Doctrina Judicial No37

Juan Rafael Perdomo
Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social
DOCTRINA DE LA
SALA
DE CASACIÓN
SOCIAL
Enero-Diciembre 2008
Tribunal Supremo de Justicia

Colección Doctrina Judicial No 37
Caracas / Venezuela / 2009
2 DOCTRINA DE LA SALA DE CASACIÓN SOCIAL: ENERO-DICIEMBRE 2008
KHW1789
P433
Perdomo, Juan Rafael

Doctrina de la Sala de Casación Social, Enero-Diciembre 2008 – Juan
Rafael Perdomo – Caracas : Tribunal Supremo de Justicia, 2009.
278 p. -- (Colección Doctrina Judicial N° 37)
1. Derecho laboral -- Venezuela. -- 2. Casación -- Venezuela. -- 3. Jurispru-

dencia laboral -- Venezuela.
© República Bolivariana de Venezuela

Colección Doctrina Judicial - Nº 37
Fernando Parra Aranguren, Director
Depósito Legal lf:
ISBN:
DOCTRINA DE LA SALA DE CASACIÓN SOCIAL: ENERO-DICIEMBRE 2008 3
Juan Rafael Perdomo

Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social
DOCTRINA DE LA SALA
DE CASACIÓN SOCIAL
Enero-Diciembre 2008

Colección Doctrina Judicial, Nº 37
Caracas/Venezuela/2009
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL SALA POLITICOADMINISTRATIVA
Dra. Luisa Estella Morales Lamuño Dra. Evelyn Margarita Marrero Ortiz
Presidenta del Tribunal Presidenta de la Sala
y Presidenta de la Sala Dra. Yolanda Jaimes Guerrero
Dr. Francisco Antonio Carrasquero López Vicepresidenta de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dr. Levis Ignacio Zerpa
Dr. Jesús Eduardo Cabrera Dr. Hadel Mostafá Paolini
Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz Dr. Emiro Antonio García Rosas
Dr. Marcos Tulio Dugarte Padrón
Dra. Carmen Zuleta de Merchán
Dr. Arcadio Delgado Rosales
SALA ELECTORAL SALA DE CASACIÓN CIVIL
Dr. Luis Alfredo Sucre Cuba Dra. Yris Armenia Peña Espinoza
Segundo Vicepresidente del Tribunal Presidenta de la Sala
y Presidente de la Sala Dra. Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Dr. Luis Martínez Hernández Vicepresidenta de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dr. Antonio Ramírez Jiménez
Dr. Rafael Arístides Rengifo Camacaro Dr. Carlos Oberto Vélez
Dr. Juan José Núñez Calderón Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández
Dr. Fernando Ramón Vegas Torrealba
SALA DE CASACIÓN SOCIAL SALA DE CASACIÓN PENAL
Dr. Omar Alfredo Mora Díaz Dr. Eladio Ramón Aponte Aponte
Primer Vicepresidente del Tribunal Presidente de la Sala
y Presidente de la Sala Dra. Deyanira Nieves Bastidas
Dr. Juan Rafael Perdomo Vicepresidenta de la Sala
Vicepresidente de la Sala Dra. Blanca Rosa Mármol de León
Dr. Alfonso Rafael Valbuena Cordero Dr. Héctor Manuel Coronado Flores
Dr. Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez Dra. Miriam del Valle Morandy Mijares
Dra. Carmen Elvigia Porras de Roa
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
PRESIDENCIA
Palabras Preliminares
En el marco de las iniciativas de este Tribunal Supremo de Justicia,

orientadas a la difusión de los valores científicos y culturales, debe des-
tacarse la labor encomendada a la Fundación Gaceta Forense, consis-
tente en su cotidiana labor de publicación y difusión de trabajos, ensayos
y estudios producto del intelecto de nuestra comunidad jurídica, enmar-
cados todos dentro de un sano espíritu de contribución académica y
profesional de la ciencia del Derecho.
Es así como la Fundación Gaceta Forense ha venido desplegando un

trabajo editorial, publicando diversas colecciones y series que han obte-
nido un elevado prestigio y aceptación en nuestro Foro; dentro de las
que destacan: (i) Colección Estudios Jurídicos; (ii) Colección Nuevos
Autores; (iii) Colección Libros Homenaje; (iv) Serie Eventos; (v) Co-
lección Doctrina Judicial; (vi) Serie Normativa; (vii) la Revista de De-
recho; y (viii) Varios.
Todas y cada una de tales colecciones y series se publican respetando

los conceptos y expresiones usadas por sus autores, pero eximiendo, de
igual forma, de toda solidaridad, responsabilidad o vinculación formal
para con este digno Tribunal Supremo y a sus autoridades.
Con lo cual, es así como esperamos que esta nueva publicación –que
por las presentes palabras preliminares se introduce en la ya extensa
biblioteca de ediciones de nuestro digno Tribunal–, sea acogida con
entusiasmo y beneplácito por nuestra comunidad jurídica, y logre enri-
quecer también su rigor científico y académico para el beneficio de
nuestro Foro.
Caracas, ocho de julio de 2009.
Luisa Estella Morales Lamuño

Índice
Abreviaturas ............................................................................. 15
Presentación ............................................................................. 17
CAPÍTULO I
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
1. Incompetencia de la jurisdicción laboral para asumir
el conocimiento del recurso de nulidad contra la Pro-
videncia Administrativa dictada por el Instituto Na-
cional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL) ................................................................ 17
2 . Indemnización por deformaciones permanentes ........ 23
3 . Indemnización por daño material (lucro cesante y/o
daño emergente) ........................................................... 24
4 . Responsabilidad solidaria en indemnizaciones por ac-
cidentes o enfermedades profesionales ...................... 24
5 . Cuantificación del daño moral ..................................... 25
6 . Carga de la prueba de la responsabilidad subjetiva o
hecho ilícito del patrono causante del accidente o en-
fermedad profesional ................................................... 26
7 . Enfermedad profesional ............................................... 28
7.1 Comienzo del lapso de prescripción e interrup-
ción de la prescripción .......................................... 28
8 . Accidente de trabajo .................................................... 29

8.1 Vínculo de causalidad (hecho extraño o de un ter-
cero y cuando no exista un riesgo especial) ....... 29
CAPÍTULO II
AVOCAMIENTO
1 . Fases del avocamiento ................................................. 31
CAPÍTULO III
CASACIÓN PRESUPUESTOS
DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
1 . Cuantía para recurso de casación ............................... 33
2 . Constancia de la cuantía del juicio principal ............... 39
3 . Decisiones recurribles .................................................. 40
3.1 Sentencia definitiva formal ................................... 40
3.2 Sentencia con efecto de sentencia definitiva formal. 41
3.3 Decisiones dictadas en los recursos de invalidación. 43
3.4 Inadmisible el recurso de casación ejercido con-
tra decisiones de regulación de competencia ...... 45
tra autos en ejecución de sentencia ..................... 46
tra decisiones de calificación de despido ............ 47
4 . Capacidad de postulación ............................................ 48
5 . Oportunidad para el anuncio del recurso .................... 49
6 . Técnica de formalización ............................................. 50
7 . Requisitos de la formalización ..................................... 51
CAPÍTULO IV
CASACIÓN POR DEFECTOS
DE FORMA DE LA SENTENCIA
1 . Vicios de la sentencia .................................................. 53
1.1 Indefensión en caso de prueba promovida extem-
poráneamente ........................................................ 53
1.2 Inmotivación .......................................................... 55
1.2.1 Concepto..................................................... 55
1.2.2 El acta levantada en las audiencias consti-
tuye parte integrante del fallo ...................................... 56
1.3 Indeterminación objetiva ....................................... 57

1.3.1 Principio de autosuficiencia del fallo ........ 57
1.3.2 Experticia complementaria del fallo ......... 58
1.4 Absolución de la instancia .................................... 60
1.5 Incongruencia ........................................................ 60
1.5.1 Incongruencia positiva ............................. 60
CAPÍTULO V
CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY
1. Normas de rango sublegal ........................................... 63
2. Error de interpretación ................................................ 65
3. Violación de jurisprudencia .......................................... 65
4. Máximas de experiencia (concepto) ........................... 67
5. Máximas de experiencia y hecho notorio ................... 69
CAPÍTULO VI
COMPETENCIA
1 . Funcionario público de carrera regido por la Ley de
Carrera Administrativa antes de la entrada en vigen-
cia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela ...................................................................... 71
2 . Juicios de cobro de honorarios profesionales ............. 74
3 . Competencia por el territorio ...................................... 77
4 . Competencia subjetiva ................................................. 78
CAPÍTULO VII
CONDICIONES DE TRABAJO
1. Salario durante la suspensión de la relación laboral. . 81
2. Jornada efectiva de trabajo, horas extras, viáticos, gas-
tos de estadía y reclamación del salario por el tiempo
de traslado de ida y vuelta (personal auxiliar de cabi-
na de una aeronave) ..................................................... 82
3. Salario base para el cálculo de prestación de antigüe-
dad, caso de trabajadores con sueldo variable ........... 85
4 . Salario normal (feriados y días de descanso) ............ 88
5 . Salario normal (asignación por vehículo) .................... 90
6 . Naturaleza salarial del aporte especial de ahorro...... 92
7 . Ajuste de la pensión de jubilación ............................... 94

8 . Salarios dejados de percibir durante el reposo .......... 99
9 . Continuidad del servicio del trabajador para el goce
del derecho a las vacaciones legales remuneradas ... 100
CAPÍTULO VIII
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1 . Confesión ficta ............................................................. 103

2 . Lapso para la contestación de la demanda según la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del
Trabajo .......................................................................... 105
CAPÍTULO IX
CONTROL DE LA LEGALIDAD
1. Naturaleza del recurso ................................................. 107
2. Presupuestos objetivos. Número de líneas ................. 108
3. Lapso para interponer el recurso ................................ 109
4. Motivos de inadmisibilidad ........................................... 111
4.1 Autos en ejecución de sentencia.......................... 111
4.2 Falta de señalamiento expreso de la violación de
alguna norma de orden público o la contraven-
ción de la jurisprudencia emanada de la Sala de
Casación Social ..................................................... 112
4.3 Sentencia recurrible en casación ......................... 114
4.4 Materia ajena al derecho laboral ......................... 115
4.5 Sentencias interlocutorias ..................................... 116
CAPÍTULO X
DEMANDA LABORAL
1 . Estimación de la Demanda .......................................... 119
CAPÍTULO XI
EFECTOS DEL PROCESO
1 . Costas en el caso de empresas que gozan de los privi-
legios de la República .................................................. 121
2 . Cosa Juzgada ................................................................ 124
3 . Carácter de cosa juzgada de la sentencia de segunda
instancia definitivamente firme ................................... 127
CAPÍTULO XII
ESTABILIDAD
1 . Calificación de la conducta del trabajador y despido

injustificado. Indemnización. ....................................... 131
2 . Naturaleza jurídica del procedimiento de estabilidad
laboral ............................................................................ 133
3 . Indemnización por despido injustificado en empleados
de dirección .................................................................. 134
CAPÍTULO XIII
EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO
1 . Lapso de exclusión en la corrección monetaria ......... 135
CAPÍTULO XIV
NORMAS FUNDAMENTALES
1 . Principios y derechos constitucionales y legales ........ 137

1.1 Derecho a la defensa, al debido proceso y la tu-
tela judicial efectiva. ............................................ 137
1.1.1 Notificación personal de la sentencia ..... 137
1.1.2 Reposición inútil ....................................... 140
1.2 Principios de derecho a la defensa y al debido
proceso.................................................................. 142
1.2.1 Introducción del recurso de hecho sin
acompañar las copias de las actas con-
ducentes .................................................... 142
1.2.2 Notificación del Procurador General de
la República .............................................. 143
1.2.3 Inicio del lapso para recurrir cuando se
notifique de la sentencia al Procurador
General de la República .......................... 145
1.3 Principio de legalidad ........................................... 147
1.4 Principio in dubio pro operario y de conserva-
ción de la relación laboral .................................... 148
1.5 Principio de primacía de la realidad y búsqueda
de la verdad .......................................................... 150
1.5.1 Esclarecimiento de la verdad .................. 150
1.5.2 Primacía de la realidad sobre las formas
o apariencias ............................................ 150
1 . 6 Derecho a las prestaciones sociales. Mora del

patrono. Intereses moratorios y corrección mo-
netaria .................................................................. 151
1 . 7 Principio de iura novit curia .............................. 164
1 . 8 Principio de igual trabajo igual salario ................ 164
1 . 9 Norma más favorable .......................................... 167
1.10 Principio de equidad ............................................. 170
1.11 Principio de prohibición de reformatio in peius ... 172
1.12 Nulidad de los actos procesales .......................... 172
1.13 Revocatoria por contrario imperio ...................... 174
2. De las personas en el Derecho del Trabajo .............. 175
2.1 Trabajador de dirección ........................................ 175
2.1.1 Concepto. ................................................... 175
2.1.2 Concepto. Indemnización por despido in-
justificado ................................................... 177
2.2 Empresas de trabajo temporal .............................. 180
2.3 Trabajador eventual .............................................. 182
2.3.1 Concepto................................................... 182
2.3.2 Estabilidad del trabajador eventual ......... 183
3 . Prescripción ................................................................. 185
3.1 Interrupción de la prescripción, a través del su-
cesivo registro del libelo y de la orden de compa-
recencia ................................................................. 185
3.2 Interrupción de la prescripción en casos de extin-
ción de la instancia por desistimiento del procedi-
miento .................................................................... 187
3.3 Interrupción de la prescripción mediante la inter-
posición de una acción mero declarativa............. 191
3.4 Acción mero declarativa no constituye renuncia
a la prescripción .................................................... 192
3.5 Oposición a la homologación de la transacción .. 194
3.6 El lapso de prescripción en caso de indemniza-
ción por daño moral producto de un proceso pe-
nal. Inicio del lapso de prescripción ..................... 195
3.7 Lapso de prescripción del derecho a la jubilación .. 197
3.8 Lapso de prescripción en las relaciones de traba-
jo convenidas conforme al principio de la territo-
rialidad .................................................................... 199
4. Falta de cualidad ......................................................... 203
CAPÍTULO XV
ORGANIZACIÓN SINDICAL
1. Causas de disolución de sindicatos ............................. 205
CAPÍTULO XVI
PARTES Y APODERADOS
1 . Representación de litisconsorcio pasivo necesario .... 213
2 . Responsabilidad entre el beneficiario y el contratista 214
3 . Efectos del litisconsorcio pasivo necesario ................ 215
CAPÍTULO XVII
PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS PROCESALES
1 . Asociaciones Civiles .................................................... 217
2 . Desistimiento de la apelación de entes que gozan de pri-
vilegios y prerrogativas procesales de la República ...... 219
CAPÍTULO XVIII
PROCEDIMIENTO EN INSTANCIA CONFORME
A LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO
1 . Generalidades .............................................................. 223
1.1 Acumulación de autos o procesos ....................... 225
2 . Audiencia preliminar ................................................... 225
2.1 Incomparecencia del actor. Efecto jurídico del de-
sistimiento .............................................................. 225
2.2 Oportunidad para la celebración de la audiencia
preliminar ............................................................... 226
2.3 Efecto de la no consignación de la contestación
de la demanda ....................................................... 227
2.4 Citación presunta .................................................. 230
3. Audiencia de juicio ...................................................... 233
3.1 Incomparecencia del demandado ........................ 233
4. Terminación del proceso ............................................. 236
4.1 Oportunidad para solicitar aclaratoria ................. 236
5. Procedimiento de Segunda Instancia ......................... 237
5.1 Apelación contra decisión que declaró parcial-
mente con lugar la cosa juzgada en la audiencia
preliminar ............................................................... 237
5.2 Incomparecencia del apelante a la audiencia de

dictar el dispositivo en segunda instancia ............ 238
5.3 Finalidad de la apelación ....................................... 241
5.4 Objeto de la apelación .......................................... 242
CAPÍTULO XIX
PRUEBAS
1. Presunciones e indicios ................................................ 245
2. Control de la prueba de experticia .............................. 247
3. Requisitos de la prueba de exhibición ......................... 248
4. Valor probatorio del documento administrativo .......... 249
5. Valoración por sana crítica .......................................... 251
CAPÍTULO XX
RECURSO DE INTERPRETACIÓN
1 . Objeto del recurso de interpretación .......................... 253
CAPÍTULO XXI
RELACIÓN DE TRABAJO
1 . Presunción de existencia de la relación de trabajo. Car-
ga de la prueba. ............................................................ 255
2 . Contrato de Trabajo ..................................................... 257
2.1 Territorialidad. Aplicación de la ley laboral vene-
zolana ..................................................................... 257
2.2 Territorialidad. Contrato de trabajo celebrado en
Venezuela............................................................... 259
3 . Continuidad de la relación de trabajo .......................... 262
4 . Sustitución de patrono .................................................. 263
4.1 Concepto ................................................................ 263
4.2 Ejecución de una sentencia recaída en un juicio
incoado contra el patrono sustituido .................... 265
Índice de Artículos .............................................................. 268
Índice de Sentencias ........................................................... 275
Abreviaturas
CC: Código Civil

CCOM: Código de Comercio
CEC: Código de Enjuiciamiento Criminal
CPC: Código de Procedimiento Civil
CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela
DFLOPGR: Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la República
LA: Ley de Abogados
LAP: Ley de Administración Pública
LCA: Ley de Carrera Administrativa
LEDPC: Ley de Estímulo al Desarrollo de las activida-
des Petroquímica, Carboquímica y Similares
LINCE: Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (INCE)
LINCE: Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación
Educativa (1970)
LOCSJ: Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

LOHPN: Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional
LOPCYMAT (der): Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (1986)
LOPCYMAT (vig): Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo (2005)
LOPNA: Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente
LOPGR: Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República
LOPT: Ley Orgánica Procesal del Trabajo
LOSSS: Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social
LOT: Ley Orgánica del Trabajo
LOTPT: Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimien-
to del Trabajo
LOTSJ: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
LT (1936): Ley del Trabajo (1936)
RLCA: Reglamento General de la Ley de Carrera Ad-
ministrativa
RLT (1973): Reglamento de la Ley del Trabajo (1973)
RLOT (1999): Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(1999)
RLOT (2002): Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo
(2002)
Capítulo I
Accidentes y enfermedades profesionales
1. Incompetencia de la jurisdicción laboral para asumir el

conocimiento del recurso de nulidad contra la Providencia
Administrativa dictada por el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)
Recurso de apelación
Ponente: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Partes: Trevi Cementaciones, C.A. contra Instituto Na-
cional de Prevención, Salud y Seguridad Labora-
les (INPSASEL)
Sentencia: N° 0683 de 15-05-08. Exp. 07-327
Motivo: recurso de nulidad contra la Providencia Adminis-
trativa dictada por el Instituto Nacional de Pre-
vención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL)
Normas citadas: LOPCYMAT: Disposición Transitoria Séptima
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional Nº 29 de fe-
cha 19 de enero de 2007
Confirma: Criterio sostenido en sentencias Nos 1330 del 14
de junio de 2007; 1440, 1441 y 1442 del 28 de ju-
nio de 2007; y, Nº 522 de fecha 21 de marzo de
2006 (caso: Candelario Ramón Romero Hernán-
dez y otros contra Compañía Venezolana de Ter-
minales S.A.)
Voto salvado: Juan Rafael Perdomo
Referencia
jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.318 de
fecha 02 de agosto de 2001; y, Sentencia de la
Sala Plena Nº 9 de fecha 05 de abril de 2005.
Normas citadas: CRBV: artículo 259; LOPCYMAT: Disposición
Transitoria Séptima
La sentencia objeto de apelación fue pronunciada por el Juzgado Superior
Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita-
na de Caracas, con motivo del recurso contencioso administrativo de nu-
lidad intentado conjuntamente con medida cautelar de suspensión de
efectos, por la sociedad mercantil TREVI CONSTRUCCIONES, C.A.,
contra la providencia administrativa N° US-M/001/2006 dictada el 18 de
enero de 2006 por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores del
Distrito Capital, Vargas y Miranda del Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en la cual se declaró sin lugar
la pretensión de nulidad del referido acto administrativo.
Ahora bien, aprecia esta Sala que el conocimiento jurisdiccional del re-
curso de nulidad propuesto correspondió al mencionado Juzgado Supe-
rior, debido a la competencia atribuida por la Disposición Transitoria
Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 38.236 de fecha 26 de junio de 2005.
No obstante lo anterior, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal,
mediante decisión Nº 29 de fecha 19 de enero de 2007, se pronunció
con relación a la competencia para conocer de los recursos contencioso
administrativos contra los actos administrativos dictados en sujeción a
la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo, y al respecto estableció, conteste con la doctrina vinculante de
dicha Sala acerca de los órganos jurisdiccionales competentes para co-
nocer de la impugnación de los actos administrativos dictados por las
Inspectorías del Trabajo, que los Juzgados Superiores en lo Contencioso
Administrativo son los competentes para conocer en primera instancia
de los referidos recursos contencioso administrativos, y en apelación,
las Cortes de lo Contencioso Administrativo, criterio acogido por esta
Sala de Casación Social (Vid. Sentencias Nos 1330 del 14 de junio de
2007; y 1440, 1441 y 1442 del 28 de junio de 2007).
Por tanto, vista la declaratoria de incompetencia de la jurisdicción labo-
ral para asumir el conocimiento del presente juicio; al ser la competen-
cia por la materia de estricto orden público, no susceptible de
convalidación, tal como se reseñó en sentencia Nº 522 de fecha 21 de
marzo de 2006 (caso: Candelario Ramón Romero Hernández y otros
contra Compañía Venezolana de Terminales S.A.), esta Sala anula la
decisión dictada en la primera instancia, en fecha 15 de diciembre de
2006, y declina la competencia en la jurisdicción contencioso adminis-
trativa; en consecuencia, ordena que los autos se envíen al Juzgado
Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, a fin de que conozca el recurso con-
tencioso administrativo de nulidad interpuesto”.
Voto Salvado:
Quien suscribe, Magistrado Juan Rafael Perdomo, salva su voto –no
obstante su conformidad en casos anteriores– por disentir del criterio
sostenido por la mayoría sentenciadora según el cual la jurisdicción la-
boral es manifiestamente incompetente para asumir el conocimiento del
presente juicio en razón del carácter temporal de la norma contenida en
la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Sostiene la mayoría sentenciadora que la Sala Constitucional de este
Supremo Tribunal –en un caso similar–, atribuyó a la jurisdicción con-
tencioso administrativa la competencia para resolver los recursos con-
tenciosos administrativos de nulidad contemplados expresamente en la
aludida Ley especial, en primer grado de jurisdicción, a los Juzgados
Superiores Contenciosos Administrativos regionales, y en apelación, a
las Cortes de lo Contencioso Administrativo, criterio que esta Sala adopta
en razón del carácter temporal de la aludida norma y mientras se crea,
como así dispone la referida Ley, la Jurisdicción Especial del Sistema
de Seguridad Social; sin embargo, al asumir este criterio obvió el con-
texto jurídico en el cual se ha venido desarrollando la doctrina a que se
refiere la sentencia de la Sala Constitucional aludida.
Así, la sentencia de la Sala Constitucional está referida a un caso en el
que el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Ju-
dicial del Estado Bolívar desaplicó por vía de control difuso la mencio-
nada Disposición Transitoria Séptima; allí dicha Sala, sin emitir
pronunciamiento expreso y directo sobre la regla de competencia esta-
blecida a favor de la jurisdicción laboral, se limita a señalar que el Juez
Superior del Trabajo no debió desaplicar por control difuso la Disposi-
ción Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condicio-
nes y Medio Ambiente de Trabajo, para declinar el conocimiento de la
causa sometida a su examen en la jurisdicción contencioso administrati-
va, sino aplicar la doctrina imperante para el caso sentada por la Sala
Constitucional.
Ahora bien, un análisis de la doctrina desarrollada tanto por la Sala Cons-
titucional como por la Sala Plena de este Supremo Tribunal, nos lleva a
sostener que el criterio imperante es del siguiente postulado: la compe-
tencia para el control judicial de actos administrativos por órga-
nos que no formen parte de la jurisdicción contencioso
administrativa ordinaria debe apoyarse en una norma de rango
legal que expresamente así lo establezca.
En efecto, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en relación
con la competencia de los tribunales del trabajo para conocer de accio-
nes de nulidad contra actos administrativos, específicamente, contra actos
dictados por las inspectorías del trabajo, en sentencia Nº 1.318 de fecha
02 de agosto de 2001, sostuvo:
En este sentido, se observa que la jurisdicción laboral ha venido
conociendo de los juicios de nulidad de estas resoluciones, siguien-
do el criterio sostenido en decisión dictada por la Sala Político Admi-
nistrativa de la antes denominada Corte Suprema de Justicia, el 13 de
febrero de 1992, en el juicio conocido como caso: Corporación Ba-
mundi, C.A., sin que en realidad exista en la Ley Orgánica del Trabajo
una norma que expresamente le asigne a los juzgados laborales el
conocimiento de este tipo de juicios. Es preciso al respecto advertir,
que la competencia de los órganos del Estado, viene determinada por
una norma jurídica que de manera formal le atribuya competencia. De
allí que, siendo que en los casos de los juicios de nulidad, a que se
refiere la Ley Orgánica del Trabajo, ésta no le atribuyó dicha compe-
tencia de manera expresa a esta jurisdicción especial, sino que se
limitó a señalar que contra estas decisiones se podían ejercer los
recursos correspondientes ante los Tribunales, sin que indicara a
cuáles se estaba refiriendo.
La expresada omisión no autoriza a interpretar que la jurisdicción
laboral es entonces la competente para conocer de dichos juicios,
con base en lo dispuesto en los artículos 5 y 655 eiusdem, sino que lo
razonable era establecer que como quiera que la decisión provenía
de un órgano de carácter administrativo, inserto en el Poder Ejecuti-
vo, esto es, de las Inspectorías del Trabajo, los órganos jurisdiccio-
nales competentes para conocer y decidir este tipo de controversias
era la jurisdicción contencioso administrativa, siendo consecuente
con el principio del juez natural. De lo expuesto se colige, que el
criterio sostenido en la sentencia anteriormente citada, dictada por la
Sala Político Administrativa, debe ser abandonado. En consecuen-
cia, deberá prevalecer el presente criterio, lo que implica que, en el
futuro, los Juzgados con competencia en materia laboral, deberán
declinar en los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa
el conocimiento y decisión de los recursos interpuestos contra las
providencias administrativas, dictadas por las Inspectorías del Tra-
bajo, por ser éstos los órganos judiciales a los cuales les incumbe
conocer de este tipo de juicios.
Por su parte la Sala Plena, en sentencia Nº 9 de fecha 05 de abril de
2005, sostuvo:
(...) una tesis que pretenda que el control judicial de tales actos co-
rresponde a órganos que no forman parte de la jurisdicción conten-
cioso administrativa ordinaria, sino de tribunales de la jurisdicción
laboral (que en esos procesos actuarían como contencioso adminis-
trativos especiales), debe necesariamente apoyarse en una norma
jurídica que expresamente establezca tal excepción al principio gene-
ral, y en modo alguno cabe derivarse la misma de una norma que no
existe en el presente caso.
De las sentencias parcialmente transcritas se interpreta que los tribuna-
les del trabajo son incompetentes para conocer de las acciones de nuli-
dad contra los actos administrativos dictados por las inspectorías del
trabajo, no porque los órganos de la jurisdicción contencioso administra-
tiva son sólo aquellos que ostentan esa denominación, sino porque no
existe una norma que expresamente les asigne esa competencia, pues
la competencia de los órganos jurisdiccionales debe siempre estar atri-
buida por norma legal expresa.
De manera que, pueden los demás tribunales de la República conocer de
impugnaciones contra determinado tipo de actos administrativos cuando
una norma legal expresa así lo establezca, actuando en esos casos como
órganos de la jurisdicción contencioso administrativa –tal es el caso de
los tribunales superiores agrarios, por ejemplo–. Y ello no contraría lo
dispuesto en el artículo 259 de la Constitución de la República, sino que
obedece en todo caso, a que por razones de política judicial –afinidad de
la materia, especialidad del órgano jurisdiccional, etc.–, se haya optado
por la decisión de asignar una competencia específica y de esencia con-
tencioso administrativa, a tribunales cuya competencia fundamental se
inscriba dentro de otra jurisdicción. Todo lo contrario, una disposición le-
gal en ese sentido es expresión fidedigna de la fórmula recogida en el
citado artículo “y los demás tribunales que determine la ley”.
De este modo, es al legislador, en ejercicio de su libertad de configura-
ción, a quien le corresponde en definitiva determinar qué tribunales con-
forman la jurisdicción contencioso administrativa.
Es así como en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente del Trabajo existe una declaración expresa por parte del le-
gislador de cuáles son los tribunales competentes para conocer de los
recursos de nulidad interpuestos contra los actos administrativos dicta-
dos con ocasión de su aplicación. Efectivamente, la Disposición Transi-
toria Séptima dispone que: “Mientras se crea la Jurisdicción
Especial del Sistema de Seguridad Social, son competentes para
decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la
presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en mate-
ria de Trabajo de la circunscripción judicial en donde se encuen-
tre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen
al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”.
Así las cosas, no existe ninguna duda de que los tribunales superiores
del trabajo y esta Sala de Casación Social, por disposición expresa de la
ley, forman parte de la llamada jurisdicción contencioso administrativa
eventual. Es tan evidente la intención del legislador de querer sustraer
esta materia de la competencia de los tribunales que conforman la juris-
dicción contencioso administrativa ordinaria, que según la Disposición
Transitoria transcrita, existe la intención de crear una jurisdicción del
sistema de seguridad social a la que le competerá conocer todo lo con-
cerniente a la misma.
2. Indemnización por deformaciones permanentes
Recurso de casación
Ponente: Omar Mora Díaz
Partes: Fermín Alfonso Sayago contra Servicios Hallibur-
ton de Venezuela, S.R.L. y otra
Motivo: Cobro de indemnización derivada de accidente de
trabajo
Normas citadas: LOPCYMAT: artículo 33.
Pues bien, reclama el actor la indemnización contemplada en el parágrafo
tercero del artículo 33 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente del Trabajo, el cual establece que “...cuando la secue-
la o deformaciones permanentes, provenientes de enfermedades pro-
fesionales o accidentes del trabajo, hayan vulnerado la facultad
humana del trabajador, más allá de la simple pérdida de su capaci-
dad de ganancias, en las condiciones y circunstancias contempla-
das en el artículo treinta y uno (31) de esta Ley, ...el empleador queda
obligado a pagar al trabajador, ...una cantidad de dinero equiva-
lente a cinco (5) años contando los días continuos...”.
Ahora bien, la consecuencia sufrida por el trabajador, luego del acci-
dente que produjo la amputación comentada, según se puede despren-
der, de lo expuesto por la especialista en la materia, en la certificación
de la Dirección Estatal de Salud de los Trabajadores (folios 33 y 34 de
la pieza Nº 1 del expediente), no limita ni afecta gravemente al trabaja-
dor demandante, siendo que el mismo, mediante rehabilitación, terapias
y reentrenamiento puede “...recuperar habilidades manuales...” más
cuando de las tres falanges que posee la anatomía del dedo, sólo ocurrió
la pérdida parcial da la falange distal (primera parte) del dedo medio, es
decir, si bien dicha pérdida afecta, en cierto grado, física y emocional-
mente al trabajador, no es de gran magnitud, como lo sería la pérdida
total de la mano, de cualquier extremidad, pérdida de la vista, entre
otros, como para castigar a la empresa con la indemnización que consa-
gra el parágrafo tercero del artículo 33 denunciado, por lo que resulta a
todas luces improcedente. Así se decide.
3. Indemnización por daño material (lucro cesante y/o daño

emergente)
Ponente: Juan Rafael Perdomo
Partes: Jorge Andrés Arteaga Zanotty contra Operadora
Cerro Negro, S.A. y otras
Motivo: Cobro de diferencia de prestaciones sociales e in-
demnización por accidente de trabajo
Al respecto, la Sala ratifica su doctrina, en el sentido de que resulta

improcedente la indemnización por daño material (lucro cesante y/o daño
emergente), cuando quien pretenda ser indemnizado no ha demostrado
que el daño ha sido producto o consecuencia de la conducta impruden-
te, negligente, inobservante o imperita (hecho ilícito) del patrono. En
este sentido, al no constar en autos que el actor haya demostrado el
hecho ilícito en el cual habría incurrido el patrono, resulta improcedente
dicha indemnización. Así se decide.
4. Responsabilidad solidaria en indemnizaciones por
accidentes o enfermedades profesionales
Motivo: Cobro de indemnización derivada de accidente de
trabajo
Normas citadas: LOPCYMAT: artículo 33.
En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda inter-
puesta por el ciudadano FERMÍN ALFONSO SAYAGO, en contra de
la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUE-
LA, S.R.L., condenando a dicha empresa al pago de la cantidad de
cuarenta y nueve mil ochocientos quince bolívares con ochenta y siete
céntimos (Bs. 49.815,87), por concepto de la indemnización prevista en
el ordinal 3° del parágrafo segundo del artículo 33 de la Ley Orgánica
de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, y la canti-
dad de diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), por concepto de daño moral.
No opera, en el presente caso, la responsabilidad solidaria de la empre-
sa PDVSA PETRÓLEO, S.A., al ser criterio de esta Sala que, las
indemnizaciones por concepto de accidentes o enfermedades profesio-
nales, se tratan de resarcimientos intuito personae,
5. Cuantificación del daño moral
Motivo: Cobro de indemnización derivada de accidente
de trabajo
Confirma: Criterio establecido en Sentencia de la Sala de Ca-
sación Social N° 144 de fecha 7 de marzo de 2002
Ahora bien, en cuanto a la motivación que implica la cuantificación del
daño moral, la Sala ha señalado en reiteradas sentencias, tales como en
la sentencia N° 144 de fecha 7 de marzo de 2002, que “...el sentencia-
dor que conoce de una acción por daño moral debe hacer un exa-
men del caso en concreto, analizando los siguientes aspectos: a) la
entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la lla-
mada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabili-
dad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito
que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjeti-
va); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura
del reclamante; e) posición social y económica del reclamante; f)
capacidad económica de la parte accionada; g) los posibles ate-
nuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfac-
toria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar
a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último, i) referen-
cias pecuniarias estimadas por el Juez para tasar la indemnización
que considera equitativa y justa para el caso concreto...”.
De tal manera, si bien es cierto que dicha indemnización es acordada a
discreción del juez, es decir, desciende de la apreciación soberana de
éste, sin embargo, ha sido clara la Sala en sostener que, partiendo de la
naturaleza jurídica de la indemnización que se pretende, debe el Juez
analizar y razonar, todos y cada uno de los parámetros considerados por
la jurisprudencia, en concordancia con cada caso en concreto, para que
así el monto acordado, aunque no pueda borrar el daño sufrido, sea lo
más ajustado y equitativo al hecho en cuestión.
6. Carga de la prueba de la responsabilidad subjetiva o hecho
ilícito del patrono causante del accidente o enfermedad
profesional
Normas citadas: LOPCYMAT: artículo 33, Parágrafo Segundo,
numeral 3
Demanda el pago de la cantidad de ciento cincuenta y seis millones
ochocientos noventa y tres mil cuatrocientos diecisiete bolívares con
cuarenta y ocho céntimos (Bs. 156.893.417,48), por concepto de in-
demnización por accidente de trabajo prevista en el artículo 33, Pará-
grafo Segundo, numeral 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones
y Medio Ambiente de Trabajo de 18 de julio de 1986 vigente para la
fecha del accidente.
Sobre este particular, la norma invocada por el actor establece que el
empleador debe indemnizar al trabajador por las incapacidades ocasio-
nadas por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, o a sus
parientes en caso de muerte del trabajador, cuando dichos infortunios se
produzcan como consecuencia del incumplimiento de las normas de pre-
vención, sabiendo el empleador que sus trabajadores corrían peligro en
el desempeño de sus labores y no corrigió las situaciones riesgosas.
En este caso, el empleador responde por haber actuado en forma culpo-
sa, con negligencia, imprudencia o impericia, y siempre será preciso que
en caso de reclamación de la indemnización correspondiente el trabaja-
dor, demuestre que el patrono conocía de las condiciones riesgosas.
En caso que el trabajador demuestre el extremo antes indicado, el pa-
trono sólo se puede eximir de la responsabilidad si comprueba que el
accidente fue provocado intencionalmente por la víctima o se debe a
fuerza mayor extraña al trabajo sin que hubiere ningún riesgo especial.
En el caso de autos, existen suficientes evidencias de que las code-
mandadas, especialmente Operadora Cerro Negro, dueña de las insta-
laciones donde ocurrió el accidente y beneficiaria de los servicios del
actor, incumplieron con algunas normas de prevención, lo cual, en apre-
ciación de la Sala, influyó de manera determinante en el acaecimiento
del accidente.
(...)
Así las cosas, al no probar las codemandadas ninguna causal eximente,
forzoso es declarar su responsabilidad a los efectos de la indemnización
reclamada prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y
Medio Ambiente de Trabajo, artículo 33, Parágrafo Segundo, numeral 3.
En consecuencia, al quedar demostrado la incapacidad parcial y perma-
nente, así como el último salario devengado por el actor de ochenta mil
doscientos ochenta y siete bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs.
80.287,78), el cual fue admitido por las codemandadas, se acuerda como
indemnización por incapacidad parcial y permanente la cantidad de
ochenta y siete millones novecientos quince mil ciento diecinueve bolí-
vares con diez céntimos (Bs. 87.915.119,10) que es el equivalente al
salario de tres (3) años contados por días continuos.
7. Enfermedad profesional
7.1 Comienzo del lapso de prescripción e interrupción de la

prescripción
Partes: Jairo José Maldonado Infante contra Shell Vene-
zuela Productos C.A.
Motivo: Cobro de indemnización por enfermedad profesional
El criterio imperante de la Sala en relación con la prescripción en mate-
ria de enfermedades profesionales establece que el lapso es de dos (2)
años contados a partir de: a) la constatación de la enfermedad; o b) la
declaración de la incapacidad, cuando no sea posible determinar la fe-
cha de constatación de la enfermedad. En el caso de autos, el Senten-
ciador estableció con base en informe médico de fecha 21 de febrero
de 2005, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguri-
dad Laborales que la enfermedad auditiva fue constatada en fecha 09
de marzo de 2003, por tanto, consideró que el lapso de prescripción
empezó a correr desde esa fecha y no desde el 21 de febrero de 2005,
fecha en la cual se expidió la certificación de incapacidad, actuando de
esa manera apegado a la doctrina jurisprudencial de esta Sala.
En relación con la interrupción de la prescripción, ya antes se dejó sen-
tado que las reclamaciones administrativas capaces de surtir ese efec-
to, son aquellas que pueden constituir en mora a la parte demandada
respecto de una posible indemnización. De allí que, el procedimiento de
calificación de falta no es idóneo para ese fin, tanto más en cuanto que
es un procedimiento instaurado por la demandada.
8. Accidente de trabajo
8.1 Vínculo de causalidad (hecho extraño o de un tercero y

cuando no exista un riesgo especial)
Ponente: Alfonso Valbuena Cordero
Partes: Guillermina de Jesús Giménez Luna y otra contra
Waldeco, S.A.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales
Normas citadas: LOT: artículo 563, literal b
Pues bien, con vista a todo lo antes expuesto, estima esta Sala que
resulta suficiente, para que pueda ser declarada la responsabilidad
objetiva por guarda de cosas, que se pruebe suficientemente la exis-
tencia del daño, la relación de causalidad conforme a la cual pueda
afirmarse que el hecho de la cosa es el que causó el daño y la condi-
ción de guardián de la demandada, disponiendo la accionada de las
siguientes defensas frente a la acción por la cual se le exige la res-
ponsabilidad que nos ocupa, como lo son: la demostración de que el
hecho proviene de un caso fortuito, fuerza mayor, del hecho de un
tercero o de culpa de la víctima.
Ahora bien, una vez precisado lo anterior, se observa que el senten-
ciador de alzada establece que le es aplicable al caso que nos ocupa el
literal “b” del artículo 563 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual
exime al patrono de responsabilidad cuando el accidente provenga de
un tercero o hecho extraño y cuando no exista un riesgo especial, en
fundamento a que el accidente sufrido por el trabajador no se trató de
un accidente de trabajo, sino de un hecho delictivo perpetrado por el
hampa común.
Tal criterio lo comparte la Sala, visto que de los hechos acaecidos en
autos se constata que, si bien cuando ocurrió el accidente el trabajador
se encontraba en el cumplimiento de su jornada laboral, dicho accidente
no fue ocasionado directamente por el trabajo de vigilante desempeña-
do por el trabajador en la empresa demandada, pues como ya se indicó,
su deceso ocurrió producto de los disparos ocasionados por un enfren-
tamiento entre el órgano policial y unos delincuentes que venían de atra-
car a una persona que salía de una entidad bancaria, hecho éste que no
debe catalogarse como un riesgo especial que deje sin efecto la exi-
mente dispuesta en la primera parte del literal “b” del artículo 563 de la
Ley Orgánica del Trabajo; ya que, para que exista la responsabilidad
derivada del riesgo profesional es necesario que el accidente tenga una
relación directa con el trabajo desempeñado.
Debe establecerse un vínculo de causalidad que explique que el acci-
dente fue ocasionado por el trabajo mismo de una manera directa, y no
en forma indirecta o accesoria, tal y como ocurrió en el caso bajo estu-
dio, donde no existe evidencia en autos que los delincuentes hayan en-
trado a la sede de la empresa con la intención de robar o hurtar, ni que
se haya suscitado un enfrentamiento del trabajador en resguardo de los
bienes de la empresa. En consecuencia, se hace imperioso el estableci-
miento de dicho vínculo de causalidad, para así no caer en la necesidad
de calificar como accidentes de trabajo a muchos hechos que tienen
alguna relación con el trabajo prestado y extender así en una forma
insegura la teoría del riesgo profesional.
Capítulo II
Avocamiento
1. Fases del avocamiento
Avocamiento
Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa
Partes: José Plata Vera contra PDVSA Petróleo, S.A.
Motivo: Cumplimiento de contrato individual de trabajo y
otros conceptos laborales
Referencia
jurisprudencial: Sentencia emanada de la Sala Politicoadministra-
tiva N° 1216 de fecha 8 de octubre de 2002 (caso:
Franklin Pirela Ramírez)
En sintonía con sentencia emanada de la Sala Politicoadministrativa
N° 1216 de fecha 8 de octubre de 2002 (caso: Franklin Pirela Ra-
mírez), el procedimiento del avocamiento se desarrolla en dos eta-
pas, a saber:
a) Primera fase: consiste en la solicitud de remisión del expediente que
curse ante otros tribunales, lo cual implica la orden de paralizar cualquier
actuación en el tribunal en el cual reposa el o los expedientes, impidiéndo-
sele tanto al juez como a las partes cualquier tipo de actuación.
b) La segunda etapa consiste en avocarse al conocimiento del asunto,
cuando así la Sala competente lo juzgue pertinente. Esta última decisión
puede tener implícita la nulidad de algún acto procesal, cuando se hu-
biere dejado de llenar un requisito esencial a su validez y, como conse-
cuencia natural, la reposición de la causa al estado que la sentencia de
avocamiento ordene.
Pues bien, esta Sala de Casación Social, una vez revisadas las actas
que conforman el expediente, decide que están dadas las condiciones
para que se materialice la primera parte de este procedimiento. Por lo
tanto, se estima necesario el envío a esta Sala del expediente contentivo
del procedimiento por cumplimiento de contrato individual de trabajo y
otros conceptos laborales incoado por (Omissis) a los fines de formar
criterio sobre los siguientes hechos:
1) Si efectivamente se ha producido una alteración al orden procesal
que constituya un obstáculo a la tutela judicial efectiva.
2) Si efectivamente se ha producido un desorden procesal en la causa
en cuestión.
3) Si efectivamente se han violado garantías esenciales.
En este sentido, esta Sala declara que los hechos expuestos por la repre-
sentación judicial de la parte solicitante son razones valederas para que
se proceda al examen del expediente relacionado con el cumplimiento del
contrato individual de trabajo y otros conceptos laborales, a los fines de
determinar si es procedente o no la solicitud de avocamiento.
Capítulo III
Casación presupuestos
de admisibilidad del recurso
1. Cuantía para recurso de casación
Recurso de control de la legalidad
Partes: Olimpíades José Galué contra Unitech de Vene-
zuela, C.A.
Normas citadas: LOPT: artículos 167 y 178; CPC: artículos 3°, 9°
y 312; CRBV: artículo 24; LOTSJ: artículo 18
Reitera: Doctrina establecida por la Sala de Casación So-
cial, en la decisión Nº 580 del 4 de abril de 2006
(caso: Fernando Leal y otros contra Servicios
Técnicos Mecánicos, C.A.)
Referencia
jurisprudencial: Véase al final doctrina establecida por la Sala
Constitucional en sentencia Nº 1573 de fecha 12
de julio de 2005 (caso: Carbonell Thielsen, C.A.),
citada en el texto, respecto a la cuantía para la
admisión del recurso de casación.
Como antes se señaló, para que proceda la admisibilidad del extraordi-
nario recurso de control de la legalidad, es necesario el cumplimiento de
los requisitos legales antes expuestos, y entre ellos se encuentra, que la
sentencia contra la cual se recurre no sea impugnable en casación.
Al respecto, la Sala Constitucional de este alto Tribunal, en sentencia
N° 1.573 de fecha 12 de julio del año 2005, y publicada en Gaceta Ofi-
cial N° 38.249 de fecha 12 de agosto del mismo año, estableció:
En tal sentido, esta Sala, en aras de preservar la seguridad jurídica, la
tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía
necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que imperaba
para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en ese
momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y la
competencia por la cuantía y por ello considera cumplido el quantum
requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las
partes no están en disposición de prever las modificaciones de la
cuantía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para
acceder en casación. Así se decide.
Por su parte, esta Sala de Casación Social en sentencia N° 580 de
fecha 04 de abril del año 2006 bajo la Ponencia del Magistrado Luis
Eduardo Franceschi (caso: Servicios Técnicos Mecánicos, C.A.) es-
tableció que “el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de exami-
narse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de
acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo corres-
pondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido inter-
puestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en
Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional–,
deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante;
por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos
interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de
agosto de 2005). Así se establece”.
Ahora bien, en sujeción al criterio jurisprudencial establecido por esta
Sala, anteriormente transcrito, se verifica que el presente recurso de
control de la legalidad fue interpuesto en fecha 14 de mayo del año
2008, es decir, con posterioridad al criterio jurisprudencial establecido
por la Sala Constitucional antes expuesto, por lo que debe tomarse en
cuenta a los efectos de la admisibilidad del recurso de casación, la cuantía
que imperaba para el momento en que se interpuso la demanda, y sien-
do que ésta lo fue en fecha 14 de noviembre del año 2000, la cuantía
requerida para ese entonces era de tres millones de bolívares (Bs.
3.000.000,00), por lo que al haber estimado la parte actora la demanda
en la cantidad de once millones noventa y dos mil novecientos treinta y
siete bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 11.092.937,43), forzo-
so es para esta Sala declarar la inadmisibilidad del presente medio ex-
cepcional de impugnación, por no cumplir con uno de los requisitos
previstos en el artículo 178 de la Ley adjetiva laboral, referido a que la
sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo no sea impugnable
en casación.
Referencia jurisprudencial:
OBITER DICTUM
En resguardo de los derechos constitucionales al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justi-
cia, consagrados en la Carta Magna, esta Sala en aras de garantizar la
supremacía y efectividad de normas y principios constitucionales, así
como su uniforme interpretación y aplicación, estima necesario realizar
las siguientes consideraciones:
Entre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, es de
impretermitible cumplimiento el de la cuantía. Así, según lo dispuesto
en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el monto que se
exigía en un primer momento era el que excediera de doscientos cin-
cuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00); posteriormente, a partir del 22
de abril de 1996 por Decreto Presidencial N° 1.029, se modificó dicha
cuantía aumentándola en la cantidad que excediera de cinco millones
de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Ahora bien, con la entrada en vigen-
cia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, dicha cuantía se volvió a modificar,
exigiéndose ahora que el interés principal del juicio exceda de tres mil
unidades tributarias (3.000 U.T.), en tal sentido, visto que la Ley Or-
gánica del Tribunal Supremo de Justicia omitió establecer a partir de
cuál momento se aplica la nueva cuantía a los juicios en curso para
determinar la admisibilidad del recurso de casación, se hace necesario
realizar las siguientes precisiones:
En primer lugar, de acuerdo al requisito de la cuantía para acceder a la
sede casacional según el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil
del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de marzo de 2005 (caso: “Tural-
ca Viajes y Turismo, C.A.”), los Tribunales de la República deberán
tomar en cuenta la fecha en que precluya la primera oportunidad que
tenga el Juez respectivo para dictar sentencia y verificar la cuantía vi-
gente rationae temporis para acceder a la sede casacional, es decir,
que si para la fecha en que el Juzgado respectivo debió decidir y no lo
hizo, el juicio tenía casación de acuerdo a la cuantía, entonces deberá
oírse el anuncio de casación interpuesto por el recurrente.
No obstante, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, establece
lo siguiente:
“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situa-
ción de hecho existente para el momento de la presentación de la
demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posterio-
res de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”. (Subra-
yado y negrillas de la Sala).
En tal sentido, es el actor el que determina con la presentación de su
demanda la competencia y jurisdicción en su demanda, todo en base al
principio de la perpetuatio fori.
Señalado lo anterior, las leyes no rigen las relaciones jurídicas cuyo
decurso ha sido en tiempos anteriores, especialmente, cuando han ori-
ginado derechos adquiridos, por ello, las leyes intertemporales toman
evidente relevancia en consideración de su aplicación inmediata, in-
cluso a nivel constitucional y en preservación del principio de la irre-
troactividad de las leyes.
En efecto, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, señala lo siguiente:
“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto
cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplica-
rán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los proce-
sos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las
pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea,
conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea”.
Por otra parte, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, dispone
lo siguiente:
“La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los
procesos que se hallen en curso; pero en este caso, los actos y
hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados toda-
vía, se regularán por la ley anterior”.
De manera que, aun cuando las leyes procesales son de aplicación
inmediata, las mismas no pueden tener efecto retroactivo respecto a
los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verifica-
dos todavía, es decir, la ley no debe establecer correcciones en el iter
procedimental, salvo que sólo sean aplicables a futuro, pues de acep-
tarse así las partes estarían expuestas a sufrir las consecuencias de
los cambios sobrevenidos durante el desarrollo del mismo, más aún,
cuando el artículo 24 de la Carta Magna prevé que las leyes de proce-
dimiento son de aplicación inmediata a los procesos en curso, no así
deben ceder en su aplicación ante el supremo derecho a la justicia y
de la tutela judicial efectiva, cuando la cuantía fue estimada bajo la
vigencia de una ley anterior.
Al respecto, siendo uno de los pilares fundamentales de la justicia la
confianza que tienen los particulares que un órgano del Poder Público
actúe de manera semejante a la que ha venido actuando, frente a cir-
cunstancias similares o parecidas, considera la Sala que las modifica-
ciones posteriores que determinen el quantum necesario para acceder
a la sede casacional pueden afectar eventualmente a las partes, pues no
están en capacidad de prever las alteraciones que en el futuro puedan
ocurrir en relación con esa situación y en caso de ser previsible, no
tienen la seguridad que sucedan.
En tal sentido, esta Sala, en aras de preservar la seguridad jurídica, la
tutela judicial efectiva y el debido proceso, establece que la cuantía
necesaria para acceder a casación, debe ser la misma que impe-
raba para el momento en que se interpuso la demanda, pues es en
ese momento en el cual el actor determina el derecho a la jurisdicción y
la competencia por la cuantía, y por ello considera cumplido el quantum
requerido por el legislador para acceder en sede casacional, pues las
partes no están en disposición de prever las modificaciones de la cuan-
tía a que hubiere lugar durante la tramitación del proceso para acceder
en casación. Así se decide.
Por otra parte, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribu-
nal Supremo de Justicia, la cuantía para acceder en casación quedó
modificada; en efecto, el artículo 18 establece lo siguiente: “(...) El
Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala que
corresponda, los recursos o acciones, que deban conocer de acuer-
do con las leyes, cuando la cuantía exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.) (...)”.
De lo anterior se colige que, para acceder a la sede casacional, de acuer-
do con la referida ley, la cuantía del juicio deberá exceder a las tres mil
unidades tributarias (3.000 U.T.). Sin embargo, ante los incrementos
anuales que sufre la unidad tributaria pudiera estar afectándose o limi-
tándose la posibilidad de los administrados de acceder en casación ante
las respectivas Salas del Tribunal Supremo de Justicia; en tal sentido, el
Juzgador correspondiente deberá determinar –con base en los paráme-
tros anteriormente expuestos– la cuantía exigida para el momento en
que fue presentada la demanda y, en caso que la cuantía exigida sea la
establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe-
rá calcularse la unidad tributaria vigente para el momento en el cual fue
interpuesta la referida demanda.
En segundo lugar, resulta perentorio precisar el supuesto de admisibili-
dad del recurso de casación interpuesto contra las sentencias dictadas
por los Tribunales de reenvío, en torno al requisito aquí analizado. Al
respecto, no deberá tomarse en consideración la cuantía para recurrir
de una sentencia de reenvío, pues asiste a la parte interesada, un dere-
cho adquirido a la revisión del fallo por la sede casacional; lo contrario
implicaría la violación de los derechos constitucionales al debido proce-
so, a la defensa, de acceso a la justicia y a la igualdad procesal.
Ahora bien, el presente criterio no se aplica en el caso objeto de la esta
solicitud de revisión, en salvaguarda a la tutela judicial efectiva y a la
confianza legítima que tienen los particulares en la estabilidad de las
decisiones judiciales, pues la decisión contra la cual se recurre en revi-
sión fue dictada en el año 2002, momento para el cual el criterio vigente
para acceder en casación era distinto al que hoy se establece en el
presente obiter dictum.
En tal sentido, sólo se aplicará este criterio a las nuevas demandas que
se inicien con posterioridad a la publicación en la Gaceta Oficial del
presente fallo y para las causas que se encuentren en trámite, siempre
que el tribunal correspondiente aún no hubiere emitido pronunciamiento
sobre la admisibilidad del recurso de casación. Así se declara.
En consecuencia, se ordena la publicación del presente fallo en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud del carácter
vinculante del presente caso para todos los Tribunales de la República.
2. Constancia de la cuantía del juicio principal
Recurso de hecho
Partes: Elizabeth Uran Cardona contra Inversiones Ariza,
C.A.
Referencia
jurisprudencial: Sentencia de fecha 01 de Febrero del año 2006,
dictada por la Sala de Casación Social del Tribu-
nal Supremo de Justicia, caso Henry Parra Ruiz,
contra el ciudadano Samuel Imass Slutzkin, no ci-
tada en el texto.
Normas citadas: LOPT: artículo 167
Según lo transcrito ut supra, se aprecia que el Juzgado Superior mani-
festó su negativa de admisión del recurso de casación basándose en
que el mismo no fue interpuesto conforme a los requisitos exigidos para
la admisibilidad del recurso de casación laboral, con fundamento en que
la cuantía o el interés principal de la causa no consta en el expediente.
En este sentido pasa esta Sala a esculcar las actas que conforman el
expediente y verifica de los autos remitidos a este máximo Tribunal que,
ciertamente como lo manifestó el ad quem, no se encuentra el libelo de
la demanda para constatar la cuantía del juicio principal, ni tampoco
consta de ningún documento público.
Siendo así, no se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 167 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para la admisibilidad del recurso
de casación, razón por la cual resulta improcedente el presente recurso
de hecho propuesto. Así se resuelve.
Sentencia de fecha 01 de Febrero del año 2006, dictada por la Sala de
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, caso Henry Parra
Ruiz, contra el ciudadano Samuel Imass Slutzkin
“...En el caso concreto, la decisión del Juzgado Superior que a juicio
del recurrente tiene recurso de casación, es una decisión que declara
sin lugar el recurso de hecho, poniendo fin al juicio, cuya cuantía del
juicio que dio origen al recurso no ha podido verificar la Sala, por
consiguiente, no se cumplen con los extremos establecidos en el
artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo para admitir el
recurso de casación anunciado.
Por los motivos anteriormente indicados, resulta necesario concluir
que, de acuerdo con la prenombrada disposición, el recurso de casa-
ción interpuesto es inadmisible y, en consecuencia, es improcedente
el recurso de hecho presentado...”.
3. Decisiones recurribles
3.1 Sentencia definitiva formal
Recurso de hecho
Ponente: Luis Eduardo Franceschi
Partes: Nelson Antonio Pastrán Mujica contra Línea Dua-
ca, C.A.
Ahora bien, del estudio exhaustivo de las actas del expediente, se cons-
tata que la decisión contra la cual se anunció recurso de casación de-
claró la improcedencia de la prescripción decretada por el Juzgado a
quo, anulando el fallo proferido por éste y reponiendo la causa al estado
que el Juzgado de Juicio se pronuncie sobre el fondo de la controversia.
De tal manera, al ser la decisión de Alzada una sentencia dictada en la
oportunidad de la definitiva, que anula la decisión de primera instancia y
ordena la reposición de la causa al estado de que se dicte nueva senten-
cia, la misma se corresponde con lo que la doctrina y la jurisprudencia
de este Alto Tribunal ha denominado como sentencias definitivas for-
males, las cuales según se ha sostenido en reiteradas oportunidades
tienen recurso de casación inmediato.
Siendo así –tal y como lo afirma el recurrente– esta Sala considera a la
sentencia dictada por el Juzgado Superior como una definitiva formal,
recurrible de inmediato en casación. Aunado a ello, se advierte del es-
crito libelar que la parte demandante estimó su pretensión en ciento
veinte millones doscientos trece mil treinta y cuatro bolívares con nueve
céntimos (Bs. 120.213.034,09) excediendo dicha suma la cuantía nece-
saria para recurrir en casación –en el momento en que se interpuso la
demanda (2006)–, la cual era de cien millones ochocientos mil bolívares
(Bs. 100.800.000 00).
Así pues, verificados los extremos legales que hacen admisible el recur-
so de casación, esta Sala debe declarar con lugar el recurso de hecho
interpuesto. Así se decide.
3.2 Sentencia con efecto de sentencia definitiva formal
Recurso de hecho
Partes: José Nicasio Placencio y otros contra Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE)
Motivo: Cobro de diferencia de prestaciones sociales
Normas citadas: CRBV: artículos 26, 49 y 257; .CPC: artículo 252
El Tribunal Tercero Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Bolívar, al negar la admisión del recur-
so de casación interpuesto, expresó:
(...) Este Juzgado Superior pasa a determinar la procedencia de los
requisitos de admisibilidad del Recurso de Casación interpuesto, con-
forme a la norma prevista en el Artículo 167 numeral 1º de la Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo, y a tal efecto, observa este Tribunal que la
decisión publicada el 27 de marzo de 2008, contra la cual se anunció
recurso de casación es una sentencia que no pone fin al proceso, es
por lo que resulta necesario concluir que, contra dicha decisión es
inadmisible el recurso extraordinario de casación; en consecuencia,
esta Alzada, DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN
interpuesto por la representación judicial de la parte demandada (...).
Del análisis del auto que negó la admisión del recurso de casación, se
aprecia que la Alzada fundamentó dicha negativa en que la sentencia
recurrida no pone fin al juicio, y del estudio de esta sentencia se obser-
va que revoca el fallo oral dictado por el propio Tribunal Superior, anula
sus actuaciones y ordena la reposición de la causa al estado del pronun-
ciamiento del Tribunal de Primera Instancia, en relación con la admisión
del recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
En el caso in commento, la sentencia del superior establece que una
vez celebrada la audiencia de juicio y pronunciado el fallo oral, las apo-
deradas judiciales de la parte actora denunciaron una lesión al derecho
a la defensa y al debido proceso, toda vez que el juez de primera instan-
cia obvió el pronunciamiento sobre la apelación por ellas interpuesta, y
piden que se reponga la causa al estado de subsanar esta violación, que
produce un gravamen irreparable. Por esta razón la alzada declara que
a través de su silencio el a quo violentó los artículos 26, 49 y 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al de-
recho a la defensa y al debido proceso, y por cuanto fue sólo después de
dictado el dispositivo oral cuando la parte actora señala la referida vio-
lación, el juzgador revocó dicho dispositivo oral y repuso la causa.
Para decidir, la Sala advierte que una vez que el ad quem dictó el dispo-
sitivo oral decidiendo el mérito de la causa, agotó su jurisdicción y ya no
tenía facultad para actuar en el proceso, sólo podía decidir la admisión o
no del recurso de casación y en su caso disponer lo conducente para la
ejecución de la sentencia. Después de pronunciada la sentencia defini-
tiva, no podrá reformarla ni revocarla el Tribunal que la haya pronuncia-
do, tal como dispone el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil,
aplicable al presente caso por remisión expresa del artículo 11 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo.
Así las cosas, la sentencia recurrida tiene el efecto de una sentencia
definitiva formal y en consecuencia tiene casación de inmediato, en tan-
to que ha sido dictada luego de decidir sobre el fondo de la controversia
y ordena reponer la causa al estado de decidir sobre la admisión de la
apelación de la parte actora por parte del juez de primera instancia,
fundamentándose en la existencia de un error de procedimiento, no sub-
sanado por el ad quem, y anulando el fallo definitivo dictado por el
propio juez de alzada. De esta circunstancia atípica deviene la similitud
con la sentencia definitiva formal, pues en el caso in commento, el ad
quem no anula la sentencia de primera instancia, sino que revoca su
propia sentencia de mérito, desconociendo la prohibición que le impone
el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil de revocar la senten-
cia definitiva por él pronunciada.
En consecuencia, resulta necesario concluir que, contra esta decisión
es admisible el recurso de casación y, por tanto, el recurso de hecho
interpuesto es procedente y así se declara.
3.3 Decisiones dictadas en los recursos de invalidación
Recurso de hecho
Partes: José Edilberto Márquez Ávila contra Asociación
Civil Pro-viviendas El Ángel
Motivo: indemnización por accidente de trabajo
Normas citadas: LOPT: artículo 167; CPC: artículo 337
cial, en la decisión Nº 434 de fecha 10 de mayo de
2005 (caso: Construcciones, Servicios, Trans-
porte y Suministros Henfap, C.A.)
Ahora bien, en torno a la admisibilidad del recurso de casación contra
las decisiones dictadas en los juicios de invalidación, esta Sala en sen-
tencia Nº 434 de fecha 10 de mayo de 2005 (caso: Construcciones,
Servicios, Transporte y Suministros Henfap, C.A.) estableció:
Referente a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación
contra las decisiones dictadas en los recursos de invalidación si hu-
biere lugar a ello, es necesario que el juicio que se trate de invalidar
deba encuadrar, necesariamente, en alguno de los supuestos conteni-
dos en el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Respecto al requisito de la cuantía exigida por esta Sala de Casación
Social para la admisión del recurso de casación, se ha puntualizado
que en los recursos de invalidación, la cuantía es la del juicio ordina-
rio que se pretende invalidar, es decir, los elementos de cálculo con-
tenidos en el escrito libelar, y no la estimación que se haya hecho en
el libelo de demanda de invalidación.
En este sentido, en decisión del 23 de marzo de 1992, con ponencia
del Magistrado Adán Febres Cordero, en el expediente Nº 91-187, la
Sala de Casación Civil sostuvo que:
(...) en los procesos de invalidación es la cuantía del juicio que se
trata de invalidar la que deberá tenerse en cuenta a los efectos de
la admisibilidad o no del recurso de casación y no la estimación
que se haya hecho en la propia demanda de invalidación, porque
si los efectos de la sentencia dictada en la invalidación se produ-
cen inexorablemente en el juicio invalidable, la conexión entre
uno y otro es innegable, lo que lleva a concluir que la cuantía del
juicio principal determinará la de la invalidación, a los efectos de
la admisibilidad del recurso de casación.
Del extracto jurisprudencial transcrito se colige que la cuantía del juicio
de invalidación la va a determinar la estimación de la demanda principal.
Así las cosas, del escudriñamiento de las actas procesales, la Sala
observa que la sentencia objeto del recurso de casación es el auto
emanado del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua, de fecha 2 de febrero de 2007, que declaró inadmisi-
ble el recurso de invalidación.
Bajo este contexto, dicha sentencia, de conformidad con el artículo
337 del Código de Procedimiento Civil, resulta recurrible en sede ca-
sacional, siempre que se formule el anuncio dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de publicación del fallo y reúna el
extremo de la cuantía previsto en el artículo 167 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo.
En sintonía con lo expuesto, del escudriñamiento de las actas procesa-
les, se constató que la demanda que inició el juicio de prestaciones so-
ciales y otros conceptos laborales que se pretende invalidar, fue estimada
en la cantidad de cuatrocientos cincuenta y seis millones seiscientos
veinticinco mil bolívares (Bs. 456.625.000,00), cuantía que excedía de
la establecida en el artículo 167 numeral 1 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, que es de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), equiva-
lentes a cien millones ochocientos mil bolívares (Bs. 100.800.000), para
la fecha en que fue presentada la demanda, por lo que procede el recur-
so extraordinario de casación.
3.4 Inadmisible el recurso de casación ejercido contra decisiones

