Modelos de política económica Scientific International Journal™

ORIGINAL ARTICLE
LOS MODELOS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO:
COYUNTURAS Y TRANSICIONES

Dr. Jorge Gurrola García

Doctor en
Derecho
Docente
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Universidad Juárez del Estado de
Durango
Durango, México
jogugalic72@hotmail.com

Resumen
Con el presente manuscrito, se reflexiona acerca de los diversos modelos de política económica
que se han implementado en México, iniciando con el liberalismo en la época del porfiriato, en
donde encontramos una paradoja: hubo crecimiento económico pero no desarrollo social, la
inequidad de la riqueza provocó la extinción del modelo y del régimen. Posteriormente, se
analiza el estancamiento que se vivió posterior a la Revolución, como preludio para llegar al
Cardenismo, en donde el Estado, de la mano de los sectores obrero y campesino, logra superar la
crisis, sentando las bases para el arribo de la industrialización y del “Milagro Mexicano”.
También, se estudia la parte de la crisis económica y social de principios de la década de 1980,
la ineficiente intervención del Estado en el proceso productivo y el rompimiento con el modelo
social, para implementar otro que asegurara equilibrios presupuestales y económicos, el
neoliberalismo.

Palabras claves: modelo económico, liberalismo, socialismo, neoliberalismo

Abstract
With this manuscript, we reflect on the various economic policy models that have been
implemented in Mexico, beginning with liberalism in the Porfiriato era, where we find a
paradox: there was economic growth but no social development, the inequality of wealth caused
the extinction of the model and the regime. Subsequently, the stagnation that was experienced
after the Revolution was analyzed, as a prelude to reaching Cardenism, where the State, in the
hands of the workers and peasant sectors, manages to overcome the crisis, laying the
foundations for the arrival of industrialization and of the “Mexican Miracle”. The part of the
economic and social crisis of the early 1980s, the inefficient intervention of the State in the
productive process and the break with the social model are also studied, to implement another
that will ensure budgetary and economic balances, neoliberalism.

Keywords: economic model, liberalism, socialism, neoliberalism

Vol. 17 No. 1 · January-June 2020 1
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INTRODUCCIÓN

E
l Estado mexicano ha transitado a lo largo de su historia por una serie de
avatares que lo han conducido al establecimiento y transformación de tres
modelos económicos: liberalismo, socialismo y neoliberalismo. En el presente
trabajo se expondrán las coyunturas que provocaron la transición de un estadio a otro, con la
intención de reflexionar en las causas que provocaron las mutaciones correspondientes. Partiendo
de esta premisa, se analizará el gobierno liberal del General Porfirio Díaz, quien logró estabilizar
al país luego de años de convulsión, lo que generó un crecimiento económico importante, aunque
con nimios niveles de desarrollo social para las miles de personas que no fueron, en modo
alguno, beneficiarias de ese bienestar porfiriano. Lo anterior fue sin duda caldo de cultivo para
los promotores de la Revolución de 1910.
Veremos, también, como en la época posrevolucionaria no se cristalizaron los ideales de
la justicia social por la que lucharon miles de campesinos y obreros; los gobiernos no pudieron,
en los hechos, materializar el derecho público subjetivo consagrado en la Constitución como
facultad de exigir al Estado el cumplimiento de las obligaciones sociales emanadas de la
Revolución.
Ya, bajo el gobierno del General Lázaro Cárdenas, las cosas se decantan hacia un modelo
social, su gobierno se caracterizó por el apoyo sin parangón que le brindó a las clases
menesterosas, sin embargo, el modelo duró solo seis años, a partir de 1940 nos encaminamos
hacia el capitalismo. En este periodo, el país reportó crecimientos económicos del 6% anual
promedio pero, a partir de 1970, se observa un decrecimiento, circunstancia que obliga al
gobierno a modificar la política económica intentando darse aire; del desarrollo estabilizador
pasamos al desarrollo compartido.
Finalmente, se abordará la crisis de principios de la década de los 80’s, aquella que
apareció como consecuencia de las malas decisiones y de la inestabilidad macroeconómica que
vivió el país en el periodo del desarrollo compartido, lo que dio paso a la aparición de otro
modelo, más agresivo que el anterior: el neoliberalismo, sistema que propugna por la no
intervención del Estado en la actividad económica, circunstancia que provoca inminentes
desequilibrios sociales.

