I.

LA POLÍTICA

PRIMERA PARTE: LA DICTADURA CÍVICO-MILITAR, 1973-1984. 1

Gabriel Bucheli2 y Silvana Harriett3
Antecedentes, etapas, características, resultados.

A. Antecedentes, el golpe de Estado y sus repercusiones políticas y sociales.

1. Introducción

El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 es un acontecimiento emblemático

de la historia nacional. Sin embargo, su carácter de momento bisagra en el proceso
histórico debe ser revisado bajo la perspectiva de tres dimensiones temporales que
permitan ubicar este episodio en una dinámica más amplia.

1.a) El golpe de Estado de 1973 en la historia larga

En primer término, desde una perspectiva de larga duración, se ha sostenido que

este golpe de Estado constituye una anomalía en la historia del país. Desde una
percepción vigorosamente instalada en la sociedad uruguaya, abonada por la proyección
que devolvía la mirada exterior, el Uruguay era un país donde se hallaba consolidada la
institucionalidad democrática, basada en un conjunto de pautas que sustentaban un
arreglo consensual del conflicto social, sobre la base de partidos políticos tan sólidos
como antiguos4. En ese país sin sobresaltos, en su carácter de “sociedad amortiguadora”,
la sangre rara vez llegaba al río, según la interpretación de Carlos Real de Azúa5. Esto,
por supuesto, entendido como válido desde la etapa en que dicho consenso superó al

1
Los autores desean dejar constancia de su agradecimiento a los valiosos comentarios realizados a este
texto por los profesores Benjamín Nahum y Jaime Yaffé. Cualquier error u omisión, por supuesto, corre
bajo la responsabilidad de los autores.
2
Docente de Historia e investigador en la FCS y en la FCCEE y A – UDELAR.
3
Docente de Historia e investigadora en la FCS y FCCEE y A- UDELAR.
4
La conformación de nuestro sistema político como una partidocracia constituye un sentido común para
la mayor parte de la academia. “La centralidad de los partidos uruguayos como actores políticos
dominantes constituye una línea de larga duración de nuestra historia y una clave configuradora de
nuestra política”. Tomado de Caetano, G, Rilla, J, y Pérez, R., “Cambios recientes en el sistema político
uruguayo concebido como una partidocracia”, en VVAA, Los partidos políticos de cara al 90, FCU,
Montevideo,1989.
5
Real de Azúa, Carlos, Uruguay ¿una sociedad amortiguadora?, EBO, Montevideo, 2000.
estado de guerra civil crónico de la “tierra purpúrea”6, como la llamó un observador
extranjero en el siglo XIX. Sin embargo, si datamos el advenimiento de las reglas
democráticas en 1919, con la puesta en marcha de la segunda “carta magna”, las normas
constitucionales habían sido abolidas en dos ocasiones mediante sendos golpes de
Estado: el del Dr. Gabriel Terra en 1933, y el del Gral. Arq. Alfredo Baldomir en 1942,
con el atenuante de que este último fue registrado por la historia oficial como un “golpe
bueno”, en el entendido de que venía a corregir el desvío provocado por el anterior.
Ambos golpes, como el de 1973, fueron consumados por los presidentes de turno y
respondieron, a diferencia del de 1973, a acuerdos más o menos explícitos entre
diversas fracciones partidarias. Estos golpes de fuerza de la primera mitad del siglo no
impidieron que la sociedad uruguaya, imbuida del optimismo de los sectores dirigentes,
internalizara con autocomplacencia la naturaleza del Uruguay democrático como un
rasgo identitario definitivo. Sin duda el clima de prosperidad económica, la paz interna
en un mundo sumido en guerras y conflictos, la movilidad social prevaleciente, que
hicieron de este pequeño país una “Suiza de América” desde los años 40, favorecieron
la implantación de esa mirada. La crisis económica resultante del agotamiento del
modelo industrializador de aquellas décadas, el conflicto social subyacente,
manifestación de la pugna distributiva entre los diferentes grupos sociales, la
incapacidad del sistema político para encontrar soluciones, precipitaron el
desfibramiento de aquel optimismo, pero no auguraban para el sentido común
establecido, una ruptura institucional.

1.b) Los años sesenta y la crisis de la democracia

Una segunda dimensión contextual del golpe de Estado de 1973, obliga a

colocarlo en el marco de la crisis general que el país evidenciaba desde al menos los
años 607. En ese sentido, el ascenso de lógicas autoritarias y represivas por parte del
Estado, y de prácticas violentas provenientes del tejido social desde al menos una
década atrás, diluyen el peso de los argumentos que colocan al 27 de junio del 73 como
un momento bisagra. Las tensiones sociales y la radicalización de algunos discursos
políticos ambientaron la legitimidad creciente de las prédicas rupturistas y las
consecuentes expresiones de violencia política, tanto sociales como estatales. Adquieren
6
Nombre del libro de Guillermo Enrique Hudson, publicado por primera vez en 1875.
7
Es recurrente ubicar los orígenes de la crisis nacional a mediados de los años 50, cuando los indicadores
de crecimiento económico y distribución del ingreso comenzaron a evidenciar un marcado deterioro.
así interés las teorías que explican las rupturas democráticas a partir de la deslealtad de
ciertas elites hacia la democracia. El debate en torno al protagonismo de los diversos
actores políticos y sociales en los orígenes y ascenso de lógicas de violencia, con el
consecuente desdibujamiento de las tradiciones consensuales, no es objeto de este
trabajo8. Pero cabe señalar que en la primera mitad de la década de los 60 se constatan
los siguientes indicios de resolución del conflicto mediante la práctica de la violencia:
aparición reiterada de acciones de grupos de extrema derecha9; discursos de tono
golpista entre dirigentes políticos de primera línea, especialmente ruralistas;
conformación en 1964 de la logia militar de los “Tenientes de Artigas”, próxima al
imaginario nacionalista autoritario; endurecimiento de la acción estatal mediante la
aplicación de Medidas Prontas de Seguridad para contener la conflictividad sindical y
endurecer la represión de manifestaciones callejeras; constitución en 1965 del MLN-T,
grupo armado de izquierda que actuará con particular incidencia en la vida política
nacional desde 1968.

Es a partir de 1968 que la tensión política adquirió ribetes dramáticos. En

diciembre de 1967, tras la muerte del presidente Gral (r) Óscar Gestido, asumió el cargo
Jorge Pacheco Areco. Gestido-Pacheco había sido la fórmula electoral de la Unión
Colorada y Batllista en las elecciones de 1966, y resumía la alianza de viejos sectores
conservadores del coloradismo con la Lista 14 de los Batlle Pacheco, hijos del líder
histórico José Batlle y Ordóñez. Pacheco Areco instauró un estilo de conducción
novedoso para la tradición política uruguaya. Eludiendo la mediación, tanto partidaria
como parlamentaria10, optó por gobernar por decreto, como modo de efectivizar un
agudo ajuste económico de inspiración fondomonetarista. Los fundamentos de este
organismo de crédito internacional respondían a una concepción liberal y aperturista,
que en el caso uruguayo apuntaban a diluir la densa trama institucional que regulaba la
economía nacional para volverla más competitiva en el plano internacional. Entre los

8
Véase al respecto Marchesi, A. y Yaffé, J, “La violencia bajo la lupa: una revisión de la literatura sobre
violencia y política en los sesenta” en Revista Uruguaya de Ciencia Política - Vol. 19 N° 1 - ICP –
Montevideo.
9
Véase: Bacchetta, Víctor L., El asesinato de Arbelio Ramírez. La república a la deriva, Doble Clic,
Montevideo, 2010; Bucheli, Gabriel, “Rastreando los orígenes de la violencia política en el Uruguay de
los 60” en Cuadernos de la Historia reciente. Uruguay, 1968-1985. Vol. 4, EBO, Montevideo, 2008;
Bruno, Mauricio, “Violencia anticomunista en el Uruguay de los tempranos años sesenta. Algunas
operaciones de las “bandas fascistas”, y su conexión política”, ponencia presentada en las Segundas
Jornadas de Historia Política, Área de Historia de la FCS – UDELAR, junio de 2008.
10
Cabe consignar, de todos modos que, además del de su propio sector, contó con el apoyo parlamentario
del Batllismo Lista 15 del Partido Colorado y de fracciones minoritarias del nacionalismo.
resultados de esos ajustes, se avizoraba el deterioro real de los salarios y recortes en el
gasto público. Al mismo tiempo, en aras de una mejor competitividad externa, se
aplicaron profundas devaluaciones del peso, con su consecuente escalada inflacionaria.
Es en ese marco que hay que interpretar la medida aplicada en junio de 1968, la
congelación de precios y salarios, política catalogada por el economista Jorge Notaro
como un “intervencionismo estabilizador”11. Como resultado de la forma de aplicación
de esa medida12, los salarios perdieron poder de compra, agudizándose así la
conflictividad sindical. El movimiento estudiantil se sumó a la ola de protestas
caldeando aún más el clima político13.
Basado en la “metáfora de la soledad”14, presentándose como el garante último
del “orden frente al caos”, en defensa de los destinos superiores de la nación, Pacheco
Areco dirigió con mano dura un gobierno que no se mostraba dispuesto a negociar con
sus oponentes. Decretó de manera recurrente las Medidas Prontas de Seguridad, censuró
a la prensa, ilegalizó movimientos políticos15, militarizó a funcionarios en huelga y
actuó en permanente conflicto con la oposición parlamentaria, desoyendo incluso las
denuncias de torturas que una comisión legislativa adjudicó a dependencias policiales.
Entre agosto y setiembre de 1968, tres estudiantes murieron en las calles de Montevideo
por disparos de la policía, situación que se volvería frecuente en los años que
antecedieron al golpe de Estado. El investigador Francisco Panizza, distingue tres etapas
en el discurso de Pacheco, en cada una de las cuales el presidente identificó (al tiempo
que construía) un “enemigo” al que debía enfrentarse mediante aquel arsenal de
medidas excepcionales. Estos fueron sucesivamente la inflación (que estaría provocada
por los reclamos sindicales16), la sedición tupamara (que con el secuestro de Ulises
11
Ver Notaro, Jorge, La política económica en el Uruguay 1968-1984, CIEDUR-EBO, Montevideo,
1984.
12
Los salarios fueron congelados antes de que se produjera el ajuste salarial del mes de julio. Al mismo
tiempo, se suspendía la convocatoria a los Consejos de Salarios, órganos tripartitos de negociación
salarial.
13
Las protestas se iniciaron por reclamos relacionados con el boleto estudiantil, pero pronto se sumaron
los relacionados con el presupuesto de la enseñanza.
14
Expresión utilizada por el autor Francisco Panizza para caracterizar el recurso discursivo de Pacheco:
“estoy solo con mi pueblo”. Panizza, Francisco, Uruguay: Batllismo y después. Pacheco, militares y
tupamaros en la crisis del Uruguay batllista, EBO, Montevideo,1990.
15
En diciembre de 1967 decretó la disolución de cinco grupos políticos (Partido Socialista, Movimiento
de Acción Popular Unitario, Movimiento Revolucionario Oriental, Movimiento de Izquierda
Revolucionaria y Federación Anarquista del Uruguay) y el cierre de dos órganos de prensa (El Sol y
Época), los primeros por aprobar, los segundos por difundir la declaración de la Organización
Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) realizada en agosto de 1967 en La Habana, y que entre otros
tópicos, manifestaba que la lucha armada era un camino inevitable en América Latina. El decreto fue
revocado a comienzos de 1971.
16
Es en ese contexto que hay que colocar la congelación de precios y salarios de junio de 1968 y la
aplicación de las Medidas Prontas de Seguridad para contener la protesta sindical.
Pereyra Reverbel17 en agosto de 1968 iniciaba una ofensiva que venía a jaquear al
propio entorno presidencial), y la subversión (expresión que integraba al conjunto de
actores políticos y sociales presentados como cómplices, por acción u omisión, del
accionar guerrillero): “Esta lucha está planteada entre los enemigos de la república y
los defensores del país. Los enemigos acomodaticios o cobardes que reclaman o
insinúan de una manera o de otra, caminos de transacción, dejando armado el brazo
del enemigo…”18

La otra novedad en la coyuntura pregolpista fue precisamente la presencia del

movimiento tupamaro. El Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T)
nació en el verano de 1965, como resultado de los acuerdos alcanzados por un conjunto
de militantes de diverso origen para implementar la lucha armada como vía excluyente
para la construcción del socialismo. El movimiento fue descubierto en diciembre de
1966 y estuvo a punto de ser desarticulado. Fue en 1968, en una dialéctica de violencia
entre el Estado y las fuerzas políticas y sociales que se oponían al ajuste y al estilo
pachequista, que el MLN-T adquirió protagonismo, mediante acciones espectaculares y
un notorio crecimiento en el número de militantes y adherentes. Más allá de una cierta
complacencia inicial desde ciertos sectores de la ciudadanía, atribuida a un estilo
“robinhoodesco” basado en cuidadosas acciones incruentas que en ocasiones apuntaban
a denunciar negociados que implicaban a poderosos empresarios con hombres de la
política19, la espiral de violencia en la que se vio involucrado el movimiento, sobre todo
desde 197020, limitó las simpatías por el movimiento a contingentes juveniles, la
mayoría estudiantiles, inspirados en una expectativa revolucionaria de raigambre
continental. Sus acciones constituyeron de todos modos un desafío radical para la
estabilidad del gobierno, aunque su estrategia político-militar se vio superada desde
abril de 1972, habiendo perdido progresivamente niveles activos de adhesión social y
márgenes de acuerdos y de diálogo con sectores políticos legales que, aún sin compartir
sus procedimientos, habían asumido que se trataba de un actor instalado en la trama

17
Era en ese momento del Presidente de UTE, Ente estatal en conflicto con sus trabajadores, y asesor
personal de fuerte influencia en el presidente de la República.
18
Fragmento de discurso de Pacheco, 22 de noviembre de 1971, tomado de Panizza, ob. cit.
19
Los copamientos y robos a las firmas “Monty” y “Mailhos” fueron las más publicitadas.
20
Puede ser visto como un momento bisagra la decisión de ejecutar al agente norteamericano Anthony
Dan Mitrione, en agosto de 1970, luego de fracasar las negociaciones con el gobierno por la liberación de
guerrilleros presos. Según el gobierno, Mitrione era un asesor del FBI en materia de seguridad. Según los
tupamaros, era un agente encubierto de la CIA que cumplía tareas de adiestramiento en la práctica de la
tortura. Ver Aldrighi, Clara, El caso Mitrione, Trilce, Montevideo, 2007.
política del país21. La derrota del aparato guerrillero es inseparable de la incorporación
de las Fuerzas Armadas (FFAA) a las tareas de represión. Por un decreto de setiembre
de 1971, luego de la fuga de ciento cinco tupamaros de la cárcel de Punta Carretas,
fueron creadas las Fuerzas Conjuntas (FFCC), que integraba a las FFAA con la Policía
en las tareas antisubversivas. Los militares impusieron una lógica implacable que
combinó exitosamente el trabajo de inteligencia y contrainformación, con la práctica de
la tortura sistemática y el terror ciudadano22. Estas consideraciones, sin embargo, no
deben obviar el hecho de que la derrota de la guerrilla no se funda en aspectos
meramente militares, sino que se explica fundamentalmente por las razones políticas
antedichas.

Las FFCC fueron dotadas de atribuciones especiales por amplias mayorías

parlamentarias: el Estado de Guerra Interna, aprobado el 15 de abril de 1972, y la Ley
de Seguridad del Estado, del 10 de julio de 1972, llevaron a su mínima expresión las
garantías ciudadanas. Se asignó a la Justicia Militar la tarea de juzgar a los ciudadanos
implicados en acciones subversivas, creándose además el delito de opinión. Los
principales jerarcas militares demostraron desde entonces una vocación política que el
país desconocía. La autonomía que asumieron los militares para combatir a la guerrilla
colonizó todos los espacios públicos, desoyendo toda interferencia de los demás poderes
del Estado. Expresión de esta expansión de las funciones castrenses fue la creación de la
Comisión de Represión de Ilícitos Económicos (CRIE), encargada de investigar
negociados que involucraran a empresarios y políticos. Esta iniciativa militar ha sido
insistentemente asociada a los contactos realizados en el invierno del 72 entre los
oficiales que conducían la represión contra el MLN y los dirigentes guerrilleros. A
cambio de detener las brutales torturas a que estaban siendo sometidos los militantes,
aquellos pusieron a disposición de los militares abundante información sobre ilícitos
económicos23. Si bien la tregua fue interrumpida por los altos mandos militares y el
propio presidente Bordaberry, esa suerte de “contagio” incidió en la agenda castrense, y
sobre todo en su discurso, al menos por un período. Embarcados en la denuncia de la
“corrupción”, la “politiquería” y la “demagogia” de los políticos, los militares venían a

21
Es notorio que dirigentes de todos los partidos mantuvieron diversos niveles de diálogo con la guerrilla.
22
Existe también cuantiosa evidencia acerca de la participación de grupos paramilitares en la lucha
antisubversiva, aunque las presumibles relaciones de estos con organismos militares, u otros agentes
estatales, no ha podido ser demostrada fehacientemente.
23
Estos hechos han sido relatados en diversos trabajos testimoniales, el primero de los cuales fue el libro
de los periodistas Nelson Caula y Alberto Silva, Alto el fuego, Montesexto, Montevideo, 1986.
ofrecer un proyecto presuntamente alternativo, orientado a “proporcionar seguridad al
desarrollo nacional”. Por cierto que el proyecto, más allá de argumentos moralistas,
nacionalistas y férreamente anticomunistas, no contenía más que vagos enunciados que,
para algunos sectores de la izquierda, presentaban un parentesco programático con el
“peruanismo”24.

Buena parte de la literatura académica que ha analizado la ruptura institucional

en el Uruguay, la ha adjudicado a la crisis del sistema político y de partidos, que se hizo
evidente en los años 60 y fines de lose 7025. La investigadora Inés Cuadro resume esta
línea interpretativa en los siguientes argumentos: la atomización de los partidos
tradicionales que impidió la consolidación de mayorías parlamentarias, el agotamiento
de mecanismos tradicionales del consenso político tales como el clientelismo, y el
acentuado presidencialismo de la Constitución de 1967 que condujo a prácticas
autoritarias.26 Precisamente, frente a la profunda crisis nacional y la trama de violencia
que vivía el país, las elecciones de noviembre de 1971 se presentaban como el marco
para dirimir por la tradicional vía electoral los desencuentros. El oficialismo lanzó la
reelección de Pacheco mediante una reforma constitucional, cuya constitucionalidad fue
cuestionada por las fuerzas opositoras27. Las ofertas electorales confirmaron la creciente
fragmentación de los partidos, alcanzándose “los mayores índices de fraccionalización
de los lemas tradicionales en toda la historia del país”28. Frente al oficialismo
aparecieron dos formulaciones electorales opuestas al ajuste económico y político
vigente: la propuesta de reformas estructurales orientada por el candidato blanco Wilson
Ferreira Aldunate29, y la novedosa articulación unitaria de las izquierdas coaligadas

24
Esta expresión refería al peculiar proceso que se vivía en Perú desde 1968, cuando un golpe militar
conducido por el General Juan Velasco Alvarado, impulsó un programa de reformas estructurales en base,
entre otras medidas, a la reforma agraria y la expropiación del petróleo a empresas estadounidenses, lo
que condujo a la ruptura de relaciones entre ambos países.
25
Esta interpretación se opone a una construcción explicativa que ha sido denominada “teoría de los dos
demonios” y que hace énfasis en la responsabilidad central de dos actores en el advenimiento de la
dictadura: los militares y los tupamaros. Para una revisión de esta última mirada véase: Demasi, Carlos,
“Un repaso a la teoría de los dos demonios”, en Marchesi et al (comp.), El presente de la dictadura.
Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay, Ediciones Trilce, Montevideo, 2004,
pp. 67-74.
26
Cuadro Cawen, Inés, “Partidos, elecciones y democracias política”, en Frega, Ana et al, Historia del
Uruguay en el Siglo XX (1890-2005), EBO, Montevideo, 2007, pp. 344-345.
27
Corbo, Daniel, Cómo hacer presidente a un candidato sin votos, Planeta, Montevideo, 2009, pp. 73-88.
28
Caetano, G. y Rilla, J., Historia contemporánea del Uruguay. De la colonia al Mercosur,
CLAEH/Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 1994, p. 229.
29
Su programa electoral, “Nuestro compromiso con Usted”, anunciaba la reforma agraria y la
nacionalización de la banca y del comercio exterior. Su líder pregonaba además caminos de diálogo para
apaciguar a la guerrilla.
como Frente Amplio30. La campaña electoral se vio empañada por un clima de
radicalización y polarización31 que se tradujo en acciones de violencia32. Incluso,
circularon versiones sobre un movimiento de tropas del lado brasileño de la frontera,
dispuestas a intervenir en caso de una victoria de la izquierda. Los resultados de la
contienda electoral “probaron de inmediato que las urnas no podían dirimir esta vez los
pleitos fundamentales, y que el anhelado desempate político… nuevamente quedaría
empantanado en el cuadro de la fragmentación partidaria.”33. La propuesta reelectoral
del pachequismo no logró los votos suficientes, pero dejó en evidencia la popularidad
alcanzada por su líder34. La victoria colorada, con menos del 1% de ventaja sobre el
Partido Nacional, llevó a la presidencia al candidato propuesto por Pacheco para
sucederle, Juan María Bordaberry35. El clima político se vio enrarecido por la denuncia
de fraude que los nacionalistas realizaron en vistas de un conjunto de irregularidades
que se constataron en torno a los comicios36. Desestimadas estas denuncias por el
gobierno, y reconocido finalmente a regañadientes el resultado por el Partido Nacional,
Bordaberry inició en marzo de 1972 un período presidencial constitucional que
interrumpiría en junio de 1973 mediante un golpe de Estado.

1 c) La consumación del golpe de Estado

Finalmente, y llegando ya a la dimensión factual en torno al golpe, los hechos de

junio no pueden desprenderse de su ilación con los de febrero del mismo año. Golpe de

30
La coalición reunía a un amplio espectro de fuerzas políticas: comunistas, socialistas, democristianos –
que ofrecieron su lema para efectivizar la comparecencia electoral- independientes y sectores escindidos
de los partidos tradicionales. Presentaban un programa y un candidato únicos a la presidencia (el Gral (r)
Líber Seregni).
31
La campaña mediática advirtiendo sobre el peligro de una victoria izquierdista alcanzó ribetes
sorprendentes. Véase Corbo, D. ob. cit., pp. 179-181 Incluso, el día anterior a las elecciones, los sectores
ubicados a la derecha organizaron una “caravana de la democracia”, a la que el líder nacionalista Ferreira
Aldunate se opuso expresamente. Véase Corbo, ob. cit., pp. 181-182.
32
El MLN-T practicó durante la campaña electoral una tregua unilateral, lo que no impidió que grupos de
extrema derecha atentaran de manera recurrente contra comités y dirigentes del recién creado Frente
Amplio.
33
Caetano, G. y Rilla, Historia contemporánea…, ob. cit., p. 230.
34
La propuesta obtuvo unos 490.000 votos, es decir, en torno al 29% de los sufragios emitidos.
35
Hijo de Domingo Bordaberry, antiguo senador colorado riverista, proveniente de una acaudalada
familia terrateniente, inició su militancia en el ruralismo con Benito Nardone. Había sido senador electo
por la alianza herrero-ruralista y ministro de Ganadería del gobierno de Pacheco. Su designación por parte
de éste como candidato a la presidencia causó sorpresa en la propia interna de la UCB. Véase al respecto
Chagas, Jorge y Trullen, Jorge, Pacheco, la trama oculta del poder, Rumbo, Montevideo, 2005.
36
Ver Corbo, D. ob. cit.
Estado en dos tiempos o “golpe en cámara lenta”37, son expresiones apropiadas para
comprender la secuencia de hechos que llevaron a la ruptura definitiva de las reglas de
juego constitucionales. Como veremos en el parágrafo que sigue, la desobediencia
militar del verano del 73, sumada a la confusión reinante entre múltiples actores y la
divergencia táctica entre las fuerzas que luego reclamarían por el restablecimiento de la
normalidad institucional, allanó el camino para el golpe de junio de 1973.

A continuación repasaremos los hechos transcurridos en el primer semestre del

año 1973.

2. De febrero a junio: el golpe en dos tiempos

2.1. Los hechos de febrero de 1973

El 7 de febrero de 1973, el presidente Bordaberry designó como nuevo ministro

de Defensa al Gral (R) Antonio Francese38. Esta acción del presidente en un ámbito tan
sensible debe ser colocada en su contexto preciso. Meses antes, la autonomía de acción
de las FFAA había provocado una ruptura en filas del gobierno. Acusando al Dr. Jorge
Batlle de ofender en una audición radial la moral de las FFAA, fue detenido por estas el
27 de octubre de 1972 e interrogado por su presunta participación en una “infidencia”
producida cuando la devaluación de abril de 1968. La Lista 15, que Batlle lideraba, era
uno de los principales aliados del gobierno de Bordaberry, con tres ministros en el
gabinete. Sin embargo el presidente de la República no dio señales, en su carácter de
jefe de las FFAA, de rescatar a su socio político de la comprometida situación. La
ruptura entre la 15 y Bordaberry fue inevitable, con el consiguiente retiro del Gobierno
de sus ministros y otros funcionarios. Iniciado el año 1973, el aislamiento político del
presidente se hacía así notorio. El nombramiento de Francese parecía responder a su
intención de contener el ascenso militar, suerte de fiel de la balanza entre ese impulso
incontenible y el débil poder que ostentaba el primer mandatario.
Los hechos se precipitaron de manera dramática. Al día siguiente, los mandos
del Ejército y de la Fuerza Aérea desconocieron el nombramiento de Francese, se

37
Expresión utilizada por Varela, Gonzalo, De la República liberal al estado militar. Crisis política en
Uruguay, 1968-1973, Ediciones del Nuevo Mundo, Montevideo, 1988. p, 162.
38
Ya había sido ministro de Defensa y del Interior durante el gobierno de Pacheco y se presumía que era
un figura con autoridad entre la oficialidad en actividad y de convicciones legalistas.
acuartelaron y lanzaron a la opinión pública una serie de Comunicados, de los cuales los
No. 4 y No. 7 de los días 9 y 10 de febrero resultarían, como veremos, piezas claves en
esta coyuntura. En tanto la Armada, al mando de su Comandante en Jefe, contralmirante
Juan José Zorrilla, reivindicando su vocación constitucionalista desoyó el levantamiento
y se acuarteló en la Ciudad Vieja, en defensa de la autoridad presidencial. Bordaberry
ensayó una última jugada de carácter defensivo: convocó a la ciudadanía a acudir en su
apoyo a la Plaza Independencia, donde daría un discurso. Era muy tarde; aislado por la
mayoría de las fuerzas políticas39, carente de liderazgo entre la población40, el acto debió
suspenderse dada la escasa concurrencia de público. En las horas siguientes, un golpe de
timón en filas de la Armada, revertía el apoyo al presidente, obligando a renunciar al
contralmirante Zorrilla. Bordaberry se dispuso entonces a negociar con los sublevados.
Reunido el 12 de febrero con los mandos militares en la base aérea de Boiso Lanza,
(nótese la debilidad que este gesto de por sí representaba), cedió a las presiones de sus
subordinados. Aceptó el rechazo al nombramiento de Francese y acordó la creación de
un nuevo organismo, integrado con los Comandantes de las tres Fuerzas, que actuaría en
la órbita ministerial: el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Cabe consignar que
el Parlamento no llegó a levantar su receso a pesar de la gravedad de los
acontecimientos, hecho que interpela seriamente la responsabilidad que los partidos
tuvieron, por inacción, en la resolución del conflicto. No es desdeñable el argumento
que sostiene que los hechos de febrero constituyen a su manera un golpe de Estado. Los
militares imponían condiciones al presidente de la República como consecuencia de un
acto de desobediencia. Sin embargo, los órganos formales de la democracia seguían
instalados. Solo restaba saber por cuánto tiempo.

Es necesario detenerse en las implicancias de los Comunicados No. 4 y No. 7

arriba indicados. Los propósitos presuntamente “peruanistas” o “progresistas” ya
referidos, parecían evidenciarse en referencias a la erradicación del desempleo mediante
planes de desarrollo, el ataque a los ilícitos económicos, la redistribución de la tierra, el
desarrollo de la industria, el combate a los monopolios, o la participación obrera en las

39
Lo acompañaron en la ocasión un puñado de políticos: el nacionalista Washington Beltrán, los
quincistas Sanguinetti, Forteza y Paz Aguirre y el senador colorado opositor Amílcar Vasconcellos.
Tomado de Maiztegui Casas, Lincoln, Orientales. Una historia política del Uruguay. 4. De 1972 a 1985.
La dictadura (1973-1985), Planeta, Montevideo, 2008.
40
El sugerente nombre del libro de Daniel Corbo, Cómo hacer presidente a un candidato sin votos (ob.
cit.) expresa cabalmente la naturaleza de este hombre político, devenido presidente por una combinación
de factores que ponían en duda la legitimidad de su mandato.
empresas. Al mismo tiempo, denotaban su visceral anticomunismo, haciendo hincapié
en “evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas marxistas-leninistas,
incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida”41. Los textos estaban imbuidos
también de un énfasis nacionalista que apuntaba a consolidar la “mística de la
orientalidad”, eufemismo que sería útil, sobre todo luego de implantada la dictadura,
para distinguir a los “buenos orientales” de los otros.
La respuesta de las distintas fracciones políticas a los comunicados es
sintomática del posicionamiento de cada actor político en esa compleja coyuntura.
El líder blanco opositor, Wilson Ferreira Aldunate, tildó a los Comunicados de
“pavadas” y “ristra de lugares comunes”42. Este líder transitaba ya el camino de su
arrepentimiento, que luego haría público, por el apoyo parlamentario a los instrumentos
represivos otorgados a los militares en abril y julio anteriores, y que habían vuelto
irreversible el ascenso militar.
Por su parte, la mayor parte de la izquierda creyó ver en la actitud y la propuesta
militar una salida posible a la crisis del país. En un acto callejero realizado el 9 de
Febrero en el barrio de la Unión, el líder del Frente Amplio, Gral. (R) Líber Seregni,
declaró viable “la interacción fecunda entre pueblo, gobierno y Fuerzas Armadas, para
comenzar la reconstrucción de la patria en decadencia”43. Por su parte, el diario El
Popular, expresión del Partido Comunista, consideraba positivos los contenidos de los
Comunicados, y proponía avanzar “en la comprensión mutua entre los trabajadores y
las Fuerzas Armadas.”44 Esta visión se reflejó en la CNT, donde los comunistas ejercían
mayoría en los órganos de conducción. ¿Cómo explicar la actitud de la mayoría de la
izquierda? Desde su perspectiva, la contradicción que prevalecía en esa etapa era la que
oponía al “pueblo” con la “rosca oligárquica”. En ese sentido, los militares,
componentes por su extracción de los sectores medios y populares, eran pasibles de ser
ganados para la causa popular que la izquierda decía representar. Más allá de la
ingenuidad que se pueda leer en este análisis (la existencia de un modelo peruano
-“progresista”- no podía ocultar que los procesos militares argentino y brasileño estaban
conducidos por una vertiente opuesta –“gorilista”-), esta actitud parece responder a un
cálculo político que pretendía incidir en una interna militar que se suponía en disputa45.
La izquierda develaba también su menosprecio por un sistema político al que no dudaba
41
Cuadernos de Marcha, No. 68, “7 días que conmovieron a Uruguay”, Montevideo, 1973.
42
Maiztegui, ob. cit, p. 88.
43
Cuadernos de Marcha, No. 68, “7 días que conmovieron a Uruguay”, Montevideo, 1973.
44
Ídem. La referencia despectiva al marxismo-leninismo que se leía en los Comunicados fue obviada
como un “error” por este periódico.
en denominar “democracia burguesa” o “formal”, que restringía el ejercicio de la
soberanía a grupos reducidos del poder establecido.

Las actitudes de estos dos sectores (wilsonismo y frenteamplismo) han sido

señaladas, por razones diferentes, por transitar por caminos de deslealtad institucional.
Ambas fuerzas políticas reclamaron la renuncia a Bordaberry. En el caso de Ferreira
Aldunate, sugiriendo alternativas no contempladas en la Constitución, como el llamado
a elecciones con ballotage.46 También en este caso, siguiendo la interpretación de
Maiztegui, cabe la calificación de ingenuidad, por considerar que renunciando
Bordaberry, los militares se limitarían a volver a los cuarteles47. Parecía primar en el
líder blanco la intención de llegar por vías alternativas al cargo que consideraba le había
sido arrebatado mediante el fraude electoral en 1971.

Los sectores ubicados a la derecha del espectro político también mostraron

escaso compromiso con las instituciones democráticas: el nacionalista Washington
Beltrán, desde el diario El País, declaraba que “no cuenta más el viejo concepto de las
Fuerzas Armadas en los cuarteles… Están presentes, deben estar presentes, como otros
sectores, en la solución de la problemática nacional”48. Los sectores mayoritarios del
Partido Colorado, el pachequismo y el quincismo, tampoco apoyaron con claridad la
legalidad constitucional. Aunque con menos estridencias, y con muy escasa capacidad
de movilización ciudadana, no respaldaron ni los Comunicados ni al presidente.49

45
El general Luis Vicente Queirolo diría años más adelante que estos comunicados fueron lanzados como
un anzuelo para engañar a la izquierda (Lessa, A., Estado de Guerra, Debate, Montevideo, 1996).
Aunque esta reconstrucción a posteriori de los hechos pueda estar contaminada por una intencionalidad
de parte de su mentor, la idea de que existía en filas militares, en particular entre jóvenes oficiales, una
orientación programática favorable a las reformas estructurales no debe ser descartada. Entre quienes eran
señalados como promotores de esas ideas se encontraban el Gral. Gregorio Álvarez y los hermanos Zubía.
Diversas fuentes sostienen que el coronel Ramón Trabal, quien era por entonces jefe de la inteligencia
militar, era el más serio referente de una línea “progresista”. Había estado en el Perú de Velasco “y había
quedado impactado con lo que vio allí” (Lessa, A., La primera orden, Debate, Montevideo, 2009, p. 67).
Resulta sugerente que fuera asesinado en París, cumpliendo tareas diplomáticas en diciembre de 1974. La
dictadura atribuyó la autoría del atentado al MLN, pero esta versión no fue nunca confirmada, e incluso
fue desmentida por esta organización. Se ha especulado sobre la participación de militares en el hecho.
Véase Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.
46
Ver Lessa, A., Estado de Guerra… ob. cit.
47
Maiztegui, L, ob. cit.
48
Broquetas M. y Wschebor I. “Acerca de las interpretaciones de febrero de 1973”, en Marchesi et al
(comp.), El presente de la dictadura. Estudios y reflexiones a 30 años del golpe de Estado en Uruguay,
Ediciones Trilce, Montevideo, 2004, pp. 78-79.
49
Ver en Maiztegui, ob. cit., pp. 92-93.
 Es sugerente el planteo de Broquetas y Wschebor, en el sentido de que la
reacción política de los distintos sectores en febrero “no se produjo en un escenario en
el que los actores políticos se hallaban desorientados o “impactados”. Respondiendo a
motivaciones y a estrategias diferentes, tanto las fuerzas de izquierda como las de
derecha, mayoritariamente, legitimaron el papel desempeñado por las Fuerzas
Armadas desde el mes de octubre y, simultáneamente, ambientaron un mayor espacio
de participación de los militares en el quehacer nacional”.50 Cada sector adjudicó en
esa coyuntura a las FFAA el papel que quería ver en ellas. Para la izquierda, el sustento
para un plan de reformas de contenido progresista; para la derecha el garante del orden
interno amenazado por el avance de la propia izquierda. Los hechos darían razón a los
últimos.
Dos actores políticos señalaron en febrero de 1973 la gravedad de la
desobediencia militar sin pruritos. El periodista frenteamplista independiente, Carlos
Quijano, en su editorial de Marcha “La era militar”51, y el senador colorado Amílcar
Vasconcellos52, que dejara su alegato en el libro Febrero amargo53, anclados en una
mirada radicalmente institucionalista, advirtieron que el camino abierto por las Fuerzas
Armadas no tendría retorno sin una actitud decidida de los partidos.

2.2. El golpe de Estado de junio de 1973.

Los meses que van de febrero a junio fueron completando un panorama que
confirmaba la crisis general de las instituciones. Mientras no aparecían aún cerradas las
expectativas “febreristas” en algunos sectores políticos, el proceso de derechización de
las FFAA se aceleraba, con el retiro o automarginación de oficiales constitucionalistas.
Al mismo tiempo, los militares intervenían de manera cada vez más visible en todas las
esferas de lo público. Entre marzo y mayo, sendos documentos castrenses reivindicaban
las funciones políticas, léase programáticas, de las FFAA, siempre sobre la base del
concepto de dar “seguridad al desarrollo”. Los comunicados abundaban también en la
denuncia de planes conspirativos contra ellas, así como sobre la corrupción de los
políticos.

50
Broquetas M. y Wschebor I., ob. cit., p. 80.
51
Semanario Marcha, 6 de febrero de 1973.
52
Pocos días antes de los sucesos de febrero había llamado “latorritos” a los mandos militares.
53
Vasconcellos, A., Febrero amargo, s/e, Montevideo, 1973.
 La represión y vigilancia contra la ciudadanía y las torturas en los cuarteles
persistían, y ese clima se veía agudizado por el accionar de grupos de choque de
extrema derecha, particularmente en el ámbito de la Enseñanza54. Un par de
publicaciones de neta prédica golpista demandaba “mano dura” en tono impaciente a los
militares55.
Por otra parte, la ofensiva de las FFAA contra los políticos se hizo constante: la
Justicia Militar solicitó los desafueros de los senadores Erro y Vasconcellos y procesó al
presidente del Directorio del Partido Nacional, Capitán de Navío (R) Homar Murdoch.
El caso de Erro fue la excusa propicia para consumar la caída de las instituciones. Ante
la votación negativa de su desafuero en la cámara de Diputados, por una apretada
mayoría de 49 votos a 48, el presidente Bordaberry firmó en la madrugada del 27 de
junio el decreto de disolución de las Cámaras. Comenzaba así un nuevo capítulo en la
historia del país. Un régimen cuyos propósitos no eran plenamente previsibles
comenzaba a constituirse.

2.3. El decreto de golpe de Estado

Los considerandos del decreto de disolución de las Cámaras son elocuentes: “…

el Poder Ejecutivo, custodio, en definitiva, de la unidad y continuidad del Estado, se
halla en un estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias
conducentes a procurar la vigencia plena de los grandes fines de la Constitución para
revitalizar la Nación y sus instituciones democrático-republicanas en defensa de la
soberanía nacional y de los mas altos intereses colectivos”56. Es decir, para salvar la
democracia, había que disolver los organismos de representación democrática.
La parte resolutiva del decreto constaba de cinco artículos. Se disolvían las
Cámaras y se creaba un Consejo de Estado que las supliría, a cargo de controlar al PE

54
Diversos testimonios señalan la participación de al menos los siguientes grupos: la “Juventud Uruguaya
de Pié” (JUP), el “Movimiento de Restauración Nacionalista” (MRN) y “Estudiantes Nacionalistas”.
Véase Demasi, Carlos y otros, La caída de la democracia. Cronología comparada de la historia reciente
del Uruguay 1967-1973, Montevideo, FCU, 1996.
55
Se trata del semanario Azul y Blanco, editado desde 1971, de contenido falangista, y el semanario
Nuevo Amanecer, órgano oficial de la JUP. Los títulos de portada de este semanario en el mes de mayo
son elocuentes, por ejemplo: "Las Fuerzas Armadas tutelan el trabajo", "Ha sonado la hora de la espada"
o "El ejército nacional no puede retroceder". Resulta sugerente que, una vez instituido el régimen cívico-
militar, ambos semanarios sufrirán censuras y clausuras definitivas. Puede entenderse que, a los ojos
militares, ya habían cumplido su función.
56
Cuadernos de Marcha, No. 73, “El fin del principio (27 de junio de 1973)”, Montevideo, 1973, p. 32.
en “el respeto de los derechos individuales” y de elaborar un anteproyecto de reforma
constitucional. Se anunciaba la censura a todo medio que atribuyera propósitos
dictatoriales al PE57. Y, ante la previsible reacción de los sindicatos nucleados en la
CNT, facultaba a las Fuerzas Conjuntas a “adoptar las medidas necesarias para
asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales.”58
El decreto estaba firmado por el presidente, ahora devenido dictador, y dos de
sus ministros. Es sugerente el carácter meramente instrumental que adquieren en el
mismo las FFAA. Los hechos confirmarían que todo el poder que era capaz de ejercer el
dictador civil provenía del sostén que las fuerzas militares garantizaban mediante el
expediente coercitivo.
Precisamente, horas después, el Ejército ocupaba un Palacio Legislativo vacío.
Varios dirigentes de primera línea pasaron a la clandestinidad. Algunos escaparon al
exilio, en particular hacia Buenos Aires, como lo haría Wilson Ferreira Aldunate en los
días siguientes al golpe. Semanas más tarde lo haría el presidente de la Cámara de
Diputados, el wilsonista Héctor Gutiérrez Ruiz. A los senadores frenteamplistas Enrique
Erro y Zelmar Michelini el golpe los sorprendió en esa ciudad y ya no regresarían al
Uruguay.59

2.4. Bordaberry y el golpe

El mismo 27 de junio, por cadena oficial, Bordaberry justificó su decreto ante la

ciudadanía con argumentos vacíos de contenido legal: “Las instituciones, compatriotas,
las estamos salvando hoy… El 1° de marzo de 1972 juré por mi honor guardar y
defender la Constitución de la República. Hoy, cuando la necesidad me impone una
decisión tan trascendente en la convicción de que estoy guardando y defendiendo los
grandes fines de la Constitución de la República, siento que más que nunca estoy
cumpliendo con mi juramento...”60

Bordaberry ha defendido a lo largo de los años el papel que decidió jugar, señalando
a los responsables últimos de sus acciones:
57
En su primera salida después del decreto, el semanario Marcha, tituló su portada con un irónico “No es
dictadura” en letras grandes, y el decreto presidencial debajo en letras pequeñas.
58
Cuadernos de Marcha, No. 73, “El fin del principio (27 de junio de 1973)”, Montevideo, 1973, p. 33.
59
El destino de estos cuatro dirigentes fue diverso. Michelini y Gutiérrez Ruiz serían asesinados en
Buenos Aires en mayo de 1976. Erro moriría exiliado en Francia en 1984. Ferreira regresaría al país en
junio de 1984, para ser detenido, como se verá más adelante.
60
Rico, Álvaro, et al., 15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y Huelga General. 27 de
junio – 11 de julio de 1973, Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 2005, p. 22.
“... la demagogia descarnada a costa del país, que, además, inauguró la inflación en la
década de los cincuenta, no tenía solución posible... Se creó un gran descrédito del
sistema político. Azuzado por el Partido Comunista que pedía soluciones cada vez más
demagógicas... Y al descrédito de los políticos se sumó el desaliento y el desánimo”.61

En otro testimonio posterior, fundamentó las razones estratégicas de aquel golpe:

El resultado electoral de 1971, “no debe mirarse como un triunfo duradero de la
democracia, puesto que si el deterioro moral y material que sufría la República hubiera
continuado, lo que seguramente habría sucedido de no suspenderse el funcionamiento
de las instituciones democráticas representativas en nuestro país, seguramente en la
instancia electoral siguiente el comunismo hubiera avanzado mucho más hasta
finalmente alcanzar el poder”.62
En ese sentido, Bordaberry ha insistido en el carácter de salvador que asumió:
Dice su biógrafo: “Según Bordaberry, él fue una especie de instrumento que encabezó
la reacción del liberalismo conservador contra el liberalismo revolucionario
representado por los tupamaros”63.

2.5. La naturaleza peculiar del golpe de Estado uruguayo

Álvaro Rico ha señalado cinco peculiaridades que identifican al golpe de Estado

uruguayo entre los otros producidos en la región en aquel contexto histórico64:

a) Gradualidad del proceso. No se trató de una interrupción abrupta de la legalidad o

asalto al poder por los militares, sino que fue resultado de un proceso gradual de crisis
del sistema político y de partidos visible desde 1967.

b) Sucesión de etapas represivas. El golpe no supuso un “baño de sangre” como en el

caso chileno; la represión estatal fue aumentando en etapas en esa coyuntura.

61
Campodónico, Miguel Ángel, Antes del Silencio. Bordaberry. Memorias de un Presidente uruguayo,
Linardi y Risso, Montevideo, 2003, p. 50.
62
Cita del Memorando publicado en la prensa el 16/6/76. En Amarillo, María del Huerto, El ascenso al
poder de las Fuerzas Armadas, Cuadernos Paz y Justicia, Nº 1, SERPAJ, Montevideo, 1986, pp. 21-22.
63
Campodónico, ob. cit., p. 59-60.
64
Rico, ob. cit., pp. 16-17.
 c) Golpe “institucional” o “autogolpe”, ejecutado por el propio presidente, vuelto así
dictador de facto. No existió ni “usurpación” ni “vacío” sino “continuidad” y “unidad”
del poder estatal, garantizadas por la permanencia del titular del Poder Ejecutivo y la
cohesión de mando y disciplina de los aparatos coercitivos del Estado.

d) Carácter “cívico-militar” del régimen. No se trató de un golpe militar clásico,

como los ejecutados en aquel contexto histórico en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile. El
régimen uruguayo se asienta en el poder militar pero cuenta con una base de apoyo
social a través de la actuación de civiles, tanto políticos como personal burocrático.
e) La huelga general. El hecho de que el golpe de Estado recibiera una inmediata
respuesta social de rechazo, materializada en la huelga general con ocupación de los
lugares de trabajo convocada por la CNT, es otro rasgo distintivo del caso uruguayo.