de regulación de competencia
Partes: Hamilton Melvin Rodríguez Philipps contra Auto-
mercados Plazas, C.A.
Motivo: Estimación e intimación de honorarios profesionales
Reitera: Criterio establecido en sentencia N° 43 del 26 de
julio de 2001
Ha sido criterio acogido por la Sala de Casación Social, en sentencia N°
43 del 26 de julio de 2001 y que en esa oportunidad se reitera, que
contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores que deci-
dan una regulación de competencia o declaren de oficio su incompeten-
cia, no es posible proponer recurso de casación, porque no se encuentran
dentro de ninguno de los supuestos de procedencia enunciados en la
Ley, ni se podrá interponer otro medio extraordinario, como es el recur-
so de Control de Legalidad, porque no es una decisión interlocutoria que
pone fin a la controversia.
La Sala constata que la decisión proferida por el Juez Superior, contra
la cual se anunció recurso de casación, resuelve sobre la regulación de
competencia propuesta por la parte actora. Es decir, que se trata de una
decisión que no encuadra dentro de ninguno de los presupuestos de pro-
cedencia del recurso de casación, que son aquellas que por sus efectos
y naturaleza ponen fin a la controversia o, que a pesar de no poner fin a
la misma, causan un daño irreparable por la definitiva para cualquiera
de las partes.
Por los razonamientos anteriores, esta Sala considera que contra la de-
cisión recurrida no es admisible el recurso de casación, así decide.
3.5 Inadmisible el recurso de casación ejercido contra autos en

ejecución de sentencia
Partes: Ender Enrique Castillo Robles contra Baroid de
Venezuela, S.A.
Normas citadas: LOPT: artículos 167 y 186; CPC: artículo 312
En relación con las decisiones en materia laboral recurribles en casación,
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 167, dispone que:
El recurso de casación puede proponerse:
1. Contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al
proceso, cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributa-
rias (3.000 U.T.).
2. Contra los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la con-
troversia exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
Al proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al juicio,
quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren produci-
do un gravamen no reparado por ella.
Se desprende de la citada norma, que el legislador se aparta del conte-
nido del ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil,
que establece que el recurso de casación puede proponerse contra los
autos dictados en ejecución de sentencia, pero sólo en dos casos excep-
cionales: a) cuando resuelvan puntos esenciales no controvertidos en el
juicio ni decididos en él, o; b) cuando provean contra lo ejecutoriado o lo
modifican de manera sustancial.
En efecto, el artículo 186 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
dispone:
Contra las decisiones del Juez en la fase de ejecución, se admitirá
recurso de apelación a un solo efecto, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, contados a partir del acto que se impugna, la
misma será decidida en forma oral e inmediata, previa audiencia de
parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, por el Tribunal
Superior del Trabajo; contra dicho fallo no se admitirá recurso de
casación (...) (Destacado de la Sala).
En el caso sub iudice, la Sala de Casación Social conoce del recurso de
casación propuesto contra el fallo dictado por el Juzgado Superior antes
identificado, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto
por la parte accionante, y confirmó la decisión dictada por el a quo, que
consideró como ajustado a derecho la procedencia de la impugnación
del dictamen pericial planteada por la demandada.
En consecuencia, al estar expresamente prohibido en el artículo 186 de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el ejercicio del recurso de casa-
ción contra los fallos dictados en etapa de ejecución de sentencia, resul-
ta inadmisible el actual. Así se decide.
3.6 Inadmisible el recurso de casación ejercido contra decisiones
de calificación de despido
Recurso de hecho
Ponente: Omar Alfredo Mora Díaz
Partes: Gladys Esperanza Sanguino de Uzcátegui contra
Administradora Consolitex, C.A.
Motivo: Calificación de despido
Ahora bien, aprecia la Sala, que la presente causa trata de un procedi-
miento de calificación de despido y, según lo establece claramente el
artículo 188 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en dicha materia
no se concederá el recurso de casación.
Esta situación se puede explicar a través de lo que la Sala ha venido
reiterando al respecto mediante sentencias de fecha 9 de febrero y 12
de abril de 2000, donde estableció:
“...Es evidente que el legislador quiso dotar al procedimiento de ca-
lificación de despido de ciertas características muy especiales que lo
diferencian de un procedimiento ordinario e incluso del especial la-
boral; pero lo más relevante consiste en que al limitar las impugna-
ciones contra las sentencia dictadas en este procedimiento, consagró
el conocimiento por parte de las autoridades competentes en dos (2)
únicas instancias”. (cursiva de la Sala).
Así pues, con fundamento en los argumentos que anteceden, se ratifica la
inadmisibilidad del recurso extraordinario anunciado contra la sentencia
de fecha 23 de enero de 2008, lo que acarrea como consecuencia inme-
diata, la improcedencia del presente recurso de hecho. Así se decide.
4. Capacidad de postulación
Recurso de hecho
Partes: Eddy Carolina María Castillo Gutiérrez contra Pro-
tección Integral de Seguridad Industrial, C.A.
Motivo: Indemnización por accidente de trabajo
Normas citadas: CPC: artículo 136; LOPT: artículo 47
El artículo 136 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
Son capaces para obrar en juicio, las personas que tengan libre ejerci-
cio de sus derechos, los cuales pueden gestionar por sí mismas o por
medio de apoderados, salvo las limitaciones establecidas en la ley.
(Subrayado de la Sala).
En concordancia con la norma transcrita ut supra tenemos el contenido
del artículo 47 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual indica lo
siguiente:
Las partes podrán actuar en el proceso mediante apoderado debien-
do estar éstos facultados por mandato o poder, el cual deberá cons-
tar en forma auténtica. (Subrayado de la Sala).
El poder puede otorgarse también apud acta, ante el Secretario del
Tribunal, quien firmará el acta conjuntamente con el otorgante y
certificará su identidad.
Como se aprecia de las normas anteriormente transcritas las partes
podrán actuar en el proceso a través de apoderado, cuyo mandato de-
berá constar en documento público o auténtico, bien sea porque haya
sido registrado o notariado, o porque haya sido otorgado apud acta,
ante el Secretario del Tribunal.
Ahora bien, de la revisión de que se hace a las actas que conforman el
presente expediente, se observa que el abogado Néstor Alfonso Ron-
dón González anunció y formalizó el presente recurso de casación, pro-
cediendo en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Eddy
Carolina María Castillo Gutiérrez.
Sin embargo, luego de un minucioso examen del expediente que nos
ocupa, se aprecia que ciertamente no existe poder que curse en autos.
Para ello resulta conveniente resaltar que esta Sala no puede inferir o
deducir el carácter de apoderado judicial que se atribuya un profesional
del derecho, de una persona de la cual se dice es apoderado, si no cons-
ta en autos instrumento poder que realmente deje constancia en el ex-
pediente de tal representación judicial.
Por tanto, habiendo sido constatado que el abogado Néstor Alfonso
Rondón González carece de capacidad de postulación para representar
a la ciudadana Eddy Carolina María Castillo Gutiérrez, resulta forzoso
para esta Sala declarar inexistentes las actuaciones realizadas por di-
cho profesional del derecho
5. Oportunidad para el anuncio del recurso
Partes: Norely Josefina Manrique Castillo contra Compa-
ñía Anónima Venezolana de Televisión (C.A. VTV)
Confirma: Criterio establecido en sentencia de esta Sala de
Casación Social Nº 1562 del 17 de octubre de 2006,
Caso: José Vicente Méndez Figuera contra
Construcciones G y C, C.A.
Sobre el particular, ha sostenido reiteradamente esta Sala que el anun-
cio de recurso de casación anticipado, es eficaz, en virtud que existe
interés inmediato de la parte afectada por recurrir de dicha decisión, y
que en ningún momento, por ser una cuestión de mera forma, causa
perjuicio a la parte contra quien obra el recurso (Vid. Sent. N° 1562
del 17 de octubre de 2006, Caso: José Vicente Méndez Figuera
contra Construcciones G y C, C.A.), criterio éste perfectamente apli-
cable al caso de autos, todo lo cual conduce a tener como anunciado y
formalizado el recurso presentado por la parte demandada, por lo que
se conocerá del mismo. Así se decide.
6. Técnica de formalización
Partes: Edith María Lozada Torres contra Avon Cosme-
tics de Venezuela, C.A.
Noma citada: LOPT: artículos 168 y 171
Para resolver la presente delación, resulta forzoso hacer algunas consi-
deraciones previas:
Lo primero que debe señalarse, es la manifiesta falta de técnica con la
cual se presenta la denuncia. Es reiterada la posición de esta Sala de
Casación Social en cuanto al deber del recurrente de cumplir con la
correcta técnica casacional al plantear sus denuncias, así, cualquier
delación que pudiera configurarse como genérica, vaga, imprecisa o
confusa, daría lugar a que fuera desechada por su indeterminación, al
extremo que incluso pudiera acarrear conforme al artículo 171 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el perecimiento del propio recurso.
Pero no sólo es una carga para el recurrente precisar con claridad la
especificidad de sus denuncias, sino que también está obligado a que su
escrito de formalización, considerado éste como un cuerpo sistemático
de argumentaciones jurídicas, esté constituido en cuanto a su construc-
ción lógico-jurídica, de un esquema lo suficientemente coherente para
delimitar los motivos o causales de casación.
Lo antes señalado tiene lugar en el asunto sometido a consideración,
pues observa la Sala que en la presente denuncia no existe esa delimita-
ción requerida por la técnica casacional, incurriendo adicionalmente en
una mezcla indebida de denuncias por infracción de ley y por quebran-
tamiento de forma.
Del contexto de la narrativa de la denuncia se evidencia una mezcla
indebida de denuncias, pues al comienzo de la misma señala la errónea
interpretación de los artículos 216 y 144 de la Ley Orgánica del Trabajo,
para después con la misma cadena argumental indicar que la recurrida
está viciada por no haber establecido y apreciado correctamente los
hechos ni el derecho, al estimarse que el artículo 216 debe aplicarse a
cualquier salario variable y no al salario a destajo que establece el ar-
tículo 144, para finalmente acusar la infracción del artículo 168 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo por el vicio de falta, contradicción,
error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación de la sentencia
recurrida, sin indicar en cuál o cuáles de los supuestos, hipótesis o subhi-
pótesis casacionales, en su criterio, incurrió el ad quem.
Así las cosas, la denuncia se configura en confusa por incurrir en una
indebida mezcla de imputaciones subsumibles en varios vicios casacio-
nales, razón por la cual la Sala se encuentra imposibilitada de decidir
conforme a ella, lo que hace forzoso el desecharla por falta de técnica y
así se decide.
7. Requisitos de la formalización
Ponente: Alfonso Rafael Valbuena Cordero
Partes: Luis Enrique Cabello Vásquez contra Maersk Dri-
lling Venezuela S.A. y otra
Noma citada: LOPT: artículos 168 y 171
Es oportuno señalar, que el recurso de casación es un medio de impug-
nación extraordinario, mediante el cual se persigue la nulidad de un fallo
cuando la sentencia recurrida contenga vicios determinantes que hayan
producido una insatisfacción e inseguridad jurídica tal, que haga nece-
saria la intervención de este Tribunal Supremo de Justicia con el fin de
evitar la violación del marco jurídico establecido.
Pues bien, al intentarse dicho recurso extraordinario, debe cumplirse
ciertos requisitos para su formalización. Dichos requerimientos com-
prenden una adecuada técnica casacional, de manera que lo explanado
por el recurrente sea diáfano, conciso, concreto y cumpla con los requi-
sitos que establezca la ley para explicar en base a qué norma y por qué
la sentencia impugnada adolece de vicios capaces de anularla.
En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo señala expresa-
mente en su artículo 171 que: “Será declarado perecido el recurso,
cuando la formalización no se presente en el lapso a que se con-
trae este artículo o cuando el escrito no cumpla con los requisitos
establecidos” siendo uno de estos requisitos, como también lo indica la
norma citada, la consignación por ante esta Sala de un escrito razonado,
entendiéndose esto, el deber que tiene el recurrente de exponer, de
manera clara y precisa los motivos por los cuales se pretende la nulidad
de la sentencia recurrida. Esto es lo que la doctrina de casación llama
“técnica para la formalización”, en el sentido que lo expuesto por el
recurrente sea diáfano, conciso y concreto, cumpliendo con todos los
requisitos que establezca la ley para explicar con base en cuáles nor-
mas y por qué la sentencia recurrida adolece de vicios capaces de anu-
lar dicho fallo. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo con la normativa que rige en la actualidad el proceso labo-
ral, se requiere que el recurso de casación contenga claramente los
fundamentos en que se apoye el recurso de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, para así evi-
denciar en forma precisa dónde se localiza el vicio que se delata. En
otras palabras, es obligatorio presentar los argumentos y denuncias de
una forma concreta y precisa que permita conocer y resolver sobre los
vicios o infracciones que adolece el fallo impugnado, de manera que no
sea la Sala, quien deba dilucidar o inferir los argumentos necesarios
para declarar procedente o no la denuncia formulada.
Es así, que la doctrina en casación ha señalado que la fundamentación
es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente, como requisi-
to esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascen-
dencia. Por lo tanto, requiere el desarrollo de razonamientos sometidos
a una lógica jurídica clara y concreta, y al mismo tiempo, a los principios
que primordialmente, la doctrina ha elaborado durante toda la existencia
del alto Tribunal, lo cual revela un profundo y detenido estudio de la
normativa que regula la materia, concretado en postulados que, median-
te una diuturna y pacífica jurisprudencia, constituyen verdaderas premi-
sas generales respecto a la técnica de la formalización (Dr. José S.
Núñez Aristimuño. Aspecto en la Técnica de la Formalización del Re-
curso de Casación).
Capítulo IV
Casación por defectos de forma
de la Sentencia
1. Vicios de la sentencia
1.1 Indefensión en caso de prueba promovida extemporáneamente
Partes: Alejandro Prieto contra Aventis Pharma, S.A.
Normas citadas: LOPT: artículos 73 y 156
En tal sentido, es menester recordar que el artículo 73 de la Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo preceptúa que “La oportunidad de promo-
ver pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar, no
pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo

las excepciones establecidas en esta ley”.
De tal modo, que la norma contenida en el artículo 156 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo tiene un carácter excepcional y como
bien lo establece el sentenciador de Alzada, en ésta se le otorga una
facultad al Juez, no un mandato de hacer, toda vez que señala: “El
Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la
evacuación de cualquier otra prueba que considere necesaria para
el mejor esclarecimiento de la verdad; también podrá dar por ter-
minados los actos de examen de testigos, cuando lo considere in-
oficioso o impertinente”.
En este orden, observa esta Sala que si bien es cierto, el a quo silenció
en su fallo cualquier pronunciamiento en torno a la prueba de experticia
promovida en el marco de la audiencia de juicio, tal como se evidencia
al folio 624 del expediente, se desprende también del acta contentiva de
la última prolongación de la audiencia de juicio la cual riela al folio 627
del expediente, que el juez de juicio soberanamente negó dicho pedi-
mento en su oportunidad. En virtud de lo cual podría decirse que la
motivación fue exigua al no incorporar en la sentencia definitiva ningu-
na mención a este asunto, pero es incierto que el Juez no se haya pro-
nunciado sobre la admisión o negativa de la prueba.
Así las cosas, esta Sala no encuentra en la decisión recurrida el vicio
que se le imputa, toda vez que se ha sostenido en innumerables senten-
cias que existe indefensión o menoscabo de formas sustanciales de los
actos que menoscaben el derecho a la defensa de las partes, cuando
por actos del tribunal se niega o dificulta a una de las partes el ejercicio,
en los términos previstos en la ley, de la posibilidad de formular
alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la
sentencia que considere le causa un gravamen. Al respecto, debe insis-
tirse en el carácter excepcional que tenía la admisión de la prueba en el
presente caso, al ser promovida en una oportunidad distinta a la prevista
en la ley, con lo cual quedaba supeditada su admisión a la potestad dis-
crecional del juzgador, razón por la cual no estamos en presencia de un
caso de indefensión como alega la parte recurrente, por lo que resulta
ajustada a derecho la conclusión a la que arribó en este punto el juzga-
dor de alzada.
1.2 Inmotivación
1.2.1 Concepto
Partes: Ivón González de Betancourt contra Cervecería
Polar Los Cortijos, C.A.
Sentencia: Nº 0631 del 09-05-08, Exp. 07-1460
Motivo: Cobro del pago único del beneficio de jubilación
En cuanto al vicio de inmotivación, se ha reiterado que en el sistema de
la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la falta de motivos debe enten-
derse literalmente, aun cuando no lo precisa la norma, como la falta
absoluta de motivos, que se da cuando no se expresa motivo alguno, es
decir, cuando la sentencia no contiene materialmente ningún razona-
miento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo,
de modo que la motivación exigua, breve, lacónica, no es inmotivación
pues en tal caso la Sala podrá controlar la legalidad de la decisión tanto
en el establecimiento de los hechos como en la aplicación del derecho;
la contradicción en los motivos, cuando las razones del fallo se destru-
yen entre sí; el error en los motivos, no se refiere a que los motivos sean
errados o equivocados sino cuando los motivos expresados no guardan
ninguna relación con la pretensión deducida y con las excepciones o
defensas opuestas, caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su
manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la
litis, deben ser tenidos como jurídicamente inexistentes; y la falsedad o
manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando los motivos son tan va-
gos, generales, inocuos o absurdos que se desconoce el criterio jurídico
que siguió el juez para dictar su decisión.
1.2.2 El acta levantada en las audiencias constituye parte integrante
del fallo
Partes: Flor Angelina Vásquez Rodríguez contra Wenco
Lara, C.A.
Motivo: Cobro de Prestaciones Sociales
La parte demandante fundamenta su recurso de control de la legalidad,
en el supuesto vicio de inmotivación de la recurrida sobre la indemniza-
ción prevista y sancionada en el artículo 130 numeral 6) de la Ley Orgá-
nica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; acordada
por el a quo.
A los fines de verificar lo delatado, se pasa a transcribir un pasaje de la
recurrida:
(Omissis)
Cabe destacar que del pasaje supra no se desprende pronunciamiento
expreso sobre las indemnizaciones establecidas en el artículo 130 de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Tra-
bajo, sin embargo, de la transcripción del acta de celebración de la au-
diencia de apelación efectuada en fecha 6 de junio de 2007, que corre
inserta a los folios 239 al 241, se evidencia que el juzgador de alzada
señala en la referida audiencia que al tener su fundamento la condena-
toria de las indemnizaciones contenidas en la Ley Orgánica de Preven-
ción, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en la responsabilidad
subjetiva, y no estar probado en autos el hecho ilícito patronal, como
ampliamente lo desarrolla en la publicación in extenso del fallo: “en
consecuencia la misma se declara improcedente”.
Es menester destacar, que el acta levantada en las audiencias desarro-
lladas por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, constituye parte inte-
grante del fallo, pues al predominar en el proceso laboral venezolano la
oralidad, lo expresado en la audiencia donde se dicta el dispositivo del
fallo, debe guardar estrecha relación con lo plasmado en la sentencia
definitiva que se publica, lo cual forman un todo indivisible, vinculados
por un enlace necesario de lógica, para bastarse a sí misma.
Con base en lo antes expuesto, esta Sala concluye que en la causa sub
examine, no se materializó el vicio de inmotivación a que hace referencia
la parte recurrente, pues, el iurisdicente tanto en el acta de audiencia de
apelación como en el fallo publicado in extenso, señaló que respecto a las
indemnizaciones previstas y sancionadas en la Ley Orgánica de Preven-
ción, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, éstas encuentran su
fundamento en la responsabilidad subjetiva del patrono, por lo que es ne-
cesario que se demuestre el hecho ilícito patronal para la condenatoria de
las mismas, manifestando que de las pruebas promovidas por las partes
en el proceso no quedó demostrado el hecho ilícito, lo cual trae consigo la
declaratoria de improcedencia de dichas indemnizaciones.
Todo ello, permite conocer las razones de hecho y de derecho que tuvo
el ad quem para desestimar las indemnizaciones previstas y sanciona-
das en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo; en consecuencia, al no haber incurrido el juzgador en el
vicio denunciado, trae consigo que sea declarado sin lugar el presente
recurso de control de la legalidad. Así se decide.
1.3 Indeterminación objetiva
1.3.1 Principio de autosuficiencia del fallo
Partes: Danny Rafael Aular Martínez contra Cartón de
Venezuela, C.A.
Reitera: Criterio establecido en sentencia Nº 2469 de fe-
cha 11 de diciembre de 2007 (caso: Edih Ramón
Báez Martínez contra la sociedad mercantil Tratto-
ria L’ancora, C.A.).
(...) los límites de la jurisdicción del Tribunal de alzada quedan restringi-
dos a la materia sometida a su conocimiento por la parte apelante, es
decir, en la misma medida de la apelación, por lo que el juez ad quem
deberá pronunciarse en primer término sólo sobre las cuestiones some-
tidas a su dictamen, empero, para garantizar la autosuficiencia del fallo
y su adecuada ejecución, en el dispositivo deberá reproducir todos los
conceptos condenados con inclusión de aquellos que no fueron apelados
y que por ende quedaron firmes con la decisión del a quo, cuidando de
no desnaturalizar la misma.
1.3.2 Experticia complementaria del fallo
Partes: Wilfredo Rafael Salas contra PDVSA Petróleo, S.A.
Los requisitos de forma que debe contener toda sentencia, se encuen-
tran recogidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el Capítulo
IV, Del Procedimiento de Juicio, en los artículos 159 y 160, el primero
de ellos, consagra los requisitos de la sentencia, y el segundo, los moti-
vos por los cuales se puede declarar su nulidad, señalando entre otros,
en su ordinal 1º, por faltar las determinaciones indicadas en el artículo
159 eiusdem.
El artículo 159 de la Ley Adjetiva Laboral indica que dentro de los cinco
días hábiles siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez
deberá reproducir, por escrito, el fallo completo, cumpliendo los siguien-
tes requisitos: 1) redacción en términos claros, precisos y lacónicos, sin
necesidad de narrativa, ni de transcripciones de actas, ni de documen-
tos que consten en el expediente; 2) identificación de las partes y sus
apoderados; 3) los motivos de hecho y de derecho de la decisión; y 4) la
determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión, esto
es, la decisión misma en forma expresa, positiva y precisa, absolviendo
o condenando a la parte demandada.
El principio de autosuficiencia exige que toda sentencia contenga la
determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión, este
requisito es esencial para permitir la ejecución del fallo y establecer el
alcance de la cosa juzgada que de éste emana.
Por el principio de la unidad del fallo, la determinación de la cosa puede
estar expresada en cualquier parte de la decisión, pero debe ser posible
su precisión sin necesidad de recurrir a otras actas o instrumentos del
expediente. Su omisión conlleva a la nulidad de la sentencia por el vicio
de indeterminación objetiva.
En el caso de autos, se observa que la sentencia recurrida en su
parte dispositiva declaró “parcialmente con lugar la demanda y
ordenó una experticia complementaria del fallo en los términos
antes expuestos”.
Ahora, realizado un análisis exhaustivo del texto de la recurrida se ob-
serva que la misma no contiene condenatoria alguna, ni establece cuá-
les de los conceptos reclamados son procedentes, mucho menos ordenó
el pago de suma de dinero alguna que haya que determinarse mediante
experticia complementaria del fallo. Por el contrario, declaró improce-
dente todos los conceptos reclamados por el demandante, salvo el rela-
cionado con un saldo faltante del fideicomiso de prestaciones sociales,
sobre el cual se pronunció expresando lo siguiente:
En cuanto al recálculo de la administración del fideicomiso, esta alza-
da (sic) ordena, la realización de una experticia complementaria al
(sic) fallo a los fines de determinar, si al saldo de la cuenta del fidei-
comiso se corresponde con los abonos y retiros efectuados, así como
si los intereses generados, se corresponden con el capital que admi-
nistrado (sic) por el ente fiduciario.
Como puede apreciarse, lo establecido por la recurrida para ser objeto
de la experticia complementaria del fallo no es materia que pueda ser
objeto de dicha experticia, sino materia que corresponde determinar a
las partes en el desarrollo del juicio, y sólo a partir de esa determinación
es que la Alzada debía pronunciarse sobre el particular declarando pro-
cedente o improcedente el reclamo.
Así las cosas, al declarar parcialmente con lugar la demanda, sin
determinar el objeto sobre el cual recae la condena, es más, sin con-
tener condenatoria alguna, la recurrida incurrió en el vicio indeter-
minación objetiva.
1.4 Absolución de la instancia
Partes: Andrés Edgardo Camejo Sandoval contra PDV-
SA Petróleo, S.A.
Motivo: Calificación de despido
Ahora bien, en lo atinente a la absolución de la instancia, la misma se
configura cuando el juez no se pronuncia ni a favor ni en contra de
alguna de las partes intervinientes en el proceso, o sea, se abstiene de
producir un fallo condenatorio o absolutorio.
En este orden de ideas, se evidencia que el ad quem al proferir el dispo-
sitivo del fallo declaró, con base en los argumentos expuestos ut supra:
1) sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada; 2) sin lugar
el recurso de apelación ejercido por la Procuraduría General de la Re-
pública; 3) confirmó el auto publicado en fecha 2 de febrero de 2006.
En consecuencia, es indiscutible que las circunstancias alegadas en el
recurso respecto a la absolución de la instancia, no llenan los extremos
requeridos para que ésta se configure, pues el Juez Superior no dejó en
suspenso el juicio, como alega la recurrente, ya que es perfectamente
determinable el alcance de la cosa juzgada.
1.5 Incongruencia
1.5.1 Incongruencia positiva
Partes: Mary Isaury Gomes Da Conceicao contra Aso-
ciación Civil Club Campestre Paracotos
Sentencia: Nº 1279 de 31-07-08. Exp. 07-836
En el presente caso, el recurso de control de la legalidad se circunscribe
sólo a la violación del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, en virtud de que el juzgador de alzada en el dispositivo del fallo
declaró “sin lugar la demanda”.
Omissis
En la causa sub examine, de una revisión de las actas procesales pudo
observar esta Sala que, la apelación interpuesta por los apoderados de
la parte actora, estuvo referida a que el fallo de primera instancia de-
claró el desistimiento del procedimiento. No obstante, la decisión profe-
rida por el juzgado superior, luego de una síntesis clara, precisa y lacónica
de los términos en que quedó planteada la controversia, con una exposi-
ción de los motivos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento
a la misma, en su dispositiva declara sin lugar el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y confirma el acta proferida por el
Juzgado Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución de Primera
Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda
en fecha 12 de febrero de 2007, donde falla “DESISTIDO EL PROCE-
DIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO”; pero, además, declara
sin lugar de la demanda.
En este orden de ideas, la Sala se encuentra en el deber de señalar que
los requisitos intrínsecos de la sentencia, enumerados en el artículo 159
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, deben ser acatados cabal-
mente por los juzgadores para evitar la nulidad del fallo.
En tal sentido, el fallo debe ser expreso, positivo y preciso, con arreglo
a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas; o a
las consecuencias jurídicas establecidas legalmente por la incompare-
cencia de alguna de las partes a las audiencias que desarrolla la norma
adjetiva laboral.
Por tanto, el fallo debe recaer sólo sobre aquellas cuestiones de hecho
planteadas en el libelo y en la contestación, o sobre las consecuencias
jurídicas establecidas legalmente por la incomparecencia de alguna de
las partes a las audiencias estructuradas en la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.
Por lo expuesto, esta Sala estima que en el caso de autos se vulneró el
artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en razón de que
siendo procedente la aplicación de la consecuencia jurídica del desisti-
miento del procedimiento, conforme a los términos establecidos legalmente,
existió pronunciamiento acerca del fondo del asunto, que si bien no se
hizo en la parte motiva del fallo, sí en la parte dispositiva o resolutiva.
Siendo así, al haberse excedido el dispositivo del fallo declarando sin
lugar la demanda, con lo que se violentó la tutela judicial efectiva, así
como el Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley Orgánica Proce-
sal del Trabajo, esta Sala declara nulo el fallo, pero sólo con relación al
punto concreto donde tuvo asidero la infracción, pues dicha situación no
conlleva a la nulidad total del fallo; de allí que esta Sala declara con
lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandan-
te; en consecuencia, anula el fallo recurrido, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en
virtud de las consideraciones antes señaladas, sólo se modifica el dispo-
sitivo de la sentencia objeto del presente recurso en lo referente a la
declarativa de “sin lugar la demanda”, y así se establece.
Capítulo V
Casación por infracción de ley
1. Normas de rango sublegal
Partes: Dellis Campos Vera y otros contra C.V.G. Ferro-
minera Orinoco, C.A.
Ratifica: Criterio de la Sala de Casación Social estableci-
do en sentencias N° 93 de fecha 27 de febrero
del año 2003 (caso: Ernestina Bernal Amézquita
y otro contra Cristóbal Pastrán García y otros);
1435 del 21 de septiembre del año 2006, caso:
Koung Wong Young contra Telecomunicaciones
Movilnet, C.A. y Compañía Anónima Nacional
Teléfonos de Venezuela; y, Nº 283 del 12 de marzo
de 2007, caso: Nellis Ramona Garrido y otros

contra Compañía Anónima Nacional Teléfonos de
Venezuela (CANTV)
Los alegatos del recurrente no guardan relación con lo establecido en el
artículo 106 de la Ley del Trabajo vigente para el momento de termina-
ción de la relación de trabajo (1990), relativo al preaviso de ley, sino con
el artículo 106 del Reglamento de la Ley del Trabajo (1973), contentivo
de la definición de salario. Lo cual no se trata de un mero error en la
cita, puesto que aun y cuando la denuncia sea subsumida en el citado
artículo del Reglamento, existe un obstáculo formal para que esta Sala
conozca de infracciones de normas infralegales, y es que para su co-
rrecta formalización, debe denunciarse conjuntamente tanto la norma
reglamentaria, como el dispositivo legal que ordena su aplicación.
Ha sostenido esta Sala, mediante sentencia Nº 93 de fecha 27 de febre-
ro del año 2003 (caso: Ernestina Bernal Amézquita y otro contra Cris-
tóbal Pastrán García y otros), que una disposición de rango sublegal
“necesariamente desarrolla el espíritu, propósito y razón de una
de orden legal, trascendiendo esta última como la norma primaria-
mente vulnerada”, existiendo imposibilidad por parte de esta Sala para
conocer infracciones de este tipo. Criterio ratificado mediante senten-
cias Nº 1435 del 21 de septiembre del año 2006, caso: Koung Wong
Young contra Telecomunicaciones Movilnet, C.A. y Compañía Anó-
nima Nacional Teléfonos de Venezuela, y Nº 283 del 12 de marzo de
2007, caso: Nellis Ramona Garrido y otros contra Compañía Anóni-
ma Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).
En tal sentido, el recurrente no cumple con la carga que tenía de formali-
zar correctamente su denuncia, por lo que la misma debe ser desechada.
2. Error de interpretación
Partes: Wilma Escalona Leal y Otros contra Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) y otra
Ratifica: Criterio de la Sala de Casación Social establecido
en la sentencia Nº 214 del 02/08/2001
Ha sido criterio de esta Sala que el error de interpretación se verifica
cuando el juez, aun reconociendo la existencia y validez de la norma
apropiada al caso, yerra al interpretar su alcance general y abstracto,
haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su con-
tenido. Por otra parte, esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº
214 del 02/08/2001, estableció la forma como debe denunciarse el error
de interpretación, y al efecto estableció:
Si se trata de un error de interpretación, debe indicarse la parte perti-
nente de la sentencia donde el juez expresa su decisión, la explicación
de cómo interpretó el juez la norma y la correcta interpretación a juicio
del recurrente, además de las explicaciones complementarias que esti-
me pertinente alegar.
3. Violación de jurisprudencia
Recurso de Casación
Partes: Edith María Lozada Torres contra Avon Cosme-
tics de Venezuela, C.A.
Señala expresamente el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, que: “Los jueces de instancia deberán acoger la doctrina
de casación establecida en casos análogos, para defender la inte-
gridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia”.
Tal y como se ha dejado plasmado anteriormente, atendiendo a la función
nomofiláctica de la casación, que no es otra que aquella mediante la cual
se tutela la Ley, no sólo en lo que respecta a las normas de procedimiento,
sino también aquellas que debe aplicar el juez para decidir el fondo de la
controversia, ejerciendo así un control jurisdiccional sobre los actos de los
tribunales de instancia; debe entenderse que al no atenerse el sentencia-
dor a la doctrina pacífica y reiterada que la Sala de Casación Social, se
comete una infracción de dicha disposición normativa.
Por otra parte, se entiende por jurisprudencia las reiteradas interpreta-
ciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus
resoluciones, y constituye una de las Fuentes del Derecho, según el
país. También puede decirse que es el conjunto de fallos firmes y uni-
formes dictadas por los órganos jurisdiccionales del Estado. (Vid. http:/
/es.wikipedia.org/wiki/Jurisprudencia).
Así que, la delación del artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo debe adminicularse con la identificación de los fallos o decisio-
nes que sirven de antecedentes y donde se haya plasmado en forma
reiterada la interpretación que la Sala haya dado al ordenamiento jurídi-
co, conjuntamente con la denuncia de las normas jurídicas presunta-
mente infringidas, expresando el alcance o dimensión de la violación
imputada y su influencia en la decisión atacada.
Se observa que el recurrente, si bien es cierto, señala una decisión pro-
ferida anteriormente por esta Sala, hace indicación expresa de las “ac-
tividades que debe realizar un Gerente de Ventas”, y en razón de ello
cita parcialmente un texto de este precedente, para luego afirmar que
las funciones desplegadas por la actora en su actividad laboral nada
tenían que ver con las ventas, y que la labor de la Gerente de Zona, que
era el cargo por ella desempeñado, “está mas cercana a la del perso-
nal de Recursos Humanos que a la de un integrante de un fuerza
de ventas” (sic), para luego redondear su denuncia con la afirmación
de que la recurrida no analizó lo alegado por su representada en el sen-
tido “que las comisiones devengadas por la actora no dependían
del mejor esfuerzo que ella le imprimiera a su labor”; lo que even-
tualmente podría constituir el vicio delatado, es la falta de análisis de un
alegato de la accionada, es decir, incongruencia.
En razón de la fundamentación anteriormente expresada, se declara la
improcedencia de la presente delación y así se establece.
4. Máximas de experiencia (concepto)
Partes: Leonardo Romero Díaz contra Soluziona SP, C.A.
Reitera: Criterio establecido en sentencia de la Sala de Ca-
sación Social N° 420 del año 2003
(...) aduce el formalizante que en la sentencia recurrida se violó una
máxima de experiencia, relativa a que los reembolsos por gastos cance-
lados a un trabajador no pueden corresponder mes a mes a un mismo
monto de dinero, puesto que las erogaciones de cada mes no pueden ser
exactamente iguales y, menos aún, pueden ascender, siempre, al doble
del salario percibido por éste de forma mensual.
Ahora bien, resulta necesario, para la resolución de la presente de-
nuncia, realizar algunas precisiones respecto a la figura de la máxima
de experiencia. Al respecto, las máximas de experiencia han sido de-
finidas por la Sala de Casación Social, entre otras, en sentencia N°
420 del año 2003, como aquellos “juicios hipotéticos de contenido
general, sacados de la experiencia, sean leyes tomadas de las
distintas ramas de la ciencia, o de simples observaciones de la
vida cotidiana, son reglas de la vida y de la cultura general for-
madas por inducción. Estas máximas de experiencia no precisan
ser probadas por ser un conocimiento común de lo que general-
mente acontece, y por tanto el juez tiene la facultad de integrar-
las, al ser parte de su experiencia de vida, a las normas jurídicas
adecuadas para resolver la controversia”.
En el presente caso, como antes se indicó, se señala que el sentenciador
de alzada violó una máxima de experiencia al considerar que el monto
de dinero percibido en dólares por el trabajador demandante, no consti-
tuía salario, sino un reembolso por gastos, sin tomar en cuenta que los
gastos de una persona no pueden ascender mes a mes a la misma can-
tidad de dinero, así como no puede un trabajador realizar erogaciones
por una suma de dinero equivalente al doble de sus ingresos.
Observa esta Sala que lo alegado por el formalizante como una máxima
de experiencia, no lo es, puesto que los gastos en que incurra una perso-
na mes a mes, y los cuales hayan sido convenidos entre las partes como
reembolsables, pueden repetirse mensualmente de forma idéntica, en el
caso de que estén dirigidos a cubrir el pago de bienes o servicios que no
sean variables en el corto plazo, como puede ser un canon de arrenda-
miento o el alquiler de un vehículo libre de kilometraje y con relación a
que los gastos sean superiores al monto al que asciende el salario, debe
tomarse en consideración lo que supone trasladar a un trabajador a pres-
tar servicios fuera del territorio de su país, situación ésta que en general
presume la realización de gastos extraordinarios.
(...)
Del extracto de la recurrida transcrito precedentemente, se evidencia que
el juzgador superior consideró que el monto de dinero percibido en dóla-
res por el trabajador, ahora demandante, no tenía naturaleza salarial, por
cuanto se encontraba condicionado a un “reporte de gastos” que debía
ser rendido a la accionada mensualmente, gastos en los que incurría el
actor como consecuencia de la prestación de servicios fuera del territorio
nacional (vivienda, compensación por desplazamiento, etc.), erogaciones
relativas al sustento económico de éste en el exterior para la realización
de su labor fuera del país, mas no como contraprestación por ésta.
Con tal pronunciamiento no incurrió el sentenciador superior en la in-
fracción de ninguna máxima de experiencia, puesto que la cantidad de
dinero que recibía el trabajador en dólares no posee naturaleza salarial,
pues le era cancelada sin la intención retributiva del trabajo, es decir, no
le era otorgada como contraprestación de sus servicios, y no formaba
parte de su patrimonio por cuanto estaba destinada, más bien, a evitar la
merma del mismo, debido a los gastos extraordinarios en que debía in-
currir como consecuencia de la prestación del servicio fuera del territo-
rio de su país. Tampoco disponía libremente de ese dinero, ya que para
su cancelación resultaba necesario justificar cómo había incurrido en
esas erogaciones, mediante un “reporte de gastos”.
5. Máximas de experiencia y hecho notorio
Partes: Teonelson Wonhsiedler contra Mavesa, S.A.
La Sala evidencia que, efectivamente, el sentenciador de la recurrida
ordena la indexación de las cantidades condenadas a pagar, desde la
fecha de presentación de la demanda hasta el decreto de ejecución de
la sentencia definitiva, excluyendo del cómputo los lapsos en que el tri-
bunal de la causa no dio despacho, así como los lapsos de suspensión y/
o paralización provocados por los interesados por falta de impulso pro-
cesal, o por convenio expreso.
Sin embargo, el formalizante denuncia la violación de una máxima de
experiencia, relacionada con “el hecho notorio de que la inflación
desgasta los derechos pecuniarios del trabajador por efecto del
tiempo”, con lo cual confunde las nociones de máxima de experiencia –
juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la experiencia, que
constituyen un conocimiento común de lo que generalmente acontece–
y de hecho notorio –aquel hecho cuya existencia es conocida por la
generalidad de los ciudadanos de cultura media, en el tiempo y en el
lugar en que se produce la decisión–.
En todo caso, debió denunciarse la falta de aplicación del artículo 177
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por apartarse el juzgador del
criterio reiterado de esta Sala acerca de los lapsos que deben excluirse
a efectos de estimar la indexación.
Capítulo VI
Competencia
1. Funcionario público de carrera regido por la Ley de Carrera
Administrativa antes de la entrada en vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Regulación de competencia
Partes: Jesús Guillermo Boza contra Tribunal Supremo de
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional N° 949 de
2004, ratificada en sentencia N° 660 de 2006
Normas citadas: LOCSJ: artículos 44, ordinal 13° y 192; LCA: ar-
tículos 36, 64 y 71; RLCA: artículo 140; Disposi-
ciones Transitorias de la Ley del Estatuto de la
Función Pública.
En el caso concreto, quedó admitido que el actor comenzó a prestar
servicio a la demandada como Auditor de Gestión de la Contraloría In-
terna por contrato a tiempo determinado, el 1° de junio de 1998; que el
contrato inicial fue renovado el 1° de septiembre de 1998 hasta el 31 de
diciembre de 1998; que continuó prestando servicio ininterrumpido du-
rante el año 1999; que continuó prestando servicio mediante contrato a
tiempo determinado desde el 1° de enero de 2000 hasta el 31 de diciem-
bre de 2000; y, que le fue renovado el contrato desde el 1° de enero de
2001 hasta el 30 de junio de 2001, cuando finalizó la prestación de ser-
vicio por no renovación del contrato.
En conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia vigente durante la prestación de servi-
cio, mientras se dictaran las normas que regirían las relaciones de la
Corte con el personal a su servicio, previstas en el ordinal 13° del ar-
tículo 44 de esa misma Ley, se aplicará a dichos empleados el régimen
previsto en la Ley de Carrera Administrativa.
El Parágrafo Segundo del artículo 36 de la Ley de Carrera Administra-
tiva establece que cuando no existieren candidatos elegibles debida-
mente registrados, se podrá nombrar a una persona no inscrita en el
registro, con carácter provisional. Este nombramiento deberá ser ratifi-
cado o revisado en un plazo no mayor de seis (6) meses, previo el exa-
men correspondiente.
El artículo 140 del Reglamento General de la Ley de Carrera Adminis-
trativa dispone que la no realización del examen previsto en el Parágra-
fo Segundo del artículo 36 de la Ley de Carrera Administrativa, confirma
el nombramiento cuando haya transcurrido un lapso de seis meses.
Al respecto, la Sala Constitucional en la sentencia N° 949 de 2004,
resolviendo un conflicto de competencia que se presentó en materia de
amparo, ratificada en sentencia N° 660 de 2006, señaló:
En efecto, bajo la vigencia de la referida Ley de Carrera Administrati-
va, la Administración, ante la falta de rigor legal, contrataba personal
para ocupar cargos de carrera, lo cual, según criterio jurisprudencial,
era una forma irregular de ingresar a la carrera cuando el contratado
ejercía el cargo más allá del período de prueba sin haber sido evalua-
do, ya que al ejercer el contratado un cargo de los regulados por la
ley, en las mismas condiciones que los funcionarios regulares, existía
una simulación de tal contrato, concurriendo una propia y real rela-
ción de empleo público, sometida a la legislación funcionarial.
Habiendo empezado la relación de servicio por contrato el 1° de junio
de 1998; y, al transcurrir seis meses de servicio sin que se hubiera
celebrado el examen previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 36
de la Ley de Carrera Administrativa, el actor adquirió el carácter de
funcionario público de carrera a partir del 1° de enero de 1999, antes
de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela.
Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta que la prestación de ser-
vicio terminó el 30 de junio de 2001, antes de la entrada en vigencia de
la Ley del Estatuto de la Función Pública el 11 de julio de 2001, por lo
cual esta nueva Ley no resulta aplicable.
Por último, el artículo 64 de la Ley de Carrera Administrativa establece
que todos los actos administrativos dictados en ejecución de esa Ley
serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y es-
pecíficamente, según el artículo 71, por el Tribunal de Carrera Adminis-
trativa, cuya competencia fue absorbida por los Juzgados Superiores de
lo Contencioso Administrativo, de conformidad con las Disposiciones
Transitorias de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Por todas las consideraciones anteriores, adquirida la condición de fun-
cionario público de carrera regido por la Ley de Carrera Administrativa
antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela; y, terminada la prestación de servicio antes de la
entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en
aplicación de las disposiciones legales antes indicadas, corresponde el
conocimiento de la presente causa a los Tribunales Superiores Civiles y
Contencioso Administrativos de la Región Capital.
2. Juicios de cobro de honorarios profesionales
Partes: Álvaro Faría Esteves y Otros contra Distribuido-
ra El Cisne, C.A.
Motivo: Estimación e intimación de honorarios profesionales
Referencia
fecha 4 de noviembre de 2005
Normas citadas: CRBV: artículo 49; LA: artículo 22.
Esta Sala observa, que el caso en estudio trata de una demanda por
cobro de honorarios profesionales interpuesta con ocasión a un juicio
por cobro de prestaciones sociales.
Ha sido doctrina reiterada de este Alto Tribunal señalar que los juicios
de estimación e intimación de honorarios profesionales son juicios autó-
nomos, no una mera incidencia inserta dentro del juicio principal, aun
cuando se sustancie y decida en el mismo expediente.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia Nº 3325 de fecha 4 de noviembre de 2005, determinó lo que a
continuación se transcribe:
“...en una pretensión por cobro de honorarios profesionales pueden
presentarse diferentes situaciones, razón por la cual debe estable-
cerse de forma clara y definida el procedimiento a seguir en estos
casos y por vía de consecuencia, el tribunal competente para inter-
poner dicha acción autónoma, ello con el propósito de salvaguardar
el principio del doble grado de jurisdicción y los derechos constitu-
cionales de defensa y al debido proceso.
En tal sentido apunta la Sala que, conforme a la norma contenida en
el señalado artículo 22 de la Ley de Abogados, la reclamación por
concepto de honorarios profesionales extrajudiciales será resuelta
por vía del juicio breve. Sin embargo, en lo atinente a la reclamación
surgida en juicio contencioso, no existe la remisión expresa, a un
procedimiento propio, sino que lo vincula y concentra al juicio con-
tencioso donde se genera la actuación del profesional del derecho.
Es allí, dentro del juicio, donde el abogado va pretender cobrar hono-
rarios a su poderdante o asistido.
Por ello, cabe distinguir cuatro posibles situaciones que pueden pre-
sentarse y que, probablemente, dan origen a trámites de sustancia-
ción diferentes, ante el cobro de honorarios por parte del abogado al
cliente a quien representa o asiste en la causa, a saber: 1) cuando el
juicio en el cual se pretende demandar los honorarios profesionales
causados, se encuentre, sin sentencia de fondo, en primera instan-
cia; 2) cuando cualquiera de las partes ha ejercido apelación y ésta
haya sido oída en el solo efecto devolutivo; 3) cuando dicho recurso
se haya oído en ambos efectos; y 4) cuando la sentencia dictada en
el juicio haya quedado definitivamente firme, surgiendo la posibili-
dad en este supuesto, que el juicio entre a fase ejecutiva, si es que se
condenó al demandado.
A juicio de la Sala, en el primer supuesto, es decir, cuando el juicio en
el cual el abogado pretende demandar los honorarios profesionales
causados a su cliente, se encuentre en un tribunal de primera instan-
cia, la reclamación de los mismos, se realizará en ese proceso y por
vía incidental.
En lo que respecta al segundo supuesto –cuando se haya ejercido el
recurso ordinario de apelación y éste fue oído en el efecto devoluti-
vo– la reclamación de los honorarios profesionales judiciales, se
realizará, igual que en el caso anterior, en ese mismo juicio y en prime-
ra instancia.
En el tercer supuesto –ejercido el recurso de apelación y oído en
ambos efectos– no obstante, el juzgado de primera instancia haber
perdido competencia con respecto a ese procedimiento, la reclama-
ción de los honorarios profesionales judiciales causados en ese jui-
cio que ahora está en un Juzgado Superior, deberá ser intentada de
manera autónoma y principal ante un tribunal civil competente por la
cuantía, ello a fin de salvaguardar tanto el principio procesal del
doble grado de jurisdicción, a la parte que resulte perdidosa en la
fase declarativa del juicio de cobro de honorarios profesionales judi-
ciales, como los derechos constitucionales de defensa y al debido
proceso establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela.
En el último de los supuestos –el juicio ha quedado definitivamente
firme– al igual que el anterior, sólo quedará instar la demanda por
cobro de honorarios profesionales por vía autónoma y principal ante
un tribunal competente por la cuantía, si es el caso, ya que la expre-
sión del tantas veces señalado artículo 22 de la Ley de Abogado ‘la
reclamación que surja en juicio contencioso’, en cuanto al sentido de
la preposición “en” que sirve para indicar el lugar, el tiempo, el modo,
significa evidentemente que el juicio no haya concluido y se encuen-
tre en los casos contenidos en el primer y segundo supuestos antes
referidos, es decir, dentro del juicio sin que éste ha ya terminado,
para que, entonces, pueda tramitarse la acción de cobro de honora-
rios profesionales por vía incidental en el juicio principal.
A juicio de esta Sala, y en beneficio del Abogado, podría pensarse que
el incidente de cobro de honorarios entre abogado y su cliente puede
suscitarse dentro de la fase de ejecución de la sentencia, por ser ésta
una consecuencia del “juicio contencioso”, pero cuando el juicio ha
terminado totalmente, como sucede en los casos donde no hay fase
de ejecución, cual es el caso de autos, el cobro de honorarios del
abogado a su cliente, es imposible que tenga lugar en la causa don-
de se pretende se causaron los honorarios y ante el juez que la cono-
ció, ya que esa causa finalizó y no hay en ese momento juicio
contencioso alguno, ni secuelas del mismo...”. (Cursiva de la Sala).
Ahora, observa la Sala que la presente demanda versa sobre el cobro
de honorarios profesionales incoado por los abogados Álvaro Faría Es-
teves, Zoila Acosta y Osmar Rafael Vásquez García, surgida con oca-
sión del juicio por cobro de prestaciones sociales interpuesto ante el
extinto Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Cir-
cunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciuda-
dano Jairo Yancy contra la sociedad mercantil Distribuidora El Cisne,
C.A. Sin embargo, habiendo transitado la fase ejecutiva, también se
constata que en fecha 5 de octubre de 2006 el Tribunal Duodécimo de
Sustanciación y Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transito-
rio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas dio por terminado la causa.
En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia ut supra transcrita,
la Sala determina que el tribunal competente para decidir la demanda
por cobro de honorarios profesionales lo es el Tribunal de Primera Ins-
tancia Civil, Mercantil y de Tránsito del Área Metropolitana de Caracas
que determine el Juzgado de Distribución. Así se decide.
3. Competencia por el territorio
Partes: José Antonio Roche Flores y otros contra Inver-
siones Sabenpe, C.A.
Normas citadas: LOPT: artículo 30.
Ahora bien, esta Sala observa que en el presente caso se planteó un
conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Décimo Séptimo
de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Ca-
racas, y el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del
Estado Aragua; en consecuencia, al no existir un Tribunal Superior
común a ellos, y aplicando las normas transcritas, la regulación de
competencia, efectivamente, corresponde a este alto Tribunal, y espe-
cíficamente a la Sala de Casación Social, como cúspide de la Jurisdic-
ción Laboral. Así se declara.
Así las cosas, se evidencia de la revisión de las actas procesales que el
objeto de la demanda incoada por los ciudadanos José Antonio Roche
Flores, Marco Sequera Essa, José Antonio Pérez Colmenares, Nelson
Misael Tirado, Emilio Antonio Escalona, Armando Ramón Gómez Her-
nández, Frank Reinaldo Méndez Castro, Alí José Borjas Montilla, Juan
Carlos Jaramillo Hernández y Consolación Escobar, versa sobre el co-
bro de diferencia de prestaciones sociales ante el Juzgado Décimo Sép-
timo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Cara-
cas, y en vista de haberse planteado un conflicto negativo de competen-
cia entre dos juzgados con competencia en materia laboral, pero ubicados
en distintas Circunscripciones Judiciales, es por lo que la Sala estima
que el caso bajo análisis se subsume en el supuesto previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, referido a la compe-
tencia por el territorio de los sentenciadores en el ámbito laboral, es
decir, que corresponde en definitiva conocer al tribunal que la parte
actora haya elegido, conteste con los parámetros estipulados en dicha
disposición normativa (entre ellos el domicilio de la demandada) y en el
caso en particular, se evidencia que el domicilio de la empresa Inversio-
nes SABENPE C.A. está ubicado en la ciudad de Caracas, por lo que
es forzoso concluir que el Juzgado competente por el territorio es el de
la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
De conformidad con lo anterior, esta Sala declara competente al Juzga-
do Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación
y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metro-
politana de Caracas. Así se decide.
4. Competencia subjetiva
Partes: Estílita Morales de Morales y otro contra Puerto
Maya, C.A. y otra
Motivo: Cobro de indemnización por accidente de trabajo
Confirma: Criterio establecido en sentencia de esta Sala
de Casación Social N° 1367 de fecha 11 de oc-
tubre de 2005
Normas citadas: LOPNA: artículo 115.
Ahora bien, en fecha 11 de octubre de 2005, esta Sala de Casación
Social mediante decisión Nº 1367, se pronunció en relación con las de-
mandas en las que estén involucrados niños, niñas y adolescentes, como
ha ocurrido en el caso de autos:
Ahora bien, visto que la presente causa versa sobre una controver-
sia de naturaleza laboral, debe esta Sala destacar que el artículo 115
de la Ley Orgánica de (sic) Protección del Niño y del Adolescente
dispone, respecto a la competencia judicial en dicha materia de los
Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, que corres-
ponde a dichos órganos jurisdiccionales el ejercicio de la jurisdic-
ción para resolver los asuntos contenciosos del trabajo de niños y
adolescentes, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje,
sin distinguir que los mencionados sujetos de Derecho figuren como
legitimados activos o pasivos.
En el presente caso se ventila una demanda de indemnización por acci-
dente de trabajo interpuesta por los ciudadanos Estílita Morales Rodrí-
guez y Ángel Marcelino Morales Colina, quienes son los progenitores
del adolescente hoy fallecido Daniel Natanael Morales, actuando los
mismos en el presente juicio como legitimados activos y en nombre pro-
pio, y son quienes reclaman la indemnización por el accidente ocasiona-
do al hijo con ocasión del trabajo; por lo tanto, éstos no se encuentran
amparados por la referida Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente, pues en este caso le corresponde conocer a un juzga-
do en materia laboral.
En consecuencia, esta Sala considera que los Tribunales de Sustancia-
ción, Mediación y Ejecución del Trabajo son los órganos jurisdiccionales
competentes para conocer del presente juicio, específicamente el Juz-
gado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Eje-
cución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Capítulo VII
Condiciones de trabajo
1. Salario durante la suspensión de la relación laboral
Partes: Wilfredo Rafael Salas contra PDVSA Petróleo, S.A.
Normas citadas: LOT: artículo 95
Ha quedado establecido que la relación de trabajo estuvo suspendida
por el tiempo que la demandada demoró en otorgarle la jubilación al
actor después de la solicitud de la misma, esto es, desde el 1° de abril
de 2003 hasta el 1° de julio de 2004. Ahora, según lo dispuesto en el
artículo 95 de la Ley Orgánica del Trabajo durante la suspensión de la
relación de trabajo el trabajador no está obligado a prestar el servicio ni
el patrono a pagar el salario, siendo así, el demandante no tenía derecho
a percibir el salario ni los demás conceptos reclamados durante el men-
cionado lapso de tiempo si no prestó el servicio; en consecuencia, la
demandada no lo privó de percibir cantidad de dinero alguna. Por tal
razón, este reclamo se declara improcedente. Así se decide.
2. Jornada efectiva de trabajo, horas extras, viáticos, gastos
de estadía y reclamación del salario por el tiempo de traslado
de ida y vuelta (personal auxiliar de cabina de una aeronave)
Partes: Rosa Eugenia Losada González contra British Air-
ways P.L.C.
Motivo: Cobro de diferencia de prestaciones sociales y
otros conceptos laborales derivados de la relación
de trabajo
Reitera: Doctrina establecida en sentencia Nº 2326, del 20
de noviembre de 2007 (caso Yennifer Carolina
Ficarra Díaz contra Aeropostal Alas de Vene-
zuela, C.A.).
Normas citadas: LOT: artículos 193, 198, 360 y 366; LOT (1990):
artículo 193
Atendiendo a la naturaleza del servicio prestado por el personal auxiliar
de cabina de una aeronave, y a las diversas actividades cuya ejecución
depende de factores que van desde el modelo y categoría de la aerona-
ve, itinerario y duración del vuelo, hasta condiciones climáticas; y en el
caso de las azafatas, actividades de vigilancia y supervisión, y períodos
de inacción, pero que ameritan estar atentos a cualquier llamado para
cumplir con sus funciones, la duración de la jornada laboral no puede
limitase a ocho (8) horas diarias, sino que por aplicación del artículo 198
literales b), c) y d) de la ley Orgánica del Trabajo, su jornada no podrá
exceder de once (11) horas diarias. Así lo ha venido delineando esta
Sala mediante fallos anteriores como la sentencia número 2326, del 20
de noviembre de 2007 (caso Yennifer Carolina Ficarra Díaz contra
Aeropostal Alas de Venezuela, C.A.).
a) Horas extras

