El Positivismo de Joseph Raz

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El derecho pretende proporcionar el marco general para la

conducción de todos los aspectos de la vida social y se sitúa a
sí mismo como el guardián supremo de la sociedad.
Joseph Raz
Razón Práctica y Normas, p. 179.
DR © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México,

Instituto de Investigaciones Juri d
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(3)Segundo capítulo.indd 3 12/06/2011 09:29:40 p.m.

I. Nota introductoria
L
a discusión en el iuspositivismo se ha dado en diferentes frentes,
quizá de los más polémicos haya sido el que existió entre los profeso-
res Hart y Dworkin, sobre todo si atendemos a la discusión publicada
por ellos en sus obras: Post Scriptum al Concepto del Derecho y Los Dere-
chos en Serio1, respectivamente. Empero, nuestro propósito es hacer primero
un seguimiento de las ideas de la relación y/o distinción entre el derecho y la
moral entre quienes son quizá de los más eximios representantes del iusposi-
tivismo, en sus variantes incluyente y excluyente. Por ello hemos dedicado el
primer capítulo a quien representa a la variante incluyente más importante, y
ahora emprendemos el estudio de quien es quizá el más importante de los filó-
sofos del derecho de postura excluyente. Y en el siguiente capítulo indagare-
mos en la obra de quien es considerado un neoiusnaturalista, o antipositivista
que intenta construir una tercera vía basado en el liberalismo individualista2.
El desarrollo del pensamiento iusfilosófico del profesor Joseph Raz tiene
una coherencia a la que podemos denominar hilo conductor. Este hilo con-
ductor parte de la idea básica de las razones, razones para la acción, razones
excluyentes, razones operativas, razones concluyentes y razones protegidas.
La idea de las razones es la parte fundamental que nos permitirá el entendi-
miento de los aspectos lógicos, discursivos y fácticos de lo que denominamos
derecho, por ello está dedicado a su estudio el primer tema de éste capítulo.
1
Don Fernando Salmerón dedica algunas muy ilustrativas páginas al análisis de este debate
en un artículo intitulado “Sobre moral y derecho, Apunte para la controversia Hart-Dwor-
kin”, publicado en Vázquez Rodolfo (comp.) Derecho y moral, Ensayos sobre un debate
contemporáneo. Barcelona, España. Gedisa, 1998. Cfr. págs. 80-112.
2
Vid. págs. 7-12 del prólogo de Alberto Calsamiglia en Dworkin, Ronald. Los Derechos en
Serio. trad. Marta Gustavino. Barcelona, España. Planeta-De Agostini 1993.
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El positivismo de Joseph Raz
Las razones especialmente la razón para la acción y las razones protegi-

das integran a la norma subyaciendo a esta ya como razón completa, o como
parte de una razón que en relación con otras normas se complementa, de allí
la relación entre razones y norma, y la relación entre las normas integrando
sistemas jurídicos.
Ocupa un lugar importante en esta teoría la idea de autoridad y la tesis
de las fuentes sociales del derecho, las características de que la autoridad de
facto tiene pretensiones de ser legítima y eficaz, la vinculación que entre la
autoridad y el derecho existe, y primordialmente la autoridad del derecho.
Toda esta parte teórico-descriptiva junto con la tesis de las fuentes sociales
del derecho nos llevará a poder referirnos con cierta precisión y de manera
contextualizada a la tesis del positivismo excluyente de Joseph Raz.3
II. Razones para la acción
El desarrollo teórico del autor en comento inicia por lo que denomina las
razones para la acción, lo cual es el concepto clave para la explicación de las
normas, así como lo referente a las órdenes, mandatos y autoridad.4
La explicitación de su pensamiento nos da elementos suficientes para con-
siderar que su postura se desenvuelve desde la perspectiva de la lógica, sobre
todo la lógica analítica referida al lenguaje, con base en la cual se analizan
las proposiciones que conforman las reglas jurídicas: oraciones normativas,
órdenes y prohibiciones, construidas con el lenguaje. Las razones de la acción
es el punto de partida que como mínimo elemento conforma la estructura nor-
mativa de lo que decimos es derecho, y como elemento mínimo es objeto de
estudio de una teoría jurídica que incluye otros instrumentos teóricos que nos
3
Vega, Gómez Juan, “El Positivismo Excluyente de Raz”, publicado en Boletín Mexicano
de Derecho Comparado No. 110, Mayo-agosto 2004, México, Distrito Federal. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Allí se encuentra
la exposición más precisa y visión de conjunto sobre el positivismo excluyente de Joseph
Raz.
4
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas. trad. Juan Ruiz Manero. Madrid, España, Centro
de Estudios Constitucionales, 1991, p. 12.
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Derecho y moral. Estudio introductorio
permiten explicar la postura del autor. Entre estos instrumentos encontramos:

una teoría del valor y una teoría de la imputación, así como los conceptos más
importantes: reglas, deberes, obligaciones, y derechos.
Las razones para la acción explican los motivos de los seres humanos
para realizar una conducta u otra, a estos motivos para la acción también se
les denomina razón práctica5.
Robert Alexy define la razón práctica como “[…] la facultad que permite
llegar a juicios prácticos de acuerdo con este sistema de reglas”.6
Las razones las hay diversas, pero las de la acción y de la creencia son las
más importantes, la voz razón refiere a explicar, valorar y guiar la conducta7;
por lo que podemos percatarnos que tiene al menos tres aspectos discursivos
diferentes, y pueden ser:
i) Explicativa: en cuanto a los motivos y ejecución de la acción consi-
derándola en un esquema amplio en que hay un universo posible de
acciones que pueden ser realizadas, pero que por afanes metodológicos
se circunscriben a las más esenciales para el caso de que se trate, así ya
no son los usos (práctica), ni las reglas sociales los que van a dar los ele-
mentos distintivos del aspecto normativo (ej. si los fieles deben ponerse
el sombrero en la iglesia y por qué).
ii) Valorativa: en cuanto a que bueno o malo son los valores que ética y
moralmente se consideran para referirse a una acción, donde los valores
serán subsumidos a la estructura normativa siendo explicada desde las
razones para la acción como razones operativas.
iii) Como guía de la conducta: en que dan cuenta de los deberes y dere-
chos que le son impuestos al agente o ciudadano, y la forma en como se
da o debe dar cumplimiento a lo ordenado o prohibido.
5
Suárez Villegas, Juan Carlos. ¿Hay obligación Moral de Obedecer al Derecho?, Madrid,
España. Tecnos, 1996. Cfr. p. 66.
6
Alexy, Robert. El Concepto y Validez del Derecho. Segunda edición, trad. Jorge M. Seña.
Barcelona, España. Gedisa, 2004. p. 137.
7
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas. Op. cit. nota 4, p. 18.
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Los contextos y el análisis lógico son parte de la circunstancia en que las

razones deben ser examinadas8. Habíamos mencionado que las razones para
la acción y razones para la creencia son las más importantes, esto a tal grado
que en ocasiones las segundas pueden equivaler a las primeras, pero no a la
inversa en su totalidad.
Las razones se dan en la vida de los humanos, aunque como tales solo
pueden ser distinguidas luego del análisis teórico, porque la realidad se nos
impone como hechos, en los que están implícitos valores, pero de los que
deben distinguirse las creencias, pues éstas no son determinantes de los he-
chos y sólo en algunas ocasiones pueden dar cuenta de lo realizado, pero sólo
explicativamente, en tanto que las razones de los hechos son normativamente
significativas por su carácter de guía de conducta. Por ello se puede afirmar
que una persona actuó de determinada manera teniendo una razón para la
acción, dado que los hechos eran “x”, pero no puede aseverarse lo mismo si
justificamos o explicamos su conducta fundados en que la persona creyó “y”,
ni en cualquier caso en que se refiera a algunas de las formas de creencia:
“probabilidad”, “esperanza”9.
Desde una perspectiva lógica el autor sostiene que hay razones comple-
tas aunque casi nunca las usemos en la vida cotidiana, estas razones son un
conjunto de premisas que implican una razón para realizar una cierta acción,
estas premisas son aquellas que pueden referirse a la acción que se realiza,
y que no se encuentran algunas que la impidan o cuestionen, lógicamente es
una razón completa. Empero estas razones completas son de carácter atómi-
co, pues se componen de múltiples razones que en determinadas situaciones
pueden ser razones diversas, complementarias o contrarias10.
Las razones pueden entrar en conflicto y para poder determinar cuál ha de
prevalecer, debe atenderse a la fuerza de cada una de ellas (que es una carac-
terística definitoria), en estos casos una se impondrá a la otra sea en conjunto
o de modo individual, aunque debe considerarse que existen condiciones para
8
Para un estudio de las corrientes generales de la razón practica en cuanto a modelos his-
tóricos: “aristotélico”, “hobbesiana” y “kantiana”, Vid. Alexy, Robert. El Concepto de Vali-
dez… Op. cit. nota 6, págs. 131-157.
9
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas, Op. cit. nota 4, págs. 20-25.
10
Ibid, p. 27.
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la cancelación de la razón, aún cuando sea la más fuerte. Para determinar la

fuerza de las razones puede atenderse a su clasificación:
i) Razón concluyente: no ha sido cancelada, ni hay nada que la supere.
ii) Razón absoluta: no hay nada que la supere, pero puede ser cancelada.
iii) Razón prima facie: no es ninguna de la anteriores. Aclarando que no
toda razón absoluta es concluyente, ni a la inversa; esto es:
Una razón puede ser concluyente porque supera todas las razones existen-
tes que están en conflicto con ella y no ser, sin embargo, absoluta porque no
superaría a una determinada razón posible, si realmente fuera el caso de que
se diera una razón. No toda razón absoluta es concluyente, pues p puede ser
una razón absoluta aún cuando sea cancelada por q. En este caso no sería una
razón concluyente.11
Las razones para la acción que explican el hecho que se ha realizado pue-
den ser expresadas a manera de silogismo, en el que existe una inferencia
práctica entre las premisas y su conclusión, al reducirse a su esquema lógico,
puede encontrarse equivalencias entre las proposiciones de deber (principal-
mente las generales) y las de razón. Con las proposiciones de “debe” en senti-
do particular hay implicaciones pragmáticas que resolver previo a establecer
la analogía; puede concluirse que los enunciados de “debe” y los de “hay una
razón” lógicamente pueden inferirse igual, y la diferencia que puede encon-
trarse es referida a su implicación pragmática.
Es muy importante la manera en que desde la perspectiva lógica se distin-
gue entre estructura lógica y distinción terminológica; esto, respecto a que
el valor aún de carácter moral puede ser asimilado a la estructura lógica de
la razón y su inferencia ser semejante. La razón puede contener valores, y
los valores pueden subsumirse a las razones, ya que la distinción es termi-
nológica, no lógica, por lo que ambos pueden ser tratados como términos
exclusivamente normativos12. Esta asimilación lógica lo es también a nivel
argumentativo y de pertenencia a lo normativo, así para la teoría descriptiva
lo moral así pierde su distinción con lo normativo. Al asimilarse adquiere
11
Ibid, p. 31.
12
Ibid, p. 35.
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también un carácter instrumental en cuanto a la búsqueda de la realización de

determinados fines del sistema, o lo que se denomina razón operativa13.
Veremos que el elemento esencial y distintivo de lo normativo es la razón
excluyente, en este sentido, es importante poner atención en que las razones
operativas son valores, deseos o intereses, por lo que hemos vuelto al primer
tema planteado, en el que distinguimos las razones de los deseos o creencias.
Aquí la distinción con estas inclinaciones se ha mantenido, empero, los valo-
res, deseos o intereses se han subsumido a la estructura de las razones opera-
tivas, las cuales a su vez integran las razones completas14.
Las consecuencias de subsumir los valores, deseos e intereses a las razones
operativas, será el que formarán parte del elemento distintivo de lo normativo
desde su base como supuestos de la propia estructura; pero al unísono per-
derán autonomía para ser consideradas de manera separada, vinculado a ello,
que tales voces son tan amplias que bien pueden contener hasta las propias
creencias sean colectivas o derivadas de la práctica. De las razones operativas
a las normas hay un paso, y el profesor Raz lo da al decir “Una de las prin-
cipales tesis del próximo capítulo es que las normas son razones operativas,
aunque no son valores”15.
Antes de pasar al siguiente tema que versa sobre las normas, profundice-
mos sobre las razones. Estas las hay también auxiliares (razones auxiliares):
cuya función es permitir identificar el acto que se debe realizar.
Las razones debe clasificárseles en: de primero y segundo grado, y los con-
flictos se resuelven en razón de su peso y fuerza, sometiéndolas a un balance
de razones, y realizando lo que resulte como razón concluyente16. En el caso
de conflicto de razones de primer orden es un balance personal, pero cuando
son razones de segundo orden o una de primer y otra de segundo, entonces,
13
Para el filósofo Apel, la razón práctica como racionalidad cuando carece de contenido
ético y su empleo es de carácter estratégico se denomina racionalidad técnico-instrumental,
en tanto que él sostiene la racionalidad ética de la comunicación como base del discurso y
la conducta. Vid. Otto Apel, Karl. Estudios Éticos, trad. Carlos Santiago. México, Distrito
Federal. Fontamara, 1999, págs. 27-28.
14
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas, Op. cit. nota 4, Cfr. p. 37 y 38.
15
Idem, Cfr. p. 38.
16
Ibid, Cfr. págs. 40-41.
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el balance es realizado por la autoridad mediante la institución aplicadora o

