PROYECTO ÉTICO POLÍTICO DEL TRABAJO SOCIAL

DISCUSIONES DESDE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Ingrid Dianey Gómez Nueque

Jose Luis Rivera García
Alejandra Vera
Ana María Gil Ríos

Presentación

Pensar en el proceso de formación de futuros Trabajadores Sociales es un reto que

motiva la reflexión continua de los procesos académicos, de aquí que sea necesario que
docentes y estudiantes generen espacios de encuentro y discusión sobre asuntos
centrales de la profesión. El proyecto ético y político del Trabajo Social resulta ser de
gran vigencia, en tanto nos permite construir de manera colectiva un horizonte
teleológico que oriente la praxis en coherencia con el análisis y las demandas del
contexto. Es por esto que, para el encuentro que nos convoca, nos hemos puesto en la
tarea de reconocer cómo se aborda tal dimensión desde nuestra escuela, cómo la
estamos entendiendo y cuáles pueden ser los horizontes de acción que encontramos.

En consecuencia, esta presentación se desarrollará en cuatro momentos. Como primer

y segundo punto, queremos hacer una breve presentación del programa de Trabajo
Social de la Universidad del Quindío y un acercamiento a la forma en la que se aborda
la dimensión ético-política desde la malla curricular, así mismo, haremos una
contextualización del departamento, con el objetivo de ubicarlos en la trayectoria de la
escuela y en las principales situaciones que identifican y suceden en el Quindío en la
actualidad. En un tercer momento queremos compartir con ustedes los acercamientos
que hemos venido haciendo con respecto al proyecto ético-político y finalmente
queremos desde este marco, a manera de propuestas, contarles los caminos que
debemos empezar a recorrer.

1.Breve contextualización del programa de Trabajo Social en la Universidad del

Quindío
En noviembre de 1985 un grupo de profesores, en su mayoría licenciados en Ciencias
Sociales, presentaron a la Facultad de Educación el proyecto “Programa de Promoción
Social”, el cual tenía como objetivo formar un profesional en el trabajo de educación y
organización de las comunidades (urbanas y rurales) y cuya acción se tradujera en el
desarrollo de las mismas, a través del mejoramiento de sus condiciones de vida, en los
aspectos de la economía, el hogar, la salud, la recreación, los conocimientos básicos y
la educación integral del adulto. Por tanto el Licenciado en Promoción Social sería
formado como investigador de las comunidades, como educador comunitario y como
organizador.

Este proyecto fue estudiado durante algunos meses, luego en febrero de 1987 el
Consejo de Facultad informa a la comunidad universitaria el estado de los diez diseños
curriculares en los que la facultad estaba empeñada, entre los que se encontraba el de
Promoción Social, pero teniendo en cuenta los procesos que se vivían a nivel de
América Latina en la época, las recomendaciones de la Comisión evaluadora designada
por el ICFES que visitó a la Universidad en diciembre de 1986, y las propias discusiones
internas, se cambió el nombre por el de Licenciatura en Promoción de la Comunidad,
además este ampliaba las posibilidades laborales de los egresados.

En enero de 1988 se inició el primer semestre del Programa Licenciatura en Promoción

de la Comunidad. Esta carrera buscaba ofrecer una alternativa para que los bachilleres
en Promoción Social pudiesen continuar su formación superior en este campo y a la vez
preparar personal de docentes para los establecimientos educativos, que contemplaran
en sus currículos la formación para el trabajo comunitario. La primera promoción (26
Licenciados) egresó a mediados del año 1992 y en total fueron siete promociones. El
ICFES realiza en mayo de 1992 visita de evaluación y aprueba el Programa hasta
diciembre de 1995.

En el año 1993 acogiendo las recomendaciones de la Comisión asesora del ICFES

contenidas en el documento “Hacia una reforma de las unidades formadoras de
docentes”, se encontró que no era posible conservar el carácter de Licenciatura, puesto
que este tipo de formación quedaría reservada a las facultades o departamentos que en
cada universidad harían las veces de unidades formadoras de docentes (facultades de
educación); a raíz de esto se rediseñó el programa Licenciatura y se cambió por la
denominación Promotoría del Desarrollo Comunitario, que tenía como objetivo formar
un profesional en el campo específico de la investigación, la animación, la organización
de las comunidades, en el diseño y ejecución de proyectos comunitarios y cuya gestión
fuera traducida en el desarrollo de éstas a través del mejoramiento de sus condiciones
de vida; también se propusieron seminarios interdisciplinarios de las áreas de
fundamentación y espacios orientados a partir de ejes temáticos y problemáticos, como
una de las metodologías de trabajo básicas en el desarrollo del plan de estudios.