Por otra parte, el servicio prestado por el personal auxiliar de cabina,
atiende a las particularidades propias del transporte de un sitio a otro a
través del espacio aéreo, comprendiendo a grandes rasgos, horas de
servicio con antelación a la salida del vuelo, durante las horas de vuelo
y después del vuelo, que dependerán de las rutas, itinerarios, tipo de
aeronave, e incluso condiciones meteorológicas, circunstancias que ha-
cen que la prestación del servicio sea flexible en lo que a su duración se
refiere. Ello, aunado a que el servicio de transporte aéreo prestado por
la empresa demandada comprende exclusivamente rutas internaciona-
les, que se traducen en recorridos de grandes distancias, impiden cir-
cunscribir la prestación de servicio de la ciudadana Rosa Eugenia Lozada
a una jornada ordinaria de ocho horas.
Establece el artículo 360 de la Ley Orgánica del Trabajo:
La jornada de trabajo de los tripulantes se establecerá preferentemen-
te en la convención colectiva o por Resolución conjunta de los Minis-
terios de los ramos del trabajo y de transporte y comunicaciones.
La primera regulación al respecto, se encuentra en la resolución Nº 104
del 6 de abril de 1971, del Ministerio de Comunicaciones, publicada en
Gaceta Oficial, cuyo artículo 1º dispone:
Se fija en once (11) horas el límite máximo de duración del Tiempo
Efectivo de vuelo de Personal Auxiliar de a Bordo. En tal caso, deberá
gozar de un descanso mínimo de veintidós (22) horas consecutivas.
En ese mismo sentido, el artículo 198 de la Ley Orgánica del Trabajo,
dispone que en los casos expresamente señalados, los trabajadores no
podrán permanecer más de once (11) horas diarias en su trabajo. Dispo-
sición que ha servido de base a ésta Sala, para dirimir controversias rela-
tivas al régimen laboral de trabajadores del transporte aéreo, como lo
resuelto mediante sentencia número 2326, del 20 de noviembre de 2007,
caso Yennifer Carolina Ficarra Díaz contra Aeropostal Alas de Vene-
zuela, C.A. Correspondía a la parte actora demostrar la ocurrencia de las
mismas, y al no aportar prueba alguna que las mismas hayan sido efecti-
vamente laboradas, resulta improcedente su reclamación.
b) Viáticos
La sociedad mercantil British Airways reconoció los recibos de pago
que rielan insertos a los folios del 232 al 254 de la primera pieza, de los
cuales se extrae que la aerolínea pagaba de manera regular y perma-
nente un concepto denominado viáticos, no sujetos a rendición de cuen-
tas, por lo que los mismos formaban parte del salario y así deberá tomarse
en cuenta en la experticia complementaria del fallo.
c) Gastos de estadía
Conforme a lo establecido en el artículo 366 de la Ley Orgánica del
Trabajo, éstos son gastos necesarios que realiza el empleador para faci-
litar la labor del trabajador, y no pasan a formar parte del patrimonio de
la actora, por lo que los mismos no forman parte del salario y debe
declararse su improcedencia.
d) El pago de diferencia salarial por reclamación del tiempo de
traslado de ida y vuelta
En lo relativo al pago de horas extras, reclamadas por itinerario regular,
sobre el tiempo de traslado desde la residencia la trabajadora, hasta el
lugar de trabajo, y viceversa, de conformidad con el artículo 193 de la
Ley Orgánica del Trabajo, tal petitorio procede únicamente por la mitad
del tiempo que debe durar normalmente el transporte, el cual se estima
en una hora de ida y una hora de vuelta, lo cual habría sido admitido por
la demandada.
El artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1991, vigente durante
un período de la relación laboral, disponía:
Cuando el patrono esté obligado legal o convencionalmente al trans-
porte de los trabajadores desde un sitio determinado hasta el lugar
de trabajo, se computará como jornada efectiva la mitad del tiempo
que debe durar normalmente ese transporte; salvo que el sindicato y
el patrono acuerden no imputarlo, mediante el pago de la remunera-
ción correspondiente.
La empresa demandada había pactado con la ciudadana Rosa Eugenia
Lozada el trasladado desde su residencia hasta el aeropuerto interna-
cional Simón Bolívar, en Maiquetía, donde prestaría sus servicios, co-
rrespondiéndole conforme a la ley que se le computara como jornada
efectiva la mitad del tiempo de duración del referido transporte.
Recurso de casación (aclaratoria)
ways P.L.C.
de trabajo
Normas citadas: LOT(1990): artículo 193
En cuanto a la obligación de British Airways, PLC, de computar como
parte de la jornada efectiva, la mitad del tiempo que duraba el traslado
de la trabajadora, desde su residencia, hasta el Aeropuerto Internacio-
nal Simón Bolívar, por trayecto de ida y trayecto de vuelta, y la duda
que pudiese generar el punto relativo a la reclamación de diferencia
salarial por tal concepto, se observa, que esta Sala ratificó el contenido
del artículo 193 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1991, para reforzar
el argumento según el cual la jornada laboral de los trabajadores aéreos
no puede sujetarse estrictamente a una jornada de ocho (8) horas dia-
rias, y que la misma dependerá de los múltiples factores a ser tomados
en cuenta. Tal y como se asentó, la parte actora tenía la carga de de-
mostrar las horas extras laboradas, y al no hacerlo se declaró improce-
dente su petitorio, por lo que no es procedente el pago de diferencia
alguna por este concepto.
3. Salario base para el cálculo de prestación de antigüedad,
caso de trabajadores con sueldo variable
Partes: Oswaldo José Salazar Rivas contra Medesa Gua-
yana, C.A.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos
laborales derivados de la relación de trabajo
Normas citadas: LOT: artículos 108, 125, 145 y 146
En relación con el establecimiento del salario como base de cálculo de
los beneficios laborales reclamados la recurrida consideró, de confor-
midad con lo previsto en los artículos 145 y 146 de la Ley Orgánica del
Trabajo, que el salario base a los fines de calcular la prestación de anti-
güedad y demás beneficios que correspondan al actor, con motivo de la
terminación de la relación de trabajo, debía ser el promedio de lo deven-
gado durante el año inmediatamente anterior a la fecha de culminación
del vínculo laboral, toda vez que el actor recibe, como contraprestación
por los servicios prestados a la demandada, un salario a comisión equi-
valente a un porcentaje del 10% sobre las ventas realizadas por el tra-
bajador para la empresa demandada, sin tomar en cuenta la forma de
cálculo prevista en el Parágrafo Quinto del artículo 108 de la Ley Orgá-
nica del Trabajo.
La prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgá-
nica del Trabajo, vigente a partir del 19 de junio de 1997, establece que
después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá
derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de
salario por cada mes de servicio prestado –salvo que el trabajador ten-
ga más de seis meses de servicios para la fecha de entrada en vigencia
de la Ley, caso en el cual, la antigüedad se le abonará desde el primer
mes– y dos días de salario adicionales, por cada año de servicio o frac-
ción superior a seis (6) meses, acumulativos hasta alcanzar treinta (30)
días de salario, computados a partir del segundo año de servicio.
La prestación de la antigüedad, como derecho adquirido, será abonada
o depositada mensualmente, calculada con base en el salario devengado
en el mes que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la
cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los benefi-
cios o utilidades de la empresa, pero la misma será exigible al término
de la finalización de la relación. Los cálculos mensuales por tal concep-
to son definitivos y no podrán ser objeto de ajuste o recálculo durante la
relación de trabajo ni a su terminación, de conformidad con lo previsto
en Parágrafo Quinto del artículo 108 y los Parágrafos Primero y Segun-
do del artículo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, cuando el Parágrafo Quinto de la Ley Orgánica del Trabajo
establece que la prestación de antigüedad debe calcularse con base en
el salario devengado en el mes que corresponda lo acreditado o deposi-
tado, con la inclusión de la alícuota de las utilidades, ello en modo alguno
significa que el salario que deba utilizarse, a esos efectos, sea el deven-
gado por el actor en el año inmediatamente anterior, como lo estableció
la recurrida, pues dicha referencia la hizo el Legislador para indicar que
al salario devengado en el mes que corresponda acreditar o depositar
los cinco (5) días debe incluirse la cuota parte de lo percibido por los
beneficios líquidos o utilidades, en los términos indicados en el Parágra-
fo Primero del artículo 146 eiusdem.
El encabezado del artículo 146 de la Ley Sustantiva Laboral, sólo hace
referencia al salario base que debe utilizarse para el pago de las in-
demnizaciones que correspondan al trabajador como consecuencia de
la terminación de la relación de trabajo, y no a la prestación de anti-
güedad, toda vez que ésta se acredita mensualmente con base en el
salario devengado en el mes correspondiente, inclusive para los traba-
jadores con salario variable. Así, lo dispone la norma cuando señala
que el salario de base de cálculo de las indemnizaciones que corres-
pondan al trabajador como consecuencia de la terminación de la rela-
ción de trabajo, esto es, la indemnización por despido y la indemnización
sustitutiva del preaviso, a que se refiere el 125 eiusdem, será el de-
vengado en el mes de labores inmediatamente anterior; y, en caso de
salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a comisión o de cual-
quier otra modalidad de salario variable, el promedio de lo devengado
durante el año inmediatamente anterior.
En tal sentido, al haber ordenado la recurrida el cálculo de la prestación
de antigüedad con base en el salario promedio devengado por el actor en
el año inmediatamente anterior a la fecha del despido, y no con base en el
salario devengado en el mes que corresponda acreditar los cinco (5) días
de salario, violó por falta de aplicación el Parágrafo Quinto de artículo
108 y el Parágrafo Segundo del artículo 146 de la Ley Orgánica del Tra-
bajo, razón por la cual se declara procedente la presente denuncia.
4. Salario normal (feriados y días de descanso)
yana, C.A.
Normas citadas: LOT: artículos 133, 196, 211, 212, 216 y 217
Reitera: Criterio establecido en sentencia 1.633 de 2004
ratificado en sentencia N° 2376, de fecha 21 de
noviembre de 2006, caso Manuel Alejando Ordóñez
Masso y otros vs. L’Oreal Venezuela, C.A.
El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo define el salario, como
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación
o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que
corresponda al trabajador por la prestación de sus servicios y, entre
otros, comprende las utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así
como los recargos por días feriados, sobresueldos, bono vacacional,
así como recargo por días feriados, horas extras o trabajo nocturno,
alimentación y vivienda.
Por su parte, el Parágrafo Segundo, del mismo artículo, expresa que se
entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabaja-
dor en forma regular y permanente por la prestación de su servicio,
excluyendo de dicho concepto las percepciones de carácter accidental,
las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere
que no tienen carácter salarial.
Así que salario normal es todo lo que percibe el trabajador de manera
habitual, es decir, con carácter regular y permanente, por la presta-
ción de sus servicios, salvo las percepciones de carácter accidental y
las que la ley considere que no tienen carácter salarial, entendiéndose
por “regular y permanente” todo aquel ingreso percibido en forma
periódica por el trabajador, aunque se paguen en lapsos de tiempo
mayores a la nómina de pago cotidianamente efectiva, pero en forma
reiterada y segura.
(...)
Por otra parte, como quedó demostrado que el actor devengó un salario
a comisión, resulta obligatorio el análisis, concordado, de las disposicio-
nes contenidas en los artículos 216 y 217 de la Ley Sustantiva Laboral,
para establecer la remuneración que le corresponde por los días domin-
gos y feriados.
Al respecto, esta Sala en sentencia N° 2376, de fecha 21 de noviembre
de 2006, caso Manuel Alejando Ordóñez Masso y otros vs L’Oreal Ve-
nezuela, C.A., dejó establecido lo siguiente:
El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que se en-
tiende por salario la remuneración, provecho o ventaja que corres-
ponda al trabajador por la prestación de su servicio.
Como se señaló en la Sentencia N° 1.633 de 2004, para resolver la
petición referida al pago de los sábados, domingos y feriados por
devengar los actores un salario variable formado por un sueldo fijo
más un incentivo por ventas, es necesario interpretar concordada-
mente los artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Trabajo.
El artículo 217 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que cuando
se haya convenido un salario mensual, el pago de los días feriados y
de descanso obligatorio estará comprendido en la remuneración.
El artículo 216 eiusdem dispone que el descanso semanal será remune-
rado con el pago del salario de un día de trabajo; y, cuando se trate de
trabajadores a destajo o con remuneración variable, el salario del día
feriado será el promedio de lo devengado en la respectiva semana.
Estas normas hacen una distinción entre los trabajadores que reci-
ben un salario mensual y los que tienen un salario a destajo o varia-
ble, pues el salario de estos últimos depende de la cantidad de trabajo
realizado; y es por todos conocido, que los días feriados, no son
hábiles para el trabajo. De esta forma, la Ley protege a los trabajado-
res de salario variable previendo que los días en que ellos no realizan
la actividad que genera su salario, como son los días de descanso y
feriados, reciban una remuneración calculada como el promedio de lo
generado durante la semana, para que así su situación se equipare a
la de los trabajadores que reciben salario mensual, pues su remune-
ración comprende los días feriados y de descanso.
Asimismo, el artículo 211 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone que
todos los días del año son hábiles para el trabajo, excepto los días
feriados; y, el artículo 212 eiusdem establece que son feriados los
domingos, el 1° de enero, Jueves y Viernes Santos, 1° de mayo, 25 de
diciembre, los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales y los que se
declaren festivos por el Gobierno Nacional, Estadal o Municipal, hasta
un límite de 3 por año.
De la interpretación de estas normas en concordancia con el artículo
196 de la Ley Orgánica del Trabajo, se entiende que normalmente la
jornada de trabajo es de lunes a sábado con un día de descanso, que
es el domingo, a menos que en el contrato de trabajo se establezca
una jornada y horario especial, lo cual deberá ser demostrado por la
parte que lo alegue.
De acuerdo con el criterio expuesto, que hoy se reitera, cuando el
salario es estipulado por unidad de tiempo, el pago de los días domin-
gos y feriados está comprendido dentro de la remuneración, pero cuando
un trabajador devenga un salario variable, el pago que corresponde a
los días domingos y feriados debe calcularse con base en el promedio
de lo generado en la respectiva semana o, con el promedio del mes
correspondiente cuando las comisiones generadas se calculen y liqui-
den mensualmente.
5. Salario normal (asignación por vehículo)
yana, C.A.
Reitera: Criterio establecido en sentencia N° 66 de fecha
22 de marzo de 2000
El artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo define el salario, como
remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o
método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que corres-
ponda al trabajador por la prestación de sus servicios y, entre otros, com-
prende las utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como los recargos
por días feriados, sobresueldos, bono vacacional, así como recargo por
días feriados, horas extras o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.
Por su parte, el Parágrafo Segundo, del mismo artículo, expresa que se
entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabaja-
dor en forma regular y permanente por la prestación de su servicio,
excluyendo de dicho concepto las percepciones de carácter accidental,
las derivadas de la prestación de antigüedad y las que la Ley considere
que no tienen carácter salarial.
Así que salario normal es todo lo que percibe el trabajador de manera
habitual, es decir, con carácter regular y permanente, por la prestación de
sus servicios, salvo las percepciones de carácter accidental y las que la
ley considere que no tienen carácter salarial, entendiéndose por “regular
y permanente” todo aquel ingreso percibido en forma periódica por el
trabajador, aunque se paguen en lapsos de tiempo mayores a la nómina de
pago cotidianamente efectiva, pero en forma reiterada y segura.
En relación con el beneficio percibido por uso de vehículo, esta Sala
pasa a determinar el carácter salarial o no de dicho concepto, y, si for-
ma parte del salario normal a los fines de calcular los conceptos recla-
mados por el actor con motivo de la terminación de la relación de trabajo.
En el presente caso, no constituye un hecho controvertido en el proce-
so, el que la empresa demandada pagaba una cantidad de dinero al tra-
bajador con ocasión de la utilización de su vehículo particular para la
ejecución de sus funciones en la empresa, sino la naturaleza salarial o
no del referido beneficio.
Sobre la asignación por vehículo, en sentencia N° 66 de fecha 22 de
marzo de 2000, la Sala estableció que:
De determinarse que el elemento alegado como beneficio, provecho
o ventaja –en el caso del uso del vehículo– sólo servirá, exclusiva-
mente, para la realización de las labores, no podría catalogárselo
como salario, porque no sería percibido por el trabajador en su pro-
vecho, en su enriquecimiento, sino un instrumento de trabajo nece-
sario para llevarlo a cabo, como lo son todos los artefactos que se
utilizan en los distintos tipos de faenas y que no pueden calificarse
como integrantes del salario. Debe tratarse, pues, no de un elemento
o instrumento “para” prestar el servicio, como entiende el fallo, sino
de un beneficio cuantificable en dinero que se recibe “por el hecho
de prestar el servicio.
De acuerdo con el criterio anterior, la asignación por vehículo recibida
por el actor, en el caso concreto, se originó por causa o por retribución
de la labor prestada por el trabajador, y no como un beneficio exclusi-
vo para la realización de las labores, pues no se constató, de las prue-
bas de autos, que la cantidad fue otorgada para cubrir de manera ex-
clusiva los gastos en que éste pudiera incurrir por el deterioro de su
vehículo en la ejecución del servicio, razón por la cual la cantidad
recibida por uso de vehículo en forma mensual y permanente, tiene
carácter salarial y como tal debe formar parte del salario normal, a los
fines de calcular los conceptos que le corresponden con motivo de la
terminación de la relación de trabajo.
6. Naturaleza salarial del aporte especial de ahorro
Partes: William Motovita Monterrey contra C.A. Luz Eléc-
trica de Venezuela
Confirma: Criterio de Sala de Casación Social establecido
en sentencia N° 2029 de fecha 12 de diciembre
de 2006
Ahora bien, sobre este punto en particular, esta Sala de Casación Social
en sentencia N° 2029 de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Miguel
Antonio Cárdenas y Otros contra C.A. LA ELECTRICIDAD DE CA-
RACAS, C.A. LA ELECTRICIDAD DE GUARENAS Y GUATIRE, Y
C.A. LUZ ELÉCTRICA DE VENEZUELA (empresa demandada en el
caso de autos), asentó:
Todo lo anteriormente señalado, permite concluir a esta Sala que
efectivamente el denominado aporte especial de ahorro, convenido y
pactado en la convención colectiva suscrita entre el Sindicato de
Trabajadores Electricistas, similares y conexos del Distrito Federal y
Estado Miranda, Sindicato de Trabajadores de Empresas Eléctricas y
Similares del Distrito Federal y el Estado Miranda y C.A. La Electrici-
dad de Caracas, SAICA-SACA y sus empresas filiales, es salario,
porque reúne las características propias de éste y además, aun cuan-
do se pactó como un supuesto aporte patronal dirigido al ahorro, el
mismo no revestía las características que doctrinal y jurisprudencial-
mente se le adjudican a dicha institución, debiendo destacarse que el
denominado aporte especial de ahorro patronal, en un noventa y
cinco por ciento (95%), es disponible por parte de los trabajadores y
que aun cuando se materializaba dicha disponibilidad bajo la figura
del contrato de préstamo, tal modalidad no revestía las particularida-
des de ese contrato.
Asimismo, estableció:
Para los demandantes que ostenten la cualidad de ex trabajadores
de las accionadas y que se hayan afiliado al fondo de previsión, bajo el
sistema del aporte especial de ahorro; se deberá recalcular las cantida-
des percibidas desde la fecha de incorporación del mismo (ex trabaja-
dor respectivo) al referido plan especial de ahorro (con posterioridad a
noviembre de 1996, cláusula 72 de la Convención Colectiva de Traba-
jo), hasta la fecha de terminación de la relación de trabajo, por concep-
to de antigüedad, compensación por transferencia, intereses sobre
prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y bono vacacional, in-
cluyendo la incidencia salarial del noventa y cinco por ciento (95%) de
lo que percibían por el denominado aporte especial de ahorro.
Determinado lo anterior y, visto que en la causa sub examine se discute
sobre la naturaleza salarial del denominado aporte especial de ahorro,
convenido y pactado en la convención colectiva suscrita entre el Sindi-
cato de Trabajadores Electricistas, similares y conexos del Distrito Fe-
deral y Estado Miranda, Sindicato de Trabajadores de Empresas
Eléctricas y Similares del Distrito Federal y el Estado Miranda y C.A.
La Electricidad de Caracas, SAICA-SACA y sus empresas filiales; am-
pliamente tratado en la sentencia ut supra identificada, en la que se
concluyó que efectivamente, el denominado aporte especial de ahorro,
es salario, en virtud de que reúne las características propias de éste y
además se estableció el carácter extensivo de la precitada decisión a
todos los ex trabajadores que demandaran dicha institución, deviene
forzoso en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica y con-
fianza legitima, declarar con lugar el recurso de control de la legalidad
interpuesto por la parte demandante y con ello ordenar la nulidad del
fallo recurrido, por lo que de conformidad con el artículo 179 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, la Sala descenderá al estudio de las
actas del expediente para decidir el fondo de la causa.
7. Ajuste de la pensión de jubilación
Partes: Luis Arnaldo Mejía Colmenares contra Petróleos
de Venezuela, S.A.
Motivo: Ajuste de pensión de jubilación
Reitera: Criterio establecido en Sentencia de la Sala de
Casación Social N° 515, de fecha 31 de mayo de
2005, caso: Víctor Quevedo y otros contra Pe-
tróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
Normas citadas: Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilacio-
nes y Pensiones de los Funcionarios o Empleados
de la Administración Pública Nacional, de los Es-
tados y de los Municipios: artículos 2° y 4°; Ley
del Régimen de Jubilaciones: artículo 2°
Es así como en fecha 3 de marzo de 2006, interpone la presente acción,
en la que demanda a la empresa PETRÓLEOS DE VENEZUELA
SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA) para que le pague el monto de ciento
ochenta y tres millones trescientos treinta dos mil ciento cuarenta y un
bolívares con cuatro céntimos (Bs. 183.332.141,04) por los siguientes
conceptos: Ajuste retroactivo por concepto de complemento o faltante
de la pensión de jubilación, diferencias en las bonificaciones anuales o
aguinaldos, diferencias en los beneficios únicos y especiales (bonos),
intereses desde el 1-12-98 hasta el 30-11-2005 y actualización de la
pensión mensual de jubilación.
Ahora bien, en lo que respecta al ajuste de la pensión de jubilación soli-
citado por el actor, se evidencia que la parte demandada consignó, cons-
tante de trece (13) folios útiles, marcado con la letra “D”, copia
certificada del Boletín N° PER-09.06-n, Publicación N° 01-98 (JUN),
que contiene el manual corporativo de normas y procedimientos del Plan
de Jubilación para los trabajadores de la empresa, vigente para el mo-
mento de la jubilación del demandante.
En el mencionado manual se establece el propósito del plan, definiciones,
alcance, participación, administración de cuentas de capitalización indivi-
dual, elegibilidad para la pensión, cese de los derechos y obligaciones del
trabajador afiliado, en fin, todas las disposiciones necesarias para regular
este tipo de beneficio, observándose específicamente en las páginas 3 y
4, en el punto 3.2.8, que se especifican los únicos organismos de los cua-
les se computaran los años de servicio prestados por el trabajador, con
anterioridad al ingreso a la empresa, para el cómputo de la jubilación,
evidenciándose que los años de servicio prestados a CADAFE u otras
empresas del Estado no constituyen un supuesto previsto en dicha norma.
En torno al particular, se ha pronunciando esta Sala de Casación Social
en diversas oportunidades, entre otras, en decisión N° 515, de fecha 31
de mayo de 2005, caso: Víctor Quevedo y otros contra Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), la cual es del siguiente tenor:
Visto así el principal argumento de los demandantes, preciso es ana-
lizar la aplicabilidad al caso de la discutida Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Emplea-
dos de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los
Municipios.
Sobre ello, en primer lugar se tiene que el referido cuerpo normativo
regula el derecho a la jubilación y pensión de los funcionarios y
empleados de los organismos enunciados en su artículo 2.
‘Artículo 2: Quedan sometidos a la presente Ley los siguientes orga-
nismos:
1.- Los Ministerios, Oficinas Centrales de la Presidencia y demás
organismos de la Administración Central de la República.
2.- La Procuraduría General de la República.
3.- El Consejo Supremo Electoral.
4.- El Consejo de la Judicatura.
5.- La Contraloría General de la República.
6.- La Fiscalía General de la República.
7.- Los Estados y sus organismos descentralizados.
8.- Los Municipios y sus organismos descentralizados.
9.- Los Institutos Autónomos y las Empresas en las cuales algunos
de los organismos del sector público tengan por lo menos el 50%
de su capital.
10.- Las Fundaciones del Estado.
11.- Las personas jurídicas de derecho público con forma de socieda-
des anónimas.
12.- Los demás entes descentralizados de la Administración Pública
Nacional y de los Estados y los Municipios’. (Subrayado de la Sala).
En esta fase de análisis, y siguiendo un orden de ideas, cabe indicar
que tal como lo afirmó la Alzada en su fallo recurrido, la totalidad del
capital social de la empresa petrolera PDVSA, S.A., es propiedad de
la República, y sobre tal afirmación se basó el Superior para concluir
que la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensio-
nes de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública
Nacional, de los Estados y de los Municipios resulta aplicable al
caso, criterio éste que no comparte la Sala, en razón de que la misma
Ley ha contemplado en su artículo 4 unos supuestos de excepción
en la aplicabilidad de sus normas, dispositivo jurídico que no fue
tomado en cuenta por la Juez ad quem.
Pues bien, antes de pasar al estudio de las excepciones de aplicabili-
dad de la Ley, importante es transcribir el criterio fijado por la Alzada
en la sentencia recurrida con relación al tema en discusión, siendo de
su opinión lo siguiente:
‘El artículo 2° numeral 9, de la Ley del Régimen de Jubilaciones expre-
samente dispone lo siguiente: ‘Quedan sometidos a la presente Ley
los siguientes organismos: ...9. Los Institutos Autónomos y la Em-
presas en las cuales alguno de los organismos del sector público
tengan por lo menos el 50% de su capital’.
De la transcripción anterior y visto que no es discutido que la totali-
dad del capital social de PDVSA es propiedad de la República, es
indudable que la Ley del Régimen de Jubilaciones se aplica a la de-
mandada; los términos de la norma son diáfanos, la misma se encuen-
tra vigente y no ha sido anulada por inconstitucional...’.
Ahora, sobre la naturaleza jurídica de PDVSA, es claro que la misma
es una empresa revestida con forma de sociedad anónima, en la que
el Estado venezolano tiene la propiedad en la totalidad de su capital
social y respecto a su personalidad jurídica, este Máximo Tribunal,
mediante sentencia N° 1185 de fecha 17 de junio de 2004, proferida
por la Sala Constitucional, determinó lo siguiente:
‘En una primera aproximación, como se señalase anteriormente, Pe-
tróleos de Venezuela S.A., es una empresa del Estado constituida
como una persona jurídica con forma de derecho privado que se
caracteriza por la titularidad de su control accionario, pertenece en
su totalidad al Estado venezolano y, además, es creada y conformada
bajo una forma de derecho privado (sociedad anónima) por lo que, su
régimen interno y de relaciones laborales debe equipararse con res-
pecto a los trabajadores ubicados dentro del mismo sector privado.
Ello porque si bien la industria petrolera, por ser una empresa del
Estado, puede calificar como Administración Descentralizada Fun-
cionalmente, su personal no puede comprenderse bajo el esquema
estatutario del otrora sistema de la carrera administrativa ni tampo-
co dentro de la regulación vigente de la función pública, pues no
ejercen funciones públicas, sino más bien su actividad es privada,
dentro del marco de las actividades empresariales realizadas por el
Estado venezolano. A esto debe considerársele, además que la dis-
posición derogada del artículo 8 de la derogada Ley que Reserva al
Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos, hacía remi-
sión expresa a que los trabajadores de la industria petrolera se
regían por las previsiones generales de la legislación laboral, ar-
tículo que no se reiteró expresamente pero se dejó la salvedad ge-
neral de aplicabilidad de las normas de derecho privado, tal como lo
dispone el artículo 29 del vigente Decreto Legislativo: ‘Las empre-
sas petroleras estatales se regirán por el presente Decreto Ley (sic)
y su Reglamento, por sus propios estatutos, por las disposiciones
que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Ener-
gía y Minas y por las de derecho común que les sean aplicables’.
En razón de no mediar una nueva disposición especial en la materia,
y remitida al marco del derecho común las materias aplicables, los
trabajadores petroleros son objeto de regulación del marco laboral
general (...)’. (Subrayado de la Sala).
Expuesto todo lo anterior, oportuno es indicar lo que el artículo 4 de
la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones establece res-
pecto a los casos de excepción en su aplicación:
‘Artículo 4.- Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley,
los organismos o categoría de funcionarios o empleados cuyo régimen
de jubilación o pensión esté consagrada en las Leyes Nacionales y las
Empresas del Estado y demás personas de derecho público con forma
de sociedades anónimas que hayan establecido sistemas de jubilación
o de pensión en ejecución de dichas Leyes. En ambos casos deberán
hacerse contributivos en forma gradual y progresiva de acuerdo a las
respectivas leyes y en caso de que los beneficios sean inferiores a los
dispuestos en esta Ley, se equipararán a los aquí establecidos. La
contribución en los supuestos a que se refiere este artículo podrá ser
hecha en forma mensual o al final de la relación laboral’.
Como se observa, la citada disposición legal exceptúa de la aplica-
ción de dicha Ley, entre otros entes, a las empresas del Estado con
forma de sociedades anónimas –como el caso de autos–, cuyo régi-
men de jubilación o pensión esté consagrado en su propio sistema
de jubilación o de pensión en ejecución de las Leyes Nacionales.
También consagró la norma que, en caso de que los beneficios sean
inferiores a los dispuestos en la Ley, los mismos se equipararán a los
en ella establecidos.
Siendo ello así, erró la Alzada por la falta de aplicación del artículo 4
de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones
de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Na-
cional, de los Estados y de los Municipios, puesto que de haberlo
aplicado, el Juzgado Superior, habría concluido que PDVSA, S.A.
estaba exceptuada de la aplicación de ese estatuto, dado que esta
empresa tiene su propio régimen de jubilación en contrataciones co-
lectivas y/o planes especiales de jubilación, lo cual además es un
hecho admitido por las partes en el proceso, y que aunado a ello, los
beneficios consagrados en tales contrataciones y/o planes de jubila-
ción, constata la Sala, son favorables a los trabajadores en virtud de
ser superiores a los acordados en dicho estatuto.
Esta última afirmación, se halla soportada en el hecho cierto que la
referida empresa consagra en su plan de jubilación –lo cual se verifi-
ca de sus consecutivas contrataciones colectivas–, además de una
correspondiente pensión de jubilación, también otorga a sus jubila-
dos otros beneficios, tales como: un seguro de hospitalización, ciru-
gía y maternidad, gastos funerarios, comisariato, entre otros, lo cual
es suficiente para afirmar que sus beneficios en conjunto son supe-
riores a los contemplados en la discutida Ley del Estatuto sobre el
Régimen de Jubilaciones.
Expresado lo anterior, forzoso es concluir que la petición del actor en el
caso de marras es contraria a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, lo
que conduce a declarar sin lugar la demanda. Así se establece.
8. Salarios dejados de percibir durante el reposo
Partes: Luis Orlando Omaña Aponte contra Maersk Dri-
lling Venezuela, S.A. y Otra
Normas citadas: LOT: artículos 95 y 97
Ahora bien, en cuanto al reclamo del ciudadano Luis Omaña, de lo de-
jado de percibir durante el tiempo que no laboró, la Sala observa que en
este caso operó la suspensión de la relación de trabajo, y la Ley Orgá-
nica del Trabajo es clara cuando señala que la suspensión no pondrá fin
a la vinculación jurídica existente entre el patrono y el trabajador, es
decir, que aunque el demandante se reincorporó mucho tiempo después
a su equipo de trabajo con una nueva empresa contratista estaba vincu-
lado a ella, seguía siendo trabajador de la empresa, es decir, que debe
continuar prestando servicio en las mismas condiciones de trabajo, pero
también es muy clara al establecer que durante ese tiempo que haya
operado la suspensión, así como el trabajador no está obligado a prestar
servicio, la empresa o el patrono no está obligado a pagar el salario.
El artículo 95 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:
Durante la suspensión, el trabajador no estará obligado a prestar el
servicio ni el patrono a pagar el salario.
Quedan a salvo las prestaciones establecidas por la Seguridad So-
cial o por la convención colectiva y los casos que por motivos de
equidad determine el Reglamento, dentro de las condiciones y lími-
tes que éste fije.
Además el artículo 97 eiusdem, dispone:
Cesada la suspensión, el trabajador tendrá derecho a continuar pres-
tando servicio en las mismas condiciones existentes para la fecha en
que ocurrió aquélla, salvo lo establecido en el literal a) del artículo 94
y otros casos especiales.
La antigüedad del trabajador comprenderá el tiempo servido antes y
después de la suspensión, salvo disposición especial.
La Convención Colectiva Petrolera 1997-1999, no establece nada en

cuanto al salario dejado de percibir durante el tiempo que un trabajador
se encuentre de reposo; en todo caso, quedan a salvo las obligaciones
del Seguro Social Obligatorio; por lo tanto, el reclamo de salarios deja-
dos de percibir durante el reposo es improcedente.
9. Continuidad del servicio del trabajador para el goce del
derecho a las vacaciones legales remuneradas
Partes: Noel Antonio Córdova Mosquera contra Maersk Dri-
lling Venezuela S.A. y PDVSA Petróleo y Gas S.A.
Ciertamente, el derecho a las vacaciones remuneradas presupone la

prestación del servicio en forma ininterrumpida durante el tiempo exigi-
do para que nazca dicho derecho. Sin embargo, la ley prevé determina-
dos supuestos en los que, aunque no hay continuidad en la prestación
del servicio, no pueden considerarse como interrupción de la misma,
estos supuestos están previstos en el artículo 232 de la Ley Orgánica
del Trabajo, el cual establece:
No se considerará como interrupción de la continuidad del servicio
del trabajador para el goce del derecho a las vacaciones legales re-
muneradas, su inasistencia al trabajo por causa justificada; pero la
concesión de la vacación anual podrá ser pospuesta por un período
equivalente a la suma de los días que no hubiere concurrido justifica-
damente a sus labores.
Se considerará como causa justificada de inasistencia al trabajo, para
los efectos de este artículo, la ausencia autorizada por el patrono, la
ausencia debida a enfermedad o accidente o a otras causas debida-
mente comprobadas.
Según la norma transcrita, la inasistencia al trabajo por causa justifica-
da no puede ser considerada como interrupción de la continuidad de la
prestación del servicio, justifican la inasistencia al trabajo, entre otras
causas, una enfermedad y/o un accidente.
No establece la norma un límite en el número de inasistencias justifica-
das durante el período del cual deriva el derecho a las vacaciones remu-
neradas, por lo que es irrelevante el número de inasistencias, lo relevante
es que sean justificadas para que no tengan el efecto interruptor.
Capítulo VIII
Contestación de la demanda
1. Confesión ficta
Partes: Joel Beltrán contra Expresos Mérida, C.A.
Reitera: Doctrina establecida en sentencia de la Sala de Ca-
sación social N° 629 en fecha 8 de mayo de 2008.
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional N° 810 de fe-
cha 18 de abril del año 2006 (caso: Víctor Sán-
chez Leal y Renato Olavarría Álvarez)
El artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece la
consecuencia jurídica por la falta de contestación de la demanda, a te-
nor de lo siguiente:
Artículo 135:
(Omissis)
Si el demandado no diera la contestación de la demanda dentro del
lapso indicado en este artículo, se le tendrá por confeso, en cuanto
no sea contraria a derecho la petición del demandante. En este caso,
el tribunal remitirá de inmediato el expediente al Tribunal de Juicio,
quien procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes, al recibo del expediente, ate-
niéndose a la confesión del demandado. (Negritas de la Sala).
Del artículo parcialmente transcrito, se colige que ante la falta de con-
testación de la demanda, el juez de juicio deberá sentenciar de forma
inmediata dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo del expe-
diente, debiendo tener presente la confesión del demandado, respecto
de los hechos alegados en el escrito libelar por la parte actora.
No obstante lo antes expuesto, la Sala Constitucional de este alto Tribu-
nal en sentencia N° 810 de fecha 18 de abril del año 2006 (caso: Víctor
Sánchez Leal y Renato Olavarría Álvarez), al conocer el recurso de
nulidad por inconstitucionalidad del artículo 135 de la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo, estableció que el mismo no es inconstitucional, ni aten-
tatorio al derecho a la defensa, pues, en el proceso laboral, la presunción
de confesión por la ausencia de contestación de la demanda a la que
hace referencia el artículo 135 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo,
conlleva a la inmediata decisión de fondo por parte del Juzgado de Jui-
cio, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandado, en
la cual el juez deberá valorar las pruebas promovidas por las partes.
Por lo que concluye señalando:
En consecuencia, la atención a la confesión ficta del demandado
ante la ausencia de la contestación de la demanda laboral, debe inter-
pretarse en el sentido de que se tenga en cuenta que, en esa oportu-
nidad procesal, el demandado no compareció y, por ende, no
contradijo expresa y extendidamente los argumentos del demandan-
te, no así que los elementos de juicio que consten hasta el momento
en autos, fundamentalmente los que hubieran sido expuestos en la
audiencia preliminar, no puedan tomarse en consideración. (Subra-
yado de la Sala).
En atención a lo antes expuesto, esta Sala considera que ante la falta de
contestación de la demanda, el juez de juicio, debe pronunciarse sobre
las pruebas promovidas por las partes en la oportunidad procesal co-
rrespondiente. Por ende, antes de entrar a decidir el fondo de la contro-
versia, deberá celebrar la audiencia pertinente donde se evacuen las
pruebas promovidas por las partes, ello, entre otros considerandos, en
garantía del control de las mismas, tal como se ha sostenido en senten-
cia N° 629 proferida por esta Sala de Casación Social en fecha 8 de
mayo de 2008, en la cual se estableció:
Ahora bien, cuando el supuesto contenido en el último párrafo del
artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se verifique en
un determinado caso y se proceda, como lo ordena dicha norma, a la
remisión del expediente al tribunal de juicio competente para que
decida la causa, debe entenderse, que se fijará el día y la hora para la
celebración de la audiencia oral y pública de juicio, para que las
partes puedan controlar las pruebas aportadas por la contraria, pues
es esta la única oportunidad para dicho control, dándose así de esta
manera fiel cumplimiento a lo establecido por la Sala de Casación
Social en sentencia de fecha 15 de octubre del año 2004 (Caso: Ri-
cardo Alí Pinto Gil contra Coca-Cola Femsa de Venezuela, S.A.).
2. Lapso para la contestación de la demanda según la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo
Partes: Carmen Mercedes Rivas Rojas contra Banco Pro-
vincial, S.A. Banco Universal
Reitera: Doctrina establecida en sentencia de la Sala de
Casación Social Nº 1044, de fecha 14 de septiem-
bre de 2004.
Normas citadas: CPC: artículo 345; LOTPT: artículo 31
Pues bien, ciertamente esta Sala ha establecido (sentencia Nº 1044, de
fecha 14 de septiembre de 2004) que el término para contestar la de-
manda según lo pautaba la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo, era “en el tercer día hábil después de la
citación”, pero sólo en los casos en los cuales la citación la efectuaba
el propio Tribunal.
En efecto, cuando se hubiere realizado la citación mediante un meca-
nismo procesal no previsto en la Ley Orgánica de Tribunales y de
Procedimiento del Trabajo (en aplicación del artículo 31 eiusdem), el
término para contestar, por razones de seguridad jurídica, comenzaba
a contarse desde el momento en el cual constara en autos la certifica-
ción del Secretario.
En el presente caso, tal y como se evidencia de la descripción cronoló-
gica realizada supra, la citación de la demandada se llevó a cabo según
lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, moda-
lidad ésta no prevista en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedi-
miento del Trabajo. El mencionado artículo dispone:
“La copia o las copias del libelo de la demanda con la orden de
comparecencia se entregarán al Alguacil del Tribunal a objeto de que
practique la citación. Sin embargo, a petición de la parte demandante,
dichas copias se entregarán al propio actor, o a su apoderado para
que gestione la citación por medio de cualquier otro Alguacil o Nota-
rio de la Circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, o del lugar
donde resida el demandado en la forma prevista en el artículo 218.
Cumplida la gestión de la citación, el actor o su apoderado entregará
al Secretario del Tribunal el resultado de las actuaciones, debida-
mente documentadas”. (Resaltado de la Sala).
Razón por la cual, como antes se mencionó, el término para contestar la
demanda debía computarse desde el día hábil siguiente a la certificación
del Secretario del Tribunal, la cual en el presente caso se verificó en
fecha 15 de diciembre de 2000. En virtud de ello, y según se desprende
del cómputo realizado por el Tribunal (folio 120 del expediente), la con-
testación debía efectuarse en fecha 20 de diciembre de 2000.
Así pues, esta Sala comparte las consideraciones esgrimidas por la Alzada
con respecto al momento en que debía empezarse a contar el término para
contestar la demanda, siendo éste el tercer (3er) día hábil siguiente a la
certificación, realizada por el Secretario, de las resultas de la citación.
De esta forma, al haberse dejado constancia de la citación en fecha
15 de diciembre de 2000, la contestación debió efectuarse en fecha 20
de diciembre de 2000, pues era éste el tercer día hábil siguiente a la
certificación del Secretario, tal y como lo estableció el juez de Alzada,
quien aplicó adecuadamente el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tri-
bunales y de Procedimiento del Trabajo, así como la doctrina de este
Alto Tribunal.
Capítulo IX
Control de la legalidad
1. Naturaleza del recurso
Partes: Rolando Rafael Miquelena Silva contra Prolipro-
pileno de Venezuela Propilven, S.A.
Motivo: Calificación de Despido
De manera que, el recurso de control de la legalidad no debe ser en-
tendido como una nueva instancia; por tanto, el recurso en cuestión se
admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la jurispruden-
cia reiterada de esta sala o cuando existan graves indicios de la viola-
ción de preceptos de orden público. El control de la legalidad no se
cristaliza de forma similar a la establecida para los recursos de grava-
men o impugnación, diseñados para cuestionar la sentencia, para ese
entonces, definitiva.
Antes bien, el hecho configurador de este recurso no es el mero perjui-
cio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de al-
gún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma
de orden público, un error grotesco en su interpretación o, sencillamen-
te, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los
recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que
los jueces en su actividad jurisdiccional actúan como garantes primige-
nios del ordenamiento jurídico laboral, tanto sustantivo como adjetivo.
De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es
cuando procede el control de la legalidad.
2. Presupuestos objetivos. Número de líneas
Partes: Alejandro Manuel Correa de Bellis contra Cos-
méticas Rolda, C.A. y otra
laborales
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que, el
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social podrá, a soli-
citud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales
Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casa-
ción, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de
orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reitera-
da doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. En estos casos,
la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo corres-
pondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escri-
to, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
(Subrayado de la Sala).
En el caso concreto, el recurrente solicitó el control de la legalidad me-
diante un escrito de cuatro (4) folios y sus vueltos, lo cual excede los
límites objetivos del escrito para la admisibilidad del recurso exigidos en
el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo antes transcrito
y conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del medio de impugnación
interpuesto. Así se declara.
Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamen-
tan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de
la legalidad. Así se decide.
3. Lapso para interponer el recurso
Partes: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promo-
tora Millenium, C.A.
Cambio de
criterio: Modifica el criterio establecido en sentencia de la
Sala de Casación Social N° 609 de fecha 04 de
junio del año 2004, caso Marcial Gerardo Oroz-
co Ordóñez contra Kilómetro 0, C.A., no citada
en el texto
Ha venido sosteniendo esta Sala, de la interpretación literal del artículo
178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el término para inter-
poner el recurso de control de la legalidad se computa a partir de la
publicación del fallo, independientemente que la misma se haya mate-
rializado antes del vencimiento del lapso que consagra la ley para tal
fin. (Vid. Sent. N° 609 de fecha 4 de junio de 2004, Caso: Marcial
Gerardo Orozco Ordóñez contra Kilómetro Cero, C.A.).
No obstante lo antes expuesto, por su parte, el artículo 165 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo dispone que el lapso para interponer los
recursos a que hubiere lugar contra las decisiones de segunda instancia,
comenzará a transcurrir una vez precluido el lapso que tiene el juzgador
para publicar el fallo in extenso.
En tal sentido, al contraponerse el mencionado artículo 178 con lo esta-
blecido en el artículo 165, se evidencia una clara contradicción entre los
mismos, respecto a cuál es el momento a partir del cual se computa el
lapso para ejercer el control de la legalidad, lo que puede conllevar a los
justiciables a tener duda razonable sobre el particular, que de manera
ostensible puede afectar la situación jurídica subjetiva de los recurren-
tes, en virtud de las distintas interpretaciones.
Vista la contradicción evidenciada, esta Sala, en su labor hermenéutica,
considera indispensable partiendo de la base que las normas procesales
deben interpretarse en el sentido de que ofrezca garantías al derecho a
la defensa y a la seguridad jurídica, dada la naturaleza eminentemente
preclusiva de los lapsos para el ejercicio de los recursos a que hubiere
lugar, precisar, armonizando las normas antes referidas, cuál es el mo-
mento u oportunidad a partir del cual comienza a computarse el lapso
para ejercer el control de la legalidad.
En este orden de ideas, la obvia ratio iuris impone la necesidad de
cambiar el criterio que hasta la presente fecha ha venido imperando,
dándole preeminencia a lo previsto en el artículo 165 por razones de
seguridad jurídica y a los fines de favorecer el derecho a la defensa de
las partes, concluyéndose que la oportunidad procesal para presentar el
recurso de control de la legalidad previsto en los artículos 178 y siguien-
tes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sea computada a partir del
fenecimiento del lapso para dictar sentencia.
En este sentido, los cinco (5) días que otorga el legislador para interpo-
ner el referido recurso, comenzarán a transcurrir una vez vencido el
lapso que la ley otorga para publicar la sentencia.
Criterio anterior: Sentencia N° 609 de fecha 04 de junio del año 2004,
caso Marcial Gerardo Orozco Ordóñez contra Kilómetro 0, C.A.,
citada en el texto:
Al respecto, cabe dejar establecido, dado lo ocurrido en el presente
caso, que el lapso para la interposición del recurso de control de la
legalidad, de conformidad con el artículo 178 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, se computa a partir de la publicación del fallo,
independientemente que la decisión haya sido dictada antes del ven-
cimiento del lapso que consagra la ley para sentenciar.
Distinto es el lapso a computar para el recurso extraordinario de
casación, el cual de conformidad con el artículo 169 eiusdem, es “a
partir del vencimiento del término que se da para la publicación de
la sentencia”, por lo tanto, se le advierte al Juzgado Superior Prime-
ro del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,
que el lapso a computar el especialísimo recurso de control de la
legalidad es a partir de la publicación del fallo y no a partir del venci-
miento del término que se da para la publicación, tal como fue seña-
lado mediante auto de esta Sala de Casación Social de fecha 29 de
abril del año 2004, en el que se le ordenó oficiar nuevo cómputo para
verificar la tempestividad del presente medio de impugnación.
4. Motivos de inadmisibilidad
4.1 Autos en ejecución de sentencia
Partes: Luis Augusto Zambrano y otros contra el Munici-
pio Guacara del Estado Carabobo
Motivo: Cobro de diferencia de Prestaciones Sociales
Reitera: Doctrina establecida en sentencia de la Sala de
Casación Social de fecha 30 de julio del año 2003
Ahora bien, observa esta Sala que el presente recurso de control de la
legalidad, es ejercido contra un fallo dictado por el Juzgado Tercero Supe-
rior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con
sede en la ciudad de Valencia, en fecha 19 de mayo del año 2008, que
declaró con lugar la apelación intentada por la parte actora, revocó el
auto dictado por el Tribunal de la causa que levantó, a su vez, la medida
ejecutiva decretada, acordando la celebración de una audiencia concilia-
toria solicitada por la parte demandada en el escrito de oposición a dicha
medida y repuso la causa al estado en que se encontraba al momento del
levantamiento de la medida, ratificando así el auto de fecha 28 de enero
del año 2008 que decretó la medida ejecutiva de embargo.
Al respecto, esta Sala se ha pronunciado sobre el carácter excepcional
de la admisibilidad del recurso de control de la legalidad contra los autos
dictados en ejecución de sentencia, según decisión de fecha 30 de julio
del año 2003, de la siguiente manera:
Pues bien, de los hechos narrados precedentemente, se constata que
la decisión objeto del presente recurso de control de la legalidad fue
dictada con posterioridad a la sentencia definitiva y antes de haber
culminado la ejecución del fallo, la cual conoció y resolvió sobre un
auto dictado en ejecución de sentencia, entendiéndose éstos, como
aquellos necesarios para el cabal cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia firme o para hacer efectiva las providencias y medidas que
aseguren la ejecución de lo decidido.
En este sentido, considera esta Sala que dichos autos o sentencias
dictadas en un procedimiento de estabilidad laboral en la etapa de
ejecución se le otorgará excepcionalmente, por aplicación extensiva
del ordinal 3º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, el
recurso de control de la legalidad, cuando éstos resuelvan puntos
esenciales no controvertidos en juicio, ni decididos en él, o que
provean contra lo ejecutoriado o modifique de manera sustancial lo
decidido, siempre que contra ellos se hayan agotado todos los recur-
sos ordinarios y que se traten de actos que violen o amenacen con
violentar alguna norma de orden público, o resulten contrarias a la
jurisprudencia de esta Sala de Casación Social. Así se establece.
Ahora bien, del prenombrado fallo contra el cual hoy se recurre, se
evidencia claramente que fue dictado en ejecución de sentencia, no
modificando los términos establecidos en la sentencia definitiva, es de-
cir, no provee contra lo ejecutoriado ni lo modifica, razón por la que, de
acuerdo con la jurisprudencia arriba referida, resulta inadmisible el pre-
sente recurso de control de la legalidad. Así se resuelve.
4.2 Falta de señalamiento expreso de la violación de alguna
norma de orden público o la contravención de la
jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Social
Partes: Ramón José Aldana Leal contra Cachapas La
Criolla de Lara
Motivo: Cobro de diferencia de Prestaciones Sociales
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el
recurso de control de la legalidad como un medio de impugnación ex-
cepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de
Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos
emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no
sean recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar nor-
mas de orden público, o contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial
de la Sala, circunstancias que configuran algunos de los requisitos de
admisibilidad de dicho recurso.
(...)
Adicionalmente, es necesario dejar sentado que, tratándose de un re-
curso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala restringir
su admisibilidad, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el
citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, especial-
mente a aquellas situaciones donde se denuncie la violación de disposi-
ciones de orden público o de la jurisprudencia reiterada de esta Sala.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas
afectan gravemente las instituciones fundamentales del Derecho sus-
tantivo del Trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que me-
noscaban los derechos al debido proceso y a la defensa, este último
supuesto, sustentado en el mandato expreso contemplado en el artículo
334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
establece la obligación de todos los jueces de la República de asegurar
la integridad del orden constitucional, mediante el uso de las vías proce-
sales ordinarias y extraordinarias consagradas en la ley.
En el caso concreto, la Sala observa que en el escrito de solicitud de
control de legalidad, la recurrente no señala de manera expresa la viola-
ción de alguna norma de orden público o la contravención de la jurispru-
dencia emanada de la Sala, lo que hace imposible entender el fundamento
de su pretensión y conlleva a la declaratoria de inadmisibilidad del me-
dio de impugnación interpuesto. Así se declara.
4.3 Sentencia recurrible en casación
Recurso de casación y control de la legalidad
Partes: Mario Nicolás Naidenoff Hernández contra Com-
pañía Anónima de Administración y Fomento Eléc-
trico (CADAFE) y otras
Referencia
fecha 12 de julio de 2005, vinculante a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial N° 38.249 el 12
de agosto de 2005
Normas Citadas: CPC: artículo 312; LOPT: artículo 178
El recurso de control de la legalidad fue ejercido en fechas 14 de marzo
y 5 de mayo de 2008, con posterioridad al criterio establecido por la
Sala Constitucional en sentencia N° 1573 de fecha 12 de julio de 2005,
vinculante a partir de su publicación en la Gaceta Oficial N° 38.249 el
12 de agosto de 2005, según el cual la cuantía que debe tomarse en
cuenta para los efectos de la admisión del recurso es la que imperaba
para el momento de la interposición de la demanda.
En el presente caso, para el momento de la interposición de la demanda
–23 de septiembre de 1993– la cuantía exigida para recurrir en casa-
ción era de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00), en con-
formidad con lo previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento
Civil, cuya cuantía fue modificada mediante Decreto N° 1029 de fecha
22 de enero de 1996, publicado en Gaceta oficial N° 36.884, a Bs.
3.000.000,00.
En este sentido, al haberse presentado la demanda en fecha 23 de sep-
tiembre de 1993 y estimada la pretensión en Bs. 27.888.468,80, resulta
forzoso para esta Sala declarar inadmisible el presente medio excepcio-
nal de impugnación, por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
referido a que la sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo
no sea recurrible en casación.
4.4 Materia ajena al derecho laboral
Partes: Israel García Venegas contra Universidad Yacam-
bú, S.C.
Motivo: Cobro de costas procesales
Confirma: El criterio sostenido en la sentencia de la Sala de
Casación Social N° 818 de 8 de julio de 2004, ra-
tificado en la sentencia, N° 2083 de fecha 18 de
octubre de 2007, Exp. 07-1674
Normas Citadas: LOPT: artículo 178
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que el
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, podrá, a soli-
citud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales
Superiores del Trabajo que aun y cuando no fueran recurribles en casa-
ción, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de
orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reitera-
da doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación.
Esta Sala de Casación Social, en decisión N° 2083 de fecha 18 de octu-
bre de 2007, Exp. 07-1674, expresó que:
...es oportuno dejar sentado, que tratándose como antes se expresó
de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala
de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional
conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias
donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o
de la jurisprudencia reiterada de la Sala.
En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o ame-
nazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustan-
tivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que
menoscaban el debido proceso y derecho a la defensa.
Sin embargo, esta Sala de Casación Social, mediante sentencia N° 818
de fecha 15 de julio de 2004, expresó lo siguiente: “...resulta inadmisi-
ble el presente recurso de control de la legalidad, por ser éste un
recurso consagrado especialmente para la protección de las institu-
ciones fundamentales del derecho del trabajo, acotándose que con-

