Expediente 2019-000005

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SALA PLENA

Magistrada Ponente: FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
Exp. AA10-L-2019-000005

I
En fecha 07 de febrero de 2019 se recibió en la Secretaría de la Sala Plena del Tribu
Supremo de Justicia, oficio signado el alfanumérico 932-2018, del 19 de diciembre de 20
proveniente del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de
Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, anexo con asunto judicial N° KP02
2018-000-011, contentivo la demanda por cumplimiento de contrato de arrendamien
interpuesta por el ciudadano JIEHUA ZHENG, titular de la cédula de identidad
E- 84.291.311, en su condición de representante legal de la firma mercan
INVERSIONES MEGA VÍVERES C.A., sociedad mercantil debidamente inscrita por ant
registro mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 22
mayo de 2013, bajo el N° 35, Tomo 67-A; contra el MERCADO MAYORISTA
BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de
Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha veinte (20) de julio de 1983, bajo el N°
Tomo 1-E, Registro de Información Fiscal RIF: J-08512511-6.
La remisión que antecede, se efectuó a fin de resolver el conflicto negativo

competencia planteado por el Juzgado Superior Civil (bienes) y Contencioso Administrat
de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, en fecha 18 de diciembre
2018, dada la declinatoria de competencia que le realizara en fecha 4 de octubre de 2018
Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren
la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que se declaró incompetente por la materia.
Mediante sesión del 05 de febrero de 2021, la Sala Plena del Tribunal Supremo
Justicia, realizó la elección de la nueva Junta Directiva del Máximo Tribunal para el perí
2021-2023, quedando integrada de la siguiente manera: Presidente Magistrado Maikel J
Moreno Pérez, Primera Vicepresidenta Magistrada Lourdes Suárez Anderson, Segu
Vicepresidenta Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, los Directores Magistra
Yván Darío Bastardo Flores, Edgar Gavidia Rodríguez y Malaquías Gil Rodríguez.
El 21 de febrero de 2019, se designó la ponencia a la Magistrada FRANCIA COEL

GONZÁLEZ, quién con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, esta Sala Plena, pas
decidir previo las consideraciones siguientes:

II

En fecha 15 de octubre de 2018, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribuc
de Documentos (No Penal) de Barquisimeto (URDD-CIVIL), el oficio Nº 4920-566, eman
del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribar
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anexo al cual remitió expediente contenti
de la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpuesta por el ciudad
antes identificado, en su condición de representante legal de la firma mercan
INVERSIONES MEGA VÍVERES C.A,; asistido por los abogados WILLIA
GUILLERMO OCANTO BASTIDAS Y GERARDO AMADO CARRILLO PEREZ, inscritos
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 219.879 y 102.0
respectivamente; contra el MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABA
C.A, inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial
Estado Lara de fecha veinte (20) de julio de 1983, bajo el N° 34, Tomo 1-E, Registro
Información Fiscal RIF: J-08512511-6. Tal remisión tuvo lugar con ocasión a la decisión
fecha 4 de octubre de 2018, dictada por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinari
Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado La
mediante la cual se declaró incompetente en razón de la materia y declinó
competencia para conocer la presente causa a este Juzgado Superior en lo Civi
Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.
En fecha 06 de noviembre de 2018, el Juzgado Superior en lo Civil y Contenci

Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, recibió la ca
por declinatoria de competencia.
El 18 de diciembre de 2018, el mencionado Juzgado Superior, dictó decisión en la

se declaró incompetente, para conocer “…la demanda por cumplimiento de contra
interpuesto por el prenombrado ciudadano, y en consecuencia, planteó el conflicto negat
de competencia y ordenó la remisión del expediente original a la Sala Plena del Tribu
Supremo de Justicia, en virtud de que no hay un Tribunal Superior Común con competen
afín por la materia para decidirlo.
El 18 de diciembre de 2018, mediante oficio signado con el número 932-2018,

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occiden
con sede en Barquisimeto, remitió el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo
Justicia.
III
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA PLENA

Corresponde, en primer término, determinar si la Sala Plena del Tribunal Supremo
Justicia es competente para resolver el conflicto negativo de competencia surgido entre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occiden
con sede en Barquisimeto, y el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor
Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, los cuales
declararon incompetentes para conocer la demanda incoada por cumplimiento de contra
interpuesta por el ciudadano JIEHUA ZHENG, en su condición de representante leg
de la firma mercantil INVERSIONES MEGA VÍVERES C.A; contra el MERCA
MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, Ahora bien, observa la Sala Pl
que el conflicto de competencia por la materia surgió en tribunales que no tienen un super
común, por tratarse del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de
Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, y el Tribunal Segundo de Munici
Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial
Estado Lara.
En este sentido y para resolver la incidencia procesal planteada, la Constitución de
República Bolivariana de Venezuela, consagra en el numeral 7 del artículo 266, lo siguient
Articulo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:
…omissis…
7. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando
no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico...

En armonía con la norma constitucional antes señalada, los artículos 70 y 71
Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente:
“Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la mat
o por territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirl
considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de competencia.

Artículo 71. La solicitud de regulación de competencia se propondrá ante el Juez que se h
pronunciado sobre la competencia, aún en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razon
fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superio
la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remiti
la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en
Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Trib
Superior…”. (Destacado del presente fallo).

El citado artículo 71 del Código de Procedimiento Civil le atribuía a la antigua Co
Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, la competencia para regular
conflictos de competencia surgidos en situaciones análogas a la que nos ocupa, en la cual
existe un juzgado superior común a los tribunales en conflicto.
Por su parte el numeral 3 del artículo 24 de la vigente Ley Orgánica del Tribu
Supremo de Justicia, consagra:
…Artículo 24: Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
(…Omissis…)
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con disti
competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la 4/24
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De las normas antes señaladas se puede inferir que visto que en el presente caso sur
un conflicto de competencia entre el Juzgado Superior en lo Civil y Contenci
Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, y el Tribu
Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de
Circunscripción Judicial del Estado Lara; en el cual el primer juzgado nombrado ordenó
remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad
el numeral 3 del artículo 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta S
Plena asume la competencia para dirimir el señalado conflicto surgido en razón de la mate
entre dos tribunales que no tienen un superior común. Así se establece.

IV
FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE
ARRENADAMIENTO

En fecha 21 de junio de 2018, el ciudadano JIEHUA ZHENG, titular de la cédula
identidad N° E- 84.291.311, en su condición de representante legal de la firma mercan
GUILLERMO OCANTO BASTIDAS y GERARDO AMADO CARRILLO PEREZ, inscritos
el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 219.879 y 102.00
respectivamente; interpuso demanda por cumplimiento de contrato de arrendamiento con
el MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, inscrita por ante
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha vei
(20) de julio de 1983, bajo el N° 34, Tomo 1-E, Registro de Información Fiscal RIF
08512511-6., con fundamento en los siguientes alegatos:
Que, (...) “su” representada INVERSIONES MEGA VIVERES C.A, ya identifica

celebró CONTRATO DE ARRENDAMIENTO con la sociedad mercantil MERCAD
MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, supra identificada, cuyo princip
accionista es la Alcaldía del Municipio Iribarren, representada para ese momento po
ciudadano PABLO JAVIER ARCAYA LÓPEZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular
la cédula de identidad N° V-13.035.031 y de este domicilio sobre un inmueble consistente
un(1) local comercial, consistente de un (01) galpón comercial identificado con el N° 1B-
ubicado en el mercado mayorista de Barquisimeto, cuyas especificaciones
características constan en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, debidamente suscr
por las partes y según le pertenece a la ARRENDADORA según los datos de informac
colocada en el contenido del referido contrato. La duración del contrato se fijó por
período de DOS (02) años convenido entre (sic) la fecha 01 de SEPTIEMBRE del año 2
hasta el 31 de AGOSTO de 2019, como tiempo de vigencia del mismo, estableciendo
canon mensual de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS M
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BOLIVARES EXACTOS (4.896.000, BOLIVARES). 5/24
EL CONTRATO DE ARRENDAMIEN
se acompaña a la presente demanda como instrumento fundamental de la acció