En 1995 se consolida el Programa Promotoría del Desarrollo Comunitario, se abren las

inscripciones e inician las actividades académicas. Es en el marco de este programa
que la Universidad del Quindío y el Colegio Mayor de Bolívar firman en 1998 el convenio
interadministrativo que permite ofrecer a los egresados de Tecnología en Promoción
Social que habían cursado seis semestres en Cartagena de Indias, el ciclo de
profesionalización (cuatro semestres) para obtener el título de Promotores en Desarrollo
Comunitario. De este convenio egresaron dos cohortes, un total de cincuenta y dos (52)
promotoras.

El 20 de agosto de 1999 egresó el primer grupo de Promotores del Desarrollo

Comunitario en la ciudad de Armenia, once profesionales. Luego se realizó una
evaluación interna del programa y se encontraron falencias relacionadas con la titulación
y la ubicación laboral de los egresados, ya que los empleadores no tenían claro si
estaban frente a un técnico, un tecnólogo o un profesional; por lo tanto en el año 2000
empezó un proceso de transición hacia otra denominación, Programa Desarrollo Social
y Comunitario. Su propósito era formar profesionales con capacidades para estimular
procesos de transformación en el ámbito de lo social y lo comunitario, teniendo como
base fundamental la formación específica en investigación de determinados grupos
humanos, apoyándose en las diferentes disciplinas que se articulan para la comprensión
de problemas sociales y/o comunitarios. Buscaba formar profesionales como
investigadores, orientadores, organizadores, planificadores sociales y como
administradores y gestores de proyectos.

La primera promoción se graduó en el año 2002, la cual estaba constituida por

estudiantes que habían ingresado a Promotoría del Desarrollo Comunitario e hicieron
un semestre adicional para obtener el título de Profesionales en Desarrollo Social y
Comunitario; en total se graduaron ocho promociones y la última egresó en 2006.

En el año 2004 Desarrollo Social y Comunitario inicia gestiones para la obtención del
registro calificado, para lo cual elabora el documento que da cuenta de las condiciones
mínimas de calidad consideradas por el Decreto 2566 de 2003 y que todo programa
académico debe reunir. Con base en él, el Ministerio de Educación Nacional envía
pares académicos a mediados del año 2005 y sus recomendaciones y sugerencias, así
como las de la Sala de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes se dan a conocer a
través del Auto firmado por el Viceministro de Educación Superior del 21 de abril de
2006. Entre esas recomendaciones, además de la necesidad de nombrar docentes de
planta, ampliar la base bibliográfica e incentivar la formación de postgrado de los
profesores, el MEN sugiere cambiar la denominación de Desarrollo Social y Comunitario
por la más genérica de Trabajo Social, pero conservando el pensum ya que estaba muy
bien consolidado en las áreas de fundamentación y prácticas.

La dirección del programa propicia la discusión con todos los actores: estudiantes,
egresados, docentes y por mayoría se decide el cambio de denominación de Desarrollo
Social y Comunitario por Trabajo Social; se ajustó el plan de estudios en aquellos
elementos que como el trabajo con familias y la revisión histórica de la profesión eran
obviamente débiles. Se construye un nuevo documento de Trabajo Social, atendiendo
las recomendaciones y es enviado al MEN en julio de 2006. En noviembre del mismo
año la Universidad recibe copia de la Resolución 5961 del 29 de septiembre de 2006,
por medio de la cual el Vice ministerio de la Educación Superior otorgó Registro
Calificado al programa Trabajo Social por el término de siete años. Así nace este
programa, que decide “migrar” a todos sus estudiantes (quienes habían iniciado
Desarrollo Social y Comunitario) al nuevo programa, por lo que en julio de 2007
(después de un plan de ajuste y transición) titula su primera promoción.

