Derecho Penal Internacional

Resumen
A 15 años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, es mucho lo que se ha debatido sobre la efectividad de la Corte Penal Internacional. En este trabajo examinamos el principio rector del Sistema Penal Internacional y la forma como éste ha funcionado, para bien o para mal, durante los últimos 15 años. Buscamos comprender por qué ciertas opciones para el ejercicio de la Complementariedad, como la noción de complementariedad proactiva, no ejercen la presión esperada sobre los responsables de crímenes de la competencia de la Corte, ni sobre los Estados que los esconden o protegen.

Abstract
Fifteen years after the Rome Statute’s entry into force, there has been much debate about the International Criminal Court’s effectivity. In this article, we examine the International Criminal System’s guiding principle, and how it has worked –for or against the system- in the past 15 years. We attempt to understand why certain options to the enforcement of Complementarity, such as the notion of proactive complementarity, fail to exert the expected pressure upon perpetrators of crimes under the Court’s jurisdiction, or the States which hide or protect them.

En la tramitación de causas por concurso de acreedores, cuando el demandado tiene su domicilio en otro país, previo a la calificación y mediante un auto interlocutorio los jueces de lo civil en el Ecuador declararan su inhibición por competencia territorial. Esto en razón de que el Código Orgánico General de Procesos (2015) establece en su artículo 418 que el juez del domicilio del deudor será el competente para conocer estas causas. No obstante, lo expuesto perjudica al actor del proceso concursal, considerando que previo a iniciar el juicio existe una sentencia ejecutoriada que condena al demandado el pago de sus obligaciones. Bajo este criterio, en el presente artículo se examina el procedimiento concursal que al parecer restringe la adecuada administración de justicia y la tutela efectiva garantizada en la Constitución. El objetivo de esta investigación es plantear algunas reglas que puedan ser aplicadas, a fin de que la normativa expuesta no interrumpa el debido proceso ni la legítima defensa del presunto fallido. En el texto se propone con fundamento legal y doctrinario una reforma al Código Orgánico General de Procesos. El método utilizado es la revisión sistémica, bibliográfica y documental con el soporte y criterio de diferentes de autores.

Trata-se da nova edição (Saraiva, 2016) do meu "Processo Internacional de Direitos Humanos", revista e atualizada. Com novos casos e novidades dos sistemas internacionais de direitos humanos, incluindo sistema global, interamericano, europeu e africano, bem como tribunais internacionais penais.

El objetivo del presente artículo es analizar la importancia jurídica y social de los Tribunales
de Nüremberg, siendo estos un cambio de paradigma respecto de su fallido predecesor, el
Tratado de Versalles. Para ello, es necesario adentrarse en el controvertido Estatuto de
Londres y su impacto en la era de posguerra, sin dejar de lado el análisis de su
inobservancia a varios principios de Derecho Penal. ¿El fin perseguido por aquellos
tribunales internacionales justificó los medios empleados? ¿Sus resultados nos sirven hoy en
día? Aquellas preguntas podrían responderse mediante un recorrido al centro de su legado
histórico y los avances de la comunidad internacional en materia de Derecho Internacional
Penal durante las posteriores décadas, contemplando paralelamente, el rol social y
educacional de dicho proceso que significara un antes y un después para el Derecho de
Gentes.

El artículo analiza los trabajos preparatorios de la Convención de Naciones Unidas sobre genocidio, el modo peculiar e ilegítimo por el que fueron excluidos los grupos políticos de dicha Convención y luego repasa las grandes líneas de discusión de los estudios sobre genocidio, a fines de aportar líneas generales de comprensión de las discusiones jurisprudenciales sobre los modos de interpretación de la Convención en distintos contextos históricos.

