Proteccion Al Consumidor

Esta es una obra que tiene por objeto esquematizar la Ley nº 19.496 como la principal ley del ordenamiento jurídico chileno
sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporando una selección de los extractos de aquella doctrina nacional
que hemos estimado relevante, junto con un catálogo de las principales sentencias que tratan algún tema relacionado con la
norma respectiva. Además, a título personal, hemos comentado especialmente para este libro algunos títulos o párrafos de la
ley, a efectos de entregarle mayor valor al lector de este texto.
Estos esquemas han seguido muy de cerca la disposición de títulos y párrafos de la Ley sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores en su versión actual y refundida con las últimas modi!caciones legales. Por eso, estamos en condiciones de
señalar que estos “Esquemas de Derecho del Consumo” ofrecen una estructura íntegra con todas las principales instituciones
del Derecho del Consumo chileno.

La Sala  B de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL, el 28/8/2019 confirmó la condena dictada en "PROCONSUMER contra GALENO ARGENTINA S.A. sobre ORDINARIO" (EXPTE. N° 27587/2012), ratificando el pago de daño punitivo aplicado al cobro abusivo de precios diferenciados entre usuarios en similares situaciones, sin que la demandada hubiese probado la razonabilidad  ni el fundamento técnico de tal discriminación.
La Vocal Dra. Ballerini ponderó las cargas probatorias en la causa, adjudicando a la demandada el deber de acreditar el fundamento de la discriminación de precios entre usuarios de similares situaciones, a la vez que recordó la exigencia de autorización estatal para la fijación de precios de medicina prepaga,  enmarcando el caso en el ámbito del control de cláusulas abusivas de la Ley de Defensa del Consumidor (art. 37) y de la mayor restricción de la autonomía de la voluntad que limita a las empresas de medicina prepaga.

MURILLO Chávez, Javier André - "Desprotegiendo al consumidor microempresario. Comentario crítico a la Resolución N° 1540-2019/SPC-INDECOPI y su voto en discordia". En: Revista Diálogo con la Jurisprudencia. N° 252. Lima: Gaceta Juridica, 2019, pp. 254-277.

Sumario: I. Planteamiento de la problemática.-II. Los debates sobre la protección del fiador como consumidor en la doctrina y jurisprudencia nacionales.-III. Los instrumentos de protección del fiador en el Código Civil y Comercial.-IV. Conclusiones

La Resolución N° 2816-2019/SPC-INDECOPI modificó el criterio jurisprudencial sobre la cláusula ad corpus adoptado por la anterior Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal del Indecopi, y cuyo efecto estimaba la inaplicabilidad de tal cláusula para los contratos de compraventa de bien futuro con relación a las transacciones inmobiliarias. En este contexto, se abre la discusión para confrontar sistemáticamente aquella institución de raigambre civil, con las connotaciones ofrecidas por la legislación sobre la protección al consumidor; considerando, la relevancia jurídica de la práctica inmobiliaria, el dinamismo y vigencia de ambas normas y, eventualmente, el impacto de tales dispositivos en las relaciones de consumo.

En la obsolescencia programada las empresas, pudiendo crear productos con mayor duración, planifican la vida útil de ellos, en el sentido de disminuirla. En algunos casos la vida útil es informada a los consumidores, pero en muchos otros no. ¿Es factible que los proveedores oculten dicha información?, ¿Constituye dicha conducta una infracción al derecho a la información de los consumidores en los términos del artículo 3. B de la Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores? En fin, se concluye que la duración de los productos es información relevante para la decisión de consumo, que debe ser entregada a los consumidores.

El exponencial crecimiento del comercio electrónico, en los últimos meses, ha permitido identificar una serie de desafíos entorno al cumplimiento contractual y la protección al consumidor, lo que determina una discusión dual entorno a la genealogía de la contratación y la implementación de nuevas herramientas electrónicas con vistas a observar la protección de los derechos del consumidor en las nuevas relaciones de consumo generadas bajo este medio. En este sentido, las siguientes líneas esgrimen una serie de reflexiones sobre los espacios de comercio electrónico, su incidencia en la práctica contractual, la aplicación de las herramientas tecnológicas y la promoción de modelos innovadores de negocios, lo que trae consigo una nueva discusión sobre el fomento del consumo por medios electrónicos y los niveles de protección al consumidor, tomándose en consideración la viabilidad de las propuestas normativas y las decisiones jurisprudenciales.