Acercamiento a la dimensión ético-política desde el programa de Trabajo Social

Se encuentra que de manera explícita no se tiene como programa, un proyecto ético-

político que se evidencie operativamente en los microcurrículos de los diversos espacios
académicos; sin embargo se hace visible que la esencia de algunos espacios como:
contexto, seminario sociopolítico, seminario socioeconómico, teorías de planeación,
territorio, conflicto y poder, gestión del riesgo y seminario de medio ambiente se plantean
como un oportunidad para fortalecer la propuesta de lo ético- político a través de lo
territorial y ambiental generando así un aporte a la praxis profesional situada y
contextualizada.

De esta manera se encuentra que a través de una de las líneas de investigación y los
diversos proyectos, eventos y encuentros de extensión, el programa de Trabajo social
de la Universidad del Quindío se ha trabajado de manera colectiva con las poblaciones
de base que llevan a cabo procesos de resistencia frente a los megaproyectos o
incidencia en la defensa del territorio y el ambiente.

Adicional a esto, ética y fundamentos del trabajo social son los dos espacios académicos
que de manera explícita, en los microcurriculos, abordan el debate de lo ético político
y se aproximan a unas reflexión que permiten reconocer la relevancia de esta dimensión.

2. Contextualización del Departamento el Quindío

El departamento del Quindío fue fundado en 1966 mediante la ley 2ª decretada ese
mismo año por el congreso de Colombia ante la intención de administrar social,
económica, política y culturalmente los 12 municipios, 6 corregimientos y 256 veredas
que conforman uno de los departamentos más pequeños del país.
La población del Quindío en el año 2012 fue de 555.836 personas, reportando un
incremento poblacional de 35,51% en los últimos 26 años, según datos del DANE. La
composición demográfica del departamento evidencia dos fenómenos significativos. De
una parte, la contracción de la base de la pirámide, producto de la tasa global de
fecundidad del Quindío es una de las más bajas en el país con un 2,5 en el año 2005;
y, por otra parte, el envejecimiento progresivo de la población que se evidenciaron en el
año 2012 con 55% del total de la población envejecida y un 12% de la población total
en la etapa de primera infancia a pesar de encontrarse para 2005 dentro de los cinco
departamentos con menor mortalidad infantil (22.1%).
En este caso la baja tasa de fecundidad unida a que el Quindío con un 2,21%, ocupa el
tercer puesto más alto de migración nacional y la capital del departamento con un 22%
ocupa el mayor porcentaje de experiencias de migración internacional después del
departamento de Risaralda, ha generado una reducción cada vez más notoria de los
adultos en edad productiva presentes en el territorio.
Una posible causa de este fenómeno puede estar relacionada con que la tasa de
desempleo en el departamento sea superior a la registrada a nivel nacional, alcanzando
en 2003 y 2004 su punto más alto (21,2%) o debido a que, según datos del 2009, en
Quindío, el 53% de la población ocupada devenga menos de un salario mínimo legal.
Así mismo, en el departamento del Quindío la pobreza medida por ingresos, afectaba al
43,3% de la población en 2010, equivalente a 19.909 personas, resultado más alto que
el nacional. De igual forma, en el 2002, el 12,7% de los Quindianos y Quindianas vivían
en la pobreza extrema o indigencia, actualmente, una década después el 12,3%
continuó en la misma situación; en materia de concentración del ingreso, presentó en el
mismo año un coeficiente de Gini de 0,540 que ubica al departamento en noveno lugar
de mayor concentración en el país, aunque se comparó favorablemente con el promedio