(Mayúsculas, subrayado y negrita de la cita, corchetes del Tribunal remitente).
Que, (...) aceptado el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO entre ambas partes es de
la firma mercantil INVERSIONES MEGA VIVERES C.A y la sociedad mercantil MERCAB
C.A, la relación de arrendamiento desde el momento de su inicio se mantuvo normal en “
condición de arrendatario, cumpliendo de manera cabal y puntual [sus] obligacio
contractuales, realizando el pago de canon, mantenimiento de los servicios, incluso a
cualquier novedad o cambios en relación contractual se le notificaba de manera puntua
oportuna al arrendador sobre dicha novedad LO CUAL ERA RECIBIDO Y ACEPTADO
OBSERVACIONES POR PARTE DEL ARRENDADOR. Todo transcurrió de esa forma, hasta
mes de marzo del presente año 2018 cuando por cambios y asuntos políticos de la Alcal
del municipio Iribarren del Estado Lara, propietaria y administradora de la SOCIEDA
MERCANTIL MERCABAR C.A fue removido el presidente de la SOCIEDA
MERCANTIL MERCABAR C.A, ciudadano BENITO ROCHA PEREZ, anteriorme
identificado con quien en fecha 04 de DICIEMBRE del año 2017 “su” representada ha
suscrito previamente el contrato y fue colocado en el cargo de presidente de
SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A el ciudadano JUAN CARLOS SIER
TRUJILLO, venezolano. Mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 17.983.
funcionario designado por la Alcaldía del Municipio Iribarren según Gaceta Munici
Ordinaria N° 201-04 de fecha 15 de enero del año 2018, quien de inmediato al tom
funciones en el cargo. INICIÓ UNA POLÍTICA DE DESCONOCIMIENTO Y ANULACI
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO VIGENTES, entre los cuales
encontraba el que en nombre de “su” representada suscribi[ó], en fecha 04 de DICIEMB
DE 2017. (...)” (Mayúsculas, subrayado y negrita de la cita, corchetes del Tribunal remiten
Que, (...) estos incidentes, de arbitrariedades y diferencias entre el arrendad
SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A y un grupo considerable de arrendatar
ocasionó reacciones y una serie de acciones judiciales contra la directiva actual
Mercabar C.A, demandas acciones (sic) que han sido hecho público notorio
comunicacional, por lo tanto no requieren comprobación ante el tribunal,
embargo en nombre de “su” representada [se] mantuvo a la expectativa esperando
“su” ARRENDADOR la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A reconsiderará la idea
rescindir unilateralmente el contrato y [se retomase] el camino del acuerdo inclus
sacrificando “sus” derechos previamente resguardados en el contrato. Que, (...) el día 30
mayo del año 2018 [recibió] de manera imprevista e inesperada en el galpón comercial
cual [esta] arrendado distinguido con el N° 1B-03, la visita de un grupo de personas quie
se identificaron como funcionarios y/o empleados de la empresa MERCABAR
acompañados de FUNCIONARIOS ARMADOS PRESUNTAMENTE DE LAS FUERZ
ARMADAS Y POLICIALES, QUIENES PROCEDIERON A [SACARLE] DEL LOCAL D
MANERA ARBITRARIA FUNDAMENTÁNDOSE EN UNA SUPUESTA DECISIÓN
MERCABAR C.A profesor JUAN CARLOS SIERRA. (...) (Mayúsculas, subrayado y negrita
la cita, corchetes del Tribunal remitente).
Que, (...) [fue] sacado del local que ilegítimamente. POR CONTRATO
ARRENDAMIENTO VIGENTE [ha] venido ocupando desde hace más de 6 años no entendía
comprendía a que se debía dicha acción, de hecho pensé que era una decisión tempo
en virtud de que [ES] COMERCIANTE Y EMPRESARIO DESCONOZCO TOTALMEN
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y MENOS PUED[E] DIFERENCIAR CUANDO ES
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO JUDICIAL LEGAL O ILEGAL, al momento que [f
sacado del galpón 1B-03, NO CONTABA CON LA DEBIDA ASISTENCIA JURÍDI
CONFORME AL ARTÍCULO 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue
(...) (Mayúsculas, subrayado y negrita de la cita, corchetes del Tribunal remitente).
Que, (...) ante ello (…) para evitar una situación irregular mayor o ser herido
apresados, YA QUE NO SE PUEDE ARGUMENTAR O EXIGIR DERECHOS AN
FUNCIONARIOS QUE LO DESCONOCEN Y QUE ANDAN ARMADOS, COMETIENDO (s
ACTOS ARBITRARIOS TAL COMO EL QUE [HA] SIDO VICTIMA “su” PERSONA Y “
REPRESENTADA INVERSIONES MEGA VIVERES C.A., [decidió] de inmediato acudir ante
instancia judicial para solicitar la inspección judicial, para que dejare constancia
desalojo arbitrario cierre y clausura del local 1B-03. Dicha inspección se practicó el día
de junio del 2018, por parte del Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren del Estado Lara
cual se acompaña a la presente demanda marcada “B” COMO INSTRUMEN
FUNDAMENTAL DE LA DEMANDA… (Mayúsculas, subrayado y negrita de la cita, corche
del Tribunal remitente).
Que, (...) los días siguientes 13 y 14 de junio 2018 en horas de la noche cuando
mercado estaba cerrado y sin acceso al público, según información suministrada p
testigos presénciales, (sic) el arrendador la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C
PROCEDIÓ SIN “su” AUTORIZACIÓN Y SIN “su” PRESENCIA A ABRIR EL LOC
COMERCIAL LOCAL 1B-03, SACANDO DEL MISMO TODOS [LOS] BIENES Y MERCANC
DE “su” PROPIEDAD QUE ALLÍ SE ENCONTRABAN, de igual forma LA SOCIEDA
MERCANTIL MERCABAR C.A PERMITIÓ EL INGRESO DE TERCEROS U OTRA EMPRES
SU MERCANCÍA DE LO CUAL DESCONOC[E] EL MOTIVO, RAZON, ACTIVIDAD
PRESENCIA DE ESAS PERSONAS EN EL LOCAL 1B-03, DEL CUAL [TIENE]
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE, por ello toda esta situación configura
manera expresa y sin lugar a dudas LA RESCISION UNILATERAL DEL CONTRATO
ARRENDAMIENTO que la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A tenía suscrito con “
representada INVERSIONES MEGA VIVERES C.A… (Mayúsculas, subrayado y negrita de
cita, corchetes del Tribunal remitente).
Que, (...) como puede entenderse y además demostrarse ante cualquier instanc
judicial, por parte de “su” representada esta ha cumplido con todas y cada
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las cláusulas establecidas en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE, en

la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A y “su” representada INVERSION

