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El onganiato cordobés: de Martínez Zuviría

a Ferrer Deheza (1966-1967)
Emilse Pons*

Documento de Trabajo Nº 8
Córdoba, 2005

Director de la serie Voces y Argumentos: Dr. César Tcach

Esta publicación es financiada por un subsidio de la Secretaría

de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba.

* Investigadora del Area de Historia y Política Contemporánea.

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El onganiato cordobés: de Martínez Zuviría a Ferrer Deheza

(1966-1967)

Introducción

El 28 de junio de 1966, un golpe militar puso fin a la segunda experiencia de

gobierno civil electo tras el derrocamiento del peronismo en 1955, continuando de esta
manera con el ciclo de alternancia entre gobiernos de facto y gobiernos civiles
“parcialmente democráticos” y tutelados por quienes creían encarnar la función de
“garantes del orden”.
La proscripción del Peronismo allanó el camino para el triunfo de Frondizi y
posteriormente de Illia. Sin embargo, ambos se encontraron con su capacidad de acción
y determinación limitadas por quienes detentaban los resortes de poder: las Fuerzas
Armadas y la conducción sindical nacional, liderada por el sector “participacionista” o
“conciliador”. A su vez, ambas administraciones estuvieron marcadas por una escasa
legitimidad de origen, siendo más notorio el caso de Illía quien ascendió al poder con
sólo el veinticinco por ciento de los votos.
El quiebre institucional de 1966 presenta características particulares que lo
diferencian de anteriores golpes de estado, y una de ellas es precisamente su
programación, en palabras de Alain Rouquié “golpe de estado programado”1.
Ejecutado con la perfección de una operación largamente planeada, el golpe no
encontró resistencias.
La opinión pública se encontró hábilmente manejada por los medios de
comunicación y especialmente por editoriales creadas a tal fin – Primera Plana y
Confirmado- que fueron sembrando en la sociedad civil las semillas del descrédito de
un gobierno que fue tildado de inoperante e ineficaz, lento y burocrático, provinciano
y escasamente modernizado. Frente a esta concepción ampliamente divulgada y
generalizada, sumada al descreimiento de los partidos políticos y de la democracia
liberal, las Fuerzas Armadas se presentaron como la única institución idónea para
encarar la empresa modernizadora, sacando al país de la decadencia y el caos al que
aparentemente estaba destinada. La tarea fue emprendida por Onganía, quien
paradójicamente años atrás, durante el conflicto entre azules y colorados, defendió el
orden constitucional imponiendo el criterio legalista dentro de las Fuerzas Armadas.
En 1966, con una nueva imagen estratégicamente elaborada, y en un contexto de
recambio de la tradicional función asignada a las Fuerzas Armadas (defensa nacional
por seguridad nacional) impulsado por la potencia hegemónica del Norte, la “Revolución
Argentina” irrumpía en escena parea refundar Argentina sobre la base de nuevos pilares,
en el marco de una empresa que, como lo afirmaron sus protagonistas, “No tenía plazos,
solo objetivos”.
El objetivo de nuestra investigación consiste en visualizar y analizar algunos de
los principales lineamientos del gobierno de facto implantado con el golpe militar de
junio de 1966, y específicamente las características que revistió en la provincia de
Córdoba, tomando el período de las intervenciones de Gustavo Martínez Zuviría y
Miguel Angel Ferrer Deheza, que abarcaron desde junio de 1966 hasta septiembre de
1967.

1
Cfr. Rouquié, Alain; Poder militar y sociedad política en la Argentina Tomo II 1943-1973; Traducción de
Arturo Iglesias Echegaray; Buenos Aires; Emecé Editores; 1982; pág. 244.

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Las variables que se tomarán en cuenta son las medidas autoritarias en relación a
determinados actores sociales: sindicatos, estudiantes y partidos políticos
respectivamente, tomando en cuenta el efecto que sobre los mismos producen las
políticas implementadas desde el gobierno y consecuentemente su reacción. El análisis
de las políticas implementadas durante estos gobiernos, centrará su atención en aquellas
cuya incidencia sobre la configuración del arco de oposición fuese relevante.

El “interregno” de Martínez Zuviría

Dos días antes del golpe militar, Arturo Illía se encontraba en Córdoba,
inaugurando una serie de obras en la ciudad de Bell Ville y acompañado por el entonces
gobernador de la provincia, Justo Páez Molina, quien ese mismo día expone ante la
población la obra de gobierno cumplida y la proyectada que comprende su plan de
gobierno. El ritmo de los acontecimientos difiere con el real clima de tensión e
inestabilidad institucional provocado en grado creciente por las Fuerzas Armadas en
torno a los siguientes hechos: en primer lugar, el cese de la intervención federal a la
provincia de Tucumán, exigida por los militares quienes veían en la misma serios
problemas para la defensa de la nación. En segundo lugar, el comandante en jefe del
Ejército, Gral. Pistarini relevó del mando y detuvo al Gral. Carlos Caro, comandante en
Jefe del II Cuerpo de Ejército con base en Rosario. A partir de entonces desconoció la
autoridad del Secretario de Guerra, Castro Sánchez, quien anteriormente “increpó
duramente al Gral. Pistarini y a los golpistas, a los que reprochó reeditar lo que sus adversarios,
los colorados, habían intentado en 1962 y 1963. Dos días después la Secretaría de Guerra publicó
un comunicado desmintiendo los rumores de golpe de estado. Esta declaración legalista provocó
una verdadera crisis. El documento del Gral. Castro Sánchez no se limitaba a desmentir las
versiones: encerraba una actitud constitucionalista que podía ser eventualmente la de muchos
oficiales hartos de manejos políticos”.2
Frente a la gravedad de la situación y ante la negativa de Pistarini de recurrir a
una reunión convocada por el poder Ejecutivo, Illía lo destituyó y asumió, según lo
establece la Constitución, la comandancia en Jefe del Ejército. De allí en más, las
circunstancias eran fácilmente previsibles: las Fuerzas Armadas exigieron la renuncia
del presidente y ante su negativa lo expulsaron de la Casa Rosada provocando de esta
forma el quinto golpe de estado de la historia institucional argentina, en un clima de
pasividad y debilidad de reacción en la sociedad civil.
La “Revolución Argentina” no estaba dirigida contra un hombre o partido, a
diferencia del quiebre institucional de 1955, en donde las antinomias estaban claramente
delimitadas en torno a una figura política representativa para un vasto sector del
electorado argentino y en torno a un movimiento de envergadura nacional ( peronismo-
antiperonismo). En este sentido, los militares de 1966, arremeten – según lo reflejan sus
declaraciones y la difusión de la propaganda golpista de los medios de comunicación
afines- contra una situación de “vacío de poder” y específicamente contra el sistema
liberal. La desacreditación del sistema parlamentario y el carácter caduco de los partidos
políticos se debe - según afirman- a la ineficacia y a la inoperancia de los mismos para
solucionar o al menos aplacar el alto grado de conflictividad social, política y económica
por la que atravesaba Argentina.