nacional de 0,566.
La mortalidad violenta hace referencia a homicidios, accidentes, muertes dudosas con
violencia y suicidios. En el caso de los jóvenes, la violencia está asociada no sólo a
homicidios y la utilización de armas de fuego, sino también a ahogamientos, caídas y en
el uso imprudente de bicicletas y motocicletas. Los índices de muerte violenta en niños,
niñas, jóvenes y adolescentes son mayores en hombres que en mujeres. Los hombres
jóvenes muestran la más alta probabilidad tanto de agredir a otros como de ser víctimas
de actos de delincuencia en los espacios públicos. De acuerdo al análisis de las muertes
por causas externas en población entre 0 a 17 años, en el periodo comprendido entre
el año 2005 al año 2011, se evidencia un aumento de casos en el año 2006, a partir de
esa fecha esta situación inicia un proceso de descenso, logrando una estabilidad del
comportamiento para los años 2008 al 2010. Nuevamente se observa un incremento en
el año 2011.
En el Quindío, se registran 47 casos de muerte violenta durante el año 2011
correspondiendo a una tasa de 27,57 x 100.000 adolescentes y jóvenes del
departamento, de los cuales se encuentran grandes diferencias en género y motivo de
mortalidad.
Al año 2011 se registró un porcentaje del 12.35% de embarazos en adolescentes. Las
estadísticas de registro de ingreso a los controles prenatales incluyen 1.663 casos
nuevos de embarazo y de ellos 833 con certificado de nacido vivo como registro del
hecho vital.
Existen en el país cinco lugares con un uso de 13% que supera el resto del país con un
uso de cualquier droga ilícita en el último año de escolar en el nivel de Media, entre
ellos, en el tercer lugar, el departamento del Quindío. Igual que en el resto del país se
replica el uso de sustancias ilícitas en un mayor porcentaje en las instituciones privadas
en una relación de 10% al 8,3% de las instituciones educativas públicas.
De acuerdo al informe presentado por la Secretaria de Salud municipal, en el año 2011
se han notificado 56 casos de VIH en el municipio de Armenia, de los cuales 18 mujeres
(32.1%) y 38 (67.8%) hombres. Por cada 2.8 hombres con VIH/SIDA, hay 1 mujer
infectada (relación 2.8 a 1). Es de resaltar que en 42 (75.0%) pacientes su
comportamiento era heterosexual, en 7 (12.5%) homosexual y bisexual en 5 (8.9%). En
el informe presentado por la doctora Cano 2 (1.5%) pacientes VIH positivos eran
usuarios de heroína inyectable. No se obtuvieron datos departamentales de la relación
entre VIH y UDI.
De igual forma, tras conocer algunas de las estadísticas que ponen en evidencia las
principales problemáticas sociales del Quindío, es relevante también, traer a colación el
terremoto vivido el 25 de enero de 1999, el cual puede ser visto como hecho histórico
de gran incidencia social y económico que hacen de dicho fenómeno, un evento que
agudizó problemas de seguridad, venta y consumo de sustancias psicoactivas, barrismo
y conflicto inter barrial, en asentamientos o proyectos de vivienda que surgieron post-
terremoto, bajo el interés de reubicar a víctimas de la catástrofe. A su vez, el terremoto
se presentó como una posibilidad para la reestructuración de Armenia como capital del
departamento que actualmente mantiene sus ingresos a través del turismo y la inversión
en nuevos proyectos de construcción de vivienda, en la zona norte y ensanche de la
ciudad.
Finalmente, puede destacarse el turismo, como una de las principales actividades
económicas que genera ingresos al departamento, el cual se refuerza mediante la
denominación de la UNESCO de 11 de los 12 municipios del Quindío como Paisaje
Cultural Cafetero y el reconocimiento de Pijao como el primer municipio de
Latinoamérica reconocido por la Red italiana como CITTÁSLOW.

