Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú.

Lima: Instituto de Estudios Peruanos

/ Instituto de Defensa Legal. Pp.466-483, 495-505

“En el quincuagésimo tercer cumpleaños de Montesinos, el 20 de mayo de 1998, había

bastante que celebrar en las lúgubres habitaciones y corredores del SIN. El régimen estaba
consolidado en el poder, la maquinaria corrupta venía operando con pocos problemas y la
campaña para la segunda reelección de Fujimori marchaba viento en popa. A la extraña
reunión festiva acudió un grupo selecto de parlamentarios, ministros, generales de las fuerzas
armadas y de la policía, jueces, fiscales y empresarios. Esta y otras celebraciones secretas eran
una muestra representativa de las vastas redes y ramas de corruptela en la década de 1990.
Las redes de corrupción tenían, al centro, la íntima e intrincada alianza entre Fujimori y
Montesinos. El primero se ocupaba fundamentalmente de la política y actuaba como imagen
mediática populista; y el segundo negociaba secretamente con el alto comando militar y
reunía fondos ilegales en medio de múltiples otras tareas de inteligencia desde el SIN, su
cuartel general de espionaje. Durante la fase final del régimen de Fujimori, Montesinos
mantenía enlaces con casi todas las ramas de la estructura de corruptela que controlaba el
poder, manipulaba la información pública, saboteaba a la oposición y daba el mal ejemplo a
los rangos inferiores de funcionarios y a la sociedad en general. El tamaño, alcance y
composición de esta red fueron asombrosos (...). Fujimori contaba con un núcleo interno de
parientes a cargo de los intereses familiares que giraban alrededor de su poderoso cargo.
Víctor Aritomi Shinto, casado con Rosa, hermana de Fujimori, fue nombrado embajador del
Perú en Japón en 1991, un puesto clave que mantuvo hasta los últimos días del régimen.
Hábilmente, Fujimori y Aritomi utilizaron la nacionalidad japonesa, que podía otorgarles
protección e impunidad. Entre otras varias operaciones, Aritomi usó su inmunidad diplomática
para transportar con regularidad los ingresos ilícitos de Fujimori al Japón, en montos
manejables como para lavarlos sin dejar huellas evidentes. Además, la secretaria personal de
Fujimori hizo transferencias bancarias a Aritomi de los fondos ilegales que el presidente recibía
en el Perú. Aritomi también solicitó donaciones y fondos de socorro humanitario que se
canalizaron a la familia Fujimori. Además, el poder y la influencia corruptora ejercida por
Montesinos en el poder judicial se hicieron casi absolutos después de 1992. Los jueces de la
Corte Suprema y de los juzgados superiores y provinciales conformaron una red de
prevaricación y cohecho que otorgaba decisiones y sentencias a favor de intereses privados y
políticos protegidos por Montesinos. Un aliado principal de Montesinos en la Corte Suprema
fue el juez Alejandro Rodríguez Medrano, quien convocaba a otros jueces para presionarles a
dictaminar según lo requerido por el asesor presidencial. En un caso particularmente
vergonzoso, Montesinos le entregó al presidente de la Corte Suprema el borrador de una
resolución favorable a la apelación de Fujimori para postular a la presidencia del país por
tercera vez, no obstante los impedimentos constitucionales. El juez en cuestión y los
miembros de la sala constitucional de la Corte Suprema se reunieron con Montesinos en el SIN
para tratar sobre dicha resolución, que luego aprobaron oficialmente. Desde su supuesta
reforma en 1992, todo el sistema judicial estaba plagado de «innovaciones» institucionales que
servían como incentivo para los jueces mediocres y corruptos, y como castigo para los
honrados. Aproximadamente cincuenta jueces de cortes superiores y provinciales colaboraron
en la red judicial de Montesinos. En otro caso notorio, Blanca Nélida Colán, la fiscal de la
Nación y cabeza del Ministerio Público, desestimó diversas acusaciones formales contra
Montesinos. Durante su
larga permanencia en el cargo (1992- 2001), la fiscal accedió a una vida de considerable lujo
que luego no pudo justificar al ser encausada judicialmente. El soborno de las autoridades
electorales para que llevaran a cabo el fraude fue particularmente escandaloso. En diciembre
de 1999, José Portillo, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y
aproximadamente cuarenta asociados vinculados a los congresistas Absalón Vásquez y María
Jesús Espinoza falsificaron parte de las miles de firmas necesarias para la inscripción de
Perú
2000, el rebautizado movimiento político de Fujimori. El fraude fue expuesto por informes de