Trata-se de resenha do livro “The Right to Counsel and the Protection of Attorney-Client Privilege in Criminal Proceedings”, organizado por Bachmaier, Thaman e Lynn. A partir de pers- pectiva de direito comparado, a coletânea publi- cada na série “Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law” apresenta estudos sobre o direito de defesa, a assistência por defensor téc- nico e o sigilo nas relações entre cliente e ad- vogado no processo penal, especialmente com enfoque em questões contemporâneas, como (1) o impacto das novas tecnologias, investiga- ções digitais no sigilo advogado-cliente, (2) a expansão das relações de cooperação jurídica internacional e produção de prova estrangeira que viole prerrogativas, (3) o papel de advogados na implementação de programas de compliance e prerrogativas de advogados internos (in-hou- se) e (4) a persecução internacional de lavagem de dinheiro e terrorismo, deveres de comuni- cação e sigilo advogado-cliente. Nesta resenha, apresentam-se contribuições relevantes dos ar- tigos publicados na coletânea, relacionando-se com o ordenamento jurídico brasileiro e os deba- tes doutrinários e jurisprudenciais atuais no país.

This essay examines problems arising from supranational pressures that oblige the national criminal legislator to comply with international standards of criminalization. It discusses the construction of the internationalization movement of punitive power and to what extent it constrains the national criminal legislator, in addition to the risks inherent to the legislator's submission to this new model of internationalization of punitive power. Based on the analysis of several international human rights treaties or determinants of criminal obligations ratified by Brazil in the last thirty years, and the discussion of the critical doctrine on this phenomenon, the research reveals that the country is in complete submission to this process of internationalization of punitive power, which is evident from the recognition of the existence of warrants issued by international documents ratified by Brazil. The hypothesis presented is that this internationalization of the punitive power, although inevitable and potentially effective against certain crimes, creates, in the way that has been unleashed, serious normative and political risks for national criminal law, such as the "pasteurization" of the response to complex social conflicts and the abandonment, by the legislator, of any additional creative initiative in terms of preventive and socially responsible public policies.

De una manera objetiva, puntual y sintética reseñamos el libro: “Lecciones de Derecho Penal-Parte General-Teoría Jurídica del Delito” del doctor Iván Meini. El libro nos presenta la postura del autor, en diversos temas, contrastada con otras ideas y lo más importante: moderniza las clásicas instituciones penales. Queda claro el contenido del libro, sin embargo, de la lectura del mismo el lector encontrará muchos más aspectos, que no son posibles reseñar, es labor de todo académico que le interesa el derecho penal y público en general, descubrirlos.

L'Autore, dopo aver ripercorso il caso della cosiddetta “guerra alla droga” nelle Filippine, attualmente pendente presso la Procura della Corte Penale Internazionale, si sofferma su tre principali problematiche: quella sostanziale, riguardante le fattispecie di reato previste dallo Statuto di Roma; quelle processuali, attinenti alle questioni di giurisdizione ed alle le condizioni di procedibilità, con un approfondimento della preliminary examination e del principio di complementarità.

The Author, after examining the situation of the so-called “war on drugs” in the Philippines, currently under the attention of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, dwells on three main issues: one concerning the crimes established in the Rome Statute; the other two regarding the procedural issues of jurisdiction and admissibility, with a thorough analysis of both the preliminary examination and the complementarity principle.

Sommario 1. Introduzione: il contesto filippino durante la presidenza di Rodrigo Duterte e l’avvio della “War on Drugs”; 2. Le denunce alla Corte Penale Internazionale e l’avvio della preliminary examination: le “extra-judicial killings” possono costituire crimini contro l’umanità? 3. I profili processuali: cenni sulla preliminary examination. 3.1 Una sintesi dei requisiti procedimentali per poter avviare una investigation e lo “statutory-based approach” a quattro fasi della Procura della CPI; 3.2 Le questioni di giurisdizione: la problematica del difetto di competenza della CPI alla luce del recesso del Filippine dallo Statuto di Roma. Il precedente, seppur “parziale”, del Burundi; 3.3 Le condizioni di procedibilità: la valutazione del principio di complementarità a seguito delle indagini nazionali delle autorità filippine; 4. Riflessioni conclusive alla luce del del caso Iraq/UK e del Report 2020 sulle preliminary examination.

Además de definir los conceptos básicos y bases históricas de los crímenes internacionales regulados en el Estatuto de Roma el autor se centra principalmente en examinar el modo en que esos crímenes deben ser implementados en la legislación penal peruana; comentando aspectos referidos a la jurisdicción universal, el principio aut dedere aut judicare, los crímenes contra el derecho internacional humanitario, entre otros; tomando como fundamento los diversos cuerpos normativos referidos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; ofreciendo al usuario una herramienta completa respecto al modo en que estos delitos deben ser regulados en nuestro Código Penal.

