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Ley 30364

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LEY 30364 - LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR, Y


ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
TITULO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de tales, y
contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran en situación de
vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños, adolescentes, personas
adultas mayores y personas con discapacidad.
Para tal efecto, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención,
atención y protección de las víctimas así como reparación del daño causado; y dispone la
persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a
las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de
sus derechos.

Artículo 2. Principios rectores

En la interpretación y aplicación de esta Ley, y en general, en toda medida que adopte el


Estado a través de sus poderes públicos e instituciones, así como en la acción de la
sociedad, se consideran preferentemente los siguientes principios:

1. Principio de igualdad y no discriminación


Se garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Prohíbese toda forma de
discriminación. Entiéndese por discriminación, cualquier tipo de distinción, exclusión
o restricción, basada en el sexo, que tenga por finalidad o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de las personas.
2. Principio del interés superior del niño
En todas las medidas concernientes a las niñas y niños adoptadas por instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos se debe tener en consideración primordial el interés superior
del niño.
3. Principio de la debida diligencia
El Estado adopta sin dilaciones, todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo

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familiar. Deben imponerse las sanciones correspondientes a las autoridades que


incumplan este principio.
4. Principio de intervención inmediata y oportuna
Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú, ante un hecho o amenaza de
violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales,
formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección
previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la
víctima.
5. Principio de sencillez y oralidad
Todos los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar se desarrollan considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables
para las presuntas víctimas, favoreciendo que estas confíen en el sistema y colaboren
con él para una adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos
vulnerados.
6. Principio de razonabilidad y proporcionalidad
El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y de
rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de acuerdo
con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger
efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas
medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías que
presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 3. Enfoques

Los operadores, al aplicar la presente Ley, consideran los siguientes enfoques:

1. Enfoque de género
Reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y
mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en
una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque debe
orientar el diseño de las estrategias de intervención orientadas al logro de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
2. Enfoque de integralidad
Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores
que están presentes en distintos ámbitos, a nivel individual, familiar, comunitario y
estructural. Por ello se hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles
en los que las personas se desenvuelven y desde distintas disciplinas.
3. Enfoque de interculturalidad
Reconoce la necesidad del diálogo entre las distintas culturas que se integran en la
sociedad peruana, de modo que permita recuperar, desde los diversos contextos
culturales, todas aquellas expresiones que se basan en el respeto a la otra persona. Este
enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la
violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas de géneros
diferentes.

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4. Enfoque de derechos humanos


Reconoce que el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta Ley debe
ser la realización de los derechos humanos, identificando a los titulares de derechos y
aquello a lo que tienen derecho conforme a sus particulares necesidades; identificando,
asimismo, a los obligados o titulares de deberes y de las obligaciones que les
corresponden. Se procura fortalecer la capacidad de los titulares de derechos para
reivindicar estos y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones.
5. Enfoque de interseccionalidad
Reconoce que la experiencia que las mujeres tienen de la violencia se ve influida por
factores e identidades como su etnia, color, religión; opinión política o de otro tipo;
origen nacional o social, patrimonio; estado civil, orientación sexual, condición de
seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, edad o discapacidad; y, en su caso,
incluye medidas orientadas a determinados grupos de mujeres.
6. Enfoque generacional
Reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de
la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo
común. Considera que la niñez, la juventud, la adultez y la vejez deben tener una
conexión, pues en conjunto están abonando a una historia común y deben fortalecerse
generacionalmente. Presenta aportaciones a largo plazo considerando las distintas
generaciones y colocando la importancia de construir corresponsabilidades entre estas.

Artículo 4. Ámbito de aplicación de la Ley

Las disposiciones de la presente Ley se aplican a todos los tipos de violencia contra las
mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar.

TITULO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPITULO II
DEFINICIÓN Y TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 5. Definición de violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Se entiende por violencia contra las mujeres:

a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso
sexual.

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b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y


comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución
forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.
c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra.

Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta
que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a
otro del grupo familiar.
Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y
personas con discapacidad.

Artículo 7.- Sujetos de protección de la Ley (1)

Son sujetos de protección de la Ley:

a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta
mayor.
b. Los miembros del grupo familiar: Entiéndase como tales, a los cónyuges,
excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan
hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad,
adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad
o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre
que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la
violencia.

(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 8.- Tipos de violencia (1)

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

a. Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a


la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las
necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a
ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
b. Violencia psicológica. Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la
persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o
estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.
c. Violencia sexual. Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una
persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran
penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a
material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir

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voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas,


coerción, uso de la fuerza o intimidación.

d. Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que ocasiona un


menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su
condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de
relaciones de poder, responsabilidad o confianza, por ejemplo, a través de: (2)
1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de
objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales.
3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades
o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la
evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
4. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario
menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

En los casos en que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y estos/as vivan con
ellas, la limitación de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los
medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión de sus obligaciones
alimentarias por parte de la pareja, se considerará como una forma de violencia económica
o patrimonial contra la mujer y los/las hijos/as. (3)
(1) Artículo modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 enero 2017.

(2) Extremo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(3) Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

TITULO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPITULO III
DERECHOS DE LAS MUJERES Y DEL GRUPO FAMILIAR

Artículo 9. Derecho a una vida libre de violencia

Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de
violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación,
estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y
culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.

Artículo 10.- Derecho a la asistencia y la protección integrales

Las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y


Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
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destinan recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales con el objeto de


detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.
Los derechos considerados en este artículo son:

a. Acceso a la información
Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen
derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su
situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus
tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares.
Es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y
de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con
profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y
confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de
denuncia. En todas las instituciones del sistema de justicia y en la Policía Nacional del
Perú debe exhibirse en lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la
información sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia, el
procedimiento a seguir cuando se denuncia y de los servicios de atención que brinda el
Estado de manera gratuita para las mismas. Para este efecto, es obligatoria la entrega
de una cartilla con esta información a la víctima en su propia lengua. El Ministerio del
Interior verifica el cumplimiento de esta obligación. (1)

b. Asistencia jurídica y defensa pública


El Estado debe brindar asistencia jurídica, en forma inmediata, gratuita, especializada
y en su propia lengua, a todas las víctimas de violencia, debiendo proporcionarles los
servicios de defensa pública para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos.
Es derecho de la víctima que su declaración se reciba por parte de personal
especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad.
La defensa de las víctimas de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo
familiar, lo prestan el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y
complementariamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (1)
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables promueven el involucramiento de los colegios de abogados
en la materia. (1)

c. Promoción, prevención y atención de salud


La promoción, prevención, atención y recuperación integral de la salud física y mental
de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es
gratuita en cualquier establecimiento de salud del Estado e incluye la atención médica;
exámenes de ayuda diagnóstica (laboratorio, imagenología y otros); hospitalización,
medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico; y cualquier otra actividad
necesaria o requerida para el restablecimiento de su salud. En los casos de víctimas de
violación sexual, se debe tener en cuenta la atención especializada que estas requieren,
de acuerdo a los lineamientos que establece el Ministerio de Salud.

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El Ministerio de Salud tiene a su cargo la provisión gratuita de servicios de salud para


la recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas. Respecto de las
atenciones médicas y psicológicas que brinde, el Ministerio de Salud debe resguardar
la adecuada obtención y conservación de la documentación de la prueba de los hechos
de violencia. Esta obligación se extiende a todas las atenciones médicas y psicológicas
que se brindan a las víctimas de violencia en los servicios públicos y privados, que
además deben emitir los certificados e informes correspondientes de calificación del
daño físico y psíquico de la víctima conforme a los parámetros médico-legales del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o a cualquier
parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño; así como los
informes que valoran la afectación psicológica, cognitiva o conductual. (1)

d. Atención social
El Estado atiende a las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar en los programas sociales, garantizando la confidencialidad de los
casos y brindándoles un trato digno, siempre que se cumplan con los criterios y reglas
establecidos en la normativa vigente.

(1) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(2) Literal c) modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 11. Derechos laborales

El trabajador o trabajadora que es víctima de la violencia a que se refiere la presente Ley


tiene los siguientes derechos:

a. A no sufrir despido por causas relacionadas a dichos actos de violencia.


b. Al cambio de lugar de trabajo en tanto sea posible y sin menoscabo de sus derechos
remunerativos y de categoría. Lo mismo se aplica para el horario de trabajo, en lo
pertinente.
c. A la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de
dichos actos de violencia. Estas inasistencias no pueden exceder de cinco días
laborables en un período de treinta días calendario o más de quince días laborables en
un período de ciento ochenta días calendario. Para tal efecto, se consideran
documentos justificatorios la denuncia que presente ante la dependencia policial o ante
el Ministerio Público.
d. A la suspensión de la relación laboral. El juez a cargo del proceso puede, a pedido de
la víctima y atendiendo a la gravedad de la situación, conceder hasta un máximo de
cinco meses consecutivos de suspensión de la relación laboral sin goce de
remuneraciones.

