847858.2529-2020 Recusacion 150 Bis Procesal Penal. Sentencia Año 2021

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.

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Expediente 2529-2020
APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO
EXPEDIENTE 2529-2020
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dieciocho de agosto de dos
mil veintiuno.
En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de siete de
febrero de dos mil veinte, dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del
departamento de Izabal, en la acción constitucional de amparo promovida por el
Ministerio Público, por medio del Agente Fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción,
Henry Manuel Recinos Ávila, contra el Juez Pluripersonal de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal. El
postulante actuó con el patrocinio del referido Agente Fiscal. Es ponente en el
presente caso el Magistrado Vocal III, Nester Mauricio Vásquez Pimentel, quien
expresa el parecer del Tribunal.
ANTECEDENTES
I. EL AMPARO
A) Solicitud y autoridad: presentado el dos de agosto de dos mil diecinueve, en
la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. B) Acto
reclamado: resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitida por el
Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Izabal, que declaró sin lugar la actividad procesal
defectuosa promovida por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la
Corrupción, contra la decisión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante
la cual el referido órgano jurisdiccional declaró sin lugar la recusación con
expresión de causa planteada contra el Juez Edgar Aníbal Arteaga López. C)

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Violaciones que denuncia: a los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva
y a la acción penal; así como a los principios jurídicos de seguridad jurídica, del
debido proceso, de legalidad y de imperatividad. D) Hechos que motivan el
amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio de los antecedentes, se
resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante el Juez Pluripersonal de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del
departamento de Izabal –autoridad cuestionada–, se tramita el proceso penal
identificado como 18002-2017-285; b) el Juez de la causa, Edgar Aníbal Arteaga
López, fue recusado por el Ministerio Público, invocando que dicho funcionario
judicial había externado opinión, así como que tenía interés en el asunto de
mérito; c) en audiencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la autoridad
ahora cuestionada declaró sin lugar la recusación planteada; d) el Ministerio
Público presentó actividad procesal defectuosa, aduciendo que la autoridad
denunciada incurrió en vicio procedimental en el trámite de la recusación de
mérito, porque resolvió el fondo de la cuestión, pese a que debió limitarse a hacer
pronunciamiento respecto de la aceptación o no de las causales invocadas y,
posteriormente, elevar las actuaciones al Tribunal superior, para que este, de
conformidad con lo regulado en el artículo 150 Bis del Código Procesal Penal,
emitiera la decisión definitiva y e) el remedio procesal instado fue declarado sin
lugar en resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve –acto
reclamado–, al estimar la autoridad reprochada, que la resolución reclamada fue
dictada apegada a Derecho, por lo que no se violaron los principios invocados por
el ente investigador. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: estima
que la autoridad objetada, al emitir el acto reclamado, conculcó los derechos y
principios jurídicos invocados, porque: a) no tomó en consideración el trámite

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previsto para la recusación regulado en los artículos 125 de la Ley del Organismo
Judicial y 67 del Código Procesal Penal, puesto que resolvió el fondo del asunto;
no obstante que, debió limitarse a aceptar o no las causales invocadas y elevar
las actuaciones al tribunal superior para que fuera este quien resolviera el fondo
de dicho planteamiento; b) se confirmó la resolución que contraviene los artículos
3 y 66 del Código Procesal Penal, cuando este último regula: “… Competencia y
Trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones, se
regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial (…) Las recusaciones
y los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior, serán
tramitados de conformidad con el artículo 150 Bis de este Código”; c) de la
normativa citada, se advierte que no está dentro de las funciones de la autoridad
denunciada, resolver, de forma definitiva, la recusación planteada en su contra,
como lo hizo en el presente caso, con lo cual subsiste vicio anulativo del
procedimiento, porque se extralimitó en sus funciones y varió las formas del
proceso y d) la resolución señalada de agraviante carece de razonamiento y
fundamentación, puesto que el Juez de conocimiento no expresó la motivación
que sustenta su decisión, tampoco se pronunció respecto a la existencia de vicio
anulativo del procedimiento en vulneración de los principios constitucionales y
procesales citados. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue el amparo y, como
consecuencia, se deje en suspenso, de forma definitiva, la resolución que
constituye el acto reclamado y se le restituya en la situación jurídica afectada,
ordenando a la autoridad denunciada resolver conforme a Derecho, respetando
los derechos y garantías constitucionales, así como la doctrina legal emitida por
esta Corte. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Caso de
procedencia: invocó el contenido de la literal d) del Artículo 10 de la Ley de

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Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que estima
violadas: citó los Artículos 2º, 12, 154 y 203 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 3, 11 Bis, 66, 67, 68 y 150 Bis del Código Procesal
Penal y 2, 125 y 129 de la Ley del Organismo Judicial.
II. TRÁMITE DEL AMPARO
A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) sindicados:
i) Marco Tulio Ramírez Estrada; ii) Héctor Waldemar Pineda Maldonado; iii)
Edwar Danilo Sosa Orellana; iv) Mario Roberto Elías Palma; v) Carlos Guillermo
Cuyun Betancourt; vi) Antonio Soliz Herrera; vii) Elmer Dodanilo Morales Ramos;
viii) Ineres Baldemar Aldana Orellana; ix) Héctor René Salguero Tobar; x)
Leonardo Mauricio Cardona Sandoval; xi) Melvin Eduardo Salguero Portillo; xii)
José Alberto Acevedo Arroyo; xiii) Gloria Esthela Colindres García; xiv) Lidia
Salguero Morales; xv) Rutilia Alvarado Corado de Velásquez; xvi) Néstor Jones
Aldana Tobar; xvii) Enma Yolanda Zeceña Reyes de Cordón; xiii) Tiffany
Rochelle Howell Figueroa; xix) Sandra Lorena De León Teo y xx) Juan Carlos
López González y b) abogados: i) Melvin Giovanni Portillo Arévalo; ii) Zulma
Lorena Perdomo Morales; iii) Santos Herrera Sajché; iv) Berta Luz Flores Morán;
v) Henry Alexander Leonardo Marroquín y vi) Joel Antonio Boche Villalta. C)
Remisión de antecedentes: la autoridad denunciada remitió copia certificada de
la resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la cual constituye el
acto reclamado y sus notificaciones, así como otras actuaciones judiciales e
impugnaciones que obran dentro del proceso penal 18002-2017-285, que tienen
relación con la resolución señalada como agraviante en el amparo objeto de
estudio. D) Medios de comprobación: los admitidos por el Tribunal de Amparo
de primer grado. E) Sentencia de primer grado: la Sala Mixta de la Corte de