Señalar las peculiaridades del caso uruguayo no impide constatar de todos modos lo
que de común tuvieron las dictaduras del Cono Sur entre los años 60 y 8065.
Corresponden en su conjunto a una fase de la guerra fría en la que los intereses
hemisféricos estadounidenses ambientaron la defensa regional bajo los auspicios de la
“doctrina de la seguridad nacional”. En su estilo represivo, los regímenes dictatoriales
construyeron un andamiaje de instituciones y prácticas represivas que ha sido
caracterizado como “terrorismo de Estado”. A su vez, y esto de manera sinuosa y
matizada en cada caso nacional, el marco autoritario fue propicio para la implantación
en la conducción económica de una tecnocracia liberal, acorde con el nuevo credo que
exportaban los países del norte, y conducente a aplicar medidas de ajuste económico,
desregulador y aperturista que, ensayado en tiempos democráticos, había conocido
fuertes resistencias sociales.66

3. Los partidos políticos y el golpe de Estado

3.1. Las reacciones partidarias contra el golpe

3.1.a) En el Partido Nacional

65
El golpe de Estado en Brasil se produjo en 1964; en Argentina en 1966 y 1976; en Bolivia en 1971; en
Chile en 1973. Paraguay se encontraba sumido en la dictadura del Gral. Stroessner desde 1954.
66
Ver O'Donnell, Guillermo A. "Las Fuerzas Armadas y el Estado Autoritario del Cono Sur de América
Latina." en O'Donnell, G. (ed.). Contrapuntos: ensayos escogidos sobre Autoritarismo y Democratización,
Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1997.
 Desde el mismo momento en que se producía el golpe de Estado, el 27 de junio
de 1973, la mayoría nacionalista (el Directorio presidido por el Cap. de Navío Enrique
Homar Murdoch, los sectores de “Por la Patria”, liderado por Wilson Ferreira Aldunate
y “Movimiento Nacional de Rocha”, encabezado por Carlos Julio Pereyra) lo condenó,
colocándose en la oposición a la dictadura. Durante la última sesión del Senado, cuando
se daba por descontado el decreto presidencial de disolución del Parlamento, el senador
y principal líder blanco, Wilson Ferreira Aldunate, anunció la actitud que asumiría a lo
largo de todo el proceso: “me permitirán que yo ... antes de retirarme de Sala, arroje al
rostro de los autores de este atentado, el nombre de su más radical e irreconciliable
enemigo que será, no tengan la menor duda, el vengador de la República: ¡el Partido
Nacional!”67. Días después, el 3 de julio de 1973, el Comité de Resistencia del Partido
Nacional condenaba “el monstruoso atentado y los móviles inferiores que lo inspiraron”
convocando a la ciudadanía a luchar “contra un gobierno nacido de elecciones
fraudulentas que ahora intenta perpetuarse por medio de la dictadura” convocando
además al “paro de actividades a todos los niveles; apoyo material a todos los paros.”68
En el Boletín clandestino “Resistencia Blanca” Nº 1 se declaraba “la condena al golpe
de los corruptos que reniegan de la soberanía popular y avasallan instituciones”, el
“repudio al Presidente de la República y a los actuales mandos militares por traidores
a la Patria y como perjuros por instaurar la dictadura” y el “legítimo derecho a resistir
a la opresión por todos los medios que las circunstancias aconsejen.”69

3.1.b) En el Partido Colorado

Dirigentes colorados opuestos al decreto de Bordaberry, realizaron gestiones de

último momento para evitar el golpe o moderar sus efectos, pero sin resultados. Los
dirigentes batllistas se colocaron en la noche misma del golpe de Estado en oposición al
régimen naciente. En la sesión del Senado de la madrugada del 27 de junio de 1973, el
Senador Luis Hierro Gambardella pronunció un discurso que anunciaba la postura de
ese movimiento:

“Yo, que inicié mi vida política luchando contra una dictadura y quizá la
67
Rico et al, ob. cit, p. 105.
68
Rico et al, ob. cit., p. 51.
69
Ídem.
concluya esta noche luchando contra otra, invoco a Baltasar Brum […] y arrojo a la
sombra cobarde de los tiranos la imagen siempre luminosa de Baltasar Brum como
nuestro compromiso con la historia de la Nación, como nuestro mandato, como
nuestras ganas de vivir y morir […] También le decimos, a quien quiera ser tirano, que
sobre su sombra ignominiosa estará siempre la sangre y la luz de Brum, nuestra lucha,
nuestro combate y la decisión de defender las libertades con nuestra vida, con nuestra
sangre y con nuestra muerte, si ello fuera necesario.”70

Lo mismo hacía el senador Amílcar Vasconcellos:

"Hay triunfadores efímeros que las hojas del viento desparraman. Pero ya
sentirán el látigo de la Historia sobre sus nombres y el de sus hijos, como una mancha
indeleble por la inmensa traición que están cometiendo".71

El vicepresidente de la República, el colorado Jorge Sapelli, renunció a su cargo

tras el golpe. Días después decía: “Por convicción y tradición, como político y como
hombre, expreso una firme e indeclinable adhesión a los principios democráticos, a los
postulados de libertad y de justicia social y las instituciones por las que tanto deben
luchar siempre quienes guían al país y legan el ejemplo de sus actividades”.72

Asimismo, cuatro ministros del gobierno de Bordaberry, no todos colorados,

renunciaron el día del golpe a sus cargos, en disconformidad con la decisión tomada por
el Presidente. Se trataba de los Ministros de Salud Pública, Pablo Purriel 73, de
Educación y Cultura, José María Robaina Anzó, de Obras Públicas, Ángel Servetti 74, y
de Industria y Energía, Jorge Presno75. Otros dirigentes colorados vinculados a
importantes cargos estatales también renunciaron: Ricardo Zerbino y Alberto Bensión
(quincistas, director y sub-director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
respectivamente) y Jorge Da Silveira (director nacional de Vivienda). En tanto, el
senador quincista Eduardo Paz Aguirre, gestionó, sin éxito, el uso de la cadena de radio
y televisión para responder al mensaje de Bordaberry del día anterior.

El 3 de julio, la Lista 15, liderada por el Dr. Jorge Batlle, declaraba: “Los
70
Ídem, p. 105.
71
Ídem, p. 114.
72
Ídem, p. 321.
73
Médico, sin filiación político-partidaria.
74
Militar retirado, contador público, vinculado al pachquismo.
75
Abogado, simpatizante del Partido Nacional.
Batllistas estamos contra el golpe de Estado y la dictadura y nos estamos organizando
para derrocarla. No estamos preparados para el uso de las armas, pero podemos y
debemos resistir, y en esta lucha nos uniremos con todos los uruguayos que estén de
acuerdo hoy en una salida electoral.”76 En la práctica esto no sería así. Los dirigentes
quincistas, como señalaremos más adelante, se rehusaron a realizar acciones opositoras
conjuntas con la izquierda, produciéndose así un quiebre dentro del frente opositor.
Existe escasa evidencia acerca de las formas que adoptó la resistencia de los sectores
colorados antigolpistas. Todo parece indicar que se produjo un repliegue de toda
expresión partidaria visible, aunque sin duda los dirigentes principales se seguían
reuniendo con el fin de sostener una mínima estructura de funcionamiento partidario, o
al menos sectorial.

3.1.c) El Frente Amplio

Esta fuerza política también rechazó de plano el decreto golpista. En su primer

mensaje a la militancia, señaló los objetivos de la lucha en la coyuntura:
“a)... Es necesario, tanto por convicción como por eficacia en cuanto a la adhesión
de otros sectores políticos, reivindicar el valor del Parlamento; b) Destitución del
dictador. A través de una acción popular eficaz y sostenida; c) Al más breve plazo,
elecciones generales y consulta popular en los términos propuestos por el Frente
Amplio, de modo que la participación no se limite a un pronunciamiento pasivo del
pueblo. Contra la dictadura oligárquica y por el poder popular.”77

En la práctica, la militancia frentista se consagró a garantizar y llevar adelante la

medida de huelga general impulsada por la CNT. El potencial movilizador de la
coalición era importante, sobre todo en Montevideo.

3.2. Avances y fracasos de la conformación de una alianza partidaria amplia

contra el golpe

La trayectoria de enfrentamientos que jalonaron la coyuntura pregolpista entre los

76
Rico et al, ob. cit., p. 52.
77
Ídem, pp. 50-51.
grupos políticos opositores al golpe dificultó la concreción de alianzas, lo que debilitó al
movimiento de resistencia. La aprobación de algunas declaraciones conjuntas por parte
del Frente Amplio y los sectores wilsonistas del Partido Nacional y la concertación de
algunas medidas de movilización no fue el sustento para la formación de alianzas
sólidas. En ese sentido, varios actores políticos que se oponían al golpe de Estado
operaron en contra de una coordinación más amplia, tanto nacionalistas, es el caso de
Washington Beltrán, como colorados del sector de Jorge Batlle, y la Unión Cívica. Los
intentos por reunir el Parlamento o la Asamblea General en la clandestinidad tampoco
prosperaron.

3.2.a) Acuerdos entre el Frente Amplio y el Partido Nacional

Estas dos fuerzas políticas coordinaron algunas declaraciones antidictatoriales y

manifestaciones de protesta.
Una declaración conjunta del 30 de junio apoyaba la huelga general:
“Ante la ejemplar firmeza con que los trabajadores orientales vienen desarrollando
la lucha por las libertades públicas y por sus reivindicaciones específicas, el Partido
Nacional y el Frente Amplio declaran su más amplia y fervorosa solidaridad y el apoyo
decidido a ese combate popular en defensa de los intereses del país.”78

El 5 de julio se publicaba una plataforma conjunta de soluciones:

1) Restablecimiento de las libertades, derechos y garantías constitucionales y
legales, en toda su amplitud. Erradicación absoluta y total de toda práctica vejatoria de
la persona humana; 2) Restablecimiento y respeto pleno de los derechos de los partidos
políticos y las organizaciones gremiales; 3) Recuperación del poder adquisitivo de los
salarios y pasividades y contención de la carestía, subsidiando los artículos de
consumo popular; 4) Compromiso de las fuerzas políticas y sociales que deseen el bien
del país para poner en práctica un programa mínimo de transformaciones económicas
y sociales (...); 5) Cese de Juan María Bordaberry. Establecimiento de un gobierno
provisional, representativo de los sectores que sustentan una plataforma de unidad,
capaz de iniciar inmediatamente la ejecución de la misma; 6) Realización inmediata de
una amplia consulta popular, que comprenda la instalación de una Asamblea Nacional
Constituyente y Legislativa, elegida por el pueblo, para elaborar las bases de una
78
Ídem, p. 53.
nueva institucionalidad, que consolide la democracia y facilite las reformas
estructurales necesarias para lograr el progreso (...). Realización de elecciones para la
constitución del gobierno definitivo.”79

El acercamiento de estas fuerzas políticas que habían rivalizado en los años

anteriores, tuvo como fundamento el entendimiento entre sus principales líderes. Líber
Seregni y Wilson Ferreira Aldunate, exiliado en Buenos Aires, se comunicaron a través
de la mediación del Prof. Juan Pivel Devoto, al tiempo que otros dirigentes frentistas
dialogaban en el país con Carlos Julio Pereyra. Estos acuerdos propiciaron la
organización conjunta de una manifestación a realizarse el 9 de julio en el centro de
Montevideo, de la que daremos cuente más adelante.

3.2.b) Rechazos de sectores partidarios a tejer alianza con el FA

El 5 de julio, el dirigente blanco Washington Beltrán editorializaba en El País:

“No creemos en una política de conmixtiones… Y el Partido para mirar adelante y
marchar, no necesita ni puede admitir los andadores de quienes, en las grandes metas,
para no decir incluso en los medios, difieren profundamente con él, como difiere el
Frente Amplio. Porque nuestro estilo de vida por el que luchamos no es el que ellos
quieren para el Uruguay. Porque las instituciones que reclamamos no integran sus
planes de gobierno. Porque nosotros aplicamos al pueblo y sus derechos una escala de
valores distintos. Con esta realidad es evidentemente peligroso y contraría el propósito
de vigorizar a esta colectividad que tiene tanta carga de destino, el confundir sus
fronteras con otros bandos; el trazar rumbos en diálogo con quienes van a injertar
ideas y derroteros extraños al verdadero nacionalismo…”80

Por su parte, la Lista 15 del Partido Colorado reaccionaba de la misma manera. El 5

de julio su Comité Ejecutivo Nacional declaraba:
“...después de considerar la situación política por la que atraviesa el país, adoptó,
entre otras resoluciones, la de mantener una línea totalmente autónoma de todo otro
movimiento político.”81
79
Ídem.
80
Ídem, pp. 53-54.
81
Ídem, pp. 54.
 Más tarde, el ex diputado quincista Julio María Sanguinetti decía al diario El País:
“... desmiento toda información que nos vincula al Frente... Nosotros no tenemos
nada que ver con ese entendimiento [entre el Frente Amplio y el grupo Por la Patria] y
es resolución oficial de nuestro grupo no participar de ninguna actividad conjunta con
grupos no democráticos. Nuestra línea es independiente y si algún contacto buscamos
en el futuro será con sectores democráticos que tengan nuestra posición....
Por eso me parece importante permitir la libre acción de los partidos que por su
vocación democrática y su metodología pacífica, son los únicos capaces de organizar
al pueblo. De lo contrario, se producen radicalizaciones profundamente negativas, que
frustran más adelante pacíficas salidas. Distinta es la situación de quienes quieren
actuar por medio de la violencia. Allí sí creo que el Estado, como siempre lo he
pensado, debe hacer sentir el peso de su autoridad.”82

3.3. Los apoyos políticos al golpe

La primera manifestación de adhesión al golpe quedó evidenciada por aquellos

que no asistieron a la última sesión del Senado. Faltaron con aviso, como señal de no
interferencia con la decisión tomada por el Poder Ejecutivo, once senadores. Se trataba
de siete integrantes de la Unión Nacional Reeleccionista (expresión del pachequismo)
del Partido Colorado: Eugenio Capeche, Agustín Caputti, Justino Carrere Sapriza, Luis
Alberto Carresse, Raumar Jude, Jaime Montaner y Juan Adolfo Singer), uno del
batllismo (Guido Machado Brum), y tres de los sectores nacionalistas del “Pacto
Chico”83: Jorge Barbot Pou, Martín Echegoyen y Alejandro Zorrilla de San Martín,
todos ellos herreristas.
Ya el 26 de junio, Bordaberry se había entrevistado con el Dr. Martín R. Echegoyen,
líder de la “Alianza Nacionalista” del Partido Nacional buscando y logrando el apoyo
para sus propósitos. Echegoyen presidiría posteriormente el Consejo de Estado bajo la
dictadura.
Otro mensaje relevante de apoyo al presidente golpista fue el del ex presidente y en
esos momentos Embajador en España, Jorge Pacheco Areco. Por telegrama fechado el 2
de julio indicó que:
82
Ídem, p. 54-55.
83
Fue el nombre que se le dio al acuerdo realizado en 1972 entre Bordaberry y la minoría blanca, que
pactó a espaldas del líder Ferreira Aldunate. Éste no escatimó epítetos, tildándolos de “blancos baratos”.
 “Habiendo asumido Usted responsabilidad histórica preservación de valores
fundamentales democracia uruguaya… exprésole mi anhelo de que le acompañen la
comprensión y cooperación de los orientales levantándose los puntos de mira para el
mejor destino de la Patria.”84
Un días más tarde, la Unión Nacional Reeleccionista, colorada, comunicó que:
“Se ha resuelto por la mayoría apoyar la difícil e histórica actitud por Usted
asumida... Agustín Caputi, Presidente; Raumar Jude, Secretario General.” En carta
dada a conocer al otro día, Jude deslindó su posición personal.85
El diario La Mañana, en tanto, expresión del viejo riverismo colorado, editorializaba
así el 29 de junio: “... Al Presidente de la República no le quedaba otro camino, para
salvar la esencia de las instituciones y la integridad nacional en la paz interna. La
decisión no sorprendió a nadie porque es la conclusión lógica e inevitable del
deliberado enfrentamiento organizado por diversos centros de maniobra política contra
el Poder Ejecutivo desde el día en que se conoció el resultado de las inobjetables
elecciones de 1971. Los derrotados de entonces no perdonaron nunca ese resultado...
En esta dura hora de la política nacional debemos agregar que reconfortan los
propósitos anunciados por el Presidente de la República en la noche del miércoles...”86
Días después, entrevistado por ese diario, así se expresó el vocero de la Liga de
Acción Ruralista, Juan José Gari: “Estoy totalmente de acuerdo. Lo que se hizo
responde a las más arraigadas tradiciones del pueblo oriental… El Presidente de la
República identificado con el sentimiento patrio de las Fuerzas Armadas ha cumplido
con su deber. Se ha procedido conforme a nuestras más caras tradiciones...”87

4. La sociedad frente al golpe de Estado

4.1. La CNT y la huelga general

84
Rico et al, ob. cit., p. 300.
85
Ídem, p. 50.
86
Ídem, p. 57.
87
Ídem, p. 50.
 Las fuerzas sociales del “campo popular”88, históricas aliadas de la izquierda política,
reaccionaron de inmediato el golpe de Estado y se organizaron para enfrentarlo, siendo
la huelga general decretada en la misma madrugada del 27 de junio por la CNT89 su
manifestación más elocuente. La CNT, la FEUU, las diversas agremiaciones de
estudiantes liceales90, así como numerosas corporaciones de profesionales
universitarios, lanzaron proclamas y aportaron militancia a las tareas de resistencia
inmediata. Ya vimos que el wilsonismo y el Frente Amplio manifestaron en conjunto su
apoyo a la medida sindical.

En la profusa investigación “15 días que estremecieron al Uruguay”, coordinada por

Álvaro Rico, se develan los múltiples pormenores en torno a la organización de la
huelga y las ocupaciones de los lugares de trabajo, sus éxitos y limitaciones, las
negociaciones llevadas adelante por el gobierno ante los dirigentes sindicales, la
represión desatada por el aparato estatal, y las respuestas que ese vasto movimiento de
protesta realizó hasta el agotamiento de la medida.
Ese libro estima que el movimiento huelguístico abarcó algo más de
cuatrocientos lugares de trabajo en todo el territorio nacional. Esta medida logó ocupar
un lugar central en el proceso de implantación de la dictadura y en la agenda de los
actores políticos opositores y golpistas. Del resultado de esa confrontación, podría
depender el devenir inmediato de la situación política. Debemos suponer que las fuerzas
políticas y sociales que apostaron a la huelga como medida para frenar el golpe, lo
realizaban en un marco de profunda incertidumbre. Pero el entusiasmo inicial que
invadió a una generosa militancia fue lentamente superado por la intransigente acción
estatal. Luego de algunos intentos del Ministro del Interior, Cnel. Bolentini 91 por
negociar lo que para la CNT era innegociable (levantar la huelga con la promesa de

88
Utilizamos esta expresión como autodefinición de las propias organizaciones y atendiendo a la carga
ideológica que la expresión ha tenido en su uso. Notoriamente, vastos sectores de la ciudadanía, es decir
del “pueblo” uruguayo, apoyaron a su manera el golpe, o permanecieron indiferentes ante los sucesos.
Sobre estos sectores, por lo general invisibilizados por su escasa organización y capacidad (o voluntad)
movilizadora, trataremos más adelante.
89
La medida de realizar una huelga general frente a un golpe de Estado estaba aprobada desde 1964 por el
movimiento sindical, en momentos en que la CNT aún estaba en su proceso fundacional.
90
La conformación de una federación de liceales no contaba con consensos evidentes, aunque convivían
en ese ámbito el Encuentro Nacional de Estudiantes (ENE), orientado por jóvenes comunistas y
socialistas, y diversas agrupaciones de izquierda radical como el Frente Estudiantil Revolucionario – 68
(FER-68) y la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE), entre otros.
91
Bolentini se mostró en un inicio como un hombre de diálogo, lo que se evidenció en lo inmediato, era
una fachada política. Intentó conformar semanas después de la huelga un sindicalismo adicto al régimen,
marco para el cual contaba con el apoyo de militantes del viejo sindicalismo “amarillo”.
discutir asuntos salariales), el gobierno se endureció. Los permanentes desalojos de las
fábricas ocupadas y reocupadas, la ilegalización de la CNT y el consiguiente pasaje a la
clandestinidad de sus dirigentes92, la autorización dada a las empresas para despedir sin
atenuantes a los huelguistas, la reclusión de centenares de activistas en el Cilindro
Municipal y otros centros de detención, el asesinato de dos jóvenes militantes en
acciones de protesta (Ramón Peré y Walter Medina 93), fueron minando el estado de
ánimo de la militancia. Otro hecho represivo mayor arrinconó la capacidad
movilizadora de la oposición, al tiempo que impuso la noción de que los golpistas no
estaban dispuestos a dar marcha atrás. La dura represión contra la manifestación
opositora en el centro de Montevideo del día 9 de julio 94, terminó con la detención de
más de cuatrocientos manifestantes, y la de dirigentes frenteamplistas de primera línea,
los militares retirados Líber Seregni (presidente del Frente Amplio), Víctor Licandro y
Carlos Zufriategui. Al finalizar la jornada, fuerzas de asalto atacaron y saquearon la
sede el diario comunista El Popular.

En ese contexto adverso, tras quince días de huelga, la mayoría de la dirección de la

CNT en la clandestinidad aprobó el levantamiento de la medida. Para paliar el
sentimiento de derrota, se definió que el momento político exigía otras formas de
lucha95.

4.2. Las bases sociales del régimen

¿Cuáles fueron las apoyaturas sociales del golpe de Estado? La respuesta no es

sencilla, menos aún cuantificarla. Las expresiones de agrupaciones sociales de apoyo al
régimen no son numerosas. Veamos algunos ejemplos, relevados por la investigación de
Rico antes indicada. Se trata de cartas y memorandos de apoyo a las autoridades,
emitidas por grupos u organizaciones de trabajadores y jubilados: la Asociación
92
Cincuenta y dos dirigentes sindicales fueron requeridos el 4 de julio de 1973 a través del Comunicado
No. 862 de las FFCC “por estar conspirando contra la economía y el patrimonio nacional”. El 14 de
julio, otro comunicado requería a otros nueve dirigentes de la “organización ilícita CNT”. Rico et al, ob.
cit, pp. 356 y 627.
93
El primero era militante del Partido Comunista, el segundo de la Juventud Socialista del Uruguay.
94
Fue convocada por la CNT, la FEUU, el Frente Amplio y los sectores wilsonistas del Partido Nacional.
95
El rechazo al levantamiento de la medida fue expresado en un documento en minoría firmado por tres
sindicatos (FOEB-Bebida, FUS-Salud y Sindicato de FUNSA), dirigidos por corrientes radicales del
movimiento sindical. Ver Centro Uruguay Independiente, Documentos de la huelga general, 1985, pp.
59-65.
Sindical Autónoma de Artes Gráficas, la Asociación de Funcionarios de UTE (ésta
anunciaba la creación de una “Unión Gremial de Trabajadores que agrupa a 9
organizaciones”), la Confederación Nacional de la Industria de la Construcción, la
Confederación Uruguaya de Trabajadores, un grupo de operarios de la textil “Hisisa” y
la Unión Nacional de Afiliados (jubilados).
Sus contenidos iban desde la prédica anticomunista tradicional (“repudia todo tipo
de injerencia extranjera en el campo gremial”), al rechazo frontal contra la huelga
convocada por la CNT (“hemos continuado trabajando en forma normal a pesar de las
dificultades de transporte y no estamos dispuestos de ninguna manera a alterar el
orden”), y al decidido apoyo al régimen (“ponernos indeclinablemente al servicio de
quienes en esta hora asumen, como usted [el ministro Bolentini], la defensa de la Ley,
la Constitución y el Orden”).
La representatividad efectiva de esas organizaciones es más que dudosa. Siempre
existió en el mundo del trabajo el marco organizativo de aquellos que rechazaban las
referencias “clasistas” del sindicalismo tradicional. Tildados de “amarillos” por éste,
esas organizaciones vivieron bajo el estigma de ser señaladas como operadoras de los
patrones, de los gobiernos, e incluso, en los años 50, de la Embajada de los EEUU,
como ocurrió entonces con la Confederación Sindical Uruguaya (CSU). El golpe de
Estado parecía ser la oportunidad propicia para su despegue. Los hechos demostrarían,
sin embargo, que todos los impulsos desarrollados desde esta perspectiva durante la
dictadura no tuvieron receptividad en el seno de la clase trabajadora.
Cabe consignar que el PE organizó plebiscitos entre los trabajadores para resolver la
adhesión o no a la huelga general en cuarenta y dos empresas. Treinta y cinco
plebiscitos resultaron favorables a reintegrarse al trabajo, nueve de ellos por
unanimidad. El desconocimiento sobre las condiciones en que se realizaron los mismos
y los niveles de participación que tuvieron, impide sacar conclusiones, más allá de una
obvia, y es que el movimiento huelguístico no contaba con unanimidades.

¿Estuvo el empresariado o sus corporaciones representativas del lado del golpe de

Estado? La respuesta tampoco es evidente, aunque es notoria y sugerente la ausencia de
pronunciamientos o manifiestos opuestos al decreto golpista por parte de las cámaras
empresariales. En ese sentido, la investigación coordinada por Rico plantea que “los
testimonios vertidos por varios sindicalistas insisten en señalar la actitud
contradictoria de los patrones quienes, colectivamente, se beneficiaban con las medidas
adoptadas por el gobierno y la posibilidad de despidos indiscriminados de los
trabajadores; pero otros empresarios, que estaban en desacuerdo con el golpe de
Estado y la represión a los obreros, no denunciaban a los ocupantes de sus empresas y
hasta ayudaban a sus empleados de distintas maneras.”96
Veamos algunas señales de connivencia con el régimen desde el poder
empresarial.
El día anterior al golpe, un grupo de empresarios e inversores extranjeros de
“Business International” se había reunido con altos mandos militares para platearles que
había que “terminar con las huelgas, despolitizar a los obreros y privatizar el sector
público”.97

Consumado el golpe, algunos empresarios que gozaban de representatividad gremial

tomaron iniciativas convergentes con las estrategias del gobierno. Es el caso del
Presidente de la Cámara de la Construcción, Arq. Homero Pérez Noble, quien junto a
los empresarios Ing. Ruiz Mascaró, Sr. Florencio Datti, Sr. Sardo Beramendi, Ing.
Fernando Barrandeguy y Sr. Alberto Gil Barrios elevaron un memorando a Bordaberry
a través del ministro Bolentini sobre integración tripartita del Consejo de Estado. Nótese
en su redacción el rasgo corporativista de la iniciativa:
“Se basa en la necesidad de estructurar en estas circunstancias un régimen
institucional diferente de los modelos tradicionales.(...); Que las entidades empresa-
riales: ofrecen al Poder Ejecutivo su colaboración, a la vez que reclaman la
participación y responsabilidad en los órganos de decisión que organicen el desarrollo
del país; Que: (...) asumiendo la responsabilidad de sentirse representantes auténticos
de esas fuerzas vivas constituyentes de la raíz socio-económica del país, nos hemos
permitido sugerir la conformación del Consejo de Estado tripartita: obrero-
empresarial, política, que entendemos no sólo significaría una verdadera revolución
constructiva de las instituciones, sino que permitiría una experiencia vital para la
nueva Constitución a programarse.”98

A dos días del golpe, la Asociación Rural del Uruguay enviaba un mensaje a los
productores que, si bien no constituía una proclama política frente a los hechos de
notoriedad, denotaba preocupación por los efectos de la huelga general: “Ante el
anuncio por parte del Poder Ejecutivo de la política de comercialización del trigo, la

96
Rico et al, ob. cit., p. 47.
97
Caetano, G. y Rilla, J, Breve historia de la dictadura, EBO, Montevideo, 1987, p. 23.
98
Rico et al, ob. cit, p. 48.
ARU exhorta a los agricultores a realizar los máximos esfuerzos a los efectos de cubrir
las necesidades de abastecimiento del país en este fundamental rubro... Finalmente,
porque creemos en el país hacemos un llamado a la responsabilidad a todos aquellos
que, de una u otra forma, tienen desempeño preponderante en los factores de
producción, para que antepongan ante todo el interés nacional.”99

El investigador Gonzalo Varela va más allá en su valoración de la relación entre

empresarios y dictadura: “En lo social, los militares beneficiaron genéricamente al
empresariado, al garantizar draconianamente la disciplina laboral. Ello alentó, en el
lapso inmediatamente posterior al golpe de estado, un revanchismo patronal
acumulado tras largos años de agitación sindical.”100

Sin embargo, más allá de la frágil evidencia de manifestaciones sociales de apoyo al

régimen, es evidente que una porción de la sociedad aprobó de manera más o menos
pasiva la resolución del conflicto político mediante el golpe de fuerza cívico-militar.
Debemos colocar allí a los ciudadanos que respondían al liderazgo de la diversa gama
de dirigentes conservadores de ambos partidos tradicionales101, a los sectores de la
población sensibles al discurso de la defensa de la nación amenazada por la penetración
foránea, a los núcleos de asalariados impermeables a la prédica sindical “clasista”, a las
tan mentadas familias “policial” y “militar”, señaladas como víctimas del accionar
“terrorista”. En síntesis, al bloque social, inorgánico y sin vocación movilizadora 102, que
entendió que la hora de imponer el “orden” frente al “caos” había llegado, y que el
método elegido era, aunque no por todos deseado, inevitable. Medir adhesiones y
rechazos al golpe invita a considerar también el clivaje Montevideo-Interior. Toda la
evidencia disponible indica que en el Interior, y aún considerando matices regionales a
veces muy marcados, la resistencia a la dictadura fue más débil que en la capital103.
99
Ídem.
100
Varela , G., ob. cit, p. 163
101
Sin pretender resolver la cuestión cuantitativa mediante este procedimiento, podemos tomar como
referencia más próxima de este componente de la población los 490.000 votos que había tenido la
propuesta de reforma constitucional que habilitaría la reelección de Pacheco en noviembre de 1971, o sea
un 29% del electorado, y tomado esto como un “piso”.
102
Ya hemos referido como elemento excepcional, el papel de organizaciones juveniles como la JUP.
103
Marchesi ha señalado el papel de las sociedades tradicionalistas y nativistas del Interior como sólidas

bases del régimen. Ver Marchesi, A., “Una parte del pueblo feliz, contento, alegre. Los caminos
culturales del consenso autoritario durante la dictadura” en Demasi et. al., La dictadura cívico-militar.
1973-1985, EBO, Montevideo, 2009.
 El trabajo ya indicado de Rico describe durante la huelga “la participación de un
público anónimo en varios eventos, principalmente deportivos o de tipo social y
cultural, lo que puede dar cuenta de intereses y comportamientos indiferentes o
bastante alejados del epicentro político y épico del golpe de Estado y la huelga
general”104. Este análisis no puede, evidentemente, diferenciar lo que pueden ser
comportamientos efectivamente indiferentes, de los declaradamente favorables al golpe,
e incluso de aquellos que asumían grados menos estrictos de compromiso con la causa
antigolpista.

B. La etapa “comisarial”, 1973-1976

Existe una periodización ya clásica de la dictadura, originada en el análisis de Luis

Eduardo González105, y refrendada luego por Caetano y Rilla.106 La misma contempla
tres etapas:
- la dictadura comisarial (1973-1976)
- el ensayo fundacional (1976-1980)
- la dictadura transicional (1980-1984)

Así caracterizan Caetano y Rilla la primera etapa: “… lo políticamente distintivo

podría sintetizarse en esa perspectiva como la carencia de un proyecto político propio
del régimen, sumado a una intención manifiesta de “poner la casa en orden”, para
reconstruir luego una vida política “saneada”, más o menos democrática”107

1. La órbita del Poder Ejecutivo: más continuidades que rupturas

Ya hemos señalado el carácter de “autogolpe” del quiebre institucional de junio de

1973, que dio continuidad al poder estatal, garantizado por la permanencia del titular
del Poder Ejecutivo. El presidente electo, devenido dictador, podía cumplir así con la
ficción de un estado de normalidad. A su vez, su poder se sostenía en la unidad de

104
Rico et al, ob. cit., p. 63.
105
González, L. E., “Uruguay, 1980-1981: An unexpected opening”, en Latin American Research
Review, 18:3, 1983.
106
Caetano, G. y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit.
107
Ídem, p. 14.
mando y disciplina del organismo estatal encargado de ejercer el monopolio de la
coacción física, es decir las Fuerzas Conjuntas (Fuerzas Armadas y Policía), nacidas
como tales en setiembre de 1971.

Los ministros renunciantes fueron sustituidos sin estridencias, evidenciando la

existencia de un verdadero “ejército de reserva” en el campo civil para asegurar las
funciones de gobierno. En la órbita ministerial actuaba desde febrero de 1973 un órgano
ajeno a la tradición civilista de la democracia uruguaya, y resultante del ascenso militar
producido desde el año y medio anterior, el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
Este organismo de conformación cívico-militar representaba el ámbito institucional
específico para la participación de los militares en las políticas públicas. Por otra parte,
la Junta de Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas se transformaba en el generador de
las propuestas castrenses, como vértice de la pirámide de mando de las FFAA. Dice
Rico al respecto: “Dichos ámbitos actuaron superpuestos a la institucionalidad formal,
vieja o nueva, pero integrados por autoridades que estaban en ambas instancias,
asegurando así la negociación de las discrepancias y, finalmente, la reproducción de
una línea estratégica y decisiones no contradictorias, tanto en el plano político como
militar.”108

2. El Consejo de Estado

Consolidado el control del aparato estatal por el poder cívico-militar , llegó la hora
de crear el Consejo de Estado anunciado en el decreto del 27 de junio, organismo que
estaba llamado a cubrir el vacío dejado por la disolución de las Cámaras. A partir del
mes de octubre de 1973 comenzaron a manejarse públicamente los nombres de los
candidatos a integrarlo109. El organismo quedó instalado el 19 de diciembre de 1973
mediante designación directa de sus miembros por el Poder Ejecutivo. Esta fue la
integración inicial del organismo, presidido por el herrerista Martín Echegoyen: Alberto
Demichelli, Aparicio Méndez, Hamlet Reyes, Emilio Siemens Amaro, Julio César
Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez
López, Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, Alfredo Lamaison, Mario Gaggero, María
Luisa Coolighan, Raúl Clerc, Gladys Freire de Addiego, Jorge Spangenberg, Aurora

Rico et al, ob. cit., p. 25.

108

El 26 de octubre, el dirigente histórico del Partido Nacional, Dr. Martín Echegoyen, era confirmado
109

como presidente del organismo.

Álvarez de Silva Ledesma, Eduardo Praderi, José Francisco Franca, Osvaldo Soriano,
Enrique Viana Reyes, Mario Copetti (h) y Alfredo Cardozo Arrarte110.
Uno de los cometidos adjudicados al Consejo de Estado en el decreto de creación del
27 de junio, el de elaborar un anteproyecto de reforma constitucional a plebiscitar
oportunamente, tardaría varios años en ser implementado.

3. Las administraciones departamentales y locales

A nivel del poder departamental y local se produjeron continuidades y algunas

novedades. Todos los intendentes municipales, excepto el de Rocha, Prof. Mario
Amaral111, que renunció, siguieron en sus cargos luego del golpe de Estado lo que
garantizó en el plano de los ejecutivos departamentales la continuidad del ejercicio del
poder político y administrativo. Y siguiendo el modelo de lo realizado a nivel nacional,
las Juntas Departamentales, órganos legislativos, fueron disueltas. Respondía esto a la
lógica golpista que penalizaba los ámbitos deliberantes del poder político, como
escenario de la “politiquería” y la “corrupción”112 denunciadas por los militares. En su
lugar se creaban Juntas de Vecinos con atribuciones similares a las conferidas al
Consejo de Estado. Los vecinos en cuestión serían nombrados de la misma manera que
ese Consejo, es decir por nombramiento directo del PE. Se suprimían también las Juntas
Locales.

4. La autonomía de los Entes en cuestión

La autonomía de los Entes del Estado fue cuestionada por Bordaberry desde el
momento mismo del golpe. “Los Entes Autónomos no deben ser organismos que miren
solamente su propio desarrollo y que actúen sin insertarse en una política global, y
mucho menos deben ser instrumentos para la promoción política de nadie.”113 Pero de
110
Martínez, Virginia, Tiempos de dictadura, EBO, Montevideo, 2005, p. 265.
111
Integraba el sector nacionalista “Movimiento Nacional de Rocha”, liderado por el Prof. Carlos Julio
Pereyra, candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial liderada por Wilson Ferreira Aldunate.
112
Los militares habían investigado varios escándalos relacionadas con maniobras financieras de ediles y
lo denunciaron con el tono moralizante con el que buscaban seducir a la opinión pública. Véase la
referencia al caso de la Intendencia de Paysandú, en abril de 1973, en Corti, Aníbal, “La brutalización de
la política en la crisis de la democracia uruguaya” en Marchesi et al (comp.), ob. cit, p. 61. El periodista
César Di Candia presenta el caso de investigaciones militares en la Intendencia de Montevideo en febrero
de 1973; ver: http://www.elpais.com.uy/Suple/EntrevistasDeDicandia/03/10/11/

113
Rico et al, ob. cit, p. 23.
hecho, la mayor parte de los Entes se hallaban ya intervenidos, por lo que la reflexión de
Bordaberry se tornó inocua. Sus directorios, nutridos por numerosos jerarcas militares,
resultaron un ámbito particular de convergencia cívico-militar.

Un Ente autónomo en particular merece especial atención y es la Universidad de

la República, que desde 1958 gozaba de autonomía con cogobierno.
Las elecciones para integrar los órganos de gobierno universitario estaban
previstas con antelación al golpe para el 12 de setiembre de 1973. Sorprendentemente,
el gobierno permitió su realización. En los tres órdenes se impusieron listas
identificadas con la oposición a la dictadura, con fuerte incidencia de la izquierda. El
resultado en el orden estudiantil generó particular expectativa entre los participantes y
los observadores externos, tratándose de un ámbito de alta sensibilidad. Recordemos
que la federación estudiantil había sido entusiasta oponente a las políticas estatales de
los últimos tiempos, alcanzando elevados niveles de confrontación, se había constituido
en un activo aliado de la CNT, en particular durante la huelga general, y que sus
principales cuadros dirigentes eran al mismo tiempo militantes de organizaciones
políticas de izquierda114. El triunfo electoral de la FEUU sobre las corrientes rivales fue
contundente115. Los resultados representaban un desafío para la dictadura que
encontraba así un espacio de disputa en una institución particularmente conflictiva. La
intervención no tardó en llegar. La muerte del militante de los GAU, Marcos Caridad, el
día 27 de octubre, cuando manipulaba un artefacto explosivo en la Facultad de
Ingeniería116, fue la razón esgrimida para ocupar militarmente los centros de estudios,
intervenir jerárquicamente la Universidad, y detener a sus principales autoridades.
Comenzaba así el largo ciclo de intervención universitaria.

5. ¿Un proyecto sindical?

Los intentos del régimen por consolidar una hegemonía decisiva sobre la
sociedad no podían obviar el campo sindical. Ilegalizada la CNT desde julio y
114
El Secretario General de la FEUU era el dirigente de la Unión de las Juventudes Comunistas Jorge
Landinelli, aunque en su Consejo Federal predominaban las agrupaciones de la “Corriente”, que integraba
a estudiantes militantes o afines a los GAU, Movimiento 26 de Marzo, ROE, Lista 99, etc., que
representaban el ala radical de la izquierda.
115
Se trataba del Movimiento Universitario Nacionalista (MUN), referente juvenil del wilsonismo, y la
Agrupación Batllista Universitaria (ABU), referente del coloradismo.
116
No existe evidencia que permita afirmar si efectivamente Caridad manipulaba una bomba, o si fue una
escena montada por los militares para legitimar la intervención.
marginados sus principales dirigentes (en la clandestinidad, encarcelados, exiliados o en
el insilio), los esfuerzos por crear un movimiento sindical afín a la dictadura, o al menos
dócil, se reiteraron a lo largo de los años.
Acompañando ese objetivo, el gobierno presentó el 22 de julio de 1973 un
proyecto de reglamentación sindical y el 1º de agosto lo decretó bajo el nombre de
“Normas de garantía del trabajo”. Entre tanto, el Ministro del Interior Cnel. Néstor
Bolentini convocó a una reunión en la Sala Verdi con dirigentes sindicales ajenos a la
CNT para dar formación a una “central sindical nacionalista”. Desde la clandestinidad,
la CNT tomó la iniciativa: convocó a los trabajadores a la reafiliación sindical, de
manera de ocupar el espacio generado por el gobierno con militantes afines a la CNT.
Finalmente, el PE respondió el 24 de agosto prohibiendo toda reunión sindical porque
“ex-dirigentes de la CNT en la clandestinidad continúan pretendiendo alterar al
regularidad del trabajo”117, y desandando la estrategia sindical oficialista.

En 1974 se produjo otro intento de la dictadura por constituir una central sindical
nueva. Fue denunciado por León Duarte, dirigente político de la ROE y sindical del
Sindicato de FUNSA y de la CNT. Estando recluido en dependencias militares a
principios de 1974, fue convocado por oficiales seguidores del Comandante del
Ejército, Gral. Hugo Chiappe Pose, con la propuesta de organizar un movimiento
sindical “no comunista”, lo que fue rechazado por Duarte. Militantes de la “Tendencia
Combativa”, a la que pertenecía Duarte, y que era opositora a la conducción mayoritaria
de los comunistas dentro de la CNT, adujeron que era parte de un plan estratégico de
ese general, que quería convertirse así en un “Perón uruguayo”118. Un nuevo intento por
formar una “central nacionalista”, también fallido, se llevaría adelante en 1979 por
agentes de inteligencia de la Armada119.

6. Suspensión e ilegalización de los partidos políticos

Como resultado del golpe de Estado se produjo la suspensión de hecho, “sine

die”, de todos los partidos políticos. La prohibición de reuniones y manifestaciones, la
estricta y permanente censura a la prensa, la vigilancia y detención de dirigentes,
117
Demasi, Carlos y otros, El régimen cívico-militar. Cronología comparada de la historia reciente del
Uruguay (1973-1980), FCU, Montevideo, 2004, p. 18.
118
Rodríguez, U., Visconti, S., Chagas, J. y Trullén, G., El sindicalismo uruguayo. A 40 años del
congreso de la unificación, Taurus, Montevideo, 2006, pp. 163-165.
119
Ver Rodríguez, U., ob. cit.
limitaba drásticamente la movilidad de los políticos, por no decir de los ciudadanos en
general. Sin embargo, el día 28 de noviembre se resolvió mediante el decreto N°
1026/73 la ilegalización de catorce organizaciones políticas (se incluía una gremial
como la FEUU) caratuladas como “marxistas” (Partido Comunista, Partido Socialista,
Unión Popular, Movimiento 26 de Marzo, Movimiento Revolucionario Oriental, los
Grupos de Acción Unificadora, el Partido Obrero Revolucionario, el Partido Comunista
Revolucionario, la Resistencia Obrera Estudiantil, la Unión de Juventudes Comunistas,
la FEUU, el Frente Estudiantil Revolucionario, los GAD y las Agrupaciones Rojas.). La
ilegalización fue acompañada de la clausura definitiva de dos periódicos izquierdistas,
El Popular y Crónica, ambos comunistas.
El decreto fue el disparador para la ocupación, allanamiento y cierre de los
locales de los partidos ahora ilegalizados y se produjeron decenas de detenciones en
todo el país. Un documento del Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA) da cuenta de la división territorial de Montevideo para la
puesta en marcha del plan120.

La proscripción formal de los PPTT se concretó tres años más tarde, el 1º de

setiembre de 1976, mediante el Acto Institucional Nº 4, decretado por el Poder
Ejecutivo, que institucionalizó la interdicción de toda actividad político partidaria. Los
artículos 1º y 2º iban dirigidos a los candidatos de “Partidos o Grupos marxistas y pro-
marxistas” y a los que hubieran estado asociados electoralmente con éstos. De hecho, la
mayor parte de estos grupos estaban ilegalizados desde noviembre de 1973. En su
artículo 3º, el decreto apuntaba a proscribir, también por quince años, a quienes habían
sido candidatos de los PPTT en 1966 y 1971, con la sola diferencia de que a éstos se les
excluía de la prohibición de votar . 121

7. La represión como sustento del régimen

En este apartado se analiza la dimensión represiva del régimen. El estudio que

aquí se propone trascenderá a la periodización que guía este capítulo (es decir, la

120
D.E.I. –OCOA.- Montevideo -23220. DD-33. P.E.I. No. 379/73. 11.1973. Archivo DNII. Tomado de
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, Investigación Histórica sobre Detenidos
Desaparecidos, Tomo I, IMPO, Montevideo, 2007, p. 179.
121
Actos Institucionales (Decretos Constitucionales) Nos. 1 al 9, Colección Documentos, Editorial
Técnica, Montevideo, 1980.
distinción de las etapas comisarial, fundacional y transicional), en el entendido de que la
faceta represiva constituyó un componente permanente de la acción política de la
dictadura. En primer término se proponen las tres etapas que se pueden distinguir a lo
largo de la dictadura en lo que refiere a los énfasis y las características de la labor
estrictamente represiva. En un segundo ítem se caracterizará a la dictadura como un
“terrorismo de Estado”, atendiendo a los instrumentos y resultados de su aplicación.
Finalmente, en un tercer ítem, se abordará la represión específica contra los partidos
políticos, distinguiendo para su análisis la realizada contra la izquierda por un lado, y
contra los partidos tradicionales por el otro.

7.1. Etapas de la represión

 Desde junio de 1973 a octubre de 1975: actitud comisarial. En esta etapa la

tarea represiva se corresponde con el objetivo ya señalado de “poner la casa en
orden”. Supuso silenciar toda manifestación política, de manera reactiva, sin
obviar el carácter muchas veces brutal de sus acciones. Se produjo la detención y
procesamiento de decenas de ciudadanos, numerosas muertes en la tortura y
desapariciones. Sin embargo no subyace a estas acciones un plan sistemático de
aniquilación de organizaciones políticas, como se aprecia en la etapa siguiente.
Puede ser también entendida como una etapa de maduración del aparato
represivo, en materia de acopio de información, coordinación de sus funciones y
preparación operativa. En términos simbólicos, el andamiaje propagandístico
que acompañó al “Año de la Orientalidad” (1975), puede ser visto como
anticipatorio del accionar represivo subsiguiente.