MEGA VIVERES C.A cumpliendo el pago del canon, mantenimiento del loc
servicios, cumplimiento del reglamento interno entre otros. POR ELLO MAL PUED
EL ARRENDADOR, LA SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A PRETEND
FUNDAMENTAR SU DESALOJO Y DESOCUPACION ARBITRARIA EN UN AC
ADMINISTRATIVO DEL CUAL NO TIENE FACULTADES PARA EMITIR Y/O FUNDAMENT
EN UN PRESUNTO SUB ARRENDAMIENTO EL CUAL NUNCA DEMOSTRÓ
DEMANDÓ JUDICIALMENTE, ya que cabe destacar y esto es muy importante hac
de conocimiento del tribunal que “su” representada INVERSIONES MEGA VÍVER
C.A NO HA SIDO DEMANDADA EN NINGÚN MOMENTO POR INCUMPLIMIENTO
RESCISIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR PARTE DE LA SOCIED
MERCANTIL MERCABAR C.A Y MENOS HA SIDO DEMANDADA POR DESALOJO O EST
INCURSA EN ALGUNA DE ESTAS CUASALES (sic)… (Mayúsculas, subrayado y negrita d
cita, corchetes del Tribunal remitente)
Que, (...) EL DESALOJO DE LA EMPRESA INVERSIONES MEGA VIVERES C
DEL LOCAL O GALPÓN 1B-03 DEL MERCADO MAYORISTA MERCABAR, PO
HABER INCUMPLIDO EL CONTRARTO, (sic) O POR ESTAR INCURSO EN UN
CAUSAL DE DESALOJO, COMO UNA DE LAS PREVISTAS EN LA LEY (SU
ARRENDAMIENTO DEL LOCAL) dicha causal no existe y nunca fue demostrada a
este tribunal que garantizare el debido proceso. Mas sin embargo el arrendador decide
manera arbitraria y fraudulenta [sacarlo] por la fuerza, apropiarse de manera indebida
[sus] bienes y mercancías (...). Que, (...) nunca fue demandada por incumplimiento, desal
o rescisión, el contrato de arrendamiento firmado en fecha 04 de diciembre del año 20
aun continua vigente en todas y cada una de las cláusulas y condiciones, pero en base a
hechos, motivos y arbitrariedades ya explicados, en consecuencia “su” represent
INVERSIONES MEGA VíVERES C.A., continúa sin poder hace vales (sic) su derecho legít
de ocupar y utilizar el local comercial. Por la rescisión o resolución unilateral del contr
que realizó el ARRENDADOR la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A y qui
nuevamente destacamos LUEGO DE [SACARLOS] POR LAS FUERZAS (s
COLOCARON Y PERMITIERON EL INGRESO AL LOCAL 1B-03, DE OTRAS PERSONAS (
(Mayúsculas, subrayado y negrita de la cita, corchetes del Tribunal remitente)
Señala que (...) se encuentra fundamentada la presente demanda en los Artículos 1.

y 1.167 del Código Civil venezolano vigente, al respecto el Decreto con Rango, Valo
Fuerza de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comerc
fundamentada en los artículos 3, 10, 13, 18, 41 literal K y 43. Finalmente solicitó que, (
la presente demanda sea ADMITIDA Y SUSTANCIADA CONFORME A DERECHO,
ACUERDEN DE MANERA URGENTE TODAS LAS MEDIDAS CAUTELAR
INNOMINADAS SOLICITADAS y en fin declaradas con lugar con todos los pronunciamien
de ley. Por último dando cumplimiento a la ley para efectos de determinación de competen
SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs.1.305.600,00) o lo que es lo mismo MIL QUINIENT
TREINTA Y SEIS (1.536 U.T) UNIDADES TRIBUTARIAS… (Mayúsculas, subrayad
negrita de la cita, corchetes del Tribunal remitente).
De lo anterior, se evidencia, que los hechos que se denuncian versan fundamentalme
sobre el conflicto para resolver una demanda de cumplimiento de contrato de arrendamie
sobre un local comercial, de acuerdo con lo establecido en el …Decreto con Rango, Valo
Fuerza de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comerc
fundamentada en los artículos 3, 10, 13, 18, 41 literal K y 43…, instaurado en for
autónoma por ante los Tribunales Civiles, mediante una …demanda por CUMPLIMIEN
DE CONTRATO interpuesto por el ciudadano JIEHUA ZHENG, titular de la cédula
identidad N° E- 84.291.311, en su condición de representante legal de la firma mercan
GUILLERMO OCANTO BASTIDAS Y GERARDO AMADO CARRILLO PEREZ, contra
MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, julio de 1983, bajo el
34, Tomo 1-E, Registro de Información Fiscal RIF: J-08512511-6. (Mayúsculas del Tribu
remitente).

V
DE LAS DECISIONES RELATIVAS A LA COMPETENCIA

En fecha 04 de octubre del 2018, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario

Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado La
emitió decisión en la [que] se declaró incompetente para resolver [las] demandas [que] p
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpuesto por el ciudadano JIEHUA ZHENG, titu
de la cédula de identidad N° E- 84.291.311, en su condición de representante legal de
firma mercantil INVERSIONES MEGA VÍVERES C.A,; asistido por los abogad
WILLIANS GUILLERMO OCANTO BASTIDAS Y GERARDO AMADO CARRILLO PER
(…) contra el MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A. qu
refirió entre otro, lo siguiente:

“…Ahora bien, analizada la presente demanda, concretamente la materia que conforma la misma, a
fines de verificar la competencia de ésta instancia judicial, se observa: El artículo 28 del Código
Procedimiento Civil establece: “...La competencia por la materia se determina por la naturaleza
la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan.” Dicha norma establec
determinación de la competencia por la materia da lugar, es decir, a la distribución de las causas e
jueces de diferentes tipos. En el caso de autos, la parte demandada MERCADO MAYORISTA
ALIMENTOS DE BARQUISIMETO C.A., (MERCABAR), según su contrato de arrendamiento, curs
desde el folio 19 al 21 es (...)...una empresa pública, cuyos únicos socios son el Municipio Iribarren (
en su condición de ente descentralizado para la prestación del servicio público municipal
abastecimiento y mercados, al mayor, prevista como competencia propia del Municipio, en el artículo
Anónima... y dado que la demanda fue establecida en la cantidad de UN MIL QUINIENTAS TREINT
SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS (1536 U.T.), pues se ha de tener presente lo establecido en el artícul
de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el cual preceptúa: ...Competencia.
Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes p
conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún insti
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República,
estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cua
no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atrib
a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún insti
autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República,
estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cua
no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atrib
a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particula
dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las accio
de nulidad ejercidas contralas decisiones administrativas dictadas por la Administración del tra
en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica
Trabajo.
4. La abstención o la negativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos a que e
obligadas por las leyes.
5. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales d
jurisdicción.
6. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes
función pública, conforme a lo dispuesto en la ley.
7. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contenci
Administrativa.
8. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de
órganos del Poder Público estadal, municipal o local.
9. Las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de
competencia directa e inmediata en ejecución de la ley.
10. Las demás causas previstas en la ley.
En este orden de ideas, según el procedimiento citado, la competencia para conocer de la pres
demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, estaría dada en el Juzg
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativa de la Región Centro Occidental, y así se decide
(sic).