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EL PORFIRIATO

A
finales de la década de los 1800 y principios de la de 1900, la situación
política, económica y social en México era de verdadera efervescencia,
debido, fundamentalmente, a tres razones: 1. La dictadura de Porfirio Díaz
generaba inestabilidad política, había fuertes presiones para que dejara la presidencia; 2. El
desarrollo económico alcanzado durante el periodo de esplendor del porfiriato comenzaba a
decrecer; y 3. Las condiciones de vida de las clases menesterosas estaban al borde del
paroxismo. Pero vayamos por partes.
Prácticamente, desde 1810 y hasta 1884, México estuvo envuelto en una encarnizada
lucha por el poder; eran constantes las guerras, guerrillas y asonadas, situación que provocó un
nulo crecimiento económico, el campo y la industria no producían, amén de que el comercio y la
inversión extranjera eran inexistentes. Lo anterior trajo como consecuencia la pauperización
extrema de un amplio sector de la sociedad.
Barroy (2005, p. 155) y Campero (2010, p. 87) coinciden en que la situación económica
del país en el periodo que va de la restauración de la República (1867) al término del gobierno de
Sebastián Lerdo de Tejada (1876) era adversa; Barroy señala que el campo no producía, que
había desempleo y que la industria tuvo nimios avances. Por su parte, Campero refiere que los
capitales extranjeros no se atrevían a invertir en México y que la agricultura era consuntiva,
maicera y lírica. Pero, el estado de las cosas comienza a cambiar bajo la égida del General
Porfirio Díaz, quien gobernó México en dos periodos distintos: de 1776 a 1880 y de 1884 a 1911
(en el inter, de 1880 a 1884, fue presidente su compadre, el General Manuel González, apodado
el manco), constituyendo una especie de dictadura ilustrada.
Es dable señalar que el primer periodo de gobierno lo utilizó básicamente para pacificar
al país y sentar las bases para su perpetuación en el poder, mientras que, en el segundo,
construyó la estabilidad política y la paz necesaria para alcanzar la prosperidad sobre la base del
liberalismo económico nacional pero, sobre todo, internacional.
“[…] la estabilidad política, la paz orgánica nacional y el adecuado contexto
internacional coadyuvaron a que durante esos años hubiera en México un impresionante
crecimiento económico: continuó desarrollándose la agricultura de exportación […] gracias al
ferrocarril, la ganadería creció en el norte del país, pudiendo abastecer a poblaciones urbanas
distantes; también crecieron la industria mediana en los ramos textil y papelero, y la minería
industrial […]

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aumentó el comercio, tanto nacional como internacional. De hecho, la exportación de productos

naturales fue superior a la importación de manufacturas, por lo que se consiguió tener un
superávit comercial por primera vez en la historia” (Garciadiego, 2010, p. 216).
Empero, este crecimiento económico no fue, en forma alguna, armónico y sustentable,
presentaba importantes taras de origen que lo hicieron romperse en el último tercio del gobierno
de Díaz, siendo la principal, la excesiva concentración de la riqueza en empresas y personas
extranjeras. En efecto, “…se otorgaron generosas concesiones al capital francés, inglés y
estadounidense principalmente, que llegó a captar casi la totalidad de la minería, el petróleo y
los ferrocarriles, entre otros sectores. Para los últimos años de la dictadura, puede afirmarse que
el 50% de la riqueza del país pertenecía a manos extranjeras” (López, 2009, p. 94). Bajo tales
circunstancias, Garciadiego (2010, p. 217) establece que en la última etapa del periodo porfirista
(el primer decenio del siglo XX) la decadencia fue total, hubo crisis en casi todos los ámbitos de
la vida nacional, siendo comprensible que afectara más a unos que a otros.
Lo anterior es confirmado por Gollás (2003, p. 9) quien, además, establece las causas de
la decadencia:
“Ya en la primera década del siglo XX se observaban señales que hacían predecir el
deterioro de la economía mexicana bajo el régimen porfirista. En particular, la reevaluación (sic)
del peso en 1905 tuvo importantes consecuencias en la economía de los últimos años del
porfiriato. De manera paralela disminuyó también la demanda externa de productos mexicanos,
así como los salarios industriales y el ingreso agrícola per cápita. El salario real se redujo
considerablemente en toda la economía pero, sobre todo, en los sectores agrícola y minero. La
consecuencia obvia de estos acontecimientos fue el deterioro progresivo de las condiciones de
vida de la población.”
Es inconcuso que el sector de la población que mayormente padeció la decadencia de la
economía porfirista fue la menesterosa, quienes ante la falta de apoyo de los gobiernos liberales
del momento, la excesiva explotación de que eran objeto por hacendados y patrones, aunado a la
marcada desigualdad social, pusieron en la palestra de la discusión la necesidad de una justicia
social que les mejorara las condiciones de vida. Esto fue caldo de cultivo para que Madero los
incitara a participar en la Revolución del 20 de noviembre de 1910, como la única forma de
cambiar el modelo de gobierno liberal por otro de naturaleza social, en el que quedaran

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garantizados los llamados Derechos Sociales, conjunto de instrumentos que garantizan,

precisamente, el acceso a la justicia social.

EL RÉGIMEN POSREVOLUCIONARIO

L
a Revolución de las armas duró una década, de 1910 a 1920, a pesar de que
Porfirio Díaz dimitió en 1911, el 25 de mayo concretamente. Hay muchas voces
que señalan que la verdadera guerra comenzó cuando Díaz deja la presidencia,
que es cuando las facciones antes aliadas comienzan a disputarse el poder, al tiempo que los
obreros y campesinos veían como los ideales revolucionarios se desvanecían en el
incumplimiento de las acciones, primero, de Francisco I. Madero y, luego, de Venustiano
Carranza. Existe coincidencia entre Womack (2012, p. 5) y Lomelí (2012, p. 93) respecto a que
la etapa de la historia menos estudiada por historiadores y economistas es precisamente la
década de la Revolución, por lo que realmente no existen datos confiables que confirmen el
comportamiento de la economía, aunque por un mero ejercicio de sentido común debemos
considerar que hubo, sino un retroceso, sí un estancamiento, que comenzó a vencerse una vez
superada la etapa de violencia, lo que ocurre cuando el ejército constitucionalista vence, en
definitiva, a la División del Norte de Francisco Villa y al Ejército Libertador del sur de Emiliano
Zapata.
Aceptando que la economía mexicana no creció en términos agregados durante la década
revolucionaria, para la que no contamos con información confiable, podemos, sin embargo,
afirmar que tuvo una recuperación muy lenta, más bien incierta, en los años veinte, que a partir
de 1926 se vio interrumpida para dar paso a un nuevo período de recesión. Entre 1926 y 1932
México enfrentó problemas políticos y económicos muy severos, que se vieron agravados por la
crisis internacional que se inició a fines de 1929. La política económica del período contribuyó a
agravar la situación, más que a superarla. Las políticas iniciadas en 1932 permitieron iniciar una
incipiente recuperación que comenzó a consolidarse a partir de 1934 (Lomelí, 2003, p. 94).
Hablando del tema económico, debemos considerar que el lapso de estabilidad política
que se vivió después de 1920 provocó una incipiente recuperación de las finanzas y, con ello,
iniciaron las acciones que intentaron dar cumplimiento a las exigencias de justicia social que
demandaba el sector popular de la población. Sin embargo, para 1920, los costos que generó la

