NULIDAD RELATIVA-Generada por la celebración de contrato de compraventa

en el que el representante de la parte vendedora y compradora es la misma persona y

no se obtiene la autorización especial anticipada. Improcedencia de reconocimiento
oficioso ante ausencia de solicitud dentro de las pretensiones. Aplicación del artículo
1743 del Código Civil y 822 del Código de Comercio. (SC451-2017; 26/01/2017)

AUTOCONTRATO-Concepto doctrinal y jurisprudencial. Reiteración de la

sentencia de 26 de enero de 2006. Preceptos que restringen la figura en el Código
Civil y de Comercio colombiano. Estudio de derecho comparado de las legislaciones
francesa, italiana, alemana y portuguesa. La sanción de nulidad absoluta se
encuentra reservada para los supuestos en que está en riesgo el orden público o el
interés superior de un menor de edad. (SC451-2017; 26/01/2017)

PRECEDENTE-Improcedencia de su aplicación cuando el supuesto fáctico de la

sentencia difiere del debatido en el caso concreto. Ausencia de correspondencia
fáctica entre la sentencia del 06 de octubre de 1981, citada por el Tribunal y la
cuestionada en casación por sancionarse con nulidad absoluta la venta en que el
representante de la parte vendedora y compradora es la misma persona. (SC451-
2017; 26/01/2017)

PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO-Prohibiciones y restricciones al

autocontrato dentro del Código Civil y de Comercio. (SC451-2017; 26/01/2017)

En palabra de la Corte “(…) Para responder a la pregunta de si esos negocios están o

no viciados, y de ser así, qué tipo de invalidación les correspondía, la Sala echó mano
de la relación de las normas del Código Civil que restringen el autocontrato y del 839
del Código de Comercio, para extraer de ellas dos principios generales del derecho, a
saber: 1°) No puede el representante, por sí o por interpuesta persona, contratar
consigo mismo en nombre del representado; y 2°) No puede el representante, por sí o
por interpuesta persona, ejecutar actos o celebrar contratos que lo beneficien directa
o indirectamente en perjuicio de su representado, de los que derivó, para el asunto
específico, la nulidad absoluta (…)”

NULIDAD PROCESAL-Falta de configuración de la causal de trámite inadecuado

por encauzarse proceso ordinario por el trámite verbal de que trata el Código General
del Proceso, a partir de la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento
Civil, sin haber entrado a regir el nuevo Estatuto Procesal. Eventos en que se
configura el trámite inadecuado. (SC451-2017; 26/01/2017)

TRÁMITE INADECUADO-Estudio de la irregularidad generada por conducirse

proceso ordinario, luego de practicada la audiencia de que trata el artículo 101 del
Código de Procedimiento Civil, por el trámite verbal del Código General del Proceso
no encontrándose vigente dicha normatividad. Se configura cuando hay una
sustitución integra del procedimiento y no cuando surgen alteraciones de una o
varias fases. Reiteración de las sentencias de 31 de mayo y 16 junio de 2006, 05 de
diciembre de 2008, 4 diciembre de 2009, 20 de agosto de 2013 y 16 diciembre de
2014. (SC451-2017; 26/01/2017)

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA NORMA SUSTANCIAL-Alcance. Reiteración de

la sentencia de 24 de abril de 2012. Indebida aplicación de los artículos 1741 y 1523
del Código Civil que deriva en sanción de nulidad absoluta de contrato de
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

compraventa en que el representante de la parte vendedora y compradora es la

misma persona cuando debían ser aplicadas las normas relacionadas con la figura de
anulabilidad o nulidad relativa. (SC451-2017; 26/01/2017)

TRÁNSITO DE LA LEY-La aplicación anticipada del Código General del Proceso

en ciertas etapas genera una irregularidad que no configura la causal de nulidad
procesal por trámite inadecuado al no sustituirse de manera íntegra el proceso
ordinario. (SC451-2017; 26/01/2017)

Fuente formal:
Artículo 27, 501, 1741, 1743, 1523, 1852, 1854, 1856, 2170 y 2171 del Código Civil.
Artículo 822, 839, 844, 899 y 906 del Código de Comercio.
Artículo 140 numeral 4, 392 y 396 del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 372, 373 y 627 numeral 6 del Código General del Proceso.
Acuerdo No. PSAA15-10392 de 1° de octubre de 2015 del Consejo Superior de la
Judicatura.
Artículo 29 literal c de la Ley 1306 de 2009.
Decreto 1400 de 1970.
Decreto 2282 de 1989.

Fuente jurisprudencial:

Autocontrato:
CSJ SC 006 de 26 de enero de 2006, rad. 1994-13368-01.
CSJ SC 053 de 1º de octubre de 1935, Gaceta Judicial nº 1905 y 1906.
CSJ SC de 30 de septiembre de 1960, GJ CIII.
CSJ SC de 06 de octubre de 1981.

Trámite inadecuado:
CSJ SC de 5 de diciembre de 2008, rad. 1999-02197-01.
CSJ SC de 20 de agosto de 2013, rad. 2003-00716-01.
CSJ SC de 16 junio de 2006, rad. 2002-00091-01.
CSJ SC 062 de 31 mayo 2006, rad. 1990-05525-01.
CSJ SC17175 de 16 diciembre de 2014, rad. 2007-00268-01.
CSJ SC de 4 diciembre de 2009, rad. 2000-00584-0.

Violación directa de la norma sustancial:

CSJ SC de 24 de abril de 2012, rad. nº 2005-00078.

Fuente doctrinal:

Autocontrato:
SPOTA. Alberto. Tratado de Derecho Civil. Tomo I, parte general, volumen 3, Buenos
Aires, De palma, 1957, pág. 975.
ESTRUCH Jesús. Eficacia e Ineficacia del Autocontrato. ADC, tomo LXVI, 2013, fasc.
III., págs. 986 y 987.
Ospina Fernández Teoría General del Contrato y de los demás actos o negocios
jurídicos. G., 4ª ed. Actualizada, págs. 358 a 361.
Rodríguez Pinto, María Sara. Autocontratación y Conflicto de Intereses en el Derecho
Privado Español. Centro de Estudios de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España.
FLUME W., El Negocio Jurídico, pág. 944.
Códigos Civil Alemán.
BGB O Código de Comercio de 1900 de Alemania.
Código Civil Francés de 1804.
Código Civil Italiano de 1942.
Código Civil Portugués.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

Asunto:
Pretende la demandante que se declare de manera principal, relativamente simulado,
el contrato de compraventa celebrado por corresponder a una donación, viciada de
nulidad absoluta por omisión de las formalidades legales, de manera subsidiaria
solicita en principio, se declare la resolución por incumplimiento del pago del precio
pactado y como segunda subsidiaria, la nulidad absoluta del negocio por causa ilícita.
En consecuencia reclama, se ordene la cancelación de la protocolización referida, de
su inscripción y del registro de la hipoteca y la de devolución del predio a la
enajenante con sus frutos civiles. El Juzgado de primera instancia negó las
pretensiones, decisión que fue revocada parcialmente por el Tribunal, que accedió a
la segunda subsidiaria, desestimando las excepciones planteadas respecto de ella y
declarando la nulidad absoluta por objeto ilícito de la compraventa. Contra dicha
providencia la convocada interpuso recurso de casación, proponiendo cinco cargos
con fundamento en las causales 1º y 5º, esto es por nulidad procesal y errores
jurídicos y probatorios. La Corte CASA la sentencia al hallar configurado el error
alegado de indebida aplicación de los artículos 1741 y 1523 del Código Civil al
sancionarse con nulidad absoluta el contrato de compraventa en que el representante
de la parte vendedora y compradora era la misma persona cuando debían ser
aplicadas las normas relacionadas con la figura de anulabilidad o nulidad relativa.