creadora de normas.
Son razones de primer orden las que resultan del balance de razones que
el sujeto realiza como predeterminación o decisión de su conducta, en tanto
que las razones de segundo orden son excluyentes, autoritativas y legales,
pues nos referimos a aquellas dadas por una autoridad como directrices de
conducta con el propósito de que sean cumplidas; son toda razón para actuar
por una razón, o razón para abstenerse de actuar por una razón. En cualquier
conflicto entre las razones de primer orden y las de segundo grado excluyen-
tes, prevalece siempre la excluyente, aún cuando lo que ésta ordena, prohíbe,
o faculta… pueda ser realizado mediante una acción distinta superada por una
de segundo orden.
Una de las más importantes aportaciones a la filosofía del derecho es la de
las razones excluyentes17, que son importantes para las normas, a tal grado
que en pro de la agilidad en la toma de decisiones en ocasiones nos debere-
mos sujetar a decisiones ya pre-elaboradas, consistiendo en razones exclu-
yentes, las cuales podrán eliminar el balance de razones. El sentido práctico
es manifiesto en el ámbito teórico mediante las razones excluyentes, la pos-
tura de afrontar la cotidianidad normativa con instrumentos que permitan dar
solución pronta y lo más apegado a lo correcto subyace a esta estructura la
cual también evidencia rasgos de pragmatismo y utilitarismo, al menos desde
este sentido práctico, aunque quizá eficaz.
Las razones para la acción en su carácter de excluyentes sean de primer
o segundo orden nos permiten explicar la mayor parte de los casos de razón
práctica de quienes realizan las conductas. Tanto razón práctica (creencias,
convicciones éticas, morales, gustos…) como razón para la acción pueden
coincidir, pero en muchos casos puede ocurrir que quien deba cumplir con la
razón para la acción desconozca la norma en la que se encuentra constreñida y
a pesar de ello la cumpla por razones de pura conveniencia, a esto se le deno-
mina sensibilidad18. La sensibilidad tiene un aspecto subjetivo que vinculado
con la razón práctica en la mayoría de los casos, empero, el orden jurídico
pretende certidumbre y seguridad de quienes deben cumplirlo, por lo cual
17
Vega Gómez, Juan. El Positivismo Excluyente de Raz, Op. cit. nota 4, p. 713.
18
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas. Op. cit. nota 4, Cfr. p. 222. Se trata de lo escrito
por el autor en el post scriptum a la segunda edición.
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ante la insensibilidad (incumplimiento) sea por convicción o por irracionali-

dad se debe hacer efectivo como razón excluyente de segundo orden.
Aunque considérese que las razones no son absolutas y no obstante su
fuerza subsiste la autonomía del sujeto que debe cumplirla, ya que aún a pesar
de la fuerza de la razón mediante una norma el sujeto puede no observarla.
La razón excluyente aún cuando de segundo grado se nos impone como
exigencia de realizar la conducta, impidiendo que sea sometida al balance de
razones, en tanto, que otra razón que no sea excluyente aún cuando sea de
primer grado permite ser sometida al balance de razones y no nos exige su
cumplimiento.
Las razones tienen en su mayoría un uso instrumental que las aleja de su
concepción moral, al menos en el sentido kantiano, de cumplir con lo orde-
nado por sí mismo, pues la razón moral puede ser de primer grado y no cum-
plirse con ella, en tanto que la razón excluyente puede ser de segundo grado
(por no coincidir con la razón de primer grado como resultado del balance
razones) e imponérsenos como la que debe cumplirse. Puede ser el caso de
que incluso no se siga la razón excluyente, pero que al seguirse una razón dis-
tinta, esta coincida con el propósito de la razón excluyente, de tal manera que
aún por casualidad se ha cumplido con lo que la razón excluyente ordenaba,
importa por tanto que se de cumplimiento a lo previsto en la razón excluyente
como razón instrumental subordinada a un fin.
Considerando lo anterior, de que debe prevalecer el fin como razón ins-
trumental, esta es una excepción pero no lo que generalmente ocurre, puesto
que la razón excluyente tiene como característica el no permitir actuar por
otras razones válidas, aún cuando sean de primer orden, sino el de imponerse
a las otras razones a efecto de hacer prevalecer el orden, la certidumbre y
seguridad de quienes se guían conforme a ellas. Las razones excluidas no son
anuladas ni canceladas, sino que dejan de guiar la conducta, y no tenemos el
compromiso de actuar de conformidad con una razón excluida19.
Las directivas funcionan como razones para la acción, en tanto son razones
excluyentes20 se imponen como lo que debe hacerse basado en la fuerza de la
autoridad y en su experiencia, el “debe” es en sentido de guía y motivación
19
Ibid, Cfr. p. 229.
20
Vega Gómez, Juan. El Positivismo Excluyente de Raz, Op. cit. nota 3, p. 715.
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para la conducta de los agentes o ciudadanos a quienes se dirige, la cual es

considerada adecuada (correcta) por la autoridad.
La razón excluyente nos da la pauta para hacer la inferencia práctica de
la conducta de quienes deben cumplirla, pues como razón para la acción y
excluyente (razón protegida, cuando es ambas a la vez) establece que si <A>
está en la situación de , debe hacer <C> para que se cumpla con <D>,
por lo tanto, no debe hacer <E> o cualquiera otra, de lo que se sigue que si
efectivamente <A> está en la situación de inferimos que <A> debió
hacer <C>, y nuestra inferencia práctica es correcta dado que el resultado es
<D>. Pero ya hemos dicho que si <A> estando en no hace <C>, y hace
cualquiera otra, pero es <D>, también se cumple con el propósito de la razón
protegida21; pero no hacer <C> no es una excepción a la razón excluyente,
pues solo las normas tienen excepciones, las razones no.
Veamos el caso de incumplimiento indirecto con un breve ejemplo: el pro-
pietario de un fundo tiene el inconveniente de que en los límites de éste plantó
un árbol que ahora es enorme, cuyas raíces y ramas están muy próximas a
afectar la construcción de un inmueble vecino, al plantarlo no observó la dis-
posición que lo prohíbe, empero, ahora tiene la necesidad de ocupar ese espa-
cio para convertirlo en cochera por lo que decide cortar el árbol y desenterrar
sus raíces. En este caso se evita afectar un bien ajeno, pero el sujeto no realiza
la conducta porque cumpla con lo ordenado en la ley, sino que lo hace por
razones de conveniencia, las cuales coinciden con lo ordenado en la norma.
Las razones pueden estar en conflicto y pueden manifestarse por el conflic-
to entre normas. En una norma puede subyacer una razón completa o varias
razones parciales que en relación con otras normas forman la razón completa
sea como norma de mandato, permisiva o que confiera deberes22. Los conflic-
tos de razones pueden ser parciales o generales, una razón puede cancelar a
otra pero no anularla, cuando los conflictos son parciales, la razón que resulta
del balance de razones queda como razón de primer orden y la otra de segun-
do, siendo la de primer orden la adecuada para conseguir el propósito y la
segunda como una alternativa para su logro23.
21
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas, Op. cit. nota 4, Cfr. p. 247, 248.
22
Véase el tema de Teoría de los Sistemas Jurídicos.
23
Ibid, Cfr. p. 234.
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Las razones excluyentes pueden ser también razones protegidas. Exclu-

yentes, en tanto, son la combinación del acto que uno se ha comprometido a
realizar, o el ordenado por la regla, y una razón excluyente para no actuar por
otras razones. Protegidas, en tanto que contienen un propósito instrumental
de lograr un objetivo determinado, ya han pasado por el balance de razones,
contienen lo previsible en relación a otras conductas que puedan realizarse,
se establecen como guías de conducta que procuran certeza y seguridad para
quienes deban seguirlas, y su aplicación es objetiva en tanto se excluyen que
los que deban cumplirlas puedan someterlas a un nuevo balance de razones
que afecte la conducta ordenada en la razón excluyente.
En este punto importa la confianza del agente que deba cumplir con la
razón excluyente, confianza razonada en tanto que debe hacer lo que otro
ha razonado previamente como predecible y justificable de la conducta que
debe realizarse y en razón de la coordinación de los agentes que deben cum-
plirla. Las razones protegidas se manifiestan mediante el tipo de normas que
denominamos de mandato24. Este concepto de razón protegida nos permitirá
explicar posteriormente a las normas jurídicas como razones protegidas
Hasta este momento podemos percatarnos que el estudio de las razones
nos evidencia que los problemas de los cuales el profesor Raz se ocupa y
describe, son los del modo en cómo el derecho está estructurado y el funcio-
namiento de los derechos, los deberes, las facultades legales, así como las
acciones que tienen una consecuencia jurídica.
Por estos motivos, podemos decir que las razones se colocan en el funda-
mento de la teoría descriptiva del derecho. Esta postura epistemológica del
derecho elimina gran parte de los problemas tratados por otros autores a nivel
del derecho como un fenómeno social, y desde la perspectiva analítica nos
colocan en la estructura desde la que se da cuenta de todas la formas de ser
del derecho, y sus relaciones y distinciones con otros sistemas normativos.
24
Ibid, Cfr. págs. 238, 241 y 242.
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III. La relación entre las reglas y las razones

para la acción
Hay diferentes tipos de reglas: las permisivas, las que confieren poderes y las
técnicas, pero el autor que seguimos solo se ocupa de las reglas y principios
categóricos, y usa la voz “norma de mandato” para referirse a ambos25. Las
reglas también son particulares y generales, en tanto que los principios se re-
fieren a cosas últimas, y entre reglas y principios no realiza distinción alguna.
La norma tradicionalmente ha sido estudiada en los elementos que la con-
forman, el autor Von Wright enuncia cuatro:
i) Operador deóntico.
ii) Sujeto normativo.
iii) Acto normativo.
iv) Condiciones de aplicación.
Desde los primeros tres elementos no es posible diferenciar entre una nor-
ma y otras, es desde el punto de vista de considerar a las reglas como razones
para la acción que puede diferenciarse entre ellas, y las condiciones solo para
determinar su aplicación al caso. En la nota al pie de página de la obra referi-
da podemos corroborar que a pesar de que las reglas no son hechos, deben ser
consideradas razones para la acción26.
La aseveración de que las reglas sean razones para la acción, y que preci-
samente las razones para la acción sean lo que pueda diferenciar a una regla
de otra, o en un momento determinar su aplicabilidad a un caso concreto, es
de lo más importante. En razón de que ésto lo vincula directamente al tema de
la juridicidad de las reglas, y posteriormente de las normas.
Tomemos lo anterior como el punto de partida para que se haga una revi-
sión rápida de las maneras en cómo otros pensadores han pretendido resolver
25
No trataremos de la distinción que pueda existir entre el uso de las voces regla y norma,
por lo que deberemos entenderlos en la mayoría de los casos como semejantes en tanto que
son directivas.
26
Ibid, págs. 56-57.
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el problema de la juridicidad, refiriéndonos a la teoría imperativa sostenida

por John Austin, y a la teoría práctica de H. L. A. Hart27. Podemos resumir la
crítica al profesor Hart diciendo que: no diferencia entre los tipos de reglas,
atribuye el origen de la juridicidad a la práctica, no distingue las razones para
la acción como razón normativa de una norma general, y confunde el elemen-
to social con el jurídico.
La principal causa por la que considera que la teoría de la práctica no
puede dar cuenta correctamente de las reglas, es porque, regla no significa
práctica, ni toda práctica es una regla. Lo que hace que una regla sea tal es que
esta sea una razón excluyente para actuar de un modo y no de otro, en tal caso
la practica puede explicar el carácter vinculante desde la perspectiva moral
(como práctica social) pero no determinar qué sea una regla. Así en el fondo
de la discusión está el que toda regla sea una razón, pero no toda razón sea
una regla, y aún, no toda regla es normativa, lo que nos devuelve al proble-
ma de la juridicidad de las reglas; la cual sólo se podrá aclarar en un sentido
estrictamente normativo al partir del supuesto de que las razones excluyentes
sean las que definan a las reglas dentro de un sistema normativo. Que sean
las razones excluyentes las que determinen la juridicidad de las reglas nos
devuelve a la aseveración que habíamos realizado al decir que las razones
subyacen a la norma jurídica como razones legales y autoritativas.
Una vez que se distinguen a las reglas y las normas de mandato de cual-
quiera otra razón, tenemos que son excluyentes, y más comúnmente de se-
gundo orden para realizar un acto, y excluyentes para no realizar cualquiera
otro.
Las reglas tienen justificación social, entre las que se deben considerar
están las de:
i) Previsibilidad.
ii) Utilidad.
Previsibilidad es cuando la regla ya superó el balance de razones previ-

sibles, y tiene de antemano resuelto el caso que se presentase, siempre que
se adecue a las circunstancias previstas, por lo que la regla es confiable. El
principio de utilidad es necesario, pues no se tiene todo el tiempo para con-
27
Ibid, p. 58.
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siderar todos los pormenores que impliquen teorizar respecto de cada acto, o
controversia que se presente, por lo que la regla economiza y agiliza el proce-
dimiento, a la vez que excluye el balance razones28.
Si nos quedáramos con sólo esta idea, pensaríamos que el profesor Raz se
está colocando al otro extremo del profesor Dworkin, en lo que se refiere a
teorizar para cada caso en concreto, uno optando por la previsibilidad y utili-
dad, y el otro por resolver cada caso difícil conforme a teorías tan elaboradas
que solo el Juez Hércules es capaz de poder realizar; pero el asunto está aquí:
quien opta por la utilidad y previsibilidad no se está planteando los casos difí-
ciles, sino la manera en como normalmente funciona la regla, en tanto que el
otro solo se refiere a los casos difíciles.
Actuar conforme a la regla es hacerlo conforme a la razón imperante, que
es la excluyente, en sentido normativo es conducirse conforme a lo ordena-
do, por lo que no es arbitrario, incluso puede ser que sea sometido a revisión
mediante el balance de razones, pero quien actúa conforme a la regla aún a
pesar de haber realizado una conducta que no era la mejor luego de un análisis
detenido, es eximible, pues se ha conducido partiendo del supuesto de que la
regla que cumple ha pasado por el balance de razones y las ha superado todas,
de tal manera que se le impone como una regla excluyente que no admite otra
conducta. Aunque ahora surge la pregunta de por qué se impongan tales re-
glas, y quién lo hace, subsistiendo también la pregunta por el origen de la ju-
ridicidad, a las cuales daremos respuesta en el tema de Derecho y Autoridad.
IV. Tipos de normas jurídicas
En el contenido de la obra y propiamente del discurso del autor en comento,

