DERECHO PROCESAL LABORAL

Los autores ofrecen a la comunidad jurídica chilena un trabajo monográfico sobre el recurso de unificación de jurisprudencia. No es el primer libro que se ha publicado en Chile sobre esta materia, sin embargo, supera largamente el carácter de mera compilación de fallos de las obras precedentes, pues desarrolla en sus más de trescientas páginas un análisis dogmático del medio de impugnación, contextualizado dentro del sistema recursivo, sus antecedentes históricos y comparados, para luego ofrecer una cuidada sistematización de la jurisprudencia de unificación de la Corte Suprema, comentada críticamente.

RESUMEN: En este trabajo se critica la iniciativa probatoria judicial introducida en la jurisdicción laboral con ocasión de la reforma procesal de la Ley Nº 20.087. El autor parte por describir cómo la exclusión de la aportación de prueba del principio dispositivo no obedeció a una racionalidad técnica, sino política. Afi rma que incluso la concepción reducida del principio dispositivo defendida por el publi-cismo veda al juez toda iniciativa probatoria. Cuestiona que la iniciativa probatoria judicial pueda justi-fi carse en un interés propio del Estado y especialmente pone en duda que el proceso cumpla una función epistémica. Argumenta a favor de la tesis según la cual la prueba de ofi cio destruye la imparcialidad del juzgador. Concluye sosteniendo la ilegitimidad de un modelo procesal civil que intenta sobreponer fi nes públicos a los intereses de las partes. ABSTRACT: This paper criticizes the judicial probatory initiative introduced in the labor jurisdiction on the occasion of ...

Who should prove the existence or nonexistence of some fact in a judicial proceeding? Should the Claimant help the Defendant to prove asserts of truth of particular facts or vice versa? Is there a new rule within all the rules governing the presentation of facts and proof in proceedings before courts? Those are issues of a great importance studied by scholars and courts in the last years relating to the law of evidence and this essay which provides a framework for further research gives a particularly and critic point of view influenced by a vision of the process as an instrument of freedom or as a right that point to protect freedoms.

En este ensayo cuestiono dos lugares comunes sobre la sana crítica: 1°) Que sea un sistema de valoración de la prueba; y 2°) Que sea una garantía epistémica. Concluyo que no es lo uno, ni lo otro. No es un sistema de valoración de la prueba, porque: a) No configura, en sí, un método o procedimiento que indique al juez cómo tomar sus decisiones probatorias, sino que reenvía a otros sistemas de validación del conocimiento; y b) La racionalidad que impone no opera en el iter decisional (contexto de descubrimiento), sino en la motivación de la sentencia (contexto de justificación). La sana crítica tampoco es una garantía epistémica, por lo señalado en la letra b) y porque lo que demanda del juez es, en rigor, la corrección lógica de su decisión probatoria, no su corrección epistémica.

RESUMEN: En este trabajo se critica la iniciativa probatoria judicial introducida en la jurisdicción laboral con ocasión de la reforma procesal de la Ley Nº 20.087. El autor parte por describir cómo la exclusión de la aportación de prueba del principio dispositivo no obedeció a una racionalidad técnica, sino política. Afi rma que incluso la concepción reducida del principio dispositivo defendida por el publi-cismo veda al juez toda iniciativa probatoria. Cuestiona que la iniciativa probatoria judicial pueda justi-fi carse en un interés propio del Estado y especialmente pone en duda que el proceso cumpla una función epistémica. Argumenta a favor de la tesis según la cual la prueba de ofi cio destruye la imparcialidad del juzgador. Concluye sosteniendo la ilegitimidad de un modelo procesal civil que intenta sobreponer fi nes públicos a los intereses de las partes. ABSTRACT: This paper criticizes the judicial probatory initiative introduced in the labor jurisdiction on the occasion of the process reform of Law N° 20.087. The author begins by describing how the exclusion of contributing the proof in the dispositive principle obeyed not to a technical but to a political rationality. He claims that even the reduced conception of such principle defended by the publicism ban the judge from any probatory intiative. He questions that the judicial probatory initiative can be justifi ed in a self-interest of the State and especially doubts whether the process fullfi lls an epistemic function. Argues for the thesis under which the proof suministred by the judge himself automatically destroys the impartiality of the judge. He concludes by sustaining the idea of the illegitimacy of a model of civil process that attempts to overcome public purposes to the interests of the parties.