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado Ponente

SC451-2017
Radicación nº 11001-31-03-015-2011-00605-01
(Aprobada en sesión veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis)

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil

diecisiete (2017).

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por

la demandada frente a la sentencia de 4 de febrero de 2014,
proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que Granos
Piraquive S.A. en Liquidación promovió contra Inversiones
Brothers Smith Hej Ltda. y el Banco GNB Sudameris S.A.

3
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

I.- EL LITIGIO

1.- Mediante acumulación de pretensiones, la

accionante solicita declarar:
a.-) En forma principal, que la compraventa de un
inmueble que se dice ajustada entre ella e Inversiones
Brothers Smith Hej Ltda., contenida en la escritura pública
nº 2236 del 20 de septiembre de 2005 otorgada en la
Notaría Treinta y Seis de la capital de la República, es
relativamente simulada por apariencia del acto plasmado,
al corresponder en verdad a una donación, viciada de
nulidad absoluta por la omisión de las formalidades legales.

b.-) Subsidiariamente, la resolución por

incumplimiento en el pago del precio pactado.

c.-) De no acogerse las anteriores, la nulidad absoluta

del negocio, por causa ilícita.

d.-) En consecuencia de la prosperidad de

cualesquiera de las aspiraciones, reclama se ordene la
cancelación de la protocolización referida, de su inscripción
y del registro de la hipoteca que hizo la nueva dueña a favor
del Banco GNB Sudameris S.A., y la devolución del predio a
la enajenante con sus frutos civiles.

2.- Los pedimentos se sustentan en los hechos que a

continuación se sintetizan (folios 39 a 34, cuaderno 1):

a.-) Ramiro Castellanos Martínez celebró la convención

actuando, al tiempo, como representante legal de la

4
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

vendedora y de la compradora, además de ser socios de esta

su hermano y dos sobrinos.

b.-) El 1º de diciembre de 2006, la junta directiva de

Granos Piraquive S.A. revocó el nombramiento a ese
administrador, por inconformidades en su gestión.

c.-) El 14 de noviembre de 2008, la entidad fue

declarada disuelta y en estado de liquidación, porque en
esta misma anualidad dejó de ejercer su objeto social.

d.-) El liquidador no encontró los libros de

contabilidad, por lo que requirió al último gerente para que
se los entregara, sin que cumpliera. El designado en
reemplazo de aquel se vio obligado a viajar a Barranquilla
donde los halló parciales y en desorden.

e.-) Con la revisión de esos documentos constató que

no se registró el pago del precio pactado en la venta,
setecientos sesenta millones de pesos ($760.000.000), no
obstante que la escritura pública contiene una cláusula que
asegura fue entregado “en su totalidad, en efectivo y a
entera satisfacción”.

f.-) El incumplimiento de esa prestación

“desnaturalizó” la compraventa “por ausencia de uno de sus
requisitos esenciales”, y la transformó en una donación
carente de insinuación notarial, pese a que la cuantía
superó los cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

g.-) Ramiro Castellanos Martínez, como gerente de

Granos Piraquive, contaba con «amplias facultades y
ninguna restricción» para contratar.

5
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

h.-) La representación simultanea de los dos extremos

y el parentesco que lo unía con los socios de la compradora
configuró un conflicto de intereses, que hacía indispensable
la consulta o autorización de la junta directiva o la
asamblea de accionistas de la enajenante, previa a la venta,
que por ser omitida la vició de nulidad absoluta por causa
ilícita, puesto que «no tiene un motivo real para su
celebración».

i.-) La adquirente constituyó hipoteca sobre el

inmueble a favor del Banco GNB Sudameris S. A., la cual
fue inscrita.

3.- Notificadas del auto admisorio, las convocadas se

manifestaron así:

a.-) Inversiones Brothers Smith Hej Ltda. se opuso a

las pretensiones y propuso las excepciones de “completa
validez del contrato de compraventa”, “inexistencia de la
causal de nulidad”, “buena fe del comprador”, “ausencia de
poder del apoderado de la parte demandante”, “prescripción
de la acción”, “ausencia de requisitos para configurar la
simulación relativa”, “inexistencia de donación”, “falta de
capacidad para ser parte” e “inexistencia de pruebas de lo
que se afirma y se pide” (folios 70 a 85).

b.-) El banco formuló como mecanismos de defensa los

que denominó: “la hipoteca otorgada en favor del Banco
GNB Sudameris S.A. es un contrato perfecto y nació en legal
forma a la vida jurídica, teniendo plena validez” y “buena fe
registral. El Banco BNG Sudameris es un tercero de buena

6
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

fe. No tuvo participación o injerencia en los hechos […]

denunciados con la demanda” (folios 201 a 205).

4.- El a-quo negó todas las súplicas de la gestora (folios

262 a 269).

5.- El Tribunal revocó parcialmente esa sentencia

para:

a.-) Acceder a la segunda subsidiaria.

b.-) Desestimar las excepciones planteadas respecto de

ella.

c.-) Declarar la nulidad absoluta, por objeto ilícito, de

la compraventa.

d.-) Ordenar a la convocada la restitución del fundo

objeto del negocio con los frutos civiles causados desde la
contestación de la demanda hasta cuando se verifique la
entrega, y

e.-) Disponer las anotaciones de rigor y la condena en

costas en ambas instancias para Inversiones Brothers
Smith Hej Ltda.

Confirmó en lo demás la providencia reprochada.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

Admiten la siguiente síntesis (folios 26 a 42, cuaderno

2):

1.- Están estructurados los presupuestos procesales y

no se observa falencia que invalide lo actuado.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

2.- La petición principal fracasa porque la nulidad

absoluta que se reconocerá compromete de raíz el negocio,
trátese de donación (oculto) o de compraventa (aparente).
En todo caso, no están demostrados los supuestos facticos
de la simulación, máxime cuando la “donación” alegada se
fincó en la falta de pago del precio pactado en la venta,
omisión que no afecta su seriedad sino que genera un
incumplimiento.

3.- Igual sucede con la reclamación resolutoria por

cuanto necesita para su prosperidad, entre otros requisitos,
que el pacto sea válido, lo que se descarta como ya se
anticipó.

4.- En cuanto a la última subsidiaria, de los

certificados correspondientes a la promotora y la recurrente
se desprende que Ramiro Castellanos Martínez intervino en
el acuerdo de voluntades impugnado en nombre de ambas
partes y que no contó con la autorización especial a que
alude el artículo 839 del Código de Comercio, la que era
forzosa aun cuando tuviese facultades plenas para obrar,
omisión que contaminó el acuerdo de nulidad absoluta por
objeto ilícito, como lo dispuso la Corte en un caso que
“ofrece gran similitud”, en el que se trató sobre la validez de
una transacción y una dación en pago ajustado por una
persona natural en nombre de dos sociedades, y donde se
concluyó que “no solo la moral, sino también el derecho,
prohíben terminantemente ejecutar maniobras como las que
se señalan en la demanda originaria de este proceso, las
cuales, de acuerdo con el artículo 1523 del Código Civil,

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

tienen objeto ilícito y son, por lo tanto, absolutamente nulas”

(CSJ SC 6 oct. 1981).

5.- Las excepciones planteadas por la convocada no

son de recibo porque la prescripción extintiva es de diez (10)
años en tratándose de la acción ordinaria, contados desde
la fecha del trato, los que ni siquiera han transcurrido; la
falta de capacidad de la solicitante para ser parte está
desvirtuada con el acervo persuasivo; y las restantes
defensas tuvieron como fin impedir la prosperidad de la
simulación relativa pedida de manera principal y no la
nulidad absoluta establecida.

6.- El vicio detectado implica que las cosas vuelvan al

estado en que estarían de no haber sido ajustado el
contrato; por tanto, no se ordenará reembolso por mejoras,
expensas para la consecución de frutos ni el precio por no
haber sido acreditados, ya que solo un testigo dio cuenta de
este señalando que los hicieron personas naturales diversas
a las partes del litigio y no se demostró que la demandante
consintiera aplicarlo a la compraventa, máxime si la falta de
prueba escrita constituye un indicio grave en contra de su
existencia.