nos encontramos con diversos tipos de normas y reglas, algunos por su gene-
ralidad e importancia son más referidos y estudiados, en tanto que otros son
excluidos del desarrollo por no ser necesarios.
La norma es el eje central en el que la urdimbre de la postura teórica se
elabora, es la forma de expresión más acabada dentro de lo que denominamos
28
Ibid, Cfr. p. 66-67.
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sistema normativo, así mismo, es síntesis de los elementos esenciales que lo

conforman y subyacen en él, elementos que las convierten en razones com-
pletas, de segundo orden, y razones para la acción. La norma es también el
elemento clave y referente en el iuspositivismo, y determinante para nuestro
interés en el tema de la distinción entre el derecho y la moral, y la postura
excluyente de Joseph Raz. Siendo la norma uno de los puntos fuertes desde
los que se pretende explicar el derecho distinguiéndolo de la moral, vinculado
al estudio de las fuentes sociales del derecho y la labor descriptiva y valorati-
vamente neutra de la teoría del derecho.
Haciendo un breve estudio sobre la manera en como aparece la voz norma
en el discurso de nuestro autor, podemos encontrar que hay una clasificación
general en dos tipos de normas, unas son denominadas de mandato, y las otras
de no mandato, en las primeras realiza la aseveración de que “todas las nor-
mas de mandato son razones excluyentes”29; y con la denominación norma de
mandato se refiere a reglas y principios, normas particulares y colectivas. La
voz norma de mandato es amplia y lo suficientemente general como para po-
der abarcar casi todas, excepto las de no mandato; que son normas permisivas
y normas que confieren poderes.
1. Normas de mandato
Nos hemos referido a ellas en la relación que existe entre las reglas y las ra-
zones para la acción, específicamente respecto de su justificación: consistente
en su utilidad y previsibilidad, aunque hemos dejado cuestiones pendientes
que escapaban a la relación estudiada en ese subtema, entre ellas la de la im-
portancia de la norma como razón excluyente, y la función de la decisión en
la norma, decisión también como razón excluyente.
Mencionaremos primero brevemente las dimensiones de las normas de
mandato, lo cual más adelante nos llevará al tema de derecho y autoridad. La
norma puede ser:
29
Ibid, p. 71.
96
́ icas

i) Valida: ésta tiene que ver con la justificación y realización de las condi-
ciones de aplicación de la norma, ambas deben coincidir para que sea
vinculante para el sujeto que debe cumplirla.
ii) Práctica: puede ayudar a explicar la aplicación y validez de una norma,
pero no a la norma misma.
iii) Prescrita: es establecida por un individuo o un grupo como una norma
para guiar la conducta de otras personas.
La primera es la dimensión más importante ya que refiere a la validez de

la razón misma30.
Con el propósito de aclarar la naturaleza de las normas, profundizaremos
primeramente en lo que nombra la voz decisión, esto en razón de las seme-
janzas que pueden existir entre las normas y las decisiones, al menos en lo
que refiere a decisiones impuestas por una autoridad, también se establece las
diferencias con la mera intención:
i) Decidir es formar una intención.

ii) Las decisiones se alcanzan como un resultado de la deliberación.
iii) Las decisiones se toman previo a la acción.
iv) Las decisiones son razones31.
La intención puede estar basada en una decisión, esto en los casos en que
es resultado de la deliberación, y la intención es una razón excluyente por no
admitir ninguna otra razón u argumento; y en el caso en que la intención no
sea una razón excluyente, no es definitoria de la acción a ejecutar.
En términos generales la decisión semeja a la norma en cuanto es una
razón excluyente para realizar algo, y no admitir ejecutar otra cosa; a la de-
cisión como determinación se llega luego de un procedimiento interno que
abarca las cuatro características mencionadas, y en este sentido se análoga
a la norma en cuanto al proceso que sigue como justificación, en el que la
norma establece su justificación como utilidad y previsibilidad, piénsese en
la exposición de motivos de una ley, en los cuales se puede encontrar lo que
30
Ibid, cfr. págs. 91-96.
31
Ibid, p. 71.
97
́ icas

tradicionalmente se denomina “espíritu de la ley”, que es en realidad su jus-

tificación.
La decisión al igual que la promesa es una razón de primer orden en cuanto
que resultado de la deliberación es asumida como la determinación de eje-
cutar la acción preconcebida. Empero, la norma es una razón de segundo
orden, autoritativa y vinculativa que puede auxiliar a la promesa o decisión y
constreñir a los sujetos a su cumplimiento, siempre que coincidan en cuanto
al objetivo, coadyuvando con el sostenimiento del orden establecido. Aunque
a diferencia de la decisión y la promesa que son razones de primer orden para
quienes las asumen, la norma es razón de primer orden para quien la aplica
y no para quien la debe observar, para quien es una razón de segundo orden,
o puede coincidir con una de primer orden, siendo para ambos una razón ex-
cluyente en cuanto que no admite ninguna otra razón para dejar de hacer lo
ordenado.
La decisión es por lo común resultado de un procedimiento interno del
sujeto que ha de ejecutar la acción, y que la tiene como razón excluyente, aun-
que la dimensión del efecto de la decisión sobrepase al ámbito personal. En
tanto que la norma es resultado de un procedimiento que en la mayoría de los
casos le es mediato a quien debe cumplirlo, y se hace cumplir por un órgano
dotado de facultades de coacción (como ejercicio legal del uso de la fuerza),
por lo que es heterónomo respecto del sujeto a quien va dirigido.
En este sentido respecto del origen de la juridicidad se ha rechazado que
sea la teoría de la práctica así como la teoría imperativa la que lo explique, y
se propone que sean las razones excluyentes que subyacen a la norma las que
den cuenta de ello. Empero, no puede excluirse plenamente que la convicción
de los sujetos no sea de importancia para la observancia de lo que las nor-
mas establecen, por lo que entre las decisiones y las normas además de una
semejanza en cuanto a razones excluyentes, también la hay en tanto ambas
son consideradas como razones para la acción por quienes deben cumplirlas.
Por lo que la convicción y/o la creencia son elementos subjetivos que res-
pecto a que debe hacerse lo que la norma establece. Es correcto que la norma
no dejaría de ser tal aunque no se practicara, aunque para su cumplimiento
es importante la credibilidad de quienes deben observarla, lo cual al margen
de la estructura formal de las razones para la acción y las normas reintroduce
un elemento ajeno en el cumplimiento de lo ordenado (credibilidad-animus),
98
́ icas

elemento que viene con todas las cargas sociales y culturales del sujeto. La
conclusión del autor es: “El punto que me interesa argumentar es que una
persona sigue una regla sólo si cree que ella es una razón valida de primer
orden y excluyente”32
La similitud entre la norma y la decisión es respecto al razonamiento prác-
tico, pues las justificaciones tanto de utilidad como de previsibilidad, no son
suficientes para poder explicar que una norma sea cumplida por los sujetos
a quienes va dirigida. Esta analogía también nos muestra los parecidos en el
procedimiento para llegar a la determinación de que se está ante una razón
excluyente y de primer orden.
Haciendo un recuento, encontramos que la norma tiene además de los ele-
mentos que se consideraron inicialmente: operador deóntico, sujeto norma-
tivo, acto normativo y condiciones de aplicación; otros que son: las razones
completas, razones excluyentes, razones operativas y razones de primer or-
den; y en cuanto a su cumplimiento: la credibilidad, y su carácter heterónomo
respecto del sujeto que ha de cumplirla, y la inmediatez respecto de quien se
encarga de hacerla cumplir. Estos últimos no son propiamente elementos de
la estructura formal de la norma, ya que se refieren a algo que les resulta aje-
no, pues debe diferenciarse entre norma como estructura, y su cumplimiento
como objetivo o función, tema que nos lleva al de la juridicidad que será
tratado en el capítulo VI.
La justificación como utilidad y previsibilidad, no pueden dar cuenta ple-
namente de que la norma de mandato sea una razón excluyente para la con-
ducta del sujeto. Ya que en la mayoría de las ocasiones quien se encuentra
en las condiciones de aplicación no se detiene a considerar la exposición de
motivos de una ley, ni realiza cálculos de costo-beneficio; es la credibilidad la
que permite al sujeto tener por válida y excluyente la razón para realizar una
conducta <a> y no una , pues si existe alguna norma que establezca lo que
debe hacerse el sujeto realiza dicha conducta presumiendo que se conduce tal
y como debe ser.
Por su parte, la razón excluyente agiliza la toma de decisiones y el procedi-
miento, y al mismo tiempo vuelve factible el no acudir al balance de razones
cada vez que haya que tomar una decisión. Por lo que el análisis de peso e
importancia de las razones, los argumentos de tipo moral y principios están
32
Ibid, p. 82.
99
́ icas

excluidos, y pueden ser considerados como subsumidos a la razón excluyente

que debe realizarse.
Considerar a la regla como razón excluyente es tenerla efectivamente
como norma de mandato, aunque hay quienes sostienen que toda regla debe
ser sometida al análisis del balance de razones y de sus elementos morales
y valores. El profesor Raz no niega la importancia de los valores y razones
morales que deben formar parte de la norma. Pero debe distinguirse que el
razonamiento práctico es el propio de lo normativo en cuanto a función y apli-
cabilidad institucional, el cual debe hacer más ágil la función de la norma en
la sociedad, en tanto que el estudio y argumentación deben dejarse para el ba-
lance de razones y justificación. Así las normas deben ser razones completas
en cuanto operan como promotoras de los valores subsumidos en ellas y refie-
ren a las razones que subyacen a su estructura como razones para la acción33.
Hay en el razonamiento práctico de las normas como razones para la ac-
ción una parte que puede ser considerada de certidumbre, y hay también otra
parte que es difusa o de casos difíciles34.
En ocasiones la norma se sigue como tal en las condiciones de aplicación,
la razón excluyente no es cuestionada y la creencia en que se hace lo que se
debe es confirmada por el procedimiento al que el sujeto se somete, o porque
se evitan las consecuencias negativas. En este caso estamos ante el funciona-
miento ordinario de la norma como razón para la acción y excluyente, empe-
ro, en otros casos puede considerarse que la norma no es congruente con la
razón operativa que como razón completa refiere y salvaguarda, o que no es
la idónea por no existir las condiciones de aplicación. Si esto último ocurre,
entonces, se debe determinar la razón excluyente que se deba seguir mediante
el balance de razones, así como la discusión respecto de los elementos que la
justifican35.
La norma de mandato considerada en estos términos resuelve la mayoría
de los casos que puedan presentarse simplificando el razonamiento práctico.
Pues las razones para la acción como razones protegidas suelen dar cuenta
plenamente de lo que pueda ocurrir una vez que existan las circunstancias
33
Ibid, Cfr. p. 86.
34
Uso los términos con la connotación que aquí se le da, y no con el que tienen en las obras
del profesor Hart y Dworkin, aunque pretendo que pueden existir ciertas analogías.
35
Ibid, Cfr. p. 87.
100
́ icas

de su aplicación, por lo que no es menester acudir a las razones en conflicto.

Así mismo, las razones para la acción como razones completas llevan en sí
los valores y razonamientos morales, por lo que en caso de complicación
debe acudirse al balance de razones, aduciendo los argumentos necesarios
para resolver el entuerto, más no será necesario elaborar una teoría que nos
aleje dichas razones. De tal manera que lo normativo se resuelve dentro de
lo normativo, las razones son elementos normativos y en sí están subsumidos
valores y razonamientos no normativos, aunque formalmente al integrarse a
la norma y ésta al sistema normativo adquieren este carácter.
Las normas que aplican los tribunales son casi siempre de mandato, es-
tas tienen carácter vinculante y constituyen decisiones autoritativas36 para las
partes en conflicto, su propósito al ser aplicadas por el tribunal es la de resol-
ver los litigios mediante una resolución que determine los derechos y deberes
existentes, les atribuya o niegue derechos.
En este punto se debe distinguir entre los niveles discursivos de la norma
y las consecuencias a nivel estructural y lógico:
a) Las normas que determinan autoritativamente conforme a normas pre-

vias si existen derechos y deberes pueden ser correctas o incorrectas.
En ellas hay una inferencia lógica que determina su corrección por estar de
antemano previstas, y al presentarse el caso concreto al cual se han de aplicar
existe una reducción de los hechos a los supuestos normativos establecidos
en las reglas. Hay también un análisis comparativo de la conducta realizada,
y de la ordenada, permitida o limitada en la razón para la acción, y en la razón
operante. Se determina si es una razón de primer o segundo orden y del tipo
excluyente, o sólo de carácter concluyente que admitiera alguna excepción,
y con base en el análisis se debe resolver con una determinación autoritativa
que restablezca el orden imperante en caso de haberse infringido.
b) Las normas tienen también un carácter vinculante, porque no solo se li-

mitan a hacer una inferencia a fin de determinar los derechos y deberes.
36
Ibid, Cfr. págs. ��
155-156. Se complementa este punto respecto a las instituciones del siste-
ma jurídico en el capítulo siguiente.
101
́ icas