2
Ibidem, Pág. 248

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Estas apreciaciones no generaron reacción en la sociedad civil como así tampoco

en la mayoría de los partidos políticos.
Los partidos políticos contribuyeron en parte a esta desacreditación del sistema
parlamentario. Cabe recordar que en el Parlamento nacional durante la gestión de Illia
hubo siete bloques legislativos que se negaron a tratar el proyecto de presupuesto del
año 1966: el Justicialismo, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la UCRI, el Partido
Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista Argentino
y la Alianza Misionera.3
Este desprestigio de la democracia representativa, hasta la pérdida prácticamente
de su valor intrínseco en 1966, se corresponde, según Luis Alberto Romero con “el
fracaso de montar un escenario representativo creíble desde 1955”.4
En efecto, las experiencias civiles de Frondizi e Illía se iniciaron con la negación
del peronismo como fuerza política y solo promovieron una apertura gradual y
controlada del mismo. Es decir, el sistema político argentino no pudo en esos años
solucionar la crisis política y cerrar la crisis de legitimidad abierta con la Revolución
Libertadora.
En este contexto ideológico y de valoración negativa de la democracia como
sistema, el 28 de junio, los comandantes en jefe de las tres armas formaron una junta
revolucionaria que a las veinticuatro horas, y como estaba previsto, designó al Gral.
Onganía como presidente de la República. Las primeras medidas adoptadas implicaron
la destitución del presidente y vicepresidente, los miembros de la Suprema Corte de
Justicia, los gobernadores y los intendentes electos. El Congreso y las legislaturas
provinciales fueron disueltos, confiscándoseles sus bienes. La Constitución Nacional
fue reemplazada por el Estatuto de la Revolución Argentina.
Detengámonos en esta medidas y específicamente en el caso Córdoba: todos los
gobernadores provinciales fueron destituidos y reemplazados provisoriamente – en su
mayoría- por generales en actividad o retirados hasta tanto se “normalizara” la acción
gubernamental. El interventor en la provincia de Córdoba fue el Gral. Gustavo Martínez
Zuviría, 2 º Comandante del III Cuerpo de Ejército.
En la provincia, las operaciones golpistas estuvieron dirigidas desde el III Cuerpo
de Ejército por el Comandante General Cándido Nicolás Hure, en asociación con los
comandantes con sede en Mendoza, Tucumán y el resto de la nueve provincias que
conforman el III Cuerpo, y el propio Martínez Zuviría. Este último, acompañado por el
subjefe de Policía Ragazzini que dispuso el acuartelamiento de los efectivos policiales
de la Capital, contó plenamente con la fuerza policial que quedó subordinada al
Comando del Cuerpo. En la madrugada del 28 de junio, desalojaron a todos los presentes
de la Casa de Gobierno, incluido el vicegobernador de la Provincia, Hugo Leonelli, ya
que Páez Molina se encontraba en Buenos Aires.
Resulta particular que al comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Cándido Hure,
se le asigne la función de designar a los interventores de las restantes provincias bajo
jurisdicción de dicho comando.
Rápidamente, el Gral.. Martínez Zuviría se apresta a conformar su gabinete
ministerial en donde prevalece el elemento militar: Cnel. de Intendencia Epifanio
Palmero –ministro de Hacienda -, Cnel. Horacio Rella –ministro de Obras y Servicios
Públicos -, Gerardo Seid –ministro de Gobierno -, Cnel. Ramón Aberastain – ministro

3
M ACOSTA, “Gobierno y oposición en el Congreso durante la presidencia de Illia (1963-1966)”, Instituto
Di Tella, Buenos Aires, marzo 1993, pp. 23-25.
4
Apuntes de clase Seminario Participación democrática en Argentina dictado por Luis Alberto Romero;
Centro de Estudios Avanzados; marzo de 2003.

5
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de Salud Pública -, Cnel. Rafael Alberto Panullo – secretario General de la Gobernación

-, Cnel. Emilio Carlos Casares – Comisionado de la Capital- y Juan Jacobo Olmedo,
Ministro de Educación.5
De las autoridades mencionadas, sin duda una de ellas, el Comisionado Municipal
de la Capital será quien tome mayor protagonismo durante el breve período de la
intervención de Zuviría (junio- julio de 1966), sobre todo a partir del “polémico” Código
de Moralidad puesto en vigencia durante su mandato, el cual abordaremos más adelante.
Las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno fueron la intervención de
la municipalidad y la clausura de la Legislatura por la Policía, en medio de la protesta
de las autoridades legislativas, pero sin registrarse incidentes. En este contexto de grave
crisis institucional, contrasta la serenidad y pasividad de la sociedad, según lo refleja
“la Voz del Interior”:

“... acaso en el ambiente cálido de inquietudes de la opinión pública, que en realidad no tenía porque
resultar sorpresivo, es que el pueblo se ha mantenido en la emergencia apartado del acaecer,
mostrándose en una actitud de serenidad de conducta, dentro de un clima de tranquilidad que ha
privado hasta en los más apartados rincones del país...”6

La ley nacional N º 16.894 estableció la prohibición de los partidos políticos, actos

políticos partidarios, y el uso de símbolos, siglas y signos que impliquen proselitismo.
En función de esta ley, en Córdoba se dispuso la clausura de los partidos políticos7,
luego la disolución de los mismos8 y posteriormente el Banco Central de la República
Argentina dispuso el bloqueo de todos los fondos pertenecientes a los partidos políticos
disueltos por el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo n º 3 de la citada ley
16.894.
El procedimiento a seguir para con los bienes de las agrupaciones políticas ya
disueltas, estuvo a cargo del Jefe de la Policía de la Capital, quien se hizo cargo de las
sedes y locales partidarios de la Capital, con intervención del escribano de Hacienda.
El funcionario de la Jefatura Política de cada departamento por sí o por intermedio
del personal de su dependencia, se hizo cargo de las sedes y locales partidarios ubicados
en su respectiva jurisdicción (artículos 1 y 2)
Además se decretó la forma de proceder del personal asignado, estipulado en el
artículo n º 3 :
a. “el dinero en efectivo y otras cosas de valor que se encuentren en las sedes
partidarias se depositará en una cuenta especial, a nombre y orden del Ministerio
de Gobierno, Culto y Justicia de Córdoba – disolución de los partidos políticos-
en el Banco Provincia Casa Central.
b. Las cuentas bancarias a nombre de los partidos quedan indisponibles.
c. Bienes, muebles e inmuebles, serán inventariados, labrándose actas de
comprobación, quedando todo en el local partidario, clausurándose estos mismos;
de su exterior se sacarán leyendas e inscripciones, y se deberá ejercer una adecuada
vigilancia.
d. Se fijarán oportunamente las normas sobre los procedimientos a seguir de los
fondos.
e. Estas medidas deberán finalizarse antes del veintidós de julio, cuando sea elevada
al Ministerio de Gobierno., Culto y Justicia.”

5
La Voz del Interior, 29 de junio de 1966.
6
Idem.
7
La Voz del Interior, 5 de julio de 1966.
8
Ibídem, 8 de julio de 1966.

