupamiento de las asociaciones locales, tanto
en el ámbito comarcal (Barcelona, Valls o Jerez) como en el de
la provincia (Tarragona, Valencia o Córdoba), quedando,
además, muchas de ellas al margen de las centrales sindicales,
en particular de la CNT. La celebración regular de congresos
nacionales, normalmente anuales, favoreció la multiplicación
de este tipo de encuentros, que en el País Valenciano se habían
interrumpido y nunca se habían celebrado en provincias como
las de Córdoba o Jaén.429

428 Díaz del Moral (1973), pp. 433 y 440‒441.

429 T. y L. (22 de enero de 1913) (Valencia) y Díaz del Moral (1973), p. 245 (Córdoba,
Jaén).
 La publicación de un periódico redactado por militantes
retribuidos representaba algo más que un medio de expresión
de las aspiraciones de la base; también contribuía a traducir
estas aspiraciones en programa de acción. Su necesidad era tan
reconocida que los jerezanos tomaron el relevo de los
catalanes cuando éstos, en vano, pretendieron que La Voz del
Campesino se incorporase como suplemento semanal de
Solidaridad Obrera, que se había convertido en un diario.430
Todos estos elementos, propios de una organización
independiente, hicieron finalmente posible la promoción de
cuadros de dimensión nacional, siendo el ejemplo más
característico el del viticultor jerezano Sebastián Oliva, quien
no sólo fue director de La Voz del Campesino de 1916 a 1919 y
de 1931 a 1933, sino también asesor sobre el problema agrario
ante los congresos extraordinarios de la CNT de 1919 y 1931, lo
que constituía una novedad en relación a los períodos
precedentes.

La influencia que pudo ejercer la FNOA no nos parece

disminuida por el carácter relativamente modesto de su fuerza
numérica, que en su apogeo de 1918 apenas rebasaba los
25.000 afiliados.

Su audiencia se mide sin duda mejor por la facultad de dirigir

las luchas reivindicativas que ciertamente tuvo, y por la
combatividad de que hicieron gala sus militantes: ambas cosas
quedaron ampliamente demostradas en 1919, en el momento
álgido del trienio, cuando muchos de sus militantes andaluces
debieron sufrir las penalidades del traslado de una cárcel a

430 Díaz del Moral (1973), pp. 412 y 416.

otra, lo cual se prolongó durante meses, a pie y fuertemente
custodiados.

Todos estos datos no se prestan fácilmente a la estadística;

sin embargo, pretenden dar a entender que, al final de la
dictadura, el recuerdo del papel jugado por la FNOA estaba
todavía tan presente que la misión de organizar una federación
nacional de campesinos sobre la base de las reivindicaciones
propias del proletariado rural quedó confiada por un congreso
de la CNT y por unanimidad a los militantes de Jerez. Se le
podría aplicar el juicio emitido a principios de siglo por Paul
Ader respecto a la Fédération des Agricoles du Midi de la
France: «Ya podemos ser únicamente 3.000 federados dentro
de la organización, mientras en la acción seamos 30.000».431

Con ello queremos decir que no nos parece justo estudiar

aisladamente a la FNOA, considerarla como un episodio
fortuito de la historia del anarquismo, especialmente de la
historia de los movimientos campesinos. No nos parece justo
abstraerla de una dinámica de luchas que cada vez tomaban un
cariz más anticapitalista, proceso que se inicia con el cambio de
siglo y únicamente se acaba con la guerra antifascista de
1936‒1939. Desde este punto de vista, la FNOA representa el
paso a un nivel superior de organización en un momento en
que ni la UGT ni la CNT estaban preparadas para reconocer al
proletariado rural tal capacidad. Por esta razón proponemos un
análisis evolutivo, que se dedica a buscar la génesis de esta
federación, en la acción llevada a cabo y en los éxitos
obtenidos por las fracciones más combativas ‒o, si se quiere,

431 Gratton, p. 191.

más conscientes‒ de entre el proletariado rural de la baja
Andalucía.

Una plataforma reivindicativa coherente

Todo el mundo admite con Díaz del Moral que la iniciativa de

reunir un congreso nacional de campesinos se debió a algunas
sociedades de Barcelona y localidades próximas, que en
febrero de 1913 lo convocaron. Ello significa subestimar la
preciosa indicación de Anselmo Lorenzo, en el sentido de que
la propuesta de organizar un congreso de aquel tipo se había
avanzado en dos ocasiones a lo largo del año anterior,
partiendo de la Asociación de Obreros Campesinos de Jerez de
la Frontera. 432 Dicho de otro modo, según esta fuente los
militantes de Barcelona no hicieron más que realizar la
propuesta de sus camaradas jerezanos. Éstos, debido a la lucha
que mantenían desde hacía diez años en su comarca, acababan
de comprobar que la acción era rentable: el acuerdo concluido
con el aval del alcalde en junio de 1911 aumentaba los salarios
más bajos, regulaba el trabajo de los peones y precisaba las
modalidades de pago del salario en metálico, además de las
obligaciones patronales en cuanto a la alimentación de las
cuadrillas de trabajadores.433 En el ánimo de los dirigentes, la

432 T. y L. (25 de noviembre de 1912): «A los trabajadores agrícolas». El 10 de mayo

de 1902, T. y L. ya publicó un llamamiento «a los agricultores de España» de F. Morales,
de Jerez.
433 BIRS, t. VIII/2, n.° 93 (marzo 1912), y Guad. (18 de junio de 1911).
consolidación de aquellos éxitos pasaba por una mayor
solidaridad, y por ello los vemos reunir a sus afiliados a
principios de aquel mes de febrero de 1913 y consultarles, en
el marco de la preparación del congreso, respecto a la forma
que debía presentar aquella solidaridad y hasta dónde podía
llegar, considerando la huelga general corporativa como uno
de los medios a utilizar. 434

A nuestro entender, el decisivo papel que jugaron los

militantes de Jerez en la creación de la FNOA se debió tanto a
la ciudad escogida como sede del congreso, Córdoba, como a la
plataforma que se elaboró entre el 17 y el 20 de abril de 1913.
Se trataba de la primera vez que los delegados a un congreso
nacional eran en su casi totalidad andaluces; las organizaciones
catalanas estaban representadas todas ellas por Juan Martí, de
Barcelona. Sus convicciones no presentaban equívocos, pues
ratificaron el carácter apolítico de su acción, excluyeron casi
por unanimidad, a falta de un voto, la constitución de cajas de
resistencia en sus sociedades y preconizaron la huelga general
como respuesta a los abusos de poder de que podían ser
objeto tales sociedades. En este marco, el acuerdo a que se
llegó respecto a las reivindicaciones revestía aún mayor valor.
Algunas de ellas ya eran viejas: el salario mínimo, la abolición
del trabajo a destajo y las 8 horas diarias ya figuraban en la
plataforma adoptada en junio de 1902 por un congreso
reunido en Jerez435 y se habían mantenido, aunque de un modo
atenuado, en los congresos de 1903 y 1904 de la FSRRE. Otras
correspondían a una elevación de la conciencia de clase, a una

434 AMJ, legajo 557 (5).

435 El Baluarte (18 de junio de 1902).
voluntad más firme de reducir las diferencias existentes entre
el obrero agrícola y el trabajador urbano: mejora de las
condiciones de vida en los cortijos (especialmente en los
dormitorios) y extensión de la ley sobre accidentes de trabajo
(reclamada en la misma época por los leñadores del centro de
Francia). 436 En cuanto a la prohibición de emplear a mujeres y
niños en los trabajos del campo, expresaba el rechazo a verlos
utilizados por los patronos como esquiroles. En resumidas
cuentas, se trataba de una plataforma coherente que no era
«moderada» más que en dos puntos: la cantidad que se exigía
como salario mínimo ‒2,50 pesetas‒ seguía siendo inferior a
las tarifas vigentes en la agricultura catalana; y la renuncia al
salario íntegro ‒«a seco»‒, una de las reivindicaciones
esenciales de los jerezanos, que sin duda se explicaba por las
ventajas que encontraban los trabajadores de los pueblos
aislados, mal comunicados y abastecidos, en hacerse
aprovisionar por los patronos ‒«a remojado».

Primera alteración de los principios

Esta plataforma se vio confirmada con pocas variaciones en

el segundo congreso, celebrado en Valencia del 1 al 3 de mayo
de 1914, justo después del congreso comarcal de Jerez, que
había tenido lugar del 10 al 12 de abril. 437 Su importancia

436 En Francia, se consigue esta extensión en 1907; en España no se logrará hasta la

Segunda República.
437 AMJ, legajo 3262.
estaba estrechamente ligada al objetivo que se habían
marcado las nueve sociedades participantes, en nombre de sus
2.590 afiliados: conseguir una reglamentación unificada de las
condiciones de trabajo y salario, válida para un año agrícola
completo en toda la comarca. Se trataba de lo mismo que
había obtenido, diez años antes, la Fédération des Agricoles du
Midi de la France. El congreso de Valencia, en el que los
andaluces no eran más que seis de veinticinco delegados,
retrocedió en relación a la línea de los jerezanos. Era preferible,
según una curiosa moción, aplazar la lucha contra el gran
propietario mientras una sociedad no estaba preparada...438
Todo lo contrario de lo decidido en el congreso de Jerez: todas
las organizaciones debían presentar las mismas
reivindicaciones en una fecha precisa, iniciar la lucha
conjuntamente y no cejar en ella hasta que en todos lados se
hubiese obtenido satisfacción. Hay que decir que, en su
informe, el catalán Pedro Ferrer había justificado por
adelantado las divergencias tácticas que, a su entender, eran
de significación secundaria desde el momento en que todas las
sociedades afiliadas tenían en común la pretensión de
conquistar mejoras. Pero se trataba simplemente de una
concesión dictada por las circunstancias, pues el informe
desarrollaba todos los tópicos al uso sobre los campesinos,
iletrados, ignorantes de sus derechos, tributarios de sus
«hermanos asalariados»... Por ello mismo se ponía de un modo
muy natural el acento sobre las virtudes de la instrucción y
sobre el papel que debían jugar las sociedades obreras
respecto a la apertura de escuelas «libres» y «racionalistas» en
todas las localidades; únicamente los productores conscientes

438 Díaz del Moral (1973), p. 406 (tema 13).

podían dar su sentido verdaderamente emancipador a la
consigna de «la tierra para el que la trabaja» que, en aquellos
momentos, quizá parecía egoísta...439 La reafirmación in fine de
la autonomía del Sindicato evitó que la Federación se
comprometiese demasiado en el apoyo reclamado por el
delegado de Bornos, F. López, en relación con la huelga general
programada por los militantes de la baja Andalucía.

A partir de principios del mes siguiente, éstos iniciaron su

plan de acción. Las medidas tomadas por el alcalde de Jerez, J.
González Hontoria, de cara a hacer respetar la libertad de
trabajo, no impidieron que la huelga se extendiese: el 21 de
junio, diez días después de su comienzo, afectaba a un número
que oscilaba entre los 10.000 y los 11.000 trabajadores de una
docena de localidades; la lucha dirigida por la asociación de
campesinos de Jerez se había fijado como objetivo principal la
obtención de un convenio colectivo anual que estableciese un
salario mínimo neto ‒«a seco»‒.440 La amplitud y la meta de
aquel movimiento eran tan importantes que el gobernador civil
de Cádiz intervino rápidamente en la negociación que el comité
de huelga había iniciado con los patronos y que, ante su
resistencia, se había visto obligado a continuar con el alcalde.
Pero éste, erróneamente convencido de que aquella huelga
estaba teledirigida desde Barcelona, preocupado por el apoyo
que podía proporcionarle el cierre de los comercios jerezanos,
había tomado el partido de los patronos cultivadores y no
deseaba en absoluto llegar a una transacción. A principios de
julio, la situación seguía estando estancada: los propietarios no

439 Ibid., pp. 400‒402.

440 AMJ, legajo 3262: manifiesto del 27 de junio de 1914.
querían ceder sobre la duración de la jornada de trabajo ni
garantizar un salario mínimo más allá de la siega; los
trabajadores, escarmentados, exigían que el compromiso de
pagar el salario en metálico se viese sujeto a un acta notarial.
Entonces, el gobernador impuso su arbitraje y dio satisfacción a
los huelguistas en materia salarial, ya que fijó una tasa neta
mínima, tanto en época de siembra como para los trabajos de
invierno. También reconocía la razón de las reivindicaciones
obreras, en lo concerniente a condiciones de alojamiento y al
ejercicio de los derechos reconocidos a los «ciudadanos». En
contrapartida, los trabajadores se comprometían a negociar
bajo la égida del gobernador el contrato colectivo que pedían
para el año. Este laudo, presentado por el presidente de la
asociación, Sebastián Oliva, fue rechazado inmediatamente por
los huelguistas. Desde hacía semanas, éstos resistían gracias a
la solidaridad financiera del resto de cuerpos de oficio,
especialmente de los viticultores, y todavía esperaban que su
movimiento se ampliase hasta el conjunto de la población
laboral. 441 Y fue justamente lo contrario lo que se produjo: los
comerciantes de Jerez preconizaron un arreglo ecuánime y los
huelguistas de las otras localidades fueron regresando al
trabajo poco a poco, siguiendo cada vez menos las asambleas
generales... Se requirió toda la autoridad del negociador
principal, Diego Martínez, para hacer admitir que el laudo del
gobernador constituía una gran victoria. Como resaltó Juan
Guerrero, lo cierto era que aceptar un procedimiento
contractual para las negociaciones futuras constituía una grave
distorsión de los principios, de aquellos principios que

441 Guad. (14 de julio de 1914) y AMJ, legajo 3262: informe policial sobre la reunión
del 20 de julio de 1914.
justamente acababa de reafirmar el congreso de Valencia, al
condenar a los tribunales de arbitraje...442

Jerez, años 30. De pie: Antonio Gago y José Ballesteros

Sentados: José Tejero, Diego Martínez y Sebastián Oliva

¿Hacia la integración en la CNT?

Oliva, Martínez y Guerrero: tres nombres, tres militantes,

tres actitudes que pronto encontraremos en la complicada
historia de la FNOA, que presenta un vacío en la época de su
tercer congreso, de mayo de 1915, del que no sabemos nada a
excepción de su celebración en Úbeda y no en Ronda, como se
había decidido en Valencia a propuesta del delegado de

442 Díaz del Moral (1973), p. 403.

Bornos. Una u otra de ambas ciudades, de tamaño mediano,
convenía para favorecer la implantación de la Federación en
zonas en que el campesinado estaba poco organizado; en
cualquier caso, sería el último congreso de la FNOA en
Andalucía. Pues, algunas semanas más tarde, se produjeron
graves incidentes en diversos lugares. En Osuna, durante la
segunda quincena de mayo, una huelga para obtener un
contrato colectivo, seguida masivamente, acabaría con la
inculpación de unos cuarenta trabajadores.443 El 30 de mayo,
en Casas Viejas, el presidente del sindicato, manipulado por la
Guardia Civil, se suicidaba. En Torreperogil, no lejos de Úbeda,
el 9 de junio unos hombres asediaron el centro obrero,
abrieron fuego y asesinaron a dos militantes. 444 Algunos
militantes de Jerez se preguntaban, con inquietud, si no se iría
a representar el mismo guión que en 1882. Diego Martínez los
tranquilizó: las autoridades ya no podían ametrallar al pueblo
impunemente, y si por desgracia lo intentaban, toda la clase
obrera española respondería.445 Ciertamente, el acuerdo del
año precedente se había renovado en Jerez sin necesidad de
acudir a la huelga, y los patronos hasta habían acordado un
ligero aumento. De modo que los militantes podían preparar el
futuro; es decir, la apertura de una escuela.446

Luego, pasó un año y medio antes de que la FNOA reuniese

su cuarto congreso, que tuvo lugar los días 21 y 22 de
noviembre de 1916 en Vilanova y la Geltrú, a medio camino

443 BIRS, t. XII/2, n.° 139 (enero de 1916).

444 T. y L. (10 de mayo de 1916).
445 AMJ, legajo 3288, mitin del 8 de septiembre de 1915.
446 Ibid., reuniones del 16 de agosto, 23 de septiembre y 4 de diciembre de 1915.
entre Tarragona y Barcelona. El único delegado andaluz de los
diecisiete presentes era Diego Martínez. Fue uno de los que se
opusieron a la desaparición de La Voz del Campesino, que ‒y
esto vale la pena subrayarlo‒ ya había reaparecido en Jerez.
Algunos de los puntos incluidos en el orden del día reflejaban
situaciones muy particulares: la sociedad de Torreperogil, por
ejemplo, se interrogaba sobre los medios para anular los
golpes y maniobras de la burguesía; la de Valls proponía a los
pequeños arrendatarios reducir unilateralmente sus alquileres,
allí donde estuviesen sólidamente organizados.

Pero, en conjunto, los militantes de Barcelona dieron el tono,

tanto en materia de organización como de orientación. Las
mociones que hicieron votar contra el establecimiento de
cooperativas y sociedades de socorro mutuo en el seno de las
sociedades obreras expresaban, sin lugar a dudas, una clara
voluntad de alejar al sindicalismo de ciertas tendencias,
juzgadas tanto más perniciosas por cuanto seguían estando
vivas en la sociedad catalana. La acción directa se ejercía
preferentemente en forma de boicot o sabotaje; y, para ser
eficaces, las huelgas debían superar el ámbito local y estar
coordinadas. Eran posiciones de la más estricta ortodoxia. Por
el contrario, no se dijo nada en materia de reivindicaciones,
aun cuando la subida del coste de la vida empezaba a hacerse
sentir, especialmente en el medio rural; aunque las dos
centrales, CNT y UGT, preparaban juntas una huelga general de
24 horas sobre aquel tema (luego tendría lugar el 18 de
diciembre). Todo parecía subordinado a una próxima
integración de la FNOA a la CNT: la posibilidad de sus secciones
de afiliarse a la central, el proyecto de fusión con la Federación
de Peones y Braceros en general de España ‒dirigida por
Mauro Bajatierra, un notorio anarquista‒ y el traslado del
comité ejecutivo de Valls a Sant Feliu de Llobregat, más
cercano a Barcelona.

Diego Martínez, un espíritu positivo

Tal como estaba previsto, el quinto congreso tuvo lugar en

Zaragoza, del 22 al 24 de mayo de 1917, seis meses después
del precedente. Con su asistencia restringida a ocho delegados,
se trató de una reunión en la cumbre más que de otra cosa.
Pero, entre tanto, la dirección de la FNOA había pasado a
manos de los experimentados militantes de Jerez, encargados
por sus camaradas de enderezar una situación muy
comprometida. El balance que presentaron (47 secciones, con
8.399 federados) era honorable. Pero, lejos de limitarse a
rendir cuentas de su actividad, Diego Martínez presentó un
informe de orientación, lo que no había sucedido desde el
segundo congreso. El análisis de aquel documento y la
comparación con el precedente, obra de Pedro Ferrer,
permiten destacar los caracteres originales del pensamiento de
Martínez. 447

Éste, retomando la vieja idea de la tierra ubérrima, mostraba,

apoyándose en las cifras, el contrasentido económico y social
que representaba su acaparamiento en un país como España.
Aquella constatación justificaba, a su entender, la necesidad de

447 Díaz del Moral (1973), pp. 420‒423.

la socialización y daba su pleno sentido a la lucha emprendida
desde la creación de la Internacional para hacer efectiva la
consigna: «la tierra para el que la trabaja». Además, si
«grandes pensadores» habían abierto la vía desde siempre,
también parecía que algunos pueblos, como el pueblo ruso,
estaban listos para recorrerla (subrayemos que aquellas
opiniones se expresaban pocas semanas después de la
abdicación del zar). Al abordar luego la cuestión del retroceso
de la FNOA, Diego Martínez situaba el origen de aquel hecho
en el desconcierto que el conflicto europeo había suscitado en
la clase obrera. Otro factor era la inferioridad cultural de los
campesinos, pero ésta no se consideraba en abstracto sino que
se explicaba por el aislamiento en que vivía el campesino. Era
necesario reconocer que, en este sentido, los objetivos fijados
por los congresos precedentes estaban inadaptados a su
capacidad de acción. Por ello convenía proponer ejes de
intervención tales que la organización campesina se
incorporara plenamente en el movimiento social en su
conjunto: carestía de la vida, subempleo, presos políticos...
Para concluir, el informe volvía sobre la idea de que la lucha del
campesino contra el propietario y la conquista «paso a paso»
de sus derechos constituían el factor determinante de la
emancipación de la humanidad: «Mientras que el campesino
no tome posesión de la tierra, mientras permanezca
encadenado al actual propietario, la emancipación humana
será un mito, y todos los esfuerzos de los demás oficios por
conseguirla se perderán en el vacío».

Firmeza en las convicciones y sentido de la realidad eran dos

rasgos indisociables de la personalidad de Diego Martínez.
Contaba unos cincuenta años y estaba en la brecha desde
hacía, al menos, quince. Su edad hacía de él el depositario de la
memoria colectiva: en 1902, recomendaba la prudencia en la
dirección de la huelga. En 1906, año de buenas cosechas, se
inspiró en los precedentes de 1883 y 1902 para definir las
bases de la negociación con los propietarios. A través de las
primeras huellas de su actividad pública, aparecía como un
militante que mantenía continuas relaciones con sus
camaradas de Barcelona, y que como ellos sentía la
preocupación de elevar el nivel de instrucción de los
trabajadores. En el cuarto congreso de la FSRRE, de mayo de
1904, había leído un trabajo sobre «la enseñanza libre»; dos
años más tarde, tomó la iniciativa de crear una asociación,
«Ciencia y Trabajo», en la que los obreros agrícolas estaban
junto a albañiles, toneleros y tipógrafos. Podría haber sido
simplemente un anarquista convencido; pero fue, al mismo
tiempo, un sindicalista avisado y perspicaz. Un texto de su
redacción, escrito a lápiz ‒un borrador de discurso, sin duda‒,
nos lo muestra sopesando las ventajas e inconvenientes de ir a
la huelga y llegando a una determinación, no tanto por la
reserva que sentía por las «huelgas parciales» como en función
de un análisis de los riesgos que deberían asumir los
cultivadores en caso de escoger la prueba de fuerza.

Rara vez se situó en primer plano, presidiendo únicamente la

sociedad de obreros agrícolas dos veces, en 1911 y 1912,
aunque fue casi siempre designado para el comité de huelga,
siendo uno de los interlocutores habituales de los patronos
cultivadores. A partir del momento en que se asumió el
principio del pago del salario en metálico, luchó
incansablemente para que fuese realmente efectivo y, luego,
para su generalización, como se ve, con unos años de intervalo,
en un artículo publicado en Tierra y Libertad y en una carta
dirigida al alcalde de Jerez. 448 Más tarde, defendió con la
misma tenacidad ‒tanto ante los patronos como ante los
trabajadores‒ el establecimiento y la reconducción de un
contrato de trabajo anual, única seguridad ante sus ojos de que
el campesino asalariado cobraría durante el más largo período
de trabajo del año el salario convenido.

Diego Martínez

Gracias a su experiencia, aquel hombre práctico era también

capaz de distinguir entre sus adversarios, fuesen patronos o
agentes del Estado, a aquellos que favorecían la búsqueda de
una transacción aceptable; en este sentido, en 1911, reconoció
públicamente la buena fe del alcalde y del tesorero de la
Cámara de Agricultura. Lo que le guiaba en su evaluación de las
relaciones de fuerza era, por encima de todo, el estado de
opinión respecto a las reivindicaciones campesinas, tanto el

448 T. y L. (12 de noviembre de 1903): «El seco en los cortijos». AMJ, legajo 508, 16
de junio de 1912.
punto de vista de la burguesía expresado en la prensa cotidiana
‒y de un modo especial el influyente diario El Guadalete‒ como
la reacción de los medios populares manifestada por sus
organizaciones. Había encontrado la palabra justa para
caracterizar su actitud: no era un «ilusionista». Forzando un
poco las cosas, podríamos afirmar que era el anti‒Salvochea.449

En conjunto, las decisiones tomadas en Zaragoza respondían

a la orientación preconizada por Diego Martínez.

El estrechamiento de los lazos entre las comarcas y el

consejo ejecutivo, con el compromiso de todos los sindicatos
en el sentido de distribuir La Voz del Campesino, indicaban su
preocupación por hacer la federación más coherente, con el
objetivo de superar los particularismos. El consejo que ofreció
a las organizaciones locales, proponiéndoles prescindir de los
servicios de los llamados maestros racionalistas, respondía
probablemente a casos de oportunismo o aun de arrivismo;
también estaba inspirado por la voluntad de que la formación
de los militantes se efectuase a partir de lo concreto. La
libertad concedida a las citadas organizaciones para que
actuasen según su conveniencia con tal de conseguir la
reducción de la jornada de trabajo permitía liberar la lucha
reivindicativa del corsé de consignas excesivamente rígidas. El
compromiso de apoyar una eventual huelga general de los
obreros de la industria se había formulado en términos
prudentes, y se subordinaba a la capacidad de iniciativa de la
federación. Por lo demás, ésta podía demostrar tal capacidad

449 Sobre D. Martínez, véase Maurice, «Campesinos de Jerez», especialmente pp.

66‒67.
ejecutando el mandato recibido para reunir, a fines del mes
siguiente, a todas las centrales sindicales con el objetivo de
llegar a su unificación.

Una resolución propuesta por la Asociación de Obreros

Campesinos de Jerez resumía perfectamente el sentido de
aquel congreso. Partiendo del postulado según el cual
únicamente la anarquía haría posible la emancipación íntegra
de la clase obrera, deducía inmediatamente que aquel objetivo
no se podía alcanzar sin una praxis que tendiese a la
transformación de la sociedad. Los campesinos encontrarían
esa praxis en el sindicalismo revolucionario, que les
proporcionaba los métodos de lucha necesarios para mejorar,
hic et nunc, su condición. De ello se desprendía que «el puesto
de todos los hombres amantes de la anarquía está en los
sindicatos obreros».

El congreso respondía así afirmativamente a las preguntas

formuladas por la asociación de oficios varios de Castro del Río:
¿eran anarquismo y sindicalismo compatibles?; ¿acaso dirigir
los sindicatos no era actuar en perjuicio del ideal? Fines y
medios ya no eran contradictorios, según aquella definición
positiva del anarcosindicalismo, que no dejaba para un futuro
indeterminado la conquista de nuevos derechos y tangibles
ventajas; lo subrayamos especialmente ante una reciente
interpretación, que, cuando menos, resulta ambigüa.450 Dicho
de otro modo, aquel documento no desarrollaba una
concepción instrumental del sindicalismo de acción directa,
sino todo lo contrario. Un año y medio más tarde, en el último

450 Bar, pp. 320‒321.

congreso de la FNOA, reunido de nuevo en Valencia del 25 al
27 de diciembre de 1918, quedaría prácticamente
desautorizado.

La dirección jerezana en jaque

Recordemos que aquel congreso regional tomó carácter

nacional mediante una petición de los catalanes, ya que había
un acuerdo tomado en Zaragoza para garantizar un
funcionamiento descentralizado de la FNOA, a base de
congresos comarcales y regionales. Lógicamente, los delegados
del Levante eran mayoritarios, puesto que eran 47 de un total
de 57. Los andaluces no eran más que cinco, aunque
presidieron la mayor parte de las sesiones.451 Diego Martínez
ya no presidía el congreso ejecutivo; su sucesor era S. Oliva,
que no pudo presentar un informe debido a la precipitación
con que se tuvo que preparar el congreso. Sin embargo,
Martínez fue el impulsor de la decisión, tomada por
unanimidad, sobre el aspecto capital del futuro de la FNOA,
que nuevamente se vio cuestionada por los militantes de
Barcelona, aunque en un contexto muy distinto ya que la CNT
estaba estableciendo unas nuevas estructuras.

Tras largos debates, el congreso aprobó la afiliación «en

bloque» de la FNOA a la CNT y su continuación hasta el
congreso previsto por la confederación, con la obligación de

451 Díaz del Moral (1973), pp. 435‒436.

esta última de convocar a todas las federaciones de oficio
existentes, subordinándose la disolución de la FNOA a la de las
demás. Una medida conservatoria, como ya habíamos dicho; o,
mejor, situación de espera más que verdadera transacción,
pues nadie se declaró en contra de la incorporación en la CNT.
Inmediatamente, el representante de su dirección provisional,
M. Buenacasa, la aprovechó: la invitación que se hizo a las
asociaciones campesinas en el sentido de entregar
directamente su cotización a la Confederación equivalía a
privar a la FNOA de cualquier recurso, condenando así a su
periódico, también mantenido de un modo provisional; de
hecho, dejaría de aparecer a partir del congreso.

Una vez alcanzada la decisión integradora, la participación en

los debates de los dos delegados de la CNT, Buenacasa y Mira,
y la frecuencia y el contenido de sus intervenciones,
constituyeron signos evidentes de la voluntad de los dirigentes
catalanes en el sentido de influir en la orientación de las luchas
campesinas. La propia situación de la FNOA podía incitarles a
ello, pues, en efecto, cerca del 60 por 100 de los afiliados
representados en aquel sexto congreso ‒14.783 de 25.092‒
pertenecían a asociaciones no federadas, la mayor parte de las
cuales ‒35 de 41‒ correspondían a las provincias de Valencia y
Córdoba; en esta última, el porcentaje de afiliados no
federados se acercaba al 80 por 100. Dicho de otro modo,
muchos se quedaban a la expectativa sin que podamos
realmente discernir las razones de ello. En cualquier caso, allí
había una fuerza potencial para ser utilizada por parte de los
dirigentes decididos a superar a la UGT en todos los sectores
de actividad.
 Por otra parte, debían contar con el impacto de la revolución
rusa. Desde la apertura del congreso, hubo total unanimidad
para felicitar a los campesinos rusos por haber llevado a la
práctica la divisa de la FNOA: «la tierra para el que la trabaja».
Pese a todo, aquella unanimidad estaba sujeta a numerosos
interrogantes. Pues, efectivamente, sabemos que para lograr el
apoyo campesino los victoriosos bolcheviques tuvieron que
renunciar a la colectivización de las tierras expropiadas,
precisando en el decreto de 8 de noviembre de 1917 las
modalidades del reparto de tierras.452 La resolución votada en
Valencia se refería a la actitud de los «camaradas rusos», que
no habían comprendido «el valor positivo» del reparto. Pero,
¿cómo evitar que, llegado el día, los campesinos españoles no
estuviesen también desorientados? El problema se devolvió a
la base, quedando encargada cada asociación de designar una
comisión de estudio en su seno.453 El debate volvió a avivarse
con la cuestión planteada por una organización valenciana, la
de Sueca, que intentaba descubrir el mejor modo de impedir el
derrocamiento de los soviets por parte de las potencias de la
Entente. Al preconizar el proyecto de resolución una acción
concertada entre la CNT y la CGT francesa, todos los líderes
anarquistas presentes, Mira, Carbó y Buenacasa, aprovecharon
la ocasión para explicar las relaciones entre ambas centrales:
eran malas, pues al aportar su apoyo a Wilson y a la Sociedad
de Naciones, la CGT se había vendido al capitalismo
internacional. Una eventual réplica a una intervención armada
en Rusia pasaría, pues, por un acuerdo directo con el

452 Ellenstein, t. 3, pp. 56‒57.

453 Díaz del Moral (1973), p. 441.
proletariado revolucionario del país vecino... 454 En realidad,
aquel tema guardaba relación con el que interesaba a la
opinión popular española y que fue planteado en el inicio del
congreso por otra organización valenciana, la de Buñol: la
cuestión de la unificación de las fuerzas obreras. Oliva había
tenido que reconocer el fracaso de las gestiones efectuadas
desde el anterior congreso, cuyo objetivo era llegar a una
fusión entre la UGT y la CNT. Y, aunque el proyecto de
resolución recogió aquel objetivo, fue finalmente retirado ante
la oposición de los delegados catalanes. La decisión, aquella
vez, quedó sometida al juicio de la directiva. 455

El congreso trató extensamente las cuestiones reivindicativas

a través de las dificultades, expuestas sobre todo por los
organismos andaluces, con que se encontraba la lucha para
conseguir éxitos duraderos y uniformes en lo concerniente al
salario mínimo, el trabajo a destajo, la reducción de la jornada
de trabajo y el trabajo de la mujer. De todas las
reivindicaciones planteadas desde que existía la FNOA,
parcialmente satisfechas y siempre cuestionadas, algunas no
mostraban el carácter de evidencia que presentaban
originariamente: era necesario evitar el empleo de las mujeres
en las faenas más duras, aunque ello hubiese supuesto
«condenarlas a muerte», como decía Oliva, si se hacía a priori,
pues todas ellas trabajaban por necesidad y no por gusto.456
Además, el crecimiento del desempleo exigía nuevas
respuestas, como el reparto solidario del trabajo entre los

454 Ibid., pp. 451‒452.

455 Ibid., p. 442.
456 Ibid., pp. 454‒455.
obreros de una misma localidad o la presión sobre las
municipalidades para que proporcionasen trabajo.

