PC2 - 2020.1 - Artículo Académico 2 (Cuya 1999)
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humanos
Por Esteban Cuya
Investigador del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg
Cada parlamentario de la mayoría, cada ministro de Estado, cada juez o fiscal en el Perú,
cada funcionario que ha deseado saborear los placeres del poder en los últimos diez años
ha tenido que renunciar a su independencia, abdicar a sus funciones y más bien
convertirse en un títere de Fujimori y de Montesinos, que los han manejado y los manejan
a su capricho y en función a sus propios intereses. Quienes trataron de ejercer sus
funciones con dignidad, con independencia, con criterio profesional o bien fueron
forzados a renunciar a sus principios o tuvieron que sufrir las consecuencias de su
decisión por las represalias del Gobierno.
Además, se acepta como natural, en el Perú, que cada ministro o parlamentario, o juez
nombrado por el gobierno recite los libretos elaborados por el Servicio de Inteligencia
manejado por el excapitán del Ejército Vladimiro Montesinos. Jamás, en toda la historia
del Perú Republicano, se había llegado a tan inmensa degradación de la función judicial
o política. La sumisión al poder de Fujimori permite, por ejemplo, que la señora Blanca
Nélida Colán se mantenga más de seis años como soberana de la Fiscalía de la Nación y
que, en lugar de defender los intereses del Estado y de la sociedad peruana, haya
concentrado sus esfuerzos en lavarle la cara, con el dinero de todos los peruanos, tanto a
Fujimori como a su asesor Vladimiro Montesinos y al general golpista Nicolás Hermoza
Ríos, entre otros personajes de la farándula política del Perú.
Epidemia de corrupción
Son numerosos los casos de los altos funcionarios del Estado envueltos en operaciones
sucias, chantaje, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos que se practican como parte
de la función que se les ha asignado. La acusación contra Augusto Miyagusuku, gerente
de la estatal empresa de seguros “Popular y Porvenir”, por la utilización ilegal y la pérdida
de varios millones de dólares de dicha empresa fue entrampada y luego archivada por la
mayoría fujimorista en el Congreso. Las denuncias de un narcotraficante que aseguró
haberle pagado durante dos años cincuenta mil dólares mensuales al asesor
presidencial Vladimiro Montesinos, a fin de que evitara que los militares o policías le
impidieran el tráfico de drogas, tampoco fueron investigadas ni por el Congreso ni por
ninguna autoridad judicial en el Perú.
El 25 de febrero de 1999, una sala judicial ordenó formalmente la detención del jefe del
Estado Mayor del Ejército, el general Tomás Marky, quien había sido designado en ese
cargo a principios del año. Se le acusó de haberse apoderado de la suma de US$ 1 000
000 que se incautó en 1995 a dos narcotraficantes colombianos en la zona de Ayacucho.
En realidad, habría que encarcelar a más generales que han actuado como socios de los
narcotraficantes. El general Marky se debilitó con la salida sorpresiva de su cargo, a fines
de 1998, del general Nicolás Hermoza Ríos.
A fines de marzo de 1999, el flamante ministro de Trabajo, Jorge Mufarech, tuvo la osadía
de denunciar la existencia de una mafia en las Aduanas del Perú que, según sus
investigaciones, habría recibido grandes coimas para ocultar un masivo contrabando que
ocasionó pérdidas al Estado peruano por unos US$ 10 000 millones durante todo el
período de gobierno fujimorista. La acusación la dirigió, entre otros, contra una amiga de
Fujimori, la superintendenta de Aduanas, Carmen Higaona y a varios de sus más cercanos
colaboradores. El escándalo comprometió a funcionarios del entorno de Fujimori. El
ministro Mufarech fue forzado a renunciar.
El 14 de abril, Fujimori, tras despedir a sus seis exministros “renunciantes”, dijo que las
denuncias de corrupción habían sido precipitadas y exigió “que se muestren las pruebas”,
a pesar de que el exministro Jorge Mufarech había cumplido con entregarlas tanto al
presidente como a un fiscal. “Esta ola de corrupción es el síndrome de los últimos días.
Fujimori ha juntado gente de todo pelaje en su organización, reclutada entre los que tenían
apetito para acceder a la administración pública, que sienten los pasos del fin del gobierno
y se apresuran a llenar los bolsillos”, declaró a Inter Press Service el sociólogo Alberto
Panessi.
