Íconos.

Revista de Ciencias Sociales

ISSN: 1390-1249
ISSN: 1390-8065
FLACSO Ecuador

Ulloa, Astrid; Godfrid, Julieta; Damonte, Gerardo; Quiroga, Catalina; López, Ana Paula
Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como
defensa territorial y ambiental en Argentina, Perú y Colombia
Íconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 69, 2021, Enero-Abril, pp. 77-97
FLACSO Ecuador

DOI: https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4489

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50965277005

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 Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos
locales como defensa territorial y ambiental
en Argentina, Perú y Colombia
d o ssi e r de i nve sti ga ci ó n

Community hydric monitoring: homegrown knowledge as local

and environmental defense in Argentina, Peru and Colombia

Dra. Astrid Ulloa. Profesora titular, Universidad Nacional de Colombia.

(astridulloa1@gmail.edu.co) (https://orcid.org/0000-0001-9349-5003)
Dra. Julieta Godfrid. Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y
de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina).
(julietagodfrid@hotmail.com) (https://orcid.org/0000-0002-5165-4464)
Dr. Gerardo Damonte. Profesor asociado, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Investigador principal,
Grupo de Análisis para el Desarrollo (Perú).
(gdamonte@grade.org.pe) (https://orcid.org/0000-0002-0529-2124)
Mgtr. Catalina Quiroga. Investigadora, Universidad Nacional de Colombia.
(catalina.qm@gmail.com) (https://orcid.org/0000-0003-4843-8290)
Lcda. Ana Paula López. Asistente de investigación, Grupo de Análisis para el Desarrollo (Perú).
(alopez@grade.org.pe) (https://orcid.org/0000-0003-2646-9125)

Recibido: 14/05/2020 • Revisado: 28/07/2020

Aceptado: 08/10/2020 • Publicado: 01/01/2021

Resumen
En Latinoamérica, en el contexto de la expansión de proyectos de minería a gran escala y dadas sus consecuencias socioam-
bientales y territoriales, se han implementado diversos monitoreos del agua (institucionales y empresariales) basados en
conocimientos técnicos que desvalorizan otros conocimientos. Por lo tanto, han emergido los monitoreos hídricos comuni-
tarios (MHC), una estrategia para posicionar las concepciones y los conocimientos locales como una herramienta política,
con la que se visibiliza y cuestiona los efectos de la minería en el agua. De igual manera, las comunidades han establecido
redes con la academia, las ONG y las organizaciones sociales, para así propiciar el diálogo entre sus conocimientos y los
conocimientos técnicos, con el fin de generar contranarrativas frente a los indicadores e informes institucionales o empresa-
riales sobre la calidad del agua, y como estrategia de defensa territorial frente a la minería. Nos centramos en la investigación
realizada entre 2018 y 2020 en Argentina (Veladero), Perú (Antapaccay-Expansión Tintaya) y Colombia (Cerrejón), en
donde las comunidades locales han desarrollado MHC, basados en la producción y sistematización de sus conocimientos
en torno al agua. Analizamos las asimetrías del conocimiento en contextos de desigualdad socioambiental y planteamos
la necesidad de una discusión amplia que incluya los conocimientos locales y, por tanto, formas diversas de comprender,
conocer y relacionarse con el agua y lo territorial de manera integral.
Descriptores: agua; asimetrías de conocimientos; conocimientos locales; contextos mineros; desigualdades socioambientales;
monitoreos comunitarios.
Abstract
The expansion of large-scale mining projects in Latin America has led to the application of several different institu-
tional and business-endorsed water monitoring systems. These have attempted to deal with their vast environmental
consequences. The methods are based on the devaluation of other forms of knowledge. As a response to this tendency,
community hydric monitoring (MHC in Spanish) has been proposed in order to empower community-based knowl-
edge. Alternative forms of knowledge are seen as useful ways of illuminating the impact of mining on water supplies.
Likewise, communities have been active in developing connections with Academia, NGO's and social organizations to
promote a meaningful dialogue with conventional technical paradigms. These exchanges aim to generate counter-nar-
ratives about water quality, as well as to develop a defense strategy against mining. Here we focus on the research done
between 2018 and 2020 in Argentina (Veladero), Peru (Antapaccay-Expansión Tintaya) and Colombia (Cerrejón). In
all these cases, the local population has developed its own MHC, based on local knowledge about water. We analyze the
information asymmetries resulting from socio-environmental inequality and we advocate for a wider discussion which
incorporates community-generated knowledge, and more diverse and comprehensive approaches to understanding,
knowing and relating to water and to local conditions.
Keywords: water; knowledge asymmetries; local knowledge; mining contexts; socio-environmental inequality; community
monitoring.