Los dirigentes anarquistas supieron explotar estas

dificultades objetivas frente a los partidarios de un sindicalismo
específicamente campesino. La libertad de acción dejada a las
organizaciones locales en el ámbito reivindicativo ‒y
únicamente en él‒ equivalía a decir que la FNOA ya no tenía
razón de ser. La imposibilidad de elaborar una plataforma
común y de planificar la acción confería tanto más valor a una
orientación maximalista cuyo único enunciado ‒abolir la
propiedad privada, abolir la figura del asalariadoresolvía como
por encanto dificultades y contradicciones, particularmente
aquellas de los minifundistas, numerosos en Cataluña y
Levante, que empleaban episódicamente a asalariados. En
resumidas cuentas, la dirección jerezana se encontraba en
jaque, a pesar del éxito que había logrado el verano
precedente en el ámbito local. Aquí se impone volver hacia
atrás para explicar el vivo enfrentamiento que al final del
congreso sacó de quicio a Oliva y Guerrero, éste último
negándose a que el comité de la FNOA continuase residiendo
en Jerez, aunque sólo fuera de un modo provisional.

En 1917, los campesinos sindicalistas de Jerez se vieron

privados por dos veces de sus medios de presión habituales: a
fines de marzo, algunos días después de la llamada nacional a
la huelga ilimitada, lanzada concertadamente por la UGT y la
CNT, el alcalde hizo cerrar, por orden del gobernador, las sedes
de sus organizaciones;457 y, a fines de junio, la negociación de

457 AMJ, legajo 3325: telegrama del 30 de marzo de 1917.

un nuevo contrato se vio interrumpida por la suspensión de las
garantías constitucionales y el establecimiento de la censura
previa.458 En 1918, la elección durante el mes de febrero de
seis diputados socialistas creó una relación de fuerzas más
favorable al movimiento obrero. Los obreros agrícolas elevaron
sensiblemente sus exigencias, tanto en materia salarial como
en lo concerniente a la normativa del tiempo de trabajo.
Obtuvieron fácilmente lo que deseaban ‒la huelga no duró más
de dos semanas‒ gracias a la mediación del alcalde, a la buena
disposición de los pequeños propietarios y a su propio
realismo, puesto que revisaron ligeramente a la baja la tasa
mínima de los salarios. Las contrapartidas eran sustanciales: los
operarios de la trilladora no debían empezar su trabajo hasta
las 7 de la mañana (en lugar de las 5 y media); el número y
duración de los descansos aumentaban en invierno y
primavera; y la licencia bimensual ‒«la vestida»‒ quedaba
establecida, durante el invierno, una hora más temprano, lo
que se consideró un gran éxito moral. 459 A cambio, el comité de
huelga aceptaba someter los litigios relacionados con la
aplicación de aquel acuerdo a un organismo paritario,
presidido y designado por el alcalde, lo que significaba dar un
paso más en la vía abierta por el arbitraje de 1914.

Sin embargo, apenas obtenidos, los aumentos de salario

corrían el peligro de verse recortados por el alza en los precios
del pan. Diego Martínez y Francisco Fernández, el presidente
en ejercicio de la asociación, habían alertado a sus camaradas
sobre aquella eventualidad e impulsaron una iniciativa común

458 Guad. (27 de junio y 1 de julio de 1917).

459 AMJ, legajo 3325.
de las principales organizaciones de la ciudad. El 4 de agosto,
en su nombre y ante 5.000 personas, Sebastián Oliva proponía
a las autoridades confiscar las cosechas y tasar el pan. El día 12,
comunicaba a las 6.000 personas reunidas la respuesta del
ayuntamiento, que únicamente aceptaba el segundo punto.
Hubo muchos oradores que propusieron una acción dura. Oliva
y Martínez se dejaron llevar por la corriente favorable a
organizar una huelga general inmediata; de todos modos,
insistieron en la necesidad de organizarla cuidadosamente y de
arrastrar al mayor número de trabajadores. Guerrero, por el
contrario, censuró a los contemporizadores llegando a acusar a
los obreros de ser demasiado moderados. La ley marcial,
proclamada a partir del día 13, no impidió a los piquetes de
huelga que paralizasen la ciudad durante algunos días; de
golpe, los precios de los productos de alimentación subieron
tanto que la autoridad militar se vio obligada a intervenir.460

Aquel fracaso del sindicalismo, que no pudo frenar la subida

del coste de la vida, desmereció el éxito precedente. Aportaba
un nuevo argumento a los militantes que no creían en la acción
reivindicativa o que, al menos, sólo reparaban en sus límites.
Los dirigentes de la CNT pudieron contar con ellos para apartar
a los que obstaculizaban su voluntad de subordinar al
proletariado agrícola a la constitución de poderosos sindicatos
industriales.

460 Ibid., legajo 3323, y MCJ, 1918: «Conflictos de carácter social».

 Consecuencias de una disolución

Ya condenada, la FNOA no estaba en situación de impulsar y

unificar las luchas. Pero sorprende constatar que la plataforma
y la táctica adoptadas en octubre de 1918 y, luego, en mayo de
1919 por la federación comarcal más activa de aquel tiempo, la
de Castro del Río, coincidían globalmente con las que los
jerezanos habían puesto a prueba desde hacía tiempo.461 Sólo
que las sociedades cordobesas anteponían la abolición del
trabajo a destajo y la prioridad de contratación de los
trabajadores residentes, dos exigencias que hasta entonces la
asociación de Jerez había dejado de lado teniendo en cuenta,
sin duda, las particularidades de la comarca, es decir, la
existencia de un vasto y próspero territorio que procuraba
trabajo a la población laboral de comarcas menos favorecidas.
La recuperación de aquellas exigencias por parte de los
jerezanos en junio de 1919, acompañada de la amenaza de
imponer sanciones a los patronos más recalcitrantes, mostraba
que, a pesar de la diversidad de las situaciones locales, los
campesinos proletarios de Andalucía eran capaces de asumir
una actitud común en el aspecto reivindicativo. 462 Sobre el
problema crucial de la redistribución de la tierra había,
ciertamente, divergencias sensibles. El congreso de Castro,
quizás influenciado por el movimiento regionalista, había
decidido por corta mayoría exigir de los poderes públicos la
entrega de las tierras disponibles a los sindicatos locales. Los
militantes jerezanos se habían limitado, por decirlo de algún
modo, a exigir de los patronos el empleo de un número de

461 Díaz del Moral (1973), pp. 306, 311‒312 y 318.

462 AMJ, legajo 3325: «Bases obreras, 3‒6‒1919».
trabajadores proporcional a la extensión de sus fincas. En
ambos casos, el problema del paro crónico se planteaba
claramente y las soluciones que se avanzaban eran posibilistas.
Para hacerlas progresar hubiese sido necesaria una voluntad:
los debates del congreso extraordinario de la CNT, en
diciembre de 1919, revelaron que ésta no se hallaba entre los
dirigentes anarcosindicalistas.

Antes de enterrar a las federaciones nacionales de la

industria y de votar a toda prisa una corta resolución sobre el
problema agrario, el congreso de la Comedia había tratado de
las cuestiones relativas a los medios de acción y a las «mejoras
inmediatas». En la primera categoría, los obreros agrícolas se
encontraban directamente afectados por el decreto del 30 de
abril de 1919 del Ministerio de Fomento, dirigido por Ángel
Ossorio, que estipulaba la prioridad de contratación de los
residentes, pero a condición que éstos aceptasen las
condiciones ofrecidas a los trabajadores foráneos. El congreso
no podía hacer otra cosa más que rechazar aquel engaño y
recordar las virtudes de «la acción directa revolucionaria»,
especialmente las del sabotaje. Tratándose de reivindicaciones,
el congreso tomó nota del reconocimiento legal de la jornada
de ocho horas y llamó a los sindicatos a actuar para que ésta se
hiciese efectiva en todos los sectores. Había dos puntos
problemáticos, que ya habían sido debatidos en los congresos
de la FNOA. La necesidad de establecer una tasa nacional de
salario mínimo había sido defendida por un metalúrgico de
Barcelona; muchos expresaron sus dudas, entre ellos Tomás
Martínez, el delegado de Bujalance que, un año antes en
Valencia, había hablado en favor de la participación de las
mujeres en ciertos trabajos agrícolas. El argumento utilizado en
ambos casos era que unos objetivos demasiado elevados
equivalían a penalizar a los trabajadores menos organizados.463
Así, el congreso renunció a unificar el salario mínimo. Por el
contrario, no siguió al delegado de Herrera, que reclamaba que
la abolición del trabajo a destajo, exigida solamente para los
pescadores, se extendiese al conjunto de los obreros agrícolas;
la enmienda presentada por Andreu Nin posibilitaba, en efecto,
la eventualidad de su pervivencía.464 En resumidas cuentas, la
falta de concertación entre los militantes andaluces dejaba al
proletariado agrícola a merced de los líderes de Barcelona,
entre quienes Nin representaba al Sindicato de Profesiones
Liberales... Volveremos a verlo cuando se aborde el problema
de la socialización de la tierra, ya que el mismo sindicato
presentó un abstruso informe sobre «el minifundio comunal»,
justificando la parcelación de las grandes propiedades como
condición para una agricultura intensiva.465 Se trataba, poco
más o menos, del punto de vista que había desarrollado
algunos meses antes P. Carrión en el diario de la burguesía
modernista, El Sol. 466

Pero era por lo tanto ir en contra de la opinión mantenida

desde hacía mucho tiempo por militantes andaluces como A.
Saavedra, quien a principios de siglo explicaba que se podía
obtener más de los grandes cultivadores que de los «burgueses
en pequeño», considerados como los más encarnizados
enemigos del obrero; por ello sólo en apariencia resultaba

463 CNT, Congreso Comedia, p. 392.

464 Ibid., pp. 397 y 399.
465 Ibid., pp. 454‒458.
466 Carrión (1974), pp. 121‒127.
paradójico pretender que era conveniente «proteger el
latifundio». 467

El problema agrario se abordó en cuanto tal en la última

sesión, intercalado entre la sindicalización de los trabajadores
del comercio y los problemas educativos. La atención de los
congresistas no se centró en él, pues todavía se había de
determinar el apoyo que el proletariado español podía aportar
a la revolución rusa, así como las iniciativas que debían
tomarse en el ámbito de las relaciones internacionales.

La resolución presentada por la comisión ad hoc era breve y

poco original en la medida en que retomaba, condensándola, la
argumentación desarrollada en mayo de 1917 en Zaragoza por
D. Martínez: éste había sido adjunto a la comisión en tanto que
«agricultor auténtico de Jerez». La socialización de la tierra,
dicho de otro modo una revolución agraria, volvía a plantearse
como condición del desarrollo económico. De ello se
desprendía para la CNT la necesidad de educar y organizar del
mejor modo posible a «la fracción» del proletariado que estaba
constituida por los campesinos.

Una vez recordado el objetivo, se hacía hincapié en los

medios capaces de asegurar el pleno empleo, especialmente
en el método que los militantes de Jerez habían intentado
imponer el verano precedente relacionando el volumen de la
contratación con la superficie cultivable. La comisión también
tenía en cuenta la costumbre que, en caso de fuerza mayor,
tenía la burguesía agraria de conceder lotes a los trabajadores,

467 T. y L. (2 de diciembre de 1903): «Latifundios. Contra las huelgas económicas».

Saavedra fue delegado de Morón en el congreso de 1903 de la FSRRE.
y les recomendaba como un mal menor ‒sólo a título de
transacción‒ cultivarlos únicamente agrupados en sus
sindicatos. Era casi palabra por palabra el consejo que treinta y
siete años antes daba la UTC a sus afiliados. La desaparición de
la FNOA tenía, pues, como paradójico resultado reforzar las
pragmáticas posiciones de los jerezanos y reconducir el
problema agrario a su único componente andaluz.

A nuestro entender aquello se debía, más que a la intensidad

de las luchas que se libraban en el sur de España, al número
relativamente elevado de delegados campesinos procedentes
de la región andaluza, junto al desinterés manifiesto de los
líderes de la CNT por la cuestión.

La resolución se adoptó sin debate: aquello constituyó una

de sus mayores debilidades.

EL SINDICALISMO CAMPESINO EN LA CNT (1931‒1936)

A partir del final de la dictadura de Primo de Rivera los

jerezanos, alentados por el comité nacional de la CNT,
manifestaron la intención de reorganizar la Federación
Nacional de Campesinos, cuya existencia se había condenado
anteriormente junto a las federaciones nacionales de industria.
Su iniciativa coincidía con la de la corriente socialista, que en
abril de 1930 constituyó su Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra (FNTT). Ratificada durante el otoño a
escala regional, se vio confirmada en junio y, luego, en
diciembre de 1931, por las instancias nacionales de la
confederación, que ofrecieron a la Asociación General de
Trabajadores Agrícolas de Jerez (AGTA) la responsabilidad de
preparar un congreso nacional campesino. La Asociación hizo
reaparecer La Voz del Campesino, convertida en semanario.
Pero en la primavera de 1932, los dirigentes de Jerez se
encontraron en minoría en el seno de su propia asociación y,
en consecuencia, se vieron obligados a abandonar sus
funciones a la cabeza de la federación comarcal de Cádiz. Por
ello, el congreso constituyente cuyo principio se había
adoptado no se llegó a celebrar.

En cualquier caso, el congreso andaluz de marzo de 1933

volvió a tomar por su cuenta el proyecto de una organización
propia del campesinado, limitándose al marco de la región. La
puesta en marcha se confió a la organización de la localidad
sevillana de Utrera, que no pudo cumplir con su mandato
debido al prolongado cierre de sus sindicatos. La organización
de Morón tomó el relevo a principios de otoño de 1933, en un
contexto muy desfavorable ya que el cambio en la mayoría
parlamentaria se tradujo inmediatamente en un claro
endurecimiento de la burguesía agraria. Sólo a fines de 1935,
tras el fracaso de los gobiernos de derecha, los partidarios de
una poderosa organización campesina estarían en condiciones
de intentar la concretización de su proyecto. Sus esfuerzos
desembocarían en el congreso extraordinario de Zaragoza de
mayo de 1936, aunque sólo parcialmente: al no lograr ya la
constitución de una federación de campesinos, la unanimidad,
se insistió más sobre las perspectivas de acción que sobre las
medidas de organización.
 A pesar de los reiterados fracasos, la tentativa de los
campesinos sindicalistas andaluces de crear una federación
nacional merece algo más que la ignorancia que ha prevalecido
hasta el presente. Tal como estaba concebida la Federación
Nacional de Campesinos era, efectivamente, distinta a lo que
fue la FNOA; proponiéndose reunir a campesinos parcelarios y
campesinos proletarios, era más ambiciosa que su
predecesora. Por ello sus promotores se vieron obligados poco
a poco a elaborar un programa relativamente detallado.

Por primera vez en su historia, el anarquismo español lograba

rebasar el estadio de las posiciones de principio y se dotaba de
una plataforma de acción que le hubiese permitido unificar las
luchas de las distintas capas del pequeño campesinado, si su
organización sindical, la CNT, la hubiera asumido. No sucedió
así, pero, en cualquier caso, subsistió algo de ello en las
experiencias llevadas a cabo durante la guerra de 1936‒1939,
sobre todo en la Andalucía Oriental, donde los sindicatos
jugaron un papel preponderante en el funcionamiento de las
colectividades agrarias y la organización de los intercambios.468

Hacia la construcción de un frente antilatifundista

En el artículo de La Voz del Campesino, del que seguía siendo

director, Sebastián Oliva recordaba en el verano de 1932 la
voluntad que animaba a los jerezanos, «al salir del período de

468 Rosado, p. 151, y Maurice (1978).

represión impuesto por la Dictadura», de recoger el hilo roto
diez años antes, con la disolución de la FNOA.469 Fortalecidos
por el apoyo obtenido en junio de 1930 del equipo Arín‒Peiró,
constituían una «comisión nacional de relaciones campesinas»,
que la conferencia extraordinaria de la Regional andaluza de
los días 15 a 22 de septiembre confirmaba en sus funciones. La
AGTA, debidamente autorizada, preparaba un manifiesto que
Solidaridad Obrera publicó inmediatamente. Aquel documento
recalcaba la necesidad de organizar por separado a jornaleros y
pequeños propietarios para evifar la confusión de sus
respectivos intereses, que en ciertos casos podían parecer
«antagónicos». También recuperaba el organigrama habitual
que daba a la futura federación una estructura piramidal,
escalonándose de abajo hacia arriba, desde el ámbito local
hasta el regional, pasando por el escalafón intermedio de la
comarca. 470 La empresa se iniciaba con los mejores auspicios,
gracias al crédito que le daba el faísta Mediel: contrariamente a
las federaciones nacionales de industria, declaraba este último,
la federación campesina no transformaba «la estructura
orgánica» de la CNT.471 Aquello venía a significar, por decirlo
claramente, que para los organismos dirigentes no
representaba una amenaza como la que hacía pesar sobre ellos
la idea de Peiró, que quería acoplarles las FNI a través de unos
«consejos de economía».

A lo largo de los meses siguientes, Solidaridad Obrera

abordaría la cuestión de un modo relativamente autocrítico.

469 V.C. (20 de agosto de 1932): «Rectificación que se impone».

470 S.O. (16 de octubre de 1930).
471 Ibid. (22 de octubre de 1930): «Acto en Gerena...».
Un editorial apuntaba que un defecto frecuente de los
militantes era «generalizar» en materia de organización;
convenía corregirlo. 472 Un artículo consagrado a «la
organización agraria» condenaba explícitamente «el clisé de
una propaganda y de unos métodos uniformes para los
trabajadores de la ciudad y del campo». 473 En Francia,
inmediatamente después de la Gran Guerra, La Vie Ouvriére
había dirigido aquel tipo de críticas hacia los propagandistas
que no sabían hablar a los campesinos.474 De cualquier modo,
en España, a medida que se acercaba el congreso de la CNT, los
catalanes expresaban sus preocupaciones. «La conquista del
campo», escribía Peiró, un objetivo necesario, debía tener en
cuenta la diversidad de la agricultura española. 475 Otro
militante afirmaba con mayor crudeza que ya no se podía,
como se había hecho en 1919, hacer «recaer en el campesino
andaluz la significación general del obrero de la tierra». 476 A su
regreso de un viaje a Aragón, Juan López estimaba que la
cooperativa de producción y consumo era la forma de
organización mejor adaptada a pueblos en que los pequeños
propietarios eran mayoría.477

Este era el estado de la reflexión cuando en junio de 1931 se

reunió el congreso del Conservatorio. El comité nacional había
incluido en el orden del día «la organización de los obreros de

472 Ibid. (11 de diciembre de 1930): «En torno a la Conferencia Nacional».

473 Ibid. (20 de febrero de 1931): «Temas sindicales. La organización agraria».
474 Gratton, p. 322.
475 S.O. (24 de marzo de 1931): «Opiniones. La conquista del campo».
476 Ibid. (1 de abril de 1931): «Temas de la Conferencia Nacional. La organización
campesina».
477 Ibid. (17 de mayo de 1931): «Impresiones del Bajo Aragón».
la tierra»; la comisión presentó una resolución bastante larga
sobre «la cuestión agraria y la organización de los trabajadores
de la tierra». Aquella nueva fórmula, significativa en sí misma,
era el producto de un método igualmente nuevo, ya que los
representantes de unas cincuenta organizaciones campesinas
de diferentes regiones del país se habían concertado entre
ellos, con el objetivo de encontrar una posición común.

El documento presentado por Oliva respondía bastante bien

a las preocupaciones expresadas en vísperas del congreso.
Tratando antes que nada cuestiones de organización,
recuperaba las propuestas de los jerezanos, introduciendo
como elemento nuevo la insistencia en la comunidad de
intereses entre campesinos asalariados y minifundistas. La
«perfección» de la organización consistía, pues, en coordinar la
acción de sus respectivos sindicatos, para de aquel modo
luchar mejor contra «el frente explotador constituido por el
capital usurero, comercial y financiero». Sin embargo,
conscientes de vivir «un momento decisivo de la historia social
de España», los redactores de la resolución se extendían
mucho más sobre la orientación que debían seguir los
sindicatos agrícolas de la CNT. Se trataba, efectivamente, de
articular mejor la indispensable lucha reivindicativa y la acción
revolucionaria capaz de hacer efectiva la socialización de la
tierra. Aquel documento hacía un análisis sucinto aunque
preciso de la diversidad del régimen de propiedad y de
explotación, distinguiendo tres conjuntos: la pequeña
explotación parcelada del norte y del este, el régimen mixto de
las Castillas y de Aragón y el latifundio meridional. Luego se
refería a las intenciones manifestadas por el gobierno
provisional de la República en cuanto a proceder a una reforma
agraria y a las declaraciones que Sánchez Dalp, un gran
propietario sevillano, acababa de realizar sobre el tema en el
diario El Sol; 478 ni unos ni otros auguraban nada bueno para la
población trabajadora del campo. Los «principios de una
estricta justicia social» imponían la puesta en marcha de una
«solución radical», formulada en cinco puntos. Los tres
primeros exigían la expropiación sin indemnización de todas las
grandes propiedades, la confiscación de sus instrumentos de
producción y la entrega en usufructo de ambas cosas a los
sindicatos campesinos, que los administrarían y explotarían
colectivamente. El cuarto tenía como objetivo aligerar las
cargas de los pequeños propietarios mediante la abolición de
los impuestos y las deudas. El último preconizaba la supresión
de la renta, tanto si era en dinero como en productos, que las
distintas categorías de arrendatarios pagaban al propietario.

Por su generalidad, estas consignas no constituían tanto un

programa stricto sensu como una plataforma de propaganda
concebida para un medio que se continuaba considerando
como refractario a «los hábitos de solidaridad colectiva». Por
ello, también el proyecto de resolución insistía reiteradamente
en la función pedagógica del sindicalismo campesino, que
debía hacer penetrar en las masas la idea de que una
agricultura colectivizada y autogestionada era conveniente
para sus intereses.

Sobre estas bases, la comisión de relaciones campesinas, con

sede en Jerez, estaba facultada para organizar en el plazo más
conveniente un congreso nacional de campesinos en Madrid,

478 El Sol (12 de junio de 1931).

además de trabajar para la reaparición de La Voz del
Campesino. 479

La breve discusión que siguió mostró que existía un amplio

consenso entre los representantes de las organizaciones
campesinas. Las únicas reservas concretas las expresó el
delegado de la industria azucarera de Zaragoza, que exigía la
desaparición de los medialistas, asimilados a los destajistas, y
deseaba la confiscación de los bienes comunales usurpados.
Algunos delegados andaluces hirieron valer que la resolución
era un retroceso respecto a las aspiraciones de los campesinos,
que consistían en «apoderarse de la tierra».480 La mayor parte
de ellos no podían hacer nada más que reconocer su carácter
realista, ya que habían estado asociados a su elaboración.
Pues, en efecto, únicamente las organizaciones sevillanas
(Carmona, Morón, La Rinconada y Lebrija) se habían mantenido
apartadas de las reuniones preparatorias. En aquéllas, por el
contrario, habían participado 19 organizaciones cordobesas, ya
federadas en el ámbito provincial, además de un apreciable
número de sindicatos gaditanos y federaciones comarcales de
Cataluña:481 se trataba, más o menos, de las mismas fuerzas
constitutivas de la FNOA, de modo que no había solución de
continuidad entre el trienio y la Segunda República.

La mayor parte de los delegados campesinos se mantenía fiel

a la orientación antilatifundista trazada inicialmente por los
fundadores de la Primera Internacional. No se trataba tanto de

479 CNT, Congreso 1937, pp. 310‒313.

480 Ibid., pp. 314‒316.
481 S.O. (31 de julio de 1931): «La organización nacional campesina».
la propiedad privada de la tierra como de la gran propiedad, y
el carácter «radical» de la solución propuesta por la CNT residía
esencialmente en el hecho de que, a diferencia de las otras
fuerzas políticas, excluía cualquier indemnización. La resolución
sobre las «reivindicaciones de carácter económico», luego
adoptada, volvería largamente sobre el tema. Al analizar,
apoyándose en cifras, los efectos de la crisis internacional en
los distintos países, subrayaba las particularidades de la
situación en España, donde «el excedente de brazos en las
ciudades, en las villas y en los campos, es en su totalidad de
origen campesino». La incapacidad de la burguesía para
sacrificar a «la aristocracia feudal y latifundista» hacía
inevitable la confiscación de las grandes propiedades, única
solución eficaz para elevar el poder adquisitivo de los
campesinos, crear nuevas industrias y, en una palabra, ampliar
el mercado interior. 482 En esta perspectiva, los sindicatos
podían jugar un papel eminente. Aquel punto se acababa de
tratar en el debate sobre las Federaciones Nacionales de
Industria. Viendo en ellas un riesgo de «centralización», un
delegado catalán, Alberola, defendía la idea de que, en las
comunas libres, el trabajo voluntario de los campesinos
bastaría para satisfacer las necesidades del consumo colectivo.
Interrogándose sobre lo que distinguía al anarquismo del
marxismo, el representante de ocho localidades cordobesas,
Aquilino Medina, dejaba entender que el sindicalismo era en
cierto modo equidistante de ambos, pues al desaparecer el
Estado era necesario encontrar un medio para «ordenar la
socialización de las cosas».483 Esta concepción se impuso y, en

482 CNT, Congreso 1931, pp. 349‒356.

483 Ibid., pp. 339‒340 (Alberola) y pp. 343‒344 (Medina).
este sentido, significaba en buena medida la revancha del
quincuagenario Oliva y, en general, de los dirigentes
sindicalistas de Jerez contra las decisiones que se les había
impuesto once años antes. En consecuencia, el congreso que se
les había encargado organizar se convertía en un campo de
batalla para los dos clanes que se disputaban el control de la
CNT.

Las alternativas a la reforma agraria: colectivizar, pero

¿cómo?

Dos congresos andaluces ‒el de la Regional de octubre de

1931 y el de la comarcal de Cádiz de enero de 1932‒ y un pleno
nacional, el de diciembre de 1931, permiten seguir las
fluctuaciones de la relación de fuerzas entre partidarios y
adversarios de una federación campesina autónoma. Todos
ellos se desarrollaron después de la publicación del Manifiesto
de los Treinta, que llevaba a la calle el desacuerdo entre los
dirigentes del movimiento anarquista respecto a la actitud que
se debía adoptar ante el nuevo régimen.

Desde este punto de vista, el congreso de Sevilla del día 13 al

17 de octubre de 1931 había marcado una clara recuperación
del control de la Regional andaluza por parte de los militantes
convencidos de que había sonado la hora de la revolución. Ello
se manifestaba, en primer lugar, por el rechazo categórico de la
idea de un estatuto de autonomía, pues éste levantaría una
nueva barrera ante la aspiración de los pueblos a librarse de
sus cadenas. Luego, con el aval de las organizaciones de
campesinos de Sanlúcar y Jerez, se tomó el acuerdo de crear en
todas las localidades unos «grupos o cuadros de defensa»,
encargados, «en íntima relación con los sindicatos», de
preparar la revolución social. 484 Estas votaciones iban a pesar
en gran medida sobre el desarrollo de los debates dedicados a
la «cuestión agraria».

Unos cuantos militantes campesinos de renombre, A.

Rosado, J. Ballesteros y J. Segovia, con el apoyo de los
representantes de la Construcción de Huelva y Córdoba, habían
preparado una larga ponencia. Se limitaba a desarrollar las
razones de la oposición de la CNT a los proyectos de reforma
del gobierno, siendo el último cronológicamente el de Alcalá
Zamora. Su característica consistía en parcelar la tierra
expropiable, con lo que resultaba bastante dudoso que se
consiguiese resolver «el pavoroso problema del paro forzoso».

La oposición de la CNT era, sin embargo, de orden

esencialmente político y los ponentes temían ante todo que
aquella parcelación, bajo el control del Estado, transformase de
hecho al obrero agrícola en pequeño propietario, acabando así
con todo su espíritu revolucionario y convirtiéndolo en un
enemigo de la clase obrera y sus sindicatos. La lección de la
experiencia rusa volvía a invocarse, pero concretándose en
aquel aspecto que había llevado a la instauración del
comunismo de guerra, es decir, al rechazo de los campesinos a
abastecer a las ciudades.485 Por ello, era preciso no excluir a

484 BCNT (noviembre de 1931), pp. 10‒11.

485 Histoire générale du socialisme, t. 3, pp. 25‒26, y Ellenstein, t. 3, p. 73.
nadie a priori del cultivo de la tierra, una vez que ésta hubiese
pasado al poder de los municipios.

El punto débil de aquel texto era que no comportaba ningún

dispositivo de acción, aparte de la referencia ritual a las
virtudes de la organización y de la propaganda. Sobre ese
aspecto versó sin duda «la larga y apasionada discusión» de la
que nada sabemos pero cuyo significado aparece a través de
las «ampliaciones» aportadas por Zimmermann, Peña y
Segovia. Ya bastaban las «declaraciones platónicas», precisaba
este último: tanto si era para contrarrestar los planes del
gobierno como para tomarle la delantera era necesario ir, sin
perder un solo instante, a la conquista de las municipalidades
mediante la huelga revolucionaria. En esta óptica, la función
reivindicativa de los sindicatos campesinos y su federación
cedía el paso a una función ante todo técnica de control del
trabajo y de formación del personal. El mandato recibido por el
comité de relaciones de Jerez se vio, por lo tanto, modificado:
más que un congreso, que resultaba superfluo, lo que
interesaba proponer al resto de Regionales era un pleno
nacional que se celebrase a lo largo del mes siguiente.486

La demanda de la Regional andaluza se satisfizo con cierto

retraso; a mediados de diciembre se dedicaron dos sesiones de
un largo pleno a la cuestión agraria; únicamente tres regionales
(Andalucía, Galicia y Cataluña) tenían una representación de
delegados campesinos, entre quienes se encontraban el
jerezano Ballesteros y Manuel Montilla, de Écija, que iban por
Andalucía. El gobierno, por su parte, se encontraba en un

486 BCNT (noviembre de 1931), pp. 12‒15.

callejón sin salida: la comisión parlamentaria acababa de
elaborar un proyecto de reforma que reducía
considerablemente la indemnización de los grandes
propietarios, lo que contribuía a endurecer la oposición del
Partido Radical. Pero, mientras los conservadores estimaban
que la reforma podía ser excesivamente socialista, los
anarquistas consideraban que el Partido Socialista había
cometido una traición. La crisis era de tal magnitud que ya no
era posible contentarse con medidas parciales. Y, liberando a
los campesinos, la socialización de la tierra podía ser el mejor
medio de favorecer el regreso al campo de los hombres de
origen rural, «que se volcaron sobre las ciudades causando un
daño enorme a sus hermanos».487 Desde hacía medio siglo el
argumento era idéntico: ¿cómo no establecer un paralelo entre
esta constante y la ausencia de una revolución industrial en
España?

