Books by Santiago Castro Videla
La Ley, 2019
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Abaco, 2019
Los controles de precios son utilizados en nuestro país desde hace más de 100 años, y las denomin... more Los controles de precios son utilizados en nuestro país desde hace más de 100 años, y las denominadas “leyes de abastecimiento y control de precios”, que nacieron con la emergencia y al calor de la Segunda Guerra Mundial, rigen todavía hoy 80 años después.
Muchos gobiernos de diversos signos políticos los establecieron sin éxito en nuestra historia: tanto en situaciones de emergencia económica como de normalidad, sea para garantizar el abastecimiento, combatir la inflación, evitar la especulación y la competencia desleal, proteger a los consumidores o la lealtad comercial.
Los controles de precios, sin embargo, generalmente produjeron y producen resultados opuestos a los buscados: menor cantidad y calidad de los productos regulados, con el consecuente desabastecimiento, el racionamiento y la aparición de mercados “negros” con precios todavía más elevados.
La Ley 20.680 (1974) de Abastecimiento es el instrumento normativo que hoy faculta al Poder Ejecutivo para establecerlos e intervenir casi en cualquier etapa del proceso económico. Esta norma, nacida hacia el final de la tercera presidencia de Perón, sobrevivió a todo: pasó casi intacta por la dictadura militar, la restauración de la democracia, la reforma del Estado, las políticas “neoliberales” e incluso la reforma constitucional de 1994, manteniéndose hoy vigente y revitalizada por la Ley 26.991 (2014).
Pese a ello, la Ley de Abastecimiento es fuertemente cuestionable en su constitucionalidad desde las exigencias del derecho de propiedad privada, el derecho a la tutela efectiva y los principios de razonabilidad y división de poderes. Además, presenta diversas problemáticas: ¿Cuáles son los sujetos, bienes y servicios que alcanza? ¿Cómo se coordina su aplicación con normas como la Ley de Defensa de la Competencia? ¿Es constitucional la delegación de facultades legislativas que realiza? ¿Cómo se interpretan sus amplias infracciones? ¿Cuáles son los procedimientos para establecer controles de precios u otras medidas similares? ¿Y para impugnarlas judicialmente?
Desde una perspectiva práctica y sistemática, analizando una por una sus disposiciones, esta obra responde a tales interrogantes y, a la luz de los principios y reglas constitucionales, somete al régimen de la Ley Abastecimiento al estudio detallado y crítico que merece.
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A lo largo del siglo XX se consolidó en Argentina un modelo de Estado regulatorio caracterizado p... more A lo largo del siglo XX se consolidó en Argentina un modelo de Estado regulatorio caracterizado por la regulación de la actividad económica en todos sus ámbitos: financiero y cambiario, tributario, aduanero, procesal, laboral, de seguros, de salud, de servicios públicos, así como en múltiples actividades de interés general.
Eso no habría sido posible sin que el Congreso delegara ampliamente sus facultades de regulación de derechos en el Presidente, sus órganos subordinados, los entes descentralizados e incluso en sujetos ajenos a la Administración.
Se generó así en el derecho argentino una suerte de “agujero negro de la regulación” que oculta a los ojos de la ciudadanía la gran mayoría de las regulaciones de derechos: son innumerables las adoptadas por sujetos distintos del Presidente, con baja visibilidad y sin procedimientos públicos previos.
La reforma constitucional de 1994 reguló la delegación legislativa en el “Poder Ejecutivo” pero mantuvo y agravó los interrogantes. ¿Puede el Congreso delegar sus facultades en órganos subordinados al Presidente? ¿Y en entes descentralizados o sujetos ajenos a la Administración? ¿Puede delegar facultades en materia tributaria? ¿Puede autorizar a subdelegar sus facultades?
En definitiva: ¿Puede el Congreso utilizar la delegación legislativa al servicio del Estado regulatorio?
La obra que el lector tiene en sus manos ofrece una interpretación novedosa del texto constitucional que permite encauzar la delegación legislativa y limitar así ese modelo de Estado. Efectúa también una sistematización de los principios constitucionales e interpretativos que la rigen, aportando herramientas útiles para el análisis de su validez e impugnación.
Más aún, está enriquecida por propuestas de reforma legislativa y aplicaciones prácticas a delegaciones a favor de la AFIP, el BCRA, los entes reguladores de servicios públicos, las universidades nacionales y la propia Corte Suprema.