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El procedimiento en cumplimiento de la ley nacional 16.894 se inició el 12 de julio

en la sede central del Partido Demócrata9, donde se apersonaron miembros de la
seccional Primera, acompañados por el tesorero de la repartición y por el escribano de
Hacienda y donde procedieron a inventariar los bienes allí existentes.
“El inventario de las sedes de los partidos políticos continuará dentro de la
jurisdicción de la comisaría 1 º y luego proseguirá en la 2 º y 3 º hasta completar las
dieciséis seccionales”
El trámite de disolución de los partidos políticos y la consiguiente elevación de
misiva al Ministerio del Interior finalizó el 26 de julio.10
Mientras se restituía la “normalidad” en la sociedad, eliminando del sistema a los
“elementos perturbadores del orden”, los medios de comunicación informan sobre las
actividades extra- gubernamentales del interventor provincial: entre ellas, el curso de
paracaidista militar y la ceremonia en la cual recibió el brevet militar en el Comando
del III Cuerpo.11
Es importante señalar la nueva relación que se establece entre el Poder Ejecutivo
provincial y las comunas del Interior, evidenciándose una clara política de centralización
y de control por parte del gobierno de la provincia, a través de la creación de la Dirección
General de Municipalidades12, quien restó autonomía a las mismas. Según el artículo n
º 1 del decreto provincial: “Se crea la Dirección General de Municipalidades dependientes
del Ministerio de Gobierno, Culto y Justicia, la que tendrá a su cargo el asesoramiento,
fiscalización e inspección y desenvolvimiento de las comunas de toda la provincia, así
como sus relaciones con el Poder Ejecutivo”13
En el mismo decreto se consignan las atribuciones y deberes de los comisionados
municipales y de los tribunales de cuentas de los municipios. La libertad de acción de
los comisionados queda totalmente subordinada a las decisiones del ejecutivo provincial,
ya que, según se lee en su parte resolutiva, todos los proyectos de ordenanzas deben
estar sujetas a la verificación y aprobación de la intervención militar.
Resulta significativo analizar algunos artículos e incisos que contienen las
instrucciones y asignaciones a los comisionados en lo referido a la idea de moral que
tiñe las concepciones e intervenciones del gobierno. En las atribuciones del artículo n º
2, inciso “o” se ordena el secuestro de dibujos, escritos y publicaciones obscenas,
pudiéndose a este efecto realizar los allanamientos necesarios. Según el inciso “Q” del
mismo artículo los comisionados tienen la facultad de dictar orden de allanamiento de
los domicilios particulares “a los efectos de comprobar el cumplimiento de las leyes y
ordenanzas referidas a la higiene, moral y seguridad para hacerlas ejecutar”.
En su artículo n º 18: “asegurar el cumplimiento de las ordenanzas y leyes vigentes
que reprimen los espectáculos obscenos y la venta o exposición de publicaciones, dibujos
o gráficos de igual naturaleza. Esta facultad no autoriza a establecer la censura previa”14
Tres observaciones podemos inferir a partir de la lectura de estas disposiciones:
1. Más allá de valoraciones éticas positivas o negativas sobre determinados tipos de
publicaciones, se evidencia un “obsesivo” deseo de control sobre todo aquello
que pudiera atentar contra la moral “occidental y cristiana”.
2. Las fuertes limitaciones a las garantías públicas ya que los domicilios pueden ser
allanados sin previa orden judicial. Esto se complementa con la ley nacional n º

9
Ibídem, 13 de julio de 1966.
10
Ibídem, 27 de julio de 1966.
11
Ibídem, 4 de julio de 1966.
12
Ibídem, 7 de julio de1966.
13
Ibídem, 7 de julio de 1966.
14
Ibídem, 8 de julio de 1966.

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16.896, dada a conocer el 7 de julio, caracterizada por otorgar amplios poderes a

las fuerzas de seguridad y por ser sumamente restrictiva de las garantías civiles.
Según consta en el artículo n º 1: “En los sumarios de prevención por comisión de
delitos que instruyeran en todo el país la Policía Federal, Gendarmería Nacional y
Prefectura Nacional, sus respectivas autoridades están facultadas para disponer,
por razones de investigación, el allanamiento de domicilios y la detención de
personas por un plazo que no excederá los diez días, vencido el cual, deberán
poner las personas a disposición del juez competente, elevándose las actuaciones
correspondientes. En todos los casos, aunque se ejerzan estas atribuciones, las
autoridades respectivas deberán de informar de inmediato y con sus fundamentos
al Ministerio del Interior”.
3. El doble discurso, evidenciado en la negación de la censura previa del gobierno
por un lado, y la autorización a la represión por otro, a cualquier acto que atentase
contra la “moralidad”.
En el mismo tono y consonante con algunas de las instrucciones dadas a los
comisionados municipales en el decreto de creación de la Dirección General de
Municipalidades, encontramos las actuaciones de la Dirección de Espectáculos Públicos
y de Publicidad de la Municipalidad de Córdoba, quien el 8 de julio anunció que toda
entidad que realice funciones cinematográficas (instituciones deportivas, escuelas,
cooperadoras, organizaciones estudiantiles, cines clubes, etc.) deben solicitar permiso
para hacerlo en la oficina de dicha Dirección. Asimismo, se aclara que quienes infrinjan
esta normativa, serán sancionados según las disposiciones del Código Tributario
Municipal.
Podemos observar otro dato llamativo en lo referente a la cuestión de la moralidad
y a los supuestos elementos distorsionadores de la misma ( ya en el gobierno de Ferrer
Deheza), a partir de una disposición nacional que entró en vigencia el 31 de julio de
1966: la prohibición de los pronósticos y “pálpitos” de turf así como también de los
horóscopos en radio y televisión por considerárselos “dañinos a la moral e instrumentos
de distorsión, de penetración peligrosa para los hogares”15
La nueva ley de Jefaturas Políticas supuso, al igual que la creación de la Dirección
General de Municipalidades, un avance en los deseos de centralización y unificación
en las funciones del aparato estatal provincial para cumplir los tan anhelados deseos
de eficacia y eficiencia promovidos desde el gobierno nacional. Según la ley de creación,
las jefaturas políticas departamentales del interior de la provincia, dependerán del
Ministerio de Gobierno por intermedio de la Inspección General de Jefaturas Políticas.
Esta, así como las jefaturas políticas departamentales, cumplirán funciones de policía
preventiva- represiva y judicial, en todo el ámbito jurisdiccional de los departamentos
del interior de la provincia.
Complemento de esta ley, lo constituye el decreto- ley del 26 de julio de 1966, por
medio del cual quedaron unificados las policías de Capital e Interior con la misión de
policía preventiva, represiva y judicial en todo el ámbito de la Provincia. Dependerá
del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Gobierno, Culto y Justicia. Los
objetivos perseguidos se encuentran claramente expuestos en los fundamentos del
decreto- ley:

“visto la actual fragmentación que aqueja al servicio policial en la Provincia y considerando que los
objetivos de la Revolución Argentina imponen el ordenamiento de las instituciones públicas a fin de

15
Ibídem, 31 de julio d 1966.

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lograr su máxima eficiencia y rendimiento; que resulta necesario y posible organizar una institución
policial, que cubra en forma unificada y centralizada las exigencias relativas a la seguridad de bienes
y personas”16