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Apelaciones del departamento de Izabal, constituida en Tribunal de Amparo,
consideró: “…hace recordatorio de la doctrina sustentada por la Honorable Corte
de Constitucionalidad, en el sentido que la resolución que resuelve la actividad
procesal defectuosa, no causa estado, por cuanto hay otras etapas procesales
posteriores para resolver la inconformidad del interponente y solo constituye una
protesta legal para habilitar el recurso de apelación especial por motivo de forma;
en tal sentido en el caso de estudio, no se cumplió con el principio de definitividad
que estipula el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, por tal razón, no procede la protección constitucional de
amparo instada, en el presente caso de estudio; en todo caso, esta Sala de la
Corte de Apelaciones, resolvió el recurso de apelación planteado por el
interponente en contra de la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil
diecinueve, que provocó el acto reclamado (…) la petición planteada por el
Ministerio Público de actividad procesal defectuosa en contra de la resolución ya
transcrita, de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, ya se resolvió, ya hizo
uso del derecho de recurrir el Ministerio Público, por lo que constituye cosa
juzgada, al no plantear la acción de amparo en contra de la resolución dictada en
alzada de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, por lo que la resolución que
constituye el acto reclamado en la presente protección constitucional de amparo,
quedó sin materia y por tal razón, procedente resulta denegar la acción
constitucional de amparo planteado (…) En cuanto a la violación a las garantías
constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso (…) En el caso de
análisis, no concurre ninguna de las presuntas violaciones argumentadas por el
ente postulante, por tales razones, no concurren en el proceso subyacente, las
violaciones invocadas por la entidad postulante (…) En relación a la presunta

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violación a la tutela judicial efectiva, de conformidad con la jurisprudencia
sustentada por la Honorable Corte de Constitucionalidad, concurre violación a
esta garantía cuando le falta a las resoluciones la debida fundamentaci ón,
argumentación y motivación, actos que no concurren en las resoluciones descritas
por la entidad postulante en la presente acción constitucional de amparo, ni
concurre en la resolución que constituye el acto reclamado, que obra en el
proceso subyacente; razones por las cuales, a criterio de este Tribunal de
Amparo, no concurren violación a derechos y garantías constitucionales y
procesales (…) En cuanto al presupuesto de definitividad (…) no existe violación a
las garantías constitucionales del derecho de defensa y del debido proceso,
tampoco se violentó la garantía a la tutela judicial efectiva, tampoco a la entidad
amparista se le vedó su derecho de acción dentro del proceso subyacente, ni ha
existido cambio al procedimiento ordinario establecido por la ley, no siendo cierto
entonces que se ha violentado lo regulado en el artículo 3 del Código Procesal
Penal, además el mismo ente amparista ya hizo del recurso legal ordinario que
regula la ley de la materia. Razones por las cuales somos del criterio que l a
acción constitucional de amparo interpuesta por el Ministerio Público por el
Agente Fiscal Abogado Henry Manuel Recinos Ávila y en la calidad con que
actúa, no debe otorgarse por carecer del presupuesto de definitividad; además,
los agravios expuestos por el ente amparista no constituyen claras violaciones a
los derechos Constitucionales expuestos, debiendo continuarse con el desarrollo
del proceso ordinario hasta su finalización…” Y resolvió: “…I) Se deniega la
acción constitucional de amparo promovida por el Agente Fiscal de la Fiscalía
contra la Corrupción del Ministerio Público, Abogado Henry Manuel Recinos Ávila,
en contra del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y

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Delitos contra el Ambiente, del Departamento de Izabal. II) En consecuencia,
queda firme la resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve,
dictada por el Juez del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Departamento de Izabal, la cual
constituye el acto reclamado. III) no se condena en costas al postulante ni se
impone la multa al Abogado auxiliante por tratarse de instituciones del Estado…”
III. APELACIÓN
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales,
Amparos y Exhibición Personal, apeló la sentencia del Tribunal de Amparo de
primer grado, expresando similares argumentos a los expuestos en el escrito
inicial de amparo. Agregó que conforme al criterio sustentado por la Corte de
Constitucionalidad, en las sentencias emitidas dentro de los expedientes 4801-
2013, 3043-2016 y 2599-2017, el Juez denunciado, al plantearse recusación en
su contra, debió aceptar o no las causales invocadas y, posteriormente, elevar las
actuaciones a la Sala Jurisdiccional competente para que conociera la recusación
conforme lo regulado en el Artículo 150 Bis del Código Procesal Penal; al no
hacerlo, violó el debido proceso, puesto que el Juez de la causa no siguió el
trámite establecido en la legislación adjetiva penal; por tal razón, estima que era
procedente otorgar la protección constitucional solicitada.
IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA
A) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos
Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, apelante, reiteró los
argumentos expuestos al interponer su recurso de apelación. Solicitó que se
declare con lugar la apelación instada, se revoque la sentencia de primer grado,
se otorgue el amparo promovido y, como consecuencia, se deje en suspenso la