3. Acercamientos a la dimensión ético política del Trabajo Social y pre-dx del

programa con relación al tema.

Nos hemos dado a la tarea de revisar y conversar con diferentes autores interesados en
el proyecto ético-político del Trabajo Social, para interpelar nuestras ideas y construir
nuestra particular manera de comprender el tema. Desde este ejercicio, nos acercamos
a Montaño, Aquín, Barroco, Foscólo, Travi, y desde una perspectiva más local a Tapiro.

Los principales aportes de estos autores los podemos expresar de la siguiente manera:

María Lucia Barroco: Plantea la reflexión sobre ética desde la perspectiva ontológico-
social como la capacidad teleológica del hombre de crear valores y alternativas, elegir
entre alternativas de valor y proyectar idealmente la acción. Propone la libertad como el
valor fundamental, especifico, creado por el hombre, que idealiza la práctica y por tanto
está presente en los proyectos sociales orientados a la emancipación. Para que la
libertad tenga existencia objetiva, los hombres precisan eliminar situaciones que
impidan su vivencia, su experimentación. Entonces la libertad es valor y practica
consciente, pues para objetivarse entra en un campo de lucha entre ideas y proyectos
contrapuestos, ese campo es la política. Así la política es la forma de realización de la
libertad y de los valores éticos conscientes y que es preciso objetivar.
Define la ética como un conjunto de valores que forma parte de proyectos sociales,
profesionales e individuales cuya realización, que es política en tanto se efectúa entre
ideas opuestas en la sociedad, supone una acción práctica consciente en dirección a
algo colectivamente considerado como justo o correcto.
Llega a definir la ética profesional como un conjunto de valores y principios éticos
orientados por un referencial filosófico, reproducidos en la práctica cotidiana y
formalizados en un código de ética. Sin embargo, recalca que la ética profesional hace
parte de otras dimensiones del trabajo social, con las que se relaciona, apunto tal que
es transversal a ellas. Esas dimensiones son la teórica, la moral práctica y la normativa.
Así la realización ética supone el reconocimiento de la interrelación entre estas
dimensiones y no se reduce al establecimiento de un código formal. En ese mismo
sentido insiste en que las normas no son meras obligaciones formales cuando los
profesionales se reconocen allí y tal reconocimiento está dado por la participación y el
debate crítico sobre la práctica profesional y la realidad nacional.
Enfatiza en que la trayectoria de la profesión está marcada por el conservadurismo ético
que predomina hasta la década de 1960, cuando se abre nuevas posibilidades con el
Movimiento de la Reconceptualización, en el cual se devela el significado social de la
profesión de recrear estrategias y finalidades en términos de proyectos profesionales
con dirección social y política conscientemente asumida.
Manifiesta que la acción profesional no es neutral cuando afirma que toda ética
profesional- independiente de sus formas particulares- se vincula a proyectos
profesionales y sociales e interfiere en la realidad reproduciendo valores sociales
políticamente direccionados. Para analizar esta proposición observa la constitución y
significado de la profesión en el proceso de producción de las relaciones sociales
capitalistas.
Cita a José Paulo Netto, para analizar las condiciones favorecedoras para la
consolidación de una ética profesional, las cuales se resumen en, por un lado, una base
social objetiva que contribuya para la ampliación de una consciencia social critica con
capacidad teleológica de libertad (que implica la organización política del colectivo
profesional y su articulación con otras profesiones y fuerzas progresistas opuestas al
proyecto burgués) y por otro lado contextos socio-históricos donde las contradicciones
pueden ser aprehendidas y develadas en su significado ético-político.

Carlos Montaño: Frente a la crisis general (Netto) que enfrenta el capitalismo, éste
impone una respuesta hegemónica derivada del consenso de Washington, que es el
proyecto neoliberal que impuso medidas económicas en América Latina.
Las políticas sociales son sustantivamente alteradas en sus orientaciones y en su
funcionalidad pues frente a la crisis del capitalismo el neoliberalismo pretende la
reconstrucción del mercado, reduciendo y eliminando la intervención social del Estado
en diversas áreas y actividades. Se le da un nuevo trato a la cuestión social,
respondiendo al ámbito individual e inmediato, constituyéndose en actividades
filantrópicas o en servicios comerciables antes que en derechos sociales. Las políticas
sociales son así privatizadas transferidas al mercado, la universalidad cede paso a la
focalización, donde se atienden sectores portadores de necesidades puntuales, que
permite su precarización; son también descentralizadas administrativamente,
conduciendo a las regiones pobres a sortear sus repuestas sociales con recursos
precarios.

Si asas políticas sociales son el instrumento de la intervención, el trabajo social se ve

afectado en su espacio profesional y sus funciones, con la pretensión de transferir la
acción profesional a una neo-filantropía, en la que no hay garantía de derecho, pues los
servicios sociales son mercantilizados. Así, además, cuando el neoliberalismo afecta las
políticas sociales, perturba la base de sustentación de la profesión dado que ésta es la
instancia que crea y legitima la intervención profesional. Repercute específicamente en
tres niveles de la intervención profesional; a) en su condición de trabajador dadas la
necesidad de disminución de costos sociales, la sustitución de profesionales por
técnicos o voluntarios b) en su demanda directa e indirecta, puesto que las
manifestaciones de la cuestión social en el neoliberalismo llevan a una demanda social
inmediata, transfiriendo la demanda indirecta a la prestación de servicios sociales
encuadrados al interés del capital; c) en su práctica de campo, reduciendo los recursos
para implementar los servicios sociales y demandando el activismo.
Como respuesta profesional aparece el proyecto ético-político, que debe construirse
teniendo en cuenta dos consideraciones: primero como un proyecto colectivo y
democrático, que respete la pluralidad y los disensos con horizontes de consenso y
segundo, como inspirado y articulado en proyectos societarios (en valores e ideologías),
que clasifica en tres: el proyecto neoliberal, el proyecto reformista y el proyecto
revolucionario. Montaño asegura que hay un eclecticismo profesional en el sentido de
articular acríticamente valores de los diferentes proyectos societarios, que son más bien
contradictorios.