De este decreto- ley no solo se desprenden los criterios de centralización y

unificación de atribuciones en vistas de una mayor eficacia en la función, sino también
las amplias atribuciones otorgadas a la policía, especialmente en lo referido a las
funciones judiciales.
La Revolución Argentina y sus proyectos de normalización y desarrollo económico,
generaron adhesiones de las más grandes asociaciones empresariales: Asociación para
la Defensa de la Libre Empresa (ACIEL), la Sociedad Rural, y la Unión Industrial
Argentina, aunque más tarde algunas de ellas le retacearán su apoyo. Cabe recordar
que en Córdoba, los grupos económicos más fuertes habían contribuido a la
desestabilización del gobierno de Illia: la ADIC (Asociación de Industriales de Córdoba)
dirigida por Guillermo Saravia y Juan Minetti, cuestionaba en duros términos el
dirigismo estatal de la UCRP, y la sección cordobesa de ACIEL (Acción Coordinadora
de Instituciones Empresariales Libres) aludía al resentimiento gubernamental contra la
actividad privada.17
La política nacionalista, distribucionista y fuertemente intervencionista del
gobierno anterior motivó el primigenio apoyo de estas organizaciones a un gobierno,
cuya prioridad, según lo proclamaron a vivas voces era acabar con determinados
problemas de carácter cuasi estructural de la economía argentina, como por ejemplo, la
inflación ( aunque sus recetas no fueron necesariamente estructurales), rebajar los costos
industriales y atraer capitales extranjeros.
¿ Cuál fue la política económica esbozada por el gobierno provincial y la reacción
de los grupos empresariales de Córdoba?
En primer lugar, debemos considerar que el gobierno de Martínez Zuviría es de
transición hasta en tanto se designe la gobernador ( consideraría apto denominara a
este breve período como “interregno) y por lo tanto no es posible observar una
programación económica exhaustiva que responda a objetivos determinados a mediano
y largo plazo.
No obstante, el gobierno recibió importantes respaldos, tal es el caso de ADIC
(Asociación de Industriales de Córdoba), quien a solo cuatro días de la toma del poder,
dio a conocer una declaración prometiendo su colaboración con las nuevas autoridades..
Una delegación de la misma asociación fue recibida en audiencia por el gobernador el
130 de julio sin trascender los motivos de la reunión.
El 1 de julio, Martínez Zuviría recibió a una delegación del Centro Comercial e
Industrial de Córdoba. Su presidente, Orestes Godino, expresaba confianza en las nuevas
autoridades, pero aclaraba que el Centro Comercial e Industrial “...condiciona el apoyo
de los sectores representativos a la proposición de programas concretos”18
A su vez, la Federación de Entidades Empresarias de Córdoba avala al nuevo
gobierno, según declaraciones efectuadas en el periódico “La Voz del Interior” el 4 de
julio.
Una de las medidas que cobró mayor trascendencia en el período es la relacionada
con la aplicación en Córdoba , de la ley nacional n º 16898 – vigente a partir del 8 de
julio- que autoriza al Banco Central a intervenir cooperativas de crédito y secciones de

16
Ibídem, 27 de julio de 1966.
17
Sobre este tema: César Tcach, “Gobierno y Oposición en la Córdoba de Illia” , en Revista de la Junta
Provincial de Historia Nº 20, Córdoba, 2002, pp.196-199.
18
La Voz del Interior, 2 de julio de 1966.

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crédito de otras entidades cooperativas, resolviendo en casos particulares, el cese de

las actividades de aquellas que no se ajustasen a las normas y disposiciones emanadas
del Banco Central. También está facultado para hacerse cargo de la liquidación de las
cooperativas de crédito y disponer de la clausura de los locales de las entidades referidas.
El interventor federal, en función de esta ley, declaró feriado hasta el día quince
del mes entrante como último plazo de inscripción a las entidades cooperativas. Según
consta en los fundamentos del decreto- ley: “... se advierten algunos síntomas de
intranquilidad en el sector de las cooperativas de crédito que no permiten un desarrollo
normal de esas entidades...”19
A partir de la fecha límite establecida por el ejecutivo, podemos observar una
rápida acción por parte del gobierno destinada a socavar el funcionamiento de pequeñas
cooperativas de crédito, que van desde el retiro de fondos hasta la quita de la personería
jurídica. La quita de la personería jurídica se debió al incumplimiento de determinadas
prescripciones legales, específicamente, la falta de realización de asambleas anuales.
Mientras tanto, la Federación de Entidades Empresarias de la Provincia dio una
declaración de apoyo a las cooperativas de crédito afectadas por resoluciones del Banco
Central, según declaraciones efectuadas a la Voz del Interior del día 21 de julio.
El golpe final contra las cooperativas de crédito en la provincia, se concretó el 25
de julio cuando el Director General de Municipalidades ordenó a los comisionados
municipales el retiro de los fondos de las comunas en las cooperativas de crédito.
Aparte de la aplicación de las disposiciones de la ley nacional n º 16898, la única
medida concreta que podemos visualizar es la intervención del Banco de la Provincia
de Córdoba, a cargo del coronel Emiliano Flouret.
Los anuncios de aumentos de salarios para empleados de la administración pública
en un orden del 20 % y de reestructuración de la Dirección General de Rentas ( para
agilizar la estructura interna) quedaron justamente en el plano de los anuncios.

En contraste con la ausencia de medidas económicas de trascendencia durante el

“interregno” de Martínez Zuviría, percatamos una intensa y a la vez heterogénea política
gremial por parte del gobierno, que incluye un amplio abanico, desde la cesantía de
secretarios gremiales hasta la ratificación de convenios colectivos por el Departamento
Provincial del Trabajo, en beneficio de los trabajadores.
La relación entre las autoridades y los sindicatos durante el gobierno de la
“Revolución Argentina”, debe considerarse a partir de la afirmación de la corriente
colaboracionista dentro de la CGT con las autoridades revolucionarias, y de la
neutralización de líneas o corrientes alternativas dentro del sindicalismo argentino-
como el caso de la CGTA liderada por Raimundo Ongaro- impugnadas o desacreditadas
no solo por el gobierno sino también por la propia burocracia sindical.
A partir del análisis de la relación entre el gobierno y los gremios en la provincia
durante el interregno de Martínez Zuviría, podemos inferir:
1. Apertura y actitud dialoguista por parte del gobierno frente a los planteos y peticiones
de algunos gremios, evidenciada en la concesión de entrevistas a delegaciones de esos
sindicatos, de lo cual tenemos numerosos ejemplos:
a) El gobierno dio audiencia al SEP (Sindicato de Empleados Públicos) el 10 de
julio por medio del Ministro de Gobierno Seydel y el Ministro de Hacienda
Coronel Palmero. Los trabajadores del estado solicitaron el dictado del estatuto
del empleado público provincial y mejores retribuciones. De esta reunión

19
Ibídem, 13 de julio de 1966.

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podemos ver que el gobierno se hizo eco de algunos de los planteos gremiales,
al disponer la normalización de los trámites y el destino de los fondos para el
pago de anticipos.
b) Entrevista de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia) con el secretario
ministro de Educación Coronel Olmedo el 11 de julio.20
c) Entrevista entre Martínez Zuviría y la Asociación Gremial de Empleados de
Comercio (AGEC) el día 14 de julio.21
d) Reunión entre el interventor y los municipales el día 14, en la cual el SUOEM
solicitó un incremento salarial; y la no privatización de los servicios de limpieza
para la ciudad. Resulta significativo, que Martínez Zuviría dio lugar al pedido
y ratificó la no cesantía del personal comunal sin causa justificada.22
e) Entrevista de la UOM con el subsecretario de gobierno Teniente Coronel López
Domínguez en torno al problema que afectaba a los trabajadores de Conarg y
Forja, el 14 de julio. Ese mismo día, el interventor recibió a miembros del Consejo
Directivo de la CGT, por las problemáticas presentadas en las Plantas de Conarg,
FIAT y KAISER.23
2. respeto o la no limitación a las actividades inherentes a una estructura gremial
democrática: en este caso, la no interferencia en la libre realización de asambleas y
llamado a elecciones en algunos sindicatos. Cabe citar como ejemplos: la convocatoria
a elecciones generales el 12 de julio realizada por la junta electoral de SUTIAGA, electa
en Asamblea General; la realización de una asamblea gremial el 13 de julio en la cual se
renovaron las autoridades del Centro de Almaceneros y Comerciante Minoristas de
Córdoba; la convocatoria de los trabajadores petroleros para una asamblea el 16 de
julio.
3. Intervención y mediación del gobierno en determinadas problemáticas gremiales-
patronales, en este caso, en el conflicto desatado en una empresa de capital transnacional,
como el caso de FIAT, frente a un pedido de aumento salarial. Esta situación llevó a la
firma de un convenio entre Fiat Concord SAIC con el Sindicato Materfer (SITRAM) en
el Departamento Provincial del Trabajo el día 14 de julio, que estableció un incremento
salarial del 25 % para los seis primeros meses de vigencia, más el 10 % para los meses
restantes. Esto se complementa con la firma de un nuevo convenio, por medio del cual
se otorgan beneficios sociales, un seguro de 50000 pesos y vacaciones para universitarios,
como así también incrementos en los premios de producción y asistencia social (convenio
entre Grandes Motores Diesel y Tractores y Motores con la empresa Fiat Concord el 15
de julio de 1966)24
Estos convenios laborales firmados entre Fiat Concord y los Sindicatos Grandes
Motores Diesel y de Tractores y Motores fueron ratificados el 18 de julio en el
Departamento Provincial del Trabajo.25
El único conflicto gremial de envergadura motivada por la actitud del gobierno,
específicamente del gobierno municipal y que no encontró solución hasta las próximas
autoridades, fue el motivado por la cesantía del secretario general del SUOEM Manuel
Ugarte por parte del comisionado municipal, ante la ausencia de éste por gestiones