Por su parte, en fecha 18 de diciembre de 2018, el Juzgado Superior en lo C

(Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede
Barquisimeto, luego de haber recibido, por declinatoria de competencia, la demanda
cumplimiento de contrato de arrendamiento, dictó decisión y expuso:

“…Este Juzgado Superior, partiendo de la máxima procesal conforme a la cual la competen
constituye un presupuesto de validez para la sentencia que ha de resolver la litis, y que al carece
aquélla en cualquier estado y grado de la causa debe imperativamente el Órgano Jurisdiccio
por razones de orden público declararse incompetente, considera necesario en el presente caso
resguardo del derecho constitucional consagrado en el artículo 49 numerales 3 y 4 de la Constitució
la República Bolivariana de Venezuela, estos es, la garantía del tribunal competente y el derecho al
natural, precisar algunos aspectos que delimitan su competencia para el conocimiento de casos
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de autos, partiendo para ello de los fundamentos de hecho y de derecho invocados por la p
demandante. Así, se observa del escrito libelar y demás recaudos que hasta el momento conforma
presente asunto, que la parte recurrente ejerce una pretensión por cumplimiento de contrato. En
sentido, debe señalar este Tribunal Superior que su competencia se circunscribe a aquellas acciones
interpongan los particulares contra las actuaciones administrativas emanadas de los Estado
Municipios o algún Instituto Autónomo, ente Público o Empresa en la cual alguna de éstas perso
político territoriales ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su direcció
administración, e igualmente para el conocimiento de todas las demandas que interpongan cualesqu
de los entes o personas públicas mencionadas anteriormente contra los particulares o entre sí.
manera que, siendo la parte demandada una empresa pública, cuyos socios es el Municipio Iribarren
Estado Lara, en su condición de ente descentralizado para la prestación de un servicio púb
municipal, a saber, el MERCADO MAYORISTA DE ALIMENTOS DE BARQUISIMETO, C
(MERCABAR), podría afirmarse prima facie que esta instancia judicial con competencia contenc
administrativa es la llamada a conocer la acción interpuesta; no obstante, la sola configuración
criterio orgánico no resulta determinante a los fines de precisar la competencia de este Trib
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, debiéndose atender a la naturaleza esencial d
pretensión incoada, de la materia y a las disposiciones normativas especiales que regulan la protec
jurídica por situaciones de hecho como la que ha originado el presente asunto. Lo anterior, encuentr
razón -tal y como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia- e
hecho de que el fuero atrayente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el conocimient
aquellas causas en donde sea parte la República, los Estados, los Municipios, o algún Insti
Autónomo, ente público, fundaciones o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municip
ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, no puede op
indiscriminadamente en todo tipo de pretensiones máxime cuando la ley especial que regula la mat
atribuye la competencia para su conocimiento, pues se debe garantizar la idoneidad del Órg
Jurisdiccional y la figura del Juez Natural para resolver la materia de fondo en atención a
características sustantivas de la materia objeto de la controversia y en resguardo del debido proc
En virtud de lo anterior, surge la necesidad para esta Juzgadora de revisar inicialmente
criterios jurisprudenciales y la doctrina casacional en materia de contratos de arrendamiento de un
inmueble destinado a uso comercial, entre las cuales se destaca la sentencia de la Sala Pol
Administrativo de fecha 24/11/2010 Exp. 2010-0802 con ponencia de la Magistrada Yola
Jaimes Guerrero por motivo de regulación de la jurisdicción, cuando establece... (...) Así, tal c
lo ha señalado la Sala en recientes oportunidades (Vid. Sentencia Nro. 454 del 26 de mayo de 2010, c
N.M.S. de G. y otros contra A.C.P. y M.D. de Capote), de acuerdo con el artículo 10 de la Ley
Arrendamientos Inmobiliarios anteriormente transcrito, la competencia para conocer de
procedimientos judiciales en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos corresponderá
jurisdicción civil ordinaria (...) Asimismo, de conformidad con el artículo 33 eiusdem, las deman
interpuestas “por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reinte
de sobre alquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga le
preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una rela
arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos”, deberán ser sustanciadas ante los órga
jurisdiccionales de acuerdo con las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil relativa
procedimiento breve...(...). (Negritas de este Tribunal) Asimismo la Sala de Casación Civil en fe
04/05/2015 Exp. AA20-C-2014-000626 con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásq
caso: Impermeabilizadora Larense, C.A., contra Clínica Los Sauces, C.A., en un punto previo reso
lo atinente a la competencia para conocer la materia de desalojo, cumplimiento o resolució
un contrato de arrendamiento de locales comerciales, criterio al cual claramente se adapta al pres
caso, en virtud de tratarse de un cumplimiento de contrato de arrendamiento, el cual
fundamentó en los siguientes términos: ...(...) Ahora bien, en razón de la normativa analizada, esta S
considera que en el caso de autos las apelaciones interpuestas por ambas partes contra la sente
proferida en fecha 25 de julio de 2012, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo C
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, debieron ser conocida
resueltas, como en efecto lo fueron, por tribunales superiores que tengan atribuida la competencia
c
por cuanto el conocimiento jurisdiccional en materia de contratos de arrendamiento de un bien inmu
otras, en sentencia Nº 835, de fecha 13 de noviembre de 2007, caso: Agostinho De Nobrega
Fonte contra Tasca Restaurant Night Club Cartajena, C.A., reiterada en sentencia N° 150, de fech
de marzo de 2012, caso: Jesús Pérez c/ Guillermina Uranga, lo que a continuación
transcribe:...evidencia esta Sala de la revisión exhaustiva de las actas del expediente, que el caso
autos trata de una resolución de contrato de derecho común, específicamente de un contrato
arrendamiento, al cual le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto con Rang
Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Aclarado lo anterior, evidencia esta Sala de la revi
exhaustiva de las actas del expediente, que el caso de autos trata de una resolución de contrato
derecho común, específicamente de un contrato de arrendamiento, al cual le resultan aplicables
disposiciones contenidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios
este sentido, el artículo 10 del prenombrado Decreto, establece lo siguiente:“...La competencia jud
en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contenc
Administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Direcc
General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura; y en el resto del país, la compete
corresponde a los Juzgados (sic) de Municipio (sic) o los de igual competencia en la localidad de qu
trate, en cuyo caso, a tales Juzgados (sic) del interior de la República (sic) se les atribuye
competencia especial Contencioso Administrativo en materia Inquilinaria. El conocimiento de
demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere esta Ley, en materia de arrendamientos urba
y suburbanos será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. (Negrilla de la Sala) (…). Po
parte, el artículo 33 eiusdem, señala:...Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de
contrato de arrendamiento (...) y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia so
inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposicio
contenidas en el presente Decreto Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII
Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía....De las normas antes transcritas
desprende que corresponde a la jurisdicción civil ordinaria el conocimiento de las demandas en mat
de arrendamientos urbanos y suburbanos, entre ellas las de resolución de contrato de arrendamiento