investigación publicados en El Comercio. Para la falsificación se usaron padrones confidenciales
de votantes de elecciones anteriores. Además, un aparato sofisticado de espionaje telefónico
masivo, que suministraba información directamente a Montesinos, fue instalado en la sede
central de la ONPE. Portillo, así como Alipio Montes de Oca, el jefe del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE), visitaban a Montesinos en el SIN regularmente. Invariablemente, el JNE
rechazaba todas las quejas legales presentadas contra las maniobras reeleccionistas e
inconstitucionales de Fujimori.(…) Varios representantes elegidos por la oposición en el
Congreso fueron sobornados por Montesinos para que cambiaran de bando en cuestiones
claves, suministraran información confidencial acerca de los partidos de oposición o apoyaran
en secreto a la bancada fujimorista en las votaciones. Este tipo de soborno se había venido
dando desde por lo menos 1992, pero se intensificó después de las elecciones de 2000 porque
la bancada fujimorista ya no tenía la mayoría. Los congresistas sobornados asistían a reuniones
individuales y secretas con Montesinos en el SIN para concertar los pagos. Algunos recibieron
dinero directamente de manos del asesor. Cada congresista tránsfuga tenía su precio. El más
notorio fue el caso de Alberto Kouri, quien recibió 60.000 dólares para cambiar su lealtad
partidaria inmediatamente después de las elecciones de 2000. Los magnates de los medios de
comunicación de masas fueron los mejor pagados por Montesinos, debido a su papel
estratégico en la información pública. Los participantes más notorios en la corrupción de los
medios fueron José Francisco y José Enrique Crousillat, padre e hijo entonces propietarios de
América Televisión, canal 4. Dicha estación televisiva ofrecía programas parcializados,
conducidos por Laura Bozzo, la anfitriona de denigrantes reality shows, y otros presentadores.
Los Crousillat le vendieron la línea editorial de su emisora a Montesinos, desde por lo menos
1997, en cerca de
600.000 dólares mensuales. Montesinos arregló el refinanciamiento de la deuda de siete
millones de dólares que los Crousillat tenían con el Banco Wiese y garantizó el pago de seis
millones de dólares a los Crousillat, a través de la Caja de Pensiones Militar Policial-Banco de
Comercio, que se encontraba bajo control financiero de agentes montesinistas. Los Crousillat
amasaron fortunas personales de aproximadamente cinco millones de dólares en bienes
raíces y en cuentas offshore en el Caribe y en Panamá. Montesinos aludía a este grupo de
magnates mediáticos como el «equipo». Un video grabado en 1999 mostró a Ernesto Schütz,
presidente del directorio de Panamericana Televisión, canal 5, negociando con Montesinos por
más de 12 millones de dólares para que vendiera su línea editorial y atacara a la oposición.
Schütz tuvo que contentarse con 1,5 millones de dólares al mes por un total de 9 millones. Los
hermanos Samuel y Mendel Winter tal vez recibieron menos por la venta de su contenido
editorial, pero quedaron agradecidos, pues lograron apropiarse del canal 2 en 1996, gracias a
la persecución contra Baruch Ivcher, el principal accionista. Ivcher se vio obligado a exiliarse y
fue privado de su ciudadanía peruana después de que le retirase su respaldo a Fujimori y
emitiera informes reveladores sobre la tortura y el espionaje telefónico. Genaro Delgado
Parker, un importante accionista de canal 13 que tenía crónicos problemas legales, le prometió
a Montesinos que despediría al periodista independiente César Hildebrandt a cambio de una
sentencia favorable en una disputa por la propiedad de acciones del canal.[…] La prensa
amarilla, a la cual se conocía colectivamente como la «prensa chicha», atendía a las masas mal
informadas. Los propietarios
y editores de estos pasquines mostraban gran imaginación en propagar insultos
estrambóticos, desinformación y manipulación sociopolítica. Los más exitosos en este tipo de
periodismo y sus campañas «psicosociales» fueron los hermanos Alex y Moisés Wolfenson
(este último un congresista fujimorista elegido en 2000), editores de El Chino. Otros
propietarios de periódicos chicha como Rubén Gamarra (La Yuca) y José Olaya (El Tío) fueron
sindicados por recibir cuantiosos subsidios impropios en 1999. Augusto Bresani, un periodista
cercano al SIN, trabajó con Montesinos y el publicista Daniel Borobio en la transmisión tanto
de titulares como de dinero a los editores de la prensa chicha. Bresani no solo recibía dinero
de Montesinos sino también, a partir de 1997, de importantes corporaciones privadas
decididas a prestar respaldo a Fujimori y sus campañas sucias.