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Revolución comenzaron a pasar factura. Aguilar y Meyer (2003, p. 87 y ss.) hacen una especie
de corte de caja de los estragos causados, los cuales se engloban en dos grandes grupos, a saber:
1. La disminución de la población. Entre la guerra, las epidemias y la migración, México
perdió 825 mil habitantes, hecho que sin duda fue factor para que en 1921 la fuerza de trabajo se
redujera en casi 400 mil personas. Según el perfil laboral, trabajaban solo 334 de cada mil
mexicanos, de los cuales 224 lo hacían en el campo.
2. Falta de producción. En lo económico, el costo de oportunidad ha sido calculado en
un 37% en términos de ingresos no producidos; prácticamente todos los sectores de la
economía, con excepción del petróleo que creció increíblemente a un promedio de 43% entre
1910 y 1921, sufrieron un descenso.
Como una lógica consecuencia de la situación planteada, el proceso de asequibilidad a los
Derechos Sociales, que ya estaban consignados en la recién promulgada Constitución, fuera una
utopía; el Estado, como sujeto pasivo u obligado no estaba en condiciones de cumplir con la
carga que se impuso cuando se estructuró como social de Derecho, “…el país enfrentaba
problemas; la insuficiente circulación monetaria, la carestía, escasez y especulación con
productos alimenticios y de consumo…obstaculizaba el desarrollo de la economía del país”
(Barroy, 2005, p. 240), aunado al problema de la falta de mano de obra en la industria, la
minería, el campo y el comercio. Sin embargo, no todo fue negativo, el tema de la educación
merece una mención especial. En este periodo en que Álvaro Obregón fue presidente, el primer
secretario de educación en la historia de México, José Vasconcelos, le dio un importante impulso
al trabajo de alfabetización y de higiene, en la dotación de bibliotecas a los municipios y en el
envío de misiones educativas a lugares apartados (Matute, 2010, p. 238), lo que debe entenderse
como un intento por satisfacer una de las demandas más sentidas de la población.

EL RÉGIMEN SOCIAL EN EL CARDENISMO

L
uego de un sinnúmero de avatares acaecidos durante 14 años, la recuperación
económica comienza a gestarse hacia finales de 1934, ya con el General Lázaro
Cárdenas del Río en la presidencia de la República. Este periodo, conocido en
la historia mexicana como “Cardenismo”, se caracterizó por el sentido social que se le dio al
ejercicio del gasto público.

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En efecto, Cárdenas puso atención especial al renglón del gasto en desarrollo económico
y social; realizó obras importantes de infraestructura en el sector agrícola y llevó a cabo
programas masivos de distribución de tierras. Aun y cuando el crecimiento industrial era la
meta más importante de la política económica, el apoyo fue sobre todo al sector agropecuario.
Los instrumentos de política agrícola incluían recursos crediticios a través de instituciones
especializadas; el establecimiento de precios de garantía y, en particular, inversiones en
irrigación y comunicaciones en las zonas rurales. Para finales del periodo Cardenista, la
inversión agropecuaria representaba casi el 30 por ciento de la inversión pública total (Lomelí,
2012, p. 10).
Así entonces, la recuperación económica en el México Cardenista se cimentó sobre la
base de un régimen con un amplio sentido social, no solo de reconocimiento de los Derechos
Sociales, sino de su materialización en los hechos. A guisa de ejemplo podemos señalar el de la
reivindicación de la vieja querella revolucionaria que Zapata incorporó en el Plan de Ayala: el
reparto agrario. Es importante destacar que la política agraria no se limitó a un simple reparto de
tierras a los campesinos, las acciones fueron encausadas en términos más sólidos y precisos;
hubo una focalizada política de fuertes apoyos al sector campesino, lo cual fue llevado a cabo a
través de un procedimiento ordenado de restitución y dotación de tierras, para luego organizarlos
sobre la base del ejido.
Bajo tal tamiz, el presidente Lázaro Cárdenas repartió durante su sexenio (1934-1940)
alrededor de 20 millones de hectáreas, con lo que benefició a más de 700 mil familias
campesinas. Se crearon, además, como base de la organización comunal, más de 11 mil ejidos.
Para que el deslinde de las tierras fuera ordenado, se creó el Departamento Agrario el 15 de
enero de 1934 (INEGI-A, 2000, p. 61). Como una forma de organización y promoción
campesina al reparto agrario, el General Cárdenas auspició, en 1938, la agrupación de la
totalidad de las ligas de las comunidades agrarias y de los sindicatos campesinos en la
Confederación Nacional Campesina (CNC), cuyo principal objetivo es coadyuvar al acceso de
los campesinos en su conjunto a los beneficios de la justicia social.
Sin demeritar la importancia del tema agrario, el hecho más significativo del periodo
Cardenista lo fueron las expropiaciones, la ferrocarrilera en 1937 y la petrolera en 1938. Con
la primera se inició la construcción y reconstrucción de las líneas férreas para completar la red
ferroviaria nacional, y con la segunda se expropiaron los bienes de 17 compañías petroleras