Sí se ordenará la devolución del inmueble objeto del

pacto anulado con sus producidos calculados desde la
contestación dada al libelo, porque su adquirente es
poseedora de buena fe -al no ser infirmada- los que se
tasan con base en el canon de arriendo estimado bajo
juramento, el que no fue controvertido y, por ende, da
convicción.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

7.- Por último, será negada la cancelación del

gravamen hipotecario constituido a favor del Banco GNB
Sudameris y se declarada próspera la defensa que este
denominó «el banco es un tercero de buena fe y no tuvo
participación o injerencia en los hechos denunciados en la
demanda».

III.- LA DEMANDA DE CASACIÓN

Contiene cinco cargos: el inicial por la causal quinta, y

todos los demás por la primera. En el segundo se denuncia
la infracción directa de norma sustancial; en el tercero y
cuarto la presencia de errores de hecho en la apreciación de
las pruebas; y en el final yerros de derecho por desatención
de las reglas probatorias.

El análisis se hará en orden lógico propuesto, por lo

que se comenzará con el concerniente a la nulidad del
proceso, siguiendo y culminando con el segundo dada su
prosperidad.

PRIMER CARGO

Se aduce la causal de nulidad prevista en el numeral

4º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, por
trámite inadecuado.

La censura se explica así:

a.-) El a-quo debió encauzar las pretensiones por el

proceso ordinario previsto en los artículos 396 a 405
ibídem.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

b.-) No obstante, sin fundamento alguno y a partir de

la audiencia de que trata el artículo 101 ejúsdem, aplicó el
verbal consagrado en el Código General del Proceso, sin que
esta compilación legal haya entrado a regir.

c.-) El numeral 6º del artículo 627 del C. G. de P.

establece que la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura determinará la forma gradual en que los
despachos judiciales aplicarán el sistema oral y por
audiencias, previa satisfacción de las necesidades logísticas
y de infraestructura indispensables, lo que no ha sido
implementado.

d.-) El juicio ordinario vigente y el verbal de la Ley

1564 de 2012 son similares en algunas etapas, pero desde
la fase de conciliación cambian completamente los
procedimientos, impactando ostensiblemente el debido
proceso.

e.-) La irregularidad denunciada es insaneable, pues,

“se trata ni más ni menos de la sustitución de todo un
procedimiento”.

CONSIDERACIONES

1.- La peticionaria solicitó, en forma principal, declarar

la simulación relativa de la compraventa en la que ella
aparece como enajenante y la convocada es adquirente. En
subsidio su resolución por incumplimiento en el pago del
precio pactado. Y en defecto de los anteriores, la nulidad
absoluta por causa ilícita porque como representante legal
de las dos partes intervino la misma persona.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

2.- El Tribunal revocó parcialmente el fallo del a-quo,

desestimatorio de todas las pretensiones, y en su lugar
accedió a la última de ellas, ordenó las restituciones
mutuas y condenó a la compradora a las costas de ambas
instancias.

3.- Esta acude a la causal quinta de casación,

aduciendo que el rito está afectado por haber sido tramitado
de forma inadecuada.

4.- El citado motivo de ataque comprende,

necesariamente, la configuración de alguna de nulidad
prevista de manera taxativa en el Código de Procedimiento
Civil y bajo la condición de que, en caso de ser saneable, no
se haya convalidado expresa o tácitamente.

En criterio de la Corte, sólo la que genera un grave

traumatismo para el pleito por su importancia, expresa
consagración legal y ausencia de corrección, justifica que se
ordene la repetición de una o varias etapas que ya se
encuentran superadas (CSJ S. C. de 5 de diciembre de
2008, rad. 1999-02197-01, reiterada CSJ SC de 20 de
agosto de 2013, rad. 2003-00716-01).

En relación con la que aquí se esgrime, trámite

inadecuado de la demanda, la nulidad se configura en el
evento de una suplantación integral o radical del
procedimiento pertinente, y no por la modificación o
preterición de alguna de sus parcelas.

Ciertamente, se ha expuesto que

12
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

Uno de los más transcendentes episodios de nulidad procesal

acontece cuando se incurre en un error de elección sobre el
procedimiento aplicable al caso. De menor entidad son los yerros
que se cometen si elegido correctamente el procedimiento, se
produce una distorsión en el curso de sus etapas, como cuando
se reanuda indebidamente el proceso, se suprimen los
segmentos destinados a las pruebas o los alegatos, no se hacen
bien las citaciones o hay insuficiencia en la representación. Por
disposición del numeral 4º del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, el error de elección del procedimiento a
seguir genera nulidad insaneable, rasgo que lo distingue de
aquel defecto venido de la alteración de alguna de las etapas del
proceso, yerro este que en principio tiene vocación de ser
purgado. Es doctrina reiterada de la Corte que la causal de
nulidad prevista por el citado numeral 4° del art. 140 del C.P.C.,
no opera ante cualquier irregularidad de la actuación procesal,
sino cuando hay un verdadero y total cambio de las formas
propias de cada juicio, es decir, cuando éste se lleva por un
procedimiento totalmente distinto del que corresponde, según la
ley, cual ocurre cuando ‘debiéndose seguir el ordinario se sigue
el abreviado o el verbal, o cuando debiéndose seguir uno de
éstos se sigue el ordinario, etc., es decir, cuando el rito seguido
es uno distinto al que la Ley señala para el respectivo proceso,
no cuando se omite, modifica o recorta alguna de las

etapas de éste...’ (CSJ SC de 16 jun. 2006, rad. 2002-

00091-01 reiterada en CSJ SC17175 16 dic. 2014,

rad. 2007-00268-01. En el mismo sentido, CSJ SC 4
dic. 2009, rad. nº 2000-00584-01. Resaltado ajeno).

Así las cosas, se insiste, el motivo de invalidez

mencionado solo aflora cuando hay una sustitución íntegra
del procedimiento y no cuando surgen alteraciones de una o
varias fases. De allí que esta Corporación haya indicado que
las desviaciones en relación con el procedimiento,

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

“Verbi gratia, cuando se ‘omite, modifica o recorta alguna de las

etapas de éste’, se traducen en simples desarreglos que de suyo
son ‘incapaces...para contaminar el todo’, entre otras razones
porque en ‘últimas habrían podido remediarse a través de la
gestión impugnaticia’” (CSJ SC-062 31 may. 2006, rad. nº 1990-
05525-01).

5.- Tienen relevancia para la decisión que se está

tomando, los siguientes hechos:

a.-) Que a la demanda cuyas pretensiones se

estimaron en más de noventa (90) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, el Juzgado Quince Civil del Circuito de
Bogotá ordenó tramitarla por el ordinario de mayor cuantía
previsto en el Código de Procedimiento Civil (fl. 41, C. 1).

b.-) Que de la contestación y excepciones propuestas

por las convocadas, se corrió el traslado previsto en los
artículos 108 y 399 del Código de Procedimiento Civil (fls.
70 a 85, 201 a 206 y 207 vto).

c.-) Que el funcionario citó a las partes y sus

apoderados para la audiencia del artículo 101 de la misma
obra (11 de diciembre de 2012), fl. 208.

d.-) Que en la fecha programada, se realizó la

“audiencia inicial” del artículo 372 del Código General del
Proceso, con transcripción escrita de lo ocurrido y
agotamiento de las fases de conciliación, control de
legalidad, fijación del litigio, excepciones previas y decreto
de pruebas (fls. 211 a 213).

e.-) Que posteriormente y en varias sesiones,

reproducidas mecánicamente, el juzgador celebró la

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

“audiencia de instrucción y juzgamiento” del precepto 373

ibídem:

1°) El 24 de junio de 2013 recibió testimonios (fls. 225

a 230).