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Desde comienzos del siglo XX se establecen en el país intensas regulaciones del derecho de propie... more Desde comienzos del siglo XX se establecen en el país intensas regulaciones del derecho de propiedad privada y libertad económica; en particular, controles de precios y de la producción, y medidas fiscales y aduaneras para asegurar el abastecimiento del mercado interno.
Esta obra estudia integralmente esa especie de regulación económica a la luz del Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal, incluyendo el análisis económico-jurídico de su razonabilidad. Parte de una definición analítica de la regulación “para el abastecimiento” y su objeto de reglamentación, exponiendo su evolución histórica e identificando en qué regímenes jurídicos existe.
Sentadas esas bases, desarrolla los principios constitucionales que limitan a las autoridades públicas cuando establecen y aplican dicha regulación, y su recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Analiza también las vías procesales que el derecho a la tutela judicial efectiva ofrece al particular afectado para su impugnación, suspensión y la reparación de los daños.
Desde un punto de vista económico-jurídico, aborda el problema central de cuáles son los efectos económicos de las regulaciones para el abastecimiento. Con base en ello, analiza si los controles de precios y de la producción, y sus demás medidas características, son reglamentaciones razonables del derecho de propiedad privada y libertad económica y el alcance de su revisión judicial.
En el plano de la división de poderes, explica los límites constitucionales que tiene el Congreso para delegar sus facultades de regulación. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del fuero contencioso-administrativo federal, analiza el régimen aplicable a su delegación y subdelegación a favor del Presidente y sus órganos subordinados o entes descentralizados.
Finalmente, dedica una parte específica a las problemáticas que presenta la Ley 20.680 de Abastecimiento, reformada por la Ley 26.991 (2014).
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Economic regulation and property rights by Santiago Castro Videla
Revista de Derecho Público, 2017-2, Rubinzal Culzoni, p. 161-227.
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Constitutional and civil procedure & strategy by Santiago Castro Videla
El Derecho Constitucional , 2019
La ley 26.122 tiene una evidente relevancia no solo para la configuración del sistema jurídico no... more La ley 26.122 tiene una evidente relevancia no solo para la configuración del sistema jurídico normativo, sino fundamentalmente para el diseño político-institucional vigente en nuestro país, lo cual permite considerarla como una de las leyes más importantes aprobadas por el Congreso en las últimas décadas.
En este trabajo ofrecemos una nueva mirada a la ley 26.122, a su diseño, a la interpretación y el debate en torno de sus disposiciones, y también a la práctica institucional desarrollada con motivo de su implementación a lo largo de los años transcurridos desde su entrada en vigencia. El objetivo que nos hemos trazado es completar y profundizar el examen realizado en oportunidad de la sanción de la ley 26.122 y actualizarlo con los desarrollos doctrinarios y la experiencia práctica recogida en este tiempo, tanto en el ámbito legislativo propiamente dicho como en el plano del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a fin de hacer un aporte al mejor entendimiento y aplicación de la norma en comentario.
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La Ley, 2019
Se analiza la actividad de la Comisión Bicameral Permanente y las Cámaras del Congreso en relació... more Se analiza la actividad de la Comisión Bicameral Permanente y las Cámaras del Congreso en relación a la totalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos Delegados y Decretos de Observación y Promulgación Parcial de las Leyes que fueron dictados por el Poder Ejecutivo Nacional desde la entrada en vigencia de la Ley 26.122, en el año 2006, hasta el mes de diciembre de 2018.
Es un artículo breve pero fruto de un trabajo de investigación que llevó más de dos años, en el que hemos obtenido, procesado y generado información que creemos útil, y que aquí presentamos con una valoración crítica.
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Temas de derecho administrativo, Erreius, noviembre de 2018, p. 1127-1136
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Ley de Abastecimiento (Supply Law No. 20,680) by Santiago Castro Videla
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Books by Santiago Castro Videla
Muchos gobiernos de diversos signos políticos los establecieron sin éxito en nuestra historia: tanto en situaciones de emergencia económica como de normalidad, sea para garantizar el abastecimiento, combatir la inflación, evitar la especulación y la competencia desleal, proteger a los consumidores o la lealtad comercial.
Los controles de precios, sin embargo, generalmente produjeron y producen resultados opuestos a los buscados: menor cantidad y calidad de los productos regulados, con el consecuente desabastecimiento, el racionamiento y la aparición de mercados “negros” con precios todavía más elevados.