El objetivo que se pretende alcanzar mediante estas líneas es realizar un trabajo descriptivo que ayude a comprender la evolución que ha experimentado el Estatuto de Roma en los primeros 10 años de vida de la Corte Penal Internacional (Corte) en torno a las figuras de imputación de responsabilidad penal internacional.
A pesar de la extensión del artículo 25, por cuestiones metodológicas, en el presente trabajo únicamente se abordará lo relativo a la noción de la coautoría mediata. De tal manera que se analizarán los elementos que integran las figuras de la autoría mediata, de la coautoría y de la coautoría mediata en el Derecho Penal Internacional (DPI) y su relación con el Estatuto de Roma. De igual forma en el análisis de cada figura se incluye un apartado que explica cómo se interpretaron los hechos de los casos analizados por la Corte y cómo se aplicaron.

CRIMINALIZING HATE SPEECH TO AVERT COLLECTIVE VIOLENCE?
WORKING HYPOTHESES ABOUT THE OFFENCE OF “RACIST PROPAGANDA”
The essay provides an unusual approach about criminalization of racist propaganda (and also about the interpretation of Art 604-bis of Italian Penal Code), in order to focus the trend of racism toward institutionalization due to political “hate speech” strategies. Therefore, only propaganda which can actually be converted into discriminatory
public actions, or even into contextual elements of international crimes,
should be qualified as a crime: an outcome constitutionally untenable in itself, regardless of ability to urge “hate crimes”. The risk of restricting individual freedom of speech seems to be reduced, since individuals, quite to the contrary, are going, in this way, to be protected from abuses of public authorities. In addition, a definition of racism is adopted, which necessarily implies false assertions, that don’t deserve a strong constitutional protection. Besides, such assertions are perhaps better exposed to the dynamics of the “free market of ideas” in a criminal trial, than in a public debate widely biased by new media.
Key words: Racism, Propaganda, Criminal Law.

Trabajo del curso Las Consecuencias Jurídicas del Delito, de la Maestría en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica Del Perú.

Análisis de: 1) “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación española” de José Luis Díez Ripollés. 2) “Las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas del art. 105 CP: principales problemas de aplicación” de Laura Zúñiga Rodríguez. 3) Proyecto de ley del nuevo código penal.

Un agradecimiento muy especial al Doctor Prado Saldarriaga, Víctor Roberto , por brindarnos cuatro días de una magistral cátedra sobre Las Consecuencias Jurídicas del delito y la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, orientándonos en el nuevo sistema de determinación de las Penas. Es siempre un honor tener un catedrático con atributos pedagógicos excelentes y que con sus aportes es parte importantísima de la evolución jurídico penal nacional.