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resolución que constituye el acto reclamado, a efecto de que se ordene en su
oportunidad al juez recurrido que emita nueva resolución en garantía del debido
proceso. B) Melvin Giovanni Portillo Arévalo, Marco Tulio Ramírez Estrada,
Héctor Waldemar Pineda Maldonado, Edwar Danilo Sosa Orellana, Mario
Roberto Elías Palma, Carlos Guillermo Cuyún Betancourt, Antonio Soliz
Herrera, Elmer Dodanilo Morales Ramos, Ineres Baldemar Aldana Orellana,
Héctor René Salguero Tobar, Leonardo Mauricio Cardona Sandoval, Melvin
Eduardo Salguero Portillo, José Alberto Acevedo Arroyo, Néstor Jones
Aldana Tobar y Tiffany Rochell Howell Figueroa, terceros interesados,
manifestaron que no es procedente promover amparo contra lo decidido respecto
de la actividad procesal defectuosa por los motivos siguientes: a. es inidónea para
impugnar el fondo de la decisión. Criterio sostenido en los expediente 4613-2018,
2447-2018 y 2423-2016 de la Corte de Constitucionalidad; b. no es procedente
otorgar el amparo cuando el accionante la ha utilizado erróneamente como medio
de impugnación, con la intención de objetar la decisión de fondo emitida y c. no
causa estado ni es definitiva, tampoco constituye acto definitivo, por lo tanto solo
equivale a la protesta dentro del proceso penal que habilita el recurso de
apelación especial, en ese sentido no se agotó el presupuesto procesal de
definitividad regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad. Por las razones expuestas, estiman que la sentencia de
amparo se encuentra ajustada a Derecho, porque la actividad procesal defectuosa
no podría retrotraer el proceso penal a etapas precluidas; además, ese remedio
procesal no causa estado ni tiene carácter definitivo, por lo cual no se puede
conocer el fondo del asunto, lo cual deviene en la falta del presupuesto procesal
de definitividad y la inexistencia de agravio. Solicitaron que se declare sin lugar la

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apelación interpuesta y se confirme el fallo dictado por el Tribunal de Amparo de
primer grado.
CONSIDERANDO
-I-
Es procedente otorgar la protección constitucional solicitada cuando la
autoridad cuestionada se excedió en el uso de sus facultades y causó agravio a
los derechos del postulante.
-II-
El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción,
promovió acción constitucional de amparo contra el Juez Pluripersonal de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de
Izabal, señalando como acto reclamado la resolución de veintiocho de junio de
dos mil diecinueve, emitida por el Juez denunciado que declaró sin lugar la
actividad procesal defectuosa promovida por el ahora postulante, contra la
decisión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante la cual el referido Juez
Edgar Aníbal Arteaga López declaró sin lugar la recusación con expresión de
causa planteada en su contra.
El Tribunal de Amparo de primer grado denegó la protección constitucional
solicitada, al considerar que, de conformidad con la doctrina legal sentada por la
Corte de Constitucionalidad, lo resuelto respecto de la actividad procesal
defectuosa no causa estado, porque existen otras etapas procesales para
resolver la inconformidad del interponente; siendo que esta constituye protesta
legal para habilitar el recurso de apelación especial, por motivos de forma; en ese
contexto, concluyó que no se cumplió con el principio de definitividad, porque el
Ministerio Público hizo uso del derecho de recurrir, al impugnar mediante

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apelación la recusación de mérito; por lo cual la resolución que declaró con lugar
parcialmente ese medio de impugnación constituye cosa juzgada, al no
promoverse amparo contra esa decisión (de ocho de mayo de dos mil
diecinueve); de esa cuenta, el pronunciamiento que constituye el acto reclamado
quedó sin materia.
-III-
Para conocer el agravio denunciado en la presente garantía constitucional,
se procederá a efectuar el análisis de las constancias procesales, al efecto, este
Tribunal establece los hechos relevantes siguientes:
A) El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la Corrupción,
mediante escrito de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho –obrante a folio
quince, de la pieza V de los antecedentes remitidos–, presentó recusación contra
el Juez Edgar Aníbal Arteaga López, invocando como causal que dicho
funcionario judicial había externado opinión, porque en la audiencia de reforma de
auto de procesamiento, celebrada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, el
referido juzgador dio valor probatorio a los medios de prueba, consistentes en
acta notarial y video, propuestos por el abogado defensor de los sindicados;
además, indicaron que el referido Juzgador tenía interés en el asunto de mérito,
porque fue evidente la parcialización en favor de la defensa, puesto que reformó
el delito de Fraude por el de Falsedad ideológica en el proceso penal tramitado
contra Mario Roberto Elías Palma, Antonio Solís Herrera, Edwar Danilo Sosa
Orellana, Carlos Guillermo Cuyun Betancourth, sin fundamentar los motivos de
hecho ni de Derecho que sustentaron su decisión.
B) En audiencia celebrada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, el Juez
de conocimiento, al resolver la recusación de mérito consideró: “…en base a ello y

