Claudio Fuentes. 2023. La Seguridad ciudadana en el gobierno de Boric. En: Carlos Peña y Patricio Silva
(Ed). El gobierno de Gabriel Boric. Santiago: Catalonia.
Capítulo 9
La seguridad ciudadana en el gobierno de Boric
Claudio Fuentes
Vamos a tener mano dura en la persecución de la delincuencia
Gabriel Boric, 7 de noviembre 2022.
Introducción1
La seguridad de las personas constituye una de las condiciones básicas para el ejercicio de otros
derechos en una sociedad democrática. Si las personas se sienten inseguras de salir a la calle o
de transitar por la vía pública, si constantemente son vulneradas en sus derechos por agentes del
Estado o por delincuentes que las atacan, las condiciones de libertad o justicia se ven seriamente
perjudicadas. Así, la seguridad es condición esencial de la democracia e incluso de la condición
humana. No se es libre cuando se sufre o se siente temor. En el debate reciente internacional se
ha entendido la seguridad como una condición o estado “caracterizado por la libertad antes
amenazas dominantes sobre los derechos de las personas, sobre su tranquilidad e, incluso, sobre
sus vidas” (DFAIT, 1999). El concepto adquiere una doble dimensión: que los individuos se sientan
libres respecto de temores y respecto de necesidades (PNUD 1994).
Así entendida, la seguridad adquiere una dimensión amplia que se preocupa por atender las
condiciones estructurales para que los individuos puedan ejercer su libertad y que apunta a
cuestiones vinculadas a la satisfacción de necesidades vitales (alimentación, vivienda, salud,
educación). Una segunda dimensión más acotada se asocia con la definición de normas e
instituciones que ejercen el control preventivo de las normas establecidas por la sociedad y que
permitirán garantizar la libertad respecto de temores. Finalmente, existe una tercera dimensión
punitiva que se asocia con el castigo cuando las normas establecidas son vulneradas y acá entra
a tener un papel central el sistema de justicia y penitenciario.
A nivel político intuitivamente podríamos asociar el discurso de la izquierda con políticas
preventivas, mientras el discurso de la derecha suele vincularse con políticas punitivas, o lo que
se ha denominado políticas de “ley y orden”. Al comparar el programa socialdemócrata y
conservador en materia de criminalidad, Reiner (2012) nos muestra cómo los primeros han
generado un imaginario que coloca efectivamente en el centro de su atención los
condicionamientos materiales que inciden en el comportamiento de los individuos. Atender a
esos condicionamientos es parte de la agenda socialdemócrata. Al mismo tiempo, el autor
observa que desde los 1990s en adelante el programa socialdemócrata ha puesto atención a
Este artículo se escribió en el marco del proyecto ANID Exploración “Legitimidad de las policías en Chile”. Este
texto corresponde a una versión extendida del artículo publicado en Patricio Silva y Carlos Peña (ed.), El gobierno
de Boric. Santiago: Catalonia (2023).
1
políticas más concretas que permiten atender problemas inmediatos de las alzas en
criminalidad—control de armas, políticas de uso de espacio público, etc. Lo anterior no significa
que todo gobierno de izquierda ha optado por el camino de la prevención. Otros estudios han
demostrado que gobiernos de izquierda han optado por políticas punitivas tanto o más que los
gobiernos de derecha (Fuentes 2003, Paladines 2017).
Por otra parte, estudios de opinión pública presentan evidencia contradictoria respecto del
modo en que la variable de autoidentificación ideológica se asocia con políticas más o menos
punitivas. Por ejemplo, Roberts & Indermaur (2011) encuentran que la variable de ideología
política de los encuestados (ser de izquierda o de derecha) tiene una débil asociación con la
preferencia de políticas más punitivas en Australia. Por su parte, Berger y Jackson (2016)
demuestran que los sentimientos punitivos se relacionan con una adhesión a valores más
conservadores.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos qué tipo de políticas debiésemos esperar de un gobierno
como el de Gabriel Boric en Chile, un líder joven que llegó a la presidencia apoyado por una
coalición de izquierda. Como veremos más adelante, se trata de una coalición que se formó al
calor de las manifestaciones sociales que desde el año 2011 levantaron las banderas de la justicia
social y la igualdad. Luego del estallido social de 2019, los principales líderes de dicha coalición
asumieron un discurso muy crítico respecto del actuar de las policías para enfrentar las
manifestaciones sociales. Sin embargo, muy pocas veces hicieron referencia a la violencia
extrema de los grupos que salieron a protestar.
Así, durante la campaña presidencial dicha coalición planteaba la necesidad de hacerse cargo
de las necesidades estructurales de la ciudadanía, refundar la policía e imprimir un sello
importante de protección a los derechos humanos en su actuar. Discursivamente el gobierno de
Boric calzaba con el primer ideal descrito asociado a generar políticas preventivas acompañado
de una fuerte revisión de las funciones y organización de las fuerzas policiales. Advertiremos en
este capítulo que las condiciones políticas y sociales lo llevaron a cambiar su discurso y optar por
un mix de políticas punitivas y preventivas. Daremos cuenta de las razones que explican el
acomodo discursivo una vez que asumió el poder y las implicancias que podría tener para el
desarrollo de políticas en el sector de la seguridad.
Otras determinantes de la acción política en temas de seguridad
En la introducción sugeríamos que, al menos a nivel teórico, existiría una determinante ideológica
en el actuar de los gobiernos: mientras la derecha se inclinaría por políticas punitivas
(endurecimiento de penas, incremento del uso de la fuerza pública, etc.) la izquierda intentaría
ensayar políticas de corte preventivo. No obstante, sabemos que existen otros
condicionamientos históricos que han determinado el modo en que los gobiernos encaran las
cuestiones de seguridad pública. La acción de los gobiernos en este campo está mediada por
importantes factores de contexto (Fuentes 2003). A continuación mencionaremos cuatro de
ellos:
1
Determinantes institucionales. Una primera determinante se refiere a las prerrogativas civiles
para ejercer el mando sobre las policías. En América Latina muchas veces encontramos que las
autoridades civiles no cuentan con las atribuciones legales para dirigir a las fuerzas de orden
público. Las autoridades civiles suelen presentar debilidades referidas a recolección de
información, inteligencia, mando y gestión operativa que viabilice un control efectivo sobre la
fuerza pública. El caso de Chile presenta un nivel paradigmático de autonomía corporativa policial
lo que dificulta la gestión civil en esta materia (Varas 2022).