20
Ibídem, 12 de julio de 1966.
21
Ibídem, 15 de julio de 1966.
22
Idem..
23
Idem.
24
Idem.
25
Ibídem, 19 de julio de 1966.

11
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sindicales en Capital Federal en búsqueda del reintegro de la personería gremial de la

organización.26
A partir de allí se iniciarán una serie de pedidos por parte del SUOEM y del
secretariado de la CGT local para normalizar la situación y para restituir en sus funciones
al trabajador cesante, cuestión que se resolverá ya en el próximo gobierno. Resulta
llamativo las diferentes posturas y la falta de un criterio unificador con respecto a un
mismo gremio por parte del gobierno provincial y del municipal, ya que el primero
negocia y el segundo adopta una postura de confrontación.

“Ferrer Deheza y la gestación de la oposición gremial- estudiantil”

El recambio institucional era previsible: a partir de mediados de julio sonaba con

fuerza la figura de Miguel Ferrer Deheza. Los rumores se confirmaron y el 20 de julio
es designado gobernador por el poder ejecutivo nacional, para luego asumir el día
veintisiete.
A diferencia de su antecesor en el cargo ( con el cual paradójicamente estaba
emparentado, ya que estaba casado con una hermana de Martínez Zuviría) Ferrer
Deheza tuvo experiencias en la función pública: fue fiscal de estado durante el período
de la Revolución Libertadora y ocupó el ministerio de Gobierno por tres meses con la
intervención del Ingeniero Rogelio Nores Martínez en 1963.
Además tuvo una dilatada trayectoria profesional, ya que fue titular del Colegio
de Abogados, profesor titular de la cátedra de Derecho Civil en la Facultad de Derecho
de la UNC y asesor letrado del City Bank. Esta última empresa formaba parte de IDEA
(Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos de la Argentina) fundado por un grupo de
grandes empresas en su mayoría extranjeras, que se caracterizó por la formación “cívica-
política- comunitaria” brindada a los administradores de empresas y por su apoyo
decidido al programado golpe militar de 196627
Ferrer Deheza es uno de los pocos civiles a cargo de las administraciones
provinciales, ya que se designaron militares para diecisiete provincias argentinas.
Un día antes de asumir, y en conferencia de prensa en su domicilio, Ferrer Deheza
confirmó los miembros de su gabinete ministerial, compuesto por : Dr. Guillermo Becerra
Ferrer (ministro de Gobierno), Dr. Manuel Albarenque (ministro de Salud Pública),
Ing. Roberto Aphelbaum (ministro de Obras Públicas), contador Mario Dubini (Ministro
de Hacienda), Dr. Fernando Martínez Paz (ministro de Educación y hermano del por
entonces Ministro del Interior de la Nación Enrique Martínez Paz) y el Dr. Adolfo Ruiz
como Secretario General de la Gobernación.28
Ferrer Deheza se muestra comprometido con la causa y los ideales de “Revolución
Argentina”, según lo manifiesta en su discurso inaugural:

“Como obligación inexcusable nos sentimos comprometidos, según las palabras incorporadas al acta
de la Revolución,... a consolidar los valores espirituales y morales, elevar el nivel cultural, educativo-
científico y técnico; eliminar las causas profundas del actual estancamiento económico, alcanzar
adecuadas relaciones laborales, asegurar el bienestar social y afianzar nuestra tradición espiritual,
inspirada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la
civilización occidental y cristiana, como medios para restablecer una auténtica democracia
representativa...”29

26
Ibídem, 19 de julio de 1966.
27
ROUQUIE, Alain; Poder militar y sociedad política en la Argentina Tomo II1943-1973; pág. 246
28
La Voz del Interior, 26 de julio de 1966.
29
Ibídem, 27 de julio de 1966.

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En un intento por abordar los lineamientos y las características que revistió el

gobierno de Ferrer Deheza, es importante visualizar cuales son los cambios y las
continuidades que se presentan en relación a su antecesor, lo que se detallará a partir
del análisis de sus principales políticas de gobierno.
Una de las primeras medidas de Ferrer Deheza fue la reasignación de funcionarios
en el aparato del estado. El gobernador intentó aplacar rumores de cesantías en masa,
y es por ellos que afirma, en su primera reunión con la prensa de Córdoba:

“... No voy a hacer cesantías indiscriminadas. Cada ministerio o departamento traerá su plan de
reajuste o reordenamiento...no existe intención de hacer cesantías en masa ni indiscriminadas...
lógicamente que en algunos casos habrá que adoptar medidas”30

En función de este objetivo, por decreto del poder ejecutivo y a pedido del Director
General de Municipalidades se destinó para prestar servicios en comisión a esa Dirección
al personal de la Cámara de Diputados y Senadores.31 Es justamente en esta Dirección
en donde se realizaron los primeros ajustes de racionalización de personal frente al
exceso del mismo por consideración del ejecutivo provincial: se consideró – a los
empleados designados por los partidos políticos, respetando al resto del personal.
Se registran más cambios que continuidades en la planta de funcionarios de
gobierno. Permanecen en sus cargos las autoridades de las comunas del interior. Los
reemplazos se efectivizan en el Directorio del Banco Provincia de Córdoba , en la
intendencia de la ciudad capital, y en la mayor parte del los miembros del Tribunal
Superior de Justicia. La continuidad en los cargos dependía en muchos casos, solamente,
de la aceptación de la jura del Estatuto de la Revolución Argentina. Y esto constituyó
uno de los primeros “desaires” para el poder ejecutivo. Efectivamente, el hasta entonces
presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. José Severo Caballero, presentó su
renuncia ante la exigencia de jurar por el Estatuto de la revolución, argumentando:

“... el juramento exigido vulnera la independencia del juez, que tiene, en la cultura occidental, más
valor que inamovilidad y ello me crea un problema de conciencia que no puedo superar...”32

No solo constituyó un conflicto de proporción, sino que además esta situación se

transformó en la prueba de que el recambio institucional no era meramente “aséptico”.
Más tarde, el poder ejecutivo afirmará que el alejamiento de las autoridades
secundarias se debió a la necesidad de dar fiel cumplimiento a los postulados
revolucionarios y no por carencia de cualidades técnicas y morales.33
Sin duda, dos hechos y sus repercusiones en todos los niveles ocuparán el escenario
político provincial a lo largo del mes y medio de análisis del gobierno de Ferrer Deheza:
A. los crecientes conflictos laborales y el rol intervencionista del estado en los mismos.
B. La agitada cuestión estudiantil., sobre todo a partir de la ley n º 16912 del poder
ejecutivo nacional, que intervino las universidades, suprimió la autonomía de las
mismas y acabó con la participación estudiantil en el gobierno de la universidad.
La agitación estudiantil constituirá un desborde que sobrepasará toda “contención”
orquestada desde el gobierno y que motivará a la instrumentación de fuertes medidas
represivas que solo contribuirán a desacreditar a un gobierno legitimado solo por el
uso de la fuerza.