2°) El 22 de julio siguiente escuchó los alegatos de las

partes (fls. 250 a 261).

3°) El 9 de agosto de esa anualidad dictó sentencia (fl.

267).

4°) El 16 postrero se complementó el fallo y se

concedió la apelación planteada por la actora (fls. 262 a
269).

f.-) Que el ad-quem admitió, tramitó y resolvió la

apelación conforme a los artículos 350 a 362 del C. de P.C.
(cuaderno 2).

6.- No prospera la acusación por cuanto:

a.-) El trámite examinado, observado con cuidado su

desarrollo, no fue suplantado en su totalidad por uno
distinto al del ordinario de mayor cuantía del Código de
Procedimiento Civil.

Esto, si se repara en que se le impartió el cauce

previsto en los artículos 396 y siguientes del compendio en
mención; que en virtud del mismo se citó a la audiencia
preliminar; y que si bien es cierto, el juzgador de primera
instancia optó por agotar en audiencia y con invocación del
Código General del Proceso todas las fases y actuaciones
subsiguientes (instrucción, alegaciones y fallo), a la plenitud

15
 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

del ordinario se retornó, inequívocamente, al surtirse el

segundo grado ante el Tribunal.

b.-) En verdad que resulta cuestionable que el a-quo

hubiera citado y aplicado en las audiencias que realizó,
preceptos no vigentes para esa época, en concreto, los
artículos 372 y 373 del de la Ley 1564 de 2012, que en su
orden regulan la “audiencia inicial” y la “audiencia de
instrucción y juzgamiento” para el “proceso verbal”.

Conviene aclarar, en tal sentido, que la fuerza de esas

normas sólo se hizo efectiva con ocasión de la expedición
del Acuerdo No. PSAA15-10392 de 1° de octubre de 2015,
emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, que en su
artículo 1° señaló que “El Código General del Proceso
entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país
el día 1º de enero del año 2016, íntegramente”.

Recuérdese, además, que la vigencia de ese estatuto

fue escalonada. En un primer momento, 12 de julio de
2012, fecha de la promulgación de la ley, ingresaron los
cánones 24, 30 numeral 8 y parágrafo, 31 numeral 2, 33
numeral 2, 206, 467 y 610 a 627; en el segundo, 1° de
octubre del precitado año, los artículos 17 numeral 1, 18
numeral 1, 20 numeral 1, 25, 30 numeral 8 y parágrafo, 31
numeral 6 y parágrafo, 32 numeral 5 y parágrafo, 94, 95,
317, 351, 398, 487 parágrafo, 531 a 576 y 590; y en el
tercero, 1° de enero de 2016, el resto, conjunto en el que
están insertas las disposiciones invocadas por el juzgador
en las audiencias de que aquí se trata, celebradas entre el
21 de marzo de 2013 y el 9 de agosto ulterior.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

c.-) De ese proceder, que comporta en verdad una

irregularidad por anticipar la aplicación de una ley procesal
no vigente, la Corte no deduce la configuración del vicio
esgrimido, en la medida en que el descarrío no trocó
completamente los estadios propios de la tramitación
ordinaria, sino apenas un segmento de los mismos, y si se
quiere, la diferencia la hicieron el decreto de pruebas, la
presentación de los alegatos y el proferimiento de la
sentencia, que se agotaron sí, pero en audiencia, y no por el
medio escritural.

En los demás, a pesar del yerro de invocación

normativa mencionado, las fases de conciliación,
saneamiento, excepciones previas, fijación del litigio y
práctica de pruebas, se surtieron de la manera prevista
para el proceso ordinario gobernado en el Código de
Procedimiento Civil; esto es, en “audiencia” o con el uso de
la oralidad, que no es ajeno a esta normatividad, pues, para
la práctica de las probanzas ya se preveía desde el Decreto
1400 de 1970, y se afianzó en el Decreto 2282 de 1989, con
la denominada audiencia preliminar.

d.-) Así las cosas, la nulidad alegada no está

estructurada porque, se repite, el devenir procesal en su
mayoría fluyó por el “ordinario de mayor cuantía”, y la
infracción cometida, de contera, por mandato del parágrafo
del artículo 140 del C. de P.C., debió ser criticada a través
de la interposición de los recursos pertinentes, y como ello
no aconteció, se entiende superada, máxime cuando el
núcleo esencial del debido proceso se respetó, al permitir a
las partes, en igualdad de condiciones, la solicitud de

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

pruebas en procura de sus intereses, al posibilitar su

intervención en la práctica de ellas, al viabilizar la
formulación de alegaciones y al garantizar la impugnación
del fallo emitido.

7.- En consecuencia, el ataque no prospera.

SEGUNDO CARGO

Acusa la vulneración directa por omisión de los

artículos 1, 2, 10, 20, 838, 840, 900, 906 numerales 4 y 7
inciso 2 (sic), 1625-10, 1743, 1750 y 2535 del Código Civil;
de los preceptos 6, 501, 1523, 1741, 1854, 1856, 2170 y
2536 de la misma obra por indebida aplicación; y por ésta
misma razón de los cánones 822, 839 y 1274 del Código de
Comercio y el 8º de la Ley 153 de 1887.

Expone, en sustento, lo siguiente:

1.- El Tribunal trajo al caso el artículo 839 del

ordenamiento mercantil, para concluir que se concretó la
hipótesis del auto-contrato, situación que le condujo a
declarar, equivocadamente, que el negocio estaba viciado de
nulidad absoluta, en razón de que el ordenamiento jurídico
(artículos 6, 1523 y 1741 del Código Civil) previene tales
conductas con esa sanción, como respuesta concreta a la
transgresión de los principios generales del derecho que
consagra el precepto 8° de la ley 153 de 1887.

2.- Aún aceptándose -que no se hace- la transgresión

del aludido artículo comercial, la sanción apropiada no
sería la nulidad absoluta establecida por el ad-quem, sino la
prevista en el numeral 4º e inciso final del 906 ib., esto es,

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

la anulabilidad del acto, por tratarse de un precepto

especial para compraventas comerciales.

3.- Si el representado puede autorizar a su delegado

para que contrate consigo mismo, omitir ese permiso no
configura un objeto ilícito en los términos del artículo 1523
del Código Civil, de donde se extrae que la previsión
incumplida es «una norma de carácter supletorio y no
imperativo».

4.- Además, si el ad-quem concluyó que estaba frente a

un autocontrato, debió emplear el artículo 838 del estatuto
de los comerciantes y no los que invocó, sendero que lo
hubiera llevado a la conclusión, de nuevo, de estar frente a
un acuerdo viciado de nulidad relativa o rescindible.

5.- Fue aplicada la legislación civil y no la mercantil, a

despecho de la naturaleza de los intervinientes en el
acuerdo de voluntades y de este mismo. Pero aun si se
resolviera el conflicto con base en aquella, la nulidad
relativa sería la sanción correcta por mandato de su
artículo 1743, lo que de paso implicaría que la prescripción
excepcionada es próspera, puesto que el término para que
opere es de cuatro (4) años y no de diez (10), y porque entre
la fecha de celebración del contrato y la presentación del
libelo transcurrió más de un lustro. Es más, el lapso
prescriptivo para los convenios comerciales anulables es de
dos (2) años, conforme al artículo 900 del C. de Co.

CONSIDERACIONES

1.- En la segunda pretensión subsidiaria, se pide la

nulidad absoluta por causa ilícita del convenio atrás

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

mencionado, basada en que ambos extremos contractuales

estuvieron representados por igual persona, quien no
obtuvo aprobación previa y específica de la vendedora.

2.- El ad-quem accedió a esa súplica, al advertir que la

conducta desplegada por el administrador de las sociedades
involucradas vició el contrato de objeto ilícito, al no contar
con la autorización previa exigida por el artículo 839 del
Código de Comercio.