tra este tipo de fallos recaídos en un procedimiento incidental de
estimación e intimación de honorarios profesionales, el medio de
impugnación a proponer es el extraordinario recurso de casación
civil, el cual deberá ser conocido por esta Sala, de manera excepcio-
nal, por emanar las sentencias de instancia de juzgados con compe-
tencia laboral, dejándose sentado que a partir de la publicación del
presente fallo, dicho recurso deberá fundamentarse evidentemente
de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil y no
de conformidad con la novísima Ley Orgánica Procesal Laboral. Así
se decide...”. (Cursiva y Resaltado de la Sala).
La Sala observa que este caso se trata de un procedimiento de cobro de
costas procesales causadas en un juicio de naturaleza laboral, el cual se
tramita de conformidad con las normas de la Ley de Abogados, razón
por la cual, de conformidad con el criterio establecido en la sentencia
N° 818 de 8 de julio de 2004, ratificado en sentencia N° 2083 de fecha
18 de octubre de 2007, no es susceptible de este medio de impugnación
excepcional, por estar consagrado el mismo especialmente para la pro-
tección de las institucionales fundamentales del Derecho Laboral.
4.5 Sentencias interlocutorias
Partes: José Manuel Mendoza contra Fundación Vecinal
de Catia (FUNVECAT)
Confirma: El criterio sostenido en la sentencia de la Sala de
Casación Social N° 87 del 20 de febrero de 2003
(caso: Dimas Alberto Velasco Sánchez contra
Molinos Nacionales, C.A.)
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el
control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisio-
nes emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean
recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar nor-
mas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello a fin de
restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada
la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo
de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la
sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exce-
der de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia aca-
rrearía la inadmisibilidad de éste.
Ahora bien, aun cuando la citada norma no indica expresamente qué
tipo de sentencias proferidas por los Juzgados Superiores del Trabajo
pueden ser recurridas a través del recurso in commento, esta Sala de
Casación Social ha dejado asentado, de forma reiterada, que dicho
medio de impugnación es inadmisible cuando se proponga contra aqué-
llas de naturaleza interlocutoria. Así quedó establecido en la sentencia
N° 87 del 20 de febrero de 2003 (caso: Dimas Alberto Velasco Sán-
chez contra Molinos Nacionales, C.A.), en la cual se sostuvo que el
referido recurso es inadmisible cuando se ejerza contra las decisiones
interlocutorias emanadas de los Juzgados Superiores Laborales, en
procura de la celeridad que cada caso amerita, pues la violación que
eventualmente éstas produzcan se puede reparar en el fallo definitivo,
recurrible este último ante esta Sala, a través de los medios de impug-
nación permitidos por la Ley.
En el caso sub iudice, la recurrida constituye una sentencia interlocu-
toria que no pone fin al juicio, puesto que el Juzgado Superior conoció
en apelación de la sentencia del Juzgado de Sustanciación, Mediación y
Ejecución, que resolvió el mérito del asunto con base en la admisión de
los hechos; así, después de considerar que la incomparecencia de la
accionada estuvo justificada por una causa que no le era imputable,
anuló dicha decisión y repuso la causa al estado de celebrar nuevamen-
te la audiencia preliminar.
Por lo tanto, visto que la sentencia impugnada es una interlocutoria cuyo
gravamen puede ser reparado en el fallo definitivo, y que en todo caso
no vulnera normas de orden público ni la doctrina de esta Sala de Casa-
ción Social, resulta forzoso declarar la inadmisibilidad del recurso inten-
tado. Así se decide.
Capítulo X
Demanda laboral
1. Estimación de la Demanda
Recurso de hecho
Partes: Wilmer José Espinoza Rojas y otros contra Skans-
ka Venezuela, S.A.
Motivo: Cobro de beneficios laborales
Acoge: Criterio de la Sala de Casación Civil en fecha 15-
09-2004, en sentencia Nº 1095 (caso: José Gal-
bán contra Omer Paz)
En igual sentido se pronunció la Sala de Casación Civil en fecha 15-09-
2004, en sentencia Nº 1095 (caso: José Galbán contra Omer Paz), al
señalar en el marco de un juicio de invalidación lo siguiente:
Ahora bien, consta del libelo del juicio en el que fue dictada la sentencia
objeto de invalidación, que fue reclamado el pago (vía intimatoria) de
las siguientes cantidades: cuatro millones quinientos mil bolívares, por
concepto de capital adeudado, doscientos veinticinco mil bolívares,
correspondientes a intereses de mora desde la fecha de vencimiento de
la letra de cambio hasta el 31 de julio de 1997, setenta y cinco mil bolíva-
res, que equivale al sexto por ciento (1/6%) de comisión, y treinta y siete
mil quinientos bolívares, por los intereses moratorios correspondientes
a los meses de agosto y septiembre de 1997, lo que suma un total de
cuatro millones ochocientos treinta y siete mil quinientos bolívares.
Asimismo, el actor expresó en el referido libelo que ‘...los honorarios
profesionales calculados prudencialmente en un veinte y cinco (sic) por
ciento del monto total de la demanda... asciende a la suma de UN MI-
LLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 1.350.000,00),
más los costos y costas procesales que se causaren con ocasión del
presente juicio...’, cantidad esta que sumó a la anterior, luego de lo cual
indicó que el monto total demandado es de ‘...SEIS MILLONES CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLÍVARES...’.
En relación con ello, la Sala deja sentado que en el procedimiento de
intimación de cobro de bolívares, el cálculo de las costas que debe
pagar el demandado por concepto de honorarios, las cuales no pue-
den exceder del veinticinco por ciento por mandato del artículo 648
del Código de Procedimiento Civil, no forman parte de la pretensión
de cobro que se pretende satisfacer mediante ese trámite especial,
sino un efecto del mismo y, por ende, no pueden ser sumadas a los
efectos de determinar el interés principal de ese juicio.
Lo expuesto permite determinar que la cuantía del juicio en que fue
dictada la sentencia objeto de invalidación, asciende a la cantidad de
cuatro millones ochocientos treinta y siete mil quinientos bolívares,
suma ésta que no supera el límite fijado en la ley para el momento en
que se hizo el anuncio, y por ese motivo, el recurso de casación debe
ser declarado inadmisible. Así se establece (Negrillas de la Sala).
Así las cosas, esta Sala acoge tal criterio al estimar que los honorarios
profesionales, costos y costas del proceso, al ser una consecuencia de la
declaratoria con lugar de lo pretendido, no pueden ser sumados a los efec-
tos de determinar el interés principal del juicio al que hace referencia el
artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concepto cuyo conte-
nido discrimina a su vez el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, al
especificar que para estimar el valor de la demanda, se sumarán al capital
los intereses vencidos y los gastos hechos en la cobranza y la estimación de
daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda, con lo cual
deben entenderse como excluidos de dicha estimación, los gastos que se
causen con posterioridad a la presentación de la demanda, así como tam-
bién los honorarios profesionales y costas procesales.
Capítulo XI
Efectos del proceso
1. Costas en el caso de empresas que gozan de los privilegios
de la República
Partes: Fredman Josué Rooz Ramos contra Petroquímica
de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional Nº 281 de 26
de febrero de 2007
Normas citadas: LOPT: artículos 60 y 64; LEDPC: artículo 9;
DFLOPGR: artículo 74: LOHPN: artículo 10.
(...) señala la recurrente:
Al condenar en costas a PEQUIVEN, violó por falta de aplicación la
norma contenida en el artículo 10 de la Ley de Hacienda Pública
Nacional (sic), aplicable a mi representada por imperio del artículo 9
de la Ley de Estímulo al Desarrollo de las Actividades Petroquímica,
Carboquímica y Similares, donde se establece que PEQUIVEN goza
DE LOS PRIVILEGIOS DE LA LEY ORGÁNICA DE HACIENDA PÚ-
BLICA NACIONAL (...)
(...)
El Instituto Venezolano de Petroquímica fue creado el 29 de junio de
1956; luego en 1977 se transforma en la Petroquímica de Venezuela
(Pequiven), que pasa a ser una de las empresas filiales de Petróleos de
Venezuela (PDVSA).
Por una parte, la Ley de Estímulo al Desarrollo de las actividades Pe-
troquímica, Carboquímica y Similares, publicada en la Gaceta Nº 36.537
del 11 de septiembre de 1998, en su artículo 9 consagra:
Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN) continuará subrogada
en la titularidad de los bienes, derechos, acciones y demás obligacio-
nes del Instituto Venezolano de Petroquímica.
Por otro lado, de conformidad con el criterio mayoritario de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (S.C. Nº 281 del 26/
02/07) debe acatarse la doctrina con relación a la aplicación extensiva
de los privilegios de la República Bolivariana de Venezuela a PDVSA
Petróleos S.A.
En relación con los privilegios y prerrogativas procesales de la Repúbli-
ca, debe indicarse que el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Hacienda
Pública Nacional consagra que:
En ninguna instancia podrá ser condenada la Nación en costas, aun
cuando se declaren confirmadas las sentencias apeladas, se nieguen
los recursos interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o se
desista de ellos.
En plena sintonía con ello, el artículo 74 del Decreto N° 1.556 con Fuerza
de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece:
La República no puede ser condenada en costas, aun cuando sean
declaradas sin lugar las sentencias apeladas, se nieguen los recur-
sos interpuestos, se dejen perecer o se desista de ellos.
No obstante ello, también debe hacerse señalamiento que el artículo 64
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone:
Las costas proceden contra los estados, municipios, institutos autó-
nomos, empresas del Estado y las personas morales de carácter pú-
blico, pero no proceden contra los trabajadores que devenguen menos
de tres (3) salarios mínimos.
Constata la Sala que la empresa PEQUIVEN, al ser una filial de PDV-
SA, le son extensibles y aplicables, en virtud del mandato dado por la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el precedente
jurisprudencial antes reseñado, las mismas prerrogativas y privilegios
de que goza la República.
Consecuente entonces, con la cadena argumental que precede, debe
considerarse que siendo PEQUIVEN una empresa estatal, debiera
aplicarse el supuesto normativo contenido en el artículo 60 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, que establece la procedencia de la
condenatoria en costas a las empresas del Estado; sin embargo, orien-
tados por el deber de darle a la situación sometida a consideración,
una interpretación armónica y concordada con marco contextual de
todo nuestro ordenamiento jurídico, y en atención al criterio jurispru-
dencial ya referido, considera la Sala que, de ninguna forma ésta pue-
de ser condenada en costas, por tratarse precisamente de una de las
prerrogativas o privilegios extendidos por ley a Petróleos de Venezue-
la y sus filiales, por lo que es evidente, que al ser condenada en costas
la empresa PEQUIVEN en virtud de la norma adjetiva laboral, tal y
como lo estableció la sentencia recurrida, se infringió el criterio vincu-
lante impuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, y los artículos 9 de la Ley de Estímulo al Desarrollo de las
actividades Petroquímica, Carboquímica y Similares, 74 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 10 de la Ley
Orgánica de Hacienda Pública Nacional.
En razonamiento de lo antes expuesto, debe esta Sala declarar la proce-
dencia de la presente denuncia, y así se decide.
2. Cosa Juzgada
Partes: Argenis Alberto Taranto contra Cementos Cari-
be, C.A.
Reitera: Doctrina establecida por la Sala en sentencia N°
1173 de fecha 20 de septiembre de 2005; y, N°
1307, de fecha 25 de octubre de 2004
Normas citadas: LOPT: artículos 6°, 57 y 177
A tal efecto, explica el formalizante que la Alzada, con fundamento en
el artículo 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo –norma que lo
obliga a acatar la doctrina de casación–, volvió a decidir sobre la cues-
tión previa de cosa juzgada que había sido declarada sin lugar, me-
diante decisión proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en
fecha 27 de marzo de 2003, lo cual a su decir, no implica la irrevisabi-
lidad de un criterio de la Sala de Casación Social, pues ésta puede
matizarlo, especificarlo y aun abandonarlo si en un nuevo análisis lo
considera erróneo.
Asimismo, alega que consta de las actas del debate oral y de la senten-
cia que no se discutió de nuevo ante el Juez de la recurrida la cosa
juzgada que, a su juicio, emanaba de la transacción celebrada ante un
funcionario del trabajo, por lo que el poder de condenar al pago de su-
mas no reclamadas en el libelo, previsto en el artículo 6 de la Ley Orgá-
nica Procesal del Trabajo, queda restringido a que se debata oralmente
ante el Juez la cuestión que luego será decidida, pues, de lo contrario se
estaría privando a la parte afectada de la oportunidad de alegar.
Agrega que la cosa juzgada opuesta como cuestión previa había sido
definitivamente resuelta por la sentencia interlocutoria de Alzada, antes
referida, por lo cual, en principio, ningún Juez podía decidir al respecto,
salvo al resolver el pertinente recurso o cuando la ley expresamente lo
permita, tal como lo establece el artículo 57 de la Ley Orgánica Proce-
sal del Trabajo que regula la cosa juzgada formal, por lo tanto al limitar-
se el Juez a aplicar la doctrina de la Sala y revisar lo ya decidido por un
Juez de su misma jerarquía, infringió los dispositivos legales delatados.
Para decidir, la Sala observa:
En sentencia N° 1173 de fecha 20 de septiembre de 2005, esta Sala de
Casación Social dejó sentado el criterio a seguir con relación a la
oportunidad de resolver la defensa de cosa juzgada en el proceso
laboral, de acuerdo al tenor siguiente:
Al realizar un examen de la decisión que se recurre, constata esta
Sala de Casación Social que el sentenciador de Alzada dejó sen-
tado que la pretensión del actor era el pago de los salarios deja-
dos de percibir durante la relación de trabajo correspondientes a
los días sábados, domingos y feriados, así como la incidencia
que tales conceptos generan en las prestaciones sociales y, que a
decir del demandante es un pago que no fue incluido en la tran-
sacción celebrada por las partes al finalizar la relación laboral.
En tal sentido, estableció la recurrida que es al momento de cono-
cerse el fondo de la controversia cuando deben verificarse los
requisitos legales referidos en la jurisprudencia reiterada de la
Sala de Casación Social, a saber: que al alegarse y probarse la
existencia de una transacción debidamente homologada por el
funcionario competente, de conformidad con lo previsto en el
artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, el sentenciador debe
determinar si todos los conceptos demandados se encuentran
comprendidos en la transacción celebrada, en virtud de lo cual,
conteste con la doctrina reseñada y comprobado en el caso con-
creto tales extremos por el juzgador se declaró la improcedencia
de la demanda al existir cosa juzgada respecto a lo reclamado.
Ahora bien, tomando en consideración que la oposición de la
cosa juzgada es una defensa de fondo, conforme lo ha sostenido
la jurisprudencia de este Alto Tribunal, debe ser dirimida no como
una cuestión incidental o anticipada dentro del proceso sino de-
cidida en la sentencia definitiva como un punto previo al mérito
de la causa, pues, la misma podría enervar la pretensión de actor,
de manera que estima la Sala que la sentencia recurrida no incurre
en las violaciones que se le imputan.
De otra parte, el nuevo régimen procesal del trabajo, bajo amplias
facultades inquisitorias concedidas por la ley, permite al juez de
juicio conocer y decidir con arreglo a lo alegado y probado en
autos y conteste con el principio de la primacía de la realidad
sobre las formas o apariencias; en ese sentido, al apreciar el juz-
gador de alzada soberanamente la transacción que le fue presen-
tada, válidamente celebrada entre las partes, y constatar que la
misma tenía el valor de cosa juzgada al estar contenida en ésta el
pago de los conceptos demandados en la presente causa, adecuó
su conducta a los principios rectores que inspiran al procedi-
miento laboral.
Como se aprecia del criterio jurisprudencial anteriormente transcrito, la
defensa de cosa juzgada debe ser resuelta por el Juez, de manera previa,
en la oportunidad de pronunciarse respecto al fondo de la controversia, en
virtud a que la misma tiende a enervar la pretensión del actor y por tanto
para poder declarar sus efectos en el proceso, se podría requerir del aná-
lisis de otros elementos del fondo para la verificación de su existencia.
Ahora bien, de la lectura que se hace a la sentencia recurrida se verifica
que, en efecto, el Sentenciador de Alzada, acogiendo el criterio sentando
por esta Sala de Casación Social, mediante sentencia N° 1173, anterior-
mente transcrito, pasó a conocer de manera previa la defensa de cosa
juzgada opuesta por la demandada, en su escrito de contestación, com-
probando bajo su soberana apreciación que, en el caso concreto, los con-
ceptos reclamados se encontraban comprendidos en la transacción
celebrada entre las partes que fue homologada por la Inspectoría del Tra-
bajo competente, por lo que declaró sin lugar la demanda al existir cosa
juzgada respecto a lo peticionado, de lo cual evidencia la Sala que éste –
el Sentenciador– adecuó su proceder conteste a la doctrina jurispruden-
cial antes reseñada, no incurriendo en la violación que se le imputa.
Por otra parte, de acuerdo con los parámetros mencionados sobre el
alcance de la cosa juzgada, que se deriva de la transacción celebrada
entre las partes, es importante destacar que la Sala en sentencia N°
1307, de fecha 25 de octubre de 2004, estableció que siendo la existen-
cia de la cosa juzgada un presupuesto de admisibilidad de la acción,
cuyo efecto es desechar la demanda y constituye un supuesto de caren-
cia de la acción, así como la caducidad y la prohibición de la ley de
admitir la acción propuesta, la misma debe ser declarada por el juez en
cualquier etapa del proceso laboral, aun en casos de incomparecencia
del demandado a la audiencia preliminar o a sus respectivas prolonga-
ciones, puesto que de verificarse su existencia, la acción queda extin-
guida in limine litis, debiendo ser desechada por ser contraria a derecho.
Siguiendo lo anterior, se destaca que contrariamente a lo señalado por
el formalizante, consta de autos que dentro del problema judicial plan-
teado en la litis que correspondía ser conocido por los Sentenciadores
para cumplir con el deber de congruencia que exige toda sentencia, se
encontraba la defensa de cosa juzgada opuesta por la demandada en el
escrito de contestación, que derivaba de la transacción extrajudicial
homologada por el funcionario administrativo competente, celebrada
entre las partes en fecha 12 de diciembre de 2000, la cual conteste con
la doctrina anterior, no sólo correspondía ser decidida y analizada por
los sentenciadores de manera previa al conocer el fondo de la contro-
versia, sino que además la misma también podía ser declarada en cual-
quier etapa del proceso, al constituir un presupuesto de admisibilidad de
la acción, por lo que la recurrida actuó ajustada a derecho.
3. Carácter de cosa juzgada de la sentencia de segunda
instancia definitivamente firme
Partes: José de Jesús Herrera Hernández contra Plumro-
se Latinoamericana, C.A.
Motivo: Cobro de indemnizaciones derivadas de enferme-
dad profesional
cial en sentencia N° 100 de fecha 10 de mayo de
2000 (caso: Alexis Rafael Moreno López, contra
la Asociación de Jubilados y Pensionados de
las Alcaldías del Estado Apure)
Normas citadas: LOPCYMAT: artículo 33; LOPT: artículos 5, 57 y 58
En el caso sub examine, el punto medular deviene en determinar la
existencia de la cosa juzgada en los conceptos demandados: a) indemni-
zación por “secuelas” establecidas en el numeral 3 del artículo 33 de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Traba-
jo; y b) lucro cesante.
Respecto a la cosa juzgada, esta Sala en sentencia Nº 100 de fecha 10
de mayo de 2000 (caso: Alexis Rafael Moreno López, contra la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionados de las Alcaldías del Estado

Apure), estableció:
(...) la cosa Juzgada institución del Derecho Procesal Civil, que evita
un nuevo pronunciamiento sobre una sentencia definitivamente fir-
me, en virtud de la existencia de un mandato expreso, inmutable e
inmodificable de un Juez, evitando así la inseguridad jurídica que
produciría una nueva decisión sobre una materia ya decidida, es
decir, un Juez no puede conocer de la decisión definitivamente firme
de otro, porque de lo contrario existiría una violación tal al marco
jurídico establecido, que se configuraría una ineficacia absoluta en
la administración de justicia.
(Omissis)
(...) La autoridad de la cosa juzgada dimana del ius imperium del
órgano jurisdiccional legítimo que ha dictado el fallo “en nombre de
la República y por autoridad de la Ley”
Por su parte, los artículos 5 y 58 de la Ley Orgánica Procesal del Tra-
bajo, establecen:
Artículo 5. Los jueces, en el desempeño de sus funciones, tendrán
por norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirir la verdad
por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenun-
ciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales
a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mis-
mas; y por tal causa, tienen que intervenir en forma activa en el
proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en conformi-
dad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.
Artículo 58. La sentencia definitivamente firme es ley entre las par-
tes en los límites de la controversia decidida y es vinculante en todo
proceso futuro.
Las normas enunciadas regulan el deber que tienen los jueces de instancia
de tener por norte de sus actos la verdad, de inquirirla por todos los medios
a su alcance, de no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y bene-
ficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores y el ca-
rácter de ley entre las partes de la sentencia definitivamente firme.
En el caso bajo análisis, observa la Sala que el ciudadano José de
Jesús Herrera Hernández, con fundamento en la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial La-
boral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 8 de
junio de 2006, en el expediente DP11-l-2005-000718, que declaró par-
cialmente con lugar la demanda por cobro de indemnizaciones deriva-
das de accidente de trabajo contra la sociedad mercantil Plumrose
Latinoamericana, C.A., demanda en vía autónoma el cobro de la in-
demnización prevista en el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT), y el lucro cesante.
(...)
Ahora bien, advierte la Sala que los conceptos demandados en am-
bos juicios se derivan de la enfermedad profesional que padece el
actor José de Jesús Herrera Hernández, por el incumplimiento del
patrono de las condiciones de trabajo, lo que se traduce en la “res-
ponsabilidad subjetiva” que da lugar a las indemnizaciones previs-
tas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo, y las consagradas en el derecho común, supuestos fác-
ticos que fueron objeto de contención, decisión y cumplimiento, en el
juicio primigenio.
Así las cosas, de conformidad con el artículo 57 de la ley Orgánica
Procesal del Trabajo “ningún juez podrá volver a decidir sobre la
controversia ya decidida por una sentencia, a menos que haya re-
curso contra ella o que la Ley expresamente lo permita”.
En este orden de ideas, advierte la Sala que una vez determinada la
identidad de las partes, los conceptos reclamados y el título, es decir,
los supuestos de procedencia de la institución procesal de la cosa juz-
gada, procede su declaratoria y la misma presupone: a) la inimpugna-
bilidad del fallo, es decir, que la sentencia pasada en autoridad de cosa
juzgada, no puede ser revisada por ningún juez cuando ya se hayan
agotado todos los recursos; b) la inmutabilidad, según la cual la sen-
tencia no es atacable indirectamente “por no ser posible sustanciar
un proceso por el mismo tema, es decir, no puede otra autoridad
modificar los términos de una sentencia pasada en autoridad de
cosa juzgada”; y c) la coercibilidad, que consiste en la eventualidad
de ejecución forzada en los casos de sentencia de condena.
Determinada la eficacia jurídica de la cosa juzgada, la Sala observa
que la Juez de Alzada, pese a declarar la existencia de la cosa juzga-
da, procedió a decidir el mérito del asunto, condenando a la sociedad
mercantil accionada Plumrose Latinoamericana, C.A., al pago del lu-
cro cesante, en cuyo quantum englobó la indemnización reclamada
por concepto de “secuelas” previstas en el artículo 33 numeral 3 de la
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Tra-
bajo, aspecto declarado improcedente en su motiva y sobre los cuales
operó la cosa juzgada, subvirtiendo el orden público laboral e infrin-
giendo el derecho a la defensa de la parte demandada.
Capítulo XII
Estabilidad
1. Calificación de la conducta del trabajador y despido

injustificado. Indemnización.
Partes: Carlos Julio Sánchez Méndez contra Instituto Na-
cional de Geriatría y Gerontología (INAGER)
Motivo: Cobro de salarios caídos e indemnización de da-
ños y perjuicios
Confirma: Criterio de la Sala de Casación Social en senten-
cia N° 116 del 17 de febrero de 2004 (caso: Ma-
ría José Meneses Agostini de Matute contra
Colegio Amanecer, C.A.); N° 1.000 del 12 de
agosto de 2004 (caso: Antonio José Tovar Ro-
dríguez C.A. contra Luz Eléctrica de Yaracuy);
y, N° 593 del 22 de marzo de 2007 (caso: Alex
Roy Omar Iriarte y otro contra Constructora
CAMSA C.A. y otra)
Normas citadas: LOT: artículos 112 y 125; CC: artículo 1.185
Conteste con el artículo 1.185 del Código Civil, el hecho ilícito es fuente
de una obligación extracontractual, en virtud de la cual, quien ha ocasio-
nado un daño a otro debe repararlo. Sin embargo, en sentencia N° 116
del 17 de febrero de 2004 (caso: María José Meneses Agostini de
Matute contra Colegio Amanecer, C.A.), esta Sala dejó sentado que
el despido injustificado no constituye un hecho ilícito, sino por el contra-
rio, un incumplimiento contractual. Asimismo, en decisión N° 1.000 del
12 de agosto de 2004 (caso: Antonio José Tovar Rodríguez C.A. con-
tra Luz Eléctrica de Yaracuy), se afirmó que:
No puede considerarse que el error por parte del patrono en la califica-
ción de una conducta del trabajador como fundamento del despido, el
cual en definitiva resulta injustificado, constituya en sí mismo un hecho
ilícito del patrono que obligue a una reparación por daño moral.
Ya en fallo pronunciado en fecha 26 de julio de 2001 (...) la Sala
asentó que aun cuando el despido resulte ser sin justa causa, por no
haber incurrido el trabajador en las causales invocadas por el patro-
no, no puede considerarse el mismo como un ejercicio ilegítimo del
derecho de despedir y por ello no se configura el abuso de derecho.
Se hubiera configurado el hecho ilícito si al despedirlo el patrono
acusa al trabajador de hechos inmorales o ilegales que puedan afec-
tar su honor o reputación, (...) y la sola calificación como ‘Falta de
probidad o conducta inmoral en el trabajo’ no causa un daño moral
pues la misma es una causal prevista en la Ley.
La obligación del patrono de indemnizar al trabajador en caso de despi-
do injustificado, tal y como lo prevé el artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo, constituye la sanción por su conducta dañosa al incumplir con
la obligación de no despedir sin justa causa, prevista en los artículos 93
del texto constitucional y 112 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Conteste con lo anterior, ni el error en la calificación de la conducta del
trabajador, ni el despido injustificado constituyen hechos ilícitos y tam-
poco puede catalogarse este último supuesto como abuso de derecho –
que también es fuente de una obligación extracontractual–. Habría un
incumplimiento contractual del patrono que da lugar a las indemnizacio-
nes previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo; en este
sentido, en decisión N° 593 del 22 de marzo de 2007 (caso: Alex Roy
Omar Iriarte y otro contra Constructora CAMSA C.A. y otra) se

sostuvo la improcedencia de la indemnización por daño moral por despi-
do injustificado, debido a que el daño por tal despido se indemniza de
conformidad con el citado artículo de la Ley Orgánica del Trabajo.
2. Naturaleza jurídica del procedimiento de estabilidad laboral
Partes: Héctor Celestino Sifontes Monteverde contra
Empresa de Transporte Asociado, C.A. (ETA)
Motivo: Calificación de Despido
Observa la Sala, que efectivamente tal y como lo alega el recurrente la

sentencia recurrida, una vez que declaró con lugar la solicitud de califica-
ción de despido acordó el pago de los salarios caídos dejados de percibir del
07 al 28 de julio de 1997, por considerar que el trabajador demandante
estaba prestando servicios para otra empresa y por tanto no era procedente
el reenganche, estableciendo como base del salario la cantidad de seis mil
bolívares diarios (Bs. 6.000,00), más las costas ordenadas por el a quo.
Ahora bien, a los fines de poder resolver lo alegado por el recurrente, se
hace necesario señalar que esta Sala de Casación Social ha establecido
que la naturaleza jurídica del procedimiento especial de estabilidad la-
boral, persigue que al trabajador se le califiquen los despidos para de-
terminar si éstos se ejecutaron con o sin justa causa y, en consecuencia,
si se trata de este último caso, acordar el reenganche con el pago de los
salarios caídos.
En tal sentido, observa esta Sala que la recurrida incurre en contradic-
ción, cuando declaró en el dispositivo del fallo, con lugar la calificación
de despido y sin lugar la solicitud de reenganche, lo cual resulta contra-
rio a derecho, por cuanto si el procedimiento de estabilidad para califi-
car el despido resultase injustificado, procedería la solicitud de reenganche
y pago de salarios caídos, o viceversa.
3. Indemnización por despido injustificado en empleados de

dirección
Partes: Alejandro Prieto contra Aventis Pharma, S.A.
No obstante lo referido, es menester resaltar que la causa de culminación
de la relación de trabajo en la presente causa fue uno de los aspectos con-
trovertidos. Al respecto, consideró el a quo que si bien el actor alegó que el
cambio en el sistema de comisiones a partir de mayo de 2005, le ocasionó
una desmejora en sus condiciones de trabajo, hecho constitutivo de un des-
pido indirecto, sin embargo, al ser aceptada por el actor esta circunstancia
sin ejercer ningún reclamo dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha,
operó el perdón de la falta, por lo que debe entenderse que la causa de la
terminación de la relación laboral fue la renuncia del trabajador y no el
retiro justificado alegado por éste. Así lo estableció también el Juez de la
recurrida, cuando consideró demostrado al folio 684 de la sentencia por él
proferida que el actor “decidió de forma voluntaria renunciar al cargo
que venía ocupando en la empresa”.
Aunado a ello, se observa que el juzgado de primera instancia para de-
clarar improcedente el pago del aludido concepto, agregó al argumento
concerniente al perdón de la falta, que las funciones que el actor alegó
desempeñar, se corresponden con las de un empleado de dirección y
que por lo tanto éste no estaba amparado por la estabilidad prevista en
el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Informado lo anterior, al ser la renuncia la causa de la terminación de la
relación de trabajo, se explica entonces que el sentenciador de alzada
no aplicara las normas que se han delatado como infringidas y declarara
improcedente, aunque con un fundamento equivocado, la indemnización
establecida en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.
En consecuencia, se concluye que aunque el Juez Superior cometió un
desacierto con sus aseveraciones respecto a la improcedencia de la
indemnización reclamada por el actor, se desprende de actas del expe-
diente que la misma no era procedente en derecho, por lo que el error
no fue determinante en el dispositivo del fallo.
Capítulo XIII
Experticia complementaria del fallo
1. Lapso de exclusión en la corrección monetaria
Partes: María del Pilar Snafiel Dávila y otro contra Phar-
macia Corporation de Venezuela, C.A.
Normas citadas: LOPT: artículo 168 y 177
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, denunció el formalizante la infracción del artículo
177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación.
Alega la parte recurrente que la norma denunciada obliga a los jueces a
aplicar los criterios sostenidos por esta Sala de Casación Social en su
jurisprudencia. Que, por consiguiente, la recurrida ha debido excluir del
lapso sobre el cual debe practicarse la indexación todos aquellos lapsos
de tiempo durante los cuales el proceso se mantuvo en suspenso por
huelgas de funcionarios tribunalicios, vacaciones judiciales y el tiempo
que duró la transición para la implementación de la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo, tanto más en cuanto que la presente causa se mantu-
vo en suspenso por la entrada en vigencia de la mencionada Ley, desde
el 13 de agosto de 2003 hasta el 28 de septiembre de 2004.
Para decidir la Sala observa:
Esta Sala ha establecido reiteradamente que deberán excluirse del lap-
so sobre el cual debe practicarse la indexación los períodos en los cua-
les la causa se encuentre suspendida por acuerdo de las partes, por
hechos fortuitos o de fuerza mayor; asimismo, que la determinación de
los períodos que deben excluirse y, por consiguiente, del lapso de tiempo
exacto que ha de considerarse a los fines de la corrección no es labor
del juez de la Alzada, sino del Juez a quien corresponda la ejecución del
fallo, pues aquél sólo puede conocer uno de los extremos que compren-
den dicho lapso, el de la fecha de admisión de la demanda, pero no el
segundo de ellos, la ejecución definitiva del fallo, ya que desde la fecha
de pronunciamiento de la sentencia de Alzada hasta su ejecución po-
drían acaecer hechos fortuitos o de fuerza mayor que impliquen una
demora procesal o el aplazamiento voluntario de las partes, que conlle-
ven la exclusión de nuevos lapsos para el cálculo de la indexación.
Empero, si surge necesario, a los fines indicados, que la recurrida, ade-
más de indicar los extremos a considerar para la determinación del lap-
so sobre el cual se practicará la indexación, ordene la exclusión de los
lapsos en los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo de las
partes o por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como huelga de
funcionarios tribunalicios, vacaciones judiciales, así como por el tiempo
que duró la transición para la implementación de la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo, pues es la recurrida la que ordena la indexación, y la
que en definitiva, en principio, ha de ejecutarse.
Capítulo XIV
Normas fundamentales
1. Principios y derechos constitucionales y legales
1.1 Derecho a la defensa, al debido proceso y la tutela judicial
efectiva.
1.1.1 Notificación personal de la sentencia
Partes: Ricarda Josefina Méndez Brito contra Digas Tro-
piven, C.A.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales e indemnización
por enfermedad profesional
Normas citadas: CPC: artículos 174 y 233
Referencia
Jurisprudencial: Doctrina establecida por la Sala Constitucional en
sentencia N° 991 de fecha 5 de mayo de 2003,
(Caso: Servisperoca); y, N° 881 del 24 de abril
de 2003 citadas en el texto.
En primer término, cabe advertir que la presente causa se sustanció
bajo la vigencia de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento
del Trabajo, siendo decidido por la segunda instancia el fondo de la mis-
ma en fecha 14 de julio de 2004.
Ahora bien, se denuncia que la recurrida violentó el orden público labo-
ral, al ordenar indebidamente una reposición, cuando la sentencia de
fondo se encontraba definitivamente firme y la causa se encontraba en
fase de ejecución.
A los fines de constatar lo denunciado por la parte actora, se transcribe
extracto de la decisión recurrida que ordenó la reposición de la causa al
estado de que se practique la notificación de la demandada, de la sen-
tencia proferida en fecha 14 de julio de 2004, por el Juzgado Superior en
lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo, Bancario y de Protección
del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, a tenor de lo siguiente:
Omissis
De lo antes transcrito, se evidencia que la juzgadora de alzada repone la
causa al estado de notificación de la demandada de la sentencia de
fondo proferida por el Juzgado Superior supra citado, en fecha 14 de
julio de 2004, en virtud precisamente de la defectuosa notificación de
dicho acto procesal.
Cabe resaltar que la notificación en término general constituye un me-
canismo que tiene por objeto la comunicación de la realización de un
acto o actos procesales o de su contenido, la cual ha sido tratada juris-
prudencialmente como un medio inescindible del derecho a la defensa.
En tal sentido, se cita lo sostenido por la Sala Constitucional de este
Máximo Tribunal en sentencia N° 991 de fecha 5 de mayo de 2003,
(Caso: Servisperoca), al tenor siguiente:
Como corolario, esta Sala concluye que, en el caso de autos, el Juz-
gado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Táchira, con tal proceder imposibi-
litó a la accionante ejercer los recursos legales correspondientes
contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2001, violentando sus
derechos constitucionales a la defensa y a un debido proceso, toda
vez, que en criterio de esta Sala, la notificación personal constituye
la modalidad de notificación más segura para garantizar el conoci-
miento de los actos procesales a una determinada persona, y al que
hay que acudir cuando se conoce el domicilio de la misma, ya que de
esta manera se garantiza el real conocimiento por el interesado del
acto o resolución que se le notifica, asegurando su derecho a inter-
venir en el proceso desde tal momento y a interponer los recursos
procedentes contra la resolución procesal, criterio jurisprudencial
éste que ha venido siendo reiterado por esta Sala en innumerables
decisiones (subrayado del presente fallo del Sala).
Así las cosas, observa esta Sala que la empresa demandada fue notifi-
cada de la sentencia proferida en fecha 14 de julio de 2004, por el Juz-
gado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo, Bancario
y Protección del Niño y del Adolescente del Segundo Circuito de la
antes referida Circunscripción Judicial, mediante cartel publicado en un
diario de la localidad, específicamente “DIARIO DE SUCRE”; lo cual,
contraría el criterio jurisprudencial imperante de que al existir en autos
el domicilio procesal de la demandada, la notificación debía ser ordena-
da de forma personal. Por tanto, si la misma se practicaba de conformi-
dad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, sólo podía
hacerse, bien por correo certificado con aviso de recibo, o por boleta
dejada por el Alguacil en el domicilio señalado, y no por medio de la
imprenta (con la publicación de un cartel en un diario de los de mayor
circulación en la localidad), en virtud que esta última sólo es viable cuando
no haya indicación del domicilio procesal en autos.
Al efecto, se cita lo sostenido por la Sala Constitucional de este Máxi-
mo Tribunal, en sentencia N° 881 del 24 de abril de 2003, en la que
expuso que no podía interpretarse de los artículos 174 y 233 del Código
de Procedimiento Civil un orden correlativo y sucesivo de las formas
como debían llevarse a cabo las notificaciones, sino que, dada la espe-
cialidad del artículo 174, debía sostenerse un criterio interpretativo de
prevalencia sobre lo dispuesto en el artículo 233, por lo que al existir en
cualquier parte de autos la mención del domicilio procesal, procedía la
notificación personal.
Conteste con lo antes expuesto, esta Sala concluye que efectivamente
al haberse notificado la sentencia de fondo publicada en fecha 14 de
julio de 2004, mediante cartel publicado en la imprenta (Diario de Su-
cre), la misma se efectuó defectuosamente, por ende, es violatoria al
derecho a la defensa.
Por tanto, era necesario reponer la causa a los fines de verificar la notifi-
cación de la empresa demandada de la sentencia proferida en fecha 14
de julio de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsi-
to, del Trabajo, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del
Segundo Circuito de la ya antes citada Circunscripción Judicial.
1.1.2 Reposición inútil
Partes: Ricarda Josefina Méndez Brito contra Digas Tro-
piven, C.A.
por enfermedad profesional
Normas citadas: CRBV: artículos 26, 257, 334 y 335
Sin embargo, esta Sala observa de una revisión exhaustiva de las actas,
que la empresa demandada mediante diligencia presentada en fecha 13
de abril de 2005 (Folios. 253 y 254, pieza 1) expone en primer término,
que el apoderado consigna poder que lo acredita como tal y en el punto
segundo, de una manera muy confusa, solicita la nulidad de las notifica-
ciones practicadas en la sede de la sucursal de la empresa, y sobre el
particular señala:
Visto que mi representada al momento de contestar la presente de-
manda estableció, de conformidad con lo estipulado en la Ley Orgá-
nica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo (vigente para esa
fecha) y el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, como úni-
co y excluyente domicilio procesal la ciudad de Caracas, y específi-
camente la oficina ubicada en la siguiente dirección: Avenida
Francisco Solano López con Calle Pascual Navarro, Edificio ‘San
Germán’, piso 2, oficina 2-A, Sabana Grande, Caracas; con el debido
respeto, procedo en este acto a indicar que como consecuencia de
ello, que (sic) todas las notificaciones inherentes a este proceso
judicial debieron efectuarse en dicho domicilio procesal, todo ello
como garantía del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva;
en virtud de ello, cualquier notificación que se hubiese intentado
practicar en cualquier lugar distinto al que fue expresamente estable-
cido debe ser considerada nula e inexistente, en virtud de ello, proce-
do en este acto a darme por notificado de la decisión que fue dictada
por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre con sede en la ciudad de Carúpano en fecha 14 de
julio de 2004 y que corre de los folios 200 al 210 del presente expe-
diente... (El Subrayado es de la Sala).
Asimismo, en fecha 14 del mismo mes y año, presenta escrito donde
plantea, que visto que en la contestación de la demanda, la demandada
constituyó domicilio procesal, es en el mismo donde debieron practicar-
se “todas las notificaciones inherentes a este proceso judicial...”,
por lo que afirma que cualquier notificación practicada en un lugar dis-
tinto a dicho domicilio procesal “debe ser considerada nula o inexis-
tente”. No obstante, concluye señalando:
En base a lo antes indicado, y a los fines de evitar dilaciones o
reposiciones inútiles, en fecha 12 de abril de 2005 esta representa-
ción judicial procedió a darse expresamente por notificada de la deci-
sión que fue dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre con sede en la ciudad de
Carúpano en fecha 14 de julio de 2004 (folios 200 al 210), y es a partir
de dicha fecha (12 de abril de 200), (rectius: 13 de abril de 2005) que
se tiene conocimiento de la sentencia y desde donde comenzaran a
computarse los lapsos procesales para ejercer los recursos legales
que ha bien consideremos pertinentes para garantizar los derechos
inherentes a mi mandante.
Como se evidencia de las anteriores transcripciones, la empresa de-
mandada se dio por notificada en fecha 13 de abril de 2005 de la senten-
cia dictada por el ya citado Juzgado Superior con competencia múltiple
de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre de fecha 14 de julio de
2004, que es aquella que decide el fondo de la presente controversia.
En consecuencia, en atención a los principios constitucionales, a obte-
ner una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o re-
posiciones inútiles, establecidas en las disposiciones de los artículos 26,
257, 334 y 335 de la Carta Magna, y en acatamiento del deber, también
constitucional, de aplicar con preferencia las disposiciones y principios
constitucionales y garantizar su supremacía y efectividad, la Sala consi-
dera que si bien la recurrida repuso la causa al estado en que se practi-
que la notificación de la demandada de la sentencia dictada por el ya
señalado Juzgado Superior con competencia múltiple, en fecha 14 de
julio de 2004, a los fines de que se ejerzan contra la misma los recursos
pertinentes; de autos se desprende que la misma es inútil, ya que la
parte demandada en fecha 13 de abril de 2005, se dio por notificada de
la referida decisión.
Por tanto, al tenerse como válidamente notificada la demandada de la
decisión dictada por el referido Juzgado Superior de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre en fecha 14 de julio de 2004, se repone la
causa a los fines que el Juzgado Superior que resulte competente, cer-
tifique si dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes al 13 de
abril de 2005, consta en autos algún recurso ejercido contra la decisión
descrita; por lo que en caso afirmativo, deberá sustanciarse de confor-
midad con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en caso negativo
deberá seguirse el Procedimiento de Ejecución, pautado en el Capítulo
VIII, del Título VII, artículos 180 y siguientes de la referida Ley. En
consecuencia, quedan anuladas todas las actuaciones subsiguientes a la
fecha señalada, a saber, 13 de abril de 2005. Así se decide.
1.2 Principios de derecho a la defensa y al debido proceso
1.2.1 Introducción del recurso de hecho sin acompañar las copias de
las actas conducentes
Partes: Maurizio Foglia Manzillo contra Bayer, C.A.
laborales
Normas citadas: CPC: artículos 305 y 306
Dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:
Negada la apelación, o admitida en un solo efecto, la parte podrá
recurrir de hecho, dentro de cinco días, más el término de la distan-
cia, al Tribunal de alzada, solicitando que se ordene oír la apelación
o que se la admita en ambos efectos y acompañará copia de las actas
del expediente que crea conducentes y de las que indique el Juez si
éste lo dispone así. También se acompañará copia de los documentos
o actas que indique la parte contraria, costeándolos ella misma. El
auto que niegue la apelación o la admita en un solo efecto, fijará el
término de la distancia, si fuere procedente, a los efectos del recurso
de hecho. (Negrillas de la Sala).
Por su parte el artículo 306 eiusdem, dispone que:
Aunque el recurso de hecho se haya introducido sin acompañar copia
de las actas conducentes, el Tribunal de alzada lo dará por introducido.
En el caso en particular, el Juez de la recurrida declaró sin lugar el
recurso de hecho por no constar las copias certificadas de la apelación
contra la decisión dictada por la Juez de Primera Instancia, ni el auto
que negó la apelación, cuando lo conducente era que el propio Juez de
la recurrida solicitara de oficio las copias faltantes, sin vulnerar el dere-
cho a la defensa del recurrente de hecho.
Por lo tanto, resultando evidente la violación por parte de la recurrida,
esta Sala declara con lugar el recurso de casación interpuesto. En con-
secuencia, con el fin de preservar el principio de la doble instancia, se
repone la causa al estado en que el Juez Superior de origen, solicite las
copias necesarias para resolver el recurso de hecho.
1.2.2 Notificación del Procurador General de la República
Partes: Chourio Morante Vallardo contra Petroquímica de
Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Reitera: Criterio establecido en las sentencias Nº 1839 y
1840, ambas de fechas 09 de agosto del año 2007
de esta Sala de Casación Social
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional Nº 2522 de
fecha 05 de agosto del año 2005
Normas citadas: LOPGR: artículos 94, 95 y 96
Esta Sala de Casación Social, en sentencias Nº 1839 y 1840, ambas de
fechas 09 de agosto del año 2007, estableció, por un lado, que la omisión
de la notificación del Procurador General de la República de cualquier
demanda, excepción o sentencia que directa o indirectamente obre con-
tra los intereses patrimoniales –ordenada en los artículos 94, 95 y 96 del
Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República–, constituiría causal de reposición de la causa, la cual puede
ser declarada de oficio o a petición de parte y; por el otro, que cuando
alguna de las partes anuncie recurso de casación contra la sentencia
definitiva dictada en este tipo de juicios, el Juez debe dejar transcurrir el
lapso de 30 días de suspensión de la causa establecido en el artículo 95
eiusdem, para pronunciarse sobre la admisión o no del recurso anuncia-
do, en los siguientes términos:
En consecuencia, al no constar en autos las resultas del Tribunal
comisionado para la notificación del Procurador General de la Repú-
blica, evidentemente no puede comenzar a transcurrir el lapso de 30
días de suspensión de la causa, por lo que mal puede el reclamante
pretender que el Juez Superior del Trabajo se pronuncie sobre la
admisión o no del recurso de casación anunciado, pues ello contra-
vendría lo estipulado en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto con
fuerza de Ley Orgánica de que –como antes se indicó– ordenan la
notificación al Procurador General de la República de cualquier de-
manda, excepción o sentencia que directa o indirectamente obre con-
tra los intereses patrimoniales de la República, pues la omisión de
ésta, constituiría causal de reposición de la causa.
En este mismo sentido, la Sala Constitucional de este máximo, según sen-
tencia Nº 2522 de fecha 05 de agosto del año 2005, señaló lo siguiente:
De lo anterior se colige que dicha obligación de notificación no
puede entenderse como un mero formalismo dentro del proceso en
la realización de la justicia, ya que su omisión implica un menosca-
bo del derecho a la defensa y al debido proceso de la República, quien
quedaría en un estado de indefensión al no poder recurrir del fallo
que afecte sus intereses, por ello, ante la falta de notificación de la
Procuradora General de la República, ésta puede solicitar la reposi-
ción de la causa al estado en que sea notificada, según lo dispuesto
en el artículo 97 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procu-
raduría General de la República.
En tal sentido, se colige la necesidad de notificación de toda decisión
que obre en contra de los intereses patrimoniales de la República.
Ahora bien, en el caso sub examine se condenó a una sociedad cuyo
capital social fue suscrito, en su mayoría, por la República y de allí
deriva el interés de ésta en la participación y defensa en el juicio; en
consecuencia, en el marco de un debido proceso, debió ser notifica-
da la Procuradora General de la República de la sentencia definitiva
dictada en la causa primigenia
Por lo tanto, la Sala comparte el criterio que sostuvo el a quo en las
consideraciones para declarar parcialmente con lugar la acción de
amparo constitucional ejercida; en consecuencia, se declara sin lu-
gar la apelación ejercida y se confirma el fallo apelado en los térmi-
nos expuestos. Así, se ordena la reposición de la causa al estado de
que el Juzgado Primero de Juicio para el Régimen Procesal Transi-
torio del Trabajo del Estado Aragua notifique, conforme con lo que
establece el artículo 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, a la Procuradora General
de la República del fallo definitivo que dictó el 2 de septiembre de
2004, para lo cual se computarán los lapsos para ejercer los respec-
tivos recursos a que hubiera lugar a partir de que conste en autos su
notificación; en tal sentido, se anula todo lo que hubiere sido actua-
do con posterioridad a la oportunidad de publicación de dicha deci-
sión. Así se decide. (Resaltado de la Sala).
1.2.3 Inicio del lapso para recurrir cuando se notifique de la sentencia
al Procurador General de la República
Partes: Chourio Morante Vallardo contra Petroquímica de
Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
Normas citadas: LOPGR: artículo 95
Ahora bien, una vez reiterado el carácter coercitivo de la notificación del
Procurador General de la República no sólo de cualquier demanda, provi-
dencia, excepción o solicitud que pueda afectar directa o indirectamente
los intereses de la Nación, sino de cualquier sentencia en la que dichos
intereses se vean implicados; esta Sala considera necesario establecer de
manera clara y expresa la actividad que debe desplegar el Juez una vez
que dicte la sentencia definitiva en este tipo de juicios, a los fines de la
interposición de los recursos que las partes tengan a bien intentar.
En este sentido, el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, como antes se indicó, establece la obligación
de los funcionarios judiciales de notificar al Procurador General de la
República de cualquier oposición, excepción, providencia, sentencia o
solicitud de cualquier naturaleza que afecte directa o indirectamente los
intereses patrimoniales de la República. Dicha notificación suspenderá
el proceso “...por un lapso de treinta (30) días continuos, contados
a partir de la fecha de la consignación de la notificación practica-
da en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora Ge-
neral de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar
dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratifica-
ción de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en
cuyo caso se tendrá igualmente por notificado”.
De tal manera que, cuando se trate de juicios en los cuales se encuentren
involucrados directa o indirectamente los intereses patrimoniales de la
República, una vez dictada la sentencia definitiva, el Juez debe ordenar
inmediatamente la notificación a la Procuraduría General de la República,
y expresamente dejar constancia en el expediente de la práctica de la
misma (notificación), ya que, es a partir de esa fecha –de la constancia
en autos de la notificación– que comienza el lapso de suspensión del pro-
ceso por 30 días continuos, lapso éste que debe dejarse transcurrir
íntegramente a los efectos de la interposición de los recursos esta-
blecidos en la Ley, pudiendo el mismo ser interrumpido únicamente en
caso de que la Procuraduría General de la República conteste la notifica-
ción y renuncie expresamente a lo que quede del lapso.
Por lo tanto, cuando la Procuraduría no renuncie al lapso de suspensión
del proceso, se debe dejar transcurrir íntegramente el mismo para poder
ejercer los recursos previstos en la Ley, es decir, luego de vencidos los
referidos 30 días continuos de suspensión del proceso, es cuando deben
computarse los lapsos para ejercer oportunamente los medios recursi-
vos a que hubiere lugar, todo ello en procura del derecho a la defensa y
de la seguridad jurídica de las partes en el juicio cuando de alguna ma-
nera pretendan recurrir contra la sentencia que consideren les causa un
gravamen. Así se establece.
Por consiguiente, esta Sala de Casación Social –a partir de la publicación
del presente auto– EXHORTA a los Juzgados Superiores para que en los
juicios donde se afecte directa o indirectamente los intereses patrimonia-
les de la República, ORDENEN en el dispositivo de dichas decisiones la
notificación de la Procuraduría General de la República e INDIQUEN
expresamente que los lapsos de los recursos a que hubiere lugar comen-
zarán a transcurrir una vez vencido el lapso de 30 días de suspensión del
proceso, lapso este último que debe computarse a partir de la constancia
en autos de la práctica de la notificación a la Procuraduría General de la
República; todo ello en aras de garantizarle a las partes el derecho a la
defensa y el debido proceso. (Resaltado de la Sala).
1.3 Principio de legalidad
Partes: Diolys Vanessa Dona Aguilera y otra contra Cons-
trucciones Viga, C.A.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales, indemnización por
accidente de trabajo, daño moral y lucro cesante
Ahora bien, en esta fase de análisis quiere advertir la Sala que una vez
iniciado el proceso, éste trasciende del interés privado de las partes, en
virtud a que la recta y efectiva administración de justicia es una cues-
tión que atañe a los valores esenciales del Estado de Derecho. Es por
ello que las actuaciones que en todo proceso se realizan deben hacerse
bajo el cumplimiento de ciertas formas esenciales para que las mismas
sean válidas, dando así cumplimiento a la garantía constitucional del
debido proceso y con ello alcanzar la tan anhelada justicia.
Como parte de esa garantía constitucional del debido proceso, se desta-
ca el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los
actos procesales deben producirse de acuerdo con los mecanismos de-
sarrollados en el ordenamiento jurídico, para producir así los efectos
que la ley les atribuye.
Acorde con el anterior principio, tenemos que el artículo 11 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo dispone que: “Los actos procesales se
realizarán en la forma prevista en la ley (...)”. En este sentido, debe
indicarse que la concepción del iter procesal en materia laboral debe
practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento
jurídico, para producir los efectos que la ley le atribuye, lo cual desde
ninguna óptica implicaría una colisión con el principio antiformalista pre-
visto en el artículo 257 del texto constitucional, según el cual no se sa-
crificará la justicia por formalidades no esenciales, ya que dicho principio
no quiere decir que las formas procesales carezcan de significación en
la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al libre albedrío del
juez y mucho menos de las partes la eficacia, el alcance, la oportunidad
y la forma en que van a ejecutarse los actos procesales.
1.4 Principio in dubio pro operario y de conservación de la
relación laboral
Partes: Wilma Escalona Leal y otros contra Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) y otra
Normas citadas: LOT: artículos 60, 93 y 94; RLOT (1999): artículo 8°
Señala el recurrente que la sentencia impugnada incurre en el vicio de
falta de aplicación de los artículos 60 literal e) de la Ley Orgánica del
Trabajo y 8 literal d) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
1999, por cuanto calificó de manera errónea, los hechos ventilados en
autos, omitiendo la aplicación en provecho de los demandantes de los
principios de favor o in dubio pro operario y el de conservación de la
relación laboral.
(...)
En este sentido, el artículo 60 literal e) de la Ley Orgánica del Trabajo,
contempla a los principios universalmente admitidos por el Derecho del
Trabajo, como fuentes del Derecho Laboral, invocando el recurrente es-
pecíficamente el principio de favor o principio in dubio pro operario; y
el artículo 8 literal d) del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de
1999 contempla el principio de conservación de la relación laboral.
El principio de favor o principio in dubio pro operario concreta su
finalidad en tres aplicaciones: a) En caso de conflictos de leyes, deben
prevalecer las del trabajo, sustantivas o procedimentales; b) En caso de
conflicto de normas, ha de aplicarse la más favorable al trabajador; y c)
En el supuesto de incerteza entre dos declaraciones posibles derivadas
de una misma norma, ha de preferirse la interpretación que más benefi-
cie al trabajador.
Por su parte, el principio de conservación de la relación laboral, com-
prende, entre otros aspectos, aplicado al caso de autos: a) que en caso
de duda sobre la extinción o no de la relación de trabajo, deberá resol-
verse a favor de su subsistencia; y b) las interrupciones de la relación
de trabajo estimadas irrelevantes como causas de extinción, en los tér-
minos de los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Se desprende del escrito de formalización, que la parte recurrente no
coincide con las conclusiones de la sentenciadora, por el hecho de ha-
ber determinado que en el presente caso, se estaba en presencia de una
suspensión de la relación de trabajo por causa de fuerza mayor, empero,
de la revisión de las actas procesales y en especial de la motiva de la
sentencia impugnada, ésta llega a tal conclusión –acogiendo el criterio
sostenido por el a quo– por el hecho de que las partes estaban contes-
tes en considerar que ante los hechos planteados y ventilados, se estaba
en presencia de una suspensión de la relación de trabajo por causa de
fuerza mayor, por así haberlo confesado el apoderado de los demandan-
tes en la audiencia de juicio; y bajo ningún concepto el tribunal de alza-
da señaló que se hubiera presentado alguno de los conflictos en la
aplicación de las normas o en su interpretación por parte del Juez, ni la
duda sobre la extinción o no de la relación de trabajo, por cuanto, como
se dijo anteriormente, ante la aceptación por las partes de la suspensión
de la relación de trabajo por causa de fuerza mayor, la recurrida aplicó
los efectos jurídicos de dicha situación laboral.
Tal y como precisó la Sala, el artículo 60 de la Ley Orgánica del Traba-
jo, establece la prelación de las fuentes del Derecho Laboral, y por
tanto, el literal “e” de dicha norma se infringe, cuando ante una laguna
de la ley no se aplican los principios universalmente admitidos del Dere-
cho del Trabajo, pero ello, en base a los razonamientos antes expuestos,
no es el caso de autos.
En consecuencia, se declara improcedente la cuestión planteada. Así se
decide.
1.5 Principio de primacía de la realidad y búsqueda de la verdad
1.5.1 Esclarecimiento de la verdad
Partes: Arnoldo José Castellano Bermúdez contra Prose-
guros, S.A.
Ahora, es cierto que cuando alguna de las partes no comparece por falta
de diligencia deben aplicarse las consecuencias legales, pero también es
cierto que cuando por razones de fuerza mayor o de caso fortuito la parte
no puede comparecer a la audiencia, los jueces tienen que humanizar el
proceso y buscar la verdad por todos los medios a su alcance. De allí que,
considera esta Sala, el Sentenciador de alzada debió ahondar en la verifi-
cación de la causa de justificación alegada por la demandada y dar opor-
tunidad para que se evacuara la prueba de informes promovida por la
actora, tanto más si se considera que la demandada –contra quien se
supone obraría la prueba– insistió en su evacuación y la impulsó indican-
do datos que correspondía suministrar a la promovente, contribuyendo
con su actitud diligente al esclarecimiento de la verdad.
1.5.2 Primacía de la realidad sobre las formas o apariencias
Partes: Bladimir Libreros contra Cadena de Tiendas Ve-
nezolanas Cativen, S.A.
Normas Citadas: CRBV: artículo 89; LOPT: artículos 2, 5 y 11
La actividad del Juez laboral se encuentra orientada por el principio