 Desde fines de 1975 a principios de 1982: intensificación de la represión. El

período se inicia con el operativo tendiente a desarticular al Partido Comunista,
continúa con la persecución, asesinato y desaparición de activistas dentro y fuera
del país122 (esto último dentro de la lógica de la Operación Cóndor123). Supone la
122
Esas acciones golpearon duramente a al menos tres organizaciones izquierdistas, el PVP, los GAU y el
MLN, mediante la desaparición forzada de decenas de militantes, sobre todo en Buenos Aires. También
en esa ciudad se produjo, el 20 de mayo de 1976, el cuádruple asesinato del ex senador frenteamplista
Zelmar Michelini, el ex diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz, y los ex tupamaros Rosario Barredo
y William Whitelaw.
123
Se trató de la coordinación entre los aparatos represivos de las dictaduras de la región para perseguir a
militantes opositores. Esta coordinación habría nacido en una reunión de representantes militares
realizada en noviembre de 1975 en Santiago de Chile, con delegados militares de Chile, Argentina,
 puesta en marcha de la versión más terrorista del régimen. Para Rico en este
período se puede apreciar una fase de tendencia totalitaria, en particular entre
1975 y 1978.124

 Desde principios de 1982 hasta 1984: relativa distensión. Derrotado en el

plebiscito de 1980 el proyecto constitucional del régimen, triunfantes las listas
opositoras en las elecciones internas de 1982125, fracasado el modelo económico
basado en el cronograma cambiario conocido como “la tablita”126 e iniciado el
proceso transicional en la Argentina luego del desastre provocado por la guerra
de las Malvinas, la dictadura se vio cada vez más aislada, en el plano nacional e
internacional. Entrado el año 1983 el proceso de apertura política se volvía
irreversible. La vigilancia sobre la sociedad y las detenciones arbitrarias
siguieron, pero con una intensidad menor. Los márgenes políticos para la
represión se iban reduciendo, aunque todavía en junio de 1983 se detuvo, torturó
y procesó a una veintena de militantes de la UJC, y en abril de 1984 moría en la
tortura el médico comunista Vladimir Roslik.

7.2. La dictadura uruguaya como un terrorismo de Estado

No existen aproximaciones teóricas contundentes que definan a un Estado como

“terrorista”. Pero la evidencia disponible sobre el andamiaje represivo de la dictadura
uruguaya ha legitimado su validez, en su propósito de combinar exitosamente los
mecanismos de control y vigilancia social con la aplicación de la coacción de manera
brutal127. La cuestión es si fue exitoso. ¿El conjunto de medidas estatales de carácter

Bolivia, Uruguay y Paraguay. El representante uruguayo fue el coronel del Ejército José A. Fons, quien
precisamente mocionó dar el nombre de “Cóndor” al organismo creado, “en homenaje al país sede”. Ver
Boccia Paz, A., López, M., Pecci, A. Y Giménez Guanes, G., En los sótanos de los generales. Los
documentos ocultos del Operativo Cóndor, Expolibro-Servilibro, Asunción, 2002, p. 53 y ss. La
investigadora estadounidense McSherry sostiene sin embargo que los orígenes de esta Operación se
remontan a una reunión en Buenos Aires en febrero de 1974 entre oficiales de seguridad policial de
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, Mc Sherry, J. Patrice, Los Estados depredadores:
la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina, EBO, Montevideo, 2009, p. 70 y ss.
124
Rico, Álvaro, “Sobre el autoritarismo y el golpe de Estado. La dictadura y el dictador” en Demasi et.
al., La dictadura cívico-militar. 1973-1985, EBO, Montevideo, 2009.
125
Se realizaron para elegir las autoridades de los partidos que deberían negociar con los militares una
salida al régimen de facto. Para ello fueron habilitados los partidos Nacional, Colorado y Unión Cívica, y
cientos de ciudadanos fueron desproscriptos.
126
En noviembre de 1982, la autoridad monetaria ya no pudo sostener dicho cronograma, produciéndose
una fuerte devaluación del peso que arrastró al país a una aguda crisis económico y social.
127
A esos métodos se le han asignado apelativos como “métodos no convencionales” y “guerra sucia”.
represivo logró, efectivamente crear un consenso, aunque fuera pasivo 128, aniquilando
mediante el miedo la voluntad de resistencia en la población? La mirada a posteriori
corre el riesgo, a la luz de las derrotas electorales de 1980 y 1982 de los proyectos más
reaccionarios, de menospreciar los efectos del clima represivo. Aún sin dudar que
existieron siempre bolsones de resistencia, que jugaron un papel clave en la derrota de
la dictadura, no es menos cierto que los mecanismos represivos fueron capaces de
congelar buena parte de las energías sociales.

7.2. a) Instrumentos y manifestaciones del terrorismo de Estado129

La vigilancia a la sociedad civil

La dictadura implementó una serie de dispositivos de vigilancia social que

configuraron un modelo de sociedad controlada130.
Veamos algunos de los mecanismos utilizados:

- Certificado de Fe Democrática y las Categoría de ciudadanos A, B y C: el

Certificado era exigido a todo ciudadano que quisiera realizar un trámite oficial.
Los datos con que la persona completaba el formulario de solicitud generaban
una actualización de los antecedentes policiales, a partir de los cuales el
ciudadano era clasificado en una categoría (A, B y C) que representaba el grado
de peligrosidad; la clasificación en la Categoría “C”, implicaba el bloqueo de
toda tramitación y eventualmente la detención en averiguaciones. Se estima que
300.000 personas fueron categorizadas mediante este procedimiento. 131

- censura a los medios de comunicación a través de la prohibición de la difusión

de determinadas noticias; desde octubre de 1973 se dispuso que toda
información sobre la situación del país que fuera enviada al exterior por las
128
"Utilizamos aquí el sentido que el historiador gutemalteco da al concepto de terrorismo de Estado : “…
conjunto de medidas estatales de carácter represivo que buscan crear una suerte de consenso pasivo, al
aniquilar mediante el miedo cualquier voluntad de transformación que pueda existir en el seno de la
población.” En Figueroa Ibarra, Carlos.“Guatemala, el recurso del miedo” en Nueva Sociedad, n. 105,
enero-febrero 1990, pp. 108-117."
129
Ver Universidad de la República, Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado
en el Uruguay (1973-1985), 3 Tomos, FHyCE-CSIC-UDELAR, Montevideo, 2008.
130
Larrobla, Carla y Larrobla, Fabiana, “La sociedad vigilada. Prácticas y miedos de una sociedad en
dictadura”, Ponencia en las Segundas Jornadas de Historia Política, FCS-UDELAR, 2008.
131
Universidad de la República, ob. cit., Tomo II, p. 425.
 agencias informativas, debía hacerse previa presentación de una copia al
Ministerio del Interior; el incumplimiento de la normativa llevaba a la
suspensión temporal o al cierre definitivo del medio en cuestión.

- control de la correspondencia: desde 1975 la Dirección Nacional de Correos fue

autorizada a confiscar toda correspondencia que se considera pasible de ser
subversiva.

- control y seguimiento de actividades artísticas y culturales: prohibición de

libros, autores, músicos y artistas “antidemocráticos”; creación de una
Comisión Censora que determinaba si un film ofrecía escenas tendenciosas, si
era recomendable o no su proyección o si algún pasaje del film debía ser
censurado; presentación de los textos de los grupos carnavalescos ante una
Comisión Censora que aprobaba o rechazaba los textos total o parcialmente.

- mecanismos de vigilancia de reuniones de asociaciones religiosas, clubes

sociales, agremiaciones, cooperativas, organizaciones de derechos humanos por
parte de los servicios de inteligencia del Estado. 132

- control de la educación: intervenciones quirúrgicas en planes de estudio,

programas y bibliografías; destituciones de profesores; control y vigilancia de
estudiantes y docentes.

Los instrumentos de coacción física

Existe una clara continuidad entre las instituciones encargadas de la actividad

represiva antes del golpe de Estado y las que actuaron durante la dictadura, solo que en
este período expandieron su radio de acción al conjunto de la sociedad. El papel central
lo cumplieron los organismos de inteligencia. A nivel policial, la tarea era desempeñada
principalmente por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), con
apoyo de los funcionarios de las Comisarías Seccionales y Jefaturas Departamentales. A
nivel militar el principal responsable era el Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas (OCOA), dependiente de la División de Ejército No. 1, aunque los
132
Universidad de la República, ob. cit., Tomo II, pp. 525 y ss.
servicios de inteligencia de las tres Fuerzas, así como los de los diferentes regimientos
operaban con relativos niveles de autonomía. La función disuasiva de estos aparatos,
combinada con las detenciones arbitrarias, torturas y eventuales asesinatos constituyó la
expresión terrorista por excelencia sobre los opositores al régimen.

Un elemento novedoso fue el uso de Centros Clandestinos de Detención (CCD).

Los detenidos eran allí interrogados bajo tortura por oficiales por lo general
compartimentados, permaneciendo en ellos varios meses en calidad de “desaparecidos”,
luego de lo cual la mayor parte era conducido ante el Juez Militar, aunque son
numerosos los que hasta hoy engrosan las listas de detenidos-desaparecidos 133. Estos
centros funcionaban tanto en predios militares como en casas particulares.
La desaparición física de los detenidos también resultó, además de un resultado
de la represión, un instrumento de hostigamiento 134. Un conjunto de organizaciones
sufrió muy particularmente la modalidad represiva de la desaparición forzada: el Partido
por la Victoria del Pueblo (PVP), el Partido Comunista (PCU), los Grupos de Acción
Unificadora (GAU), el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T), el
Partido Comunista Revolucionario (PCR), las Agrupaciones de Militantes Socialistas
(AMS) y el Partido Socialista (PS). Las listas de uruguayos desaparecidos en el exterior
incluyen también a militantes de organizaciones del país de detención. Existen también
casos de ciudadanos extranjeros –en particular argentinos- desaparecidos en Uruguay.
Esta forma de represión castigó también a activistas sin filiación partidaria y a
ciudadanos sin actividad política reconocida.

Finalmente, el sistema penitenciario concebido para los presos políticos cumplió,

a la vez que el rol de reclusión tradicional, un marco de opresión de singular impacto.
La investigación ya indicada ha estimado el número de presos políticos a lo largo del
período dictatorial en 5.925. La única clasificación que se ha realizado dentro de ese
universo ha sido la de género, detectándose 739 mujeres. 135

7.2.b) Resultados136

133
Ver cifras más adelante.
134
Sobre la temática de los ciudadanos desaparecidos ver también: Madres y Familiares de Uruguayos
Detenidos Desaparecidos, A todos ellos, MFDD, Montevideo, 2004.
135
Universidad de la República, ob. cit., Tomo II.
136
Universidad de la República, ob. cit., Tomos I y II.
 A continuación, un resumen de los resultados cuantificables de la aplicación de
la represión:

- Personas asesinadas y fallecidas o autoeliminadas en prisión: 101 casos

confirmados; otros 25 casos con escasa información;
- Policías y militares muertos o asesinados en servicio: 8 casos.
- Detenidos desaparecidos: 172 personas, de las cuales 169 adultos (32 en
Uruguay, 126 en Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia y 1 en Colombia) y 3
menores (en Argentina).
- Mujeres desaparecidas embarazadas al momento de la detención, con hijos
nacidos en cautiverio y apropiados ilegalmente: 4 casos (todos con identidad ya
recuperada).
- Mujeres desaparecidas embarazadas al momento de la detención sin
confirmación de alumbramiento en cautiverio: 3 casos
- Mujeres desaparecidas probablemente embarazadas al ser detenidas: 2 casos.
- Niños mantenidos en cautiverio, posteriormente localizados y recuperada su
identidad: 12 casos.

7.3. La represión a los partidos políticos137

Desde su implantación, la dictadura se propuso inmovilizar toda expresión

política138, quedando ésta limitada a formas clandestinas o semiclandestinas.

Consumado el golpe, en el correr de las semanas siguientes se produjo una ola

de órdenes de captura139 y de detenciones de dirigentes políticos blancos y
frenteamplistas140. En su actitud comisarial, el régimen apuntó a inmovilizar a los
137
En relación a la represión y vigilancia durante la dictadura contra el conjunto de los partidos políticos
ver Universidad de la República, ob. cit, Tomo III.
138
Esto incluía incluso, como vimos más arriba, a las expresiones civiles militantes de extrema derecha,
como queda de manifiesto con las clausuras de los semanarios Azul y Blanco y Nuevo Amanecer de la
JUP, así como de la audición radial de esta agrupación.
139
Es el caso de los nacionalistas Wilson Ferreira Aldunate, Héctor Gutiérrez Ruiz y Ricardo Rocha Imaz
y los frenteamplistas Zelmar Michelini, Enrique Erro y Juan Chenlo, quienes pasan a la clandestinidad y/o
escapan del país con destino a Buenos Aires.
140
El 28 de junio fueron detenidos por 24 horas los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Socialista. El 6 de julio son detenidos los dirigentes nacionalistas Óscar López Balestra, Luis Alberto
partidos, silenciando sus expresiones públicas y reprimiendo con severidad a los
militantes sorprendidos en actividades de agitación.

a) La represión contra la izquierda

Las organizaciones de izquierda constituyeron el epicentro de la actividad

represiva como era de esperarse desde la perspectiva ideológica del régimen. Durante
esta etapa, miles de ciudadanos de izquierda fueron detenidos y/o procesados, por la
posesión o distribución de materiales políticos, la realización de actividades callejeras o
la participación en reuniones prohibidas. El sistemático uso de la violencia y en
particular de la tortura, se tradujo en la muerte y desaparición forzada de numerosos
ciudadanos.
La represión de la izquierda no conoció de fronteras entre las múltiples
fracciones que la componían. Sin embargo, destacaremos en los ítems siguientes la
represión contra los dos componentes más emblemáticos de la izquierda vernácula, y
devenidos en referencia simbólica clave para el régimen: “tupamaros” y
“comunistas”141.

La represión contra los intentos de reorganización del MLN-T

Es de uso datar la derrota militar del MLN entre agosto y setiembre de 1972, con
la caída de Raúl Sendic, último de sus líderes históricos aún prófugo. En setiembre de
1973, dieciocho dirigentes de la organización (nueve hombres y nueve mujeres) pasaron
a la condición de “rehenes” del régimen 142. De todos modos, las operaciones militares
contra militantes de esa filiación continuaron en los años siguientes, produciéndose

Lacalle, Carlos Rodríguez Labruna, Miguel Ángel Galán, Walter Santoro y Homar Murdoch, presidente
del Directorio partidario. Las fuentes difieren sobre el tiempo de detención de estos últimos pero fueron al
menos ocho días. El 19 de julio eran detenidos por 24 horas varios integrantes del Comité Ejecutivo del
Partido Comunista: Rodney Arismendi, Jaime Pérez, Alberto Suárez y Enrique Rodríguez.
141
Ya se ha hecho referencia a la captura de decenas de militantes del PVP y los GAU a ambos lados del
Río de la Plata, a los que deben sumarse miembros del PCR. La desaparición forzosa y la cárcel fue el
destino de decenas de ellos. Por supuesto que también fueron objeto de la represión militantes de
izquierda sin filiación partidaria. En el caso del Partido Socialista, se produjo una ola represiva contra sus
dirigentes clandestinos en el país en el año 1981.
incluso el asesinato de algunos de ellos en presuntos enfrentamientos143. Muchos
militantes que lograron escapar al cerco represivo se concentraban en el exterior del
país, sobre todo en Chile, hasta el golpe de Estado producido en ese país en setiembre
de 1973, y luego en Argentina144. Desde este país, la dirección del movimiento envió a
algunos cuadros militantes a reorganizar el aparato político-militar en Uruguay. Los
testimonios de dos de ellos dan cuenta de la imposibilidad de acometer la tarea: sus
redes políticas se encontraban replegadas o infiltradas por los servicios de
inteligencia145. Notoriamente, la capacidad operativa de la guerrilla había sido
bloqueada antes del golpe de Estado. De todos modos, militantes tupamaros radicados
en Argentina fueron también víctimas de la “Operación Cóndor” entre los años 1977 y
1978.

La represión contra el Partido Comunista

Dentro del complejo panorama al que asistía la izquierda desde su ilegalización,

el sector que se mostró más organizado para resistir a la dictadura fue el Partido
Comunista. Las raíces de sus fortalezas son diversas: había sido la principal expresión

142
El 7 de setiembre de 1973 los dirigentes "históricos" del MLN que se encontraban presos fueron
trasladados sin destino conocido y convertidos en rehenes, bajo amenaza de ser ejecutados si alguna
acción del MLN-T tenía lugar. Se trataba de nueve mujeres: Alba Antúnez, Estela Sánchez, Lía Maciel,
Cristina Cabrera, Flavio Schilling, Graciela Dry, Jessie Macchi, Raquel Cabrera y María Elena Curbelo, y
nueve hombres: Eleuterio Fernández Huidobro, Raúl Sendic, Mauricio Rosencof, Adolfo Wasen, Julio
Marenales, Jorge Manera Lluberas, Henry Engler, Jorge Zabalza y José Mujica. Las primeras
permanecieron en esas condiciones por algunos meses, para luego ser trasladadas al centro penitenciario
de Punta de Rieles. El grupo de hombres fue separado en grupos de tres, en situación de aislamiento en
pozos o en calabozos, rotando por distintos cuarteles del país. El 12 de abril de 1984 fueron conducidos al
Penal de Libertad.

143
A modo de ejemplo se puede citar el caso de tres jóvenes tupamaras ultimadas en un allanamiento
nocturno en abril de 1974. Se trataba de Silvia Reyes, de 19 años, Laura Raggio, de 19 años y Diana
Maidanik, de 21 años. En noviembre del mismo año, en las proximidades de la localidad de Soca,
aparecían los cuerpos acribillados de cinco tupamaros secuestrados días antes en Buenos Aires, evidencia
de la coordinación regional represiva.
144
Además, centenares de militantes se refugiaron en Cuba, donde mantuvieron entrenamiento militar.
Sin embargo, descartada la posibilidad de un retorno a la lucha armada en el país, se diseminaron en el
exilio en numerosos países que les otorgaron asilo político. Al respecto de la experiencia tupamara en
Cuba ver testimonios en Aldrighi, Clara, Memorias de insurgencia. Historias de vida y militancia en el
MLN Tupamaros 1965-1975, EBO, Montevideo, 2009; y en Yaffe, Jaime, “Sobre el origen de las
colonias tupamaras en Cuba”. Entrevista a Efraín Martínez Platero. En Cuadernos de la historia reciente.
1968 Uruguay 1985,No. 4, mayo de 2008, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo. Págs. 85-106.
145
Testimonio de Luis Alemañi en Haberkorn, Leonardo, Historias tupamaras. Nuevos testimonios sobre
los mitos del MLN, Fin de Siglo, Montevideo, 2008; y de Walter “Cholo” González en Gilio, María Ester,
El Cholo González, un cañero de Bella Unión, Trilce, Montevideo, 2004. El primero logró salir
nuevamente del país. El segundo fue apresado.
electoral del FA en las elecciones de 1971146; contaba con la masa de afiliados y
militantes más numerosa de la izquierda desde larga data y contaba con una orgánica
estrictamente organizada y disciplinada. Además, y siguiendo la investigación de
Marisa Silva, el PCU contaba con una fuerte identidad partidaria, que lo impregnaba de
una profunda mística entre sus militantes y simpatizantes147.

Para el régimen, la supresión del Partido Comunista se volvió un objetivo

fundamental. Desde esa perspectiva doctrinaria, la definición de lo “comunista”
adquirió en el discurso del régimen un sentido tan amplio que se transformó en una
construcción simbólica funcional a la reproducción del propio poder militar. En ese
sentido, el hallazgo, a fines de 1975, del aparato armado perteneciente a este partido, y
que no llegó a utilizar148, fue usufructuado con fines propagandísticos por el régimen.
Fue precisamente a partir de octubre de 1975, en un vasto operativo, denominado en la
jerga militar “Operación Morgan”, que se produjo un salto cualitativo en la persecución
contra cuadros y militantes del PCU, cuyo objetivo evidente era el desmantelamiento de
la organización. A pesar de ser desarticuladas sucesivas direcciones (al operativo
indicado, deben agregarse, entre los más importantes, los realizados a mediados de
1977, a comienzos de 1979 y en el segundo semestre de 1981), al costo de cientos de
procesamientos y de numerosos asesinatos y desapariciones, este partido logró una
capacidad de articulación y reorganización permanente.

7.3. b) La represión contra los Partidos Tradicionales (PPTT)149

Una actividad emblemática para las identidades partidarias, era la

conmemoración relacionada con la memoria colectiva de cada uno de los partidos.
Los aniversarios de nacimiento o muerte de las figuras históricas eran ocasión
para la concentración de partidarios, así como objeto de vigilancia policial.

146
La lista 1001, expresión del PCU y otros aliados menores, cosechó algo más de cien mil votos, es
decir, un tercio de los obtenidos por la coalición.
147
Silva, Marisa, Aquellos comunistas, Taurus, Montevideo, 2009.
148
Además de los fundamentos políticos que el PCU debió utilizar para no usar dicho aparato, debe
considerarse la muy escasa formación militar que el propio partido había propiciado entre sus militantes.
Al respecto, véase el testimonio de Ricardo Calzada en Bucheli, Gabriel y Yaffe, Jaime, “Sobre el aparato
militar del Partido Comunista. Un ejército sin Comandante en jefe conocido”, en Cuadernos de la
Historia reciente. Uruguay, 1968-1985. Vol. 2, EBO, Montevideo, 2007.
149
Los contenidos de este ítem son extraídos de Bucheli, Gabriel, “Los partidos tradicionales bajo la
vigilancia de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (1973-1984)”, ponencia presentada en
las Jornadas de APHU, Montevideo, 2007.
 Así relataba la DNII en octubre de 1976, los hechos relacionados con la
conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte de José Batlle y Ordóñez:

“Dando cumplimiento a lo ordenado por el Sr. Director de la Dirección

Nacional de Información e Inteligencia, fueron enviados funcionarios de esta Dirección
al Cementerio Central, donde a partir de la hora 17.00’ se llevó un acto en homenaje a
don José Batlle y Ordóñez, consistente en la colocación de una ofrenda floral, lo que se
llevó a cabo normalmente ante unas quinientas personas reunidas en el lugar, pero
luego éstas comenzaron a entonar el Himno Nacional y a vivar a BATLLE y BRUM –
aunque esto duró breves instantes-.
En virtud de que se corrió la voz que posteriormente concurrían a la Casa del
Partido, ubicada en la calle Andrés Martínez Trueba Nº 1271¸ en tal lugar se implantó
una vigilancia (en las inmediaciones), constatándose que allí concurrieron unas 40
personas que permanecieron en grupos diseminados dentro del mencionado local
partidario. Al lugar llegó el Sr. Comisario de Seccional 6ta., quien notificó a uno de los
responsables que estaba prohibido todo tipo de acto, aclarando su interpelado que la
causa de la presencia de esas personas se debía exclusivamente a que habían sido
invitados a colocar una ofrenda floral al busto de José Batlle y Ordoñez allí existente.
Posteriormente los asistentes abandonaron el local, procediendo a cerrarlo.” 150

Por su parte, el 10 de setiembre de 1978, los blancos convocaban a un acto en

homenaje a Aparicio Saravia junto a su monumento. Allí se desató la represión policial
y varios participantes fueron detenidos. El público, estimado por la Policía en unos 500
o 600 personas, “comenzó a vivar al Partido Nacional, “A Aparicio Saravia”, “Al Dr.
Luis Alberto de Herrera”, “A Fernández Crespo” y finalmente a “Wilson Ferreira
Aldunate”. Hubieron [sic] también gritos de “Mueran los envenenadores”.”

Ante ello el Señor Jefe de Policía dispuso que se diera por finalizado el acto y se
ordenara al público retirarse, lo que se logró con el accionar de los efectivos policiales
uniformados, no obstante la reiteración a hacerlo por parte del público, el que en algún
momento llegó a exteriorizar hostilidad contra las autoridades en general y contra la
Policía actuante.

150
Parte de Novedades Diarias (PND). Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Parte Nº 295,
21 de octubre de 1976.
 Entre los más exaltados se encontraban el Gral. (R) Sr. Ventura Rodríguez,
quien fue invitado a presentarse a la Jefatura de Policía de Montevideo a la hora 12.00.
Se procedió además a las siguientes detenciones: Heber Petronio López Balestra, en
razón de haber intentado intervenir en forma irrespetuosa e inconveniente durante el
diálogo que el Sr. Jefe mantenía con el Sr. Gral. (R) Rodríguez; Carlos Soares de Lima
Vachelli, por ser uno de los cabecillas que dirigía y aleccionaba al grupo de jóvenes de
vincha blanca y que ostensiblemente eran los más revoltosos; Antonio Floricio Saravia
Santestevan, debido que cuando se le indicaba al público retirarse, profirió las
siguientes frases: “VOY A TOMAR UNAS FOTOS A ESTOS MILICOS lo que fue oído
por el Agente de dicha repartición [DOE], Julio Corbo; Ramón Jorge Rosado Tabarez,
porque se dirigió en forma descomedida a los funcionarios en cuestión, Bernardo María
Perdomo Garcés, por corear consignas alusivas al acto que se realizaba.151

Sin embargo, el perfil más represivo de los servicios de inteligencia se hizo

ostensible en aquellos casos que involucraban a personalidades perseguidas por el
régimen. El caso más claro es el del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate.
Exiliado y requerido por las autoridades, todas las actividades que se relacionaran con
su figura, sus adherentes más cercanos, e incluso su familia, eran sistemáticamente
investigadas a fondo y reprimidas con variado vigor. Allanamientos, requisa de
materiales escritos y grabados (los cassettes enviados por Ferreira desde el exilio fueron
un elemento emblemático para sus partidarios), detención de militantes, seguimiento al
regresar al país tras eventuales contactos con el líder en el exterior, eran objeto
permanente de informes de la inteligencia policial.
También el líder colorado Jorge Batlle era objeto frecuente de los informes de
Inteligencia, incluyendo algunas detenciones suyas, luego de declaraciones a la prensa,
o de alguno de sus seguidores.

En el entierro de Héctor Gutiérrez Ruiz, el 25 de mayo de 1976 en el cementerio

del Buceo, se produjo en medio de una fuerte vigilancia. Ante la multitud reunida, un
grupo de agentes procedió a retirar la bandera uruguaya que cubría el féretro. Fueron
detenidos el Cap. de navío (R) H. Murdoch y sus hijos, Mario Heber, Alberto Volonté y

151
DNII, Departamento Nº 5, Montevideo, 10 de setiembre de 1978, Memorandum Operacional Nº 258.
otros dirigentes. Murdoch y Heber permanecieron cuatro días detenidos 152. Relata
Matilde Rodríguez Larreta que el mayor Gervasio P. Somma fue quien dirigió el
operativo. “Caracoleaban los caballos sobre las losas del cementerio y los propios
soldados estaban impresionados por tener que reprimir allí dentro. Pusieron la
bandera, la arrancaron, quisimos cantar el himno, no nos dejaron, nos empujaron, nos
corrían con lo caballos, no nos dejaban poner las flores blancas que llevábamos. Algo
realmente escandaloso. Mario Heber es para mí una figura inolvidable en esos
momentos... los enfrentó con un coraje y una virilidad inolvidables. Se subieron el
cajón al hombro y gritó por los héroes y la Patria”153.

El mayor que dirigió el operativo recibió las felicitaciones de Juan María

Bordaberry, quien ejercía por entonces la presidencia de la República. El Boletín de
Ordenes Diarias Nº 24.987 de la Policía de Montevideo, con fecha 28 de mayo de 1976,
transcribía en su artículo 5º, para que "se haga saber", una "nota de felicitación del
señor Presidente de la República" cursada al ministro del Interior:

“PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Montevideo,

26 de mayo de 1976. Señor Ministro del Interior, Gral. Hugo Linares Brum, Presente.
De mi mayor consideración: Dentro de la información que he recibido relativa a las
medidas adoptadas con motivo del entierro de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez
Ruiz, figura lo concerniente a la actitud de un Oficial de la Policía que impidió que se
colocara el Pabellón Nacional sobre el féretro del segundo de los nombrados. En mi
concepto, esta actitud configura un hecho enaltecedor para el funcionario y para el
Cuerpo que integra, puesto que no era fácil tomar una decisión rápida en
circunstancias en que los factores emotivos suelen alterar los espíritus. El funcionario
demostró rapidez de decisión, conocimiento de las normas vigentes, pero especialmente
demostró, en mi opinión, sensibilidad frente al hecho que significa el rendir honores a
los restos de un ciudadano requerido por actividad contra la Patria. Es por eso que me
dirijo al Señor Ministro para expresarle mis felicitaciones, las que agradeceré haga
llegar al Señor Jefe de Policía de Montevideo y al funcionario en cuestión. Lo saluda
atentamente: Juan María Bordaberry.” 154

El gobierno uruguayo no permaneció en silencio ante el asesinato de Gutiérrez

Ruiz. Un comunicado de las FFCC posterior al asesinato informaba que Gutiérrez Ruiz
152
Demasi et al, El régimen cívico-militar…, ob. cit., p. 129.
153
Chouhy, Lil Bettina, Matilde, Ediciones Trilce, Montevideo, 1989, 49-50.
154
Documento publicado en el diario La República, 18 de agosto de 2005.
no era militante del Partido Nacional y que estaba requerido por su condición de
subversivo . El comunicado intentaba “evitar que ciudadanos incautos enfoquen el
155

suceso como si se tratara de un militante del Partido Nacional, verdad meramente

formal, en virtud de haber determinado la Justicia, su integración con la subversión.”156

El 29 de agosto de 1978, Luis Alberto Lacalle recibía en su domicilio tres

botellas de vino blanco dirigidas a su persona y a Carlos Julio Pereyra y Mario Heber,
todos ellos dirigentes del Partido Nacional, integrando los dos últimos el Triunvirato en
la clandestinidad. Cada botella tenía una tarjeta con la leyenda: “El jueves 31
brindaremos por la Patria, en su nueva etapa [firma] MDN”. El 5 de setiembre la
esposa de Mario Heber, Cecilia Fontana, probó el vino, que causó su muerte debido a
una elevada dosis de Fosdrin.

A lo largo de la investigación policial que pretendía aclarar el caso, Pereyra,

Heber, Lacalle, Dardo Ortiz y sus familias fueron llamados a declarar en múltiples
oportunidades. Según el testimonio de Pereyra, durante esa etapa, a todos ellos se les
realizó pruebas caligráficas y se les impidió salir del país, además de verse
permanentemente vigilados: “Evidentemente se buscaba al asesino entre nosotros, con
el fin de mostrar a la población que se trataba de la obra de los "políticos corruptos,
que se mandaban botellas de vino entre sí para eliminarse”.”157

8. La fundación de un “nuevo orden”

8. 1. El “Año de la Orientalidad”: entre la refundación simbólica y la
definición política.
Si bien se ha considerado el período 1976-1980 como el correspondiente a la dictadura
fundacional – según la periodización realizada por el politólogo Luis Eduardo González
y retomada por los historiadores Gerardo Caetano y José Rilla 158
- el año 1975 ha sido
señalado como el del inicio en la construcción de un nuevo orden simbólico cuyas
realizaciones y efectos trascendieron el marco cronológico citado y que puede ser

155
Martínez, Virginia, ob. cit., p. 69.
156
Demasi et al, El régimen cívico-militar…, ob. cit., p. 129.
157
Testimonio de Carlos Julio Pereyra en la Comisión Investigadora parlamentaria convocada para la
investigación de los hechos, 24 de mayo de 1985, en archivos de la Comisión para la Paz.
158
En una periodización ya clásica en la historiografía local. Se han señalado como marcos cronológicos
para el ensayo fundacional los años 1976 y 1980. En este período se intentó sentar las bases de un nuevo
orden político autoritario, que en lo económico fue acompañado por la implementación de medidas de
corte neoliberal. Cabe acotar, siguiendo a los historiadores G. Caetano y J. Rilla, que las características
represivas propias de la “etapa comisarial” continuaron más allá de 1976, incluso recrudeciéndose, como
se ha señalado en este capítulo.
considerado como el síntoma de una pretensión totalitaria del régimen. 159 Como han
señalado en sendas obras los historiadores Isabela Cosse, Vania Markarian, y Aldo
Marchesi160, el intento de refundación de la república iniciado en el año 1976 estuvo
precedido por la elaboración y circulación de diferentes productos culturales a través de
los cuales la dictadura difundió tanto sus fundamentos ideológicos basados en la
Doctrina de la Seguridad Nacional, como sus realizaciones. El objetivo era ampliar las
bases de apoyo al régimen así como crear un nuevo imaginario con el que la población
se identificara y que a la vez funcionara para justificar la irrupción y permanencia de las
FFAA como actores políticos. La declaración de 1975 como “Año de la
Orientalidad”161 y la celebración del Sesquicentenario de los hechos de 1825162 fueron el
marco para el despliegue de una intensa euforia historicista promovida desde el
Estado,163 en medio de la cual asomaron los diferentes proyectos a futuro que tenían los
protagonistas del golpe de 1973. Desde 1974 y a lo largo de 1975, tanto el presidente de
facto como los militares hicieron anuncios relativos a una nueva legitimidad
institucional sobre cuyas características mostrarían en el futuro no estar de acuerdo y
que, en el caso de los últimos, anticipaban lo que sería el proyecto fundacional del
nuevo orden institucional plebiscitado en 1980. 164
En el año 1975, entonces, se imbricaron las intenciones y acciones que apuntaban a la
configuración de un imaginario dictatorial con los dilemas políticos de Bordaberry y las
FFAA. Precisamente, cómo continuaría el régimen era una pregunta que tanto
Bordaberry como los mandos militares sabían que debía ser respondida antes que se
cumpliera el plazo para las elecciones que, según la Constitución de 1967, habrían de

159
Marchesi, Aldo. El Uruguay inventado. La política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su
imaginario. Trilce, Montevideo, 2001, p. 12.
160
Cosse, Isabela; Markarian Vania. 1975: Año de la Orientalidad. Identidad, memoria e historia en una
dictadura. Trilce, Montevideo, 1996; Marchesi, Aldo, El Uruguay inventado… ob.cit.
161
Como antecedente cabe mencionar la inauguración de la “Semana de la Orientalidad” el 23 de
setiembre de 1974 con motivo del aniversario de la muerte de José Artigas, con un desfile estudiantil y
militar por 18 de julio. El 30 de setiembre se dio por finalizada con el corte de una torta gigantesca en la
explanada municipal, con desfile de bandas, y la celebración del “Carnaval de las Flores”. Demasi, Carlos
(Coord.) El régimen cívico-militar… ob. cit., p. 59.
162
El 30 agosto de 1974 el Poder Ejecutivo enviaba un proyecto de ley proponiendo al Consejo de Estado
que 1975 se declarara “Año del Sesquicentenario de los hechos históricos de 1825”, el que fue aprobado
el 27 de setiembre de 1974. Ídem, p.57.
163
Así, la repatriación de los restos del coronel Lorenzo Latorre y la celebración del Sesquicentenario de
los hechos de 1825 fueron momentos clave en esa operación de memoria histórica. 1975 fue convertido
en “Año de la Orientalidad”; se decretó la nómina oficial de los Treinta y Tres Orientales; se creó la
condecoración “Protector de los Pueblos Libres Gral. José Artigas” y se ascendió a general al coronel de
los tiempos de la independencia Leonardo Olivera.
164
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional de 1980. La derrota del proyecto militar para legitimar un
régimen autoritario. Ediciones Puerta del Sur, Montevideo, 2006, p. 7.
tener lugar en 1976. Esta pregunta colocaba sobre el escenario nuevamente el tema de la
reforma constitucional y del rol de los partidos políticos en el proceso.
Algunas respuestas se habían esbozado en 1974: el 15 de mayo, la Junta de
Comandantes y la Junta de Oficiales Generales, habían aprobado un documento titulado
“Política General de la República”, en el que planteaban, entre otros puntos, la
adecuación de las garantías individuales a las necesidades de la guerra antisubversiva, el
incremento de la autoridad del Poder Ejecutivo, la formación de un Parlamento
unicameral, la institucionalización del funcionamiento del COSENA y la participación
de las FFAA en todos los problemas de la seguridad nacional, la oposición al Doble
Voto Simultáneo y a la ley de lemas, así como el objetivo de “fortalecer, moralizar,
homogeneizar y democratizar efectivamente a los futuros partidos políticos”165
El 17 de julio de 1974 se había celebrado la primera reunión de la Comisión Especial
del Consejo de Estado166 para estudiar una reforma constitucional, que no formuló una
propuesta específica por “falta de directrices políticas”.167 Al día siguiente, en discurso
correspondiente a la celebración de la fecha patria, el Canciller Juan Carlos Blanco
expuso la idea del gobierno sobre la reforma constitucional, en el que resultaba
significativa la escasa mención al rol que las FFAA deberían cumplir en el futuro diseño
institucional168.
En este contexto, un grupo de ex - legisladores e integrantes del Poder Ejecutivo hasta
1973, procedentes de los partidos tradicionales y de la Unión Radical Cristiana, hizo
público el 1º de setiembre un documento titulado “Carta abierta al gobierno”
Recordando el anuncio de Juan Carlos Blanco en su discurso del 18 de julio de 1974, y
las intenciones reformistas en él expresadas, reclamaban el pleno funcionamiento de los
partidos y su participación en la elaboración de las futuras normas. 169.
Bordaberry reaccionó inmediatamente, en un discurso emitido por cadena de radio y
televisión el 4 de setiembre de 1974. Sus palabras insinuaban algunas de las ideas que

165
Junta de Comandantes en Jefe: “Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental”, Tomo II, “El Proceso
Político”, 1978, pp. 297. En: Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit., p. 33.
166
Presidida por Alberto Demicheli e integrada por los Consejeros José Antonio Varela, Hamlet Reyes,
Aparicio Méndez, Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Emilio Siemens y Enrique Viana Reyes.
167
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit., p.30.
168
Para un análisis detallado del discurso de Blanco, véase Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional…
ob. cit; .pp. 28 y 29.
169
Firmaban entre otros: Justino Jiménez de Aréchaga, Aníbal L. Barbagelata, Jorge Batlle, Enrique
Beltrán, Washington Cataldi, Humberto Ciganda, Eduardo J. Corso, Juan Vicente Chiarino, Víctor
Cortazzo, Francisco Forteza, Felipe Gil, Luis Hierro Gambardella, Raumar Jude, Aquiles Lanza, Antonio
Marchesano, Dardo Ortiz, Eduardo Paz Aguirre, Bernardo Porras Larralde, Julio Ma. Sanguinetti, Jorge
Siveira Zavala, Horacio Terra Arocena, Amílcar Vasconcellos. Caetano, Gerardo; Rilla, José. Breve
historia… ob.cit., p. 47. Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit., p. 30
sostendría posteriormente, comenzando por su oposición a la convocatoria a elecciones
en dos años: “Estamos en el tiempo de la nación y no de los partidos políticos […] por
eso todos los que invocan el plazo constitucional de noviembre de 1976, soñando con
volver a la caza de los votos […] que hoy, esta noche, pierdan toda esperanza” 170 Y en
la fundamentación de esta negativa, su opinión sobre los partidos políticos como actores
de representación de la ciudadanía: […] “Al hacer este planteamiento se parte de un
error básico: que es el de suponer que pueda volverse a formas institucionales
perimidas, caducadas, el 27 de junio de 1973. Este error nace en la no aceptación del
cambio que en el concepto y la técnica de la “representación” se va operando
progresivamente en el escenario político y doctrinario no solo del Uruguay sino del
mundo. De la negación de ese cambio surge a su vez la desubicación de los firmantes
de la carta. En primer término, al atribuirse hoy a sí mismos la representación popular
y en segundo lugar al atribuir a los partidos políticos el carácter de intermediarios
imprescindibles en la emisión del juicio de la ciudadanía sobre la reforma
constitucional.” Ya estaba entonces en el pensamiento de Bordaberry el “concepto
derogatorio de los partidos políticos”, 171 ajeno a la tradición uruguaya.
Se refería asimismo Bordaberry al espíritu detrás de la propuesta de reforma
constitucional: “Está en gestación una reforma constitucional que aún no puede
consolidarse en una Constitución, pero que permite ofrecer ya sus bases esenciales:
crear una democracia auténtica y militante y un Estado eficaz al servicio del bien
nacional. Por eso no puede concebirse que en noviembre de 1976 se convoque a
elecciones dentro del sistema político e institucional perimido el 27 de junio de
1973.”172 El presidente que en junio de 1973 anunciaba el llamado a elecciones después
de un período sin funcionamiento parlamentario, parecía haber cambiado rápidamente
su postura.173
El 23 de julio de 1974, Alberto Demicheli, abogado que sería presidente del Consejo de
Estado luego de la muerte de Martín Echegoyen, presentó un ante-proyecto de ley
constitucional de ribetes corporativistas, que más adelante aparecerían en el discurso de
Bordaberry. El título de la publicación ampliatoria que tendría lugar dos años después
así lo muestra: “Reforma Constitucional: democracia participativa, representación del