Las conclusiones a que llegó el pleno recogían, con ciertas

modificaciones, la plataforma antilatifundista del congreso del
Conservatorio, pero todas aquellas que especificaban las
reivindicaciones propias de las distintas categorías no eran tan
radicales: los pequeños propietarios debían beneficiarse de
una reducción parcial de la fiscalidad y de una mayor
protección contra los embargos; los arrendatarios, de una
mejor defensa ante las expulsiones; y los jornaleros debían
obtener las mismas ventajas que el resto de asalariados. La
«síntesis» de las propuestas precisas, de las reivindicaciones
cifradas de las regionales, acababa en vagas consignas. Sobre la
reforma agraria, por el contrario, los dirigentes de la CNT

487 Ibid., (enero de 1932), p. 12.

adoptaron la solución que les sugirió la Regional andaluza: las
grandes fincas expropiadas y las tierras incultas se
municipalizarían y los municipios concederían su explotación a
los sindicatos de campesinos. Con ella se introducía en el plan
aprobado seis meses antes el eslabón suplementario del
municipio, algo perfectamente lógico desde el momento en
que se excluía del proceso de redistribución cualquier
intervención del Estado.

Pero aquella solución de coherencia con los postulados

doctrinales eliminaba lo que los activistas acababan de hacer
aprobar en el congreso de Sevilla: un movimiento de
apropiación por la fuerza. Por lo demás, la voluntad de llegar a
una transacción entre distintas corrientes conducía a los
dirigentes de la CNT a incorporar en su dispositivo la idea
desarrollada por Souchy, es decir, que los sindicatos debían
fomentar la creación de cooperativas de producción y
consumo. Éstas últimas aparecían, efectivamente, como el
modo más adecuado de preparar progresivamente a los
pequeños propietarios para una explotación de tipo
comunitario. Paradójicamente, los herederos de la Primera
Internacional «antiautoritaria» recogían así por su cuenta una
forma de organización del trabajo que los fundadores habían
considerado reformista...

Dicho esto, la cuestión de la Federación Nacional de

Campesinos quedó en suspenso. Los jerezanos no habían
recibido dinero de sindicato alguno y únicamente los
campesinos del Levante se declaraban dispuestos a constituir
su regional, pero la delegación gallega no estaba facultada. Se
hizo lo que más prisa corría y se acordó que el comité de
relaciones campesinas se quedaría en Jerez a la espera del
siguiente pleno, lo que equivalía a decir que todo quedaba en
la provisionalidad.

Un mes más tarde, José Ballesteros rendía cuentas de los

resultados del pleno ante los representantes de los
trabajadores agrícolas de la comarca de Cádiz, reunidos en
Jerez los días 17 y 18 de enero de 1932 en el primer congreso
que se celebraba a aquel nivel desde el advenimiento de la
República. Una veintena de delegados de los 31 presentes
representaban a las catorce organizaciones gaditanas afiliadas
a la federación comarcal. También había cinco que habían
acudido a título de observadores, procedentes de la provincia
de Málaga, dos de los cuales eran de la UGT y tres de los
grupos anarquistas de Jerez (entre los que se encontraba José
Guerrero); además, había un miembro del comité regional.488
La federación comarcal afirmaba de este modo su vocación de
reunir con independencia de la afiliación a una u otra central
sindical, con el objetivo de facilitar, como en los tiempos de la
FNOA, la ligazón orgánica con la CNT. Pues, efectivamente, ya
no se trataba de organizar un congreso campesino a nivel
nacional, y Ballesteros aseguró que la FNC se constituiría en el
congreso ordinario de la CNT que estaba previsto para la
primavera.

Por todo ello resultaba oportuno que el congreso se dedicase

a preparar el futuro. Y, ante todo, educar, para evitar que «la
obra de los padres la destruyesen los hijos», como recordaron
con fuerza los veteranos Diego Martínez y F. López, a los que se

488 Memoria del primer congreso comarcal..., 1932, p. 6‒8.

añadió el joven M. Cordón. Este último, en cualquier caso, veía
bastante lejos, como lo confirma su proyecto de organización
de la producción agrícola para cuando la revolución se hubiese
impuesto por la fuerza. Las tres formas de explotación de la
tierra ‒«individual, comunal y sindical o colectiva»‒ podrían
coexistir armoniosamente, sin atentar en lo más mínimo contra
la libertad de cada uno. El objetivo era ciertamente la
constitución de grandes unidades de producción, «colonias»,
compuestas por varios millares de hectáreas, administradas
por unos consejos, las «juntas». Pero éstos debían rendir
cuentas regularmente de su actividad ante una instancia
superior, el Consejo Local de Producción, cuyas asambleas
comprenderían igualmente a los representantes de los
productores independientes y de las comunidades ‒las
«comunas»‒.116 De este modo podría establecerse cada año
qué tipo de explotación ofrecería los mejores resultados.
Comparado con los plenos anteriores, el proyecto de Cordón
excluía el monopolio sindical en el usufructo de la tierra. La
colectivización sería progresiva y su eficacia estaría controlada
por un colectivo más amplio que el de cada unidad de
producción. La experimentación, en resumidas cuentas,
constituiría la regla. Una orientación como aquélla podía
tranquilizar a los minifundistas, a los que se les garantizaba la
existencia durante un período indeterminado aun cuando no se
renunciaba a convencerles de las virtudes del trabajo asociado.
Pero no se planteaban las cooperativas y no se decía nada de
las «comunas», ni de su formación ni de su funcionamiento.

En cuanto a los campesinos proletarios, tenían

preocupaciones más inmediatas. Volvía a plantearse el
interrogante sobre si convenía unificar el salario mínimo en
toda la comarca y durante todo el año. El congreso del
Conservatorio había decidido estudiar el establecimiento de
una tasa por cada región. En el pleno de diciembre, la
delegación andaluza había pedido 7 pesetas en invierno, 8 en
verano y 3,50 para los jóvenes. Algunos de los militantes
reunidos en Jerez habían comprendido mal, creyendo que se
trataba de establecer un salario único, lo que, a su entender,
presentaba muchos inconvenientes. Ballesteros les aclaró el
caso, añadiendo que determinar un mínimo no era más fácil,
debido a las diferencias entre los campos y las tierras altas. La
solución podía consistir en reducir la escala salarial de modo
que se pudiese presentar una plataforma común para todas las
secciones en el mismo día. Éstas deberían confeccionar
previamente las suyas y el ejecutivo de la comarcal llevaría a
cabo su síntesis.

Ballesteros sugirió también la elaboración de una plataforma

válida para varios años; con ello, se reducirían los conflictos del
trabajo y la organización podría ocuparse de temas de mayor
importancia... Sin embargo, en aquellos momentos la base
parecía más preocupada por regular la atribución de socorros a
los trabajadores transeúntes y garantizar el derecho al trabajo
de los obreros agrícolas andaluces ante la competencia de los
segadores portugueses.489

Una vez más, en aquel congreso se puso en evidencia la

extrema dificultad que experimentaba el anarcosindicalismo
para conectar la acción reivindicativa con una estrategia
revolucionaria.

489 Ibid., pp. 25‒30.

 Este problema de orden general, insoluble en el nivel de la
comarca, hipotecaba la influencia que los militantes podían
ejercer en su medio. Un caso flagrante fue el de La Voz del
Campesino.

Puesto en cuestión por M. Cordón y los delegados de los

grupos, que criticaban su moderación, su director, Oliva,
presentó la dimisión, pero todos los militantes que sonaron
como posibles sucesores se retiraron. 490 Y luego, cuando se
tuvo que designar a los propagandistas, se enfrentaron dos
puntos de vista: M. Cordón propuso que fuesen responsables
de organizaciones locales, mientras que el comité regional
estimaba que aquella misión le correspondía por definición; el
veterano Diego Martínez era de aquella opinión, porque
consideraba que la época de «la propaganda llamada entre
nosotros “de alforjas”» ya había concluido. Finalmente, se
acordó la designación de M. Cordón y un militante de
Chiclana...

Los jerezanos a la defensiva

La FNC todavía no se había constituido un año después de la

proclamación de la Segunda República. La iniciativa de los
jerezanos no había obtenido un sólido apoyo por parte del
comité nacional, que estaba excesivamente dividido como para

490 Ibid., pp. 12‒18. La colección de La Voz del Campesino conservada en

Ámsterdam empieza sólo con el número del 2 de julio de 1932.
construir el movimiento de masas que los «treintistas»
consideraban indispensable para el éxito de la revolución.
Excluido Pestaña, la nueva dirección dominada por los faístas
impuso, a partir del pleno de abril, su orientación subversiva.
Ya sabemos que Mendiola se alió a aquella política con toda
claridad y en nombre de la Regional andaluza. Su intención de
«enlazar» orgánicamente a los sindicatos agrícolas e
industriales en el seno de poderosas federaciones provinciales
también se inscribía en el marco de aquella estrategia.491 Esto
constituía, en cierto modo, un estorbo para la constitución de
la FNC, cuyo elemento de base seguía siendo, a ojos de los
sindicalistas campesinos, la comarca. Pero la fuerza numérica
de la CNT en la provincia de Sevilla era tal, que los dirigentes
andaluces se vieron llevados a erigirla como pieza maestra de
su dispositivo contra la pretensión del Estado de
institucionalizar la negociación colectiva en organismos
paritarios: «los jurados mixtos del trabajo rural», y lo que es
más, a ejercer un arbitraje.

Un análisis comparado de las negociaciones en las provincias

de Sevilla, Córdoba y Cádiz y de los conflictos que las jalonaron
muestra con bastante claridad que los dirigentes de la Regional
andaluza se preocuparon menos por obtener los mejores
resultados posibles que por hacer doblegarse al gobierno.
Cronológicamente, la negociación se inició en Sevilla. La CNT,
que reunió a su primer congreso provincial, estaba elaborando
su plataforma reivindicativa y rechazó participar en las
reuniones del jurado mixto. 492 Pese a todo, el arbitraje del

491 BCNT (mayo de 1932), pp. 18‒19: «Informe de la Regional de Andalucía y

Extremadura».
492 Pascual Cevallos, pp. 74‒76.
gobernador civil daba más bien satisfacción al conjunto de las
organizaciones sindicales: primero, porque fijaba salarios
superiores a los propuestos por los patronos; y, sobre todo,
porque limitaba parcialmente la utilización de las máquinas en
los trabajos de la siega y no incluía normas de rendimiento.
Estos dos últimos puntos se vieron vivamente atacados por la
organización patronal. A pesar de ello, los dirigentes
anarquistas de Sevilla, ocupando el lugar del comité regional,
confirmaron la consigna de huelga, lo que no sólo provocó una
prueba de fuerza con el gobierno, sino que también se situó en
el origen de las peripecias que culminaron con la destitución de
Mendiola.493

Entre tanto, en Córdoba, se reunió el jurado mixto, también

sin la participación de la CNT. A falta de un acuerdo entre las
partes, los altos funcionarios de los ministerios de Agricultura y
Trabajo impusieron un arbitraje que resultó menos
satisfactorio para los trabajadores: la duración de la jornada de
trabajo era mayor (8 horas en lugar de 7); los propietarios,
cualquiera que fuera la forma de explotación de la tierra,
podían disponer libremente de sus máquinas; además, y
aunque fuese bajo una formulación general, se introducía la
noción de rendimiento.494 Apenas concluido aquel arbitraje, el
gobernador civil procedió al arresto preventivo de los
dirigentes de la federación provincial de la CNT, con el objetivo,
según dijo, de evitar que se solidarizase con la huelga lanzada
por los sevillanos. Fue entonces cuando el secretario de aquella

493 Ibid., pp. 76‒83; se ignora la responsabilidad de los faístas en el fracaso de la

huelga.
494 Pérez Yruela, pp. 315‒328 y 330‒331.
federación, Pedro Algaba, tomó una iniciativa que se volvió en
su contra. En una carta publicada por un diario local declaraba
aceptar, como había hecho el año anterior, el hecho
consumado y rogaba al gobernador que liberase a los
militantes detenidos a cambio del compromiso de mantener la
paz social en la provincia. A sus ojos, lo esencial era
salvaguardar la organización y lo logró, aunque se vio
«expulsado» poco después del comité provincial, prefigurando
así la suerte que luego le estaría reservada a Mendiola. 495

En Cádiz, las cosas se presentaron de modo distinto. La

provincia se había dividido en tres zonas: Jerez, la sierra y el
campo de Gibraltar. En Jerez, la CNT podía ‒sin cargas de
conciencia y conforme a una práctica ya antigua‒ tratar
directamente y en igualdad de condiciones con los
representantes patronales. La llegada de un alto funcionario de
Madrid y la obligación de establecer un contrato comarcal no
parecían constituir obstáculos mayores. Y, a diferencia de lo
que sucedía en otras partes, la delegación obrera estaba
compuesta exclusivamente por militantes anarcosindicalistas:
los responsables de las organizaciones locales de Medina
Sidonia, Arcos, Sanlúcar y Jerez que acompañaban al veterano
Diego Martínez, secretario de la federación comarcal. La
negociación comenzó justo en el momento en que se
descubrían depósitos de armas en el campo sevillano; a pesar
de aquella coincidencia, las cosas se desarrollaron con
normalidad y, en menos de ocho días, ambas partes llegaban a
un acuerdo. Conforme a las instrucciones oficiales aquel

495 Ibid., pp. 314‒315 (carta de Algaba). La Tierra (27 de mayo de 1932): nota de la
Federación Local de Córdoba.
acuerdo, como en Córdoba y Sevilla, se limitaba a los trabajos
de la siega. No regulaba la utilización de las máquinas, aun
cuando precisaba muy detalladamente los horarios y las
remuneraciones de sus operarios. Y, sobre todo, introducía una
norma de rendimiento que ligaba el monto del salario al
mínimo de trabajo que cada día debía aportar el segador. Esta
disposición, que fue objeto de un regateo entre ambas
delegaciones, fue finalmente aceptada en el curso de una
asamblea general de la AGTA, que veía reconocida su
representatividad por parte de las organizaciones patronales;
también se comprometía, como ya había hecho en 1918, a
someter las diferencias a una comisión paritaria. 496

Comparado con los acuerdos concluidos antes de la

República, el de mayo de 1932 parecía un buen compromiso,
ya que los obreros obtenían el pago semanal de su salario y el
permiso de volver a casa ‒la «vestida»‒ cada diez días (en lugar
de quince). Sin embargo, todo sucedía como si los dirigentes de
Jerez ignorasen la incidencia que podían tener en su base el
movimiento de huelga de los campesinos sevillanos y la
llamada a la huelga general que acababa de lanzar el comité
regional. Fue en aquel momento cuando la dirección de la
AGTA se vio desautorizada y obligada a la dimisión, mientras
Diego Martínez abandonaba sus funciones de secretario de la
federación comarcal. Aquel cambio en la situación no acarreó,
sin embargo, la interrupción de la siega. Pero, con clara
hostilidad hacia las normas de rendimiento, los obreros
agrícolas iniciaron una huelga intermitente. Sus representantes
exigieron que se reemprendiese la negociación, que se

496 Guad., (19, 21 y 22 de mayo dee 1932).

circunscribiese únicamente al territorio de Jerez y que
alcanzase, como era ya tradición, un convenio anual.497 Pero, al
rechazar el gobierno aquellas pretensiones, se llegó
inevitablemente a un conflicto, que estalló en condiciones
desfavorables, ya que por toda la región se habían acabado las
huelgas agrícolas y, además, las autoridades hicieron llegar de
las tierras altas de la provincia al contingente reglamentario de
jornaleros que permitía la normal continuidad de la siega.498 El
Guadalete estimaba, en su edición del primero de julio, que la
huelga estaba virtualmente acabada. Reunidos en asamblea
extraordinaria, los campesinos de Jerez decidieron volver al
trabajo en las condiciones propuestas por el alcalde: liberación
de los detenidos, reapertura de los centros obreros y garantías
ante eventuales represalias patronales. Era lo que Pedro
Algaba había obtenido en Córdoba evitándose la huelga...

De aquellas luchas llevadas a cabo en orden disperso se

podían sacar algunas enseñanzas. Las direcciones se veían
demasiado absorbidas por sus problemas internos como para
estar en condiciones de hacerlo. Por ello el pleno comarcal de
Jerez, celebrado a principios de agosto, se opuso a los
negociadores, que se parapetaron detrás del mandato recibido
de la base, con sus críticos, que subrayaban las insuficiencias
del acuerdo firmado.499 Ni tan siquiera se hizo referencia a la
cuestión de la FNC. Los militantes menos implicados en las
huelgas recientes fueron los que volvieron a plantearla.

497 AMJ, legajo 3356. S.O. (28 de junio de 1932): AGTA.

498 AMJ, legajo 289 (3).
499 S.O. (14 y 28 de agosto de 1932).
 La FNC cuestionada

A fines de julio, A. Rosado abrió la discusión en las páginas de

La Voz del Campesino. 500 Allí reafirmó su convicción de que «la
organización del obrero del agro ha de ser el eje a cuyo
alrededor gire todo el movimiento del proletariado».

Estos obreros, precisaba, eran «todos aquellos que

cultivaban la tierra con sus propias manos», tanto si eran
simples asalariados o colonos. Luego, seguía con las
responsabilidades de los anarquistas en la difícil situación que
atravesaba su organización y el propio campesinado desde el
advenimiento del nuevo régimen. Su crítica se basaba en los
mismos términos que la de los «Treinta» respecto al
vocabulario y la gesticulación revolucionarios: ¿se trataba de
una simple coincidencia? Ante sus adversarios, utilizaba el
conocido argumento según el cual cada pueblo tiene el
gobierno que merece: si no hubiese reinado «un cierto espíritu
mesiánico» entre las masas, no habría sido posible «la
dictadura republicana». Para concluir, se pronunciaba por la
rápida celebración de un congreso nacional de campesinos,
pues no se podía esperar nada en aquel sentido de los
congresos de la CNT, como la experiencia ya había probado en
numerosas ocasiones.

Oliva intervino a su vez con una serie de artículos en los que

500 V.C. (23 de julio de 1932): «Insistiendo. Sobre la FNC».

exigía una «rectificación» de la conducta seguida después del
congreso del Conservatorio.129 De un modo más explícito que
el propio Rosado, ponía en tela de juicio «la interminable serie
de movimientos, de huelgas de carácter local, aisladas y
esporádicas, sin preparación ni cohesión entre sí y en cierto
modo caprichosas, y... los repetidos conatos de movimiento
revolucionario sin ninguna base sólida». «Hacer la revolución
suponía que el pueblo estuviese preparado; sin embargo, no lo
estaba». «Un enorme caudal de energías» se había
desperdiciado en vanas querellas y los campesinos perseguían
quimeras. Oliva no ignoraba la diversidad de aspectos que
presentaba la agricultura española; pese a ellos, había un
fondo común: el derecho de propiedad privada de la tierra.
Oliva tampoco pretendía que, por su simple existencia, la
Federación Nacional de Agricultores y una plataforma «clara y
concreta» hubiesen bastado para ir hacia la conquista de la
tierra; pero, al menos, hubiesen permitido imprimir a la
cuestión agraria una orientación más conforme con los
intereses del campesinado.

Una vez que el debate estuvo en marcha, los faístas tomaron

parte en él. Tras afirmar contundentemente el papel dirigente
de la FAI en el movimiento anarquista, Zimmermann se
pronunció en favor de una «federación regional andaluza de
campesinos»: indispensable para conducir las luchas bajo el
régimen capitalista, podría eventualmente sentar las bases de
una «economía proletaria» en el comunismo libertario. 501 La
posición mejor argumentada procedía, sin embargo, de un
militante que se presentaba con el seudónimo de Floreal del

501 Ibid., n.° 50: «De la organización campesina».

Campo.502 Partía de la base de que la indispensable lucha de los
asalariados para protegerse de un incierto futuro no siempre
gozaba de la comprensión de los minifundistas, llegando
incluso a parecerles contradictoria con sus intereses. Aquellos
campesinos estaban influenciados por los partidos y las
cámaras agrícolas, no irían espontáneamente a la CNT.
Convenía proponerles medios prácticos para mejorar su suerte;
en consecuencia, era necesario concebir de otro modo la
Federación Nacional de Campesinos. No debía limitarse a
agrupar a los sindicatos, sino que su mejor alternativa era
construir tantas formas de organización como funciones por
cumplir en la nueva agricultura: comités de relaciones, de
estadísticas, de producción y consumo e incluso, a semejanza
de lo que hacían los jornaleros, comités de explotaciones o de
grandes propietarios ‒los «comités de cortijos o
hacendados»‒. En ello radicaba, creemos, un esbozo, todavía
confuso, de una solución alternativa a una organización
burocrática de la producción agrícola, tanto si ésta dependía
del Estado como si estaba controlada por los sindicatos.

La discusión se prolongó a través de las páginas de La Voz del

Campesino hasta el otoño, sin llegar a una conclusión. Durante
aquel tiempo, los dirigentes de las organizaciones campesinas
iban negociando, con resultados variables, las modalidades de
contratación y de remuneración de la recogida de las
aceitunas. Algunos, como Rosado, obtenían para el sindicato el
monopolio de la contratación y la presencia en las cuadrillas de
delegados, encargados de verificar la aplicación de los

502 Ibid. (26 de noviembre de 1932): «Por la FNC».

acuerdos.503 En otras partes, como en Écija, el rechazo que los
trabajadores oponían a las condiciones establecidas por el
jurado mixto conducía a una prueba de fuerza.504 El órgano de
la CNT, Solidaridad Obrera, valoraba los éxitos y ponía de
manifiesto los actos de rebelión, como, por ejemplo, la actitud
de aquellos vecinos de un pueblo de la provincia de Cádiz, que
incendiaron las cabañas de los aparceros y pequeños
arrendatarios; ¿acaso estos últimos no se dedicaban a
entorpecer la marcha de los «parias» hacia su liberación?505

Unas pocas semanas más tarde, la sangrienta represión de

Casas Viejas iba a procurar a los profesionales de la palabra
escrita la materia prima para inflamados artículos. Federica
Montseny y un redactor de CNT trasformaron un combate de
retaguardia en una epopeya ejemplar. Como después del
motín de Jerez de 1892, la imagen ritual del fuego purificador
alentaba el espíritu de los activistas. ¿No constituía aquello una
confesión de impotencia?

Cambio de rumbo: ¿hacia una Regional campesina?

Sin embargo, en la base se medían mejor los límites de la

espontaneidad. En un artículo de Tierra y Libertad, M. Cordón

503 Rosado, pp. 67‒70 y 81‒83.

504 Pascual Cevallos, p. 83. S.O. (15 de noviembre de 1932): «Las luchas campesinas
en Andalucía».
505 S.O. (23 de octubre de 1932): «Gestos de insurgencia».
subrayaba la necesidad de los militantes de la FAI de «orientar»
correctamente al pueblo, si no querían quedar «aplastados por
una avalancha».

Los «viejos luchadores» debían mostrarse comprensivos con

los jóvenes, y estos últimos debían demostrar que eran capaces
de actuar de acuerdo con sus principios.506 Dos meses más
tarde, con ocasión de los congresos de Jerez y Sevilla, Cordón
demostraría lo que escondían aquellas sibilinas propuestas.

Los días 17 y 18 de marzo de 1933, en presencia de 22

delegados que representaban a 16 localidades y 20.000
afiliados, la federación comarcal de Jerez se reunía en un
congreso. 507 Se había reforzado numéricamente y por esa
misma razón debía solucionar los problemas de dirección y
orientación que habían quedado en suspenso después de la
dimisión de Diego Martínez.

La Voz del Campesino había visto interrumpida su publicación

desde principios de enero; el congreso decidió, por
unanimidad, reemprenderla, pero separando a los jerezanos de
la dirección; el periódico sería a partir de entonces el órgano de
la Regional de Campesinos, que se debía constituir en el
congreso de Sevilla. Dicho de otro modo, la idea de una
federación nacional se había abandonado.

En la medida en que podemos opinar a partir de la recensión

‒extremadamente connotada‒ que dejó Cordón, el congreso
se vio dominado por el sindicato de viticultores de Jerez, uno

506 T. y L. (13 de enero de 1933): «Para unos y para todos».

507 CNT (21, 23 y 24 de marzo de 1933).
de cuyos dirigentes, Juan Ortiz Romero, secretario interino de
la federación comarcal, quedó confirmado en sus funciones a
iniciativa del propio Cordón; sin embargo, se decidió que no
recibiría remuneración alguna. Las distintas propuestas e
intervenciones de aquel sindicato mostraban, por otra parte,
que no se comportaba como un aliado incondicional de los
faístas. Él mismo había propuesto el nombre de Oliva para
representar a la federación en el congreso regional, al
considerar que reunía las cualidades requeridas para
«orientar» a la Regional Campesina; pero la delegación de
Arcos objetó que Oliva no trabajaba la tierra desde hacía
muchos años. Otras delegaciones le opusieron la candidatura
de Cordón, quien hizo aprobar finalmente la designación de
Ballesteros, quizá para obligarle a explicar su defección al
producirse la huelga de mayo de 1932, dirigida por los
sindicatos sevillanos; hoy en día, resulta extremadamente
difícil discernir cuáles eran las segundas intenciones de unos y
otros...

Regresando al tema de los jerezanos, las cosas sucedían

como si, desembarazados de la dirección de la Regional,
uniesen sus esfuerzos para encontrar soluciones prácticas e
inmediatas a problemas concretos. Los viticultores apoyaron
una propuesta de la AGTA, que tendía a resolver positivamente
el problema de la contratación por medio de la designación de
delegados, encargados de verificar en el propio lugar de
trabajo que ningún trabajador fuese contratado por un patrón
al margen del sindicato local. Apoyados a su vez por los
delegados de la organización campesina, defendieron más
tarde la necesidad de los sindicatos de establecer sus propias
estadísticas de la producción agrícola, de sus costes y sus
rendimientos, con el propósito de controlarla mejor «aun
dentro del mismo régimen capitalista», precisaban. Por lo
demás, los jerezanos no se podían sentir molestos por la táctica
que Cordón había hecho adoptar para la siguiente negociación:
plataformas locales, presentación simultánea y cese
coordinado del trabajo. En cualquier caso, hicieron añadir al
objetivo de la jornada de 6 horas la fijación de un salario
mínimo y válido para toda la comarca.

Cuando el congreso ya tocaba a su fin, la delegación de

Sanlúcar de Barrameda hizo peligrar la unicidad de criterios
que hasta entonces había prevalecido. Esa delegación
pretendía que una comisión surgida del congreso allanase las
fricciones que oponían en el seno de la organización local a los
«pajarracos» y a las «tórtolas». Cordón, que hasta entonces
había hecho prueba de una gran capacidad diplomática,
cambió bruscamente de tono. Era necesario hablar claro, decir
que el problema planteado era el del papel de la FAI ante los
moderados. El método correcto para solucionarlo era que los
militantes afectados, y únicamente ellos, se encargasen de ello,
aunque sólo fuera para aclarar los malentendidos, pues era
evidente que no había entre ellos ni disidentes ni provocadores
manifiestos: la alusión a los «treintistas» y al apoyo que habían
recibido de los sindicatos de Sabadell era transparente. Todo
quedó así, pero el incidente no dejaba de ser significativo. A la
apertura del congreso, los delegados habían tenido
conocimiento de una carta, en la que numerosos militantes
encarcelados los ponían en guardia contra «los apóstatas».
Aparentemente, aquello no había sido suficiente para hacer
callar a aquellos que, como los delegados de Trebujena y
Medina, continuaban imputando a la FAI «tácticas erróneas».
 El estado de ánimo dominante en el congreso regional era
muy distinto y los esfuerzos prodigados por los líderes de la FAI
de cara a imponer sus tesis ya han sido analizados en el
capítulo precedente. Se trata ahora de mostrar que la línea
adoptada en Sevilla reducía en mucho el alcance del voto
unánimemente favorable a la constitución de una Regional
campesina autónoma. Se caracterizaba como una línea
puramente negativa, de rechazo categórico a la política social y
agraria del gobierno de Azaña. Ni tan sólo recogía la intención
declarada en octubre de 1931, de apoderarse de los
Ayuntamientos en los pueblos. Todas las luchas parciales se
veían globalizadas, subordinadas a una gimnasia revolucionaria
que, en opinión de los cerebros de la FAI, acabaría por derribar
al régimen.

Los representantes de las comarcales de Jerez, Ronda y

Morón habían conseguido fácilmente hacer adoptar, en sesión
plenaria, su proyecto de construcción de una Regional
campesina.508

Tal proyecto seguía estando fundamentado en la

sindicalización de los campesinos asalariados y la constitución
inmediata de federaciones comarcales que reagrupaban a las
localidades rurales sobre la base de sus afinidades agrícolas. En
el ámbito del municipio, el organigrama se vería completado
con secciones de colonos; y, en las grandes localidades rurales,
que contaban con núcleos de hábitat disperso, «“distritos
rurales” o, lo que es igual, “secciones de campesinos”»,
quedando los unos y las otras ligados directamente a sus

508 Ibid. (29 de marzo de 1933).

sindicatos respectivos. Se preveía explícitamente una ayuda
material y humana para aquellas secciones aisladas.509

Pero, para llevar adelante ese proyecto, se siguió el mismo

método que en el congreso nacional de junio de 1931, y los
delegados de las 80 organizaciones campesinas ‒que
representaban cerca del 40 por 100 del total‒ mantuvieron
para ello reuniones por separado. Una comisión de seis
miembros, en la que no había ningún jerezano, preparó una
resolución; estaban, sin embargo: Rosado y otros significados
anarquistas, como B. Montilla, de Castro del Río; J. Segovia, de
Jimena de la Frontera; y el faísta Cordón.

Un «comité provisional de relaciones campesinas» quedó

encargado de preparar un congreso regional que, en la medida
de lo posible, debía tener lugar antes del comienzo de la siega.
Se trataba de preparar una acción conjunta de tipo
reivindicativo y el comité provisional debía conservar la plena y
exclusiva dirección.