constitucional de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias
(artículo 89.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela), el cual no se circunscribe únicamente a reducir las brechas y
desventajas entre los medios y condiciones del trabajador frente al em-
pleador, sino que comprende además, la búsqueda y establecimiento de
la verdad como fin próximo del proceso. En tal sentido, el Juez debe
indagar y establecer la verdad material de los hechos, para lo cual cuen-
ta con amplias facultades legales, tal y como se desprende de la inter-
pretación armónica de los artículos 2, 5 y 11 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo.
1.6 Derecho a las prestaciones sociales. Mora del patrono.
Intereses moratorios y corrección monetaria
Partes: José Soledad Surita Corrález contra Maldifassi &
Cia, C.A.
Reitera: Criterio establecido en la sentencia Nº 607 de fe-
cha 04 de junio de 2004 de esta Sala de Casación
Social; y, en decisión Nº 595 de fecha 22 de mar-
zo de 2007, que a su vez, ratificó el criterio esta-
blecido en la sentencia Nº 111 de fecha 11 de marzo
de 2005. Asimismo se ratifica el criterio estable-
cido en la sentencia Nº 1176 del 22 de septiembre
de 2005 y el criterio asumido por esta Sala en de-
cisión Nº 254 del 16 de marzo de 2004
Referencia
Jurisprudencial: Sentencias de la Sala Constitucional Nº 969 del 16
de junio de 2008; y Nº 2191 de fecha 06 de di-
ciembre de 2006. Sentencias de la Sala de Casa-
ción Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia
de fecha 17 de marzo de 1993 (Camillius Lamore-
ll contra Machinery Care y otro) y sentencia Nº
414 de fecha 28 de noviembre de 1996 (Mario
Sánchez contra Viajes Venezuela, C.A.)
Normas citadas: CRBV: artículo 92; CN (1961): artículo 88; LOT
(1990): artículo 108; LOT: artículos 108 y 125; CPC:
Parágrafo. 2º del artículo 202; LOPT: artículo 185
Ahora bien, a criterio de esta Sala, y en cumplimiento de la labor peda-
gógica que ésta ha asumido, es propicia la oportunidad para hacer algu-
nas precisiones de carácter normativo y jurisprudencial, relacionadas
con los intereses moratorios y con la corrección monetaria de las canti-
dades que una vez concluida la relación laboral queda a deber el patro-
no al trabajador, su génesis normativa, su evolución, y algunas propuestas
sobre la interpretación que a éstos debe dársele bajo la óptica de nues-
tro derecho positivo.
Para ello, debe forzosamente referirse, de manera preliminar, a su ante-
cedente normativo, es decir, al artículo 92 de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela que a la letra establece que el salario
y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inme-
diata y que toda mora en su pago genera intereses, los cuales constitu-
yen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de
la deuda principal.
Estima la Sala que para el cabal entendimiento del contenido de esta
previsión constitucional debe precisarse a qué hizo alusión el constitu-
yente cuando se refirió en este contexto a las “prestaciones sociales”
y para ello debemos puntualizar el sustratum de las mismas, aparejada
de una suerte de breve reseña histórica, y la determinación de cuáles
conceptos conforman esta institución en el marco de nuestro ordena-
miento jurídico vigente.
De una proyección regresiva en el tiempo, se constata con nitidez la
intención legislativa venezolana de dar protección a los trabajadores
cuando cesa la prestación de sus servicios.
Con referencia a las prestaciones sociales en el ámbito patrio, y en razón de
este afán proteccionista, surge la incorporación de las mismas con carácter
de fondo de previsión social, vale decir, la prestación de antigüedad y el
auxilio de cesantía, como subsidios económicos ante tal eventualidad.
Debe indicarse que la Constitución Nacional venezolana de 1961 esta-
blecía en su artículo 88 el mandato de adoptar medidas tendientes a
garantizar la estabilidad en el trabajo y el establecimiento de “prestacio-
nes” que recompensaran la antigüedad del trabajador en el servicio y lo
ampararan en caso de cesantía.
Éstas, fueron concebidas originariamente como expectativas de dere-
cho, y la percepción de las mismas dependía de la causa de finalización
de la relación de trabajo, estaban condicionadas a si ésta se producía
por un despido injustificado o un retiro justificado, caso contrario no
surgía la obligación patronal de cancelarlas.
En el año 1974 se modifica este régimen, y “las prestaciones socia-
les” (antigüedad-cesantía) se consagran como derechos adquiridos, que
se consolidan sin importar la causa por la cual se ponga fin a la relación
laboral, y a partir de este momento, en ningún caso el laborante pierde
el derecho a la percepción de las mismas.
Coincidiendo con la más calificada doctrina patria, se puede afirmar que
la prestación de antigüedad y el auxilio de cesantía fueron concebidas
como un salario diferido que se consolidaban con el transcurso del tiempo
y se hacían exigibles al término de la relación laboral; que éstas protegen
al trabajador de dos contingencias básicas como son la pérdida del em-
pleo (auxilio de cesantía), y el reconocimiento a la permanencia en el
trabajo a través de un ahorro (antigüedad), configurándose como el único
patrimonio que aumentaba y acumulaba el trabajador con el transcurso
ininterrumpido del tiempo, exigible al finalizar la relación laboral.
Con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, en su
artículo 108, se refunden en un solo rubro “las prestaciones sociales”,
es decir, la antigüedad y el auxilio de cesantía, considerada como una
“indemnización”.
No es hasta que el cuerpo laboral sustantivo de 1990 es reformado, es
decir, en fecha 19 de junio de 1997, cuando la “indemnización por
antigüedad” es establecida como “prestación de antigüedad”, cam-
bio de categorización éste que, a criterio de la más calificada doctrina
patria, es de mayor rigor técnico, puesto que no se trata de un pago
indemnizatorio sino de un pago que nace por la permanencia en el tra-
bajo, por lo que en el actual contexto jurídico laboral venezolano, la
expresión “prestaciones sociales” es impropia gramatical y concep-
tualmente hablando, ya que hoy en día, esta previsión sólo está referida
a la “prestación de antigüedad”.
Aclarada como ha sido esta imprecisión terminológica en los párrafos
anteriores, fuerza indicarse que, en lo que respecta a la parte in fine del
artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
o sea, al establecimiento de la mora debitoris, esto es, que el retraso o
incumplimiento de lo que adeuda el patrono al trabajador por concepto
de la prestación de antigüedad, genera el deber de pagar intereses de
mora desde la fecha en que la misma se hace exigible, vale decir, desde
el momento en que efectivamente culmina la relación de trabajo.
En el sentido precedentemente esbozado se pronunció esta Sala de Casa-
ción Social en sentencia Nº 607, de fecha 04 de junio de 2004, al referirse
a la naturaleza jurídica de los intereses moratorios sobre el pago de la
diferencia de prestaciones sociales en los siguientes términos:
Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta
de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono
en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la rela-
ción laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente
al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se
calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del
Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la
Carta Magna.
Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tar-
danza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente
computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues
se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa
del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su
trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones
sociales, una vez finalizada su relación laboral.
Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las pres-
taciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la rela-
ción de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de
reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de
mora por el retardo en el cumplimiento del pago. (Destacados actua-
les de la Sala).
Estos intereses no deben ser confundidos con los intereses devengados
por las cantidades acumuladas por la prestación de antigüedad, a que se
contrae el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece
que de forma mensual y definitiva deben ser liquidados y depositados al
trabajador en un fideicomiso individual o en la contabilidad de la empre-
sa y que le deberán ser entregados anualmente y al término de la rela-
ción de trabajo lo que por ello se adeudare.
En el sentido del criterio anterior, se dejó establecido en reciente sentencia de
la Sala Constitucional (Nº 969 del 16 de junio de 2008), lo siguiente:
(...) lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de
conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad inmediata que
no pueden sujetarse a la determinación de acontecimientos futuros e
inciertos. Además, toda mora en el pago genera intereses, los cuales
constituyen deudas de valor, que gozan de los mismos privilegios y
garantías de la deuda principal. Asimismo, en dicha sentencia, esta
Sala señaló que el riesgo de las fluctuaciones del valor monetario
corren por cuenta del deudor, lo que también condiciona la necesaria
inmediatez en el pago de las obligaciones laborales, ordenándose
finalmente, la publicación de dicha decisión en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela.
Siendo ello así, se advierte como en el presente caso, la sentencia cuya
revisión se solicita, que fue emitida el 10 de agosto de 2004, esto es,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y
al fallo dictado por esta Sala Constitucional, el 11 de abril de 2002, por
lo cual se estima que transgredió la doctrina vinculante fijada por esta
Sala, así como infringió el contenido del artículo 92 de la Constitución,
ya que lo ajustado a derecho era que el Juzgado Tercero de Primera
Instancia del Trabajo del Régimen Transitorio de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acordase el pago de inte-
reses de mora sobre las cantidades adeudadas y a las cuales fue con-
denado el patrono en el fallo referido; los cuales serán calculados
desde la fecha de culminación de la relación laboral, hasta la fecha de
ejecución del fallo. (Destacados actuales de la Sala.)
En lo que se refiere a la corrección monetaria, ratifica esta Sala la fun-
damentación ideológica que jurisprudencialmente se le ha dado a la mis-
ma y para ello asume como suyo el criterio sostenido por la Sala
Constitucional en decisión Nº 2191 de fecha 06 de diciembre de 2006
cuando dejó establecido que la indexación –o ajuste inflacionario– ope-
ra en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre una de las
partes que se ha comprometido en una obligación, de modo que la in-
dexación comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida
material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que
la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patri-
monio del acreedor.
Dispone también este máximo órgano jurisdiccional que en consecuen-
cia, y salvo que la ley diga lo contrario, quien pretenda cobrar una acreen-
cia y no reciba el pago al momento del vencimiento de la obligación,
tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que
tiene la moneda para la fecha efectiva del mismo, y que sólo así recupe-
ra lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se
hizo exigible. (S/C 20-03-06 Nº 576).
Por otra parte, ratifica esta Sala de Casación Social el discurrir histórico
de esta institución dentro de la jurisprudencia patria, y a tal efecto repro-
duce las consideraciones formuladas en tal sentido, en decisión Nº 595 de
fecha 22 de marzo de 2007, que a su vez, ratifica la sentencia Nº 111 de
fecha 11 de marzo de 2005, en la cual se dispuso que la corrección mone-
taria en los juicios laborales que tengan por objeto la cancelación de las
prestaciones sociales de los trabajadores, es declarada materia de orden
público social, esto según lo estimado por la Sala de Casación Civil de la
extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 17 de marzo de
1993 (Camillius Lamorell contra Machinery Care y otro), en la cual se
apuntó que el ajuste monetario podía ser acordado de oficio por el Juez,
aun sin haber sido solicitado por el interesado, con fundamento en la no-
ción de irrenunciabilidad de las disposiciones y normas que favorezcan a
los trabajadores, y basado en que la restitución del valor de las obligacio-
nes de dinero al que poseía para la fecha de la demanda, no es conceder
más de lo pedido, sino conceder exactamente lo solicitado, teniendo en
cuenta que el trabajador tiene el derecho irrenunciable a la prestación no
disminuida por la depreciación cambiaria.
El fallo supra citado de fecha 17 de marzo de 1993, consideró el salario y
las prestaciones sociales como deudas de valor, caracterizadas porque
sólo se cumplen fielmente cuando el deudor satisface la necesidad que
esa obligación está dirigida a cubrir, independientemente de que la suma
de dinero indispensable a tal fin se haya incrementado por efecto de la
disminución del valor de cambio de la moneda, así la filosofía de ese fallo
en su parte medular se centraba en castigar a aquellas personas que sin
tener argumentos razonables para litigar, usaban abusivamente el proce-
so para perjudicar a la parte actora, estimulando la litigiosidad judicial
sobre la base de que si se demandaba una cantidad de dinero y el proceso
se prolongaba muchos años, era rentable para el demandado retardarlo
en atención a que cuando tenía que cancelar en definitiva, lo hacía pagan-
do una cantidad de dinero irrisoria en comparación con el valor de la
moneda para el momento de introducción de la demanda.
Debe agregarse aquí otro razonamiento jurisprudencial de esta Sala de
Casación Social, y es que cuando el trabajador demanda asume por
hecho que, de tener la razón, recibirá nominal y materialmente el monto
que se le adeuda, por lo que cuando no se respeta el verdadero valor
monetario de la controversia se transgrede el principio de protección de
la confianza legítima, arraigado en otro principio cardinal para el Estado
de Derecho: el de seguridad jurídica, y se favorece el enriquecimiento
sin causa del patrono.
Posteriormente, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 414 de fecha
28 de noviembre de 1996 (Mario Sánchez contra Viajes Venezuela, C.A.),
precisó que en aquellos juicios laborales que tuvieran por objeto el pago
de prestaciones sociales, el riesgo de la demora judicial no podía recaer
en el trabajador victorioso, sino sobre el patrono que no tuvo razones
para incumplir su obligación y que siempre pudo poner fin al proceso en
todo estado y grado de la causa, clarificando así que en sucesivos fallos
debía excluirse del período computable para el cálculo inflacionario, la
demora procesal por hechos fortuitos o causas de fuerza mayor; por
huelgas de los trabajadores tribunalicios, de jueces, etc., y el aplaza-
miento voluntario del proceso por manifestación de las partes (Parágra-
fo 2º del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil).
Ahora bien, en relación con la evolución de la corrección monetaria en
materia laboral, el criterio sostenido en forma pacífica y reiterada por
esta Sala de Casación Social con respecto a su cálculo, es que el mismo
debe computarse desde la fecha de la notificación de la parte demanda-
da hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el
lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las
partes, y aquellos períodos en los cuales la causa estuviere paralizada
por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o de fuerza
mayor, criterio éste ratificado por este alto tribunal, según sentencia de
fecha 12 de abril del año 2005. (Decisión Nº 1176/22-09-2005).
Dándole continuación a las consideraciones sobre el premencionado
artículo 92, debe mencionarse que la Sala Constitucional, en la decisión
citada anteriormente, al referirse al contenido del mismo también dejó
consagrado:
Tratándose de deudas de valor, el monto está referido a un valor no
monetario, pero que se cumple mediante el pago de una suma de
dinero, por cuanto lo debido al momento de nacer la obligación no
consiste en una determinada cantidad de dinero, sino en un valor,
citándose como ejemplo, el resarcimiento de daños y perjuicios o el
pago de pensiones alimentarias, e insistiéndose en que tales obliga-
ciones se protegen de la inflación, porque no pierden valor como
consecuencia de aquel fenómeno económico, sino que al no estar
cifrada la obligación en dinero, la inflación no tiene efecto alguno
sobre la misma. (Vid. James-Otis Rodner, “El Dinero. La inflación y
las deudas de valor”, Caracas, 1995, p. 231 y siguientes).
Esto último es lo que explica el mandato constitucional de proteger
el salario y las prestaciones sociales de las oscilaciones económi-
cas que, como consecuencia de factores contingentes o estructu-
rales, que influyen sobre el valor real del signo monetario y que
expuesto al efecto corrosivo del tiempo, disminuyen el poder ad-
quisitivo, y por ende, las expectativas legítimas, que tienen emplea-
dos y obreros, de disfrutar el producto de su trabajo. El riesgo de
las fluctuaciones del valor monetario corre por cuenta del deudor,
lo que también condiciona la necesaria inmediatez en el pago de las
obligaciones laborales (...).
Así las cosas, partiendo de un análisis gramático-contextual tenemos
que dicha norma del cuerpo adjetivo laboral prevé dos sanciones pecu-
niarias que paralelamente van consustanciadas con la condena en los
juicios de naturaleza laboral.
En primer término, el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Traba-
jo consagra el pago de intereses moratorios que se generan a raíz de la
condena judicial, es decir, que éstos tienen un origen endógeno procesal,
se producen sólo con ocasión de la renuencia del ejecutado a cumplir
“voluntariamente con la sentencia” sobre las cantidades condenadas
desde la fecha del decreto de ejecución hasta la oportunidad del pago
efectivo; se establece como base de cálculo de los mismos, la tasa de
mercado vigente, establecida por el Banco Central de Venezuela para los
intereses sobre prestaciones sociales. Aquí cabe precisar que, para su
determinación basta con remitirse a lo que a este respecto establece el
artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo en relación con la tasa de
interés que devengan las prestaciones sociales, y en lo que se refiere al
inicio del cómputo de los mismos, que éstos correrán desde la fecha del
decreto de ejecución, hasta la materialización de ésta.
Consagra entonces, la norma sub análisis también la procedencia de la
indexación o corrección monetaria desde el decreto de ejecución de la
sentencia hasta la oportunidad efectiva del pago, es decir, que conteste
con la norma ut supra transcrita, en el vigente proceso laboral la correc-
ción monetaria o indexación procede en aquellos casos en que, una vez
cuantificada la condena, el perdidoso no cumpliere voluntariamente con
la misma, a partir de la ejecutoriedad del fallo, y no desde la admisión o
notificación de la demanda como sucedía bajo el régimen procesal laboral
anterior. En este orden de ideas, esta Sala ha sostenido lo siguiente:
(...) la Ley Procesal Laboral, contempla la indexación sólo en fase de
ejecución cuando existiere incumplimiento voluntario del condena-
do, la cual de conformidad con la norma anteriormente transcrita
[artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo] operará
desde el decreto de ejecución hasta su cumplimiento efectivo.
Ahora bien, este criterio debe ser aplicado para aquellos casos en los
cuales la causa se haya ventilado bajo los parámetros de la vigencia
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de lo contrario, es decir, si
se tratare (...) de una causa que ha sido arrastrada desde el derogado
procedimiento laboral, debe aplicarse, en obsequio a la justicia, el
criterio mantenido por esta Sala previo a la entrada en vigencia de la
Ley Adjetiva mencionada, en cuanto a la indexación.
(Omissis)
En este mismo orden de ideas, sólo operará la indexación sobre todas
las cantidades ordenadas a pagar, de conformidad con la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, si el condenado no cumpliere voluntariamente
con lo ordenado, desde el decreto de ejecución hasta su cumplimiento
efectivo (Sentencia N° 630 del 16 de junio de 2005, caso: José Cristó-
bal Isea Gómez y otros contra C.A., Electricidad de Occidente; crite-
rio ratificado entre otras, en sentencias Nos 1.412 y 1.945 del 28 de junio
y del 3 de octubre de 2007, casos: Marisela Beatriz Rojas de Rodrí-
guez contra Avon Cosmetics de Venezuela, y Carlos José Díaz Ríos
contra Expresos Caribe C.A., respectivamente).
Con fundamento en los criterios expuestos y en las normas parcialmente
transcritas, la Sala en ejercicio de su labor interpretativa, fundamentada
en la justicia y la equidad, en su incansable esfuerzo de humanizar el
proceso, y teniendo en cuenta que la nueva concepción que del Estado
propugna nuestra Carta Magna exige una visión del derecho compenetra-
da con todos los sectores de la sociedad, a fin de minimizar en lo posible
y mediante la interpretación jurídica, los desajustes que en ella puedan
coexistir, lo que implica que la interpretación y aplicación del derecho
tenga en cuenta la realidad social, a fin de no agravar más la condición de
vulnerabilidad en que se encuentran algunos de sus sectores en relación a
otros, o a su calidad de vida, tomando en cuenta que el incumplimiento del
pago de las acreencias del trabajador trastoca el interés social, lo que
exige una participación del Juez para que el postulado constitucional de
Estado Social de Derecho y de justicia alcance concreción práctica (Vid.
Sent. S. C. N° 576 del 20 de marzo de 2006), y después de una profunda
revisión de los criterios anteriormente expuestos, esta Sala estima conve-
niente hacer las siguientes consideraciones:
La citada norma adjetiva laboral (artículo 185), tal como lo señala la
Exposición de Motivos de dicha Ley “plasma como derecho positivo,
la inveterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, so-

bre la corrección monetaria del objeto de la pretensión (...)”.
Efectivamente, ya esta Sala de Casación Social se había pronunciado
respecto de la indexación por la pérdida de valor de la moneda durante
la fase de ejecución del proceso, específicamente en la ejecución forzo-
sa del fallo; en este sentido, entre otras, en decisión N° 12 del 6 de
febrero de 2001 (caso: José Benjamín Gallardo González contra Andy
de Venezuela, C.A.) se sostuvo:
(...) una vez que la sentencia definitiva haya quedado firme y liquida-
do e indexado como sea el monto de la condena, el Tribunal, a peti-
ción de parte interesada, decretará la ejecución y fijará el lapso para
el cumplimiento voluntario del fallo, en conformidad con lo estableci-
do en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. Si el ejecuta-
do no cumple voluntariamente con la decisión, el Tribunal ordenará
la ejecución forzada y, a petición de parte, decretará medida ejecutiva
de embargo sobre bienes determinados o librará el respectivo man-
damiento de ejecución, para que sea practicada la medida sobre bie-
nes del deudor, hasta por el doble del monto de la condena más las
costas procesales por las cuales se siga ejecución, en conformidad
con lo dispuesto en los artículos 526 y 527 eiusdem.
Una vez cobrado el monto inicialmente ordenado por el Tribunal,
tendrá derecho el trabajador a solicitar que el Tribunal de la ejecu-
ción, es decir, aquél que fue el Tribunal de la causa, calcule la pérdi-
da de valor de la moneda durante el procedimiento de ejecución
forzosa de lo decidido y ordene pagar la suma adicional que resulte,
la cual asimismo será objeto de ejecución forzosa en caso de falta de
cumplimiento voluntario, pues sólo así puede el proceso alcanzar su
finalidad de garantizar una tutela jurídica efectiva. (Destacados
actuales de la Sala).
Como se observa, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo recogió la ju-
risprudencia de esta Sala, que ya le atribuía al patrono que hubiese sido
condenado al pago, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como
consecuencia de la inflación, durante la ejecución forzosa de la senten-
cia, máxime cuando tal demora le es imputable porque pudo darle cum-
plimiento voluntario al fallo y satisfacer así su deuda con el trabajador.
No obstante, esta Sala aprecia que, limitar la corrección monetaria al
lapso de ejecución forzosa, implica una ruptura con los avances que en
la materia se habían logrado por vía jurisprudencial, al desnaturalizar
dicha figura jurídica. Como señaló la Sala de Casación Civil en senten-
cia de fecha 17 de marzo de 1993, a que se ha hecho referencia prece-
dentemente, la indexación “debe restablecer la lesión que realmente
sufre el valor adquisitivo de los salarios y prestaciones del traba-
jador por la contingencia inflacionaria, corrigiendo la injusticia
de que el pago impuntual de las prestaciones se traduzca a una
ventaja del moroso y en daño del sujeto legalmente protegido con
derecho a ello”.
Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deu-
dor de la obligación, activa los órganos de administración de justicia,
deberá esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación
del proceso –pese a que el nuevo proceso laboral destaca frente al an-
terior por haber acortado significativamente su duración, al inspirarse
en principios de brevedad, celeridad y concentración, constituye una
actividad dinámica que se desarrolla en el tiempo– para obtener un pro-
nunciamiento judicial. Así, la fase de cognición de la causa podría impli-
car una demora en el cumplimiento del patrono, y, ante la improcedencia
de la corrección monetaria durante ese lapso, es el trabajador quien
soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en razón de la
inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste con la
consolidada jurisprudencia de este máximo Tribunal–, porque en defini-
tiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto
de vista de su poder adquisitivo y no nominal.
En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una canti-
dad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al
empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del
mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas
causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.
En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cóm-
puto de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en
que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de
la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejerci-
cio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumpli-
miento de la obligación.
Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la
presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta
por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses
moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que
constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido
infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo
el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Pro-
cedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo
sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.
En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causa-
dos por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el
artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitu-
cionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de
los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible,
vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea
por causas atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a
la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabaja-
dor para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.
En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el
párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por
prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.
En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros
conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de
notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el
procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente
explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, exclu-
yendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya
paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza
mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo y por vacaciones judiciales.
En cuarto lugar, y en lo que respecta al período a indexar de las indem-
nizaciones provenientes de la ocurrencia de accidentes laborales o en-
fermedades profesionales, exceptuando lo que concierne al daño moral,
su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo
proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y
fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede
definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los
cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por
hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.
En quinto lugar, las condenas indemnizatorias en los juicios de estabili-
dad, tales como salarios dejados de percibir y demás establecidas en el
artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, se ratifica el criterio asu-
mido por esta Sala en decisión Nº 254 del 16/03/2004 en el sentido que
en los juicios especiales de estabilidad no se demanda el pago de pres-
taciones o indemnizaciones laborales porque el patrono estuviera en mora,
en ellos se solicita la calificación de un despido por el incumplimiento de
una obligación de no hacer, y la sentencia, en caso que se declare pro-
cedente, ordena sólo el reenganche con el pago de los salarios caídos;
pero es a partir de esa declaratoria que se deben los salarios caídos, que
son exigibles, no antes, aun cuando para su cuantificación se tome en
cuenta el tiempo del procedimiento como sanción al empleador, por lo
que no puede aplicarse la corrección monetaria en el procedimiento de
estabilidad, en el entendido que si se cumple con el reenganche y el
trabajador regresa a su puesto de trabajo, debe recibir exactamente el
monto de los salarios caídos que dejó de percibir, sin imputarle correc-
ción monetaria porque de hacerlo, primeramente se estaría aplicando la
indexación sin estar presente la mora del patrono; y en segundo lugar,
pudiera darse la circunstancia que el trabajador reenganchado, al in-
dexarle los salarios caídos, reciba mayor remuneración que la obtenida
por otros trabajadores que realizan idénticas funciones.
En sexto lugar, en lo que respecta a las acciones de mero certeza o de
mera declaración, en las que no se pide una resolución de condena a
una prestación, sino la mera declaración de la existencia o inexistencia
de una relación jurídica, las cuales no requieren ejecución, debe seña-
larse que a las mismas es inaplicable la institución de la indexación.
En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia,
el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competen-
te aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Proce-
sal del Trabajo.
En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto
designado por el Tribunal Ejecutor.
Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial única-
mente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del
fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de
un viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica
que debe procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado
la Sala Constitucional de este alto Tribunal.
1.7 Principio de iura novit curia
Partes: Bladimir Libreros contra Cadena de Tiendas Ve-
nezolanas Cativen, S.A.
Reitera: Criterio establecido en sentencia N° 572 del 04 de
abril de 2006
En efecto, en atención al principio iura novit curia, el Juez, como
conocedor del derecho debe aplicarlo a los hechos alegados y proba-
dos por las partes, sin estricta sujeción a las calificaciones jurídicas
que éstas puedan sugerir, aun en aquellos casos en los que la norma
aplicable no haya sido invocada, o lo haya sido de manera incorrecta.
Lo que no puede es suplir las alegaciones de hecho no formuladas por
los litigantes, puesto que de obrar así, estaría incurriendo en el vicio
de incongruencia positiva, al violar un requisito de validez de la sen-
tencia, cuyo incumplimiento es revisable en Casación (sentencia nú-
mero 572 del 04 de abril de 2006).
1.8 Principio de igual trabajo igual salario
ways P.L.C.
de trabajo
Normas citadas: CRBV: artículos 3, 19 y 91; LOT: artículos 135 y 365
Dicho principio, reconocido en el artículo 91 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, debe interpretarse armónicamente
con el artículo 89.5 eiusdem, y tiene como fundamento legal lo dispues-
to en el artículo 135 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual establece
como regla general:
A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de
eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual. A estos
fines, se tendrá presente la capacidad del trabajador con relación a la
clase de trabajo que ejecuta.
Como excepción a dicha disposición, encontramos el caso de los traba-
jadores aéreos, a quienes conforme al artículo 365 eiusdem, puede esti-
pulárseles un salario diferente, atendiendo a la especificidad de la
prestación del servicio, siempre y cuando ésta se lleve a cabo en “una
aeronave de categoría distinta a otra o en una aeronave de igual
categoría pero en una ruta o itinerario diversos, o en atención a
los equipos que se utilicen o a la mayor antigüedad del tripulante”.
Distinción que pretende retribuir proporcionalmente las diversas condi-
ciones de servicio en las cuales se desenvuelven los trabajadores aé-
reos, su pericia y sus conocimientos técnicos, los cuales, dependiendo
del caso, serán compensados en mayor o menor medida. Fuera de tales
supuestos, no cabe distinción alguna.
En el presente caso, la demandante, de nacionalidad venezolana, afirmó
que gran parte de su trabajo lo realizó fuera de su base, el aeropuerto
Simón Bolívar de Maiquetía, cumpliendo itinerarios correspondientes a
tripulaciones de otras bases, y realizando vuelos desde ciudades que sin
ser base, eran utilizadas como tales por la compañía British Airways,
percibiendo como pago la cantidad de Bs. 5.000,00, mientras que un
tripulante de nacionalidad inglesa, basado en Londres, Inglaterra, por la
prestación del mismo servicio y en condiciones iguales, ganaba un pro-
medio de 950 libras esterlinas mensuales, equivalentes a Bs. 150.000,00.
Aseveración que no fue desvirtuada por la aerolínea, quien centró sus
argumentos solamente en justificar el porqué de la diferenciación antes
señalada, convalidando una práctica contraria a la previsión contenida
en el artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Debemos tener presente, que se trata de derechos específicos que en
todo caso deben fortalecerse, puesto que su esencia no es otra que el
respeto a la dignidad humana como fin esencial del Estado, en los térmi-
nos del artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, cuyo ejercicio está garantizado conforme a lo establecido en el
artículo 19 eiusdem, y que no pueden conculcarse mediante tratos discri-
minatorios fundados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión polí-
tica, ascendencia nacional u origen social, que alteran la igualdad de trato
en el empleo, lo cual también se encuentra proscrito por el Convenio 111
del 4 de junio de 1958, de la Organización Internacional del Trabajo.
En el mismo sentido, establece el artículo 10 de la Ley Orgánica del
Trabajo:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación
territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo
prestado o convenido en el país, y en ningún caso serán renuncia-
bles ni relajables por convenios particulares, salvo aquellos que por
su propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles
carácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas
favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando
su finalidad.
La sociedad mercantil British Airways PLC, estableció marcadas dife-
rencias en el pago a tripulantes de cabina, atendiendo solamente al aspec-
to de la nacionalidad, y no a la ejecución de la labor en las mismas rutas,
en los mismos tipos de aeronaves, en jornadas semejantes, ni tomó en
cuenta el rendimiento y esfuerzo realizado, ni a las aptitudes personales
de la trabajadora Rosa Eugenia Lozada, por lo que a través del presente
fallo se busca eliminar la diferencia impuesta. No se trata de dotar de
eficacia extraterritorial a la legislación venezolana, y desconocer las di-
versas realidades socioeconómicas, ni las normas y ordenamientos jurídi-
cos distintos, como lo son los de Venezuela y el Reino Unido, sino de un
acto de justicia social que pretende reivindicar la nacionalidad venezola-
na, frente a una actuación desproporcionada y absolutamente excluyente,
tal y como exige un Estado Social de Derecho, definido por la Sala Cons-
titucional de este máximo Tribunal, mediante sentencia Nº 85 del 24 de
enero de 2002, caso Asodeviprilara, como aquel que debe tutelar a per-
sonas o grupos, que en relación con otros se encuentran en estado de
debilidad o minusvalía jurídica, para lograr un equilibrio inalterable por la
autonomía de la voluntad y la libertad contractual.
1.9 Norma más favorable
Partes: Norka Cecilia Arellano de Angélico contra Com-
pañía Anónima de Administración y Fomento Eléc-
trico (CADAFE)
Confirma: Criterio reiterado en sentencia N° 2.316 de 2007
Normas citadas: LOPT: artículo 6; LOT: artículo 59
Ahora bien, se circunscribe el punto en cuestión en resolver si efectiva-
mente la trabajadora se encontraba o no amparada por la Convención Co-
lectiva de Trabajo al momento de la terminación de la relación de trabajo.
La sentencia N° 2.316 de 2007 al respecto consideró lo siguiente:
(...) observamos en el caso que nos ocupa, un punto muy controver-
sial en el derecho del trabajo, el cual no es otro que el problema que
encierra la aplicación del principio denominado “de la norma más
favorable”, la cual forma parte del “principio protector”, al igual
que las reglas de “indubio pro operario” y “de la condición más
beneficiosa” con las que se complementan.
En este sentido, el supuesto típico de vigencia de la regla más favo-
rable es el del conflicto, en el que dos normas vigentes y mutuamente
incompatibles resultan aplicables a una sola situación y es necesario
definir cuál de ellas la regirá, la regla actúa precisamente para dirimir
en pro de la más beneficiosa al laborante, entendiéndose entonces
que ambas no podrán aplicarse simultáneamente de acuerdo con lo
que más o menos beneficie el trabajador.
Consecuente con lo anterior, observamos que en nuestro ordena-
miento laboral dichas reglas existen como técnica de articulación
normativa para determinar cuál es la norma aplicable en caso de coli-
sión y conflicto entre normas.
Es así, que los artículos 59 de la Ley Orgánica del Trabajo y 6° de su
Reglamento, señalan expresamente lo siguiente:
Artículo 59. En caso de conflicto de leyes, prevalecerán las del
Trabajo, sustantivas o de procedimientos. Si hubiere dudas en la
aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de
una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador.
La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad.
Artículo 6°. En caso de conflicto entre normas constitucionales,
legales, reglamentarias y demás derivadas del Estado, regirán,
junto con el principio de favor, los de jerarquía (regla de la norma
mínima), especialidad y temporalidad. Cuando las normas en con-
flicto ostenten idéntica jerarquía, privará aquella que más favo-
rezca al trabajador (regla de la norma más favorable), salvo que
alguna revista carácter de orden público estricto, caso en el cual
prevalecerá ésta (norma imperativa absoluta).
Si el conflicto se planteare entre normas contenidas en convencio-
nes colectivas, contratos de trabajo, reglamentos internos, usos y
costumbres, y cualquiera otra de naturaleza análoga, así como entre
éstas y aquéllas revestidas de orden público estricto, será aplicada
la más favorable al trabajador (regla de la norma más favorable).
(Acotaciones. Subrayados y negrillas de la Sala)
Pues bien, delimitado en nuestro ordenamiento las reglas aplicables
como técnica de articulación normativa para determinar la más bene-
ficiosa, nos resta analizar o determinar las condiciones o presupues-
tos que deben ocurrir para que el principio a favor sea aplicado (ya
sea a través de la regla de la norma mínima o de la regla de la norma
más favorable).
Es así cómo el catedrático Plá Rodríguez precisa algunas pautas que
condicionan la aplicación del principio de favor, y que han sido una
fuerte tendencia en la doctrina laboral, a saber:
a) La comparación debe efectuarse teniendo en cuenta el tenor de
las dos normas. No puede, en cambio, comprender las conse-
cuencias económicas lejanas que la regla puede engendrar.
b) La comparación de las dos normas debe tomar en considera-
ción la situación de la colectividad obrera interesada y no la de
un obrero tomado aisladamente.
c) La cuestión de saber si una norma es o no favorable a los
trabajadores no depende de la apreciación subjetiva de los inte-
resados. Ella debe ser resuelta objetivamente, en función de los
motivos que han inspirado las normas.
d) La confrontación de dos normas deber ser hecha de una mane-
ra concreta, buscando si la regla inferior es, en el caso, más o
menos favorable a los trabajadores.
e) Como la posibilidad de mejorar la condición de los trabajadores
constituye una excepción al principio de intangibilidad de la regla
imperativa, jerárquicamente superior, no puede admitirse la efica-
cia de una disposición inferior mientras que pueda dudarse de
que sea efectivamente más favorable a los trabajadores.
Consecuente con lo anterior, en el caso que nos ocupa, el punto
esencial se encuentra entonces en determinar cuál es la norma o
cuáles son el cúmulo de normas aplicables al caso en concreto, si la
contenida en la Ley Orgánica del Trabajo por haber migrado el traba-
jador mediante la suscripción del Contrato Individual de Trabajo o la
de la Convención Colectiva de Trabajo vigente al momento de la
terminación de la relación laboral.
En efecto, observa esta Sala que las disposiciones respecto al régi-
men de jubilación contenida en la Convención Colectiva de Trabajo
1994-1997 son en su conjunto superiores a las contempladas en la
Ley Orgánica del Trabajo a la que migró el trabajador. En este senti-
do, la doctrina ha dicho que, en el caso de que el convenio colectivo
vaya más allá de la complementación o franca suplementación del
ordenamiento legal, las alteraciones que introduzca serán válidas si
la resultante es, según el cotejo efectuado respecto de cada institu-
ción, más favorable, aun cuando algún aspecto de ese nuevo pro-
ducto institucional sea dentro una percepción aislada menos
beneficioso, doctrina denominada del equilibrio interno del conve-
nio (Ojeda Avilés. Derecho Sindical).
Ahora bien, la determinación en que a una situación concreta debe
aplicarse una norma con preferencia a otra, por ser aquélla más ven-
tajosa para el trabajador, no enerva la validez, ni afecta la vigencia de
ésta. En suma, no la deroga; tan sólo señala que esta norma no se
aplica a este caso concreto sino aquélla, pero que conserva su vi-
gencia y validez para cualesquiera otros casos en los que no colisio-
na con otras normas, o en su aplicación específica, puede resultar, a
su vez, más favorable.
A modo de reflexión, esta Sala considera oportuno señalar que, la
determinación de la norma más favorable debe hacerse casuística-
mente y estar basada en la flexibilidad y en la equidad: flexibilidad
para poder adoptar, en cada caso, el método más adecuado, lo que
implica la posibilidad de que existan y coexistan varios; y equidad,
para que la solución a la que se llegue por vía de su aplicación no
resulte reñida con los derechos inalienables de los trabajadores, ni
agravie los igualmente legítimos intereses de los empleadores.
En el caso concreto, la norma más favorable a ser aplicada es la Con-
vención Colectiva de Trabajo, circunstancia que sin duda recobra ma-
yor fuerza cuando de la revisión de las actas procesales se constata el
memorando emanado de la Dirección de Consultoría Jurídica Gerencia
de Asuntos Litigiosos de fecha 10 de junio de 1999, en el cual la misma
empresa demandada mediante disquisición realizada al efecto, contem-
pla que: “En conclusión, el personal migrado sí debería gozar en su
totalidad de los beneficios de la Convención Colectiva, aunque no
esté expresamente estipulado en el artículo 508 de la Ley Orgánica
del Trabajo, de los iguales beneficios debería disfrutar todo el
personal que ingresó o labore fijo en la empresa o haya tenido 2 o
más años de renovaciones en su contrato individual”, tal documen-
tal, no siendo atacado en forma alguna por la parte a quien se le opuso,
constituyó plena prueba al respecto.
1.10 Principio de equidad
Partes: José Clisanto Delgado Casique contra Banco de
Venezuela, S.A. Banco Universal
Motivo: Beneficio de jubilación especial e indemnización
por daños y perjuicios
Normas citadas: LOT: artículo 60, literal g)
Ciertamente como lo señala la sentencia recurrida, no podemos los jue-
ces decidir de manera arbitraria, subvirtiendo el orden preestablecido
incluso por los contratantes, sin embargo, nada nos impide que en un
caso en concreto, pongamos en práctica la aplicación del principio de la
equidad previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo en su
literal g); equidad para que la solución a la que se llegue no resulte
reñida con los derechos inalienables de los trabajadores, ni agrave los
intereses igualmente legítimos de los empleadores.
Con relación al principio de la equidad, la mayor parte de la doctrina
venezolana ha aceptado el hecho de que el juez para crear los condicio-
namientos concretos que le den significación jurídica a las conductas de
los sujetos que intervienen en el proceso, no tiene que fundamentarse
en otros condicionamientos superiores, generales y abstractos conteni-
dos en normas previamente creadas por el legislador, sino que debe
basarse en su conciencia o, como se dice, en su sentimiento de equidad.
“El Juez que juzga según la equidad, si bien no tiene que fundar su
decisión en una norma positiva general dictada por el legislador,
debe, en cambio, fundarla en los criterios generales de equidad,
vigentes en la conciencia del pueblo en el momento en que se dictó
el fallo”. (Arístides Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal
Civil Venezolano. Tomo I, Editorial Arte, Caracas, 1997).
La jurisdicción de equidad exime al juez de atenerse al principio de le-
galidad. El ejercicio de la jurisdicción de equidad parte del principio fun-
damental de que “hay que obrar el bien y evitar el mal”, objeto de la
virtud intelectual de la sindéresis que pone en práctica el juez o intér-
prete, en ejercicio de la virtud de la prudencia (ius prudentia), según el
sentido objetivo de justicia, fundado en la ley natural (Ricardo Henrí-
quez La Roche, Código de Procedimiento Civil, Tomo I).
En fin, como señala, Humberto Cuenca en su obra de Derecho Proce-
sal Civil “en la jurisdicción de equidad, el juez debe crear el dere-
cho según su conciencia”, y así lo ha entendido esta Sala de Casación
Social cuando ha sostenido que la “equidad es la forma de resolver el
conflicto sin atenerse a las normas de derecho en aplicación del
sentido de justicia del juzgador”.
Consecuente con lo anteriormente expuesto, considera esta Sala que
aplicar el principio de equidad cobra mayor importancia cuando se re-
suelve un derecho social de suma importancia como es el derecho a la
jubilación, pues esta institución tiene por objeto proporcionar al trabaja-
dor, durante los años menos productivos o como consecuencia de una
incapacidad, un ingreso periódico que cubra sus gastos de subsistencia,
pues como señaló Mario de la Cueva “El derecho del trabajo no pue-
de contentarse con ofrecer al hombre una existencia digna en tan-
to pueda trabajar, para olvidarse después; el derecho del trabajo
requiere resolver integralmente el problema humano, exige del hom-
bre una labor útil y honesta y, a cambio de ella, le ofrece la seguri-
dad de su presente y futuro”.
El derecho del trabajo, hoy día es un deber social, es fuente del derecho
humano y éste consiste, en primer término, en el derecho a la existen-
cia; por eso el derecho del trabajo tiene que asegurar la existencia del
hombre, en el presente y en el futuro, siendo el beneficio de la jubilación
la única vía de protección futura.
1.11 Principio de prohibición de reformatio in peius
Partes: Teonelson Wonhsiedler contra Mavesa, S.A.
Esta Sala debe reiterar que el vicio de reformatio in peius consiste en
desmejorar la condición del apelante sin mediar el correspondiente re-
curso de apelación de su contraparte, de modo que implica la violación
del principio tantum apellatum quantum devolutum, siendo a su vez
producto o consecuencia del efecto devolutivo de la apelación.
En el presente caso, el juzgador de la recurrida declaró sin lugar el
recurso de apelación del demandante y confirmó el fallo apelado “en
todas sus partes”, por lo que declaró parcialmente con lugar la deman-
da. Así las cosas, al confirmar la sentencia de primera instancia en to-
das sus partes, necesariamente ha de concluirse que el juez ad quem no
aumentó el gravamen que la misma había ocasionado al actor apelante,
por lo que no incurrió en reformatio in peius.
1.12 Nulidad de los actos procesales
Partes: José Ignacio Gómez Márvez contra Agropecuaria
Foata Sánchez, S.A.
Normas Citadas: LOPT: artículo 152; CPC: artículos 206 y 208
Pues bien, ciertamente, como así lo aduce el recurrente, la sentencia
recurrida ordenó la reposición de la causa al estado de celebrarse nue-
va audiencia de juicio, pero sólo con respecto a la renovación del acto
de evacuación de pruebas (artículo 152 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo). Asimismo, la sentencia recurrida señaló, que en virtud de
la incomparecencia de la parte demandada a la primigenia audiencia de
juicio (acto que fue objeto de nulidad), debía tenerse a éste (demanda-
do) como ausente en la nueva audiencia oral y pública de juicio que se
ordenó renovar.
En fin, como lo señala el recurrente el juez de la recurrida anuló parcial-
mente el acto de la audiencia de juicio, lo que constituye indiscutible-
mente una flagrante violación a los artículos 206 y 208 del Código de
Procedimiento Civil.
En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil seña-
la que “Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitan-
do o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto
procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determi-
nados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto
alguna formalidad esencial a su validez”. (Subrayado de la Sala).
Consideramos acertada la decisión del juez, de la recurrida de reponer la
causa al estado de que se celebrara la audiencia de juicio, pues se logró
evidenciar, tanto del acta de la audiencia en cuestión como del video que
contiene la grabación o registro de dicha audiencia, que el juez de primera
instancia había obviado el acto de evacuación de las pruebas, impidiéndo-
se de esta manera el control de los medios probatorios aportados al pro-
ceso; además de haberse evidenciado que el juez de primera instancia
valoró ciertas y determinadas pruebas, sin haberse cumplido el acto de
control de las mismas. Sin embargo, no compartimos que por efecto de
dicha reposición debía renovarse parcialmente el acto írrito, pues esto no
tiene ningún fundamento legal. En efecto, si por disposición del artículo
206 la nulidad de un acto se declarará cuando se haya dejado de cumplir
alguna formalidad, ese acto debe ser anulado totalmente a efectos de que
se corrijan las faltas que conllevaron a declarar su nulidad.
Es así, que si un acto es declarado írrito debe nuevamente sustanciarse
la causa desde la actuación que dio motivo a la nulidad. Esto significa,
que el acto en su totalidad carece de validez, es decir, no es eficaz para
el fin para el cual está destinado o lo que es lo mismo, carece de idonei-
dad para producir el efecto jurídico que les es propio.
En virtud de lo anterior, incurrió la sentencia impugnada en la infracción
de las normas delatadas, razón por la que se declara la procedencia de
la presente denuncia analizada. Así se resuelve.
1.13 Revocatoria por contrario imperio
Partes: Jan Cristian Castro Bell contra Bahías Altamira,
C.A. y otra
Normas Citadas: CPC: artículos 252 y 310
Publicado dicho fallo dictado por esta Sala, la parte demandante mediante
escrito de fecha 7 de mayo de 2008, solicitó la revocatoria por contrario
imperio de la sentencia sólo en cuanto al punto de la indexación.
Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil establece, en relación a la
revocabilidad de las actuaciones judiciales, lo siguiente:
“Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la
interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el
Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a
solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y
rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos
que aparecen de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliacio-
nes, dentro de tres días, después de dictada la sentencia con tal de
que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las
partes en el día de la publicación o en el siguiente”.
“Artículo 310. Los actos y providencias de mera sustanciación o de
mero trámite, podrán ser revocados o reformados de oficio o a peti-
ción de parte, por el Tribunal que los haya dictado, mientras no se
haya pronunciado la sentencia definitiva, salvo disposiciones espe-
ciales ...omissis...”.
Atendiendo al contenido de las normas citadas, se tiene que la revoca-
toria por contrario imperio, sólo procede contra actos dictados propia-
mente por el Juez que los profirió, que se refieran a la sustanciación del
proceso –también denominados por la doctrina como actos de mero trá-
mite–, y no, contra decisiones o resoluciones que hayan resuelto el mé-
rito del fondo de la controversia.
Por lo que visto que esta Sala, luego de conocer el recurso de casación
interpuesto, el cual resultó con lugar, descendió a las actas del expediente
y se pronunció sobre el fondo del asunto, se concluye que contra esta
decisión no procede la revocatoria por contrario imperio según lo antes
reseñado; en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la solicitud
de revocatoria hecha por la parte demandante contra la sentencia Nº 597
proferida por esta Sala, publicada en fecha 6 de mayo de 2008.
2. De las personas en el derecho del trabajo
2.1 Trabajador de dirección
2.1.1 Concepto
Partes: Miryan del Carmen Madriz de Lucena contra Cen-
tro Clínico La Isabelica, C.A.
Normas Citadas: LOT: artículos 42 y 47
En relación con el carácter de la actora en cuanto a si era o no una
empleada de dirección, se observa:
La Ley Orgánica del Trabajo establece que un empleado de dirección
es aquel que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la
empresa, así como el que tiene el carácter de representante del patrono
frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en
parte en sus funciones –artículo 42–. De este modo, para que un traba-
jador pueda ser calificado de dirección es necesario que cumpla con
una cualquiera de estas tres condiciones, a saber: que intervenga en las
decisiones u orientaciones de la empresa; o que tenga el carácter de
representante del patrono ante otros trabajadores o terceros; o que pue-
da sustituir, en todo o en parte, al patrono.
En ese mismo orden, el artículo 47 eiusdem dispone que la calificación
de un trabajador como de dirección, confianza, inspección o vigilancia,
dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independien-
temente de la denominación que haya sido convenida por las partes o de
la que unilateralmente hubiese establecido el patrono. Así pues, la cali-
ficación de un empleado como de dirección dependerá siempre de la
naturaleza real de los servicios prestados, antes que de la denominación
que acuerden las partes para el cargo ocupado o que unilateralmente
imponga el empleador. Ello en aplicación de los principios de irrenuncia-
bilidad de los derechos del trabajador y de primacía de la realidad sobre
las apariencias formales.
Es evidente que por la intervención decisiva en el resultado económico
de la empresa o en el cumplimiento de sus fines de producción, los em-
pleados de dirección se encuentran de tal manera ligados a la figura del
empleador, que llegan a confundirse con él o a sustituirlo en la expresión
de voluntad.
Para que un trabajador pueda ser calificado como empleado de direc-
ción, debe quedar claro que éste participa en la toma de decisiones y no
sólo ejecuta y realiza los actos necesarios para cumplir con las órdenes,
objetivos y políticas que han sido determinadas previamente por el pa-
trono y los verdaderos empleados de dirección.
Cuando el empleado de dirección representa al patrono frente a terceros
o frente a los demás trabajadores, debe entenderse que tal acto de repre-
sentación es resultado de las apreciaciones y decisiones que él ha tomado
o en cuya toma participó, y no que actúa como un mero mandatario, pues
si bien la condición de empleado de dirección implica un mandato del
patrono, aun tácito, no necesariamente todo mandato implica que detrás
del mismo subyace la condición de empleado de dirección.
En el caso de autos, constituye un hecho no controvertido que los servi-
cios prestados por la actora consistían en ejecutar las decisiones de la
Junta Directiva, informar a ésta de la situación financiera de la empre-
sa, velar por el registro contable de todas las transacciones de la institu-
ción, controlar la facturación de la empresa, controlar y recuperar la
cartera de crédito, darle seguimiento a los convenios establecidos por la
Junta Directiva con empresas de seguros y administradoras de salud,
emitir y revisar las órdenes de compra y de trabajo, controlar los activos
fijos de la institución, efectuar los inventarios de medicamentos y mate-
rial médico-quirúrgico en las diferentes áreas de la clínica, mantener la
imagen corporativa del equipo administrativo, velar por el buen funcio-
namiento de los sistemas operativo (SICLHOS) y contable (SAGA),
atender los requerimientos de los médico-socios y controlar los pagos
de las obligaciones contraídas por la empresa.
Así las cosas, es evidente que la demandante no tomaba decisiones de
administración ni de disposición, y tampoco representaba ni sustituía al
patrono, pues sus funciones eran absolutamente de ejecución de las de-
cisiones tomadas por la dirección administrativa de la empresa, y de
realización de trámites administrativos ordinarios.
Por las razones anteriores, concluye la Sala que la actora no puede ser
considerada como una empleada de dirección. De allí que no podía ser
despedida sin causa justa.
2.1.2 Concepto. Indemnización por despido injustificado
Partes: Armando de Jesús Peña Cruz contra Recupera-
ciones Venamérica RVA, C.A.
Confirma: Criterio de sentencia N° 542 de 18 de diciembre
de 2000, expediente 99-398, caso: José Rafael
Fernández Alfonzo, contra I.B.M. de Venezuela,
S.A., ratificada en sentencia N° 294 de 2001, sen-
tencia N° 465 de 2004, sentencia N° 1.685 de 2006,
entre otras
Del análisis que se hace a la sentencia recurrida se verifica que la Alzada
declaró la procedencia de las indemnizaciones por despido injustificado y
sustitutiva del preaviso previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del
Trabajo, bajo el argumento que en el caso de autos no había resultado
controvertido si el actor era o no un empleado de dirección.
En este sentido, tenemos que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tra-
bajo dispone que “se entiende por empleado de dirección el que in-
terviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa,
así como el que tiene el carácter de representante del patrono fren-
te a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en
parte, en sus funciones”.
Con respecto a la categorización de empleado de dirección, esta Sala
de Casación Social, en sentencia Nº 542, de fecha 18 de diciembre de
2000 (caso: José Rafael Fernández Alfonso contra IBM de Venezue-
la, C.A.), señaló lo que a continuación se transcribe:
La definición de empleado de dirección contenida en el artículo 42 de
la Ley Orgánica del Trabajo es de naturaleza genérica y los criterios
en ella mencionados son meramente orientadores para determinar
cuáles trabajadores están incluidos en dicha categoría, dependiendo
siempre, la calificación de un empleado como de dirección de la natu-
raleza real de los servicios prestados, antes que de la denominación
que acuerden las partes para el cargo ocupado o que unilateralmente
imponga el empleador. Ello en aplicación de los principios de irrenun-
ciabilidad de los derechos del trabajador y de primacía del contrato
realidad, contenidos en los artículos 3 y 47 de la Ley Orgánica del
Trabajo, respectivamente.
Así, pues, los empleados de dirección conforman una categoría que
no disfruta de algunos beneficios que sí son percibidos por la mayor
parte de los trabajadores, y visto que uno de los principios que infor-
ma la Ley Orgánica del Trabajo vigente es el de proporcionar estabi-
lidad al mayor número de trabajadores, debe considerarse que la
condición de empleado de dirección es de carácter excepcional y por
tanto restringida; en este sentido, la noción de empleado de direc-
ción es aplicable únicamente a los altos ejecutivos o gerentes de las
empresas, que participan en lo que se conoce como “las grandes
decisiones”, es decir, en la planificación de la estrategia de produc-
ción, en la selección, contratación, remuneración o movimiento de
personal, en la representación de la empresa y en la realización de
actos de disposición de su patrimonio.
(Omissis)
Son empleados de dirección sólo quienes intervienen directamente
en la toma de decisiones, que determinan el rumbo de la empresa y
que pueden representarla u obligarla frente a los demás trabajadores.
Es evidente que por la intervención decisiva en el resultado econó-
mico de la empresa o en el cumplimiento de sus fines de producción,
los empleados de dirección se encuentran de tal manera ligados a la
figura del empleador, que llegan a confundirse con él o a sustituirlo
en la expresión de voluntad.
Para que un trabajador pueda ser calificado como empleado de direc-
ción, debe quedar claro que éste participa en la toma de decisiones y
no sólo ejecuta y realiza los actos administrativos necesarios para
cumplir con las órdenes, objetivos y políticas que han sido determi-
nadas previamente por el patrono y los verdaderos empleados de
dirección.
Cuando el empleado de dirección representa al patrono frente a ter-
ceros o frente a los demás trabajadores, debe entenderse que tal acto
de representación es resultado de las apreciaciones y decisiones
que él ha tomado o en cuya toma participó, y no que actúa como un
mero mandatario; pues, si bien la condición de empleado de direc-
ción implica un mandato del patrono, aún tácito, no necesariamente
todo mandato implica que detrás del mismo subyace la condición de
empleado de dirección.
Toda vez que el empleado de dirección ejerce poderes inherentes a la
titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales
de la misma, estos poderes deben ser ejercitados con autonomía y
responsabilidad, sólo estando limitados por las instrucciones y cri-
terios emanados directamente del dueño de la empresa o de su supre-
mo órgano de gobierno (...)
Por otra parte, esta Sala de Casación Social ha establecido en anterio-
res oportunidades que aquellos trabajadores a los cuales se les atribuya
la categoría de dirección pueden ser despedidos sin justa causa, sin que
se produzca, por no gozar del régimen de estabilidad laboral de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
efectos patrimoniales establecidos en el artículo 125 eiusdem, referido
a las indemnizaciones por despido injustificado y sustitutiva del preavi-
so, propias de los trabajadores que sí gozan de estabilidad en el trabajo
y que han sido despedidos sin causa legal que lo justifique.
Ahora bien, de las actas que conforman el expediente se pudo eviden-
ciar que no resultó un hecho controvertido el cargo desempeñado por el
actor, esto es, Gerente de la Sucursal de Maracaibo, aunado al hecho
que dentro de sus funciones se encontraba representar a la accionada y
actuar en su nombre, pues, según se evidencia de la prueba de informes
solicitada al Banco Mercantil, consta que el accionante mantenía firma
autorizada para movilizar las cuentas bancarias de la empresa deman-
dada, lo cual conlleva a esta Sala a considerar que, en efecto, el deman-
dante en el ejercicio de su cargo cumplía con responsabilidades de
envergadura que le atribuyen la categorización de empleado de direc-
ción, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo.
(...)
En consecuencia, siendo que la labor prestada por el accionante no pue-
de catalogarse como la de un trabajador ordinario, sino como la de un
empleado de dirección, resulta forzoso para la Sala declarar procedente
la presente delación, por incurrir la sentencia recurrida en falta de apli-
cación del artículo 42 de la Ley Orgánica del Trabajo y falsa aplicación
del artículo 125 eiusdem, así como al quebrantar la reiterada doctrina
jurisprudencial dictada por esta Sala de Casación Social, respecto a la
categorización de los empleados de dirección. Así se decide.
2.2 Empresas de trabajo temporal
Normas Citadas: RLOT(1999): artículos 23, 24, Parágrafo Único y 26
En este sentido, observa la Sala que la empresa de trabajo temporal,
según lo dispone el artículo 23 del derogado Reglamento de la Ley Or-
gánica del Trabajo, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.292 extraordinario
de fecha 29 de enero de 1999, aplicable al presente caso ratione tem-
poris, tiene por objeto poner a disposición del beneficiario, con carácter
temporal, trabajadores por ella contratados. Sobre este particular, la
doctrina sostiene que, a pesar de que la citada regla hace de la tempo-
ralidad la única característica del trabajo objeto de ese tipo de empre-
sas, la corta duración del tiempo, per se, no basta para identificarlas.
De manera que, la característica peculiar o distintiva del contrato de tra-
bajo de esta especie y que lo diferencia del contrato a tiempo determina-
do ordinario, es la necesidad eventual, imprevista y pasajera, de la labor,
no comprendida en la actividad normal de la empresa, por carecer de
permanencia y regularidad en su ciclo productivo, es decir, el objeto del
contrato de trabajo temporal debe ser eventual, casual, de insegura repe-
tición, no programado como fase previa de un resultado posterior. De allí
que, considera esta Sala, el régimen de las empresas de trabajo temporal
es un régimen excepcional y, por tanto, de interpretación restrictiva.
Son expresiones de ese régimen excepcional, la disposición del Regla-
mento que exige, como requisito a cumplir por las empresas de trabajo
temporal, el “dedicarse exclusivamente a la ejecución de ese tipo
de actividades”, y la que establece que “la empresa de trabajo tem-
poral en tanto observe el régimen que le impone el Reglamento no
se considerará intermediario en los términos del artículo 54 de la
Ley Orgánica del Trabajo”, así como el establecimiento de tres su-
puestos taxativos de procedencia para la contratación de empresas de
trabajo temporal.
Ahora, el artículo 24, Parágrafo Único del Reglamento de la Ley Orgá-
nica del Trabajo aplicable al caso de autos, dispone que: “La empresa
de trabajo temporal, en tanto observe el régimen que le impone el
presente Reglamento, no se considerará intermediario en los térmi-
nos del artículo 54 de la Ley Orgánica del Trabajo”. Del análisis
interpretativo de la norma transcrita se infiere que para que una empre-
sa de trabajo temporal pueda ser excluida del régimen ordinario a que
están sometidos los intermediarios, es menester, en forma imperativa,
que la misma observe, en su totalidad, el régimen que le impone el Re-
glamento, ello en virtud del carácter excepcional de dicho régimen.
El régimen aludido se contrae básicamente a lo siguiente:
1.- Solicitar autorización para su funcionamiento y cumplir los siguien-
tes requisitos:
a) dedicarse exclusivamente a poner a disposición de un beneficiario,
con carácter temporal, trabajadores por ella contratados.
b) disponer de estructura organizativa y capacidad financiera que le
permita cumplir con sus obligaciones patronales.
c) incluir en su denominación los términos “empresa de trabajo temporal; y
d) otorgar fianza o constituir depósito bancario a satisfacción del Minis-
terio del Trabajo, por una cantidad equivalente a doce (12) salarios mí-
nimos por cada trabajador.
2.- Sujetarse a los supuestos de procedencia para su contratación esta-
blecidos en el artículo 26 del Reglamento; y
3.- El contrato de provisión de trabajadores deberá celebrarse por es-
crito y su duración no excederá del tiempo durante el cual subsista la
causa que motivó su celebración.
De este modo, no es suficiente, por ejemplo, que la empresa de trabajo
temporal cumpla con los requisitos para su funcionamiento si es contra-
tada en supuestos distintos a los previstos en el artículo 26 del Regla-
mento, pues es imperativo la observancia de la integridad del régimen
que le impone dicho cuerpo normativo, de no ser así se estaría dando
cabida a conductas deliberadamente elusivas del propósito de esta mo-
dalidad excepcional de contrato de trabajo.
2.3 Trabajador eventual
2.3.1 Concepto
Partes: Peter Vladimir Quintero Sandoval y otros contra
Festejo Mar, C.A.
Normas Citadas: LOT: artículo 115
La calificación jurídica de un nexo (si es laboral o no), corresponde al
juez del trabajo, dependiendo de las circunstancias fácticas en las cua-
les se desarrolló el servicio, su naturaleza real, independientemente de
los calificativos que les den las partes al contrato verbal o escrito (prin-
cipio de primacía de la realidad). Las situaciones laborales que se pre-
senten, si son de excepción, deben estudiarse con mayor cuidado y
corresponde a quien se excepciona demostrar sin lugar a dudas la exis-
tencia de lo excepcional.
Se debe precisar entonces, lo que es un trabajador eventual. De confor-
midad con el artículo 115 de la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajador
eventual es el que realiza labores en forma irregular, no continua ni
ordinaria y su trabajo termina al concluir la labor encomendada.
De acuerdo con el Diccionario de Derecho Laboral de Guillermo Caba-
nellas, Editorial Heliasta, 1998, define al trabajador eventual como:
Aquel cuya prestación de servicios resulta incierta en cuanto a dura-
ción aunque en principio limitada y relativamente breve, de manera
que en cualquier momento puede dejar de prestar sus tareas a un
patrono. Tal puede ser la situación de los substitutos y la del perso-
nal tomado por recargo o atraso de tareas o para función muy transi-
toria. La contratación del trabajador eventual, si bien es por tiempo
indeterminado, se halla supeditada a la prestación de un servicio de
índole accidental. Aunque desempeñe sus tareas ocasionalmente,
para una obra determinada, y aun cuando su trabajo se reduzca a la
especial naturaleza de la obra, no por eso deja de ser una empresa de
trabajo continuo. Así por ejemplo, una empresa importante puede
contratar los servicios de trabajadores eventuales para cumplir cier-
tas tareas, finalizadas las cuales los contratados cesan al servicio de
la entidad, y no por ello la empresa deja de proseguir sus actividades
con los trabajadores permanentes.
(omissis)
La diferenciación del trabajo eventual, con respecto a categorías
próximas, se encuentra en que la prestación de los servicios no se
incorpora a la actividad normal de la empresa, por ese factor fugaz en
orden a su producción o actividad esencial.
(omissis)
En cambio, el trabajo ocasional o accidental, es el que se realiza una
sola vez, sin posibilidades de repetirse, dentro del cuadro de activi-
dades de una empresa.
2.3.2 Estabilidad del trabajador eventual
Partes: Peter Vladimir Quintero Sandoval y otros contra
Festejo Mar, C.A.
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional Nº 1.998 de
fecha 22 de julio de 2003
A su vez, la doctrina moderna dedica gran atención a la estabilidad del
trabajador. En términos amplios, ésta consiste en una garantía contra la
privación injustificada del empleo, pudiendo ser considerada desde dos
puntos de vista:
1) Estabilidad absoluta o propiamente dicha, que origina a favor del
sujeto que la detenta, el derecho de ser reincorporado en el cargo del
cual fue privado por su patrono sin la debida autorización del Inspector
del Trabajo de la jurisdicción,
2) Estabilidad relativa o impropia, que origina sólo el derecho a una
indemnización en favor del trabajador que se retire o sea despedido por
causas imputables a su patrono o sea privado de su empleo por causas
ajenas a su voluntad.
Dentro del marco de la legislación venezolana, la estabilidad relativa
constituye el régimen general aplicable al trabajo subordinado o depen-
diente. Se diferencia de la estabilidad absoluta en que la obligación del
patrono de reenganchar al trabajador es técnicamente de carácter fa-
cultativo, pues en el momento de su cumplimiento puede el patrono libe-
rarse de ella, pagando la indemnización prevista en el artículo 125 de la
Ley Orgánica del Trabajo.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 112 eiusdem, la estabilidad
relativa se extiende a todos aquellos trabajadores que por más de tres
meses presten servicios permanentes para un patrono, o aquellos con-
tratados por tiempo determinado o para una obra determinada, mientras
no haya vencido el término del contrato o concluido la totalidad o parte
de la obra que constituya su obligación.
Quedan excluidos de este privilegio, entre otros, los trabajadores tem-
poreros, eventuales, ocasionales y domésticos, según el último aparte
del parágrafo único del artículo 112.
(...)
La Sala Constitucional, en sentencia Nº 1.998 de fecha 22 de julio de
2003, estableció que la estabilidad relativa o impropia, constituye una
protección del legislador venezolano a los trabajadores permanentes,
que no sean de dirección y que tengan más de tres meses de prestación
de servicios bajo subordinación, con la finalidad de evitar que la rela-
ción de trabajo finalice de manera intempestiva por voluntad unilateral,
arbitraria e injusta del patrono, mediante un despido ad nutum o injusti-
ficado, y la finalidad del procedimiento de estabilidad laboral (artículos
187 y siguientes de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo) es que se
haga efectiva esa estabilidad relativa o impropia, a través de la perma-
nencia y continuidad de las relaciones laborales.
3. Prescripción
3.1 Interrupción de la prescripción, a través del sucesivo registro