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a lo que regula el artículo 66 y 150 bis del Código Procesal Penal, los artículos
122, 123 y 129 de la Ley del Organismo Judicial, se declara sin lugar la
recusación planteada por la Fiscalía, como ya indiqué en su momento, el
trámite a seguir es el que establece el Código Procesal Penal, esta
resolución es apelable no es necesario que si alguno de los sujetos procesales
no la apela no es necesario que el expediente salga de la Sala para los efectos
legales pertinentes porque la recusación ya está resuelta, si algún sujeto
procesal la apela pues obviamente la Sala tendría que conocer, tendría que
conocer el auto de recusación, por lo tanto vamos a cerrar audiencia de una
vez, para conocer otras solicitudes pendientes, tales como constitución de
querellantes y algunas otras peticiones inclusive la etapa intermedia creo que ya
procedería conocerla …” (El resaltado es propio de esta Corte)
C) El ente fiscal, ahora postulante, presentó actividad procesal defectuosa,
argumentando que el Juez de conocimiento para arribar a la decisión descrita en
el apartado precedente, incurrió en vicio anulativo por cuanto que violó el principio
jurídico del debido proceso, debido a que no observó lo regulado en el Artículo 66
del Código Procesal Penal; además, el Juez recusado no tenía competencia para
resolver el fondo de la recusación planteada, puesto que, de conformidad con la
ley procesal citada, la competente para resolver ese asunto es una Sala
jurisdiccional y, al no haber remitido las actuaciones ante el Tribunal colegiado,
incurrió en el vicio de procedimiento denunciado. Paralelamente, planteó recurso
de apelación, objetando la declaratoria sin lugar de la recusación, así como la
autorización para que una de las sindicadas saliera del país. Ese medio de
impugnación fue declarado con lugar parcialmente, por la Sala Mixta de la Corte
de Apelaciones del departamento de Izabal, pero únicamente, en cuanto a la

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autorización relacionada (auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, obrante a
folio treinta y tres de la pieza II digitalizada del amparo).
D) El Juez denunciado, en resolución de veintiocho de junio de dos mil
diecinueve –acto reclamado–, dispuso declarar sin lugar la actividad procesal
defectuosa instada, al considerar: “…en ningún momento se ha violentado los
principios reclamados por el Ministerio Público toda vez que lo resuelto en la
resolución reclamada fue dictada apegada a derecho y así lo confirma la
Honorable Sala Jurisdiccional en resolución de fecha ocho de mayo de dos mil
diecinueve dando el respectivo trámite al recurso de apelación presentado por el
ente investigador en fecha nueve de abril del presente año en contra de la misma
resolución y por los mismos motivos reclamados en la presente actividad procesal
defectuosa; confirmando la Honorable Sala al resolver de la siguiente manera:
‘Por tanto: I) con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el
Ministerio Público a través del Agente Fiscal Henry Manuel Recinos Ávila, Agente
Fiscal de la Fiscalía Contra la Corrupción, en contra del auto de fecha cuatro de
abril de dos mil diecinueve (…) II) En consecuencia se revoca parcialmente el
auto de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve dictado por el Juez del
Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Medio Ambiente del departamento de Izabal, únicamente en lo referente
al numeral romano IV. de la parte resolutiva en la cual se autoriza a la sindicada
Gloria Esthela Colíndres García de Galdámez para que salga del país (…)
conservando su vigencia los demás numerales romanos de la parte resolutiva de
dicho auto’, por tanto, no se ha violado los principios que el ente investigador está
reclamando, por lo que, lo resuelto está apegado a Derecho, así como en los
principios que inspiran el derecho penal. Por lo anterior es procedente declarar sin
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lugar la actividad procesal defectuosa y así debe resolverse…”
En ese contexto, resulta indispensable traer a colación que esta Corte, en
reiterada jurisprudencia, ha manifestado en cuanto a la actividad procesal
defectuosa lo siguiente: “…la legislación procesal penal guatemalteca contempla
la actividad procesal defectuosa como un remedio procesal, cuya finalidad es
analizar si existen irregularidades o violaciones en cuanto a la forma en que se
han desarrollado los actos procesales; el referido mecanismo se encuentra
regulado en los Artículos 281 a 284 del Código Procesal Penal, y puede ser
solicitado por las partes, o incluso ser aplicado de oficio por el órgano
jurisdiccional, en caso de advertir la concurrencia de un vicio anulativo en el
procedimiento, en virtud que se ha violentado el principio de imperatividad que
informa el proceso penal, bien por la variación de las formas del proceso o por la
transgresión a preceptos constitucionales. Es de tomar en cuenta que la
naturaleza de la actividad procesal defectuosa, es la de ser un remedio procesal
que opera para enmendar vicios de procedimiento y así depurar el proceso, pero
en ningún caso constituye un medio de impugnación…” [Criterio reiterado en
sentencias de veintiuno de junio y veintiuno de febrero, ambas de dos mil
dieciocho, veintinueve de junio de dos mil dieciséis, doce de junio de dos mil
trece, seis de febrero de dos mil trece y cinco de octubre de dos mil doce,
dictadas dentro de los expedientes 5970-2017, 1748-2017, 5184-2015, 4977-
2012, 3692-2012 y 1147-2012, respectivamente.]
En tal sentido, se hace acopio del criterio jurisprudencial asentado por esta
Corte en el que se indica: “…es pertinente aludir que por medio de la actividad
procesal defectuosa se cuestionan aspectos que atañen exclusivamente a vicios
acaecidos en el procedimiento, no así al fondo de la decisión asumida por el