170
Junta de Comandantes en Jefe: “El proceso político. Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental” 1978:
341-348. En: Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 31.
171
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit., .p. 30.
172
Demasi, Carlos. La evolución del campo político en la dictadura. En Demasi, Carlos. et al: La
dictadura Cívico-Militar. Uruguay 1973-1985. EBO, Montevideo, 2009, p. 43.
173
Ídem.
trabajo, del capital y de la cultura”. Demicheli proponía un Parlamento de carácter
mixto en el que la Cámara de Senadores tendría composición política y la de Diputados
corporativa, con representantes del ámbito laboral, empresarial y cultural.174
Esta iniciativa no contaba con apoyos unánimes, tal como lo muestra el artículo sobre
Reforma Constitucional publicado por Aparicio Méndez -consejero en ese momento- en
la edición del 27 de agosto de “El Día”. En éste reivindicó lo que consideraba “ciertos
puntos cardinales de la democracia representativa”, aunque igualmente propuso
restricciones a la acción de los partidos, la exclusión de aquellos considerados
“internacionales” o “antidemocráticos” y la extensión de la jurisdicción penal militar.
175
Si a estas iniciativas se le suma la del Consejero José A. Varela, con su propuesta de
Reforma de la Constitución y Ley Orgánica de los Partidos Políticos, se constata que, a
fines de 1974, tanto en Bordaberry como en el elenco civil colaboracionista de la
dictadura, había una cierta inquietud fundacional en la que no faltaban conceptos ajenos
a la tradición política uruguaya. Por ejemplo, la defensa de un orden político en el que
los partidos, percibidos como elementos disolventes de la Nación y meras máquinas
electorales carentes de legitimidad, no tendrían lugar.
Las FFAA, por su parte, como ya ha sido señalado, aprobaron el 15 de mayo de 1974,
un documento denominado Política General de la República, en el que se perfilaban
conceptos que se retomarían en 1980. Posteriormente, el 4 de setiembre de 1975, en su
Memorándum Secreto Nº 1/75 del 4 de febrero de 1975 de la COMASPO, establecían
lo que consideraban eran las condiciones mínimas para una salida política, delineando,
en definitiva, una estrategia para una nueva institucionalidad. Estas condiciones
incluían, además de la cancelación de elecciones para 1976, las proscripciones políticas,
la planificación de elecciones con un solo candidato a la presidencia y la prohibición
constitucional de partidos políticos marxistas. 176
A partir de lo analizado, es posible sostener que no había hacia 1975 ningún
cronograma establecido en forma explícita ni existía unanimidad en el gobierno acerca
del rumbo político-institucional a ser tomado ni del rol que deberían desempeñar en éste
los actores involucrados177. Tampoco había, en palabras de las historiadoras Cosse y
174
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit., p. 32.
175
Ídem.
176
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional … ob. cit.., p. 35.
177
Señalan Gerardo Caetano y José Rilla: “(…) el proceso político durante 1975 siguió revelando el
trámite inquieto de definiciones fundamentales que no pudo ser disimulado por las frecuentes
manifestaciones de los voceros oficiales sobre la “armonía monolítica” en las filas del régimen. La
prolongación de renuncias, intervenciones y relevos sorpresivos en el elenco de las autoridades de la
enseñanza constituyó un reflejo entre otros de las tensiones y conflictos que en varios campos ya
Markarian, un proyecto alternativo para la recreación de los lazos de ciudadanía que
habían sido abolidos178. En este sentido funcionarían entonces las celebraciones
históricas y la propaganda, instrumento tanto de legitimación como de escenario en el
que se desplegaron las tensiones existentes en el elenco gobernante, que apeló al pasado
como fuente de legitimidad. De esta forma, el uso de la historia no solo fue una de las
bases de la refundación simbólica del régimen sino que, a través de la elección de
hechos y personajes, mostró también las divergencias internas.179
Una de las formas de materialización del uso del pasado histórico fue la Celebración del
Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825. Para su implementación, el Consejo
estableció una serie de fechas a conmemorar, cuyo festejo se extendería a lo largo de
todo el año. Estas fechas fueron: 19 de abril (Desembarco de la Agraciada), 25 de
agosto (Declaratoria de la Independencia), 24 de setiembre (Batalla del Rincón) y 12 de
octubre (Batalla de Sarandí). Para programar y organizar los festejos se creó un
organismo denominado “Comisión Nacional de Homenaje al Sesquicentenario de los
Hechos Históricos de 1825” (CNHS), la que diseñó un cronograma de festividades
históricas, en el que se agregaron al planteo inicial los aniversarios del Abrazo del
Monzón (28 de mayo), del Sitio de Montevideo (7 de mayo), de la declaración de
Libertad de Vientres (7 de setiembre) y de la Toma de la Fortaleza de Santa Teresa (31
de diciembre). Los festejos se financiarían con el dinero del Tesoro Nacional. La CNHS
se integró con el general Esteban R. Cristi (Comandante de la División Ejército I) y los
profesores Fernando O. Assuncao y Alfonso Llambías de Azevedo para los cargos de
presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente. Se preveía también la
acuñación de una serie de monedas conmemorativas del Sesquicentenario y la
realización del Mausoleo de José Artigas, en un claro enlace de la figura del prócer con
la Declaratoria de Independencia.180
Precisamente, el rescate de la figura de Artigas como legitimador del proceso cívico –
militar fue uno de los elementos destacados del Año de la Orientalidad, y es revelador
de las diferencias gubernamentales en torno al proyecto fundacional. La apelación a
Artigas como legitimador y referente fue realizada tanto por Bordaberry como por las
FFAA, pero con lecturas históricas en claves distintas. El presidente de facto veía a
Artigas como el héroe de la colectividad, símbolo de la unión nacional, aquel cuya
generaba la necesidad ya impostergable de diseñar los proyectos de acción gubernamental.” Caetano,
Gerardo; Rilla, José. Breve historia ... ob.cit.; p.32.
178
Cosse, Isabela; Markarian, Vania. Ob. cit., p. 73.
179
Ídem, p. 117.
180
Ídem, p. 19.
figura se erigía por encima de cualquier división social y partidaria, en una visión,
claramente funcional a su concepción política, que relegaba la intervención de los
partidos en la consolidación de un nuevo orden institucional. Sería éste precisamente
uno de los asuntos fundamentales en el enfrentamiento entre Bordaberry y las FFAA en
el año 1976.181 Las FFAA, en cambio, reivindicaban la figura de Artigas como
inspiración y justificación para su entrada en la escena política a través del golpe de
Estado. La figura de Artigas fue especialmente reivindicada en su condición de militar,
marcándose como principal línea de continuidad entre su obra y la del Ejército la
defensa de la soberanía nacional. De esta forma, el Prócer aparecía vinculado con uno
de los conceptos más caros a la Doctrina de la Seguridad Nacional, sustrato ideológico
del régimen cívico-militar.
La apelación al pasado realizada por los militares no se limitó a José Artigas como
único referente; 1975 fue el tiempo de la revalorización del coronel Lorenzo Latorre,
cuyos restos fueron repatriados el 23 de mayo desde Buenos Aires en el buque “18 de
julio” de la Armada, como parte de las celebraciones del Año de la Orientalidad. 182 Este
rescate de la figura emblemática del militarismo del Uruguay del siglo XIX obedecía a
la necesidad de la cúpula castrense de encontrar en el pasado una justificación a su
irrupción en la vida política183. Esta intervención – que desde su óptica debía adquirir
rasgos de permanencia- no estaba legitimada por la tradición política uruguaya, que
indicaba que civiles y militares habían ocupado históricamente esferas distintas y que
éstos últimos debían limitarse a sus cometidos específicos. Es decir, la salida de los
cuarteles no parecía avalada por un pasado de impronta civilista. En este contexto, como
lo expresan Cosse y Markarian, la figura de Latorre, como militar que había asumido las
tareas gubernativas reservadas a los civiles, funcionó como un referente simbólico
proveniente del pasado para las nuevas atribuciones de los militares en el presente y en
el futuro. La asociación del dictador del siglo XIX con la modernización y “puesta en
caja” del Uruguay remitía a la de los militares golpistas del 73 con las ideas de
181
Ídem, p. 67.
182
El 20 de noviembre de 1974 el Poder Ejecutivo enviaba al Consejo de Estado un proyecto de ley con el
objeto de repatriar los restos del dictador Cnel. Lorenzo Latorre, fallecido en Buenos Aires el 18 de enero
de 1916, y sepultarlo en el Panteón nacional. Demasi, Carlos (Coord.) El régimen cívico-militar… ob.
cit., p. 62.
183
La propaganda y los actos dedicados a Latorre no tenían la firma de las FFAA en la publicidad; se
había informado que la iniciativa de la repatriación correspondía a la Comisión Directiva del Centro
Militar, aprobada por la Junta de Comandantes en Jefe. Con esta finalidad fue creada una “Comisión de
la Repatriación de los restos del Coronel Latorre”, la que, se ha señalado, habría sido una iniciativa
exclusiva de las élites militares destinada a justificar históricamente su ingreso a la vida política. Cosse,
Isabela; Markarian, Vania. Ob.cit., p 88.
desarrollo y seguridad, ejes conceptuales de su discurso. Se estrechaban de esta manera
los vínculos entre el pasado histórico y la Doctrina de la Seguridad Nacional, marco
doctrinario habilitante del protagonismo de las FFAA, que desarrollaremos más
adelante.
A diferencia de la figura de Artigas, la de Latorre no gozaba de la aprobación unánime
del elenco gubernamental, o al menos, el uso de la misma no era evaluado como
conveniente por todos sus miembros. En este sentido, Bordaberry había expresado casi
tres semanas antes de la repatriación de los restos, en carta al teniente general Julio
César Vadora, que la de Latorre (es) una “figura que aún divide a los uruguayos… no
es tiempo de introducir o excitar elementos que nos dividan” 184
Las reservas de
Bordaberry hacia el ensalzamiento de Latorre no se sustentaban en el carácter golpista
de éste185 sino que respondían a su propia posición en el entramado cívico-militar;
como señalan las ya citadas Cosse y Markarian, la recuperación de una figura de corte
netamente militar marginaba el protagonismo civil en el régimen dictatorial, tema sobre
el que las FFAA y el dictador manifestarían posturas encontradas.186
Los festejos estuvieron acompañados de “una explosión de espacios y escenarios de
conmemoración”187. Hubo lugares de culto, tales como la casa que fuera lugar del
nacimiento de Artigas, la meseta del Hervidero y la Plaza Independencia. Como parte
de éstos, el 15 de diciembre de 1978 se inauguró la Plaza de la Nacionalidad Oriental
con un acto multitudinario donde participaron las autoridades en pleno, escolares,
liceales, FFAA, caballería gaucha y un número importante de público que presenció la
inauguración y el desfile posterior. Marchesi observa que en el discurso del entonces
Intendente de Montevideo, Oscar Rachetti, hubo referencias a los partidos tradicionales,
pero no así a sus principales referentes históricos modernos (Saravia y Batlle), en una
práctica discursiva propia de los militares, que integraron pocos aspectos del Uruguay
moderno a su relato de la nación. 188
Tampoco fueron integrados a la evocación personalidades vinculadas al golpe de
Estado. La única figura rescatada en este sentido fue la de Martín R. Echegoyen,
Presidente del Consejo de Estado desde su instauración hasta que murió en 1974. Al

184
Ídem, p.86.
185
Recuérdese el término latorritos aplicado por el legislador colorado Amílcar Vasconcellos en
referencia a los militares con inclinaciones golpistas.
186
Las tensiones entre Bordaberry y los militares se reflejaron durante el cortejo fúnebre en homenaje a
Latorre. Cosse, Isabela; Markarian, Vania.Ob. cit.; p. 86.
187
Marchesi, Aldo. El Uruguay inventado… ob.cit.; p. 62.
188
Idem, p. 81.
cumplirse un año de su muerte, se colocó una placa en el despacho correspondiente al
presidente del Poder Legislativo. Posteriormente, a iniciativa de A. Méndez, se designó
con su nombre la Escuela Nº 38 de Montevideo.189 Señalan Isabela Cosse y Vania
Markarian: “El énfasis conmemorativo de personajes vinculados a la dictadura se puso
en una apelación de carácter colectivo que envolvía a todos los caídos en la lucha
antisubversiva”. 190
En esta refundación simbólica cumplió un rol fundamental la Dirección Nacional de
Relaciones Públicas (DINARP) creada en 1975 y en cuyo decreto de creación se
señalaba “que el proceso revolucionario que orienta y conduce el gobierno de la
República debe ser conocido y comprendido por la opinión pública, a efectos de
propender, con su consenso y adhesión al logro de los objetivos nacionales”. 191
Este
órgano cubrió diferentes áreas, tales como la elaboración de publicaciones gráficas,
productos cinematográficos, propaganda televisiva, radial y gráfica, muestras,
exposiciones, festivales artísticos, informativos para cine no solamente destinados a la
población dentro del país sino también para el exterior procurando combatir la campaña
contra la dictadura que se desarrollaba desde el exilio. Entre 1978 y 1984 el Estado
financió una abundante producción fílmica que abarcó informativos para cine:
Panorama (1978) y Uruguay hoy (1979), documentales y cine de ficción, del cual es un
ejemplo la película “Gurí” (1980). A las funciones de producir información y
actividades se le sumaba el de ejercer la censura sobre los medios de comunicación,
combinando una concepción autoritaria de la comunicación con un conjunto de intentos
proteccionistas de la industria cultural uruguaya. Esto configuró a la DINARP como un
nuevo centro para el control de la sociedad civil.
Los informativos en particular fueron los canales por los que la dictadura publicitó las
obras realizadas, obras que en sí mismas eran también un mensaje del régimen a la
sociedad. Así, por ejemplo, fue transmitida la inauguración del Mausoleo de la Plaza
Independencia el 19 de junio de 1977 (su construcción había sido dispuesta el 27 de
setiembre de 1974, iniciándose las obras en agosto de 1975), en una nueva forma de
culto al prócer tradicional, José Artigas, en el que se lo despojaba de concepciones y
acciones que pudieran remitir a lo político partidario.

189
Cosse, Isabela; Markarian, Vania. Ob.cit.; pp 52-53.
190
Ídem, p. 53.
191
Decreto 166/975, en Marchesi, Aldo. El Uruguay inventado… ob. cit., p. 12.
En estos informativos se proyectó la imagen de un país sin problemas ni conflictos; un
país cuya única preocupación se relacionaba con los desafíos del desarrollo y el
crecimiento; la visión propuesta sobre el Uruguay dictatorial era, entonces, de un fuerte
optimismo. El Ejército ocupó un rol protagónico en estos informativos; se lo mostraba
cumpliendo tareas de apoyo a la sociedad civil, sobre todo en el interior, no vinculadas
a la profesión militar estrictamente, lo que da cuenta de la amplitud de funciones que se
esperaba las FFAA cumplieran en el nuevo orden.
El imaginario dictatorial se nutrió asimismo de las tradiciones y costumbres propias del
campo, en una operación que remarcaba el conflicto interior- Montevideo, así como la
postura del gobierno priorizando al primero. 192 La apuesta al interior se vehiculizó a
través de diversas instituciones (intendencias, ministerios y entes) 193, y se manifestó en
el desarrollo de espectáculos artísticos folclóricos. Así, la “Semana de Lavalleja”,
inaugurada en 1971, adquirió a partir de 1975 una relevancia particular a través de la
“noche de los fogones” en la que se resaltaba lo típico, dentro de lo cual la cultura
gaucha era considerada como “esencia” de la tradición.
Las relecturas del pasado en clave nacionalista y autoritaria, la elección de “lo ruralista”
como representante del ser oriental genuino y la apuesta a una sociabilidad despojada
de las mediaciones ciudadanas propias de la democracia, se conjugaron con un cuerpo
teórico con el cual se pretendió revestir de racionalidad al régimen dictatorial: la
denominada Doctrina de la Seguridad Nacional.
8.2 El sustento doctrinario de la construcción del nuevo orden: la Doctrina de
la Seguridad Nacional.
La entrada de las FFAA como protagonistas en el escenario político y su creciente
incidencia se correspondían con el avance dentro de su seno de una nueva concepción
sobre sus funciones y su rol en la sociedad. Esta concepción, ajena a la tradición
democrática y liberal, provenía de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), la que
se constituyó en el componente fundamental de la formación militar en los países
inscriptos en la órbita de los EEUU.194
192
Marchesi, Aldo. El Uruguay inventado… ob. cit.; p. 41.
193
Idem, p. 54.
194
José Luis Castagnola y Pablo Mieres señalan que el primer documento en el que se pueden identificar
los principios de la DSN es la Resolución Nº 1 de la Junta de Comandantes en Jefe del 9 de setiembre de
1971. En el mismo se planteaban las finalidades de la lucha antisubversiva a cargo de las FFAA, entre las
que se mencionaban la de “proporcionar seguridad al desarrollo nacional, desarrollar el factor militar
en función de la misma, apoyar planes de desarrollo nacional y tomar a su cargo planes de desarrollo
parciales”. Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo: “La ideología política de la Dictadura” en: Appratto,
Carmen et al. El Uruguay de la dictadura (1973-1985) EBO, Montevideo, 2004.
Antes de desarrollar los principales postulados de la DNS, conviene señalar que el
contenido ideológico del régimen se nutrió también de componentes autóctonos,
provenientes muchos de ellos de las propias FFAA. En ese sentido, el proceso de
autonomización vivido por éstas desde antes del golpe de Estado contribuyó a reforzar
los lazos de solidaridad internos y el espíritu de cuerpo. La confrontación armada jugó
asimismo un papel importante: la lucha contra la guerrilla había dejado víctimas en la
institución militar, lo que fue factor de construcción de una memoria colectiva basada
en lazos de sangre que fortaleció un nosotros identificado con la pureza moral e
ideológica que se distanciaba progresivamente de una sociedad a la que creía debía
salvar. La depuración interna, en aras de suprimir todo elemento contestatario o
disidente dentro de sus filas, fue también un instrumento importante para la
consolidación de una conciencia colectiva militar.195 En este sentido, durante el año
1975, las FFAA procedieron a excluir de sus cuadros internos a militares vinculados
con la izquierda, quienes fueron sometidos a Tribunales de Honor, como por ejemplo
Brum Canet, vinculado al MLN, Pedro Montañez, vinculado al Partido Socialista, y los
generales Líber Seregni y Víctor Licandro, vinculados al Frente Amplio, entre otros.196
La construcción asimismo de un discurso militar que fundamentaba la intervención del
Ejército en figuras ajenas al mundo civil y político partidario – tanto más necesaria
cuanto mayor comenzaba a ser esa intervención- , como el coronel Lorenzo Latorre,
permitió a los militares adquirir una identidad política, distinta a blancos y colorados,
únicos partidos a los que reconocían legitimidad.197
Cosse y Markarian señalan que en el caso uruguayo, si bien la DNS fue la línea
predominante de las FFAA, otras corrientes doctrinarias, aunque marginales
tradicionalmente en el país, estuvieron también presentes, como el catolicismo, el
hispanismo y el nacionalismo, identificables en el pensamiento de Bordaberry. 198
La DSN dio una marca de identidad común a las dictaduras de Brasil, Chile, Uruguay y
Argentina, en tanto les aportó el concepto de seguridad como principio organizador del
nuevo modelo de sociedad que se pretendió fundar en estos países, al que se le agregó,
como un par indisoluble, el de desarrollo.199
Fue una ideología que se basó en la concepción bipolar propia del discurso de la Guerra
Fría emanado desde los EEUU, según la cual el mundo estaba dividido en dos bloques
195
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit.; p. 12.
196
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit pp. 342 y 343.
197
Cosse, Isabela; Markarian, Vania. Ob. Cit., p. 88.
198
Ídem, p115.
199
Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit., p. 115.
irreconciliables que no solo representaban sistemas políticos y económicos diferentes,
sino también estilos de vida y filosofías contrapuestas: una propia de la civilización
cristiana y democrática del mundo occidental, la otra representativa del materialismo
totalitario del comunismo internacional. Las fronteras entre ambos regímenes –
fundamentalmente las ideológicas- podían correrse, no solo en cualquier momento,
sino, además por efecto de acciones internas, por lo que se hacía necesario, desde la
óptica de la DNS, estar alerta permanentemente de forma de evitar el peligro desde
adentro, peligro para cuya identificación se utilizó el concepto de subversión, la que
pasaría a estar identificada con el “marxismo internacional”.
La DSN no fue una corriente ideológica autóctona, excepto por el caso brasilero. Entre
las corrientes que la inspiraron, Castagnola y Mieres ubican la teoría y práctica del
Ejército colonial francés en Argelia, ambas negadoras de la concepción liberal heredada
de la Revolución Francesa; las doctrinas militares de la España franquista y la visión
sobre los militares emanada de los EEUU, producto de su nueva relación estratégica con
América Latina. Esta última generó la idea de un nuevo “profesionalismo” militar,
cuyo objetivo principal pasó a ser la preservación de la seguridad interna ante los
riesgos de agresión ocasionados por la subversión. Esta tarea implicaba la necesidad de
una capacitación política de los militares, en la que los límites entre lo civil y lo militar
resultaban cada vez más difusos. El resultado de esta orientación fue la politización de
las FFAA, en las que predominó la convicción de que los militares tenían un papel
insustituible en lo que comenzó a llamarse la “construcción nacional”.
El aporte latinoamericano a esta construcción teórica provino de la Escola Superior de
la Guerra de Brasil, a través de Golbery de Couto e Silva. Éste postuló como prioridad,
en el marco de la Guerra Fría, el combate a la subversión interna y específicamente a lo
que se consideraba la agresión comunista. La Guerra Fría adquiría entonces una
dimensión de control intrasocietal, en aras de limpiar un cuerpo social que se
consideraba agredido.
En la confrontación mundial, Occidente era presentado como débil frente a la agresión
comunista, consecuencia tanto de un estilo de vida que, en la óptica de la DSN, estaba
eliminando las tradiciones cristianas, como de las instituciones democráticas que eran
evaluadas como ineficaces para hacer frente a un enemigo de nuevo tipo. En este
sentido, decía Bordaberry en su discurso del 19 de abril de 1975: “Las tradicionales
formas institucionales, válidas para el tiempo y las circunstancias en las que tuvieron
vigencia, no se demostraron luego capaces de enfrentar un enemigo que no existía
cuando fueron formuladas: el marxismo internacional “ 200
En esta lógica, se hacía
necesario el fortalecimiento de la civilización occidental, para lo cual había que
modificar tanto el marco jurídico como el ético y moral. La vida política era concebida
en términos de estrategia militar y guerra interna, en la que el concepto de subversión-
como enemigo permanente y multiforme- se convirtió en una idea clave para la
justificación de gobiernos autoritarios en los que la represión, el control, la vigilancia, y
la guerra psicológica, a cargo de los aparatos de información e inteligencia, se
convirtieron en instrumentos fundamentales.201 El accionar de la subversión era visto
como un obstáculo al desarrollo de la Nación, por lo que garantizar la seguridad era una
condición imprescindible para este último.
En este marco doctrinario, el concepto de Nación adquirió connotaciones de índole
organicista, concebida como un cuerpo que debía defenderse tanto de agresiones
externas como de enfermedades internas. Tarea de defensa para la cual las FFAA
aparecían como el encargado idóneo, en tanto especializadas en brindar seguridad. 202 El
concepto de nación en el caso uruguayo estuvo unido al término “orientalidad”,
expresión que refería a la conservación de las verdaderas tradiciones y a una “esencia”
nacional que debía ser protegida de la contaminación “foránea”. La DSN sostenía,
precisamente, la existencia de una guerra entre los sectores que socavaban los valores
nacionales y quienes encarnaban su defensa.
La DSN conllevaba una valoración negativa del funcionamiento de la institucionalidad
democrática liberal; cuestionaba el principio de separación de poderes, en una
concepción jurídica concentradora de los poderes del Estado, por entender que la
dispersión del poder público en una multiplicidad de ámbitos y órganos inhabilitaba la
capacidad estatal para ejercer sus funciones203. En esta lógica, lo que califica a un poder

200
Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit., p. 121.
201
Discurso del Tte. Gral Vadora del 20/10/75 en Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit., p. 124.
202
Del 19 al 25 de octubre de 1975 tuvo lugar la XI Conferencia de Ejércitos Americanos en Montevideo:
Señalan Martha Machado y Carlos Fagúndez: “Los temas tratados se mantienen bajo el rótulo “agenda
secreta” y solo a través de declaraciones dadas en reuniones informales realizadas con miembros de la
prensa, trascienden algunos de los puntos tratados en el curso de las deliberaciones: “reglamentación”
de las Conferencias de Ejércitos futuras, “la subversión en el Continente”, y “la lucha contra el
comunismo internacional”. En la inauguración de la Conferencia, el general Vadora (comandante en
jefe) sostiene que “los Ejércitos son instrumentos efectivos de integración nacional” y “por eso el
marxismo busca lograr su destrucción” Machado Ferrer, Martha; Fagúndez Ramos, Carlos. Los años
oscuros. Cronología documentada (1973-1979) Monte Sexto, Montevideo, 1991, p. 72.

203
En este sentido se manifestó Aparicio Méndez en su discurso del 1/9/76. En la exposición de motivos
del Acto Institucional Nº 8 se exponía esta teoría jurídica, al sostenerse: “…Es pues la separación de
poderes un defecto radical que parcela la unidad en el goce y ejercicio de la conducción del gobierno y
limita la responsabilidad…” Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit., p. 142.
del Estado es su capacidad de imponer las decisiones, por lo que solo el Poder Ejecutivo
tiene carácter de tal.
Los postulados doctrinarios planteados, entonces, dieron los argumentos que
justificaron la irrupción de las FFAA en el escenario político, en una entrada de carácter
mesiánico, pensada no como una participación acotada, sino como el inicio de un
proyecto en el que seguridad y desarrollo nacional irían de la mano.
C. El “ensayo fundacional”, 1976-1980
1. 1976: el gobierno en disputa.
1. 1 Las pretensiones fundacionales del dictador: contenido y trámite político.
En 1976, las desavenencias entre Juan María Bordaberry y las FFAA, presentes pero
soslayadas en los meses anteriores, se hicieron claramente visibles, constituyéndose en
el factor que llevó finalmente a la destitución del presidente de facto y al “giro
castrense” del régimen. 204
Como señala el historiador Carlos Demasi, Bordaberry no actuó en su período
dictatorial como un mero títere de las FFAA. 205 Así lo muestra la destitución, en mayo
de 1975, del vicepresidente del INAC (Instituto Nacional de Carnes) Eduardo Peile,
por haber favorecido la faena de los productores de menos de trescientas hectáreas. Los
militares tuvieron que aceptar la remoción de su cargo del funcionario, identificado con
las orientaciones del Gral. Gregorio Álvarez, aunque lo mantuvieron en el organismo. 206
Este episodio de fricción, si bien no vinculado a cuestiones de carácter institucional, ha
sido considerado como el antecedente más importante de la crisis de junio de 1976. 207
La necesidad de una definición en torno a las elecciones fue el catalizador para la
visibilidad de las fisuras en el bloque cívico-militar, ya que dio pie a las discusiones
dentro del gobierno en torno al proyecto a fundarse. Era sobre éste que se manifestarían
las diferencias; por otra parte, Bordaberry y los militares coincidían en no realizar la
convocatoria electoral en el año 1976, así como en mantener por el momento la
prohibición de las actividades políticas y en proscribir definitivamente al marxismo. 208

Un documento secreto de la COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos) 209 del 3 de

febrero de 1976 (Memorándum Nº 1/76) muestra que la Junta de Oficiales Generales de
las FFAA estaba decidida a la fecha a no realizar elecciones ni plebiscito en 1976. En
cuanto al diseño a futuro, manifestaban la decisión de mantener el sistema de gobierno
cívico-militar, con o sin Bordaberry, de reactivar los partidos políticos posteriormente y
de designar un primer y un segundo Vicepresidentes de la República favorables a las
204
Demasi, Carlos. Ob.cit.; p.48.
205
Ídem, p. 43.
206
Cabe señalar que la política agraria había generado asimismo algunas rispideces del régimen con uno
de sus apoyos sociales más importantes, la Federación Rural, expresada en la detención de Walter Pagés y
Edgardo Corso, aunque éstas no llegaron a debilitar el apoyo de los grupos empresariales al régimen.
207
Cosse, Isabela; Markarian, Vania. Ob.cit. p. 83.
208
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit. p. 44.
209
Corbo,Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit.; p. 36.
FFAA. Las razones para obtener estas designaciones serían dos: de orden secreto, “tener
al Presidente permanentemente inquieto ya que puede ser relevado en cualquier
momento”; de orden público, “asegurar que no se produzca sorpresivamente un vacío
de poder que afecte la continuidad del proceso político que están conduciendo las
FFAA” El documento no desarrollaba el punto titulado Base para la reforma
constitucional.210
El proyecto político de Bordaberry se plasmó en una serie de documentos de su autoría
211
enviados a la Junta de Oficiales Generales el 9 de diciembre de 1975, el 18 de
febrero de 1976 y el 1º de junio de 1976, los que fueron publicados por los militares
poco después de su destitución. Posteriormente Bordaberry lo dio a conocer de una
forma más detallada en su libro “Las opciones”, editado en 1980.
En el primero de estos memoranda Bordaberry expresaba su postura contraria a la
convocatoria a elecciones para 1976, la que fundamentaba en razones de distinta índole.
Por ejemplo, la incapacidad de los partidos políticos para volver a asumir la conducción
pública, ligada a la conveniencia para el gobierno de avanzar en la realización de
obras públicas, que se verían interrumpidas con una campaña electoral, así como el
riesgo que podría implicar para las FFAA el someterse a un pronunciamiento ciudadano
del que podría derivarse un juicio adverso.
La postura de Bordaberry sobre los partidos políticos y su rol en el futuro esquema
institucional – el aspecto más notorio de diferencia con los militares- aparecía
claramente establecida en este documento. Señalaba Bordaberry en este sentido que los
fundamentos del sistema anterior de partidos no se adecuaban a la realidad del momento
y que éstos no constituían defensa suficiente contra el marxismo, porque rápidamente
tendían a sustituir el objetivo nacional por el partidario. Sostenía en ese documento:
“los partidos políticos serán corrientes de opinión autorizadas, pero que no podrán
llegar al Poder por sus medios clásicos: reunión, prensa, etc. Estos son los medios que
emplea el marxismo para ir tomando parcelas de poder, en perjuicio y detrimento de la
Nación (…) De todos modos, el marxismo será excluido aún como corriente de opinión.
[…]En conclusión, las FFAA deben pronunciarse sobre la posibilidad de que se
instaure un nuevo régimen de Poder en virtud del cual ellas constituyan el sustento del
Gobierno en sustitución de los Partidos Políticos, de mantenerse y agravarse, como es
previsible, la situación imperante hoy en el mundo” 212
En este sentido, consideraba
210
Documento publicado por D. Achard y citado por Corbo El plebiscito constitucional… ob. cit.; p. 37.
211
Se ha indicado también a Álvaro Pacheco Seré como autor de los memorandos.
212
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; pp. 223 y 224.
ineludible reformar la Constitución de la República “ a fin de fijar incuestionablemente
el Poder y consolidar definitivamente la nueva función que se atribuye a las FFAA”
Bordaberry creía entonces que los partidos eran la causa fundamental del
“descaecimiento de las instituciones” en tanto expresión de intereses particulares
conducentes a la división de la sociedad, nocivos por ende para la “unidad de la
Nación”. A esta característica, le sumaba la debilidad: los partidos políticos, señalaba
Bordaberry, no eran defensa suficiente contra el peligro del marxismo, no solamente por
tender a la división, sino porque en aras de mantener su situación de poder, caerían en
debilidades que conducirían al deterioro moral y material del país.213 La unidad de la
nación, amenazada por diferentes factores de fragmentación como partidos y sindicatos,
era uno de los ejes del discurso de Bordaberry.
Sobre su postura respecto a los partidos políticos, en entrevista concedida a Miguel
Angel Campodónico, Bordaberry diría mucho tiempo después: “Que yo no quisiera
partidos políticos era una consecuencia, no era el objetivo primordial de mi proyecto
[…] terminé dándome cuenta – lo que, en definitiva, provocaría la crisis con las
FFAA.- de que con mi proyecto yo estaba atacando el núcleo del pensamiento
filosófico al crear un órgano que no estaría sometido – para hablar como Rousseau- a
la voluntad general. Lo que yo agredí fue el principio de que la soberanía está en el
pueblo […] Agredí al núcleo principal del pensamiento liberal y masónico” 214
En el marco del razonamiento de Bordaberry, las elecciones carecían de validez como
mecanismo de expresión política de los ciudadanos; éstos pasarían a demostrar su
adhesión espontánea a través de corrientes de opinión, en un encuadre propio de los
regímenes totalitarios.
Para las FFAA lo que debía sustituirse era el personal de los partidos políticos
tradicionales y no éstos como formas de organización política de la sociedad; a los
partidos había que controlarlos a través de una legislación estricta, depurarlos, pero no
suprimirlos. Julio C. Vadora, entonces Tte. Gral en Jefe del Ejército, diría
posteriormente sobre el desacuerdo de la mesa de generales con Bordaberry: “Era una
innovación demasiado grande y las FFAA en ese momento no estaban en condiciones
de echarse ese fardo arriba. Era una responsabilidad demasiado grande. Quizá fue
porque nos sorprendió. El sentimiento de la mayoría era el de no aceptar, creíamos que

213
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit; p. 313.
214
Ídem, p. 310.
no era bueno, aunque quizás hoy, visto en perspectiva, se pueda pensar que Bordaberry
tenía en buena parte razón” 215
Respecto a los mecanismos electorales, las FFAA mantenían la necesidad del voto
como instrumento de elección de los gobernantes, aunque con restricciones impuestas
desde el Estado a los derechos de los ciudadanos. Sostiene Pablo Mieres: “En este
sentido puede sostenerse que se enfrentan una visión corporativista de la sociedad
(Bordaberry) con una visión de pluralismo político limitado y tutelado
administrativamente por el poder estatal” 216
El dictador proponía además la creación de un órgano superior y permanente, que
unificara el poder, denominado Consejo Superior de la Nación - que funcionaría además
del Consejo de Seguridad- para la toma de las decisiones políticas de importancia.
Los memorandos implicaban asimismo una definición en torno al rol de las FFAA,
sobre el que ya venía pronunciándose Bordaberry. Por ejemplo, en el discurso del 19 de
abril de 1975, había señalado que éstas debían ser “garantes de la supervivencia de la
Nación y sustento del gobierno civil y la autoridad”, rol que implicaba
fundamentalmente el abocarse a la vigilancia, inteligencia, represión interna y defensa
externa. Aquí se manifestaba una diferencia con el lugar que las FFAA imaginaban para
sí mismas; éstas buscaban una institucionalización clara de su rol como actores de la
gestión gubernamental.
Afirmaba que las FFAA tenían “como su primer deber, su gran responsabilidad, nacida
del mandato popular, no regresar jamás, directa o indirectamente, al estado de cosas
que colocó a la República al borde del caos y la disolución, posibilitando el avance de
la infiltración extranjera”. De hecho, entonces, la concepción de la participación
popular defendida por los militares y la enunciada por Bordaberry durante 1975 se
contraponían a los fundamentos de la democracia representativa, aunque desde bases
doctrinarias muy disímiles. El presidente, - secundado por el secretario Álvaro Pacheco
Seré- rechazaba la tradición liberal y el influjo de la Revolución Francesa para asumir
una postura corporativista, de matriz ideológica diferente a la de los militares.
La vigilancia de las normas debía estar a cargo de las FFAA. “Si las FFAA han de
retener en realidad el poder, no para su ejercicio directo sino para la vigilancia de los
valores esenciales de la Nación, por qué no reconocerlo francamente y estructurar un
sistema para el cambio de hombres y aun de corrientes de opinión en la conducción de

215
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; pp. 255.
216
Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit p. 141.
la cosa pública, que incluso hasta podría suponer alguna forma de participación
directa de la ciudadanía a través del voto, en tanto ella no arriesgue lo sustancial” 217
El historiador Lincoln Maiztegui valora el proyecto bordaberriano de la siguiente
manera: “El país no había conocido algo ni remotamente parecido a lo largo de toda su
historia. El proyecto de Bordaberry y Pacheco Seré propugnaba, más allá de
leguleyerías de detalle, la instalación de un sistema político corporativo, con
instituciones integradas por ciudadanos que no representaban a ninguna corriente
política formalizada, que se renovaban por cooptación y cuyos integrantes eran
designados sin consultar al pueblo. Un sistema híbrido en que se reservaba a las
Fuerzas Armadas un activo papel de vigilancia y arbitraje, en el que los partidos
políticos- aun aquellos que se consideraban legales- no podían incidir en la
designación de las autoridades, en el que no se realizarían elecciones y en el que se
anulaba la clásica división de poderes de Montesquieu.” 218
Entre fines de 1975 y los primeros meses de 1976 Bordaberry hizo circular su propuesta
entre varios hombres de su confianza afines al régimen. Fueron así consultados el
Embajador en España Jorge Pacheco Areco, el Canciller Juan Carlos Blanco, el
Ministro de Economía Alejandro Végh Villegas, el ex ministro de Ganadería Carlos
Frick Davie, el ex subsecretario del Interior Carlos Pirán, el prosecretario de la
Presidencia Aurelio Terra y el ingeniero Bertrand Gruss Dassain, presidente de
ANCAP. También realizó un trabajo sobre la propuesta el secretario de la Presidencia
Álvaro Pacheco Seré. De todos los consultados, solamente Pacheco Seré y Frick
219

Davie manifestaron un apoyo entusiasta al presidente; las otras respuestas expresaban

discrepancias con algunos puntos específicos, como el de la eliminación de los partidos
políticos, o mostraban la inquietud de los consultados ante una eventual división en las
FFAA frente a la propuesta. 220
Jorge Pacheco Areco le contestó a Bordaberry mediante una carta, fechada el 29 de
noviembre de 1975. Expresaba allí el ex - presidente colorado su desacuerdo con la
disolución de los partidos políticos al tiempo que le advertía que cualquier iniciativa
contra las tradiciones democráticas sería resistida, incluso por las FFAA. Le indicaba
que ante cualquier eventualidad Bordaberry debería permanecer en su cargo, aceptando

217
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 314.
218
Ídem.; p. 316.
219
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 219.
220
Ídem.
que los militares no convocaran a elecciones, punto éste sobre el que Bordaberry en
realidad no tenía reparos. 221
Carlos Pirán se manifestó en contra de la propuesta de Bordaberry, aun coincidiendo en
que no había condiciones de normalidad para realizar elecciones en 1976. Se
pronunciaba a favor de habilitar el funcionamiento del Partido Comunista del Uruguay
(PCU), pero también de reglamentar las campañas electorales. Señalaba: “ no debe
olvidarse que a la fecha, varias generaciones de las FFAA (…) se formaron bajo la
conducción nacional del Gobierno por los Partidos Políticos o con el ejercicio del
Poder radicado en los mismos, respetando siempre la Constitución, lo que siempre ha
constituido una arraigada tradición en el país” “si lo que en realidad y
verdaderamente se busca es preservar a las FFAA de un juicio de la opinión, de un
desgaste, hay que mantenerlas alejadas del proceso político. El hecho de que se vote
por Partidos Políticos es precisamente lo que preserva a las FFAA” 222

Végh Villegas223 envió su respuesta a Bordaberry a través de un memorándum fechado

el 7 de enero de 1976. En la misma, señalaba su coincidencia con lo que denominó
“aspectos doctrinarios fundamentales” así como en el papel que se le daba a las FFAA
para el manejo de los asuntos públicos y en la conveniencia de prorrogar el mandato del
Presidente de la República. Planteaba sin embargo su discrepancia con la eliminación
de los partidos políticos: “Yo creo que es cierto que los partidos están en receso
obligado y no están preparados para reasumir la conducción pública, lo cual, por otra
parte, no es una situación saludable”…”el receso obligado y sine die de los partidos
tradicionales es, a mi juicio, un peligro para el futuro de la Nación porque, al crear un
“vacío político” en el país deja libre el campo a la acción clandestina de los grupos
marxistas y, especialmente del Partido Comunista” 224
Para el Ministro, las FFAA
debían retornar gradualmente a su rol tradicional y al más reciente de “árbitro supremo
de la Nación” o “último recurso para la República”
Advertía sobre los riesgos de un sistema que denominaba “tecnócrata-militar”, así
como del peligro de una fractura interna en las FFAA. Insistía en dos posibilidades que
le preocupaban especialmente: la primera, una crisis del gobierno militar en que éste se
221
Ídem, p. 226.
222
Ídem, p. 228.
223
Végh Villegas era, de los ministros del gabinete, el que se sentía más ligado a su sector, en particular a
Jorge Batlle y Julio Ma. Sanguinetti y, junto con Blanco, era de los que tenían más perfil político. Lessa,
Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 230.
224
Ídem, p.232.
liquidara a sí mismo, entregándole el poder a los partidos que antes perseguía; la
segunda, la aparición de un caudillo que salido de las FFAA buscara y obtuviera un
prestigio civil que gradualmente le permita prescindir del apoyo de su punto de origen.
Proponía un esquema alternativo de apertura gradual en que establecía una similitud con
la salida del régimen terrista. Así lo expresaba en el documento enviado a Bordaberry:
“No ha de ser por supuesto un proceso corto ni sencillo. En mi concepción yo lo veo
culminando recién en 1985, con elección del primer Presidente de la República electo
cabalmente bajo las nuevas “reglas del juego”. Esto es: postularía una prórroga del
mandato del actual Jefe de Estado por el término de 3 años y una elección de un nuevo
Presidente en 1980, bajo condiciones que todavía serían de cierta anormalidad. Para
acudir, acaso en un exceso de simplicidad, a un símil histórico, veo al período
“terrista” extenderse hasta 1980, con un “Baldomir” cubriendo el período 1980-1985,
y un “Amézaga” con pleno funcionamiento de los partidos tradicionales y del nuevo
régimen de 1985 en adelante.”225 Végh Villegas inició contactos con algunos militares
para calibrar las posibilidades de una transición, que consideraba Bordaberry debía
encabezar; luego, cuando vio que el acuerdo con éste no se concretaba, aceleró los
contactos con Julio Ma. Sanguinetti, Jorge Batlle, Luis Barrios Tassano y con Dardo
Ortiz, Diego Terra Carve y Juan Pivel Devoto. Alembert Vaz era quien transmitía el
resultado de esos contactos a Wilson Ferreira Aldunate. 226 Mantuvo una conversación en
Buenos Aires con Zelmar Michelini, al tiempo que buscaba intensificar los vínculos con
los dirigentes blancos para así persuadir a Wilson Ferreira Aldunate de negociar para la
salida. En el ámbito militar los principales interlocutores eran los generales Gregorio
Alvarez, Eduardo Zubía y el coronel Abdón Raymúndez. El secuestro y asesinato de
Michelini y Gutiérrez Ruiz, así como la designación de Aparicio Méndez, frenaron este
diálogo incipiente.
Carlos Frick Davie respondió con elogios a la propuesta de Bordaberry, señalando como
puntos positivos de la misma la descripción que éste hacía de los partidos políticos; la
distinción realizada entre radicación y ejercicio del poder, el señalamiento de los
condicionamientos realizados a nivel internacional por las potencias marxistas y el
terrorismo internacional, así como los conceptos vertidos respecto a la huelga.
El Prosecretario de la Presidencia Aurelio Terra expresó discrepancias respecto al
futuro institucional, señalando que el poder no debería estar radicado en ningún sector

225
Ídem, p. 233.
226
Ídem, p. 231.
de la sociedad, en tanto perteneciente al Presidente de la República; la misión de las
FFAA debería ser el “servicio y vigilancia de los valores supremos de la Nación y de su
integridad”. Respecto a los partidos políticos tradicionales se distanciaba de la postura
de Bordaberry: “Su existencia, su peculiar y profundo arraigo en el alma popular,
desde la iniciación nacional, les dan una especial significación. Son reservas de
tradición, de profundo contenido afectivo” […] “Representan despojados de los tristes
accidentes que los deformaron, por obra de arribistas, una fuerte reserva moral, de
valores espirituales y de arraigo popular” 227
El Presidente de ANCAP, Bertrand Gruss Dassain, expresó algunas coincidencias con
Bordaberry en el análisis de la situación pero discrepó en las soluciones. “Este Proceso
se encuentra en pleno desarrollo y no debe interrumpirse prematuramente para cumplir
con una formalidad del proceso agotado” 228
Pacheco Seré elaboró un documento respaldando la propuesta de Bordaberry. 229 En el
mismo, señalaba que la hasta entonces actitud legítima de las FFAA dejaría de serlo si
cambiase por otra postura que la impulsase a ocupar posiciones políticas sin que las
circunstancias lo justificasen; expresaba asimismo que la existencia de partidos políticos
no era posible en un régimen político “que quiere enfrentar al marxismo internacional y
a la demagogia que ponen en peligro la existencia misma de los Estados”; se manifestó
a favor de prorrogar el mandato presidencial manteniendo la supremacía del poder civil.
Las FFAA no contestaron rápidamente a los planteos de Bordaberry, por lo que éste, el
18 de febrero de 1976, envió un nuevo memorándum quejándose por la falta de
respuesta. Frente a esto, la jerarquía castrense promovió la apertura de negociaciones,
llevadas a cabo por los ministros Walter Ravenna, Adolfo Cardozo Guani- de Defensa y
de Industria y Energía respectivamente- y el secretario de la presidencia Alvaro Pacheco
Seré, representando todos al Ejecutivo, y por la COMASPO, integrada por los
Generales Gregorio Alvarez, Eduardo Zubía, el Contraalmirante Hugo Márquez, y el
Brigadier Raúl Bendaham por las FFAA. Para estas últimas Bordaberry seguía
importando como fuente de legitimidad para el régimen, en tanto había sido
227
Ídem, p. 236.
228
Ídem, p 236.
229
Lessa, plantea que, según Vegh Villegas, Álvaro Pacheco Seré fue el verdadero autor de los
documentos presentados por Bordaberry. Secretario de la Presidencia, autor del decreto de disolución de
las Cámaras que formalizó el golpe de Estado de 1973, con un pasado vinculado al Partido Colorado y
con una visión ultracatólica, Pacheco Seré influyó en Bordaberry en su rechazo a los partidos políticos y
a la Masonería. Ambos compartieron tanto las ideas falangistas y corporativistas como la desconfianza
hacia Gregorio Alvarez, fundamentalmente por su adhesión a los comunicados 4 y 7, y a las
conversaciones que había mantenido con los tupamaros en los cuarteles. Lessa, Alfonso. La primera
orden… ob. cit.; p.136.
inicialmente electo por la ciudadanía. Fracasadas las reuniones con la COMASPO,
Bordaberry volvió a reunirse con la Junta de Oficiales Generales, en un diálogo que
terminó resultando inconducente. Gregorio Álvarez, figura importante en estos
intercambios, sostuvo que el problema no eran las estructuras partidarias, sino los
hombres que habían formado parte de ellas.230
El 1º de junio Bordaberry expuso su proyecto ante la Junta de Oficiales Generales. En
esa instancia planteó su decisión de eventual permanencia en el cargo, condicionándola
a la aceptación de su propuesta por parte de las FFAA.
El presidente comparó en esa instancia su propuesta con la de las Fuerzas Armadas.
Enfatizó la diferencia entre ambos en cuanto a la percepción del marxismo, el que para
Bordaberry era por definición una “agresión”. Planteó también sus diferencias respecto
a los partidos políticos y su rol histórico, reiterando su visión de éstos como enemigos
de la unidad nacional: “No puedo aceptar la afirmación de que los Partidos Políticos
hicieron a la Nación; la Nación la hicieron los hombres a pesar de los Partidos
Políticos”.231
En una siguiente reunión, el 6 de junio de 1976, entre el equipo civil de gobierno y la
Junta de Comandantes en Jefe, el clima de distanciamiento entre unos y otros
predominaba. Se alcanzaron sin embargo dos acuerdos: la supresión de las elecciones
previstas para noviembre de 1976 y la aceptación de Bordaberry de continuar más allá
de esa fecha en la presidencia de la República, que el presidente de facto condicionó a la
aceptación de una nueva organización institucional. 232
La postura de Bordaberry acrecentó el descontento entre los oficiales generales; 233 entre
quienes la idea de suprimir a los partidos políticos no era bien vista. Entre los militares,
Gregorio Álvarez tuvo un rol decisivo en el rechazo de los planteos de Bordaberry en
este sentido.234 Alfonso Lessa relata que en el transcurso de las negociaciones Álvarez
expresó: “Quince años los vamos a tener proscriptos y después van a venir políticos
nuevos””Les pasamos la espumadera y dejamos a los buenos políticos”. A lo que
contestó Pacheco Seré: “La espumadera no, general, la excavadora, hay que ir a
fondo”235

230
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 248.
231
Ídem, p. 251.
232
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 309.
233
Ídem, p. 255.
234
Lessa, Alfonso. La primera orden…ob. cit.; p.71.
235
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 176.
Otras diferencias entre Bordaberry y los militares referían al rol del Estado en la
economía. Para Bordaberry “debía descartarse el papel protagónico del Estado en el
desarrollo económico” En esta línea, remarcó las discrepancias entre el Plan Nacional
de Desarrollo, aprobado en 1973 y varios documentos emanados de las FFAA como el
ya mencionado “Política de la República.”Bordaberry le adjudicaba a Álvarez un
papel protagónico en la elaboración de estos documentos, entre otros motivos por el
trabajo que el militar había presentado cuando postuló para ascender a general, trabajo
que se inscribía en la tónica de los comunicados 4 y 7 de febrero de 1973. 236
Paralelamente, los militares fueron notando el escaso apoyo que tenía Bordaberry, a
través de consultas informales con ministros y con responsables de los medios de
comunicación. El 10 de junio le entregaron los borradores de los Actos Institucionales
que expresaban su proyecto político, aunque con pocas expectativas de alcanzar un
acuerdo.
Al día siguiente en Suárez Chico se produjo la última reunión, en la que Bordaberry se
negó a firmar las actas. Allí, tuvo lugar un intercambio fuerte con el general Eduardo
Zubía que evidencia el grado de tensión alcanzado entre los mandos castrenses y el
todavía dictador en ejercicio. 237
Sobre las diferencias entre éstos, años después Végh
Villegas le relataría a Alfonso Lessa la siguiente anécdota: “Me acuerdo de una frase
muy clara de Eduardo Zubía, un hombre de pocas palabras pero que tenía calidad,
[que] le dijo a uno de los ministros civiles que lo contradijo en algo: “¿Ud. sabe lo que
pasa? Que la discrepancia entre el presidente Bordaberry y la Junta de Oficiales
Generales en este tema es la siguiente: en materia político institucional el presidente
quiere un barco completamente nuevo, y nosotros queremos calafatear el barco nuevo y
seguir adelante” […] Era calafatear el barco viejo y seguir adelante, y no había
tutía.”238
En síntesis, hasta junio de 1976 estuvieron en tensión dos modelos de dictadura, dos
formas de entender la continuidad del régimen, cuya diferencia fundamental estribaba
en la existencia o no de los partidos políticos y en el rol adjudicado a las FFAA. En
ambos proyectos se excluía a la izquierda del escenario y se mantenía la prohibición de
actividades políticas como rasgo característico del sistema. En ambos, la palabra
democracia aparecía vaciada de todo su contenido.239