consecuencia, dado que en el presente caso, las actuaciones tanto de la parte demandante (pers
natural) como la demandada (persona jurídica), provienen de un contrato de naturaleza eminentem
civil, esta Sala considera que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a
jurisdicción civil.... Del análisis del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y de la jurisprudencia supra transcrita, se despre
que al tratarse la materia objeto de estudio, de una demanda por resolución de contrato
arrendamiento, que versa sobre un local comercial, la misma se sustanciará y decidirá conforme
dispuesto en la normativa civil, la cual le otorga expresamente la competencia a la jurisdicción
ordinaria para el conocimiento de este tipo de procedimiento ...(...) (Negrita y subrayada de la cita)
base a los decisiones up supra expuestas, es criterio de esta Juzgadora considerar que la naturaleza
contrato de arrendamiento destinado a este fin es eminentemente de naturaleza civil, pues así lo
venido estableciendo en reiteradas decisiones el Tribunal Supremo de Justicia, inclusive cuando au
encontraba en vigencia la derogada Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por lo tanto, aun y cuando
partes contratantes sean comerciantes o no comerciantes, dada la naturaleza del contrato y
destinación del bien inmueble del objeto del mismo, su conocimiento debe ser sometido
jurisdicción civil ordinaria. Así se decide. -Es indudable que si un contrato es celebrado po
administración para que tenga el carácter de administrativo debe estar sometido a una serie
requisitos para determinar su naturaleza, y por ende le son aplicables las reglas especiales, que en ra
de las exigencias del interés general, han sido creadas por la Jurisprudencia, esto es, si el contrato t
por objeto el funcionamiento de un servicio público u otra actividad de utilidad pública, o si ha
celebrado con la finalidad de ayudar a la administración a la realización de tareas de interés genera
cual se extrae de las cláusulas exorbitantes contenidas en el referido contrato lo que sirve para rev
esa intención, y contribuir a la acertada calificación del contrato; de la debida observancia de
cláusulas del contrato de marras, considera este juzgado que el contrato de arrendamiento de autos,
cuando en él una de las partes contratantes sea un ente con participación Estatal y Municipal y
sobre bienes inmuebles perteneciente al dominio privado del Municipio, su naturaleza es
de dere
12/24
común y debe estar sometido a las normas de derecho público. En razón de ello, siendo que el objet
serie de irregularidades legales y contractuales, resulta igualmente necesario para este Juzg
Superior acotar que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se concibió c
un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de
Tribunales que integran esa Jurisdicción; por lo que, en principio será a partir de las disposicione
esta Ley, que se establecerá a que Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determin
asunto; sin embargo, respecto a las competencias de los órganos Jurisdiccionales que la integran, d
Ley deja a salvo la aplicación de un principio fundamental en todo proceso, previsto en el artículo
numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando la excepción a d
régimen de competencia radica en que el conocimiento de la acción que se interponga operará
conformidad a lo señalado en el artículo 25 numeral 1 de la ley in comento si su conocimiento no
atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. Dentro de este marco, se desprende
artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, todo un conjunt
supuestos de competencia otorgados a los Juzgados Superiores Estadales de lo Contenc
Administrativo, conforme a los cuales necesariamente queda delimitado su ámbito competencial, y p
al reconocimiento expreso sobre el conocimiento de demandas contra empresas públicas, debe adver
que sobre la acciones vinculadas al cumplimiento de contrato de arrendamiento, existe una
especialísima, a saber el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Regulación del Arrendami
Inmobiliario. Para Uso Comercial, estableciendo dicho Decreto en el segundo aparte del artículo 43
cuanto a la competencia en materia de arrendamiento comerciales que ...El conocimiento de los de
procedimientos jurisdiccionales en materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines
competencia de la jurisdicción civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Cód
de Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión. De la mencionada ley, se infiere clarament
presupuesto en que la jurisdicción civil debe entrar a conocer del caso, por lo que este Órgano res
totalmente incompetente para conocer del mismo, pues se reitera la naturaleza del contrato
arrendamiento de local comercial del cual en el presente caso, se pretende su cumplimiento
especialmente civil y por lo tanto debe ser sometido a la jurisdicción Civil Ordinaria para qu
controversia sea decidida de acuerdo al procedimiento establecido en su ley especial. Lo ante
encuentra a su vez estrecha vinculación con la garantía constitucional del Juez Natural, ya que al se
competencia materia de orden público, la partes tienen el derecho a que mediante un deb
proceso sus pretensiones sean resueltas por el Juez determinado por la ley, garantía judicial
concebida en el artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Huma
Pacto San José de Costa Rica y el artículo14 de la Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derec
Civiles y Políticos. En relación a la figura del Juez Natural, cabe traer a colación la Sentencia Nº 1
de fecha 05 de agosto del 2008, (caso: José Alberto Sánchez Montiel) dictada por la S
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual delimitó lo siguiente:...En sínt
la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resu
por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces (Vid. Sentencia N° 520/2000, del
junio, caso: Mercantil Internacional, C.A.). De manera que dicha garantía constitucional involucra
aspectos, a saber: 1.- El aspecto formal, esto es, que sea un juez con competencia predeterminada e
ley el llamado a decidir sobre el mérito de la causa, pues constituye una máxima del Derecho Proc
que la competencia es un presupuesto de la sentencia y no del proceso, y para ello deben atenderse a
criterios tradicionales de materia, territorio y cuantía que fijan las leyes procesales para su corr
determinación. 2.- El sustancial, que ese juez sea idóneo, independiente e imparcial para que aseg
que será justa y conforme a derecho la decisión judicial. Por tanto, se trata de una gara
jurisdiccional, es decir, inherente al ejercicio de la función de administración de justicia... (Resaltado
Tribunal). Delimitado lo anterior, se estima que no se encuentran dados los supuestos necesarios p
decidir la acción interpuesta; por lo que, resulta forzoso declarar la incompetencia de este Juzg
Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para en
a conocer en primera instancia de la demanda por cumplimiento de contrato interpuesto po
ciudadano JIEHUA ZHENG, titular de la cédula de identidad N° E- 84.291.311, en su condición
representante legal de la firma mercantil INVERSIONES MEGAVÍVERES C.A,; asistido por
abogados WILLIANS GUILLERMO OCANTO BASTIDAS Y GERARDOAMADO CARRILLO
PER
contra el MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, inscrita por ant
de 1983, bajo el N° 34, Tomo 1-E, Registro de Información Fiscal RIF: J-08512511-6; razón por la
no acepta la competencia que le fuera atribuida por el Juzgado Segundo de Municipio Ordinar
Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y as
decide. En razón de lo expuesto y siendo esta instancia judicial la segunda en declararse incompete
resulta forzoso estricto acatamiento a la normativa vigente Código de Procedimiento Civil plantea
conflicto negativo de competencia de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimie
Civil, por considerar que la competencia funcional de la presente acción, debe ser resuelta po
jurisdicción civil ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerz
la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para Uso Comercial, segundo aparte del artí
43, y así se decide…”.