El sistema jurídico colombiano de la Constitución Política de 1991 se adscribe a una iusteoría antiformalista, la cual exige armonización entre la norma y la realidad presente en la sociedad. Así, el derecho debe responder a las situaciones concretas que se presentan en el conglomerado social. Unas de ellas son las del derecho de consumo, en las cuales el consumidor ocupa una posición inferior al comerciante. Desde las características propias del mercado, se plantea una clasificación de los consumidores que incluye: expertos, racionales, descuidados e ignorantes. Como categoría que agrupa los elementos comunes a los diferentes consumidores se presenta el concepto de consumidor medio, quien hace lecturas superficiales de la información que se encuentra a simple vistaconfigurándose como sujeto de especial protección.

Tesis doctoral presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para optar al título de Doctor en Derecho.
Director de tesis: Prof. Dr. Alfredo Mario Soto.
Las relaciones entre consumidores y proveedores en el plano internacional presentan la particularidad de que a la debilidad propia del primero se agregan los potenciales conflictos de leyes y jurisdicciones, propios de toda situación con elementos extranjeros. Desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, resulta más acuciante y urgente resolver los conflictos de jurisdicciones, para evitar situaciones de indefensión. Esto dará mayor certeza al tercer problema, la ejecución de una posible sentencia. Los aspectos del derecho aplicable también deben ser considerados, debido a que los jueces se valen de su propio sistema jurídico para resolver los casos multinacionales. La realidad muestra que se han incrementado las situaciones de mayor indefensión o inseguridad jurídica. Además, los distintos regímenes jurídicos nacionales con vocación de resolver estas situaciones presentan una doble laguna jurídica. Por una parte, las normas protectorias de derecho interno no fueron diseñadas para casos internacionales, y por tanto no contemplan este aspecto; por otro lado, las normas de derecho internacional privado no tienen en cuenta la debilidad de una de las partes de la relación jurídica, ya que se originaron para resolver conflictos entre empresarios. De aquí que se requiera establecer las bases de un sistema jurídico propio, fijando los principios y las reglas que tengan en cuenta estas particularidades. Se consideran los principios generales del derecho —con especial hincapié en el favor debilis—, los propios del Derecho Internacional Privado —y más propiamente de la jurisdicción internacional—, del derecho internacional público, del derecho privado y del comercio internacional.
Asimismo, cobra especial relevancia el derecho fundamental del consumidor, introducido por el neoconstitucionalismo, y su incidencia sobre el orden público internacional. El sistema jurídico protectorio de Derecho Internacional Privado así delineado deberá determinar luego su ámbito de aplicación a través del establecimiento de una relación de consumo transfronteriza, con características propias. Recién luego se podrán indicar los foros competentes en casos que involucran a consumidores. En la parte final se efectúan sugerencias referidas a cuáles deberían ser los tribunales competentes en las distintas clases de relaciones de consumo, sean estas contractuales o de otro tipo.

Ante el funcionamiento deficitario de las autoridades públicas de control en Argentina, ámbito en el cual podrían generarse verdaderas soluciones preventivas, la apatía del Ministerio Público frente a esta problemática, y la acefalía que desde el año 2009 incomprensiblemente aqueja a la Defensoría del Pueblo de la Nación, no hay dudas que las asociaciones de consumidores, respaldadas por la doctrina judicial del Superior Tribunal, se han constituido en el principal, y por ahora único, actor capaz de generar cambios estructurales en el mercado mediante la erradicación o remediación de prácticas comerciales fraudulentas. El resultado es la obtención de verdadera "justicia social".