Sumario: I. Introducción. II. Los medios de prueba en los procesos laborales. III. La valoración de la prueba en los procesos laborales. IV. ¿Existen particularismos del Derecho Laboral en relación a los medios de prueba y su valoración? V. Reflexión final.

A partir del año 2009, los juicios que versan sobre la materia laboral se han jerarquizado e independizado de la regulación contenida en el C.G.P., instaurándose dos procesos laborales autónomos, que la Ley Nº 18.572 los denominó como "proceso laboral ordinario" y "proceso de menor cuantía". Independientemente de su regulación particular, así como del rito o procedimiento que debe llevarse a cabo en cada uno de ellos, dicha norma procesal-modificada en el año 2011 por la Ley Nº 18.847-, omitió referirse en forma directa a una multiplicidad de aspectos e institutos procesales, desde los más básicos hasta los más complejos que puedan llegar a repasarse, y no necesariamente por ello debemos criticar esta técnica legislativa, sino que, por el contrario, el propio sistema normativo previó los mecanismos adecuados para solucionar estos casos. Por ese motivo es que en el mismo sistema laboral procesal instituido, se introdujeron dos artículos de suma importancia, ya que constituyen la piedra angular del método de interpretación e integración de dicha normativa. Nos referimos a los artículos 30 y 31 de la primera de las leyes, los que fueron mantenidos sin variantes por la norma modificativa. El primero contiene las pautas concretas para que el hermeneuta lleve a cabo la tarea de interpretación de las disposiciones procesales; y el segundo instruye sobre el procedimiento a seguir en los casos de existencia de lagunas, es decir, sobre el método necesario para integrar el sistema laboral procesal.

Cuando realizas un memorial de demanda y olvidas agregar algunas cosas importantes, como a los testigos o pruebas o/y ocurren cosas nuevas antes que el juez haya dictado la Resolución, tienes derecho de modificar o ampliar la demanda, el plazo en Guatemala para Ampliar la demanda es antes o el mismo día de LA PRIMERA AUDIENCIA. El memorial de ampliación es parecido al memorial inicial de la demanda, ambos llevan apartado de Hechos, Fundamento de Derecho, Peticiones y Cita de Leyes; pero el memorial de ampliación debe llevar al inicio una Razón de Gestión.

SUMARIO: 1.-Definición y antecedentes del arbitraje. 2.-Naturaleza jurídica del arbitraje. 3.-El arbitraje en materia laboral. 4.-El arbitraje en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: 4.1.-Necesidad de acuerdo entre las partes. 4.2.-Oportunidad procesal para optar por el arbitraje. 4.3.-Constitución de la Junta de Arbitraje. Requisitos para ser árbitro. 4.4.-¿Arbitraje de derecho o de equidad?. 4.5.-Honorarios de los árbitros. 4.6.-Recursos contra el laudo arbitral.

(Artículo originalmente publicado en Libro “Ley Orgánica Procesal del Trabajo –Ensayos–”, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004).

MODELO RECURSO DE QUEJA EN PROCESO LABORAL ¿Qué hacemos si nos deniegan nuestro recurso de apelación de sentencia en el proceso laboral? (autor José María Pacori Cari). Acceda al modelo en
https://docs.google.com/document/d/1NblnAy3B7yzXQwKLdibXFcYiX6M8Zx_a/edit?usp=sharing&ouid=102604673767855461681&rtpof=true&sd=true
#MediosImpugnatorios #ProcesoLaboral

En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a los trabajadores solicitar una licencia con o
sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente.
El autor nos presenta el panorama de esta problemática

Se trata de una obra publicada por La Ley Uruguay con el auspicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Eduardo J. Couture, que reúne trabajos de 86 autores de 14 países en dos tomos de más de 2.000 páginas,  homenajeando al gran maestro uruguayo del Derecho Procesal, Eduardo J. Couture.
Aquí puede consultarse el índice, prólogo y un trabajo de mi autoría sobre el deber de veracidad y la colaboración procesal.