del libelo y de la orden de comparecencia
Partes: Pasquale Garreffa contra PDVSA Petróleo, S.A.
Ratifica: Criterio establecido por la Sala de Casación So-
cial, sentencia Nº 84 del 17 de mayo de 2001, caso:
Lisbeth Margarita Gómez de Camacaro contra
Diners Club de Venezuela C.A.
Normas citadas: Código Civil: artículos 1.975, 1.976 y 1.969; LOT:
artículos 61 y 64
Aduce la parte recurrente, que la sentencia de alzada incurrió en los vi-
cios de ilogicidad y contradicción, así como falsa aplicación de normas
previstas en nuestro ordenamiento jurídico, al declarar improcedente la
defensa de prescripción de la acción opuesta en su debida oportunidad
procesal. Señala como normas infringidas, los artículos 61 y 64 de la Ley
Orgánica del Trabajo, 1.975, 1.976 y 1.969 del Código Civil, por conside-
rar que la demanda fue interpuesta luego de transcurridos siete (7) años,
cuatro (4) meses y diez (10) días, contados a partir de la finalización de la
relación laboral entre el demandante y su representada.
Esta Sala para decidir observa:
Por disposición del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, las ac-
ciones provenientes de la relación de trabajo prescriben al término de
un año, el cual puede ser interrumpido, entre otros supuestos, mediante
el registro de copia certificada del libelo de demanda y de la orden de
comparecencia del demandado, ante la Oficina de Registro correspon-
diente, conforme al artículo 64, literal d), de la Ley Orgánica del Traba-
jo, en concordancia con el artículo 1.969 del Código Civil. Al respecto,
es pacífica la jurisprudencia que justifica tal actuación como una forma-
lidad esencial, al considerar que la publicidad del registro otorga un efecto
erga omnes, por lo que se presume que el demandado estaría en cuenta
de la acción incoada en su contra.
En el presente caso, ambas partes son contestes en señalar, y así quedó
establecido, que la relación de trabajo entre el ciudadano Pasquale Ga-
rreffa y la sociedad mercantil Pdvsa Petróleo y Gas S.A., concluyó por
motivo de jubilación el 1º de enero de 1994. A partir de esa fecha, la
acción correspondiente para el reclamo de cualquier diferencia, pres-
cribiría el 1º de enero de 1995, lo cual fue interrumpido el 22 de diciem-
bre de 1994, mediante el registro de la demanda y de la orden de
comparecencia emanada del Juzgado de Municipios Urbanos de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, ante la Oficina de Registro
Subalterno del Municipio Bolívar del mismo Estado, teniendo lugar un
nuevo término de prescripción que operaría el 22 de diciembre de 1995.
La parte actora, procedió a registrar nuevamente la demanda y la orden
de comparecencia en las siguientes fechas: 21 de diciembre de 1995; 19
de diciembre de 1996; 10 de diciembre de 1997; 23 de diciembre de
1998; 22 de diciembre 1999; y el 19 de diciembre de 2000. El 10 de
mayo de 2001, el trabajador interpuso nueva demanda, la cual registró
conjuntamente con la orden de comparecencia el 14 de diciembre de
2001, y el 16 de diciembre de 2002, dando lugar a un nuevo término de
prescripción que tendría lugar el 18 de febrero de 2004, llevándose a
cabo la citación de la representación judicial de la parte demandada el 3
de julio de 2003, es decir, antes de que operara la prescripción.
Este modo de interrupción de la prescripción, a través del sucesivo re-
gistro del libelo y de la orden de comparecencia, siempre y cuando se
haya realizado en tiempo hábil, ha sido avalado por esta Sala de Casa-
ción Social, mediante sentencia Nº 84 del 17 de mayo de 2001, caso:
Lisbeth Margarita Gómez de Camacaro contra Diners Club de Ve-
nezuela C.A. En ese sentido, se observa que la recurrida estimó acer-
tadamente que la parte logró interrumpir civilmente la prescripción de la
acción por cobro de diferencia de prestaciones sociales, sin incurrir en
los pretendidos vicios por defecto de forma y fondo denunciados, por lo
que el presente recurso debe ser declarado sin lugar.
3.2 Interrupción de la prescripción en casos de extinción de la
instancia por desistimiento del procedimiento
Partes: Alfredo Montaño Arancibia contra Lloyd Aéreo
Boliviano, Sociedad Anónima
Confirma: Criterio establecido por la Sala de Casación So-
cial en sentencia número 199 del 7 de febrero de
2006 (caso: Luis Alfonso Valero Jerez contra
Augusto Ramón Fernández Armada y otros); y,
sentencia de esta Sala Nº 1222 del 7 de agosto de
2006 (caso: José Miguel Linares Serrano con-
tra Corporación Hotelera Halmel, C.A.).
Normas citadas: Código Civil: artículo 1972; LOT: artículo 61
Ahora bien, en cuanto al resto de las pretensiones deducidas, es decir,
pago de los conceptos laborales por cambio de régimen establecidos en
los artículos 666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo; prestación de
antigüedad (artículo 108 eiusdem); vacaciones y bono vacacional co-
rrespondiente al período 2002-2003; vacaciones y bono vacacional frac-
cionados del período 2003-2004; utilidades correspondientes a los
ejercicios económicos de 1997 a 2002; utilidades fraccionadas del 2003;
e indemnizaciones por despido injustificado (artículo 125 LOT), se ob-
serva que existe una identidad en los elementos constitutivos de éstas,
respecto de las pretensiones contenidas en la demanda interpuesta el 2
de diciembre de 2004, la cual se presentó dentro del lapso de un (1) año
contado a partir de la fecha de terminación de la relación de trabajo –2
de diciembre de 2003–, siendo notificada la empresa el 26 de enero de
2004 –folio 63, pieza principal–, por lo que en principio se observa que
dicho acto habría interrumpido la prescripción de la acción.
No obstante lo anterior, se observa que el Juzgado Primero de Prime-
ra Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del
Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 23 de febrero
de 2005 –la cual no fue objeto de impugnación–, declaró desistido el
procedimiento por incomparecencia de la parte accionante a la Au-
diencia Preliminar.
Ahora bien, esta decisión, en principio, debería significar la aplicabilidad
al caso de autos de lo establecido en el artículo 1972 del Código Civil,
según el cual, la citación judicial se considerará como no hecha y no
causará interrupción de la prescripción, cuando el acreedor dejare ex-
tinguir la instancia; sin embargo, la Sala en sentencia número 199 del 7
de febrero de 2006 (caso: Luis Alfonso Valero Jerez contra Augusto
Ramón Fernández Armada y otros) estableció lo siguiente:
Ahora bien, observa la Sala que la consecuencia jurídica derivada
del incumplimiento de lo establecido en el artículo 266 del Código de
Procedimiento Civil, es la inadmisibilidad de la demanda, que en el
sistema de Derecho común acarrearía como consecuencia, que el
tiempo transcurrido durante el proceso cuya extinción declara el juez
que se pronuncia sobre ésta, debe computarse a los efectos de la
prescripción. En efecto, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo
establece que, la prescripción de las acciones derivadas de la termi-
nación de la relación de trabajo se interrumpe –entre otras causas–
mediante la interposición de una demanda judicial, siempre que el
demandado sea notificado en tiempo útil, y el artículo 1972 del Códi-
go Civil dispone que, en los casos de extinción de la instancia –
desistimiento, perención– la citación judicial realizada no tiene efectos
para interrumpir la prescripción.
De esto se sigue que en el sistema de procedimiento civil, la extin-
ción del proceso impide la eficacia de la demanda notificada al ac-
cionado para interrumpir la prescripción, lo cual es perfectamente
acorde con un proceso regido estrictamente por el principio dispo-
sitivo, donde la diligencia del litigante en el desarrollo del juicio,
importa de manera irrestricta para defender sus intereses privados.
Sin embargo, el nuevo sistema consagrado en la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo, desarrolla el principio fundamental consagrado
en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, según el cual “el proceso constituye un instrumento
fundamental para la realización de la justicia”, es decir, enuncia
el carácter meramente instrumental de las normas que reglamentan
el proceso, y que por lo tanto deben interpretarse y aplicarse de
forma que tiendan a la consecución del fin al que están subordina-
das –por lo que no es lícito sacrificar la justicia en aras de preservar
las formas no esenciales–.
En virtud de este apego de la ley procesal del trabajo al principio
fundamental expresado en la Constitución (artículo 257), y de la es-
pecial naturaleza irrenunciable de los derechos que se tutelan en el
procedimiento laboral (artículo 89, numeral 2, constitucional y artícu-
lo 3 de la ley sustantiva del trabajo), el sistema procesal establecido
en la nueva ley impone al juzgador orientar su actuación en un prin-
cipio de equidad (artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo),
y a no perder de vista la irrenunciabilidad de los derechos y benefi-
cios que la legislación social acuerda a los trabajadores (artículo 5
eiusdem), por lo que consagra algunas disposiciones que modifican
el régimen ordinario que tienen ciertas instituciones procesales. Es-
pecíficamente, puede observarse que en materia de perención, la re-
gla consagrada en el Código Civil (artículo 1972), y en el Código de
Procedimiento Civil (artículos 267 y siguientes), traen como conse-
cuencia que la extinción de la instancia impide los efectos de la cita-
ción del accionado para interrumpir la prescripción y, por tanto, si el
demandante quisiera reclamar su derecho en un proceso futuro, el
tiempo transcurrido bajo la pendencia del juicio extinguido debe com-
putarse al tiempo de prescripción.
Sin embargo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en aras de preser-
var la irrenunciabilidad de los derechos laborales, ha consagrado un
régimen distinto al de Derecho común, estableciendo en su artículo
203 que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda
–al igual que ocurre en el proceso civil–, y que además, los lapsos de
prescripción no corren durante la pendencia del proceso, excluyen-
do expresamente la consecuencia jurídica establecida en el artículo
1972 del Código Civil.
(Omissis)
En consecuencia, resulta forzoso realizar una interpretación lógico
sistemática de las normas que regulan el procedimiento laboral, si-
guiendo como principio la equidad en el proceso –tal como lo impone
el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo–, y salvando
cualquier contradicción con el fundamento constitucional del mismo
–como instrumento para la realización de la justicia, ex artículo 257
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela–, y así
establecer soluciones que tutelen la irrenunciabilidad de los dere-
chos del trabajador.
En este sentido, se observa que la inadmisibilidad de la demanda
extingue el proceso sin influir en la titularidad del derecho sustanti-
vo reclamado, al igual que en los casos en que sólo se extingue la
instancia –perención, desistimiento del procedimiento–, y dado que
el nuevo sistema impide que se desconozca la eficacia de la citación
judicial para interrumpir la prescripción, en los casos en que simple-
mente se extingue el proceso, una interpretación extensiva del artícu-
lo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, permite aplicar por
analogía los efectos jurídicos que ella consagra al caso de autos, y
por lo tanto, el lapso de prescripción no podría correr durante la
pendencia del proceso, y habría quedado válidamente interrumpida
con la citación judicial verificada en el curso del mismo, preserván-
dose así la posibilidad de intentar nuevamente la demanda y obtener
la tutela judicial efectiva –garantizada en el artículo 26 constitucio-
nal– de los derechos irrenunciables que la legislación social acuerda
al trabajador. Así se declara.
Del citado criterio jurisprudencial, se colige que aun en los casos de
extinción de la instancia por desistimiento del procedimiento, la deman-
da incoada y la citación verificada dentro del lapso útil, tiene efectos
interruptivos de la prescripción, la cual no comenzaría a correr nueva-
mente mientras esté pendiente el proceso, por lo que el nuevo lapso de
prescripción principiaría en el momento en que se declare mediante de-
cisión definitivamente firme la extinción de la instancia. Sin embargo, el
tiempo de la prescripción no comenzaría a computarse de inmediato,
cuando por efecto del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, el trabajador se vea impedido de proponer nuevamente la de-
manda antes del transcurso de noventa (90) días, ya que en dicho perío-
do se suspende el transcurso de la prescripción, tal como se estableció
en sentencia de esta Sala Nº 1222 del 7 de agosto de 2006 (caso: José
Miguel Linares Serrano contra Corporación Hotelera Halmel, C.A.).
En armonía con lo expuesto, y en aplicación de los criterios jurispruden-
ciales anteriormente señalados al caso de autos, se observa que el lapso
de prescripción comenzó a computarse el 23 de mayo de 2005, mientras
que la demanda fue interpuesta el 9 de marzo de 2006, y la notificación
de la empresa se verificó el día 23 del mismo mes y año, por lo que
resulta evidente que se interrumpió la prescripción de la acción respec-
to de todos los demás conceptos demandados, que formaban parte del
contenido de la primera demanda.
3.3 Interrupción de la prescripción mediante la interposición de

una acción mero declarativa
de Venezuela, S.A.
Sentencia: N° 1241 de 29-07–08. Exp. 07–1637
Normas citadas: CPC: artículo 16
Sin embargo, en el particular caso que nos ocupa, corresponde en pri-
mer lugar advertir que la acción mero declarativa propuesta, como bien
señala el ad quem, nunca debió ser admitida en atención a lo previsto
en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que establece la
inadmisibilidad de la demanda de mera declaración cuando el deman-
dante pueda obtener la satisfacción completa de su interés mediante
una acción diferente, toda vez que no constituía el medio idóneo para
reclamar el ajuste de la pensión de jubilación, que bien puede intentarse
mediante una acción de condena.
No obstante lo anterior, en el caso bajo estudio se evidencia que la ac-
ción erróneamente fue admitida y sustanciada en toda su extensión, tal
y como lo acepta el juez en la decisión mediante la cual declara la im-
procedencia de la acción mero declarativa, ello, para justificar lo inútil
de una eventual reposición; en consecuencia, al ser sustanciada la ac-
ción mero declarativa, siguiendo todos los trámites procesales respecti-
vos: suspensión de la causa por 90 días, notificación de las partes,
celebración de la audiencia preliminar, remisión a juicio, suspensión de
la causa para conciliación; transcurrió indefectiblemente el tiempo que
el actor tenía para ejercer la acción de condena.
En virtud de lo antes expuesto y en obsequio a la justicia, considera esta
Sala que al existir en el caso de marras una identidad plena entre lo
pretendido a través de la acción mero declarativa y lo demandado me-
diante la acción de condena y al evidenciarse de las actas del expedien-
te que el actor mantuvo en todo momento una actividad dirigida a la
obtención de un pronunciamiento judicial en torno a lo peticionado; no
puede afirmarse que en el particular caso que nos ocupa se haya pro-
longado una situación de incerteza creada por la inercia del presunto
titular del derecho tutelado, que es lo que constituye el objeto tutelar del
instituto de la prescripción, por lo que forzoso es concluir que con la
acción mero declarativa sí se interrumpió la prescripción en la presente
causa, ya que es evidente que lo reclamado en una y otra acción guarda
absoluta correlación. Así se declara.
3.4 Accción mero declarativa no constituye renuncia a la
prescripción
de Venezuela, S.A.
Reitera: Criterio establecido en Sentencia de la Sala de
Casación Social N° 302, de fecha 14-03-2007,
caso: Yulkir Leal contra Gobernación del Es-
tado Apure
En cuanto a la renuncia tácita de la prescripción alegada por el recu-
rrente, se ha pronunciado esta Sala en diversas oportunidades, entre
otras, en sentencia N° 302, de fecha 14-03-2007, caso: Yulkir Leal
contra Gobernación del Estado Apure, bajo el tenor siguiente:
Sobre este particular, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que:
‘La renuncia de la prescripción es el acto mediante el cual el
deudor manifiesta expresa o tácitamente su voluntad de no
hacer uso de la misma.
Como puede observarse, la renuncia puede ser expresa o tácita,
siendo esta última resultante de todo hecho incompatible con la
voluntad de hacer uso de la prescripción. Son renuncias las com-
pensaciones voluntarias, las peticiones de dilación, la oferta de un
fiador o de cualquier deudor y, en general, todo acto que haga
suponer seriamente la voluntad de no hacer uso de la prescripción.
(...) La renuncia a la prescripción hace perder al renunciante los
beneficios del ejercicio de un derecho (el derecho a alegar dicha
prescripción). La renuncia no requiere formalidades o reglas sus-
tanciales o solemnes, pero para poderse efectuar debe haberse
consumado previamente la prescripción’. (Maduro Luyando, Eloy;
Curso de Obligaciones, Ob. Cit., pp. 368 y 369).
‘La prescripción no es de orden público. No puede el Juez, en
consecuencia, suplirla de oficio, si la parte a quien aprovecha no
la hace valer oportunamente en juicio. (...) En la otra vertiente, la
propia facultad atribuida al destinatario de la prescripción, le per-
mite renunciar, expresa o tácitamente, a la prescripción consuma-
da, siempre que el abdicante pueda disponer válidamente del
derecho a que se refiere la prescripción. (...) La renuncia tácita
resulta de todo hecho incompatible con la voluntad de hacer uso
de la prescripción’ (Arcaya, Mariano; Código Civil, Tomo IV, Ca-
racas, 1968, p. 444).
‘La renuncia debe resultar de un hecho voluntario del deudor del
que aparezca a la vez su voluntad de no aprovecharse de la pres-
cripción que tenga a su favor. Menciona la doctrina, como modos
de renuncia tácita, los pagos totales o parciales, las compensa-
ciones voluntarias, las peticiones de dilación, la oferta del fiador,
de una prenda o de una hipoteca y otros análogos.
En el caso de autos, como bien, lo asienta el fallo recurrido, la
manifestación del apelante contenida en el Memorial Informativo a
que se ha hecho referencia, constituye un acto de renuncia tácita
de la prescripción que existía a su favor, por cuanto en ella se
expresó su conformidad con los datos contenidos en dicho Memo-
rial’ (Gaceta Forense Nº 28, pp. 11 y 12, sentencia de fecha 28 de
abril de 1960). (Sentencia N° 116 de fecha 17 de mayo de 2000).
Conforme a lo anterior, para que opere la renuncia de la prescrip-
ción debe existir un reconocimiento voluntario por parte del de-
mandado respecto a la acreencia que tenga con el demandante, el
cual trae como consecuencia la pérdida del derecho a oponer la
prescripción de la acción.
Tal reconocimiento voluntario, puede ser expreso o tácito, siendo
que este último deviene de todo hecho incompatible con la vo-
luntad de hacer uso de la prescripción.
Aprecia la Sala que el formalizante encuadra la renuncia tácita alegada
en uno de los supuestos antes mencionados, como es el caso de la soli-
citud de dilación, en virtud de la suspensión de la causa que acordaron
ambas partes al momento de celebrarse la audiencia de juicio de la ac-
ción mero declarativa, ello en atención al exhorto a la conciliación que
hizo el Juez en dicha oportunidad.
Al respecto, considera esta Sala que no es cierto que tal suspensión
deba ser considerada como una renuncia a la prescripción, toda vez que
tal y como sostiene el Juez de la recurrida la acción mero declarativa es
de una naturaleza distinta a las acciones de condena, toda vez que las
acciones mero declarativas o de mera certeza tienen por objeto preci-
samente declarar la existencia o no de un derecho, o de una situación
jurídica o el verdadero alcance de una relación jurídica; por lo que no
constituyen en sí la reclamación ante la violación de un derecho, que es
el presupuesto común de las acciones de condena; por el contrario, son
ejercidas ante la incertidumbre del derecho, por lo que mal podría re-
nunciarse a la prescripción ante una eventual acción de condena que
aún no ha sido ejercida, ello en el marco de un procedimiento distinto
como lo es la acción mero declarativa.
3.5 Oposición a la homologación de la transacción
Partes: Arelis Ofelia Sencial y otro contra Grupo Souto,
C.A. y otro
Normas citadas: Código Civil: artículo 1.969; LOT: artículos 61 y 64
Señala el formalizante que la recurrida estableció que a partir del 22 de
julio de 2005 (fecha en que se celebraron las transacciones y se presen-
taron a la Inspectoría del Trabajo) comenzó a correr el lapso de un año
para la prescripción de la acción, lo cual se verificaría el 22 de julio de
2006 o dentro de los dos meses siguientes según el literal a) del artículo
64 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, el 22 de septiembre de
2006, sin tomar en cuenta que las transacciones aún no han sido homo-
logadas, ni que los actores se opusieron a la homologación de las mis-
mas, lo cual constituye una interrupción de la prescripción.
La Sala observa:
El artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que todas las
acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplir-
se un año desde la terminación de la prestación del servicio.
En el caso concreto el Juez, de conformidad con la jurisprudencia de
esta Sala de Casación Social, estableció que el lapso de prescripción
comenzó el 22 de julio de 2005 cuando se firmaron y consignaron las
transacciones en la Inspectoría del Trabajo, lo cual constituye la fecha
de pago y acuerdo entre las partes sobre los derechos laborales.
Adicionalmente, observa la Sala que la recurrida examinó los escritos
de oposición a la homologación de las transacciones y concluyó que los
mismos no interrumpieron la prescripción, pues están dirigidos a la Ins-
pectoría del Trabajo y no ponen en mora al deudor, lo cual está ajustado
a derecho de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del
Trabajo y el encabezado del artículo 1.969 del Código Civil, razón por la
cual no incurrió en el error denunciado.
Por los motivos anteriores se declara improcedente la denuncia.
3.6 El lapso de prescripción en caso de indemnización por daño
moral, producto de un proceso penal. Inicio del lapso de
prescripción
Partes: Bernabé Velásquez Millán contra C.V.G. Siderúr-
gica del Orinoco, C.A. (SIDOR)
Motivo: Cobro de indemnización por daño moral
Normas citadas: CC: artículo 1.977; LOT: artículo 61; CEC: ar-
tículo 337
Se desprende de las actas procesales y es un hecho admitido por las

partes, que la indemnización por daño moral demandado por el accio-
nante, es producto de un proceso penal instaurado en su contra por la
empresa demandada, por la presunta comisión de un delito contra la
cosa pública, de conformidad con la Ley Orgánica de Salvaguarda del
Patrimonio Público.
En primer lugar, se observa que la parte accionada, en su escrito de
contestación de la demanda, reconoce expresamente que la demanda
interpuesta por el ciudadano Bernabé José Velásquez Millán no se fun-
damenta en obligaciones derivadas de responsabilidad contractual, es
decir, no se demandan diferencias de prestaciones sociales u otros con-
ceptos laborales ni indemnizaciones por enfermedad profesional, pues
las pretensiones del actor tienen su base en la llamada “responsabili-
dad civil aquiliana o extra contractual (sic)”.
Aunado a ello, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, vigente para el
momento en que sucedieron los hechos en la presente causa, no con-
templaba un lapso determinado para la prescripción de las acciones pro-
venientes del hecho ilícito, no obstante, dejaba abierta la posibilidad para
ejercer las acciones correspondientes conforme al derecho común, y al
no existir una regulación especial al respecto, debe aplicarse el lapso de
prescripción decenal previsto en el artículo 1.977 del Código Civil.
En efecto, la prescripción decenal constituye la regla, siempre que no
haya otra norma especial que estatuya un lapso diferente de prescrip-
ción, y en tal sentido, no habiendo una norma que establezca un lapso
distinto, debe aplicarse ésta.
En el caso sub iudice, el objeto de la indemnización reclamada, tal y
como se mencionó anteriormente, viene constituido por el daño moral
sufrido por el demandante producto de un proceso penal instaurado en
su contra por la empresa demandada, es decir, se trata de un crédito
personal por responsabilidad extracontractual, lo cual escapa del su-
puesto de hecho contemplado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del
Trabajo, siendo aplicable, tal y como lo estipuló la sentencia recurrida,
el artículo 1.977 del Código Civil, que prevé la prescripción decenal.
Inicio del lapso de prescripción
En cuanto a la oportunidad en que comienza a correr el lapso de pres-
cripción de 10 años, la Sala aclara lo siguiente:
Siendo el fundamento para demandar la indemnización por daño moral,
el proceso penal instaurado en contra del demandante por la empresa
demandada, el accionante no podía instar la vía jurisdiccional hasta tan-
to no hubiere sentencia definitivamente firme que ordenase la termina-
ción de la averiguación sumarial o declarase sin lugar la denuncia
instaurada en su contra, y de los autos se observa que el Juzgado Se-
gundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimo-
nio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Bolívar, en fecha 7 de septiembre de 1995, dictó sentencia definitiva en
la cual declaró terminada la averiguación sumarial, por no revestir ca-
rácter penal los hechos denunciados, siendo confirmada esta decisión
por sentencia proferida por el Tribunal Superior de Salvaguarda del
Patrimonio Público, de fecha 23 de febrero de 1996.
Por aplicación del artículo 337 del Código de Enjuiciamiento Criminal –
vigente para la fecha de interposición de la denuncia– en concordancia con
el artículo 333 eiusdem, la sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Salvaguarda del Patrimonio Público, en fecha 23 de febrero de 1996, no
quedó definitivamente firme hasta tanto no vencieren las cinco audiencias
siguientes para anunciar el recurso de casación, es decir, la sentencia ad-
quirió el carácter de definitivamente firme en fecha 1º de marzo de 1996.
A partir de esta fecha es cuando comenzó a correr el lapso de prescrip-
ción para ejercer la acción para reclamar la indemnización por daño
moral con ocasión de la denuncia penal incoada en contra del deman-
dante, y de autos se observa que la demanda fue interpuesta el 2 de
agosto de 1996 y la parte demandada se dio por citada en fecha 31 de
marzo de 1997, por lo que es evidente que a la luz del artículo 1.977 del
Código Civil, entre la fecha en que la sentencia del Tribunal Superior de
Salvaguarda del Patrimonio Público adquirió el carácter de definitiva-
mente firme, la interposición de la demanda y la citación de la parte
demandada, transcurrió un (1) año y un (1) mes, no operando en tal
sentido la prescripción de la acción.
3.7 Lapso de prescripción del derecho a la jubilación
Partes: Elva Gertrudis Guerrere Leal contra Compañía Anó-
nima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)
Motivo: Procedimiento de Jubilación Especial
Confirma: Criterio establecido por esta Sala de Casación
Social en la Sentencia N° 772 del 24-04-07, caso:
Carmen Ernesta León y otros contra CANTV.
Normas citadas: CC: artículo 1.980; LOT: artículo 64; LOSSS: ar-
tículo 64
A tal efecto, la formalizante señala que el derecho a la jubilación forma
parte de la seguridad social, la cual es de orden público y no puede
modificarse por convenio entre los particulares, y por consiguiente, es
un derecho irrenunciable por los trabajadores, razón por la cual debió
desestimarse el acuerdo celebrado entre las partes; además por ser “un
derecho vitalicio, inalienable, irrenunciable, fundamental e inhe-
rente a la subsistencia de la persona en su etapa de vejez”, es un
derecho imprescriptible.
En este sentido, cabe destacar que la falta de aplicación de una norma
tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposi-
ción legal que esté vigente, a una determinada relación jurídica que está
bajo su alcance.
Al respecto, la Jurisprudencia de esta Sala de Casación Social ha esta-
blecido (entre otras, Sentencia Nº 772 del 24-04-07, caso: Carmen Er-
nesta León y otros contra CANTV) que si bien es cierto el derecho de
jubilación forma parte de la seguridad social, y por tanto un derecho
irrenunciable, ello no implica su imprescriptibilidad.
Ahora bien, de manera reiterada ha sostenido la Sala que la norma para
determinar el lapso de prescripción en las acciones que pretendan tute-
lar el derecho a la jubilación, es la consagrada en el artículo 1.980 del
Código Civil, que establece un lapso de tres (3) años, en virtud de que
entre las partes –jubilado y ex patrono– media un vínculo de naturaleza
no laboral que se califica en consecuencia como civil.
En el caso sub iudice, de las actas que conforman el expediente se
evidencia que la accionante Elva Gertrudis Guerere Leal, terminó su
relación laboral con la empresa demandada, en fecha 31 de diciembre
de 1993, mediante acta convenio suscrita por las partes en fecha 8 de
diciembre del mismo año, y la demanda fue interpuesta por la actora el
5 de mayo de 2003; por lo que al no haber sido interrumpida la prescrip-
ción de la acción en ninguna de las formas previstas en el artículo 64 de
la Ley Orgánica del Trabajo, el Juez de la recurrida concluyó acertada-
mente que la acción estaba prescrita.
Aunado a lo anterior, se observa que la jubilación que se reclama y está
prescrita, es de naturaleza convencional, establecida en la Convención
Colectiva de Trabajo; ello no obsta para que el trabajador que cumpla
con los requisitos de pensiones de vejez o jubilaciones, conforme a los
términos, condiciones y alcances que establezca la ley del Régimen Pres-
tacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas –previa afilia-
ción al sistema de seguridad social– sea beneficiario de las prestaciones
contenidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema de Seguri-
dad Social.
3.8 Lapso de prescripción en las relaciones de trabajo convenidas
conforme al principio de la territorialidad
Partes: Sam Kobeissi contra Tuboscope Brandt de Vene-
zuela, S.A.
Voto Salvado: Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
Normas citadas
en Voto Salvado: LOT: artículos 10, 59, 61, 63 y 108; RLOT: artícu-
lo 21; LOPT: artículo 9
Referencia: Sentencia N° 223 del 19 de septiembre de 2001,
caso: Robert Camerón Reagor contra Compa-
ñía Occidental De Hidrocarburos, Inc.
En este sentido y extendiendo el criterio sostenido por la Sala en cuanto al
principio de la territorialidad, cuya aplicación está sujeta al trabajo efecti-
vamente prestado en el país, se considera que la prescripción contenida
en la Ley Orgánica del Trabajo se aplicará igualmente, tomando en cuen-
ta la finalización del servicio efectivamente prestado en Venezuela.
Por lo tanto, en las relaciones de trabajo convenidas conforme al princi-
pio de la territorialidad contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica
del Trabajo, el lapso de prescripción anual establecido en el artículo 61
eiusdem se computa desde el momento en que culmina la relación labo-
ral en Venezuela. En estos casos puede perfectamente el trabajador
internacional demandar en el país y registrar su demanda, a los fines de
preservar su acción conforme a la Ley nacional.
Voto Salvado:
El Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez manifiesta su discre-
pancia con la decisión que antecede, por lo que procede a salvar su
voto, con base en las siguientes consideraciones:
En el presente caso, la mayoría sentenciadora declara la prescripción
de la acción intentada por el trabajador expatriado, al computar el lapso
correspondiente a partir de la fecha en que éste dejó de prestar servi-
cios en Venezuela, por haber sido transferido a otro país...
(...)
En efecto, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra el prin-
cipio de territorialidad de la legislación laboral venezolana, al establecer
que las disposiciones de dicha Ley rigen a venezolanos y a extranjeros
con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país, de modo que
aplican las máximas lex loci executionis y lex loci celebrationis.
Por lo tanto, tratándose del supuesto de la prestación de servicios eje-
cutada en el país, conteste con el citado principio lex loci executionis,
cuando un trabajador haya sido contratado en el exterior y con posterio-
ridad sea trasladado a Venezuela, únicamente se tomará en cuenta para
el cálculo de sus prestaciones sociales conforme a la ley patria, el tiem-
po de servicio efectivamente prestado en el territorio nacional, sin po-
der extender el cómputo al período laborado en otros países (Vid.
sentencia N° 223 del 19 de septiembre de 2001, caso: Robert Camerón
Reagor contra Compañía Occidental de Hidrocarburos, Inc.).
Ahora bien, en la situación planteada pueden presentarse dos hipótesis
diferentes, a saber, que la relación laboral finalice en Venezuela, o que
el trabajador sea transferido nuevamente a otro u otros países, termi-
nando la vinculación jurídica en el extranjero. En ambos casos, la apli-
cación de la legislación laboral venezolana estará limitada al lapso de
prestación del servicio en el territorio nacional; pero en el segundo, se
plantea la duda acerca del inicio del lapso de prescripción de la acción
para reclamar los derechos causados.
Tal interrogante fue resuelta por la mayoría sentenciadora sin esgrimir,
a criterio de quien suscribe, un sustento irrebatible, puesto que, a partir
de la postura del principio de la territorialidad, concluyó que la prescrip-
ción debe computarse a partir de la fecha en que cese la prestación de
servicios en el país, al sostener que:
(...) extendiendo el criterio sostenido por la Sala en cuanto al princi-
pio de la territorialidad, cuya aplicación está sujeta al trabajo efecti-
vamente prestado en el país, se considera que la prescripción
contenida en la Ley Orgánica del Trabajo, se aplicará igualmente,
tomando en cuenta la finalización del servicio efectivamente presta-
do en Venezuela.
Sin embargo, el argumento anterior omite una premisa fundamental, la
cual es la unicidad de la relación laboral que vincula al trabajador expa-
triado con su empleador. En este sentido, cabe destacar que la limitación
de la eficacia de la legislación laboral venezolana, al período en el cual la
prestación del servicio sea ejecutada en el territorio nacional, no desvir-
túa que la relación de trabajo transcurre sin solución de continuidad. Esa
relación, pactada en el extranjero, será ejecutada parcialmente en diver-
sos países, y ello en efecto implica una segmentación de la misma, pero
que no desdice su vocación de continuidad en el tiempo dada la voluntad
de las partes de mantener el vínculo jurídico que las une, a pesar de las
novaciones parciales que sucesivamente pueda experimentar la relación
contractual, precisamente al ser transferido el trabajador de un país a
otro, lo cual conlleva a la sujeción de un ordenamiento jurídico diverso, y
que la prestación del servicio se materialice respecto de una persona jurí-
dicamente distinta, pero parte de la misma trasnacional.
(...)
Conteste con lo anterior, pese a que en apariencia el patrono del traba-
jador internacional puede variar cada vez que éste sea transferido de
país, sin que pueda aplicarse la noción de grupo de empresas, la propia
naturaleza jurídica del contrato de trabajo internacional y la estrecha
articulación entre las distintas empresas integrantes de la trasnacional,
hacen imperioso concluir que realmente existe una relación laboral úni-
ca, que transcurre sin solución de continuidad, no obstante las novacio-
nes parciales, referidas al lugar de prestación del servicio e incluso a la
parte receptora de dicha prestación.
Así las cosas, partiendo de la unicidad de la vinculación jurídica, se advierte
que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone expresamente
que “todas las acciones provenientes de la relación de trabajo pres-
cribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la
prestación de los servicios” –con la salvedad de lo previsto en el artículo
63 eiusdem sobre lo que corresponda al trabajador por concepto de las
utilidades causadas en el último año de servicio–. Por lo tanto, es la fecha
en que finalice la relación laboral la que determina el inicio del lapso de
prescripción, aun cuando ello haya sucedido en el extranjero.
¿Acaso podría sostenerse que ello configura un supuesto de aplicación ex-
traterritorial de la ley nacional? Definitivamente, no; en ese caso, el juzga-
dor se limitaría a verificar la ocurrencia de un hecho en el exterior, para
aplicar una consecuencia jurídica, es decir, el inicio del lapso de prescrip-
ción para reclamar los derechos causados con ocasión del servicio presta-
do en Venezuela. Admitir tal situación como una aplicación extraterritorial
de la ley, permitiría calificar de igual modo aquel caso en que la empresa
trasnacional pagara al trabajador, en el extranjero, conceptos derivados de
la relación laboral, a la terminación de ésta o incluso antes, e intentada una
reclamación judicial, el juez venezolano diera carácter liberatorio a dicho
pago, conforme con lo preceptuado en el Código Civil; por supuesto, el
pago realizado en el exterior tendrá efectos en Venezuela, así como los
tendrá la culminación de la relación laboral ocurrida en otro país.
En todo caso, conteste con el principio in dubio pro operario, consa-
grado en los artículos 59 de la Ley Orgánica del Trabajo y 9 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, ante la incertidumbre entre dos declara-
ciones posibles derivadas de una misma norma, ha de preferirse la in-
terpretación que más beneficie al trabajador.
Conteste con los razonamientos expuestos, cuando el trabajador expa-
triado que ha convenido la relación de trabajo en el exterior, presta ser-
vicios en Venezuela y luego es transferido a otro u otros países, como la
vinculación laboral continua, él tendrá la expectativa de obtener el reco-
nocimiento por parte del empleador, de los beneficios contemplados en
la legislación laboral venezolana.
Adicionalmente, pretender que el trabajador internacional demande el
cobro de sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales calcu-
lados de acuerdo con la legislación patria, por el período en que prestó
servicios en el territorio nacional, cuando realmente la relación jurídica
continúa, presenta un primer obstáculo, porque antes de la finalización
de ésta no es exigible el monto acumulado por concepto de prestaciones
sociales, por cuanto el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo esta-
blece que lo depositado o acreditado mensualmente por tal concepto se
pagará al término de la relación laboral –no obstante el derecho del
trabajador de pedir anticipos hasta por un 75%, según lo previsto en el
parágrafo segundo de la citada disposición–.
Asimismo, ello causa una situación perjudicial para el trabajador, quien
tendría que evitar la prescripción de sus derechos calculados confor-
me a la legislación patria, demandando en el país (Venezuela), de tal
forma que el juicio se desarrollaría simultáneamente a la prestación
de servicio ejecutada en el extranjero y como se dijo, con una empre-
sa articulada a la nacional; o bien interrumpiendo sucesivamente la
prescripción, por ejemplo, mediante interpelaciones extrajudiciales; tal
situación iría en detrimento de la relación jurídica que se verifica en el
exterior, lo cual debe ser considerado en virtud del principio protecto-
rio que informa todo el Derecho del Trabajo, a pesar de tratarse de
una razón metajurídica.
En conclusión, si bien la legislación laboral venezolana sólo tiene efica-
cia en lo que respecta al período en que la prestación del servicio por
parte del trabajador expatriado –cuya relación se convino en el exte-
rior– se haya ejecutado en el territorio nacional, conteste con la máxima
lex loci executionis, ello no desvirtúa la unicidad de la relación laboral,
que se desarrolla sin solución de continuidad. Por lo tanto, cuando la
relación de trabajo no termine en Venezuela, por ser transferido el labo-
rante a otro u otros países, el lapso de prescripción para reclamar los
derechos laborales causados conforme a la legislación patria únicamen-
te comenzará a transcurrir una vez que finalice la relación, indepen-
dientemente de que ello ocurra en el extranjero.
4. Falta de cualidad
En este sentido, la codemandada MMR ETT alegó, como defensa pre-
via al fondo de la demanda, su falta de cualidad en lo que respecta a la
pretensión de indemnización por daños materiales con fundamento en la
responsabilidad objetiva por guarda de cosas, sostiene que la cosa que
produjo el daño al actor no se encontraba bajo su guarda, no era de su
propiedad ni estaba en su posesión al momento del infortunio, pues la
faena se desarrollaba en instalaciones que no son de su propiedad.
La cualidad en sentido amplio es entendida como la aptitud o idoneidad para
actuar o contradecir eficazmente en juicio, conforma una particular posi-
ción subjetiva frente al objeto de la pretensión, en el sentido de que la ac-
ción sólo podrá ser intentada y el derecho respectivo hecho valer por aquel
sujeto concreto a quien la ley en abstracto reconozca como legitimado para
su ejercicio, y contra aquel, precisamente, a quien la ley, también en abs-
tracto considere legitimado para soportar sus efectos. Debe existir, en suma,
una relación de lógica identidad entre la persona que invoca la tutela juris-
diccional (actor) y la persona a quien la ley atribuye el poder de invocarla;
y entre la persona contra o respecto de la cual se invoca (demandado) y
aquella contra la cual tal poder por ley es concedido.
De este modo, tratándose de un contrato de trabajo, los legitimados, por
ende, los únicos con aptitud para ser partes en juicios derivados de di-
cho contrato son, en principio, las partes en el contrato, esto es, trabaja-
dor y patrono. De allí que, en el caso de autos tal aptitud la tienen,
precisamente el actor y la codemanda MMR ETT, por lo que perfecta-
mente ésta podía ser, como efectivamente lo fue, demandada por aquél.
(...)
Por su parte, la codemandada Operadora Cerro Negro S.A., alegó su falta
de cualidad con respecto a la pretensión de indemnización prevista en el
artículo 573 de la Ley Orgánica del Trabajo, por no considerarse solidaria-
mente responsable; asimismo, la falta de cualidad con respecto a las pre-
tensiones de pago de prestaciones sociales y demás conceptos laborales
con fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo, por cuanto, en su
decir, ella no fue patrono del actor, y porque al ser el patrono una empresa
de trabajo temporal, ésta no puede ser considerada intermediaria suya.
Al respecto es menester señalar que, no siempre la titularidad activa y pasiva
de la acción corresponde a los sujetos –activo y pasivo– titulares de la rela-
ción material controvertida, pues hay casos en que aun tratándose de dere-
chos subjetivos en contención, no hay la señalada coincidencia de titularidad.
Se trata de situaciones excepcionales, en las cuales si bien la titularidad en la
relación material y el derecho de ella emergente corresponde a determinados
sujetos, la titularidad en la acción corresponde o puede corresponder a perso-
nas diferentes, en tales hipótesis la cualidad para ejercer y soportar la acción
es directamente atribuida por la ley en consideración a determinada condi-
ción del sujeto o al sobrevenir de un hecho o situación jurídica dada. Tal es el
caso, por ejemplo, del beneficiario de la obra, el cual responde solidariamente
con el intermediario y el contratista –cuando existe conexidad o inherencia–
por lo que, sin ser titular de la relación jurídica material, puede ostentar ex
lege la titularidad pasiva de la relación jurídica procesal.
Capítulo XV
Organización sindical
1. Causas de disolución de sindicatos
Partes: Sindicato Bolivariano Revolucionario Albeca (SI-
BRAL) contra Sindicato Único de Trabajadores
de la Empresa Albeca (SINTRAALBECA)
Motivo: Juicio de disolución de sindicato
Normas Citadas: LOT: artículos 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 459
y 460; CRBV: artículos 95, 96 y 293, numeral 6
Del extracto de la recurrida transcrito se desprende que, el Juez de
alzada declaró la disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la
Empresa Albeca C.A., (SINTRAALBECA), con fundamento en que la
Junta Directiva de la referida organización sindical “resultó acéfala”,
en virtud de la renuncia a los cargos directivos que venían ocupando
cuatro (4) de sus miembros principales, a saber: secretario de reclamos,
secretario de cultura y propaganda, secretario de deportes, secretario
de acta y correspondencia, así como los dos (2) vocales; asimismo, es-
tableció que de conformidad con las cláusulas 31 y 56 de los estatutos
de la organización sindical (SINTRAALBECA), las vacantes de su Junta
Directiva debieron ser cubiertas por los secretarios en orden jerárquico
de elección, y las subsiguientes por los vocales; no obstante, ante la
ausencia de elecciones de la nueva Junta Directiva, y dado que el Sindi-
cato Único de Trabajadores de Albeca (SINTRAALBECA), no reúne
el “número necesario de miembros” para su vigencia, el ad quem de-
claró disuelto el sindicato.
Partiendo de lo precedentemente expuesto, resulta pertinente para esta
Sala establecer si “la inconsistencia numérica de la junta directiva”
a luz del artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia
con los estatutos del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa
Albeca C.A. (SINTRAALBECA) constituye causa para la disolución y
liquidación del sindicato.
En ese sentido, la norma delatada como infringida, establece:
Artículo 459. Son causas de disolución de los sindicatos:
a) La carencia de alguno de los requisitos señalados en esta Ley
para su constitución;
b) Las consagradas en los estatutos;
c) En los sindicatos de empresa, la extinción de ésta; y
d) El acuerdo de las dos terceras partes (2/3) de los miembros
asistentes a la asamblea, convocada exclusivamente para ese
objeto.
El artículo transcrito, regula las formas de disolución del sindicato, a
saber: a) orden legal: por la carencia de algunos de los requisitos de Ley
para su constitución y la extinción de la empresa, en los casos de sindi-
cato de empresa –literales a y c–; b) orden convencional: mediante las
causales señaladas en los estatutos y el acuerdo de las dos terceras
partes de los miembros asistentes a la asamblea general convocada para
tal efecto –literales b y d–.
Por su parte, el artículo 71 de los estatutos del Sindicato Único de Tra-
bajadores de la Empresa Albeca C.A., (SINTRAALBECA), establece:
Artículo 71. El Sindicato no podrá disolverse mientras se opongan
miembros efectivos y solventes, harán uso de estos derechos ante
la Asamblea General Extraordinaria de miembros que se convoquen
para tal fin.
Todo lo referente a la disolución se efectuará de conformidad con lo
previsto en el Artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo. Para que la
liquidación del Sindicato se haga efectiva, es necesario cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Acordar la disolución del Sindicato, cualquiera que sea la
causa que la motivó, la Junta Directiva para esa fecha, limitará
sus actividades a extinguir las obligaciones pendientes; a de-
positar el dinero existente en una institución bancaria de la ciu-
dad y registrar bajo inventario los documentos y útiles
pertenecientes al mismo.
b) Convocar a un (sic) Asamblea General Extraordinaria de miem-
bros para que nombren la Comisión encargada de practicar la
liquidación.
c) La Asamblea determinará el número de liquidadores que, en
ningún caso será mayor de tres (3) personas, las cuales deberán
ser las más idóneas y de reconocida solvencia moral, sean miem-
bros o no del Sindicato; la comisión tomará las providencias del
caso para que los bienes, sean destinados a los fines vistos en
los Estatutos a partir del momento de la liquidación.
d) El Secretario General y el de Organización, Actas y Correspon-
dencia o, en su defecto, cualquier miembro de la junta directiva o
de la comisión Liquidadora, ejercerán la representación judicial
del Sindicato.
e) Los bienes, fondos activos y pasivos del Sindicato, pasarán a
otra organización Sindical del país o a una institución social de
trabajadores.
De la reproducción efectuada se colige que estatutariamente el Sindicato
Único de Trabajadores de la Empresa Albeca C.A. (SINTRAALBECA)
estableció convencionalmente la formas de su disolución y liquidación, a
través de la convocatoria de una Asamblea General, en los términos pre-
vistos en el artículo 459 de la Ley sustantiva laboral;empero, en cuanto a
sus causales de disolución, se remitió expresamente a las contempladas
en el citado artículo 459, es decir, a las de orden legal, toda vez que no
estableció “la inconsistencia numérica de su junta directiva” como
causal convencional de disolución del sindicato. Así se establece.
En ese sentido, advierte esta Sala que el punto a analizar en el caso sub
examine resulta estrictamente de orden jurídico; en consecuencia, la
calificación técnica del sindicato constituye un aspecto indisolublemen-
te ligado con los requisitos de ley para su registro, ya que cada tipo de
sindicato requiere de un número determinando de miembros para su
constitución –legitimidad–, que difiere del número de miembros de la
junta directiva –legalidad–.
Así las cosas, de la denominación Sindicato Único de Trabajadores de
la Empresa Albeca C.A. (SINTRAALBECA), se desprende que el mis-
mo funciona bajo la calificación de sindicato de empresa, cuya defini-
ción técnica está establecida en el artículo 417, de la Ley Orgánica del
Trabajo, en los siguientes términos: ‘Veinte (20) o más trabajadores
de una empresa podrán constituir un sindicato de empresa’. Asi-
mismo, el artículo 460 eiusdem, establece: “no podrá funcionar un
sindicato con un número menor de miembros de aquel que se requi-
rió para su constitución”.
En armonía con lo expuesto, deja sentado esta Sala que veinte (20) o más
trabajadores de una empresa podrán constituirse en un sindicato de empre-
sa, para lo cual deben presentar ante la Inspectoría del Trabajo competente,
a fin de obtener su inscripción, la copia de: acta constitutiva, estatutos so-
ciales y nómina de los miembros fundadores del sindicato –no miembros de
la junta directiva–, ello en aplicación de los artículos 420, 421, 422, 423, 424
y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que cumplidos dichos extre-
mos, el Inspector del Trabajo competente dentro de un lapso de treinta (30)
días siguientes a su presentación debe ordenar el registro solicitado, salvo
que encuentre una deficiencia, la cual debe ser notificada a la organización
gremial solicitante a efectos de su subsanación.
En ese sentido, ante la ausencia de uno de los precitados requisitos una
vez registrado el sindicato, constituyen un presupuesto de orden legal
para solicitar la disolución y liquidación del sindicato (véase literal a) del
artículo 459 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Por su parte, los artículos 26, 28, 30 y 31 de los estatutos del Sindicato
Único de Trabajadores de la Empresa Albeca C.A. (SINTRAALBE-
CA), establecen:
Artículo 26. La Junta Directiva del sindicato estará conformada por
un (1) Secretario General, un (01) Secretario de Organización, un Se-
cretario de Reclamos, un (01) Secretario de Finanzas, un (01) Secreta-
rio de Actas y Correspondencia, un (01) Secretario de Cultura y Pro-
paganda, un (01) Secretario de Deportes, y dos (2) vocales.
Artículo 28. Los integrantes de la Asamblea General, la Junta Directiva,
Comité Central y Tribunal Disciplinario, serán electos para períodos de
TRES (3) años, mediante elección universal, directa y secreta, y de acuer-
do con las disposiciones contenidas en los presentes Estatutos.
Artículo 30. Los Miembros de la Junta Directiva, los vocales y el Tribu-
nal Disciplinario serán electos por votación directa y secreta por la Asam-
blea General del Sindicato, pero los vocales no formarán parte sindical
del mismo, sino cuando sustituyan temporal o definitivamente a uno de
sus miembros principales según las siguientes condiciones (...).
(Omissis)
Artículo 31:
(Omissis)
CUANDO SE TRATE DE: Vacante de la Junta Directiva, será asumi-
do el(los) cargo(s) por el(los) Secretarios en orden jerárquico, y los
vocales asumirán los cargos vacantes restantes en la Junta Directiva
en orden de elección.
El citado articulado establece que la Junta Directiva del sindicato (SIN-
TRAALBECA) estará conformada por siete (7) miembros principales
y dos (2) vocales, elegidos mediante votación universal, directa y secre-
ta, y que las vacantes de algunos de sus miembros serán suplidas por
sus secretarios en el orden jerárquico de elección y los cargos subsi-
guientes por los vocales.
Ahora bien, en el caso sub examine se observa que la Junta Directiva del
Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Albeca C.A., (SINTRA-
ALBECA), en principio, se constituyó estatutariamente por siete miem-
bros a saber: un (1) Secretario General, un (01) Secretario de Organización,
un Secretario de Reclamos, un (01) Secretario de Finanzas, un (01) Se-
cretario de Actas y Correspondencia, un (01) Secretario de Cultura y
Propaganda, un (01) Secretario de Deportes, y dos (2) vocales.
No obstante lo anterior, por motivo de renuncia voluntaria de cuatro (4) de
sus miembros principales de la Junta Directiva, a saber: Secretario de Re-
clamos, Secretario de Cultura y Propaganda, Secretario de Deportes, Se-
cretario de Actas y Correspondencia y los dos (2) vocales; la organización
gremial (SINTRAALBECA), a través de su Secretario General –Sr. Án-
gel Márquez–, convocó a una asamblea general extraordinaria para el día
17 de febrero de 2007, cuyo punto único a tratar fue “Reestructuración de
la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa
Albeca C.A., (SINTRAALBECA) para ocupar provisionalmente los car-
gos que se encuentran vacantes”. (Folios 735).
Así las cosas, cursa –al folio 736– acta de asamblea general extraordi-
naria de fecha 17 de febrero de 2007, de cuyo contenido se desprende:
(...) Toma el derecho de palabra ÁNGEL MÁRQUEZ, quien se dirige
a los presentes informándoles que en vista de la renuncia de los
compañeros Edgar Camacho, Félix Medina, José Miquilena, Juan
Chávez, José Gregorio Hernández, Romel Rojas, quienes ocupaban
los cargos de Secretario de Reclamos, Secretario de Cultura y Propa-
ganda, Secretario de Deportes, Primer Vocal, Segundo Vocal y Secre-
tario de Actas y Correspondencia, respectivamente, puestos éstos
que se encuentran vacantes, y siendo que estamos reunidos en Asam-
blea General de trabajadores, constituimos la máxima autoridad del
Sindicato según lo establecido en los Estatutos en su Artículo 12,
pasamos a postular trabajadores que ocupen los respectivos cargos
mencionados. El Director del debate propone que postulen las per-
sonas que van a ocupar provisionalmente los cargos hasta que se
llamen a las elecciones y sean acordadas por el CNE, del período
correspondiente al año 2009, en vista que para ese año vence el
período para el cual fuimos elegido (sic) para ocupar los puestos en
la Directiva del Sindicato de Sintraalbeca, (...).
De la reproducción que antecede, se observa que el Secretario General
de la organización sindical (SINTRAALBECA), previo anuncio del
motivo de la asamblea, instó a la designación temporal –hasta el año
2009– de nuevos miembros de su Junta Directiva, toda vez que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) es el llamado a organizar las elecciones
en materia sindical; en consecuencia, mediante postulaciones aproba-
das por unanimidad por la Asamblea General de asociados, designaron
nuevos miembros de la Junta Directiva, remitiendo copia a la Inspecto-
ría del Trabajo de dicha reestructuración (folio 734).
Así las cosas, la Inspectora del Trabajo Jefe de los Municipios Autóno-
mos Valencia, Libertador, San Diego, Naguanagua, Carlos Arvelo, Be-
juma, Montalbán y Miranda del Estado Carabobo, mediante auto de fecha
14 de mayo de 2007, exhortó a la organización sindical –conforme a su
normativa interna a realizar elecciones de los cargos de la Junta Direc-
tiva vacantes, toda vez que la figura de la reestructuración no está pre-
vista en sus estatutos. (Folio 741).
En sintonía con lo expuesto, y en aplicación del artículo 28 de los esta-
tutos del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Albeca C.A.
(SINTRAALBECA), advierte la Sala que los miembros de la Junta Di-
rectiva serán electos por la Asamblea General de miembros mediante
elección universal, directa y secreta.
En este orden de ideas, los artículos 293, numeral 6, 95 y 96 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen:
Artículo 293. El Poder Electoral tiene por funciones:
(Omissis)
6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y
organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley.
Así mismo, podrán organizar procesos electorales de otras organiza-
ciones de la sociedad civil a solicitud de éstas, o por orden de la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Las corporaciones, enti-
dades y organizaciones aquí referidas cubrirán los costos de sus
procesos eleccionarios.
Artículo 95. Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción algu-
na y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a consti-
tuir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes
para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliar-
se o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas organizaciones no
están sujetas a intervención, suspensión o disolución administrati-
va. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos y protegidas
contra todo acto de discriminación o de injerencia contrario al ejerci-
cio de este derecho. Los promotores o promotoras y los o las inte-
grantes de las directivas de las organizaciones sindicales gozarán de
inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se
requieran para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y reglamen-
tos de las organizaciones sindicales establecerán la alternabilidad de
los y las integrantes de las directivas y representantes mediante el
sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las
directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios
derivados de la libertad sindical para su lucro o interés personal,
serán sancionados o sancionadas de conformidad con la ley. Los y
las integrantes de las directivas de las organizaciones sindicales es-
tarán obligados u obligadas a hacer declaración jurada de bienes.
Artículo 96. Todos los trabajadores y las trabajadoras del sector
público y del privado tienen derecho a la negociación colectiva
voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más
requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su
desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relacio-
nes colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las con-
vencio nes co lectivas amp aran a to d o s lo s trab aj ad o res y
trabajadoras activos y activas al momento de su suscripción y a
quienes ingresen con posterioridad.
El articulado transcrito, regula expresamente que el Poder Electoral debe
organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organi-
zaciones con fines políticos; que todo trabajador o trabajadora sin dis-
tinción alguna tiene derecho a constituir organizaciones sindicales para
la mejor defensa de sus derechos e intereses, mediante la participación
alternativa de los miembros de las juntas directivas y representantes a
través del sufragio universal, directo y secreto –libertad sindical–; y
que todo trabajador o trabajadora, tanto del sector público o privado,
tiene derecho a la negociación colectiva voluntaria y, a la celebración
de convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que los esta-
blecidos en la Ley –negociación colectiva–.
Como corolario a lo expuesto, deja sentado esta Sala que la ausencia de
miembros principales de la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabaja-
dores de la Empresa Albeca, C.A., (SINTRAALBECA), entre ellos, Se-
cretario de Reclamos, Secretario de Cultura y Propaganda, Secretario de
Deportes, Secretario de Acta y Correspondencia, y los dos (2) vocales,
deben ser suplidas mediante la designación de nuevos miembros electos de
manera universal, directa y secreta, bajo la organización –por mandato cons-
titucional– del Poder Electoral, ello en el marco de un sistema democrático,
alternativo, participativo y pluralista que garantice el derecho a la libertad
sindical y al paralelismo sindical previstos en nuestra Carta Magna, y en
resguardo de los derechos de los trabajadores afiliados, deben efectuarse
las elecciones de la Junta Directiva de la referida organización gremial, a
fin de garantizar su funcionamiento. Así se establece.
En tal sentido, advierte esta Sala que la “inconsistencia numérica de la
junta directiva”, fundamento del ad quem para declarar la disolución
del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa Albeca C.A. (SIN-
TRAALBECA), no constituye a la luz del artículo 459 de la Ley Orgáni-
ca del Trabajo, una causa de disolución y liquidación del sindicato, toda
vez que sostener lo contrario sería atentar contra la libertad sindical; en
consecuencia, el Juzgador de alzada incurrió en una errónea interpreta-
ción del artículo 459, por lo que se declara con lugar el presente Recurso
de Control de la Legalidad y se anula la sentencia recurrida.
Capítulo XVI
Partes y apoderados
1. Representación de litisconsorcio pasivo necesario
Partes: Johnny Torres contra Latinoamericana de la Cons-
trucción, S.A. (LATICON) y otra
(...) como acertadamente lo señala el impugnante, en el escrito de con-
testación se observa de las actas que conforman el expediente que el
ciudadano Jhonny Torres demandó a la empresa Latinoamericana de la
Construcción, S.A. (LATICON) como deudor principal y solidariamen-
te a la empresa Chevron Texaco Global Technology Services Company,
constituyendo tal circunstancia un litis consorcio pasivo necesario.
Igualmente se observó al folio 736 de la segunda pieza del expediente
que la abogada María Alejandra Ajes Castillo, apoderada judicial de la
empresa co-demandada, Chevron Texaco Global Technology Services
Company, reservándose su ejercicio, sustituyó el poder que le fue con-
ferido por la compañía anteriormente mencionada, a los abogados Noi-
ralith Chacín y José Hernández Ortega, es decir, a los apoderados
judiciales de la empresa demandada Latinoamericana de la Construc-
ción, S.A. (LATICON).
Por consiguiente, dicha sustitución reservada no puede considerarse de
ninguna manera como una renuncia del poder, por lo que con dicha sus-
titución la apoderada María Alejandra Ajes Castillo le transfirió a los
sustitutos la responsabilidad que le fue encomendada en principio, a sa-
ber, la de representar a la empresa Chevron Texaco Global Technology
Services Company en todo cuando directa e indirectamente estuviere
relacionado con la demanda judicial intentada por Jhonny Torres contra
las empresas Latinoamericana de la Construcción, S.A. y Chevron Texaco
Global Technology Services Company.
Obviamente, dicha sustitución con reserva del ejercicio, no le impedía a
la abogada María Alejandra Ajes Castillo, realizar cualesquiera actua-
ción dentro del proceso en representación de Chevron Texaco Global
Technology Services Company, y, solidariamente, en representación de
la empresa Latinoamericana de la Construcción, S.A., pues en virtud
del litis consorcio pasivo necesario la representación para contradecir
en juicio correspondía en conjunto a todos los apoderados judiciales de
las demandadas constituidos en la presente causa.
2. Responsabilidad entre el beneficiario y el contratista
Partes: José Rodolfo Hidalgo contra Perforaciones Delta
C.A. y PDVSA Petróleo y Gas S.A.
Ahora bien, en razón de la solidaridad establecida por la ley, entre el
beneficiario del servicio y el contratista, a los efectos del cumplimiento
con las obligaciones legales y contractuales de sus trabajadores, se ge-
nerará una especie de litis consorcio pasivo necesario entre las perso-
nas anteriormente mencionados –beneficiario y contratista– en caso de
interponerse una acción de reclamación de derechos laborales, propuesta
directamente contra el beneficiario del servicio; en razón de que la ac-
ción así planteada, acata los intereses tanto del beneficiario como del
contratista, por ser solidarios entre sí y, en consecuencia, deben ser
citados en forma conjunta a fin de que puedan desvirtuar o confirmar la
pretensión del accionante.
3. Efectos del litisconsorcio pasivo necesario
Partes: José Rodolfo Hidalgo contra Perforaciones Delta
C.A. y PDVSA Petróleo y Gas S.A.
Normas Citadas: LOT: Artículos 54, 55 y 56
Así pues, y por cuanto la responsabilidad solidaria prevista en los ar-
tículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, supone un litiscon-
sorcio pasivo necesario, los beneficios procesales de una codemandada
aprovechan a la otra. En tal sentido, siendo que Perforaciones Delta
C.A., y Pdvsa Petróleo y Gas, C.A., constituyen un litisconsorcio pasi-
vo, por efecto de la responsabilidad solidaria, en los términos previstos
en la Ley, los privilegios y prerrogativas de la República, otorgados a
esta última, también benefician y aprovechan a Perforaciones Delta,
C.A., a pesar de que no es una empresa del Estado; por ello, pese a su
incomparecencia a la audiencia de apelación, el recurso no puede te-
nerse como desistido, en virtud de que la decisión apelada podría afec-
tar directamente los intereses de la República.
Capítulo XVII
Privilegios y prerrogativas procesales
1. Asociaciones civiles
Partes: Nelis del Valle Reyes contra Instituto Nacional de
Cooperación Educativa (INCE MIRANDA)
Normas Citadas: LINCE: artículo 1; LAP: artículos 95, 97, 110,
111 y 112.
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Politicoadministrativa, en
sentencia Nº 298 de fecha 5 de marzo de 2008
(caso: Constructora El Milenio, C.A. contra la
Fundación Fondo Nacional de Transporte
Urbano “Fontur”).
Así las cosas, advierte esta Sala que el Instituto Nacional de Coopera-
ción Educativa (INCE), de conformidad con el artículo 1 de la Ley so-
bre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), tiene el
carácter de instituto autónomo, por lo que en aplicación de los artículos
95 y 97 de la Ley de Administración Pública, goza de los privilegios
procesales de la República. Así se establece.
Ahora bien, respecto al carácter extensivo de los privilegios procesales
de la República a las gerencias regionales creadas por el Instituto Na-
cional de Cooperación Educativa (INCE) mediante la figura de asocia-
ciones civiles, a las cuales se les aplicará lo previsto en los artículos
110, 111 y 112 de la Ley de Administración Pública, la Sala Politicoad-
ministrativa, en sentencia Nº 298 de fecha 5 de marzo de 2008 (caso:
Constructora El Milenio, C.A. contra la Fundación Fondo Nacional
de Transporte Urbano “Fontur”) estableció:
Las normas antes transcritas regulan qué debe entenderse por fun-
daciones del Estado, así como lo referente a su creación, obligatorie-
dad de publicación de sus documentos y la legislación que las rige,
no consagrándose norma alguna en cuanto a que éstas gocen de los
privilegios y prerrogativas de la República, como sí lo hace dicho
texto legal respecto de los Institutos Autónomos; por tanto, tal como
indicara la parte demandante, “una fundación del Estado no es igual
a los Institutos Autónomos”, los cuales a tenor de lo previsto en el
artículo 97 de la Ley in commento, sí gozan de las mismas prerrogati-
vas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distri-
tos metropolitanos o los municipios.
En efecto, si bien la Ley Orgánica de Administración Pública consa-
gró la aplicación de los privilegios procesales a entes distintos a la
República, como es el caso de los Institutos Autónomos, la men-
cionada normativa no hizo extensivo dicho privilegio a las Funda-
ciones del Estado.
De igual forma, la representación judicial de “FONTUR” alegó que su
representada goza de los mismos privilegios de la República, funda-
mentándose para ello en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 13, 14,
15 y 18 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional; no obstan-
te, se advierte que tales disposiciones en modo alguno van referidas
a las Fundaciones del Estado, sino que regulan situaciones en las
cuales “la Nación” o la República sea parte o intervenga en juicios,
así como la actuación de los tribunales en esos supuestos.
Por tanto, resulta forzoso desestimar el alegato formulado por la par-
te demandada respecto a que la Fundación Fondo Nacional de Trans-
porte Urbano “FONTUR”, goza de los privilegios y prerrogativas