Distribución de poder político. Sin duda otro condicionante de lo que pueden hacer los
gobiernos es la fuerza política con la que cuentan para avanzar sus proyectos de reforma. En el
caso de Chile importa el balance de poder en el legislativo (si tiene mayoría en la Cámara de
Diputados y en el Senado) y el cálculo de los quórums que se requieren para avanzar cambios.
Mientras más profundos los cambios, mayor será el quorum requerido. En Chile las leyes simples
requieren de la mayoría + 1 de los integrantes de ambas cámaras, mientras en normas orgánicas
(como la Ley orgánica de Carabineros) requieren de 4/7 de ambas cámaras (58%), y reformas
constitucionales necesitan 3/5 y 2/3 dependiendo del tema que se trate. En el caso de
Carabineros, a nivel constitucional requiere de 2/3 (66%).
El legado de las dictaduras. Otro condicionamiento se asocia con la herencia de las dictaduras
que estableció una lógica de confrontación política con las izquierdas en gran parte de América
Latina. En ese entonces la oposición y la protesta social fueron considerados como enemigos y
amenazas al orden establecido. Una vez recuperada la democracia, se produce una natural
tensión entre gobiernos de izquierda y las fuerzas de orden público que siguen aplicando lógicas
heredadas de la dictadura para enfrentar nuevos desafíos asociados al orden público. Quienes
estuvieron en la calle protestando contra la policía en dictadura ahora pasan a dirigir las fuerzas
de orden público. Sobre todo respecto del control de la protesta social, se produce una constante
tensión sobre el modo de encarar tales manifestaciones sociales en lo que se refiere al control
del orden público. En el caso de Chile se dio una situación paradójica por cuanto Carabineros
recuperó rápidamente la confianza social en la etapa de post transición. Al parecer la ciudadanía
distinguió entre el papel que le cupo a las Fuerzas Armadas de lo que hizo Carabineros. Una de
las acciones que pudo impactar en esta percepción fue la rápida separación del cuerpo de
generales de quienes estaban acusados por violaciones a los derechos humanos una vez que se
recuperó la democracia.
El contexto de violencia social e institucional. Otro determinante se refiere al contexto social
de violencia que puede llevar a los gobiernos a priorizar la agenda de seguridad pública. Esto
muchas veces se ve reflejado en las encuestas de opinión pública que operan como termómetros
de las preocupaciones ciudadanas en materia de seguridad. En varias ciudades de Estados
Unidos, en Argentina o en México situaciones graves de corrupción y violencia policial llevaron a
los gobiernos a tomar medidas para intervenir las fuerzas de orden y así reducir dicha escalada
(Chevigny 1995, Fuentes 2003). Por su parte, en el caso de Chile observamos que el alza en los
niveles de violencia delictual justo cuando asumió el presidente Boric estimularon un rápido
cambio en las orientaciones políticas para contener la escalada de violencia en las calles,
propiciando un apoyo al trabajo policial para reducir la delincuencia.
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De este modo, la acción de un gobierno está mediado por una serie de determinantes de más
largo o corto plazo que operan de modo contingente en una coyuntura y que actúan a veces de
modo contradictorio. A continuación, detallaremos cómo estas determinantes fueron
desplegándose en los últimos años hasta desembocar en un gobierno que termina definiendo a
la seguridad pública como su primera prioridad gubernamental estableciendo una alianza
estratégica con Carabineros de Chile.
Cómo estas condicionantes afectan al gobierno de Boric
En el caso de Chile las dos instituciones encargadas del orden público son Carabineros de Chile y
la Policía de Investigaciones (PDI). La primera adquirió relevancia durante la dictadura militar
convirtiéndose en una de las cuatro ramas de la Junta Militar de Gobierno.
Una vez recuperada la democracia, Carabineros de Chile volvió a sus funciones tradicionales
de control del orden público y labores de investigación policial. Desde el punto de vista de la
opinión pública, durante la década de los 1990s y la primera década de los 2000s se convirtió en
una institución que gozaba de altos niveles de confianza ciudadana y el más alto a nivel
latinoamericano en términos de prestigio y valoración ciudadana.
Desde el retorno de la democracia no se han verificado reformas sustantivas a Carabineros
salvo el cambio de dependencia desde el Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Se trata
de una institución que goza de altos niveles de autonomía corporativa y que históricamente ha
controlado el despliegue y organización de la fuerza, el destino de los uniformados, y la gestión
de información relevante para la toma de decisiones. En este sentido, las autoridades civiles no
han desarrollado capacidades propias de gestión de información en materia de seguridad pública
que es un asunto clave para el control de los delitos.
En tanto, la PDI como dependía directamente de la autoridad civil inmediatamente
materializada la transición a la democracia se produjo un importante proceso de modernización
institucional. Esto implicó el fortalecimiento de sus capacidades como policía investigativa y coayudante del poder Judicial en la investigación de delitos. Se trata de una fuerza civil y de menor
envergadura que Carabineros de Chile que se define legalmente como una policía militar y con
alcance nacional.
Desde la perspectiva del balance de poder, desde el retorno a la democracia los distintos
gobiernos han carecido del apoyo político en el Congreso para avanzar reformas profundas. El
único gobierno de coalición que tuvo mayoría en ambas cámaras fue el segundo gobierno de
Michelle Bachelet (2014-2018), pero dicha mayoría llegaba al 55% en cada cámara. Es decir, para
avanzar reformas profundas a el tema de Carabineros o a nivel constitucional necesitaba contar
con el respaldo de al menos algunos diputados y senadores de la oposición. Durante ese período
se propuso establecer una nueva Constitución pero no logró concitar el apoyo de la oposición de
derecha que no participó del proceso. En el caso de Boric, la elección en el Congreso de diciembre
de 2021 lo dejó en una posición desmejorada dado que no logró obtener una mayoría en ninguna
de las Cámaras (42% en la Cámara de Diputados y 38% en el Senado). Pero incluso aquellos
porcentajes son relativos dado que su gobierno se estructuró a partir de dos coaliciones, una más
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de izquierda y que reúne a los partidos del Frente Amplio y del partido Comunista (coalición
Apruebo Dignidad), y una coalición más amplia que reúne a partidos socialdemócratas (coalición
socialismo democrático). Durante el primer año de su administración esta doble alianza ha
generado tensiones entre un alma más izquierdista y un alma más moderada que se han
disputado la hegemonía dentro del gobierno. Reconociendo esta debilidad, a comienzos de
noviembre de 2022 se reunieron los partidos para buscar un acuerdo y estructurar una sola
alianza de gobierno incluyendo un mecanismo para gestionar el diálogo político entre los diez
partidos que conforman la base de apoyo del gobierno.