La reincorporación del trabajador o trabajadora a su centro de trabajo debe realizarse en las


mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral.

Artículo 12. Derechos en el campo de la educación

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La persona víctima de la violencia a que se refiere la presente Ley tiene, entre otros, los
siguientes derechos:

a. Al cambio de lugar y horario de estudios sin menoscabo de sus derechos.


b. A la justificación de inasistencias y tardanzas derivadas de actos de violencia. Estas
inasistencias o tardanzas no pueden exceder de cinco días en un período de treinta días
calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario.
c. A la atención especializada en el ámbito educativo de las secuelas de la violencia, de
modo que el servicio educativo responda a sus necesidades sin desmedro de la calidad
del mismo.

Es obligación del Estado la formulación de medidas específicas para favorecer la


permanencia de las víctimas en el ámbito educativo y, de ser el caso, favorecer su
reinserción en el mismo.

TITULO II
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPITULO I
PROCESO ESPECIAL

Artículo 13.- Norma aplicable (1)

Las denuncias por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
se regulan por las normas previstas en la presente Ley y, de manera supletoria, por el
Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957, la Ley 27337, Código
de los Niños y Adolescentes, y en lo que corresponda por el Código Procesal Civil,
promulgado por el Decreto Legislativo 768.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 14.- Competencia (1)

Los juzgados de familia son competentes para conocer las denuncias por actos de violencia
contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar.
En las zonas donde no existan juzgados de familia, son competentes los juzgados de paz
letrado o juzgados de paz, según corresponda.
La fiscalía de familia interviene desde la etapa policial, en todos los casos de violencia en
los cuales las víctimas son niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo previsto en el
Código de los Niños y Adolescentes.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 15.- Denuncia (1)

La denuncia puede presentarse por escrito, verbalmente o a través de canales virtuales,


correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier otro medio
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tecnológico que para este efecto se disponga, ante la Policía Nacional del Perú, las fiscalías
penales o de familia y los juzgados de familia. En los lugares donde no existan estos últimos
también puede presentarse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. Cuando se
trata de una denuncia verbal, se levanta acta sin otra exigencia que la de suministrar una
sucinta relación de los hechos.
La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su
favor, sin necesidad de tener su representación, con el único requisito de que el denunciante
sea debidamente identificado por la autoridad que recibe la denuncia, guardando la reserva
del nombre en los casos establecidos por ley, y cuando obedezca a causas razonables no
previstas en ella, mantendrá la reserva y realizará una intervención de oficio. También
puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de abogado, tasa o
alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y
educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo
familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. (2)
Para interponer una denuncia no es exigible presentar resultados de exámenes físicos,
psicológicos, pericias de cualquier naturaleza o mostrar huellas visibles de violencia. Si la
víctima o denunciante cuenta con documentos que sirvan como medios probatorios, estos se
reciben e incluyen en el informe de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público o en
el expediente del Poder Judicial.
(1) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31156, publicada el 07 abril 2021.

(2) Párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31715, publicada el 22 marzo 2023.

Artículo 15-A.- Trámite de la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú (1)

La Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y
ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo prioriza el patrullaje
integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en
coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales; y otras acciones en el marco
de sus competencias.
Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú comunica los hechos denunciados al
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para
la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer y, de ser el caso, en los hogares
de refugio temporal. Cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan brindar el servicio,
comunica a la Dirección Regional de Defensa Pública correspondiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de
conocido el hecho, la Policía Nacional del Perú remite copias de lo actuado a la fiscalía
penal y al juzgado de familia, de manera simultánea, a fin de que actúen en el marco de sus
competencias.
El Informe o Atestado Policial incluye copias de antecedentes policiales de la persona
denunciada y otra información relevante para el juzgado.
Para una adecuada atención de las denuncias se debe garantizar la existencia de personal
policial debidamente calificado. Si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino,
se brindará dicha atención asegurándose en los casos en que exista disponibilidad. (2)
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.
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Artículo 15-B.- Trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público (1)

La fiscalía penal o de familia, según corresponda, aplica la ficha de valoración de riesgo y


dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los
actuados en el plazo de veinticuatro (24) horas al juzgado de familia, solicitando la emisión
de las medidas de protección y cautelares a que hubiera lugar. (2)
Las fiscalías penales, paralelamente, deben continuar con el trámite correspondiente, de
acuerdo a sus competencias.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 15-C.- Trámite de la denuncia presentada ante el juzgado de familia (1)

El juzgado de familia de turno aplica la ficha de valoración de riesgo, cita a audiencia y,


cuando sea necesario, ordena la actuación de pruebas de oficio.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 16.- Proceso especial (1)

El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se
realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

a. En caso de riesgo leve, moderado o severo identificado en la ficha de valoración de


riesgo, el juzgado de familia, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, contadas
desde que toma conocimiento de la denuncia evalúa el caso y resuelve, priorizando
según el nivel de riesgo, en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o
cautelares requeridas, que sean acordes con las necesidades de la víctima, salvo en el
supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia.
b. En caso no pueda determinarse el riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia,
evalúa el caso y resuelve en audiencia.
c. El juzgado de familia, por el medio más célere, en el día y bajo responsabilidad,
comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su
cumplimiento inmediato y a los sujetos procesales.
d. Las medidas de protección emitidas deben ejecutarse de forma inmediata,
independientemente del nivel de riesgo. El plazo desde que se presenta la denuncia
hasta que se dictan las medidas de protección no puede exceder de cuarenta y ocho
(48) horas.

(1) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31715, publicada el 22 marzo 2023.

Artículo 16-A.- Desconocimiento de domicilio u otros datos de la víctima (1)

Cuando se desconozca el domicilio u otros datos de ubicación de la presunta víctima y,


además, no existan otros elementos que sustenten el otorgamiento de las medidas de
protección o cautelares, el juzgado de familia traslada los actuados al fiscal penal para que
inicie las investigaciones correspondientes.

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(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 16-B.- Remisión de actuados a la fiscalía penal y formación del cuaderno de


medidas de protección (1)

El juzgado de familia remite los actuados en original a la fiscalía penal para el inicio de la
investigación penal, o al juzgado de paz letrado o al que haga sus veces para el inicio del
proceso por faltas, según corresponda, conforme a sus competencias, quedándose con
copias certificadas para formar un cuaderno relativo a las medidas de protección adoptadas,
a fin de garantizar su cumplimiento y posterior evaluación.
Cuando el juzgado de familia toma conocimiento de la continuidad del ejercicio de
violencia o incumplimiento de las medidas de protección, tiene la obligación de sustituirlas
o ampliarlas, a fin de salvaguardar la vida e integridad de la víctima. En los casos de
incumplimiento de las medidas de protección o cautelares, pone en conocimiento del
Ministerio Público para que investigue por la comisión del delito a que se refiere el artículo
24.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 16-C.- Apelación de la medida de protección o cautelar (1)

La resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares puede ser
apelada en la audiencia o dentro de los tres (3) días siguientes de haber sido notificada.
La apelación se concede sin efecto suspensivo en un plazo máximo de tres (3) días contados
desde su presentación.
Concedida la apelación, el cuaderno se eleva a la sala de familia en un plazo no mayor de
tres (3) días, en los casos de riesgo leve o moderado, y en un plazo no mayor de un (1) día,
en los casos de riesgo severo, bajo responsabilidad.
La sala de familia remite los actuados a la fiscalía superior de familia, a fin de que emita su
dictamen en un plazo no mayor de cinco (5) días.
La sala de familia señala fecha para la vista de la causa, que debe realizarse en un plazo no
mayor a tres (3) días de recibido el cuaderno, y comunica a las partes que los autos están
expeditos para ser resueltos dentro de los tres (3) días siguientes a la vista de la causa.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 16-D.- Investigación del delito (1)

La fiscalía penal actúa de acuerdo a lo señalado por el Código Procesal Penal vigente,
realiza todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos y puede requerir
información al juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de
violencia. Asimismo, debe requerir información a la Policía Nacional del Perú y al Poder
Judicial sobre los antecedentes de violencia de la persona denunciada, cuando estos no
obren en el expediente.
Las Fiscalías Penales o las que cumplen sus funciones priorizarán la tramitación de los
casos de riesgo severo.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 16-E.- Proceso por faltas (1)