236
Ídem, p.224.
237
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; pp.323 y 324.
238
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 137.
239
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p.47.
2. La salida de Bordaberry y la reconfiguración del espacio dictatorial cívico-
militar.
La confrontación de los dos proyectos derivó en una crisis política que llegó a su
desenlace con el retiro del apoyo a Bordaberry por parte de las FFAA. Este
distanciamiento se había evidenciado en la propuesta de creación de un Tribunal de
Control Político para Bordaberry, sospechado de adulterar información de carácter
económico240. Las diferencias se hicieron públicas finalmente en un comunicado
emitido por las FFAA el 12 de junio de 1976, día en que Bordaberry enviara una misiva
a la Junta de Oficiales Generales expresando su intención de no renunciar hasta el 1º de
marzo de 1977. Los militares decidieron poner fin a las ya prolongadas desavenencias y
le comunicaron por carta su destitución, la que fue firmada por los comandantes en jefe
Julio C. Vadora, del Ejército, y Víctor González Ibargoyen, de la Armada, y por el
brigadier general Dante Paladini de la Fuerza Aérea. En un documento interno firmado
por Vadora se manifestaba el malestar militar con Bordaberry: lo acusaba de desertor y
de “aviesas intenciones” de enfrentar a civiles y militares. 241
Se produjo entonces la salida de Bordaberry del gobierno – el “golpe dentro del
golpe”-242, designándose a Alberto Demicheli como presidente interino. Solo
acompañaron al dictador saliente, renunciando a sus cargos, el ministro de Vivienda y
Promoción Social, Federico Soneira, y el secretario de la Presidencia, Alvaro Pacheco
Seré. Continuaron en sus cargos como Ministros Linares Brum, del Interior, Végh
Villegas, de Economía243, Blanco, de Relaciones Exteriores, Ravenna , de Defensa
Nacional, Cardoso Guani , de Industria y Energía, Aznarez, de Agricultura y Pesca,
Arcos Pérez, de Salud Pública, Daniel Darracq , de Educación, Eduardo Crispo , de
Obras Públicas, y el director de la OPP, ingeniero Anichini.
Sobre la salida de Bordaberry expresa el historiador Lincoln Maiztegui: “Debe ser el
derrocamiento más elíptico de la historia mundial de los golpes de Estado y de las

240
Gillespie, Charles. Negociando la democracia. Políticos y generales en Uruguay. FCU. ICP.
Montevideo, 1991.
241
Lessa, Alfonso. Estado de guerra…ob.cit.; p. 261.
242
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 44.
243
Végh Villegas se retiró de su cartera cuando Aparicio Méndez fue designado presidente, ya que no
estaba de acuerdo con las proscripciones del elenco político que éste había anunciado firmaría. Maiztegui,
Lincoln. Ob.cit., p. 372. Luego de renunciar, continuó ligado al régimen, ya que integró el Consejo de
Estado hasta 1979 y fue embajador en EE.UU por un año. Lessa, Alfonso. La última orden… ob.cit.;
p.98.
dictaduras; no se declaraba la destitución del presidente sino que se le notificaba que le
han perdido la confianza…” “El Consejo de Ministros permaneció casi en pleno en el
ejercicio de sus funciones, como si el derrocamiento del presidente hubiera sido un acto
de rutina”244
La razón aducida por el mando castrense para quitar el apoyo a Bordaberry era la
discrepancia en torno a la eliminación de los partidos. Los militares expresaban en el
comunicado “no querer compartir el compromiso, la responsabilidad histórica de
suprimir los Partidos Políticos tradicionales”, al tiempo que anunciaban su oposición a
la “inmediata promulgación de una Constitución con principios […] que disienten
profundamente con nuestras más caras tradiciones democráticas […] sustituyéndola
durante un período transitorio por Leyes Constitucionales”.
Los militares dirigían sus críticas no a los partidos en sí – siempre refiriéndose a los
partidos tradicionales- , sino a sus dirigencias; consideraban que el problema del sistema
político radicaba en prácticas y personalidades que los habían corrompido, de las que
había que sanearlo. 245
La destitución de Bordaberry, señala Demasi, significó el inicio de una nueva situación
política marcada por la desaparición de la última figura institucional que conservaba
alguna forma de legitimidad electoral, y la consolidación de los militares como actores
políticos dominantes. 246
La posición contraria del mando castrense a la supresión de los partidos no fue
obstáculo para que el nuevo presidente firmara la suspensión de la convocatoria a
elecciones, establecida en el Acto Institucional Nº1, del 12 de junio, en el que se
declaraba la incompatibilidad entre la paz social y la actividad de los partidos.
Esta medida fue acompañada por un segundo Acto Institucional, por el cual se creó un
nuevo órgano de gobierno, denominado Consejo de la Nación, que estaría conformado
por el Consejo de Estado más la Junta de Oficiales Generales. Sus funciones serían
designar al Presidente, al Consejo de Estado, a la Suprema Corte de Justicia, al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a la Corte Electoral. El artículo 7 decía:
“La preservación de la Seguridad Nacional es de competencia y responsabilidad
directa de las Fuerzas Armadas mediante los órganos que determine la ley”.
El “giro castrense” realizado por el régimen no significó la exclusión de los civiles del
gobierno pero reformuló sus formas de participación, subordinándolos más claramente a
244
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; pp. 326 y 327.
245
Castagnola, José Luis; Mieres, Pablo. Ob.cit.; p. 70.
246
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 48.
los cuadros militares. 247
Así, se profundizó la tendencia de los militares a concentrar el
poder y a reducir al mínimo el peso de los civiles en el régimen, expresado por ejemplo
en su escasa visibilidad pública o en la poca trascendencia de sus participaciones
oficiales. . Señala en este sentido Charles Gillespie: “El poder real no lo tenía el
248

presidente sino la Junta de Comandantes en Jefe, que a su vez estaba bajo el control de
veintiún generales que integraban la Junta de Oficiales Generales creada en 1976.
Literalmente este organismo se convirtió en la Cámara Alta de la legislatura del
régimen y sus sesiones conjuntas con el Consejo de Estado se denominaron Consejo de
la Nación. Estos generales en servicio fueron los que echaron a Bordaberry y le
exigieron a Demicheli, el presidente interino, que decretara la postergación de las
elecciones de 1976 y que promulgara algunos actos institucionales nuevos. A
continuación el Consejo de la Nación eligió a Aparicio Méndez nuevo presidente. De
ahí en adelante, los generales intervenían frecuentemente para dar órdenes específicas
a todo nivel y sin tener en cuenta las formalidades. Las decisiones políticas
importantes se adoptaron en “cónclaves cívico-militares” 249
La salida de Bordaberry, entonces, producto del enfrentamiento entre las facciones
golpistas, habilitó la militarización del Estado, entendida esta como la colonización de
la mayoría de los aparatos estatales y para estatales por los militares, en la fundación de
un proyecto que tomaba distancia tanto de la democracia liberal como del orden
corporativo imaginado por el dictador saliente, proyecto cuyos contornos terminarían
siendo definidos hacia 1980250

3. La institucionalización de la supremacía militar.

3.1 Los Actos Institucionales.
Los Actos Institucionales (A.I.) fueron un conjunto de disposiciones de rango
constitucional emanadas del gobierno cívico-militar, que reiteraban o alteraban las
disposiciones de la Constitución. Fueron utilizadas como instrumento jurídico para

247
Ídem, p. 49.
248
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 53. Señala este
historiador que los mecanismos de designación de los civiles para cargos en el poder influyeron en esta
disminución de su presencia. Por ej., en el cargo de presidente, la forma de designación de A. Méndez no
revestía el mismo tono de legitimidad que los militares interpretaban que Bordaberry sí tenía.
249
Gillespie, Charles. Ob. Cit. ; p. 70.
250
Luis E. González, citado por Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional…ob.cit.; p. 55.
gobernar a partir de 1976 y formalizar el poder militar 251 La idea original provenía del
modelo brasileño y funcionaron “como ensayo y anticipación preparatoria de la nueva
institucionalidad”.252 Fueron planteados desde el gobierno como forma de regulación
hasta que no se decidiera la reforma constitucional, a la vez que considerados como la
materia prima a partir de la cual diseñar esta última. 253 Daniel Corbo conceptualiza los
A.I. como “aparatos fundacionales, en tanto normas que se propusieron instaurar una
nueva institucionalidad, reformular los resortes básicos del Estado y promover la
aparición de nuevos roles socio políticos”, en síntesis, los instrumentos para la
instauración de una nueva estructura organizativa del Estado. 254
Ya se ha indicado el
contenido de los A.I. 1 y 2, por lo que se pasará a describir el contenido del A.I. 3. Por
éste, fechado el 3 de setiembre de 1976, se creó el Ministerio de Justicia, creación
justificada en la consideración de la separación de poderes como un principio erróneo
en tanto comprometía “ la supremacía natural que corresponde al Ejecutivo como
órgano de dirección” De esta forma se liquidaba jurídicamente la independencia del
Poder Judicial.
Este A.I. refería también a la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión, la
que asistiría al Poder Ejecutivo en la formación de los Planes y Programas de Desarrollo
del Estado. Se refería a las administraciones municipales en donde se mantendría el
régimen de intervención.

251
“Otro tipo de disposiciones fueron las denominadas leyes fundamentales y los decretos leyes. El
concepto de leyes fundamentales fue definido en el artículo 6 del A.I. Nº 2, el que establecía que éstas
referirían a temas municipales, régimen de servicios descentralizados incluidos los docentes, de registro
cívico y electoral, régimen de la función pública y de control de gastos e inversiones de la
administración, los que para ser aprobados requerían el voto conforme de las tres cuartas partes de los
componentes del Consejo de Estado y solo podían ser derogados o modificados por el mismo quórum y
en dos votaciones sucesivas, separadas por un término no menor de diez días. Sobre la materia municipal
la Ley Fundamental nunca se dictó y fue sustituida por el decreto del 3 de julio de 1973 y (A.I. Nº 3) que
definió la composición y atribuciones de la llamada Junta de Vecinos (sustitutiva de las Juntas
Departamentales). En lo que se refiere al régimen de los servicios descentralizados, incluidos los
docentes, tampoco hubo Ley Fundamental sino simplemente intervención. (La intervención de la
Universidad se realizó por decreto del 28 de octubre de 1973, encargándose al Ministerio de Educación
y Cultura su administración) Tampoco se dictó la Ley Fundamental sobre registro cívico aunque sí se
legisló sobre los partidos políticos (Leyes Fundamentales Nº 2 y Nº 4) La ley Nº 3 estableció la
prohibición de huelga de los funcionarios públicos, las leyes Nº 5 y Nº 6 sobre la estabilidad de los
funcionarios públicos contratados y la Nº 7 sobre redistribución de funcionarios públicos. Al fin del
régimen hubo leyes especiales relativas al otorgamiento de beneficios jubilatorios para cargos políticos y
de particular confianza. Dentro de los decretos leyes se destacan la Ley Nº 14.157, Ley Orgánica Militar,
que incluía la teoría de la Seguridad Nacional, la competencia de la Junta de Comandantes en Jefe y el
sistema de cooptación para el ascenso de la oficialidad.” Bruschera, Oscar. Las décadas infames.
Análisis político 1967-1985. Editorial Linardi y Risso, Montevideo, 1986, p. 100.
252
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 41.
253
Ídem.
254
Ídem, .p 23.
El A.I. Nº 4 del 1º de setiembre de 1976 proscribía a los políticos de acuerdo a la
siguiente gradación: se prohibía por el término de quince años la actividad política,
incluso el voto, a la totalidad de los candidatos integrantes de las listas para las
elecciones generales de 1966 y 1971 de los partidos o grupos políticos marxistas y
promarxistas, mencionados en los decretos 1788, de 1967 y 1026 del año 1973, y la
totalidad de las personas procesadas por delitos de lesa nación. Se establecía el mismo
castigo pero con derecho a voto a los candidatos para las mismas elecciones de las
organizaciones políticas “que estuvieran asociados electoralmente con las
organizaciones mencionadas y los procesados por delitos contra la Administración
Pública cometidos durante el ejercicio de sus cargos políticos”. Esto implicaba
proscribir a todos los integrantes del Frente Amplio, los candidatos a la Presidencia y
Vicepresidencia de todos los partidos en las elecciones de 1966 y 1971; los titulares y
suplentes que hubieran ocupado efectivamente el cargo en las Cámaras electas de 1966
y 1971 “salvo los que están ocupando cargos políticos a la promulgación de la
presente disposición” y también a los “miembros de los actuales Directorios de los
Partidos Políticos”. Se creó una Comisión Interpretativa – que presidiría el general
Hugo Linares Brum- para pronunciarse sobre las proscripciones individuales a petición
de parte u oficio, integrada por tres miembros, uno designado por el Poder Ejecutivo,
otro por el Consejo de Estado y el tercero por la Junta de Comandantes en Jefe. 255 La
decisión estaba precedida de una fundamentación en la que se responsabilizaba a los
partidos políticos de la descomposición institucional que diera origen al golpe de Estado
y se justificaba en que la futura restauración de la vida política requería preparar a las
nuevas generaciones dentro de los partidos tradicionales y, para ello, “prescindir de
aquellos hombres que no supieron estar a la altura de los acontecimientos para que la
voluntad soberana se ejerza en los exactos términos que señala el derecho público en
gestación”. La pertenencia a “asociaciones políticas antinacionales y de organizaciones
subversivas” implicaba la pérdida de todos los derechos políticos, voto incluido. La
firma de este Acto Institucional, que implicaba la proscripción de la dirigencia política,
estuvo a cargo del Dr. Aparicio Méndez256, quien había asumido la presidencia de la
255
Bruschera, Oscar. Ob.cit.; p. 102.
256
Aparicio Méndez había nacido el 13 de marzo de 1903 en Rivera. Abogado de origen humilde, militó
en el Partido Nacional, vinculándose a Wilson Ferreira Aldunate, pese a su perfil conservador y
autoritario. Llegó a integrar la Corte Electoral en 1940 y a ser Ministro de Salud Público entre 1961 y
1964. Fue el abogado del Partido Nacional que, a nombre del partido, presentó el escrito impugnando las
elecciones de 1971. Apoyó el golpe de Estado de 1973 y fue miembro del primer Consejo de Estado.
Cuando murió Martín Echegoyen fue designado presidente de este órgano y posteriormente fue
vicepresidente de la República. Ejerció la presidencia del 1º de setiembre de 1976 al 1º de setiembre de
República el 1º de setiembre. Su predecesor, Alberto Demicheli, se había negado a
firmar esta disposición, por lo cual fue desplazado del cargo.
El 25 de octubre de 1976 se promulgó el A.I. Nº 5, en el que se planteaba la seguridad
interna como un derecho ciudadano. Se entendía por éste “una tutela integral del
Estado que le permita la vigilancia de sus Derechos Humanos y el libre ejercicio de sus
Derechos Individuales. En consecuencia, la defensa de los Derechos Humanos e
Individuales, que encaran al hombre como unidad, debe regularse en función de la
seguridad interna, que lo encaran colectivamente dentro de una organización política y
un orden social”. Se trata entonces de una nueva concepción de los derechos humanos,
en la que éstos quedaban supeditados al derecho a la seguridad interna, cuya vigencia
se haría efectiva mediante la “tutela integral del Estado”.

Por el A.I. Nº 6 del 19 de enero de 1977 se intervino el sistema electoral, anunciándose

un proyecto nunca presentado de depuración del Registro Cívico Nacional y “de una
mecánica del voto ajustada a las exigencias de la realidad actual”
El A.I. Nº 7 del 27 de junio de 1977 estableció un régimen de amovilidad de todos los
funcionarios (podían ser cesados aunque no hubiera ineptitud, omisión o delito, y sin las
garantías del proceso administrativo y del contralor legislativo) y se estableció un
sistema de redistribución burocrática, compensaciones por ceses y provisoriato de un
año para las designaciones ulteriores. La medida se justificó en las dimensiones de la
burocracia, pero fue básicamente un instrumento para perseguir a los opositores (de ahí
la categorización de los funcionarios en letras A, B y C) 257 al tiempo que introducir
privilegios haciendo caso omiso tanto de la estabilidad como de las carreras funcionales.
Este A.I. unificó, consolidó e hizo sistemática la política de expulsión del Estado de
todo aquel que no diera prueba de adhesión al régimen, comenzada con la ley 14.248
del 30 de julio de 1974. Por esta ley se exigió la firma de una declaración jurada de
adhesión al régimen –“declaración de fe democrática”- como requisito para la
designación y permanencia en los cargos públicos.258

1981. Falleció el 27 de junio de 1988. Para mayor información, ver Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 369.
257
Los ciudadanos fueron clasificados en las categorías A, B y C. Los primeros eran aquellos de
confianza para la dictadura, insospechables de oposición al régimen; los ciudadanos B eran los opositores
que hubieran tenido actitudes sospechosas para el régimen; y los ciudadanos C eran los considerados
peligrosos, subversivos, vinculados a las organizaciones de izquierda y sindicales. Éstos últimos eran
destituidos de la función pública y muchas veces no pudieron encontrar trabajo en el ámbito privado
debido al temor o adhesión de las patronales al gobierno.
258
Martínez, Virginia. Ob. cit.; p. 93.
El A.I. Nº 8 refería a los poderes del Estado, en un intento de fundamentación
conceptual de la supresión de la separación de poderes en el nuevo orden institucional.
Se afirmaba en el texto que se había producido ya en el país un “desvanecimiento del
mito negativo resultante del dogma de la separación de poderes” y proclamaba al
Poder Ejecutivo como el auténtico poder público en tanto único con potestad de
imponer sus decisiones. Se sostenía que “en la solución ahora consagrada se intenta
reconocer y proclamar la unidad de la soberanía como expresión indivisible de la
voluntad estatal mantenida con la primacía del Poder Ejecutivo en calidad de auténtico
órgano con este atributo en su cabal expresión técnica, manteniendo inconmovible con
su especialidad el origen igualmente soberano de la función jurisdiccional” 259 Con esta
norma se producía la eliminación de la independencia del Poder Judicial, junto con la
creación del Ministerio de Justicia dependiente del Poder Ejecutivo.
El A.I. Nº 9 del 23 de octubre de 1979, al que se le introdujeron ajustes en octubre de
1982, tuvo como objetivo racionalizar y unificar los servicios y las prestaciones en
materia de seguridad social. Se uniformizaban las prestaciones servidas por el Banco de
Previsión Social y las cajas paraestatales (Bancaria, Notarial, Profesionales
Universitarios, Asignaciones Familiares y Seguros Sociales por enfermedad o
desempleo)
Por el A.I. Nº 13 se creó la SEPLACODI (Secretaría de Planeamiento, Coordinación y
Difusión), organismo con rango ministerial encargado de centralizar la información
acerca de la gestión del gobierno y controlar la ejecución de programas.
La etapa comprendida entre 1976 y 1980 fue entonces de “ensayo y anticipación
preparatoria de la nueva institucionalidad”260, en la que el gobierno fue evaluando
cuáles de los instrumentos o decisiones de orden político institucional adoptadas
resultaban funcionales al régimen, de forma de plantearlas luego con intención de
permanencia.

3.2. El Plan Político de las Fuerzas Armadas de 1977: culminación de la

fundación institucional militar.
El 9 de agosto de 1977 se aprobó en el Cónclave de Santa Teresa el Plan Político de las
FFAA, a partir de las conclusiones sobre la situación política del país alcanzadas por la

259
Bruschera Oscar. Ob.cit.; p. 104.
260
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit.; p. 55.
Junta de Oficiales Generales, en base a los informes que había preparado la COMASPO
desde 1975261. Según Diego Achard, citado por Maiztegui, el único militar discrepante
fue el general Alberto Ballestrino. El contenido más significativo de este documento,
262

inicio de una nueva etapa del régimen, era un cronograma político. Éste preveía la
renovación de los partidos políticos mediante estatutos y carta orgánica, la formulación
de una reforma constitucional a plebiscitarse en noviembre de 1980, la convocatoria a
elecciones nacionales con candidato único a la presidencia, por acuerdo de los dos
partidos políticos tradicionales en 1981 y la culminación del proceso de transición en
1986, momento en que se llamaría a nuevas elecciones competitivas con dos candidatos.
No implicaba esta disposición el levantamiento de las proscripciones a los políticos
afectados; más aún, los militares advertían que el anuncio de elecciones no debería
“servir para excitar desmedidas e inoportunas motivaciones políticas”. Exhortaban
entonces a la ciudadanía a colaborar con la “reconstrucción nacional, para un futuro
promisorio para el destino nacional, preservándolo de la subversión y de las prácticas
políticas ya superadas”,263 lo que en definitiva apuntaba a mantener a la ciudadanía en
un estado de despolitización y desmovilización.
Se estableció que los partidos no serían convocados a discutir los puntos esenciales del
plan de reforma institucional, incluido el estatuto de los partidos. Esta disposición fue
debatida por Alejandro Vegh Villegas en su segundo memorándum del 15 de agosto de
1977, en el que proponía que el cronograma y la salida política fuesen negociados entre
los mandos militares y los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, entre los que
mencionaba a Jorge Pacheco Areco, Jorge Batlle y Wilson Ferreira Aldunate.264

3.3 Las Fuerzas Armadas en el gobierno: la interna militar durante el ensayo

fundacional.
Las Fuerzas Armadas, más allá de los discursos emanados de los jerarcas, distaban
mucho de ser una institución monolítica, aspecto que ya se había evidenciado desde
antes del golpe de 1973, y que continuaría presente a lo largo del período de la dictadura
fundacional. En el transcurso del período 1975-1980 las diferencias se manifestaron en
261
Fue aprobado por la Junta de Comandantes en Jefe. El general Gregorio Álvarez, entonces presidente
de la COMASPO, escribió el documento, el que fue formalmente aceptado por Aparicio Méndez, junto
con el Consejo de Ministros y el COSENA, el 9 de agosto de 1977. Lessa, Alfonso. La primera orden…
ob.cit.; p. 141.
262
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 390. La oposición de Ballestrino pudo haberse debido a sus diferencias
con Gregorio Álvarez, las que consigna Alfonso Lessa en La primera orden... ob.cit.; pp.44 – 46.
263
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 45.
264
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 391.
torno a las características de la reformulación institucional265, aunque cabe señalar que
los conflictos no solo se nutrieron de discrepancias de corte ideológico – el clivaje duros
– aperturistas, relacionado con las posturas adoptadas en febrero de 1973- sino también
de intereses y animadversiones personales. Las contradicciones se procesaron en un
marco de desaliento desde la propia institución a las opciones de corte personalista,
predominando en la corporación militar una modalidad de ejercicio del poder de tipo
colegiado266 y de acción colectiva coherente, tendiente además a evitar la
fragmentación. Cabe igualmente señalar que entre 1978 y 1980 Gregorio Alvarez se
consolidó como “hombre fuerte” del Ejército.267
Precisamente, se ha indicado la sustitución del Comandante en Jefe, Tte. Gral Hugo
Chiappe Posse, el 23 de mayo de 1974, como signo del fin de una “tendencia
personalista” de la conducción y la eliminación de la posibilidad de surgimiento de un
gobernante al estilo Pinochet en el ejército uruguayo268. Fue sustituido por el Gral. Julio
C. Vadora, quien desempeñó el cargo hasta febrero de 1978. 269
La asunción de Vadora
ha sido interpretada como el triunfo de las corrientes corporativas que luego se
enfrentarían a Gregorio Alvarez.270
Uno de los puntos más conflictivos a lo largo de todo el período, siguiendo a Demasi,
fue la composición de la Junta de Oficiales Generales (JOOGG) y la designación del
Comandante en Jefe de cada fuerza.271 La integración de este organismo importaba
porque los oficiales generales constituían un grupo reducido que tomaba decisiones
políticas sin consultar con los oficiales de menor rango. En la JOOGG predominaba la
representación del Ejército, que tuvo 14 y luego 16 generales; las otras dos fuerzas
265
Como ya se ha planteado en este capítulo, en la interna militar no había una concepción única en torno
a la institucionalidad a fundarse. En una carta enviada a Carlos Quijano en mayo de 1975, Julio Castro
identificaba tres proyectos diferentes en la interna militar: uno continuista encabezado por el General
Cristi, otro cívico-militar con un presidente civil, apoyado por los hermanos Zubía y por Gregorio
Álvarez, y un tercero que promovía un gobierno solo militar. Demasi, Carlos. “La evolución del campo
político de la dictadura”, ob.cit.; p.46.
266
Gillespie, Charles. Ob. cit.; p.69.
267
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; pp. 434-435.
268
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p 41.
269
Esta sustitución es valorada por Alfonso Lessa como la mayor crisis militar desatada dentro del
proceso. El episodio ha sido relacionado tanto con las discusiones entre los militares respecto a la política
económica como con las diferencias a la interna militar sobre cómo sustituir a Bordaberry si se
profundizaban las discrepancias con él. El Ejército – en particular algunos miembros de la logia Tenientes
de Artigas como los hermanos Zubía, Vadora y Cristi- consideraba que la presidencia debería ser asumida
por Chiappe Posse, pero entendiendo que éste debería en ese caso renunciar al cargo de comandante en
jefe, ya que se quería evitar la concentración de poder en una persona. Chiappe Posse no estuvo de
acuerdo con este requisito, lo que lo llevó al enfrentamiento con los generales, y a su remoción. Lessa,
Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; pp.155-156 y p. 241. Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 235.
270
Lessa, Alfonso. Estado de guerra… ob.cit.; p. 241.
271
Ídem, p. 50.
tenían 5 cada una. Los ascensos o pases a retiro podían, señala Demasi, alterar
radicalmente los equilibrios internos.
En noviembre de 1976 el Consejo de Estado aprobó una modificación del artículo 2º de
la Ley Orgánica Militar de 1974272, por la que cambió el mecanismo de ascenso. Se
estableció que quienes seleccionarían a los oficiales candidatos a General serían los
Generales en situación de actividad, residentes en el país y actuando en la JOOGG. Lo
mismo regiría para la designación de Comandantes en Jefe.
El procedimiento nuevo se aplicó en febrero de 1978, cuando finalizó el período del
Tte. Gral. Vadora como Comandante, no obstante lo cual el proceso de selección estuvo
tensionado por la lógica de la precedencia militar – denominada la derecha- y las lógicas
de poder dentro de la Junta. Esta tensión caracterizó los cambios en la cúpula militar,
que se fueron resolviendo mediante la transacción como mecanismo básico. En esta
ocasión, el Gral. Gregorio Alvarez, identificado con la “ línea aperturista” 273, que tenía
la precedencia, fue designado Comandante en Jefe, al tiempo que ingresaban a la
JOOGG dos representantes de la línea dura, los coroneles Iván Paulós y Holmes
Coitiño.
Seguramente no por casualidad, en el discurso final que pronunciara en esta instancia,
Vadora subrayó la unidad de las FFAA: “No hay entre nosotros divisiones, fisuras ni
incertidumbres. No hay personalismos, ni ambiciones de poder, ni exitismos
individuales. Sólo queda en nuestro Ejército un aguerrido grupo de soldados , ahora
con más experiencia en la participación directa del quehacer nacional, con diferentes
jerarquías por razones profesionales, pero con idéntica moral, con idéntica comunión
de espíritu y de fuerzas, dispuestos a seguir consagrando a la Patria una constante
batalla por la paz, el trabajo, la justicia y el desarrollo” 274
Comenta al respecto
Lincoln Maiztegui: “Ni la unidad era tan monolítica ni las ambiciones personales
272
En ésta se consagran legalmente principios doctrinarios y operativos derivados de la Doctrina de la
Seguridad Nacional, tales como: la misión de las FFAA (artículos 1,2,3), los conceptos de seguridad
nacional (artículos 4 y 5) y Defensa Nacional (artículo 5), la competencia e integración del COSENA
(artículos 6 y 7), la competencia de la Junta de Comandantes en Jefe (artículos 8 y 9), del ESMACO
(artículo 9) del Servicio de Información de Defensa (artículo 9) así como la jurisdicción territorial de las
FFAA (artículos 32 y siguientes). Contenía asimismo disposiciones sobre la modificación de los
mecanismos de ascenso dentro de las FFAA.
273
Sobre Gregorio Álvarez: en febrero de 1973 estuvo asociado a la fracción de oficiales peruanistas; en
1971 tuvo a su cargo la coordinación de la lucha contra los tupamaros y encabezó el ESMACO. En este
organismo, trabajó conjuntamente con el coronel Ramón Trabal, el general Abdón Raymúndez y el
coronel aviador Jorge Martínez. Su hermano murió en un atentado tupamaro. Fue el primer secretario del
COSENA; en 1975 apoyó a los pequeños productores en la compras de carne del Estado. Antes de estar
en el COSENA había sido comandante de la División del Ejército IV. Gillespie, Charles. Ob.cit.; p.133;
Lessa, Alfonso. La primera orden… ob.cit.; p.50.
274
Maiztegui, Lincoln. Ob. cit.; p. 405.
estaban tan ausentes”.275 Y plantea como evidencia las declaraciones el 29 de abril del
propio Vadora, convertido en embajador ante la república del Paraguay, quien
manifestó su predisposición a aceptar la candidatura presidencial en 1981 “si el país lo
quiere”. En esta línea se inscribían los saludos que el general Alvarez recibiera al ser
despedido como jefe de la División del Ejército Nº 4, en los que se le trataba como el
“gobernante que el país necesita.” Señala el historiador que los militares habían ya
entrado en campaña electoral, cuando faltaban más de tres años para el cumplimiento
del cronograma que ellos mismos habían armado.276
El conflicto entre Gregorio Álvarez como Comandante en Jefe y “los militares duros” se
mantuvo a lo largo de todo el año 1978, teniendo en el episodio vinculado a la
publicación clandestina “El talero” su punto más álgido. En esta revista, cuyo
responsable ideológico era el Gral. Amaury Prantl, Jefe del SID (Servicio de
Información y Defensa) identificado con la “línea dura”, se habían publicado
acusaciones de corrupción dirigidas a los altos mandos, y específicamente al
Comandante en Jefe, a quien se trataba de “traidor” por buscar un acercamiento con
“políticos corruptos”. Prantl, junto con los autores materiales del “delito”, los oficiales
José Gavazzo y Manuel Maurente, fue arrestado y pasado a retiro. A comienzos de julio
se informó a todo el Ejército a través de una Orden de “El Día” en que Alvarez
ratificaba la “unidad monolítica” y la “verticalidad del mando”277, además de hacerse
responsable por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen.
Sobre Alvarez expresaría años más tarde Julio Ma. Sanguinetti, citado por Alfonso
Lessa: “Álvarez tenía una enorme vocación política, mientras Cristi y Zubía no tenían
ninguna vocación política. Álvarez, de la llamada línea progresista, quería hacer
política y sustituir a los dirigentes políticos. Cristi y Zubía eran militares mil por mil,
movidos por el anticomunismo. Tenían, eso sí, desdén por los políticos y la política y
afrontaban su tarea con honorabilidad. Álvarez, Trabal y Bolentini querían hacer
política ellos. Álvarez incluso armó un programa. Y el general Álvarez era fuerte, pero
no más que el general Eduardo Zubía. Había un conjunto grande de oficiales generales
que representaban a una fuerza equivalente. Álvarez hablaba de mantener viva la
conciencia nacional del pueblo, y su plan incluía el corte de suministros, si fuera
necesario (en el combate contra la guerrilla); el impulso de la participación militar en

275
Ídem.
276
Ídem.
277
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; pp 50-51. Para ampliar
información sobre el episodio de El Talero, véase Maiztegui, Lincoln, ob.cit.; pp. 410-412.
el desarrollo; la batalla final contra la subversión; y un plan de gobierno, que era la
lucha contra los políticos”.278
En enero de 1979 correspondía la designación de un nuevo Comandante ya que Alvarez
cumplía su período de ocho años de actividad en el grado. En esta instancia no se
respetó la derecha – que correspondía al general Juan J. Méndez – y se designó al Gral.
Juan V. Queirolo, un exponente de la “línea dura”, quien venció en esta competencia al
General Abdón Raimúndez. Sin embargo, la tendencia goyista no fue derrotada en esta
instancia: en aras del equilibrio de poder en la Junta al que hacíamos referencia antes,
cuatro de los cinco ascensos a general que se propusieron, los coroneles Yamandú
Trinidad, Julio Bonelli, José Siqueira y Pedro Aranco, se identificaban con la línea
orientada por el Gral. G. Alvarez y solo uno, el Cnel Hugo Medina, simpatizaba con el
bando contrario.279 Y, lo que era más importante aún, todos los Jefes de División fueron
afines a Álvarez: Linares Brum (División 1), Rapela (II), Hontou (III) y Raimúndez
(IV). Esto implicaba que Álvarez mantenía su influencia, lo que era visto con temor por
aquellos militares que recelaban de sus ambiciones personales. Los discursos emitidos
por los principales protagonistas de este episodio así lo muestran. El 30 de enero,
Gregorio Álvarez, en un homenaje previo a su pase a retiro, expresaba: “Decir adiós no
es irse. En mi reintegro a la vida de ciudadano, voy a hacer todo lo posible para que
este proceso siga adelante. No solamente lo voy a apoyar sino que lo voy a prevenir
contra cualquier desviación”280 Al momento de traspasarle el mando a Queirolo,
expresó, más como un caudillo que como alguien que pasaba a retiro: “Pasaré a ser, a
partir de hoy, un ciudadano más del país. Uno como cualquier otro. Pero en mi
condición de soldado, permaneceré expectante, y en tal sentido, estaré atento a la
conducción de nuestra política nacional y al desarrollo de los programas de las
FFAA”281 Y el nuevo Comandante contestaba: “… la tarea que realiza el Ejército y el
que lo mande, no pertenece a nadie en particular; no admitirá personalismos, no
admitirá tutorías ni paternalismos condescendientes ni autoritarismo prepotente […]
(el proceso) no tuvo dueños ni artífices, y fue conducido entre todos. Los que así no lo
crean o no lo practiquen, quedarán en el camino.”282

278
Lessa, Alfonso. La primera orden… ob.cit.; p. 64.
279
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; pp. 50-52 Para ampliar
información véase Maiztegui, Lincoln, ob.cit.; pp.434-436.
280
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit. p. 436.
281
Ídem.
282
Ídem.
 Más allá de las palabras de Queirolo, Álvarez se aprestaba, tal como lo había señalado,
a mantenerse en el escenario político y a dar su impronta a la continuidad del régimen.

3.4. Los partidos políticos: entre proscripciones y represión, la búsqueda del

espacio partidario.

En un marco de actividad política suspendida, los partidos políticos sufrieron de

diferente manera el embate del gobierno dictatorial. Éste marcó una línea de
diferenciación entre los partidos políticos tradicionales y los partidos de izquierda. Los
primeros eran considerados “fundadores de la nación” y como tales no se los había
querido suprimir sino “purificar”, de forma de, luego de prohibirlos, renovarlos e
integrarlos. Los partidos de izquierda, considerados antinacionales por su adhesión –
real o ficticia- al marxismo internacional, quedaban colocados en la posición de
subversivos fuera de la ley.
Entre 1976 y 1980 la dinámica de los partidos fue cambiando progresivamente, en tanto
tuvieron que tomar posición frente a las iniciativas estatales, como por ejemplo el Plan
Político y el Estatuto de los partidos y asimismo por las dinámicas de la resistencia
antidictatorial en aras de recuperar la democracia. 283
Durante el período 1978-1980 las FFAA trabajaron para modificar la legislación
relativa a los partidos políticos A fines de 1978 la Corte elaboró un proyecto de ley
relativo al estatuto de los partidos, en el que se suprimía el doble voto simultáneo y se lo
sustituía por candidaturas únicas para cada cargo electivo, sin la participación de la
izquierda
El período dictatorial significó para blancos y colorados una combinación de la
proscripción con la suspensión de la actividad política y desaparición del debate
público. Para su funcionamiento, designaron triunviratos como medio de funcionar más
ágil y flexiblemente. Los triunviros nacionalistas fueron Mario Heber, Carlos Julio
Pereyra y Dardo Ortiz, con el apoyo de Fernando Oliú y Gonzalo Aguirre; en el Partido
Colorado ocuparon este cargo Jorge Batlle, Amílcar Vasconcellos y Raumar Jude.
En el caso del Partido Colorado, su institucionalidad como partido no funcionaba desde
mucho tiempo antes del golpe de Estado. Debía asumir el desprestigio de haber tenido

283
Dutrenit, Silvia. “Del margen al centro político”. En: Dutrenit, Silvia (Coord.) Diversidad partidaria y
dictaduras: Argentina, Brasil y Uruguay. Instituto Mora, México, 1996, p. 269.
al presidente golpista, además de figuras afines al régimen, como Jorge Pacheco Areco.
284

En el Partido Nacional, el grado mayor de oposición se dio en la juventud blanca, a

partir de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, en los sectores de Por la Patria y
en el Movimiento de Rocha. También debía asumir que algunas de sus figuras habían
apoyado a la dictadura: el Dr. Martín Echegoyen había sido Presidente del Consejo de
Estado; el Dr. Aparicio Méndez, fue integrante del Consejo de Estado y Presidente de la
República a partir de 1976. Y el diario El País, notoriamente vinculado a los blancos,
era un claro defensor del gobierno. 285
Pero también el Partido Nacional se había
pronunciado contra el régimen: el 22 de julio d 1974, el Partido Nacional lo hizo sobre
“la oportunidad y condiciones políticas” en las que el gobierno formulaba la reforma
constitucional, en tanto el 29 de agosto reclamaba la participación de los partidos en la
elaboración de cualquier proyecto. En mayo de 1979 se producía la Declaración del
Triunvirato del Partido Nacional, nuevamente objetando la exclusión del pueblo y de los
partidos del proceso de reformulación de un nuevo texto constitucional. 286
La figura opositora por excelencia fue Wilson Ferreira Aldunate, que desde el
exilio se hacía presente entre los blancos a través de sus mensajes grabados y cartas.
Las relaciones de Ferreira con el resto de la oposición eran bastante complejas,
marcadas por el distanciamiento en los últimos meses de 1973, y por el reproche del
líder blanco al Frente Amplio por el apoyo a los comunicados militares de febrero de
ese año. 287Desde el exterior, Ferreira amplió sus bases de apoyo, al tiempo que postergó
las definiciones partidarias para construir un discurso ciudadano de adhesión al régimen
democrático.288
El 19 de abril de 1980 se dio a conocer públicamente la Convergencia Democrática del
Uruguay (CDU), que se constituyó en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.
Consistía en una concertación partidaria que incluyó representantes del ferreirismo, del
Partido Comunista, del Partido Socialista y personalidades independientes. Entre sus
integrantes estaban Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira, José Korzeniak,
Carlos Martínez Moreno y Diego Achard. La idea era nuclear un grupo a favor de la
democracia proveniente de grupos, partidos y entidades diversas, con el objetivo en
común de combatir la dictadura y obtener apoyos internacionales que ayudaran para el
284
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 59.
285
Ídem, p.65.
286
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 109.
287
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 69.
288
Ídem.
logro de ese objetivo. La etapa preparatoria se realizó en México, donde tuvo lugar el
primer acto público el 22 de mayo. El presidente fue Juan Raúl Ferreira, compartiendo
las tareas de dirección con Carlos Martínez Moreno y Justino Zabala Carvalho. Fue
recibida por presidentes latinoamericanos así como por jefes de Estado europeos y
figuras de la socialdemocracia y del resto de la izquierda europea, como ser el
presidente de Italia Sandro Pertini, el primer ministro de ese país Giulio Andreotti, el
presidente español Felipe González y el presidente de la Internacional Socialista Willy
Brandt. También se vincularon con figuras del ala conservadora de los EEUU como
Henry Kissinger y Richard Lugar, político republicano que fue más tarde presidente de
una Comisión por el Retorno de la Democracia en Uruguay 289
Entre los eventos que
organizaron en varias ciudades se contaron las Jornadas de Solidaridad con la Cultura
Uruguaya en el Exilio, como la de Venecia en 1978.
Cuando se cumplió el primer año de la CDU se organizó un acto en que las tres
Internacionales (Socialista, Liberal y Democristiana) firmaron un documento por
separado exigiendo la restauración de las libertades en Uruguay.
Desde la CDU se trabajó activamente por la liberación de Líber Seregni. Para dar a
conocer la realidad uruguaya se formó una agencia de noticias llamada Pressur, que
nucleó a diversos periodistas uruguayos en el exterior; con sede en Roma, se inauguró el
9 de marzo de 1983.
La CDU fue criticada tanto por miembros del Partido Nacional, que la consideraban una
unión inconveniente con la izquierda, como por militantes del Frente Amplio que no
compartían esa estrategia de alianzas. En 1984, cuando se produjo la apertura que
permitió el regreso de sus miembros, y ante la perspectiva de la competencia electoral,
la CDU se autodisolvió.
En el caso del Frente Amplio, el levantamiento de la huelga general de junio de 1973,
seguido de la proscripción de los grupos de izquierda, había impactado fuertemente
sobre los sectores que lo componían. Inmediatamente se produjo la dispersión de sus
dirigentes que debieron optar entre el exilio o la prisión, en tanto los que preservaron la
libertad tenían la actividad política prohibida. Su principal dirigente, el Gral. Líber
Seregni, había sido detenido por segunda vez en enero de 1976, situación en la que
permanecería hasta 1984.
El aparato político del Frente Amplio se vio desmantelado por los continuos
allanamientos y detenciones. Los Comités de Base cesaron su actividad orgánica,
289
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p.575.
pasando a ser prioridad la sobrevivencia y la seguridad de sus cuadros militantes
perseguidos, así como el respaldo a familiares de presos y desaparecidos.
En términos de dirección, al estar Seregni preso – quien mandaba mensajes desde la
cárcel- funcionó clandestinamente una dirección presidida por el Dr. Juan José
Crottogini, la que funcionaba esporádicamente.
Muchos militantes frentistas se aglutinaron en parroquias, centros sociales, en lugares
de trabajo o centros estudiantiles. Desde el punto de vista de los vínculos con la
sociedad civil, el Frente Amplio supo mantenerse conectado con diferentes
organizaciones, en particular con sectores de la iglesia católica, con los estudiantes y
con los sindicatos clandestinos. 290
Buena parte de la actuación de los grupos de izquierda se trasladó al exilio. Se
estableció un Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, cuya primera
reunión se realizó en Berlín en 1977. Ese año se constituyó el Comité en el Exterior del
Frente Amplio, con radicación en Madrid, designándose como Secretario Ejecutivo al
Dr. Hugo Villar. El Comité en el exterior logró progresivamente crear comités del
Frente Amplio en casi 30 países.291
La represión tuvo permanentemente a la izquierda como objetivo principal, primero en
forma dispersa aunque continua y luego organizada en forma de acciones en gran
escala. 292
Como ya fue dicho, el Partido Comunista del Uruguay fue el objetivo
principal de las acciones represivas de la dictadura desde 1975 hasta 1984. Otros grupos
que sufrieron una fuerte represión fueron los integrantes del Movimiento de Liberación
Nacional que mantuvieron actividades en la región, los Grupos de Acción Unificada, el
Partido Comunista Revolucionario, y el Partido por la Victoria del Pueblo.
Los desafíos para los militantes del Frente Amplio dentro del país eran por un lado,
escapar a la represión, y por otro, mantener cierta coordinación, entre los que habían
quedado y no estaban presos, con los presos y también con los exiliados. La militancia
frenteamplista era también difícil para los exiliados, debido a su dispersión, así como a
la manifestación de tendencias que consideraban al Frente Amplio una etapa superada.
Muy tempranamente Enrique Erro promovió la conformación de un “bloque
antidictatorial” que superara la etapa frenteamplista del que excluía a los comunistas, a

290
Gillespie, Charles, citado por Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 139.
291
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional…ob. cit. p. 141.
292
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 71.
quienes acusaba de posibilitar la instalación del régimen respaldado por los militares por
su apoyo a los Comunicados 4 y 7 de febrero de 1973. 293
La militancia de izquierda, dentro de su debilidad, organizó actividades informativas,
propagandísticas y de apoyo a familiares de presos y desaparecidos. Los frentistas en el
exterior hicieron un fuerte trabajo que apuntaba a incidir en la opinión pública
internacional, generando grupos afines en varios países a través de la creación del
Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior (FAE) en octubre de 1977, el que
reivindicó la continuidad y la vigencia del acuerdo de 1971. 294 La formación del Comité
Coordinador comenzó a devolverle visibilidad orgánica al Frente Amplio, que no había
adoptado ningún pronunciamiento institucional desde la huelga general. 295 Trabajó en el
exterior con la CDU, en una alianza que, como ya señalamos, fue fuertemente
cuestionada tanto por frenteamplistas en el país y en el exterior (que lo consideraban un
vuelco a la derecha) como por los blancos dentro del país. Pero, expresa Silvia Dutrenit,
este acuerdo permitió que el exilio uruguayo presentara sus denuncias como un frente
unido y que capitalizara las ventajas de acceder a lugares que cada uno por separado no
hubiese podido alcanzar, dándoles ventajas inmediatas y no comprometiéndolos en el
largo plazo.