Una tercera dimensión se asocia con el contexto del actuar de la policía en la última década.
En el año 2016 un escándalo de corrupción remeció a Carabineros involucrando a más de 100
funcionarios por un monto superior a los US$ 35 millones (Weibel 2018). Posteriormente se
dieron a conocer nuevos escándalos de corrupción que afectaron a generales y oficiales del
mando superior de esta institución. Entre 2018 y 2020 se revelaron hechos de violencia policial y
abuso de poder de la policía incluyendo el uso de armamento policial antidisturbios que
produjeron daños oculares irreparables a más de 300 personas. A nivel de opinión pública
advertimos una brusca caída de la confianza ciudadana en Carabineros que pasó de 57% en
agosto de 2015 a 17% en diciembre de 2019. Sin embargo, los niveles de confianza han tendido
a recuperarse y particularmente en el año 2022 donde se produjo una abrupta alza en la
confianza ciudadana hacia la policía recuperando la confianza previa a 2015 (CEP 2022). Esto
tiene que ver con dos cuestiones: en primer lugar aumentaron ostenciblemente los delitos
violentos lo que generó un aumento significativo en las percepciones de temor. Por otra parte se
generó una política institucional de mejoramiento de la imagen pública de Carabineros.
En efecto, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana advertimos que tanto las
denuncias por hechos de mayor connotación social (robos, homicidios, hurtos, etc.), como la
declaración de victimización en encuestas muestran una tendencia a la baja hasta el año 2021. El
año 2020-2021 fue particular por cuanto se evidenció la pandemia del COVID, que implicó fuertes
restricciones a la circulación en las calles. Lo anterior redujo aún mas tanto el nivel de denuncias
como respecto de la declaración de victimización en las encuestas (25,4% en diciembre de 2012
a 13,2% en septiembre de 2022).
La percepción de aumento de la delincuencia muestra un incremento sostenido en el tiempo.
Mientras en el año 2012 el porcentaje que declaraba percibir un aumento en la delincuencia
llegaba al 70,6%, a fines de 2021 ese porcentaje se elevaba al 86,9% (ENUSC 2021). Otro estudio
que mide la percepción de temor de ser víctima de la delincuencia muestra que aquellos que
indican un temor alto se incrementan de un 10,4% en septiembre de 2018 a un 20,4% en agosto
de 2021 y un 28% en septiembre de 2022.
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Fuente: Encuesta ENUSC, 2012-2021
¿Qué explica la brecha entre una tendencia hacia la baja en los niveles de victimización y el
alza sostenida en el temor a ser víctima de un delito? Se podrían ensayar varias hipótesis:
primero, la caída en la confianza en las instituciones y sobre todo respecto de Carabineros que
recién explicamos podría estar impactando en una mayor percepción de temor a ser víctima de
delitos por parte de la población. La ausencia de instituciones protectoras muy probablemente
incrementa el temor social. En segundo lugar, en los últimos años los delitos de mayor
connotación social se han modificado, incrementándose robos con violencia y homicidios. Así,
incluso si se observa una relativa caída en los delitos, han adquirido mayor connotación social
aquellos más violentos, que además precisamente en los seis primeros meses del año 2022 se
incrementaron notablemente.
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En tercer lugar, los niveles de pobreza y desocupación han tendido a aumentar, lo que genera
mayores percepciones de inseguridad en las personas. En cuarto lugar, aquellos delitos violentos
han sido socializados “en vivo” a través de redes sociales, lo que ha incrementado la percepción
subjetiva de inseguridad. Relatos crudos de asaltos, robo de vehículos en carreteras y homicidios
que son capturados por testigos y luego socializados en redes sociales han causado gran impacto
público. Finalmente, las acciones violentas posteriores al estallido social si bien han disminuido
considerablemente, han continuado ocurriendo y éstas se han acompañado por episodios de
violencia callejera. El repertorio de las protestas ha incluido acciones de destrucción de locales,
confrontación con la policía y algunos episodios de saqueos de supermercados y de tiendas.
La propuesta de Boric en seguridad
El estallido social de 2019 sin duda marcaría la agenda de la candidatura presidencial de Gabriel
Boric. Gran parte de los partidos y movimientos que lo acompañaban en su coalición habían
surgido al alero de protestas sociales que en la última década ha demandado resolver las
desigualdades e injusticias sociales. El estallido social provocó un fuerte impacto en el debate
público dada la respuesta policial a las protestas.
Un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas de diciembre de
2019 indicaba que en la actuación de Carabineros para controlar las protestas sociales se
verificaron diversas vulneraciones. Estas incluyeron el incumplimiento del uso gradual y
progresivo de métodos de dispersión, uso innecesario y desproporcionado de armas menos
letales, 26 investigaciones por muertes ilícitas en el contexto de manifestaciones de las cuales en
4 casos involucran a agentes del Estado. Además, un alto número de personas (sobre 350
personas) que recibieron disparos de armas antidisturbios de Carabineros en alguno de sus ojos,
denuncias por más de un centenar de torturas y malos tratos, y denuncias por violaciones y otras
formas de violencia sexual (ONU, 2019).
A inicios de febrero de 2021 y luego que un carabinero le disparara a un joven que protestaba
en la comuna de Panguipulli en el sur de Chile provocándole la muerte, el entonces diputado
Gabriel Boric sostuvo en su cuenta de twitter que “el brutal asesinato de Francisco debe indignar
a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga. Refundar Carabineros
ahora. Lo hemos exigido hace más de un año” (twitter, 6 de febrero, 2021). El programa de su
gobierno reflejaría precisamente un ambicioso plan de cambios institucionales con un fuerte
acento en materia de prevención. El programa consideraba propuestas de cambios
institucionales, prevención y no violencia, cambio en los financiamientos, refundación de las
policías, políticas de crimen organizado y de control de drogas y políticas carcelarias.
El acento del programa refleja el contexto de urgencias planteadas a partir del estallido social
(Tabla 1). Las preocupaciones principales entonces se asociaban con el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de control civil, el mejoramiento de los vínculos territoriales entre lo
nacional-regional-local, políticas de prevención que consideraban el mejoramiento de entornos
sociales para evitar la violencia y la refundación de Carabineros que implicaba una revisión
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profunda de su estructura, mecanismos de control, carrera profesional y atención a los derechos
humanos.
Tabla 1. Ideas matrices contenidas en programa de gobierno Gabriel Boric.