Pese a ello, la resolución precisaba las precauciones que se

debían tomar en el aspecto organizativo: se debía evitar el
desmembramiento de las estructuras interprofesionales
existentes, sindicatos únicos y de oficios varios, y no disociar de
la confederación más que «las organizaciones netamente
campesinas», pues «la autonomía» no tenía que «degenerar en
independencia».510

509 Ibid. (31 de marzo de 1933): «Necesidad de la Federación Campesina».

510 Ibid. (3 de abril de 1933): «Segunda Asamblea de Campesinos para organizar la
Federación Regional de Campesinos».
 En esta óptica, la elección de Utrera como sede del comité
provisional era, sin duda, juiciosa. Era una gran aglomeración
rural, no demasiado alejada de los campos y las tierras altas de
«la banda morisca» y del bajo Guadalquivir, lo cual le permitía,
teóricamente, cumplir el papel de coordinadora de las luchas.
También estaba lo suficientemente cerca de Sevilla como para
seguir, contrariamente a lo que habían hecho los militantes de
Jerez, las directrices del comité regional. Éste, en la discusión
sobre las cuestiones de propaganda, hizo prevalecer su punto
de vista ante el de Jerez: La Voz del Campesino no debía
reaparecer sino fusionarse con Solidaridad Proletaria, pues era
inconcebible que la Regional andaluza no tuviese un
periódico. 511 Era como decir que, al privar a su organización
campesina de un medio de expresión propio, se eliminaba
cualquier riesgo de desviación. El delegado de la comarcal de
Jerez lo había visto claramente: había todavía muchos
obstáculos que salvar antes de ver el nacimiento de una
federación campesina.512

El comité provisional instalado en Utrera no se había

manifestado todavía cuando la asociación de trabajadores
agrícolas de Jerez decidía, por su cuenta y riesgo, ir a la huelga
y ‒lo que resultaba menos habitual por su parte‒ forzar a la
patronal, amenazándola con ocupar las grandes propiedades y
cultivarlas.513 En caso de estar coordinado, aquello podía ser el
inicio de un movimiento auténticamente revolucionario. Pero

511 S.O. (6 de abril de 1933): «Plan de reorganización y propaganda».

512 Ibid. (4 de abril de 1933), temas 12, 13 y 16.
513 Ibid (21 de abril de 1933): Jerez. CNT (28 de abril de 1933): «Primera circular
del Comité provisorio».
no lo fue en absoluto, por causa de la obstinación de los
dirigentes anarquistas, empeñados en desencadenar huelgas
contra el gobierno; unas huelgas antipolíticas en el pleno
sentido de la palabra: la del 8 de mayo, concretamente, tuvo
graves secuelas, entre las que cabe destacar el agravamiento
de la represión contra la CNT, la paralización de sus sindicatos
campesinos y el impedimento a los militantes de Utrera de
cumplir su mandato.514 Era el mejor método para engrosar las
filas de la organización rival, la UGT, cuya organización rural, la
FNTT, reforzada por su participación en los jurados mixtos, iba
a tomar el relevo de un anarcosindicalismo desfallecido en las
provincias de Sevilla y Córdoba, quedando como excepción
‒como era de esperar‒ los campos de Jerez.

Los intereses se habían desplazado ligeramente en relación

con el año anterior. El tema más importante para la burguesía
agraria seguía siendo el rendimiento, tanto más cuanto era
probable que la cosecha fuese mediocre. Sin embargo, y ante
la dificultad de hacer que los trabajadores respetasen unas
normas precisas, esta burguesía tendía cada vez más hacia la
mecanización de la cosecha, rechazando categóricamente que
ésta se regulase. Para el proletariado agrícola, la reivindicación
fundamental iba a ser a partir de entonces el reparto del
trabajo, por la extensión del paro y el retraso de la reforma
agraria. En consecuencia, sus organizaciones exigían una
limitación más severa del empleo de la maquinaria y, bajo
distintas formas, la prioritaria contratación de mano de obra
local; junto a ella, se buscaban disposiciones que, de modo
indirecto, pusieran en tela de juicio la reconocida libertad del

514 CNT (2 de octubre de 1933): El Comité Provisorio.

propietario a explotar sus tierras a su antojo. Los poderes
públicos, por medio de los gobernadores civiles, dieron en
conjunto satisfacción a las reivindicaciones sindicales: se
estableció un mínimo en los porcentajes que debían reservarse
para la siega manual. Pero, frente a una CNT muy debilitada y a
una UGT aun muy legalista, la burguesía agraria, mejor
cohesionada y más tenaz, podía permitirse no aplicar un
reglamento que no aceptaba.515 A falta de una organización
unificada, el proletariado agrícola no podía oponerse más que
de un modo disperso, como siempre.

Pero la importancia que se dio a la utilización de máquinas

durante la cosecha había ocultado el hecho de que, por vez
primera, las condiciones de trabajo establecidas en el marco de
los jurados mixtos estaban sujetas a una regulación anual.
Ahora bien, apenas nombrado, el gobierno Lerroux la
derogaba. Justo antes de la cosecha de la aceituna, llegaron
noticias de militantes anarcosindicalistas de Arcos y, sobre
todo, de Morón, que ponían en evidencia la voluntad de la
burguesía agraria de pasar a la contraofensiva. Ésta
cuestionaba cada vez más el principio del contrato colectivo,
las tarifas de los salarios fijados en otoño de 1931 y las seis
horas de trabajo diario. Las delegaciones obreras hacían
concesiones, especialmente respecto al trabajo a destajo, pero
lo cierto es que las negociaciones se rompían generalmente
por la intransigencia patronal.516 Era una amarga experiencia
para aquellos militantes de la CNT que no habían cesado, aun a
contracorriente, en la acción directa contra el capital,

515 Guad. (12 de junio de 1933), bases de trabajo. CNT (19 de julio de 1933): AGTA.
516 CNT (3 y 30 de octubre, y 20 de noviembre de 1933).
manifestando así, con su práctica, su desacuerdo con la política
de «todo o nada» de su dirección. La experiencia se prolongaría
durante dos largos años, pero no sería del todo inútil.

El callejón sin salida

El relanzamiento del proyecto non nato de la federación

campesina data de fines de 1935. La ruptura entre la derecha
clerical y el radicalismo conservador ya se había consumado,
pero la situación política no se clarificó realmente hasta
mediados de diciembre, con la formación del gobierno Portela
Valladares y la decisión de Alcalá Zamora de disolver las Cortes.
Probablemente por aquella razón la reconstitución de un
«comité regional de relaciones campesinas» no se anunció
hasta el cambio de gobierno.

En aquella ocasión, la iniciativa también llegaba de la baja

Andalucía, aunque de la organización campesina de Morón de
la Frontera. Sus dirigentes indicaban que después de un
intercambio de puntos de vista con el comité regional de
Sevilla, les parecía la situación propicia para celebrar un
congreso constituyente de la Regional campesina. En términos
casi idénticos a los de la resolución votada en marzo de 1933,
volvían a señalar la necesidad de reunir a los minifundistas y
proponía para ello distintas modalidades. Poco después un
militante de La Rinconada confesó sentir la misma
preocupación. 517

La idea iría avanzando en la fase preparatoria del congreso

extraordinario de la CNT. El comité nacional la asumió y, a
diferencia de lo que hizo su predecesor en 1931, elaboró un
informe sobre el problema agrario. 518 La novedad radicaba en
que introducía la noción de transición en su razonamiento
pues, efectivamente, no se trataba únicamente de determinar
las formas de organización más apropiadas para cada comarca:
lo que convenía realmente era encontrar los tipos de
intervención capaces de asegurar la mejora general del modo
de vida de los campesinos. Y en esa estrategia, situándose a
medio plazo dentro del marco del capitalismo, una federación
nacional de campesinos podía constituir el medio para desligar
progresivamente a los jornaleros no sindicados y a los
pequeños productores de consignas erróneas, como la de «la
tierra para el que la trabaja». Aquel documento, en resumidas
cuentas, no dejaba de ser ambiguo. Por un lado, no
subordinaba la emancipación de los campesinos sin tierra a la
consecución del gran salto revolucionario; por el otro, no
proponía ningún objetivo concreto a las distintas categorías
que pretendía aglutinar en una organización unificada.

Las sesiones del Congreso de Zaragoza no disiparon tampoco

en su totalidad aquella ambigüedad. Ante todo, porque
dedicaron poco tiempo a los problemas candentes; luego,
porque yuxtapusieron dos líneas contradictorias, que eran
esquemáticamente la de los ultras de la FAI y la de los

517 Campo Libre (21 de diciembre de 1935): «Circular n.° 1. Morón, nov. 1935». S.O.
(11 de enero de 1936): «La Rinconada. En tomo al problema campesino».
518 Campo Libre (4 de abril de 1936).
sindicalistas.

Antes de examinar el problema agrario, el congreso ‒que ya

tocaba a su fin‒ había debatido rápidamente el tema del
paro.519 Una ponencia mucho más concisa que la de 1931 ya
indicaba de entrada que la extensión de aquella plaga se debía
al desarrollo del maquinismo y a la entrada masiva de las
mujeres en la producción. Luego, mostraba que en el marco del
sistema capitalista el reparto del trabajo era una solución
ilusoria, ya que acarreaba el progresivo empobrecimiento de
las masas obreras. Mientras éstas no hiciesen la revolución,
convenía proponerles medidas que atenuasen los efectos del
paro, como la reducción de la jornada de trabajo a 36 horas
semanales sin disminución de salario, la confiscación de todas
las empresas que los sindicatos no pudiesen salvar del cierre, la
abolición de la «duplicidad» de empleos y del salario a destajo,
la constitución de bolsas de trabajo, la realización de obras
públicas de interés general y el retiro obligatorio: a los 60 años
en el caso de los hombres y a los 40 en el de las mujeres. Para
lograr muchos de aquellos objetivos se necesitaba algo más
que la acción directa contra la patronal; era también necesaria
una fuerte presión sobre el Estado, para obligarle a impulsar
una política económica y social más de acuerdo con los
intereses de los trabajadores. No se trataba de querer
destruirlo; por ello, se comprende que aquel texto levantase
polémica y que, votado a toda prisa, fuese criticado
inmediatamente por numerosas delegaciones.

La resolución sobre el problema agrario procedía del mismo

519 Congreso de Zaragoza, pp. 162‒164, discusión, y pp. 179‒181, dictamen.

espíritu.520 Partía de las realidades, del «hecho consumado» de
la reforma agraria y, en un largo preámbulo, se esforzaba en
dar una explicación dialéctica. Ciertamente, el capitalismo se
encontraba en su agonía, pues su incapacidad para resolver
«sus propios problemas económicos» había levantado contra él
al proletariado. Sin embargo, no renunciaba a ganarse el apoyo
de los «cinco millones de campesinos hambrientos», pues el
objetivo de su proyecto de reforma era alejarles del combate
que el proletariado «en general» estaba librando para su
liberación. En el mejor de los casos, la resolución recordaba
que no bastaba con devolver la tierra a los campesinos
mientras no se les diese también los medios adecuados para su
«moderna explotación». El Estado capitalista no podía llevar a
buen puerto «la industrialización de la agricultura», ya que los
productos de su fiscalidad se utilizaban exclusivamente para
reproducir sus aparatos represivos.

Como vemos, la argumentación apenas se había modificado

desde 1931. Pero la desconfianza de principio respecto a la
política agraria del gobierno del Frente Popular ya la
compartían los dirigentes de la FNTT socializante. Este nuevo
dato aclara, a nuestro entender, la dolorosa revisión a que se
sometieron los sindicalistas campesinos de la CNT. El todo o
nada, la aceptación o el rechazo de la reforma, era un falso
dilema; debían abandonar aquel callejón sin salida, proponer
una alternativa distinta, imponer un sentido colectivista en la
aplicación de la reforma. En esta perspectiva se reafirmaba con
fuerza la necesidad de construir una organización campesina
«de carácter revolucionario».

520 Ibid., pp. 183‒187.

 Esta organización se veía asignados una serie de objetivos de
acción, cuyo conjunto constituía una plataforma más completa
y diversificada que la que se había adoptado cinco años antes.
El objetivo era inalterable: se trataba de dar a los sindicatos la
explotación de la tierra. Pero la expropiación que se pretendía
no abarcaba únicamente a las grandes propiedades, sino a
cualquier propiedad que excediese de las 50 hectáreas, además
de los bienes comunales. Por otra parte, las tierras
subexplotadas serían objeto de una «toma directa» por parte
de los sindicatos. A las medidas previstas en beneficio de los
minifundistas se añadía el desarrollo de los equipamientos
colectivos y de la enseñanza profesional. No se olvidó a los
obreros agrícolas: se beneficiarían de la reducción de la jornada
de trabajo y de la nivelación de los salarios con el coste de la
vida.

La conclusión retomaba parcialmente la de la resolución de

1931, recalcando el carácter constructivo de las propuestas
que se acababan de hacer. En cambio, no indicaban modalidad
concreta alguna para la constitución y el funcionamiento de la
poderosa organización campesina que los autores del
documento consideraban indispensable.

Como ya era costumbre, el dictamen se había preparado a lo

largo de las reuniones paralelas al congreso por las
delegaciones campesinas presentes en Zaragoza. Sin embargo,
quedó lejos de lograr la unanimidad durante el examen a que
fue sometido en sesión plenaria. Su orientación general se vio
atacada en dos frentes: por el delegado de Sanlúcar de
Barrameda, que lo consideraba utópico, y por el de Carmona,
que creía que subestimaba las posibilidades revolucionarias del
momento; para el primero, su preludio debía ser la Federación
Nacional de Campesinos, y para el segundo era inútil. Otras dos
delegaciones andaluzas se opusieron en un punto particular: la
de Jerez, que opinaba que no se resolvería el problema del
paro disminuyendo la jornada de trabajo, sino imponiendo a
los propietarios el empleo de todos; la de Córdoba pensaba
que, como en la industria, se debía tender hacia la jornada de
trabajo de 6 horas. Al menos dos miembros de la FAI se
mezclaron en la discusión: Cordón (de Paterna del Río)
mantenía el tópico discurso de la ayuda fraternal que el
proletario de la ciudad debía prestar al campesino inculto,
mientras que Peirats (de l’Hospitalet de Llobregat) predicaba
las virtudes de la abstinencia... En la mayor parte de los casos,
quienes respondieron a la avalancha de críticas fueron
ponentes catalanes. Ciertamente, el dictamen no era «viable»,
pero la comisión había seguido el criterio de la mayoría. No
obstante, se había esforzado en tener en cuenta los intereses
de todos. No se podía negar al campesino sin tierra los
beneficios de la reforma agraria, se le debía animar a «darle
forma colectiva». No podía ignorarse que, en Cataluña y
Levante, muchos militantes eran pequeños propietarios y se
debía ser tolerante por respeto a ellos. La última intervención
que se hizo en nombre de la comisión hizo hincapié en las
precedentes, pues retomaba como un eco el llamamiento de
Cordón a los trabajadores urbanos: sin duda, con el objetivo de
convencerles del derecho que tenían los campesinos a
disponer de una organización propia, incluso si se concedía
que, a título transitorio, sus sindicatos quedasen acoplados
directamente a los organismos de dirección. 521

521 Ibid., pp. 175‒178.

 No parece que el nuevo comité nacional instalado en Madrid
se preocupase mucho por crear las condiciones necesarias para
una revolución en los campos. En cambio, la huelga de la
construcción que se desencadenó en la capital a principios de
junio le daba la oportunidad de medir sus fuerzas ante la UGT,
impidiendo hasta mediados de julio que el conflicto se
arreglase por la vía de la conciliación. Sólo Rosado y sus
camaradas intentaban poner en marcha las decisiones tomadas
en Zaragoza.

Un mes más tarde, el comité de relaciones campesinas de

Morón volvía a manifestarse, dando plena libertad a los
sindicatos para establecer sus listas de reivindicaciones. Los
incitaba a preparar el congreso regional, en que se debía
«estructurar» la Federación Regional de Campesinos, como si
las disposiciones adoptadas en aquel sentido tres años antes se
hubiesen anulado... Finalmente, recomendaba a los militantes
que no desperdiciasen sus fuerzas en luchas reivindicativas,
guardándolas para «movimientos de mayor envergadura».522

Algunas semanas más tarde, Rosado hizo público un largo

orden del día para el congreso intercomarcal que debía
iniciarse el 10 de julio en Ronda; además de las comarcales de
Morón y Ronda, estaban invitadas las de Carmona, Jerez, Alcalá
de Guadaira, y Campo de Gibraltar, además de la federación
local de Málaga. 523

En conjunto, éstas representaban al menos a 50.000

522 S.O. (10 de junio de 1936): «Pro Federación Regional de Andalucía y

Extremadura».
523 Campo Libre (4 de julio de 1936).
afiliados, si hacemos caso de los datos del congreso de
Zaragoza: un potencial humano considerable. Pero, a partir de
las indicaciones que Casares Quiroga en persona le comunicó,
Rosado se vio obligado a suspender aquel congreso.524 En la
prueba de fuerza que iban a llevar a cabo los facciosos, las
fuerzas revolucionarias se habían dejado sorprender. La
ausencia de organizaciones centralizadas y de claras directrices
fue sin duda un elemento importante en la debilidad de la
respuesta popular y campesina a la contrarrevolución armada.

EN LOS MÁRGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO

La curiosa historia del sindicalismo campesino se sitúa, de

cabo a cabo, en los propios márgenes del movimiento de que
procede: un movimiento que no llega nunca a integrar
plenamente al problema agrario en el proceso de
transformación social que pretende realizar el anarquismo.

Hay aspectos paradójicos en esta historia. En un principio, el

anarquismo supo entender mejor que el socialismo marxista la
diversidad de situaciones que caracterizaba a la España agraria.
Ambos consideraban que la desaparición de la pequeña
propiedad campesina se hallaba inscrita en la evolución del
capitalismo, pero los anarquistas no pretendían darse prisa en
ese sentido. Para ellos, lo más importante era liberar al
trabajador de la tierra de la dependencia de un salario. Y por

524 Rosado, pp. 113 y 116‒117.

esa razón, se hacía especial hincapié en la organización, en la
constitución de una unidad interclasista que, en definitiva,
debía aislar al rentista de la tierra. Esta orientación
correspondía a una aristocracia obrera, todavía cercana a la
pequeña burguesía urbana. Pretendía invertir el curso de la
historia, regresar a la situación anterior a la revolución liberal, a
las formas de «condominium» (de copropiedad) de la tierra
que, según Bernal, se hallaban bastante extendidas en
Andalucía en las propiedades de la nobleza y la Iglesia.525 La
respuesta de los medios dirigentes al desarrollo de la UTC fue
tan rápida y enérgica porque no podían admitir el
cuestionamiento, bajo ningún concepto, del derecho a la
propiedad privada. Entonces se operó, entre algunos ideólogos
anarquistas, un desplazamiento caracterizado por posiciones
oportunistas (el contrato de aparcería). El proletariado agrícola
no los siguió; abandonado de nuevo a su suerte, quedó a la
defensiva hasta fines del siglo XIX.

El sindicalismo campesino se estructuró progresivamente en

la acción reivindicativa que se desarrolló en la baja Andalucía a
principios del siglo XX. La idea de una organización propia de
los obreros agrícolas fue avanzando poco a poco. Calero ha
resaltado la importancia del intento de los socialistas en
1903. 526 Pestaña subrayó también el eco que encontró el
congreso constitutivo de la Solidaridad Obrera catalana de
1908 entre los anarquistas de Jerez. 527 Aquel sindicalismo
revolucionario, que se fijaba especialmente en la mejora de las

525 Bernal‒Drain. p. 85.

526 Calero (1976), pp. 42‒43 y 125‒126.
527 Pestaña (1932‒1934); Orto, n° 13.
condiciones de vida y de trabajo, respondía a unas
expectativas. Volvamos a citar a los jerezanos: venían luchando
desde hacía un cuarto de siglo, como afirmaban ellos mismos
en 1914, «por elevarse al nivel de todos los obreros
civilizados». 528 Con ello se dice claramente que el asalariado
agrícola pretendía a partir de entonces luchar con las mismas
armas que el obrero. La creación de la FNOA hizo cristalizar,
pues, un nuevo estado de ánimo. Permitía, y no es poco, la
aparición de dirigentes representativos del proletariado rural.
Éstos, que no lograron unificar las luchas del trienio, tuvieron
que inclinarse ante las ideas hegemónicas del anarquismo
urbano en materia de organización. Sin embargo, su
pragmatismo se impuso en relación al problema de la tierra. El
impacto que ejerció sobre su base el reparto de la tierra tal
como se efectuó en Rusia los condujo a no oponerse
categóricamente a los proyectos o experiencias de parcelación
de la propiedad, que en aquellos momentos constituían la vía
de una reforma posible en España.

Con la Segunda República y los compromisos del gobierno

provisional, aquella vía pareció concretarse: en relación a ella
se determinaron las fuerzas políticas y sociales. En la CNT, los
dirigentes forjados en las luchas anteriores hicieron prevalecer
su orientación. Por vez primera, la confederación rechazó
claramente la solución del reparto, a la que la burguesía agraria
se mantuvo irreductiblemente contraria. Se trataba, en cierto
modo, de dos posiciones simétricas. Como expresión de los
asalariados de la agricultura extensiva, la orientación adoptada
por la CNT no concebía la explotación de la tierra más que en

528 AMJ, legajo 3262: manifiesto del 15 de junio de 1914.

forma de una colectivización integral, con el sindicato ‒ésta es
la novedad‒ como piedra angular. Esta perspectiva difícilmente
podía satisfacer la aspiración del minifundista a la explotación
individual. Los ideólogos libertarios eran plenamente
conscientes de ello y reactualizaron el comunismo agrario al
estilo de Kropotkin, esforzándose en conciliar posesión
individual y explotación comunitaria. La exaltación, o hasta la
mitificación de la comuna, también podía constituir el medio
de fijar al campesino, de frenar el éxodo rural. El discurso
anarquista se encerraba en un círculo vicioso: ¿cómo evitar que
los hombres del campo hiciesen una competencia desleal a los
obreros de las ciudades? Y, por otra parte: ¿cómo sacar al
campesino de su pasividad? En esta situación, la espontaneidad
contaba más que la organización. Militantes como el andaluz
Miguel Cordón se dedicaron a acercar los puntos de vista. Estas
tentativas confluyeron en el congreso de Zaragoza, de donde
salió un compromiso imperfecto que, probablemente, no era
más que la traducción de una relación de fuerzas inalterable en
el seno de la CNT: los afiliados campesinos continuaban
constituyendo una minoría y, además, se confundían con otras
categorías profesionales en las variopintas organizaciones de
oficios varios.

En definitiva, el antiestatalismo propio del anarquismo

debilitó las posiciones de los partidarios de una agricultura
colectivizada y autogestionada por un sindicalismo campesino
autónomo. Al no contar con aplicación política, la acción
reivindicativa del proletariado agrícola no podía bastar por sí
misma para transformar de un modo definitivo las relaciones
de producción. Los dirigentes anarquistas no lo comprendieron
e hicieron el juego a los socialistas. A imitación de la CGT
francesa, aunque con diez años de retraso,529 la UGT constituyó
una federación de trabajadores de la tierra cuya implantación
rebasaba ampliamente, incluso en Andalucía, las regiones en
que el anarquismo se había enraizado. Sin embargo, la
capacidad de acción de esta federación se encontraría
singularmente limitada por el papel de correa de transmisión
que los dirigentes socialistas quisieron imponerle.

529 Gratton, pp. 320‒335.

 VI. LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO ANDALUZ

Hasta ahora, sólo hemos tratado de un modo indirecto la

parte que ocupó el anarquismo en los movimientos
campesinos andaluces. El tema merece ser revisado y
desarrollado de modo más sistemático, en razón de la
frecuente identificación que se hace entre anarquismo y
violencia. Pierre Vilar es, sin duda, quien expresa esta
tendencia con mayor claridad. Releamos su Historia de España.
En la segunda mitad del siglo XIX, «repartos de propiedades,
talas ilegales de bosques, incendios de cortijos, matanzas de
caciques o de guardias», eran las formas que revestía la
protesta de los campesinos andaluces.530 Como vemos, se trata
de revueltas agrarias de tipo antiguo, que historiadores como
Soboul o Hobsbawn consideran como manifestaciones de
primitivismo en la medida en que estas revueltas cesaron a
mediados del siglo XIX en los países más desarrollados. Si
podemos admitir que estas formas de la protesta campesina
eran características de la España de la Restauración, podemos
lícitamente cuestionar la afirmación de Pierre Vilar cuando,
poniéndolas en perspectiva, parece atribuir su persistencia a la
influencia del anarquismo. Según él, en la Segunda República,

530 Vilar (1976 a), pp. 59 y 73.

«Andalucía se mantuvo anarquista. Y la agitación recuperó sus
formas del siglo XIX: ocupaciones, talas de bosques, cazas
ilegales, a veces incendios».531

Esta interpretación es también la que propone, en su primera

obra, Antonio‒Miguel Bernal. En el esquema, «muy lineal»,
que trazó de las luchas campesinas andaluzas que van desde
principios del siglo XIX hasta la Segunda República, pone el
acento en «una serie de constantes representativas» y sobre la
permanencia de una «metodología revolucionaria» hecha a
base de «ataques a la propiedad, incendios de cosechas,
ocupación de tierras, antimaquinismo y enfrentamiento directo
con las fuerzas armadas». Implícitamente, se imputa este tipo
de acciones a los anarquistas porque, a diferencia de ellas, las
huelgas agrícolas de la Segunda República «inspiradas» por los
socialistas no suelen presentar un «carácter revolucionario». 532

Para nosotros, el quid de la cuestión radica en saber si el

resurgimiento, en pleno siglo XX, de formas de lucha antiguas
constituía la «nota dominante» de los movimientos
campesinos andaluces tal como se desarrollaron a partir de la
crisis de 1898 y hasta 1936. ¿No se habrá exagerado la
importancia de los actos malintencionados que se cometieron
contra bienes privados, debido precisamente a su carácter
esporádico e imprevisible? ¿No habrán experimentado los
propietarios la necesidad de encontrar un chivo expiatorio,
para así obtener una explicación que los tranquilizase? En
último término, la preponderancia del anarquismo en el medio

531 Ibid., p. 89.

532 Bernal (1974), pp. 166‒167 y 173.
rural: ¿puede haber sido la causa determinante de las
reiteradas manifestaciones de violencia?

Empezaremos, pues, el estudio de las luchas de clase en el

campo andaluz por una exposición tan sintética como sea
posible de los datos que se conocen de las formas antiguas,
también llamadas «tradicionales», de la revuelta campesina.
Luego, considerando con Díaz del Moral 533 que la originalidad
del siglo XX es el empuje del movimiento huelguístico en la
agricultura andaluza, nos esforzaremos en reconstruirlo en sus
múltiples aspectos, con la intención de dar de él una imagen
menos «atomizada», menos caleidoscópica que la imperante
en la mayor parte de las obras que tratan el tema.

LAS REVUELTAS AGRARIAS DE TIPO ANTIGUO

Del motín a la huelga

Es significativo que los levantamientos provocados a

instigación de militantes u organizaciones anarquistas no
figuran en la tipología de las revueltas campesinas establecida
por Pierre Vilar y A. M. Bernal. La razón de ello es muy sencilla:
como ya hemos podido constatar, la línea insurreccional que
prevaleció ‒al menos, a lo largo de dos períodos, durante los

533 Díaz del Moral (1973), p. 183.

primeros años de la Restauración y los de la Segunda
República‒ no llegó a imponerse. La marcha sobre Jerez de
enero de 1892 obedeció menos a un plan premeditado que a
una explosión de cólera, provocada consciente o
inconscientemente por las autoridades locales. Tampoco el
saqueo, en agosto de 1903, del ayuntamiento de Alcalá del
Valle constituyó el resultado de una voluntad deliberada: los
vecinos respondieron de este modo a una violencia que hizo
sus víctimas entre algunos de ellos. Este acontecimiento se
acerca mucho más al motín propio del Antiguo Régimen que al
tipo de movimientos planificados, como los de los republicanos
durante la segunda mitad del reinado de Isabel II (Utrera y
Loja). En tiempos de la Segunda República, el maximalismo de
los congresos de la CNT no encontró apenas eco entre las
masas. En octubre de 1931, la Regional andaluza hizo un
llamamiento a los campesinos con el objetivo de hacerse con el
control de las municipalidades. Pero hasta 1933 no tuvieron
lugar tales tentativas y con tal sentido: en Casas Viejas y en La
Rinconada, en enero, y en Bujalance, en diciembre. Se
quedaron aisladas, pues no formaban parte de un plan de
conjunto para toda la región. Así, repitieron miméticamente los
rasgos negativos del pasado. Pero no por ello debemos inducir
que agotan la significación del anarquismo andaluz de la época.

No sobreestimemos tampoco la persistencia de las formas

arcaicas de protesta, ligadas al problema de la carestía de las
subsistencias. Carlos Serrano mostró que, todavía en mayo de
1898, fueron numerosos los motines populares en una gran
parte del territorio, especialmente en Andalucía. Resulta
interesante resaltar que, cuatro años más tarde, el movimiento
popular había podido organizarse lo suficiente como para
hacer retroceder pacíficamente al alcalde de una localidad
rural. Esto sucedía en Lebrija a principios del mes de julio de
1902.534 Mujeres y niños salieron a la calle con banderas para
exigir la destitución de los responsables de los arbitrios
municipales. Se había empezado a proceder a la ejecución de
embargos a los pequeños campesinos que no habían pagado
los «consumos», habiendo incluso algunos que, debido a las
tasas excesivas, llevaban retrasos de varios años. Tras la
manifestación, un numeroso grupo de mujeres se presentó en
delegación ante el capitán de la Guardia Civil y solicitó su
mediación.

El alcalde acabó cediendo: se suspendieron las

persecuciones, los pequeños contribuyentes quedaron
exonerados y se aceptó la dimisión del responsable. El
periodista que relató el suceso lo calificó, muy impropiamente,
de motín, pues por otra parte subrayaba el carácter masivo y
unánime de la protesta popular, que había elegido un día de
fiesta para exteriorizarse.

Este tipo de luchas no es propio, ni por su contenido ni por su

forma, del proletariado rural; tampoco se puede encuadrar
automáticamente en el anarquismo. Pero el nivel de conciencia
que demuestra permite presumir que las capas populares
seguirían por este rumbo.

Veamos el modo en que los trabajadores de una gran

población cordobesa abordaron, en marzo de 1919, el mismo
problema: «Las sociedades de Pozoblanco “Centro

534 N.S. (6, 7 y 9 de julio de 1902).

Republicano”, “La Obrera Gremial”, “Unión y Progreso”, “El
Alarife” y “El Trabajo”, exigen y logran en una huelga de cinco
días... la supresión del impuesto de consumos».535

La huelga, o la amenaza de huelga, era en aquel caso algo

distinto y mucho más que el medio de presión del asalariado
sobre el patrono por la defensa de intereses particulares; se
trata de una protesta organizada de la comunidad rural para
crear una relación de fuerzas más favorable a los intereses
generales. En el camino que lleva del motín a la huelga, el
anarquismo jugó, en el alba del siglo XX, un papel
determinante; más adelante lo analizaremos.