Al decidir respecto de ellos confirman su existencia, los otorgan, o niegan,

y la resolución dictada debe ser observada por las partes al estar respaldada en
el carácter de autoridad que reviste todas las decisiones del tribunal. En este
sentido la decisión fundada en normas es vinculante aún cuando esté equivo-
cada, y las partes que estén inconformes deben apegarse a los procedimientos
previstos para ello, hasta llegar a la institución que además de su carácter de
ser aplicadora sea también creadora de normas.
Las instituciones del sistema jurídico decidirán el caso emitiendo una reso-
lución fundada en el estudio de las conductas realizadas y las razones implíci-
tas en las normas, creando si es el caso una disposición de carácter normativo
vigente y válida que resuelva el caso, ésta determinación de carácter vincu-
lante puede ser válida o no, en el sentido de que sea observada tanto en ese
caso como posteriormente, y se integre al sistema jurídico vigente y válido.
2. Normas no de mandato
La descripción de la manera en como el derecho funciona como sistema sería

incompleta si solo se tratase de las normas de mandato, pues muchos de los
actos que realizan tanto los sujetos como las autoridades quedarían sin expli-
cación. Por ello, es menester describir a las normas permisivas, siendo aque-
llas que vuelven a un acto permitido, estando antes no permitido, teniendo
esto una connotación plenamente jurídica.
Muchos de los actos jurídicamente permitidos tienen un sentido diferente
de aquellos que no son regulados, los primeros están contemplados en el sis-
tema normativo y son permisiones en sentido fuerte por lo que requieren ex-
plicación para conocer su importancia en el razonamiento práctico ordinario.
Por otra parte, también se requiere dar cuenta en sentido jurídico de aquellos
actos que implican el ejercicio de poder, y distinguir entre las normas que
confieren poder a las autoridades, y aquellas que lo confieren a los particula-
res, así como las implicaciones y efectos que tienen en el discurso práctico.
102
́ icas

a) Normas permisivas
Respecto de las normas permisivas distingue entre los diversos sentidos que
la voz “permiso” puede significar:
i) Cuando consideradas todas las razones no deba abstenerse de realizar la

acción.
ii) Cuando hay equilibrio de razones por no haber ni más a favor o en
contra.
iii) Que no se tenga el deber de realizar la acción, estando sometida única-
mente a sus deseos.
iv) Que no hay suficientes razones jurídicas o morales para que se abstenga
de realizar la acción.
v) Ni el derecho ni la moralidad exigen el deber de realizarlo o de abstener-
se de hacer la acción37. Luego distingue entre el sentido fuerte y el débil
que pueda tener la norma, aunque ninguno es suficiente para poder dar
una explicación de lo que la norma permisiva refiere.
Hasta este momento las razones excluyentes se habían utilizado para ex-
plicar a las normas de mandato, dichas razones son parte de la estructura ar-
gumentativa que permitió explicar su naturaleza y funcionamiento. Ahora las
razones excluyentes serán el referente para poder desentrañar la naturaleza y
función de las normas permisivas.
Las normas permisivas cumplen una función en sentido inverso, pues las
razones excluyentes imponen restricciones a la acción, en tanto que las per-
misiones son la ausencia de estas restricciones en sentido general. Aunque
nos interesan aquellas que se presentan a modo de excepciones en sentido
permisivo, pues se realiza una acción a pesar de existir razones concluyentes
para que no se realice, no tomando en cuenta dichas razones. A estas permi-
siones les denomina “permisiones fuertes”, estas son las más importantes en
el discurso práctico, y requieren siempre de una justificación38.
Aún cuando la acción se realiza desconsiderando las razones concluyen-
tes, se realiza fundado en razones excluyentes que son las que justifican la
37
38
Ibid, Cfr. p. 103.
103
́ icas

permisión fuerte, estas razones son de segundo orden en cuanto son excepcio-
nes de la norma de mandato que es siempre de primer orden. En este sentido
las permisiones fuertes nos permiten decir que existen normas permisivas con
estructura análoga a las normas de mandato, tanto en sus elementos, justifica-
ción, previsibiidad, balance de razones y dimensiones.
La importancia de la norma permisiva explica lo que se denomina “dis-
crecionalidad”. En las teorías de los profesores Hart y Dworkin podemos
apreciar que en ambos la discrecionalidad tiene un papel importante para po-
der explicar la función judicial y actividad de los tribunales; en el caso del
profesor Hart conduce a la zona de penumbra y la labor creativa del Juez para
poder resolver un caso concreto; en el profesor Dworkin nos lleva al tema de
la aplicación retroactiva de la ley y la violación a los derechos de los ciuda-
danos ante un caso difícil que solo podrá resolverse si se amplía el horizonte
normativo hasta el ámbito de la moral.
En el pensamiento del autor que nos ocupa, con base en las normas permi-
sivas se da la explicación a todos aquellos actos que jurídicamente no se está
obligado a realizar, empero, que si son realizados son laudables. Esto también
tiene una importancia en el discurso práctico al poder dar cuenta de todos
aquellos actos en que el tribunal puede recurrir a elementos no normativos a
efecto de resolver el caso que se le presente, lo cual da un sentido normativo
a esos elementos que en primer momento son extrajurídicos, ya que siendo
introducidos por un norma permisiva se les dota de sentido normativo e inte-
gran al sistema y desde éste encuentran su explicación.
Pensemos en este caso en aquellas normas que permiten al tribunal acudir
a la moral, prácticas o costumbres para poder resolver una controversia, al
inicio son elementos metajurídicos, pero una vez que la norma lo permite al
ser traídos al procedimiento encuentran su explicación normativa desde el
sistema al cual se incorporaron.
b) Poderes normativos
Hemos referido las normas que establecen el deber de realizar una acción:
normas de mandato; las que permiten o no realizar un acto o ejecutar uno
distinto basado en justificaciones: normas permisivas. Sin embargo, falta la
explicación del aspecto dinámico del sistema normativo, aquellas normas que
104
́ icas

permitirán los cambios y modificaciones del propio sistema, a las cuales se

denomina poder normativo, que en sentido estricto es el poder de efectuar
cambios normativos; y poder como influencia, que se refiere a las razones
para que la gente actúe, y a sus creencias de que deben hacer esa acción.
El poder normativo como cambio se refiere no solo a las razones auxiliares
(sanciones), también a las razones operativas (valores). Al interior de la razón
completa de una norma hay una relación entre razón operante y razón auxi-
liar, en la que la primera establece lo que se ha de perseguir como finalidad
o propósito, y la segunda la sanción que se ha de imponer a quien no cumpla
con el deber impuesto en relación a la finalidad.
A su vez el poder como influencia permite explicar la actividad de la au-
toridad en su carácter de ordenadora de acciones y normas de mandato que
tienen como propósito que una vez que estos sean dictados por la autoridad
sean razones excluyentes de segundo orden para quienes van dirigidos. En
esta función solo puede tener poder de dar o revocar la orden como norma
de mandato o norma permisiva quien a su vez tienen el poder normativo para
darlo39.
Los poderes normativos también son de creación de normas, y poderes re-
gulativos. Desde la perspectiva de la ontogénesis el sistema normativo parece
ser autopoiético, aunque ya hemos visto que las normas permisivas pueden
dar cabida a elementos extrajurídicos, empero el dinamismo necesario del
sistema requiere de una creación constante de nuevas normas que regulen
la conductas que se van generando, de tal manera que el propio sistema nor-
mativo debe dar cuenta de esta génesis, lo cual realiza con las normas que
permiten a su vez la creación de otras normas. De esta manera se integran las
normas permisivas y el material normativo sobre el cual los poderes regula-
tivos se han de ejercer dando forma al sistema y armonizándolo en su fun-
cionamiento, pudiendo ser el caso de que ambas funciones coexistan siendo
normas constitutivas y regulativas.
En este discurso la norma es utilizada en sentido de ser una norma jurídica,
empero la norma como voz de amplio uso puede connotar otros significados,
puede referir a un sentido moral, o de otro tipo, por lo que es menester preci-
sar el sentido que la norma adquiere cuando decimos que es jurídica y no de
otro tipo.
39
105
́ icas

Quede planteado aquí en términos de la normatividad del derecho, el uso

de la regla jurídica como una norma, y el empleo del lenguaje normativo para
describir al derecho. Y apuntemos la observación de que el derecho como
institución social está íntimamente vinculado con la sociedad para la cual
existe. En este sentido el origen de los poderes de creación de normas en un
principio no pueden tener el carácter de ser normativos40, en el sentido de
pertenencia a un sistema, así que tienen que venir de lo social, lo político y
jurídico como reglas, hasta crear lo normativo como sistema. Aunque este
momento no pueda precisarse a nivel fáctico y solo sea una hipótesis, puesto
que en qué momento podemos decir con precisión que ha surgido el sistema
normativo, ya que al unísono del poder político coexisten las reglas y el poder
de creación normativo.
V. Teoría de los sistemas jurídicos
1. Los sistemas normativos
Con el antecedente del estudio de las normas nos hemos percatado de la im-
portancia que estas tienen para lo que denominamos derecho, su clasificación,
atributos, funciones y características particulares nos permitirán entender la
manera en cómo se asocian, interactúan, modifican y funcionan formando
sistemas normativos, a su vez la comprensión de los sistemas normativos en
general nos permitirá poder estudiar y describir los sistemas jurídicos.
La norma en cuanto a su existencia singular no tiene mayor relevancia ni
efecto; todo su peso, importancia, acción, efecto y explicitación lo adquiere
en relación con las demás normas con las que conforma un cuerpo denomina-
do sistema normativo. En éste cobran importancia sus particularidades, sien-
do el sistema la manera más común en cómo se nos presentan las normas, es
a la vez también razón para tratar el tema profundizando hasta encontrar las
claves que nos permitan explicarlo.
40
Ibid, Cfr. p. 120.
106
́ icas

Con la voz derecho hacemos referencia a las normas, pero en qué sentido
exacto nos referimos a estas, ¿Es a todas, a una parte, a las que van dirigidas
a los tribunales de manera específica, a las sustantivas, o a las adjetivas? Ne-
cesitamos explicar qué sentido adquiere la voz derecho cuando la referimos
a la norma, y no sólo suponer que damos por entendido que hablamos de un
sistema.
Hasta ahora de los autores tratados en este trabajo podemos apreciar que
ninguno se ocupa de la norma por la norma misma, es decir, que si se refieren
a ella es en el sentido de que luego se ha de integrar a un cuerpo mayor en el
que funciona como parte de la más importante institución social. Así la norma
es uno de los elementos esenciales del sistema jurídico, empero, su sentido
y finalidad lo adquiere como parte de un grupo, y en este sentido el autor en
comento se refiere a cuatro tipos de sistemas normativos:
i) Sistemas de normas entrelazadas.

ii) Sistemas de validez conjunta.
iii) Sistemas autónomos.
iv) Sistemas institucionalizados41.
Los sistemas de normas entrelazadas se caracterizan porque las normas

que pertenecen al sistema solo encuentran su completud, complemento y ex-
plicación en relación a las demás normas42.
Si concebimos cada norma por separado, comprobamos que estas no son
unidades autónomas que se expliquen a sí mismas, esto es, que en muchas de
las ocasiones la norma <a> establece el mandato de hacer <x>, pero que en
caso de que no se haga <a>, entonces establece que se ha de aplicar la
sanción contenida en ella, lo cual ha de hacerse conforme al procedimiento
establecido en <c>, lo cual debe ser cumplido por lo tribunales por estar así
ordenado en <d>, y en caso de que los tribunales no realicen lo ordenado en
<d>, entonces se les aplican las sanciones contenidas en <e>. En el caso con-
creto puede ser que esta relación de normas se rompa en algún momento y re-
fiera ya no a otra regla, sino a un principio o poder creativo de normas, el cual
será el punto de partida para la explicación de esta interrelación normativa.
41
Ibid, Cfr. p. 124.
42
Ibid, Cfr. p. 129.
107
́ icas

Varias cuestiones tenemos pendientes en este tipo de sistema, uno es, si

debemos considerar a cada una de las reglas que impone alguna de la parte de
éste entramado como una norma, es decir, si <a>, , <c>, <d> y <e> son
normas diferentes, o solo son reglas que integran a una norma única que cobra
existencia solo en cada caso concreto que se presenta. Si son una norma úni-
ca, entonces forman parte de manera permanente en el sistema como reglas,
pero que se vinculan para poder realizar tanto la función judicial del tribunal,
como el establecimiento de la sanción a quien ha infringido con lo ordenado
o prohibido, y de esta manera explicitan y dan sentido al sistema normativo
como un cuerpo complejo de normas que forma parte de la institución social
que denominamos derecho. Esta sería quizá la percepción más apegada a la
concepción del derecho como sistema normativo en el profesor Hans Kelsen.
En los sistemas de validez conjunta la práctica aparece indisociada con
la validez del sistema, y la norma tiene sentido y funcionabilidad en cuanto
forma parte de un entramado normativo que es observado en su totalidad.
Supone el sistema que una norma es válida en cuanto todas las demás normas
que integran el sistema lo son, luego la noción de sistema no la da el que si se
sigue una regla, entonces deben seguirse todas las demás.
El profesor Raz compara este sistema normativo con el que rige el juego
del ajedrez, de esta analogía conviene para nuestros propósitos sacar en claro
lo siguiente:
i) Hay una razón subyacente a todas las reglas: la razón como hemos tra-
tado en el apartado dedicado a ellas, es la esencia de todas las normas,
la carga normativa en la que se concentra la función y su característica
primordial.
ii) En este sistema no solo hay entrelazamiento, sino el supuesto necesario
que debe cumplirse de que las normas deben ser aceptadas, practicadas
y de ello devenir su validez conjunta. Esto nos da la noción de que el
sistema normativo que denominamos derecho tiene algunas analogías
con el de validez conjunta, esto porque las normas que lo integran sean
o no del conocimiento y/o consentimiento de quienes deben cumplirla
se les tienen por aceptadas, y el hecho de que no se presente un caso
concreto al cual aplicarlas no implica su falta de práctica, aunque en
este caso el que la norma no se aplique porque haya caído en desuso, si
108
́ icas