Ambito
Reforma institucional
Medidas
o Creación de nuevo Ministerio de Seguridad
o Nueva Agencia Nacional de Inteligencia
o Elaboración de planes regionales de seguridad ciudadana
o Traslado de funciones de seguridad desde delegados presidenciales a
gobernadores
o Ampliar funciones de alcaldías en gestión de seguridad ciudadana
Prevención y no
o Prevención: tiempo libre, cultura y educación
violencia
o Ley integral contra violencia a la niñez
o Ley integral de violencia de género
o Fomento de políticas de prevención de distintas formas de violencia
Financiamiento
o Redefinir métricas para inversión territorial de modo preventivo y control
o Generar estructuras de financiamiento por necesidad y no por concurso a
nivel local
Refundación de
o Establecer control civil sobre la actividad policial
policías
o Descentralización de políticas de prevención dando atribuciones a
gobernadores y alcaldes
o Terminar duplicidad de funciones de policías
o Fin de policía militar y autonomía institucional
o Establecer escalafón único
o Carrera funcionaria basado en mérito
o Planes conjuntos en derechos humanos
Crimen organizado
o Política contra grandes bandas
o Nueva arquitectura de inteligencia con control civil y capacidad operativa
o Mejorar capacidades de Unidad Análisis Financiero
o Ampliar decomiso de bienes de igual valor al generado por actividad
ilícita
o Trata de personas e inmigrantes
Política antidrogas
o Nueva ley de drogas para distinguir microtráfico y tráfico de
estupefacientes y no perseguir uso personal
o Política para perseguir grandes bandas
o Enfoque de prevención en consumo de marihuana. Ley para consumo
recreacional.
o Fortalecer policías para investigar y responder a este tema
Sistema carcelario
o Ley de ejecución de penas, para darle rango legal y poder controlarlas de
modo efectivo, para tener enfoque de dd.hh.
o Mejorar condiciones materiales y de recursos humanos de cárceles
o Incorporar enfoque de género en sistema penitenciario
o Ampliar educación y reinserción social
El conflicto de la
o Generar un diálogo plurinacional con todos los pueblos indígenas para
Araucanía
acordar restitución territorial
o Implementar de buena fe el Convenio 169 y crear nueva institucionalidad
de consulta
o Sustituir la ley antiterrorista
*Síntesis elaborada a partir de Programa de Gobierno de candidatura de Gabriel Boric 2022-2026.
En opinión de Lucía Dammert, experta en seguridad pública y luego asesora directa del
presidente Boric en los primeros meses de instalación del gobierno, la política de izquierda en
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temas de seguridad pública debía incluir el control civil sobre las policías reduciendo los niveles
de autonomía, y políticas de transparencia y regulación en materia de prevención. Agregaba que
“la izquierda no debería jugar con el populismo punitivo intentando hacerse cargo de banderas
de la derecha que nada tienen que ver con su identidad” (Dammert, 2019). Dammert sugería que
las políticas progresistas debían centrarse en temas preventivos en tres dimensiones: desarrollo
de entornos sociales adecuados, atención a población vulnerable para evitar que entren en
círculos de delincuencia, y políticas de prevención asociadas al crimen organizado.
En la medida en que evolucionó la campaña presidencial y Boric pasó a la segunda vuelta, el
tema de la seguridad ciudadana tomó notoriedad en los debates. La ciudadanía manifestaba una
alta preocupación por este asunto. Poco antes de la segunda vuelta presidencial el comando de
Boric actualizó la plataforma programática, privilegiando la idea de una “reforma estructural a
Carabineros de Chile” y que involucraba el mejoramiento de los servicios que brinda a la
ciudadanía, su profesionalización, y el reforzamiento de la institucionalidad civil de la seguridad
(Chilevisión 2021). Aunque en el texto del programa se mantuvieron los ejes ya reseñados en la
Tabla 1, a nivel discursivo de optó por enfatizar que se propondría una reforma y no una
refundación de Carabineros.
Una vez que fue electo presidente de la República en diciembre de 2021, Boric moderó su
discurso en relación a Carabineros. Luego de reunirse con el Director de Carabineros en enero de
2022, planteó que “tenemos que reorganizar la política y ya lo hemos conversado con el general
Ricardo Yañez (…) veo una muy buena disposición por parte de la institución para enfrentar un
proceso de reforma que permita justamente mejorar la eficacia de las policías en la persecución
del delito” (La Red, 2022).
Cambio de contexto y ajuste discursivo
Luego de asumir el mando el 11 de marzo de 2022, el gobierno sabía que por una parte no
contaba con los votos necesarios en el Congreso Nacional para iniciar reformas profundas como
las había propuesto, pero además enfrentó una importante alza en los niveles de delincuencia,
particularmente en los delitos de robos con violencia y homicidios. Entre marzo y septiembre se
verificaron una serie de incidentes de alto impacto mediático y que incluyeron cerca de un
centenar de protestas violentas cometidas por estudiantes de liceos secundarios en Santiago;
incremento de cerca de un 30% en la tasas de homicidios en el primer semestre de 2022 en
relación a igual período del año anterior; el aumento del uso de armas de fuego en la comisión
de delitos; situaciones de violencia en eventos masivos (recitales y espectáculos deportivos); y
una serie de atentados incendiarios, incidentes de robos de madera y recuperación de tierras en
la zona sur del país.
Cuando se observa el total de delitos denunciados ante Carabineros en el primer semestre de
2022 vemos una leve tendencia al aumento con oscilaciones o peaks en los meses de mayo y
julio. Se incrementan de modo importante los robos con violencia y homicidios y cobran especial
atención mediática los robos de autos en autopistas con armas de fuego. Aunque el aumento no
fue tan significativo, causó un importante efecto en la opinión pública. El gobierno reaccionó ante
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esta oleada de delitos violentos implementando planes “anti-encerronas” y un plan Centauro
para combatir los delitos violentos.
Así, desde el inicio del gobierno, la delincuencia se posicionó como el tema más importante
o prioritario para la ciudadanía. En marzo de 2022, la salud aparecía en segundo lugar, pero
aquello cambió con el transcurso de los meses, quedando las preocupaciones por la inflación y el
control de la inmigración en segundo y tercer lugar respectivamente. Cabe destacar que el
control de la inmigración también se asociaba con la delincuencia en la medida en que en la
percepción ciudadana, el incremento de delitos violentos se asociaba con un mayor número de
inmigrantes provenientes de Colombia y Venezuela que estaban en el país.