VI
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Asumida la competencia para conocer la regulación oficiosa de competencia plantea

corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decidir a cuál órg
jurisdiccional corresponde el conocimiento del asunto de autos, para lo cual observa:
De la revisión de las actas que conforman el expediente, se advierte que el confli
suscitado es sobre cuál es el tribunal competente para conocer y decidir la demanda
cumplimiento de contrato, interpuesta (demanda) por el ciudadano JIEHUA ZHEN
titular de la cédula de identidad N° E- 84.291.311, en su condición de representan
legal de la firma mercantil INVERSIONES MEGA VÍVERES C.A; contra
MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, inscrita por ante
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha vei
(20) de julio de 1983, bajo el N° 34, Tomo 1-E, Registro de Información Fiscal RIF:
08512511-6; contra el MERCADO MAYORISTA DE ALIMENTOS DEBARQUISIMET
C. A. (MERCABAR).
El artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, señala que: “La competencia po

materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales qu
regula”.
A propósito de la norma legal antes transcrita, la jurisprudencia de la Sala Plena

este Máximo Tribunal ha establecido que “…para poder hallar la naturaleza de la cuestión debatid
sólo se debe analizar el petitum de la demanda, es decir, el objeto mediato de la pretensión, el bien jurídico
se reclama, sino que es necesario coordinarla con la causa petendi o título; esto es, con la relación jurí
sustancial que le sirve de fundamento. Por ello, se hace imprescindible investigar la naturaleza del
pretendido, así como la naturaleza de la Ley sustantiva que la rige, para determinar el conocimiento d
pretensión pueda corresponder a un juez civil, o un juez laboral o administrativo…”. Sala Plena, senten
número 81, de fecha 22 de septiembre de 2008.
En este sentido, esta Sala a fin de resolver lo conducente considera necesario prec
lo siguiente:
En el presente caso, la causa que se analiza, versa sobre una acción civil
cumplimiento de contrato de arrendamiento sobre un local comercial, con fundamento en
establecido en los artículos 1.160 y1.167 del Código Civil venezolano vigente, y el decr
con rango, valor y fuerza de la ley de regulación del arrendamiento inmobiliario para el
comercial fundamentada en los artículos 3, 10, 13, 18, 41 literal K y 43.

En este contexto, verificada como ha sido la competencia de esta Sala Plena,
tratarse de un conflicto surgido entre el Juzgado Superior Civil (Bienes) y Contenci
Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, y el Juzg
Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de
Circunscripción Judicial del Estado Lara, que no tienen un superior común a ellos en el or
jerárquico, corresponde realizar el análisis del asunto, para determinar a cual órgano judic
le corresponde el conocimiento de la pretensión presentada por la demandante, referida
cumplimiento de contrato.
En primer lugar, al analizar el petitum de la demanda, es decir, el objeto mediato d

pretensión, el bien jurídico que se reclama; se patentiza de la revisión de la causa judic
que se perseguía el cumplimiento de contrato de arrendamiento suscrito y firmado entre
accionante y el MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR) C.A, sup
identificado, cuyo principal accionista es la Alcaldía del Municipio Iribarren.
Ahora bien, este tipo de petición (cumplimiento de contrato de arrendamiento de

local comercial), se ubica dentro de las acciones establecidas en el último aparte del artíc
43 del DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN D
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, publicado en la Gac
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014,
textualmente establece:
“Artículo 43. En lo relativo a la impugnación de los actos administrati

emanados del órgano rector en la materia, la competencia judicial en el Á
Metropolitana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo Contenci
Administrativo, y en el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgados
Municipio, en cuyo caso, se les atribuye la competencia especial Contenci
Administrativo en materia de Arrendamientos Comerciales.
El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia
arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la Jurisdicc
Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código
Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión”. (Resaltado de la Sala Plena).

Del contenido del citado artículo, y de lo expuesto en la acción de cumplimiento
contrato de arrendamiento de local comercial, la demanda no tiene por objeto 15/24
historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/febrero/315508-11-8222-2022-2019-000011.HTML “impug
actos administrativos emanados del órgano rector en la materia inmobiliaria” inquilina

sino el cumplimiento del referido contrato de arrendamiento por vía judicial.
En segundo lugar, debe ese petitum, coordinarse con la causa petendi o título; esto
con la relación jurídica sustancial que le sirve de fundamento, y para ello se h
imprescindible investigar la naturaleza del bien pretendido, así como la naturaleza de la L
sustantiva que la rige.
En este sentido, el título o causa petendi, en el caso bajo examen, es el contrato

arrendamiento celebrado entre el demandante ciudadano JIEHUA ZHENG, titular de la céd
de identidad N° E- 84.291.311, en su condición de representante legal de la fir
mercantil INVERSIONES MEGA VÍVERES, C.A., con la sociedad mercan
MERCADO MAYORISTA DE BARQUISIMETO (MERCABAR), C.A, supra identifica
“…cuyo principal accionista es la Alcaldía del Municipio Iribarren, representada p
ese momento por el ciudadano PABLO JAVIER ARCAYA LÓPEZ, quien es venezolano, ma
de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.035.031 y de este domicilio sobre
inmueble consistente de un (1) local comercial, consistente de un (01) galpón comerc
identificado con el N° 1B-03, ubicado en el mercado mayorista de Barquisimeto, cuy
especificaciones y características constan en el CONTRATO DE ARRENDAMIEN
debidamente suscrito por las partes y según le pertenece a la ARRENDADORA según
datos de información colocada en el contenido del referido contrato. La duración
contrato se fijó por un periodo de DOS (02) años convenido entre la fecha 01
SEPTIEMBRE del año 2017 hasta el 31 de AGOSTO de2019, como tiempo de vigencia d
mismo, estableciendo un canon mensual de CUATRO MILLONES…”.
Dicho contrato es el instrumento fundamental de la demanda, y por su naturaleza,

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.133. 1.134, 1.135, 1.136 y 1.137 del Código C
venezolano, cuenta entre sus elementos fundamentales con la emisión del consentimiento:
“Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas p

constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”.

“Artículo 1.134.- El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga
bilateral, cuando se obligan recíprocamente”.

“Artículo 1.135.- El contrato es a título oneroso cuando cada una de las partes trata
procurarse una ventaja mediante un equivalente; es a título gratuito o de beneficen
cuando una de las partes trata de procurar una ventaja a la otra sin equivalente”.

“Artículo 1.136.- El contrato es aleatorio, cuando para ambos contratantes o para
de ellos, la ventaja depende de un hecho casua”.

Artículo 1.137.- El contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta ti
conocimiento de la aceptación de la otra parte. (…)”.

A su vez, el artículo 1579 dispone textualmente lo siguiente:
“Artículo 1.579.- El arrendamiento es un contrato por el cual una de las par

contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble,
cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla.
Se entenderá que son ventas a plazo, los arrendamientos de cosas muebles con
obligación de transmitir al arrendatario en cualquier tiempo la propiedad de las co
arrendadas”.

Ante algún incumplimiento del contrato, el artículo 1.167 del Código Civil Venezol
establece lo siguiente:
“Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta

obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contr
o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere luga
ello”.

Lo antes expuesto, determina con meridiana claridad, que las partes del contrato, a
incumplimientos pueden optar en interponer la acción de cumplimiento de contrato, o
resolución de contrato, incluso interponer conjuntamente la acción de accesoria de daño
perjuicios; así mismo, conforme con la citada norma previstas en el artículo 1.175 del Cód
Civil venezolano, los contratos de arrendamiento contienen entre otras obligacion
prestaciones líquidas y exigibles cuya determinación judicial solo es posible mediante
contradictorio en el proceso judicial.
En el caso sub examine, se accionó ante los Tribunales Civiles, la acción

cumplimiento de contrato de arrendamiento de un local comercial, que a la luz del DECRE
CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIEN
INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, requiere desde el punto de la vista de
acción dilucidar lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto Ley:
“La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establ

entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propieta
administrador o gestor del mismo, y el arrendatario, quien toma dicho inmueble
arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen és
lucro, o no.
Cuando el propietario del inmueble no fuere su arrendador, será solidariame
responsable, respecto de las obligaciones de la relación arrendaticia, conjuntame
con el administrador, gestor, mandante, recaudador o subarrendador, sin perjuicio
los negocios jurídicos que éstos hubieren celebrado o acordado.
La relación arrendaticia genera para las partes un conjunto de obligacione
derechos de carácter personal, en las cuales prevalecerá, en el orden que se indica:
1. Las disposiciones del presente Decreto Ley.
2. Los reglamentos que desarrollen el presente Decreto Ley.
3. Las disposiciones contenidas en instrumentos normativos de rango sublegal,
carácter general, que fueren dictadas por el Ministerio con competencia en materia
comercio, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto Ley.
4. Los contratos, acuerdos o convenciones establecidos de mutuo acuerdo
por
partes, mediante la manifestación fehaciente de voluntad de las mismas. En tal senti
Conforme con la norma comentada o in comento, el objeto del contrato

arrendamiento recayó sobre un local comercial, consistente de un galpón comer
identificado con el N° 1B-03, ubicado en el mercado mayorista de Barquisimeto, cu
especificaciones y características se describen en el CONTRATO DE ARRENDAMIENT
en tal sentido, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamie
Inmobiliario para el Uso Comercial, no derogó por completo al Decreto con Rango, Valo
Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamiento Inmobiliario, ya que, las disposiciones de é
último solamente fueron desaplicadas para la categoría de inmuebles cuyo arrendamie
regula el nuevo Decreto-Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el U
Comercial.
Por ello, a fin de tener certeza sobre cuál ley aplicar a un caso específico se d
atender obligatoriamente a la categoría del inmueble arrendado, lo cual va íntimame
asociado a la naturaleza de la actividad que en él se desarrolle.
En tal sentido, el Decreto-Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para

Uso Comercial, en su artículo 2 señala lo siguiente:

“A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto Ley,
entenderá por ‘inmuebles destinados al uso comercial’, aquellos en los cuales
desempeñen actividades comerciales o de prestación de servicios como parte del g
ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que di
inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmueble
mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que constituyen inmuebles destinados
uso comercial los locales ubicados en centros comerciales, en edificaciones de vivien
u oficinas, o en edificaciones con fines turísticos, de uso médico asistencial distinto
consultorios, laboratorios o quirófanos, o educacional, así como los que forma
parte, sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento. Se presumirán adem
inmuebles destinados al uso comercial los quioscos, stands, y establecimien
similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de manera permanente al inmue
donde funcionan o se ubiquen en áreas de dominio público”.

De la simple lectura del artículo arriba transcrito se verifica que el legisla

claramente quiso darle naturaleza comercial a los inmuebles donde encuentren galpones
no sirvan solo de depósitos, que en el presente caso está destinado a la venta, distribució
comercialización de alimentos al público que forma parte de un inmueble mayor do
funciona un mercado público mayorista, por lo que se concluye que el Decreto con Ran
Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comerc
regula y abarca las relaciones arrendaticias de los bienes inmuebles que se utilicen para ta
fines.
Tal conducta del legislador se complementa con el criterio sostenido y pacífico de

distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia que establece que los contratos
arrendamiento son competencia de los Tribunales Civiles, con independencia de que alg
de los contratantes sea una entidad o ente público, o pertenezca mayoritariamente a alguno
ellos.

“…A criterio de esta Sala, lo procedente en el presente caso es, que la dema
de resolución de contrato de arrendamiento interpuesta por los ciudadanos C.E.R.L
Liz llana Cergelis Rivas León, contra la Policlínica C.V. C.A., se tramitara por
procedimiento previsto en los artículos 859 (http://vlexvenezuela.com/vid/codi
procedimiento-civil-738671045) y siguientes del Código de Procedimiento C
(http://vlexvenezuela.com/vid/codigo-procedimiento-civil-738671045), tal como
dispone el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamie
Inmobiliario para el Uso Comercial (http://vlexvenezuela.com/vid/dicta-rango-fuer
inmobiliario-comercial-512552558).
Es así como ha resuelto la situación la Sala de Casación Civil de este Tribu
Supremo de Justicia, la cual en sentencia N° 710 del 24 de noviembre de 2015 (Ca
E.J.K.), ratificada por la N°419 del 6 de julio de 2016, había señalado lo siguien
Ahora bien, esta Sala Civil en decisión Nº 241, de fecha 4 de mayo de 2015, ca
Impermeabilizadora Larense, C.A., contra Clínica Los Sauces, C.A., en un punto pre
resolvió lo atinente a la competencia para conocer la materia desalojo, cumplimient
resolución de un contrato de arrendamiento de locales comerciales, en los siguien
términos:‘...El caso concreto se trata de una demanda por resolución de contrato
arrendamiento, que versa sobre un inmueble destinado a una actividad comercial,
en este caso es una clínica privada, denominada sociedad mercantil Clínica Los Sauc
C.A.
Esta Sala ha establecido que el conocimiento de las demandas de arrendamie
de inmuebles urbanos y suburbanos, siempre ha estado reservado por ley a
jurisdicción civil, tal y como lo señala el artículo 33 del Decreto con Rango de Fue
de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, el cual establece que “Las demandas
desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro so
alquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga leg
preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de
relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán
sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y
procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimie
Civil (http://vlexvenezuela.com/vid/codigo-procedimiento-civil-73867104
independientemente de su cuantía”. Ahora bien, es necesario destacar que para la fe
en que fue dictada la sentencia recurrida, es decir, el 26 de junio de 2014, ya ha
entrado en vigencia el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, específicamente, el 23 de mayo
2014, según Gaceta Oficial Número 40.418,(http://vlexvenezuela.com/source/gace
oficial-venezuela-1971) el cual pasa a regir las condiciones y procedimientos p
regular y controlar la relación entre arrendadores y arrendatarios, en el arrendamie
de inmuebles destinados al uso comercial, especificados en su artículo 2°. En cuant
la aplicabilidad del mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Regularización del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, establece
Disposición Final.
A los fines de la aplicación e interpretación del presente Decreto
historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/febrero/315508-11-8222-2022-2019-000011.HTML 19/24 Ley,
entenderá por ‘inmuebles destinados al uso comercial’, aquellos en los cuales
ordinario del establecimiento que allí funciona, independientemente de que di