Las ocupaciones de tierras: derecho a la propiedad, derecho

al salario

A. M. Bernal evoca muy sucintamente las ocupaciones de

propiedades que se dieron en tiempos de la Segunda
República. Sin embargo, apunta algo esencial: hasta el éxito
electoral del Frente Popular, en 1936, ninguna de ellas se vio
seguida por la instalación de los campesinos en las tierras
ocupadas. 536 Este es, precisamente, el rasgo que distingue
estas tardías ocupaciones de aquellas que se produjeron a
principios y fines del sexenio, en otoño de 1868 y primavera de
1873, es decir, algunos años después de la fase decisiva de la

535 Díaz del Moral (1973), p. 324.

536 Bernal (1974), p. 172.
desamortización civil: en general, los vecinos pretendían un
nuevo reparto de las tierras. En ocasiones se contentaban con
apropiarse de las cosechas; este tipo de acción parece que se
repitió durante el período de reducción de las libertades de los
años que van de 1874 a 1881, anticipando de algún modo la
justificación que entonces dieron los anarquistas con su
concepción de «la toma del montón». 537 A continuación, y
hasta donde sabemos, no volvió a expresarse antes del trienio
la protesta popular contra la usurpación de las tierras
comunales, pero no hemos descubierto más que un caso, el de
Burguillos, en que los vecinos, unidas todas las categorías
sociales, pasasen efectivamente a la acción, tomasen posesión
de las tierras en litigio y procediesen a su reparto.538

En las monografías recientes sobre las luchas campesinas que

se dieron a lo largo de la Segunda República se destacan dos
aspectos principales. En primer lugar, las ocupaciones de
propiedades nunca revisten una gran amplitud. En este sentido
es significativo que Pérez Yruela no las incluya en los cuadros
de conflictos acaecidos en el campo cordobés. Bernal
menciona once casos, la mayor parte de ellos situados en
localidades de la Andalucía occidental, ubicadas en las tierras
altas, especialmente en la provincia de Huelva. Pascual Cevallos
enumera más del doble, 23, únicamente en la provincia de
Sevilla, pero las tres cuartas partes tienen lugar de abril a mayo
de 1936. El segundo aspecto significativo de las ocupaciones de
este período consiste en que los obreros agrícolas recurren a
ellas para presionar a los propietarios, para obligarles a dar

537 Tuñón de Lara (1972), p. 291.

538 Lib. Sev. (21 de octubre de 1919).
trabajo y pagar los salarios. Se trataba, utilizando la afortunada
expresión de Pascual Cevallos, de «una práctica selectiva»
contra los patronos que habían reducido la contratación por
uno u otro motivo. 539 ¿Se puede considerar que era
«tradicional», si era propia de los períodos de paro estacional o
de las malas cosechas? Si había realmente una tradición, no
había de ser muy antigua: según Díaz del Moral, «el sistema de
trabajar espontáneamente en las fincas mal cultivadas» lo
habían «inventado» en 1905, año de gran escasez, los
trabajadores de Bujalance.540

Resulta cuando menos extraño que los dirigentes anarquistas

no intentasen apoyarse en estas acciones puntuales de
respuesta a situaciones concretas de subempleo para
desarrollar, a escala de la región, un movimiento más amplio
de expropiación. ¿Acaso temían perder el control o,
simplemente, su política del todo o nada les cegó hasta tal
punto que ignoraron las posibilidades de aquel tipo de acción
espontánea y directa? En cualquier caso, debemos
conformarnos con formular hipótesis. Hoy en día, el pequeño
pero influyente Sindicato de Obreros del Campo es el único
que recurre a las ocupaciones ‒simbólicas‒ de propiedades,
con el objetivo de sensibilizar a la opinión por el hecho de que
los hombres sin tierra continúan viviendo, o mejor dicho
sobreviviendo, junto a tierras sin cultivar.

539 Pascual Cevallos, pp. 104‒105.

540 Díaz del Moral (1973), pp. 209‒210.
 «El mito de los incendios»

De todos los destrozos que se pueden causar a la propiedad,

el incendio de los campos y las cosechas es, sin duda, la forma
más espectacular, especialmente cuando reviste, en los días
más tórridos del verano, una amplitud inusitada. Según Bernal,
entre 1861 y 1870 se convirtió en la forma de expresión
habitual del descontento campesino: en 1870, el número de
siniestros registrados en la Andalucía occidental se elevaba a
663, aprehendiéndose a 94 incendiarios. 541 En el período que
se extiende a continuación hasta fines del siglo XIX, el
fenómeno se manifiesta con una intensidad comparable en el
año 1881: durante los ocho primeros meses del año, la Guardia
Civil intervino sofocando 992 incendios. Los medios oficiales se
alarmaron tanto de aquella cifra realmente «espantosa» como
del hecho de que los incendios se declarasen en toda la
extensión del territorio:

... No es posible atribuir al acaso... una serie de desastres que

ha puesto en conmoción a provincias enteras, como las de
Extremadura... y que se ha dejado sentir simultáneamente en
puntos tan distantes como opuestos de las provincias de
Navarra, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Castellón, Granada,
Córdoba, Cádiz, Sevilla, Málaga, Ciudad Real, Toledo,
Guadalajara, Valladolid, Galicia y otras muchas en que rara vez
ocurren esta clase de siniestros.542

541 Bernal (1974), p. 168.

542 GaMFo (15 de septiembre de 1881), pp. 609‒611.
 Según Antonio R. de las Heras, solamente en Extremadura se
registraron, en el mes de agosto, unos 400 incendios.

Los datos siguientes indican una remisión de la «epidemia».

En el verano de 1892 se produjeron incendios de plantaciones
que, según el cónsul de Francia en Cádiz, «no todos se pueden
achacar al azar». Pero, de los 199 individuos detenidos por la
Guardia Rural de Jerez en 1895, sólo figuraban cuatro
incendiarios. 543 Resulta interesante constatar que la primera
oleada de huelgas agrícolas, a principios del siglo XX, no se vio
marcada por este tipo de incidentes; Díaz del Moral no
menciona ninguno y nosotros no hemos encontrado tampoco
referencias a ello en la prensa. Hasta 1919 y, luego, 1933, la
opinión no volverá a inquietarse por nuevos incendios en los
campos meridionales; y, en cualquier caso, nada en las cifras
disponibles indica que revistiesen la importancia que le
concedieron el gobierno, en 1919, y una parte de la prensa
nacional, en 1933.

Este es, de un modo sumario, el balance cuantitativo del

fenómeno. Pero no podemos conformarnos con ello, pues el
incendio de cosechas y plantaciones era, por excelencia y
según la expresión de Antonio de las Heras, «el
acontecimiento‒símbolo», el que revelaba el latente
antagonismo entre propietarios y trabajadores. Se trataba,
pues, del acontecimiento que más podía prestarse a
manipulaciones por parte de las personas que se habían visto
lesionadas en sus intereses. En estas condiciones, no basta con
observar, como lo hace Bernal, que bajo la Segunda República

543 AMAE, CPC, Cádiz, t. 99, 12 de septiembre de 1892. BCAJ (enero de 1896).
los incendios «predominan en un foco anarquista muy
localizado de la provincia de Huelva y en los grandes pueblos
andaluces en los que eran tradicionales, tales como Jerez de la
Frontera, Carmona, etc.». 544 Pudo ser una coincidencia, sin que
hubiese una relación de causa‒efecto entre incendios y
anarquismo. De un modo general, conviene verificar si el
incendio, como acto intencional, se mantiene como una
práctica extendida cada vez que la situación política permite a
una fracción apreciable del proletariado rural organizarse.

En lo concerniente a los treinta últimos años del siglo XIX,

resulta evidente que el campo andaluz no se incendia en los
tiempos de la Primera Internacional. Si los campos cerealeros
de Jerez se incendiaron en junio de 1873 fue porque las
autoridades locales impidieron a los obreros agrícolas llevar a
cabo una huelga. 545 En cuanto a los incendios de 1881,
precedieron a la reorganización de las secciones campesinas de
la FTRE. Por otra parte, resulta significativo que los
trabajadores de la baja Andalucía no atacasen a sangre y fuego
el país en represalia por las duras represiones de los años 1883
y 1892.

En aquella época, los incendios se producían sobre todo,

según parece, en los montes, especialmente en los de la
provincia de Córdoba. En general, se atribuían a distintas
causas, como la imprudencia de los segadores, que utilizaban
cerillas durante las pausas de su jornada de trabajo; a la
despoblación que favorecía la propagación del fuego en los

544 Bernal (1974), p. 170.

545 AMAE, CPC, Cádiz, t. 82, 28 de junio de 1873.
pastos: o incluso a la utilización de arcaicos sistemas de cultivo,
como el de rozas.546

En cuanto al siglo XX, nos detendremos en los dos años en

que la frecuencia de incendios parece haber sido mayor. Según
Tuñón de Lara, en 1919 debió ser de tal magnitud que el
gobierno hubo de tomar medidas especiales. De principios de
julio a finales de agosto un diario de Sevilla, El Liberal, llevaba
cada dos o tres días la noticia de un nuevo incendio en el
campo. A mediados de agosto, un diario republicano de
Madrid, España Nueva, menciona algunos de ellos, localizados
en las altas tierras del norte sevillano y en las tierras de dos
localidades gaditanas: Medina Sidonia y Véjer de la Frontera.
En la provincia de Jaén, los incendios aparecieron a mediados
de junio y prosiguieron hasta el mes de agosto. Únicamente la
provincia de Córdoba parece haber escapado a aquella plaga y
Díaz del Moral considera un «hecho evidente» que aquel año
sufrió menos incendios de lo habitual. Los despachos dirigidos
al Ministerio de Gobernación durante el mes de julio por los
gobernadores civiles de Cádiz, Jaén y Sevilla abundaban en el
mismo sentido. La estadística que se estableció a partir del día
primero de mayo en la provincia de Sevilla mostraba que el
número de incendios accidentales era cuatro veces mayor que
el de incendios intencionados. Informes aportados por la
Guardia Civil destacaban que en los campos de Cádiz y Jaén se
habían declarado muy pocos incendios, siendo la mayor parte
de ellos accidentales.547

546 GaMFo (30 de julio de 1879), pp. 358‒359; (16 de agosto de 1880), pp. 368‒369;
(16 de septiembre de 1885), pp. 663‒664.
547 Tuñón de Lara (1972), p. 619; (1978), pp. 78‒79. Díaz del Moral (1973), p. 337.
 Eloy Vaquero, diputado radical de Córdoba, tenía sus razones
al fustigar con mordaz ironía el papel que había jugado la
prensa madrileña en el montaje de «la película» sobre el tema
de los trigales en llamas, en la elaboración de un mito del que,
de entrada, subrayaba el trasfondo político y económico:

En verdad que, al cabo, resulta verosímil, prestigioso y

temible el mito. Por eso, él pesa y pesará como factor
considerable en las decisiones de los gobiernos, en los debates
parlamentarios, en los programas y la táctica de los partidos,
en la fijación de las primas de las compañías de seguros...548

Luego, asumía un tono muy didáctico para explicar al «pobre

sociólogo alarmista y cursi» que observaba la realidad detrás
de los cristales de un vagón o de un automóvil que, desde
mediados de agosto, habiendo acabado la siega, los
cultivadores quemaban los rastrojos según «una costumbre
generalmente admitida o tolerada» y si, por ventura, alguno de
ellos prendía fuego en el campo del vecino era por negligencia
y no acarreaba consecuencias dramáticas.

Por otra parte, añadía, los dos siniestros más importantes

(provincia de Sevilla y término de Jerez) se habían producido a
causa del ferrocarril, por la carbonilla de las locomotoras... La
conclusión era categórica: no se habían producido incendios de
«carácter social», no había «sabotaje incendiario» por parte de
los campesinos. Y, precisando su pensamiento, Eloy Vaquero
indicaba que, en caso de producirse tal fenómeno,

AHN, Gobernación, 57 A n.° 26, Sevilla (15 de julio de 1919); n.° 13, Cádiz (18 de julio
de 1919); n.° 20, Jaén (16 de julio de 1919).
548 And. (17 de septiembre de 1919): «El mito de los incendios».
gobernantes, patronos y caciques ya se habrían encargado de
propagarlo a los cuatro vientos.

Pascual Cevallos hace un alegato similar respecto al año

1933, durante el cual los incendios de cosechas fueron
relativamente más frecuentes en la provincia de Sevilla: «la
propia patronal, tan atenta a denunciar cualquier tipo de
alteración, no incluyó en ninguno de sus numerosos
comunicados a este tipo de acciones», 549 lo que ayudaría a
probar, al menos, que su carácter intencional era más que
dudoso. Pérez Yruela enumera 42 casos durante el mismo año
en la provincia de Córdoba; los dos tercios de los incendios se
produjeron en julio‒agosto y la mayoría se localizaron en el
término municipal de la capital, así como en los términos de
Fernán Núñez y Espejo; pero, de todos ellos, sólo la mitad
podían considerarse provocados. Estos datos, recogidos en los
diarios provinciales, rectifican notablemente la impresión que
puede ofrecer la prensa madrileña que, como hemos
constatado en muchas ocasiones, tendía a hinchar el más
mínimo incidente (cuando no a cambiar absolutamente su
significado).

En este sentido, el modo en que Malefakis informa de los

incendios de 1933 nos parece muy significativo. Se apoya en un
gran diario de derechas, El Debate, para subrayar su
recrudecimiento a fines de verano y principios de otoño, y
luego pone en relación aquellos incendios con el carácter
clandestino de la acción a la que se vería entonces reducido el
anarcosindicalismo andaluz. Pero no hay nada en su texto que

549 Pascual Cevallos, pp. 105‒106.

permita discernir el origen de aquella interpretación que el
lector puede atribuir, indiferentemente, al autor o a la fuente
de referencia citada...550

Es, en definitiva, en los períodos de lucha reivindicativa

intensa cuando los creadores de opinión hablan más de
incendios de cosechas. Acabamos de ver que, en realidad,
muchos de ellos eran accidentales y, hasta el presente, nadie
ha aportado pruebas tangibles que, en el caso de los actos
intencionales, mostrasen que los incendiarios actuaban bajo la
influencia de tal o cual corriente del movimiento obrero.

LA HUELGA: MEDIO DE AGITACIÓN, MEDIO DE PRESIÓN

El estado de la cuestión: un rompecabezas

Incluso la más reciente historiografía no ha podido ofrecer

hasta nuestros días un análisis global del movimiento de
huelgas agrícolas en España. En el caso de Andalucía, Antonio
M. Calero es el único que lo ha intentado. Entre otros méritos,
cuenta con el de haber procedido a una cuantificación a partir
de las fuentes oficiales, excesivamente olvidadas a pesar de sus
lagunas, y del órgano del PSOE, El Socialista. Sobre esta base,
propone una lectura más profunda de la obra de Díaz del Moral

550 Malefakis, p. 348, n. 58.

y esboza una crítica razonada de la interpretación cíclica, con
mucho la más extendida, de los movimientos campesinos
andaluces. Su principal debilidad reside en utilizar únicamente
el indicador del número de huelgas, a pesar de que él mismo
reconoce su insuficiencia. 551

Esquemáticamente, se pueden distinguir tres secuencias en

las huelgas agrícolas andaluzas: 1901‒1903, 1918‒1920 y
1931‒1934. La primera no está prácticamente estudiada. A
imitación de Díaz del Moral, normalmente se la presenta como
una sucesión de huelgas locales sin mayor conexión ni
objetivos concretos; únicamente constituyen una excepción a
esa regla Bernaldo de Quirós, que ve en ellas un «reflejo» del
anarquismo andaluz, y Calero, que relaciona la agitación de
aquel período con el empuje del movimiento societario, del
que, sin embargo, no precisa la orientación ideológica. Nuestra
hipótesis, fundamentada en el análisis de las huelgas jerezanas
y en la consulta de la prensa anarquista y sevillana, consiste en
que el movimiento, primero circunscrito al antiguo núcleo de la
baja Andalucía, se extiende, estructurándose alrededor de la
huelga general llevada al nivel de una localidad o una comarca.
El papel del anarquismo pasa entonces a ser determinante.

La importancia que Díaz del Moral atribuye al trienio

bolchevique en la movilización masiva del proletariado agrícola
cordobés parece satisfacer la curiosidad de los historiadores.
Tuñón de Lara le da nuevamente la calificación de
«llamarada».552 En su estudio monográfico sobre la provincia

551 Calero (1976), pp. 49‒53, 59‒66 y 86‒91.

552 Tuñón de Lara (1972), p. 604.
de Jaén privilegia el papel de la organización socialista y da un
especial relieve a la actitud represiva de los poderes públicos.
En cuanto a Calero, subraya los focos de tensión preexistentes
en 1914‒1915 y el carácter organizado y planificado de las
huelgas durante el trienio. Determina las grandes líneas de
fuerza pero no reconstruye ni la cronología ni, en
consecuencia, la lógica evolutiva del movimiento. Un breve
artículo de Ramón Rodríguez indica, justamente, que el
movimiento ganó otras partes del territorio y que en Andalucía
presentaba un ritmo específico en la provincia de Sevilla. La
tesis según la cual las luchas campesinas del siglo XX revestían
un carácter acumulativo resultaría más convincente si reposase
sobre un análisis empírico más profundo y preciso. La serie de
cuadros elaborados por S. Roldán y J. L. García Delgado sobre
«la generalización del conflicto social» presenta el gran interés
de enmarcar las huelgas agrícolas en el conjunto del
movimiento reivindicativo: número de huelguistas y número de
jornadas perdidas permiten un primer acercamiento al poder
de la huelga en la agricultura, más particularmente en las
provincias de la España latifundista.553 Por nuestra parte, nos
interrogamos sobre lo que constituyó la unidad del trienio, del
cual Tuñón de Lara ha podido afirmar que se trataba de una
expresión impropia.

Nos preguntamos especialmente si las luchas campesinas

presentan en todos lados las características que, según Díaz del
Moral, presentan en la provincia de Córdoba. Nuestros
elementos de respuesta proceden de la sistemática explotación
de las estadísticas de huelgas del Instituto de Reformas

553 Roldán‒García Delgado, I, pp. 239‒251.

Sociales y de su cotejo con los datos que afectan a la evolución
del movimiento obrero andaluz durante el período
considerado.

La Segunda República es el período que más ha llamado la

atención de los investigadores, historiadores o sociólogos. En
primer lugar se destaca el trabajo pionero de C. Martí sobre la
relación entre el movimiento huelguístico y la coyuntura
económica.

Utilizando únicamente el criterio de las jornadas de trabajo

perdidas, Martí destaca la «impresionante progresión de la
agitación» en la agricultura andaluza de 1932 y 1933.554 La
aportación esencial de Malefakis en aquel ámbito fue subrayar
el declive del anarquismo en el medio rural y el papel de relevo
que jugó la organización socialista en 1934. Pese a todo, su
análisis de las luchas dirigidas por la CNT es de los más rápidos.
Ya hemos colmado parcialmente esta laguna en el capítulo
precedente. Bernal y Sevilla Guzmán han aportado datos
numéricos procedentes de algunos diarios madrileños. Calero,
después de Martí, utilizó los informes mensuales del Ministerio
de Trabajo para calcular la relación entre huelgas agrícolas y
huelgas de otros sectores de la economía. Todas estas
estimaciones se quedan muy cortas en relación con los
resultados que, a partir de la prensa provincial, presentaron
Pérez Yruela y Pascual Cevallos en sus monografías sobre
Córdoba y Sevilla. Por lo demás, ambas muestran que en la
compleja relación de fuerzas que se establece entre poder
político, burguesía agraria y proletariado rural, el sindicalismo

554 Martí (1966), pp. 113‒123.

socialista tomó el relevo del desfallecido anarcosindicalismo
más temprano de lo que da a entender Malefakis.

En cualquier caso, la constatación a la que llegó Tuñón de

Lara sigue siendo cierta: «Esta todavía por hacer una relación
completa de huelgas, manifestaciones, enfrentamientos, toma
de tierras, etc., durante aquellos tiempos».555

Este trabajo sería particularmente útil respecto a las

provincias de Cádiz, Jaén y Málaga. Por nuestra parte, hemos
mencionado en numerosas ocasiones el lugar que ocuparon en
las luchas del período republicano los trabajadores de los
campos de Jerez y Jaén. Lo que ahora nos proponemos es
ordenar los elementos disponibles, hoy por hoy, del
rompecabezas que parecen constituir las huelgas agrícolas que
se suceden en Andalucía de julio de 1931 a junio de 1934.

La recapitulación de los análisis anteriores pone de relieve

que, a pesar del cambio de régimen y las modificaciones de la
relación de fuerzas entre organizaciones obreras, no hay
solución de continuidad entre el trienio y la Segunda República.

También muestra que los éxitos obtenidos y su consolidación

hicieron más tensa la lucha de clases; el sindicalismo
campesino, con todas sus tendencias, se veía enfrentado a
problemas cualitativamente nuevos: pleno empleo, control del
mercado de trabajo y, en última instancia, control del sistema
de producción y explotación de la tierra. La resistencia y la
contraofensiva de la burguesía agraria resaltan los límites de

555 Tuñón de Lara (1972), p. 934.

una acción reivindicativa que no se inscribe en una perspectiva
política clara.

Por lo que parece, estas reflexiones preliminares justifican

nuestra elección: proceder ante todo al análisis razonado de
cada una de las tres secuencias de las huelgas agrícolas, para
luego esbozar un balance global.

La entrada en la huelga: 1901‒1903

En España no se inició un censo oficial de los conflictos de

trabajo hasta el año 1904, bastante más tarde que en la mayor
parte de Europa (en Inglaterra e Italia se inició en 1888, y en
Francia en 1890). En cierta medida, la indiferencia de los
poderes públicos respecto a la huelga refleja su localización en
algunos núcleos industriales, aislados unos de otros. Esta
constatación no implica en absoluto subestimar la importancia
del movimiento social a fines del siglo XIX. Sin embargo, en los
lugares donde la gran agricultura se basaba en el trabajo
asalariado, este medio de lucha se utilizó cada vez que la
presión del Estado se relajaba; tal es el caso, al menos, del
campo de Jerez en 1873 y 1882‒1883. También se constatan
formas larvadas, como la huelga de brazos caídos de 1892, a
continuación de la represión que castigó la marcha de Jerez.
Aun sin contar con una encuesta tan sistemática como la
realizada por Michelle Perrot en Francia, podemos afirmar que
el proletariado agrícola de la España de fines del siglo XIX
apenas recurría a la huelga.
 Díaz del Moral subrayó el carácter tardío de la «explosión»
que se produjo alrededor de Córdoba en 1903. También
indicaba que aquel fenómeno se inscribía en un movimiento
más amplio, iniciado en 1901. Según parece, el impulso partió
de Sevilla a principios de 1900, antes de que la huelga general
se convirtiese en «el mito propulsor» del movimiento obrero.

En el más favorable contexto del gobierno Silvela, de carácter

neoconservador, los más lúcidos militantes anarquistas
comprendieron que no podían permanecer al margen de un
movimiento asociativo en vías de reconstrucción. Ciertamente,
los republicanos habían tomado la delantera: en Jerez, Moreno
Mendoza dirigía una federación que decía reunir a 24.000
afiliados de 35 localidades; a nuestro entender, tal federación
debe relacionarse con los intentos de numerosas
organizaciones de federarse a escala regional, una operación
que ‒según los anarquistas‒ fue maquinada por Moreno
Mendoza y sus «comparsas».556 Por esa razón no le atribuimos,
como Calero, un papel determinante en la extensión de las
huelgas, la característica más importante del año 1903. Pues,
efectivamente, la mayor parte de estas huelgas se produjo en
zonas en las que el anarquismo conservaba o incluso ganaba
influencia; en lugares en que su influencia podía llevar a una
parte importante de la población laboral a manifestar, de
distintos modos, su solidaridad con el proletariado rural y sus
reivindicaciones específicas.

Aquel movimiento duró algo más de dos años, de

556 Sup.RB (17 de febrero de 1900), Sevilla, y (11 de mayo de 1901), Montejaque.
N.O. (10 de abril de 1901), Moreno Mendoza.
mayo‒junio de 1901 a julio de 1903. Al principio, parecía
localizado en tres núcleos principales: Lebrija‒Trebujena,
Bornos‒Villamartín y Carmona. A lo largo de los meses
siguientes se fue extendiendo progresivamente hacia la «banda
morisca» y los campos de Jerez: huelga de cuatro semanas en
El Coronil a principios de invierno de 1902, breve huelga
general en Morón a mediados de mayo y huelga de ocho días
en junio en Jerez y sus alrededores. En otoño rebrota el
movimiento: en octubre, en Jerez, donde la huelga se prolongó
durante cinco semanas, y en noviembre, en Carmona. En 1903
el movimiento se generalizó de mayo a julio. Además de los
campesinos cordobeses (Bujalance, Villafranca, Castro del Río y
Fernán Núñez), se pusieron en huelga los trabajadores de las
provincias de Cádiz (Bornos, Villamartín, Jerez, Medina Sidonia
y Lebrija), Sevilla (Carmona, El Coronil y Marchena) y Málaga
(Cuevas del Becerro). Podemos asimismo considerar que la
represión del motín de Alcalá del Valle puso fin a aquella
primera secuencia de huelgas agrícolas del siglo XX.

El movimiento venía de lejos y no presentaba en absoluto el

carácter improvisado que, según Díaz del Moral, había
revestido en la provincia de Córdoba. Desde hacía mucho
tiempo, los trabajadores agrícolas intentaban negociar las
tarifas de sus salarios, sin llegar a declararse necesariamente
en huelga. En 1890, en Carmona, presionaron desde el propio
Centro Republicano y obtuvieron una solución amistosa.

Diez años más tarde lo nuevo es que se quitan de encima la

tutela de los partidos, concretamente la del PSOE, e
inmediatamente se fusionan con las sociedad de oficios varios,
de signo anarquizante. Entonces pudieron negociar desde una
posición de fuerza y sobre la base de sus propias
condiciones.557

Lo mismo exactamente sucedió en Bornos y Morón. En

Bornos, la sociedad «La Fraternidad» se constituyó el 27 de
diciembre de 1899. De sus 685 miembros, 660 eran jornaleros.
En octubre de 1900 presentó, sin éxito, sus reivindicaciones,
que luego pudo imponer en julio de 1902. Al año siguiente, El
Guadalete anunciaba que los anarquistas dominaban en el
pueblo.558

En Morón, los trabajadores obtuvieron las tarifas exigidas en

octubre de 1901, gracias a la intervención de un alto mando,
comandante del regimiento que el alcalde hizo llegar de Sevilla.
Algunas semanas más tarde, la sociedad de resistencia eligió
nuevos dirigentes y decidió que no recibirían remuneración
alguna; al propio tiempo, aparecieron numerosos grupos
anarquistas, uno de ellos compuesto por campesinos. Este es el
telón de fondo del conflicto que estalló a mediados de mayo de
1902; una situación que aclara su amplitud (5.000 huelguistas),
la rápida generalización (comercio, alimentación) y su impacto
sobre la opinión.

Como medio para justificar la fuerza que se empleó para

acabar con aquella huelga, los medios oficiales comunicaron
que el centro obrero era un núcleo de propaganda subversiva
contra el orden y la propiedad.

557 N.O. (10 de abril y 28 de julio de 1901). Sup.RB (16 de junio y 25 de agosto de
1900); (11 de mayo y 1 de junio de 1901): tarifa Carmona.
558 N.O. (13 de junio de 1901). N.S. (2 de julio de 1902). Guad. (23 de junio de 1903).
 En opinión del francés Marvaud, aquello era un plan
cuidadosamente preparado para efectuar un reparto de
tierras, con la eliminación física de los propietarios.559

No muy lejos de allí, en El Coronil, una huelga que había

empezado el 27 de diciembre de 1901 degeneró a mediados
del mes siguiente en una ostentosa manifestación de mujeres y
niños que se oponían a la entrada en el pueblo de trabajadores
forasteros. Una delegación de obreros exigió al alcalde su
expulsión y un salario diario de tres reales para los vecinos del
lugar. El alcalde se comprometió únicamente a reunir a los
propietarios; informada de los resultados de la entrevista, la
muchedumbre apedreó la alcaldía y las casas de los principales
contribuyentes. Debemos aclarar que en aquel pequeño
pueblo, los trabajadores estaban muy probablemente
abandonados a su propia suerte. El hecho es que Tierra y
Libertad denunció algo más tarde el favoritismo del presidente
de la asociación campesina, un «socialero» que, en connivencia
con el alcalde, dejaba que sus protegidos hiciesen la siega a
destajo, reduciendo al resto de los trabajadores al paro.560

En aquel año de 1901, Morón y El Coronil parecen constituir

más la excepción que la regla. En el campo jerezano ‒Arcos,
Bornos y Jerez‒ el conflicto se desarrolló de un modo pacífico,
a pesar del despliegue de tropas. Un diario republicano aireaba
la disciplina de los huelguistas de Jerez, que Díaz del Moral
consideraba «típicamente anarquista». Otro diario sevillano
subrayaba que se había conseguido aislar a los elementos

559 Sup.RB (9 de noviembre de 1901, 4 y 18 de enero de 1902). N.S. (15, 17, 19 y 20

de mayo de 1902). Marvaud, p. 94.
560 N.S. (16 de enero de 1902). T. y L. (25 de enero, 8 de febrero y 5 de julio de 1902).
«exaltados». 561 Allí, los trabajadores sabían adonde iban.
Habían elaborado una plataforma de 14 puntos que, fundada
en el rechazo al salario con alimentación y al trabajo a destajo,
presentaba reivindicaciones no carentes de realismo.
Comparadas con las que se presentaron el año anterior en
Carmona, las tarifas de salarios parecían, en conjunto, menos
elevadas. Lo mismo sucedía con los horarios de las comidas y
las pausas, cuyo total no alcanzaba en ninguna parte las siete
horas y media por día que pedían los trabajadores de
Bujalance: en Carmona eran cinco horas, en Málaga, cuatro y
media; en Jerez solicitaban simplemente dos horas de siesta y
las pausas correspondientes. Debemos también añadir que los
obreros agrícolas tenían que estar a pie de obra desde la salida
del sol y no podían abandonar la explotación hasta la puesta
del sol; en aquellas latitudes, la jornada solar en verano es
larga y la jornada de trabajo era más larga todavía, sobre todo
cuando el jornalero debía recorrer un largo camino entre su
domicilio y el campo del patrono. Por ello, tanto en Jerez como
en Carmona, se añadió la exigencia de suprimir las tareas más
penosas, como la del «sabanero». ¿Acaso eran exigencias que
hacían imposible cualquier arreglo? No seamos tan categóricos
como Díaz del Moral, no generalicemos un caso que se aplicaba
a la fracción entonces menos experimentada y más aislada del
proletariado agrícola andaluz.

El espíritu de responsabilidad de que dan prueba los

sindicalistas jerezanos y el carácter masivo que reviste la
huelga ‒10.000 trabajadores‒ no eran, en cualquier caso,
suficientes para hacer ceder a los propietarios en toda la línea.

561 El Baluarte (30 de junio de 1902). N.S. (28 de junio y 3 de julio de 1902).
Con el activo concurso del alcalde liberal, lograron apaciguar el
conflicto, concediendo ligeros aumentos y la posibilidad para el
trabajador de percibir su salario íntegro en metálico ‒«a
seco»‒. Tierra y Libertad consideró que fue un gran éxito,
teniendo en cuenta la debilidad de la organización ‒78
asociados‒, los chanchullos de Moreno, la competencia de los
segadores portugueses, las presiones y amenazas de la policía y
los trágicos antecedentes de 1883 y 1892.562

A principios de otoño se reanudaron las discusiones para fijar

las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los seis
meses siguientes. En Arcos y Espera se llegó a unos
compromisos: las tarifas de los salarios que comprendían el
alimento eran para los trabajos de labranza inferiores a una
peseta, y ligeramente superiores para los de sementera; en
Arcos, la duración total de las comidas y las pausas sumaba dos
horas y tres cuartos, y en Jerez, donde únicamente los
patronos no asociados aceptaron un arreglo, era de tres horas
y veinte minutos. Los cultivadores jerezanos, contrariamente a
los de Arcos, rechazaron que un hombre suplementario, «el
cagón», se incorporase a cada cuadrilla para que los diez
trabajadores pudiesen hacer, por orden, sus necesidades...563
Estos eran los prosaicos puntos que discutían los temibles
anarquistas.