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extranjeras para crear, el 7 de julio de 1938, Petróleos Mexicanos (PEMEX). El hecho de la

expropiación petrolera debe ser considerado como un claro ejemplo de justicia social; ante la
negativa de las empresas petroleras de obedecer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
que les ordenaba aumentar el salario a sus trabajadores, Cárdenas ordena la expropiación de las
17 compañías petroleras señaladas. Margadant (2007, p. 212) sostiene que, en su conjunto, las
empresas representaban el 93.4% de la producción petrolera mexicana en el año de 1937.
A propósito del agrupamiento organizacional en defensa de los Derechos Sociales, antes
de la aparición de la CNC, en 1936 se funda la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), una organización que propende a luchar por los derechos de los trabajadores. Es
importante señalar que estos derechos ya habían sido reconocidos en la primera Ley Federal del
Trabajo, promulgada el 18 de agosto de 1931.
Para Aguilar y Meyer (2003, p. 154-155), el éxito del crecimiento económico durante el
gobierno de Cárdenas se debió a la alianza que se gestó con los sectores campesino y obrero. La
justicia social lograda con la aceleración del reparto agrario a partir de 1935 y el apoyo que se
dio para resolver las demandas obreras, fueron el punto de inflexión para que la CNC y la CTM
se convirtieran en el pilar del Cardenismo. Esta comunión generó, en gran medida, un
crecimiento económico importante, con lo que se superaron los estragos de la crisis causada por
la Revolución y por la gran depresión de 1929, las cifras históricas así lo reflejan. En términos
reales, el nivel del PIB de 1928 se volvió a alcanzar hasta 1935, fecha a partir de la cual creció
por arriba de los 6 puntos a lo largo de 46 años (INEGI 2000-A). Así entonces, al finalizar el
gobierno del General Lázaro Cárdenas, ocurrido en 1940, el Producto Interno Bruto creció
significativamente en la década, alcanzando los 72,304 millones de pesos, superando con casi 20
millones lo generado en 1930, que fue de 53,212 millones.
Lo anterior sentó las bases para que en el periodo denominado como del “Desarrollo
estabilizador”, también conocido como “El milagro mexicano”, se registraran los mayores
índices de crecimiento económico, lo que sirvió para que el Estado mexicano creara una serie de
instituciones con un amplio sentido social, tendiendo a consolidar los Derechos Sociales como
instrumento de acceso a la justicia social.

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EL DESARROLLO ESTABILIZADOR

E
l periodo comprendido entre los años de 1940 a 1970 es conocido dentro del
andamiaje histórico mexicano como la etapa del “Desarrollo estabilizador”,
aunque también es llamado por no pocos teóricos como la era de “El
milagro
mexicano”. Había concluido el gobierno de Cárdenas y, con él, la vocación social y agraria que
como política implementó el Estado mexicano. La característica principal de estos treinta años
fue el acelerado ritmo de crecimiento que observó la economía en nuestro país; al finalizar la
década de 1940, el balance arrojaba los siguientes resultados: al inicio, el crecimiento era de
72,304 millones de pesos, pero al finalizar la década el crecimiento fue de 128,995 millones.
Lo anterior provocó que, prácticamente, se duplicara el promedio de crecimiento de la
década, al pasar del 3.4% al 6% (INEGI 2000-B, p. 43). Fundamentalmente, podemos señalar
que fueron dos los factores que incidieron en el exponencial crecimiento de la economía
mexicana:
1. El proceso de industrialización que México inició como consecuencia de la Segunda
Guerra Mundial. Dentro de un estudio realizado por el INEGI, denominado: México siglo XX,
panorama estadístico (2000-B, p. 42), “se advierte que la consolidación de los gobiernos
posrevolucionarios permitió la reanudación del proceso de crecimiento económico, “el cual se
vio particularmente estimulado con el imperativo de la sustitución de importaciones, al
reducirse el comercio internacional durante la Segunda Guerra Mundial”.
2. El viraje que los gobiernos posrevolucionarios le dieron al modelo de desarrollo
económico imperante. El escenario mundial planteado en el apartado anterior representó un
punto de inflexión sin parangón, así que se dejaron de lado los grandes ideales revolucionarios
del Cardenismo y se transitó, de una política de Estado eminentemente social y agraria, a otra de
apertura comercial e industrial, en la que lo social pasó a un segundo plano.
Debemos resaltar la evidente atingencia que ocurre entre los dos factores señalados, se
observa una especie de lógica consecuencia entre el proceso de industrialización, a través de la
sustitución de importaciones, y el viraje de la política económica. Las oportunidades para los
países entonces en vías de desarrollo estaban en la industrialización de sus economías. Tello
(2010, p. 66) considera que la “Edad de Oro del Capitalismo”, como llama Angus Maddison -
citado por él mismo- al periodo que va de 1954 a 1970, trajo prosperidad para los 16 países
capitalistas más desarrollados, los que en promedio tuvieron crecimientos de su PIB por persona