otorgados por ley a la República. Así se declara.
Extrapolando el criterio jurisprudencial expuesto al caso bajo análisis, la
Sala observa que no está regulada mediante Ley la extensión de los
privilegios procesales de la República para las fundaciones, asociacio-
nes y sociedades civiles del Estado, toda vez que su conformación y
régimen legal es de derecho privado. Así se establece.
En armonía con las precedentes consideraciones, sostiene la Sala que
las asociaciones civiles del Estado no gozan de los privilegios procesa-
les conferidos por ley a la República; en consecuencia, aunque en el
marco de la otrora Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del
Trabajo resultaba obligatorio el antejuicio administrativo de las deman-
das contra la Nación –criterio atemperado con la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (véase sentencia 989 del 17 de
mayo de 2007)–, no es menos cierto, que dada la condición del sujeto
demandado en la presente causa, vale decir, Asociación Civil Ince Mi-
randa, no constituye un presupuesto de admisibilidad de la demanda, el
agotamiento de la vía administrativa.
2. Desistimiento de la apelación de entes que gozan de
privilegios y prerrogativas procesales de la República
Partes: Norberto Ortigoza Rodríguez contra PDVSA Pe-
tróleo y Gas, S.A.
Normas Citadas: CRBV: artículo 49; LOPT: artículos 12 y 164;
LHPN: artículos 1, 6 y 9;
Reitera: Criterio establecido en sentencia Nº 553 de fecha
30 de marzo de 2006 (caso: Reina de Álvarez y
otros contra Alcaldía del Municipio Iribarren
del Estado Lara)
El punto medular en el caso sub examine deviene en determinar la
aplicación de los artículos 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
y 6 de la Ley de Hacienda Pública Nacional, a la sociedad mercantil
demandada Pdvsa Petróleo y Gas, S.A., con el objeto de enervar el
efecto procesal del desistimiento del recurso de apelación.
Por su parte, las normas delatadas establecen:
Artículo 12. En aquellos procesos en los cuales se encuentren invo-
lucrados los derechos, bienes o intereses patrimoniales de la Repú-
blica, los funcionarios judiciales deben observar los privilegios y
prerrogativas consagrados en leyes especiales.
Artículo 6. Cuando los apoderados o mandatarios de la Nación no
asistan al acto de la contestación de demandas intentadas contra
ellas, o de excepciones que hayan sido opuestas, se tendrán unas y
otras como contradichas en todas sus partes, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que la omisión apareja al representante del Fisco.
El articulado transcrito regula que en aquellos juicios donde se encuen-
tran involucrados los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la
República, los funcionarios públicos deben observar los privilegios pro-
cesales de la República; asimismo, en caso de que los apoderados judi-
ciales de la Nación no asistan al acto de contestación de la demanda
ésta se considera contradicha.
En este mismo sentido, esta Sala en sentencia Nº 553 de fecha 30 de
marzo de 2006 (caso: Reina de Álvarez y otros contra Alcaldía del
Municipio Iribarren del Estado Lara) estableció:
El artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo conmina a los
funcionarios judiciales (extensible a los Jueces) a acatar sin restric-
ción alguna los privilegios y prerrogativas de la República, siempre
que ésta tenga algún interés patrimonial discutido en juicio que pu-
diera resultar afectado, lo cual, por remisión del artículo 102 de la Ley
Orgánica de Régimen Municipal, debe hacerse extensible a los Muni-
cipios, disposición legal esta última que dispone:
(Omissis)
Por su parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública
Nacional, aplicable también por remisión del artículo 102 de la Ley
Orgánica del Régimen Municipal, dispone:
Se consultará con el Tribunal Superior competente toda sentencia
definitiva dictada en juicio en que sea parte el Fisco Nacional, salvo
disposiciones especiales.
Ahora bien, el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
establece expresamente la consecuencia jurídica de la incomparecen-
cia del apelante a la audiencia oral y pública de apelación en el proce-
dimiento de segunda instancia, en los siguientes términos:
(Omissis)
De las normas anteriormente transcritas se puede concluir que, a
pesar de la naturaleza absoluta y coercitiva de la comparecencia del
apelante a la audiencia oral y pública de apelación, cuando dicha
parte (apelante) se trate de un ente Público (...), el Juez de alzada, a
pesar de constatar su incomparecencia, no debe aplicar mecánica-
mente el efecto jurídico propio de la no asistencia del apelante a
dicha audiencia, como lo es el desistimiento del recurso, sino que
debe necesariamente decidir el fondo de la controversia conforme a
los alegatos y defensas probados en autos, todo ello en razón de la
consulta que tiene en estos casos la decisión de primera instancia.
Del extracto jurisprudencial transcrito se advierte que constituye crite-
rio de esta Sala de Casación Social, que a pesar de la naturaleza abso-
luta y coercitiva de la comparecencia del apelante a la audiencia oral y
pública de apelación, cuando la parte apelante se trate de un ente Públi-
co, el Juez de alzada, a pesar de constatar su incomparecencia, no debe
aplicar mecánicamente el efecto jurídico propio del desistimiento del
recurso, sino que debe necesariamente decidir el fondo de la controver-
sia conforme a los alegatos y defensas probados en autos, todo ello en
razón de la consulta obligatoria que tiene en estos casos la decisión de
primera instancia.
(...)
En sintonía con lo expuesto, advierte esta Sala que, constituye criterio
reiterado que la sociedad mercantil PDVSA Petróleo y Gas, S.A., os-
tenta el carácter de empresa pública del Estado, toda vez que su capital
accionario está suscrito por la República Bolivariana de Venezuela; en
consecuencia, goza de los privilegios procesales de la Nación, ello en
sujeción a los artículos 1, 6 y 9 de la Ley de Hacienda Pública Nacional;
12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En este orden de ideas, la Sala considera que el Juez de Alzada, al no
otorgar los privilegios procesales a la sociedad mercantil demandada,
independientemente de la naturaleza injustificada de la incomparecen-
cia de su representante legal a la audiencia de “lectura del dispositi-
vo” –ya que el Estado venezolano, no puede soportar en su patrimonio
la negligencia de sus apoderados judiciales–, desconoció el espíritu de
las normas denunciadas como infringidas, incurriendo en una falta de
aplicación de los artículos 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
y 6 de la Ley de Hacienda Pública, toda vez que si el sentenciador
hubiese interpretado correctamente el dispositivo legal denunciado como
infringido, no hubiera declarado desistida la apelación; en consecuen-
cia, aplicó falsamente el artículo 164 de la Ley adjetiva laboral.
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala de Casación Social
considera que la sentencia recurrida está incursa en la infracción de ley
aducida por la parte recurrente; en consecuencia, declara nulo el fallo
impugnado, emanado del Tribunal Segundo Superior para el Régimen
Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropo-
litana de Caracas, de fecha 14 de junio del 2007 y, como quiera que el
Juzgado de Alzada no se pronunció sobre el fondo de la causa, en suje-
ción al principio de la doble instancia, esta Sala considera pertinente
reponer la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte com-
petente, de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica Proce-
sal del Trabajo, fije el día y la hora para la celebración de la audiencia
oral y pública con motivo del recurso de apelación interpuesto por la
representación judicial de la parte demandada. Así se decide.
Capítulo XVIII
Procedimiento en instancia conforme
a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
1. Generalidades
1.1 Acumulación de autos o procesos
Partes: Marlene Coromoto Medina Escalante contra CVG
Electrificación del Caroní (EDELCA)
Motivo: Cobro de indemnización por accidente de trabajo,
daño moral y lucro cesante
Confirma: Criterio establecido por esta Sala de Casación
Social en la sentencia Nº 1069, de fecha 22 de
junio de 2006
Normas citadas: LOPT: artículos 11 y 49; CPC: artículos 48, 51,

52, 79, 80 y 81
Finalmente, quiere acotar la Sala que en el caso sub examine puede
darse, a instancia de parte, una acumulación de autos o procesos –
acumulación sucesiva de pretensiones–, siendo pertinente al respecto
tomar en consideración lo establecido por esta Sala de Casación So-
cial en la sentencia Nº 1069, de fecha 22 de junio de 2006, la cual
dispuso lo siguiente:
(...) el artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo no regula
la institución de la acumulación de autos o procesos, sino una
acumulación impropia o intelectual que permite resolver en un mis-
mo juicio y, con una sola decisión, pretensiones incoadas por dis-
tintos sujetos, con objetos y causas diferentes, teniendo como
conexión únicamente la afinidad de la cuestión jurídica a resolver-
se, y coincidiendo el sujeto pasivo de la pretensión (unicidad de
patrono), pero tal acumulación debe realizarse ab initio y por vo-
luntad de los sujetos accionantes.
Por su parte, el Código de Procedimiento Civil sí establece una regu-
lación expresa respecto a la institución de la acumulación sucesiva
de pretensiones, pero a diferencia de la legislación adjetiva especial
del trabajo –la cual, como se dijo, sólo regula una acumulación ini-
cial–, exige como requisito la existencia de una conexión objetiva
entre las pretensiones que se hacen valer en los diferentes procesos,
y sólo procede a instancia de parte mediante la solicitud que se haga
ante el juez para que proceda a la acumulación de causas cuando
exista entre ellas una relación de accesoriedad (artículo 48), de conti-
nencia (artículo 51), o de conexidad genérica en los términos del
artículo 52 del Código de Procedimiento Civil; de modo que la acu-
mulación de procesos procederá, en estos casos, cuando haya que-
dado firme la decisión del juez que declare la accesoriedad, conexión
o continencia de las causas (artículo 79), siempre que las mismas se
encuentren pendientes ante tribunales distintos, y cuando cursen
ante el mismo tribunal, una vez que el juez decida la acumulación –
previa solicitud de parte, y después de haber realizado el examen
pertinente sobre los autos (artículo 80)–.
En virtud de esto, se observa que la acumulación de autos o procesos
en materia laboral debe realizarse de conformidad con las normas
del Código de Procedimiento Civil, las cuales deben aplicarse ana-
lógicamente por disposición del artículo 11 de la Ley Orgánica Pro-
cesal del Trabajo y, en consecuencia, sólo procede a instancia de
parte. Sin embargo, no pudiendo aplicarse las normas de Derecho
común en contravención de los principios fundamentales estableci-
dos en la ley adjetiva especial del trabajo, la acumulación sucesiva
en esta materia puede realizarse aún en los casos en que no exista
una conexión objetiva entre las causas –por identidad total o parcial
del objeto o del título–, bastando que pueda establecerse una co-
nexión intelectual o impropia entre las pretensiones, derivada de la
similitud o igualdad en el tratamiento jurídico que reclaman los
distintos casos, lo cual resulta de una interpretación integradora de
las normas que rigen esta institución en el Derecho común, y la
disposición especial del artículo 49 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo. (Resaltado de la Sala).
En consecuencia, no le es dable a los jueces de instancia proceder de
oficio al realizar la acumulación de autos o procesos, ya que sólo proce-
de a instancia de parte, para lo cual deben observarse las limitaciones
establecidas en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto
sean aplicables, es decir, no podrá acordarse la acumulación cuando no
estuvieren en la misma instancia los procesos; cuando se trate de pro-
cesos que cursen en tribunales ordinarios en lo civil o mercantil a otros
procesos que cursen en tribunales especiales; cuando las cuestiones
deban resolverse mediante procedimientos incompatibles; cuando en uno
de los procesos ya hubiere vencido el lapso de promoción de pruebas –
lo que no excluiría la acumulación cuando en ambos se hubiere sustan-
ciado el proceso–, y cuando no estuvieren citadas las partes para la
contestación de la demanda en todos los juicios.
2. Audiencia preliminar reitera
2.1 Incomparecencia del actor. Efecto jurídico del desistimiento
Partes: Mary Isaury Gomes Da Conceicao contra Aso-
ciación Civil Club Campestre Paracotos
Las denuncias que versan sobre la declaratoria del desistimiento del

procedimiento como consecuencia jurídica de la incomparecencia de la
parte demandante a la primigenia audiencia preliminar, no constituyen
objeto de revisión por el presente recurso, pues es de la soberana apre-
ciación de los jueces de instancia evaluar si la incomparecencia de la
parte se debió a motivos justificados, bien por caso fortuito, fuerza ma-
yor o una causa extraña no imputable.
Ahora bien, el efecto jurídico del desistimiento del procedimiento es la
terminación del proceso iniciado por la extinción de la instancia, sin que
tal declaratoria implique la renuncia de la acción ejercida.
De tal forma, la acción puede volver a ser intentada una vez transcurri-
dos noventa días continuos, contados a partir de la declaratoria del de-
sistimiento, entre las mismas personas y por los mismos motivos, sin que
pueda objetarse la consolidación de la cosa juzgada, todo ello, a tenor de
lo dispuesto en el Parágrafo Primero del artículo 130 de la Ley Orgáni-
ca Procesal del Trabajo.
2.2 Oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar
Partes: Diolys Vanessa Dona Aguilera y otra contra Cons-
trucciones Viga, C.A.
Motivo: Cobro de prestaciones sociales, indemnización por
accidente de trabajo, daño moral y lucro cesante
De la lectura del artículo 128 supra transcrito, se entiende que el legis-
lador estableció que la celebración de la audiencia preliminar debe rea-
lizarse al décimo día hábil siguiente a la constancia en autos de la
notificación de la parte demandada.
Por tanto, si bien en el presente caso la parte demandada ya había sido
notificada del procedimiento iniciado en su contra, es decir, ambas par-
tes se encontraban a derecho para el momento en que el Juzgado Sép-
timo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas recibió el
expediente para fijar la oportunidad de una nueva audiencia preliminar,
en estricto cumplimiento a la orden de reposición proferida por la Alza-
da, ello no era óbice para que no se respetara el término de los diez (10)
días hábiles impuesto por el legislador para la celebración de la audien-
cia preliminar prevista en el mencionado artículo 128, conforme con el
referido principio procesal de legalidad de los actos procesales a que se
hizo referencia anteriormente.
De allí, aprecia la Sala, que ante tal proceder se incurrió en el quebran-
tamiento de formas sustanciales de los actos que le menoscabaron el
derecho a la defensa de la parte demandada, así como el debido proce-
so, al haberse celebrado la audiencia preliminar anticipadamente, inob-
servándose el término para su realización previsto en la Ley, lo que
conllevó a que ésta –la demandada– que no asistiera al referido acto y
por ende se le aplicara la consecuencia jurídica procesal prevista en el
artículo 131 de la Ley Adjetiva Laboral.
2.3 Efecto de la no consignación de la contestación de la demanda
Partes: Daniel Alfonso Pulido Castor contra Transportes
Especiales A.R.G. de Venezuela, C.A.
Reitera: Doctrina establecida en sentencias de 14 de octu-
bre del año 2005 (caso: Gustavo Enrique Durán
contra Licorería El Llanero, C.A.) y de 15 de oc-
tubre del año 2004 (caso Ricardo Alí Pinto Gil con-
tra Coca-Cola Femsa de Venezuela, S.A.).
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional de este alto
Tribunal, de fecha 8 de abril del año 2006 (caso:
Víctor Sánchez Leal y Renato Olavarría Álvarez)
En efecto, el tribunal de primera instancia, después de haber recibido el
expediente, subvirtió el procedimiento al no admitir las pruebas y no
permitir la celebración de la audiencia de juicio donde las partes pudie-
ran controlar las pruebas de la contraria.
Con tal proceder, el Tribunal de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado
Táchira subvirtió gravemente el orden procesal, lo cual conllevó a que
el tribunal superior tuviera como reconocido unos instrumentos probato-
rios que no fueron controlados en el proceso.
Por tanto, la alzada debió observar tal irregularidad que afecta el orden
público y dar así cumplimiento al artículo 206 del Código de Procedi-
miento Civil que lo obligaba a reponer la causa al estado de seguir los
trámites de admisión de prueba y la subsiguiente celebración de la au-
diencia pública a efectos de la evacuación de las pruebas y el control de
la misma, la cual únicamente podría hacerse en la audiencia de juicio,
como así fue asentado en sentencia emanada por esta Sala de Casación
Social en fecha 14 de octubre del año 2005 (caso: Gustavo Enrique
Durán contra Licorería El llanero, C.A.).
(...)
Ahora bien, es necesario señalar que ciertamente el artículo 135 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece, en su último párrafo, que
si el demandado no diera contestación a la demanda dentro del lapso
indicado en dicha norma (dentro de los 5 días siguientes después de
concluida la audiencia preliminar), se le tendrá por confeso, en cuanto
no sea contraria a derecho la petición del demandante, caso en el cual
el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución remitirá de inmediato
el expediente al Juez de Juicio, quien procederá a sentenciar la causa,
sin más dilación, dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo del
expediente, ateniéndose a la confesión del demandado.
Así pues, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece sanciones a
la parte demandada, ya sea la por incomparecencia de ésta a la au-
diencia preliminar o a la audiencia de juicio, así como por la contuma-
cia al no dar contestación a la demandada, según sea el caso, lo sanciona
con la admisión de los hechos, o con la confesión en relación a los
hechos demandados en cuanto no sea contraria a derecho la petición
del demandante.
Ahora bien, cuando el supuesto contenido en el último párrafo del artí-
culo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se verifique en un
determinado caso y se proceda, como lo ordena dicha norma, a la remi-
sión del expediente al tribunal de juicio competente para que decida la
causa, debe entenderse que se fijará el día y la hora para la celebración
de la audiencia oral y pública de juicio, para que las partes puedan con-
trolar las pruebas aportadas por la contraria, pues es esta la única opor-
tunidad para dicho control, dándose así de esta manera fiel cumplimiento
a lo establecido por la Sala de Casación Social en sentencia de fecha 15
de octubre del año 2004 (caso Ricardo Alí Pinto Gil contra Coca-Cola
Femsa de Venezuela, S.A.).
a) Incomparecencia del demandado a la primigenia audiencia
preliminar
De tal manera, si la incomparecencia del demandado es a la primigenia
audiencia preliminar, se produce una admisión de los hechos de carác-
ter absoluto (presunción juris et de jure) que no admite prueba en con-
trario, sin que el contumaz cuente con la posibilidad de desvirtuar la
confesión de admisión, sino la de enervar la acción por no estar ésta
amparada por la ley o la pretensión bajo la afirmación de que es contra-
ria a derecho, en cuyo caso el Juez de Sustanciación, Mediación y Eje-
cución debe decidir inmediatamente en forma oral en cuanto la petición
no sea contraria a derecho, reduciendo la sentencia a un acta que ela-
borará el mismo día, o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
b) Incomparecencia del demandado a la prolongación de la au-
diencia preliminar
Por el contrario, si la incomparecencia del demandado surge en una de
las prolongaciones de la audiencia preliminar o no da contestación a la
demanda, la admisión de los hechos reviste un carácter relativo (pre-
sunción juris tantum) que admite prueba en contrario, debiendo el Juez
de Sustanciación, Mediación y Ejecución dejar constancia de la situa-
ción acaecida (incomparecencia a la prolongación de la audiencia preli-
minar o falta de contestación a la demanda), e incorporando las pruebas
promovidas al expediente, y remitiéndolas inmediatamente al juez de
juicio, a los fines de su admisión y evacuación, quien una vez concluido
el lapso probatorio verificará el cumplimiento de los requisitos para que
la confesión ficta sea declarada, referidos a si la petición del deman-
dante no es contraria a derecho y que el demandado no haya probado
nada que le favorezca.
Tal criterio de la Sala de Casación Social fue sustentado por la Sala Cons-
titucional de este alto Tribunal en sentencia de fecha 8 de abril del año
2006 (caso: Víctor Sánchez Leal y Renato Olavarría Álvarez), cuando al
conocer sobre la nulidad del artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo, estableció que en el ámbito laboral, la presunción de confesión
por la ausencia de contestación de la demanda conlleva a la inmediata
decisión de fondo por parte del Juzgado de Juicio, en cuanto no sea con-
traria a derecho la petición del demandado y de allí que se pase directa-
mente a la decisión de fondo, mas no implica que los argumentos y pruebas
aportadas hasta el momento no puedan valorarse para tomar la decisión
de fondo. En consecuencia, la atención a la confesión ficta del demanda-
do ante la ausencia de la contestación de la demanda laboral debe inter-
pretarse en el sentido de que se tenga en cuenta que, en esa oportunidad
procesal, el demandado no compareció y, por ende, no contradijo expresa
y extendidamente los argumentos del demandante, no así que los elemen-
tos de juicio que consten hasta el momento en autos, fundamentalmente
los que hubieran sido expuestos en la audiencia preliminar, no puedan
tomarse en consideración. (Subrayado de la Sala).
Consecuente con los criterios jurisprudenciales precedentemente ex-
puestos, se estima que si en la audiencia preliminar se consignan ele-
mentos probatorios respecto de los hechos que fundamentan la demanda,
los mismos deben valorarse al momento de la decisión de juicio, con
independencia de que hubiere operado la confesión ficta por falta de
contestación a la demanda, pues el control de dichas pruebas debe rea-
lizarse, siendo la única oportunidad la audiencia oral y pública de juicio,
previo pronunciamiento sobre la admisión de las pruebas, de lo contra-
rio, implicaría obviar la oportunidad procesal para la admisión y evacua-
ción de las pruebas.
2.4 Citación presunta
Partes: Augusto Santiago Manzo Atencio contra Petró-
leos de Venezuela, S.A.
Reitera: Criterio establecido en sentencia de fecha 6 de octu-
bre de 2005 (caso: María Ynés Hernao Giorgetti
contra Croissant Chocolate Chip Cookies, C.A.).
El recurrente denuncia la infracción de ley cometida por el Sentenciador
de Alzada, al aplicar el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil.
(...)
Respecto a este alegato relacionado con la citación, resulta necesa-
rio transcribir el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, el
cual dispone:
Artículo 216. La parte demandada podrá darse por citada personalmen-
te para la contestación, mediante diligencia suscrita ante el Secretario.
Sin embargo, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado
antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han
estado presentes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte
desde entonces para la contestación de la demanda, sin más formalidad.
Dicha norma establece que, si antes de la citación, la parte o su apode-
rado han realizado alguna diligencia en el proceso o han estado presen-
tes en un acto del mismo, se entenderá citada la parte desde entonces.
(...)
Es el caso que en fecha 26 de abril de 2007, dicho Juzgado de Sustan-
ciación, Mediación y Ejecución, procedió a revocar por contrario impe-
rio el auto de admisión de la demanda, ordenó la reposición de la causa
al estado de pronunciarse sobre su admisión e inmediatamente dictó
decisión en la cual declaró la inadmisibilidad de la demanda y ordenó el
cierre y archivo del expediente, por considerar que al haber solicitado el
demandante copias simples en la presente causa, tal y como consta en
el referido recibo de cancelación que riela al folio 14, tal actuación sig-
nificó una diligencia en el proceso, materializándose la notificación táci-
ta o preseunta.
Ahora bien, el Juez de la recurrida, a fin de considerar al “RECIBO DE
CANCELACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS” como acto
que cumple con el presupuesto de la notificación presunta del actor, fun-
damenta su decisión en la sentencia de esta Sala de Casación Social, de
fecha 6 de octubre de 2005, (caso: María Ynés Hernao Giorgetti contra
Croissant Chocolate Chip Cookies, C.A.), en la que se estableció:
De lo expuesto puede concluirse que en el caso de la notificación
expresa de quien tuviere mandato para ello, no exige expresamente el
legislador que el secretario certifique tal actuación de la parte de-
mandada y ello se entiende si se toma en consideración la finalidad
que persigue la certificación por parte de tal funcionario de la realiza-
ción de la notificación en sus otras modalidades, ya sea mediante
cartel, por medios electrónicos o por correo con aviso de recibo –
artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo– , puesto que en
el caso de estas tres últimas formas de notificación, ésta se materia-
liza fuera del expediente, puesto que en el caso del cartel, éste es
fijado en la sede de la empresa, entregándose una copia del mismo en
la Secretaría o en la oficina receptora de correspondencia de la accio-
nada, por lo que resulta absolutamente necesario, a los fines de que
exista certeza jurídica de la realización de tan importante acto proce-
sal que el funcionario correspondiente certifique en el expediente su
efectiva realización, a los fines de que no exista duda del momento en
que deberá comenzar a computarse el lapso para la celebración de la
audiencia preliminar y lo mismo ocurre en los casos de notificación
por medios electrónicos o por correo con aviso de recibo.
No obstante lo anterior, en el caso específico de la notificación ex-
presa, el legislador no exige tal requisito de índole procesal, por cuan-
to la persona que tiene mandato para ello se da por notificada en el
mismo expediente que contiene la causa, ya sea mediante escrito o
diligencia. En el caso del escrito, consta en el expediente la fecha de
su recepción, mediante comprobante de recepción de documento
emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos
del Circuito Judicial correspondiente, y en el caso de que se haga a
través de una diligencia, aparte del referido auto de recepción, ésta
está suscrita por la diligenciante y por la secretaria del Juzgado res-
pectivo, por lo que exigir, además, una certificación por parte del
secretario del Tribunal en estos casos resulta innecesario, puesto
que consta en autos la notificación de la parte accionada y la oportu-
nidad de su realización, por lo que no debe existir duda con relación
al momento en que debe comenzar a computarse el lapso para la
celebración de la audiencia preliminar. (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, en la decisión parcialmente transcrita, la Sala explica que
en la notificación expresa, el legislador no exige el requisito de índole
procesal, consistente en la certificación del Secretario del Tribunal, por
cuanto la persona que se da por notificada en el mismo expediente que
contiene la causa, lo realiza mediante escrito o diligencia, actuaciones
éstas que deben ir suscritas por el Secretario del Tribunal, por lo que no
requiere más certificación.
Así las cosas, en el caso sub iudice, se discute si el “RECIBO DE
CANCELACIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS” puede
considerarse como una diligencia del proceso, tal como lo establece la
norma denunciada como infringida. En este sentido se evidencia, que
dicho instrumento no es una actuación de la parte o su apoderado, sino
un recibo de pago, el cual no se encuentra suscrito por el Secretario del
Tribunal, por lo que esta Sala considera que no se trata de una actua-
ción procesal.
3. Audiencia de juicio
3.1 Incomparecencia del demandado
Partes: José Ignacio Gómez Márvez contra Agropecuaria
Foata Sánchez, S.A.
Referencia
Jurisprudencial: Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia Nº 810 de fecha 18 de abril
del año 2006 con ponencia del Magistrado Pedro
Rafael Rondón Haaz
Normas citadas: LOPT: artículos 151
(...) tramitado el procedimiento en su fase de sustanciación y media-
ción, sin que se lograra la conciliación entre las partes, fue remitido el
expediente al tribunal de juicio, a fin de que éste fijara la audiencia
pública y contradictoria, la cual fue celebrada en fecha 06 de febrero
del año 2007. En dicha audiencia se dejó constancia de la incompare-
cencia de la parte demandada por sí o por medio de sus apoderados,
originándose por consiguiente la consecuencia jurídica contemplada en
el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
(...)
Como se puede observar, el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo preceptúa, como sanción procesal la figura de la confesión
por la negligencia del demandado, al no comparecer a la audiencia de
juicio. En tal caso, se dispone que el Juez deba sentenciar en la misma
audiencia, en forma oral, teniendo en cuenta lo dicho y la procedencia
en derecho o no de la petición del demandante.
Sobre el particular, esta Sala estima necesario transcribir el criterio de la
Sala Constitucional de este alto Tribunal respecto al artículo 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual se hace de la siguiente manera:
Ahora bien, no considera la Sala que exista violación al derecho a la
defensa y al debido proceso, al menos en los términos en que lo
alegó la parte actora, pues no comparte la interpretación que la mis-
ma hace del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Así, en primer lugar, no es cierto que si opera la confesión ficta del
demandado en la audiencia de juicio haya que dar la razón al deman-
dante porque habrá de decidirse la causa con base en dicha confe-
sión. En efecto, teniendo en cuenta la confesión ficta del demandado
quiere decir que no se ignore que a esa audiencia de juicio, la cual es
ciertamente el “elemento central del proceso laboral” –tal como
expresa la Exposición de Motivos de la Ley– y en la que se recogen
oralmente los argumentos de las partes y se evacuan las pruebas a
que haya lugar, no compareció la parte demandada, quien, por tanto,
no evacuó prueba alguna ni se opuso a las que hubiera evacuado la
contraparte. Esa ausencia de pruebas equivale, en la mayoría de los
casos, a la admisión tácita de los hechos, pues recuérdese que, de
conformidad con los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo, la ausencia de rechazo expreso y motivado de los argu-
mentos de la demanda, así como la ausencia de pruebas de los he-
chos que se contradicen, equivalen a la admisión de los mismos.
Por tanto, la decisión de la causa, teniendo en cuenta la contumacia
del demandado que no compareció a la audiencia de juicio implica, en
definitiva, que el juez falle, sin más, conforme a lo que se alegó y
probó en el proceso hasta ese momento y en consideración a las
consecuencias jurídicas de la falta de pruebas en perjuicio de quien
soporta la carga probatoria.
A ello ha de agregarse que la propia norma (artículo 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo) dispone que el Tribunal de Juicio deci-
dirá de inmediato teniendo en cuenta la confesión ficta “en cuanto sea
procedente en derecho la petición del demandante”, esto es, siempre
que a la pretensión objeto de la demanda la Ley efectivamente otorgue
las consecuencias jurídicas que la parte actora solicita sean declara-
das por el Juez y siempre que, además, los hechos alegados se hayan
comprobado como verdaderos, bien mediante las pruebas que hubie-
ran sido aportadas por la demandante, bien como consecuencia de la
ausencia de pruebas de la demandada, según a quien corresponda la
carga probatoria. De manera que la decisión según la procedencia en
derecho de la petición de la actora impide que, ante la contumacia del
demandado haya que estimar, de pleno derecho, la demanda; antes por
el contrario, si dicha pretensión no es conforme a derecho, no podrá
estimarse con independencia de que haya operado o no la confesión
ficta. En consecuencia, mal puede interpretarse la norma en el sentido
de que sentenciar teniendo en consideración la confesión ficta del
demandado en la audiencia de juicio equivale a que se juzgue a favor
de la parte demandante, quien en modo alguno queda relevada de su
carga de adecuada alegación y prueba.
En segundo lugar, tampoco es cierto que la presunción de confesión
del demandado en la audiencia de juicio impida al juez que aprecie,
cuando sentencie el fondo, los elementos probatorios que hasta el
momento consten en autos. En efecto, lo que la norma preceptúa es
que si opera la confesión ficta en la audiencia de juicio, la causa se
decidirá de inmediato, teniendo en cuenta que se trata de la última
fase del proceso y que, además, se informa de los principios de ora-
lidad e inmediación. No obstante, esa decisión inmediata no implica
que, en su sentencia, el juez no pueda tomar en cuenta los elementos
de juicio que consten en autos, que hayan sido plasmados en cada
una de las etapas procesales anteriores por ambas partes; antes por
el contrario, el juez deberá, sin perjuicio de la rapidez con que se debe
emitir la decisión, tener en cuenta todos los argumentos y pruebas
que hasta el momento consten en autos.
Evidentemente, el carácter oral de esa oportunidad procesal y la ne-
cesidad de que la sentencia definitiva se pronuncie de inmediato en
la misma audiencia, exigirá del juez de la causa el estudio exhaustivo
del expediente antes del inicio de la audiencia de juicio, precisamente
para que, cuando ésta se sustancie, si comparecen ambas partes, o
bien cuando opere la confesión ficta por ausencia de la demandada,
pueda fallar de inmediato, bajo la consideración de los elementos de
juicio del expediente y las resultas de la audiencia.
En todo caso, y de conformidad con el propio artículo 151 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo, el demandado que no comparezca a
la audiencia de juicio tendrá siempre la posibilidad de alegar y pro-
bar la verificación de alguna causa justificativa de su incompare-
cencia, como el caso fortuito o fuerza mayor, de interpretación in
extenso y a criterio del Tribunal, tal como ya antes se expuso. (Sen-
tencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº
810 de fecha 18 de abril del año 2006 con ponencia del Magistrado
Pedro Rafael Rondón Haaz).
Pues bien, consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala de
Casación Social pasa de seguidas a decidir el asunto, tomando en consi-
deración la confesión ocurrida como consecuencia de la incomparecen-
cia de la parte demandada a la audiencia de juicio.
4. Terminación del proceso
4.1 Oportunidad para solicitar aclaratoria
Partes: Jan Cristian Castro Bell contra Bahías Altamira,
C.A. y otra
Confirma: Criterio establecido en sentencia de fecha 13 de
julio de 2000
Ahora bien, como reiteradamente ha señalado esta Sala de Casación So-
cial, el alcance de la aclaratoria y ampliación de una decisión es para
aclarar puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de
copia, de referencias o de cálculos numéricos, pero nunca para revocar o
reformar las sentencias a través del conducto de dichas aclaratorias y
ampliaciones o para resolver asuntos ajenos al recurso decidido, y que el
lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de las sentencias emanadas
de este Alto Tribunal, es el establecido en el artículo 252 del Código de
Procedimiento Civil, el cual, textualmente señala: “Después de pronun-
ciada la sentencia definitiva, la interlocutoria sujeta a apelación no
podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar puntos
dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de
referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto
en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días des-
pués de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y
ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publi-
cación o en el siguiente” (Subrayado de la Sala).
También debemos señalar, lo que esta Sala de Casación Social expresó
en fecha 13 de julio de 2000, al señalar lo siguiente:
“En abundancia, debe señalar esta Sala que el lapso para solicitar
aclaratoria o ampliación de las sentencias emanadas de este Alto
Tribunal es el establecido en el citado artículo 252 del vigente Códi-
go de Procedimiento Civil el cual textualmente señala:
(...)
Es por lo antes expuesto que esta Sala constata que el escrito pre-
sentado por la parte actora resulta extemporáneo, por cuanto el crite-
rio para ampliar el lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de la
sentencia, sentado por esta Sala en fecha 15 de marzo de 2000, ratifi-
cado en fechas 25 de mayo y 16 de junio del mismo año, se basa en
que “cualquier omisión o error cuya corrección no conduzca a una
modificación de lo decidido puede ser salvado por esta vía, evitando
así dilaciones inútiles”.
(Recursos inútiles).
Es decir, por considerar la Sala que la solicitud de aclaratorias o
ampliaciones de las sentencias de instancia constituyen un verdade-
ro recurso, amplió el lapso para dicha solicitud, pero sólo con rela-
ción a las decisiones de instancia (las decisiones contra las cuales la
Ley prevé algún recurso de impugnación).
Por lo tanto, el lapso aplicable para solicitar aclaratorias o ampliacio-
nes de las decisiones proferidas por este Alto Tribunal es el estable-
cido en el citado artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Así
se declara”. (Sentencia de fecha 13 de julio de 2000).
En virtud de lo anterior, resulta extemporánea la solicitud de aclaratoria
de la sentencia Nº 597 proferida por esta Sala, de fecha 6 de mayo de
2008, presentada por la parte demandada en fecha 8 de mayo de 2008.
5. Procedimiento de Segunda Instancia
5.1 Apelación contra decisión que declaró parcialmente con lugar
la cosa juzgada en la audiencia preliminar
Partes: Omar Enrique Durán contra Frigorífico Gran Ben-
fica, C.A.
por accidente de trabajo
En el caso concreto de una revisión realizada a la sentencia recurrida,
advierte la Sala que, el Juez de alzada al conocer del recurso de apela-
ción interpuesto por ambas partes, señaló que le correspondía pronun-
ciarse, únicamente, en esa oportunidad, sobre las posibles indemniza-
ciones reclamadas con ocasión del accidente laboral sufrido por el actor,
por cuanto la sentencia que declaró parcialmente con lugar la cosa juz-
gada, opuesta por la demandada en la oportunidad de celebrarse la au-
diencia preliminar, se encuentra definitivamente firme, al no haberse
ejercido, contra dicho fallo, recurso de apelación.
Así pues, al no haber ejercido las partes recurso de apelación contra la
sentencia que declaró parcialmente con lugar la cosa juzgada respecto
a los conceptos demandados, por el actor, con excepción de los recla-
mos derivados del accidente de trabajo, cuya autoridad de cosa juzgada
no fue extendida a estas indemnizaciones, mal podía el Juez de alzada
entrar a revisar nuevamente lo decidido, sobre la transacción celebrada
y considerar que en el pago realizado se encontraban comprendidas las
indemnizaciones por accidente de trabajo, demandadas, toda vez que la
decisión, en cuestión, se encuentra definitivamente firme y con carácter
de cosa juzgada.
Por las razones expuestas, y al encontrarse definitivamente firme la
sentencia interlocutoria que declaró parcialmente con lugar la excep-
ción de cosa juzgada, opuesta por la parte demandada, es por lo que se
declaran improcedentes las denuncias formuladas.
5.2 Incomparecencia del apelante a la audiencia de dictar el
dispositivo en segunda instancia
Partes: Manuel Arévalo Corey contra Fundición Pacífi-
co, C.A.
Confirma: Criterio establecido en sentencia N° 1.378 del 19
de octubre de 2005 (caso: Rodolfo Jesús Sala-
zar González y otro contra Federal Express
Holding S.A.)
Normas citadas: LOPT: artículos 130, 131, 151, 164, 173 y 178
Igualmente, conteste con la jurisprudencia pacífica de esta Sala, la par-
te procesal tiene la carga de comparecer puntualmente a las audiencias,
así se dejó establecido en sentencia N° 1378 del 19 de octubre de 2005
(caso: Rodolfo Jesús Salazar González y otro contra Federal Ex-
press Holding S.A.), en la cual se sostuvo que:
(...) si la parte obligada a comparecer no se apersona el día y a la
hora exacta fijada por el Tribunal, en la sede de éste destinada para
la realización de la audiencia en la oportunidad fijada para tal efec-
to, la consecuencia jurídica será la declaratoria de desistimiento del
procedimiento o de admisión de los hechos por incomparencia (sic)
a la audiencia preliminar (artículos 130 y 131 L.O.P.T.), la declarato-
ria de desistimiento de la acción o de admisión de los hechos por
incomparencia (sic) a la audiencia de juicio (artículo 151 L.O.P.T.),
desistimiento del recurso de apelación (artículo 164 L.O.P.T), desis-
timiento del recurso de casación (artículo 173 L.O.P.T.) y del recur-
so de control de la legalidad (artículo 178 L.O.P.T.), sin que sea
permisible alterar las consecuencias previstas ante el incumplimiento
de estas formalidades.
Conforme con el referido principio procesal de legalidad de los actos
procesales (...), y sin perjuicio del criterio flexibilizador del patrón de
causa extraña no imputable adoptado por esta Sala, quiere apuntar la
misma que la realización en las audiencias (preliminares, de juicio, de
apelación, de casación o de control de la legalidad) deben cumplir
con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley,
y su inobservancia comporta la efectividad de las consecuencias
establecidas en la ley, por lo que el requisito de la puntualidad en las
audiencias es una obligación procesal de las partes, y particularmen-
te de los abogados que las representan, constituyendo un imperati-
vo de conducta que las partes deben satisfacer, en virtud de ser
fundamental para la consecución de los fines para los cuales están
concebidas las respectivas audiencias que integran la estructura del
juicio del trabajo. (Subrayado de la Sala).
Con base en la doctrina y las premisas que anteceden, forzoso es concluir
que en el caso sub examine la Alzada enfocó su decisión sin denotar
menoscabo alguno del derecho a la defensa de la parte actora, ni violó
normas de orden público, que en definitiva quebrantarían el Estado de
Derecho, debido a que lo cierto se sustenta en que la parte actora apelan-
te no asistió puntualmente a la audiencia pautada para la lectura de la
parte dispositiva de la sentencia, lo que devino en la aplicación de la con-
secuencia jurídica prevista en la norma para tal supuesto de hecho.
Sin embargo, en cumplimiento de su función pedagógica, no quiere esta
Sala dejar pasar inadvertida la oportunidad de orientar a los justiciables
en este caso en concreto, toda vez que se observa de los alegatos del
recurrente que no sólo se esgrime la ocurrencia del accidente de tránsi-
to como causa en virtud de la cual su co-apoderada se vio impedida de
llegar a tiempo al acto de lectura del dispositivo del recurso de apela-
ción, sino que señala que al accidente sufrido debe sumársele “las co-
las que se forman en horas de la mañana en tal trayecto, hecho
notorio no objeto de prueba, más la cola a la entrada de los tribu-
nales”. Así como también, que el otro co-apoderado del actor se encon-
traba en la Península de Paraguaná, por lo que no pudo subsanar la
ausencia de su coapoderada.
En cuanto a este último aspecto, se evidencia que el actor otorgó man-
dato a dos profesionales del derecho, quienes debían cumplir con las
cargas procesales que la Ley impone (asistencia al acto para dictar
sentencia) y ante las consecuencias jurídicas que acarrea dicho incum-
plimiento (desistimiento de la apelación y firmeza de la decisión apela-
da), era obligatorio extremar el grado de diligencia debida. Es decir, si
bien es cierto, no era previsible, ni evitable la ocurrencia del accidente,
si podía preverse y evitarse que el otro coapoderado estuviese también
ausente, lo cual no implicaba ninguna carga compleja e irregular, toda
vez que en el particular caso que nos ocupa, el diferimiento de la au-
diencia fue fijado con suficiente antelación (2 meses) en virtud del re-
ceso judicial, como se explicó supra, lo cual permitía a cualquiera de
los coapoderados sustituir el poder para no dejar recaer la carga en una
única persona, o ante el hecho cierto que sería una sola apoderada la
encargada de asistir a dicho acto, ésta debió entonces extremar sus
previsiones, tal y como deben hacerlo aquellos profesionales que son
únicos apoderados en una causa, lo que comporta asumir la conducta
del mejor padre de familia (mellior pater familia), es decir, desarrollar
la diligencia del hombre más cuidadoso y perspicaz, y prevenir cualquier
eventualidad, planificando lo necesario para disponer de un tiempo ma-
yor al que normalmente se utiliza para transitar una determinada vía, ya
que a diferencia de los imprevistos que atañen a la salud, los cuales en
su mayoría si son verdaderamente imprevisibles, los congestionamien-
tos vehiculares, o “colas” como menciona el recurrente en su formali-
zación, sí pueden preverse en el sentido de tomar las medidas pertinentes
para que la materialización de tal circunstancia no afecte el cumpli-
miento de las obligaciones o cargas requeridas en un determinado mo-
mento, más aún en vías adyacentes a la ciudad de Caracas, en donde el
congestionamiento del tránsito automotor es recurrente, tanto así que el
propio recurrente llega a calificarlo como un “ hecho notorio”.
5.3 Finalidad de la apelación
Partes: Dellis Campos Vera y otros contra CVG Ferromi-
nera Orinoco, C.A.
La alzada conoció sobre los recursos de apelación, interpuestos tanto
por la representación judicial de la parte actora, como por la represen-
tación judicial de la empresa demandada, en fechas 4 y 6 de junio de
1996, respectivamente. En cuanto a los alegatos formulados por la par-
te demandada, por razones de orden metodológico, alteró el orden de
las denuncias y se pronunció sobre el denunciado vicio de inmotivación
por silencio de pruebas, el cual estimó configurado. Acto seguido pasó a
dictar sentencia sobre el fondo de la causa, evaluando la pretensión
contenida en el escrito libelar, la contestación de la demanda, y las prue-
bas aportadas por las partes, para arribar a la convicción de que la
demanda resultaba parcialmente con lugar.
Al respecto cabe precisar que deben escindirse los argumentos propios
de la actividad impugnativa, de los alegatos de fondo propiamente di-
chos. Resulta apegado a la correcta técnica recursiva, que ante la mul-
tiplicidad de vicios denunciados, basta que uno de ellos sea procedente,
para que la alzada se exima del análisis de las denuncias restantes, sin
que ello influya en los términos en que ha quedado trabada la litis, pues-
to que ya la alzada estaría facultada para dictar sentencia de fondo, sin
necesidad de redundar en análisis reiterativos.
La finalidad del recurso de apelación es poner en conocimiento del Juez
Superior la inconformidad de las partes respecto a los términos en que
fue dictada la sentencia de primera instancia, para que la sentencia sea
revisada y, de ser el caso, se repare el gravamen ocasionado, lo que
puede lograrse a través del análisis de uno sólo de los señalamientos del
recurrente sin que sea necesario un estudio in extenso del recurso. En
tal sentido, no se configura el vicio de incongruencia negativa, por cuan-
to una vez determinada la procedencia del recurso, se pasó a resolver el
fondo de la causa conforme a lo alegado y probado en autos.
5.4 Objeto de la apelación
Partes: Anzoni Alberto Pineda Almao contra Fábrica Ve-
nezolana de Carrocerías, C.A. (Favenca)
Ratifica: Criterio establecido en la sentencia de la Sala de
Casación Social N° 2.469 del 11 de diciembre de
2007 (caso: Edih Ramón Báez Martínez contra
Trattoria L’Ancora, C.A.)
Sin embargo, con relación a los referidos vicios in procedendo, se ob-
serva que el sentenciador de primera instancia declaró parcialmente
con lugar la demanda, razón por la cual ambas partes estaban legitima-
das para recurrir de la misma, como en efecto lo hicieron.
Ahora bien, en sentencia N° 2.469 del 11 de diciembre de 2007 (caso:
Edih Ramón Báez Martínez contra Trattoria L’Ancora, C.A.), esta
Sala precisó que los poderes que el juez ad quem adquiere con motivo
del efecto devolutivo de la apelación dependen de la manera en que
dicho recurso sea interpuesto, es decir, si se hace de forma genérica o
si por el contrario se precisan los puntos sometidos a juzgamiento, sien-
do la oportunidad para el establecimiento de los puntos sometidos a ape-
lación, el momento en que ésta es propuesta en forma escrita. Así las
cosas, si el recurso de apelación es ejercido de manera genérica, el juez
adquirirá pleno conocimiento de la causa; en caso contrario, deberá li-
mitar su examen a los aspectos especificados en el escrito de apela-
ción. En este último supuesto, sin embargo, a pesar de producirse un
efecto devolutivo parcial, en el dispositivo deberán reproducirse todos
los conceptos condenados, con inclusión de aquellos que no fueron ape-
lados y que por ende quedaron firmes con la decisión del a quo, a fin de
garantizar la autosuficiencia del fallo y su adecuada ejecución.
En el caso bajo estudio, si bien el demandante ejerció el recurso de
apelación de forma pura y simple (f. 161), la empresa accionada delimi-
tó el objeto de su recurso al afirmar, en la diligencia de fecha 25 de abril
de 2007, lo siguiente: “(...) Apelo de la Sentencia Proferida por este
tribunal (sic) por cuanto la misma se encuentra apartada del crite-
rio reiterado (...) en cuanto a (sic) materia de irretroactividad de
las leyes adjetivas, de la ultrapetita e inmotivación para decidir
(...)” (f. 160).
Visto lo anterior, y conteste con lo sostenido en la citada sentencia N°
2.469/2007, el juez superior no incurrió en incongruencia negativa al
limitarse, en cuanto al recurso de apelación intentado por la accionada,
a pronunciarse sobre los aspectos apelados.
En este orden de ideas, cabe destacar que la demandada se conformó
con el resto del fallo de primera instancia, y solamente el actor dio el
impulso procesal al juez superior; así, pese a que la apelación de éste
haya sido interpuesta de forma genérica, sólo surte un efecto devolu-
tivo parcial, en la medida del agravio que le produjo la decisión del a
quo; por lo tanto, carece de legitimación la demandada para denun-
ciar la eventual incongruencia en que hubiese incurrido el juzgador de
la recurrida en cuanto al objeto de la apelación del actor, debido a que
ello no la perjudica.
Asimismo, se evidencia de la lectura que se hace a la sentencia recurri-
da que la alzada, cumpliendo con el principio de autosuficiencia del fa-
llo, reprodujo en el dispositivo del mismo los montos condenados por el
juez a quo por concepto de daño moral y daño emergente, según se
desprende del siguiente fragmento:
CUARTO: Se ordena a la sociedad mercantil Fábrica Venezolana de
Carrocería C.A. (FAVENCA) que pague al ciudadano Anzoni Alberto
Pineda Almao, ambos plenamente identificados en autos, las siguien-
tes cantidades y conceptos: 1) Daño Moral, Bs. 30.000.000,00; 2)
Indemnización por Accidente de Trabajo, el equivalente al salario de
tres (03) años contados por días continuos, en base a un salario
mensual de Bs. 294.465,60; 3) Daño Emergente, Bs. 2.000.000,00; 4)
Lucro Cesante, Bs. 18.000.000,00. (...).
En consecuencia, esta Sala desestima la delación sub examine, y así se
establece.
Capítulo XIX
Pruebas
1. Presunciones e indicios
Partes: Daniel Antonio Franco Pérez contra Sankyo Phar-
ma Venezuela S.A.
Así pues, debe quedar claro que las presunciones e indicios son auxilios
probatorios como bien los conceptualiza la Ley Orgánica Procesal del
Trabajo en su artículo 116, que tienen como finalidad corroborar o com-
plementar el valor o alcance de los medios probatorios, pero conteste
con lo antes expuesto cuando se trata de las presunciones de hombre,
éstas se encuentran implícitas en la labor de juzgar, ya que como se dijo,
son principios lógicos basados en las reglas de la experiencia que per-
miten una correcta valoración de las pruebas.
En el presente caso, aunque no haya quedado expresamente plasmado
en la sentencia, el juzgador superior apreció las pruebas según las re-
glas de la sana crítica y necesariamente aplicó tales principios lógicos o
presunciones, sólo que la presunción en este caso obra a favor del tra-
bajador y no a favor de la demandada, como pretende hacer ver el
formalizante.
Es decir, siguiendo el ejemplo supra citado, el juicio lógico al que se ha
hecho referencia parte en este caso, de la siguiente premisa menor: (no
está probado el pago de algunos conceptos durante determinados
períodos y sí está probado el pago de dichos conceptos durante
otros lapsos de tiempo), se procede luego a aplicar la regla general de
experiencia que constituye la premisa mayor en virtud de la cual se
deduce cuál es la causa o efecto ordinario de ese hecho (es la deman-
dada quien normalmente tiene en su poder la prueba de liberación
del pago (recibos de pago), por eso legalmente tiene atribuida la
carga de la prueba, tanto es así que consigna parte de esos reci-
bos, sin probar circunstancia alguna que justifique la no consig-
nación de los restantes, normalmente quien ejerce su defensa lleva
a los autos todo cuanto pueda favorecerle) y, por último, se utiliza la
presunción de hombre que esa regla general suministra, para obtener la
conclusión, en la que se declara inductivamente o por inferencia la pro-
babilidad o la certeza de que exista el hecho investigado, según se base
en un indicio contingente o necesario (es probable que si no los con-
signó es porque no los tiene en su poder, si no alegó ninguna cau-
sa que justifique el porqué no los tiene, probablemente nunca
existieron y si nunca existieron, lógico es presumir que no pagó los
referidos conceptos).
2. Control de la prueba de experticia
Partes: John Francis Stahl contra Venezolana de Cerámi-
cas, C.A. (Vencerámica) y otra
Motivo: Cobor de prestaciones sociales
Normas Citadas: LOPT: artículo 11; CPC: artículos 463 y 466
Los artículos cuya infracción se alega, disponen:
Artículo 463. Los expertos practicarán conjuntamente las diligen-
cias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delega-
dos que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las
observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para
que los expertos deliberen solos.
Artículo 466. Los expertos, juntos o por intermedio de uno cualquie-
ra de ellos, deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro
horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se
dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de
las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia.
El artículo 463 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las par-
tes podrán concurrir a las prácticas de las diligencias de los expertos,
para hacerles las observaciones que consideren convenientes; mientras
que el artículo 466 eiusdem estipula que los peritos deberán señalar en
autos, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, la oportuni-
dad en la que serán realizadas las diligencias pertinentes. De la lectura
de dichos preceptos legales se observa que están dirigidos a garantizar
el control de la prueba de experticia por las partes litigantes.
Ahora bien, el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo esta-
blece que los actos procesales se realizarán en la forma prevista en la
Ley y en caso de ausencia de disposición expresa, el Juez del Trabajo
dispondrá los criterios a seguir para su realización, pudiendo aplicar ana-
lógicamente disposiciones procesales establecidas en el ordenamiento ju-
rídico, es decir que, el primer mandato que recibe el sentenciador de dicho
precepto legal es la elaboración de los actos del proceso tal y como lo
dispone la propia ley y sólo en caso de inexistencia de norma expresa es
que podrá valerse de la aplicación analógica de otros cuerpos legales.
En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contiene dos nor-
mas expresas que garantizan el control de la prueba de experticia por las
partes, a saber, los artículos 154 y 155, que establecen la obligación para
los expertos de comparecer a la audiencia de juicio, así como el deber del
juez de conceder a la parte contraria a la promovente un tiempo breve
para que haga oralmente las observaciones que considere oportunas; así
las cosas al no darse el supuesto de ausencia de norma expresa, previsto
en el artículo 11 de la citada ley adjetiva laboral, no procede la aplicación
analógica de los preceptos legales cuya infracción se alega, motivo sufi-
ciente para declarar la improcedencia de esta delación subsidiaria conte-
nida en el primer acápite de la formalización. Así se resuelve.
3. Requisitos de la prueba de exhibición
Partes: Rosa Aura Rodríguez contra Inversiones Reda,
C.A., y otras
Confirma: Criterio establecido en sentencia N° 1245 de fe-
cha 12 de junio de 2006
En todo caso, haciendo referencia a los argumentos esbozados en la
presente delación, tenemos que esta Sala de Casación Social señaló
en sentencia N° 1245 de fecha 12 de junio de 2006 que, la parte que
quiera servirse de un documento, que según su manifestación se halle
en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición, para lo cual debe
cumplir los siguientes requisitos: 1) Acompañar una copia del docu-
mento o, en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el
solicitante acerca del contenido del documento y, en ambos casos; 2)
Un medio de prueba que constituya, por lo menos presunción grave de
que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario.
En los dos supuestos, el promovente del medio probatorio debe cum-
plir los requisitos señalados, en forma concurrente, sin los cuales la
prueba no será admitida, por ilegal.
Asimismo, se estableció en dicha oportunidad que para el caso de los
documentos que por mandato legal debe llevar el empleador, el legis-
lador eximió, al solicitante de la prueba, de la presentación de un me-
dio de prueba que constituya, por lo menos, presunción grave de que
el mismo se encuentra o ha estado en poder del empleador, pues, bas-
ta con la copia del documento o la afirmación de los datos que conoz-
ca el promovente acerca de su contenido, para que sea admitida la
exhibición al interesado.
De manera que, promovida la exhibición de documentos, el Juez debe
verificar si la prueba cumple los extremos legales señalados, pues sólo
así la prueba es admisible, de lo contrario, la falta de presentación del
documento cuya exhibición se ordenó no acarrea la consecuencia jurí-
dica prevista en la norma, esto es, la de tener como exacto el texto del
documento, como aparece de la copia que fue consignada, y en defec-
to de ésta, como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca
del contenido del documento, y por demás, corresponde al Juez, en la
sentencia definitiva, al momento de la valoración de la prueba, verifi-
car, de nuevo, el cumplimiento de los requisitos previstos en la norma
para su promoción.
4. Valor probatorio del documento administrativo
Partes: Johnny Torres contra Latinoamericana de la Cons-
trucción, S.A. (LATICON) y otra
Referencia
Jurisprudencial: Criterio establecido en Sentencia N° 300 de la Sala
Político Administrativa de fecha 28-05-1998
Pues bien, con el fin de demostrar el accidente ocurrido, la parte de-
mandada recurrente consignó anexo al escrito de formalización marca-
dos “B”, documentos contentivos de las actuaciones del Instituto Nacional
de Tránsito y Transporte Terrestre, de las cuales se desprende que la
abogada Noiralith Chacín, apoderada judicial de la empresa LATICON,
estuvo involucrada en un accidente de tránsito el día 23 de abril del año
2007 a las 2:15 p.m., es decir, el mismo día en que estaba pautada la
audiencia de apelación para dictar el fallo y 45 minutos antes de anun-
ciarse la misma.
Esta documental, como precedentemente se indicó, fue impugnada
en su contenido por el apoderado actor en el escrito de contestación
a la formalización, alegando que los hechos allí mencionados “nun-
ca ocurrieron”.
Ahora bien, tratándose el instrumento contentivo de las actuaciones de
tránsito un documento administrativo que no es asimilable plenamente a
los documentos privados o públicos (Sentencia N° 300 de la Sala Políti-
co Administrativa de fecha 28-05-1998), la impugnación de los mismos
debía hacerse consignando en esta Sala (por permitirlo así el artículo
173 de la LOPT) alguna prueba en contrario.
En sintonía con lo anterior, se observa de las actas que conforman el
expediente que la única prueba en contrario con el cual el apoderado
actor pretendió impugnar el contenido de las actuaciones de tránsito
consignadas por el recurrente, fue una inspección ocular de los expe-
dientes y libros de registros o de control de accidentes llevados por ante
el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre realizada por la
Notaría Pública Cuarta de la ciudad de Maracaibo (marcada “2” en los
anexos que acompañan al escrito de contestación), documento éste que
consideramos impertinente y sin ningún efecto probatorio alguno, pues
el contenido del mismo no fue ratificado por quien emana.
En consecuencia, debe tomarse como cierto el documento contentivo
de las actuaciones de tránsito emanado del Instituto Nacional de Trán-
sito Terrestre, otorgándosele pleno valor probatorio, pues el mismo goza
de una presunción de legitimidad, autenticidad y veracidad que no pudo
ser desvirtuado mediante prueba en contrario; desprendiéndose de esta
prueba que, efectivamente, la apoderada de la empresa co-demandada
LATICON, abogada Noiralith Chacín, estuvo involucrada en un acci-
dente el día y la hora señalada en el acta correspondiente.
5. Valoración por sana crítica
Partes: Leonardo Romero Díaz contra Soluziona SP, C.A.
Reitera: Criterio establecido en la sentencia de la Sala de
Casación Social Nº 665 de fecha 17 de junio del
año 2004
De la parte pertinente del fallo impugnado, (...), se evidencia que el
sentenciador superior analizó las pruebas señaladas por el formalizante
en la presente denuncia, concluyendo que no les otorgaba valor proba-
torio, por cuanto, con relación a la comunicación emanada de TACA,
COURIER (folio 91, de la primera pieza del expediente) y a los estados
de cuenta emanados del Banco San José o Grupo Financiero San José
(folios 101 al 116 y 120 al 134 de la primera pieza) se encontraban
suscritos por terceros, no por las partes del juicio y no fueron debida-
mente ratificados, y respecto al documento que riela a los folios 97 y 98
de la primera pieza del expediente, por estar redactado en idioma inglés
y no haber sido traducido oficialmente.
Ahora bien, el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,
cuya infracción se delata, dispone:
Los Jueces del Trabajo apreciarán las pruebas según las reglas de la
sana crítica; en caso de duda, preferirán la valoración más favorable
al trabajador.
Atendiendo al contenido de este precepto legal, en sentencia Nº 665 de
fecha 17 de junio del año 2004, esta Sala con respecto a la sana crítica
estableció:
La sana crítica en la apreciación de las pruebas, a que se refiere el
artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme a la
opinión unánime de la doctrina, implica su examen y valoración razo-
nada en forma lógica y atenida a las máximas de la experiencia, en
atención a las circunstancias específicas de cada situación y a la
concordancia entre sí de los diversos medios probatorios aportados
a los autos, de modo que puedan producir la certeza en el Juez res-
pecto de los puntos controvertidos, como señala el artículo 69 de esa
misma Ley.
En este caso, el juzgador superior analizó las documentales cuya apre-
ciación impugna la parte recurrente y consideró que no debía otorgarles
valor probatorio, pronunciamiento éste que fundamentó en las razones
lógicas que ya se refirieron, de forma que debe aseverarse que, aplicó
su sana crítica.
En cuanto a la valoración más favorable al trabajador, sólo se aplica,
como lo establece expresamente la Ley, en caso de duda, supuesto de
hecho que no se configuró en el presente caso, motivo por el cual no
resultaba procedente tal consecuencia jurídica.
Capítulo XX
Recurso de interpretación
1. Objeto del recurso de interpretación
Recurso de interpretación
Partes: Malaquías Saavedra y otros contra Fundación para
la Transferencia del Servicio de Aseo Urbano y
Domiciliario para el Área Metropolitana de Cara-
cas (FUNDASEO)
Confirma: Criterio establecido en el recurso de interpreta-
ción incoado por la misma representación judicial
de la parte recurrente –abogada Elieth Jiménez
de Fuguet–, en fecha 01 de febrero del año 2006
En el presente caso, el recurso de interpretación solicitado es sobre la
sentencia de fecha 30 de septiembre del año 2004, dictada por el Juzga-
do Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el
juicio que por cobro de prestaciones sociales intentaran los ahora recu-
rrentes contra la Fundación para la Transferencia del Servicio de Aseo
Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas (FUN-
DASEO), es decir, se pretende por esta vía que esta Sala de Casación
Social interprete una sentencia dictada por un Juzgado Superior Labo-
ral, cuando además esto ya fue solicitado y resuelto por este máximo
Tribunal en el recurso de interpretación también incoado por la misma
representación judicial de la parte recurrente –abogada Elieth Jiménez
de Fuguet–, en fecha 01 de febrero del año 2006, en la que se decidió:
Así las cosas y conforme al planteamiento explanado en la solicitud,
esta Sala de Casación Social, asume el conocimiento del presente
asunto, y constata que la interpretación que se está solicitando, no
va dirigida a una norma de rango legal, sino sobre una decisión ema-
nada de un tribunal con competencia laboral, amén de no indicar cuál
es la causa petendi del escrito recursivo, incumpliendo de esta ma-
nera con los requisitos concurrentes que ha establecido esta Sala, en
sentencia N° 498 de fecha 10 de mayo de 2005, a saber:
“(...) 2.- Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal,
aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de
interpretarse.
3.- Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación...
(omissis)...”.
De manera, que conteste con las razones supra expuestas, debe la
Sala declarar la inadmisibilidad del recurso, lo cual será expresamen-
te determinado en el dispositivo del presente fallo.
Visto que el presente recurso de interpretación es interpuesto en los
mismos términos que el resuelto por este máximo Tribunal y que ameri-
tó la declaratoria de su inadmisibilidad, resulta forzoso para esta Sala de
Casación Social declarar inadmisible el ahora interpuesto, toda vez que
las interpretaciones deben versar sobre un texto legal y no como se
pretende en el sub iudice sobre una sentencia de un Juzgado Superior
Laboral. A mayor abundamiento se debe resaltar –dado como fue for-
mulado el escrito– que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece
expresamente los medios de impugnación que pueden ejercerse contra
las decisiones de los Tribunales del Trabajo, a los fines de que lo ejerzan
la o las partes que consideren afectados o vulnerados sus derechos con
la decisión que de ellos emane. Así se resuelve.
Capítulo XXI
Relación de trabajo
1. Presunción de existencia de la relación de trabajo. Carga

