Government">
Ok 1
Ok 1
Ok 1
Interpongo querella por delitos contra la probidad pública que actualmente investiga la
Fiscalía Regional de Antofagasta, por convenios celebrados entre la Seremi de
Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva; dirigiendo la acción en
contra de quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices o
encubridores, de los delitos que actualmente investiga la Fiscalía Regional de Antofagasta,
de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, o
tráfico de influencias; sin perjuicio de que la investigación determine la existencia otros
ilícitos. Todo lo anterior de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho que paso a
exponer:
I. LOS HECHOS.
Los hechos a continuación descritos son de público conocimiento. Han sido informados
por una variedad cuantiosa de medios de comunicación y cuentas de redes sociales a partir
del 15 de junio de 2023.
3.- Según lo relatado por la asociación de funcionarios, los convenios fueron firmados por
Daniel Andrade en octubre del año pasado, cuando éste había ingresado como asesor a la
Subsecretaría de Defensa. El portal de Transparencia de esta última institución indica que
en noviembre del 2022 su nombre aparece por primera vez bajo la modalidad de
contrata. En los reportes de transferencia del Registro Central de Colaboradores del Estado
figuran los convenios que tienen como receptor a Democracia Viva. El detalle en la ficha
de institución privada del mismo registro señala que la fundación tiene domicilio en la
comuna de Ñuñoa (Región Metropolitana).
4.- El decreto del primer convenio con la Seremi de Vivienda fue realizado el 03 de octubre
del 2022, y asciende a $200 millones de pesos. El objetivo del aporte es “disponer la
entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial
para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, con el objeto
de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de
carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades en base a
salubridad y seguridad”.
5.- El segundo convenio fue por $170 millones de pesos tuvo su decreto el 27 de ese
mismo mes, y era para “disponer la entrega de recursos para implementación y ejecución
socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que
viven”.
6.- El último convenio, con decreto el 19 de diciembre del 2022, fue por $56 millones para
la “ejecución de diagnósticos socio territoriales - planes de intervención, plan de
campamento preparado y acciones sociales y comunitarias en diversos campamentos en la
Región de Antofagasta”.
11.- Cincuenta y cuatro días después, 13 de octubre de 2022, se cierra el primer traspaso de
dinero por $200 millones. Según el portal del Ministerio de Hacienda, este aporte fue el
primero de los tres aportes que ha recibido la Fundación Democracia Viva desde que fue
creada, todos provienen de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
12.- De lo expuesto sobre los convenios referidos, es preciso tener en consideración los
siguientes elementos que configuran el riesgo delictivo: (i) Se realizan mediante trato
directo; (ii) involucran altos montos de dinero; (iii) esos montos se los adjudicó una
fundación de reciente constitución y sin experiencia previa en la materia; (iv) existe una
relación de cercanía entre los firmantes del convenio. Todos elementos que ameritan una
investigación sobre delitos cometidos por un funcionario público contra la probidad
pública, tales como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones
incompatibles, o tráfico de influencias, entre otros.
13. Según lo informado por los medios, algunas de las personas relacionadas de algún
modo con la Fundación Democracia Viva, sea como directoras, encargadas de proyectos,
superiores jerárquicos, en la administración pública, o relacionadas con las anteriores, son
afiliadas a Revolución Democrática, a saber: las ya mencionadas en esta relación, Carlos
Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez, y Paulina Cabrera; además de Cecilia Millán,
Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez, Daniela Dresdner, Carolina Pérez,
Tatiana Rojas, y Camila Hernando; todas quienes son objeto de investigación por los
órganos internos de nuestro Partido.
14. Finalmente, Revolución Democrática es un partido político que tiene once años de
trayectoria, contados desde sus inicios como movimiento político. Nuestro partido tiene
tolerancia cero ante cualquier hecho de corrupción. Las malas prácticas no tienen domicilio
político, y lo que nos caracteriza es el cómo reaccionamos ante éstas; actuando con
diligencia y celeridad, tomando todas las medidas que correspondan hasta que todas las
responsabilidades sean asumidas. Sabemos que, para reconstruir la confianza con la
ciudadanía, las palabras no bastan. Por lo que, con el objeto de impedir cualquier tipo de
impunidad, hemos decidido presentar una querella en contra todos aquellos que resulten
responsables por su participación en los hechos relatados.
II. EL DERECHO
En este caso, dichas disposiciones son los artículos 233 (sobre malversación de caudales
públicos), 239 (sobre fraude al fisco propiamente tal), 240 (sobre negociaciones
incompatibles), 240 bis (sobre tráfico de influencias), y 260 (que determina con amplitud el
concepto de empleado público para la calificación de los delitos funcionarios), todos del
Código Penal; sin perjuicio de la existencia otros ilícitos que determine la investigación.
POR TANTO:
1.- Se decrete por parte de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, una orden de
investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile.
2.- Se cite a declarar a las dependencias del Ministerio Público, sea en calidad de imputados,
testigos, o víctimas, a todas las afiliadas a Revolución Democrática nombradas en lo
principal de esta presentación; a saber: Carlos Contreras, Daniel Andrade, Catalina Pérez,
Paulina Cabrera, Cecilia Millán, Doris Pinto, Tomás Flores, Javiera Martínez Henríquez,
Daniela Dresdner, Carolina Pérez, Tatiana Rojas, y Camila Hernando.
1. Mandato Judicial otorgado por Juan Ignacio Latorre Riveros, en su calidad de Presidente
de Revolución Democrática; a favor de Edson Dettoni Andrade y Matías Blas Silva
Allende, para representar a nuestro partido.