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del 4% al año en términos reales, registrando, algunos de estos países, crecimientos

espectaculares, como Japón, cuyo PIB anual por persona creció al 9%, Alemania al 5% e Italia y
Francia de poco menos del 5%.
Como una consecuencia de la globalización en ciernes, los beneficios replicaron
rápidamente a los países llamados en vías de desarrollo, como México, quien “se organizó para
aprovechar las que en materia de comercio, inversión, turismo, crédito y mucha otras cosas más
ofrecía la acelerada expansión de la economía mundial” (Tello, 2010, p. 67). No obstante el
sorprendente crecimiento económico que se registró en la etapa del “Desarrollo estabilizador”,
los beneficios no fueron palmarios para el grueso de la población, por el contrario, los
campesinos y obreros padecieron las consecuencias del nuevo régimen económico, aquellos por
el viraje de marras, y estos, por la ausencia de una política social que les permitiera enfrentar
adecuadamente el proceso de industrialización. Así entonces, podemos señalar que la traslación
del régimen económico expuesto generó severas taras cuando:
“…desplazó duramente el centro de gravedad tradicional de la sociedad mexicana, del
campo a la ciudad. Las filas del proletariado, la burguesía y la clase media crecieron y se
expandieron las ciudades, su ambiente natural. Los incipientes burgueses mexicanos-industriales,
comerciantes y banqueros-, afianzaron su primacía y con el tiempo volvieron a dar cabida al
socio extranjero; tanto, que ya en los años sesenta empezó a ser manifiesta, como en el
Porfiriato, la dependencia industrial mexicana del capital y la tecnología extranjera, en particular
las de origen norteamericano” (Aguilar y Meyer, 2003, p. 192).
Como una forma de superar los desequilibrios que generaron las taras del nuevo modelo,
el Estado mexicano inició un proceso de creación de instituciones sociales con la firme intención
de paliar los efectos causados, a la vez que como una forma de intervencionismo directo en el
nuevo estado de cosas.
Entre 1940 y 1970, el Estado se abocó a participar en el abatimiento de los rezagos
económicos y sociales que provocaron el conflicto armado, induciendo el proceso de
industrialización y el crecimiento económico. Las medidas de política social para elevar el nivel
de vida de la población eran de carácter general, para la población rural por medio de la reforma
agraria y la fijación de precios de garantía para los productos básicos, y para la población urbana
el respeto a los derechos laborales, el mantenimiento de los salarios mínimos y la seguridad
social (Piña y Hernández, 2010, p. 49).

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Siendo la salud uno de los temas de mayor demanda por parte de las nuevas clases
obreras, el 19 de enero de 1943 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley
del Seguro Social, en donde se consigna la obligación a cargo de los patrones de incorporar al
régimen de la seguridad social a sus trabajadores, el cual comprende los seguros de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez,
vejez y muerte, así como cesantía involuntaria en edad avanzada. Con esta Ley, se crea el
organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
para la organización y administración del Seguro Social. Asimismo, se “crearon diversos centros
hospitalarios, como el Hospital Infantil de México y el Instituto Nacional de Cardiología”
(Barroy, 2005, p. 268).
El 30 de diciembre de 1959 se publicó en el DOF la Ley que crea al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), también como un
organismo público descentralizado. El objeto de su creación es la administración de los seguros,
prestaciones y servicios contenidos en la misma Ley en favor de los trabajadores al servicio del
Estado, señalados en el apartado “B” del artículo 123 de la Constitución Política Federal.
En este mismo orden de ideas, otro reclamo constante de los obreros era la actualización
del derecho a la vivienda, consignado en el mismo texto constitucional. Después de una serie de
intentos por su materialización, no fue sino hasta el 21 de abril de 1972 cuando se expide la Ley
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). La forma
en que se hizo realidad el derecho “consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones
patronales del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para
darles la oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean
devueltos” (http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/el+instituto/
el_infonavit/historia).
En materia de educación, el 30 de diciembre de 1946 se reforma el artículo 3°
constitucional para establecer que “la educación que imparta el Estado -Federación, estados y
municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y
fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en
la independencia y en la justicia”
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_041_30dic46_ima.pdf).

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Además, en el mismo rubro de la educación, se le dio autonomía a la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM) e impulso a la educación técnica a través del Instituto
Politécnico Nacional (IPN). Con el mismo sentido de brindar educación, se apoyó la creación de
instituciones de carácter privado; el 7 de marzo de 1943 surgió la Universidad Iberoamericana y,
el 6 de septiembre del mismo año, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
No obstante lo anterior, en la medida en que México alcanzaba el máximo crecimiento
económico y el óptimo desarrollo industrial, las brechas de desigualdad y los cinturones de
miseria crecían. Bajo el aparente estado bienestar nacional se ocultaba un serio colapso
provocado por las malas decisiones en lo económico, pero sobre todo, en lo político, lo que sin
duda golpeó a los más desprotegidos.

LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL

L
a relativa buena marcha que tuvo el país durante los 30 años que duró el
desarrollo estabilizador o milagro mexicano no fue obra de la casualidad, en
gran medida se cimentó en una política de Estado basada en una serie de
compensaciones y acuerdos que el gobierno tenía con los empresarios, con los obreros y con los
campesinos. Tello (2010) señala que a los empresarios se les daba todo tipo de garantías,
incluyendo la intervención del Estado para salvarlas si llegaba el caso de que quebraran; a los
trabajadores organizados el gobierno les ofrecía salarios crecientes, prestaciones de carácter
social como educación, salud y seguridad social, además de algunos subsidios como el control de
precios al transporte urbano, entradas al cine, leche, tortillas, huevo y pan, a cambio de que las
dirigencias mantuvieran las demandas salariales dentro de los límites aceptables. A los
campesinos y ganaderos se les ofrecían garantías a la pequeña propiedad, precios de garantía,
sistemas de almacenamiento, créditos crecientes y apoyos para mecanizar y tecnificar cultivos,
todo a cambio de mantenerse trabajando y en paz.
Pero, a pesar de las compensaciones recibidas, los obreros y campesinos no veían un
mejoramiento real de sus condiciones de vida; los llamados derechos sociales eran inalcanzables
pese al crecimiento económico, así que comenzaron a organizarse para exigirlos; ante la negativa
de los empresarios y la falta de apoyo del gobierno, no tuvieron más remedio que lanzarse a la
calle ejerciendo su derecho de huelga.

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Efectivamente, en 1959 los trabajadores ferrocarrileros se van a la huelga ante la negativa

patronal de proceder a la revisión contractual, en donde uno de los temas más álgidos era el
incremento salarial; en 1964 los médicos hacen lo propio, la huelga enhestaba demandas de
mejores condiciones salariales y de trabajo; y en 1968 los estudiantes protestan por el
autoritarismo del gobierno y exigen un cambio de régimen político. Huelga decir que todos estos
movimientos fueron reprimidos violentamente por el gobierno.
Lo anterior fue el preludio de una serie de huelgas que como alud se suscitaron en los
años 70’s, síntoma de la severa anomia que el Estado padecía. Así entonces, se fueron a huelga:
Nissan, Rivetex, Celanese y Medalla de Oro… en 1973; la General Electric. Cinsa-Cifunda y
Lido en 1974; las Spicer y Manufacturas Metálicas de Monterrey; la de Lacsa de Cuernavaca y
las de Texlamex, Harper Wayman, Cofisa, Searle, Hilaturas Azteca, Panam y Duramil, en
Naucalpan, Estado de México, durante 1975, hasta culminar con la gran marcha electricista del
15 de noviembre de ese año en la ciudad de México (Aguilar y Meyer, 2003, p. 245).
Ante tal escenario, la economía comienza a dar signos de debilidad en 1970, entonces, se
pone en marcha un nuevo modelo, denominado “Desarrollo Compartido”. Bajo este nuevo
estado de cosas, las políticas comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión
extranjera no sufrieron cambios, la transformación se dio de manera radical en la política fiscal y
monetaria, con el propósito de que el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público
(Huerta y Chávez, 2003, p. 63). Así las cosas, a partir de 1970 el gobierno comenzó a utilizar el
gasto público en los procesos de industrialización. Dicho en otras palabras, el Estado se
transformó en el motor que impulsó el crecimiento económico; México se convirtió en un
gobierno empresario, tenía hoteles, compañías de aviación, de telefonía y hasta bancos. Los
resultados que trajo este modelo no fueron positivos en forma alguna, si bien continuó el
crecimiento del país a los mismos ritmos de la década pasada, comenzaron a aparecer algunas
distorsiones económicas hasta entonces poco conocidas, como inflaciones, devaluaciones y
déficit presupuestales, lo que al final del día abrió la puerta para el periodo de crisis que se vivió
de mediados de 1970 y hasta 1980.
El crecimiento económico se mantuvo muy alto entre 1970 y 1980, pero el país había
empezado a endeudarse; primero pidió prestado a los bancos nacionales y, luego, a los
extranjeros. Después tuvo que pagar los intereses y devolver los capitales recibidos. Esto salió
muy caro y debilitó la economía del país. El valor del peso disminuyó tanto que en 1976 sufrió