3.- La recurrente apoya su descontento en el

quebrantamiento directo de las normas sustanciales que
relaciona, porque, en su sentir, de haberse configurado la
infracción declarada, la sanción aplicable era la
anulabilidad o nulidad relativa, por cuyo camino la
prescripción alegada se estructuraría.

4.- Cuando se invoca la afectación directa de la ley

sustancial, debe partirse de la aceptación íntegra de los
hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que exista
campo para disentir de los medios de convicción
recaudados, por cuanto el embate debe estar dirigido a
derruir los falsos juicios de las normas que gobiernan el
caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se
equivocó al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da
una interpretación ajena a su alcance.

Al respecto tiene dicho la Corte que

al acudir en casación invocando la violación directa de la ley

sustancial, se debe partir de la aceptación íntegra de los hechos
tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear
inconformidad alguna relacionada con los medios de convicción
recaudados, debiéndose limitar la formulación del ataque a

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas

sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de
aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación
indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles
efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se
acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen,

presentándose una interpretación errónea (CSJ SC 24 abr.

2012, rad. nº 2005-00078).

5.- En los autos se encuentran demostrados los

siguientes hechos que tienen incidencia en la decisión que
se está adoptando:

a.-) Que mediante la escritura pública nº 2236 del 20

de septiembre de 2005 de la Notaría Treinta y Seis de
Bogotá, Granos Piraquive S.A. vendió a Inversiones Brother
Smith Hej Ltda. el inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria nº 50C-39319 (fls. 14 a 19, c. 1).

b.-) Que en ese acto las dos partes estuvieron

representadas por Ramiro Castellanos Martínez, en
condición de gerente de ambas (fls. 19 a 20, 190 a 192 y
231 a 236).

c.-) Que dentro del objeto social de la vendedora

estaba, entre otros, el de «enajenar, arrendar, gravar y
administrar en general lo bienes que componen el patrimonio
social» y que su procurador no tenía restringidas las
facultades (fl. 2 a 4).

d.-) Que este no obtuvo la autorización especial a que

alude el artículo 839 del Código de Comercio, expedida por
la entidad enajenante.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

6.- El autocontrato, autoacto o contrato consigo mismo

se configura, según descripción acuñada por la propia Corte,
cuando un acuerdo de voluntades es celebrado

«con la participación de un único sujeto, quien interviene en él con

diversas calidades jurídicas, bien porque funge como
representante de todas las partes comprometidas, bien
porque es el representante de una de ellas, frente a la cual,

correlativamente, es cocontratante a nombre propio» (Resaltado

adrede. CSJ SC-006 26 ene. 2006, rad. nº 1994-13368-

01).

El fenómeno del autocontrato, que como se resaltó y lo

corrobora la doctrina incluye los casos “cuando existe la
doble representación” (SPOTA. Alberto. Tratado de Derecho
Civil. Tomo I, parte general, volumen 3, Buenos Aires, De
palma, 1957, pág. 975), ha concitado, en el ámbito del
derecho privado, una preocupación constante por hallarse
estrechamente relacionado con conflictos de intereses o
situaciones económicas de confrontación, que son las que lo
deslegitiman o contaminan.

En el contrato consigo mismo una persona, bien por

virtud de la representación legal o de la contractual, vincula
con su única voluntad dos patrimonios distintos con
expectativas diferentes, de manera que el beneficio o
ganancia que se reporta para uno irá en desmedro o
perjuicio del otro (ESTRUCH Jesús. Eficacia e Ineficacia del
Autocontrato. ADC, tomo LXVI, 2013, fasc. III., págs. 986 Y
987).

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

Claro que es propio de las convenciones

sinalagmáticas la colisión de intereses, que es la que en
últimas propicia una verdadera y mejor negociación entre
los directos involucrados. Sin embargo, la controversia que
ocurre en los autoactos es diferente, porque el
representante o mandatario no puede, en principio,
satisfacer dos intenciones o expectativas opuestas, pues,
media materialmente una sola voluntad, la suya. Si
beneficia el interés de uno de sus agenciados, perjudica el
del otro o el propio, resultando problemática la situación.

7.- La respuesta que a la cuestión descrita se ha dado

en el derecho comparado no es uniforme, pudiéndose
identificar, grosso modo, dos corrientes o maneras de
aproximación: la primera la del código civil francés de 1804
y la segunda la de los Códigos Civil y de Comercio alemán.

a.-) En el Código de Napoleón y los que siguen su

orientación, como el chileno y colombiano, no existe una
normativa que regule de forma general y sistemática el
autocontrato y los conflictos de intereses que este puede
provocar; aparecen sí, dispersas, preceptivas sobre ciertas
prohibiciones y restricciones para el ejercicio de la
representación que cumplen los padres, tutores, curadores
y mandatarios, punto sobre el que la doctrina patria ha
coincidido en afirmar que

Nuestro Código Civil, a imitación de sus modelos, no contiene

una reglamentación general del autocontrato, bien sea para

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

admitirlo, o bien para proscribirlo. Pero de sus varios textos

referentes a él, ubicados especialmente en la administración de
las guardas y del mandato, se infiere que la figura sí fue acogida
como una construcción viable en lógica jurídica, si se quiere como
una especie contractual sui generis, aunque excepcionalmente
prohibida en ciertos casos y, en otros, sometida a precauciones
enderezadas a conjurar un peligro eventual para los intereses

del representado (Ospina Fernández Teoría General del

Contrato y de los demás actos o negocios jurídicos. G.,

4ª ed. Actualizada, págs. 358 a 361).

El Código Civil colombiano, en concreto, disponía en el

artículo 501, refiriéndose a la administración de tutores y
curadores de incapaces, que

Por regla general, ningún acto o contrato en que directa o

indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o
cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, o de
sus padres o hijos naturales, o de sus hermanos legítimos o
naturales o de sus consanguíneos o afines legítimos hasta el
cuarto grado inclusive, o de su padre y madre adoptantes o hijo
adoptivo, o de alguno de sus socios de comercio, podrá
ejecutarse o celebrarse sino con autorización de los otros tutores
o curadores generales que no estén implicados de la misma
manera, o por el juez o prefecto en subsidio. Pero ni aún de este
modo podrá el tutor o curador comprar bienes raíces del pupilo o
tomarlos en arriendo; y se extiende esta prohibición a su cónyuge
y a sus ascendientes o descendientes legítimos o naturales,
padres adoptantes o hijo adoptivo.

Ese precepto fue derogado por la Ley 1306 de 2009,

pero preservó como obstáculo para el curador el de

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

(c)elebrar cualquier acto en el que tenga algún interés el mismo

curador, su cónyuge, sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o de cualquier manera dé
lugar a conflicto de intereses entre guardador y pupilo.»

Adicionalmente, allí se reguló que (l)os actos en los que el

guardador, su cónyuge o sus parientes tengan interés, serán
celebrados por un guardador suplente o especial designado por
el juez y, en todo caso, requerirán autorización especial» (art. 92,
literal c).

En concordancia, el artículo 1856 del estatuto civil

indica que

(l)os mandatarios, los síndicos de los concursos, y los albaceas,

están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que
hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo
dispuesto en el artículo 2170», a cuyo tenor (n)o podrá el
mandatario por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas
que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al
mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con
aprobación expresa del mandante.

A su vez, el inciso inicial del 1854 dispone que

(a)l empleado público se prohíbe comprar los bienes públicos o

particulares que se vendan por su ministerio; y a los magistrados
de la Suprema Corte, jueces, prefectos y secretarios de unos y de
otros, los bienes en cuyo litigio han intervenido, y que se vendan
a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública
subasta.