bien no la excluye del sistema y en cualquier momento puede ser apli-

cada, no existe una relación de consecuencia entre práctica y validez.
iii) Las reglas del juego son también de mandato, permisivas así como las
que confieren poderes.
iv) En la regla subyace no solo la razón, que es completa, ya que también
hay un valor implícito que debe ser realizado: ganar.
La relación entre las características marcadas con los numerales i y iv, ex-
plican la idea de sistema normativo autónomo. La razón es una razón para la
acción que en sí es una razón completa que subyace a la norma de mandato,
permisiva o que confiere poder. La razón operativa en cuanto contenedor del
valor de la razón subyace también a la norma, y se relacionan razón y valor en
el que la primera limita la libertad de acción del sujeto constriñéndolo a rea-
lizar la ordenada o permitida en cuanto que tal realización es la salvaguarda o
concretización del valor consagrado por el sistema normativo. Esta relación
puede establecerse como referente para determinar que una norma pertenece
al sistema en tanto su validez está determinada por los valores a salvaguardar
o realizar por el sistema mismo.
La autonomía del sistema se nos evidencia en los elementos esenciales
de la norma, mismos que dotan de sentido, operabilidad y función al sistema
normativo. Empero, el sistema normativo es una institución social que no
opera por sí mismo como un ente que se nos aparezca en el mundo ya realiza-
do, este sistema requiere precisamente ser institucionalizado para realizarse
así mismo en el Estado y como orden regulador de las relaciones sociales43.
2. Sistemas jurídicos
La institucionalización de un sistema normativo conlleva la unidad entre las

normas que integran al propio sistema con las instituciones que se han de
encargar de aplicarlo y de crearlo. Hemos tratado de los rasgos de los diver-
sos sistemas normativos, aunque ninguno de ellos logra explicarlo como la
institución social más importante que es el sistema jurídico, y para ello es
43
Ibid, Para la explicación del profesor Raz a los diversos modelos de sistemas normativos
vid. págs. 124-140.
109
́ icas

menester que se dimensione el sistema en el contexto teórico-estructural en

el que funciona, pero al hacerlo no se deben agregar elementos que no tengan
el carácter normativo. Se impone esto por una parte debido al rigor meto-
dológico que hasta el presente nos ha guiado debe permanecer incólume, la
construcción basada en el análisis lógico-práctico del derecho que va de las
razones hasta el sistema normativo debe ser consecuente para explicar su
institucionalización.
Un sistema jurídico existente en una comunidad pretende regular la con-
ducta de los individuos, para ello se vale de las normas que integran el sistema
jurídico, así como de las instituciones creadoras de las reglas, y las institucio-
nes encargadas de aplicarlas. La mayoría de normas implican una restricción
o permisión a la conducta de los sujetos a quienes se dirige, y establece los
procedimientos por lo que se sanciona a quien infracciona el deber impuesto.
La norma tiene una razón que es la parte activa que procura la realización del
valor que le es implícito, y la interrelación y operación de todos los factores
normativos es lo que designamos con la voz derecho. Esta breve explicación
sintética del sistema jurídico no tiene el propósito de ser una definición, sino
de servir de punto de partida para acotar y definir los elementos que lo inte-
gran, así que debe tomarse como tal, por lo que en adelante procuraremos
explicitar la idea de sistema jurídico.
El sistema jurídico puede ser explicado al menos desde dos perspectivas:
i) El de las instituciones creadoras de reglas.

ii) El de las instituciones aplicadoras de esas reglas.
Algunos lo han hecho desde la primera de ellas. Es el caso del profesor

Kelsen, quien se refiere al derecho en un sentido plenamente normativo a par-
tir de la norma fundante, la estructura normativa, la pureza metodológica, y el
muy importante origen social del derecho solo en un principio, pues después
adquiere autonomía y delimita sus linderos como sistema institucionalizado
en el Estado, en el que el propio sistema impone sus reglas de pertenencia,
sostenimiento y funcionamiento. En el capítulo referente al profesor Hart
tratamos de su idea del derecho, la construcción del sistema normativo con
base en las reglas primarias, secundarias y de reconocimiento. Tenemos la re-
ferencia que a partir de la obra de Hart, la atención en lo que el derecho sea se
110
́ icas

ha fijado más en la labor judicial de los funcionarios encargados de aplicarla

(instituciones aplicadoras), y esto no es cosa simple, pues la aceptación de las
normas no es solo de parte de quienes no deben infringirla, sino sobre todo de
quienes deben aplicarla para sancionar a quienes la infringieron. Es quizá el
profesor Dworkin quien más se ha ocupado de la actividad judicial tal como
podemos apreciarlo en el desarrollo del capítulo dedicado a su pensamiento,
aún cuando no se ocupa de teorizar respecto de los sistemas jurídicos.
La descripción del sistema desde cualquiera de las perspectivas mencio-
nadas debe tratar de la validez del sistema mismo, la aceptación y práctica
de parte de los que integran las instituciones de creación y aplicación de las
normas, por lo que en adelante desarrollaremos estos temas.
Ahora cobra sentido la aseveración de que el sistema jurídico es un sistema
complejo, la interactuación de las instituciones que lo integran nos permiten
describir su funcionamiento como institución social, su carácter de pretensión
de autoridad, el carácter autoritativo y vinculatorio de las decisiones que los
tribunales imponen a los ciudadanos, y no debe olvidarse que es un sistema
creado para procurar certeza y previsibilidad a quienes va dirigido, esto en
términos sociales reduce gastos no solo en sentido económico, sino también
permite agilizar sus labores a las instituciones encargadas de vigilar la preva-
lencia del orden normativo.
A la base del sistema se encuentran las conductas que pretende regular,
el establecimiento de las razones completas, de las cuales se ha mencionado
que subsumen los razonamientos morales, hábitos y particularidades socio-
cuturales de la sociedad en las razones operantes luego del procedimiento de
balance de razones y justificación. Sigue a este procedimiento la aparición de
las normas y del sistema, el cual no solo confiere poderes a las instituciones
que lo conforman, a la vez impone límites a sus funciones, y quizá de las ra-
zones más importantes de estos límites sea la de procurar certeza y legalidad
a los ciudadanos respecto de todos los actos de la institución en su carácter de
autoridad. De allí que los sistemas institucionalizados no sean de discreción
absoluta, y solo se admita la discreción relativa en tanto que las normas que
se creen para integrarse al sistema normativo deben ser congruentes con los
propósitos que como razones operantes subyacen a las normas manifestados
en ellas como guías y referentes para la valoración de la conducta.
111
́ icas

A pesar de que el sistema jurídico prevea muchos de los casos que pueden
presentarse, no está exento de no prever algunos, por lo que no estamos ante
un sistema cerrado o propiamente autopoiético. El sistema jurídico se nutre
de los fenómenos sociales con el afán de resolverlos y de preverlos en el futu-
ro con el propósito de agilizar el funcionamiento del propio sistema, pero su
horizonte de previsibilidad es finito, y al agotarse el propio sistema confiere
el poder a la institución creadora o primaria de hacer la norma que solucione
el caso que se presenta, teniendo para ello discrecionalidad, pero limitada en
tanto que la validez y pertenencia de la norma creada son determinadas por
la congruencia con las razones operantes del sistema. Por ello aún cuando
exista el poder conferido a las instituciones mencionadas de crear, derogar o
reformar normas, este poder no es absoluto y solo puede hacerse fundado en
razones especiales previstas en el mismo sistema.44
Por otra parte, el sentido subjetivo de parte de quienes integran las ins-
tituciones aplicadoras no puede eliminarse y en algunos casos la injerencia
que tenga en la decisión autoritativa y vinculatoria podrá ser impugnada por
no ser correcta en cuanto a inferencia lógica-normativa, ya que dicha discre-
cionalidad no es en cuanto a determinar las normas justas o no, pero si las
aplicables al caso, así como a la determinación de los hechos que cuentan en
el procedimiento.
Nos referimos a discrecionalidad limitada porque aún cuando ocurra que
el caso no está previsto, el sistema si prevé lo que debe hacerse, esto en el sen-
tido de que existe el poder dado a la institución de crear otra norma, pero no
siendo este el caso la institución no puede ejercer ese poder otorgado y debe
constreñirse a las normas que integran el sistema jurídico valido y vigente que
rige a la sociedad. En este sentido, el sistema mismo es excluyente, vinculato-
rio y de primer orden para las instituciones que forman parte de él y para los
ciudadanos que se rigen conforme a este. En caso de conflicto entre las nor-
mas que lo integran que tienen el carácter de ser también excluyentes, deben
someterse al peso y fuerza como razón excluyente, resolviéndose en último
de los casos conforme al balance de las razones que subyacen a la norma45.
Se reconoce la utilidad y avance que se tuvo al concebir la existencia de
la regla de reconocimiento respecto a la manera en como los órganos que
44
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas, Op. cit. nota 4, Cfr. págs. 158-162.
45
112
́ icas

forman las instituciones aplicadoras identifican las normas que integran el

sistema y que están vinculados a aplicar. El autor en comento coincide en
lo esencial con la teoría de la regla de reconocimiento, pero disiente en lo
que se refiere a la singularidad de tal regla, pues afirma que en la mayoría
de sistemas institucionalizados existen más de una regla de reconocimiento.
Entonces las reglas que integran el sistema normativo son: reglas dirigidas a
los tribunales, las que se dirigen a los individuos, y las de reconocimiento46.
El sistema jurídico tiene otros rasgos que lo caracterizan:
A) El sistema se refiere a todas las conductas reguladas por sus normas.
Sean normas permisivas, de mandato, o de poder, pero no regula las con-

ductas permitidas en sentido débil, esto es, que sean omisiones del sistema.
En este caso el profesor Raz no menciona cual sea la manera en como el
sistema jurídico solucionaría esta omisión, pero podemos suponer que se-
ría conforme al poder dado a las instituciones primarias que teniendo como
punto de partida las necesidades concretas de los ciudadanos y de la socie-
dad, se sirva crear las decisiones vinculantes y de autoridad que subsanen
las deficiencias del sistema sin que se atente con los principios consagrados
en la razón operante y en la razón general, siempre que tales decisiones sean
válidas y se incorporen al sistema vigente. Esto ha de ocurrir en casos en que
haya al menos elementos para que tal omisión sea salvada en esos términos,
de lo contrario, tendrá que ser la institución creadora de normas la encargada
de crear las normas que regulen las conductas omitidas de acuerdo al proce-
dimiento establecido en el mismo sistema.
B) Es comprehensivo, esto es, que pretende autoridad para regular

cualquier tipo de conducta.
Y no hay ninguna esfera de la conducta que se sustraiga a su autoridad, lo

cual no implica que regule todas las conductas, pero como se menciono en
el inciso anterior, si se prevé la posibilidad de que esto ocurra y la manera de
solucionarlo para que la conducta quede regulada.
46
113
́ icas

Al decir que todas las conductas pueden ser reguladas por el sistema apa-
rentemente no se establecen límites, pues estos mediante las razones ope-
rativas, razones para la acción y las completas, le son congénitos al propio
sistema. El procedimiento para crear una nueva norma que deba incorporarse
al sistema normativo debe pasar por el balance de razones, donde éstas cobran
su importancia y excluyen a las que no lo tienen quedando las que son con-
gruentes con la orientación del sistema, y si ha de existir alguna corrección
venida de la moral o de la ética será en el propio procedimiento a modo de
razón quedando también subsumida en la norma que resulte.
C) Pretende ser supremo.
En el sentido de ser los únicos que jurídicamente regulen la conducta, pues

admiten la existencia de otros sistemas normativos siempre que no sean jurí-
dicos y pretendan regular las conductas de sus ciudadanos.
D) No todos los sistemas son incompatibles o cerrados aún cuando se

trate de un rasgo general.
En gran parte de los sistemas jurídicos actuales se permite que normas

pertenecientes a otros órdenes jurídicos tengan fuerza vinculante respecto de
actos realizados en su territorio. La actualidad impone la necesidad originada
con la globalización y la transculturización, las cuales exigen la existencia de
sistemas más abiertos a la compatibilidad con otros órdenes jurídicos que pre-
tenden tener autoridad respecto de determinados actos cuyos efectos rebasan
las fronteras territoriales del Estado, de allí el surgimiento en las últimas fe-
chas de órdenes jurídicos internacionales cuyas decisiones son autoritativas,
vinculantes y excluyentes respecto de lo establecido en los órdenes jurídicos
internos del Estado.
Otro tipo de sistemas abiertos son aquellos que permiten la existencia den-
tro su propio ámbito de jurisdicción de sistemas autónomos que creen sus
propias instituciones que puedan decidir de manera vinculante y autoritativa,
en tal caso son poderes conferidos mediante las normas de poder y permisi-
vas, por lo cual debe analizarse detalladamente hasta que punto son sistemas
114
́ icas

autónomos y no independientes, esto es que tengan existencia totalmente in-

dependiente como si fueran otro sistema jurídico47.
E) Todos los sistemas jurídicos regulan el uso de la fuerza.
Comúnmente lo hacen mediante la sanción, y en sentido débil por la gene-

ralización motivacional, que es el temor a ser sancionado por infringir al dere-
cho. La sanción es la consecuencia lógico-normativa que sigue a la infracción
de lo establecido en la norma que prevé sanción, pero no siempre ocurre en
sentido fáctico que la sanción siga a la infracción, dado que el sujeto infractor
puede sustraerse a la aplicación de la sanción, en este y otros casos semejan-
tes la observancia del derecho se debe a la generalización motivacional. La
sanción es un elemento que aparece en todos los sistemas jurídicos, pero que
no es definitorio ni imprescindible. No es definitorio porque también aparece
en otros sistemas normativos: moral, ético. No es imprescindible porque pue-
de lógicamente concebirse la existencia de un sistema jurídico que no tenga
sanciones.
La sanción ha sido considerada por algunos teóricos como la clave para
la definición del derecho, sin embargo, la sanción no logra explicar la com-
plejidad de la norma, ni del funcionamiento del sistema jurídico. Esto porque
no considera la estructura compleja de la norma en cuanto a las razones que
subyacen a ella, ni tampoco conciben que la sanción es solo una razón que
está en la norma, y como razón es del tipo auxiliar, porque la razón completa
la incluye como parte de la razón operativa que tiene como propósito procurar
que mediante la advertencia de la imposición de la sanción se logre cumplir
con el valor y propósito de la norma al realizarlos48.
47
Ibid. Cfr. págs. 174-178. Para los rasgos que caracterizan al sistema.
48
Ibid, Cfr. p. 188.
115
́ icas