constitucional
hasta lo multilateral, en la actualidad está nuevamente sufriendo críticas y cuestionamientos
crecientes. Percibimos un escepticismo no solamente en esferas y territorios donde la idea, en verdad,
nunca llegó a echar raíces. La real –o percibida– ineficacia de algunos Estados democráticos a la hora
de responder a necesidades básicas como el acceso a educación, sanidad y justicia, la seguridad, el
empleo y otras, ha mermado la confianza en la capacidad del sistema político para cumplir con lo prometido.
Incluso en aquellas latitudes en las que la troica de la democracia, el Estado de derecho y los
derechos humanos parecía incuestionable, hay quienes han comenzado a desafiar el consenso liberal
y a votar por caminos más restrictivos que, en últimas, implican un estilo político menos inclusivo,
garantista y plural que, en el peor de los casos, termina por anular la democracia misma y la reemplaza
por modelos autoritarios.
Semejante apuesta autoritaria despacha el diálogo constructivo y el respeto por la oposición política
y las minorías como una capitulación ante lo “políticamente correcto” que, según nos quieren hacer
pensar, obstruye las soluciones, sobre todo aquellas fáciles que los “auténticos defensores del pueblo”
alegan tener. El objetivo es dividir a la sociedad, por la construcción de “muros mentales”. Inventa
mundos opuestos para separar, polarizar y crear odio y aversión. El mundo de los blancos y el mundo de
los negros. El mundo de las mujeres y el mundo de los hombres. El mundo de los ricos y el mundo de los
pobres. Hasta que pasamos a hablar más de nuestras diferencias que de lo que tenemos en común. El
autoritarismo trata de distraernos de lo esencial mediante la escenificación de escándalos jugosos y problemas
“prioritarios y urgentes”, causas que “legitiman” suprimir la expresión de opiniones opuestas,
detener, torturar, descuartizar y desaparecer a los críticos.
La apuesta liberal, en cambio, reconoce las dificultades en la construcción de sociedades abiertas
y justas, y sigue apostando por la vía democrática para desarrollar soluciones satisfactorias; continúa
buscando un equilibrio adecuado entre la responsabilidad del individuo y la solidaridad con el necesitado;
y sigue confiando en la cooperación internacional en lo político y en lo económico. En democracia
se permite y se fomenta la diversidad, la oposición, el debate y la autocrítica a pesar de así revelar las
falencias en pos de facilitar soluciones. En democracia, estamos convencidos de que vivimos en un
solo mundo y evitamos pensar en dos o más mundos separados. Uno en donde todos tengamos espacio.
Sin importar si somos negros, blancos, mujeres, hombres, niños, indígenas, líderes sociales, LGTBI,
artistas, juristas, médicos o una persona cualquiera. Un mundo en donde la bandera sea la misma a pesar
de las diferencias, la de los derechos humanos y la protección de estos.
Ahora bien, si por lo menos, la propuesta “robusta” trajera más bienestar y felicidad para la gran
mayoría del pueblo (de hecho, el argumento totalitario), la libertad podría verse en un jaque argumentativo.
Es difícil, sin embargo, saber si un sistema autoritario logra contentar a las mayorías, porque en
la mayoría de los casos reprime justamente opiniones y elecciones que permitirían medir el ánimo de la
gente. De manera sistemática y concertada, se van debilitando los sistemas de pesos y contrapesos, menoscabando
las libertades fundamentales y la independencia judicial, silenciando la prensa libre, deshumanizando,
intimidando y persiguiendo al opositor, y todo ello por salvaguardar fines incuestionables
como la “dignidad nacional” o la “única e indivisible identidad cultural, étnica o religiosa del pueblo”.
Los aún convencidos, en reacción al consiguiente viraje iliberal, en algunos casos tienden a calificar
al otro como “nacionalista”, “racista”, “xenófobo”, “fascista”, “machista” u otros apodos poco
halagüeños. Los así descalificados, a su vez, burlan al defensor de los derechos como “soñador de
izquierdas”, si no es que lo consideran como “rebelde subversivo”, “defensor de terroristas”, “comunista”
(difamación ya en vía de extinción) o, curiosamente, integrante de la “elite neoliberal”, lo cual
demuestra la disolución del esquema clásico izquierda-derecha en la confrontación actual.

Se pone en consideración de la Corte IDH cuestiones jurídicas sobre el objeto Octavo de la Audiencia convocada para el 2 de febrero del 2018 dentro del procedimiento de supervisión de la Sentencia de fondo de 14 de marzo del 2001, la Sentencia de interpretación del 3 de septiembre del 2001 y de la Sentencia de reparaciones y costas del 30 de noviembre del 2001 del caso Barrios Altos y la Sentencia de fondo del 29 de Noviembre del 2006 y la supervisión de cumplimiento de fecha 20 de noviembre del 2009 del caso la Cantuta relacionado con el indulto y gracia presidencial otorgado por el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski al ex presidente Alberto Fujimori, quien fuera investigado, procesado y condenado por violaciones graves a los derechos humanos en cumplimiento de las sentencias de esta Honorable Corte en los Casos Barrios Altos y la Cantuta.