Se torna necesario la caracterización de un proyecto profesional progresista, que se

contraponga en la lucha hegemónica contra el neoliberalismo, fundado en principios y
valores como: la libertad, la democracia sustantiva, los derechos humanos, la justicia
social y las políticas sociales universales.
La agenda que convoca un proyecto profesional así construido es:
1) La organización profesional, tanto a nivel académico como gremial que
intervengan públicamente en la defensa de derechos civiles y políticas sociales, velando
por el comportamiento ético de los profesionales y defendiendo los intereses como
profesionales y como clase trabajadora.
2) En lo referente al marco legal profesional (Códigos de Ética y Leyes que
reglamentan la profesión) resulta necesaria la elaboración y actualización de los valores
y principios que integran el proyecto ético-político para que el colectivo tenga un mínimo
de legitimidad.
3) En la formación profesional mediante directrices curriculares que garanticen la
unificación de los niveles de formación, el establecimiento de planes de estudio básicos
y el incentivo a cursos de postgrado y producción bibliográfica.
4) En la articulación a las fuerzas sociales como las organizaciones y movimientos
que expresen y representen lo valores del proyecto ético-político, oponiéndose a la
explotación, la dominación y el sometimiento que causa el proyecto neoliberal.

Desde los aportes de Tapiro, (2013, p.5) “Lo ético y lo político no son dimensiones
aisladas, la primera es la reflexión sobre los valores que orientan nuestra vida
(incluyendo nuestro ejercicio profesional), pero dichos valores pueden ser pensados
desde lo singular de un sujeto o desde lo universal del ser social, es decir de la
humanidad como construcción histórico-social en la búsqueda de satisfacción de sus
necesidades. Se hace necesario develar la moral determinada socialmente como
legitimidad de unos ciertos valores, que, en realidad, en una sociedad de dominadores
y dominados, son los valores de quienes son dominantes, que a su vez son reflejo de
relaciones sociales existentes; por lo tanto, cabe decir que, en la sociedad capitalista,
de explotadores y explotados, relación fundamental para la reproducción de este orden
social, los valores hegemónicos han sido los valores del ethos burgués.”

Para Aquín, (2006, p. 80) el proyecto ético-político profesional, “implica el reclamo de

valores y acciones transformadoras, se trata de un proyecto colectivo para el cual se
requiere pasar de un yo, al nosotros”; en tanto la dimensión política exige participación
en asuntos que nos conciernen a todos y la ética va más allá de las prohibiciones, ésta
la ubica en el plano de las argumentaciones, de aquí la necesaria reflexión sobre la
forma en la que se analizan los códigos en las escuelas. Así mismo, se hace necesario
también, reconocer que la práctica profesional se enmarca en unas condiciones
estructuradas, las cuáles en ocasiones limitan la acción profesional, es por esto, que
resulta importante realizar procesos de actuación desde el contexto, reconocer las
causas y características de la cuestión social y avanzar hacia un ejercicio profesional
con mayor autonomía

Desde los aportes de Travi, (2006. P 60) se hace una necesaria recuperación y
visibilización del proceso histórico del Trabajo Social en su proceso de
profesionalización. Desde allí enfatiza en el papel que desempeñaron las pioneras como
investigadoras, académicas con actitud crítica que les motivaba a inquietarse por la
situación vivida en su contexto, lo cual las llevó a asumir luchas por la reivindicación de
los derechos y la dignidad humana. En este sentido, la autora cuestiona las ideas de
caridad, asistencia y filantropía con las que se ha querido analizar la historia de la
profesión y argumenta que estas eran muestras de la solidaridad humana más no las
evidencias de un Trabajo Social científico profesionalizado. Desde esta perspectiva,
sostiene que en cada momento histórico se ha incluido una dimensión ética y política
para la profesión, en tanto su praxis ha estado orientada por “determinados valores
sociales e inspirada en ciertos principios, y dicho posicionamiento, más allá de nuestras
interpretaciones o preferencias, está claramente expresado en todo momento: en los
inicios de la profesión, en la reconceptualización y en la actualidad, como claramente se
desprende de las producciones teóricas y escritas”(2006, p. 60). De aquí, uno de los
principales llamados que realiza la autora es a estudiar la profesión sin un tono
descalificador, y desde un ejercicio investigativo que recobre fuentes documentales de
los escritos de Trabajadores Sociales, lograr analizar cuáles fueron los principios éticos,
políticos que orientaron la acción profesional históricamente, y cuáles dependiendo del
contexto actual, deben ser cuestionados, reemplazados o reconocidos por su vigencia.