La Ley 20.680 (1974) de Abastecimiento es el instrumento normativo que hoy faculta al Poder Ejecutivo para establecerlos e intervenir casi en cualquier etapa del proceso económico. Esta norma, nacida hacia el final de la tercera presidencia de Perón, sobrevivió a todo: pasó casi intacta por la dictadura militar, la restauración de la democracia, la reforma del Estado, las políticas “neoliberales” e incluso la reforma constitucional de 1994, manteniéndose hoy vigente y revitalizada por la Ley 26.991 (2014).
Pese a ello, la Ley de Abastecimiento es fuertemente cuestionable en su constitucionalidad desde las exigencias del derecho de propiedad privada, el derecho a la tutela efectiva y los principios de razonabilidad y división de poderes. Además, presenta diversas problemáticas: ¿Cuáles son los sujetos, bienes y servicios que alcanza? ¿Cómo se coordina su aplicación con normas como la Ley de Defensa de la Competencia? ¿Es constitucional la delegación de facultades legislativas que realiza? ¿Cómo se interpretan sus amplias infracciones? ¿Cuáles son los procedimientos para establecer controles de precios u otras medidas similares? ¿Y para impugnarlas judicialmente?
Desde una perspectiva práctica y sistemática, analizando una por una sus disposiciones, esta obra responde a tales interrogantes y, a la luz de los principios y reglas constitucionales, somete al régimen de la Ley Abastecimiento al estudio detallado y crítico que merece.
Eso no habría sido posible sin que el Congreso delegara ampliamente sus facultades de regulación de derechos en el Presidente, sus órganos subordinados, los entes descentralizados e incluso en sujetos ajenos a la Administración.
Se generó así en el derecho argentino una suerte de “agujero negro de la regulación” que oculta a los ojos de la ciudadanía la gran mayoría de las regulaciones de derechos: son innumerables las adoptadas por sujetos distintos del Presidente, con baja visibilidad y sin procedimientos públicos previos.
La reforma constitucional de 1994 reguló la delegación legislativa en el “Poder Ejecutivo” pero mantuvo y agravó los interrogantes. ¿Puede el Congreso delegar sus facultades en órganos subordinados al Presidente? ¿Y en entes descentralizados o sujetos ajenos a la Administración? ¿Puede delegar facultades en materia tributaria? ¿Puede autorizar a subdelegar sus facultades?
En definitiva: ¿Puede el Congreso utilizar la delegación legislativa al servicio del Estado regulatorio?
La obra que el lector tiene en sus manos ofrece una interpretación novedosa del texto constitucional que permite encauzar la delegación legislativa y limitar así ese modelo de Estado. Efectúa también una sistematización de los principios constitucionales e interpretativos que la rigen, aportando herramientas útiles para el análisis de su validez e impugnación.
Más aún, está enriquecida por propuestas de reforma legislativa y aplicaciones prácticas a delegaciones a favor de la AFIP, el BCRA, los entes reguladores de servicios públicos, las universidades nacionales y la propia Corte Suprema.
Esta obra estudia integralmente esa especie de regulación económica a la luz del Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal, incluyendo el análisis económico-jurídico de su razonabilidad. Parte de una definición analítica de la regulación “para el abastecimiento” y su objeto de reglamentación, exponiendo su evolución histórica e identificando en qué regímenes jurídicos existe.
Sentadas esas bases, desarrolla los principios constitucionales que limitan a las autoridades públicas cuando establecen y aplican dicha regulación, y su recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Analiza también las vías procesales que el derecho a la tutela judicial efectiva ofrece al particular afectado para su impugnación, suspensión y la reparación de los daños.
Desde un punto de vista económico-jurídico, aborda el problema central de cuáles son los efectos económicos de las regulaciones para el abastecimiento. Con base en ello, analiza si los controles de precios y de la producción, y sus demás medidas características, son reglamentaciones razonables del derecho de propiedad privada y libertad económica y el alcance de su revisión judicial.
En el plano de la división de poderes, explica los límites constitucionales que tiene el Congreso para delegar sus facultades de regulación. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del fuero contencioso-administrativo federal, analiza el régimen aplicable a su delegación y subdelegación a favor del Presidente y sus órganos subordinados o entes descentralizados.
Finalmente, dedica una parte específica a las problemáticas que presenta la Ley 20.680 de Abastecimiento, reformada por la Ley 26.991 (2014).
Economic regulation and property rights by Santiago Castro Videla
Constitutional and civil procedure & strategy by Santiago Castro Videla
En este trabajo ofrecemos una nueva mirada a la ley 26.122, a su diseño, a la interpretación y el debate en torno de sus disposiciones, y también a la práctica institucional desarrollada con motivo de su implementación a lo largo de los años transcurridos desde su entrada en vigencia. El objetivo que nos hemos trazado es completar y profundizar el examen realizado en oportunidad de la sanción de la ley 26.122 y actualizarlo con los desarrollos doctrinarios y la experiencia práctica recogida en este tiempo, tanto en el ámbito legislativo propiamente dicho como en el plano del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a fin de hacer un aporte al mejor entendimiento y aplicación de la norma en comentario.