Aparece en la codificación en mención, igualmente,

una norma que especifica la sanción para el autocontrato,

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

como el 1852 que determina que “Es nulo el contrato de

venta […] entre el padre y el hijo de familia”; y otra que lo
permite como el 2171, relativo al mandato, que expone que
el mandatario “Encargado de tomar dinero prestado, podrá
prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a
falta de esta designación, al interés corriente…”.

Esa dispersión normativa ha llevado a que frente a

situaciones de contrato consigo mismo, la conclusión sobre
el reconocimiento o sanción jurídica no sea la misma. En
efecto:

1°) En relación con el autocontrato del artículo 2170

ibídem, en un primer momento la Corte explicó que “ Ya se ha
dicho que la dualidad prohibida por el artículo 2170 no engendra nulidad
absoluta. Apenas relativa. Tal precepto mira al interés particular del

mandante más bien que al interés público.» (CSJ SC-053 1º oct.

1935, Gaceta Judicial nº 1905 y 1906).

2°) Más tarde, analizando el mismo precepto, pero bajo

circunstancias que tildó de especial gravedad, contrarias al
recto obrar y con posible secuela penal, la Sala expuso en
CSJ SC. de 30 sept. de 1960, GJ CIII, que

Las hipótesis normales directamente previstas por el art. 2170 del

c.c. se mueven en el campo de la buena fe, sin desviación alguna
que conduzca a error de conducta imputable al mandatario, y
menos a fraude o dolo de su parte. Mas puede suceder que el
comportamiento erróneo del mandatario revista características de
especial gravedad, en contravención del depósito de confianza
recibido de mandante. Y podría acaso buscar paliativo a su dolo
con el disimulado propósito de colocarse al amparo del referido
artículo 2170, para evitar de soslayo el imperio de leyes de
trascendencia social más acentuada todavía. La finalidad del

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

texto relativamente prohibido está en función de la naturaleza

jurídica del contrato a que se aplica, fundado esencialmente en la
confianza que ha de gobernar las relaciones recíprocas entre
mandante y mandatario. Y no rebasa el campo donde actúan los
intereses privados de las partes, sino cuando se demuestre que
en determinadas circunstancias se comprometen además el orden
público o las buenas costumbres. Ya entonces, claro está, no
queda al arbitrio del mandante hacer bueno, con su aprobación,
aquello que atenta a las bases mismas de la sociedad […] Si el
mandatario compra para sí, directamente o por interpuesta
persona, lo que el mandante le ha ordenado vender, o suministra
de lo suyo aquellas cosas que le ha encomendado comprar, se
descubre abuso, malicia en el proceder o cualquier género de
fraude, la ilicitud interviniente afecta por esencia la formación del
negocio jurídico proyectado contra el orden público o las buenas
costumbres, a tal punto que acaso llegue al extremo de configurar
el delito de abuso de confianza. Cuando hay ilicitud de objeto o
causa el ordenamiento civil decreta nulidad absoluta del negocio
por falta de elementos esenciales. Porque si el objeto de la
obligación consiste en el hecho que el deudor toma a su cargo
ejecutar, y ese hecho es de suyo imposible por contrario al orden
público o a las buenas costumbres, la obligación está privada de
eficacia y el contrato no puede subsistir por falta de objeto. Y si la
obligación de una de las partes es ineficaz por ilicitud, resulta
inepta para causa la recíproca en los contratos bilaterales como la
compraventa, de donde también, y más estrictamente, por causa
ilícita en razón de motivo que induce al contrato, el negocio jurídico
no puede mantenerse, en cuanto falta la reunión de los elementos
que son de su esencia […] La completa ineficacia que se examina,
no surge directa ni exclusivamente del art. 2170, sino de la
conexión concreta y vinculante de la hipótesis con la prohibición
del art. 1516, que genera objeto ilícito y nulidad absoluta en
conformidad con los arts. 1523 y 1740 del c. civil, todo ello para
declarar absolutamente nulos varios contratos de compraventa de

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

inmuebles del mandante, celebrada por mandatario suyo a favor

de un hijo suyo.

3°) En providencia atrás citada, de 6 de octubre de

1981, esta Corporación trató un pleito cuyos hechos no
encuadraban, propiamente, en las hipótesis de
autocontrato, toda vez que allí, como quedó condensado

“William D. Meyers es socio de Arcicol con un 50% del interés

social y que es también socio de Sonoita con un 99% del mismo
interés; que es gerente de Arcicol y que, como tal, ejecutó actos
jurídicos [anticresis, dación en pago y transacción] que
culminaron con la enajenación de los activos fijos de Arcicol a
favor de Sonoita, actos que beneficiaron a Meyers en proporción
de un 99%, en tanto que perjudicaron gravemente a Arcicol y a
Ochoa Estrada, como socio de esta sociedad en un 50%”.

Para responder a la pregunta de si esos negocios están

o no viciados, y de ser así, qué tipo de invalidación les
correspondía, la Sala echó mano de la relación de las
normas del Código Civil que restringen el autocontrato y del
839 del Código de Comercio, para extraer de ellas dos
principios generales del derecho, a saber: 1°) No puede el
representante, por sí o por interpuesta persona, contratar
consigo mismo en nombre del representado; y 2°) No puede
el representante, por sí o por interpuesta persona, ejecutar
actos o celebrar contratos que lo beneficien directa o
indirectamente en perjuicio de su representado, de los que
derivó, para el asunto específico, la nulidad absoluta, al
estimar que “no solo la moral, sino también el derecho,
prohíben terminantemente ejecutar maniobras como las que
se señalan en la demanda originaria de este proceso, las

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

cuales, de acuerdo con el artículo 1523 del Código Civil,

tienen objeto ilícito y son, por lo tanto, absolutamente nulas”.

b.-) La segunda corriente de acercamiento al tema de

la autocontratación y el conflicto de intereses está en los
modelos estandarizados a partir de las codificaciones
alemanas, que se alejan de la dispersión normativa y
condensan en un único texto un principio general que
informa todo el ordenamiento (Una explicación detallada se
encuentra en Rodríguez Pinto, María Sara.
Autocontratación y Conflicto de Intereses en el Derecho
Privado Español. Centro de Estudios de Registradores de la
Propiedad y Mercantiles de España).

El BGB o Código de Comercio de 1900 contiene en el

artículo 181 una prescripción de alcance amplio al
establecer que “Salvo autorización en contrario, el
representante no podrá celebrar en nombre del representado
negocio jurídico ninguno consigo mismo, ya obre en nombre
propio o como representante de tercero, a no ser de que el
negocio jurídico de que se trate consista exclusivamente en el
cumplimiento de una obligación”.

De la misma estirpe son el Código Civil italiano de

1942, el portugués de 1966 y el de Comercio de Colombia
de 1971, este último que en su artículo 839 trae una
disposición similar a la del BGB, indicando que “No podrá el
representante hacer de contraparte del representado o
contratar consigo mismo, en su propio nombre o como
representante de un tercero, salvo expresa autorización del
representado”.

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

El mentado estatuto germano no consagra ninguna

sanción para el autocontrato; sin embargo, la doctrina ha
entendido que la convención así celebrada no sería nula
sino ratificable (FLUME W., El Negocio Jurídico, pág. 944).