Tabla 2. De los siguientes temas, ¿Cuáles te parecen más importantes o prioritarios? (Selección de 3)
2022
Combatir
Inflación: Alza de
Controlar la
Salud:
delincuencia y el
precios y aumento inmigración parar la asegurar el
narcotráfico
de costo de la vida inmigración ilegal
acceso
universal a
salud de
calidad
Febrero
35
NI
26
32
Marzo
42
NI
25
33
Julio
42
31
23
23
Agosto
42
26
32
32
Septiembre
42
26
25
25
Octubre
47
28
23
23
Fuente: Encuesta Criteria 2022. NI: No incluida en la lista de opciones.
La percepción de mayor temor frente al aumento de la delincuencia se alimentaba además
por incidentes que adquirieron alta connotación pública. A mediados de abril de 2022 los medios
de comunicación denunciaban un aumento considerable de “encerronas” una nueva técnica en
la que asaltantes abordaban violentamente a automovilistas en las autopistas que rodean al Gran
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Santiago. Durante los primeros meses del gobierno de Boric se produjeron varios de estos
incidentes en los que testigos grababan con sus celulares el modus operandi de asaltantes que
atacaban automovilistas en estas carreteras disparando con armas de fuego. El 1 de mayo se
produjeron serios incidentes en un barrio comercial del Gran Santiago y en la que comerciantes
ambulantes se enfrentaron con manifestantes que participaban de la marcha por el día de los
trabajadores. La televisión mostró imágenes de personas portando armas de fuego y disparando
contra civiles, resultando una periodista baleada que falleció posteriormente. El 24 de mayo, un
grupo de estudiantes secundarios protagonizó protestas que terminó con la quema de buses en
el centro de Santiago.
En la conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre se produjeron violentos
incidentes en varias partes del país. El 28 de septiembre una turba intentó ingresar a un concierto
musical en el Estadio Nacional generando nuevo incidentes que obligaron a las autoridades a
revisar los protocolos de ingreso de personas a actos masivos.
El gobierno comenzó a responder a partir de medidas específicas. En mayo anunció un “plan
anti-encerronas” que buscaba establecer un despliegue mayor de Carabineros en las autopistas,
coordinación con las empresas concesionarias, y nuevas técnicas de seguimiento por cámara de
delincuentes. Al mes siguiente, el gobierno presentó el plan de seguridad pública que buscaba
definir medidas específicas para el fortalecimiento institucional y la prevención del delito. A fines
de septiembre, las autoridades presentaron el presupuesto 2023 anunciando que la primera
prioridad de su administración sería responder a las demandas de seguridad pública de la
población. Se anunció el aumento del presupuesto en este sector en un 4,4% y un aumento
importante en el presupuesto de Carabineros.
Se informó que a fines de su mandato la dotación de automóviles de Carabineros estaría 100%
actualizada, informando que a la fecha poco más de la mitad de los automóviles habían cumplido
su vida útil. El 14 de octubre de 2022 y en el marco de una entrevista radial, el Presidente de la
República expresó que “voy a ser claro en esto. Vamos a ser unos perros, vamos a ser unos perros
en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber doble estándar”, agregando que “En
Chile nadie puede estar sobre la ley y durante el último tiempo, como que se perdió el sentido
de autoridad. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de autoridad (…).
Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley y el que agreda
a Carabineros se va. Por cierto, si un chileno agrede a Carabineros, como fue el caso de esta
persona en San Antonio, que asesinó a un carabinero, lo vamos a perseguir como corresponde y
espero que la justicia cumpla su pega también” (Radio ADN, 14/10/22).
Unas semanas después se arrepentiría de la declaración asociada a actuar como unos perros,
“Yo creo que la frase no fue afortunada. Lo que quería decir, y lo digo hoy día, es que nosotros
vamos a ser estrictos y vamos a tener mano dura en la persecución de la delincuencia, y así lo
hemos demostrado en el último tiempo, por ejemplo con la solicitud que realizamos de expulsión
de las personas que agredieron a Carabineros en Puerto Montt” (Meganoticias, 22/10/22). En
efecto, unos días antes un grupo de inmigrantes había agredido a Carabineros en el sur del país,
lo que llevó al gobierno a solicitar a la justicia su inmediata expulsión.
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Otro de los temas relevantes de la discusión pública se refería al uso de estados de excepción
constitucional para controlar la situación producida en la Araucanía, donde se ha producido un
complejo conflicto que combina demandas de pueblos indígenas y acciones de grupos que
intentan recuperar territorios en el sur de Chile, combinado con situaciones de robo de madera
y otros incidentes delictuales relacionados al narcotráfico donde no se ha clarificado del todo su
origen.
Durante el gobierno de Sabastián Piñera (2018-2022) se decretó por primera vez desde el
retorno a la democracia un estado de excepción que permitió que las fuerzas armadas
participaran del control de la seguridad pública. La medida tomada en octubre de 2021 permitió
que un conjunto de provincias del sur quedara bajo la dependencia de un jefe de la Defensa
Nacional, y que las fuerzas armadas pudiesen prestar apoyo logístico, de comunicaciones y apoyo
para patrullajes de caminos. De acuerdo al gobierno, la idea era que las instituciones militares
apoyasen y no reemplazaran a las fuerzas de la policía en el control de la seguridad pública.
En enero de 2022 el presidente electo Boric señalaba en un programa de televisión que como
gobierno debían buscar otros mecanismos para resolver el conflicto con el Pueblo Mapuche, que
el estado de excepción no había sido una solución y que “por lo tanto nosotros no vamos a
comenzar renovando el Estado de Excepción” (Tolerancia Cero, 24/1/22). La nueva perspectiva
fue inaugurada por la entonces ministra del Interior Iskia Siches quien una semana después de
asumir el cargo viajó a la región de la Araucanía. Su comitiva fue interceptada por un grupo de
indígenas que realizó disparos e impidió su traslado por la zona de Temucucui. A este traspié se
sumaron declaraciones de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) criticando al gobierno e
informando que su lucha en contra de las empresas forestales continuaría.
A dos meses de haber asumido, el 17 de mayo de 2022, el gobierno de Boric decretaba
estado de excepción en la zona de la Araucanía, con el fin de resguardar las rutas, permitir el libre
tránsito de las personas y el abastecimiento de la región. En esos meses se produjo un aumento
de ataques incendiarios que llevó al gobierno a reevaluar su postura inicial. El estado de
excepción constitucional es una medida que rige por 15 días y para su renovación necesita del
apoyo del Congreso. Desde el mes de mayo que el gobierno ha renovado cada dos semanas esa
medida, indicando que a las fuerzas armadas se le han otorgado funciones acotadas de control
de algunas carreteras y apoyo logístico para Carabineros.