3.5. La dictadura uruguaya y el exterior.296

1. La región: la represión como pilar integrador.
La década de los 70 fue la década de las dictaduras en la región; con el golpe de junio
de 1973 Uruguay abandonaba el mentado carácter de excepcionalidad democrática que
había configurado el imaginario nacional en el siglo XX y se acompasaba tristemente al
293
Ídem, p. 73.
294
Dutrenit, Silvia. “Del margen al centro político”. En: Dutrenit, Silvia. Ob.cit.; p. 76.
295
Ídem.
296
Desarrollaremos en este punto los vínculos de la dictadura uruguaya con sus pares de la región y con
EE.UU, en tanto potencia que jugó un papel en el surgimiento de estos regímenes y contribuyó a la
expansión de la DSN dentro de los cuadros militares. La dictadura uruguaya estrechó lazos, además, con
otros Estados, como por ejemplo, Sudáfrica, con el que se intensificaron las relaciones comerciales,
diplomáticas y turísticas. La prensa oficialista uruguaya, como el diario “El País”, abundó en un discurso
minimizador de la naturaleza racista y discriminatoria del apartheid, calificándolo como un régimen de
tutela sobre pueblos incapaces de decidir por sí mismos. Martínez, Virginia. Ob.cit.; p. 97.
ritmo latinoamericano. El régimen cívico-militar estrechó lazos con las dictaduras
vecinas, en una integración basada en afinidades ideológicas cuyos principales éxitos se
plasmaron en la colaboración represiva. Señala la historiadora Vania Markarian: “Es
evidente que la coincidencia temporal de gobiernos de similares orientaciones y
objetivos allanó las relaciones entre los vecinos del Cono Sur. Los frecuentes
encuentros entre las más altas autoridades, la mutua defensa en instancias de denuncia
internacional y la firma de convenios y tratados marcaron un clima de cooperación que
tuvo sin embargo más de un momento de tensión y hasta la posibilidad de un
enfrentamiento armado por temas limítrofes entre Argentina y Chile en 1978. En
materia económica, se destacaron, desde la perspectiva uruguaya, el Protocolo de
Expansión Comercial (PEC) con Brasil y el Convenio Argentino Uruguayo de
Cooperación Económica (CAUCE), como parte de un largo proceso de integración
comercial afianzado en las décadas siguientes. En materia política y doctrinaria, los
puntos de encuentro fueron tantos que funcionarios del Departamento de Estado de
EEUU llegaron a manifestar temor ante la posible consolidación de un “bloque
político” entre esos regímenes que compartían sus “operaciones antiterroristas” sobre
la base de una común “mentalidad de sitio virando en paranoia” 297
Con Argentina, antes de 1976, la relación fue cambiante. Con el gobierno de Héctor
Cámpora, pese a que se siguió el acuerdo de construcción de la represa de Salto Grande,
hubo molestias del lado uruguayo por la política argentina de asilo a los exiliados. Con
Perón tuvo lugar la firma del Tratado del Río de la Plata, y en mayo de 1974 se llegó a
un acuerdo entre Argentina, Paraguay y Colombia por el cual acordaban una posición
común ante las restricciones de compra de carne por parte de la Comunidad Económica
Europea. En ese año se firmaron otros acuerdos, como el que estableció la Comisión
Administrativa del Río de la Plata, de integración binacional, el Estatuto de la Comisión
Técnica Mixta del Frente Marítimo y las Cartas Náuticas, con el objetivo de delimitar
zonas de pesca.
Con Brasil, gobernado por el general Geisel, se firmaron acuerdos comerciales, de
infraestructura y de límites. También hubo gestos políticos de simpatía, como la
expulsión del dirigente político brasileño Leonel Brizola, quien se encontraba en
Uruguay desde 1964 y cuyo permiso de asilo fue revocado por la dictadura el 4 de
setiembre de 1977.298
297
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya” En: Demasi, Carlos et al. La dictadura cívico militar… ob.cit.; p 278.
298
Martínez, Virginia. Ob. cit.; p. 97.
Los dictadores de la región se encontraron en diferentes ocasiones; por ejemplo, el 15
de marzo de 1974 se reunieron en Brasilia Ernesto Geisel, Hugo Banzer, Augusto
Pinochet y Juan María Bordaberry. Bordaberry señaló en esa instancia: “No se trata de
una unión de países sino de la convicción de que hay un enemigo común, la agresión
marxista. Cada país se defiende de acuerdo con su nacionalidad.” 299
Como ya se ha explicado, la confraternización de los regímenes dictatoriales en el Cono
Sur alcanzó su expresión más concreta en la coordinación represiva regional
implementada a través del Plan Cóndor, cuyos orígenes han sido rastreados hacia fines
de 1973.300 El auge de las operaciones más arriesgadas de este operativo fue en 1976,
año crítico, junto con 1977, en la violación de derechos humanos en el Uruguay,
extendida a la Argentina a partir del golpe de Estado del general Rafael Videla. Hacia
estos años, diversas agencias del gobierno de EEUU, país con un papel importante en el
entrenamiento y abastecimiento de las fuerzas represivas, tenían conocimiento de los
mecanismos de coordinación represiva regional.

2. EE.UU: encuentros y desencuentros de una relación difícil.

La consolidación de las dictaduras latinoamericanas, con su sustrato ideológico de la
Doctrina de la Seguridad Social, fue un fenómeno inseparable de la Guerra Fría y del
intervencionismo estadounidense. Éste no revistió las mismas características a lo largo
del período dictatorial, sino que configuró un ciclo, iniciado con la actitud favorable del
Departamento de Estado de EEUU a la instalación de gobiernos autoritarios en la región
a partir de los años sesenta. Con Jimmy Carter en la presidencia, a partir de 1977, la
administración estadounidense promovió un viraje en su política internacional y priorizó
una defensa activa de los derechos humanos, la que abandonó con Ronald Reagan, en la
década del 80. En esta década, los EE.UU terminaron apoyando los procesos de
transición democrática.301
Markarian señala que con relación a Uruguay, la principal preocupación de EEUU a
fines de los sesenta y comienzos de los setenta era impedir la instalación de un gobierno

299
Ídem, p. 35.
300
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya” ob.cit.; p. 279.
301

Ídem, p. 292.
hostil. Con este objetivo, la superpotencia apoyó a los gobiernos de Pacheco y
Bordaberry, en un intento de fortalecerlos frente a la crisis y al conflicto social302.
Sin embargo, no había percepciones similares sobre los gobiernos autoritarios y sobre
los programas de ayuda y contrainsurgencia apoyados por EE.UU dentro del gobierno
de este país. La posición del Congreso norteamericano en materia de política
internacional tendió a distanciarse de la del Departamento de Estado desde comienzos
de los setenta; a iniciativa de los legisladores demócratas, se perfiló una línea
claramente distinta, orientada a evitar la ayuda militar estadounidense a gobiernos que
violaran los derechos humanos303. Con esta finalidad se aprobó una serie de
instrumentos legales, como por ejemplo, la enmienda propuesta por el representante
Tom Harkin al artículo 116 de la Ley de Asistencia Económica y la cláusula de Donald
Fraser a la Ley de Asistencia Exterior.304
Lejos física e ideológicamente de las posturas que comenzaban a prevalecer en el
Congreso, el embajador estadounidense en Montevideo, Ernest Siracusa, demostró a lo
largo de su permanencia en Uruguay un apoyo entusiasta al gobierno dictatorial. 305 Por
su parte, éste último, en consonancia con la política pro-estadounidense dominante en el
país desde la década del 40, acompañó todas las iniciativas que lo ubicaran como uno de
firmes aliados norteamericanos en el orden bipolar, como ser las sanciones a Cuba y el
rechazo a que este país fuera admitido en la Organización de Estados Americanos, en el
año 1974.
Las miradas críticas sobre la dictadura cívico - militar uruguaya se afirmaron en el
Congreso estadounidense a raíz de la intervención que en el mismo tuviera Wilson
Ferreira Aldunate, después de los asesinatos en Argentina de Zelmar Michelini, Héctor
Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. El líder blanco, luego de su salida
de Buenos Aires el 26 de mayo de 1976, comenzó un segundo exilio compartido entre
302
Ídem.
303
Un memorándum reservado del Departamento de Estado norteamericano del 3 de mayo de 1975
incluía a Uruguay entre los casos más serios de violaciones a los derechos humanos. Se recomendaba
atender casos de violación de derechos humanos, lo que implicaba la reducción de ayuda militar y de
seguridad. Lessa, Alfonso. La primera orden…ob.cit.; p. 148.
304
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya”. Ob. cit.; p. 295.
305
Ídem, p. 286. Siracusa fue un diplomático que al final de su carrera contó con más de treinta años al
servicio de la política exterior de EEUU. Fue secretario de la embajada en Guatemala durante el gobierno
de Jacobo Arbenz. Después estuvo en Lima, de donde fue expulsado por el gobierno del general Velasco
Alvarado. En 1971 se encontraba en Bolivia y participó en el derrocamiento del presidente Juan José
Torres. Se instaló como embajador en Uruguay después del golpe de Estado. El COHA – Council on
Hemispheric Affairs, organización independiente de investigación y opinión sobre la política de EEUU en
América Latina- calificó al embajador como el mayor apologista de uno de los más espantosos y crueles
Estados de la región” Martínez, Virginia. Ob.cit.; p. 91.
Londres y España, en el cual dedicó sus energías a la denuncia de la situación en
Uruguay en diferentes ámbitos internacionales.
Fue invitado por el Congreso de EE.UU, a través del ya mencionado presidente del
grupo parlamentario del Partido Demócrata, Donald Fraser, para que hiciera una
exposición sobre los derechos humanos en el Uruguay. Su actividad comenzó con una
conferencia de prensa en Nueva York, el 16 de junio de 1976, acompañado de su esposa
Susana Sienra y de su hijo Juan Raúl. Allí denunció que el embajador Ernest Siracusa
actuaba como funcionario de Relaciones Públicas de la dictadura uruguaya, siendo
insultado por los periodistas Álvaro Casal de El País y Julián Safi, de La Mañana.306
El 17 de junio tuvo lugar su intervención en Washington, en la que describió la
situación política en el Uruguay y denunció la violación sistemática de los derechos
humanos, la represión a la oposición y la práctica de la tortura en las cárceles. En su
planteo, se refirió a la ayuda que el gobierno de EEUU había dado para el montaje del
aparato represivo y reclamó que éste dejara de asistir logísticamente al gobierno
uruguayo: “quienes ayudaron a montar la máquina infernal tienen la obligación de
contribuir a desmantelarla … Lo que sí solicitamos es que se ponga término a la actual
interferencia directa en los asuntos internos de mi país, donde se apoya pública y
expresamente a la dictadura y se sostiene dentro de ésta a los sectores que inspiran
las formas más diabólicas de represión” 307
Este planteo se complementó con el
testimonio de Martin Weinstein, un académico estadounidense que había vivido dos
años en Uruguay y Edy Kaufman, de Amnesty International. Expuso también frente al
Congreso Hewson Ryan, embajador de carrera y representante del Departamento de
Estado, quien reconoció las violaciones a los derechos humanos en Uruguay pero las
minimizó.308
Con base en estos testimonios y en medidas legislativas aprobadas tiempo atrás, el
congresista del Partido Demócrata Edward Koch propuso la implementación de un
cambio en la Foreign Assistance Act, que regulaba la ayuda militar a otros países 309. La
llamada Enmienda Koch establecía la prohibición de emplear fondos a través de los

306
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 568, Martínez, Virginia, ob.cit.; p. 73.
307
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 170.
308
Ídem, p. 165.
309
En marzo de 1976 había denunciado en el Congreso de EE.UU que “la Suiza de América se ha
transformado en el pozo negro del continente” Informó que EE.UU invirtió diez millones de dólares en
ayuda militar y casi ocho millones en ayuda económica en 1975. Señaló que “la sangre de los torturados
tiñe nuestras manos”. Pidió al Congreso la suspensión de la ayuda militar. Estas denuncias encontraron
eco en la prensa estadounidense, como por ejemplo en el “New York Times”. Martínez, Virginia. Ob. cit.;
p.66.
cuales se brindara asistencia, entrenamiento o crédito militar al gobierno de Uruguay
entre el 1º de julio de 1976 y el 30 de junio de 1977, por su “patrón consistente de
violaciones graves a los derechos humanos”310. Se aprobó en ambas Cámaras y si bien
fue objetada por el Departamento de Estado, el Presidente Gerald Ford la ratificó 311 . La
consecuencia inmediata fue la suspensión de la ayuda militar de tres millones de
dólares al año a Uruguay por parte de EEUU en octubre de 1976.
La medida despertó reacciones airadas en el gobierno uruguayo y en sus apoyos
diplomáticos. El embajador Siracusa envió a su Departamento de Estado un documento
titulado “Irresponsables cargos de Ferreira Aldunate” 312, para posteriormente declarar
en Uruguay que el Departamento de Estado no estaba de acuerdo con la medida 313; el ex
subsecretario del Ministerio del Interior Luis Vargas Garmendia, aludido por Ferreira en
su discurso, publicó una carta en la que lo tildaba de hombre sin honor, envilecido por
los impulsos paranoicos.314 Juan Carlos Blanco criticó en la ONU la intromisión del
Congreso de los EE.UU: “Uruguay es un Estado soberano que no admite interferencias
ni rectorías”315La dictadura decidió utilizar toda su batería represiva: el 8 de julio la
Justicia Militar publicó una requisitoria en la que luego de acusar al dirigente blanco de
“obstaculizar y desprestigiar la acción del gobierno uruguayo y lograr que la
comunidad de naciones adopte contra este Estado sanciones económicas y de otro
orden”, decretaba su prisión por la comisión del delito de Asistencia a la Asociación
Subversiva.316
En este contexto, Aparicio Méndez realizó declaraciones al diario La Mañana en las
que acusó al “Partido Demócrata de EE.UU con [Edward] Kennedy a la cabeza” de
ser “el mejor socio que tiene la sedición”. Méndez acusaba a los demócratas y a
Kennedy de volcarse a favor del comunismo y de Fidel Castro. Sostuvo también:
“Además, de esta crisis vamos saliendo. No vamos saliendo mejor y más rápidamente,

310
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya”. Ob. cit.; p.296
311
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p.572.
312
En agosto de 1976 el embajador Siracusa almorzó con los generales Luis V. Queirolo y Julio Vadora
para analizar la situación del gobierno uruguayo con relación a las denuncias de violación de los derechos
humanos. El diplomático dio cuenta de esta conversación en un telegrama enviado al Departamento de
Estado. De su relato, se desprende que conocía detalles de la situación en las cárceles y que aconsejó a los
militares sobre medidas a tomar para mejorar su imagen. Telegrama enviado desde la Embajada de
Estados Unidos en Montevideo a la Secretaría de Estado, agosto de 1976. Mensaje 2941. Human rights
discussion with Lt. Gen. Vadora and Gen. Queirolo. De la colección State Argentina Declassification
Project (1975-1984). En: Martínez, Virginia. Ob.cit.; p. 78.
313
Ídem, p. 83.
314
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 137.
315
Martínez, V. Ob.cit.; p. 83.
316
Maiztegui, Lincoln. Ob. cit.; p. 572.
no por lo que dejamos de hacer, sino por las fuerzas negativas, internas y externas. La
presión de Ferreira Aldunate y de los sediciosos en general” 317
Estas declaraciones
pusieron al Uruguay en una situación diplomática difícil. La revista El Soldado atenuó
las declaraciones de Méndez, precisando que la crítica estaba dirigida a Edward Koch y
no al Pentágono ni al gobierno de EE.UU. El general Vadora, como Comandante en
Jefe del Ejército, dio la posición oficial de las FFAA: “Nadie nos enseñará a respetar
los derechos humanos del vencido”.318 Méndez viajaría en setiembre de 1977 a EE.UU,
donde tuvo una entrevista con el presidente Carter “El Día” 9, quien en declaraciones
públicas había manifestado su preocupación por los derechos humanos en Uruguay,
preocupación a la que Méndez a su regreso quitó toda trascendencia.319
En EE.UU continuaba la campaña de denuncia del terrorismo de Estado, en la que Juan
Raúl Ferreira jugó un activo papel. Entre sus actividades, dio a conocer la situación de
Líber Seregni y consiguió apoyos para su liberación, entre los que se contaban el del
senador demócrata Edward Kennedy. Se contactó asimismo con organizaciones de
derechos humanos, y logró el apoyo del Council of Hemispheric Affairs (COHA) y de
la Washington Office on Latin America (WHOLA) e impulsó desde Nueva York la
fundación de la Convergencia Democrática del Uruguay, la que ya hemos analizado.
Estas iniciativas se enmarcaron en el viraje de la política exterior estadounidense
promovido por la administración Carter (1977-1981), que reformuló la relación con los
gobiernos dictatoriales latinoamericanos a la luz de la situación de los derechos
humanos.320 Esta reformulación generó descontentos y desconciertos en los elencos
gubernamentales, de los que daba cuenta un Informe de la CIA del 3 de marzo de 1977,
que también expresaba la tendencia de las dictaduras a cooperar entre sí: “Los líderes de
estos países, genuinamente, creen que ellos son abandonados por EEUU, que
insistentemente les ha advertido acerca de los riesgos del comunismo. Parece cierto
que las naciones del Cono Sur sentirán profundamente la necesidad de apoyarse
mutuamente”. 321

Para Uruguay, la llegada de Carter a la Casa Blanca y su “diplomacia moral” significó

el mantenimiento de la suspensión de la ayuda militar y la rápida sustitución del
embajador Siracusa.322 Quien lo reemplazó, Lawrence Pezzullo, tuvo una actitud

317
Lessa, Alfonso. La primera orden… Ob. cit.; p.144.
318
Martínez, Virginia. Ob.cit.; p. 83.
319
Ídem, p. 96.
320
La creación de una Secretaría de Derechos Humanos es evidencia de este cambio.
321
Lessa, Alfonso. La primera orden. Ob.cit. p. 151.
322
Caetano, Gerardo; Rilla, José. “La era militar”. En: Appratto, Carmen et al. Ob.cit.; p.86.
receptiva a las demandas de los familiares de las víctimas de la dictadura así como una
mirada crítica hacia el gobierno uruguayo.
El 1º de marzo de 1977 la DINARP emitió un comunicado sobre la suspensión de la
ayuda militar de EE.UU. Se sostenía en él que la medida era una “inadmisible
intromisión en los asuntos internos uruguayos.” A esto se le sumaría, para incrementar
el malestar de la dictadura uruguaya, el rechazo del gobierno estadounidense a la
acreditación del mayor José Nino Gavazzo como agregado militar de la embajada
uruguaya en Washington y al coronel José Fons como representante ante la Junta
Interamericana de Defensa.323 Este rechazo tenía su origen en un incidente ocurrido en
julio de 1976, momento en que el jefe de estación de la CIA en Montevideo, Frederik
Latrash, se enteraba de un plan para asesinar al congresista Edward Koch que sería
puesto en práctica precisamente por los oficiales de inteligencia José Fons y José Nino
Gavazzo. Esta información no fue comunicada inicialmente al embajador
estadounidense en Montevideo, Ernest Siracusa, lo que desató una crisis a nivel de las
autoridades de EEUU en Montevideo.

En ese año, el general Queirolo, agregado militar en Washington, protagonizó un duro

intercambio de cartas con funcionarios y oficiales de EEUU e incluso con el diario The
Washington Post, por la nueva política estadounidense hacia gobiernos militares de la
región.
En este marco tuvo lugar la visita del diplomático estadounidense Terence Alphonse
Todman, subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, quien llegó a
Montevideo el 17 de agosto de 1977 y permaneció en el país por un mes. Sostuvo
sendas entrevistas con Aparicio Méndez y con la Junta de Comandantes en Jefe en las
que se quejó de la falta de respeto a los derechos humanos al tiempo que dejó
establecido que la administración Carter apoyaba la restauración plena de los derechos
humanos y el retorno a la democracia.
Entre las iniciativas de Todman que más molestaron al gobierno uruguayo se contó la
cena organizada en la Embajada con figuras políticas, tales como Dardo Ortiz, Mario
Heber, Carlos Julio Pereyra, Washington y Enrique Beltrán, Luis A. Lacalle, Juan E.
Pivel Devoto, Homar Murdoch, Agustín Caputi y Juan Adolfo Singer, evento al que no
asistieron más políticos colorados porque Pacheco Areco desalentó su concurrencia .
324

323
Martínez, Virginia. Ob.cit.; p.89.
324
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 392.
« La independencia de criterio con la que se movió el diplomático norteamericano creó
un fuerte malestar entre los jerarcas de la dictadura y en el periodismo que le era afín
(…) La presencia y la actividad desarrollada por Terence Todman en su breve visita
resultó de gran importancia para el proceso de democratización.” 325

Igualmente, desde el gobierno se intentaba no dar demasiadas señales públicas de

molestia. Gregorio Álvarez, por ejemplo, llegó a declarar a la prensa que la visita de
Todman resultaba muy positiva, ya que posibilitaba que gobierno y el Congreso de los
EEUU conocieran de cerca la realidad uruguaya. 326
En agosto de 1977 los militares
presentaban el Programa Político, que ya se ha analizado en estas páginas. Frente al
mismo, la embajada de los Estados Unidos publicó: “Nos sentimos confortados porque
el gobierno de Uruguay, acaba de confirmar públicamente la política anunciada el año
pasado de celebrar elecciones nacionales en 1981, y abrigamos la esperanza de que
este anuncio conducirá a la creación de un clima dentro del cual otros problemas,
particularmente aquellos que se relacionan con los Derechos Humanos, podrán ser
tratados en una forma positiva. Si bien el proceso que conducirá a las elecciones se
encuentra recién en su etapa incipiente, anhelamos la llegada del día en que Uruguay
retorne a su ilustre e internacionalmente respetada tradición de libertad política e
individual”327

El 13 de diciembre de 1977 visitó el Uruguay el Comandante de las Fuerzas Militares

de los EEUU en el Atlántico Sur, general Dennis P. MacAuliffe. Sus colegas militares
uruguayos le dieron una cálida bienvenida, no obstante lo cual el general
estadounidense manifestó su preocupación por la situación de los derechos humanos y
estableció que en los EE.UU no había discrepancias entre militares y civiles en lo
concerniente a ese tema. Dos días después, el ministro del Interior, general Hugo
Linares Brum, realizó declaraciones públicas expresando que el país “era un verdadero
oasis” y que las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos “son los rumores
que hacen circular nuestros enemigos” 328

325
Ídem, p.394.
326
Lessa, Alfonso. La primera orden. Ob.cit.; p144.
327
“El Día”, 13.08.1977, pág. 7. Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob.cit.; p. 45.
328
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 399.
En diciembre de 1977 aumentó la tensión entre el gobierno uruguayo y el embajador
Lawrence Pezzulo, ejemplificada en una fría entrevista mantenida con el Ministro de
Defensa Walter Ravenna, en la que el diplomático se quejó de ser, él y los funcionarios
de la Embajada, vigilados y espiados constantemente. En señal de protesta, en 1978, el
gobierno de EEUU retiró a Pezzulo y dejó al encargado de negocios James R. Cheek, al
frente de la misión diplomática, que había recibido de Carter la orden de presionar para
liberar al mayor número posible de presos políticos. Cheek, junto con el asistente en
asuntos políticos John Youle, estrechó lazos con las dirigencias blanca, colorada y
democristiana, frente a la mirada atónita de los mandos militares. Las gestiones del
diplomático estadounidense dentro de las FFAA tuvieron como principales destinatarios
a Boscán Hontou, Roberto Ramírez, Gregorio Álvarez y Hugo L. Márquez. Cheek
declararía años después para Búsqueda: “Los militares no entendían cómo en plena
Guerra Fría yo hacía gestiones por comunistas o por socialistas. Yo les repetía la
doctrina Carter: nadie puede ser encarcelado por sus ideas políticas” 329
La presión sobre los militares fue en aumento con la llegada a Uruguay de otras
delegaciones internacionales. El 12 de diciembre de 1977 había arribado un grupo de
juristas internacionales, representantes del movimiento Pax Romana, integrada por el
senador socialista español Joaquín Martínez Bjorkman, representante de la Federación
Internacional de los Derechos del Hombre, Robert Goldman, del Partido Republicano
de los EEUU y miembro del Consejo de Iglesias Cristianas y Jean Louis Weil, en
nombre del Sindicato de Abogados de Francia. Su gestión tuvo como objetivo la
reducción de penas y la obtención de mejores condiciones de reclusión para Líber
Seregni y José Luis Massera, este último destacado matemático y dirigente comunista.
Frente a las solicitudes, el canciller Rovira expresó que “en Uruguay no son violados
los derechos humanos Lo que existe es una campaña internacional interesada en
desprestigiarnos” 330
A esto se le sumarían la visita en la prisión a Massera de los
químicos norteamericanos Christian Anfinsen ( premio Nobel en 1972) y Robert Perry,
y luego, la llegada de una delegación del colegio de Abogados de los EEUU que
reiteraron las recomendaciones al gobierno para terminar con las detenciones arbitrarias
y los malos tratos. 331
Se incrementaba la sensación de aislamiento internacional del gobierno cívico- militar.
El Informe de la Comisión de Derechos Humanos de 1978 de la OEA sobre la situación
329
Lessa, Alfonso. La primera orden...Ob. cit.; p. 145.
330
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p. 401.
331
Ídem, p. 408.
en Uruguay, señalaba que luego de recabar información estaban en condiciones de
“afirmar que en el Uruguay se han cometido graves violaciones contra los derechos
humanos” y solicitaba, entre otras cosas, que se investigaran las situaciones de muerte
en prisión y que se pusiera en libertad a las presos políticos. 332
Frente a los reclamos desde el exterior, los militares uruguayos repitieron hasta el
cansancio la idea de una conspiración internacional contra el Uruguay, promovida por
las “fuerzas oscuras de la subversión”. En ese tono, Rapela sostuvo en el discurso del
18 de mayo de 1978: “Una publicidad despiadada invade el mundo con el objetivo de
minar la cohesión, la fuerza del país y la nacionalidad. Con esa propaganda foránea se
enrolan en los países los grupos al servicio del marxismo y los traidores a la Patria. A
todos ellos, a los que no quieren comprendernos, les afirmo que no es con clemencia,
con amnistías, con extradiciones, o excarcelaciones que haremos más digno y soberano
nuestro querido Uruguay.” 333
También se respondió con negativas a algunas visitas de
delegaciones internacionales, como la impulsada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, apoyada por la OEA.
En 1979 comenzó a cambiar la mirada sobre las dictaduras militares en los
EE.UU. El ambiente ya no era tan propicio para quienes luchaban en contra de la
violación de los derechos humanos, condición que se concretó con la asunción del
presidente republicano Ronald Reagan en 1981.334 La política internacional de los
EE.UU, basada en las concepciones de Jane Kirpatrick, abandonó la política de defensa
de los derechos humanos impulsada por Carter. Signo de los nuevos tiempos –
marcados por algunos hechos previos que habían pautado el debilitamiento en el
exterior de los EE.UU, como la revolución sandinista en Nicaragua o la revolución
iraní- fue el restablecimiento a las dictaduras del Cono Sur de la ayuda económica y
militar que les había sido negada en la anterior administración, al tiempo que se
agudizaba la intervención en América Central y la retórica propia de la Guerra Fría.335
332
Ídem, p. 402.
333
Ídem, p. 408.
334
El 14 de febrero de 1980 el Departamento de Estado presentó al Congreso de Estados Unidos un
informe sobre derechos humanos extremadamente crítico. La respuesta del gobierno uruguayo consistió
en acusar al Departamento de Estado de injerencia en los asuntos internos del país, decidiéndose no
acompañar el boicot que los Estados Unidos estaban promoviendo respecto a los juegos de Moscú. El 23
de febrero el contralmirante Hugo de Barros fue designado representante de Uruguay en la Junta
Interamericana de Defensa; ese día se anunció que Uruguay no votaría a favor de una resolución adoptada
por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de condena a la dictadura chilena. Martínez, Virginia.
Ob.cit.; pp. 133 y 134.

335
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya”. Ob. cit.; p. 302.
En relación con Uruguay, señala Markarian, julio de 1981 fue el mes clave en el cambio
de actitud. Los delegados estadounidenses en el BID y BM anunciaron su apoyo a
préstamos para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, al tiempo que se autorizaba la
venta al gobierno uruguayo de armas de Corea del Sur producidas bajo licencias de
EEUU.336 El año anterior, 1980, había sido también un año de tensión, cuyo punto
culminante tuvo lugar con la llegada a Montevideo el 7 de setiembre del sub-secretario
adjunto para América Latina del gobierno estadounidense Samuel Eaton. Éste, en el
marco de una visita de cuarenta y ocho horas en la que se reunió con jerarquías militares
y civiles así como con políticos de la oposición, organizó una cena en la Embajada a la
que invitó a oficialistas y opositores, entre los que se contaba el dirigente socialista José
Pedro Cardoso. Los militares se negaron a asistir, aduciendo que no irían a un evento al
que había sido invitado un “sedicios”. En represalia, el 12 de setiembre, una vez que
Eaton dejara el país, allanaron la casa de Cardoso, obtuvieron documentación relativa a
las actividades del Partido Socialista y lo llevaron preso. 337
Desde fines de 1980, la actitud de los representantes estadounidenses – encabezados por
el embajador Thomas Aranda llegado a Montevideo en noviembre de 1981- fue más
comprensiva con el régimen: la mención a las acciones represivas quedó en segundo
plano y predominó el tono elogioso hacia la transición moderada que parecía encabezar
Gregorio Álvarez. 338

3.6 Hacia la salida plebiscitaria. El itinerario del proyecto constitucional.

Ya ha sido planteado cómo los militares se propusieron una refundación institucional
del sistema político a través de los Actos Institucionales y de la formulación de un Plan
Político con un cronograma en el que se preveía la elaboración de un proyecto de
reforma constitucional que sería sometido a la ciudadanía.
El A.I. Nº 2 dictado el 12 de junio de 1976 definía el proceso a seguir para formular el
proyecto que se sometería a veredicto popular, con la explicitación de las etapas y de las
autoridades y los órganos que intervendrían en cada una. Este proceso comprendería:
primero, la redacción de “principios y bases” para redactar el nuevo texto, etapa a cargo

336
Ídem.
337
Maiztegui, Lincoln. Ob. cit.; p. 480.
338
Markarian, Vania. “Una mirada desde los derechos humanos a las relaciones internacionales de la
dictadura uruguaya”. Ob. cit.; pp. 302-303.
del Poder Ejecutivo. Segundo, la elaboración del anteproyecto de Constitución sobre las
bases establecidas, instancia que competía al Consejo de Estado. Por último, la
aprobación del proyecto quedaba a cargo del Consejo de la Nación y del Poder
Ejecutivo, “corporizados” - en términos oficiales- en Asamblea Constituyente.
Este proceso de elaboración del proyecto constitucional se apartaba claramente de los
procedimientos previstos por la Constitución de 1967, siendo cuestionado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 339. Se caracterizó por una
fuerte intervención de la jerarquía militar - aunque en teoría su participación quedara
reservada para la última fase. Se excluía en este proceso a la ciudadanía y a los partidos
políticos, así como a toda organización representativa de los intereses de la sociedad. 340
La propuesta de reforma de la Constitución se tramitó entonces en dos etapas, una a
cargo de la COMASPO, y otra a cargo de una comisión del Consejo de Estado que
terminó aprobándola el 24 de octubre de 1980.
En diciembre de 1977 se le encargó a la COMASPO la elaboración de las bases para
orientar el contenido y filosofía de la nueva Constitución, tarea que este organismo
finalizaría más de un año después. El 22 de julio de 1979 las FFAA entregaron un
borrador, frente al cual el Dr. Aparicio Méndez postergó pronunciarse. Para Corbo, la
actitud de Méndez era una forma de protestar contra el cronograma propuesto por los
militares; para Maiztegui, Méndez, como jurista, rechazaba el proyecto y por ende
postergaba su pronunciamiento.341 El 21 de marzo de 1980 la COMASPO entregó a la
Junta de Comandantes en Jefe un anteproyecto de Pautas Constitucionales, que los
jerarcas castrenses entregaron a Aparicio Méndez en reunión del COSENA del 27 de
marzo. Éste respondió el 8 de abril, en un documento en el que planteaba una serie de
objeciones,342 en un contexto de creciente desgaste de las relaciones de las FFAA con el
titular del Ejecutivo. Muestra de este desgaste es la reunión protagonizada por la Junta
de Oficiales Generales de las FFAA, en la sede del ESMACO, el 18 de abril. En esa
ocasión, el General Hontou, el Brigadier Buadas, el Brigadier Borad y el General
Aranco fueron muy críticos con Aparicio Méndez, en tanto los Generales Núñez y
Medina adoptaron una actitud contemporizadora. Esta fue la que finalmente predominó,
bajo la idea de que no era conveniente mostrar fisuras en el bloque cívico-militar. 343 Con

339
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 108.
340
Ídem, pp. 95-97.
341
Ídem, p.97 y Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; p.496.
342
Ídem, p. 97.
343
Ídem, pp. 98-99.
esta instancia culminaba una etapa del proceso de formulación del texto constitucional
en un clima de tensión a la interna del gobierno.
Las pautas se dieron a conocer públicamente, lo que generó reacciones en los medios de
prensa. Surgieron voces críticas que apuntaron, fundamentalmente, a los aspectos
vinculados con la creación de un Tribunal Constitucional, la preeminencia del Poder
Ejecutivo y la disminución de la jerarquía de los otros poderes, la presentación de un
candidato único a la Presidencia, el unicameralismo legislativo y la institucionalización
del COSENA.344
El 20 de mayo de 1980 se constituyó la Comisión de reforma constitucional del
Consejo de Estado, integrada por once miembros del cuerpo, para redactar el
anteproyecto sobre las bases de las “Pautas” emitidas por la Junta de Oficiales
Generales. Se estableció una Mesa para esta Comisión integrada por Hamlet Reyes
(presidente), Federico García Capurro (vice) y Enrique Viana Reyes (secretario).

Los dirigentes políticos de los partidos políticos tradicionales trataron de incidir en la

elaboración de la reforma, infructuosamente. Végh Villegas había renunciado a su
cargo en el Consejo de Estado en noviembre de 1979 por su posición contraria a la
negativa a consultar a los partidos en el trámite de elaboración de la propuesta. La
Comisión de Reforma Constitucional del Consejo de Estado en setiembre buscó el
diálogo con interlocutores previamente seleccionados. A través de la COMASPO, los
militares comenzaron conversaciones con algunas figuras de los partidos políticos
tradicionales. De estas gestiones surgieron en el Partido Nacional la denominada
“Comisión de los Diez” convocada por Alberto Gallinal, y en el Partido Colorado la
Comisión de los seis, organizada por Carlos Manini Ríos. La primera estaba dirigida por
Héctor Payssé Reyes y contaba con el apoyo de algunos herreristas que no estaban en el
triunvirato blanco, así como de la lista 400 de Washington Beltrán. Estuvo integrada por
Emeterio Arrospide, Gervasio de Posadas Belgrano, Alcides Aldama, Alberto Puig
Larravide, Ciro Ciompi, Juan Fischer, José Olivera Ubios, Roberto Zefferino y Héctor
Payssé Reyes. Los más críticos de esta comisión eran el Movimiento por la Patria, el
Movimiento Nacional de Rocha, y los herreristas alineados con el triunvirato.
La segunda, la comisión colorada, surgió de la iniciativa del Intendente interventor de
Montevideo, Oscar Rachetti, del político pachequista Cersósimo y de las gestiones del
Brigadier Borad. Sus integrantes fueron Carlos Manini Ríos, Eduardo Jiménez de
344
Ídem.
Aréchaga, Máximo Gurméndez, Enrique Tarigo, José Luis Batlle y Jorge Otero
Menéndez. 345

En el trascurso del diálogo, los políticos participantes presentaron al presidente de la

COMASPO, Gral. Abdón Raimúndez, algunas observaciones que fueron interpretadas
como condicionamientos por las FFAA. A través de las declaraciones del Tte Gral.
Queirolo, quien dijo en la ocasión“A los vencedores no se les pide condiciones”, la
corporación castrense mostró su rechazo a la negociación de los contenidos con los
representantes de los partidos, lo que le restó al proyecto posibles apoyaturas en la
sociedad civil. Señala al respecto Demasi: “Con este gesto se configuraba una divisoria
nítida entre el gobierno y los partidos, que transformaba al próximo plebiscito
constitucional en un plebiscito sobre el gobierno militar”.346.
El 30 de setiembre se aprobó finalmente el texto de anteproyecto constitucional, que en
octubre pasó a consideración de la Junta de Comandantes en Jefe y de la Junta de
Oficiales Generales. Luego de una reunión de estos últimos con Aparicio Méndez, el 24
de octubre el Consejo de Estado, reunido en sesión especial, aprobó el proyecto. El 27
de octubre fue convocado el Consejo de la Nación en funciones de Asamblea
Constituyente. Sesionó con cincuenta y nueve miembros entre Consejeros de Estado,
altos oficiales Generales, el Presidente y sus Ministros.347 El viernes 31 de octubre
aprobó el proyecto a plebiscitarse treinta días después, fecha que dio inicio a la intensa
campaña propagandística gubernamental.

La interrogantes que más frecuentemente se ha formulado, a nivel académico y político,

con relación a la convocatoria al plebiscito se relacionan con las motivaciones de las
FFAA para realizarla. ¿Por qué se colocaron en una posición en la que podían ser
derrotadas? ¿Había una vocación democrática irreductible aún en los militares, que pese
a su discurso y a las prácticas represivas, se sentían necesitados de convocar al pueblo
para establecer una nueva institucionalidad?
Con relación a esto, sostiene Luis Eduardo González que “ los factores relevantes
parecen haber sido los siguientes: I) el efecto de la cultura política nacional sobre el
cuerpo de oficiales; II) las formas en que las FFAA racionalizaron su actuación
política, que subrayaban el carácter excepcional de su intervención y su condición de

345
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob.cit.; pp. 75 – 78
346
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 79.
347
Para una información más detallada sobre los intercambios en el Consejo de la Nación devenido
Asamblea Constituyente véase Corbo, Daniel El plebiscito constitucional… ob. cit. pp. 103-107.
defensores de la nación y no de intereses sectoriales de ningún tipo; (III) el carácter
estrictamente colegiado de la cúpula de las FFAA, que imponía un proceso de
negociación continua y podía, por tanto, producir el curioso (o “perverso”, desde el
punto de vista de la lógica autoritaria del régimen) efecto de asignar un rol arbitral al
electorado, y (IV) el comparativamente bajo prestigio de la institución militar en la
sociedad uruguaya y su aislamiento relativo. Todos estos factores contribuyen a
explicar por qué las FFAA llevaron adelante el plebiscito y por qué aceptaron su
derrota”.348

Corbo señala al respecto: “Puede ocurrir más bien que los mandos castrenses habían
adquirido una clara percepción de que, dada la tradición republicana y democrática
hondamente arraigada en la ciudadanía del país, ésta no admitiría otro camino para
validar una constitución que no fuera la del pronunciamiento en las urnas. Sin pasar
por este mecanismo del voto popular no habría legitimidad posible. Este era un mínimo
acuerdo entre tendencias en el seno de las FFAA, sin el cual toda la justificación
retórica de la intervención militar se desmoronaba”. 349

En tanto el régimen militar se presentara como transitorio, la consulta popular no

aparecía como necesaria. Pero salir del carácter de excepcionalidad e institucionalizarse
implicaba necesariamente legitimarse, lo que precisamente se buscó hacer a través de la
consulta popular.

3.7 La nueva Constitución proyectada.

Con el plebiscito constitucional de 1980 los militares y sus apoyos civiles buscaban por
un lado, legitimar el régimen autoritario, a través de la convalidación popular de lo
establecido en los Actos Institucionales dictados a lo largo del período, y, por otro,
instaurar un nuevo orden jurídico-político en el que se institucionalizara en forma
definitiva el papel de las FFAA como actor de primer orden. Este nuevo orden
propuesto se basaba en una combinación de elementos formales propios de la
democracia republicana, componente de la tradición política del Uruguay, con una serie

348
González, Luis Eduardo. “Transición y restauración democrática” en Varios autores. Uruguay y la
democracia. Tomo III. EBO, Montevideo, 1985, pp. 109 – 119.

349
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 50.
de innovaciones antiliberales que el gobierno dictatorial había ensayado en los años
anteriores, lo que le daba un carácter híbrido. 350
A continuación analizaremos el contenido del proyecto, siguiendo la descripción
realizada por Daniel Corbo en su obra ya citada sobre el plebiscito de 1980.
En materia de derechos y garantías individuales, si bien se establecía el mantenimiento
de aquellos consagrados en la Constitución de 1967, la introducción de numerosas
normas particulares consolidaba las restricciones y abusos practicados por la dictadura.
Así, se establecía la autorización para realizar allanamientos nocturnos, los que serían
admitidos con orden judicial (artículo 9); se aumentaba el plazo disponible para el juez
para iniciar el sumario penal de cuarenta y ocho a setenta y dos horas (artículo 10) y se
sustituía el concepto de semiplena prueba por “elementos de convicción suficiente”
sobre la existencia del delito (artículo 10), en claro desmedro de las garantías
individuales frente al Estado. Se consagraba la restricción al derecho de asociación y de
huelga. Este último quedaba condicionado a la sanción de una reglamentación legal que
sería iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y requeriría para su aprobación una
mayoría calificada de tres quintos. Se proponían fórmulas de mediación, conciliación y
arbitraje previas al derecho de huelga. Ésta sería prohibida para los funcionarios
públicos, en tanto policías y militares no podrían formar asociaciones profesionales
(artículos 42 a 44). Con relación a los funcionarios públicos, se suprimía la
inamovilidad de aquellos presupuestados de la Administración Central, y se eliminaba
la enumeración de causales de destitución, suprimiéndose la garantía de la venia del
Senado para llevar a cabo la destitución. Con relación al concepto de libertad de
enseñanza, éste permanecía, pero se habilitaba la intervención estatal para “mantener
la eficiencia técnica y proteger las bases de la nacionalidad” (artículo 47).
La nueva Constitución establecía una serie de Institutos de Excepción, que otorgaban al
gobierno y a las FFAA amplias facultades discrecionales que tendían a intensificar los
mecanismos represivos del Estado. Se consagraba en el proyecto la suspensión o
restricción de la seguridad individual con el fin de restablecer la paz, la seguridad y el
orden, sin mediar anuencia de la Asamblea General (artículo 90); se facultaba al Poder
Ejecutivo de acuerdo con el COSENA a imponer en casos graves de conmoción interior
“medidas prontas de seguridad” que la Asamblea General solo podría rechazar por el
voto de dos tercios de sus integrantes; una vez implantadas, sólo el Poder Ejecutivo y
no el Parlamento, podría levantarlas. Se facultaba al Poder Ejecutivo de acuerdo con el
350
Ídem, p. 111.
COSENA a declarar el “estado de subversión”, una figura que no aparecía en ninguna
Constitución previa del país; ante “situaciones graves de carácter interno” que “afecten
la institucionalidad, la vida, la libertad y la seguridad nacional”. Esto habilitaba al
Poder Ejecutivo a tomar todas las medidas que considerara necesarias respecto a
personas y a bienes, y a las FFAA a ocupar militarmente el país, en forma total o parcial
(artículos 92, 93). Se definían tres categorías de estados de emergencia, pasibles de ser
declarados frente a situaciones que se delineaban de forma muy ambigua y que
consagraban la intervención de las FFAA en los poderes Ejecutivo y Judicial.

En cuanto a los partidos políticos, el proyecto proponía la anulación del doble voto
simultáneo y establecía la candidatura única por partido para todos los cargos electivos,
nacionales y departamentales (artículo 61) Se anulaba el principio de representación
proporcional integral, que pasaba a ser sustituido por un régimen mayoritario, por el
cual se le daba al partido político ganador una representación mayoritaria absoluta. La
proporcionalidad de la representación respecto de los votos obtenidos solo se aplicaba a
la distribución en el Parlamento de los otros partidos (artículo 57). Se planteaba la
elaboración de la ley de partidos políticos, cuya iniciativa correspondería al Poder
Ejecutivo, y que debería ser aprobada por una mayoría calificada (artículo 59).
Se prohibía expresamente en el texto la formación de partidos que “por su ideología,
principios, denominación, funcionamiento o componentes, denotaren vinculación o
subordinación con instituciones, organizaciones o partidos políticos extranjeros o con
otros Estados” Tampoco podían constituirse partidos con “personas que hubiesen
formado parte de organizaciones que por medio de la violencia o incitación a ella
tendieran a menoscabar las instituciones ni por personas que hayan participado de
asociaciones declaradas ilícitas” (artículo 62). Estas disposiciones tenían como
objetivo excluir del escenario político futuro a los partidos de izquierda; para las FFAA,
que no habían querido suprimir los partidos, los únicos legítimos eran los tradicionales.
En términos de derecho al sufragio, se proscribía del mismo a militares y policías.
(artículo 57).
El proyecto consolidaba el papel institucional de las Fuerzas Armadas y su ideología
rectora, la Doctrina de la Seguridad Nacional, en el sistema político. En este sentido la
Junta de Comandantes en Jefe de las FFAA y el Presidente de la República serían los
responsables de la seguridad y defensa nacional (artículo 77). Confería rango
constitucional a la atribución de competencia directa de las FFAA en la “ejecución de
las medidas tendientes a la preservación de la seguridad nacional” (artículo 78).
Se institucionalizaba uno de los órganos emblemáticos del período dictatorial, el
COSENA, como parte del Poder Ejecutivo. Estaría integrado con los Comandantes en
Jefe de las FFAA como miembros permanentes y con el Jefe del Estado Mayor
Conjunto como secretario. Dirigiría la seguridad nacional y la política exterior (artículos
79 y 88).
Se disponía asimismo la creación de un Tribunal de Control Político, integrado por
nueve miembros que durarían nueve años en sus funciones. Serían designados por el
Presidente de la República, excepto el primer Tribunal que sería nombrado por el
Consejo de la Nación antes de su disolución. Poseía facultades para remover a los
gobernantes electos por el pueblo y quitarles sus inmunidades y sancionar a todas las
autoridades, del Presidente para abajo, con excepción de los jerarcas militares, pudiendo
ser separados de sus cargos.
Coherentes con los postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la constitución
promovía una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo, que a su vez estaría bajo el
control militar a través del COSENA. Algunas de las medidas que apuntalaban esta
centralización en el Ejecutivo fueron la supresión del órgano Consejo de Ministros
trasladándose sus competencias al titular del Ejecutivo (artículo 65); se restringían las
potestades políticas y de contralor del Poder Legislativo y se limitaban las facultades de
la Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el
nombramiento de jueces y personal técnico (artículos 148-177); se facultaba al Poder
Ejecutivo a remover a los directores de las empresas públicas y de los servicios
descentralizados, en cualquier momento, sin expresión de causa y sin requerir venia del
Senado (artículo 199)
Se limitaba la autonomía de la enseñanza en sus potestades de administrar, dirigir y
planificar la política educativa, en tanto las leyes de educación pasarían a ser de
iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y se establecía que “El Poder Ejecutivo dirigirá
la política nacional en materia de educación y coordinará la gestión de los organismos
docentes”, lo que implicaba que las autoridades de la enseñanza, incluida la
Universidad, serían designadas por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Asamblea
General. (artículo 206)
Como disposiciones transitorias, dadas a conocer en los últimos días de setiembre, se
establecía que para las elecciones de 1981 habría un candidato único, el que surgiría de
un acuerdo con la dirigencia política. En caso de no lograrse un acuerdo antes del 15 de
agosto de 1981, la elección presidencial se regiría por lo dispuesto por el A.I. Nº 2
(designación del Presidente de la República por el Consejo de la Nación). Se
ratificaban los Actos Institucionales en tanto no contradijeran la Constitución así como
las normas a dictarse hasta el momento de instalación de la nueva legislatura.
3.8. Los partidos políticos ante la nueva Constitución.
La instancia plebiscitaria abrió un espacio para la reactivación de los partidos políticos,
favorecida por algunas medidas tomadas desde el gobierno que, aunque tardías,
habilitaron discusiones e intercambios a nivel público mediados por las organizaciones
partidarias. Estos intercambios, que se dieron en un marco de control y vigilancia
permanente, comenzaron a poco tiempo de la consulta popular: no fue hasta julio de
1980 que el Ministerio del Interior envió una circular a todos los Jefes de Policía
autorizando la realización de reuniones políticas en locales cerrados. Las instrucciones
establecían que los organizadores y participantes de las reuniones debían ser ciudadanos
no proscriptos y tenían que pedir permiso previamente a la Jefatura de Policía
correspondiente.351 A partir de agosto se sucedieron declaraciones de militares, como
Néstor Bolentini y Abdón Raymúndez, en las que planteaban que paulatinamente se
levantarían las prohibiciones sobre la actividad partidaria 352 A fines de octubre el
Ministro del Interior y el Comandante en Jefe del Ejército informaron que podía hacerse
campaña proselitista por el NO.
Esta prudente apertura en busca del ciudadano 353 no significó el levantamiento de las
proscripciones que pesaban sobre casi toda la dirigencia política. Solo se levantaron las
que pesaban sobre un pequeño grupo dirigente de la Unión Cívica; en los años 1976 y
1977 se había levantado la proscripción a políticos de los sectores dirigidos por Pacheco
Areco y Gallinal Heber que habían sido elegidos para ocupar cargos en el Consejo de
Estado.
La adhesión al SÍ o al NO marcó una nueva línea divisoria entre las fracciones
partidarias en el Uruguay. En el Partido Colorado apoyaban el SÍ la Unión Colorada y
Batllista liderada por Jorge Pacheco Areco; en el Partido Nacional, hacían lo propio un
grupo vinculado al aguerrondismo, los sectores dirigidos por Alberto Gallinal, la

351
En enero de 1980 la Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado reiterando las
restricciones sobre las reuniones y las medidas de vigilancia sobre ciudadanos.