VI. El concepto de autoridad en Raz
Los temas que tratan sobre la autoridad, sea esta autoridad del derecho, su
concepto de autoridad y la relación entre derecho y autoridad, son desarrolla-
das principalmente en su obra La Autoridad del Derecho, (1979) y es de fecha
posterior a la obra Razón Práctica y Normas (1975). Suele haber cambios
notables en un autor entre una obra y otra posterior, e incluso puede ser el
caso de que haya una renuncia a sus posturas iniciales, pero no es este el caso
del profesor Joseph Raz, quien fundado en la tesis de las razones, y la razón
práctica continúa desarrollando este tema y otros que versan sobre el derecho
en su relación con la autoridad. Es esta la parte de la obra del autor en la que
hemos de detenernos para analizar su pensamiento iusfilosófico en este y los
dos siguientes temas.
El concepto de autoridad es de carácter polivalente y puede tener connota-
ciones y efectos muy diversos que pueden variar según se trate del contexto,
así podemos hablar de la autoridad científica, la autoridad familiar, autoridad
académica etc., así que trataremos inicialmente de los elementos y caracterís-
ticas de la autoridad en cuanto concepto general y después lo dimensionare-
mos en el sentido jurídico y político.
La autoridad y su concepto presentan al menos dos aspectos iniciales, es-
tos se refieren a la legitimidad y la efectividad. Ninguna de las explicaciones
parciales que tratan solo alguno de esos dos aspectos logran explicar cabal-
mente el concepto de autoridad, se requiere de ambos para su explicación;
pues la autoridad como habilidad para realizar ciertos tipos de acción es el
aspecto de la autoridad efectiva como poder de facto, pero esta autoridad
efectiva requiere de justificación, lo cual se denomina legitimidad. Así ambos
aspectos explican lo que denominamos autoridad, pues existe en ellos una re-
lación que va de la facticidad a la legitimidad, esto es, que una autoridad que
es de facto pretende tener cierta legitimidad, en tanto que una autoridad que
sea perfectamente legítima puede ocurrir que no sea eficaz, lo que nos da una
idea de que el aspecto práctico de la autoridad es lo más importante49.
49
Raz, Joseph. La Autoridad del Derecho. trad. Tamayo y Salmorán Rolando. México, Dis-
trito Federal. 1982, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma
de México. Cfr. p. 22.
116
́ icas

La autoridad es un concepto práctico, tiene que explicar la relevancia de

éste aspecto, y de cómo es susceptible el figurar en inferencias prácticas50.
Esto implica que sí es necesario poder determinar quién tiene autoridad para
a partir de allí realizar la inferencia práctica que refiera al quehacer de la
autoridad; esto es, la autoridad se identifica inicialmente por el hacer, como
ciertos tipos de actos que no cualquiera realiza, cuyos efectos van más allá
del ámbito inmediato de quien los realiza u ordena su realización. La reali-
zación de ciertos tipos de actos a su vez requieren de reconocimiento, sea de
quienes tienen que hacer lo que imponen ciertos tipos de acción, o tengan que
padecerlos. Normalmente el hacer implica reconocimiento, pero en los casos
en que no ocurre así podemos denominarlos como una forma de tiranía, en el
sentido de que alguien realiza las acciones fundado únicamente en el poder
de facto.
El reconocimiento es de carácter social, y puede tener características pro-
pias de acuerdo al contexto en que exista. Se aclara que no toda autoridad
es conferida por normas, pues existen muchos casos en que la autoridad no
puede ser explicada en un sentido normativo. En tanto, que el reconocimiento
como característica de legitimidad nos puede llevar a una concepción relativa
de autoridad de acuerdo con la percepción de parte de quienes se sienten vin-
culados con una autoridad, pero lo que nos interesa no son todas las formas
posibles de autoridad, sino la autoridad de carácter no relativo que nos permi-
ta explicar posteriormente la autoridad del derecho.
VII. La autoridad del derecho
1. Las razones, el derecho y la autoridad
Retomemos la idea de autoridad y encontramos la relación que tiene con el

derecho a partir del análisis de las razones. La autoridad en términos genera-
les es la aptitud para cambiar razones para actuar, y a la razón que está implí-
cita en una orden: una razón protegida, en este caso la razón es tanto para la
50
Ibid, Cfr. p. 24.
117
́ icas

acción como excluyente, porque ordena hacer algo e impide tomar en cuenta
razones en su contra.
La razón puede ser de primer o segundo orden, positiva o negativa; es de
primer orden cuando es resultado directo del balance de razones de quien
debe seguirla, pero es de segundo orden cuando no es resultado directo del
balance de razones de quien debe hacerla, sino que es una razón no personal
para actuar, aún cuando pueda coincidir o no con la razón propia. Es positiva
cuando es una razón para la acción, pero negativa cuando es una razón ex-
cluyente.
El poder normativo es la aptitud para cambiar razones protegidas. Volvien-
do a nuestra definición de autoridad ahora la completamos diciendo que es la
aptitud para cambiar razones para actuar, y razones protegidas. La autoridad
se manifiesta normalmente mediante órdenes, estas órdenes están contenidas
en normas y constituyen las expresiones de poder, de las cuales se pueden
referir al menos tres:
a) Las normas de mandato: son razones protegidas, en tanto que son razo-
nes para la acción que tienen la pretensión de ser guías para la conducta,
como razones excluyentes en tanto que no permiten que se les imponga
ninguna otra razón, aún de primer orden.
b) Normas que otorgan una permisión para realizar una acción hasta en-
tonces prohibida, que son del tipo de permisiones cancelatorias porque
cancelan a una razón de tipo excluyente.
c) Las normas que confieren poder en el sentido de habilitar a una persona
a cambiar razones protegidas51.
A su vez el concepto de autoridad puede ser explicado con base en las

tesis normativas, y al hacerlo vinculamos la explicación de la autoridad
a la de la obediencia de las directivas u órdenes emitidas por la primera
con el propósito de ser cumplidas:
51
Raz, Joseph. La Autoridad del Derecho. Op. cit. nota 49, págs. 33 y 34.
118
́ icas

i) La tesis normal del Justificación.

La cual explica que en muchos de los casos “reconocemos a una auto-
ridad como legítima cuando es más probable que actúe con base en las
razones adecuadas si sigo las directivas de la autoridad, más que seguir
mi propio juicio al respecto […]52”, idea que guarda relación con la
de previsibilidad y justificación de la norma, ya que recordemos que
la autoridad parte del supuesto de tener el tiempo, el conocimiento y
la experiencia suficiente para poder prever ciertas conductas y hechos
anticipándo su solución o debida toma de decisión.
ii) La Tesis de la Prevención.
Esta agrega razones adicionales a las que se encuentran en la norma con
el propósito de que sea cumplida la directiva como guía de conducta.
Entre esta razones adicionales están las de coordinación, la de evitar
que nos infrinjamos daño al realizar nuestras acciones en sociedad, pro-
curar acciones conjuntas, procurando esto mediante las razones exclu-
yentes al impedir que razones propias tengan un peso significativo en la
observancia de lo ordenado en la norma.
iii) La Tesis de la Dependencia.
“[…] tiene como principal objetivo que las directivas de las autoridades
se basen en razones aplicables a los sujetos, en circunstancias cubiertas
por las mismas […]53”; la aplicación de la razón excluyente como re-
solución a un caso concreto debe estar referida y fundada en el propio
caso que a la autoridad le es presentado, y a lo que las partes ofrecen
mediante los hechos, pruebas y razonamientos.
Estas tres tesis explican el funcionamiento normativo de la autoridad, pero
para su comprensión requieren ser dimensionadas en relación a la fuerza de
la autoridad que mediante órdenes, normalmente normas de mandato, la pre-
visibilidad y la justificación establece las guías de conducta y las razones
adicionales a ser cumplidas, pero tal cumplimiento aún cuando se respete el
52
Vega Gómez, Juan. “El Positivismo Excluyente de Raz”. Op. cit. nota 3, p. 721.
53
Ibid. P. 726. Para una explicación completa de las tesis Cfr. págs. 719 a 728.
119
́ icas

principio de autonomía del sujeto a quien van dirigidas no implica que son
optativas en su cumplimiento, puesto que como razones excluyentes son apli-
cadas por la autoridad mediante el sistema normativo y las instituciones que
lo hacen funcionar.
2. Carácter autoritativo del derecho
Con el propósito de superar las críticas a la idea de la autoridad del derecho,

Raz parte de la más simple de las definiciones de autoridad, problematizando
primero, y después superando las críticas y mostrando el carácter autoritativo
del derecho. Veamos: en el sentido no relativo de autoridad el autor cita la
siguiente definición simple como la más adecuada: “un hombre o un conjunto
de hombres, tiene autoridad si de su dicho que ocurra “X” se sigue que “X”
debe ocurrir54”, es una definición muy general que se aplica a todo tipo de
autoridad práctica. Esta definición es el punto de partida para la vinculación
del concepto de autoridad y la tesis de las razones, el propósito es explicar
la idea de autoridad desde la perspectiva de las inferencias prácticas, y para
ello solo las razones pueden dar cuenta plenamente. El autor admite que no
es la única explicación, aunque sí la que se necesita para poder explicar los
conceptos prácticos como el de autoridad, y porque las razones permiten una
explicación directa y no mediante otras ideas como lo derechos55.
A la anterior definición se la hacen las siguientes objeciones:
i) Primera objeción: ¿Las expresiones de una autoridad son razones abso-

lutas o razones prima facie para hacer lo que ella demanda?
Las expresiones son razones para actuar, no son imposiciones como razo-
nes absolutas; como razón para actuar es del tipo de razón excluyente que se
expresa mediante una orden que tienen el propósito de que sea seguida por el
destinatario sin que deba someterla nuevamente al balance de razones. Esto
es, se debe seguir aún como razón excluyente de segundo grado; pero es di-
ferente que la razón sea absoluta y deba hacerse en todas las circunstancias.
54
John, Lucas. Citado en Raz, Joseph. La Autoridad del Derecho. Op. cit. nota 49. p. 26.
55
Ibid, Cfr. p. 27.
120
́ icas

La autoridad se manifiesta normalmente mediante órdenes, ya el filósofo

y jurista inglés John Austin había definido como la clave de la jurisprudencia
que el derecho son órdenes respaldadas por amenazas, y tratamos la crítica
que el profesor Hart hizo al respecto. Ahora se vuelve a plantear que lo ca-
racterístico de la autoridad es emitir órdenes como razones para la acción que
deben ser cumplidas por los agentes a quienes se dirigen. La idea de orden
implica a la de autoridad, no es la orden del ladrón (que no es autoridad, ni
pretende legitimidad), sino que es la orden como mandato emitida por una
autoridad que pretende ser legítima y eficaz en tanto que normalmente se
cumple con lo que ordena, y la orden no se da como opción a realizar entre
<x> o <y>, sino que se da como razón excluyente que debe ser cumplida aún
a pesar de ser una razón de segundo orden respecto del balance de razones del
sujeto que debe cumplirla.
Por lo que si <A> ordena a que se encuentra en la circunstancia <C>
que realice <D>, entonces inferimos que <A> es una autoridad si cumple con
los requisitos de legitimidad y eficacia; legitimidad, si <A> es reconocida
socialmente e incluso normativamente, tratándose de una autoridad políti-
ca o jurídica; y eficacia, si sus órdenes son observadas normalmente sea de
manera espontánea, o mediante la imposición de alguna sanción; es el
agente que debe cumplir con lo ordenado; <C> es la circunstancia particular
en la que la razón manifestada en la orden es aplicable; y <D> es la orden
que como razón excluyente debe ser cumplida por . Esta es un ejemplo
de inferencia práctica que puede ser realizada en todas las actividades de una
autoridad, y que es la razón la que puede permitirnos explicar cabalmente.
Recuérdese que <D> como orden puede ser un simple enunciado respaldado
por la autoridad, o puede ser un entramado complejo que implique a un siste-
ma de razones para la acción.
Las órdenes deben ser diferenciadas de las peticiones y los consejos. Los
consejos transmiten información que no tienen el propósito de influir en la
conducta de quien los recibe, en tanto, que las peticiones solicitan se conside-
re algo en el balance de razones, que puede no llegar a ser considerado, ambas
no requieren de autoridad, pues no existe vinculación autoritativa respecto de
quien recibe el consejo o la petición que los constriña a cumplirlos.
121
́ icas

ii) La segunda objeción se basa en el hecho de que en algunas ocasiones a

pesar de que hay una orden legítima emitida por una autoridad legítima
no siempre es una razón para actuar.
Esto se explica porque las razones protegidas que se manifiestan mediante

la orden dada al agente que debe cumplirla, le es dada con la intención de que
sea cumplida, pero es posible que efectivamente no excluya a todas las razo-
nes posibles que puedan pesar en el balance de razones de quien se encuentra
en una situación <x>. Incluso, es posible que la razón protegida que se ordena
sea de primer orden, y que en al afán de previsibilidad, justificación y coor-
dinación que tiene implícita no haya contemplado las particularidades de la
situación del agente, y que éste tenga una razón de mayor peso para no hacer
lo ordenado a pesar de la autoridad con la que la razón protegida es estableci-
da mediante una norma jurídica. Estos son casos que constituyen excepciones
a las normas jurídicas, no a las razones, y que deben ser tratados uno a uno a
fin de poder determinar si en verdad era válida la excepción.
En el concepto de autoridad debe diferenciarse entre la autoridad sobre per-