La oposición criticó el actuar del gobierno en relación a la Araucanía y en particular el hecho
que el Presidente de la República no visitara dicha región pese a la importancia que había
adquirido. La primera visita del Presidente se produjo recién en Noviembre de 2022, ocho meses
después de inaugurado su gobierno. Allí se pronunció sobre hechos recientes de violencia en la
zona: “Yo les quiero decir a las personas que están detrás de esos atentados que si creen que
privando de educación a los niños o de un templo donde practicar su fe a las personas de la
Araucanía, no van a lograr intimidarme a mi o a mi gobierno…Son unos cobardes y los vamos a
perseguir con todo el peso de la ley.” Agregaría que: “Yo creo que en la región ha habido actos
de carácter terrorista. Un ejemplo, el ataque al molino Grollmus. Cuando atacan a Helmut,
Cristián y Carlos Grollmus, en particular a Carlos, dejándolo en una situación terrible y queman
el molino, eso es un acto de carácter terrorista” (Radio Pauta, 10/11/22). El caso relatado por el
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Presidente Boric fue la de un ataque ocurrido a inicios de septiembre de 2022 donde un grupo
de personas atacó un molino en la localidad de Contulmo, monumento nacional, dejando 3
personas heridas Carlos Grollmus de 79 años y propietario de la empresa resultó herido y se le
tuvo que amputar una de sus piernas. El cuidador del sitio resultó con impactos de municiones
en el pecho, la clavícula y la cabeza.
La declaración del Presidente Boric resultó novedosa por cuanto hasta ahora los sectores de
izquierda habían evitado calificar este tipo de ataques como “actos terroristas” al estar
vinculados a reivindicaciones por recuperación de territorios del pueblo Mapuche. El uso de
estados de excepción y esta declaración constituían un giro importante en el modo de
aproximarse al conflicto.
La “mano dura” de un gobierno progresista
El gobierno progresista de Boric llegó al poder defendiendo un ideal de importantes
transformaciones sociales. Entre ellas se incluían una importante y profunda refundación de
Carabineros y una nueva mirada a los temas de seguridad pública. De acuerdo a esta mirada, el
contexto del estallido social y las importantes violaciones a los derechos humanos por parte de
Carabineros colocaban en el centro de la agenda política la necesidad de reducir la autonomía
policial, elevar los estándares de su acción y mejorar los procedimientos de control civil sobre la
policía.
Al llegar a La Moneda en marzo de 2022 el escenario había cambiado. Tal como lo señalamos,
enfrentaba dos condicionantes político-institucionales que delimitaban su actuar. Por una parte,
los instrumentos legales para conducir a Carabineros resultaban muy limitados. Hasta la fecha,
Carabineros goza de un alto nivel de autonomía profesional y, por consiguiente, las autoridades
civiles dependen de la policía para controlar la delincuencia y el crimen organizado. Tanto el
sistema de información como el despliegue de fuerzas operativas dependen enteramente de la
policía. Las autoridades civiles no cuentan con capacidades para gestionar a la fuerza policial por
lo que cualquier decisión de la autoridad civil pasa por la voluntad de Carabineros de
implementar tales decisiones. Como el gobierno estaba interesado en mejorar la eficacia de la
policía requería contar con ellas de su lado, dotándola de recursos materiales y humanos y
generando articulaciones con la fuerza policial.
Por otro lado, el gobierno enfrentaba un escenario político complejo ya que no contaba con
mayoría en ninguna de las Cámaras del Congreso. Boric encabezaba un gobierno apoyado por
dos coaliciones—una más de izquierda y otra más moderada. Pero incluso la suma de estas dos
coaliciones no le permitían obtener una mayoría ni en la Cámara de Diputados (donde solo
cuenta con el 42% de los ascaños), ni menos en el Senado (donde solo cuenta con el 38% de los
escaños). De este modo, avanzar políticas públicas referentes a cualquier tema implicaría
establecer compromisos políticos con un segmento importante de partidos de centro y de
derecha que están hoy en la oposición. Su única opción es avanzar reformas por la vía de
establecer compromisos y, por lo tanto, necesitaba moderar su programa de reformas.
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A lo anterior se sumaron dos aspectos coyunturales relevantes. El primero tenía que ver con
el plebiscito sobre la nueva Constitución. El gobierno de Boric estaba esperanzado que la
aprobación de una nueva Constitución le permitiría implementar una serie de reformas a partir
de una norma constitucional que se avizoraba como muy progresista. Sin embargo, el 4 de
septiembre de 2022 la ciudadanía rechazó el texto constitucional por un 62%. De este modo, el
gobierno de Boric tuvo que asumir que solo podría navegar en el marco de la Constitución
vigente. Lo anterior implicó renovar sus cuadros del gabinete comenzando por la ministra del
Interior Iskia Siches encargada del tema de seguridad y que sería reemplazada por la militante
del PPD Carolina Tohá. El segundo aspecto decía relación con el alza muy relevante de la
preocupación ciudadana sobre la seguridad pública y la delincuencia.
En un escenario de minoría, con la presión de la inseguridad y sin contar ni con los
instrumentos legales ni con las capacidades para controlar la acción de Carabineros, el camino
que decidió tomar el gobierno fue uno pragmático de liderar la lucha contra la delincuencia con
un discurso de “mano dura”. Pero esta estrategia no significaba necesariamente sacar a los
policías a reprimir a la población o amenazar con el aumento de penas. Esta mano dura implicaba
colocar prioridad en la renovación del equipamiento y materiales de Carabineros, fortalecer las
coordinaciones interinstitucionales para enfrentar la delincuencia y promover acciones y planes
concretos para que en el corto plazo se redujeran los asaltos. Además implicaba mantener el
estado de excepción en la macrozona sur del país por el conflicto de los pueblos indígenas,
generar políticas para el control de la migración en la zona norte, y promover acciones
preventivas para desbaratar redes de crimen organizado que se encuentran operando en el país.
Desde esta perspectiva, la mano dura progresista se asoció con una mayor eficiencia del
trabajo policial, utilizando la fuerza de un modo racional y eficiente para combatir la delincuencia.
La prometida refundación se reemplazaría por una reforma que buscaba eficacia y eficiencia. Los
temas asociados a los cambios en el funcionamiento de Carabineros por violaciones a los
derechos humanos perderían protagonismo en esta agenda.