352
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 138.
353
Caetano, Gerardo; Rilla, José. Breve historia… ob.cit.; p. 68.
mayoría de la “Comisión de los Diez”, Alberto Heber Usher y un pequeño grupo
denominado “Defensor de las Leyes”. La Unión Radical Cristiana dejó a sus dirigentes
en libertad de acción; la mayoría de sus dirigentes militaron por el NO, en tanto la
izquierda apoyó decididamente esta opción.
El apoyo de Jorge Pacheco Areco fue importante para los militares por tratarse de un
ex- presidente y al momento del plebiscito, Embajador en los Estados Unidos. Era,
como señala Daniel Corbo, la “única real figura de peso partidario en tiendas
oficialistas”, no solamente porque había sido la fuerza mayoritaria del Partido
Colorado en las elecciones de 1971 sino porque mantenía contactos y apoyos tanto en
los sectores conservadores de la clase alta como en los barrios populares, en la capital
y en el interior. Esto último le permitió a los pachequistas organizar actos y
movilizaciones a favor del SÍ, que fueron acompañados por la formación de
organizaciones afines, como el Movimiento por la Concordia Nacional y la Unión del
Partido Colorado y la Comisión organizadora de la Juventud con Pacheco. Entre los
actos públicos por el SÍ organizados por los seguidores de Pacheco, acompañados por
volanteadas con los eslóganes, “Sí, Pacheco dijo sí”; “No tenga miedo, vote sí.”, se
contaron en Montevideo uno realizado en el Palacio Sudamérica el 9 de noviembre y
otro en el Cine Piedras Blancas el 11 de noviembre de 1980. Otros apoyos fueron
Radio Rural y el movimiento ruralista, cuya adhesión a Pacheco sumó votos para el SÍ
en el interior del país.
La importancia de la adhesión de Pacheco era percibida claramente por los dirigentes
batllistas, quienes, antes del anuncio público del ex - presidente, hicieron gestiones para
que no se pronunciara. Con este objetivo viajaron a Washington del 10 al 20 de octubre
Julio Mª Sanguinetti, Manuel Flores Mora y Jorge Franzini, donde se encontraron con
Pacheco y con el director de “El Día” José Batlle Chervieri. La gestión fue infructuosa;
Pacheco, cuyo pronunciamiento complejizaba la interna del Partido Colorado, apoyó la
salida que, según la interpretación de Corbo, lo dejaba a él con más oportunidades de
liderazgo en su partido y de convertirse en el candidato apoyado por las FFAA para las
elecciones de 1981.354
Su posición fue dada a conocimiento público a través de un documento, fechado en
Washington D.C el 5 de noviembre de 1980, difundido por algunos medios de
comunicación. El argumento central fue que “…el pronunciamiento a favor del SÍ
representa una vía realista para avanzar gradual y firmemente en el proceso de
354
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional...ob.cit.; p. 128-132.
recuperación institucional de la República y mantenerla debidamente preparada para
enfrentar y superar cualquier contingencia adversa en el futuro”355
La adhesión de Alberto Gallinal Heber, como hace notar Corbo, no revestía la misma
importancia que la de Pacheco, en tanto era una figura pública de menor envergadura y
con escaso apoyo popular.356 Pero no dejaba de ser útil: le aportaba al proceso cívico-
militar una figura reconocida dentro del nacionalismo y con prestigio en las clases altas,
especialmente las rurales. En los argumentos que Gallinal manejó para fundamentar su
postura estaba el de la incertidumbre que consideraba aparejaría la derrota del SÍ: “El
NO es adentrarse en la selva oscura”, declaró a Mundocolor el 13 de noviembre.357
Como se indicó antes, la mayoría de los sectores políticos se pronunciaron por el NO, y
trabajaron por esta opción desde los lugares a los que la dictadura los había confinado
desde 1973.
En el caso del Partido Colorado, la organización partidaria era muy débil. Se mantenían
los contactos entre dirigentes – en la lista 15 a través de Jorge Batlle- pero había
escasísimo contacto con la militancia partidaria. En 1980, dada la coyuntura, se
organizó un triunvirato de hecho, integrado por Jorge Batlle, Amílcar Vasconcellos y
Raumar Jude. Se había formado, como fue señalado, la Comisión de los Seis en el
marco del proceso de elaboración de las pautas para la futura Constitución, pero no
tenía tampoco vínculo con la ciudadanía colorada.
En el Partido Nacional, con Wilson Ferreira Aldunate en el exilio, el Directorio había
transferido la conducción a una autoridad de emergencia, el Triunvirato, integrado por
Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz, Mario Heber y los secretarios Fernando Oliú y
Gonzalo Aguirre, erigido en 1977. Se reunían semanalmente, planificaban encuentros
con dirigentes del interior, redactaban documentos de análisis. En octubre de 1980 el
Partido Nacional publicó clandestinamente ocho documentos o declaraciones
partidarias, escritas entre febrero de 1979 y agosto de 1980, precedidas por un prólogo
de Fernando Oliú.
De los encuentros de tipo familiar que revestían carácter político, el cumpleaños de
Carlos Julio Pereyra había ya comenzado a ser una instancia emblemática. En 1979, al
final de la celebración en el Centro Orensano, el dirigente blanco hizo un discurso de
fuerte contenido antidictatorial, al que el gobierno respondió con arrestos y privando de
355
Ídem, p. 130.
356
Había sido candidato a presidente en 1966 por el Movimiento Nacional de Rocha; luego se movió
políticamente hacia la derecha, para formar en 1982 una agrupación denominada Libertad y Servicio,
opuesta a Wilson Ferreira Aldunate.
357
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional...ob.cit.; p. 132.
hasta un tercio de la jubilación a los dirigentes proscritos que estaban en la reunión, y
destituyendo de sus cargos públicos a otros dirigentes.358
Frente a la instancia plebiscitaria, las dirigencias de los partidos tradicionales
intensificaron las tareas de reagrupamiento y fortalecieron los vínculos con el interior, a
través de visitas y actos, en una estrategia basada en el entramado de relaciones
personales. Si bien los principales dirigentes no podían encargarse de la oratoria en los
actos porque estaban proscriptos, hubo actos organizados conjuntamente por blancos y
colorados en el interior, así como reuniones de los dos triunviratos
Entre setiembre y noviembre se sucedieron los pronunciamientos partidarios por el NO.
El 19 de setiembre de 1980 tuvo lugar el pronunciamiento, desde el exilio, de Wilson
Ferreira Aldunate. Su argumentación iba dirigida a contraponer, de un lado, la tradición
nacional identificada con una institucionalidad garante de la libertad y, del otro lado al
proyecto militar como algo antinacional en tanto contrapuesto a los ideales de libertad
de Artigas, Saravia, Batlle, Herrera, Brum, Frugoni y Regules. El otro eje
argumentativo estaba vinculado al carácter legitimador del régimen que implicaba el
plebiscito: apoyar el SÍ no conduciría a la salida sino a la consolidación de la
dictadura.359
El 15 de octubre de 1980 se pronunció orgánicamente el Partido Nacional. Bajo el
título “Por qué votaremos No en el plebiscito del 30 de noviembre” se exponían una
serie de razones – retomando el hilo argumental de Wilson Ferreira Aldunate- para
rechazar la reforma constitucional. Los argumentos, resumidamente, hacían referencia a
que con la nueva constitución las FFAA continuarían en el poder, mientras que un
triunfo del NO obligaría a replantear la situación. Se señalaba asimismo la
inconveniencia de que el pueblo consintiera una situación de fuerza, ya que eso
contribuiría a afianzar definitivamente a las FFAA. La propuesta de candidato único era
otro de los motivos de oposición, llamándose a votar por el NO de forma de votar contra
el gobierno y desautorizarlo. 360
El 14 de noviembre de 1980 se hizo pública la postura de Julio Ma. Sanguinetti a través
de un artículo publicado en “El Día”. Señalaba en esa ocasión Sanguinetti: “El texto
constitucional sometido a ratificación plebiscitaria supone un serio retroceso en la
tradición del país. Incluso desmejora la situación de facto hoy vigente, en que si bien
los Actos Institucionales han suspendido la vigencia de aspectos fundamentales de la
358
Ídem, p. 147.
359
Ídem, p. 158.
360
Ídem, pp. 150-151.
Constitución, el conjunto del esquema institucional no se ha alterado con la irrupción
de una filosofía ajena a la que, desde la revolución emancipadora, inspira los textos
nacionales” 361
El 19 de noviembre de 1980 se emitió la declaración conjunta del Partido Nacional y
del Partido Colorado, titulada El Partido Colorado y el Partido Nacional ante el
plebiscito, significativa en tanto los dos partidos tradicionales aparecían unidos en la
defensa de una matriz filosófica común de tipo democrático-liberal.
Muy próximo a la fecha del plebiscito, el 27 de noviembre, se publicó en el semanario
Opinar el pronunciamiento de su director Enrique Tarigo, con el título Mis muchas
razones para el NO. El dirigente colorado, adalid de la lucha contra el proyecto
dictatorial, planteaba diecinueve razones para votar NO. Entre ellas, el predominio del
poder militar que la nueva constitución consolidaba, la disminución de funciones del
Parlamento, la pérdida de independencia del Poder Judicial, la eliminación de la
autonomía de la enseñanza. Culminaba diciendo: “[…] por una fórmula constitucional
de transición con garantías para todos y que no traicione la vocación de libertad, de
democracia representativa y de concordia nacional que conforma la esencia de la
República, votaremos por NO el domingo venidero. ¡Arriba los corazones!” 362

En el corto tiempo que dispusieron para la propaganda, los partidos organizaron actos
públicos por el NO. El primer acto del Partido Colorado por el NO en Montevideo fue
el 31 de octubre a las 20 hs en el Cine Cordón, organizado por la Coordinadora de la
Juventud del Partido Colorado, con la asistencia de los miembros de la Comisión de los
Seis. Participaron más de dos mil personas, siendo los oradores Guillermo Facello,
Julio Aguiar, Amílcar Vasconcellos (h) por la delegación joven y por la Comisión de los
Seis: José Luis Batlle, Enrique Tarigo y Máximo Gurméndez. En este acto, Tarigo
realizó un encendido discurso en el que sostuvo: “Y no podemos consagrarlo, no
podemos votarlo, no podemos nosotros mismos establecerlo para nosotros y para
nuestros hijos, porque esto contradice veinte siglos de civilización, de esclarecimiento,
de progreso, de desarrollo y no solo de progreso y desarrollo materiales sino de
desarrollo y progreso interior, de progreso y desarrollo en la concepción misma del
hombre… 363

El viernes 14 de noviembre a las 20 tuvo lugar el acto convocado por los movimientos
Por la Patria, Nacional de Rocha, Herrerismo, Patria y Ley, Divisa Blanca y Juventudes
361
Ídem, p. 155.
362
Ídem, p. 158.
363
Ídem, p. 163.
del Partido Nacional, en el Cine Cordón, en Montevideo. Julián Murguía, animador del
acto, comenzó reivindicando el NO y recordando a los proscriptos, los de adentro y los
de afuera. También se pronunciaron palabras de recuerdo para Héctor Gutiérrez Ruiz.
Luego se dio lectura a una declaración conjunta del Partido Nacional y del Partido
Colorado. Los oradores en este acto fueron Juan Andrés Ramírez (Divisa Blanca),
Eduardo Pons Etcheverry (Herrerismo), Héctor Lorenzo Ríos (Movimiento de Rocha)
y Fernando Oliú (Por la Patria) Los discursos se caracterizaron por un fuerte tono
opositor, acompañados del grito ¡Wilson vuelve! Mientras tenía lugar el acto,
comenzaba la represión en la calle, llegando la policía a invadir con caballos el hall del
cine y llevando numerosos detenidos. Entre los mismos se encontraban los responsables
del acto (firmantes de la solicitud de permiso policial): José Ma. Speranza, Horacio
Terra y Conrado Hughes, militantes de Por la Patria. El 15 de noviembre, el Partido
Nacional emitió un comunicado de repudio a la actuación militar con el título Salvaje
represión de un acto opositor.364
En este contexto y fuertemente vinculada a la lucha por el NO, se constituyó un nueva
agrupación en el Partido Colorado, la Corriente Batllista Independiente. Se presentó
públicamente en un acto, con la presencia de más de un centenar de jóvenes, el 13 de
noviembre de 1980 en el club “Residentes de Río Negro”. Su manifiesto constitutivo era
de rechazo al proyecto de reforma, en el cual se decía: “El país anhela, cada día con
mayor lucidez y con mayor vehemencia, reencontrarse con la plenitud democrática que
es su vocación histórica. Se le presentó este proyecto de Constitución, como la única
salida posible del régimen de excepción que desde hace siete años impera en la
República. Afirmamos que la salida ofrecida no es tal, y que el texto proyectado no
ofrece más que la institucionalización del actual estado de cosas”. El manifiesto contó
con las firmas de Enrique Alonso Fernández, Manuel Flores Silva, Roberto Asiaín,
Ope Pasquet, Miguel Manzi, Hugo Granucci y Washington Abdala. Entre sus primeras
acciones de movilización se contó la realización de un acto público en el Cine Arizona,
convocado para explicar las razones de su voto por NO 365
A la movilización de los sectores de los partidos tradicionales por el NO, la izquierda,
en medio de la proscripción, el exilio y la prisión, aportó el esfuerzo de aquellos
militantes con cierto margen de posibilidades de actuación, que dieron charlas en

364
Maiztegui, Lincoln. Ob.cit.; pp. 506-509.
365
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional... ob.cit.; pp. 176 y 177.
centros sociales y parroquias, y participaron en diferentes movilizaciones con
integrantes de otras filas partidarias. 366

7.12. La campaña previa al plebiscito: David contra Goliat

En los meses previos a la consulta popular se desarrolló una campaña absolutamente
asimétrica, en la que predominó la propaganda oficial a favor del SÍ – favorecida por el
monopolio gubernamental de los medios escritos, radiales y televisivos- frente a las
formas de trasmisión obligadamente más artesanales y recortadas que tuvieron que
emplear los partidarios del NO.
La defensa del proyecto de reforma constitucional se articuló a través de la propaganda,
dirigida por la DINARP, y vehiculizada mediante la radio, la televisión y los afiches en
el espacio público, y a través de la acción proselitista de los civiles vinculados al
gobierno, quienes realizaron visitas el interior en busca de las “fuerzas vivas” locales.
La campaña propagandística no se centró en la defensa del texto constitucional, que solo
fue publicado en el Diario Oficial, sino en las realizaciones gubernamentales, lo que
redundó en que el plebiscito fuera más sobre el régimen que sobre la reforma en sí.
Esto, que fue promovido por los recursos publicitarios utilizados desde el gobierno,
terminó resultándole al mismo claramente desfavorable.
La dictadura bombardeó mediáticamente a la población con lo que consideraba sus
logros. Éstos fueron presentados en dos planos: el de las obras de infraestructura
realizadas, en consonancia con la idea de Seguridad para el Desarrollo y el de la
superación de un pasado inseguro y convulsionado por la acción de grupos de izquierda,
al que el régimen habría puesto fin instaurando la calma y la seguridad que la población
anhelaba. Los avisos estaban dirigidos a justificar la necesidad de institucionalizar un
modelo de Estado fuerte, capaz de evitar el riesgo del pasado tenebroso que pintaban. A
los afiches realizados en este sentido se le sumó la difusión de jingles de música
pegadiza, como por ejemplo el que rezaba “Sí por mi país Sí por Uruguay”.
Solamente en los días previos a la consulta, y en respuesta a la presión desde los
sectores opositores, se realizó propaganda destinada a aclarar disposiciones específicas
del texto constitucional, fundamentalmente aquellas que habían sido más cuestionadas
públicamente, como la del candidato único. En este sentido iba el documento publicado
366
Ídem, p. 147.
en noviembre titulado “La nueva Constitución. ¿Por qué? ¿Para qué?” en el que por
ejemplo se sostenía la pertinencia del proyecto a través de la afirmación Una
constitución para nuestro tiempo. Se planteaba en él: “La presente Constitución, que se
tacha de militarista, es, por el contrario, un intento del Gobierno y de las Fuerzas
Armadas, de resolver por el Derecho lo que en el pasado crítico hubo que defender por
las armas. Es la adecuación de las normas constitucionales a los problemas que debe
enfrentar el Uruguay de hoy. Es la forma de evitar que algún día las Fuerzas Armadas
tengan que volver a intervenir para resolver los graves problemas que genera el
desgobierno; los graves problemas que genera la actitud omisa de los responsables de
conducir los destinos del país”.367

Los civiles en el gobierno dictatorial, especialmente los consejeros de Estado,

participaron en la campaña por el SÍ, recorriendo el interior del país y, en Montevideo,
visitando instituciones como la Universidad. En estas instancias no hubo prácticamente
intercambio con la población; predominaron las presentaciones en las que se exponían
las razones por el SÍ, con ausencia de discusión.
Las encuestas de opinión también jugaron a favor del SÍ. Los sucesivos sondeos
realizados por la empresa Gallup, entre octubre y noviembre, daban como ganadora a la
opción favorable a la reforma, aunque hacia el 25 de noviembre el responsable de la
encuestadora dijera no poder aventurar un resultado por el alto número de indecisos. 368
Los militares también jugaron su papel en la campaña, haciendo política a través de la
descalificación del NO y de sus defensores. El Brigadier general Raúl Bendaham
expresó el 12 de noviembre de 1980 que los votantes por el NO serían los terroristas, los
marxistas y los que no quisieran al país. Se recurrió también a la idea de que el voto
por el NO implicaba congelar la situación y no habilitar a ningún cambio posterior,
sofisticación intelectual que desde los militares estuvo a cargo del general Julio Rapela.
Éste dividió a los votantes por el NO en tres categorías: los que creían que el Proceso
debía continuar tal cual, los “dirigentes clásicos” que no comprendían la situación
actual y los “marxistas subversivos” junto a los legisladores traidores.369
El 25 de noviembre a las 21, por cadena de radio y televisión, hablaron Queirolo,
Márquez y Bendaham. El viernes 28 fue Aparicio Méndez quien utilizó la cadena, en

367
DINARP: “La nueva Constitución. ¿Por qué? ¿Para qué?”(XI/1980).
368
Ídem, p. 132.
369
Martínez, Virginia. Ob.cit. ; p. 146.
un operativo de saturación de la opinión pública que a la larga demostraría haber sido
contraproducente.
Se apeló también a demostrar que el “peligro” de la izquierda anti sistema estaba
latente y que constituía una amenaza para la sociedad. En esta línea, cuarenta y ocho
horas antes del plebiscito los militares denunciaron una conspiración subversiva en el
Penal de Libertad, presuntamente organizada por un grupo de ex - tupamaros
denominados seis puntistas, nombre derivado de su plataforma política, en alianza con
la Convergencia Democrática en el exterior. Se trataba de una maniobra política de la
dictadura que, si bien se basaba en un hecho real, tenía como propósito vincular el
supuesto plan sedicioso con la acción de los grupos que impulsaban el NO.
El hecho de que el gobierna autorizara la propaganda por el NO significó que la
oposición volvería a hacerse oír, aunque en desventaja frente al ensordecedor aparato
propagandístico oficial. En consecuencia, los partidos políticos saldrían nuevamente a la
escena, como constructores de la opinión ciudadana, aunque en el marco restrictivo que
venía aplicando el régimen. Significaba esto que los únicos que podrían tomar la palabra
eran los dirigentes partidarios habilitados; aquellos pertenecientes a los sectores
opositores dentro de los partidos políticos tradicionales comenzaron a organizar actos en
locales cerrados.
La oposición, con recursos muy restringidos, debió apelar a formas de comunicación
distintas, semi-clandestinas, que apelaban a la trasmisión entre familias y vecinos, en
fiestas familiares que funcionaban como pretexto para el encuentro político, en los
mensajes boca a boca, difíciles también de propagar en el marco de desconfianza hacia
el otro generado por la dictadura en el tejido social. La escucha de mensajes políticos
grabados en cassettes fue otra forma de acercarse al NO.
Se realizaron también acciones que implicaban compromiso y riesgo para los militantes
la mayoría de ellas atribuidas al Partido Nacional y a organizaciones de izquierda:
pintadas, inscripciones en muros y paredes de la ciudad y volanteadas realizadas en
forma relámpago en lugares de aglomeración de público. 370
Las razones para apoyar el NO fueron transmitidas también a través de canales
formales. El 6 de noviembre de 1980, a poco más de tres semanas de la instancia

370
Según un informe secreto de la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones antisubversivas)
habían sido organizadas por una Mesa de las Juventudes Convergentes, integrada por UJC, JSU y
juventudes nacionalistas (MUN) que actuarían a nivel de la Universidad. En: Corbo, Daniel. El plebiscito
constitucional…ob.cit.; p. 181.
plebiscitaria, aparecía el primer número del semanario “Opinar” 371. Bajo la dirección de
Enrique Tarigo y con Luis Antonio Hierro372 como redactor responsable, se convertiría
en el órgano de prensa más importante en la campaña por el NO.
Dentro de la prensa periódica, “El Día” mantuvo un perfil relativamente crítico al
proceso, comparado con otros órganos de prensa, a través del suplemento sabatino “La
Semana”. A partir del pronunciamiento de Jorge Pacheco Areco predominó dentro del
diario la tendencia a apoyar el SÍ, la que no se tradujo en un pronunciamiento explícito
por la incorporación al texto constitucional de la candidatura única y por la ruptura que
esto generaría con dirigentes de importancia dentro del partido. Así, “El Día” se
mantuvo, en una posición de no definición, albergando en sus páginas por igual
expresiones de dirigentes colorados que sustentaban una y otra postura en el plebiscito.
373

En términos de publicaciones periódicas, revistió mucha importancia para la resistencia

a la dictadura y para la difusión del NO, la revista “La Plaza”, de la ciudad de Las
Piedras. Dirigida por Felisberto Carámbula, referente batllista de aquella localidad, su
primer número apareció el 30 de noviembre de 1979. Escribieron en “La Plaza”
dirigentes de los partidos tradicionales como Hierro Gambardella, Flores Mora y
Zumarán, intelectuales y políticos de izquierda como Hugo Alfaro y Vivián Trías que
escribían con seudónimo, así como sacerdotes comprometidos con la defensa de los
derechos humanos como Juan Martín Posadas, Juan Luis Segundo y Luis Pérez Aguirre.
A nivel radial, la emisión de “Diario 30”, iniciada el 3 de noviembre de 1980 desde CX
30 “La Radio”, con la conducción del director y periodista de la emisora José Germán
Araújo, abrió otro espacio para las voces discordantes con el oficialismo.

El hecho novedoso, para un país acallado desde el golpe de Estado, fue la realización de
debates televisivos entre partidarios del SÍ y del NO. El primero de los tres debates
realizados tuvo lugar el 13 de noviembre y fue emitido por Canal 12. Por el SÍ,
argumentaron Enrique Viana Reyes y Néstor Bolentini; por el voto en blanco, Álvaro
Pacheco Seré y por el NO, Máximo Gurméndez. El segundo debate fue transmitido el
371
El primer número no fue autorizado a salir cuando estaba pronto el 30 de octubre, sí lo fue una semana
después.
372
Tarigo había trabajado antes en “El Día”. Publicaba artículos en El Telégrafo de Paysandú y en la
revista semanal “Noticias”, dirigida por Danilo Arbilla, cuyos secretarios de redacción eran Luis Hierro
López y Rodolfo Fattoruso. Tarigo dejó “Noticias” cuando desde el dueño de la publicación y la imprenta
decidieron no publicar unos artículos de su autoría críticos de las pautas constitucionales. En solidaridad
con Tarigo renunciaron Arbilla, Hierro y Fattoruso.
373
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional … ob. cit. p. 184
14 de noviembre, grabado, por Canal 4 y ha sido el más recordado dentro de las
instancias de memoria relativa a la lucha por el NO. El tercer debate televisivo fue
transmitido por Canal 12, el 20 de noviembre. Por el SÍ, participaron Eduardo Esteva,
Juan Carlos Blanco y Jorge Echeverría Leunda; por el NO, lo hicieron Aníbal
Barbagelata e Ignacio Zorrilla.
El segundo debate fue el de mayor impacto en la ciudadanía. Tuvo lugar en el espacio
del programa periodístico “En profundidad” que dirigía Carlos Giacosa, director
periodístico de Telenoche. La conducción fue de Carlos Giacosa y Asadur Vaneskaian.
Por el NO participaron Enrique Tarigo y Eduardo Pons Etcheverry; por el SI, lo
hicieron Néstor Bolentini y Viana Reyes. Fue transmitido el 14 de noviembre, día en
que Sanguinetti publicó su artículo “Hasta el 30 un NO”. Los defensores del SÍ basaron
su argumentación en la situación del Uruguay previa a la dictadura, a la que
consideraban caótica, y de la que el país habría sido salvado a partir de la instauración
del régimen cívico militar. Tarigo y Pons Echeverry se centraron en la defensa del
sistema democrático liberal y en la identificación del proyecto de reforma constitucional
con los fundamentos de los regímenes totalitarios. Sobre las repercusiones del debate
Demasi interpreta: “Se comprende que a este debate le corresponda el privilegio de ser
el creador de una nueva realidad política, y que los argumentos manejados en esta
ocasión fueran retomados, repetidos y amplificados en todo el país y por todas las
corrientes opositoras. Era el síntoma visible de que se había producido una radical
reconfiguración del campo de la política, y ahora los opositores pasaban a formar un
bloque relativamente homogéneo y políticamente operante.”374
El debate impactó también fuertemente en el gobierno, ya que los mandos militares
debieron dar respuesta a los cuestionamientos formulados desde la oposición. Como ya
fue señalado, en los días siguientes se publicó el proyecto en la prensa, y aparecieron
nuevos lemas en la propaganda, imprimiéndole un giro de corte político a la discusión.
El 30 de noviembre de 1980 se llevó a cabo la consulta popular, que se desarrolló en
general con normalidad. El A.I. Nº 10, del 10 de noviembre de 1980, había establecido
que el proyecto de reforma constitucional requeriría, para su aprobación, del voto por
SI de la mayoría simple de sufragios válidos. Sufragaron más de un 85% de los
habilitados; La opción por el NO tuvo 885.824 votos (57,9 %) y la opción a favor
643.858 votos (42%)375. La derrota del proyecto dictatorial significaba que el gobierno

374
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p.81.
375
Corbo, Daniel. El plebiscito constitucional… ob. cit. p. 207.
no podría arrogarse más la facultad de ser el representante de la voluntad de los
ciudadanos. Había surgido un bloque opositor articulado en torno a los partidos
políticos, al que necesariamente el gobierno debía considerar como su interlocutor y
negociar con su proyecto político.376

D. La “dictadura transicional” (1980-1984)

1. 1981: bajo los efectos del No

1.1. Los cautelosos pasos de los militares.

Consumado el plebiscito con el resultado adverso, las autoridades enfrentaron un

nuevo escenario político con un nuevo estado de ánimo, no exento de ambigüedades. El
régimen no podía menospreciar un relevante apoyo electoral del entorno de los 710.000
ciudadanos (cerca del 42% de los votantes), pero no se esperaba la derrota. La reacción
inmediata denotó frustración. Como mecanismo de advertencia a una oposición que no
debía pensar que la apertura podía precipitarse, la misma noche del plebiscito, una vez
conocidos los resultados, el Ministro del Interior Gral. Manuel Núñez anunció por
cadena la suspensión de toda actividad política. La incertidumbre para los vencedores
no podía ser mayor. Los anuncios agoreros de quienes anunciaban que una derrota del
proyecto militar endurecería al régimen parecían volverse reales. Al mismo tiempo,
autoridades del régimen exponían a la prensa argumentos que pretendían diluir todo
sentimiento de derrota. Fue con el transcurrir de los meses siguientes, que los
movimientos desde la cúpula militar indicaron que un camino de apertura cautelosa
tendría lugar.

El periodista Alfonso Lessa ha develado un documento secreto de diciembre de

1980, con el sello de la Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, que
recoge las opiniones de los integrantes de la cúpula militar sobre el resultado del
plebiscito. El documento contenía una fuerte autocrítica por lo actuado, siendo un punto
central el desconocimiento que se había hecho de los partidos políticos (“el pueblo
responde a los políticos”, “nuestro pueblo todavía obedece al político”). Se entendía

376
Demasi, Carlos. “La evolución del campo político de la dictadura”, ob.cit.; p. 82.
que la ciudadanía había interpretado algunos puntos del proyecto constitucional como
antagónicos con el papel del “político”: la candidatura única a la presidencia, la
persistencia del Consejo de Seguridad Nacional, la creación de un Tribunal de Control
Político. Se deducía que “lo pasado obliga a reconocer las vigencia de los Partidos
Políticos que creíamos derrotados”. Se lamentaba asimismo la “falta de integración de
la Juventud al Proceso Político”, o la ausencia de “nuevos líderes sindicales y
estudiantiles” y que la Administración Pública y los medios de comunicación tenían a
sus mandos intermedios “infiltrados por marxistas y personas de mentalidad liberal”377.
Las conclusiones del documento no indicaban de ninguna manera signos de flaqueza de
parte de los Oficiales Generales. Se señalaba que debía “extremarse la preocupación en
mantener la moral de las FFAA” (se agregaba: “las FFAA nos están mirando y
esperando soluciones”), que debía anunciarse que no habría aún elecciones “con el
énfasis correspondiente”378, y “en caso de brote subversivo, actuar con mucha dureza”.
El documento, planteaba que el proceso de “Institucionalización” debía continuar, pero
“en función de los objetivos que se alcancen, no atarse a tiempos”. El organismo militar
encargado de llevar adelante el nuevo cronograma sería la Comisión de Asuntos
Políticos.379

Este documento, escrito al calor de la derrota, y por su carácter secreto, puede

tomarse como un adecuado termómetro del ánimo político de los militares hacia fines
de 1980. La voluntad de negociar una salida con participación civil seguía vigente, pero
su tono transaccional era muy débil. El énfasis autocrítico puede revelar una trama de
rivalidades internas en torno a lo realizado hasta el momento. Algunas de esas asperezas
recorrerían todo el proceso transicional.

La cuestión de si el 30 de noviembre de 1980 “marcó efectivamente un punto de

inflexión del proceso político y el comienzo de la transición”380, como dice Achard, ha
sido controvertida por Demasi. “La construcción del relato de la transición hecho desde
la perspectiva de su final e iniciado con el plebiscito constitucional de 1980, nos ha

377
Tópicos como estos aparecían en ítems denominados “factor sico-social”, expresión recurrente en las
dictaduras asociadas a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
378
En el cronograma previo a la derrota plebiscitaria se preveían elecciones nacionales, con candidato
presidencial único, para noviembre de 1981.
379
Lessa, Alfonso, La primera orden… ob. cit., pp. 123-126 y 350-355.
380
Achard, Diego, La transición en Uruguay, Instituto Wilson Ferreira Aldunate, Montevideo, 1992, p.
14.
llevado a pensarlo como un proceso de desenlace fatal” a riesgo de minimizar “las
dificultades que debieron superarse para llegar a las elecciones” de 1984. Esta mirada
contribuye a calibrar el carácter dinámico del proceso transicional, “tortuoso” subraya
Demasi citando a Gillespie381.

Lo que se desprende de aquel documento secreto en el sentido de que la

negociación con los partidos sería inevitable, tardó algunos meses en hacerse visible.
“De la mano del fracaso, quedaba demostrado para los militares uruguayos que no era
posible tarea política alguna sin la mediación civil encarnada en los partidos
políticos”382

Caetano y Rilla han sostenido, a modo de hipótesis que algunos cambios en los
mandos militares ocurridos a partir de marzo de 1981, más allá de estar sujetos a las
reglas de relevos que los militares cumplieron a rajatabla a lo largo de todo el proceso,
pudieron ser expresión de una nueva actitud. Una nueva Junta de Oficiales en Jefe,
acompañada de otros cambios, fue la cara visible del régimen en los meses siguientes383.
En discursos siempre matizados, algunos de los nuevos jerarcas anunciaron una
voluntad dialoguista. Actos de asunción de los nuevos jerarcas fueron ocasión para que
ese enfoque se hiciera público, como cuando el nuevo Ministro del Interior manifestó
“el diálogo está abierto”, o cuando el Gral. Rapela recordó que “el funcionamiento de
los partidos políticos fue nuestra premisa desde hace muchos años”. Por su parte, el
nuevo Comandante en jefe de la Armada indicó: “hay que institucionalizar el diálogo,
en vez de institucionalizar el conflicto”.384

1.2. Los partidos

381
Demasi, Carlos “La evolución del campo político en la dictadura…” ob. cit., p. 85.
382
Caetano y Rilla, Breve historia…, ob. cit., p. 94.
383
Los nuevos nombramientos fueron: Gral. Yamandú Trinidad en el Ministerio del Interior, Cnel.
Washington Varela en la Jefatura de Policía de Montevideo, Gral. Bonelli en la Escuela de Armas y
Servicios, C/A Rodolfo Invidio en el Comando de la Armada, el Brig. Gral. José Cardozo como Jefe de la
Fuerza Aérea. Caetano y Rilla, Breve historia…, ob. cit., p. 93.
384
Maiztegui, ob. cit., p. 540.
 Los partidos, silenciados y/o ilegalizados, nunca habían dejado de funcionar,
situación de la que dan cuenta los partes de los servicios de inteligencia del régimen385,
así como innumerables testimonios. Los dos partidos tradicionales habían adoptado un
formato triunviral de su dirigencia, de manera de simplificar su funcionamiento ante el
contexto de vigilancia y represión. La izquierda mantenía direcciones políticas
clandestinas, en contacto con sus direcciones en el exilio, y con el presidente del Frente
Amplio en la Cárcel Central. Todas las fuerzas políticas opositoras sostenían a su vez
nucleamientos de base que mantenían vivas las respectivas llamas partidarias, sobre
todo a través de la distribución del mensaje de sus líderes, o la confección e impresión
de precarios medios de propaganda386.
Pero los intentos por concretar alianzas suprapartidarias para adelantar la salida
democrática luego del plebiscito, no fueron exitosas. A los pocos días de ese evento
electoral, el Triunvirato nacionalista entregó a las autoridades coloradas opositoras, con
el objetivo de acordar sus contenidos, un documento que exigiese al gobierno una
declaración de intenciones sobre los pasos a dar en dirección al diálogo y la apertura
política. Los colorado rechazaron la propuesta, apelando a una actitud cautelosa, signo
de lo que sería el discurso partidario durante toda la transición. Estas posiciones, que
Maiztegui ubica como correlato de las raíces históricas de ambas colectividades (“la
radicalidad principista de los blancos frente a la tendencia colorada hacia el
posiblismo y el acuerdo”387), van a marcar dos estrategias diferentes en el camino hacia
la recuperación democrática. La participación del Frente Amplio desde 1984 en las
negociaciones, como veremos luego, va a complejizar esa trama y los juegos de
alianzas.
Ejemplo de esa radicalidad blanca, fue la carta hecha pública en abril de 1981
por las autoridades del Partido Nacional. El texto exigía al régimen asumir su derrota,
apresurar la transición, llamando al diálogo a los líderes “naturales”388 y convocar a una
Asamblea Constituyente. Por supuesto que las autoridades no ensayaron respuestas.

385
Véase al respecto: Universidad de la República, Investigación Histórica sobre la Dictadura y el
Terrorismo de Estado en Uruguay, Tomo III, FHyCE-CSIC-UDELAR, Montevideo, 2008.
386
Entre las principales actividades de aquella militancia velada, deben tenerse en cuenta las reuniones en
casas de familia con dirigentes, la distribución de cassettes con mensajes de líderes exiliados (para los
blancos fue emblemático ese recurso para difundir la voz de Ferreira Aldunate), o de cartas del exilio y la
cárcel. La militancia comunista logró mantener vigente la distribución clandestina de dos de sus
periódicos, con algunas interrupciones (Carta, y Líber Arce).
387
Maiztegui, ob. cit, p. 528.
388
El texto no los mencionaba pero la alusión era clara: “en este país y fuera de él nadie ignora quiénes
son”.
 En el correr de 1981, la mayoría nacionalista estrechó filas en torno a la figura
de Ferreira. En setiembre, éste se trasladó a Río de Janeiro, en donde se encontró con
numerosos dirigentes que viajaron desde Montevideo, ocasión en la que los
lineamientos estratégicos de esta corriente quedaron definidos con un marcado
componente de intransigencia, abonada por las características de su líder.

Las corrientes opositoras de los partidos tradicionales encontraron en nuevos

medios de prensa la manera de intervenir en los asuntos públicos en distintos frentes:
como voceros ante el régimen, como interlocutores entre sus diversas fracciones y,
esencialmente, como canalizadores de la inquietud de aquella porción de la ciudadanía
que aspiraba a normalizar la institucionalidad política. Al semanario colorado Opinar,
creado en 1980 y dirigido por el Dr. Enrique Tarigo, que había sido un puntal en la
campaña plebiscitaria por el No, se sumaron en marzo de 1981 el Correo de los Viernes,
que respondía al Dr. Julio M. Sanguinetti, y en julio de ese año La Democracia,
orientado por partidarios del dirigente blanco Ferreira Aldunate389.

2. Las acciones militares de julio a noviembre de 1981

2.1. Las conversaciones con los políticos

En julio, los militares, a través de la COMASPO, tomaron la iniciativa de llamar

a diferentes políticos de los partidos tradicionales y de la Unión Cívica para mantener
conversaciones, rotuladas como “bases para el diálogo”. Éstas, de carácter informal, en
las que se convocaba desde figuras afines al régimen hasta connotados enemigos del
gobierno como Carlos Julio Pereyra, antiguo compañero de fórmula de Ferreira
Aldunate, adolecían de todo carácter de representatividad objetiva. Constituyeron sí el
primer síntoma de voluntad dialoguista, con propuestas que serían inaceptables para la
oposición, como integrar el Consejo de Estado, así como promesas de dar “amplias
libertades” y otorgar desproscripciones. De todos modos, se anunciaba como inviable la
desproscripción de Ferreira Aldunate y del Frente Amplio.

389
Véase un tratamiento del papel de la prensa opositora en esta época en Demasi, Carlos, “La evolución
del campo político en la dictadura”, ob. cit.
 El Plan político de los militares se conoció el 28 de julio de 1981, mediante el
Acto Institucional No 11. A continuación, se produjeron las primeras desproscripcions
de políticos, más de cien, aunque denotando un claro sentido gradual, ya que se
mantenía la proscripción de varios dirigentes de primera línea, entres los cuales los
nacionalistas Carlos Julio Pereyra y Dardo Ortiz (ambos miembros del Triunvirato
clandestino), obviamente Ferreira, y los colorados Jorge Batlle y Amílcar Vasconcellos.
El nuevo cronograma incluía la designación de un nuevo presidente ese mismo año, con
mandato por tres años.

En sí, el Plan Político de 1981, difería con respecto al planteado en 1977 (y

frenado por el No de noviembre de 1980) en el orden de aplicación de las medidas del
cronograma. Primeramente, se aprobaría un Estatuto de los partidos, que regularía las
elecciones internas de los mismos, y con cuyas autoridades electas se acordaría un
proyecto constitucional que conduciría a alecciones nacionales. Notoriamente, la
posición de los partidos sería clave en el juego transicional.

2.2. La interna militar y la designación de Álvarez como presidente

La dictadura uruguaya estuvo caracterizada por el carácter colegial de la cúpula

militar. Obedeciendo a una lógica de relevos pautados por la tradición de la institución
castrense, ese mecanismo obró como límite para el ascenso y la consolidación de
cualquier liderazgo individual. Sin embargo, no faltaron ambiciones caudillistas en la
interna militar y la más visible, y hasta cierto punto exitosa, fue la del Gral. Gregorio
Álvarez, quien operó en la interna militar con ese objetivo, tal vez desde antes del golpe
de Estado390. Sin embargo no fue hombre de consensos, y precisamente en torno a su
figura, se configuraron fracciones favorables a su liderazgo y otras notoriamente
opuestas391. Todo indica que Álvarez y su entorno más próximo aguardaban la
aprobación del proyecto constitucional en noviembre de 1980 por parte de la ciudadanía
para impulsar su nombre como el candidato único a la presidencia que esa salida
política incluía. El triunfo del No constituyó entonces un freno a esas aspiraciones, un

390
Para una aproximación al periplo personal de este militar véase: Lessa, Alfonso, La primera orden…,
ob. cit.
391
Se destacó en ese sentido el accionar de la logia de los “Tenientes de Artigas”. Ver Lessa, A., La
primera orden…, ob. cit.
“mazazo”, según Lessa392. De allí en más, sus seguidores dieron batalla en la interna
militar para que su líder llegara a la presidencia, aunque no fuera con el aval ciudadano
como se había previsto. Algunos movimientos políticos, como el anuncio del Cnel.
Bolentini, en enero de 1981, de constituir un partido del Proceso, serían indicios de esa
proyección política393.
A fines de julio, la Junta de Oficiales Generales ingresó en la discusión sobre la
elección del nuevo presidente, quien debería sustituir en esa función a Aparicio Méndez.
La primera cuestión a resolver era si debía tratarse de un civil o un militar. Esta
discusión ocultaba una fisura más profunda: la que se producía entre los que animaban
la candidatura de Álvarez y los que la rechazaban394. Según Achard, este diferendo, y la
posterior designación de Álvarez como presidente, constituyó la “más importante
fractura que se habría de dar en el frente militar durante todo el Proceso”395. Pero la
victoria de los “goyistas” sería solo aparente, ya que el Presidente quedaría sujeto al
control de la Junta de Oficiales Generales. Esta línea divisoria jugó un papel en la
transición: frente a la tentación caudillista de Álvarez, se fortaleció la posición de los
militares que privilegiaban una salida política ordenada, favoreciendo al mismo tiempo
el accionar partidario.
El 1º de setiembre de 1981, Álvarez asumió la presidencia de la República. En el
discurso de asunción anunciaba su peculiar enfoque del proceso transicional que se
avecinaba, en el cual la nueva institucionalidad a ser creada sería la continuidad natural
del proceso dictatorial. “Las Fuerzas Armadas en este entorno, cuidarán que la
evolución político-institucional se desarrolle y consolide, operándose una transferencia
en el ejercicio del poder hacia instituciones genuinamente democráticas, que sean
capaces de continuar el proceso de reconstrucción nacional”. Cabe destacar que
Álvarez presentaba en ese mismo discurso, como momento inicial “del proceso de
reconstrucción y consolidación nacional”, la fecha de febrero de 1973, y no junio de ese
año, cargando así de sentido fundacional a la sublevación militar de ese verano y a los
Comunicados Nos. 4 y 7, ya mencionados en este trabajo. La referencia a los conceptos
centrales de aquellos comunicados se evidenciaba en el anuncio de que las FFAA

392
Ídem, p. 212.
393
Maiztegui, L, ob. cit., p. 531.
394
Según Achard, en esa puja se alinearon a favor de Álvarez la mayoría de los generales del Ejército, con
la excepción de Queirolo, Medina, Coitito y Paulós. En la Armada y la Fuerza Aérea primaban los
antagonistas a ese liderazgo. Pero la presión del Ejército como la fuerza de mayor peso en el seno de las
FFAA fue ejercida con éxito para lograr los 2/3 requeridos.
395
Achard, D. ob. cit., p. 17.
seguirían “promoviendo e incentivando el desarrollo en seguridad, acepción
contemporánea de la paz.” El camino que el nuevo dictador se proponía iniciar preveía
severas restricciones para el nuevo orden constitucional a ser creado: “Las ideologías
totalitarias y las organizaciones que a ellas responden, no tendrán, sin embargo, la
posibilidad de usar las libertades para destruir, ni de utilizar la libertad de expresión y
de cátedra, para el lavado de cerebros o para el adoctrinamiento liberticida”.396

2.3. El Estatuto de los partidos de noviembre de 1981

El 11 de noviembre, cumpliendo con el cronograma anunciado en julio, la

COMASPO redactó el Estatuto de los Partidos Políticos en consulta con dirigentes de
los tres partidos, ahora habilitados, aceptándose negociar incluso con los impulsores del
No. El texto se basó en tres borradores: el de los militares, el blanco y el colorado. La
Ley de Partidos aprobada, convocaba a elecciones internas de autoridades partidarias en
noviembre de 1982, con voto no obligatorio y sin afiliación previa397. Los militares
aceptaron incluso algunas de las sugerencias de los partidos que habían rechazado
radicalmente con anterioridad: la preservación del doble voto simultáneo y la diversidad
de candidaturas por partido, componentes muy caros a la tradición electoral de los
partidos políticos tradicionales, que habían sido duramente adjetivados por los militares
como signos de “politiquería”.
Esta instancia electoral, como veremos marcaría una segunda derrota del
régimen en las urnas. ¿Cómo se puede explicar esta estrategia, elaborada con la
iniciativa y la complacencia militar? Achard indica que en esta etapa fue crucial la
actitud del portavoz de la COMASPO, Gral. Abdón Raimúndez, quien transformó este
diálogo en un pacto entre las FFAA y los sectores opositores de los partidos
tradicionales398. Se podría conjeturar que los militares prepararon una transición que
anticipaban rígidamente, sin prever que los pasos que se irían dando generaban
dinámicas propias sobre las cuales su control se volvería difícil. Esto los llevaría

396
Fragmentos del discurso del Tte. Gral (r) Gregorio Álvarez al asumir la Presidencia de la República.
Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., pp. 129-130.
397
Los sectores partidarios que habían apoyado el Sí un año atrás eran partidarios de que la elección se
realizara con afiliación previa de los ciudadanos. Las fracciones partidarias del No hacían un cálculo
opuesto: una votación no obligatoria favorecería la convocatoria de ciudadanos antidictatoriales a darles
su voto, incluyendo a los de la izquierda aún proscripta.
398
Achard, D., ob. cit., p. 19.
irremediablemente a verse desbordados por los acontecimientos, faltos de una lectura
adecuada de la sociedad y política uruguayas.