sonas y la autoridad para realizar ciertas acciones; [...] todo aquel que es au-
toridad, tiene autoridad sobre la gente, pero no todo aquel que tiene autoridad
es autoridad [...] una persona es autoridad si de manera relativa, permanente
y penetrante tiene autoridad sobre personas, ya sea autoridad sobre un amplio
grupo de personas o bien autoridad respecto a varias esferas de actividad, o
ambas56.
Explicando lo anterior refiriéndonos al término de autoridad en sentido

jurídico, decimos que la autoridad sobre personas no la tienen todos, sino solo
aquellos que pueden emitir órdenes como razones protegidas, autoritativas
y vinculatorias, y dichas órdenes son regularmente cumplidas. La autoridad
para realizar ciertas acciones puede ser un tipo de autoridad que semeja más
a un poder como facultad para poder hacer algo que normalmente está prohi-
bido; de tal manera que quien tiene autoridad sobre la gente es autoridad en
sentido no relativo, o en este caso, semejante a la idea común de autoridad
56
Ibid, Cfr. p. 34.
122
́ icas

como institución facultada para realizar determinados actos de carácter impo-

sitivo o coercitivo más no absoluto.
Piénsese en una orden dada por un funcionario público en ejercicio de sus
funciones y en apego a lo que le está permitido hacer, la gente a quien va diri-
gida esa orden es de carácter autoritativo, vinculatorio y una razón protegida,
en este caso el funcionario es autoridad; pero el mismo funcionario público
cuando realiza actos jurídicos en nombre de otro mediante un mandato, en
este sentido no es autoridad, pero tiene autoridad para hacer esos actos.
Concluimos entonces, que autoridad en sentido amplio o no relativo es
la actividad como expresión de poder que se ejerce mediante el dar razo-
nes protegidas, autoritativas y vinculatorias, expresadas mediante normas de
mandato normalmente dirigidas a la gente que se encuentra en circunstancias
<x>, dado que dichas normas prevén tal situación y de antemano procuran su
solución otorgando certidumbre y seguridad jurídica a los agentes que deben
cumplirlas.
Hemos mencionado que uno de los aspectos mínimos de la autoridad re-
fiere a la cuestión de la legitimidad de la propia autoridad; legitimidad tan-
to como reconocimiento social de parte de quienes la tienen por tal, como
confianza y credibilidad también de parte de quienes deben cumplir con las
razones, órdenes o normas dadas por ella. Pues solo a una autoridad a la que
se considera legítima puede ser el caso que para algunos tenga un reconoci-
miento equivalente a sumisión ante sus órdenes, a tal grado que constituye la
negación a actuar en base a su propio juicio respecto de los méritos del caso57.
Pero tal limitación de la autonomía de los sujetos que deben cumplir con
las órdenes es limitada ya que las razones protegidas dadas por la autoridad
no son absolutas, sino solo excluyentes; y puede ocurrir también que en el
caso concreto se realice el fin consignado en la orden mediante actos diferen-
tes a los ordenados, o que se cumpla con las razones protegidas dadas por la
57
John Finnis toma la idea de autoridad de Joseph Raz para explicar que las razones se
establecen como razones protegidas que pretenden ser guías de acción, pero con Finnis la
autoridad es también autoridad moral, y busca lograr el bien común, algo que con la estruc-
tura argumentativa neutra de Raz no es posible sostener. Vid. Suárez Villegas, J. C. ¿Hay
obligación moral de obedecer al derecho? … Op. cit. nota 5. págs. 95-99.
123
́ icas

autoridad sin que se reconozca la legitimidad de la autoridad, que puede ser

el caso de los anarquistas58.
Veamos respecto de los límites del derecho como órdenes. Las órdenes da-
das por quien es autoridad tanto en sentido práctico como legítimamente, son
razones válidas de segundo orden y una razón excluyente para no hacer otras
razones, son razones protegidas pero no absolutas. La razón en tanto orden o
norma de mandato es resultado del balance de razones que prevé la solución
anticipada de una situación que puede presentarse, empero, es característico
de las razones que excluyan por clase y no por peso59, lo cual significa que
razones referidas a la misma situación de la misma clase aún cuando sean de
mayor peso serán excluidas por la razón protegida.
Las normas se dan con el propósito de que sean cumplidas no de que se
agreguen al balance de razones del sujeto que deba cumplirlas, pero el hecho
de que no sean absolutas implica que el propósito para el cual fue dada la
orden o creada la norma es posible que pueda ser cumplido de alguna otra
manera indirecta, por lo que el poder con que una norma o razón se impone
tiene límites en cuanto a su cumplimiento.
La idea de autoridad del derecho está relacionada con las funciones socia-
les que éste cumple, las cuales pueden ser desde las muy generales de coordi-
nación, limitaciones o guía de conducta para los agentes a quien va dirigido,
hasta las más específicas también denominadas:
Funciones sociales de las normas jurídicas:

A) Primarias o directas.
i) Prevenir un comportamiento indeseable y obtener uno deseable.
ii) Proporcionar los elementos para celebrar acuerdos privados entre indi-
viduos.
iii) Regular el proveimiento de servicios y la redistribución de bienes, pro-
curando la salvaguarda del orden interior del espacio donde el derecho
sea aplicado.
iv) La resolución de disputas no reguladas.
58
Raz, Joseph. La Autoridad del Derecho. Op. cit. nota 49, p. 43.
59
Ibid, p. 38.
124
́ icas

B) Secundarias o indirectas.
Son las que regulan la creación, modificación, aplicación y regulación de

los órganos encargados de realizar todas estas funciones del derecho.
Cuando nos referimos a la voz derecho ésta implica un todo sistemático en
el que sus elementos y actividades son desde las razones, normas, sistemas
normativos, instituciones creadoras, instituciones aplicadoras (las que inter-
pretan al derecho creado, lo explicitan y subsanan deficiencias y vacios) actos
reguladores; y funciones primarias y secundarias.
Concluimos con la aseveración de que la autoridad el derecho la tiene
tanto en su aspecto de efectividad, como en el de legitimidad. El derecho se
impone a sí mismo como un orden o sistema normativo y de instituciones
creadoras y aplicadoras, y se erige en guardián de la sociedad, dicho en pa-
labras del autor: “El derecho pretende proporcionar el marco general para la
conducción de todos los aspectos de la vida social y se sitúa a sí mismo como
el guardián supremo de la sociedad.”60
VIII. Distinción entre el derecho y la moral
1. Distinción entre derecho y moral en las razones
Este es un tema del que el profesor Joseph Raz se ha ocupado desde la pers-
pectiva del positivismo excluyente sosteniendo que existe una distinción en-
tre derecho y moral.
Al igual que han sostenido otros autores como Eugenio Bulygin, la dis-
cusión en la relación de diversas formas fácticas no está en discusión61, lo
que sí está en discusión es indagar porque para el estudio, conocimiento y
enseñanza del derecho es pertinente sostener que existe una distinción aún a
nivel teórico y discursivo en algunos niveles. La distinción aquí sostenida es
60
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas.Op. cit. nota 4, p. 179.
61
Bulygin, Eugenio. “¿Hay vinculación necesaria entre derecho y moral?”, publicado en
Derecho y moral. Rodolfo Vázquez (comp.), s/trad. Barcelona, España. Gedisa, 1998, p. 215.
125
́ icas

partir de una postura descriptiva del derecho, que va desde las razones como
los elementos más pequeños y esenciales, hasta la tesis de las fuentes sociales
del derecho como una visión de conjunto y ordenadora del iuspositivismo62.
Para efectos de distinguir entre el derecho y la moral debemos partir de las
razones que subyacen en la norma jurídica, hemos referido de estas que son
razones completas formadas por razones operantes, razones excluyentes, y
razones de primer o segundo orden. En las razones operantes se encuentran
subsumidos los aspectos valorativos de la norma, valorativos en cuanto a los
propósitos para los cuales la norma existe, los que pueden coincidir o no con
valores éticos, morales o de moral social; en la razón operante se encuentran
también los propósitos o fines que la norma se propone como guía de la con-
ducta social.
Inicialmente la norma tiene una carga social en cuanto ésta es su origen y
motivo que regular, pero en el momento en que se convierte en razón operan-
te los elementos valorativos son subsumidos a esta y pasan a integrarse a la
estructura lógica-normativa de la norma y del sistema jurídico. Lo cual sig-
nifica que dentro del sistema jurídico las razones que subyacen a la norma no
son tomados como valores morales o éticos, sino como parte de la estructura
normativa, y como tales tienen un peso y exclusión para imponerse a otras
razones, el balance de razones toma en cuenta entonces para determinar la
razón excluyente únicamente a su peso y clase.
En tanto, la razón operante en cuanto parte de la razón completa, y como
razón protegida adquiere su forma acabada una vez que se completa con la
razón excluyente que le asigna su peso específico, y ésta resulta ser una razón
de primer o segundo orden en tanto forma parte de una norma y sistema nor-
mativo con pretensión de autoridad que impone sus normas como parte del
sistema excluyente. En este sentido todo lo que integra a la norma jurídica y
del sistema jurídico tiene un carácter puramente jurídico y no moral.
2. Las falacias de la vinculación entre derecho y moral
62
No consideramos la interpretación porque para el autor aún cuando esta no es esencial
en las prácticas morales, pero sí en las jurídicas, no resuelve el problema. Vid. Raz, Joseph.
“¿por qué interpretar?”, publicado en Vázquez Rodolfo (comp.) Interpretación jurídica y
decisión judicial. segunda edición, s/trad. Fontamara, 2001, p. 40.
126
́ icas

En el tema cuatro hemos mencionado las características de los sistemas nor-

mativos generales, y luego con base en ello lo hicimos respecto de los siste-
mas jurídicos. Ahora podemos percatarnos de que existe un fondo común en
todos los sistemas normativos en lo que al uso del lenguaje se refiere, a este se
le denomina lenguaje normativo; es el lenguaje normativo que se utiliza tanto
para el sistema normativo de la moral como para el sistema jurídico el que da
lugar a la existencia de grandes equívocos, denominadas por el profesor Raz
como las falacias de la filosofía del derecho, estas son:
i) “[…] la creencia falaz de que las disposiciones jurídicas son necesariamente

razones morales (o que están moralmente justificadas o que hay siempre razo-
nes morales para obedecer a cada una de ellas.)
ii) […] que se considere que un sistema jurídico solo puede existir si la mayo-
ría de su comunidad-sujeto cree en su validez moral”63.
En respuesta a la segunda de las falacias se arguye que la existencia del

sistema jurídico es independiente de la creencia en su validez moral. El siste-
ma jurídico existe en tanto hay normas jurídicas que se agrupen formando un
sistema normativo. Y la práctica que determina la validez de la norma no es
sinónimo de la creencia de que la norma es válida moralmente.
Distingamos entre validez jurídica y validez moral, y entre la creencia de
la validez moral, y la creencia de la validez jurídica. Respecto a la validez
jurídica, para quienes parten del sistema jurídico con un origen común pue-
den explicarlo a partir del criterio de validez establecido, que puede ser la
norma fundante que dota de pedigrí a las demás reglas, o el que su origen esté
en una facultad soberana de crear normas. En el caso de ser de la postura de
explicar el sistema jurídico desde las instituciones de aplicación, entonces la
existencia se explica por el hecho de que haya reglas que existen por sí y que
conforman un sistema.
Decimos que las reglas existen por sí, en tanto que en una sociedad hay
reglas que conforman un sistema. Cuyas características tanto de las reglas
como del sistema son las de ser excluyentes y de primer orden o segundo or-
den, están revestidas de autoridad, y pertenecen a un sistema en el que tienen
relación con otras normas que se imponen mediante mandatos, permisiones
63
Raz, Joseph. Razón Práctica y Normas. Op. cit. nota 4, p. 180.
127
́ icas

o poderes, como excluyentes, autoritativas y vinculativas; por lo que puede

sostenerse que el sistema jurídico existe independientemente de la creencia
de que es válido moralmente.
Se puede argüir que la creencia en la validez moral explica la creencia de
quienes siguen las reglas, pero tal aseveración solo es correcta en tanto cum-
plimiento espontáneo de lo ordenado, y puede ser una de las razones del
cumplimiento de lo ordenado, pero aún en este caso se confirma lo contenido
en la razón para la acción, en tanto supuesto que regula los móviles de la con-
ducta, y los contenidos de la razón operante en cuanto a valores y propósitos
de la norma y del sistema. Así que cuando la creencia en la validez moral no
puede explicar la existencia del sistema jurídico debemos hacerlo conforme a
la creencia en la validez jurídica, que es el reconocimiento de parte de quienes
deben cumplir con las normas. Deben cumplirla tanto quienes integran las ins-
tituciones aplicadoras del derecho, como los ciudadanos, reconociendo en la
norma el que existe una razón jurídica para que se realice la conducta <A> y no
las conductas , o <C>…
Lo anterior no significa que sea necesario que todos deban creer en la
validez jurídica como se cree en la religión, sino de admitir que hay razones
jurídicas para hacer algo y hacerlo. Para que el sistema funcione se requiere
que al menos quienes se encargan de aplicarlas crean y se sientan constreñi-
dos a su cumplimiento como sistema normativo excluyente64, la creencia en
estos términos se refiere a lo que hemos tratado sobre la legitimidad del de-
recho y su eficacia, así como a la autoridad del derecho. La relación de estos
puede explicarnos la idea de validez jurídica, y ayudarnos a explicar los casos
en que efectivamente se cumple con lo ordenado por el derecho, y porque
la autoridad de tales normas deviene tanto del sistema por sí mismo, como
de la autoridad que lo impone y vigila su cumplimiento. E incluso podemos
explicar aquellos casos en que la norma que debe cumplirse no coincida con
el balance de razones de parte de quien deba cumplirla, y a pesar de esto, la
razón se impone como razón excluyente de segundo orden.
Respuesta a la primera de las falacias. Es tal si partimos de que el siste-
ma jurídico es un sistema normativo y una institución social, una cierta for-
ma de organización social; no es propiamente una manifestación moral, ni la
moral puede dar cuenta de todo el sistema jurídico. El derecho como sistema
64
Ibid. págs. 199 y 204.
128
́ icas