La presente investigación tuvo lugar a partir de la lectura de la monografía, recientemente publicada, del conocido penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni sobre la dogmática jurídico-penal del nacionalsocialismo (“Doctrina Penal Nazi”, 2017). Lo que en un primer momento iba a ser una breve recensión, rápidamente se convirtió en un trabajo autónomo, por medio de la revisión detallada de las fuentes utilizadas por Zaffaroni y la búsqueda de fuentes primarias y secundarias adicionales. Este trabajo entiende al derecho penal nacionalsocialista –en consonancia con la difundida tesis de la radicalización, que profundiza el desarrollo de la tesis de la continuidad– como una continuación racista (antisemita), nacional (“germana”) y totalitaria de las tendencias autoritarias y antiliberales del derecho penal del cambio de siglo y de la República de Weimar. Trataré de probar esta tesis por medio del tratamiento de los textos de autores relevantes –que hablan por sí mismos– y no por medio de la valoración moral de sus autores. El lector encontrará también un desarrollo de la recepción del derecho penal (nacionalsocialista) alemán en Latinoamérica.

"Investigación presentada para el curso de "Metodología de la Investigación" de la PUCP en el semestre 2008-2.

Ultima actualización: He visto que muchas personas buscan mayor información sobre qué países han firmado BIAS con Estados Unidos. En razón a ello, adjunto un documento que incluí como anexo y que puede servir de guía para futuras investigaciones o para consulta. Dicho cuadro no ha sido elaborado por mí. "

En el presente escrito, los autores exponen una aproximación crítica al concepto de tortura, el cual no es unívoco. Por ello, realizan una exposición de este concepto desde las ciencias sociales y las interpretaciones del Derecho internacional, tanto escrito como consuetudinario. Finalizan con un análisis de la situación actual en México, la cual generó que el Ejecutivo presentara una propuesta de reforma legal, en diciembre de 2015. Las principales conclusiones son que la propuesta es un avance pero necesita mejoras, así como que el tipo de otros tratos inhumanos debe desaparecer por su ambigüedad.

“Juristas Universales” es una obra fruto del esfuerzo de más de medio millar de especialistas procedentes de universidades de los cinco continentes. Partiendo de Roma, verdadera cuna del Derecho, recoge en cuatro volúmenes una historia biográfica de la ciencia jurídica desde mediados del siglo II a.C. hasta el final del segundo milenio. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los más ambiciosos proyectos editoriales jurídicos a nivel mundial y el más relevante jamás realizado en lengua española.
La obra comprende más de 1.000 biografías de juristas pertenecientes a la “familia romana” del Derecho en su sentido más amplio, dado que, además del Derecho continental europeo, incorpora los semblantes de prestigiosos juristas de Derecho angloamericano, escocés, canadiense, iberoamericano y de parte de los Derechos del este asiático, así como del Derecho sudafricano. El motivo impulsor de centrarse en los sistemas jurídicos que tienen como base común el Derecho romano se encuentra en que el gran reto de la ciencia del Derecho en Occidente es la integración de los dos sistemas jurídicos de mayor calado y protagonismo mundial, considerados tópicamente, pero con escaso fundamento histórico, irreconciliables: el Derecho continental europeo y el Derecho angloamericano.
“Juristas Universales” pretende contribuir a superar esta barrera artificial, pero real, entre dos sistemas jurídicos efectivamente distintos, pero no incompatibles, ofreciendo al lector una visión integrada a partir del Derecho romano y de la tradición del Derecho común medieval. En definitiva, de dos sistemas jurídicos que el mundo globalizado que nos ha tocado vivir pide que se armonicen. Coordinada por Rafael Domingo, catedrático de la Universidad de Navarra, “Juristas Universales” está dividida en cuatro volúmenes, con extensas introducciones a cada época con un total de más de 3.700 páginas y 500 ilustraciones. Cierran la obra unos cuidados índices (onomástico, de juristas biografiados y de autores) que facilitan el manejo de esta enciclopedia de juristas, llamada a ser la obra de referencia en el mundo de habla hispana.

Abstract: In Colombia and Peru, there were internal armed conflicts that have undermined International Humanitarian Law (IHL) and Human Rights (HR), and, because of which, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has ruled on the crimes against humanity that occurred in those conflicts. Consequently, it is pertinent to analyze: what is the experience in Peru and Colombia in relation to the crimes of humanity in a context of post-conflict? The regulations of IHL and HR are studied to learn the lessons of transitional justice and the judgments of the IACHR.