A principios del verano de 1903, el movimiento reivindicativo

se endureció. Como en Morón un año antes, los asalariados
agrícolas en huelga se beneficiaron de un apoyo masivo de los

562 T. y L. (12 de julio de 1902).

563 Guad. (25 y 28 de octubre y 15 de noviembre de 1902). T. y L. (25 de octubre de
1902).
otros oficios. Once de ellos cesaron en el trabajo a mediados
de junio en Jerez. Durante dos días no aparecieron los diarios.
En Arcos no tardaron en imitar a los jerezanos: los
comerciantes cerraron sus tiendas y los vendedores
ambulantes se solidarizaron en Carmona y Villamartín, donde
los «artesanos» y las criadas secundaron a los huelguistas.564

Lo que estaba en juego era, ante todo, el respeto por parte

de todos los patronos cultivadores de los compromisos
asumidos por sus representantes. En Jerez se trataba de hacer
efectivo el acuerdo de principio sobre el salario en metálico: se
negoció durante toda una jornada para determinar quién, el
empleador o los obreros, debía cargar con los gastos de leña y
sal. En El Coronil continuaba planteándose la cuestión de los
trabajadores forasteros.565 El gobierno Maura envió a la tropa
para que vigilara la campiña, las delegaciones patronales
alargaban las negociaciones, Moreno Mendoza hacía aquí y allí
de intermediario, algunas Cámaras de Agricultura y de
Comercio (Arcos y Villamartín) ejercían su mediación e incluso
llegó a suceder que el gobernador civil se mezclase en el
asunto, como ocurrió en Carmona. Lo que sucedió, según Díaz
del Moral, en Bujalance fue, pues, la excepción: en general, las
huelgas no se detenían por sí mismas y cuando eso sucedía,
como en Jerez, era precisamente por falta de mediación. Allí
donde se llegaba a compromisos, éstos afectaban por regla
general al salario de los trabajadores encargados del acarreo
de las mieses pues, gracias a la mano de obra forastera, la siega

564 Guad. (16 y 19 de junio de 1903): Jerez; (22 de junio de 1903): Arcos; (8 de julio
de 1903): Carmona; y (21 de junio de 1903): Villamartín.
565 lbid. (21 y 25 de junio de 1903).
no se interrumpió en ningún lado. En Carmona se solucionó el
conflicto gracias a la concesión que los obreros acabaron
haciendo sobre la duración de la jornada de trabajo: siempre
que el viento se levantase tarde, no abandonarían su trabajo
‒la «aventa» del trigo‒ hasta media hora después de la puesta
de sol.566

La amplitud y la intensidad de aquellas huelgas del verano de

1903 corresponden a la resistencia patronal a la disminución de
la duración y la intensidad del trabajo. Sólo hemos encontrado
un caso de éxito fácil, logrado en algunos pocos días, el de
Cuevas del Becerro, al nordeste de Ronda, donde los
trabajadores obtuvieron salarios de dos pesetas (alimentación
incluida) y de tres pesetas (neto) y que ya no se contratase a
nadie a destajo; pero, no muy lejos de allí, en Teba, la lucha por
el reconocimiento del derecho de asociación había durado seis
meses. 567 Nuestra interpretación, fundada en un análisis
empírico, no subestima en absoluto la fuerza de arrastre que
había podido constituir el estado de ánimo de las masas,
predispuestas por la propaganda anarquista a creer que la
revolución era para el día siguiente. Pero, si esta psicología
simplista estaba tan extendida como se pretende, la burguesía
agraria supo jugar hábilmente. En aquel principio del siglo XX
ya no se contentaba con recurrir a la fuerza sino que negociaba
con el objetivo de ganar tiempo y, al hacerlo, de disociar el
«frente de clase» que se había constituido alrededor del
campesino proletario. Pues la solidaridad con que éste se
hallaba rodeado no estaba exenta de fallos: en Jerez, los

566 lbid. (8 de julio de 1903).

567 T. y L., n.° 218 (julio de 1903). Calero (1976), pp. 51‒53.
trabajadores de las bodegas ‒los arrumbadores‒ volvieron al
trabajo al cabo de algunos días, y en Villamartín los
comerciantes perdieron muy pronto la paciencia.568 El mundo
del trabajo no era homogéneo ni social ni ideológicamente: en
este sentido, esta primera oleada de huelgas fue también la
ocasión para los sindicalistas revolucionarios y reformistas de
medir sus fuerzas. Muchos trabajadores agrícolas aprendieron
entonces, a sus expensas, que la organización era un factor
necesario, sin duda, pero no suficiente. De ahí, como de las
circunstancias adversas (la escasez de 1905), proviene
probablemente la regresión del movimiento social de los años
siguientes.

La generalización de la huelga: 1918‒1920

Las huelgas agrícolas en perspectiva: 1904‒1924. Quiérase o

no, en el actual estado de las investigaciones no queda más
remedio que partir de las estadísticas del Instituto de Reformas
Sociales para dar una visión global del movimiento huelguístico
del trienio. Sabemos que subestiman la realidad, pero, ¿en qué
medida? Calero dice que hubo de 5 a 12 veces más conflictos
de los indicados por el organismo oficial. En el caso de
Córdoba, constatamos que la relación es de uno a dos en 1918
y 1920 y de uno a cuatro en 1919, año para el cual Díaz del
Moral contabilizó las huelgas no reivindicativas de marzo. Una
confrontación mensual hace ver que el Instituto de Reformas

568 Guad. (22 de junio y 12 de julio de 1903).

Sociales no desmiente las indicaciones de Díaz del Moral más
que tres veces: diciembre de 1918, marzo y mayo de 1919. Esto
no es poco en el ámbito de una provincia, pero tampoco
elimina de la gráfica (pag. 376) el empuje reivindicativo que se
produjo a nivel regional en noviembre de 1918 y en mayo de
1919. A falta de otros instrumentos de medida, los resúmenes
mensuales del Instituto de Reformas Sociales permiten, al
menos, establecer tendencias y, aunque menos numerosos, sus
análisis de casos aportan precisiones, sobre todo en lo
referente al número de huelguistas, que no figuran en el libro
de Díaz del Moral.

La contabilización año por año (véase cuadro en Apéndices,

p. 363) de las huelgas agrícolas registradas en toda España
entre 1904 y 1924 muestra que no empezaron a cobrar
importancia hasta 1913, con el 9 por 100 del total. En los años
siguientes, su proporción crece regularmente y en 1919 se llega
al tope con un 22,3 por 100 del total. Decrece luego y en 1922
recupera el nivel de 1913. Por muy rudimentario que sea, el
indicador del número de huelgas muestra que la combatividad
del proletariado agrícola iba al unísono con la combatividad
obrera en general.

Limitándonos a los veinte años cubiertos por las estadísticas

del Instituto de Reformas Sociales, la casi totalidad de las 851
huelgas agrícolas censadas, un 96,7 por 100, afectaba a 33 de
50 provincias y en siete provincias no se registró ninguna
(véase cuadro de la página 364). La distribución regional
muestra que las huelgas agrícolas eran muy excepcionales en
todo el norte cantábrico, de Galicia al País Vasco; poco
numerosas en Cataluña, donde se daban con mayor frecuencia
en la provincia de Tarragona; y tampoco abundaban en
Extremadura, donde predominaban en la provincia de Badajoz.
Había núcleos importantes en Aragón (Zaragoza), Levante
(Valencia) y Castilla la Nueva (Toledo); en Castilla la Vieja, las
huelgas eran más frecuentes y extendidas, aun cuando la
provincia de Valladolid representaba un tercio del total
regional. Andalucía era el lugar con más huelgas, con un total
de 309, de las cuales un 70 por 100 tuvieron lugar en las
provincias de Sevilla, Córdoba y Cádiz; en esta última, la
periodicidad era más regular que en el resto, ya que se
produjeron huelgas en 17 años de 21 (véase cuadro de la
página 366). En definitiva, este medio de acción no era
privativo del proletariado rural andaluz, aun cuando éste se
utilizó de un modo más masivo y en ocasiones más regular que
en otras regiones de la España agraria.

En cualquier caso, el análisis cronológico (Apéndice, pp.

367‒374) lleva a ponderar este juicio. Pues, efectivamente, en
Andalucía más de los dos tercios, el 68,9 por 100 de las huelgas
agrícolas, se concentran en los tres años, 1918, 1919 y 1920,
mientras que a escala del país esta proporción es únicamente,
durante el mismo lapso de tiempo, del 56,2 por 100. Además
de subrayar la intensidad del movimiento en los campos
meridionales, estas cifras revelan el impacto que tuvieron
sobre la opinión, así como el relativo aislamiento a que se
vieron reducidos los dirigentes de la FNOA. Esto es todavía más
manifiesto si añadimos que, a partir de 1920, el movimiento
vuelve a caer en Andalucía mucho más deprisa que en otras
regiones: en aquel año, se censaron 30 huelgas en la provincia
de Zaragoza y 22 en la provincia de Sevilla, 19 en la provincia
de Valladolid y 16 en la de Jaén. La evolución del número de
jornadas perdidas, según Roldán y García Delgado, en las
provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, confirma que el
movimiento huelguístico presenta mayor intensidad en 1919,
con 300.000 jornadas perdidas; al haberse doblado su cantidad
global de un año a otro, la proporción de las cuatro provincias
se vio considerablemente reducida: de 12,6 por 100 en 1918,
pasó al 7,5 por 100. De un modo general, «el poder de la
huelga» de la agricultura española, calculada en huelguistas,
llegó a su tope en 1918: más de un quinto, 28,7 por 100,
procedía del proletariado rural. Al año siguiente, esta
proporción no es más que de un 17,4 por 100; en ambos casos,
representa algo más de 30.000 huelguistas.

La estadística relativiza, pues, la amplitud del movimiento

huelguístico en Andalucía durante el «trienio bolchevique». Si
éste alarmó hasta tal punto a los poderes públicos y a los
propietarios es porque presentaba rasgos cualitativamente
novedosos.

Las características novedosas del trienio. Esquemáticamente,

la lucha de los obreros agrícolas cordobeses reviste, en 1918 y
1919, tres aspectos estrechamente ligados entre ellos. El
primero de ellos, que Díaz del Moral destaca en varias
ocasiones, es el carácter «combinado», concertado, de sus
luchas. En noviembre de 1918 éstas estallaron
simultáneamente en 34 localidades, en marzo de 1919 en 21
de ellas y en mayo de 1919 en 33. Hasta el verano de 1919, las
huelgas fueron casi siempre generales en todos lados, en la
medida en que todas las capas de la población activa se
asociaban a la acción. Este carácter planificado del movimiento
reivindicativo debe sumarse al activo de los anarcosindicalistas:
este es el segundo aspecto de que hablábamos. Las
organizaciones locales más antiguas, como las de Castro del
Río, Bujalance o Espejo, jugaron un papel capital, tanto en la
elaboración de la plataforma como en la determinación de la
táctica. Antes de pasar a la acción, deliberaban con los
representantes de otras localidades de la provincia; así, la
primera y la tercera de las oleadas de huelgas anteriormente
citadas se vieron precedidas de congresos que, en ambos
casos, se celebraron en Castro del Río. Las tres localidades que
hemos mencionado anteriormente son también las que
presentaron una mayor frecuencia de huelgas: únicamente en
el año 1918, el Instituto de Reformas Sociales habla de tres en
Espejo y cuatro en Castro del Río. También eran las de mayor
duración: 25 días en Castro del Río en septiembre de 1918; un
mes en Castro y Espejo y 20 días en Bujalance en otoño de
1919; y de 25 a 30 días en Espejo y Bujalance en mayo‒junio de
1920. Ello equivale a decir que la intensidad de la lucha estaba
generalmente ligada ‒y este es el tercer aspecto a que nos
referíamos‒ a la pretensión de los huelguistas de que los
acuerdos concluidos quedasen sancionados por un contrato
colectivo, que comprometiese al conjunto de la parte patronal.
Las reivindicaciones, sobre las que volveremos más adelante,
no eran nuevas, incluso cuando la prioridad de contratación de
la mano de obra local estuviese impulsada por los campesinos
de las tierras más ricas que, al no emigrar, «tenían vital
interés» en obtener, si no la prohibición, al menos una
regulación estricta del empleo de los trabajadores
forasteros. 569 Esta actitud era criticable, sin lugar a dudas,
desde el punto de vista de la solidaridad de clase.
Objetivamente, la engendraba la lógica propia de la agricultura
comercial y los bruscos cambios que ésta producía en la
distribución territorial de la población.

Si tomamos, uno tras otro, los rasgos distintivos de las

huelgas llevadas a cabo por el proletariado agrícola cordobés,
nos damos cuenta de que no se reproducen con la misma
claridad en el resto de la Andalucía rural. Tras experimentarse a
principios de siglo, la práctica de las huelgas simultáneas a
escala de la comarca y generales en el ámbito de la localidad
fue puesta en práctica sobre todo por los anarquistas de Jerez.
En 1911 obtuvieron, gracias al apoyo del comercio y al cabo de
quince días de huelga, un acuerdo ventajoso sobre los salarios
bajos y las condiciones de trabajo. En 1914 lograron llevar a la
acción a los obreros agrícolas de una decena de localidades
aunque, con el abandono de los comerciantes, tuvieron que
aceptar tras cinco semanas de huelga el arbitraje del
gobernador civil. En cualquier caso, establecieron un
precedente al imponer el principio del contrato colectivo. Con
este objetivo precisamente se declararon en huelga 2.800
trabajadores de Osuna, en 1915, pero su número no fue
suficiente para doblegar a los patronos y la intervención de la

569 Díaz del Moral (1973), p. 307.

Guardia Civil acabó rápidamente con el movimiento. El medio
era probablemente menos favorable que en una ciudad
industrial como Jerez. En ella, la asociación de obreros agrícolas
todavía logró, en agosto de 1918, paralizar toda la actividad
por una cuestión de interés general, como era el alza del coste
de la vida: se trata de la última huelga general importante de
las organizadas por los anarcosindicalistas durante aquel
período.

Según parece, esta práctica fue la más extendida en el campo

oriental de Córdoba durante el trienio, sobre todo en las
pequeñas y medianas aglomeraciones donde el proletariado
agrícola, mayoritario y bien organizado, se encontraba en las
condiciones adecuadas para imponer su ley. Sea como fuere, al
observarlo de cerca nos damos cuenta de que los casos en que
esto se producía ‒en que la organización era lo
suficientemente fuerte como para bloquear totalmente una
localidad; como para ejercer, aunque sólo fuese durante unos
días, lo que Díaz del Moral llama su «dictadura»‒ fueron
bastante escasos. Los datos aportados por el propio Díaz del
Moral, completados por los que añadió Tuñón de Lara,
muestran que la huelga general de carácter revolucionario
apenas afectó a media docena de localidades: Villanueva de
Córdoba, Castro del Río, Baena, Nueva Carteya, Lopera y
Porcuna, todas ellas situadas en el mismo perímetro. 570 En
cambio, ninguna de las grandes poblaciones sevillanas, como
Morón o Carmona, conoció en aquella época, contrariamente a
lo sucedido a principios de siglo, situaciones de aquel tipo; y
resulta incluso muy sorprendente que ni el Instituto de

570 Ibid., pp. 269 y 334. Tuñón de Lara (1978), pp. 82‒83.
Reformas Sociales ni la prensa local recojan huelgas agrícolas.
Allí donde se producían eran breves y fracasaban: tal fue el
caso de Marchena, en mayo de 1919, cuando 2.800
trabajadores reemprendieron el trabajo después de tres días
de huelga, sin haber obtenido nada en el empeño. No muy
lejos de allí, en Utrera, se logró un acuerdo al mes siguiente
gracias a la solidaridad de los comerciantes y tras la
intervención del gobernador civil. En la provincia, tuvo lugar
una huelga general en Alcolea del Río, pequeño pueblo de
2.500 habitantes, en junio de 1920, es decir, en una fecha
tardía. 571 En realidad, las autoridades de Sevilla habían
reaccionado preventivamente ante la extensión del
movimiento huelguístico de la provincia, utilizando
alternativamente la represión y la disuasión: a principios del
mes de mayo de 1919, el ministro Ossorio acudió a Sevilla;
durante los días siguientes, el gobernador civil recibió
delegaciones obreras, en ocasiones dirigidas por alcaldes; y a
fines de octubre, el conde de Salvatierra hacía detener a Pedro
Daza, considerado como «el presidente de los campesinos
andaluces».572

El análisis del gráfico, p. 376, establecido a partir de

estadísticas del Instituto de Reformas Sociales, confirma que
no es posible trasladar al conjunto de Andalucía el modelo
elaborado por Díaz del Moral para la provincia de Córdoba. Sí
es cierto que, globalmente, se observa que en diciembre de
1919 y en mayo de 1920 el número de conflictos agrícolas

571 BIRS, n.° 191 (marzo de 1920) y n.° 193 (mayo de 1920). Lib. Sev. (10 de junio de
1919).
572 Lib. Sev. (10, 27, 28 de mayo y 30 de octubre de 1919). AHN, Gobernación, 57 A,
n.° 26, Sevilla, 30 de octubre de 1919.
alcanza, aproximadamente, el mismo nivel que en el período
en que el movimiento estaba en su apogeo en los campos
cordobeses: los meses de noviembre de 1918 y mayo de 1919.
También podemos constatar que las huelgas son mucho más
frecuentes en la segunda mitad del año 1919, especialmente
en otoño. Pero la distribución por provincias (véanse los
cuadros de las pp. 364‒365) muestra que las de Sevilla,
Córdoba y Jaén, o sea la Andalucía del Guadalquivir, no se ven
afectadas simultáneamente ni en las mismas proporciones más
que en dos casos, en mayo de 1919 y en mayo de 1920. Dicho
de otro modo, el movimiento reivindicativo del proletariado
agrícola andaluz se extendió sobre unos dos años y medio y no
se desarrolló de un modo uniforme. En un principio, se localizó
en los campos de Córdoba y luego se fue desplazando
progresivamente hacia el oeste y el este. También quedó
concentrado geográficamente, sobre todo alrededor de las
capitales. Así, en la provincia de Sevilla se produjeron 15
huelgas en las localidades de su partido judicial, y 9 y 7,
respectivamente, en los partidos contiguos de Sanlúcar la
Mayor y Lora del Río: ello representa 31 huelgas de un total de
55 huelgas registradas. En la provincia de Jaén, las tres cuartas
partes de las huelgas, 31 de 42, se produjeron en cinco partidos
judiciales, entre ellos los de Andújar (7), Martos (8) y Alcalá la
Real (6), que limitan con la provincia de Córdoba, sin duda la
que llevó a cabo el movimiento huelguístico de máxima
extensión geográfica; esta constatación aparece con mayor
claridad cuando se establece el cuadro de las localidades en las
que los campesinos se declararon en huelga al menos tres
veces:
 El carácter planificado del movimiento reivindicativo es
también un fenómeno propio de los anarcosindicalistas
cordobeses. Efectivamente, cada vez que se registra un
elevado número de huelgas en las provincias de Sevilla y Jaén
podemos observar que rara vez son simultáneas, sino que, por
el contrario, se producen a lo largo de varias semanas: tal es el
caso de Sevilla en mayo y octubre de 1919 y en mayo de 1920,
y de Jaén en diciembre de 1919 y en mayo de 1920. Esto
significa que a partir de la primavera de 1919 no hubo una
dirección unificada de las luchas campesinas. La FNOA había
renunciado a ejercerla antes de disolverse y no había razón
para que la Regional andaluza de la CNT ‒minada por sus
disensiones y debilitada por la represión‒ pretendiese
asumirla. Así las cosas, fue la organización rival, la UGT, la que
se dedicó en la misma primavera de 1919 a estructurar un
movimiento reivindicativo pujante. Lo hizo a nivel provincial,
organizando congresos en Córdoba (17 a 19 de abril), Sevilla (4
a 7 de mayo) y más tarde, a principios de otoño, en Jaén (29 de
septiembre a primero de octubre). Estos congresos tenían
como rasgo común su intención de reunir a todas las
organizaciones no federadas de todos los oficios,
prescindiendo de su orientación ideológica. Gracias a ello, la
UGT pudo construir inmediatamente unas federaciones
agrarias provinciales, elaborar una plataforma reivindicativa y
esbozar un programa de reforma de la propiedad: éste, sin
duda, fue otro de los nuevos rasgos del trienio, que hasta el
presente no ha sido justamente valorado más que por Calero.

Ciertamente, desde Díaz del Moral sabíamos que los

socialistas habían jugado un papel importante, aunque no
determinante, en las luchas campesinas de la provincia de
Córdoba. Más tarde, Tuñón de Lara subrayó la actividad
desplegada por los militantes de la provincia de Jaén en la
preparación del congreso agrario regional organizado en su
capital por la UGT, en octubre de 1920. Pero, por lo que
sabemos, nadie ha señalado todavía que la provincia de Sevilla
fue objeto de un intento de penetración idéntico por parte de
los socialistas. Su dirigente no era, sin embargo, un
desconocido, pues se trataba de Egocheaga, el antiguo
contrincante de Sánchez Rosa. El resumen que ofrece El Liberal
de Sevilla de este congreso, celebrado del 4 al 7 de mayo de
1919, muestra al menos dos cosas. La primera de ellas es que
Egocheaga se daba perfecta cuenta de la necesidad de colmar
el vacío resultante de la carencia del anarcosindicalismo; en su
opinión, el congreso no podía limitarse a establecer unas
reivindicaciones, sino que debía exigir la reapertura de todos
los centros obreros y la liberación de los militantes detenidos o
deportados, además de considerar que el restablecimiento de
las libertades políticas era un paso previo al comienzo de los
trabajos en el campo.573 En segundo lugar, las reivindicaciones
inmediatas (salarios y condiciones de trabajo) debían tener,
aun sin ser olvidadas, un peso menor que las reformas
estructurales que convenía imponer a los propietarios, con el
fin de acabar con el problema del desempleo. En este sentido,
el congreso de Sevilla no hacía más que recoger la propuesta
adoptada en Córdoba tres semanas antes, tendente a
constituir en el término de cada pueblo «un patrimonio
municipal» que equivaliese, al menos, a una quinta parte de su
superficie; las tierras, procedentes de los propietarios de más
de 100 hectáreas, las explotarían los sindicatos campesinos.574
En resumidas cuentas, los dirigentes de la UGT se esforzaban
en traducir concretamente la opinión de la base, para quien la
mejora de su situación pasaba más por la reforma de la
propiedad que por el alza de los salarios. Resulta curioso
constatar que los anarcosindicalistas siguieron una evolución

573 Lib. Sev. (4 de mayo de 1919): «Congreso agrario y obrero: Sesión inaugural»; (5
de mayo de 1919): «Quinta sesión».
574 Ibid. (6 de mayo de 1919): «Sexta sesión»; y Díaz del Moral (1973), pp. 309‒310.
inversa, ya que su asamblea regional del día 8 de julio de 1923
proclamó que, mientras la tierra no se cultivase en común,
«[era] preferible el salario a la parcelación».575

El sindicalismo socialista aparece, a través del examen de sus

congresos, más preocupado por consolidar su reciente
implantación que por llevar a cabo acciones de conjunto contra
la burguesía agraria. El desarrollo de las huelgas en la provincia
de Sevilla en 1919 y 1920 confirma esta impresión. En 1919, los
conflictos se repartieron casi a partes iguales entre localidades
representadas en el congreso provincial de la UGT, localidades
representadas en el congreso nacional de la CNT y localidades
no afiliadas. En 1920, por el contrario, parece que el
anarcosindicalismo toma mayor ventaja, sea por el
reforzamiento de sus organizaciones locales, sea por la
integración en la CNT de otras organizaciones suyas. Como es
lógico, sólo un estudio sistemático permitiría verificar el
correcto fundamento de las indicaciones que nos aportan las
estadísticas oficiales.

Una resistencia patronal a la altura de la situación.

El hecho de que en el otoño de 1919 se llegase al máximo

nivel de conflictos no debe esconder que, allí dónde se
produjeron más tardíamente, en general, tendieron a ser más
largos: si en 1919 registramos 14 huelgas iguales o superiores a
los ocho días, de un total de 98, en 1920 se dieron 11 de un

575 Díaz del Moral (1973), p. 313.

total de 63, lo que representa una proporción sensiblemente
mayor. Jerez fue, sin duda, con las localidades
anarcosindicalistas de los campos de Córdoba, uno de los
lugares en que se registró una mayor duración de los
conflictos: cinco semanas en 1919 y cuatro en 1920; pero los
300 huelguistas de la pequeña localidad sevillana de Peñaflor
combatieron, en 1920, durante el mismo tiempo; y, a fines de
año, 800 obreros de Dos Hermanas cesaron en el trabajo
durante, al menos, dos meses.576 Hubo también conflictos que
se reemprendieron y se prolongaron, como los de Antequera y
Lucena, en otoño de 1918, pues, tras prestarse a la
negociación, los patronos se negaron a pagar los salarios
fijados de común acuerdo; en general, se trataba de
localidades en que el número de jornaleros se elevaba a varios
centenares, o incluso a varios millares.577 La mayor duración de
las huelgas agrícolas constituye, pues, otra de las
características del trienio: conduce a examinar más de cerca el
contenido del movimiento reivindicativo y a esbozar su
balance.

El aumento de los salarios era una necesidad impuesta por el

alza de los precios, que se había iniciado a principios de 1913 y
vio elevarse progresivamente su curva a lo largo de los dos
primeros años de la guerra mundial. Los precios se desbocaron
en otoño de 1916. El alza más fuerte se produjo entre octubre
de 1917 y marzo de 1918, y luego de octubre de 1918 a marzo
de 1919. El punto de inflexión de la curva se alcanzó en
septiembre de 1920: en Jerez, por citar un ejemplo, el precio

576 BIRS, n.° 201 (enero de 1921) y n.° 208 (agosto de 1921).
577 E.N. (13 de noviembre y 10 de diciembre de 1918): Antequera.
del pan se había doblado en relación a 1916: el kilogramo
oscilaba entre 0,76 y 1 peseta. El hecho más notable, con
mucho, lo constituyó el que el alza fue netamente superior en
la España rural. La diferencia entre pueblos y capitales de
provincia no cesó de aumentar de octubre de 1917 a
septiembre de 1920, período que, a grandes rasgos,
corresponde al movimiento huelguístico de la agricultura.
Según Roldán y García Delgado, el alza de los precios al detalle
en el medio rural fue, entre 1914 y 1920, del orden del 120 por
100.578

Un alza de aquel tipo relativiza considerablemente la

elevación de los salarios nominales, que según Díaz del Moral
aumentaron en un 150 por 100 de 1917 a 1921.579 Por lo
demás, el notario de Bujalance se sitúa exclusivamente desde
el punto de vista patronal y sólo ofrece como elementos
concretos los salarios fijados o efectivamente pagados en el
verano de 1918 y en algunos pueblos. No especifica ninguno de
los casos, numerosos en el verano de 1919, en que las
reivindicaciones eran excesivas. No menciona las tarifas
obtenidas para los trabajos de invierno. Además del aumento
concedido en diciembre de 1917 en Castro del Río, que
representa un paso de 2 a 3 pesetas en el salario, no indica los
que estaban en vigor en el momento en que la incapacidad de
los poderes públicos para cortar el aumento de los precios
condujo ya al conjunto de la clase obrera a reclamar antes de
nada la revalorización de su fuerza de trabajo. Según Eloy
Vaquero, a partir de la huelga general de agosto de 1917, «la

578 Roldán‒García Delgado, I, pp. 130‒143.

579 Díaz del Moral (1973), p. 330.
organización obrera rural se extendió... cuando la lucha por el
abaratamiento de las subsistencias se cambió en lucha por
aumentos de salario». 580

Detengámonos ante todo en los salarios de invierno: se trata

de la estación de la recogida de las aceitunas, en la que
participan familias enteras, de los «ocios forzosos» (Lenin) más
largos, de las más bajas remuneraciones. Eloy Vaquero estima
que los salarios obtenidos en el invierno de 1919 habían
aumentado, por término medio, más del 50 por 100 en relación
a los de antes de la guerra, pasando de 2,25 a 3,50 pesetas. Las
cifras que recogieron los emisarios del Instituto de Reformas
Sociales en el mes de febrero concuerdan con ello: 3 pesetas
más una medida de aceite (una «panilla») en Montoro y de
3,50 a 4 pesetas en Puente Genil.581 Pero en Lucena las 4
pesetas para la tala del olivar y las 3,50 pesetas para el vareo
habían sido impuestas a los patronos mediante la movilización
popular y la amenaza de una huelga general; un año más tarde,
las tarifas sólo habían aumentado ligeramente para el vareo, 4
pesetas, y para la poda de la viña, 4,25 pesetas, manteniéndose
la cava en 3 pesetas.582 En Montilla, el acuerdo suscrito bajo el
control del gobernador civil en septiembre de 1919 estipulaba
dos tarifas análogas; 3,50 pesetas para el obrero de los viñedos
y 3 pesetas más la alimentación para el gañán; en noviembre,
en Cañete de las Torres, el salario fijado para todo tipo de
trabajo era de 4 pesetas y en Espejo el gañán debía cobrar de
2,75 a 3 pesetas, alimentación comprendida, y la recogida de

580 And., n.° 140.

581 Bernaldo de Quirós (1973), pp. 82 y 85.
582 And., «Movimiento obrero», n.™ 126 y 173.
aceitunas retribuirse a 3,65 pesetas.583 Si nos fijamos en la rica
comarca cerealera de Jerez, constatamos una resistencia
idéntica por parte de los propietarios para remunerar mejor los
trabajos de invierno. Entre 1902 y 1914, el salario mínimo no se
había modificado: 1 peseta más la comida a principios de siglo
y 1,62 pesetas netas según el arbitraje del gobernador civil en
1914. Las 3 pesetas conquistadas en 1918 representan un
aumento de cerca del 100 por 100, pero en relación a un nivel
muy bajo. Al año siguiente, la delegación patronal se negó a
comprometerse más allá de las 3,50 pesetas, mientras los
obreros pedían 4,50 pesetas. Sólo en el otoño de 1920 y en
ciertas comarcas oleícolas de Jaén y de Sevilla se pueden
registrar salarios netamente superiores, que oscilaban
alrededor de las 8 pesetas. También es el momento en que los
precios se encuentran en el nivel más alto y en ciertos casos,
como el de Alcalá de Guadaira, el salario correspondía a ocho
horas de trabajo: 584 una cosa compensa a la otra, teniendo en
cuenta que el objetivo de los patronos debía ser una rápida
recogida de las aceitunas.

Esbocemos ahora la evolución de los salarios del verano.

Inmediatamente nos damos cuenta de que en un cierto
número de localidades de las provincias de Sevilla y Jaén, el
salario por horas del segador igualaba o rebasaba en 1919 y
1920 las tarifas practicadas en el campo cordobés en 1918:
5,50 pesetas en Lopera, 7,50 pesetas en Gerena por seis horas
de trabajo efectivo, 9,25 en Carrión de los Céspedes, en 1919, y

583 Ibid., n.os 158, 166 y 167.

584 BIRS, n.os 206 (junio de 1921).
9 pesetas por ocho horas en Jimena, en 1920.585 Estos datos
son, no obstante, excesivamente fragmentarios para que se
pueda deducir de ellos una tendencia significativa.

Convendría apreciar, en cada caso, la relación de fuerzas que

permitió obtener aquellas condiciones relativamente
ventajosas. Por otra parte, al acabar la siega, faltaba trillar y
entrojar la mies, operaciones por las cuales los salarios
aumentaron en proporciones netamente inferiores. Tomemos
otra vez el ejemplo de Jerez, donde las tarifas de la siega no se
negociaron nunca, pues ésta se realizaba generalmente a
destajo por cuadrillas de trabajadores foráneos. En 1919, el
salario mínimo para la trilla se fijó en 4,25 pesetas, cuando
antes de la guerra estaba en 2,25 pesetas; su progresión no
siguió la del coste de la vida. Los obreros destinados a las
trilladoras tampoco resultaron mejor parados, pues su salario
mínimo pasó de 2,75 pesetas a 4,75 pesetas. Y cuando, el
verano siguiente, los labradores jerezanos concedieron 1
peseta más, en el momento álgido de la subida de los precios,
lo hicieron para así acabar las discusiones sobre condiciones y
duración del trabajo y con ello anular el conflicto. Esto se
confirma en 1923, en la coyuntura de posguerra, cuando los
obreros agrícolas no llegaron a obtener las 5 y 5,50 pesetas que
pedían. El ejemplo de Jerez apunta a que el crecimiento de los
salarios, sobre todo para las tareas menos cualificadas, no fue
tan importante como lo pretende el notario de Bujalance.