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tribunal (…) pues para ello la Ley establece mecanismos idóneos para hacerlo…”
[Sentencias de veintinueve de junio de dos mil dieciséis, doce de junio de dos mil
trece, seis de febrero de dos mil trece y cinco de octubre de dos mil doce,
dictadas dentro de los expedientes 5184-2015, 4977-2012, 3692-2012 y 1147-
2012, respectivamente.]
En ese orden de ideas, se advierte que la actividad procesal defectuosa
formulada resultaba idónea para cuestionar el vicio en el que incurrió el Juez de
conocimiento, consistente en que no elevó las actuaciones a la Sala jurisdiccional
para que conociera del fondo de la recusación planteada contra el referido Juez
unipersonal de primera instancia. Esta Corte, en el caso concreto, estima
pertinente citar las argumentaciones esgrimidas en sentencia de seis de junio de
dos mil diecisiete, dictada en el expediente 3043-2016 en la que se indicó: “…el
artículo 66 del Código Procesal Penal, dispone que: ‘La competencia de los
impedimentos, excusas y recusaciones, se regulará por lo establecido en la
Ley del Organismo Judicial. El trámite de los impedimentos y excusas se
regulará por lo establecido en la Ley del Organismo Judicial. Las recusaciones y
los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior, serán
tramitados de conformidad con el artículo 150 Bis de este Código.’
(Resaltado es propio de este Tribunal) Por su parte, el artículo 150 Bis de la ley
procesal citada, indica: ‘Cuando se promueve un incidente para el cual este
Código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma
siguiente: La parte que promueve el incidente, solicitará una audiencia para
sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y
proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiera a cuestiones de
hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos
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anteriores será rechazado. El juez o tribunal que debe conocer del incidente
citará al imputado, el Ministerio Público y a las demás partes una audiencia
que deberá realizarse dentro del plazo máximo de dos (2) días en el caso
que se trate de cuestiones de Derecho, y cinco (5) días en el caso que sea
cuestiones de hecho. Oídas las partes y, en su caso, recibidas las pruebas, el
órgano jurisdiccional, en la audiencia respectiva, resolverá el incidente sin más
trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe
otro procedimiento señalado en este Código, se tramitará conforme lo dispuesto
respecto de los incidentes durante el debate oral y público.’ De los preceptos
anteriormente transcritos, resulta obligado hacer la integración de las normas
legales contenidas tanto en la Ley del Organismo Judicial como en el Código
Procesal Penal y poder detallar el trámite legal correspondiente en materia de
recusaciones. Para el efecto, el artículo 125 de la Ley del Organismo Judicial,
establece: ‘…La recusación no tendrá efectos suspensivos y el asunto
continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en forma
definitiva. Si se tratare de materia penal, la recusación deberá resolverse
antes de iniciarse el debate, pero si la recusación se declarare procedente,
serán nulas las diligencias practicadas desde la fecha en que se presentó la
recusación…’ Ello, es coherente con lo previsto en el artículo 67 del Código
Procesal Penal, que establece: ‘La excusa y la recusación no suspenderán el
trámite del procedimiento. El juez que se inhiba de oficio o el recusado será
reemplazado, conforme a la reglamentación que dictará la Corte Suprema de
Justicia (…)’ y por último, el artículo 68 del mismo cuerpo legal establece:
´Producida la inhibitoria o planteada la recusación, el juez no podrá practicar
acto alguno, salvo aquéllos urgentes que no admitan dilación y que, según
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las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante.’ Al integrar
las tres normas legales transcritas, se advierte que, una vez planteada la
recusación de un juez (no de un tribunal colegiado, que tiene previsto otro
trámite), deben seguirse los siguientes pasos: a) el recusado debe
pronunciarse sobre la aceptación o no, de la causal invocada; b)
inmediatamente debe elevar las actuaciones al tribunal superior (juez de
primera instancia penal, en caso de la recusación de jueces de paz; o ante la
Sala jurisdiccional correspondiente en caso de recusación de un juez de
primera instancia); c) para que se haga efectiva la disposición prevista en los
artículos, 125 de la Ley del Organismo Judicial y 67 del Código Procesal Penal,
relativa a que no se suspenda el trámite del procedimiento penal, debe el
juez recusado cumplir con el segundo párrafo del artículo 67 citado,
enviando las actuaciones al juez que lo debe reemplazar mientras se
resuelve la recusación por el tribunal superior; d) de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Penal, citado, debe abstenerse de practicar acto
procesal alguno, salvo, actos urgentes que no admitan dilación, so pena de que
aquellas sean anuladas si se declara con lugar la recusación; e) el juez
reemplazante debe continuar con el trámite de las diligencias que sean
necesarias, las cuales, evidentemente no pueden ser anuladas
independientemente del resultado de la recusación, por no ser el juez recusado; f)
el tribunal superior, de conformidad con el artículo 66 del Código Procesal
Penal, debe cumplir con el trámite previsto en el artículo 150 Bis de dicho
cuerpo legal, para lo cual debe convocar a las partes a una audiencia y, resolver
finalmente la recusación; g) en caso de que la recusación sea declarada sin lugar,
las actuaciones deben regresar, del juez reemplazante al juez natural que conocía
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del proceso, retomando este último obviamente las actuaciones en la fase
procesal en que éstas se encuentren, pues el objetivo de que se enviaran al juez
reemplazante era justamente para que el proceso no se suspendiera; h) en caso
de que la recusación sea declarada con lugar, deberá designarse el nuevo juez
que deba seguir conociendo del proceso, conforme las reglas de competencia
previstas por la Corte Suprema de Justicia; y, en caso de que el juez recusado
hubiera practicado diligencias que no reúnan las condiciones de ‘urgentes que no
admitan dilación’, posterior a haberse promovido la recusación, estas diligencias
deben anularse de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley del
Organismo Judicial. Este Tribunal Constitucional se ha expresado en similar
sentido en las sentencias de quince de enero de dos mil quince, en el expediente
3009-2013, y dieciséis de enero de dos mil catorce, en el expediente 4801-2013,
en las que indicó: ‘Esta Corte considera que el propio artículo 66 del Código
Procesal Penal, en su primer párrafo, establece que ‘la competencia […] las
recusaciones, se regulará por lo establecido en la Ley del Organismo
Judicial´. De esa cuenta, al tenor de lo establecido en el artículo 129 de la ley
precitada, es tribunal competente para conocer en los casos de que el juez
recusado declare que ‘no ha lugar a la recusación’, el tribunal superior, que
la tramitará y resolverá como incidente’. A texto expreso del último párrafo del
artículo 66 precitado ‘Los incidentes que no sean los señalados en el párrafo
anterior [segundo párrafo de la norma aludida] serán tramitados de
conformidad con el artículo 150 Bis de este Código’. Será el tribunal
competente [tribunal superior], conforme lo establecido en el artículo 129 de
la Ley del Organismo Judicial, el que debe citar a las partes a una audiencia
a efecto de cumplir con el debido proceso y resolver la recusación, ya que