30
Ibídem, 3 de agosto de 1966.
31
Ibídem, 29 de julio de 1966.
32
Ibídem, 2 de agosto de 1966.
33
Ibídem, 9 de agosto de 1966.

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La represión legal y policial tendrá como contraproducente efecto la exacerbación

de los conflictos y la aparición de las más variadas formas de protesta estudiantil, que
llegarán al punto culminante con la trágica muerte de Santiago Pampillón el 7 de
septiembre de 1966. La muerte de Pampillón otorgó al movimiento de oposición una
fuerte dimensión simbólica, por su doble condición de obrero y estudiante y por
constituirse en la primera víctima de la represión en todo el país.
La escalada represiva llevó a la conformación de un fuerte arco de oposición al
gobierno detrás del cual se alinearán la prensa y los sindicatos confederados en la CGT
regional, en apoyo de la causa estudiantil. Este sector liderará la oposición ante la falta
de canales o vehículos de expresión y movilización, teniendo en cuenta la supresión de
los partidos políticos.
Resulta llamativo la ausencia de manifestaciones estudiantiles en Córdoba frente
a la intervención de las universidades a partir de la tristemente célebre “Noche de los
Bastones Largos” del 29 de julio de 1966; en realidad la protesta se manifiesta solo en
forma de declaraciones de oposición.
La relativa calma en el ámbito estudiantil cordobés se acabará a partir del 18 de
agosto, a partir de la inusitada violencia policial originada a partir de lo que puede
considerarse un hecho relativamente menor en la zona del histórico Barrio Clínicas.
Un grupo de estudiantes repartían en las inmediaciones del Hospital de Clínicas
volantes que defendían el derecho de participación efectiva de los estudiantes en los
organismos de gobierno universitario. Inesperadamente la policía abrió fuego para
dispersar e hirió de bala a un estudiante de medicina de diecinueve años. A partir de
esto las reacciones fueron “in crescendo”: enfrentamientos entre policías y estudiantes
arrojó un saldo de más de doscientos estudiantes detenidos, la declaración de huelga
en la Facultad de Medicina, la toma del Hospital de Clínicas y el posterior desalojo
violento del mismo por orden de la Policía Provincial.34
Las manifestaciones estudiantiles se repitieron los días 1935, 2236 y 3137 de agosto.
En dichas manifestaciones hubo agresión y represión policial contra los estudiantes,
pero en los días 22 y 31 la agresión policial se extendió hacia representantes de la prensa
local, lo que motivará un fuerte repudio y la exigencia de garantías por parte del
Sindicato de Prensa y del Círculo de Prensa38 y posteriormente de la Asociación de
Reporteros Gráficos.39
La agresión contra los medios de prensa ponía en evidencia el doble discurso del
gobierno, si consideramos las declaraciones vertidas por el gobernador sobre la libertad
de prensa , a solo dos días antes de asumir en sus funciones:

“... respeto profundamente la libertad de prensa, por considerarla primordial para el desarrollo de
un gobierno y para saber que piensa el pueblo de uno... durante mi gobierno, la prensa tendrá la más
absoluta libertad para desarrollar su labor...”40

La política ambivalente del gobierno en relación a la prensa quedó de manifiesto

luego de una reunión con periodistas, en donde se prometió respeto a las libertades de
prensa y de trabajo, iniciación de una investigación a partir de los sucesos del día 22 y

34
Ibídem, 19 de agosto de 1966.
35
Ibídem, 20 de agosto de 1966.
36
Ibídem, 23 de agosto de 1966.
37
Ibídem, 1 de septiembre de 1966.
38
Ibídem, 23 de agosto de 1966.
39
Ibídem, 24 de agosto de 1966.
40
Ibídem, 26 de julio de 1966.

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la actuación de los efectivos policiales sin armas de fuego en los servicios que preste en
los actos públicos.41
¿ Temor a la trascendencia nacional e internacional del accionar represivo?
Lo cierto es que los periodistas en su reunión con el ejecutivo provincial (23 de
agosto) advirtieron que de no tomarse medidas, denunciarían las violaciones a la libertad
de prensa en organismos internacionales. 42
Los conflictos con la prensa local se reavivarán a partir de dos sucesos:
1. La represión de la cual fueron objeto un corresponsal de “La Capital “ de Rosario y
un fotógrafo del diario local “Los Principios” durante la manifestación “no autorizada”
del día 31 de agosto. No hubo ninguna declaración del gobierno frente a la incumplida
promesa de días atrás.
2. La irritante medida del Jefe de Policía de Córdoba que declaró personas no gratas a
dos periodistas de “La Voz del Interior”, prohibiéndoles la entrada a oficinas y
dependencias de dicha repartición, por haber realizado una descripción “errónea y
distorsionada” de la actuación policial en la manifestación estudiantil del 7 de septiembre
en donde perdió la vida Santiago Pampillón. Esta situación despertó las condenas de
las agremiaciones de prensa Círculo de Prensa y Sindicato de Prensa.43 Y la realización
de una reunión entre el Ministerio de Gobierno y los periodistas, sin que trascendieran
los resultados de dicha reunión, aunque es posible observar que no se le exigió al Jefe
de Policía un acto de desagravio a los periodistas.

La represión en la provincia se instrumentó, en parte, a partir de las disposiciones

emanadas desde el gobierno central, y entre ellas figuran:
- ley nacional n º 16896 que permite las detenciones y allanamientos sin previa orden
judicial. El cumplimiento de esta ley comenzó a efectivizarse durante el gobierno
de Martínez Zuviría.
- Ley nacional n º 16912 que suprime la autonomía universitaria y la participación
estudiantil en el gobierno de la universidad.
- Resolución n º 175 del Ministerio del Interior que dispuso la disolución de todas
las entidades estudiantiles que actúan en el ámbito de la universidad Nacional de
Córdoba, ya que tales agrupaciones realizaron actividades políticas, violando las
normas legales.44
Estas disposiciones se complementan con las reglamentadas desde el gobierno de
la provincia, específicamente desde el Ministerio de Gobierno y aplicadas por la Policía
Provincial- elaboradas sobre todo para neutralizar el conflicto estudiantil-, entre las
cuales podemos mencionar:
- la prohibición de realizar cualquier acto público sin la expresa autorización de las
autoridades por intermedio del Ministerio de Gobierno.
- La modificación del Código de Faltas de la Provincia por fuerza de ley n º 4892-
decreto ley n º 3590 “A”/ 956, reimplantada por ley n º 4742. Resultan significativos
las disposiciones de la ley en sus artículos n º 8 y n º 9

41
Ibídem, 25 de agosto de 1966.
42
Ibídem, 24 de agosto de 1966.
43
Ibídem,. 10 de septiembre de 1966.
44
Ibídem, 30 de agosto de 1966.