SUMARIO: I.-AUTONOMÍA O ESPECIFICIDAD DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO: 1.1.AUTORES QUE NIEGAN LA AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. 1.2.LOS PARTIDARIOS DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO: a) Autonomía Absoluta. b) Autonomía moderada. c) Posición ecléctica o de avanzada. 1.3.LA ESPECIFICIDAD DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO. II.-LA REFORMA DEL PROCESO LABORAL EN VENEZUELA: 2.1.LA APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1999. 2.2.LA SUSTITUCIÓN DE LA VIEJA LEY ORGÁNICA DE TRIBUNALES Y DE PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO POR UNA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL. 2.3.LA SOLUCIÓN DE LAS LAGUNAS EN EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO: a) La Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y su remisión al Código de Procedimiento Civil. b) Las lagunas procesales en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. c) La necesaria legalidad de las formas procesales y su corolario: la seguridad jurídica. d) La aplicación supletoria al proceso laboral de otras leyes procesales como medio de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes. e) La aplicación supletoria del Código de Procedimiento Civil al nuevo proceso laboral. III. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

(Artículo originalmente publicado en el Libro Homenaje al Dr. José Román Duque Sánchez, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003. Reimpreso en el Libro “Ley Orgánica Procesal del Trabajo –Ensayos–”, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004).

El propósito del presente trabajo es discutir el problema de la corrección de la conducta de las partes como objeto de estudio en el derecho procesal, particularmente desde la perspectiva del proceso civil venezolano, con el objeto de resaltar algunos problemas metodológicos en el estudio del llamado principio de moralidad o buena fe procesal, no solo referidos a situaciones semánticas o de técnica legislativa presentes en las normas sino adicionalmente subrayar la presencia de problemas meta éticos.

The purpose of this essay is to discuss the problem regarding the ethical standards in litigation as an issue studied by the procedural law, especially from the perspective of Venezuelan civil procedure, with the aim to point out some methodological problems within the studying of the standards of fairness and good faith in legal proceedings, as a matter of semantic or legislative technique as well as a meta-ethical problem.

En el presente ensayo se analiza, desde una perspectiva crítica, las medidas que ha tomado el Poder Judicial, producto de la digitalización derivada (y acelerada) por los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha generado una carrera por la implementación integral, a nivel nacional: del Expediente Judicial Electrónico (EJE), el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE), entre otras herramientas tecnológicas, como la audiencia virtual, cuya aplicación en materia laboral ha originado posturas a favor y en contra de su validez y legitimidad procesal.

En este artículo el autor nos plantea su particular punto de vista, conforme al cual el Tribunal del Servicio Civil viene perdiendo competencias para pronunciarse en diversas controversias que puedan suscitarse entre los empleados públicos y las entidades a las que prestan sus servicios.
Siendo de público conocimiento las dificultades que atraviesa el Sistema Judicial, que tienen características estructurales –y no meramente coyunturales–, la justicia administrativa constituye una buena alternativa para la solución de este tipo de conflictos. Esta vía se estaría cerrando, como se expone en este artículo de lectura obligatoria para los interesados.

En estas páginas ofrezco un análisis de la sentencia expedida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en virtud de la cual se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas, entregue al ciudadano solicitante determinados mensajes -enviados y recibidos- de correo electrónico que el Juez considera constituyen información pública.
En este artículo, además de mi opinión - no exenta de polémica - sobre la resolución judicial, podemos a  vuestra disposición con el ánimo de contribuir al debate sobre este tema controversial y, a la vez definitorio.

El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.