EFECTOS DE LA DICTADURA
Más recientemente, el presidente Alberto Fujimori optó por retirar al Perú del sistema
interamericano de vigilancia y protección de los derechos humanos. Ante esta amenaza,
diversos partidos de oposición en el Perú, además de condenar al terrorismo, manifestaron
que “Denunciamos la pretensión del Gobierno de apartarse de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, bajo el pretexto de que dicha Corte estaría
1
El Constitucionalista César landa afirma: “Nunca antes como ahora el ejercicio del poder político
gubernamental ha llegado a amenazar y a cuestionar la propia jurisdicción constitucional, como ha quedado
evidenciado en los últimos años [...] Dicho en otras palabras, muestra los límites del control constitucional
del frágil Estado de derecho peruano, administrado por las mismas autoridades que en 1992 no tuvieron
reparo en quebrantar la institucionalidad constitucional, clausurando entre otros organismos
constitucionales al Tribunal de Garantías Constitucionales, por considerar que sus resoluciones no eran
conformes con el proyecto político y económico promovido por el gobierno y los poderes fácticos”.
Protección de los derechos fundamentales a través del Tribunal Constitucional, en Pensamiento
Constitucional, Pontificia Universidad Católica del Perú, año V N° 5, noviembre de 1998, págs. 79-80.
liberando terroristas, lo que es falso, ya que la CIDH plantea el respeto al debido
proceso”2.
El gobierno de Fujimori tiene en el tema de los derechos humanos uno de sus puntos más
críticos, además de la falta de un Estado de derecho. Aunque a Fujimori algunos le
aplauden en el exterior por haber controlado la subversión y el terrorismo, y haber
detenido la hiperinflación en el Perú, también, se le critica por la masiva pobreza y las
graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en todo su período
de gobierno.
“La pobreza y el desempleo son las principales formas de violación de los derechos
humanos en el Perú” sostiene el informe publicado por la Asociación pro Derechos
Humanos y el Centro de Asesoría Laboral, debido a que generan una exclusión social,
una calidad de vida muy precaria, y bastante inestabilidad en la población. De acuerdo
al mencionado informe, ahora la condición de pobreza corresponde al 50% de la
población peruana.
Por otro lado, en las Naciones Unidas (ONU), existen más de 5 000 denuncias de
desapariciones aún no investigadas desde 1982 hasta la actualidad. Los familiares de estos
desaparecidos, en su mayoría población andina y amazónica, siguen reclamando verdad
y justicia. Además, hay miles de personas injustamente encarceladas.
Este tema de los derechos humanos está enfrentando cada vez más al Gobierno peruano
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó la falta de
un debido proceso en muchos casos de terrorismo, la prisión ilegal de inocentes, la
práctica de la desaparición forzada de personas y la total impunidad de los responsables
de graves violaciones a los derechos de las personas.
La CIDH está exigiendo ahora que el gobierno peruano restituya en sus cargos a los tres
exintegrantes del Tribunal Constitucional que fueron destituidos en 1997 por oponerse a
una nueva postulación de Fujimori. También, exige que se le devuelva la nacionalidad
peruana al empresario de televisión Baruch Ivcher, atacado por el Gobierno por las
denuncias que hizo su televisora acerca de graves casos de tortura y asesinato cometidos
por agentes del Servicio de Inteligencia al mando del asesor presidencial Vladimiro
Montesinos. Igualmente, la Corte Interamericana está evaluando otras 20 denuncias por
graves violaciones a los derechos humanos en el Perú. La respuesta del Gobierno peruano
2
El Comunicado fue difundido el 6 de julio de 1999 con las firmas de los congresistas Henry Pease García,
de Unión por el Perú, Gustavo Mohme Llona, de Democracia y Solidaridad; Luis Guerrero Figueroa, de
Perú Ahora, y representantes del Partido Aprista Peruano, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, entre
otros.
ha sido intentar separar al Perú del sistema interamericano de protección de los derechos
humanos.
Actualmente, cerca del 20% de la población peruana vive bajo estado de emergencia con
sus derechos humanos fundamentales recortados o negados por el Estado. Esto implica
que más de 4 millones de peruanos no pueden siquiera esperar que se les respete el
derecho a la vida, a la libertad, a no ser torturado, a no ser detenido sin mandato judicial.