La actitud patronal se comprende mejor al comprobar que la

lucha de los campesinos asalariados era indisociablemente

585 Ibid., n.° 185 (noviembre de 1919); n.° 191 (marzo de 1920); n.° 201.
defensiva y ofensiva. Al principio, es cierto que luchaban contra
la desvalorización de su fuerza de trabajo, logrando en ese
campo algunos éxitos limitados y precarios. Una vez la acción
en marcha, su dinámica les condujo a luchar contra la
intensificación del trabajo diario, por cuyo medio los patronos
se esforzaban en compensar el alza de los costes salariales.
Pues cuanto más breve fuese la jornada efectiva,
especialmente en invierno (alrededor de seis horas), mayores
serían las posibilidades de contratación. En este sentido, el
contrato colectivo firmado el primero de julio de 1918 en Jerez
representó un cambio capital: pues, aparte del paso de las 5 y
media a las 7 como hora de inicio del trabajo en verano, la
duración de la jornada de trabajo en invierno estaba
estrictamente regulada, contrariamente a lo que siempre
habían pretendido los patronos hasta aquel momento y que
volvieron a rechazar en 1923.586 Encontramos de nuevo este
tipo de cláusulas en los contratos firmados para los trabajos de
invierno por las organizaciones de las principales localidades
cordobesas: en Baena, en noviembre de 1918, y en Montilla, en
septiembre de 1919, donde la duración total de las pausas se
mantuvo ligeramente por debajo de la de Jerez.587

En Lucena, por el contrario, hasta diciembre de 1919 no se

estableció que el inicio del trabajo en el «ruedo», los campos
cercanos a la localidad, se hiciese media hora más tarde de la
salida del sol. En Cañete de las Torres y en Espejo también se
retrasó la salida hacia el lugar de trabajo, pero el desarrollo de
la jornada siguió viéndose sometido a los usos habituales; en

586 Guad. (1 de julio de 1918) y B1RS, n.° 231 Qulio de 1923).

587 BIRS, n.° 179 (marzo de 1919): Baeza.
Aguilar, los enviados del Instituto de Reformas Sociales dejaron
constancia de que no se admitían pausas en la recogida de la
aceituna.588

En el marco de esta lucha contra la sobreexplotación se

planteó la cuestión del trabajo a destajo, que representa un
aspecto particular de tal explotación. Los patronos recurrían a
él ante todo por razones de orden económico, dado que este
sistema reducía el tiempo de las cosechas al estar ligada la
remuneración del obrero a su rendimiento. Por esta misma
razón las organizaciones obreras se oponían a él, estimándolo
un sistema nocivo para la salud de los trabajadores que se
prestaban a él y para la solidaridad del grupo, ya que el trabajo
a destajo lo efectuaban generalmente trabajadores
estacionales originarios de las comarcas más pobres. Con el
empuje del movimiento reivindicativo, los patronos se servían
de él como de un arma, con el objetivo de vencer las
pretensiones salariales de los obreros locales asalariados, como
fue el caso de Teba en 1919.589 Este comportamiento reavivó la
oposición de principio de los sindicatos campesinos al trabajo a
destajo, cuya abolición exigían en todos lados y con distinta
suerte. También era frecuente que exigiesen conjuntamente el
despido o la prohibición de contratar a trabajadores forasteros:
la rigidez de esta actitud generó, en muchas ocasiones,
situaciones sin salida. Una de las más curiosas se dio en Luque,
donde los lugareños se vieron privados del derecho a trabajar
en las tierras de su pueblo simplemente porque, al pertenecer
éstas a propietarios de otros lugares y en virtud de una

588 Bernaldo de Quirós (1973), p. 92.

589 And., n.° 156.
decisión tomada en un congreso anarcosindicalista, las debían
trabajar los obreros que residiesen en la localidad de los
propietarios. Los habitantes de Valdepeñas de Jaén se vieron
reducidos a la misma suerte en razón de los acuerdos
concluidos por las organizaciones de Jaén y de tres localidades
vecinas para asegurarse la exclusividad en la recogida de las
aceitunas.590 En estos casos límite, la solidaridad de grupo era
más fuerte que la solidaridad de clase.

Guardémonos, sin embargo, de hacer generalizaciones, tanto

sobre este punto como sobre otros. Hubo otras organizaciones
que supieron mostrarse más transigentes, llegando a
compromisos que arreglaban el tema del trabajo a destajo y
preservaban los intereses respectivos de los obreros locales y
de los inmigrantes. El ejemplo más significativo es sin duda el
de Montilla, donde los delegados del Instituto de Reformas
Sociales vieron que los trabajadores renunciarían a su
oposición de principio si la tarifa del trabajo a destajo
aumentase al doble. 591 El acuerdo de septiembre de 1919
avanzaba en este sentido, ya que los patronos debían contratar
prioritariamente a los obreros locales y garantizarles una
remuneración al menos igual a la tarifa fijada para el salario
por horas. El año precedente, en Lucena, el sindicato había
reconocido que la concurrencia de los trabajadores forasteros
era indispensable, obteniendo en contrapartida la colocación
de todos los obreros locales; en diciembre de 1919, el mismo
sindicato recibió la promesa de un mismo número de empleos
al de los forasteros, sobre las mismas bases. A fines de la

590 Ibid., n.os 133 y 173.

591 Bernaldo de Quirós (1973), p. 95.
primavera de 1920, en el marco de las comisiones mixtas
presididas por el alcalde, las organizaciones de Baena y
Alcaudete regatearon el mantenimiento del trabajo a destajo
contra la prioridad de contratación de los residentes y la
reducción de la jornada a 7 horas y 6 horas de trabajo efectivo.

El análisis de casos muestra que la evolución del movimiento

reivindicativo no fue tan lineal como lo pretende Díaz del
Moral. En las localidades con mayor población y mejor
organizadas, las huelgas se vieron seguidas en la misma medida
o más masivamente en 1921 y 1922 que en 1917 o 1918. Las
cifras siguientes dan una idea de la evolución del número de
huelguistas en tres localidades de importancia media:592

A partir de 1920 ya no se trata tanto de atenuar o invertir la

tendencia al deterioro del poder adquisitivo ‒muy modesto,
por lo demás‒ como de obtener la conclusión o la renovación
de un contrato colectivo: para las organizaciones sindicales, era
el mejor modo de regularizar el mercado de trabajo, hasta
entonces sometido al arbitrio de los patronos.

592 BIRS, n.° 201.

 Ante la nueva amplitud del movimiento huelguístico, ante la
afirmación del sindicato campesino como fuerza autónoma, la
burguesía agraria, inicialmente obligada a batirse en retirada,
en conjunto se fue radicalizando mucho más deprisa de lo que
da a entender Díaz del Moral. Con el regreso de Maura al poder
el 22 de mayo de 1919 pudo contar con el hombre cuya
determinación había encauzado la fuerte presión reivindicativa
del verano de 1903. El nuevo gobierno, a partir del momento
en que entró en funciones, confirmó al general Manuel de la
Barrera como delegado especial del Ministerio de Gobernación
en las ocho provincias de Andalucía, antes incluso de proclamar
la ley marcial en Córdoba.593 La misión de La Barrera era mucho
más amplia que el simple mantenimiento del orden. A nuestro
entender, es altamente significativo que este general
presidiese la negociación en un lugar neurálgico como Jerez;
quince días antes, Bartolomé Bohórquez, en nombre de los
grandes propietarios, había denunciado ante el ministro de
Fomento, el catalán Cambó, el papel de «dictadores» que se
arrogaban los anarcosindicalistas, pretendiendo imponer
multas a los patronos que recurriesen al trabajo a destajo.594
Ante la mala voluntad que presentaban los patronos
cultivadores en cuanto a tratar de igual a igual con los
representantes de los campesinos asalariados, el Estado y sus
agentes se esforzaron en poner en marcha los procedimientos
de arbitraje del decreto Ossorio, considerando sin duda que
constituían un medio tan eficaz como los métodos represivos
para hacer ceder a los huelguistas. ¿Acaso no fue cuarenta y

593 AHN, Gobernación, 57 A n.° 5: «Reales decretos originales...».

594 AMJ, legajo 3325 (bases obreras del 3 de junio de 1919, opinión de Bohórquez del
7 de junio de 1919 y acta de la reunión del 22 de junio de 1919).
ocho horas después del fracaso de las negociaciones presididas
por La Barrera y la deportación de los dirigentes
anarcosindicalistas, cuando el gobernador civil de Cádiz
anunció al ministro de Gobernación su intención de reunir a los
trabajadores y proponerles soluciones susceptibles de provocar
«desmembramiento sociedades obreras ya iniciado»? 595
Resulta bastante difícil, en cualquier caso, atribuirlo
simplemente al azar...

En otros términos, los ministros de la monarquía se

mostraban más lúcidos que aquellos alcaldes y patronos que,
según Díaz del Moral, consideraban a todos los campesinos
como simples bolcheviques. Al darse cuenta del carácter
organizado del movimiento que arrastraba a una fracción
creciente del proletariado agrícola, descubrieron que el mejor
medio de debilitarlo era dividiéndolo, hundiendo una cuña
entre el sindicalismo reformista y el sindicalismo
revolucionario. Ya que, a pesar de sus profesiones de fe, los
dirigentes de las organizaciones socialistas eran, en la práctica,
absolutamente pragmáticos. Por el contrario, los líderes
anarcosindicalistas más realistas ya no lograban llevar a sus
tropas hacia la vía del compromiso: en 1923, en Jerez, el
tribunal arbitral propuesto por el gobernador civil fue
considerado como una broma de mal gusto.596

Testigos y protagonistas han hablado hasta la saciedad del

profundo deterioro de las relaciones sociales que se produjo en
la sociedad rural andaluza durante el trienio. Díaz del Moral

595 AHN, Gobernación, 57 A n.° 13, Cádiz, 24 de junio de 1919.

596 Guad. (26 de julio de 1923).
cita en particular a uno de los más activos propagandistas
anarquistas, Salvador Cordón, que, en contra de lo que algunos
pretenden, no era, en absoluto, un espíritu simplista (aunque
su entusiasmo por la revolución soviética lo llevase a rusificar
su nombre).

Salvador Cordón

Tras recordar que los trabajadores no luchaban únicamente

por un pedazo de pan sino por su dignidad, Cordón mostraba
que el odio, un odio «africano» según algunos, lo alimentaban
los procedimientos que se utilizaban para impedir a los
trabajadores organizarse y actuar. De ello no se alegraba, ni
mucho menos, expresando su inquietud ante la idea de los
«torrentes de sangre» que correrían en las luchas futuras.
Pero, ¿eran capaces los políticos y los propietarios de escuchar
esta advertencia? 597

597 E.N. (23 de junio de 1919): «El problema de Andalucía».

 La huelga permanente: 1931‒1934

En muchos aspectos, el movimiento huelguístico de la

posguerra mundial prefigura al que más tarde, durante la
Segunda República, se desarrolló con una amplitud superior. Lo
cierto es que, en un principio y a pesar de una coyuntura
económica de nuevo incierta, el contexto político era
aparentemente más favorable a los trabajadores de la tierra.
Éstos vieron reconocidos algunos derechos que las
organizaciones reclamaban desde hacía tiempo, como la
indemnización por accidentes de trabajo o la jornada de ocho
horas. Los ministros socialistas montaron un dispositivo de
acción contra el paro agrícola que asociaba la prioridad de
contratación de la mano de obra local con la reabsorción del
paro mediante una red de bolsas de trabajo. Paralelamente,
instituyeron el arbitraje como forma obligatoria de arreglo de
los conflictos sociales, pero confiando su aplicación a los
representantes del poder; con ello, introdujeron un motivo
suplementario de conflicto, pues los anarcosindicalistas veían
en aquella medida un atentado a la libertad de negociación. Y
la regulación del trabajo elaborada por la monarquía no fue lo
único que se vio confirmado, pues, en la práctica, el ejercicio
de los nuevos derechos estaba singularmente limitado por la
persistencia de prácticas no democráticas. Apenas un mes
después del advenimiento del nuevo régimen, el general
Cabanellas declaró el estado de guerra en Andalucía y el
general Ruiz Trillo lo imitó a fines de julio en Sevilla. A fines de
octubre, la «ley de defensa de la República» regulaba el
derecho de huelga en el sentido que desde hacía tiempo
deseaban los propietarios, imponiendo un preaviso de ocho
días y la obligatoriedad de la conciliación. Esta política de
compresión de las libertades colectivas frenó por un tiempo el
desarrollo de la acción en el medio rural. Pero en la primavera
de 1932, cuando se alejó cualquier perspectiva de
transformación profunda de la España latifundista, la huelga
volvió a ser el medio de acción privilegiado del proletariado
agrícola.

El apogeo: 1932‒1933. Según las estadísticas oficiales, en

1932 el número de conflictos agrícolas del conjunto del país
recuperó prácticamente el nivel máximo de 1919,
representando al menos la cuarta parte del total de las huelgas
registradas. Esta cifra, sin embargo, es poco reveladora en sí
misma. Lo que realmente cuenta es que a partir de entonces
había tres veces más huelguistas en la agricultura ‒es decir,
90.000‒, mientras que en total la cifra récord de 1920 sólo
creció en un 10 por 100, pasando de 244.684 a 269.104. Dicho
de otro modo, un tercio de los huelguistas pertenece ya al
proletariado agrícola.

El número de jornadas perdidas, más de 800.000, confirma el

nivel excepcional del «poder de huelga» en la agricultura, con
una tasa del 22,5 por 100, mientras que la cifra global se quedó
por debajo de la de 1919, con menos de cuatro millones de
jornadas perdidas. La combatividad en el campo fue, pues,
netamente superior en relación al trienio. Y, sin duda, también
estaba más extendida, como lo sugiere la estadística llevada a
cabo por la FNTT en junio de 1932. 598 En las regiones
dominadas por el sindicalismo socialista, la huelga se extendió
de los antiguos núcleos (como Toledo o Badajoz) hacia las
provincias vecinas (Ciudad Real, Cuenca o Cáceres). La
continuidad de las luchas del trienio a la Segunda República no
es exclusiva de Andalucía sino que constituye un fenómeno
mucho más amplio.

El año 1933 marca el apogeo del movimiento huelguístico en

la España de antes de 1936. Es la primera vez, desde 1920, que
el número de conflictos supera el millar. Sin embargo, y en
relación con este año de referencia, el dato fundamental es
que el número de jornadas perdidas se duplica, pasando de
cerca de siete millones a casi catorce millones y medio. El
factor determinante de tal salto cualitativo es una participación
incomparablemente mayor de los trabajadores en la huelga:
843.000, el triple de huelguistas que en 1932.

La parte de los agricultores en este movimiento masivo fue

grande: cerca del 40 por 100 de las huelgas (448, cifra récord),
más de una cuarta parte de los huelguistas (28,5 por 100), en
un número, 240.609, que había aumentado en unas
proporciones muy cercanas al conjunto. La única diferencia
estriba en que el número de jornadas perdidas crece
solamente una vez y media, mientras que globalmente se
multiplicó por cuatro (véase cuadro p. 375). Esto significa que
la duración media de las huelgas en la agricultura fue más corta
que en otros sectores, contrariamente a la general tendencia a
alargarse.

598 FNTT., Memoria, 1932, p. 140.

 Pese a todo, la media general de huelguistas, que mide la
amplitud de los conflictos, se mantiene constante en la
agricultura: dicho de otro modo, la huelga conserva, en el
medio rural, su poder de movilización.

Ninguna de las obras consultadas indica el número de

huelguistas en la agricultura andaluza; deberemos
contentarnos, por ahora, con relacionar los datos elaborados
por Casimir Martí (número de jornadas perdidas) y por Antonio
María Calero (número de huelgas) a partir de la misma fuente,
las relaciones mensuales del Ministerio de Trabajo.

En cualquier caso, es suficiente para mostrar la intensidad

que reviste el movimiento huelguístico en el campo andaluz,
rasgo que ya caracterizó al trienio, pues el porcentaje de
jornadas perdidas es siempre superior al de conflictos.
 El aumento de las jornadas perdidas en datos brutos es
todavía más considerable: en 1932 hubo el doble que en 1919,
y en 1933 cinco veces más. En los dos años consecutivos
representan las tres cuartas partes del conjunto del sector
(véase el cuadro de la p. 375). La huelga se generalizó en toda
la España agraria, pero Andalucía siguió siendo el epicentro: no
en vano su paro agrícola era el más agudo.

La decadencia del anarcosindicalismo. Sin embargo, durante

los dos primeros años ‒hasta junio de 1933‒, el movimiento
huelguístico en el campo andaluz aparece más caótico, más
anárquico que nunca, lo cual, como ya hemos visto, era muy
preocupante para los líderes campesinos de la CNT.

El examen comparativo de los conflictos agrícolas en las

provincias de Sevilla y Córdoba muestra que no había entre
ellas sincronismo alguno de un año para el otro o de una
estación a otra. El siguiente cuadro, elaborado a partir de las
monografías más recientes, da una idea del ritmo propio de
cada provincia de la Andalucía del Guadalquivir:
 La coordinación de las luchas campesinas sigue siendo como
en el trienio, no rebasa el ámbito de la provincia. En aquellos
momentos el poder de huelga del anarcosindicalismo presenta
su mayor exponente en la provincia de Sevilla, ya que el
movimiento de mayo de 1932 afectó a 27 de los 97 pueblos;
fuera de Sevilla, sólo la organización de Castro del Río expresó
su solidaridad con un paro en el trabajo de cuarenta y ocho
horas. En la provincia de Córdoba, precisamente, las huelgas
simultáneas no revisten en ningún momento, tanto en julio
como en diciembre de 1931, el carácter masivo que tuvieron
en el trienio: como máximo, se produjeron en una decena de
localidades, y en contadas ocasiones arrastraron al conjunto de
la población laboral, normalmente con una duración de unos
pocos días. La huelga más larga de la Segunda República se
produjo en Bujalance, del día 18 de septiembre al 7 de octubre
de 1931.599 Del mismo modo, el movimiento de campesinos
sevillanos de la primavera de 1932 sólo se prolongó hasta
principios del mes de junio en media docena de localidades. En
esos momentos la pérdida de influencia del anarcosindicalismo
en el campo cordobés es ya muy manifiesta: sólo Castro del Río
y Bujalance fueron a la huelga, cuya dureza estuvo a la altura

599 Pérez Yruela, pp. 133‒134.

de su aislamiento; el gobernador civil era consciente de ello y
consideró a ambas localidades como «una excepción». 600 La
huelga agrícola de Jerez, iniciada a mediados de junio, sólo fue
secundada en Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y
Arcos de la Frontera, siendo esta última localidad la que
presentó un paro más masivo en el trabajo.

Pero la huelga se deshinchó rápidamente y duró menos de

dos semanas.601 Las huelgas de carácter político lanzadas por la
dirección nacional de la CNT tuvieron todavía menos éxito en el
medio rural: la de mayo de 1933 fue seguida únicamente por
nueve localidades cordobesas y cuatro sevillanas.602

Huelgas frecuentes, cortas pero masivas: tal parece ser la

nota dominante del movimiento reivindicativo del proletariado
agrícola andaluz en los primeros meses de la Segunda
República. Ello se explica, en primer lugar, por la actitud de los
poderes públicos. Éstos usaron tanto la represión preventiva
(Sevilla), como la disuasión (Córdoba) para neutralizar un
descontento preexistente al advenimiento del nuevo régimen.
A este respecto, cabría hacer más caso de la observación de
Togliatti relativa al desarrollo de la «lucha de las masas
trabajadoras agrícolas» en los últimos años de la dictadura de
Primo de Rivera, estudiar más de cerca las huelgas agrícolas,
muy numerosas, que según Tuñón de Lara caracterizan el año
1930 en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz: la de
Antequera, por ejemplo, seguida por 1.800 jornaleros y que

600 Ibid., p. 146.

601 Guad. (21 de junio y 2 de julio de 1932).
602 Pérez Yruela, p. 160; y Pascual Cevallos, p. 87.
duró del 5 al 20 de noviembre. 603 En la primavera de 1931, sin
embargo, reinó una cierta actitud de expectativa entre las
masas, alimentada ‒si no justificada‒ por las decisiones que
tomaron los jurados mixtos, conformes con las aspiraciones de
los trabajadores: en Córdoba, por ejemplo, donde se había
prohibido el trabajo a destajo para la siega y se había fijado el
salario en 7,75 pesetas por una jornada de ocho horas. 604 La
situación se degradó en otoño, al no estar los sindicatos de la
CNT satisfechos ni por un aumento uniforme de los salarios ni,
sobre todo, por la libertad concedida a los patronos para
efectuar la recogida de las aceitunas a precio fijo. Pese a todo,
en Córdoba el gobernador llegó a un compromiso con los
anarcosindicalistas, estableciendo que el salario mínimo no
podía ser, en parte alguna, inferior a las 4,50 pesetas por día;
valioso ejemplo de disuasión, que contrasta con los sangrientos
enfrentamientos que entre tanto se producían en los pueblos
donde dominaban los socialistas, como Lucena (un muerto),
Gilena (cinco muertos)...605

En cuanto al fracaso de mayo de 1932 es, en buena medida,

imputable a los dirigentes de la Regional andaluza de la CNT.
Como ya hemos dicho, las decisiones del jurado mixto de
Sevilla eran las más ventajosas de toda la región: fijaban el
salario por horas más elevado para la cosecha (11 pesetas en
lugar de las 9,40 de Córdoba y las 10 de Jerez), reduciendo la
duración de la jornada a siete horas; excluían tanto el trabajo a
destajo como las normas de rendimiento, que estaban

603 Ercoli (1935). Tuñón de Lara (1972), p. 796. CAA, pp. 19‒20.
604 Pérez Yruela, pp. 123‒124.
605 Ibid., pp. 132 y 137‒138. Pascual Cevallos, p. 86.
expresamente indicadas en Córdoba y en Jerez; y, finalmente,
imponían a los patronos una limitación parcial del empleo de
las segadoras, que en ningún otro lugar estaba regulado. Es
cierto que aún se estaba lejos de la jornada de cinco horas que
exigía la federación provincial y el salario mínimo (5,75
pesetas) seguía siendo inferior a la tarifa propuesta (7 pesetas).
Pero la CNT no intentó negociar estos puntos. El casus belli fue,
según Pascual Cevallos, un decreto gubernamental que
garantizaba la libertad de contratación de los propietarios al
derogar, en aquel caso, la ley sobre empleo de mano de obra
forastera. Un buen ejemplo de inconsecuencia por parte de
una organización cuyos sindicatos, en muchos lugares,
continuaban oponiéndose a la contratación de los no
residentes y que, diez meses más tarde, exigiría con la mayor
energía la abrogación de la ley en cuestión. 606 En realidad, lo
que quería la CNT en los lugares que dominaba era el
monopolio de contratación para sus afiliados.

Otro factor que confiere fisonomía propia a las huelgas de

este período es la actitud de la burguesía agraria, que, tanto
como en las tomas de posición de sus organizaciones
provinciales, se expresaba localmente día a día. En marzo‒abril
de 1932, por ejemplo, un diario como El Sol ofreció unas
informaciones sobre las formas que revestía la resistencia
pasiva de los propietarios: los de Villanueva del Arzobispo sólo
aceptaban contratar con las tarifas practicadas en las obras
públicas, y los de Guadalcanal no cuidaban ni los campos ni las
plantaciones.607 Apoyándose en la legislación en vigor, la del

606 Pascual Cevallos, pp. 76‒77; y Pérez Yruela, pp. 145‒146.

607 El Sol (12 de marzo y 24 de abril de 1932).
«laboreo forzoso», los gobernadores civiles de Jaén y Córdoba
se esforzaron en obligar a operaciones como la bina del
olivar; 608 pero no se sabe si se siguieron sus instrucciones. En
cualquier caso, en otoño, las decisiones del jurado mixto de
Córdoba sobre la recogida de las aceitunas parecen
excepcionalmente favorables, con un salario mínimo de 6,50
pesetas y la aplicación de la jornada de ocho horas para el
trabajo a destajo. 609 En cuanto a Sevilla, se pretendió
uniformizar en toda la provincia una tarifa muy inferior, 4
pesetas. Esta decisión provocó huelgas en veinte localidades,
en el curso de las cuales fue asesinado un dirigente socialista
de Écija por los guardias de asalto.610 En Jaén, la anulación por
parte del Ministerio de Trabajo de tarifas superiores a las del
año anterior condujo a los sindicatos socialistas, mayoritarios
en la provincia, a declarar una huelga general de 48 horas a
mediados de diciembre, que los diputados del PSOE se habían
esforzado en evitar durante el mes de marzo.611 Estos bruscos
cambios e indecisiones del gobierno fueron creando, poco a
poco, las condiciones necesarias para el relevo de los
anarcosindicalistas en la cabeza del movimiento huelguístico,
que pasó a manos de los socialistas: en Sevilla y Córdoba este
relevo ya se produjo claramente en la primavera de 1933.

Los socialistas toman el relevo: 1933‒1934. En el año de

1933, por primera vez después de la instauración del nuevo
régimen, las condiciones de trabajo fueron objeto de una

608 Ibid. (24 de marzo de 1932). Pérez Yruela, pp. 313‒314.

609 Pérez Yruela, p. 158.
610 CNT (14, 17 y 21 de noviembre de 1932). Pascual Cevallos, p. 83.
611 El Sol (15 de marzo de 1932). CNT (16 de diciembre de 1932).
regulación anual, un objetivo por el cual habían luchado con
tesón los anarcosindicalistas. Los dirigentes de la FNTT
negociaron en el marco de los jurados mixtos locales y
provinciales, encontrando una actitud más comprensiva que en
el pasado por parte de los representantes del Estado. El
rechazo, tácito o explícito, de los acuerdos de aquellos jurados
mixtos por parte de la burguesía agraria y sus organizaciones,
fue lo que condujo en cada provincia a los sindicalistas
socialistas a recurrir a la huelga, con el objetivo de modificar la
correlación de fuerzas a su favor. De ahí proceden las
características de aquel movimiento de la primavera de 1933:
su falta de sincronización, su extensión geográfica y su
brevedad. La huelga se inició el día 5 de junio en la provincia de
Sevilla y afectó a 42 localidades, que la siguieron masivamente
hasta el día 9; luego, la mantuvieron una semana más en 11
localidades, 8 de ellas con el apoyo de los
anarcosindicalistas.612 La huelga en la provincia de Córdoba
tuvo lugar del 23 al 29 de junio; afectó al menos a 54
localidades, con el carácter de total en 3 de ellas: Aguilar, La
Rambla y Puente Genil.613 De ahí proviene en gran medida la
enorme cantidad de jornadas de trabajo perdidas a lo largo de
todo aquel año de 1933.

En Sevilla, las negociaciones fracasaron sobre todo por el

tema del empleo de las máquinas. Pues, mientras las tareas
menos cualificadas se revalorizaron (de 6,75 a 7,75 pesetas
para la trilla), el salario del segador se quedó en 9 pesetas.
Reforzados por la decisión tomada el año anterior, los

612 Pascual Cevallos, pp. 88‒91.

613 Pérez Yruela, pp. 163‒164.
sindicatos socialistas exigieron y obtuvieron que a partir de 50
fanegas el 40 por 100 de la mies se reservase para la siega a
mano, lo que venía a representar el doble que en 1932. Poco
después, el gobierno aplicó la misma medida en la provincia de
Córdoba, cuyo jurado mixto no la había considerado. Pero la
regulación del empleo de las segadoras no les parecía una
garantía suficiente a los sindicalistas. El hecho es que la
superficie sembrada en la provincia de Sevilla se había
reducido en una cuarta parte respecto a 1931. Por ello las
huelgas de junio tenían como objetivo imponer a los patronos
un turno riguroso en la contratación de los trabajadores de
cada localidad, con el propósito de asegurar los recursos
mínimos a cada uno de ellos. Sin embargo, la fórmula que se
adoptó como resultado de su presión se asemejaba
extrañamente a una práctica antigua, que el gobierno
provisional había pretendido erradicar, consistente en el
reparto de la mano de obra entre los propietarios...

Un año más tarde, en la primavera de 1934, la federación

campesina de la UGT intentó, a nivel nacional, lo que el
anarcosindicalismo había desarrollado a la más reducida escala
de la comarca o la provincia: un movimiento huelguístico
planificado. La plataforma reivindicativa, más o menos la
misma que el año anterior, subrayaba la necesidad de obtener
en todos lados la fijación del salario mínimo y la garantía de 40
jornadas de trabajo para cada segador. Desde este punto de
vista, la FNTT contemplaba la posibilidad de que el empleo de
las máquinas y de la mano de obra foránea se prohibiesen
totalmente, en los casos extremos. En una situación política
muy distinta, más favorable a la burguesía agraria, y en
vísperas de una cosecha que prometía ser muy buena, la
defensa del empleo podía aparecer como una reivindicación
unificadora y, por ello, justificar el carácter nacional del
movimiento.

Según una fuente oficial, una quinta parte del proletariado

agrícola participó en la huelga del día 5 de junio de 1934.614
Siempre según la misma fuente, el movimiento parece haber
obtenido una respuesta muy desigual en Andalucía, revistiendo
la mayor extensión en la provincias de Córdoba (31
poblaciones) y en la de Málaga (unas 50); en Cádiz, por el
contrario, se limitó a las tierras altas del nordeste de la
provincia. Sin embargo, las monografías recientes permiten
una mayor precisión en el caso de las provincias de Sevilla y
Córdoba, cuyas huelgas de la primavera de 1933 aparecen
retrospectivamente, si bien se produjeron en otro contexto,
como un ensayo general. La huelga de 1934 afectó a menos
poblaciones sevillanas, 32 en lugar de 42, y en Córdoba sucedió
algo parecido: 50 en lugar de 54.

En Jaén, de la que no poseemos elementos de comparación,

«el número de huelgas [debió de ser] superior a 60».615 Como
en el año anterior, la duración media de estas huelgas fue de
unos pocos días: en casi todos lados acabaron a mediados de
junio. Donde más tiempo se alargan es allí donde eran masivas,
donde arrastraban al conjunto de la población laboral. Se dan
pocos casos de este tipo: tenemos constancia de 6 en la
provincia de Sevilla y 12 en la de Córdoba. 616 Esta huelga

614 El Sol (6 de junio de 1934).

615 Sevilla Guzmán, p. 112.
616 Pascual Cevallos, pp. 91‒93; y Pérez Yruela, pp. 190‒193.
campesina fue excepcionalmente general; en este sentido,
precisamente, podemos considerar que fue un fracaso.

La mayor parte de las destrucciones de máquinas,

normalmente segadoras y cosechadoras, se puede atribuir sin
lugar a dudas al carácter parcial y minoritario del movimiento.
Este fenómeno nos parece revelador del cambio que se
produjo en la mentalidad campesina. Tradicionalmente, las
víctimas del descontento eran los forasteros: al cabo de una
lenta evolución, iniciada unos veinte años antes, la máquina se
convirtió en el punto de mira de la inquietud campesina ante el
inexorable avance del paro.