ÍCONOS Revista de Ciencias Sociales • n.º 69 • vol. XXV (1er. cuatrimestre) • ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065
enero-abril 2021 • www.revistaiconos.ec
https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4489 • Páginas 77-97
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Astrid Ulloa, Julieta Godfrid, Gerardo Damonte, Catalina Quiroga y Ana Paula López

1. Introducción

Con el incremento de la minería a gran escala –a cielo abierto–, en Latinoamérica se han

desencadenado múltiples conflictos en torno al agua (Bebbington y Williams 2008).
Dichos conflictos incluyen desde competencia por el agua entre la minería y la agri-
cultura (Calderón et al. 2016) hasta despojos territoriales y ambientales, que provocan
nuevas desigualdades (Göbel y Ulloa 2014); algunas están relacionadas con la contami-
nación de las fuentes hídricas y los desplazamientos o reasentamientos de comunidades
campesinas y pueblos indígenas y afrodescendientes. En particular, se ha incrementado
el acaparamiento del agua y la contaminación de ríos y demás fuentes (Caro 2018;
Idaszkin, Álvarez y Carol 2017), lo cual genera desigualdades socioambientales.
En estos contextos, se han realizado múltiples cuestionamientos a la minería y
sus efectos en el entorno, y han aumentado los conflictos ambientales. Por lo tanto,
los Estados, las empresas extractivas aun con participación local (corporaciones na-
cionales y transnacionales), y las comunidades, con perspectivas diferentes y diversas
formas de abordar los métodos técnicos, han promovido monitoreos del agua. Estos
monitoreos ambientales representan “una respuesta que busca resolver estos conflic-
tos mediante la producción de más y mejores conocimientos” (Himley 2014, 1070).
78 Las comunidades locales no consideran legítimos los monitoreos ambientales de
la actividad minera realizados por los Estados o las empresas (De Echave et al. 2009;
Sánchez Vázquez 2019). La no legitimación ciudadana con respecto a la información
producida en relación con la contaminación, la calidad del agua, la disminución en
el acceso o la falta de espacios de deliberación y participación han llevado a diversas
poblaciones a realizar monitoreos comunitarios independientes de los Estados y las
empresas (Gil 2009; Orta, Pellegrini y Arsel 2018). Si bien hay experiencias previas
en diversos monitoreos participativos basadas en conocimiento técnico, las comuni-
dades locales enfrentan barreras en la producción de conocimiento científico, pues el
producido por estas no es reconocido (Himley 2014).
Por lo tanto, emergen monitoreos articulados con los conocimientos locales y ba-
sados en experticias técnicas derivadas de la construcción de redes de conocimiento
nacionales e internacionales –academia, ONG y organizaciones sociales– que utilizan
técnicas similares a las utilizadas por el Estado o las empresas. Se incluyen observacio-
nes situadas y desde los conocimientos derivados de otras formas de relacionarse con
la naturaleza. Los conocimientos locales (indígenas, campesinos, afrodescendientes y
urbanos) se han definido como aquellos que responden a cosmovisiones, concepcio-
nes de la naturaleza, prácticas, experiencias cotidianas y relaciones con los territorios
de manera integral, en las cuales se articulan formas de manejo histórica y cultu-
ralmente situadas (Horowitz 2015; Ulloa 2019). Es decir, responden a relaciones
políticas, ambientales y territoriales basadas en otras ontologías y epistemologías, al
igual que en sus modos de vida (Escobar 2015; Ulloa 2019). Los pobladores locales,