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sería absurdo que al estar abiertamente cuestionada la competencia subjetiva del
juez y requerir, el que se acredite con medios de comprobación, la plataforma
fáctica de la imputación (recusación), sea el propio juez objeto de recusación el
que deba conocer y pronunciarse sobre aquel cuestionamiento.” (El resaltado es
propio de esta Corte.)
De lo expuesto, en el presente caso, se advierte que la recusación
planteada contra el Juez de conocimiento, según lo regulado en los artículos 128
y 129 de la Ley del Organismo Judicial y 150 Bis del Código Procesal Penal y
conforme el criterio vertido por este Tribunal en cuanto a las recusaciones de los
jueces de instancia, esa autoridad judicial después de pronunciarse respecto a
aceptar o denegar las causales formuladas, debió, de oficio, remitir las
actuaciones a la Sala jurisdiccional, por corresponderle a esta resolver el fondo
del planteamiento, situación que no ocurrió en el presente caso, por lo que se
concluye que el Juez recusado no tramitó la recusación de conformidad con las
leyes citadas. Motivo por el cual la actividad procesal defectuosa debió ser
declarada con lugar, para enmendar el vicio de procedimiento denunciado.
Además de lo considerado, esta Corte al efectuar el estudio de los
antecedentes remitidos, advierte que el auto de recusación fue impugnado por el
ahora postulante mediante recurso de apelación –escrito obrante a folio quince de
la pieza II del amparo digitalizado–, ese medio de impugnación provocó el
conocimiento en alzada de la recusación de mérito, por lo cual la Sala Mixta de la
Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, en auto de ocho de mayo de
dos mil diecinueve, consideró: “…Apelación. Son apelables los autos dictados por
los jueces de primera instancia que resuelvan (…) 02) Los impedimentos, excusas
y recusaciones (…) ‘Competencia. El recurso de apelación permitirá al tribunal de

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alzada el conocimiento del proceso sólo en cuanto a los puntos de la resolución a
que se refieren los agravios, y permitirá al tribunal confirmar, revocar, reformar o
adicionar la resolución’ (…) El Ministerio Público a través del Agente Fiscal Henry
Manuel Recinos Ávila, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución
de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, emitida por el Juez del Juzgado
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
ambiente del Departamento de Izabal, argumentando los siguientes Agravios:
‘…en el presente caso existe una evidente violación a los principios jurídicos de
legalidad, debido proceso y seguridad jurídica por parte del Juzgador al emitir el
auto impugnado toda vez que no es legal, dable ni posible que el mismo juez
recusado resuelva el fondo del asunto, es decir si es o no procedente la
recusación planteada en su contra (…) no es posible, porque en el caso concreto
(recusación) el Juez se convierte en sujeto procesal en el hecho objeto de litigio, y
de allí se advierte un aspecto relevante en el cual se denota aún más su interés
de continuar conociendo el proceso (…) el juez a quo, no resolvió conforme a
Derecho, toda vez que inobservó el artículo 66 del Código Procesal Penal que
establece: (…) en relación a este artículo, es necesario señalar que el mismo
hace una integración de normas, en primer lugar refiere que la competencia para
conocer una recusación se rige por la Ley del Organismo Judicial y el Trámite es
conforme el artículo 150 bis del Código Procesal Penal, por lo que al hacer un
análisis en el presente caso el Juez de Primera Instancia no tenía competencia
para resolver la recusación planteada, toda vez que el artículo 129 de la Ley
del Organismo Judicial, en relación al órgano competente para conocer y resolver
las recusaciones, que es la norma aplicable de conformidad con el artículo 66 de
Código Procesal Penal, establece lo siguiente: Trámite de las recusaciones.