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El juzgado de paz letrado o el juzgado de paz realiza todas las actuaciones necesarias para la
investigación de los hechos y puede requerir información al juzgado de familia, a fin de
conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. Asimismo, debe requerir
información a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre los antecedentes de
violencia de la persona denunciada, cuando estos no obren en el expediente.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 17.- Flagrancia (1)

En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención
de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los
hechos; también procede el arresto ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el Código
Procesal Penal.
En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega de la persona
detenida y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente
los hechos a la fiscalía penal para continuar con las investigaciones correspondientes y al
juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas
para el bienestar de las víctimas. (2)
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 17-A.- Flagrancia en casos de riesgo severo (1)

En los casos de flagrancia en los que se advierta la existencia de riesgo severo, la fiscalía
penal solicita la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y
Testigos del Ministerio Público, que actúa de acuerdo a sus competencias. También puede
solicitar dicha intervención en los casos de riesgo leve o moderado, cuando lo considere
necesario.
En el primer supuesto del párrafo anterior, en la formalización de la denuncia o el inicio de
la investigación preparatoria, la fiscalía penal solicita al juzgado penal que emita las
medidas de protección a favor de la víctima, para salvaguardar su vida e integridad.
El juzgado penal se pronuncia sobre las medidas de protección en la audiencia única de
incoación del proceso inmediato, y, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, remite
copias certificadas al juzgado de familia, a fin de que las ratifique, amplíe o varíe, según
corresponda.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 18.- Actuación de los operadores de justicia (1)

En la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, se evita la doble
victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones reiterativas y de
contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia deben seguir pautas concretas
de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en
situación de víctimas. Esto implica no emitir juicios de valor ni realizar referencias
innecesarias a la vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, entre otros aspectos. Se debe

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evitar, en todo momento, la aplicación de criterios basados en estereotipos que generan


discriminación.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 19.- Declaración de la víctima y entrevista única (1)

Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse
bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la
víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica.
En cualquiera de estos casos se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. (2)
El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los
casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 20.- Sentencia (1)

La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que constituyen actos
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar puede ser absolutoria o
condenatoria.
En caso de que se trate de una sentencia condenatoria o de una reserva de fallo
condenatorio, además de lo establecido en el artículo 394 del Código Procesal Penal,
promulgado por el Decreto Legislativo Nº 957, y cuando corresponda, contiene:

1. El tratamiento terapéutico a favor de la víctima.


2. El tratamiento especializado al condenado.
3. Las restricciones previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal, así como
otras reglas que sean análogas.
4. Las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la
víctima y del agresor deben adoptar, para garantizar el cumplimiento de las medidas
de protección.
5. La inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro
Único de Victimas y Personas Agresoras.
6. Cualquier otra medida a favor de las víctimas o de los deudos de estas.

En el caso de que las partes del proceso usen un idioma o lengua diferente al castellano, la
sentencia es traducida. En los casos que no sea posible la traducción, el juez garantiza la
presencia de una persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 20-A.- Comunicación de sentencia firme y de disposición de archivo (1)

Los juzgados penales, los juzgados de paz letrado o los juzgados de paz, así como las
fiscalías penales, remiten copia certificada de la sentencia firme o de la disposición de
archivo, respectivamente, al juzgado de familia que emitió las medidas de protección y
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cautelares para su conocimiento y nueva evaluación de los factores de riesgo, a fin de


decidir su vigencia, sustitución o ampliación. En caso no exista riesgo alguno, el juzgado de
familia procede al archivo del cuaderno respectivo.
La remisión de dichos documentos debe ser dentro de los cinco (5) días siguientes a su
expedición.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 21.- Responsabilidad funcional (1)

Quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo, en los procesos originados por hechos
que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo
familiar comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 del Código Penal, según
corresponda; sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o administrativa que corresponda, de
acuerdo a ley.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

TITULO II
PROCESOS DE TUTELA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

CAPITULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 22.- Objeto y tipos de medidas de protección (1)

El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la


violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de
sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y
sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales.
El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la
protección y el peligro en la demora.
Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes:

1. Retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, así como la
prohibición de regresar al mismo, en caso de riesgo severo acreditado, reincidencia,
violencia física, independientemente de en quien recaiga la titularidad del inmueble
donde se ejecuta las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú puede
ingresar a dicho domicilio para su ejecución.
En el supuesto de riesgo moderado acreditado, si el bien inmueble pertenece a la
sociedad conyugal, el agresor será conminado a abandonar el bien inmueble, caso
contrario, será retirado por la Policía Nacional del Perú.
En los casos leves se evalúa la propiedad del bien inmueble. (2)

2. Impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma, a su


domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento u otros donde
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aquella realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia, a una distancia


idónea, determinada por la autoridad judicial, para garantizar su seguridad e
integridad. (2)
3. Prohibición de comunicación con la víctima vía epistolar, telefónica, electrónica;
asimismo, vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de
comunicación.
4. Prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, debiéndose
notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,
Municiones y Explosivos de Uso Civil para que proceda a dejar sin efecto la licencia
de posesión y uso, y para que se incauten las armas que están en posesión de personas
respecto de las cuales se haya dictado la medida de protección. En el caso de
integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en situación de
actividad que emplean armas de propiedad del Estado en el ejercicio de sus funciones,
el juzgado oficia a la institución armada o policial para los fines de este numeral.
5. Inventario de bienes.
6. Asignación económica de emergencia que comprende lo indispensable para atender
las necesidades básicas de la víctima y sus dependientes. La asignación debe ser
suficiente e idónea para evitar que se mantenga o coloque a la víctima en una situación
de riesgo frente a su agresor e ingrese nuevamente a un ciclo de violencia. El pago de
esta asignación se realiza a través de depósito judicial o agencia bancaria para evitar la
exposición de la víctima.
7. Prohibición al presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar u
otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes de la sociedad
conyugal o de la pareja conviviente. (2)
8. Prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a los
niños, niñas, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad.
9. Tratamiento reeducativo o terapéutico para la persona agresora.
10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima.
11. Albergue de la víctima en un establecimiento en el que se garantice su seguridad,
previa coordinación con la institución a cargo de este.
12. Cualquier otra medida de protección requerida para la protección de la integridad y la
vida de la víctima o sus familiares.

(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Numeral modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31715, publicada el 22 marzo 2023.

Artículo 22-A.- Criterios para dictar medidas de protección (1)

El juzgado de familia dicta las medidas de protección teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales emitidos por
entidades públicas competentes.
b. La existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona
denunciada por actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, por
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delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; la libertad sexual, el patrimonio y otros que
denoten su peligrosidad.
c. La relación entre la víctima con la persona denunciada.
d. La diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona
denunciada.
e. La condición de discapacidad de la víctima.
f. La situación económica y social de la víctima.
g. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión.
h. Otros aspectos que denoten el estado de vulnerabilidad de la víctima o peligrosidad de
la persona denunciada.

El juzgado de familia puede hacer extensivas las medidas de protección a las personas
dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Asimismo, en casos de
feminicidio o tentativa de feminicidio, toma en cuenta a las víctimas indirectas del delito.
Los criterios señalados en los párrafos anteriores también son aplicables para la emisión de
las medidas cautelares.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 22-B.- Medidas cautelares (1)

De oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia, en la audiencia oral, se


pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos,
regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar,
disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el
bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo
de la víctima. (2)
El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso sobre las
materias a las que se refiere el párrafo anterior y, a su solicitud, oficia al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus competencias.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 23.- Vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares (1)

Las medidas de protección y cautelares dictadas por el juzgado de familia se mantienen


vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la
resolución que pone fin a la investigación, o al proceso penal o de faltas.
Estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de
familia cuando, de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su
ejecución, advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima, o a solicitud de esta
última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a la audiencia respectiva.
El juzgado de familia también puede sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas cuando
toma conocimiento de la sentencia o disposición de archivo de la investigación, o proceso

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penal o de faltas que originó las medidas de protección, para lo cual cita a las partes a la
audiencia respectiva.
El juzgado de familia, inmediatamente y por cualquier medio, comunica su decisión de
sustituir, ampliar o dejar sin efecto las medidas a las entidades encargadas de su ejecución.
Las medidas de protección y cautelares tienen validez a nivel nacional y se puede solicitar
su cumplimiento ante cualquier dependencia policial hasta que sean dejadas sin efecto por
orden judicial. (2)
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 23-A.- Ejecución de la medida de protección (1)

La Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección que se
encuentren en el ámbito de sus competencias, para lo cual debe tener un mapa gráfico y
georreferencial de registro de todas las víctimas con las medidas de protección que les
hayan sido notificadas; asimismo, debe llevar un registro del servicio policial en la
ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación directo, para atender y
monitorear efectivamente el pedido de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de
serenazgo municipal para brindar una respuesta oportuna. (3)
Los nombres y ubicación de todas las víctimas con medidas de protección deben estar
disponibles permanentemente para todo el personal policial en la jurisdicción en la que
domicilia la víctima, a fin de responder oportunamente ante emergencias.
Las medidas de protección que no se encuentren en el ámbito de competencia de la Policía
Nacional del Perú son ejecutadas por las entidades públicas competentes que disponga el
juzgado.
La atención de comunicaciones de víctimas con medidas de protección en la jurisdicción,
incluyendo la visita a domicilio cuando esta es requerida, es prioritaria para todo el personal
policial. (2)
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(3) Párrafo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31715, publicada el 22 marzo 2023.