Norma Fóscolo: por un lado, en el aparte denominado “Concepto ético político de la

justicia y la justicia dinámica” hace una relación entre la justicia entendida por Heller
como la rectitud de la conducta que se mide en relación con las normas abstractas
(inspiradas en los valores genéricos) y en relación a las normas y reglas del grupo social
al que se pertenece. Por otro, desde esta misma autora, la propuesta de justicia
dinámica acepta por una parte que el mundo contemporáneo es la herencia moderna,
pues en él están aun imperfectamente objetivados los valores y principios universales,
los axiomas ético-políticos que inspiraron a los modernos para construir ese mundo
mejor” Sin embargo se enuncia que en esta propuesta de justicia se deja abierta la
puerta al cambio, es decir, a la invalidación de las normas que hacen a través de los
valores universales de la vida y la libertad. Posteriormente se afirma que los valores no
pueden ser inventados por cualquier persona, pero si pueden ser re-interpretados desde
los existentes o formular principios para clarificarlos ya que se entienden los valores
como genéricos; en este sentido Fóscolo citando a Roig (1973), enuncia la existencia
de un “ethos dominante” que consolida una estructura axiológica dominante la cual no
es posible romper invirtiendo la estructura valorativa dominante, por esto, se plantea
que el modo como se forma una estructura axiológica autentica es reconocerla desde la
propia realidad histórica latinoamericana y desde la experiencia de los propios oprimidos

Por este motivo, Fóscolo valida la justicia dinámica al mencionar que “el trabajador social
que se hace eco de la experiencia de los oprimidos puede comprometerse en la
invalidación de normas institucionales, si estas no responden a la experiencia histórica”
es desde este punto de vista que cobra gran importancia reconocer al sujeto emergente,
sus necesidades y sus valores e interpelar a las instituciones. En este sentido, se
propone que la estructura axiológica autentica ha de ser abierta, de tal forma que
permita el surgimiento de nuevos valores. Finalmente la autora asume que el “trabajador
social como ciudadano que tiene una relación preferencial con el sistema de justicia
puede aportar a la realización de la ciudadanía de los co-sujeto de intervención” es por
esto, que se recalca la importancia de los valores y la ética ciudadana como la forma de
materializar lo público y lo político.

Como se puede observar, hasta el momento, el breve acercamiento realizado a los

autores nos muestra un panorama de las discusiones con relación a la dimensión ética
y política del Trabajo Social, algunas desde un análisis más referido a las condiciones
estructurales y de opresión con relación a la cual es necesario movilizarse, y otras desde
el necesario cuestionamiento de la praxis profesional en la historia y la actualidad, con
el fin de reconocer los principios, las teorías que guiaron la acción, los que son vigentes
y los que deben reemplazarse según lo encontrado en el contexto.

Este ejercicio lo que nos lleva a concluir es que es necesario continuar con la discusión
sobre el tema en las escuelas, que resulta ser de gran vigencia y relevancia para la
praxis, la cual, desde las diferentes posturas revisadas, debe ser asumida
reflexivamente y no de manera instrumental; que se hacen necesario cuestionar la
formación profesional, la forma en que se analizan los códigos de ética, fortalecer la
organización gremial y el análisis de los contextos para que con base en estos se
puedan proponer proyectos conjuntos a nivel profesional.

Teniendo como base estos elementos, este acercamiento, más que certezas y
claridades nos ha dejado cuestionamientos, los cuales nos comprometemos a
reflexionar y a compartir en posteriores encuentros. Tales preguntas hacen referencia
a:

 ¿Para consolidar el proyecto ético-político éste debe articular necesariamente los

valores del proyecto societario revolucionario que está en una pugna por la
hegemonía? Si es así, ¿el proyecto ético-político profesional entraría en tal lucha
hegemónica?