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Artículo n º 8: Serán reprimidas con arresto de hasta treinta días no redimibles por multa,
los que en vía o parajes públicos, o lugares expuestos al público, pelearen o riñeren, o
perturbaren el orden público de cualquier forma.
Artículo nº 9: Será reprimidos con arresto de hasta quince días, no redimible por multa,
quienes riñeren en el interior de domicilios o lugares privados, cuando los actos trasciendan
al exterior causando alarma o malestar.45
- Clausura de facultades que no normalizasen su situación (disposición conjunta
entre el Ministerio de Gobierno y el rector “interventor” de la UNC)46 La
metodología para determinar la clausura consistirá en la ejecución de una
evaluación estadística, mediante los partes diarios de asistencia a clases teóricas y
prácticas y a exámenes remitidas por las distintas facultades. La clausura recaerá
en aquellas facultades en donde, por razones de protesta, como paros y huelgas
indefinidas, las actividades académicas sean prácticamente nulas. Esto constituye
una ofensiva o contrajugada del gobierno para contrarrestar la metodología de la
protesta estudiantil.
El accionar represivo se centró en la detención arbitraria de estudiantes,
visualizándose algunos casos que merecen ser rescatados: uno de ellos tuvo como
protagonista al rector “interventor” de la UNC Ernesto Gavier, quien encontrándose a
cargo de la Facultad de Ciencias Económicas por ausencia de su decano, sancionó a un
estudiante por hablar en acto relámpago47; el otro caso está relacionado con el
impedimento de donar sangre en el Hospital de Urgencias para Santiago Pampillón.
La metodología de protesta, como afirmamos anteriormente, tuvo variadas o
diversas formas, entre las cuales, podemos mencionar:
a. huelga de hambre
b. falta de concurrencia a clase.
c. Huelga universitaria general.
d. Actos relámpagos prohibidos.
e. Dictado de clases “alternativas” en espacios extra- universitarios y la puesta en
funcionamiento de comedores universitarios paralelos.
Una de las primeras reacciones estudiantiles estuvo relacionada con la injustificada
represión sufrida en las inmediaciones del Hospital de Clínicas el día 18 de agosto: la
toma de la parroquia universitaria “Cristo Obrero” y el inicio de una huelga de hambre
que comprenderá un período de veinticuatro días, desde el 19 de agosto hasta el 11 de
septiembre.48 Según consta en las fuentes consultadas, el inicio de esta protesta se originó
a partir de una circunstancia fortuita, ya que los estudiantes que tomaron la parroquia,
ingresaron en la misma por razones de seguridad física, para defenderse de la agresión
policial.
Los estudiantes pertenecían al Movimiento Integralista, un movimiento de
tendencia cristiana y revolucionaria, que tenía, por aquel entonces, amplia
representatividad en el seno estudiantil. Más allá de la protesta por el atropello policial
y por el arresto de aproximadamente cien estudiantes de los cuales no se habían
proporcionado listas de detención, la toma y posterior inicio de huelga tuvo objetivos

45
Ibídem, 9 de agosto de 1966.
46
Ibídem, 9 de septiembre.
47
Ibídem, 8 de septiembre.
48
Ibídem, 12 de septiembre.

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claramente definidos: la renuncia del Ministro de Educación Enrique Martínez Paz, del
rector y de los decanos de las distintas facultades y la participación efectiva de los
estudiantes en los organismos de gobierno universitario.
La huelga de hambre tomará una fuerte connotación pública: los medios de
comunicación informarán diariamente sobre la marcha de la misma y el estado de salud
de los huelguistas, informaciones que serán aportadas por el denominado Comando
de huelga de hambre del Movimiento Integralista. Esta organización recibirá las
adhesiones de varios centros estudiantiles y de sindicatos como Luz y Fuerza, UOM,
Forja, entre otros.49
Resulta significativo observar el papel que asumió la jerarquía eclesiástica,
representada en la figura del arzobispo primado de la ciudad de Córdoba, Raúl Francisco
Primatesta durante el curso del conflicto, ya que ello nos permite visualizar la relación
existente entre la iglesia local y el gobierno revolucionario.
Una primera instancia de intervención tomó lugar el 21 de agosto, cuando el obispo
quiere mediar, trasladando la huelga a otro lado, pero esta proposición no es aceptada,
ya que aducen como razones, falta de garantías y de seguridad.50
La actitud del nuncio apostólico durante el transcurrir consiguiente de la huelga
será de llamativo silencio a partir del pedido efectuado anteriormente. No obstante,
una vez finalizada la misma, se observará la postura reaccionaria por parte de Primatesta,
ya que, se adoptaron sanciones contra los sacerdotes de la parroquia “Cristo Obrero”.
Según trascendidos de la prensa local, se habría obligado a abandonar sus
actividades en la parroquia, a los sacerdotes Nelson Dellaferrera y José Gaido, así como
también se decidió la clausura de la iglesia Cristo Obrero como parroquia universitaria.
Los sacerdotes habrían solicitado ante la sanción, un plazo de quince días para
entregar los bienes de la parroquia, a lo que accedió Primatesta, quien a su vez, “pidió
sin éxito que renunciaran sin dar los motivos”51. A su vez, ambos sacerdotes, habrían sido
suspendidos como profesores de la Universidad Católica de Córdoba, ya que después
de la muerte de Pampillón no dieron clases y dejaron asentados en los libros de tema su
protesta.
Frente a estas disposiciones, Primatesta se negó a hacer declaraciones, como así
tampoco no quiso aceptar una nota y a una delegación de fieles de la parroquia, lo que
demuestra la cerrada postura del nuncio y deja un manto de sospecha frente a su
actuación.
Además de las huelgas universitarias (del 21 de agosto al 7 de septiembre) y del
fuerte ausentismo registrado en las distintas facultades frente a los explícitos pedidos y
amenazas del rector de concurrencia a las mismas, observamos un fuerte grado de
movilización y organización estudiantil evidenciado, por ejemplo, en la puesta en
funcionamiento de comedores estudiantiles en Barrio Alberdi52 y Centro 53 a raíz de la
clausura del Comedor Universitario y el dictado de clases en centros vecinales y
gremios.54
El punto más virulento en la conflictiva relación gobierno- estudiantes llegará con
la manifestación del 7 de septiembre. La Junta de Coordinadores de Mesas estudiantiles
había encarado una serie de negociaciones con el gobierno para obtener el permiso de
asamblea y así determinar la prosecución o cese de la huelga universitaria. Tras una

49
Ibídem, 21 de agosto de 1966.
50
Idem.
51
Ibídem, 16 de septiembre de 1966.
52
Ibídem, 11 de septiembre de 1966.
53
Ibídem, 13 de septiembre de 1966.
54
Ibídem, 14 de septiembre de 1966.