En opinión del subsecretario para la prevención del delito, Eduardo Vergara, constituía una
“irresponsabilidad tremenda pensar que los problemas de seguridad se van a solucionar por lo
policial, la persecución o el castigo. Los problemas de seguridad responden a una serie de
variables sociales, económicas y políticas que explican por qué se cometen delitos (…) Nosotros
lo que estamos haciendo es gobernar la seguridad (…) eso tiene que ver con profundizar la
presencia estatal, avanzar en justicia territorial, y por sobre todo asegurarnos que en Chile hablar
de inseguridad deje de ser un sinónimo de desigualdad” (El Siglo, 3/10/22). La política pública de
seguridad puso atención en distribuir los recursos humanos y materiales en atención de las
demandas por seguridad, focalizar la atención en desbaratar las cabezas de las bandas de crimen
organizado y del narcotráfico, y recuperar territorios para el uso por parte de la ciudadanía.
Las autoridades enfatizan que no se puede asumir que solo mediante políticas de largo plazo
como la inversión en educación, salud o pobreza se resolvería el problema de la delincuencia.
Tampoco se podía negar que en determinadas circunstancias debía recurrir al uso de la fuerza.
Vergara comentaba a un mes de asumir el nuevo gobierno: “lo que vemos en espacios de alta
densidad es que empiezan a estallar escenarios de conflictividad y se empieza a generar un nivel
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de conflictos que muchas veces escala, empiezan a escalar en la creación de grupos, pandillas,
narcotráfico, entran bandas criminales pequeñas y empiezan a resolver sus conflictos de forma
violenta. Creo que la izquierda en general ha cometido el error de romantizar las soluciones para
abordar la seguridad” (Radio UChile, 2022). Por otro lado, Vergara critica también a un sector
conservador que ha optado por el populismo de mano dura y que se asocia con el aumento de
penas y se piensa que llevando a todos a la cárcel se soluciona el problema.
La otra dimensión de la propuesta que ha desplegado el gobierno en materia de seguridad
pública se asocia con el trabajo inter-institucional—entre las diferentes agencias del Estado, y en
materia de cooperación público-privado. Se establecieron mesas de trabajo con el sector
comercio, empresarios de autopistas, transportes, bancos, y sectores críticos para avanzar en
una mejor coordinación para prevenir hechos delictivos. Por ejemplo, se estableció una mesa de
trabajo con la seguridad privada de modo de establecer mejores coordinaciones para el trabajo
cotidiano entre las policías y tales instituciones privadas con miras a profesionalizar su actuar.
El acuerdo de seguridad y los indultos
La agenda de transformaciones recién descrita implica una serie de cambios legislativos
en lo concerniente a las atribuciones y funciones de las policías, creación de una nueva
institucionalidad en materia de seguridad, reformas sobre poderes de investigación del
Ministerio Público, y revisión de las sanciones penales en algunos delitos, entre otros. Para
cumplir con aquello, la ministra del Interior, Carolina Tohá, convocó a comienzos de noviembre
a un gran acuerdo nacional por la seguridad estableciendo una mesa de trabajo con los dirigentes
del oficialismo y de la oposición para establecer una agenda de consenso legislativo en esta
materia. Entre noviembre y diciembre se convocó a una serie de actores (alcaldes, líderes de
partidos, congresistas) para escucharles en sus propuestas y generar una base para un acuerdo
común.
La coalición de oposición de Chile Vamos en la vocería de Francisco Chahuán indicó una
serie de condiciones para poder sentarse en la mesa y que incluía una reforma a la ley
antiterrorista, aprobar un proyecto de infraestructura crítica permitiendo que las fuerzas
armadas participen de la protección de puntos críticos incluyendo la frontera, reformar el sistema
de inteligencia, y establecer sanciones más severas en casos de usurpaciones de terrenos.
El gobierno, en tanto, intentaba colocar en la agenda legislativa los temas asociados a la
creación de un Ministerio de Seguridad Pública, el establecimiento de una ley para combatir el
crímen organizado y narcotráfico, además de las mencionadas leyes de inteligencia,
infraestructura crítica y usurpaciones. El principal punto de división se refería a la ley antiterrorista. Para la oposición, el hecho que el Presidente de la República haya reconocido la
existencia de actos terroristas en la macrozona sur del país implica que es necesario hacer ajustes
a la normativa: “si encuentras insuficiente la ley y sabes que esta ley lleva discutiéndose diez años
sus modificaciones en el parlamento, lo que corresponde es que sea parte de la agenda de
seguridad” (Radio UChile, 15/11/2022).
Por su parte, el gobierno señalaba que “nuestra experiencia es que las mil veces que se
han intentado leyes en materia de terrorismo han sido un pantano, se han intentado muchas
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reformas, muchas veces y todas naufragan, porque son temas que están muy cargados de
diferencias, muy difíciles de reconciliar” (Carolina Tohá en Radio UChile 15/11/2022).
El viernes 30 de diciembre el presidente Boric anunció que indultaría a 13 personas, 12
de ellos habían sido detenidos y estaban condenados por delitos ocurridos durante las protestas
derivadas del estallido social de 2019, mientras otro era un ex integrante del Frente Patriótico
Manuel Rodriguez que estaba condenado por un asalto a un banco. El caso de Luis Castillo llamó
la atención de los medios de comunicación porque se trataba de una persona que había sido
condenado a 4 años de cárcel por asaltar la ofician del Registro Civil tras el estallido social, pero
además tenía un prontuario que incluía haber sido condenado por dos robos con violencia, y al
menos dos detenciones por violencia intrafamiliar en causas que fueron posteriormente cerradas
por la fiscalía. Gendarmería de Chile lo había clasificado como un interno con alto compromiso
delictual. La televisión mostró imágenes del condenado reivindicando sus acciones tras el 18 de
octubre y se dieron a conocer imágenes donde aparecía con armas blancas dentro de la Cárcel
(Canal 13, 17/01/2023).
Las circunstancias que rodearon los indultos provocaron una fuerte crisis. El Presidente
Boric reconocería que se habían cometido “desprolijidades” en la decisión de los indultos y como
resultado de esta decisión terminaron renunciando su jefe de gabinete y la ministra de Justicia.
Inmediatamente decretado el anuncio presidencial por los indultos, los partidos de
oposición de la coalición de derecha decidieron salirse de la mesa de negociaciones por el tema
de seguridad. El diputado Andrés Longton (RN) sostenía que “es inaceptable que mientras
hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está
desbordada, usted indulte a delincuentes condenados” (Radio Biobío, 30/12/2022).
El Presidente de la república aprovechó de recordar la cantidad de indultos que
anteriores presidentes habían realizado indicando que Patricio Aylwin había otorgado 928,
Eduardo Frei 343, Ricardo Lagos 240, Michelle Bachelet 77 en sus dos gobiernos, y Sebastián
Piñera 38 en sus dos administraciones (El Dínamo, 3/01/2023). Mientras el Presidente justificaba
su decisión amparado en un poder presidencial y en la necesidad de responder a sus
compromisos programáticos, la oposición colocaba en el centro del debate la señal política que
se enviaba al país al condenar personas que estabn condenadas por delitos reiterados.