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una devaluación muy fuerte. Entre 1954 y 1976 se había mantenido en 12.50 pesos, en 1976
pasó a 29 pesos por dólar. La inestabilidad del peso se mantuvo durante los siguientes años […].
En 1982, hubo fuertes devaluaciones y, a finales del año, el cambio llegó a 125 pesos por dólar
(Meyer, 2010, p. 257). Para llegar a este punto, se conjugaron una serie de factores:
1. El crecimiento exponencial de la población. En la década de 1940, la población en
México era de 19,653,552 personas; para 1980 ya eran 66,846,833 personas (INEGI), esto
significa que en 40 años el número de habitantes prácticamente se triplicó.
2. Los problemas de devaluación del peso frente al dólar. En 1982 el peso se devaluó en
121.6% en relación al dólar, lo que repercutió directamente en el crecimiento del PIB, ese año, el
de la devaluación, fue negativo, creció sólo 0.5% (Huerta y Chávez, 2003, p. 64).
3. Los elevados índices de inflación que comenzaban a generarse. Para finales de 1982,
la tasa inflacionaria se ubicó en un escandaloso y alarmante 98.84%, lo que provocó que el
promedio mensual fuera altísimo, 10.68%, cuando a finales de 1970 la tasa era de 4.69%, con un
promedio mensual de 0.85% (http://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?
page=inf&idioma=sp).
Los acontecimientos anteriores trajeron como consecuencia que “los salarios mínimos
reales (descontada la inflación), cayeron en 0.6% promedio anual durante el periodo, y debido a
ello, su poder adquisitivo; en términos de la canasta básica, se redujo a los niveles prevalecientes
a mediados de la década de los años sesenta” (Huerta y Chávez, 2003, p. 64).
Aunado a lo anterior, debemos destacar otros tres aspectos que contribuyeron
enormemente a que la crisis fuera más profunda. El primero fue la apuesta al petróleo como
principal fuente de ingreso; el segundo, el boquete en el déficit presupuestal que como
consecuencia de la política de Estado empresario -más de mil empresas eran propiedad del
Estado en 1985- se tuvo; y el tercero, la excesiva obesidad burocrática que persistía. Si bien la
política social estuvo presente en esta etapa de crisis, lo cierto es que se volvió clientelar, esto es,
los programas o políticas públicas estaban encaminadas a asegurar un voto seguro para el partido
en el poder, sin importar si con ella se lograba disminuir los índices de pobreza que ya
comenzaban a ser preocupantes.
Ante el páramo del escenario, en 1982, provocado por la imposición del mercado exterior
a través de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el

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Banco Mundial (BM), México se vio en la necesidad de mutar el modelo de Estado social por el
neoliberal.

EL NEOLIBERALISMO EN MÉXICO

E
l neoliberalismo es una corriente de pensamiento que surge en Estados Unidos
entre 1980 y 1990; se soporta en la tesis de la no intervención del Estado en los
menesteres económicos. Para los impulsores del neoliberalismo, el mercado
debe regularse conforme a las libres fuerzas de la oferta y la demanda, por tanto, debe existir
libertad de mercado, léase un mercado sin restricción alguna por parte del gobierno. Debemos
señalar que el neoliberalismo pondera una estabilidad económica: bajos niveles de inflación,
controles en el tipo de cambio y disciplina presupuestal, pero además, “en las décadas de los 80 y
90 el neoliberalismo se reafirma como una clara oposición a los excesos, abusos y corrupciones
del intervencionismo estatal, que […] no tiene limitaciones o controles por parte de la sociedad”
(Méndez, 1998, p. 67).
Cadena (2005, p. 200) sostiene que el periodo neoliberal pleno en México es a partir del
1° de diciembre de 1982, cuando llega a la presidencia de la República, Miguel de la Madrid
Hurtado, pero que desde el 10 de noviembre de 1982 -a punto de terminar el sexenio de José
López Portillo- ya nos habíamos decantado por el neoliberalismo, se había firmado una carta de
intención con el FMI en la que México se obligaba a seguir las recetas señaladas por el
multimencionado organismo internacional.
Es dable señalar que el acercamiento que tuvo el gobierno mexicano con el FMI se debió
a la crisis económica que se vivió al iniciar la década de 1980; el país se encontraba al borde del
paroxismo, se estaba en la antesala de caer en moratoria de pago de la deuda externa por segunda
vez en la historia desde la época de Juárez, por lo que se requería dinero para superarla, así que
se pidió un préstamo a este organismo internacional. Resulta pertinente advertir que el FMI
condiciona los préstamos a la observancia de ciertas medidas de libre mercado, dicho en
términos simples, los países que acuden al FMI a pedir prestado tienen que modificar su régimen
económico, deben adoptar el neoliberalismo. Para asegurar el cumplimiento de lo anterior, los
solicitantes deben suscribir una carta de intención en la que se comprometan a hacerlo. Así pues,
los países deben plegarse a las doctrinas y lineamientos trazados por el modelo neoliberal.
Siguiendo a los creadores del modelo, F. Hayek y M. Friedman, podemos destacar las siguientes:

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 Se basa en el principio de laissez faire (dejar hacer).

 La libre competencia del mercado.
 El Estado no debe intervenir en la economía, sólo debe garantizar la libre
competencia del mercado y estimularla.
 La libre circulación de las mercancías, capitales y personas entre los países y,
en consecuencia, evitar tanto el proteccionismo como estimular la apertura
hacia el exterior del comercio y las nuevas inversiones.
 El Estado debe deshacerse de sus empresas y, por lo tanto, debe venderlas a los
empresarios del país y del extranjero.
 Tiene prioridad el mercado mundial, más que el mercado interno.
 Los objetivos básicos de la política económica son el crecimiento económico,
pero con equilibrio financiero, comercial y gubernamental (Méndez, 1998, p. 66).
Como se puede observar, los postulados del régimen neoliberal están encausados a la
libertad absoluta del mercado, tanto en el ámbito industrial como en el comercial, sobre todo
exterior, sin reparar en las afectaciones que puedan generarse a la población, y más, sin que el
Estado intervenga para evitar los desequilibrios sociales al no poder participar en el proceso
económico. Hablamos entonces de un Estado gendarme y mínimo que solo actúa como garante
de la libertad de empresa. En el caso específico del compromiso que debió asumir México ante el
FMI, Cadena (2005, p. 200) menciona que:
“…tiempo después se dio a conocer por la prensa la existencia de un Memorándum
Técnico de Entendimiento con el FMI, que permaneció en secreto, donde se establecían los
verdaderos compromisos del gobierno mexicano con ese organismo internacional… son solo de
orden macroeconómico -manejo de la deuda externa, futuros créditos, déficit del gasto público,
base monetaria, reservas internacionales, tipo de cambio y reestructuración de la deuda externa-
y no hay uno solo que se refiera a aspectos de tipo social, como el combate a la pobreza o el
abatimiento del desempleo. De ello se desprende que el gobierno mexicano, ni el modelo en sí
mismo, tienen interés alguno por la situación concreta de las personas”.
A pesar de la limitante del no intervencionismo estatal que el neoliberalismo establece
como premisa, en México se da una especie de sincretismo entre la prohibición de marras y la
vocación social que la Constitución le impone al Estado mexicano, de tal suerte que existen
programas sociales que intentan abatir la galopante pobreza y los altos niveles de desigualdad