Resumen: En Colombia y en Perú, existieron conflictos armados Internos que han atentado contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos (DDHH) y que han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a pronunciarse sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en esos conflictos. Por consiguiente, resulta pertinente analizar ¿Cuál es la experiencia en Perú y Colombia en relación con los Delitos de Lesa Humanidad en el contexto de posconflicto? Se parte de la normativa del DIH y de los DDHH para aprender las lecciones de la justicia transicional y las sentencias de la CorteIDH.

Entender cuáles son las diferencias entre el derecho penal internacional que sustenta su existencia en la persecución de la macrocriminalidad política y el derecho internacional penal contemporáneo resulta esencial en casos de justicia Transicional .

SÍNTESIS … La jurisdicción universal ha llegado a ser la técnica preferida por aquellos que buscan prevenir la impunidad para los crímenes internacionales … La jurisdicción universal no se encuentra tan bien establecida en el derecho internacional convencional y consuetudinario como sus más entusiastas defensores, incluyendo importantes organizaciones de derechos humanos, pretenden que está … Lo que sigue es una evaluación de la evolución de la jurisdicción universal con respecto a los crímenes internacionales contrarios al jus cogens basada en fuentes del derecho internacional convencional y consuetudinario … Sin embargo, la jurisdicción universal para prevenir y eliminar la piratería ha sido ampliamente reconocida en el derecho internacional consuetudinario como el crimen internacional por excelencia al cual se aplica la universalidad … Si bien el derecho internacional consuetudinario y los trabajos de los tratadistas reconocen a la esclavitud y las prácticas relacionadas con la esclavitud como crímenes internacionales contrarios al jus cogens, la práctica de los Estados no ha evidenciado el hecho que la jurisdicción criminal universal haya sido aplicada a todas las formas y manifestaciones de esclavitud y prácticas relacionadas con la esclavitud … En * Una versión diferente del presente artículo está programado para ser publicado en Princeton Project on Universal Jurisdiction (Universidad de Princeton, a publicarse en 2001). Con respecto a ambas versiones, el autor agradece sinceramente el apoyo de investigación de Steven Becker. Reimpreso con la autorización del Proyecto Princeton sobre Jurisdicción Universal. Los Principios Princeton fueron parte de un proyecto desarrollado por el Programa

La instalación en la ciudad de Washington de un alto tribunal de Justicia, auspiciado por la Organización de Estados Americanos, bajo la denominación de Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio (TSJ-EX VEN), conformado por los ciudadanos venezolanos designados por la Asamblea Nacional en el mes de julio de 2017, activa un debate constitucional sobre la actuación extraterritorial de un órgano del Estado. Sin embargo, es en el campo del derecho internacional que surgen las máximas interrogantes, entre ellas: ¿Este TSJ en el exilio representa un mecanismo de Justicia transnacional? Y, si fuera así, ¿cuáles son las competencias que ejecutará esta atípica fórmula jurisdiccional? Partiendo de la vigencia y necesidad de actuaciones de tribunales nacionales en ejercicio de una Jurisdicción Universal, el profesor Álvarez ensaya una tipología que califica como “Tribunales Híbridos” para plantear conflictos actuales que demuestran el carácter inacabado y sigsagueante de los mecanismos de Justicia Internacional.

El derecho a la verdad viene gozando de importante repercursión e interés habida cuenta del gran protagonismo que le han otorgado los órganos protectores de derechos humanos de los distintos sistemas de protección (en especial el universal y el interamericano) desde mediados de los años ochenta. A ello habría de sumársele los numerosos mecanismos que  desde los años setenta los Estados han implementado para que tanto las víctimas como la sociedad pudieran conocer lo sucedido tras la perpetración de violaciones graves de derechos humanos, en forma de comisiones extrajudiciales de investigación, legislación de desclasificación de archivos o cualquier otro medio que pudiera permitir que las víctimas y la ciudadanía tuvieran acceso a este tipo de información.