Artículo 23-B.- Órganos de supervisión y apoyo de la ejecución de la medida de


protección (1)

El juzgado de familia dispone lo necesario para supervisar el cumplimiento de las medidas


de protección en todos los casos, en coordinación con las entidades pertinentes.
En los casos en que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes,
personas adultas mayores o personas con discapacidad, el juzgado de familia dispone que el
Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial realice visitas periódicas e inopinadas para
supervisar el cumplimiento de la medida de protección.
En los lugares donde no exista Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial, el juzgado de
familia puede disponer que la supervisión sea realizada por los centros de salud mental
comunitarios, hospitales, defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes

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(DEMUNA), centros emergencia mujer, Programa Integral Nacional para el Bienestar


Familiar (INABIF), Estrategia Rural o gobiernos locales, de acuerdo a sus competencias.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 23-C.- Informe de cumplimiento de la medida de protección (1)

La Policía Nacional del Perú u otras entidades encargadas de ejecutar la medida de


protección remiten al juzgado de familia un informe sobre la ejecución de la medida, dentro
de los quince (15) días contados desde la fecha en que fue notificada, con las
recomendaciones que consideren pertinentes.
En casos de riesgo severo, dicho informe debe ser remitido dentro de los cinco (5) días
contados desde la fecha en que fue notificada la medida de protección.
Adicionalmente, cada seis (6) meses, en los casos de riesgo leve o moderado, y cada tres (3)
meses, en los casos de riego severo, contados desde que fue notificada la medida de
protección, las entidades encargadas de ejecutar la medida de protección remiten al juzgado
de familia un informe sobre el cumplimiento de dicha medida y sobre la situación de riesgo
de la víctima, con las recomendaciones que consideren pertinentes.
El juzgado de familia que no reciba los citados informes en los plazos señalados, comunica
esta situación al titular de la entidad respectiva, a fin de que se determinen las
responsabilidades que correspondan.
Las entidades públicas y privadas que tomen conocimiento del incumplimiento de las
medidas de protección, deben comunicar esta situación al juzgado de familia dentro de las
veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

Artículo 24. Incumplimiento de medidas de protección

El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada en un proceso


originado por hechos que configuran actos de violencia contra las mujeres o contra
integrantes del grupo familiar, comete delito de resistencia o desobediencia a la autoridad
previsto en el Código Penal.

Artículo 25. Protección de las víctimas en las actuaciones de investigación

En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima y el agresor. La
reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia de aquella, salvo que la
víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
194, inciso 3, del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto Legislativo 957.

Artículo 26.- Certificados e informes médicos (1)

Los certificados e informes que expidan los médicos de los establecimientos públicos de
salud de los diferentes sectores e instituciones del Estado y niveles de gobierno, tienen valor
probatorio acerca del estado de salud física y mental en los procesos por violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Igual valor tienen los certificados e informes expedidos por los centros de salud
parroquiales y los establecimientos privados cuyo funcionamiento se encuentre autorizado
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por el Ministerio de Salud.


Los certificados e informes que califican o valoran el daño físico y psíquico, así como la
afectación psicológica, cognitiva o conductual de la víctima deben estar acordes con los
parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
Ministerio Público. También tendrán valor probatorio aquellos informes elaborados acorde a
cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño o afectación.
(2)
Los certificados e informes de salud física y mental, contienen información detallada de los
resultados de las evaluaciones a las que se ha sometido a la víctima. De ser el caso, los
certificados e informes de las evaluaciones físicas deben consignar la calificación de días de
atención facultativa y de incapacidad.
Cuando no se pueda contar con los citados certificados o informes, la fiscalía, el juzgado de
paz letrado o el juzgado de paz pueden solicitar informes, certificados o constancias de
integridad física, sexual o mental a los establecimientos de salud en los que se atendió la
víctima, los cuales tienen carácter de medio probatorio en los procesos por violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En el marco de las atenciones que brinden todos los establecimientos de salud públicos y
privados deben resguardar la adecuada obtención, conservación y documentación de la
prueba de los hechos de violencia.
Los informes psicológicos de los Centros Emergencia Mujer y otros servicios estatales
especializados tienen valor probatorio del estado de salud mental en los procesos por
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
En el sector público, la expedición de los certificados y la consulta médica que los origina,
así como los exámenes o pruebas complementarios para emitir diagnósticos son gratuitos.
Para efectos de la presente Ley no resulta necesaria la realización de la audiencia especial
de ratificación pericial; por lo que no se requiere la presencia de los profesionales para
ratificar los certificados y evaluaciones que hayan emitido para otorgarles valor probatorio.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

TITULO III
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS Y
REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS

CAPITULO I
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS

Artículo 27. Servicios de promoción, prevención y recuperación de víctimas de violencia

La protección de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar contra actos de
violencia es de interés público. El Estado es responsable de promover la prevención contra
dichos actos y la recuperación de las víctimas.
Es política del Estado la creación de servicios de atención y prevención contra la violencia.

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La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones


para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos
locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es función de
dicho Sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada
localidad.

Artículo 28.- Valoración del riesgo (1)

En casos de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial aplican la ficha de
valoración del riesgo, que corresponda a cada caso. También deben aplicarla cuando toman
conocimiento de hechos de violencia durante el desempeño de otras funciones.
La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deben remitir la ficha de valoración de
riesgo al juzgado de familia, conforme al proceso regulado en la presente ley, el cual la
evalúa para su pronunciamiento sobre las medidas de protección y cautelares y debe ser
actualizada cuando las circunstancias lo ameriten, lo que incluye la posibilidad de variar la
evaluación del riesgo. (2)
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(2) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 29.- Implementación, registro y acreditación de hogares de refugio temporal (1)

Es política permanente del Estado la creación de hogares de refugio temporal. Las entidades
de la administración pública que administran predios e inmuebles estatales, priorizan el
otorgamiento de dichos bienes para la implementación de hogares de refugio, de acuerdo a
sus competencias.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registra y acredita a los hogares de
refugio temporal que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de la
presente Ley. La información del registro y acreditación es confidencial y es utilizada para
los procesos de articulación, protección y asistencia técnica.
Los gobiernos locales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales e instituciones
privadas que gestionan y administran hogares de refugio temporal facilitan la información y
acceso al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el cumplimiento de sus
funciones de monitoreo, seguimiento y evaluación.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1551, publicado el 28 abril 2023.

TITULO III
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS Y
REEDUCACIÓN DE PERSONAS AGRESORAS

CAPITULO II
REEDUCACIÓN DE LAS PERSONAS AGRESORAS

Artículo 30. Reeducación de las personas agresoras

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Es política del Estado la creación de servicios de tratamiento que contribuyan a la


reeducación de personas agresoras que han cometido actos de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar a fin de que el agresor detenga todo tipo de violencia
contra estos.

Artículo 31. Tratamiento penitenciario para la reinserción social de las personas


agresoras privadas de libertad

El Instituto Nacional Penitenciario incorpora el eje de prevención de la violencia contra las


mujeres y los integrantes del grupo familiar dentro de los distintos programas de tratamiento
penitenciario dirigidos a la población penal.
El condenado a pena privativa de libertad efectiva por delitos vinculados a la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, previa evaluación, debe seguir un
tratamiento de reeducación de carácter multidisciplinario y diferenciado, teniendo en cuenta
los enfoques consignados en esta Ley a fin de facilitar su reinserción social. El
cumplimiento del tratamiento es un requisito obligatorio para el otorgamiento de beneficios
penitenciarios, de indulto y de la conmutación de la pena a los que hubiere lugar, conforme
al marco legal vigente, los que no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe
psicológico y social que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento diferenciado.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables presta asistencia técnica para el diseño
del programa de reeducación.