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‘…pero en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior, el que la
tramitará y resolverá como incidente…’, es decir, el competente para conocer y
resolver el incidente regulado en el artículo 150 bis del Código Procesal Penal era
la Sala de la Corte de Apelaciones, no el mismo Juez recusado (…) de los
agravios causados a la institución que represento al emitir el auto a través del cual
modifica las medidas sustitutivas: A través de la resolución proferida se denuncia
como agravio violación a los principios y derecho de: falta de fundamentación (…)
Quienes juzgamos en esta instancia al analizar dicha exposición, y escuchar el
audio de la audiencia respectiva en la que consta la resolución de fecha cuatro de
abril de dos mil diecinueve, hacemos el siguiente razonamiento: El juzgador
recusado al dictar la resolución objeto de impugnación lo hace razonando sobre
los medios de prueba existentes en autos, expresando de forma clara los motivos
por los cuales dictó la misma, pues necesario se hace para motivar dicha
resolución citar y exponer sobre los medios de investigación los cuales son
elementales para el caso (Acta Notarial y Video presentado por la defensa), pero
en ningún momento establecemos que el juzgador A-Quo haga una valoración de
los medios investigativos como se alega por el apelante, si bien es cierto hace
mención o referencia de los mismos, esto con el fin de establecer los motivos de
hecho y los motivos de derecho que lo indujeron a resolver, pero en ningún
momento se observa que externe opinión en favor de una u otra de las partes del
proceso, sino dentro de su razonamiento citó dicho (sic) medios probatorios pero
no los refiere en forma definitiva ni de fondo respecto del asunto principal que se
investiga. De igual forma no se encuentra algún interés directo o indirecto propio
del Juzgador sobre el asunto que se ventila; siendo necesario en la presente
resolución establecer y dejar en claro que para presentar recusación en contra de

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un juez competente, fundamental es que la parte o las partes del proceso que así
lo planteen, acompañen medios de prueba idóneos que establezcan la causal
invocada y no solo citar una posible acción judicial que presuntamente lleve a la
comisión de una causal de recusación, además en el presente caso el artículo
123 de la Ley del Organismo Judicial contempla las literales de la a) a la I) como
causas de excusa y no contempla numerales como fundamenta erróneamente su
alegato el ente investigador. Por lo que consecuentemente con los artículos 66 y
150 Bis del Código Procesal Penal, 122, 123 y 129 de la Ley del Organismo
Judicial, en el presente caso necesario se hace se declare sin lugar la apelación
presentada en contra de la resolución de fecha cuatro de abril de dos mil
diecinueve dictada por el Juez del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del Departamento de Izabal
que resuelve la recusación presentada en su contra por el Ministerio Público…”
En el apartado resolutivo, la citada Sala declaró con lugar parcialmente el recurso
de apelación relacionado, revocando parcialmente el auto cuestionado,
únicamente, en cuanto a lo referente al numeral IV, en el cual se autorizó a una
de las sindicadas para que saliera del país; conservando su vigencia los demás
numerales, es decir, el que contiene la decisión que declaró sin lugar la
recusación formulada contra el Juez denunciado.
Este Tribunal en el presente caso, dada la forma de resolver de la Sala de
Apelaciones citada, que tiene íntima relación con el acto reclamado en amparo,
considera necesario efectuar el análisis respecto a la idoneidad del referido
recurso de apelación, el cual, si bien, conforme lo regulado en el artículo 404 del
Código Procesal Penal, los autos dictados por los jueces de primera instancia son
apelables y en el numeral 2) regula: “Los impedimentos, excusas y recusaciones”,

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es pertinente traer a colación lo establecido en el artículo 129 de la Ley del
Organismo Judicial, que define el trámite de la recusación: “Si el juez estima que
no es cierta la causal o que no ha lugar a la recusación, así lo hará constar en
resolución motivada, y en el primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero
en el de recusación remitirá las actuaciones al tribunal superior, el que la tramitará
y resolverá como incidente”. La transcripción de este último artículo en armonía
con lo señalado en párrafos precedentes, evidencia que, luego de pronunciarse el
Juez de primera instancia respecto a si acepta o no los motivos de la recusación
planteada por el sujeto procesal, las actuaciones deben ser elevadas al superior
jurisdiccional, en caso de un juez unipersonal, para su resolución final y no
declarar sin lugar la recusación como acaeció en el presente caso –sin agotar
dicho trámite–. En ese sentido, esta Corte advierte que independientemente de la
forma en que el Juez de Primera Instancia diligenció la recusación promovida, el
recurso de apelación se instó contra una resolución que no es apelable, por lo que
la promoción de aquel medio de impugnación deviene inidónea. Oportuno resulta
señalar, que en el presente caso, de aceptarse la conclusión de que la Sala en
todo caso, ya conoció en alzada, sea por la elevación normal o por apelación,
implica reconocer, un trámite -este último- que es contrario a Derecho, y que
además, permite la emisión de un fallo por parte del superior, en el que no se ha
cumplido previamente con el trámite del incidente que regula el artículo 150 Bis
del Código Procesal Penal, vedándole a los sujetos procesales, las oportunidades
de pronunciarse dentro de los dos o cinco días que dicha norma establece,
dependiendo de si el incidente fuera de hecho o de Derecho.
Cabe resaltar que el Juez del orden común al pronunciarse sobre la
recusación formulada en su contra, dispuso que no era necesario elevar las

