Diligencias Preliminares
Diligencias Preliminares
Diligencias Preliminares
Introducción
2. El proceso penal
3. Diligencias preliminares
3.2. Plazo
Ahora, una disposición fiscal emitida luego del vencimiento del plazo no
implica una caducidad del mismo, ya que son las reglas procesales las que
determinan cuándo la falta de actividad genera consecuencias
determinadas, sin embargo, ello no quita que el fiscal tenga una
responsabilidad disciplinaria por no observar los plazos que él mismo fijó.
4. Conclusiones
__________________________________________________________
______________
[1]
Correo del autor: flpuchuri@gmail.com.
[2] Jakobs, G. y Cancio Meliá, M. (2003). Derecho penal del enemigo.
Madrid: Thomson Civitas, pp. 33-46; Jakobs, G. (2005). El fundamento
del sistema jurídico penal. Lima: Ara Editores, pp.47-55, 78-83;
[4]
San Martín, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima:
Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, y Centro de Altos
Estudios en Ciencias Jurídicas Políticas Sociales, p. 39.
[5]
San Martín, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones, p. 298.
[6]
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433. Alcances del delito de
lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado
por el Derecho Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su
persecución procesal y condena, fj. 23.
[7]
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fj. 23.
[8]
La Ley contra el Crimen Organizado, Ley 30077, fija reglas y
procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los
delitos cometidos por organizaciones criminales. En su artículo 2 señala
que una organización criminal es una agrupación de tres o más personas
que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura
y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se
crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada
y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves
señalados en el artículo 3 de dicha Ley.
[11]
Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433, fj. 24.
[12]
Casación N° 318-2011-Lima, fj. 2.6-2.9.
[14]
Zúñiga Rodríguez, L. (2016). El concepto de organización criminal de
la ley N° 30077 sobre crimen organizado y el delito de asociación ilícita
del art. 317 CP: Una difícil relación. En: L. Zúñiga Rodríguez. (Dir. a), F.
Mendoza Llamacponcca (Coord.) Ley contra el crimen organizado (Ley N°
30077). Aspectos sustantivos, procesales y de ejecución penal, pp. 33-
78. Lima: Instituto Pacífico. pp. 63.
[15]
Puchuri, F. (2017). Organización Criminal y Banda Criminal, sobre la
importancia de delimitar conceptos a propósito del Decreto Legislativo Nro
1244. IUS 360, http://ius360.com/publico/penal/organizacion-criminal-
y-banda-criminal-sobre-la-importancia-de-delimitar-conceptos-a-
proposito-del-decreto-legislativo-nro-1244/, fecha de consulta 2 de
noviembre de 2018.
[16]
Sánchez Velarde, P. (2009). El nuevo proceso penal, 128-130.
[17]
Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2017/CIJ-116, fj. 8. Tribunal
Constitucional Exp. N° 7624-2005-PHC/TC, fj. 14.
[18]
Este planteamiento ya se conocía, Casación N° 2-2008-Huaura,
Casación N° 144-2012-Ancash, Casación N° 66-2010-Puno y,
recientemente, ha sido confirmado en la Casación N° 528-2018-Lima, fj.
11 y 12. Cabe notar que si sumamos los plazos máximos de las sub fases
de diligencias preliminares y de investigación preparatoria, incluyendo la
pr, tendríamos que la etapa de investigación preparatoria podría durar
hasta 9 años.
[19]
En la Casación N° 528-2018-Lima se fijaron reglas para evaluar la
razonabilidad del plazo.
[21]
El Tribunal Constitucional ha establecido pautas sobre el plazo
razonable, Exp. N° 5228-2006-PHC/TC, fj. 13-19. Además, al analizar el
plazo razonable se deben tomar en cuenta la complejidad del asunto, la
conducta de la autoridad y la actividad procesal de la persona interesada,
Corte IDH. Caso Suárez vs. Ecuador, párr. 72.
[22]
Tribunal Constitucional Exp. N° 04101-2017-PA/TC, fj. 6-9, Exp. N°
04780-2017-PHC/TC, fj. 39 y 56. También Corte IDH. Caso Zegarra Marín
vs. Perú, párr. 146-149.
[23]
Abel Lluch, A. (2016). Diez tesis sobre la valoración de la prueba, dos
propuestas de lege ferenda y un decálogo sobre motivación. Arango,
A. Derecho probatorio y la decisión judicial, (41-69). Medellín:
Universidad de Medellín, p. 46-48.
[24]
San Martín, C. (2015). Derecho Procesal Penal. Lecciones, p. 313