SUMARIO: 1. El Derecho del consumidor como expresión de la tutela de la debilidad jurídica. 2. Del consumidor medio al consumidor particularmente débil o hipervulnerable. 3. Los consumidores vulnerables en el derecho nacional. Bases normativas para su protección. 4. Conclusión

Desde hace algún tiempo ha venido haciéndose público un fenómeno industrial que era desconocido para la mayoría de los consumidores y ciudadanos en Chile y en resto del mundo: la obsolescencia programada. Prueba de ello es el revuelo causado en España por el documental emitido Radio Televisión Española (RTVE) “Comprar, tirar, comprar” emitido el 2 de junio del presente año. Dicho documento de investigación periodística, dirigido por COSIMA DANNORITZER y coproducido por Televisión Española, fue el resultado de tres años de investigación, en él se hace uso de imágenes de archivo poco conocidas; se aporta pruebas documentales de una práctica empresarial que consiste en la reducción deliberada de la vida de un producto para incrementar su consumo y muestra las desastrosas consecuencias medioambientales que se derivan. También se formulan interrogantes como: ¿Por qué los productos electrónicos duran cada vez menos? ¿Cómo es posible que en 1911 una bombilla tuviera una duración certificada de 2500 horas y cien años después su vida útil se haya visto reducida a la mitad? ¿Es compatible un sistema de producción infinito en un planeta con recursos limitados?
También presenta diversos ejemplos del espíritu de resistencia que está creciendo entre los consumidores y recoge el análisis y la opinión de economistas, diseñadores e intelectuales que proponen vías alternativas para salvar economía y medio ambiente.
Presentadas así las cosas se evidencia la relación que puede existir entre los Derechos de los consumidores, -especialmente el Derecho a la información- y el fenómeno industrial, que se ha mantenido con reserva frente a la opinión pública, como se ha dicho, aquél denominado obsolescencia programada.
El propósito de esta ponencia, es presentar a la comunidad jurídica nacional el problema y la posible colisión a los Derechos de los consumidores que representa la obsolescencia planificada por una parte de la industria, información que no es entregada a los consumidores. ¿La obsolescencia programada afecta los derechos de los consumidores o es un fenómeno industrial lícito que estimula el consumo y crecimiento económico? ¿Si existe infracción a los derechos de los consumidores cuáles derechos específicos pueden verse afectados? ¿Cuál es la sanción prevista en la Ley de Protección de los Consumidores para las eventuales infracciones? Esa son algunos de los interrogantes que nos proponemos presentar a discusión en las XII Jornadas Nacionales de Derecho civil.

Abstract
Favor debilis is a principle of application to
all types of legal relations, informing them
and serving of interpretative guideline.
Together with the traditional applications
in labor relations, criminal law, protection
of the consumer or of children, it could be
convenient to analyze its general operability in
Private International Law. Its consideration will
have impact on the allocation of jurisdiction
in the determination of the applicable law
and califications either in a case or the
need to establish a framework grounded
for a category of subjects. The regulation of
cross-border consumer relations should be
based on this principle and legal operators should take it into account to solve different
situations, such as the drafting or interpretation
of contracts.
Key words: International Private Law, Consumer
protection, General principles, Favor debilis
in dubio pro consumptore, Torts, Defective
products, Consumer relationship, International
consumer relationship.
Resumen
El favor debilis es un principio de aplicación a
todo tipo de relaciones jurídicas, informándolas
y sirviendo de pauta interpretativa. Junto
a las tradicionales aplicaciones en las relaciones
laborales, derecho penal, protección del
consumidor o de la niñez, conviene analizar
de modo general su operatividad en Derecho
Internacional Privado. Su consideración tendrá
impacto en la asignación de jurisdicción,
en la determinación del derecho aplicable en
las calificaciones, ya sea en un caso concreto
o ante la necesidad de establecer un marco
protectorio para una categoría de sujetos.
La regulación de las relaciones de consumo
transfronterizas deberá fundamentarse en este
principio y los operadores jurídicos deberán
tenerlo en cuenta para resolver diversas situaciones,
como la elaboración o la interpretación
de los contratos. También será de aplicación
a situaciones particulares, como los daños por
productos defectuosos, o el acceso a tribunales
arbitrales o procesos colectivos.
Palabras clave: Derecho Internacional Privado,
Protección del consumidor, Principios
generales del derecho, Favor debilis in dubio
pro consumptore, Daños, Productos defectuosos,
Relación de consumo, Relación de
consumo transfronteriza.

Diplomado especializado en Derecho de seguros y Derecho del Consumidor Del 06 de Marzo al 24 de Mayo del 2018. . 1. ¿Qué es un contrato de seguro? Naturaleza. 2. Renovación del contrato. 3. Nulidad de la póliza por retinencia o declaración inexacta. 4. La prima.. 5.La póliza. 6. Diferencia entre la propuesta y la póliza. 7. Diferencia entre la publicidad y la póliza. 8. Clases de pólizas. 9. Comentarios a resoluciones de Indecopi. 10. Bibliografía.