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actuaciones a la Sala jurisdiccional, proceder que contraviene el procedimiento
regulado de los artículos 128 y 129 de la Ley del Organismo Judicial y 150 Bis del
Código Procesal Penal, como ya se estableció. Además, el recurso de apelación
instado, que provocó la elevación que correspondía del expediente a la Sala,
devenía inidóneo.
Por lo expuesto, esta Corte considera desacertado el criterio esgrimido por
la autoridad reprochada de declarar sin lugar la actividad procesal defectuosa
promovida por la entidad postulante, puesto que mediante esta el amparista
pretendió evidenciar el vicio en que incurrió el Juez de la causa al no cumplir con
elevar las actuaciones al superior para conocer de la recusación conforme la
norma procesal correspondiente.
Con sustento en el análisis efectuado, contrario a lo considerado por el
Tribunal de Amparo de primer grado, se estima que debe otorgarse el amparo
solicitado, a efecto de que la autoridad cuestionada emita nuevo pronunciamiento
de conformidad con lo aquí considerado.
-IV-
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, al declarar procedente el amparo se debe
decidir sobre la condena en costas. En el presente caso se estima que no
procede condenar en costas a la autoridad cuestionada, por la buena fe que se
presume en las actuaciones judiciales.
LEYES APLICABLES
Artículos citados y 265, 268 y 272, literal c), de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1º., 5º., 6º., 8º., 42, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 64, 66,
67, 149, 163, literal c), 179 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
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Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89; 35 y 36 del Acuerdo 1-2013, ambos
de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO
La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,
resuelve: I) Por disposición del artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, y conforme a lo asentado en el artículo 1° del
Acuerdo 3-2021 de la Corte de Constitucionalidad de veintiuno de abril de dos mil
veintiuno, integra el Tribunal el Magistrado José Francisco De Mata Vela. II) Con
lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, por medio de
la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y, como
consecuencia, revoca la sentencia venida en grado y, resolviendo conforme a
Derecho: a) otorga el amparo solicitado por el postulante; b) restaura la situación
jurídica afectada, dejando en suspenso la resolución que constituye el acto
reclamado; c) para los efectos positivos de este fallo, la autoridad reprochada
deberá dictar la resolución que en Derecho corresponde, conforme a lo aquí
considerado; d) se conmina a la referida autoridad a dar exacto cumplimiento a lo
resuelto dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que reciba
la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento,
incurrirá en multa de dos mil quetzales (Q2,000.00), sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales consiguientes y e) no se condena en costas a
la autoridad cuestionada. III) Notifíquese y con certificación de lo resuelto,
devuélvanse los antecedentes al Tribunal de origen.

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ROBERTO MOLINA BARRETO

PRESIDENTE
DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA

MAGISTRADA MAGISTRADO
NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL LEYLA SUSANA LEMUS ARRIAGA

MAGISTRADO MAGISTRADA
LIZBETH CAROLINA REYES PAREDES DE BARAHONA

SECRETARIA GENERAL

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CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD

REPÚBLICA DE GUAT EMALA, C.A.

APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dieciocho de agosto de dos

En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de siete de

departamento de Izabal, en la acción constitucional de amparo promovida por el

Henry Manuel Recinos Ávila, contra el Juez Pluripersonal de Primera Instancia

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Izabal. El

postulante actuó con el patrocinio del referido Agente Fiscal. Es ponente en el

expresa el parecer del Tribunal.

A) Solicitud y autoridad: presentado el dos de agosto de dos mil diecinueve, en

la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal. B) Acto

reclamado: resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitida por el

Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el

defectuosa promovida por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía contra la

Corrupción, contra la decisión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante

la cual el referido órgano jurisdiccional declaró sin lugar la recusación con

expresión de causa planteada contra el Juez Edgar Aníbal Arteaga López. C)

Violaciones que denuncia: a los derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva

debido proceso, de legalidad y de imperatividad. D) Hechos que motivan el

amparo: de lo expuesto por el postulante y del estudio de los antecedentes, se

resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) ante el Juez Pluripersonal de

Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del

departamento de Izabal –autoridad cuestionada–, se tramita el proceso penal

identificado como 18002-2017-285; b) el Juez de la causa, Edgar Aníbal Arteaga

mérito; c) en audiencia de cuatro de abril de dos mil diecinueve, la autoridad

ahora cuestionada declaró sin lugar la recusación planteada; d) el Ministerio

Público presentó actividad procesal defectuosa, aduciendo que la autoridad

denunciada incurrió en vicio procedimental en el trámite de la recusación de

pronunciamiento respecto de la aceptación o no de las causales invocadas y,

posteriormente, elevar las actuaciones al Tribunal superior, para que este, de

emitiera la decisión definitiva y e) el remedio procesal instado fue declarado sin

lugar en resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve –acto

reclamado–, al estimar la autoridad reprochada, que la resolución reclamada fue

el ente investigador. D.2) Agravios que se reprochan al acto reclamado: estima

que la autoridad objetada, al emitir el acto reclamado, conculcó los derechos y

principios jurídicos invocados, porque: a) no tomó en consideración el trámite

no obstante que, debió limitarse a aceptar o no las causales invocadas y elevar

de dicho planteamiento; b) se confirmó la resolución que contraviene los artículos

3 y 66 del Código Procesal Penal, cuando este último regula: “… Competencia y

Trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones, se

y los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior, serán

tramitados de conformidad con el artículo 150 Bis de este Código”; c) de la

normativa citada, se advierte que no está dentro de las funciones de la autoridad

denunciada, resolver, de forma definitiva, la recusación planteada en su contra,

procedimiento, porque se extralimitó en sus funciones y varió las formas del

proceso y d) la resolución señalada de agraviante carece de razonamiento y

fundamentación, puesto que el Juez de conocimiento no expresó la motivación

que sustenta su decisión, tampoco se pronunció respecto a la existencia de vicio

anulativo del procedimiento en vulneración de los principios constitucionales y

procesales citados. D.3) Pretensión: solicitó que se otorgue el amparo y, como

consecuencia, se deje en suspenso, de forma definitiva, la resolución que

constituye el acto reclamado y se le restituya en la situación jurídica afectada,

ordenando a la autoridad denunciada resolver conforme a Derecho, respetando

esta Corte. E) Uso de procedimientos y recursos: ninguno. F) Caso de

procedencia: invocó el contenido de la literal d) del Artículo 10 de la Ley de

Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes que estima

Penal y 2, 125 y 129 de la Ley del Organismo Judicial.