Texto 2 Integradora
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Una de las acciones más urgentes era abastecer de agua a los habitantes de las 24
comunidades repartidas en siete municipios que bordean el río afectado. En esa
región los pobladores utilizan el agua del grifo para consumo humano y para sus
actividades agrícolas y ganaderas. La compañía se comprometió a crear 36 plantas
potabilizadoras, pero apenas hay una. Además, en abril pasado la gobernadora de
Sonora, Claudia Pavlovich, anunció que éstas se habían reducido a nueve, lo que ha
incrementado la molestia de los afectados.
A tres años del desastre ecológico, los pobladores siguen buscando la restitución de
sus derechos humanos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. El martes,
ciudadanos afectados por el derrame –agrupados en los Comités de Cuenca Río
Sonora (CCRS)-, anunciaron que ganaron un juicio de amparo con el que demuestran
que dos pozos de la región presentaban contaminación por arsénico y manganeso en
niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Con
esta resolución han demandado a las instituciones de salud estatales (Isssteson) y
federales (Secretaría de Salud e Instituto Mexicano del Seguro Social) por haber
desatendido su salud.
En estos tres años, los afectados que han sido acompañados legalmente por Poder –
una organización que busca fomentar la transparencia de las empresas en América
Latina-- han presentado más de 12 amparos y acciones legales en contra de la
empresa y las instancias de Gobierno involucradas, pero no han logrado el acceso
pleno a la justicia y la reparación del daño. “El Gobierno mexicano ha mostrado poco
o nulo interés en que Grupo México cumpla el compromiso de reparar los daños
causados, y dejó en el abandono las acciones legales que se intentaron contra la
empresa”, señaló la organización en un comunicado.
García Enríquez considera que tanto el Gobierno anterior de Guillermo Padrés (PAN)
y el actual de Claudia Pavlovich (PRI) han sido omisos en sus exigencias a la
federación y a Grupo México. "Este Gobierno estatal y los municipios han sido tibios
para pedirle a la empresa que cumpla lo que prometieron: las plantas potabilizadoras
y el monitoreo de nuestra salud", expone.
La sanción que impuso el Gobierno federal a Grupo México ha sido calificada como
irrisoria por los afectados. En marzo de 2015, la Fiscalía ambiental (Profepa) multó a
la compañía con 23,5 millones de pesos (1,3 millones de dólares), el equivalente al
0,22% del flujo operativo que la empresa tuvo en el tercer trimestre de ese año. El
consorcio es uno de los principales productores de cobre a nivel internacional y tiene
presencia en México, Perú y Estados Unidos. Su dueño es Germán Larrea, el
segundo hombre más rico de México.
https://elpais.com/internacional/2017/08/03/mexico/
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