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serie de idas y vueltas entre el Ministerio de Gobierno y la Policía, el permiso fue

denegado. No obstante, la asamblea – prohibida y todo- se realizó. La actitud
“desafiante” del movimiento estudiantil cordobés acentuó la escalada de violencia
represiva gubernamental, y como mencionamos anteriormente, generó la constitución
de un fuerte arco de oposición encabezado principalmente por la dupla gremial-
estudiantil.
Las reacciones de protesta contra el accionar represivo del gobierno no serán
exclusivas de los estudiantes, ya que se manifestaron en contra los gremios y el Colegio
de Abogados de Córdoba. Este órgano cursó una nota al ministro de Gobierno Dr.
Becerra Ferrer propiciando reformas al código de procedimientos civiles y reclamando
la derogación de excesivas facultades policiales en detrimento del poder Judicial.55
En lo referido al mundo laboral y específicamente a la cuestión gremial, podemos
observar continuidades en relación al gobierno anterior, y una de las más marcadas es
la intervención del gobernador como mediador entre los obreros y la patronal. El
principal conflicto laboral continúa centrado en la planta de Industrias Káiser Argentina,
sobre la cual se ciernen amenazas de suspensión y despidos sobre dos mil trabajadores.
El gremio representativo de los trabajadores de esta planta industrial – SMATA-
mantuvo con el gobernador alrededor de ocho reuniones en un período apenas superior
a un mes ( entre el 27 de julio y el 8 de septiembre). Las reuniones tenían como objetivo
evitar los despidos y dejar sin efecto las suspensiones.
Las mediaciones del gobierno tendrán efectos variables: por ejemplo, el 28 de
julio logró dejar en suspenso la medida de los despidos; sin embargo, las suspensiones
siguieron vigentes.56 Las medidas que atentan contra la seguridad laboral en IKA se
acentuarán a partir del 9 de agosto, fecha a partir de la cual, la empresa dispuso la
suspensión masiva de todo el personal de un día por semana a partir de marzo y el
cierre de la planta por algunos días. En este sentido, la mediación del gobierno fue
importante, ya que se pospusieron los conflictos, pero no hubo una solución de fondo.
El problema IKA será prioritario para la CGT Córdoba, y esto se evidencia en el
pedido de audiencia con carácter de urgente el día 10 de agosto al presidente Onganía,
quien por ese entonces se encontraba en la ciudad de Córdoba para conmemorar un
nuevo aniversario de la Escuela de Aviación Militar, el cual, sin embargo, no pudo
materializarse.
La CGT regional reclama entre otras cosas: definición de parte de IKA respecto
del cese inmediato de las suspensiones; estabilidad del personal obrero; delineamiento
de su política empresaria en el futuro, que asegure plena ocupación y discusión con
intervención de partes interesadas –gobierno, sindicato y empresa- del problema general
de la misma.57
La postura de la empresa es dilatar la respuesta a los pedidos efectuados por el
gremio, postergando todo tipo de pronunciamientos frente a las peticiones de SMATA
y a los llamados del gobierno. Sin embargo, la planta realizará sus ajustes de personal:
una agrupación de SMATA señaló58 que se han producido a la fecha 700 despidos,
básicamente en el sector administrativo..
De allí en más, (teniendo en cuenta el período estudiado), las negociaciones se
interrumpirán, ya que el conflicto estudiantil y la represión ejercida desde el gobierno,
motivarán el alineamiento conjunto de todos los sectores en oposición a la misma.

55
Ibídem, 17 de septiembre de 1966.
56
Ibídem, 5 de agosto de 1966.
57
Ibídem, 13 de agosto de 1966.
58
Ibídem, 18 de agosto de 1966.

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A partir de los analizado, podemos afirmar que la mediación no fue realmente

efectiva, limitándose solo a dejar sin efecto temporariamente algunas medidas de la
patronal; así como también la intervención se limita solo a conflictos en grandes empresas
en las cuales están implicados gremios de fuerte tradición sindical.
Si bien por el lado del conflicto IKA- SMATA, observamos una postura un tanto
“ficticia” en cuanto al real grado de mediación e intervención, sumado a su falta de
compromiso, una postura diferente evidenciamos en la problemática desatada entre
los empresarios metalúrgicos y los trabajadores del rubro, nucleados en la UOM.
La Cámara de Industriales Metalúrgicos presentó sus quejas al gobernador59 por
la convención colectiva de trabajo firmada en Buenos Aires, que dispone un incremento
del 30 por ciento en los salarios y la eliminación prácticamente de las quitas zonales.
El argumento esgrimido por los empresarios para suspender el convenio colectivo,
es que la eliminación de las quitas zonales pondría en desfavorable situación a la
industria de Córdoba con respecto a Buenos Aires.
Por ello, los industriales solicitaron al gobernador, la paralización de la firma y la
homologación del convenio. La dureza de los términos de los industriales es significativa:
“no se aceptará su aplicación cualquiera sean sus consecuencias. Desconocemos, no aceptamos
ni se aplicará en Córdoba convención pactada sin nuestro asentimiento que innove sobre quitas
zonales y cualquiera sean las consecuencias y aún las más extremas”60
Sin embargo y pese a la presión de los industriales metalúrgicos, fue ratificado el
convenio para los metalúrgicos, aunque los empresarios continúan con su negativa del
mismo.
Las continuidades con respecto al gobierno anterior se evidencian en la relativa
tolerancia en cuanto a la realización de asambleas gremiales, a excepción de aquellas
que tienen como fin solidarizarse con la causa estudiantil.
Nuevamente, la intervención del gobierno se pondrá de manifiesto a partir del ya
mencionado conflicto entre el gremio de los municipales (SUOEM) y el comisionado
municipal a raíz de la cesantía del secretario general del gremio, Manuel Ugarte,
problemática que habíamos detallado anteriormente. Después de una serie de audiencias
entre el gobierno, SUOEM nacional y SUOEM local, Manuel Ugarte, secretario General,
es reincorporado al gremio.61
La actitud dialoguista por parte del gobierno frente a los reclamos gremiales queda
evidenciada con las reuniones que mantuvo con algunos sindicatos, tales como: UEPC62,
ADEME y AGEC63 , SEP64 y especialmente con la UOM frente a la negativa de los
empresarios metalúrgicos de firmar y homologar el convenio colectivo. Esta actitud
dialoguista puede encuadrarse dentro de la política de cooptación del gobierno,
tendiente a buscar el anhelado orden a través del apoyo e integración de los dirigentes
sindicales.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las principales características de las

intervenciones en la provincia de Córdoba a partir de junio de 1966. Si bien, somos
conscientes de que el período de tiempo analizado es demasiado estrecho o acotado (
junio- septiembre de 1966) y que por lo tanto no se ha podido obtener una visión general

59
Ibídem, 2 de septiembre de 1966.
60
Idem.
61
La voz del Interior, 13 de agosto de 1966.
62
Ibídem, 12 de agosto de 1966.
63
Ibídem, 15 de agosto de 1966.
64
Ibídem, 26 de agosto de 1966.

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de todo el ciclo, creemos, no obstante, haber aportado elementos que contribuyen a

explicar las grandes tensiones y contradicciones del régimen instaurado a partir de
junio de 1966.
La implantación de un orden político que acabase con el régimen de la democracia
liberal y de los partidos políticos se reflejan a partir del análisis de la programación y el
tendido de toda una red de medidas autoritarias y represivas nacionales y locales, cuyos
máximos objetivos eran acabar con el pluralismo y la movilización social.
La ejecución de estas metas fueron llevadas adelante en la provincia de Córdoba
por un selecto grupo de funcionarios pertenecientes, en muchos casos- como los dos
primeros gobernadores- a familias de la elite tradicional (aspecto que desarrollaremos
en investigaciones posteriores).
La consecuente reacción de los actores sociales frente a la orquestación de estas
medidas fue notoria, sobre todo desde el sector estudiantil, lo que se pondrá claramente
de manifiesto con el surgimiento de un fuerte arco de oposición cuyos principales
protagonistas, estudiantado y organizaciones gremiales, radicalizarán la protesta social
, potenciándose en mayo de 1969, punto de inflexión de un régimen que pretendió y
que fracasó en su intento de desterrar definitivamente la política el escenario nacional.

Bibliografía

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POTASH, Robert (1985): El Ejército y la política en la Argentina (III). Hyspamérica. Buenos
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