La agitación de la primavera de 1936

Sea cual fuere el juicio que merezca la iniciativa de la FNTT, lo

que ahora nos interesa es que el freno que las fuerzas de
derecha pusieron a la acción reivindicativa organizada iba a
tener repercusiones a largo plazo. El debilitamiento del
sindicalismo campesino y el cuestionamiento de mejoras que
se habían conseguido muy trabajosamente determinaron el
carácter, de nuevo caótico, que revistieron los movimientos
campesinos en la época del Frente Popular. Este es un aspecto
que han resaltado especialmente los historiadores
norteamericanos. Malefakis, por ejemplo, destaca que la
mayor parte de las 192 huelgas agrícolas que se registraron
entre el primero de mayo y el 18 de julio de 1936 en todo el
territorio las declararon organizaciones locales. La única
excepción la constituiría, según este autor, la huelga que
llevaron a cabo durante la primera quincena de junio los
campesinos de la provincia de Málaga. Excepcional amplitud,
frecuencia e intensidad serían así los rasgos distintivos de estas
huelgas de la primavera de 1936, que se declararon para
obtener jornales de 11 a 13 pesetas para la cosecha. Por su
parte, Jackson destaca el flujo de parados hacia el campo,
atraídos por estos salarios relativamente elevados y la jornada
de trabajo de siete horas y media.617

Perez Yruela y Pascual Cevallos reconocen el carácter

conflictivo de la primavera de 1936 en los campos de Córdoba
y Sevilla. Enumeran una veintena de huelgas en cada una de
estas provincias y subrayan su brevedad y su débil intensidad,
lo cual no coincide con la interpretación de Malefakis. Las
huelgas, declaradas sobre todo por las organizaciones de la
CNT, se escalonaron del mes de abril al mes de junio. Las
primeras tenían como objetivo la colocación de todos los
parados, que el gobierno del Frente Popular había hecho
obligatoria. En Baena, donde el sindicato anarcosindicalista
reunía a un millar de campesinos, el conflicto se arregló en
pocos días mediante un acuerdo directo con los patronos, que
se comprometieron a contratar a todos los desocupados en
razón de un trabajador cada 15 fanegas y con una paga de 5,50
pesetas diarias. En otros lados, la rápida intervención del
delegado del gobernador civil evitó generalmente la
prolongación de los conflictos. A mediados de junio, las
organizaciones campesinas de la CNT acentuaron su presión en
Baena, Castro del Río y Jerez. Los poderes públicos se
mostraron firmes en aquella ocasión, prohibiendo la huelga en

617 Malefakis, pp. 425‒428; y Jackson, p. 190.

Córdoba o deteniendo a los dirigentes anarcosindicalistas en
Jerez. 618 Sin duda, con ello trataban de soltar lastre. Y el
reglamento establecido el 26 de junio de 1936 para el año
siguiente por el jurado mixto de Córdoba permite apreciar la
amplitud de las concesiones hechas al proletariado agrícola.619
Las condiciones de contratación estaban totalmente
subordinadas a la necesidad de asegurar el pleno empleo a
nivel local: un contingente obligatorio de obreros agrícolas
quedaba sujeto a cada patrono, pudiendo llegar hasta un 50
por 100, mientras las mujeres y los niños no podían rebasar el
20 por 100 de los efectivos empleados. En el caso en que la
demanda fuese superior a la oferta, se prohibía el trabajo a
destajo. Por otra parte, el empleo de las máquinas se limitaba
al mínimo, quedando un tercio de la superficie para las
«segadoras gavilladoras» y una cuarta parte para las
«segadoras atadoras». Los horarios se reducían
considerablemente en la cosecha: cuando ésta se hacía con
guadaña, no se podían exceder las seis horas diarias. En cuanto
a los salarios, se igualaron en la mayoría de los casos con el
nivel más elevado que jamás hubiesen alcanzado, el de 1932:
de 9,25 a 10,70 pesetas para la siega y de 6,10 a 6,60 para la
trilla, fijándose en 5,90 pesetas el salario mínimo para la
recogida de la aceituna. Estas tarifas tenían en cuenta la
drástica reducción que habían sufrido los salarios el año
anterior, que podemos evaluar en un 60 por 100; pues, en la
provincia de Sevilla, el salario a destajo que se pagó para la
cosecha de 1935 fue de 4 pesetas diarias.620 Se trataba menos

618 AMJ, legajo 3365, 19 y 20 de junio de 1936.

619 Pérez Yruela, pp. 412‒429.
620 Pascual Cevallos, p. 94.
de un aumento que de una re valorización. Aunque ello
representara un incremento importante en los costes de
producción para la burguesía agraria, como afirma Malefakis,
no se ha demostrado que fuese insoportable.

UN SOLO FÚNEBRE

Parece posible, después de esta serie de análisis, esbozar un

balance de las luchas que acabamos de describir y destacar sus
rasgos principales. Sólo se puede hacer un esbozo, pues la
imperfección de los instrumentos de medida reduce la parte
visible del iceberg. En cualquier caso, este inconveniente se ve
ampliamente compensado por la gran masa de datos que
ofrece la prensa, que debieran ser contrastados
sistemáticamente con la información que pueden conservar los
archivos municipales. Su prospección metódica contribuiría, sin
lugar a dudas, a afinar el estudio cuantitativo y a definir mejor
la originalidad o, al menos, las particularidades de la huelga en
el medio rural.

La primera característica nos parece que reside en el

estrecho vínculo existente entre huelga y organización. Aun
cuando ésta es débil ‒como es el caso de Jerez a principios de
siglo‒, es la que dirige y controla el desarrollo de la huelga, la
que envía emisarios por los campos para convencer a los
indecisos (el equivalente a los piquetes de huelga de las
ciudades) y la que proporciona los miembros de los comités
que negocian con los patronos. De ahí la determinación de los
trabajadores, que no se dejan intimidar por la fuerza. De ahí,
también, la frecuencia de los incidentes sangrientos cuyas
víctimas acostumbraban a ser gentes del pueblo, en ocasiones
mujeres y niños. Y de ahí, para acabar, el empleo sistemático
de la represión preventiva respecto a los dirigentes, con el
objetivo de quebrantar la dinámica de la huelga.

En segundo lugar, resaltaremos el contenido de clase de esta

lucha, que independientemente de su carácter discontinuo
persigue objetivos concretos. No es seguro, como afirma
Bernal, que la mejora del salario fuese una cuestión secundaria
para aquellos que sólo poseían su fuerza de trabajo.621 Desde
este punto de vista, el segador, al que podemos considerar un
obrero cualificado, no obtiene una remuneración comparable a
la de un albañil ‒del orden de las 9 o 10 pesetas‒ hasta los
años 1932‒1933. Pero, por regla general, el jornalero
empleado en la trilla continuó percibiendo un salario no
superior al mínimo de un peón de la construcción: o sea,
alrededor de las 6 pesetas.622 Además, esta remuneración sólo
se garantizaba durante el período de la cosecha, unas cuantas
semanas. El resto del año, el salario mínimo se mantuvo más o
menos igual que a fines del trienio, entre las 4 y las 4,50
pesetas, durante toda la Segunda República. El salario de la
mujer fue el que, al menos sobre el papel, más se revalorizó: el
jurado mixto de Córdoba lo llevó hasta el 75 por 100 del salario
masculino en 1934, y al 70 por 100 en 1936.623 No obstante, su
derecho al trabajo se vio singularmente limitado por la
regulación de la contratación.

621 Bernal (1979), p. 418.

622 Tuñón de Lara (1972), p. 824 (Córdoba).
623 Pérez Yruela, pp. 383 y 417.
 Por otra parte, es muy probable que la importancia
concedida desde el nacimiento del movimiento obrero, desde
la penetración de la Primera Internacional, a la reducción de la
jornada de trabajo diese sus frutos y favoreciese progresos más
sustanciales que en materia salarial. Las recriminaciones de los
propietarios sobre la baja productividad del obrero agrícola
muestran, es cierto, unos intereses de clase; pero son
demasiado frecuentes y concuerdan tanto que no se los puede
considerar a la ligera. El campesino, mientras no consiguió por
vía contractual la disminución de la jornada de trabajo, se
refugió en una actitud de resistencia pasiva. La burguesía
agraria reaccionó generalizando el trabajo a destajo. A partir
del momento en que se modifica la correlación de fuerzas en
favor del proletariado agrícola, la propia burguesía encuentra
nuevas alternativas, como reducir los cultivos o incrementar la
mecanización, sobre todo en la cosecha. Los trabajadores,
tanto por solidaridad de clase como por interés personal,
acentuaron entonces su presión, con el propósito de que la
jornada de trabajo se viese reducida en verano en las mismas
proporciones en que lo fue en invierno durante el trienio. La
jornada de ocho horas, legalizada durante la Segunda
República, se vio progresivamente reducida por ciertos jurados
mixtos y en 1936 el sindicalismo campesino parece a punto de
alcanzar su objetivo de las seis horas diarias.

Tercera característica: la huelga general, táctica propia de los

anarquistas, tiene cada vez menos impacto en los medios
rurales.

Experimentada en las ciudades en los años 1890, al principio

representaba una alternativa a la papeleta de voto, venía a
constituir para el mundo del trabajo el medio de afirmar de un
modo autónomo, al margen del sistema político, su existencia
colectiva. Había contribuido poderosamente, a principios del
siglo XX, a la puesta en marcha del proletariado agrícola,
ayudándole a abrir una brecha en el sistema de explotación a
que estaba sometido. Durante el trienio y la Segunda
República, sucedía todavía que la comunidad campesina se
movilizase alrededor de aquellos asalariados agrícolas. Sería
preciso verificar, en cada caso, lo que la motiva y arrastra.
Cuando era para defenderse del vecino o del inmigrante ‒del
forastero, en una palabra‒ la voluntad de preservar la cohesión
del grupo era más fuerte que la solidaridad de clase. A pesar de
su discurso universalista, parece que el anarquismo cultivó en
su práctica estos particularismos.

Su concepción de la acción directa y su federalismo extremo

lo empujaron a ello.

La penetración de la corriente socialista debió contribuir a

aquella tendencia a la desaparición de la huelga general en el
medio rural. La progresiva conquista, a partir de 1920, de
posiciones municipales por parte del PSOE vino a proporcionar,
a nivel local, puntos de apoyo para las reivindicaciones de los
trabajadores de la tierra. Las centralizadas estructuras de la
UGT, basadas en el modelo de su partido hermano, le
permitieron adaptarse fácilmente a la organización
administrativa del Estado, fundamentada en la provincia: de
ello da testimonio la rapidez con que reunió congresos en
Córdoba, Sevilla y Jaén en 1919. Mejor que la CNT, la UGT
consiguió promover cuadros campesinos: los encontramos
luego durante la Segunda República.
 La última característica, corolario de la anterior, es que la
huelga se trivializa. Se convirtió en un medio de presión
permanente para el proletariado agrícola y tendió a
desarrollarse dentro de su propia esfera, al ritmo de las
estaciones, tan distinto del tempo de la vida urbana, de sus
conflictos y aspiraciones. Reivindicativa, combatía los efectos
del monopolio rural, tratando de atenuarlos; pero no pudo por
sí misma romper estructuras seculares y acabó chocando
contra un muro. Esta afirmación se hace particularmente
evidente a lo largo del año 1936.

Bajo la Segunda República, las dos grandes centrales

sindicales se dedicaron a capitalizar en provecho propio la
combatividad campesina. Y lo hacen de maneras
diametralmente opuestas. La UGT apuesta por la consolidación
de las mejoras a través de procedimientos legales de
negociación. Disocia acción reivindicativa y lucha por la
reforma agraria, con lo cual alimenta siempre las expectativas.
La CNT no tiene en consideración los nuevos derechos, pues
para ella se trata de nuevas trabas y no de puntos de apoyo.
Las reivindicaciones son únicamente pretextos; lo que el
anarquismo busca es el derrocamiento del régimen. La huelga
de mayo de 1932 persiguió objetivos extrasindicales. Al
fracasar desarmó a una apreciable fracción del proletariado
rural, que ni tan sólo gozaba del apoyo del hermano mayor de
la ciudad.

La FNTT socializante no obtiene en mayor medida la

solidaridad de la clase obrera cuando la nueva situación política
la lleva a intentar una contraofensiva con su huelga nacional de
junio de 1934. El viraje de 180 grados de los dirigentes
socialistas resulta un factor importante: no se pasa tan
fácilmente del oportunismo de derechas (colaboración
gubernamental) al oportunismo de izquierdas (huelga general
revolucionaria). Pero la política de los estados mayores no lo
explica todo. Por mediocre que fuese, ¿no era preferible la
condición obrera a la del asalariado agrícola, aquel nómada
eterno? La utopía, compartida por anarquistas y socialistas, del
«cultivo común y a lo grande», como decía Engels: ¿podía
incitar al obrero de la mediana y pequeña empresa a regresar a
la tierra, una tierra por lo demás tan ingrata? Esto sería
aventurarse, desde luego, en el escasamente explorado
territorio de las mentalidades colectivas; un día u otro habrá
que hacerlo...

Regresando al proletariado agrícola andaluz, no vemos tan

claro como Pascual Cevallos que la dinámica de la Segunda
República, relanzada por la victoria del Frente Popular,
contribuyese a una elevación de su conciencia política, a una
mejor aprehensión de los objetivos políticos y sociales de su
lucha reivindicativa. La modificación de la correlación de
fuerzas en favor del sindicalismo socialista no era en absoluto
irreversible. La recuperación del anarcosindicalismo en el
medio rural fue, a pesar de su irregularidad, importante. Lo que
nos parece dominante, repitámoslo, es la actitud de
expectativa, ‒análoga a la que prevaleció durante la Primera
República‒, la atomización del movimiento huelguístico y un
cierto aislamiento. Aspectos, en definitiva, que dan una cierta
luz sobre el carácter de «sólo fúnebre» a que fue reducido in
fine el pertinaz combate que mantenía el campesino proletario
para sobrevivir... Togliatti lo había visto con justeza: en España,
como en Italia, el fascismo no se encaró tanto con los obreros
en general como con el movimiento de los obreros agrícolas y
las potencialidades revolucionarias que él entrañaba.624

624 Togliatti, (1971), p. 82.

 CONCLUSIONES

Considerado desde el ángulo de su práctica, el anarquismo

rural andaluz aparece, ante todo, como la expresión organizada
de un pequeño campesinado, pauperizado por la penetración
del capitalismo en el campo y alienado por un sistema político
antidemocrático. Al reducir su historia, como César M. Lorenzo,
a «una serie de insurrecciones estériles que se ahogaron en
sangre», se hace gala de una singular incomprensión de los
movimientos sociales de la España contemporánea.625 Dicho de
otro modo, las explosiones de violencia, por poco que se las
relacione con el tipo de dominación que vivían las
comunidades rurales, fueron, en definitiva, bastante
excepcionales, Hobsbawm lo había intuido: «Lo que parece
milenarismo puede muy bien en ocasiones no ser más que la
consecuencia de la falta de organización, del aislamiento y la
relativa debilidad de los anarquistas rurales».626

Esta aseveración se aplica a un episodio tardío, el de Casas

Viejas, pero podemos extenderlo a finales del siglo XIX, período
que muchos, a imitación de Hobsbawm, caracterizan como «la

625 C. Lorenzo, p. 191.

626 Hobsbawm, p. 105 (las cursivas son mías).
edad de oro» del anarquismo rural. Las formas nihilistas que
reviste entonces la protesta campesina pueden ser atribuidas
tanto a una rigurosa política de compresión de las libertades
como a la influencia de «la propaganda por el hecho».

Pero lo que resulta claro es que el anarquismo encontró un

terreno abonado en la baja Andalucía, la cuna del liberalismo.
A mediados del siglo XIX, esta región se vio trabajada en
profundidad por un republicanismo carbonario, igualitarista,
anticlerical y antimilitarista. También era el corazón de la gran
propiedad rústica, un conjunto de zonas fértiles que muy
pronto se especializaron en producciones rentables de la mano
de un grupo de grandes cultivadores que, ciertamente, era
heterogéneo pero se mantenía solidario ante un numeroso
proletariado agrícola. Políticamente, la nueva burguesía agraria
se alineó con la nobleza terrateniente; era conservadora, si no
reaccionaria, con el fin de mejor seguir su ascensión social. La
permanencia de las estructuras de la propiedad se vio en cierto
modo reforzada por la permanencia de los comportamientos
de las clases dominantes. Decepcionado por el fracaso de la
Primera República, el asalariado agrícola de los campos de
Jerez y Sevilla se volvió hacia la organización que situaba la
lucha en el único terreno que había hecho posible la
correlación de fuerzas: el de la lucha económica. Pronto los
anarquistas tuvieron a sus mártires, que eclipsaron a sus
predecesores republicanos. Tal fue el punto de partida de su
duradero enraizamiento en esta parte de Andalucía.

La evolución es más compleja en las campiñas del

Guadalquivir medio, comarcas en que la descomposición del
pequeño campesinado y el desarrollo de la agricultura
comercial habían avanzado menos. El anarquismo penetra
únicamente cuando pasa de una concepción defensiva a una
concepción ofensiva de la acción directa. Sin embargo, su
implantación se revela menos masiva, menos sólida que en la
baja Andalucía; se queda más localizada, especialmente en los
pueblos en que la nobleza terrateniente conservaba posiciones
importantes. A pesar de los éxitos obtenidos, el
anarcosindicalismo se encuentra muy pronto con la
competencia del socialismo, y el comunismo tomará luego el
relevo. Algunos autores lo han constatado antes que nosotros;
sólo falta explicarlo. La proximidad de los núcleos de industria
minera y la importancia del eje de comunicación
Córdoba‒Málaga pueden haber favorecido la penetración de
las corrientes marxistas en el medio rural. También parece que
sus propios intereses hayan impulsado a una fracción de la
burguesía agraria a imaginar su futuro al margen del
mantenimiento del statu quo político; desde este punto de
vista, la figura de Díaz del Moral es ejemplar. En estas
condiciones, el asalariado agrícola de los campos de Córdoba y
Jaén se distinguiría de su patrono republicano confiando en
aquellos que lo combatían, tanto en el plano político como en
el plano económico.

De un modo general, la permanencia de un tipo de desarrollo

fundamentado en la producción agrícola acentúa las
contradicciones entre el campo y la ciudad; mientras el
asalariado se extiende en la agricultura extensiva, las grandes
ciudades se saturan de masas desocupadas. Este doble
fenómeno tuvo efectos negativos sobre la solidaridad de la
clase obrera hacia los trabajadores del campo. En este contexto
y llevado por su práctica sindical, el anarquismo rural andaluz
tendió a desgajarse del extremismo urbano, con el fin de
encauzar la combatividad campesina hacia soluciones
constructivas. Tal es la obra de un puñado de dirigentes que,
habiéndose ganado la confianza de los trabajadores, se veían
obligados a no traicionarla, como bien muestra un texto que
data del trienio bolchevique:

Cuando la Asociación de Campesinos de Jerez nombra una

Comisión de huelga tiene siempre presente dos circunstancias:
primera, que los individuos nombrados tengan reconocida
competencia en todas las cuestiones de trabajo agrícola, y
segunda, cierta desenvoltura y predominio en el pensamiento,
para no dejarse sorprender por los patronos labradores en la
discusión de las bases que se presentan.627

No siempre el campesino proletario tenía una confianza

ciega, mesiánica, en sus dirigentes. Con la agudización de la
lucha de clases, algunos de ellos ‒entre los más destacados‒ se
vieron incluso separados de sus cargos. Pero son muy raros los
casos en que los trabajadores de la tierra siguieron los
movimientos insurreccionales lanzados por el anarquismo
urbano y sus agitadores.

Finalmente, podemos preguntarnos si la dinámica de la lucha

reivindicativa dejó intacto en las masas el viejo sueño
reavivado por la revolución soviética, el de la tierra prometida.
En una cierta medida, los proyectos elaborados bajo la
Segunda República por los dirigentes campesinos tenían en
cuenta la creciente complejidad y diversidad de las realidades

627 E.N. (27 de junio de 1919): «De Andalucía», Manuel Gutiérrez.

de la España rural. Pero, al inscribirse en una estrategia a largo
plazo, se oponían al «putschismo» de las fracciones
extremistas de los anarquistas y no lograron, por ello,
estructurar eficazmente las luchas campesinas. También es
cierto que no veían la revolución social más que desde el
prisma del aspecto agrario. Sin embargo, debemos reconocer
que esta actitud no les es propia, sino que es común a la
práctica totalidad de las fuerzas políticas de la época, que
aprehenden los problemas del desarrollo de España bajo el
peso conjugado de la crisis del capitalismo internacional y de la
crisis específica del Estado español.

El proletariado agrícola andaluz, condenado a un combate

singular con la burguesía agraria, oscila tras la victoria del
Frente Popular entre anarquistas y marxistas. Mientras las
diferencias ideológicas se confunden en la base, la acción de
sus organizaciones no siempre evita un cierto corporativismo.
Todavía no había llegado el tiempo en que el sindicalismo
campesino andaluz hablase de «reforma agraria integral»,
asociando la redistribución de la tierra, la modernización de la
agricultura y el desarrollo industrial.
 FUENTES Y BIBLIOGRAFIA

I. MANUSCRITOS

a) Archivo Histórico Nacional (Madrid)

Gobernación serie a

40 A n.os 1‒15 Huelgas (1930 y 1933)

51 A n.° 9 Política. Mítines. 1930.‒ Cádiz. Córdoba

57 A n.° 5 Reales Decretos originales de nombramiento y

cese del general Don Manuel de la Barrera y Caro como
delegado especial del Ministerio de la Gobernación en las 8
provincias de Andalucía

57 A n.° 13 Sindicalismo. Huelgas. Cádiz. 1919 n.° 20

Sindicalismo. Huelgas. Jaén. 1919 n.° 26 Sindicalismo. Huelgas.
Sevilla. 1919 n.° 6 Sindicalismo. Sevilla. 1920 n.° 29
Sindicalismo. Sevilla. 1933
 b) Archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores (París)

1. Correspondencia consular y comercial, 1793‒1901:

— Cádiz

Tomos 112 (1867‒1872), 113 (1873‒1877), 114 (1878‒1883),

115 (1883‒1889), 116 (1890‒1896), 117 (1897‒1901).

— Sevilla

Tomos 4 (1866‒1869), 5 (1869‒1874), 6 (1875‒1901).

2. Correspondencia política de los cónsules (Cádiz, Granada,

Málaga, Sevilla), hasta 1896:

— Tomos 68 (1868), 70 (1868), 71 (1869), 74 (1870), 76

(1871), 78 (1872), 82 (1873), 87 (1874), 89 (1875), 90 (1876),
91 (1877), 92 (1878‒1880), 94 (1882‒1883), 97 (1888‒1889),
98 (1890), 99 (1891‒1892), 100 (1893), 102 (1895).

— Correspondencia política y comercial, Nueva Serie,

1897‒1918:

— Tomos 1‒3: Dossier general (1897‒1907); 10: Agitación

revolu cionaria. Anarquistas (1896‒1914); 48: Asuntos
comerciales (1901‒1910).

c) Archivo Municipal de Jerez de la Frontera

1. Vigilancia. 1:
 __ Asociaciones:

Legajos 502 (1908), 558 (1902, 1905‒1906 y 1911), 508

(1912), 557/5 (1913), 3288 (1915‒1916), 289/1 (1932).

— Crisis obrera. Socorros:

Legajos 199 (1872, 1886, 1902), 116/2 (1902), 320 (1905),

895 (1909), 3348 (1916‒1917).

— Paro forzoso de obreros:

Legajos 3290 (1921, 1923‒1924), 3276 (1932), 289/3 (1932),

3356 (1932), 917 (1932‒1935), 918/2‒3 (1933).

— Huelgas:

Legajos 8 (1883), 502/2 (1902), 3325 (1909, 1913,

1916‒1919), 557 (1911), 579 (1914), 3262 (1914), 3323, (1918),
568 (1932), 3356 (1931‒1933), 3365 (1936).

2. Estadística. 6. Censos:

Legajos 312 (1934‒1935: Censo de campesinos)

3. Protocolo n.° 106:

27 de junio de 1861: Relación de las fincas rústicas del caudal

de Propios que desde el l.°‒7‒1855 hasta el día de la fecha han
sido enajenadas por el Estado.
 4. Memoranda 5:

6 de marzo y 4 de mayo de 1869: Fincas de propios vendidas

en cumplimiento de la ley de 1‒5‒1855.

d) Biblioteca A rús (Barcelona)

Asociación Internacional de Trabajadores, Comunicaciones y

circulares, Libros 2‒8 (18 septiembre de 1872 ‒ 21 de abril de
1874).

e) Internacional Instituut Voor Sociales Geschiedenis

(Ámsterdam)

Cartas de José Vives Terradas (12 de mayo de 1926 ‒ 10 de

mayo de 1927), Manuel Buenacasa (25 de julio de 1927 ‒ 17 de
julio de 1932) y José García Viñas (3 de julio de 1929 ‒ 24 de
septiembre de 1929) a Max Nettlau.
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Nuevas adiciones

Una vez terminada esta obra, el autor tuvo conocimiento de trabajos,

generalmente recientes, relacionados con diversos aspectos
de la problemática andaluza. Como enriquecen el acervo de la
comunidad científica, se mencionan a continuación.

Aguilar Villagran, J., El asalto campesino a Jerez de la Frontera en 1892,

Centro de Estudios Históricos Jerezanos, Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL‒CSIC), Jerez,
1984.

Arcas Cubero, F., El movimiento georgista y los orígenes del

andalucismo: análisis del periódico “El Impuesto Único “
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pp. 163‒179.

Caro Cancela, D., «Una memoria sobre la huelga agrícola de 1917 en

Jerez de la Frontera», Gades, n.° 14 (1986), pp. 257‒278.

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Castro Alfín, Demetrio, Hambre en Andalucía. Antecedentes y

circunstancias de La Mano Negra, Córdoba, 1986.

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1987), pp. 73‒95.

González Troyano, A., «Un tríptico de Jerez. El (des) novelado mundo

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Justicia Segovia, A., y J. D. Ruiz Sinoga, Especialización agrícola y

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 III. PRENSA

a) Prensa diaria

(Las fechas corresponden a los años consultados)

Diario de Cádiz, Cádiz. 1891, 1936.

El Baluarte, Sevilla, 1902.

El Gráfico, Madrid, 1904.

El Guadalete, Jerez de la Frontera, 1899, 1902‒1903, 1906,

1909, 1917, 1920, 1923, 1932‒1933.

El Imparcial, Madrid, 1892, 1900‒1901, 1903, 1920.

El Liberal, Madrid, 1892, 1900.

El Liberal de Sevilla, Sevilla, 1904, 1919.

El Noticiero Sevillano, Sevilla, 1902.

El País, Madrid, 1903.

El País, Madrid, 1978‒1984.

El Pueblo Católico, Jaén, 1928‒1933.

El Sol, Madrid, 1929, 1931‒1934, 1936.

 España Nueva, Madrid, 1918‒1919.

La Mañana, Jaén, 1935.

La Tierra, Madrid, 1931‒1932.

b) Prensa anarquista

(En los periódicos utilizados sistemáticamente se indican las

fechas correspondientes al primer y al último número. En los
demás, las fechas corresponden a los años consultados.)

Bandera Social, Madrid (15 de febrero de 1885‒21 de enero

de 1887), semanal.

Boletín de la CNT de España, Barcelona (octubre de

1931‒marzo de 1933), mensual.

Boletín de la Federación Regional Española de las Sociedades

de Resistencia, La Cor uña, 1906.

CNT, Madrid (1933‒1934), diario.

Campo Libre, Madrid (1935‒1936), semanal.

El Chornaler, Valencia (1884).

El Corsario, La Coruña (1892, 1895), semanal.

El Noticiero Obrero, Sevilla (17 de marzo‒25 de octubre de

1901), diario.
 El Socialismo, Cádiz (28 de febrero de 1886‒12 de agosto de
1891), bimensual.

El Trabajo, Cádiz (17 de diciembre de 1899‒15 de junio de

1900), mensual.

La Anarquía, Madrid (1892), semanal.

La Autonomía, Sevilla (18 de febrero de 1883‒10 de abril de

1884), semanal.

La Emancipación, Madrid (1872), semanal.

La Federación, Barcelona (1873), semanal.

La Revista Blanca, 2.a época, Barcelona (1935‒1936),

semanal.

La Solidaridad, Sevilla (19 de agosto de 1888‒10 de

noviembre de 1889), semanal.

La Voz del Campesino, Jerez de la Frontera, 3.a época (2 de

julio de 1932‒7 de enero de 1933), semanal.

La Voz del Cantero, Madrid (1906‒1907, 1909, 1910‒1911),

bimensual.

La Voz del Obrero del Mar, Cádiz (1904 y 1908), mensual.

Orto, Valencia (abril de 1932‒enero de 1934), mensual.

Páginas Libres, 1.a época, Sevilla (1920).

 Revista Social, 1.a época, Madrid (11 de junio de 1881‒15 de
mayo de 1884), semanal.

Revista Social, 2.a época, Sants (15 de enero‒8 de octubre de

1885), semanal.

Solidaridad Obrera, Barcelona (1930‒1933, 1936), diario.

Suplemento a la Revista Blanca, Madrid (20 de mayo de

1899‒18 de enero de 1902), semanal.

Tierra y Libertad, Madrid (25 de enero de 1902‒4 de agosto

de 1904), semanal (diario: 1 de agosto‒25 de diciembre de
1903); 2.a serie (2 de septiembre‒23 de noviembre de 1904),
semanal; (15 de diciembre de 1904‒17 de mayo de 1906),
semanal.

Tierra y Libertad, Barcelona, 2.a época (15 de noviembre de

1906‒30 de julio de 1908); 3.a época (13 de agosto de 1908‒22
de julio de 1909); 4.a época (24 de febrero de 1910‒15 de
enero de 1919): 5.a época (1932‒1933); semanal.

b) Prensa socialista

Boletín de la UGT, Madrid, n.os 67 y 68 (junio, julio y agosto

de 1934).

El Obrero de la Tierra, Madrid (1934 y 1936).

 c) Otros periódicos

1. Periódicos oficiales:

Boletín del Instituto de Reforma Agraria, Madrid (enero de

1933‒jlinio de 1936), mensual.

Boletín del Instituto de Reformas Sociales, Madrid (julio de

1904‒septiembre de 1924), mensual.

Boletín de la Junta Central de Colonización y Repoblación

Interior, Madrid (1919‒1922), trimestral.

Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid (15 de

enero de 1877‒16 de junio de 1889), bimensual.

Gaceta de Madrid, Madrid (1919 y 1932).

2. Prensa patronal:

La Agricultura Bética, Jerez de la Frontera (1901‒1902),

bimensual. La Agricultura y Córdoba, Cámara Agrícola oficial de
Córdoba (3 de febrero de 1900‒31 de diciembre de 1903).

Andalucía ganadera y agrícola, Córdoba (jumo de

1926‒febrero de 1927), mensual.

Boletín agrario, Órgano oficial de la Cámara Agrícola

Provincial de Córdoba (diciembre de 1925‒julio de 1931); 2.a
época (enero de 1935‒abril de 1936); mensual.
 Boletín de la Cámara Agrícola de Jerez de la Frontera (mayo
de 1894‒enero de 1898), mensual; (15 de enero de 1898‒15
de julio de 1900), bimensual; después con el título de La
Agricultura Bética.

Boletín de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba (30

de junio de 1923‒31 de diciembre de 1931), mensual.

Boletín de la Liga de Propietarios de Sevilla (agosto de 1902).

El Progreso Agrícola y Pecuario, Madrid (1919 y 1934),

semanal.

Revista agrícola, Órgano oficial de la Cámara Agrícola

Provincial de Sevilla (diciembre de 1923‒enero de 1931); 2.a
época: (enero de 1935‒mayo de 1936), mensual.

3. Diversos:

Andalucía, Córdoba (1918‒1919), semanal.

Andalucía Libre, Sevilla (17 de abril‒1 de mayo de 1932),

semanal.

El Impuesto Único, Ronda (marzo‒noviembre de 1913),

mensual.

El Pueblo, Cádiz (1893), semanal.

El Regionalista, Sevilla (30 de enero de 1918), semanal.

 Revista del Ateneo, Jerez de la Frontera (15 de agosto de
1924‒abril, septiembre de 1934), trimestral.

Revista de Occidente, Madrid (marzo de 1929); 2.a época

(febrero y mayo de 1974), mensual.