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a partir de sus prácticas cotidianas y de su relación con el agua, tienen manejos y

conocimientos detallados de las transformaciones ambientales.
Diversas comunidades locales se han organizado con las redes de apoyo para ge-
nerar y sistematizar sus conocimientos y ponerlos a dialogar con conocimientos téc-
nicos mediante los monitoreos ambientales, monitoreos comunitarios o monitoreos
de la calidad del agua, entre otras denominaciones (Paneque-Gálvez 2019; ENDA
2017; GWW 2013; Fernández-Giménez, Ballard y Sturtevant 2008; Flores-Díaz et
al. 2013; Perevochtchikova et al. 2016). Los monitoreos ambientales o comunitarios
en torno al agua se han definido de diversas maneras; no es nuestra propuesta dar
una definición, sino plantear los monitoreos como articuladores de conocimientos.
Por ejemplo, en contextos indígenas o de ancestralidad indígena los monitoreos co-
munitarios parten de sus conocimientos como una herramienta para afirmar la sobe-
ranía y la jurisdicción en sus territorios (Wilson et al. 2018). De esta manera, en los
monitoreos, si bien se utilizan las herramientas técnicas de la legislación de control
de la calidad del agua producida generalmente por los Estados, se abordan dichas
herramientas desde un conocimiento situado que permite articularlas con las formas
de vivir en los territorios. En otras palabras, hay una apropiación del conocimiento
técnico articulado a los conocimientos locales para desarrollar una estrategia de lucha
y legitimar su posición de portadores/conocedores del agua. 79
La emergencia de monitoreos comunitarios, ambientales o del agua –los deno-
minamos monitoreos hídricos comunitarios (MHC), como los definen las comu-
nidades locales– ha respondido no solo a la falta de credibilidad en los monitoreos
institucionales y de las empresas y a la necesidad de información confiable sobre la
calidad del agua, sino también a la necesidad de posicionar los conocimientos locales
sobre sus entornos y otras nociones sobre el agua como formas válidas para realizar
muestreos y procesos de análisis técnico, que no necesariamente entran en oposición
con los conocimientos técnicos. Sin embargo, dichos conocimientos y experiencias,
por las desigualdades sociales y ambientales previas y las asimetrías de conocimientos,
no son considerados por las instituciones estatales.
Nos preguntamos: ¿qué estrategias han emprendido las comunidades por medio
de los MHC para posicionar sus concepciones y conocimientos sobre el agua como
acciones políticas de confrontación frente a los efectos causados por la actividad mi-
nera? En un contexto de asimetrías del conocimiento y desigualdad socioambiental,
argumentamos que, aun cuando las políticas e instituciones siguen la lógica del co-
nocimiento experto y la búsqueda de soluciones mediante herramientas “técnicas”
que desvalorizan otros conocimientos, emergen los MHC como una estrategia para
posicionar otras concepciones y conocimientos sobre el agua. Los MHC se tornan
en una herramienta política que visibiliza y cuestiona los efectos de la minería en el
agua. Asimismo, con los MHC se plantea la necesidad de posicionar formas diversas
de entender, conocer y relacionarse con el agua.

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El artículo se basa en la investigación y el análisis de tres experiencias de MHC