normativo puede ser explicado cabalmente desde la perspectiva normativa y

del uso del lenguaje normativo.
Varias son las posturas que existen de parte de quienes pretenden encontrar
en el derecho a un orden moral, las hay definicionales, que lo identifican ple-
namente afirmando que existe identidad y que cuando alguna norma jurídica
no es moral, entonces tampoco es derecho. Está la postura heterogénea, que
admite la existencia de normas dentro de la institución que no cumplen con el
test moral, en este caso, considera que esto puede ocurrir ya que la institución
puede ser usada con fines buenos o malos, y la moral cumple aquí una función
correctiva como referente para la norma jurídica. En tanto, el enfoque deri-
vado puede aceptar algunas de las posturas del positivismo que admite que el
derecho es una institución social, pero conserva el objetivismo moral en tanto
el sistema jurídico como sistema de regulación social para ser tal debe tener
méritos morales para poder funcionar correctamente65.
El problema de todas las posturas que consideran imprescindible a la moral
para explicar al derecho es que precisamente no logran explicar porque razón
el derecho como sistema normativo debe tener algún vínculo con la moral. Es
difícil sostener que no existe, pero afirmar que tal relación sí existe también
lo es. Por lo que se refiere al desarrollo de esta postura teórico-descripitiva de
Raz, se puede comprobar que en su entramado que va desde el método hasta
la descripción y explicación, se han excluido todos los elementos que puedan
tener alguna connotación moral, con lo que se prueba que es posible al menos
en esta línea de pensamiento sostener una distinción entre moral y derecho.
3. La tesis de las fuentes sociales y la postura excluyente
Son quizá tres las áreas más discutidas en el positivismo jurídico: la identifi-
cación del derecho, su valor moral y el significado de sus términos básicos,
que equivalen a las tesis social, moral y semántica. De ellas, la más importan-
te es la tesis social, cuyo punto de partida para describir lo que es derecho o
no es, son los hechos sociales, de la cual no se siguen las otras dos tesis, pero
pueden llegar a estar implicadas.
65
129
́ icas

El argumento general de la tesis social es el siguiente: “[...] lo que es de-

recho es una cuestión de hechos sociales y la identificación del derecho no
supone argumentos morales, entonces, se sigue, que la conformidad a valores
e ideas morales no es, de ninguna manera, condición para que algo sea jurídi-
camente obligatorio”66. Esta tesis tiene al menos dos variantes principales: la
postura fuerte que es totalmente excluyente de la moral y el iusnaturalismo, y
la versión moderada, que puede tener coincidencias con algunas posturas del
iusnaturalismo:
La versión fuerte de la tesis de las fuentes sociales sostiene que:
i) Una teoría completa del derecho debe tener criterios que dependan de los
hechos sociales para identificar al derecho y determinar su existencia en
términos valorativamente neutros sin recurrir a argumentos morales.
ii) No se hace una exhaustiva diferencia entre los términos valorativamen-
te neutros y aquellos que no lo son, ni se toma postura entre el iusnatu-
ralismo y el anti-iusnaturalismo.
iii) Considera las intenciones, motivaciones y opiniones morales de la gen-
te.
iv) Puede variar entre que si la condición social es necesaria o suficiente
para identificar la existencia y contenido del derecho67.
La versión moderada la tesis de las fuentes sociales coincide con las

siguientes posturas del iusnaturalismo:
i) Un deber jurídico significa un deber que se tiene porque el derecho re-

quiere la realización de tal acción.
ii) Existe una conexión necesaria entre el derecho y la moral social (i.e. la
moral practicada y respaldada por la población)
iii) La pretensión de autoridad de todo orden es justificada”68.
Para el estudio de la tesis social debemos partir junto con el autor de que
dicha tesis en el positivismo supone la construcción de las teorías del derecho,
66
Raz, Joseph. La Autoridad del Derecho. Op. cit. nota 49, p. 56.
67
Ibid, págs. 58-59.
68
Ibid, p. 57.
130
́ icas

y no solo de los criterios de existencia e identificación, por ello al realizar el

examen de las razones conforme a las cuales opera encontraremos sentido,
unidad y coherencia a todo lo expresado en cada uno de los subtemas desa-
rrollados en el presente capítulo, llegando a la distinción teórico-descriptiva
entre derecho y moral.
Son características de la tesis de las fuentes sociales sostenida por el
profesor Raz:
i) La tesis social refleja correctamente el significado de derecho, pues la

tesis social parte de los hechos sociales, de lo que el derecho es, no de
lo que debiera el derecho ser, del derecho como una cuestión fáctica y
no moral69.
Aunque es verdad que en términos lingüísticos y semánticos el concepto

de derecho no se ha definido satisfactoriamente para los filósofos del derecho
pertenecientes a diferentes corrientes, también lo es que la pregunta por lo
que el derecho sea hizo correr ríos de tinta que no lograron resolverlo, y que
fue con el profesor Hart cuando la pregunta fue replanteada en el sentido de
cuestionar por lo que el derecho designa o nombra. Siguiendo esta postura la
tesis social parte precisamente del hecho social como aquello que el derecho
nombra70.
ii) Se identifica al derecho distinguiendo entre su descripción y su valora-

ción separando los hechos sociales de las consideraciones valorativas,
aún cuando los iusnaturalistas sostienen que no debe hacerse tal sepa-
ración.
69
Vega Gómez, Juan. “El Positivismo Excluyente de Raz”. Cit. nota 3, p. 736.
70
David Lyons, sostiene que la tesis social de Raz ignora la relación que el derecho guarda
con la moral en cuanto en los hechos sociales están implicados, por lo que tal construcción
no trae ninguna consecuencia a la postura de la separación entre derecho y moral, Vid. Lyons,
David. Los Aspectos Morales de la norma. trad. Stella Álvarez. Barcelona, España. Gedisa,
1998, p. 112.
131
́ icas

Consecuencia del método empleado en la elaboración de la teoría del dere-

cho es que esta pueda ser: descriptiva, valorativa, prescriptiva, o tenga todos
los aspectos.
Se dice de una teoría que es descriptiva cuando solo se ocupa de cuestiones
de hecho, que existen y que son verificables, las cuales constituyen el objeto
de estudio y que en el proceso de su conocimiento será descrito tan complejo
como se nos presente, sin que se pretenda calificarse valorativamente. Es va-
lorativa una teoría cuando además de describir a su objeto de estudio también
lo califica agregándole los valores de bueno o malo, justo o injusto, y otros
calificativos del ámbito moral o ético. Y es prescriptiva cuando no solo se
limita a describir a su objeto de estudio como es, sino que además pretende
establecer como debe ser. Acorde a lo anterior, la teoría desarrollada por el
profesor Raz es del tipo descriptivo.
iii) La tesis social como uno de sus resultados es la eliminación de los

prejuicios, consideraciones evaluativas y deónticas del investigador, el
cual debe basarse en hechos que sean investigados y valorativamente
neutros.
De este modo la razón práctica, así como las razones en general son ins-
trumentos conceptuales sin cargas valorativas que permiten la descripción del
derecho, y en general toda la arquitectura teórica tiene este propósito de ser
valorativamente neutro71.
iv) Una de las principales razones de la tesis social es el carácter institu-

cional del derecho.
En cuanto al derecho como institución, es estudiado por la tesis social en

los principales aspectos por los cuales se caracteriza: eficacia, legitimidad y
autoridad. También en cuanto a institución se estudian sus órganos aplicado-
res y órganos creadores de derecho, y su carácter sistémico, así como su ca-
racterística de sistema para guiar y hacer decidir jurídicamente a los agentes a
71
John Finnis realiza una construcción valorativa del derecho usando la razón práctica con
contenidos morales, Vid. en Suárez Villegas, Juan Carlos. ¿Hay obligación moral de obede-
cer al derecho…Op. cit. nota 5, págs. 77-85
132
́ icas

quienes va dirigido, su pretensión de ser suprema autoridad en la sociedad en

que existe, y que el derecho sea un objeto de estudio en el que no se descuiden
sus complejas relaciones con otras instituciones y sistemas72 73.
Tales aspectos ya han sido desarrollados, empero, algunos de carácter me-
ramente institucional importan para el tema actual, estos tienen que ver con la
postura distinta que la tesis social adopta respeto del iusnaturalismo y la tesis
del positivismo incluyente:
a) El derecho en cuanto a sistema institucional tiene límites, sus fronteras

están determinadas por los estándares que permiten identificar tanto las
funciones que realiza el derecho, las instituciones judiciales, las nor-
mas y sistema normativo, lo que denominamos derecho perteneciente
al Estado <x> o <z> pero no contiene todos los estándares para poder
determinar lo que es moral de lo que no lo es, ni para identificar todas
las normas pertenecientes a otros sistemas normativos.
Por tanto, la diferencia en cuanto a estándares para su identificación evi-

dencia que el derecho tiene límites más estrechos que otros órdenes normati-
vos como la moral, pero al tener límites más estrechos, también los tiene más
definidos, sean mediante lo que se denomina derecho escrito, jurisprudencia
y principios de derecho, así como en aquellos casos en que hay una permisión
expresa de que se recurra a los usos y costumbres o moral social. La moral
en cambio no tiene el carácter de institucional como el derecho, y su relación
con él puede ser encontrada mediante el derecho como hecho social, pero es
distinguible lo que el derecho es que lo que la moral sea.
b) No se pueden imponer calificaciones morales como condiciones para

que una disposición o un orden sean tenidos por jurídicos y que no se
encuentren reflejadas también en sus rasgos institucionales. Si el dere-
cho es una institución social de cierto tipo, entonces todas las dispo-
72
Raz, Joseph. La Autoridad del derecho. Cit. nota 49, Cfr. págs. 59-62.
73
David Lyons en el debate respecto del contenido valorativo o neutro de la tesis social,
éste opta por la de contenido y su opinión favorece a Dworkin en el sentido de optar por un
derecho que contemple los principios morales de manera explícita en el derecho y en las
decisiones judiciales. Los Aspectos morales… Cit. nota 70, Cfr. págs. 110-117 y 133-139.
133
́ icas

siciones que pertenecen al tipo social son disposiciones jurídicas no

obstante lo moralmente objetables que estas puedan ser74.
Recordemos brevemente que en la relación o distinción entre derecho y

moral, las posturas de los autores tratados en este trabajo son diferentes; pues
mientras que el profesor Hart sostenía una distinción conceptual en que la
moral era referente para la corrección del derecho; el profesor Dworkin en su
visión integral del derecho incluye a la moral para la solución de los casos
difíciles; y el profesor Raz es un paladín del positivismo excluyente, y por
tanto, de la separación del derecho de la moral para su explicación teórico-
descriptiva, tanto en su estructura como institución, como en sus elementos
normativos.
Finalmente una propuesta del autor a quien dedicamos el presente capítu-
lo, la cual quizá pueda parecernos paradójica, pues nos propone cambiar de
perspectiva en el estudio de la relación entre derecho y moral, y ver desde la
perspectiva de la moral qué lugar le corresponde al derecho75.
74
Raz, Joseph. La Autoridad del derecho. Cit. nota 49, Cfr. p. 64.
75
Cfr. Vega Gómez, Juan. “El Positivismo Excluyente de Raz”. Op. cit. nota 3, p. 731. De
allí tomo la aseveración.
134
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El derecho pretende proporcionar el marco general para la

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El positivismo de Joseph Raz

Las razones especialmente la razón para la acción y las razones protegi-

II. Razones para la acción

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Derecho y moral. Estudio introductorio

permiten explicar la postura del autor. Entre estos instrumentos encontramos:

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Los contextos y el análisis lógico son parte de la circunstancia en que las

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Derecho y moral. Estudio introductorio

la cancelación de la razón, aún cuando sea la más fuerte. Para determinar la

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también un carácter instrumental en cuanto a la búsqueda de la realización de

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Derecho y moral. Estudio introductorio

el balance es realizado por la autoridad mediante la institución aplicadora o

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ante la insensibilidad (incumplimiento) sea por convicción o por irracionali-

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Derecho y moral. Estudio introductorio

para la conducta de los agentes o ciudadanos a quienes se dirige, la cual es

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Las razones excluyentes pueden ser también razones protegidas. Exclu-

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Derecho y moral. Estudio introductorio

III. La relación entre las reglas y las razones

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El positivismo de Joseph Raz

el problema de la juridicidad, refiriéndonos a la teoría imperativa sostenida

Previsibilidad es cuando la regla ya superó el balance de razones previ-

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Derecho y moral. Estudio introductorio

IV. Tipos de normas jurídicas

En el contenido de la obra y propiamente del discurso del autor en comento,

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sistema normativo, así mismo, es síntesis de los elementos esenciales que lo

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Derecho y moral. Estudio introductorio

La primera es la dimensión más importante ya que refiere a la validez de

i) Decidir es formar una intención.

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tradicionalmente se denomina “espíritu de la ley”, que es en realidad su jus-

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Derecho y moral. Estudio introductorio

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excluidos, y pueden ser considerados como subsumidos a la razón excluyente

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