de la prueba
Partes: José Patricio Noboa Fiallos contra Surtidora Suka-
sa, C.A.
Esta Sala de Casación Social ha señalado reiteradamente que le co-
rresponde a la parte demandada la carga de probar el hecho relativo a
la existencia de una relación mercantil entre ella y la parte actora, en
virtud de haber admitido la prestación de un servicio personal, aún y
cuando no la califique como laboral, operando con ello la presunción
iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Traba-
jo, y para ello la demandada debe asumir una actitud diligente dentro del
proceso, aportando elementos suficientes que logren desvirtuar dicha
presunción, sin perjuicio del principio de la comunidad de la prueba.
Así, es suficiente la prestación personal de un servicio para que se pre-
suma la existencia de un contrato de trabajo entre quien presta el mismo
(trabajador) y quien lo recibe (patrono). Esta presunción no es absoluta,
pues admite prueba en contrario, es decir, puede quedar desvirtuada
mediante elementos probatorios que demuestren que el servicio se presta
bajo condiciones que no se enmarcan dentro de una relación de trabajo,
considerando necesario advertir que tales pruebas deben versar sobre
hechos concretos, que lleven a la convicción del juez sobre la naturale-
za no laboral de la relación y que no sólo deben fundarse en manifesta-
ciones formales de voluntad entre las partes.
En tal sentido, tal y como se ha sostenido precedentemente, los elementos
que configuran una relación jurídica como de índole laboral, conforme a
nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina más calificada y el criterio
jurisprudencial de esta Sala, son la “prestación de servicios por cuenta
ajena”, “la subordinación” y “el salario”, por lo que al delinearse estos
elementos en una relación jurídica indistintamente del sistema formal de
concreción del vínculo, se está en presencia de una relación de trabajo.
Consecuente con lo precedentemente expuesto, debe determinarse si
en la realidad de los hechos, existió tal como lo argumenta la parte acto-
ra una relación de trabajo, o si por el contrario la accionada logró des-
virtuar la presunción de la misma, al no evidenciarse alguno de los
elementos que la integran.
Efectivamente, no es hecho controvertido el que la parte actora presta-
ra servicios a la demandada, lo es sin embargo, que el mismo se realiza-
ra por cuenta y dependencia de la accionada, por cuanto tal actividad se
sugiere fue desarrollada bajo la figura de un contrato mercantil.
Se han consagrado las directrices que en materia laboral corresponde
seguir a los jueces para determinar cuándo se está o no en presencia de
una relación laboral, es decir, cuándo una prestación personal de servi-
cio desvirtúa la presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley
Orgánica del Trabajo, las cuales deben ser consideradas al momento de
ejercer su actividad jurisdiccional para poder así indagar y escudriñar la
verdad material que dimana de los hechos suscitados.
Con apego a las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, debe aten-
derse a uno de los mecanismos establecidos en la legislación del tra-
bajo, como es el principio de primacía de realidad sobre las apariencias
o formas.
Para ello, se colige que la prestación de servicio personal que realizaba
el actor dentro de la empresa accionada, se encuentra íntimamente in-
volucrada con el objeto social de la misma, aunado al hecho que la de-
mandada no logró desvirtuar, con apoyo en las probanzas aportadas en
autos, la presunción de laboralidad, a través de la desconfiguración de
los elementos de la vinculación laboral, por lo que se concluye que la
misma se encuentra supeditada dentro de la esfera del Derecho del
Trabajo y por tanto la relación jurídica que las vinculó es de naturaleza
laboral. Así se decide.
2. Contrato de trabajo
2.1 Territorialidad. Aplicación de la ley laboral venezolana
Partes: John Steven Sladic Nasr contra Nacional Oilwell
de Venezuela C.A.
Pues bien, siguiendo los lineamientos del autor anteriormente citado, la
Sala consideró que el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo contie-
ne dos supuestos de hecho que acarrean la aplicación de la legislación
laboral venezolana, a saber, el trabajo prestado en Venezuela y el traba-
jo convenido en Venezuela, es decir, la norma establece la aplicación de
dos principios jurídicos lex loci executionis y lex loci celebrationis
para la regulación de las situaciones jurídicas derivadas de una relación
de trabajo. El primero regulará aquellas surgidas con ocasión del traba-
jo prestado en Venezuela, en otras palabras, la determinación de la Ley
corresponderá según el lugar donde sea ejecutado el convenio de traba-
jo, esto es, en el territorio nacional. El segundo principio regula la situa-
ción jurídica del trabajo, convenido en Venezuela para ser prestado fuera
del territorio nacional. Este principio en nada contradice las disposicio-
nes de la Ley de Derecho Internacional Privado, relativo a la validez de
la regulación del negocio jurídico, por la ley correspondiente al lugar de
la celebración del acto.
En definitiva, el criterio actual de la Sala en cuanto a la aplicabilidad de
la Ley Laboral venezolana señala que además de ser aplicada a vene-
zolanos y extranjeros, la misma estará ceñida a la ocasión del trabajo
prestado o convenido en el país, por lo que en el caso del trabajo pacta-
do en el extranjero sólo estará sometido a la oportunidad o tiempo
determinado de duración de la prestación de servicio en el Territorio
Nacional, sin que pueda, por tales motivos, hacerse extensiva a las pres-
taciones de servicio que haya podido realizar el trabajador en el país
extranjero donde contrató o en cualquier otro si fuere el caso. No obs-
tante, en el supuesto de que la prestación de servicios se hubiere acor-
dado en Venezuela, la relación laboral sí se encontrará regulada
enteramente por la Ley venezolana. (Cursivas de la Sala).
Asimismo se sostiene que para el caso de trabajadores extranjeros que
hayan sido contratados en el exterior y posteriormente trasladados a
Venezuela, al realizarse el cálculo de lo que corresponda al trabajador
por concepto de prestaciones sociales, deberá tomarse en cuenta única
y exclusivamente para dicho cálculo, el tiempo de servicio efectiva-
mente prestado en el territorio nacional, sin poder en ningún caso,
hacerse extensivo al período o lapso de duración de la prestación de
servicio que haya realizado el trabajador en otro u otros países distintos
a Venezuela. (Cursivas de la Sala).
2.2 Territorialidad. Contrato de trabajo celebrado en Venezuela
Partes: Alfredo Montaño Arancibia contra Lloyd Aéreo
Boliviano, Sociedad Anónima
Motivo: Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales
Confirma: Criterio establecido en sentencia Nº 223 del 19 de
septiembre de 2001, caso: Robert Cameron Rea-
gor contra Compañía Occidental de Hidrocar-
buros Inc. (OXY); y, sentencia Nº 377 del 26 de
abril de 2004 (caso: Frederick Plata contra Ge-
neral Motors Venezolana C.A.)
Normas Citadas: LOPT: artículo 168; LOT: artículo 10
Con fundamento en el numeral 2 del artículo 168 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, denuncia la infracción por error de interpretación
del artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Afirma el formalizante, que el Juez de la recurrida inaplicó el Derecho
venezolano a la prestación de servicios realizada en el extranjero, pero
esto –en su criterio– no implica que deba excluirse el tiempo de los
servicios realizados fuera del país para el cálculo de los conceptos como
la prestación de antigüedad y las vacaciones, una vez que el actor con-
tinuó la prestación de servicios en Venezuela. En virtud de esto, denun-
cia que el ad quem incurrió en error de interpretación del artículo 10 de
la Ley Orgánica del Trabajo, ya que si le hubiera dado el verdadero
sentido y alcance a dicha norma, no habría excluido del cálculo de los
días adicionales de vacaciones y la antigüedad adicional, el período trans-
currido entre octubre de 1995 y marzo de 1996, durante el cual prestó
servicios en el exterior.
La Sala, observa:
Que el Juez Superior estableció que entre las partes existió una relación
de trabajo ininterrumpida desde el 15 de septiembre de 1980 hasta el 2
de diciembre de 2003, y que la prestación de servicios personales se
realizó fuera del territorio venezolano en un lapso comprendido entre el
mes de octubre de 1995 y marzo de 1996 –tiempo en que el actor laboró
para la empresa en Brasil–. En virtud de lo anterior, el ad quem, funda-
mentándose en el carácter territorial de las normas laborales venezola-
nas, excluyó de la antigüedad del trabajador el tiempo transcurrido en el
extranjero para el cálculo de las prestaciones sociales y otros concep-
tos laborales.
En este sentido, se observa que de acuerdo con la jurisprudencia de la
Sala (véase sentencia Nº 223 del 19 de septiembre de 2001, caso: Ro-
bert Cameron Reagor contra Compañía Occidental de Hidrocarbu-
ros Inc. (OXY), las normas sustantivas que rigen el contrato de trabajo,
en principio, sólo son aplicables a la prestación de servicios desarrolla-
da en el país; sin embargo, en un caso similar al de autos, también se
dejó sentado que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del
Trabajo, la ley sustantiva venezolana resulta aplicable a la prestación de
servicios realizada temporalmente en el extranjero, cuando el contrato
de trabajo ha sido convenido en Venezuela. Así, la Sala en sentencia Nº
377 del 26 de abril de 2004 (caso: Frederick Plata contra General
Motors Venezolana C.A.), dejó sentado lo siguiente:
Delatan los formalizantes que la recurrida infringió por errónea inter-
pretación el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto
aun cuando estableció que una parte del contrato de trabajo fue
ejecutada fuera del territorio venezolano, ordenó la aplicación de la
legislación laboral venezolana, la cual es de aplicación territorial en
virtud de lo dispuesto en la indicada norma.
(Omissis)
(...) la recurrida luego de establecer que la relación laboral comenzó en
Venezuela el 05 de enero de 1976, finalizando el 27 de noviembre de
1997, ejecutándose en dos países distintos –Venezuela y Colombia–,
es decir, que en el caso bajo análisis se comprobó la existencia de un
único contrato de trabajo entre las partes, el cual fue ejecutado en
forma sucesiva e ininterrumpida en dos países, concluye que tal rela-
ción está regulada por la legislación laboral venezolana, en virtud de
que fue pactado en Venezuela y de conformidad con lo establecido en
el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, sus disposiciones son de
orden público y aplicables a venezolanos o extranjeros con ocasión
del trabajo prestado o convenido en Venezuela.
Ahora bien, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo dispone
expresamente:
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de aplicación
territorial; rigen a venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo
prestado o convenido en el país y en ningún caso serán renunciables
ni relajables por convenios particulares, salvo aquellas que por su
propio contexto revelen el propósito del legislador de no darles ca-
rácter imperativo. Los convenios colectivos podrán acordar reglas
favorables al trabajador que modifiquen la norma general respetando
su finalidad
Tal como lo interpreta la recurrida, el artículo 10 de la Ley Orgánica
del Trabajo dispone que los contratos de trabajo convenidos en
Venezuela estarán regulados por sus disposiciones.
Respecto a la interpretación de esta norma, el tratadista patrio Dr.
Rafael Alfonzo Guzmán, en su obra “La Nueva Didáctica del Derecho
del Trabajo”, al dar una lectura adicional al principio de la territoria-
lidad de la Ley Laboral venezolana, indica lo siguiente:
De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, las
disposiciones de esa ley ‘son de orden público y de aplicación terri-
torial; rigen a los venezolanos y extranjeros con ocasión del trabajo
prestado o convenido en el país...’. Es decir, que según la referida
norma, una doble noción territorial delimita, ahora con claridad, la
vigencia de las disposiciones de esa ley: en primer lugar, porque ella
alude al territorio como limitado asiento material del Estado, en don-
de su soberanía se ejerce al dictar y hacer cumplir las disposiciones
de la ley; y, en segundo término, porque según esa misma norma, el
territorio es el lugar donde acaecen o suceden las situaciones y rela-
ciones jurídicas que dicha ley regula; o sea, aquéllas surgidas con
ocasión del trabajo prestado (lex loci execucionis), o convenido (lex
loci celebrationis) en el territorio nacional venezolano.
En principio, los contratos de trabajo para organizar y dirigir la activi-
dad de una empresa que presta servicios en diversos países, se hallan
sujetos a la legislación laboral del lugar de su celebración. Dado que
esos acuerdos han de ejecutarse normalmente en países diferentes del
lugar donde fueron celebrados, es lógico pensar que ambos contra-
tantes se vincularon a sabiendas de la existencia de reglas de orden
público propias de los territorios donde el contrato habría de ejecutar-
se, reglas ante las cuales las estipulaciones del convenio de trabajo
celebrado han de ceder, temporalmente, su prelación.
La aplicación casuística de la ley extranjera (sólo en cuanto resulte
más favorable que lo pactado), y temporal (sólo a los hechos y situa-
ciones que se realizan durante la permanencia del trabajador en terri-
torio extranjero), lejos de significar la desintegración del contrato
celebrado en fragmentos independientes de tiempo, modo y lugar, es
expresión de la unidad inescindible del mismo y de la verdadera in-
tención de los contratantes.
Esta Sala considera que como lo explica el autor venezolano citado,
el artículo 10 de la Ley Orgánica del Trabajo contiene dos supuestos
de hecho que acarrean la aplicación de la legislación laboral venezo-
lana, a saber, el trabajo prestado en Venezuela y el trabajo convenido
en Venezuela, y siendo que el caso concreto encuadra en el segundo
de los supuestos de la norma, puesto que fue pactado en Venezuela,
se encuentra regulado por las leyes del país.
En el caso de autos, resulta demostrado que el contrato de trabajo se
celebró en Venezuela para prestar servicios en el territorio venezola-
no, tal como se evidencia de la carta de aceptación emitida por la
empresa, como respuesta a la oferta del actor –folio 84 del cuaderno
de recaudos–, y que, de acuerdo con los hechos establecidos por el ad
quem, el contrato se ejecutó desde el 15 de septiembre de 1980 hasta
el 2 de diciembre de 2003 (23 años y 2 meses), lapso en el cual, sólo
se realizó la prestación de servicios temporalmente en el extranjero,
durante un período de cinco (5) meses. En consecuencia, de acuerdo
con la disposición denunciada, habiendo sido convenido el trabajo en
Venezuela, siendo ejecutado y terminada la relación en el territorio
nacional, resulta aplicable la ley sustantiva laboral venezolana para
regir la relación, sin que deba excluirse la prestación de servicios rea-
lizada transitoriamente en el extranjero, por lo que se declara con lu-
gar la denuncia. Así se decide.
3. Continuidad de la relación de trabajo
Partes: Antonieta Croes Capielo contra Banesco Banco
Universal, C.A.
Motivo: Jubilación
Confirma: Criterio establecido en sentencia N° 256 de 2007,
expediente 2006-1209
Normas citadas: LOT: artículos 3° y 10, RLOT: artículo 9º, litera-
les b) y d)
En el caso concreto, quedó demostrado que en fecha 13 de mayo de

1993 la trabajadora renunció al cargo que venía desempeñando desde el
1° de abril de 1957, en la empresa Banco Unión S.A.C.A y celebró un
acuerdo de transacción con dicha empresa, recibiendo como contra-

prestación el pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales,
así como la indemnización prevista en el Parágrafo Cuarto de la Cláu-
sula 23 de la Convención Colectiva, acumulando, para la fecha, una
antigüedad, en la empresa, de 36 años, 1 mes y 12 días, y que a partir
del 1° de julio de 1993 hasta el 31 de marzo de 2003 la actora fue nue-
vamente contratada y prestó sus servicios para varios patronos, culmi-
nando su relación en Banesco Banco Universal, C.A., es decir, la parte
actora siguió laborando, al cumplirse 1 mes y 13 días de celebrado el
acuerdo transaccional.
Pues bien, aun cuando, en principio la intención de las partes fue la de
dar por terminada la relación de trabajo, en virtud de la renuncia de la
trabajadora, ello no se desprende de la realidad de cómo sucedieron los
hechos, pues al haber contratado nuevamente, el Banco Unión, C.A., a
la actora para prestar servicios, con el mismo cargo, a partir del 1° de
julio de 1993, el cual desempeñó hasta el 31 de marzo de 2003, cuando
presentó formal renuncia a la demandada Banesco Banco Universal, la
Sala establece que se trató de una única relación laboral, en la cual la
actora prestó servicios de manera ininterrumpida y sin solución de con-
tinuidad, por aplicación del principio de la primacía de la realidad, frente
a la forma o apariencia, y de la conservación de la relación laboral,
establecidos en los artículos 3° y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo, y
en el artículo 9º, literales b) y d) del Reglamento de la Ley Orgánica del
Trabajo, razón por la cual el tiempo de servicio debe calcularse tomando
en cuenta como fecha de inicio el 1° de abril de 1957 y de terminación
el 31 de marzo de 2003.
4. Sustitución de patrono
4.1 Concepto
Partes: Luis Orlando Omaña Aponte contra Maersk Dri-
lling Venezuela, S.A. y otra
Ahora bien, pasa esta Sala a analizar lo relativo a la sustitución de pa-
trono alegada por la parte actora y sobre el particular establece el ar-
tículo 88 de la Ley Orgánica del Trabajo que:
Existirá sustitución de patrono cuando se transmita la propiedad, la
titularidad o la explotación de una empresa de una persona natural o
jurídica a otra, por cualquier causa, y continúen realizándose las
labores de la empresa.
De igual forma dispone el artículo 89 eiusdem:
Cuando el nuevo patrono continúe el ejercicio de la actividad ante-
rior con el mismo personal e instalaciones materiales, independiente-
mente del cambio de titularidad de la empresa, se considerará que
hay sustitución del patrono.
En el caso concreto se observa que el ciudadano Luis Omaña empezó a
laborar para la empresa Perforaciones Western C.A. el 1° de octubre
de 1994, tal y como se desprende de las actas del expediente y que
luego fue transferido a la empresa Pride Internacional, C.A., con el
mismo equipo de trabajo CPV-7, con el mismo cargo de encuellador, y
así sucesivamente fue transferido a otras empresas hasta reincorporar-
se el 2 de mayo de 1998 a la empresa Maersk Drilling Venezuela S.A.,
quien asumió las obligaciones legales y contractuales con el mismo equipo
de trabajo, pues como se evidencia estamos en presencia del supuesto
del artículo arriba descrito, explotación de una empresa de una persona
natural o jurídica a otra, aunado a esto del acta de conciliación y tran-
sacción claramente se observa que el ciudadano Luis Omaña es un ex
trabajador de la empresa contratista Maersk Drilling Venezuela S.A., y
que ha prestado servicios en anteriores oportunidades a otras empresas
contratistas de PDVSA, debidamente documentadas y demostradas ante
la empresa contratista y que el pago único comprende diferencia de
prestaciones sociales legales y contractuales por el tiempo servido a las
diferentes empresas contratistas de PDVSA; en consecuencia observa
esta Sala que estamos en presencia de una sustitución de patrono y por
lo tanto existe continuidad laboral.
4.2 Ejecución de una sentencia recaída en un juicio incoado
contra el patrono sustituido
Partes: Javier Marriaga Dávila contra Talleres Autoriza-
dos Mercedes, C.A.
Confirma: Criterio establecido en sentencia Nº 1462 de fe-
cha 2 de diciembre de 2004
Así pues, una vez delimitado el alcance del recurso que se examina,

observa la Sala que a la luz de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley
Orgánica del Trabajo, cuando un patrono es sustituido por otro, a éste le
subsiste la responsabilidad del patrono anterior, entre otras cosas, por
los juicios laborales pendientes, caso en el cual, podrán ejecutarse las
sentencias definitivas contra el patrono sustituido o el patrono sustituto.
En ese orden de ideas, una vez que han quedado establecidos soberana-
mente los hechos por la Juez Superior, vale decir, que la actual recu-
rrente, sociedad mercantil Mercedes Benz Venezuela, S.A., adquirió
bienes propiedad de la demandada en el juicio principal, Talleres Autori-
zados Mercedes, S.R.L., desarrolló idéntico objeto social y asumió la
carga laboral existente para la fecha de inicio de sus actividades, resul-
ta pertinente establecer si existe la posibilidad de ejecución de una sen-
tencia recaída en un juicio incoado contra el patrono sustituido, en los
bienes del patrono sustituto que no ha sido parte en el juicio.
Tal planteamiento ya fue resuelto por esta Sala de Casación Social me-
diante sentencia Nº 1462 de fecha 2 de diciembre de 2004, en un caso
análogo al que se examina y mediante el cual se sentó el criterio que de
seguida se transcribe:
“(...) las sentencias incoadas en juicios anteriores a la sustitución de
patrono, al traspaso de los activos del Fondo de Comercio, pueden
ser ejecutadas en los bienes del patrono sustituto, (...).
Ahora bien, no es temerario el argumento del opositor de solicitar el
levantamiento del embargo por ejecutarse la sentencia en un juicio
en el cual no fue parte. Reconocidos autores patrios, entre quienes
se puede mencionar al Dr. Rafael Alfonso Guzmán (Nueva Didáctica
del Derecho del Trabajo, 10ª Edición, Caracas, 1999, pp. 302), consi-
deran que para que pueda ejecutarse la sentencia definitivamente
firme contra el patrono sustituto, es necesario que éste haya interve-
nido o haya sido llamado a la causa pendiente entre el trabajador y el
patrono anterior, respecto del cual el sustituto es un tercero.
No obstante, tal posición doctrinaria parte del supuesto no aplicable
al presente caso, de considerar al patrono sustituto como un tercero
ajeno a la controversia judicial, cuando en realidad, en el juicio in-
coado por la ciudadana María Encarnación Vizcaíno, contra Puerto
Vigía Hotel Resort, C.A., operó en virtud de la sustitución de patro-
no, una sustitución procesal del accionado y el ciudadano Giorgio
Giannone en dicho momento pasó a constituirse en demandado en el
presente juicio.
En efecto, cuando el ciudadano Giorgio Giannone, adquirió el “Puer-
to Vigía Hotel Resort”, en diciembre de 2000, operó la sustitución de
patrono antes de que se dictara la sentencia definitiva en el presente
juicio el 10 de octubre de 2001, y el ciudadano Giorgio Giannone,
adquirió por acto entre vivos los derechos y las obligaciones del
demandado y su condición de accionado en el presente juicio.
El hecho que el traspaso de los derechos litigiosos que se deriva de
la adquisición del inmueble en el cual trabajaba junto con la opera-
ción de la actividad hotelera, no haya constado en el expediente no
puede obrar en contra de la ex trabajadora, pues ello no era su carga
procesal. Una vez operada la sustitución de patrono, de adquirido el
inmueble hotelero sin que se paralizara la actividad desarrollada, el
ciudadano Giorgio Giannone ha debido asistir al juicio y dejar cons-
tancia de su condición y ejercer las defensas que considerara perti-
nentes. El hecho de que no hubiera actuado de esta forma no puede
ser la base de una oposición al embargo alegando ser un tercero
ajeno a la relación procesal.
En resumen, considera la Sala que si la sustitución de patrono opera,
como en el presente caso, con anterioridad al pronunciamiento de la
sentencia definitiva, el patrono sustituto adquiere la condición liti-
giosa pasiva, de demandado y, por tanto, la sentencia puede ser
ejecutada en su contra sin que pueda alegarse válidamente que se
trata de un tercero ajeno a la relación procesal.
Se reitera, el causante del ciudadano Giorgio Giannone fue citado a
juicio y al adquirir sus derechos y operar la sustitución de patrono, el
ciudadano Giorgio Giannone asume la condición de demandado.
Queda entendido que un eventual desconocimiento por parte del

patrono sustituto de la existencia de demandas que cursen en contra
del patrono sustituido al verificarse la sustitución, no puede ser ale-
gada en perjuicio del ex trabajador demandante a los fines de enervar
la ejecución de la sentencia.
Entonces, asentado que el ciudadano Giorgio Giannone no es un
tercero ajeno a la controversia, no resultaba procedente la oposición
por él formulada. (Subrayado de la presente decisión).
Así pues, resulta cónsona la sentencia impugnada con los criterios juris-
prudenciales citados, al no considerar a la empresa, hoy recurrente, como
un tercero opositor y procedente el embargo ejecutivo sobre bienes de
su propiedad.
En efecto, invocada por el actor en fase de ejecución de sentencia
una sustitución de patrono, aprecia la Sala al examinar las actas del
expediente que la constitución de la empresa Mercedes Benz Vene-
zuela, S.A., en el estado Zulia se materializó en fecha 4 de agosto de
1997, es decir, posterior a la introducción de la demanda –14 de marzo
de 1996– y antes de dictarse la sentencia definitiva –19 de marzo de
1998–, en ese sentido al adquirir la empresa sustituta la cualidad pasi-
va en el proceso en virtud de la sustitución procesal que se produjo
con la sociedad mercantil accionada, se llega la conclusión que el fallo
puede ser válidamente ejecutado en su contra como en efecto se hizo,
sin que ello comporte el quebrantamiento por la recurrida de las nor-
mas denunciadas. Así se decide.
Índice de Artículos
CÓDIGO CIVIL
Artículo 1.185 .............................................................. 132
Artículo 1.969 .............................................................. 185, 194
Artículo 1.972 .............................................................. 187
Artículo 1.975 .............................................................. 185
Artículo 1.976 .............................................................. 185
Artículo 1.977 .............................................................. 195
Artículo 1.980 .............................................................. 197
CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Artículo 337 ................................................................. 195
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

Artículo 3°.................................................................... 33
Artículo 9°.................................................................... 33
Artículo 16 ................................................................... 191, 192
Artículo 31 ................................................................... 119
Artículo 48 ................................................................... 224
Artículo 51 ................................................................... 224
Artículo 52 ................................................................... 224
Artículo 79 ................................................................... 224
Artículo 80 ................................................................... 224
Artículo 81 ................................................................... 224
Artículo 136 ................................................................. 48
Artículo 174 ................................................................. 137
Artículo 202 ................................................................. 151
Artículo 206 ................................................................. 172, 227
Artículo 208 ................................................................. 172
Artículo 216 ................................................................. 230
Artículo 233 ................................................................. 137
Artículo 252 ................................................................. 41, 174, 236
Artículo 305 ................................................................. 142
Artículo 306 ................................................................. 142
Artículo 310 ................................................................. 174
Artículo 312 ................................................................. 33, 46, 114
Artículo 337 ................................................................. 43
Artículo 345 ................................................................. 105
Artículo 463 ................................................................. 247
Artículo 466 ................................................................. 247
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Artículo 3°.................................................................... 164
Artículo 19 ................................................................... 164
Artículo 24 ................................................................... 33
Artículo 26 ................................................................... 41, 140
Artículo 49 ................................................................... 41, 74, 219
Artículo 89 ................................................................... 150
Artículo 91 ................................................................... 164
Artículo 92 ................................................................... 151
Artículo 257 ................................................................. 41, 140
Artículo 259 ................................................................. 18
Artículo 334 ................................................................. 140
Artículo 335 ................................................................. 140
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE VENEZUELA (1961)

Artículo 88 ................................................................... 151
DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Artículo 74 ................................................................... 121
Artículo 94 ................................................................... 143
Artículo 95 ................................................................... 143, 145
Artículo 96 ................................................................... 143
LEY DE ABOGADOS
Artículo 22 ...................................................................
74
LEY DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Artículo 95 ...................................................................
Artículo 97 ................................................................... 217
Artículo 110 ................................................................. 217
Artículo 111 .................................................................. 217
Artículo 112 ................................................................. 217
217
LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA
Artículo 36 ...................................................................
Artículo 64 ................................................................... 71
Artículo 71 ................................................................... 71
71
LEY DE ESTÍMULO AL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PETROQUÍMICA, CARBOQUÍMICA Y
SIMILARES
Artículo 9°....................................................................
121
LEY DE HACIENDA PÚBLICA NACIONAL
Artículo 1°....................................................................
Artículo 6°.................................................................... 219
Artículo 9°.................................................................... 219
Artículo 10 ................................................................... 219
121
LEY ORGÁNICA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
Artículo 44 ...................................................................
Artículo 192 ................................................................. 71
71
LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONDICIONES
Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Artículo 33 ................................................................... 23, 24, 26, 127
Disposición Transitoria Séptima ................................. 17, 18
LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 115 ................................................................. 78
LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO

Artículo 2°.................................................................... 150
Artículo 5°.................................................................... 127, 150
Artículo 6°.................................................................... 124, 167
Artículo 9°.................................................................... 199
Artículo 10 ................................................................... 251
Artículo 11 .................................................................... 147, 150
224, 247
Artículo 12 ................................................................... 219
Artículo 30 ................................................................... 77
Artículo 47 ................................................................... 48
Artículo 49 ................................................................... 224
Artículo 57 ................................................................... 124, 127
Artículo 58 ................................................................... 127
Artículo 60 ................................................................... 121
Artículo 64 ................................................................... 121
Artículo 73 ................................................................... 53
Artículo 116 ................................................................. 245
Artículo 128 ................................................................. 226
Artículo 130 ................................................................. 60, 225, 238
Artículo 131 ................................................................. 226, 238
Artículo 135 ................................................................. 103, 227
Artículo 151 ................................................................. 233, 238
Artículo 152 ................................................................. 172
Artículo 156 ................................................................. 53
Artículo 159 ................................................................. 58, 60
Artículo 160 ................................................................. 58
Artículo 164 ................................................................. 219, 238
Artículo 165 ................................................................. 109
Artículo 167 ................................................................. 33, 39, 43
46, 119
Artículo 168 .................................................................50, 51, 135, 259
Artículo 171 ................................................................. 50, 51
Artículo 173 ................................................................. 238, 249
Artículo 177 ................................................................. 65, 67, 69
124, 135
Artículo 178 ................................................................. 33, 108, 109
114, 115, 116, 238
Artículo 185 ................................................................. 151
Artículo 186 ................................................................. 46
Artículo 188 ................................................................. 47
LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES Y DE

PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO
Artículo 31 ................................................................... 105
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO

DE JUSTICIA
Artículo 18 ................................................................... 33
LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL
Artículo 64 ................................................................... 197
LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO

Artículo 3°.................................................................... 262
Artículo 10 ................................................................... 199, 257, 259
Artículo 42 ................................................................... 175, 177
Artículo 47 ................................................................... 175
Artículo 54 ................................................................... 215
Artículo 55 ................................................................... 215
Artículo 56 ................................................................... 215
Artículo 59 ................................................................... 167, 199
Artículo 60 ................................................................... 148, 170
Artículo 61 ................................................................... 185, 187, 194
195, 199
Artículo 63 ................................................................... 199
Artículo 64 ................................................................... 185, 194, 197
Artículo 65 ................................................................... 255
Artículo 88 ................................................................... 263
Artículo 89 ................................................................... 263
Artículo 90 ................................................................... 265
Artículo 93 ................................................................... 148
Artículo 94 ................................................................... 148
Artículo 95 ................................................................... 81, 99
Artículo 97 ................................................................... 99
Artículo 108 ................................................................. 85, 151, 199
Artículo 112 ................................................................. 132, 134, 183
Artículo 115 ................................................................. 182
Artículo 125 ................................................................. 85, 132, 134
151, 177, 183
Artículo 133 ................................................................. 88, 90
Artículo 135 ................................................................. 164
Artículo 145 ................................................................. 85
Artículo 146 ................................................................. 85
Artículo 193 ................................................................. 82, 85
Artículo 196 ................................................................. 88
Artículo 198 ................................................................. 82
Artículo 211 ................................................................. 88
Artículo 212 ................................................................. 88
Artículo 216 ................................................................. 88
Artículo 217 ................................................................. 88
Artículo 232 ................................................................. 100
Artículo 360 ................................................................. 82
Artículo 365 ................................................................. 164
Artículo 366 ................................................................. 82
Artículo 417 ................................................................. 205
Artículo 420 ................................................................. 205
Artículo 421 ................................................................. 205
Artículo 422 ................................................................. 205
Artículo 423 ................................................................. 205
Artículo 424 ................................................................. 205
Artículo 425 ................................................................. 205
Artículo 459 ................................................................. 205
Artículo 460 ................................................................. 205
Artículo 563 ................................................................. 29
LEY SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE)
Artículo 40 ................................................................... 217
REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRERA
ADMINISTRATIVA
Artículo 40 ................................................................... 71
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA
DEL TRABAJO (1999)
Artículo 8°.................................................................... 148
Artículo 9°.................................................................... 262
Artículo 21 ................................................................... 199
Artículo 23 ................................................................... 180
Artículo 24 ................................................................... 180
Índice de Sentencias
Sentencia: N° 0683 de 15-05-08. Exp. 07-327 .............. 17

Sentencia: N° 1022 de 01-07-08. Exp. 07-1615 ............ 23, 24, 25
Sentencia: N° 0245 de 06-03-08. Exp. 07-751 .............. 26, 180, 203
Sentencia: N° 1486 de 07-10-08. Exp. 07-2076 ............ 29
Sentencia: N° 1048 de 01-07-08. Exp. 08-1188............. 33
Sentencia: N° 1334 de 08-08-08. Exp. 08-1113 ............. 39
Sentencia: N° 0710 de 22-05-08. Exp. 07-1782 ............ 50, 65
Sentencia: Nº 0631 del 09-05-08, Exp. 07-1460 ............ 55
Sentencia: Nº 1104 del 10-07-08, Exp. 07-1895............. 58

Sentencia: Nº 1279 de 31-07-08. Exp. 07-836 ............... 60, 225
Sentencia: Nº 1253 de 31-07-08. Exp. 07-1902 ............. 63, 241
Sentencia: N° 1119 de 10-07-08. Exp. 08-583 ............... 74
Sentencia: Nº 0735 del 27-05-08, Exp. 07-1976 ............ 82, 164
Sentencia: Nº 0633 del 13-05-08, Exp. 07-1366 ............ 85, 88, 89
Sentencia: Nº 1373 de 08-08-08. Exp. 07-1521 ............. 92
Sentencia: N° 1241 de 29-07-08. Exp. 07-1637 ............ 94, 191, 192
Sentencia: Nº 0991 del 26-06-08, Exp. 07-1619 ............ 99, 263
Sentencia: Nº 1796 del 06-11-08, Exp. 07-2022............. 100
Sentencia: N° 0427 de 10/04/2008. Exp. 08-340 ........... 107
Sentencia: N° 1277 de 31-07-08. Exp. 07-523 .............. 137, 140
Sentencia: N° 1197 de 22-07-08. Exp. 07-2116 ............. 143, 145

Sentencia: Nº 1072 de 01-07-08. Exp. 08-995 ............... 253
Sentencia: Nº 1524 de 14-10-08. Exp. 07-489 ............... 257

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Juan Rafael Perdomo

Magistrado Vicepresidente de la Sala de Casación Social

Tribunal Supremo de Justicia

Perdomo, Juan Rafael

278 p. -- (Colección Doctrina Judicial N° 37)

1. Derecho laboral -- Venezuela. -- 2. Casación -- Venezuela. -- 3. Jurispru-

© República Bolivariana de Venezuela

Juan Rafael Perdomo

Tribunal Supremo de Justicia

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONSTITUCIONAL SALA POLITICOADMINISTRATIVA

SALA ELECTORAL SALA DE CASACIÓN CIVIL

SALA DE CASACIÓN SOCIAL SALA DE CASACIÓN PENAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En el marco de las iniciativas de este Tribunal Supremo de Justicia,

Es así como la Fundación Gaceta Forense ha venido desplegando un

Todas y cada una de tales colecciones y series se publican respetando

Caracas, ocho de julio de 2009.

Luisa Estella Morales Lamuño

8 . Accidente de trabajo .................................................... 29

1.3 Indeterminación objetiva ....................................... 57

7 . Ajuste de la pensión de jubilación ............................... 94

1 . Confesión ficta ............................................................. 103

1 . Calificación de la conducta del trabajador y despido

1 . Principios y derechos constitucionales y legales ........ 137

1 . 6 Derecho a las prestaciones sociales. Mora del

5.2 Incomparecencia del apelante a la audiencia de

CC: Código Civil

LOCSJ: Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

1. Incompetencia de la jurisdicción laboral para asumir el

Recurso de apelación

2. Indemnización por deformaciones permanentes

Recurso de casación

3. Indemnización por daño material (lucro cesante y/o daño

Recurso de casación

Al respecto, la Sala ratifica su doctrina, en el sentido de que resulta

Recurso de casación

Recurso de casación

Recurso de casación

7.1 Comienzo del lapso de prescripción e interrupción de la

Recurso de casación

8. Accidente de trabajo

8.1 Vínculo de causalidad (hecho extraño o de un tercero y

Recurso de casación

1. Fases del avocamiento

1. Cuantía para recurso de casación

Recurso de control de la legalidad

Recurso de hecho

3.1 Sentencia definitiva formal

Recurso de hecho

Recurso de hecho

Recurso de hecho

3.4 Inadmisible el recurso de casación ejercido contra decisiones

Recurso de casación

3.5 Inadmisible el recurso de casación ejercido contra autos en

Recurso de casación

Recurso de hecho

Recurso de hecho

Recurso de casación

Recurso de casación