Las zonas bajo “Estado de Emergencia” son gobernadas, prácticamente, por los
comandos político-militares.
El Decreto Legislativo N° 895, así como los siguientes 896 y 897, con el afán de proteger
más la propiedad privada, definen confusamente algunos delitos comunes como
“terrorismo agravado”. Otro Decreto, el 899, crea el delito de pandillaje pernicioso, para
reprimir a las bandas juveniles que protagonizan actos de violencia en las calles. No se
ha tomado en cuenta, para nada, examinar las raíces de la violencia juvenil, vinculadas a
las gravísimas condiciones de injusticia social y frustración frente al futuro desesperante.
Otro Decreto, el N° 900, intenta modificar normas constitucionales que solo pueden ser
cambiadas mediante proceso especial por el Poder Legislativo. A través de ese decreto,
el Gobierno trata de obligar a todo el que quiere reclamar con recursos de Hábeas Corpus
y Amparo en favor de personas encarceladas, a presentarlos solamente en dos
determinadas salas Juzgados Especiales de Derecho Público, lógicamente, donde están
los jueces que han actuado con un favoritismo muy grande hacia Fujimori, como el juez
Percy Escobar Lino.
Otra perla que exhibe esta legislación para la seguridad ciudadana es que, a través del
Decreto Legislativo N° 904, se somete a la Policía Nacional prácticamente bajo la tutela
del Servicio de Inteligencia Nacional, es decir, bajo la jefatura del insaciable asesor
presidencial Vladimiro Montesinos. Aunque resulte increíble, esta legislación se está
aplicando en el Perú. Por ejemplo, en julio de 1998, cuatro personas fueron condenadas
por un Tribunal Militar (Consejo de Guerra) a cadena perpetua, por utilizar armamento
de guerra cuando asaltaron diversos negocios en Trujillo y cometer actos de secuestro con
violencia, y por herir a una persona. Claro que este tipo de procesos judiciales ha creado
pánico y sentimiento de mayor inseguridad en la población peruana.
Tal como lo han proclamado las organizaciones peruanas de derechos humanos, urge la
derogatoria de los decretos legislativos sobre seguridad ciudadana, porque violentan
diversas disposiciones constitucionales, exceden las atribuciones que el Poder Legislativo
le otorgó al Poder Ejecutivo, y responden a una política criminal represiva inadecuada
para enfrentar esa problemática.
Más de 18 000 de los cerca de 26 000 presos que existen en las cárceles del Perú acusados
de diversos delitos se encuentran como inculpados, es decir, que tanto ellos como el Poder
Judicial ignoran el motivo real de su estancia en la prisión. Simplemente, no han sido
juzgados. Entre los inculpados, hay personas que llevan más de ocho años de cárcel.
Muchas de estas personas fueron señaladas por presuntos arrepentidos del terrorismo
como terroristas o subversivos, sin prueba alguna.
Además, existen pueblos enteros en los Andes peruanos que viven bajo el temor de la
captura por parte de la Policía y del Ejército, acusados de haber apoyado colectivamente
la subversión. Miles de peruanos se encuentran en la condición de requisitoriados por los
tribunales militares y civiles, sin que ellos mismos lo sepan. Debido a esta causa, pueden
ser detenidos en el momento menos inesperado.
Por otro lado, solo 450 de los cerca de 2000 inocentes encarcelados bajo el cargo de
subversión y terrorismo han sido amnistiados en los últimos tres años tras una larga lucha
de sus familiares y los grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. Este
proceso de reparación del daño, liberando a los inocentes, se ha detenido. Fujimori espera
una coyuntura favorable en la que pueda utilizar políticamente estos actos de justicia en
favor del mejoramiento de su imagen.
Diversos sectores de la sociedad peruana han reaccionado muy críticamente con acciones
de desobediencia civil para enfrentar la destrucción del Estado de derecho en el Perú.
Especialmente, los estudiantes universitarios y los trabajadores del campo han
manifestado públicamente su oposición al autoritarismo fujimorista, organizando huelgas
y marchas de protesta por diversas regiones del país.
Adaptado de
CUYA, Esteban
1999 “La dictadura de Fujimori: marionetismo, corrupción y violaciones de los
derechos humanos”. Centro de Derechos Humanos de Nuremberg.
Nuremberg. Consulta: 01 de abril de 2020.
http://www.derechos.org/diml/doc/cuya4.html