Sumario: 1. La responsabilidad por productos elaborados en el microsistema de los derechos del consumidor. — 2. El vicio y la prueba. — 3. Los daños punitivos y la mala fe. Carga de la argumentación. — 4. La intencionalidad reprochada. — 5. El fin de prevención de los daños punitivos. — 6. La cuantificación del daño. — 7. Conclusión. El caso La Sala IV de la Cámara Civil y Comercial de Rosario confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, donde se había condenado a la empresa de telefonía móvil Claro AMX Argentina S.A., al pago de a) $5.000,00 por el tiempo que le insumió al actor las gestiones que debió emprender ante la demandada y el servicio técnico en orden a la reparación del equipo, a la postre infructuosas; b) $1.675,88, comprensiva del valor del aparato de telefonía celular que debió adquirir y del subsidio que perdió por falta de funcionamiento del equipo anterior. También condenó a la empresa por los rubros daño moral y daño punitivo. El consumidor había adquirido un equipo de telefonía celular (smart phone) que funcionó correctamente durante un período, luego del cual comenzó a fallar y, finalmente, resultó inapto en forma absoluta para su uso. La sentencia de primera instancia, con la demandada presentada pero sin contestar la demanda, y habiéndose producido la prueba ofrecida, tuvo por acreditados los padecimientos derivados de la falta de uso del bien y de los múltiples reclamos que debió realizar, sobre los cuales condenó a indemnizar el daño material y el daño moral, agregando una condena por daños punitivos. La sentencia de Cámara redujo la indemnización por daño moral y eliminó la condena de daños punitivos. Considerando la procedencia de la indemnización del daño moral para reparar la incomunicación que sufrió el consumidor con su familia y amigos por efecto de la indisponibilidad del equipo, los disgustos padecidos y la pérdida de tiempo, y en vista del cumplimiento de la obligación de pago del consumidor, aún sin poder utilizar el equipo, sin embargo, el vocal opinante entendió que corresponde reducir el monto indemnizatorio, en atención a la "tendencia que aduce que el mismo debe ser aplicado restrictivamente en materia contractual", ajustándolo según montos fijados para casos análogos, sin expresar cuáles son en concreto. Al tratar los agravios de la demandada, el vocal opinante descartó la procedencia del daño punitivo, considerando que los elementos incorporados a la causa no bastaron para acreditar "que la demandada haya efectuado algún tipo de examen económico, cálculo y/o especulación de que le conviniera económicamente más actuar como lo hizo y abonar en cambio una indemnización por el no cumplimiento". Aludiendo al carácter punitivo y preventivo, y anticipando su criterio restrictivo en la concesión de este tipo de condenas, eliminó el rubro considerando que, de la falta de entrega del aparato en término, no puede derivarse "un 'grave y malicioso' incumplimiento (...) que haya sido objeto de un previo cálculo de costo-beneficio por parte de la empresa y que justifique la aplicación de la figura, sin dejar de reconocer que el incumplimiento de Claro ha generado daños al actor y que podría existir un deficiente sistema de reclamo". Además, justificó que el retardo en la satisfacción del derecho del actor se indemniza adecuadamente con los intereses correspondientes al monto indemnizatorio. Llama la atención esta última tesitura restrictiva por partida doble: restricción del análisis a la relación contractual bilateral y la consideración de los bienes jurídicos en juego, y restricción respecto de la intencionalidad dañosa exigida. Analizaremos a continuación el sustento jurídico de esta tesitura en el marco del microsistema de los derechos del consumidor. Análisis El fallo de Cámara reconoce el incumplimiento contractual, el daño moral sufrido por el consumidor (hecho dañoso antijurídico que impacta en el espíritu de la persona), y que el servicio de reclamo podría ser defectuoso, pero niega que esté acreditado un obrar malicioso consistente en la búsqueda de lucro a través del incumplimiento, por lo cual rechaza la procedencia de los daños punitivos. 1. La responsabilidad por productos elaborados en el microsistema de los derechos del consumidor.