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social. Sin embargo, a partir del 2000, los empresarios se han preocupado por apostarle a las
campañas políticas, esto es, a los candidatos, con lo que de alguna manera tienen asegurado la no
actualización plena en la observancia de los Derechos Sociales, lo que ha contribuido a
incrementar los niveles de pobreza que fueron comentados en el capítulo anterior.

CONCLUSIONES

E
l establecimiento y transición de los modelos económicos en México obedece a
una diversidad de coyunturas internas y externas, tanto en el espectro
económico (producción, distribución), en el político (intervencionismo estatal)
y, desde luego, en el social (revoluciones, revueltas); todas ellas podemos agruparlas dentro de
las inercias propias de los ciclos económicos, en donde se observan crecimientos y
decrecimientos sucesivos.
Sin embargo, bajo la vigencia de cada uno de los modelos económicos que se han tenido
en México, en cada periodo, han ocurrido situaciones muy específicas, lo que permite establecer
diferencias de grado y esencia entre ellas, para luego sentar bases sólidas en el arribo a
conclusiones que trasciendan en el análisis final. Bajo el porfiriato, se observa un ciclo de
recuperación económica, el detonante fue la estabilidad que generó la paz, sin embargo, los
beneficios no se extendieron a todos, la distribución de la riqueza lograda se concentró en muy
pocas manos, hubo explotación y miseria por lo que la economía dependía en gran medida de la
demanda externa, pero cuando esta disminuyó, el nimio poder adquisitivo de la gran masa
popular fue inexistente para activar la demanda interna. ¿El resultado? La caducidad del
liberalismo y la explosión de la primera revolución social del siglo XX, la mexicana de 1910.
Para cuando la Revolución social termina, las cosas no fueron mejor a pesar de que la
Constitución plasmaba una serie de derechos en favor de los miles de obreros y campesinos que
participaron en la lucha; la disminución de la población como consecuencia directa o indirecta de
la guerra trajo como resultado un déficit de mano de obra para reactivar las actividades
productivas. Había que iniciar la reconstrucción del país.
No fue sino hasta el Cardenismo cuando se materializa en los hechos la llamada justicia
social, el reparto agrario, el apoyo al campo, la organización colectiva y las expropiaciones
fueron la punta de lanza para que el país comenzara de nuevo a crecer, lo que demuestra que el

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intervencionismo estatal no es malo, bien conducido puede generar crecimiento, con Lázaro
Cárdenas se alcanzaron los 6 puntos.
Pero, en 1940, se presenta una oportunidad inmejorable para México, la Segunda Guerra
Mundial, paradójicamente, abre la puerta a la industrialización, así que los esfuerzos se
encaminan a promover esta actividad como motor de desarrollo, lo que en los hechos se logró, el
crecimiento alcanzó los 128,995 millones de pesos a un ritmo de crecimiento del 6% anual
promedio. El problema fue que la actividad en el campo se descuidó, a grado de que hubo una
migración excesiva a la ciudad, sin que el Estado previera las consecuencias, los campesinos
dejaron de recibir apoyo y de producir, mientras los obreros comenzaron a padecer las
consecuencias de la industrialización. A pesar de la generación de instituciones con contenido
social, no se pudieron evitar las anomias sociales.
Durante la crisis económica y social se intentó, como medida de prorrogar la
industrialización, el modelo denominado “Desarrollo Compartido”, el preludio fue la severa
crisis económica y social en ciernes. Esto provocó el intervencionismo del gobierno, pero sin
control, lo que agravó aún más la situación; a partir de 1970 se generaron distorsiones graves en
la economía, la falta de mecanismos que sujetaran a los gobernantes hizo que “su
intervencionismo” estuviera sesgado con tintes más políticos que sociales. El clientelismo en su
máxima expresión.
La única manera de salir de la crisis fue implementando el neoliberalismo, modelo que si
bien es cierto nos fue impuesto, no es menos cierto el hecho de que con él se logró reducir la
inflación y el déficit presupuestal, logrando un equilibrio en las finanzas públicas. No obstante,
el neoliberalismo también tiene una cara poco agradable; la apertura indiscriminada al comercio
y la industria ha generado se amplíe aún más la brecha de desigualdades por capital y por
ingreso en México.
Así entonces, ningún modelo puede tildarse de ideal, todos presentan defectos y virtudes.
Ahora mismo se plantea en México una cuarta transformación, lo que incluye la extinción del
neoliberalismo y el regreso al socialismo de los 70’s y 80’s, veremos a finales de 2020 o
principios de 2021, en los resultados de INEGI, si la decisión fue acertada.

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