SUMARIO:  I. EL FIN TUITIVO O PROTECTOR DEL DERECHO DEL TRABAJO. II. EL PRINCIPIO PROTECTOR EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO. III. PAPEL E IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y, EN PARTICULAR, DEL PRINCIPIO PROTECTOR. IV. PROYECCIÓN DEL PRINCIPIO PROTECTOR EN EL PROCESO LABORAL. 4.1.Ausencia de formulación expresa del Principio Protector en la vieja Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo. 4.2.La aprobación de la Constitución de 1999 y su influencia sobre la Ley Orgánica Procesal del Trabajo: incorrecta formulación del Principio Protector en la nueva ley procesal. 4.3.El fin protector de las normas sustantivas laborales y su traslado al proceso laboral, como mecanismo para alcanzar la igualdad entre las partes. 4.4.Improcedencia de utilizar el Principio Protector en el proceso laboral para resolver dudas sobre los hechos o las pruebas. 4.5.Contradicción entre la sana crítica y el Principio Protector, si este se aplicara en el proceso laboral a las dudas sobre los hechos o las pruebas. 4.6.La doctrina y la jurisprudencia en torno a la aplicación del Principio Protector en el proceso laboral. V.CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES.  VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

(Artículo originalmente publicado en el Libro Homenaje al Dr. José Román Duque Sánchez, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2003. Reimpreso en el Libro “Ley Orgánica Procesal del Trabajo –Ensayos–”, editado por Fernando Parra Aranguren y publicado por el Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004).

La infracción normativa como causal de casación recogida en el ordenamiento procesal civil, es sin duda a partir de su aplicación, todavía una constante imprecisa, que requiere mayor estudio en aras de lograr la uniformidad de criterio en su empleo y lograr los fines de la Casación, recogidos en el artículo 384 del Código Procesal Civil

A partir de las ideas centrales de las corrientes doctrinarias del garantismo procesal y del publicismo, el autor analiza y evalúa su relevancia específica en el estudio y análisis del Derecho Procesal del Trabajo. Para tal fin se esbozan los aspectos centrales de una y otra doctrina, y luego se analiza en concreto su utilidad en el análisis de la configuración del proceso laboral.

Como sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del precedente Huatuco, estableció que no podrá ordenarse la reposición a plazo in-determinado de los trabajadores del sector público que, pese a acreditar la desnaturalización de sus contratos temporales, no hayan obtenido una plaza en virtud de un concurso público de méritos. La Corte Suprema, en un ejemplo más de desencuentros entre los altos tribunales, ha establecido una serie de criterios que permiten apartarse del precedente. El autor desarrolla estos criterios y propone una justificación de los mismos.

En estas páginas, el autor se ocupa de un tema respecto del cual existe un vacío: ¿cuál es el plazo dentro del cual se puede sancionar a los empleados públicos sujetos a la Ley de la Carrera Administrativa que han incurrido en infracciones susceptibles de ser castigadas con penas menores al cese temporal o la destitución?

La homologación judicial de los llamados "acuerdos espontáneos" por siniestros laborales ha sido fuente de tanta incertidumbre como problemas para los abogados y jueces del fuero. Si bien la ley 13039 reformó parcialmente el Código Procesal Laboral de Santa Fe (ley 7945) atribuyendo expresamente la competencia a los jueces del trabajo para dichas pretensiones, la normativa no dedica ninguna norma a reglar el procedimiento en sí. Precisamente, ese vacío legislativo ha incentivado la dispersión de criterios para su tramitación, cuando no su mutabilidad extrema. En este trance, el autor formula como respuesta la aplicación de las "resoluciones anticipatorias" frente a la presentación conjunta del convenio transaccional en sede judicial.

La garantía de indemnidad es una figura de origen genuinamente laboral, construida con el objeto de evitar represalias contra el trabajador que reclama contra su empresa. Ha actuado como revulsivo en el ámbito de las relaciones laborales y constituye una herramienta clave para atenuar las desigualdades inherentes a las mismas. Difícilmente podría haberse residenciado en otra rama del Derecho el origen de esta institución, estrechamente vinculada al carácter tuitivo que debe caracterizar al Derecho del Trabajo.