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo os mecanismos de tutela coletiva do consumidor previstos na Lei 8.078/1990 enquanto instrumentos de prevenção e reparação de danos de pequena expressão econômica individual, mas que implicam em grandes montantes ou significativos retornos financeiros se somados em todo o mercado de consumo. Analisa-se, especificamente, a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos como meio para se atingir o patamar de efetiva prevenção e reparação de danos nas relações de consumo. A partir da identificação de algumas falhas ou carências pontuais na aplicação desses preceitos, são sugeridas medidas de aperfeiçoamento das práticas forenses de tutela coletiva, a partir, principalmente, do direito comparado. Propõe-se, ao final, o uso de processos estruturais e decisões estruturais como remédio para a falta de efetividade da tutela coletiva, obrigando-se uma atuação ativa e eficaz do Poder Judiciário na prevenção e na reparação de danos aos consumidores.

Palavras-chave: Direito do Consumidor; Prevenção e reparação de danos; Tutela Coletiva; Decisões Estruturais.

Abstract: The following paper analyses the mechanisms of collective redress established by Act no. 8.078/1990, the Brazilian Consumer Code, as instruments of prevention and compensation for damages of small individual economic expression, but that imply large sums or significant financial returns if added in all the consumer market. Specifically, the collective protection of homogeneous individual rights is analyzed as a means to reach a high level of prevention and redress in consumer relations. Due to the identification of some shortcomings in the application of these standards, some measures are suggested to improve the forensic practices of collective tutelage, based, mainly, on comparative law. It also proposes the use structural processes and structural injunctions as a remedy for the lack of effectiveness of collective tutelage, requiring an active and effective action by the Judiciary to prevent and repair damages to consumers.

Keywords: Consumer Law; Prevention of damage and Full redress; Class action for damages; Structural injunctions.

Análisis jurisprudencial con referencias desde el año 2008 hasta el año 2012. Se exponen fallos y reflexiones relativos al ámbito de aplicación de la Ley N° 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos del consumidor, demostrando cómo la jurisprudencia lo ha ido ampliando progresivamente, incluso a casos en los cuales la infracción del proveedor se produce en la prestación de servicios gratuitos, o aquellas en que no se realiza la celebración de contrato alguno.

1. Le discipline dei contratti stipulati dai consumatori: dalla frammentarietà disorganica all'integrazione nel diritto comune dei contratti. - 2. L'analisi funzionale: il valore della libertà di iniziativa economica privata. - 3. Segue: il valore dell'autonomia negoziale. - 4. L'analisi strutturale: il presupposto oggettivo di applicazione. - 5. Segue: i nuovi procedimenti di formazione dell'accordo. - 6. Qualche corollario: la (limitata) applicabilità analogica delle nuove norme ai contratti stipulati tra i professionisti. - 7. Segue: la modernizzazione del diritto generale del contratto e l'istanza di una ricodificazione.

La Sala C de la Cámara Comercial de la Nación, en “Proconsumer c/ Banco Ciudad s/Sumarísimo”, el 28/08/2019 ratificó la condena al banco emisor a devolver el cargo por "emisión de resumen" por el plazo más favorable (3 años art. 50 LDC - texto anterior al hoy vigente), considerando la sustancialidad que la información allí contenida representa para la operatoria bancaria, y la gratuidad legalmente establecida para el derecho del consumidor a la misma.

http://derechoyconsumo.udp.cl/sentencias/clausulas-abusivas/

Se presentan las sentencias más importantes de consumo dictadas por los Juzgados de Policía Local, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, recopiladas de las principales bases de datos de jurisprudencia y del registro que lleva el Servicio Nacional del Consumidor. El formato utilizado es un sistema de fichaje de sentencias con la información más relevante de cada una.
Este trabajo fue realizado por Hernán Cortez, coordinador de fichaje de sentencias de ADECO, quien reestructuró y actualizó el trabajo que ya se había realizado en la Academia.
Se deja a disposición un informe final que contiene todas las fichas de sentencias y la explicación del método utilizado; luego, el listado del fichaje de sentencias disponibles; y por último, se la clasificación por voces.