En Italia y Portugal no cabe discusión, por cuanto los

artículos 1394 y 1395 del Codice Civile y el 261 del “Código
Civil”, respectivamente, establecen expresamente la
anulabilidad. Ilustra lo dicho, en ese sentido, lo que el
jurista italiano Luigi Cariota Ferrara apuntó sobre la
materia en su obra “El Negocio Jurídico”:

Para comprender la esencia de contrato consigo mismo o

autocontrato, es preciso remontarse a una noción expuesta a su
debido tiempo: una cosa es la persona y otra la parte. Sobre la
base de tal noción fundamental se ha visto más arriba que
varias personas pueden constituir una sola parte. Ahora bien: en
la figura del autocontrato vemos todo lo contrario: una persona
puede hacer de varias partes. Las dificultades lógicas e incluso
jurídicas que esta figura presenta, desde el punto de vista de la
voluntad, se han superado por la ley (art. 1395 C.C.), pues, en
efecto, en esta se admite el autocontrato, y los límites
establecidos tienen en cuenta la voluntad del representante y e
posible conflicto de intereses. Cosa tan cierta que, incluso si falta
la autorización específica del representante o su contenido no se
hallaba determinado en modo de excluir la posibilidad de
conflicto de intereses, el contrato realizado por el
representante consigo mismo es solo anulable a petición
del representado. Se tiene autocontrato en los casos de doble
representación, es decir, cuando en una sola persona se reúnen
dos cualidades de representante entre sí… (Énfasis a propósito.
pág. 604).

8.- El canon 839 del Código de Comercio colombiano,

si bien establece como regla general la prohibición del

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

autocontrato, no determina a renglón seguido la sanción

para el mismo, cuando no ha mediado la expresa
autorización o ratificación del mandante o dominus negotii.

Una primera respuesta al reproche que cumple hacerle

al contrato mercantil consigo mismo está en el artículo 906
ib, que sostiene que no podrán comprar directamente ni por
interpuesta persona, ni aún en pública subasta, las
siguientes personas:

1) … el padre y el hijo de familia, entre sí;

2) Aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública
administran bienes ajenos, como los guardadores, síndicos,
secuestres, etc., respecto de los bienes que administran;
3) Los albaceas o ejecutores testamentarios, respecto de los
bienes que sean objeto de su encargo;
4) Los representantes y mandatarios, respecto de los bienes cuya
venta les haya sido encomendada, salvo que el representado, o
el mandante, haya autorizado el contrato;
5) Los administradores de los bienes de cualquier entidad o
establecimiento público, respecto de los que les hayan sido
confiados a su cuidado;
6) Los empleados públicos, respecto de los bienes que se vendan
por su ministerio, y
7) Los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados,
respecto de los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se
vendan a consecuencia del litigio.

Agregando que las ventas de los ordinales 2o., 3o. y

4o. serán anulables; y en los demás casos la nulidad será
absoluta.

Queda claro, entonces, que no en todas las

enajenaciones en las que subyazca un autocontrato, la
amonestación será la “nulidad” absoluta, porque el

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 Rad. n° 110013103015-2011-00605-01

legislador la reserva para supuestos en los que está en

juego o en riesgo el orden público o el interés superior de
un menor de edad, verbigracia en lo relativo al negocio del
ordinal 1).

Ahora bien, qué sucede si la convención impugnada se

ajusta al fenómeno del autocontrato, como la que aquí se
relaciona en las pretensiones consistente en una venta en la
que el representante de vendedora y compradora es el
mismo, pero que no está enlistada en el preanotado
precepto.

Una interpretación literal y descontextualizada sería

indicativa de que ese autocontrato, por contravenir una
norma imperativa, art. 839 id, que proscribe un
determinado comportamiento, tendría como reproche la
“nulidad absoluta”, pues, la regla del 899 expresa que tal
sanción se estructura, entre otros motivos, “1) Cuando
contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga
otra cosa…”. No obstante, para la Corte el entendimiento
lógico y sistemático del ordenamiento deja ver que la
sanción, en ese autocontrato comercial, es la anulabilidad,
como pasa a explicarse:

a.-) En primer lugar, porque el requisito allí extrañado,

autorización expresa del dominus negotii, tiende a
salvaguardar el interés privado de los extremos de la
relación, bien el de la sociedades o el patrimonial de sus
socios o accionistas, pero no el público o el de alguna
persona merecedora de una especial protección
constitucional o legal.

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Por lo tanto, la exigencia en comento no está

propiamente inserta en un mandato de linaje imperativo,
por no concernir, se insiste, al “orden público”, y porque la
prohibición se puede superar con la voluntad de la persona
jurídica afectada. Esto es, que si es viable disponer previa o
ulteriormente que un negocio, con un eventual conflicto de
intereses se celebre, la naturaleza “imperativa” del normado
se excluye, y por lo mismo, la interpretación que
fundamenta una nulidad absoluta en el artículo 899
ejúsdem.

De esa manera, al descartarse la precitada sanción, la

que cobija el autocontrato es la relativa por versar el defecto
sobre la calidad o estado de las personas que lo ejecutan;
todo, si se tiene en cuenta que el artículo 1741 del Código
Civil, aplicable por integración del 822 del Código de
Comercio, establece que “la nulidad producida por un objeto
o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún
requisito o formalidad que las leyes prescriban para el valor
de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza
de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas […]
Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa” (se
resalta).

b.-) En segundo término, porque el capítulo II del

Título I del Libro Cuarto del Código de Comercio, que regula
“la representación” voluntaria, es diáfano en señalar en su
artículo final, sin restricción, que “la ratificación del
interesado, si se hace con las formalidades que la ley exige

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para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo,

salvo en cuanto lesione derechos de terceros”.

De allí se extracta que si el artículo 839, que hace

parte del capítulo señalado, permite actuar cuando existe
conflicto de intereses siempre y cuando haya carta blanca
previa del emisario, y si la norma final de ese acápite
posibilita la revalidación de todo contrato sin limitarla a
ninguno de sus eventos, debe afirmarse por ese camino que
ésta también opera en caso de haber sido pasada por alto la
licencia en cuestión, puesto que “cuando el sentido de la ley
sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de
consultar su espíritu” (art. 27 C.C.)

Sobre el punto la doctrina concuerda, al esbozar que

“(s)e ha dicho que la referida autorización necesariamente ha
de ser previa, so pena de nulidad del negocio, lo que nos
parece correcto, pero sin perder de vista que el acto anulable
por tal concepto puede ser ratificado por el interesado (art.
844)” (Ospina Fernández, ob. Cit, pág. 361.)

c.-) Tercero, porque el artículo 906 del mismo estatuto

mercantil prevé que “(n)o podrán comprar directamente, ni
por interpuesta persona, ni aun en pública subasta, (…) 4º.
Los representantes y mandatarios, respecto de los bienes
cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el
representando, o el mandante, haya autorizado el contrato”.
Y seguidamente se apresta a sancionar la desobediencia a
esa regla de conducta, en su inciso final, al señalar que
«(l)as ventas hechas en los casos contemplados en los

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ordinales 2º, 3º y 4º serán anulables; en los demás casos la

nulidad absoluta».

Es decir, que es castigada con nulidad relativa la

compraventa ajustada por el representante a favor de sí
mismo, ya sea directamente, por interpuesta persona o aun
en pública subasta.

Si ello es así no habría como imponer una pena más

drástica -la invalidación absoluta- para el pacto celebrado
por idéntico delegado pero a favor de un tercero, porque
este sería menos grave si de compararlos se tratara.

Por supuesto que hay más riesgo de afectación para el

delegante cuando su encargado adquiere para sí el bien que
le encomendó enajenar, que cuando se lo transfiere a otra
persona, porque, como regla general, natural es que se
busquen mayores beneficios en el primer evento que en el
segundo.

Asimismo, en la enajenación para el tercero éste bien

podría aducir que obró previa verificación de las facultades
que encontró inscritas a favor del administrador con el que
negoció y que, por ende, ninguna culpa se le puede imputar
por negligencia; al paso que en la otra situación se puede
exigir más precaución a quien lo hace por el conocimiento
que en un mayor grado debe tener sobre las circunstancias
que rodean la operación.

De allí que no se justificaría anular de manera relativa

la venta hecha para sí mismo por el representante en
nombre de su encomendado (art. 906-4), y castigar con
nulidad absoluta la que realice en beneficio de un tercero.

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d.-) Por último, no pasa inadvertida para la Sala la cita

que el ad-quem hizo de la determinación de esta
Corporación de 6 de octubre 1981, de la cual extrajo que
existe nulidad absoluta por objeto ilícito cuando no son
atendidas las previsiones que regulan el autocontrato.