Al iniciarse el año 2023 las circunstancias políticas se hacían más tensas: la preocupación
por la delincuencia seguía ocupando por lejos la primera prioridad en las preocupaciones de los
chilenos, Carabineros de Chile anunciaba la renovación de sus trajes que incorporaban nuevas
tecnologías y utensilios para neutralizar a eventuales delincuentes, y el gobierno hacía un
llamado a la oposición para retornar a la mesa de seguridad para avanzar un acuerdo en materia
legislativa.
En paralelo, en el Congreso avanzaba su trámite legislativo un proyecto de ley que
permitiría que las Fuerzas Armadas pudiesen intervenir en la protección de infraestructura crítica
del país así como establecía la posibilidad que los militares pudiesen cumplir funciones más
relevantes en la protección de la frontera.
Perspectivas
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El tiempo político en Chile es relativamente breve. El gobierno de Boric tendrá dos años para
proponer reformas legales y otros dos años para mostrar resultados de su gestión. Lo que
observamos hasta aquí es un líder que con una cuota muy alta de pragmatismo comprendió
tempranamente—incluso antes de asumir el mando—que un programa refundacional en materia
de seguridad pública era política y socialmente inviable. El aumento de la violencia delictual
convirtió el tema en la primera preocupación ciudadana y el gobierno rápidamente se adaptó a
tal preocupación. La respuesta en el corto plazo ha tenido tres ejes: propiciar políticas de
coordinación inter-institucional para focalizar los recursos en desbaratar las bandas de crimen y
narcotráfico que operan en el país; reorientar el uso de la fuerza policial hacia la recuperación de
espacios públicos; y mejorar las condiciones humanas y materiales de la fuerza policial. Desde el
punto de vista del mediano plazo se enfatizó el cambio institucional que involucra un nuevo
ministerio de Seguridad Pública, la modernización de Carabineros y la reforma al sistema de
inteligencia.
No cabe duda de que, por tratarse de un gobierno de izquierda, la administración de Boric se
verá enfrentada a constantes tensiones internas respecto del modo de enfrentar la conflictividad
social. Sobre todo esta tensión se ha hecho evidente en relación a la problemática indígena, la
política sobre los inmigrantes, la respuesta policial a las protestas sociales, y eventuales abusos
de poder de parte de las fuerzas policiales. En todos ellos emerge el ‘trade off’ entre la protección
de los derechos de las personas y el uso de la fuerza legítima por parte de la autoridad. Si por
ejemplo se intensifican las protestas sociales y se extralimita el uso de la fuerza pública para
contener tales protestas, los sectores más de izquierda criticarán el uso abusivo del poder por
parte de las autoridades públicas. Si por el contrario se incrementa la violencia delictual y la
fuerza policial no actúa en proporción a la amenaza, entonces también el gobierno será criticado.
¿Cómo entonces logar el justo equilibrio entre la protección de la seguridad y de los derechos
de las personas? ¿Es factible conciliar la protección de la ciudadanía tanto respecto de la amenaza
de la delincuencia como respecto de eventuales abusos policiales? Esto nos retorna a la reflexión
original de este capítulo en la que planteábamos que en una sociedad las personas desean estar
libres de temor; aquella libertad se asocia tanto respecto de ser violentados por fuerzas policiales
que extralimitan sus atribuciones como respecto de delincuentes que afectan la intimidad de las
personas.
La agenda de los gobiernos progresistas ha puesto particular atención en el poder abusivo de
las policias y ha reflexionado menos en relación con la amenaza a la libertad puesta por el crimen
organizado. En una reciente entrevista, el académico Matías Garretón introduce precisamente
este dilema. Sostiene que desde el estallido social se han fortalecido las bandas criminales
asociadas al narcotráfico aumentando el control sobre algunos territorios del Gran Santiago. En
su visión, la pandemia tuvo un impacto muy relevante por cuanto en un contexto de crisis
económica las bandas de crimen organizado pudieron diversificar sus actividades en diferentes
partes de la ciudad: “hoy en el sector norponiente de Santiago hay casos recyrrebtes de
secuestros extorsivos y ese es un tipo de crimen que tiene que encender todas las alertas rojas
respecto del crimen organizado” (Garretón 16/01/2023). La lógica de los secuestros implica una
alta capacidad de preparación y organización.
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La solución, de acuerdo con Garretón, no está colocar más gente en la cárcel pues aquello
genera un efecto perverso de aumentar las capacidades de las bandas delictuales de reclutar más
gente. Por lo demás, quienes entran en la cárcel tienen la oportunidades de formarse en nuevas
técnicas y establecer nuevas redes al interior de los recintos de reclusión. Lo que propone
Garretón para una agenda de seguridad pública es el fortalecimiento de las unidades de análisis
financiero, la generación de un mejor procesamiento de información para la detección del delito,
y el fortalecimiento de las capacidades civiles de control sobre las policías. En un ambiente donde
aumentar el crimen organizado lo que debe hacerse es incrementar el control sobre la policía
(Garretón 16/01/2023).
Por lo descrito en este capítulo, las posibilidades de realizar cambios institucionales
relevantes en materia de control y accountability de las policías y fortalecimiento de las
capacidades de la inteligencia estratégica son más bien limitados. La dinámica política y los
estados de opinión pública llevan a las autoridades a tomar decisiones que tengan efectos de
muy corto plazo. Presionados por una ciudadanía que clama por mayor protección, las
autoridades se inclinan por favorecer políticas de mano dura: aumentan las penas, incrementan
la población encarcelada, promueven estados de excepción, incentivan que los militares tomen
control de ciertas áreas particulares del control territorial. El efecto esperado de estas políticas
es paradójico pues se produce un espiral de violencia institucional y social.
En este marco, la experiencia chilena sin duda constituirá un importante test para las políticas
de seguridad pública. El incremento en los niveles de violencia delictiva debiese estimular
soluciones de mediano y largo plazo en materia de seguridad pública. Sin embargo, la
“politización” de la seguridad pública lleva a los actores a buscar soluciones de muy corto plazo.
¿Podrá un gobierno progresista proponer una solución que supere el discurso tan dominante de
mano dura? ¿Podrá un gobierno progresista establecer políticas que rompan el círculo de la
violencia y que permitan reducir las percepciones sociales de temor? El primer año de gobierno
de la administración Boric demostró las dificultades de emprender cambios institucionales
estructurales y la facilidad de adaptarse a retó
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