La proliferación de toda esta práctica a nivel interno de los Estados, y en las propias instituciones internacionales protectoras de derechos humanos, ha promovido la aparición de un intenso debate tanto a nivel doctrinal como institucional en torno a dos cuestiones principales acerca del derecho a la verdad. Primero, qué vinculación jurídica ostenta este derecho. Y, segundo, qué significado puede adscribírsele. Ambas cuestiones serán el objeto central de la presente tesis, aunque circunscrito a qué estarán obligados los Estados para con este derecho tras la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Debido a que pretendemos brindar una visión lo más completa posible del derecho a la verdad dentro del ordenamiento internacional, nuestro análisis se centrará en el estudio tanto de la práctica protagonizada por los órganos de protección de los derechos humanos de los sistemas universal, interamericano y europeo; como la emprendida por los Estados. De esta forma, podremos contar con una visión del derecho a la verdad tanto dentro del Derecho internacional convencional, como del Derecho internacional general, que ahondará no solo en su posición concreta en el ordenamiento internacional, sino también en todos aquellos nexos que con este derecho se han averiguado; entre los que sobresalen: la justicia, la reparación y la información.

Esta disparidad de apreciación de la naturaleza y contenido del derecho a la verdad llegará incluso a los distintos sistemas de protección. En concreto, la principal causa de diferenciación entre los mismos será la manera en la que la vertiente colectiva del derecho a la verdad será materializada. Es decir, aquella que concreta el derecho de la sociedad a conocer la verdad sobre lo ocurrido tras la perpetración de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos; vertiente típicamente desligada del proceso penal.

De hecho, nos encontramos ante dos tendencias diferenciadas a la hora de dar cobertura al derecho a la verdad colectivo, al haber concluido que la verdad individual queda afianzada dentro de la obligación de los Estados de investigar penalmente, con las debidas garantías, una violación de derechos humanos. La primera de ellas será la imperante dentro de los organismos convencionales del sistema universal, en la cual los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas tendrán la obligación no solo de incoar procedimientos penales orientados a investigar violaciones de derechos humanos (cado uno dentro de su propia competencia), sino también la de crear mecanismos extrajudiciales orientados a investigar las causas, consecuencias y demás hechos que tuvieron lugar durante una comisión de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, en aras de que se conozcan públicamente y no se vuelvan a cometer en un futuro.

Por su parte, dentro de los sistemas interamericano y europeo, pese a que se contará igualmente con un reconocimiento de ambos tipos de derecho a la verdad dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, la vertiente colectiva responderá únicamente a la obligación de los Estados de dar a conocer públicamente los resultados de la investigación penal que previamente se hubiera incoado; sin considerar la creación de comisiones extrajudiciales de investigación de obligatoria constitución dentro del derecho a la verdad colectivo.

De otro lado, la práctica de los Estados para con el derecho a la verdad colectivo será de análisis indispensable para conocer su posición dentro del Derecho internacional general; en concreto, si, tal y como ha afirmado cierto sector doctrinal, se puede afirmar que el derecho a la verdad posee raigambre consuetudinaria. Sin embargo, tras el estudio de la práctica de ciento treinta y seis Estados, no puede colegirse que estemos ante un comportamiento generalmente aceptado como derecho, en aplicación del literal del art. 38 de la Corte Internacional de Justicia. Misma opinión puede desprenderse tras la lectura de la Resolución 68/165 de 18 de diciembre de 2013 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad.

Por último, la práctica estatal al respecto sí que abre la puerta a la posibilidad, aunque bastante remota a nuestro parecer por lo difícil de su probación, a la vigencia de una costumbre regional que vincule a quince Estados de América Latina y el Caribe a crear mecanismos extrajudiciales de investigación tras la comisión de violaciones graves de derechos humanos.

The status of ‘international law’ is examined critically. In the first section, the basis of (national) legislation is described. This consists of an inquiry into a credible meaning of ‘natural law’. It is focused on the question whether universal principles exist and, if so, of what kind. Section 2 deals with the issue of enforcement. National legislation invariably realizes this, but this is not obvious at the international level. Section 3 deals with human rights. It is discussed whether their presence points to the existence of ‘international law’. To this end, a possible reason for these rights to have developed is expounded.