Han pasado casi treinta años desde que la garantía de indemnidad fue enunciada por primera vez en el seno de la jurisprudencia constitucional. Desde entonces ha ido desarrollándose de forma paulatina y ha adquirido unas dimensiones que superan con creces los esquemas iniciales sobre los que fue construida. Ahora bien, pese al tiempo transcurrido, no se han resuelto todas las dudas; muy al contrario, siguen aflorando con relativa frecuencia, fundamentalmente conectadas a sus límites, tanto subjetivos (desde el punto de vista ya sea del reclamante y sus allegados, ya sea del sujeto represivo), como objetivos (relativos a las actuaciones protegidas, especialmente a aquellas que se alejan del proceso en su consideración estricta).

La presente obra tiene como objetivo dar respuesta a estas cuestiones. Su propósito primordial es eminentemente práctico, ya que aspira a convertirse en una herramienta útil para los profesionales del derecho. Sin embargo, no renuncia por ello a abordar la vertiente teórica de esta figura y a analizar críticamente sus contornos, para así estudiar la materia con toda la profundidad que merece. Finalmente, tampoco carece de carácter propositivo, ya que se adentra en la tarea de esbozar la evolución que debería proseguir la institución en el futuro para asegurar su efectividad.

MODELO DE DEMANDA DE EJECUCIÓN DE LAUDO ECONÓMICO LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO. Se muestra como elaborar una demanda de ejecución de laudo económico laboral teniendo en cuenta la reciente publicación de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal (autor José María Pacori Cari) puede acceder al Word en
https://drive.google.com/file/d/1nweznGKnC600MYRrMQ6no5nsk9r8nqqG/view?usp=sharing
#laudolaboral #demandaejecución

En co- autoría con: Romina Miranda Alarcón, Daniela Allende y Magaly Correa

El presente informe tiene como objetivo analizar el estado actual de la regulación procesal laboral en materia de subcontratación. Para estos efectos se investiga, en primer lugar, el alcance de las acciones procesales dispuestas a favor de los trabajadores en materia de vulneración de derechos fundamentales, para luego revisar la posición procesal de la empresa principal en el contexto de la relación de subcontratación laboral, y posteriormente un análisis en torno al litisconsorcio pasivo necesario en materia procesal y su regulación normativa expresa. Por último, se expone resumidamente un análisis jurisprudencial en torno a la materia de estudio.

Este artículo discute el papel de las estadísticas y del razonamiento probabilístico en la actividad jurisdiccional. Se pretende demostrar que, al contrario de lo que usualmente se considera, el razonamiento estadístico forma parte del análisis de cualquier prueba y, por ello, decidir un caso solo con base en estadísticas no es diferente que decidirlo con base en pruebas tradicionalmente aceptadas. Por lo contrario, dado que las probabilidades no son intuitivas sino que, más bien, están sujetas a una serie de sesgos cognitivos, el juicio estadístico es más propenso a resultados correctos que las pruebas directas.

Fundamentación teórica de la centralidad de la instancia obligatoria de conciliación dentro del proceso ordinario laboral en Santa Fe, seguida de una sucinta guía de actividades que deben efectuar los abogados y los jueces laborales para que la audiencia preliminar del art. 51 del CPL resulte eficaz y eficiente.

El escueto desarrollo normativo sobre qué tipos de preguntas pueden objetarse en la rendición de una prueba testimonial laboral, ha generado la existencia de diversas clasificaciones doctrinales de interrogantes que correspondería inadmitir  en  el  curso  de  una  audiencia  de  juicio.  Con  el  propósito  de  caracterizar la facultad de objetar preguntas en un interrogatorio, se decidió aplicar el “método de casos” en el análisis de declaraciones testimoniales. En efecto, se realizó un estudio del ejercicio práctico de las objeciones efectuadas en  cien  audiencias  de  juicios  aleatorias  seguidas  ante  el  Primer  Juzgado  de  Letras del Trabajo de Santiago. Bajo dicha base de datos, pudo efectuarse un análisis con el propósito de determinar cuáles son las restricciones prácticas que mantiene actualmente el interrogatorio de testigos en materia laboral.