3. Las elecciones internas de noviembre de 1982

Las elecciones internas tuvieron un efecto multiplicador en términos de

reorganización de los partidos y de la consecuente repolitización de la sociedad. Los
diversos agrupamientos políticos autorizados repitieron la polaridad constatada en el
plebiscito de 1980, perfilándose en la campaña electoral en función del grado de
oposición manifestado frente al régimen dictatorial. Incluso varios Consejeros de
Estado que habían visto desvanecerse las expectativas de conformar un partido del
Proceso, lanzaron sus propias candidaturas en listas más o menos oficialistas dentro de
ambos lemas tradicionales399.

La interna colorada presentaba a priori un escenario de mayor paridad y por lo

tanto de álgida disputa. El pachequismo, fuerza mayoritaria si se toma como referencia
las últimas elecciones nacionales, de 1971, representaba la corriente más próxima a un
itinerario continuista en la salida de la dictadura. Su líder se había mostrado solidario
con Bordaberry cuando este decretara el golpe de Estado de junio de 1973, fue
Embajador del régimen en distintos países, y había promovido el voto por el Sí en el
plebiscito de 1980. Frente a esta fuerza que representaba a los ojos ciudadanos un
carácter “oficialista”, se conformó la amplia columna del batllismo400, integrada por
viejos actores, como la Lista 15 de Jorge Batlle y Julio María Sanguinetti, y otros más
nuevos, con un estilo discursivo renovador dentro de la tradición batllista: la agrupación
Libertad y Cambio, liderada por el Dr. Enrique Tarigo, quien había ganado un relevante
prestigio como vocero público de la campaña por el No en noviembre de 1980, y la
Corriente Batllista Independiente, aglutinadora de una nueva generación de militantes
batllistas, conducidos por Manuel Flores Silva. Este movimiento, cuya militancia se
había originado en torno a la figura de Tarigo, se segregó precisamente por los acuerdos
399
Fue el caso de los colorados Pedro Cersósimo, Walter Santana, Wilson Craviotto, Daniel Barreiro,
Walter Belvisi, Mario De los Santos y Pablo Millor, afiliados al pachequismo, y de los blancos Gabito
Barrios, Rodolfo Ciganda y Carlos Gelpi. Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., ob. cit., 1987, p. 100.
400
No perdamos de vista que el propio apelativo “batllista” estaba en disputa, siendo que el nombre
oficial del pachequismo era Unión Colorada y Batllista, fusión de diversas corrientes coloradas, entre
ellas la Lista 14 de los hijos de José Batlle y Ordóñez, y liderada hasta su muerte por el Gral. (r) Óscar
Gestido. Precisamente, su sucesor Pacheco había consolidado con su peculiar estilo de gobernante la
conducción de ese movimiento.
electorales que éste realizara de cara a las elecciones internas con el quincismo,
enfatizando así el sentido de renovación que proponían en filas del batllismo.
En el Partido Nacional el predominio de la visión más radicalmente opositora se
evidenció apenas comenzó la campaña electoral, con el aporte de una entusiasta y
numerosa militancia. La corriente que resultaría vencedora venía a reproducir la alianza
de 1971 entre los Movimientos “Por la Patria” y “Nacional de Rocha”, base de la
fórmula “Wilson-Carlos Julio” de 1971, que resultara entonces la más votada, y sobre
cuya derrota se había sembrado la duda del fraude electoral. Los seguidores de Ferreira
Aldunate desbordaron con una presencia entusiasta y multitudinaria las diversas
instancias de la campaña electoral, frente a una expresión oficialista conducida por el
Dr. Alberto Gallinal, antiguo terrateniente de escasa proyección popular, y otras
fracciones lindantes con el nacionalismo de extrema derecha. Una novedad en las filas
blancas opositoras fue la iniciativa del Dr. Luis Alberto Lacalle de reorganizar las
fuerzas del herrerismo bajo el “Consejo Nacional Herrerista”.

Para el Frente Amplio las elecciones internas suponían un desafío estratégico

fundamental. Excluido de toda participación, dos alternativas fueron puestas sobre la
mesa: votar a las fracciones más identificadas con la oposición al régimen dentro de los
partidos tradicionales, o convocar al voto en blanco. Ambas propuestas venían a cumplir
objetivos políticos razonables para una coalición marginada del proceso político, a la
vez que presentaban riesgos para su futuro político. La cuestión se dirimía entre los
resultados inmediatos de la decisión, y aquellos de proyección más larga. Convocar a
votar dentro de los partidos autorizados, y siempre considerando que contara con un
electorado de peso, favorecería el triunfo de aquellas corrientes que acelerarían la salida
dictatorial, devolviéndole a la izquierda su legalidad. Votar en blanco suponía mostrar
ante propios y ajenos la supervivencia de la fuerza política, y la legitimidad de su
participación en el proceso transicional. Los riesgos eran evidentes. En la primera
opción, significaba otorgarle la iniciativa y preponderancia a otras fuerzas políticas,
presumiblemente rivales en próximos escenarios políticos. En la segunda opción, una
magra presencia de votos en blanco, que deberían ser convocados además en
condiciones de clandestinidad o semi-clandestinidad, opacaría la presencia de la
izquierda, reforzando la visión demonizante que había contribuido a construir el
régimen. Desde la cárcel, Seregni lanzó la propuesta del voto en blanco, apoyada por
varias corrientes frenteamplistas y por el PDC, ausente en esos momentos de la interna
de la coalición. Desde el exilio, en tanto, otras fuerzas frentistas apostaron al apoyo
electoral a las corrientes opositoras de los partidos tradicionales, en particular al
wilsonismo. Esta propuesta involucró fundamentalmente a los partidos Comunista y
Socialista, que en el exilio habían constituido precisamente con ese sector nacionalista
una coordinación política antidictatorial, la “Convergencia Democrática en Uruguay”.

Los resultados fueron favorables a los sectores opositores401. En el Partido

Nacional al ala más radical, el wilsonismo. En filas coloradas la victoria fue para los
batllistas por sobre el pachequismo. El Frente Amplio, por su parte, con unos 85.000
votos en blanco presumiblemente a su favor402, anunciaba su sobrevivencia. Este hecho
adquiría dos dimensiones de relevancia en aquella coyuntura. Por un lado, la
constatación de que los esfuerzos tanto discursivos como represivos por desarticular a la
izquierda uruguaya habían fracasado. Por otro lado, dato fundamental para los partidos
tradicionales, que ese electorado podría ser el eventual árbitro de una disputa electoral
blanca/colorada si el Frente Amplio seguía proscripto en futuras instancias.

Cuadro 1: Elecciones internas de partidos políticos habilitados – 28/11/1982

Habilitados 2.079.566
Votantes 1.260.506 60,61% s/hab.

P. Nacional 619.945 49,18 s/vot.

PLP-MNR 335.653 54,2 % s/PN
CNH 42.090 6,7
LyS 44.645 7,2
Otros 197.557 31,9

401
Existieron elementos exógenos al hecho electoral que, cada cual a su manera, debieron incidir en la
conducta ciudadana. Días antes de la elección, la autoridad monetaria nacional anunció que no podía
sostener el cronograma de minidevaluaciones preanunciadas, conocido como “la tablita”, produciéndose
una fuerte devaluación del peso que arrastró al país a una aguda crisis económico y social. En el plano
regional, hay que tener en cuenta que se estaba iniciando el proceso transicional en la Argentina luego del
desastre provocado por la guerra de Las Malvinas.
402
Si bien los dirigentes de todas las fuerzas frentistas aseguran haber orientado a su militancia y
simpatizantes a votar en blanco en consonancia con la propuesta de su líder preso, diversos testimonios
dan cuenta de que esa información no llegó en tiempo y forma al conjunto del electorado. No hay que
descartar tampoco que una porción de los votantes de la izquierda, más allá de los debates orgánicos,
actuaran con autonomía frente al acto electoral, favoreciendo con su voto a las fracciones opositoras del
tradicionalismo partidario.
P. Colorado 527.562 41,85 ” ”
UyR – LyC – B.R 346.523 65,7% s/PC
UCB 152.992 29,0
CBI 9.939 1,9
Otros 18.108 3,4
Unión Cívica 14.986 1,19 ” ”
En blanco 85.373 6,77 ” ”
Fuente: Elaboración propia en base a Martínez, V., ob. cit., p. 179 y Maiztegui, ob. cit., p. 660.

Observaciones:
- PLP-MNR: Movimientos Por la Patria y Nacional de Rocha, expresiones del
wilsonismo.
- CNH: Consejo Nacional Herrerista del Dr. Luis Alberto Lacalle.
- LyS: Libertad y Servicio, sector encabezado por el Dr. Alberto Gallinal, expresión
más visible de la derecha blanca.
- En “otros” del Partido Nacional se incluyen diversas listas, incluyendo “acuerdos
departamentales”, muy difíciles de discriminar.
- UyR – LyC – B.R: se presentan sumados los votos de esos tres sectores coloracos.
Se trata de Unidad y Reforma (Dr. Julio María Sanguinetti), Libertad y Cambio
(Dr. Enrique Tarigo) y Batllismo Radical (Dr. Manuel Flores Mora, Dr. Amílcar
Vasconcellos). Si bien las tres agrupaciones presentaron listas propias, lo hicieron
en algunos departamentos bajo acuerdos departamentales. Cabe consignar de
todos modos que el sector conducido por Sanguinetti obtuvo por sí solo casi 140
mil votos, y el de Tarigo unos 75 mil.
- UCB: Unión Colorada y Batllista, conducida por Jorge Pacheco Areco.
- CBI: Corriente Batllista Independiente, conducida por el Prof. Manuel Flores Silva.

Para el régimen estos resultados fueron lapidarios ya que la oposición

encontraba ahora una doble fuente de legitimación: al reconocimiento de las FFAA se
venía a sumar el voto ciudadano. Las Convenciones de los partidos conformadas por
mayorías opositoras serían desde entonces los organismos encargados de definir los
lineamientos principales para la negociación con la cúpula militar. Además, la campaña
electoral fue el escenario propicio para que ganaran la calle las reivindicaciones de los
sectores políticos hasta entonces silenciados. La exigencia de mayores libertades
públicas introducía la demanda de desproscribir a los candidatos y partidos aún
interdictos (la referencia a Wilson Ferreira Aldunate y al Frente Amplio era ineludible).
También comenzaba a hacer oír el descontento con una política económica que
golpeaba severamente al sector productivo, y que estallaba en el mismo mes de
noviembre403.

4. 1983: intransigencia militar e irrupción de la sociedad movilizada

En enero de 1983 comenzaron a sesionar las Convenciones partidarias elegidas

por la ciudadanía en noviembre.
La del Partido Nacional se instaló el día 25 en un abarrotado Platense Patín
Club. Los testimonios dan cuenta de un clima enfervorizado, que incluyó homenajes a
los asesinados Héctor Gutiérrez Ruiz y Cecilia Fontana de Heber, a las personas
“desaparecidas”, referencias a “nuestros proscriptos” ruidosamente aclamados, y
abucheos al dirigente Gallinal404. Se aprobó una declaración que exigía, entre otras
cosas, el restablecimiento de las libertades públicas, el levantamiento de las
proscripciones y la rectificación de la política económica. Asimismo convocaba a
negociar con las demás colectividades opositoras.
La Convención colorada se reunió al día siguiente en un clima mucho más
sereno. En esa primera reunión, Flores Silva, representante de la CBI, fracción ubicada
en el ala izquierda del partido, propuso adoptar la declaración nacionalista como señal
de unidad del frente opositor. Sin embargo, el órgano partidario prefirió adoptar una
resolución propia que, aunque con reclamos similares a los de los nacionalistas,
mostraba una intención de autonomía en la conducción del proceso, que se evidenciaría
a lo largo de todo el proceso transicional.

Días después, a diez años de los sucesos de febrero de 1983 (nótese la insistencia
por reivindicar esa fecha) el dictador Álvarez hizo uso de la cadena de radiodifusión
para fustigar en particular a la Convención nacionalista. Cuestionó “la reaparición de
algunos procedimientos totalmente reñidos con la pureza democrática, claramente
403
Las dificultades del régimen por consolidar el apoyo social de los sectores empresariales comenzaron a
evidenciarse cuando en febrero de 1982 los industriales criticaron la orientación económica y en junio la
Federación Rural manifestó que ésta debía “dejar su lugar”. Tomado de Caetano, G. y Rilla, J., Breve
historia…, ob. cit., p. 98.
404
Maiztegui, ob. cit., p. 668.
reeditados de la reconocida técnica marxista” y terminó amenazando: “Nadie debe
poner en duda que jamás retornaremos a la situación político-institucional, social y
moral que fue causa de la crisis padecida y origen del proceso iniciado en 1973.”405

Semanas después, el 24 de marzo, Álvarez trajo nuevamente al ruedo la

propuesta de creación de un “partido del Proceso”, pero la idea volvió a carecer de
apoyos. Primó en la mayoría de la cúpula militar la desconfianza en las ambiciones
personalistas del general, y una apreciación que se parecía mucho a un eufemismo: las
FFAA no debían participar en política.

Continuando con los lineamientos presentados en julio de 1981, la COMASPO,

aunque con cierto retraso, convocó a las autoridades partidarias elegidas en noviembre
de 1982 a discutir las bases de la salida. Los partidos tomaron la iniciativa y eligieron
representantes que a partir del mes de abril de 1983 comenzaron a reunirse para
concertar los pasos a dar en las negociaciones con los militares. Se trataba de los
colorados Sanguinetti y Tarigo, los blancos Pivel Devoto, Fernando Oliú, Silveira
Zabala y Gonzalo Aguirre, y los cívicos Juan Vicente Chiarino, Humberto Ciganda y
Julio Daverede. Éstos lograron una primera concesión de la cúpula militar: que las
negociaciones se realizaran en territorio “neutral” y no en una dependencia militar. El
lugar elegido fue el Parque Hotel.

Las reuniones entre las partes comenzaron oficialmente el 13 de mayo. La

delegación de la COMASPO estaba presidida por el general Julio César Rapela e
integrada además por los generales del Ejército Yamandú Trinidad, José Sequeiro,
Hugo Medina, Germán de la Fuente y Jorge Bazzano, los contraalmirantes Jorge
Fernández y Ricardo Largher y los brigadieres Fernando Arbe y Herbert Pampillón. La
propuesta militar sorprendió a la delegación de políticos al notar que los oficiales
llevaban a la mesa de negociaciones los postulados del proyecto derrotado en 1980406.
La primera en retirarse de las negociaciones fue la fracción wilsonista, molesta en
particular por la clausura del semanario La Democracia, aunque el Directorio partidario,
luego de una áspera discusión interna, mantuvo su delegación en las negociaciones407.

405
Ídem, p. 671.
406
Achard, Diego, ob. cit, p. 20.
407
La compleja trama interna del Partido Nacional en ese contexto está minuciosamente relatada en
Maiztegui, ob. cit., p. 687 y ss.
Las reuniones continuaron pero en julio las negociaciones se empantanaron y los
partidos retiraron a sus representantes. El testimonio del nacionalista Gonzalo Aguirre
centra el fracaso en la intransigencia de Rapela408. Los siguientes fragmentos de las
actas de las sesiones del diálogo del Parque Hotel dan cuenta del tono con que los
militares se manejaron en las conversaciones:
“Sr. Presidente Gral. Rapela: No comparto absolutamente nada de lo que usted
Dr. Tarigo acaba de manifestar. Porque, si en esta mesa, a diez años apenas de haber
sido combatida la sedición, se están poniendo dudas respecto a la adopción de
determinadas medidas –llevamos cuatro sesiones discutiendo el tema, y hay dudas de
todo tipo- ¡qué será en un Parlamento!”409
“General Medina. Pensaba hacer una especie de reflexión en voz alta. Voy a
terminar afiliándome a la tesis del doctor Tarigo cuando dijo que éste era un diálogo
de sordos. El doctor Aguirre, y varios de los que han hecho uso de la palabra con
anterioridad, han demostrado que no comprenden, que no entendieron o que no quieren
entender el problema que significa la lucha contra la sedición…”410

El corte de las negociaciones constituyó un momento bisagra en el proceso

transicional. Un vasto movimiento popular que se había ido tejiendo al compás de los
reveses electorales del régimen (1980 y 1982), y con cierta autonomía de las iniciativas
partidarias, se volcó a manifestar su descontento a través de diversos mecanismos.

Por un lado, se produjo el resurgimiento en la esfera pública del movimiento

sindical. La ilegalización de la CNT en julio de 1973 no había impedido que en la clase
trabajadora persistieran formas de organización sindical. Una historia reciente del
sindicalismo uruguayo da cuenta de las diversas vertientes que contribuyeron en ese
sentido411: los grupos de militantes que mantenían una estructura clandestina de la
CNT412, el sindicato de bancarios (AEBU), la Acción Sindical Uruguaya (ASU) de
matriz cristiana, y la Comisión Nacional de Derechos Sindicales (CNDS), órgano de
denuncia y asesoramiento legal. Pero el elemento disparador de una organización

408
Achard, Diego, ob. cit., p. 136.
409
Caetano, G. y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., p. 135.
410
Ídem, p. 136.
411
Rodríguez, U., et al, ob. cit.
412
Basada principalmente en militantes comunistas.
sindical a mayor escala fue la ley No. 15.137 de Asociaciones Profesionales. Esta
modalidad habilitaba la formación de organizaciones gremiales de primer grado (es
decir, por empresa, pero no por ramas de la producción) y fue aprovechada por la
militancia sindical para reorganizar centenares de sindicatos de base. El movimiento fue
incontenible. A comienzos de 1983, había irrumpido una numerosa camada de nuevos
dirigentes sindicales. “La gran mayoría eran jóvenes, sin vínculos formales con el
pasado, que vieron la posibilidad de crear un organismo en defensa de sus intereses, y
esto le dio una legitimidad que no pudieron tener las otras experiencias intentadas por
los militares”413, en referencia a los ensayos del régimen por conformar un sindicalismo
oficialista. El Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) nació como coordinación de
esa modalidad de sindicalización, que en realidad no era nueva, sino que venía recrear el
concepto de “central sindical” que había constituido la CNT, y que tras la dictadura se
consolidaría como PIT-CNT, reconociendo ambas trayectorias. El PIT logró la
autorización para convocar al acto del 1º de Mayo de 1983 y la multitudinaria
concentración de ese día asombró a propios y ajenos. Fue uno de los actos
emblemáticos de aquel año y disparador de la movilización social que incidiría en la
agenda política, bloqueada por la intransigencia militar.

Por otra parte, entre los estudiantes universitarios se había propiciado la creación
de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP),
que en poco tiempo se transformó en una poderosa herramienta gremial del sector,
capaz de movilizar a cientos de estudiantes en actividades de variado tipo414, así como a
miles de ciudadanos en la “marcha del estudiante” de setiembre, que sería otro de los
acontecimientos claves de aquella “hora social” de la lucha contra la dictadura.

En el movimiento social antidictatorial tuvieron lugar también las

organizaciones de derechos humanos, que encontraron en esos entornos militantes los
espacios para levantar su voz de denuncia. Los familiares de detenidos-desaparecidos y
de presos políticos, amparados en la protección y asesoramiento de la filial uruguaya del
Servicio Paz y Justicia (creada en Uruguay en marzo de 1981)415 contribuyeron a

413
Testimonio de Ernesto de los Campos en Rodríguez, U. et al, ob. cit., p. 215.
414
Revistas estudiantiles, academias gratuitas de preparación para el examen de ingreso a la Universidad,
peñas, murgas, etc.
415
Entre sus fundadores se destaca la figura del sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre.
imponer en la agenda de la transición el asunto de la violación de los derechos humanos,
uno de los temas más urticantes en torno a la salida de la dictadura.

La oposición política y social al régimen concertó numerosas movilizaciones

contra el régimen. Desde agosto de 1983 se sucedieron las “caceroleadas” que poco a
poco fueron pasando de la intimidad doméstica a ocupar calles y plazas sin que el
régimen atinara a reprimir. Por supuesto que la gestualidad represiva no había
desaparecido. En junio de 1983, y mientras se desarrollaban las negociaciones del
Parque Hotel, en un zarpazo inesperado, las FFCC detuvieron, torturaron y procesaron a
una veintena de militantes de la UJC clandestina416. En noviembre de ese año, las
fuerzas policiales reprimieron severamente, luego de haberla prohibido, una marcha
convocada por el PIT, con numerosos heridos y decenas de detenidos. En abril de 1984
se perpetraría el último asesinato de la dictadura, cuando fue asesinado el médico
comunista Vladimir Roslik en el cuartel de Fray Bentos.

En tanto, los partidos habilitados, imbuidos del clima de protesta que envolvía a
la sociedad, cerraron filas en su exigencia de reapertura de las negociaciones. El 8 de
octubre los partidos Blanco y Colorado lanzaban una declaración conjunta que intentaba
capitalizar en ese sentido la situación de efervescencia. Pero sin embargo, más allá de lo
declarativo, los dos partidos tradicionales marchaban por caminos estratégicos
divergentes. Eso se había evidenciado ya en agosto de 1983 cuando sus dos principales
líderes, Ferreira Aldunate y Sanguinetti, se reunieron en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia. Allí, el dirigente colorado comunicó al líder blanco que las FFAA no lo iban a
desproscribir, y que, de mantenerse la intransigencia nacionalista, el Partido Colorado
estaba dispuesto a negociar una salida con la participación del Frente Amplio.

El año 1983 terminaba sin que los militares dieran señales claras de voluntad de
diálogo. Entretanto, la sociedad manifestaba su descontento y presionaba por una salida
política inmediata, sin que los partidos lograran acuerdos precisos sobre la modalidad de
la transición. En medio de estas tensiones, el 27 de noviembre de 1983, el conjunto de
las fuerzas opositoras convocó a un multitudinario acto frente al Obelisco bajo la
consigna “Por un Uruguay Democrático sin Exclusiones”. Este acto cerraba un año de
movilizaciones y al mismo tiempo marcaba una bisagra más en las acciones de la
416
Esta fue la última oleada represiva de la dictadura contra un grupo numerosos de militantes.
oposición. Entre las decenas de personalidades que se ubicaron en el estrado a escuchar
el discurso leído por el actor Alberto Candeau417 se hallaban dirigentes de una vasta
gama que iba desde los de origen pachequista a los del proscripto Frente Amplio. El
sentido de unidad nacional frente a la dictadura que denotaba esa amplia participación
era el resultado de los amplios consensos alcanzados para negociar definitivamente una
salida a la dictadura. Las formas y las condiciones en que esto se produciría volverían a
ser parteaguas en el correr del año siguiente.

Días después, la Convención blanca aprobaba la fórmula presidencial Wilson

Ferreira Aldunate – Carlos Julio Pereyra (que había sido la más votada en 1971), lo que
venía a confirmar la posición radical de esta colectividad.
El año se cerraba con medidas de marcada intolerancia desde el gobierno. Era
detenido el convencional colorado Luis Bernardo Pozzolo por manifestaciones
realizadas en la Convención de su partido, se clausuró la emisora radial CX 30418 y se
aplicó la censura previa a los medios de prensa.
Síntoma de la intransigencia militar eran las palabras que el Gral. Gonnet
pronunciaba a los alféreces egresados de la Escuela Militar en diciembre de 1983: “No
dudéis en desenvainar la espada para defender principios del proceso.”419

5. El año 1984: la dictadura en su tramo final

En enero se produjo un hecho que resquebrajó la frágil unidad del movimiento

opositor. El PIT convocó a un paro general relacionado con la situación económica y
laboral, pero que traslucía un notorio propósito político. El Partido Colorado se apresuró
a quitar apoyo a la medida, en tanto en el Partido Nacional solo recibió el apoyo
explícito de la Junta Nacional de Por la Patria. A pesar de la reacción del gobierno, que
reimplantó las Medidas Prontas de Seguridad e ilegalizó al PIT, el paro fue exitoso, pero
provocó la ruptura de la Intersectorial, marco de coordinación del conjunto de fuerzas
opositoras, por el alejamiento expreso del Partido Colorado. Sanguinetti diría años
después: “El movimiento sindical era, desde este punto de vista, extraordinariamente

417
El texto había sido redactado por el colorado Enrique Tarigo y el blanco Gonzalo Aguirre.
418
Su Director, José Germán Araújo realizó una huelga de hambre que se constituyó en otro centro de
agitación antidictatorial.
419
Caetano G., y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., p. 138.
desubicado. Sobrevaloraban su fuerza y traían exactamente la misma visión del año
1973. Era muy difícil manejarse con ellos”.420 Si bien este testimonio debe ser sopesado
como una construcción a posteriori por parte de su autor, es claro que el coloradismo
opositor buscaba tomar distancias de los actores sociales con los que había confrontado
antes de la dictadura, al tiempo que se posicionaba prudentemente ante la próxima
contienda electoral.
Las estrategias partidarias se iban definiendo, y el Partido Colorado se iba
afirmando en su llamado a la moderación. Sin duda, más allá de la convicción que sus
dirigentes tuvieran sobre la conveniencia política de esa actitud para sortear cuanto
antes los escollos para una salida democrática, parece razonable considerar que los
cálculos electorales, en vistas de una puja más o menos inminente con el Partido
Nacional, y en particular con su carismático líder Ferreira Aldunate, afianzaran esa
posición. Apostando a atraer a aquella porción del electorado nacional proclive a
procesos amortiguados de negociación, que podía presumirse mayoritaria, el batllismo,
dirigido a todas luces por Sanguinetti en este camino, aprovechó la radicalización
nacionalista, que además no estaba exenta de matices y roces internos. Lo que Caetano
y Rilla han llamado “prematura electoralización de las miras” empezó a tornarse
evidente421.
Precisamente, el 28 de enero de ese año, tras una acalorada reunión del
Directorio blanco donde se hicieron oír por primera vez propuestas de abstención
electoral si se mantenían las proscripciones, se hizo público un manifiesto de contenido
radical, en el que expresaba que no existía “la menor necesidad de excluir a los partidos
marxistas ni a ningún otro.”422 En esa línea, el Partido Nacional lanzaría en mayo una
campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional, pero solo
lograron el apoyo de la minoritaria CBI colorada. Los blancos arguyeron haber
conseguido recolectar 600.000 firmas, pero el gobierno desconoció el procedimiento.
Fue otro punto de distanciamiento entre el nacionalismo –en particular la mayoría
wilsonista- y el resto del campo político opositor.
A esa altura, ya había empezado a intervenir el Frente Amplio como actor
político decisivo. El acto del Obelisco había constituido la desproscripción “de hecho”
de esa fuerza política. Su ilegalidad era ya a esa altura un mero dictamen inaplicable. Su
militancia, reforzada desde las filas del movimiento social de base juvenil emergido
420
Maiztegui, ob. cit., p. 755.
421
Caetano y Rilla, Breve historia…, ob. cit., p. 115.
422
Maiztegui, ob. cit., p. 756.
sobre todo en el último año de movilizaciones, había ganado las calles y sus consignas
habían permeado al conjunto de la sociedad. En ese marco, en febrero de 1984, el PDC,
uno de los partidos fundadores de la coalición resolvía, en un tenso congreso, su
reingreso al Frente Amplio423, elemento que reforzaba en la fuerza de izquierda el
sentido polifónico con el que había nacido. La liberación del Gral. Seregni en marzo de
1984 fue en parte resultado de toda la movilización anterior, incluyendo el reclamo de
los demás partidos, y fue también una señal explícita de parte del régimen de que la
coalición de izquierda ingresaría a las negociaciones. El discurso de Seregni desde el
balcón de su apartamento tomó distancia de toda radicalización esperable, desdeñando
las consignas más combativas de la militancia que lo aclamaba. A partir de allí,
conduciría al Frente Amplio sobre la articulación de tres conceptos: “movilización,
concertación y negociación”. Y más allá de la mirada crítica de alguna corriente
colocada a la izquierda dentro de la coalición424, logró sólidos apoyos en la interna para
que esa consigna se tradujera en la activa participación del Frente Amplio en las
negociaciones partidarias con los militares. A comienzos de junio, una reunión entre el
ministro del Interior Gral. Julio César Rapela y Seregni fue el primer gesto oficial de
legalización de esa fuerza política.

Ferreira Aldunate, por su parte, anunció su retorno al país para el día 16 de junio
de 1984. Esta medida generó turbulencias en el bloque opositor, desde donde se
consideró que constituía una actitud unilateral que enrarecería el clima de las
negociaciones. Días antes, las autoridades agitaron viejos fantasmas, anunciando que el
regreso del líder blanco era parte de “un plan preconcebido para lograr la
desestabilización” del país, que incluiría “la presencia de agitadores profesionales,
incluso ingresados clandestinamente desde el exterior y por el pertrechamiento de los
grupos más radicalizados, que se preparan para actuar infiltrados, con armas,
explosivos, petardos y todo tipo de medios de agresión directa, con propósitos de
provocación y ataque a las Fuerzas Armadas.” También en los días previos, eran
425

423
El PDC, orientado por el Arq. Juan Pablo Terra, se había alejado de la coalición poco después del
golpe de junio de 1973. Derrotado en esa postura en el congreso de febrero de 1984 renunció a la
presidencia del partido.
424
Fue el caso de la Izquierda Democrática Independiente IDI), organización creada en febrero de 1984
por un conjunto de fuerzas frenteamplistas: los GAU, el PVP, la Agrupación Pregón de la Dra. Alba
Roballo, y la Unión Popular de Enrique Erro. En un inicio habían sido convocantes de la IDI los Núcleos
de Base, dirigidos por el Cr. Danilo Astori, y la Lista 99, dirigida por el Dr. Hugo Batalla, pero ambos
grupos se retiraron pocas semanas después.
425
Martínez, V., ob. cit., p. 220.
detenidos los dirigentes Carlos Julio Pereyra (5 de junio), Alberto Zumarán y Guillermo
García Costa (7 de junio), al tiempo que las FFCC allanaban el local del semanario “La
Democracia”. El día 14, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas emitió un
comunicado de advertencia por la convocatoria a manifestar en el centro de la ciudad de
manera simultánea a la llegada del buque en que vendría Ferreira, y anunciando los
riesgos a los que se expondrían los asistentes. El día 16, decenas de miles de
manifestantes, sin fronteras partidarias, se congregaron en las calles céntricas de
Montevideo, en tanto el Gobierno realizaba una gran movilización de tropas. No se
produjeron incidentes, pero Wilson Ferreira y su hijo Juan Raúl fueron arrestados
apenas desembarcaron en el puerto de Montevideo. El primero fue trasladado en
helicóptero al cuartel de Trinidad y el segundo al de Paso de los Toros. Ambos fueron
procesados por la Justicia Militar. El primero permanecería en prisión hasta después de
las elecciones de noviembre de ese año.

Después de estos hechos, la Multipartidaria que desde abril reunía a los partidos
opositores, se rompió. Aunque llegó a convocar a un exitoso “paro cívico” el 27 de
junio de 1984, en reclamo por la apertura de las negociaciones, la condición nacionalista
de que solo negociarían si era liberado su líder limitó todo acuerdo entre los partidos. La
consigna “sin Wilson nada” ganó a los órganos nacionalistas, al tiempo que los marginó
del resto de la oposición.
Los cruces y desentendimientos, sobre todo entre blancos y frentistas fueron
muy duros. Para aquellos, la izquierda incurría en una traición, proponiéndose negociar,
no solo con Ferreira preso, sino con decenas de presos de la propia izquierda en las
cárceles. Para los segundos no existía contradicción entre negociar y reclamar la
amnistía de los presos políticos, en el entendido de que la negociación podría abrir el
camino para esas mismas liberaciones. Esta cuestión cargada de elementos principistas
perturbó en parte a la izquierda, pero no llegó a minar su unidad. Se podría decir que a
los colorados ese debate les pesaba bastante menos. Apoyaban en general la liberación
de presos (aunque se esforzaban en distinguir a los presos de “conciencia” de los presos
de “sangre”, cosa que frentistas y blancos obviaban), pero priorizaron el escenario pre-
electoral que los haría comparecer con claras ventajas frente a sus adversarios, en
particular ante un nacionalismo sin Ferreira.
 El 6 de julio de 1984 recomenzaron las negociaciones entre partidos y militares.
Automarginado el Partido Nacional, solo colorados, cívicos y frentistas concurrieron a
las conversaciones. Las delegaciones partidarias estuvieron integradas por Julio María
Sanguinetti, Enrique Tarigo y José Luis Batlle (colorados); José Pedro Cardoso (Partido
Socialista) y Juan Young (Partido Demócrata Cristiano), ambos por el Frente Amplio; y
Juan Vicente Chiarino y Humberto Ciganda (cívicos). La cúpula militar estaba
representada por los tres comandantes en jefe: Hugo Medina (Ejército), Manuel Buadas
(Fuerza Aérea) y Rodolfo Invidio (Armada), y el jefe del ESMACO, Pedro Gonnet.
Esta vez, la delegación militar mostró una flexibilidad novedosa, de la que no fue ajeno
el representante del Ejército. Medina había asumido el 7 de junio como Comandante en
Jefe del Ejército y era visto por los políticos como un hombre de la línea “dura” y así
quedaba patente en algunas de sus declaraciones. En el discurso de toma de posesión de
su cargo, recreando los fantasmas del discurso golpista y en tono amenazante, dijo:
“¿Qué se busca con las loas y oraciones panegíricas a favor de los que secuestraron y
mataron? ¿Se busca acaso, con la repetición sistemática de la calificación de
rehenes426, hacer verdad de una vituperable mentira repetida? ¿Se busca provocar la
reacción de las Fuerzas Armadas?”427 Sin embargo, las acciones por él emprendidas y
diversos testimonios lo colocan como un opositor a la corriente encabezada por el
dictador Álvarez, y por ende favorable a un entendimiento con los partidos. Y si bien no
existen actas de las reuniones, sus participantes testimonian que el diálogo se produjo en
un clima distendido, contrastando con instancias anteriores, en particular en el fallido
diálogo del Parque Hotel de junio de 1983.

En una serie de reuniones iniciales realizadas en el mes de julio, los delegados

partidarios lograron las primeras concesiones. Los militares aceptaron acelerar la
liberación de presos, cosa que no ocurrió con el ritmo esperado por quienes lo
demandaban, y que no contempló el reclamo insistente de los blancos por la liberación
de su máximo líder; mediante el Acto Institucional No. 17 se derogaban los Actos
Institucionales No. 7 y 14 (que autorizaban a remover funcionarios públicos y a decretar
proscripciones); se aceptaba suavizar el tratamiento hacia la prensa y abandonar las
prácticas represivas contra las movilizaciones; se desproscribió al PDC y al PS, forma

426
Se refiere a los reclamos por la condición carcelaria de los nueve líderes tupamaros mantenidos como
rehenes.
427
Maiztegui, ob. cit., p. 813.
de legitimar la participación de delegados de esos partidos en las negociaciones, y a más
de seis mil ciudadanos frenteamplistas (los comunistas quedaban excluidos).

El 3 de agosto se firmó el acuerdo definitivo entre los tres partidos participantes

y los comandantes de las FFAA, bajo el nombre de “Bases para la transición”, que
constaba de doce puntos, y que quedaría estampado en la historia política del país como
el “Acuerdo del Club Naval”. Los partidos se aseguraban la comparecencia electoral
para el último domingo de noviembre, aunque con ciertas proscripciones: las del líder
blanco encarcelado, el dirigente colorado Jorge Batlle, el líder frentista Seregni, el
Partido Comunista y otras fracciones menores de la izquierda. Se restauraba plenamente
la Constitución de 1967, aunque regirían ciertas cláusulas transitorias hasta el 31 de
octubre de 1985. Esas cláusulas podrían ser reconsideradas por la Asamblea General a
ser elegida en noviembre de 1984, la que tendría además potestades de Asamblea
Nacional Constituyente. El texto redactado por ésta sería plebiscitado el 24 de
noviembre de 1985 y puesto en vigencia el 1º de marzo de 1986. Las cláusulas
transitorias representaban las concesiones de los partidos y eran las siguientes: vigencia
del COSENA como órgano asesor en materia de seguridad, convocado por el presidente
de la República pero cuyas resoluciones no serían obligatorias; establecimiento de la
figura jurídica de “Estado de insurrección”, para contener cualquier irrupción de
violencia; designación de mandos militares por el presidente a partir de una lista elevada
por las Fuerzas Armadas.
El conjunto de acuerdos fue promulgado por el Poder Ejecutivo mediante el
Acto Institucional No. 19, último que se dictaría.

El siguiente discurso de Sanguinetti traduce la actitud de moderación y

transigencia con que su sector político había asumido las negociaciones, y con el que
preparaba el terreno electoral:
“Las Fuerzas Armadas han creado un enorme sentimiento de oposición en el
país, y han incubado vigorosos sentimientos de revancha cuando han actuado con
intransigencia, con arbitrariedad, con soberbia, cuando no han escuchado a nadie.
[Pero] por primera vez ahora asumen ante el país una actitud comprensiva y flexible
que las destaca… Es la primera vez, en muchos años, que el país entero mira con
simpatía algo en lo que están las Fuerzas Armadas y es la primera vez que se mira a
los tres comandantes en jefe, no como enemigos, sino como hombres que aun pensando
distinto, han tenido la flexibilidad e inteligencia suficiente como para entender que el
país precisaba una salida así…”428
El principal vocero militar, el general Medina, mostraba su conformidad, pero
alertaba sobre cualquier intento de revisión del pasado que en el futuro pudiera
plantearse.
“El Ejército sale con honor, como era nuestra esperanza… [Sobre el
revisionismo] dejemos que contesten los hechos. Las Fuerzas Armadas no van a
aceptar manoseos ni cosas que se parezcan. Están dispuestas a aceptar justicia [sobre
alguno de sus integrantes] que se hayan manifestado deshonestos, que hayan actuado
por cuenta propia. Pero los que han actuado en cumplimiento de órdenes y consignas
de sus superiores, esos van a merecer nuestro más amplio respaldo”.429
La cuestión de si una presunta amnistía a los militares había sido acordada en el
acuerdo sigue siendo tema de debate, aunque todos los que participaron en esa instancia
niegan rotundamente que el tema hubiera sido negociado. Esa sería de allí en más la
presunción de los nacionalistas430.
El Partido Nacional fustigó duramente el acuerdo y lo tildó de “fórmula
Sanguinetti”. Así lo llamó uno de sus voceros más calificados en la coyuntura, el Dr.
Gonzalo Aguirre, agregando que “el documento no representa un avance sustantivo
para la consagración de un régimen auténticamente democrático para el país…”431.
Sanguinetti echó en cara a los nacionalistas que a comienzos de año el wilsonista Pivel
Devoto, en nombre de Ferreira, había ensayado contactos con el dictador Álvarez para
buscar una salida alternativa. Los blancos anunciaron primero que no se presentarían a
las elecciones pero finalmente, a instancias del propio Ferreira, cambiaron de posición e
improvisaron una fórmula electoral que sustituyera la de su líder natural en prisión.

Los desencuentros señalados entre los partidos no fueron óbice para el desarrollo
de otro escenario de coordinación. Se trató de la Concertación Nacional Programática, a
través de la cual los partidos y movimientos sociales buscaron acordar en comisiones
temáticas propuestas y medidas en relación a los principales temas de la agenda del
tránsito hacia la democracia. En algunas áreas se formularon acuerdos relevantes, pero
la campaña electoral eclipsó lo que parecía ser un espacio de concertación inédito. La

428
Tomado de Caetano, G., y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., p. 140.
429
Tomado de Caetano, G., y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., p. 141.
430
Fue además el principal argumento de ese partido para promover y defender luego la ley de caducidad.
431
Tomado de Caetano, G., y Rilla, J., Breve historia…, ob. cit., p. 141.
asunción del nuevo gobierno en marzo de 1985, y su desdén por atender los acuerdos
alcanzados hizo el resto.

6. Las elecciones de noviembre de 1984

Las elecciones fueron el signo definitivo de la repolitización del país luego de

más de una década de dictadura. Resulta por demás interesante analizar el resultado de
las elecciones en comparación con las desarrolladas en 1971, y más allá de la
consideración del eventual fraude que en aquella ocasión denunciara el Partido Nacional
(ver Cuadro 2).
Lo más llamativo es la similitud que se aprecia en el comportamiento ciudadano.
La victoria colorada, aunque con guarismos idénticos, era en 1984 más elocuente que en
1971, pero la relación de fuerzas interna ahora se revertía: el batllismo doblegaba al
pachequismo. La candidatura de Sanguinetti se impuso sin tropiezos: en los lemas
rivales confrontó a candidatos “improvisados” (Zumarán por el wilsonismo y Crottogini
por el frenteamplismo). En la interna derrotó a un Pacheco Areco que, aún con rasgos
notorios de popularidad en los sectores más conservadores, no había logrado despegarse
de su apego a un régimen finalmente derrotado. El discurso de Sanguinetti basado en el
slogan del “cambio en paz”, lograba sintetizar dos conceptos que fueron de recibo por
ese caudal electoral que sus propios convocantes llamaban “las mayorías silenciosas”.
El Partido Nacional sintió el impacto del fracaso de la estrategia política llevada
adelante por su corriente mayoritaria, marcada por el principismo y la intransigencia.
Aún así, la fórmula wilsonista se impuso ampliamente sobre las fracciones casi
nominales de la derecha partidaria. Volviendo al cotejo de las cifras de 1971, la
emigración de votos blancos de derecha podría ser parte de la explicación de la
derrota432. No debe obviarse en ese análisis el crecimiento observable en el desempeño
electoral de la Unión Cívica, partido que recogió los frutos de su marcada visibilidad en
el proceso aperturista.

432
Debe considerarse que en 1971, la candidatura derechista del Gral. (r) Aguerrondo había obtenido un
14% de los votos del lema, aportando al 40,2% que obtuvo el conjunto del partido, y que estuvo a punto
de llevar a la presidencia a Ferreira Aldunate.
 En tanto, el Frente Amplio aumentaba levemente su votación en términos
relativos (en tres puntos porcentuales), y la elevaba en unos cien mil votos en términos
absolutos. El desempeño puede considerarse exitoso para una colectividad que había
sufrido los más duros embates de la represión, y cuyas organizaciones componentes
habían sufrido la demonización radical del régimen. La actitud negociadora que llevó
adelante su dirigencia no pareció impactar negativamente en su electorado. En la
interna, alcanzó la mayoría la Lista 99, fundada por el líder asesinado en 1976, Zelmar
Michelini y conducida en la oportunidad por el Dr. Hugo Batalla. Hombre de amplio
reconocimiento público, abogado de numerosos presos políticos, atrajo a una parte
importante del electorado más moderado de la izquierda, desplazando a un segundo
lugar a los comunistas y sus aliados. Por su parte, la versión radical de la izquierda, la
IDI, crítica del pacto del Club Naval y del estilo de conducción del general Seregni,
obtuvo una muy magra votación.

Cuadro 2: Comparación elecciones nacionales de 1971 y 1984

Partido Partido Frente Cívicos

Colorado Nacional Amplio
1971 41,0 40,2 18,3 0,6
1984 41,2 35,0 21,3 2,5

Cuadro 3: Elecciones naciones del 25 de noviembre de 1984

Habilitados 2.200.086
Votantes 1.930.797 87,8%
De los votantes Del
Partido
Partido Colorado 777.701 41,2%
Sanguinetti-Tarigo 588.143 30,5 75,6%
Pacheco-Pirán 183.588 9,5 23,6

Partido Nacional 660.787 35,0

 Zumarán-Aguirre 553.193 28,6 83,7
Ortiz 76.014 4,0 11,5
Paysée-Maeso 21.903 1,1 3,3

Frente Amplio 401.104 21,3

Unión Cívica 46.241 2,5

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