Al respecto, en esta oportunidad resulta necesario

especificar que una lectura juiciosa de esa providencia deja
ver que, ciertamente, tras ser relacionados los artículos
501, 1854, 1856, 2170 del Código Civil, 839 y 1274 del de
Comercio, se expuso el principio de que “(n)o puede el
representante, por sí o por interpuesta persona, contratar
consigo mismo en nombre del representado; no puede el
representante, por sí o por interpuesta persona, ejecutar
actos ni celebrar contratos que lo beneficien directa o
indirectamente en perjuicio de su representado”.

Sin embargo, tajantemente también se indicó allí que

Ninguno de estos artículos, ni ningún otro de los Códigos Civil y

de Comercio, es exactamente aplicable al caso de este proceso,
puesto que se trata de transacción y dación en pago celebradas
en condiciones que no se ajustan precisamente a las previstas en
tales normas. Por lo tanto, es indispensable ocurrir a lo prescrito
por el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que reza así: ‘Cuando
no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se
aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y
en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales
del derecho’.

En otros términos, de manera expresa se plasmó que

el asunto en ese entonces sometido al conocimiento de esta
Corporación no se enmarcó dentro de los preceptos a que

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ahora se alude contenidos en los Códigos Civil y de

Comercio, y esto obedeció a que, como la misma decisión lo
adujo, la plataforma fáctica era diversa porque

La causa de la nulidad absoluta cuya declaración se pide se

hace consistir (hecho 11º de la demanda) en que ‘El Gerente de
Arcillas de Colombia Limitada –Arcicol-, señor William D. Meyers,
sin autorización de la Junta de Socios y extralimitándose en sus
facultades (se subraya), realizó varios actos y contratos opuestos
a la supervivencia, operación y desarrollo de la sociedad, no
comprendidos en el objeto social ni relacionados con éste; y
reñidos abiertamente con las funciones de representante legal,
administrador y mandatario remunerado que la ley y los
estatutos le otorgan (…) La sustancia del mandato conferido al
Gerente de una sociedad no comprende ciertamente la facultad
de enajenar todos los bienes que forman el capital de trabajo de
aquella, salvo poder especial y preciso al respecto. No está
dentro del objeto de ninguna sociedad colocarse en la
imposibilidad de ejercer su objeto, salvo casos señaladamente
excepcionales, como sería el de una disolución y liquidación
inminentes y forzosas (Destacado fuera del texto).

Se colige que dicha situación fue diferente a la

presente, ya que aludió a un gerente que, mediante dación
en pago y transacción, transfirió sin facultades para ello los
bienes con los que la compañía que administraba
desarrollaba su objeto social, de donde se concluyó que
hubo objeto ilícito en tales convenios. Es decir, que no se
hizo referencia a preceptos que regulan la actividad
mercantil como el artículo 906 del Código de Comercio y
otros ahora sí invocados, que prevén la anulabilidad como
sanción para determinadas compraventas, como las hechas
por un representante legal incurso en conflicto de intereses.

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9.- En conclusión, se presentó la transgresión

anunciada porque la sentencia aplicó preceptos que
jurídicamente no subsumían el litigio, es decir, el inciso
inicial del artículo 1741 y el 1523 del Código Civil, así como
jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción
ordinaria que tampoco lo enmarcaba.

8.- El cargo, por tanto, prospera.

Por consiguiente, la sentencia impugnada debe ser

casada parcialmente para, en su lugar y en sede de
instancia, proferir la que deba reemplazarla, acogiendo los
planteamientos que no fueron objeto de reproche.

Y habida cuenta de las consecuencias que genera la

emisión del fallo de reemplazo, a lo que se sigue, esta
Corporación queda relevada del estudio de las restantes
críticas expuestas por vía extraordinaria.

IV.- SENTENCIA SUSTITUTIVA

1.- Desvirtuado el sustento basilar del fallo

combatido en lo que respecta a la última de las aspiraciones
subsidiarias de la accionante, corresponde a la Corte,
haciendo las veces de juez de segunda instancia, desatar el
recurso de apelación interpuesto por ella contra la
providencia de 9 y 16 de agosto de 2013, proferida por el
Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá.

2.- En efecto, la negativa de la pretensión principal y

la primera subsidiaria es punto pacífico, pues, el ad-quem
adujo que estaban llamadas al fracaso, sin que ninguno de

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los extremos procesales mostrara disentimiento en relación

con dichos razonamientos.

3.- La nulidad absoluta por causa ilícita deprecada

fue fincada en que Ramiro Castellanos Martínez, como
gerente de Granos Piraquive, aun cuando tenía «amplias
facultades y ninguna restricción», debió obtener una
autorización especial anticipada para acordar la venta
impugnada, porque ostentaba parentesco con los socios de
la compradora, permiso que al ser omitido vició el contrato.

En el sub lite, no cabe duda de que, como lo concluyó

el Tribunal, quien suscribió la convención cuestionada
contravino la prohibición de celebrarla a pesar de estar
incurso en un conflicto de intereses, ya que representó a
ambas partes y no obtuvo aprobación previa para proceder
así, pues, de ésta no obra prueba en el plenario.

Sin embargo, como la sanción prevista para cuando se

incurre en esa falla es la anulabilidad o nulidad relativa,
según ya se vio, por mandato de los artículos 839 y 844 del
Código de Comercio, en concordancia con el 822 de la
misma obra, el 27 y el 1741 inciso 2º del Código Civil, esa
súplica no es de recibo.

4.- En adición, no es posible reconocer la nulidad

relativa o anulabilidad del acto, por no haber sido solicitada
en las pretensiones de la demanda, ya que, siguiendo el
derrotero del artículo 1743 del Código Civil, aplicable al
asunto por la unión regulatoria del precepto 822 del
estatuto mercantil, “La nulidad relativa no puede ser

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declarada por el juez o prefecto sino a pedimento de parte; ni

puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo
interés de la ley; ni puede alegarse sino por aquéllos en cuyo
beneficio la han establecido las leyes, o por sus herederos o
cesionarios; y puede sanearse por el lapso de tiempo o por
ratificación de las partes”.

5.- En consecuencia, se impone la confirmación del

fallo apelado, aclarando que en lo que alude a la última de
las súplicas subsidiarias los razonamientos que impiden su
prosperidad son los contenidos en esta providencia.

6.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 392

de la misma obra que establece la «condena en costas a la
parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación» y dados los
resultados de la actuación, la demandante pagará las de
segunda instancia a favor de su antagonista.

En virtud a la misma preceptiva se fijarán en esta

providencia las agencias en derecho correspondientes a la
alzada de conformidad con los lineamientos de los acuerdos
1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, que las contempla en «hasta cuatro (4) salarios
mínimos mensuales legales vigentes».

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de

la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la
sentencia de 4 de febrero de 2014, proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

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dentro del proceso ordinario que Granos Piraquive S.A. en

Liquidación promovió contra Inversiones Brothers Smith
Hej Ltda., siendo vinculado el Banco GNB Sudameris S.A., y
en sede de instancia,

RESUELVE:

Primero. CONFIRMAR en su integridad el fallo de

primera instancia de 9 y 16 de agosto de 2013, dictado por
el Juzgado Quince Civil del Circuito de Bogotá.

Segundo. Condenar en costas en segunda instancia a

la peticionaria, las que serán liquidadas por la Secretaría
incluyendo la suma de dos millones de pesos ($2’000.000)
por concepto de agencias en derecho.

Sin costas en casación, ante la prosperidad del

recurso. En su oportunidad, vuelva el proceso al despacho
de origen.

Notifíquese

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de la Sala

MARGARITA CABELLO BLANCO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

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LUIS ALONSO RICO PUERTA

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Con salvamento de voto

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

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