El consumidor es por definición un sujeto débil, hiposuficiente, necesitado de protección; pero esas flaquezas —que son “congénitas” en el consumidor “persona-no-comerciante” y “adquiridas” en la “persona-comerciante”— tienen su origen en el relacionamiento en el mercado con los proveedores; allí se potencia o surge, según el caso, el desequilibrio y, por ende, el justificativo de la tutela legal equiparadora.
Como primera aproximación, se puede apuntar que el concepto legal de consumidor que trae la Ley 1480 sigue la corriente subjetiva o finalista, aunque en su vertiente atenuada que permite considerar como consumidores también a los empresarios, siempre que el pretendido “acto de consumo” no se relacione directamente con la actividad comercial que desarrollan habitualmente.

Parece haber buenas razones para extender el control de las cláusulas abusivas a los contratos celebrados entre profesionales, comerciantes o
proveedores (en adelante, simplemente profesionales). En Chile el control de las cláusulas abusivas se encuentra regulado en la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (LPC). La conclusión natural sería, entonces, que tales normas se aplican, en principio, solo a contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor, y, por tanto, los contratos celebrados entre profesionales no podrían ser examinados en cuanto al carácter abusivo de sus cláusulas. Sin embargo, lo que este trabajo busca explicar es que la respuesta no es tan sencilla. Al contrario, se pretende demostrar que, de una manera inorgánica y sin mucha reflexión, se han establecido en Chile una serie de hipótesis de control de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales. Esta falta de orgánica plantea una serie de problemas dogmáticos y prácticos.

Ausência de provas de que o tempo despendido com call center de empresa de telefonia causou ofensa à personalidade afasta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, caracterizando um mero dissabor.
Como imperativo derivado do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional que perpassa toda a racionalidade do ordenamento jurídico pátrio, é inerente ao ser humano a liberdade de decidir como dispor do próprio tempo, um exercício de autodeterminação.

En el presente artículo el autor reflexiona sobre las disposiciones normativas y fundamentos doctrinarios del contrato de consumo para establecer un enfoque sistémico entre las normas del Derecho d el Consumidor y el Derecho Civil, de tal manera que analiza las principales instituciones clásicas de la contratación y los contrastes de la contratación contemporánea y la realidad socioeconómica, con el objetivo de realizar los planteamientos adecuados para discutir la correcta integración del contrato de consumo dentro de su real dimensión jurídico-normativa:el Código Civil.

De toda relación de consumo se predica la posición de debilidad del consumidor . Esta situación impacta en el régimen jurídico aplicable ante supuestos de internacionalidad, tanto en sus aspectos jurisdiccionales, sustantivos como procesales. En muchos sistemas jurídicos las normas protectorias de los consumidores no contemplan situaciones de internacionalidad. En Argentina, por ejemplo, la ley 24.240 de Defensa del Consumidor (LDC) casi no contiene previsiones respecto del fenómeno de la internacionalización del consumo. Lo mismo se puede decir de los sistemas legislativos en toda Latinoamérica . El vacío, por tanto, es doble: por una parte, el sistema de Derecho Internacional Privado (DIPr) no considera las situaciones de debilidad; por la otra, el sistema protectorio no tiene en cuenta la internacionalidad. Así y todo, las personas que adquieran o utilicen bienes y servicios como parte de un proceso económico desarrollado en un contexto transfronterizo, también deben participar de una relación jurídica en condiciones de justicia. En este sentido, el principio favor debilis es propio de todo sistema jurídico, lo que incluye al Derecho Internacional Privado, y no sólo para interpretar situaciones dudosas, como concreción del in dubio pro consumptore, sino como sustento de las soluciones generales, tanto para determinar el derecho aplicable como la jurisdicción competente .
La LDC tiene carácter de orden público interno, pero no contiene normas de aplicación inmediata ni de policía, ya que estas sólo contemplan casos multinacionales típicos y específicos. Por tanto las disposiciones de la LDC no pueden ser ‘exportadas’ y aplicadas siempre a casos internacionalmente mixtos, aunque sí se refieran siempre a casos internos. Sin embargo, es posible derivar derechos subjetivos para la protección del consumidor transnacional mediante la aplicación del orden público internacional. Esto se debe a que las normas imperativas pueden encarnar principios, y así se podrá dejar de aplicar derecho extranjero en virtud de la cláusula de reserva .
Si bien el presente trabajo está realizado teniendo en mira la situación argentina, la situación es similar en todos los países latinoamericanos. El lector podrá extraer del mismo los principios generales que deberán verificarse en cada legislación a fin de adaptar las soluciones propuestas a la propia realidad.