Es un artículo breve pero fruto de un trabajo de investigación que llevó más de dos años, en el que hemos obtenido, procesado y generado información que creemos útil, y que aquí presentamos con una valoración crítica.
Ley de Abastecimiento (Supply Law No. 20,680) by Santiago Castro Videla
Muchos gobiernos de diversos signos políticos los establecieron sin éxito en nuestra historia: tanto en situaciones de emergencia económica como de normalidad, sea para garantizar el abastecimiento, combatir la inflación, evitar la especulación y la competencia desleal, proteger a los consumidores o la lealtad comercial.
Los controles de precios, sin embargo, generalmente produjeron y producen resultados opuestos a los buscados: menor cantidad y calidad de los productos regulados, con el consecuente desabastecimiento, el racionamiento y la aparición de mercados “negros” con precios todavía más elevados.
La Ley 20.680 (1974) de Abastecimiento es el instrumento normativo que hoy faculta al Poder Ejecutivo para establecerlos e intervenir casi en cualquier etapa del proceso económico. Esta norma, nacida hacia el final de la tercera presidencia de Perón, sobrevivió a todo: pasó casi intacta por la dictadura militar, la restauración de la democracia, la reforma del Estado, las políticas “neoliberales” e incluso la reforma constitucional de 1994, manteniéndose hoy vigente y revitalizada por la Ley 26.991 (2014).
Pese a ello, la Ley de Abastecimiento es fuertemente cuestionable en su constitucionalidad desde las exigencias del derecho de propiedad privada, el derecho a la tutela efectiva y los principios de razonabilidad y división de poderes. Además, presenta diversas problemáticas: ¿Cuáles son los sujetos, bienes y servicios que alcanza? ¿Cómo se coordina su aplicación con normas como la Ley de Defensa de la Competencia? ¿Es constitucional la delegación de facultades legislativas que realiza? ¿Cómo se interpretan sus amplias infracciones? ¿Cuáles son los procedimientos para establecer controles de precios u otras medidas similares? ¿Y para impugnarlas judicialmente?
Desde una perspectiva práctica y sistemática, analizando una por una sus disposiciones, esta obra responde a tales interrogantes y, a la luz de los principios y reglas constitucionales, somete al régimen de la Ley Abastecimiento al estudio detallado y crítico que merece.
Eso no habría sido posible sin que el Congreso delegara ampliamente sus facultades de regulación de derechos en el Presidente, sus órganos subordinados, los entes descentralizados e incluso en sujetos ajenos a la Administración.
Se generó así en el derecho argentino una suerte de “agujero negro de la regulación” que oculta a los ojos de la ciudadanía la gran mayoría de las regulaciones de derechos: son innumerables las adoptadas por sujetos distintos del Presidente, con baja visibilidad y sin procedimientos públicos previos.
La reforma constitucional de 1994 reguló la delegación legislativa en el “Poder Ejecutivo” pero mantuvo y agravó los interrogantes. ¿Puede el Congreso delegar sus facultades en órganos subordinados al Presidente? ¿Y en entes descentralizados o sujetos ajenos a la Administración? ¿Puede delegar facultades en materia tributaria? ¿Puede autorizar a subdelegar sus facultades?
En definitiva: ¿Puede el Congreso utilizar la delegación legislativa al servicio del Estado regulatorio?
La obra que el lector tiene en sus manos ofrece una interpretación novedosa del texto constitucional que permite encauzar la delegación legislativa y limitar así ese modelo de Estado. Efectúa también una sistematización de los principios constitucionales e interpretativos que la rigen, aportando herramientas útiles para el análisis de su validez e impugnación.
Más aún, está enriquecida por propuestas de reforma legislativa y aplicaciones prácticas a delegaciones a favor de la AFIP, el BCRA, los entes reguladores de servicios públicos, las universidades nacionales y la propia Corte Suprema.
Esta obra estudia integralmente esa especie de regulación económica a la luz del Derecho Constitucional, Administrativo y Procesal, incluyendo el análisis económico-jurídico de su razonabilidad. Parte de una definición analítica de la regulación “para el abastecimiento” y su objeto de reglamentación, exponiendo su evolución histórica e identificando en qué regímenes jurídicos existe.