Artículo 32. Tratamiento para las personas agresoras en medio libre

En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, el juez puede imponer al agresor tratamiento psicosocial,
psiquiátrico o de grupos de autoayuda especializados en violencia a través de la asistencia a
terapias sobre violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, utilizando
los diversos programas que desarrollan las instituciones de protección a la familia. Esta
medida puede aplicarse desde el inicio del procedimiento.
Es obligación de los gobiernos locales implementar, en coordinación con el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, servicios de atención e intervención para varones y
personas agresoras.
En los procesos por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, los juzgados penales deben pronunciarse en la sentencia
condenatoria acerca del tratamiento especializado para el agresor que no cumpla pena
privativa de libertad efectiva.
El sometimiento a un servicio de tratamiento para la reeducación de agresores en
instituciones públicas o privadas que el juzgado disponga, es considerado como regla de
conducta, sin perjuicio de la sanción penal que corresponda.

TITULO IV
SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
FAMILIAR

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Artículo 33. Creación, finalidad y competencia del sistema

Créase el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia


contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a fin de coordinar, planificar,
organizar y ejecutar acciones articuladas, integradas y complementarias para la acción del
Estado en la prevención, atención, protección y reparación de la víctima, la sanción y
reeducación del agresor, a efectos de lograr la erradicación de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es un sistema funcional.

Artículo 34. Integrantes del sistema

Integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia


contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar las entidades que integran la
comisión multisectorial de alto nivel, que cuenta con una secretaría técnica, y las instancias
regionales, provinciales y distritales de concertación para erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 35. Comisión Multisectorial de Alto Nivel

Constitúyase la Comisión Multisectorial de Alto Nivel con la finalidad de dirigir el Sistema


Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar y formular los lineamientos y la evaluación de lo
establecido en la presente norma.
La Comisión está presidida por el titular o el representante de la alta dirección del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e integrada por los titulares o los
representantes de la alta dirección de las instituciones que se determinen en el reglamento
de la presente Ley.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector en materia de
prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar y el responsable de la coordinación, articulación y vigilancia de la aplicación
efectiva y el cumplimiento de la presente Ley.
La Dirección General contra la Violencia de Género del citado ministerio se constituye
como secretaría técnica de la Comisión, la cual convoca a especialistas de diferentes
sectores y representantes de la sociedad civil con la finalidad de constituir un grupo de
trabajo nacional.
El reglamento de la presente Ley regula el funcionamiento de la Comisión.

Artículo 36. Funciones de la Comisión Multisectorial

Son funciones de la Comisión Multisectorial, las siguientes:

1. Aprobar y difundir el protocolo base de actuación conjunta y los lineamientos para la


intervención intersectorial articulada en prevención, atención, protección, sanción y
reeducación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar, teniendo en cuenta los informes emitidos por el Observatorio Nacional de
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
2. Hacer el seguimiento y monitoreo de los planes nacionales que aborden la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, teniendo en cuenta los informes
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emitidos por el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los


Integrantes del Grupo Familiar.
3. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas para la dotación de recursos a los
sectores comprometidos en la aplicación de la presente Ley, previa planificación
presupuestaria intersectorial.
4. Garantizar la adecuación orgánica y administrativa de las instancias responsables de la
implementación de los lineamientos dictados por la Comisión para la mejor aplicación
de la presente Ley.
5. Promover la creación de observatorios regionales de la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar.
6. Promover la creación de las instancias regionales, provinciales y distritales encargadas
de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Artículo 37.- Instancia regional de concertación (1)

La instancia regional de concertación es un espacio de articulación y concertación


intersectorial, intergubernamental e interinstitucional a nivel regional entre el Estado, la
sociedad civil y las organizaciones sociales de base.
Tiene como responsabilidad implementar, monitorear, evaluar, coordinar y articular la
implementación de las políticas encargadas de combatir la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar a nivel regional, y promover y velar por el cumplimiento de la
presente norma. Su composición, función y operatividad se determinan en el reglamento de
la presente Ley.
Es obligación del gobernador regional crear, instalar, convocar y dirigir la instancia regional
de concertación en su jurisdicción.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31439, publicada el 07 abril 2022.

Artículo 38.- Instancia provincial de concertación (1)

La instancia provincial de concertación es un espacio de articulación y concertación


intersectorial, intergubernamental e interinstitucional a nivel provincial entre el Estado, la
sociedad civil y las organizaciones sociales de base.
Tiene como responsabilidad implementar, monitorear, evaluar, coordinar y articular la
implementación de las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel provincial, y promover y velar por el
cumplimiento de la presente norma. Su composición, función y operatividad se determinan
en el reglamento de la presente Ley.
Es obligación del alcalde provincial crear, instalar, convocar y dirigir la instancia provincial
de concertación en su jurisdicción.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31439, publicada el 07 abril 2022.

Artículo 39.- Instancia distrital de concertación (1)

La instancia distrital de concertación es un espacio de articulación y concertación


intersectorial, intergubernamental e interinstitucional a nivel distrital entre el Estado, la

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sociedad civil y las organizaciones sociales de base.


Tiene como responsabilidad implementar, monitorear, evaluar, coordinar y articular la
implementación de las políticas públicas encargadas de combatir la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel distrital, y promover y velar por el
cumplimiento de la presente norma. Su composición, función y operatividad se determinan
en el reglamento de la presente Ley.
Es obligación del alcalde distrital crear, instalar, convocar y dirigir la instancia distrital de
concertación en su jurisdicción.
(1) Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 31439, publicada el 07 abril 2022.

Artículo 39-A.- Obligaciones del gobernador regional, alcalde provincial o alcalde


distrital (1)

El gobernador regional, alcalde provincial o alcalde distrital, se encuentra obligado a lo


siguiente:

a. Crear la instancia regional, provincial o distrital de concertación, dentro del plazo


legal.
b. Instalar la instancia regional, provincial o distrital de concertación, en el plazo legal
establecido en su norma de creación.
c. Convocar y conducir las sesiones de las instancias regional, provincial o distrital de
concertación, en los plazos legales establecidos en su norma de creación.

La aplicación de lo dispuesto en el presente artículo se realiza en base al cronograma para la


creación de las instancias de concertación, que se establece en el reglamento de la presente
Ley.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 31439, publicada el 07 abril 2022.

Artículo 39-B.- Obligación de rendir cuentas sobre el trabajo de las instancias regionales
de concertación (1)

El gobierno regional incluye información sobre el trabajo de la instancia regional de


concertación, en las dos audiencias públicas regionales que, como mínimo, debe realizar al
año, conforme a la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en las que debe dar
cuenta de los logros y avances alcanzados sobre dicho espacio de concertación durante el
período. El consejo regional fiscaliza el cumplimiento de esta obligación.
(1) Artículo incorporado por el Artículo 3 de la Ley N° 31439, publicada el 07 abril 2022.

Artículo 40. Instrumentos y mecanismos de articulación del sistema

Son instrumentos y mecanismos de articulación del sistema:

a. El Protocolo Base de Actuación Conjunta.


b. El Registro Único de Víctimas y Agresores.
c. El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar.

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d. El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar.

Artículo 41. Protocolo Base de Actuación Conjunta

El Protocolo Base de Actuación Conjunta en prevención, atención, protección, detección


precoz e intervención continuada, sanción y reeducación frente a la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar contiene los lineamientos de articulación
intersectorial y los procedimientos que aseguren la actuación global e integral de las
distintas administraciones y servicios implicados. Constituye un instrumento de obligatorio
cumplimiento bajo responsabilidad.
El Protocolo debe considerar de forma especial la situación de las mujeres que, por su
condición de tal y en cruce con otras variables, estén más expuestas a sufrir violencia o
mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las
pertenecientes a poblaciones indígenas, andinas y amazónicas, las afrodescendientes, las
que se encuentran en situación de exclusión social y las mujeres con discapacidad, entre
otras. Similar consideración debe contemplar el protocolo respecto de los integrantes del
grupo familiar desde el enfoque de derechos humanos, generacionales e interculturales.

Artículo 42.- Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y Registro Nacional de


Condenas (1)

El Registro Único de Víctimas y Agresores es un registro administrativo encargado de


suministrar un banco de datos actualizado con información que permita identificar y perfilar
a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la
acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes.
En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene como finalidad, brindar información a los
operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes, para coadyuvar en la toma
de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar.
Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, denominado Registro Único de
Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del
Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional
Penitenciario, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el que se
consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y
consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores, la atención en salud y
sus resultados y otros datos necesarios para facilitar la atención de las víctimas en las
diferentes instituciones del Sistema Nacional. El RUVA es un registro diferenciado del
Registro Nacional de Condenas en el que figuran todas las personas con sentencias
condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por los delitos relacionados a las distintas
formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Cualquier
persona puede acceder a la información existente en el Registro Nacional de Condenas de
conformidad con el procedimiento establecido, sin restricción alguna.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

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Artículo 43. Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes
del Grupo Familiar

El Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene por objeto
monitorear, recolectar, producir y sistematizar datos e información haciendo seguimiento a
las políticas públicas y los compromisos internacionales asumidos por el Estado en esta
materia. Su misión es desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos
para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
El Observatorio elabora informes, estudios y propuestas para la efectividad del Sistema
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar.