Si bien la Ley 19.496 constituye uno de los casos más importantes de descodificación material a nivel nacional, dicha característica corre el riesgo de perder toda importancia atendida la proliferación de otras leyes que regulan mercados específicos en los que también se ven involucrados consumidores, además de la importancia que se asigna al Código Civil como derecho común y supletorio en materia de contratos. Este trabajo pretende, por un lado, dar cuenta de estos riesgos, y, por otro, descartar que estos se hayan manifestado, considerando la preeminencia de la Ley del Consumidor en la jurisprudencia al aplicar el artículo 2 bis de la Ley 19.496.

Derecho Internacional Privado; Proteccion del consumidor; Principios generales del derecho; Favor debilis in dubio pro consumptore; Danos; Productos defectuosos; Relacion de consumo; Relacion de consumo transfronteriza principio y los operadores juridicos deberan tenerlo en cuenta para resolver diversas situaciones, como la elaboracion o la interpretacion de los contratos. Tambien sera de aplicacion a situaciones particulares, como los danos por productos defectuosos, o el acceso a tribunales arbitrales o procesos colectivos.

Publicado en La Ley, revista de "Derecho Comercial y de las Obligaciones N°285 de La Ley (agosto de 2017)
Autor: Alejandro Perez Hazaña

La discusión sobre la competencia para tramitar las acciones colectivas se vuelve un tema cada vez más acuciante, dado que continúan proponiéndose distintos proyectos de ley en el congreso nacional para regular estos procesos. En la mayoría de ellos, se plantea la federalización de los procesos colectivos con alcance multi jurisdiccional así como una regulación integral, para cualquier materia y sin distinción. El objeto del trabajo es repasar el estado actual de situación en relación a los procesos colectivos multi jurisdiccionales y lo relacionado con su competencia y alcance (en especial los relativos a derechos individuales homogéneos que son los que más discuciónse plantea en relación a estos extremos). Veremos cómo se regulan estos procesos en otros países federales (como Estados Unidos y Brasil) con amplia experiencia en procesos colectivos. Luego analizaremos los proyectos presentados a nivel nacional y las propuestas internacionales, y finalmente criticaremos los motivos esgrimidos para justificar la exclusividad del fuero federal para la resolución de estos casos multi jurisdiccionales, y también los que sostienen la competencia local. En este camino se repasarán fundamentos básicos de nuestra organización federal y la particular distribución de facultades entre el estado nacional y las provincias, dilucidando no solo la viabilidad de este traspaso de competencias, sino los motivos que habilitan a las justicias provinciales para tramitar estos procesos con alcance en todo el país.

Este escrito presenta unos planteamientos de derecho preventivo para que el consumidor cuente con una publicidad válida en el comercio electrónico y a la vez goce de eficacia en sus derechos a la información suficiente, veraz y oportuna en relación a esta clase de mensajes. Se tiene como referencia a Colombia, pero es extensible a cualquier Estado de Derecho Democrático. Se inicia con la exposición de los aspectos normativos principales que se consagran en el estatuto del consumidor sobre este tema. Posteriormente, se precisan los criterios jurídicos para la validez de la publicidad. Finalmente, se afirma que la publicidad a la medida del consumidor aumenta el nivel de eficacia de sus derechos y genera un esquema de logro colectivo (donde gana la empresa al fidelizar más clientes, el consumidor al estar protegido y gozar de sus derechos y el Estado en general al cumplirse con el orden público que se encuentra establecido en esta materia); ambiente de armonía de derechos y deberes que se obtiene por medio del derecho preventivo —es decir, la generación de validez permanente, con el consecuente aumento (o, mejor dicho, obtención) de la eficacia jurídica—.

Derecho Internacional Privado; Protección del consumidor; Principios generales del derecho; Favor debilis in dubio pro consumptore; Daños; Productos defectuosos; Relación de consumo; Relación de consumo transfronteriza principio y los operadores jurídicos deberán tenerlo en cuenta para resolver diversas situaciones, como la elaboración o la interpretación de los contratos. También será de aplicación a situaciones particulares, como los daños por productos defectuosos, o el acceso a tribunales arbitrales o procesos colectivos.