 Para el afianzamiento de los proyectos ético-políticos de la profesión es necesario

el cuestionamiento y análisis del contexto, desde aquí, ¿cómo estamos los
trabajadores sociales construyendo colectivamente reflexiones y acciones con
relación al momento coyuntural que vive el país? ¿No será que es igualmente
importante discutir estos asuntos relacionados con la incidencia de la discusión en
la realidad nacional, materializados en acciones contextualizadas? ¿Es evidente
esto en las producciones bibliográficas?

 ¿Poner en escena el análisis solo de los tres grandes proyectos societarios,

heredados de Occidente, puede dejar de lado otras perspectivas (o proyectos
societarios si se quiere) ancestrales, relacionadas con la tradición étnica de nuestro
continente, cuyas cosmovisiones orientan su acción hacia otros valores?

 ¿Es posible abordar la reflexión sobre el proyecto ético-político desde referentes

filosóficos y teóricos diferentes a los de la tradición marxista?

4. A manera de propuestas….

Uno de los principales retos que se hace necesario seguir trabajando tiene que ver con
asumir la praxis profesional desde un ejercicio reflexivo, propositivo, en el que se logre
avanzar de una acción tecnocrática hacia la comprensión, problematización y
transformación de las realidades abordadas. Esto implicaría continuar re-pensando las
prácticas, la forma en la que se conciben desde nuestros programas, en nuestro caso,
buscando que no se limiten a la aplicación de modelos, de planes de trabajo, de lo
“aprendido” en la carrera, se trata de trascender del escenario de lo instrumental, hacia
el de la creatividad, la colocación en contexto (Zemelman, 2005) y la crítica. Esta última
teniendo en cuenta los aportes de Travi, (2010, p. 4) asumida no como descalificación,
ni basada en opiniones, ideologías y cierta liviandad simplista. Se trata de transitar hacia
la argumentación fundamentada en el estudio comprensivo, contextual y disciplinado de
los autores, los libros, las ediciones y la historia.
Otro de los asuntos en los que se hace necesario seguir transitando, es en el
fortalecimiento de las asociaciones, agremiaciones de profesionales y estudiantes, con
el objetivo, entre otras cosas, de discutir y construir colectivamente estrategias de
movilización para hacer frente a la vulneración de derechos, las injusticias. Fijar
intenciones conjuntas como lo propone Aquín (2005. P. 79) a través de “la recuperación
de convicciones fundadas, no fanáticas y de utopías razonables, no prometeicas, que
permitan dar razón a lo que hacemos”.

En la línea anterior, si bien lo ético-político se aborda como parte de los ejes formativos
de algunas de las materias en nuestro programa, se hace necesario en la reforma a la
malla curricular que estamos emprendiendo en estos momentos, hacerlo visible, tal vez,
en una actividad académica destinada exclusivamente para este proyecto; sabemos que
no se agota en esta instancia, pero puede ser una de las tantas estrategias que nos
permitan continuar encontrándonos para interpelarnos con relación a nuestros
proyectos colectivos, societales y a las alternativas para movilizarnos. En definitiva,
creemos importante que tal discusión no se diluya entre las materias que forman parte
de nuestra malla y dependan de la libertad de cátedra de quienes las orientan.

Consecuencia de lo anterior, creemos importante que la discusión de la dimensión ético-

política de la profesión, no se puede reducir al análisis del código deontológico, hay que
“transitar del reino de las prohibiciones hacia el de las argumentaciones” (Aquín, 2005,
P. 74). De ahí que no nos quedemos en enunciar un decálogo de mandamientos, y
prescripciones, de buenos deseos, lo que se busca es argumentar nuestras
pretensiones de manera colectiva, en torno a nuestros horizontes teleológicos, la
dignidad humana, la justicia social, los derechos humanos.

Finalmente, es urgente desde el colectivo, la comprensión compleja de nuestro contexto,

de nuestro país y departamento. Es a partir de este conocimiento que lograremos
discutir colectivamente sobre el proyecto que como trabajadores sociales queremos
emprender. Desde acá, podemos hacer visible que existen pluralidad de miradas, de
comprensiones y situaciones en nuestro país, y que no se trata solamente de quedarnos
en la discusión de la opresión y el “ethos burgues”, a su vez, debemos tener en cuenta
que esa comprensión de otros mundos posibles, desde imaginarios diferentes, también
deben ser parte del debate.

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