Artículo 44.- Centro de Altos Estudios

El Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del
Grupo Familiar, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
tiene como objetivo contribuir a la intervención articulada y multidisciplinaria a través de
un sistema integral continuo de especialización y perfeccionamiento de los operadores en el
rol que les compete en la lucha integral contra la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, para una atención oportuna y efectiva, incluyendo la
evaluación de su impacto.
El Centro de Altos Estudios tiene estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura,
la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial,
el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en
Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Escuela
Nacional de Formación Profesional Policial, universidades y centros de investigación para
incidir en que se prioricen actividades de capacitación e investigación sobre la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (1)
Todas las acciones que realiza y promueve el Centro de Altos Estudios deben incorporar los
enfoques de género, integralidad, interculturalidad, derechos humanos, interseccionalidad,
generacional y discapacidad que subyacen a la presente Ley.
(1) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

Artículo 45.- Responsabilidades sectoriales

Los sectores e instituciones involucrados, y los gobiernos regionales y locales, además de


adoptar mecanismos de formación, capacitación y especialización permanente, de
conformidad con sus leyes orgánicas y demás normas aplicables, son responsables de: (1)

1. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables


a. Promover y coordinar las acciones de articulación multisectorial e
intergubernamental.
b. Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas para que desarrollen
acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar conforme a sus competencias y funciones.

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c. Promover en los niveles subnacionales de gobierno políticas, programas y


proyectos de prevención, atención y tratamiento como hogares de refugio
temporal, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, Centros de Atención
Residencial, Centros Emergencia Mujer, Defensorías del Niño y Adolescente y
servicios de tratamiento de personas agresoras, entre otros.
d. Supervisar la implementación de la política de prevención, protección y atención
de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
e. Promover campañas de difusión sobre la problemática de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar y de difusión de los alcances de la
presente Ley.
f. Promover el estudio e investigación sobre las causas de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar y tomar medidas para su corrección.
g. Promover la participación activa de organizaciones dedicadas a la protección de
los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores y personas con discapacidad, entre otras, y del sector privado, con
especial énfasis en el sector empresarial, en programas de prevención, atención y
recuperación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
h. Disponer las medidas necesarias a fin de implementar acciones de prevención y
atención de las víctimas de violencia en las zonas rurales del país y respecto de
las víctimas en mayor situación de vulnerabilidad.

2. El Ministerio de Educación
a. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de política pública contra la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en el ámbito de
su competencia.
b. Fortalecer en todas las modalidades y niveles educativos la enseñanza de valores
éticos orientados al respeto de la dignidad de la persona en el marco del derecho
a vivir libre de violencia, eliminando los estereotipos que exacerban, toleran o
legitiman la violencia, inferioridad o subordinación en el grupo familiar, en
especial los que afectan a la mujer.
c. Supervisar que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos
sexistas o discriminatorios y, por el contrario, se fomente la igualdad de los
hombres y las mujeres.
d. Promover y fortalecer los programas de escuelas para padres; y de preparación
para la vida y la convivencia saludable en el grupo familiar; estableciendo
mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, de los
casos de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar.
e. Implementar en las instituciones educativas de la Educación Básica Regular
(EBR) y la Educación Básica Alternativa (EBA), contenidos del Diseño
Curricular Nacional (DCN) sobre el respeto del derecho a una vida libre de
violencia, con metodologías activas y sistemas de evaluación que se adapten a
los diversos contextos culturales, étnicos y lingüísticos.
f. Implementar programas de fortalecimiento de capacidades en la formación
inicial y permanente del profesorado en las temáticas de lucha para erradicar la
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violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incorporando en
las guías, módulos y programas de capacitación de docentes, y tópicos como
tipos de violencia, socialización de género y violencia, identificación de factores
de riesgo relacionados con la violencia y mecanismos de fortalecimiento de
redes de apoyo para la prevención.
g. Difundir la problemática del acoso sexual entre el personal docente y
administrativo, así como los protocolos del sector.
h. Incorporar en las guías dirigidas a la población escolar, contenidas sobre
prevención del acoso y abuso sexual en niñas y niños.
i. Implementar estrategias creativas y de impacto sobre lucha contra la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en espacios educativos no
formales como los mercados, espacios de esparcimiento, terminales de buses,
salas de espera de instituciones públicas y privadas entre otras.

3. El Ministerio de Salud
a. Promover y fortalecer programas para la promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, contribuyendo a lograr el bienestar y desarrollo de la
persona, en condiciones de plena accesibilidad y respeto de los derechos
fundamentales, de conformidad con las políticas sectoriales.
b. Garantizar atención de calidad a los casos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación en el Seguro Integral de
Salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental gratuita,
lo que incluye la atención, los exámenes, hospitalización, medicamentos,
tratamiento psicológico o psiquiátrico y cualquier otra actividad necesaria para el
restablecimiento de la salud.
c. Desarrollar programas de sensibilización y formación continua del personal
sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas de
violencia a que se refiere la ley.

4. El Ministerio del Interior


a. Establecer, a través de sus órganos de línea, apoyo y control, las pautas y
lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y control de las
disposiciones de prevención, atención y protección contra la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, en cumplimiento de las funciones
del sector interior, a través de una instancia especializada de alto nivel que
vincule al área de Investigación Criminal y al área de Prevención, Orden y
Seguridad de la Policía Nacional del Perú.
b. Promover en la Policía Nacional del Perú la creación de secciones de Familia y
Violencia contra las Mujeres y Grupo Familiar que sean las responsables de
recibir e investigar todas las denuncias de faltas y delitos que se presenten en el
marco de la presente ley en las comisarías a nivel nacional. Asimismo, convertir
a esta competencia a las comisarías especializadas existentes a la fecha.
c. Implementar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, los Módulos de Atención a la Mujer Víctima de Violencia Familiar
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y Sexual, previstos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana como política


nacional del Estado peruano.
d. Garantizar la existencia de personal policial debidamente capacitado en materia
de derecho de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar, a fin de brindar
una adecuada atención de los casos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, en los servicios de comisarías y áreas
competentes, quienes a fin de resguardar la intimidad e integridad psíquica de la
víctima se encargarán de recibir las correspondientes denuncias y llevar a cabo
los interrogatorios al agresor y a la víctima, entre otras funciones que determine
la ley y su reglamento, bajo responsabilidad administrativa, civil o penal, en caso
de incumplimiento. Si la víctima prefiere ser atendida por personal femenino,
deberá garantizarse que sea atendida por dicho personal debidamente capacitado.
e. Brindar atención oportuna, prioritaria e inmediata para la implementación y
cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a las personas afectadas
por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, contando
para ello en las comisarías con mapas gráficos y georreferenciales del registro
actualizado de las víctimas con medidas de protección. (5)
f. Expedir formularios tipo para facilitar las denuncias y regular los procedimientos
policiales necesarios para asegurar la diligente remisión de lo actuado en las
denuncias recibidas a los juzgados de familia o equivalente en el plazo
establecido en la presente ley.
g. Elaborar cartillas y otros instrumentos de difusión masiva para la atención
adecuada de las víctimas de violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo
familiar en las comisarías y dependencias policiales en coordinación con el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
h. Brindar capacitación a los efectivos de la Policía Nacional del Perú en materia de
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en coordinación
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
i. Investigar y sancionar disciplinariamente los actos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar cometidos por su personal civil y
personal policial.
j. Hacer efectivo el cumplimiento de la prohibición de tenencia y porte de armas
ordenadas a través de medidas de protección, respecto de su personal civil y
policial. (2)

5. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos


a. Sistematizar y difundir el ordenamiento jurídico del Estado en materia de lucha
para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
b. Brindar el servicio de defensa pública a las víctimas de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
c. Brindar, a través del Instituto Nacional Penitenciario, tratamiento penitenciario
diferenciado para personas sentenciadas por hechos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.

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6. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo


a. Priorizar, en el marco de los programas, estrategias y planes de actuación de
promoción del empleo y la empleabilidad, la atención de las víctimas de
violencia para su incorporación en el mercado de trabajo por cuenta ajena o a
través del desarrollo de autoempleos productivos y otras formas de
emprendimiento.
b. Coordinar con las instancias pertinentes a fin de garantizar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Ley en cuanto a derechos laborales del trabajador
víctima de violencia.

7. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones


Velar por el cumplimiento estricto de las obligaciones de los medios de comunicación
establecidas en la presente Ley.

8. El Ministerio de Economía y Finanzas


Asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley.

9. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social


a. Incorporar, en los programas adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, a personas afectadas por violencia contra las mujeres y a los integrantes
del grupo familiar, siempre que se cumplan con los criterios y reglas establecidos
en la normativa vigente.
b. Poner a disposición de la sociedad información respecto a la ejecución de los
programas sociales que han beneficiado a personas afectadas por violencia
contra las mujeres y a los integrantes del grupo familiar.

10. El Ministerio de Defensa


a. Incorporar en los lineamientos educativos de las Fuerzas Armadas contenidos
específicos contra la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar de conformidad con los enfoques previstos en la presente ley, así como
en sus órganos académicos y organismos públicos adscritos.
b. Investigar y sancionar disciplinariamente los actos de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, cometidos por su personal civil y
personal militar.
c. Hacer efectivo el cumplimiento de la prohibición de tenencia y porte de armas
ordenadas a través de medidas de protección, respecto de su personal civil y
militar. (2)

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores

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Formular, coordinar, ejecutar y evaluar la política de protección y asistencia de los


nacionales en el exterior por casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar.

12. El Poder Judicial


Administrar justicia, respetando los derechos al debido proceso y la economía y
celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar. Todas las actuaciones ante el Poder Judicial en materia de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son gratuitas para las víctimas;
y asegura la capacitación permanente y especializada de los jueces y juezas en temas
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (2)

13. El Ministerio Público


Elaborar, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, guías y
protocolos para la actividad científico-forense y en los procesos judiciales, siendo
responsable de su difusión a efectos de uniformar criterios de atención y valoración; y
asegura la capacitación permanente y especializada de los y las fiscales y médicos
legistas en temas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
(2)

14. Los gobiernos regionales y locales


1. En el caso de los gobiernos regionales
a. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y
controlar planes, políticas y programas regionales, para sensibilizar,
prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
b. Crear y conducir las instancias regionales de concertación, para promover
la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional en su jurisdicción.
c. Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y
lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así
como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de
coordinación de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.
d. Los establecidos en la presente Ley.

2. En el caso de los gobiernos locales


a. Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y
controlar planes, políticas y programas locales y comunitarios, para
sensibilizar, prevenir, detectar y atender toda forma de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar.
b. Crear y conducir las instancias, provinciales y distritales de concertación,
para promover la articulación y el funcionamiento del Sistema Nacional en
su jurisdicción.

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c. Implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para


personas agresoras, con los enfoques establecidos en la presente ley.
d. Implementar servicios de prevención frente a la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, a través de acciones de
empoderamiento social y económico de las víctimas de violencia y
programas preventivos, grupos de reflexión dirigidos a hombres para
promover relaciones igualitarias y libres de violencia.
e. Incorporar en sus planes de seguridad ciudadana acciones de prevención y
lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar, así
como el monitoreo de la efectividad de tales acciones en los espacios de
coordinación de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana y
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
f. Los establecidos en la presente Ley. (3)

15. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas,


Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)
a. Solicitar declaración jurada de no registrar antecedentes de violencia familiar en
las solicitudes de licencia de armas.
b. Incautar las armas que estén en posesión de personas respecto de las cuales se
haya dictado la suspensión del derecho de tenencia y porte de armas.
c. Dejar sin efecto la licencia de posesión y uso de armas por sobreviniente registro
de antecedentes de violencia familiar.
d. Remitir de forma semestral información actualizada al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, correspondiente al número de licencias canceladas y de
armas incautadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar.

16. Nacional de la Magistratura (CNM)


Incorpora en el Reglamento de Concursos para el Acceso Abierto en la Selección y
Nombramiento de Jueces y Fiscales, así como en los Reglamentos de Ascensos y de
Evaluación y Ratificación, como requisito previo y obligatorio, que los postulantes
tengan formación académica en materia de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar, derechos humanos e interculturalidad relacionada con
las mujeres e integrantes del grupo familiar, a través de programas, talleres,
capacitaciones u otros que defina el reglamento. (4)

(1) Extremo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(2) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(3) Numeral 14) modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

(4) Numeral 16) incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

(5) Literal modificado por el Artículo Único de la Ley N° 31715, publicada el 22 marzo 2023.

Artículo 46. Obligaciones generales de los medios de comunicación


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Los medios de comunicación, en la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre


la mujer garantizan, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de los
derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus
hijos. En particular, tienen especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.
Los servicios de radiodifusión públicos y privados permiten el uso de la franja educativa del
10% de su programación para que, en el horario de protección familiar, las instituciones
públicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar desarrollen contenidos
vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación
para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

(*) Numeral incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre


2018.

Artículo 47.- Intervención de los pueblos indígenas u originarios y justicia en zonas


rurales (1)

Los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar que se
produzcan en territorio de comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas
campesinas, serán conocidos por sus autoridades jurisdiccionales según lo previsto en el
artículo 149 de la Constitución Política.
En las localidades donde no exista juzgado de familia o juzgado de paz letrado con
competencia delegada, los actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar son de competencia del juzgado de paz, debiendo observarse lo previsto en la Ley
29824, Ley de Justicia de Paz, y su reglamento.
Cuando el juzgado de paz toma conocimiento de actos de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar dicta las medidas de protección que correspondan a favor de
la víctima. El Poder Judicial, con cargo a su presupuesto institucional, asume los costos en
los que incurran los juzgados de paz para poner en conocimiento de lo actuado al juzgado
de familia y a la fiscalía penal o mixta, y para realizar notificaciones u exhortos.
En los centros poblados donde no exista comisaría, los juzgados de paz coordinan la
ejecución de las medidas de protección y las sanciones impuestas con las autoridades de las
comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas.
Los servicios de salud aseguran la promoción, prevención, atención y recuperación integral
de la salud física y mental de las víctimas de acuerdo a lo dispuesto por los juzgados de paz
y/o las autoridades de las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas
campesinas, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, literal c), de la presente
ley.
(1) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL.- Reglamentación


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El reglamento de la presente Ley se expide por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a


noventa días calendario desde su entrada en vigencia. Para tal efecto, se convoca a una
comisión conformada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio
Público.

SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL.- Prevalencia normativa

Las disposiciones de esta Ley prevalecen sobre otras normas generales o especiales que se
les opongan. Los derechos que reconoce la presente Ley a las víctimas de violencia hacia la
mujer y contra los integrantes del grupo familiar son irrenunciables.

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL.- Implementación del


Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo
Familiar y del Centro de Altos Estudios

La implementación del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los


Integrantes del Grupo Familiar y del Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, a que se refieren los artículos 43 y 44 de la
presente Ley, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que para tal efecto disponga el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

CUARTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- Referencia a juzgados, salas y


fiscalías de familia (1)

Cuando la presente ley hace referencia a los juzgados, salas y fiscalías de familia, debe
entenderse que comprende a los juzgados, salas y fiscalías que hagan sus veces.
(1) Disposición incorporada por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- Publicación sobre


cumplimiento de plazos (1)

El Poder Judicial publica anualmente en su portal institucional información sobre el


cumplimiento de los plazos para el dictado de las medidas de protección, por parte de los
juzgados de familia.
(1) Disposición incorporada por el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1386, publicado el 04 septiembre 2018.

SEXTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- Informes (1)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sustenta, en el mes de marzo de cada


año, ante el Pleno del Congreso de la República el informe de avance sobre el cumplimiento
de la Ley Nº 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, con especial énfasis en la implementación del
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, los hogares de refugio temporal públicos,
privados o mixtos, y sobre los centros de emergencia mujer, a cargo del Programa Nacional
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del
Grupo Familiar - Aurora.
Para dar cumplimiento a ello, los ministerios y demás entidades integrantes del Sistema
remiten la información correspondiente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
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Vulnerables, bajo responsabilidad del titular del pliego.


(1) Disposición modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1551, publicado el 28 abril 2023.

TITULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Procesos en trámite

Los procesos que se encuentren en trámite continuarán rigiéndose bajo las normas con que
se iniciaron hasta su conclusión.

SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Comisión Especial

Créase la Comisión Especial para el diseño, conducción, coordinación, supervisión y


evaluación del proceso de adecuación del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar a la
presente Ley.

TERCERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Integrantes de la


Comisión Especial

La Comisión señalada en la disposición complementaria transitoria segunda está integrada


por seis miembros:

El titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante,


quien la presidirá.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o su representante.
El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su representante.
El titular del Ministerio del Interior o su representante.
El titular del Poder Judicial o su representante.
El titular del Ministerio Público o su representante.

CUARTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Atribuciones de la


Comisión Especial

Las atribuciones de la Comisión Especial son las siguientes:

1. Formular las políticas y objetivos para la adecuación progresiva de la Ley.


2. Diseñar la propuesta del Plan de Adecuación del Sistema de Justicia al Sistema
Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
3. Elaborar los anteproyectos de normas que sean necesarios para la transferencia de los
recursos presupuestarios a que hubiere lugar.
4. Establecer, en coordinación con las entidades vinculadas, los programas anuales de
adecuación, provisión de recursos materiales y humanos que permitan la ejecución del
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Plan de Adecuación del Sistema de Justicia a la Ley.


5. Concordar, supervisar y efectuar un seguimiento y evaluación de la ejecución de los
planes y programas de adecuación a la Ley.
6. Elaborar informes semestrales, los cuales son remitidos a la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel.

QUINTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Plazo

El plazo para la formulación del Plan de Adecuación del Sistema de Justicia por la
Comisión es de sesenta días hábiles contados a partir de la instalación de la misma.
Asimismo, el plazo para que la citada comisión culmine sus funciones es de ciento ochenta
días hábiles a partir de la instalación de la misma.

SEXTA DISPOSICION COMPLEMENTARIA TRANSITORIA.- Diseño de programa


presupuestal multisectorial

El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto


Público, acompaña al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que preside el
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en el diseño de un programa presupuestal
multisectorial para la implementación de dicho sistema, así como los indicadores para su
respectivo seguimiento de desempeño, evaluaciones e incentivos a la gestión a que hubiera
lugar, en el plazo de ciento ochenta días hábiles desde la vigencia de la Ley.
En atención a la naturaleza del Sistema Nacional, el programa presupuestal debe involucrar
por lo menos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Ministerio Público y a los tres
niveles de gobierno.
(1) Disposición incorporada por el Artículo 2 de la Ley N° 30862, publicada el 25 octubre 2018.

TITULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

Primera Disposicion Complementaria Modificatoria.- Modificación de los artículos 45,


121-A, 121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal

Modifícanse los artículos 45, 121-A, 121-B, 122, 377 y 378 del Código Penal en los
siguientes términos:
Artículo 45. Presupuestos para fundamentar y determinar la pena
El juez, al momento de fundamentar y determinar la pena, tiene en cuenta:

a. Las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición
económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad.
b. Su cultura y sus costumbres.
c. Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependan, así
como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de
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vulnerabilidad.

Artículo 121-A. Formas agravadas. Lesiones graves cuando la víctima es menor de edad,
de la tercera edad o persona con discapacidad
En los casos previstos en la primera parte del artículo 121, cuando la víctima sea menor de
edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre discapacidad física o mental y el agente se
aprovecha de dicha condición se aplica pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor
de doce años.
Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado,
la pena será no menor de doce ni mayor de quince años. (1)
Artículo 121-B. Formas agravadas. Lesiones graves por violencia contra la mujer y su
entorno familiar
En los casos previstos en la primera parte del artículo 121 se aplica pena privativa de
libertad no menor de seis ni mayor de doce años cuando la víctima:

1. Es mujer y es lesionada por su condición de tal en cualquiera de los contextos


previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.
2. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del agente.
3. Depende o está subordinado.

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever ese resultado,
la pena será no menor de doce ni mayor de quince años.(2)
Artículo 122. Lesiones leves

1. El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y
menos de treinta días de asistencia o descanso, o nivel moderado de daño psíquico,
según prescripción facultativa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cinco años.
2. La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima
muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo 1 y el agente pudo prever
ese resultado.
3. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si la víctima:

a. Es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas,


magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal
Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o funcionario o servidor
público y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como
consecuencia de ellas.
b. Es menor de edad, mayor de sesenta y cinco años o sufre de discapacidad física o
mental y el agente se aprovecha de dicha condición.
c. Es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos
previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.

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d. Es ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, cónyuge o conviviente del


agente.
e. Depende o está subordinada de cualquier forma al agente.

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la


víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente
pudo prever ese resultado.
5. El juez impone la inhabilitación correspondiente a los supuestos previstos en el
párrafo 3.(3)

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales


El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-
multa.
Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una
solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.
Artículo 378. Denegación o deficiente apoyo policial
El policía que rehúsa, omite o retarda, sin causa justificada, la prestación de un auxilio
legalmente requerido por la autoridad civil competente, será reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de dos años.
Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será
no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá, si la prestación de auxilio está referida
a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar.
(1) Confrontar con la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 enero 2017.

(2) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 enero 2017.

(3) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 enero 2017.

Segunda Disposicion Complementaria Modificatoria.- Incorporación de los artículos 46-


E y 124-B al Código Penal

Incorpóranse los artículos 46-E y 124-B al Código Penal en los siguientes términos:
Artículo 46-E. Circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco
La pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito
cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural
o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. En este caso, la
pena privativa de libertad no puede exceder los treinta y cinco años, salvo que el delito se
encuentre reprimido con pena privativa de libertad indeterminada, en cuyo caso se aplica
esta última.
La agravante prevista en el primer párrafo es inaplicable cuando esté establecida como tal
en la ley penal.
Artículo 124-B. Determinación de la lesión psicológica
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El nivel de la lesión psicológica es determinado mediante valoración realizada de


conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial,
con la siguiente equivalencia:

a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico.


b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico.
c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico. (*)

(*) Confrontar con el Artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1323, publicado el 06 enero 2017.

Tercera Disposición Complementaria Modificatoria.- Modificación del artículo 242 del


Código Procesal Pena

Modifícase el artículo 242 del Código Procesal Penal, promulgado por el Decreto
Legislativo 957, el cual queda redactado en los términos siguientes:
Artículo 242. Supuestos de prueba anticipada

1. Durante la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal o de los demás sujetos


procesales, podrá instarse al Juez de la Investigación Preparatoria actuación de una
prueba anticipada, en los siguientes casos:

a. Testimonial y examen del perito, cuando se requiera examinarlos con urgencia


ante la presencia de un motivo fundado para considerar que no podrá hacerse en
el juicio oral por enfermedad u otro grave impedimento, o que han sido
expuestos a violencia, amenaza, ofertas o promesa de dinero u otra utilidad para
que no declaren o lo hagan falsamente. El interrogatorio al perito, puede incluir
el debate pericial cuando éste sea procedente.
b. Careo entre las personas que han declarado, por los mismos motivos del literal
anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 182.
c. Reconocimientos, inspecciones o reconstrucciones, que por su naturaleza y
características deben ser considerados actos definitivos e irreproducibles, y no
sea posible postergar su realización hasta la realización del juicio.
d. Declaración de las niñas, niños y adolescentes en su calidad de agraviados por
delitos comprendidos en los artículos 153 y 153-A del Capítulo I: Violación de la
libertad personal, y en los comprendidos en el Capítulo IX: Violación de la
libertad sexual, Capítulo X: Proxenetismo y Capítulo XI: Ofensas al pudor
público, correspondientes al Título IV: Delitos contra la libertad, del Código
Penal.
Las declaraciones de las niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la
intervención de psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de
entrevistas implementadas por el Ministerio Público.
Las declaraciones y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la
revictimización de los agraviados.

2. Las mismas actuaciones de prueba podrán realizarse durante la etapa intermedia. (1)

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(1) Confrontar con el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1307, publicado el 30 diciembre 2016, el mismo que entró en vigencia a nivel
nacional a los noventa (90) días de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Cuarta Disposicion Complementaria Modificatoria.- Modificación del artículo 667 del


Código Civil

Modifícase el artículo 667 del Código Civil, aprobado por el Decreto Legislativo 295, el
cual queda redactado en los términos siguientes:
Artículo 667. Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como
herederos o legatarios:

1. Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la


vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de
indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.
2. Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante
o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.
3. Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley
sanciona con pena privativa de libertad.
4. Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el
otorgado.
5. Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya
sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
6. Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en más de una oportunidad en
un proceso de violencia familiar en agravio del causante. (1)
7. Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido
voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos y
asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya alcanzado la
mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos
económicos. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación
hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia y alimentos cuando por ley
estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial.

(1) Confrontar (numeral 6) con la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30490, publicada el 21 julio 2016.

TITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEROGATORIAS

Primera Disposicion Complementaria Derogatoria.- Derogación de los artículos 122-A y


122-B del Código Penal

Deróganse los artículos 122-A y 122-B del Código Penal.

Segunda Disposicion Complementaria Derogatoria.- Derogación de la Ley 26260, Ley de


Protección frente a la Violencia Familiar

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Deróganse la Ley 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, y las demás leyes
y disposiciones que se opongan a la presente Ley.

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