Sentadas esas bases, desarrolla los principios constitucionales que limitan a las autoridades públicas cuando establecen y aplican dicha regulación, y su recepción en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Analiza también las vías procesales que el derecho a la tutela judicial efectiva ofrece al particular afectado para su impugnación, suspensión y la reparación de los daños.
Desde un punto de vista económico-jurídico, aborda el problema central de cuáles son los efectos económicos de las regulaciones para el abastecimiento. Con base en ello, analiza si los controles de precios y de la producción, y sus demás medidas características, son reglamentaciones razonables del derecho de propiedad privada y libertad económica y el alcance de su revisión judicial.
En el plano de la división de poderes, explica los límites constitucionales que tiene el Congreso para delegar sus facultades de regulación. Con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y del fuero contencioso-administrativo federal, analiza el régimen aplicable a su delegación y subdelegación a favor del Presidente y sus órganos subordinados o entes descentralizados.
Finalmente, dedica una parte específica a las problemáticas que presenta la Ley 20.680 de Abastecimiento, reformada por la Ley 26.991 (2014).
En este trabajo ofrecemos una nueva mirada a la ley 26.122, a su diseño, a la interpretación y el debate en torno de sus disposiciones, y también a la práctica institucional desarrollada con motivo de su implementación a lo largo de los años transcurridos desde su entrada en vigencia. El objetivo que nos hemos trazado es completar y profundizar el examen realizado en oportunidad de la sanción de la ley 26.122 y actualizarlo con los desarrollos doctrinarios y la experiencia práctica recogida en este tiempo, tanto en el ámbito legislativo propiamente dicho como en el plano del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a fin de hacer un aporte al mejor entendimiento y aplicación de la norma en comentario.
Es un artículo breve pero fruto de un trabajo de investigación que llevó más de dos años, en el que hemos obtenido, procesado y generado información que creemos útil, y que aquí presentamos con una valoración crítica.
En esta segunda publicación, se referencian las problemáticas relativas al régimen de validez de los reglamentos ejecutivos. En posteriores publicaciones se hará lo propio con los reglamentos delegados y de necesidad y urgencia.
breve guía para el estudio y análisis de casos en materia de reglamentos del Poder Ejecutivo, buscando ofrecer una síntesis teórica y práctica lo más accesible posible, con ejemplos relevantes, jurisprudencia y listas de comprobación.
En esta primera publicación, se referencian las problemáticas relativas a la calificación del reglamento y el régimen de validez de los reglamentos autónomos.
Las diversas problemáticas que presenta la delegación legislativa fueron abordadas ampliamente en obras destacadas de la doctrina nacional. Incluso más cerca en el tiempo, con Santiago Maqueda hemos dedicado un breve libro a profundizar ciertos aspectos que, al día de la fecha, y pese al tiempo transcurrido tras la reforma de 1994, no fueron suficientemente precisados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la doctrina especializada.
Sin perjuicio de eso, y de remitir a tales obras, la permanente actualidad y relevancia del fenómeno de la delegación legislativa en nuestro país es innegable. Pensemos, sin ir más lejos, en las amplísimas delegaciones efectuadas por la Ley 24.629 (1996) de reforma del Estado II, la Ley 25.414 (2001), la Ley de emergencia pública 25.561 (2002) -que fue sancionada con motivo de la crisis del 2001/2002 pero tuvo más de tres lustros de vigencia- y la posterior Ley 27.541 (2019) que delegó amplias facultades legislativas en favor del presidente Alberto Fernandez, por mencionar solo algunas de las delegaciones efectuadas por el Congreso desde 1994.
A lo anterior cabe sumar dos proyectos que no llegaron a convertirse en leyes: (a) el proyecto de ley delegante presentado durante la pandemia por el propio Alberto Fernández, denominado “Ley de Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19”, que contenía intensas delegaciones legislativas fundadas en la emergencia sanitaria y (b) el proyecto presentado por el actual presidente Javier Milei, denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que también incluyó amplias delegaciones legislativas con motivo de la emergencia, que si bien fue aprobado en general por la Cámara de Diputados de la Nación, el tratamiento en particular de sus disposiciones se vio truncado hace pocas semanas .
Esta actualidad y relevancia de la cuestión, a nuestro entender, justifica volver a hacer un repaso sistemático de los principales conceptos sobre los que la delegación legislativa se asienta, así como de las exigencias de validez que para los reglamentos delegados se derivan de nuestro régimen constitucional. Esto es lo que nos proponemos hacer en los puntos que siguen de este trabajo.