inmueble constituya una unidad inmobiliaria por sí solo, forme parte de un inmue
de mayor magnitud, o se encuentre anexado a éste. Se presumirá, salvo prueba
contrario, que constituyen inmuebles destinados al uso comercial los locales ubica
en centros comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas, o en edificacio
con fines turísticos, de uso médico asistencial distintos a consultorios, laboratorio
quirófanos, o educacional, así como los que formaren parte, sin ser solo depósitos,
un galpón o estacionamiento. Se presumirán además inmuebles destinados al
comercial los quioscos, stands, y establecimientos similares, aun cuando éstos no
encuentren unidos de manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiqu
en áreas de dominio público.
Única, que el Decreto entrará en vigencia desde su publicación en Gaceta Ofic
de la República Bolivariana de Venezuela, y al respecto tendrá efectos inmedia
aplicables a hechos futuros y a situaciones jurídicas en curso luego de su entrada
vigencia. Asimismo, establece dicho Decreto en el segundo aparte del artículo 43,
cuanto a la competencia en materia de arrendamiento comerciales que “.
conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales en materia
arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de la jurisdicc
civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código
Procedimiento Civil (http://vlexvenezuela.com/vid/codigo-procedimiento-ci
738671045) hasta su definitiva conclusión.
Como puede apreciarse, con la sentencia accionada, dictada por el Juzg
Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripc
Judicial del Estado Aragua el 2 de mayo de 2016, se convalidó la aplicación de
procedimiento indebido, contemplado en el artículo 33 de la derogada Ley
Arrendamientos Inmobiliarios (juicio breve), en el que los lapsos son mucho más cor
que los dispuestos en el juicio oral, con lo cual se vulneró de manera flagrante
derecho a la defensa y el debido proceso de la sociedad mercantil POLICLÍNICA C
C.A., parte hoy accionante, a quien, partiendo de una interpretación de carác
restrictivo, y a pesar de haber sido demandada en fecha 27 de octubre de 2015,
excluyó del ámbito de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comerc
(http://vlexvenezuela.com/vid/dicta-rango-fuerza-inmobiliario-comercial-512552558)
que entró en vigencia el 23 de mayo de 2014. En ese sentido, es pertinente citar
señalado por esta Sala en su sentencia N° 5 del 24 de enero de 2001 (Ca
Supermercado Fátima S.R.L.), ratificada, entre otras, por la sentencia N°765/15, en
cual se estableció lo siguiente: Al respecto, es menester indicar que el derecho a
defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y
consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al deb
proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la man
prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los med
adecuados para imponer sus defensas. En cuanto al derecho a la defensa,
Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad p
el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente
alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cua
el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide
participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar activida
probatorias. En el presente caso, como se ha señalado, se dejó de aplicar el artículo
(http://vlexvenezuela.com/vid/dicta-rango-fuerza-inmobiliario-comercial-512552558)
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamie
Inmobiliario para el Uso Comercial (http://vlexvenezuela.com/vid/dicta-rango-fuer
inmobiliario-comercial-512552558), el cual señala que el procedimiento a20/24
seguir
caso de arrendamientos comerciales, será el del juicio oral establecido en el Código
738671045), y por el contrario, se aplicó el procedimiento breve del mismo cue

normativo, pero en el que los lapsos son reducidos, menoscabando así, la posibilidad
argumentar y probar por parte de la sociedad mercantil POLICLÍNICA C.V. C.A.,
como sucedió con la desestimación del escrito que a manera de informes fue present
en la alzada; todo lo cual debe ser subsanado por esta Sala, por estar en juego
integridad de la Constitución, así lo exigen los artículos 334 (
(http://vlexvenezuela.com/vid/constitucion-republica-bolivariana-venezuela-73843827
y 335 (http://vlexvenezuela.com/vid/constitucion-republica-bolivariana-venezue
738438277) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezu
(http://vlexvenezuela.com/vid/constitucion-republica-bolivariana-venezuela-
738438277)...”.

De acuerdo con todo lo expuesto, no queda duda alguna que las demandas
cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, independientemente que una de
partes sea un ente público o empresa pública, corresponde a la jurisdicción civil. Así
decide.
Establecido lo anterior, debe la Sala precisar qué órgano resulta competente p

conocer, de la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento, de la causa content
de la demanda civil bajo estudio.
Resulta evidente que la acción interpuesta no se ubica dentro de las accio

contenciosas administrativas establecida en el encabezado del artículo 43 del DECRE
CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIEN
INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL, sino en su último aparte, señala
expresamente que “…El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales
materia de arrendamientos comerciales, de servicios y afines será competencia de
Jurisdicción Civil ordinaria, por vía del procedimiento oral establecido en el Código
Procedimiento Civil hasta su definitiva conclusión”.
Con fundamento en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, la competencia

órgano jurisdiccional para el conocimiento de una acción se determina por las condicio
fácticas existentes para el momento de interposición de la demanda, sin que pu
modificarse esa competencia, en razón de los cambios que se presenten en el curso
proceso, salvo disposición legal expresa.
Por todo lo expuesto, el caso bajo estudio trata sobre una demanda de cumplimiento
contrato de arrendamiento de un local comercial, cuya competencia jurisdiccio
corresponde a la jurisdicción civil de acuerdo con lo pautado en el último aparte del artíc
43 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN D
ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL; por tal moti
conforme a las normas y la jurisprudencia citadas esta Sala Plena concluye que el juzg
competente al que le correspondería conocer de la presente causa por cumplimiento
contrato, es el Juzgado Segundo de Municipio 21/24
Ordinario y Ejecutor de Medidas
En tal sentido, se Ordena remitir expediente al Juzgado Segundo de Munici

Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial
Estado Lara.

VI
DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, la Sala Plena del Tribunal Supremo
Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela
autoridad de la ley, declara:
1) Su COMPETENCIA para dirimir el conflicto negativo de competencia surgido en
el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Cen
Occidental, con sede en Barquisimeto, y el Tribunal Segundo de Municipio Ordinari
Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lar
2) Que el órgano judicial COMPETENTE para conocer y decidir la presente causa
el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribar
de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
3) En consecuencia se ORDENA remitir el Expediente al Tribunal segundo

Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripc
Judicial del Estado Lara.

Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supre
de Justicia, en Caracas, a los (29) días del mes de septiembre del año dos mil veinti
(2021). Años: 211º de la Independencia y 162 º de la Federación.

ELPRESIDENTE,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

PRIMERAVICEPRESIDENTA, SEGUNDA VICEPRESIDENTA,

LOURDES BENICIASUÁREZ ANDERSON MARÍACAROLINAAMELIACH VILLARROEL


Los Directores,

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES EDGAR GAVIDIARODRÍGUEZ

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ

Los Magistrados y Las Magistradas

ARCADIO DELGADO ROSALES MARCOANTONIO MEDINASALAS

FRANCISCO RAMÓN VELAZ QUEZ ESTÉVEZ ELSAJANETH GÓMEZ MORENO

JESÚS MANUEL JIMÉNEZALFONZO CARMEN ZULETADE MERCHÁN

RENÉ ALBERTO DEGRAVES INOCENCIOANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

JHANNETT MARÍAMADRIZ SOTILLO MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

MÓNICAMISTICCHIO TORTORELLA LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

BÁRBARAGABRIELACÉSAR SIERO FANNY MÁRQUEZ CORDERO

VILMAMARÍAFERNÁNDEZ GONZÁLEZ DANILOANTONIO MOJICAMONSALVO

FRANCIACOELLO GONZÁLEZ MARJORIE CALDERÓN GUERRERO
(Ponente)

CALIXTOANTONIO ORTEGA RÍOS JUAN JOSÉ MENDOZAJOVER

EULALIACOROMOTO GUERRERO RIVERO JUAN LUIS IBARRAVERENZUELA

GRISELL D E LOSANGELES LÓPEZ QUINTERO GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

YANINABEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ CARMEN ENEIDAALVES NAVAS

23/24
El Secretario,

JOHN ENRIQUE PARODY GALLARDO

Exp.: Nº AA10-L-2019-000-005


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18/5/23, 12:14 historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/febrero/315508-11-8222-2022-2019-000011.

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se acompaña a la presente demanda como instrumento fundamental de la acció

las cláusulas establecidas en el CONTRATO DE ARRENDAMIENTO VIGENTE, en

la SOCIEDAD MERCANTIL MERCABAR C.A y “su” representada INVERSION

Señala que (...) se encuentra fundamentada la presente demanda en los Artículos 1.

En fecha 04 de octubre del 2018, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario

Por su parte, en fecha 18 de diciembre de 2018, el Juzgado Superior en lo C

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