realizadas entre 2018 y 2020, a partir de un abordaje cualitativo de registros visuales,
entrevistas y diversas salidas de campo en tres países: en la provincia de San Juan y en el
departamento de Jáchal (Argentina), en la provincia de Espinar y en Lima (Perú), y en
el departamento de La Guajira y en Bogotá (Colombia). El trabajo de campo en cada
uno de los países fue realizado por un equipo local. Sin embargo, todas las herramientas
de investigación y la guía metodológica fueron desarrolladas colectivamente en varias
reuniones presenciales y virtuales en las que debatimos cada uno de los casos.
El aporte del artículo se centra en el proceso comparativo de monitoreos en con-
textos de minería a gran escala, y en posicionar los conocimientos locales como váli-
dos y claves en el seguimiento de los efectos ambientales de la minería. Otro aporte
es plantear que los MHC constituyen otra de las herramientas de defensa territorial
de las comunidades (tanto indígenas, afro y campesinas como urbanas) que buscan
incidir políticamente en los contextos mineros y propenden por la toma de decisio-
nes autónomas en los lugares y territorios que habitan.
Hemos organizado el texto en tres apartados. En el primero presentamos los de-
bates e implicaciones de los MHC como lugares de confrontación de conocimientos
en escenarios de desigualdad socioambiental. En el segundo, desarrollamos, en los
80 tres casos (Argentina, Perú y Colombia), el proceso de emergencia de los MHC, sus
estrategias y resultados. Finalmente, reflexionamos sobre el alcance de los MHC en
torno a otras formas de conocer y relacionarse con el agua.

2. Monitoreos hídricos comunitarios: disputas de conocimientos

Los Estados han desarrollado nuevas políticas ambientales y han creado instituciones
tanto para facilitar la implementación y el seguimiento de los proyectos mineros
como para ampliar su control sobre los efectos en las fuentes hídricas (Li 2009; Va-
lencia 2018). Asimismo, desde mediados del siglo XX se introdujeron en las empresas
extractivas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Tales prácticas se
consolidaron en el siglo XXI, dando paso a la reciente incorporación de monitoreos
ambientales y al relacionamiento comunitario (2002-2003), procesos influenciados
por las guías del International Council on Mining & Metals y otras instituciones que
asesoran a las empresas en materia de relacionamiento comunitario.
Dichos monitoreos responden a políticas e instituciones, cuya lógica tributa al
conocimiento experto que en la literatura se identifica como “racionalidad cien-
tificista” (Bäckstrand 2004), “tecnociencia” (Latour 1987) o “ciencia regulado-
ra” (Jasanoff 2005). En nuestro campo de análisis esta lógica implica, entre otras
cuestiones, la despolitización de lo ambiental, la búsqueda de soluciones mediante
herramientas “técnicas” (mayor cantidad de controles, instituciones, monitoreos);

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la generación de conocimiento técnico-científico (certificado por laboratorios u

organismos acreditados) y la desvalorización de otros conocimientos, todo esto en
tanto se asume la naturaleza como un elemento medible y equiparable sin impor-
tar las relaciones y los contextos locales. Esta racionalidad cientificista se sustenta
en una narrativa técnica-experta que tiende a concebir los problemas ambientales
como resolubles exclusivamente dentro del plano científico-experto y desacredita
las críticas sociales por atribuirlas a desconocimiento (Bäckstrand 2004; Budds
2012; Himley 2014).
Esta racionalidad científica incluye lo que Heikkinen et al. (2016, 214) denomi-
nan una ontología política referida “a los discursos globales como artefactos humanos
que instrumentalizan la forma social y política de enmarcar el problema mediante la
inclusión de ciertos supuestos epistémicos y métodos estandarizados para la produc-
ción de conocimiento”. En este caso, se evidencia en los supuestos epistémicos y la
estandarización de discursos y métodos en torno a los monitoreos del agua.
Los conocimientos locales se han posicionado en los debates ambientales desde la
década de los 90. A partir del Convenio de Diversidad Biológica de 1992, se han con-
solidado como aspectos clave en las políticas nacionales e internacionales de biodiver-
sidad y de cambio climático. En la actualidad, con base en dichos conocimientos, las
relaciones con la naturaleza y, en particular con el agua, se pueden abordar de manera 81
integral en los territorios y como propuestas articuladas a la conservación y el manejo
de las cuencas hídricas; así lo evidencian las cátedras Unesco relacionadas con el agua.
En las comunidades locales con contextos marcados por la conflictividad socioam-
biental, se cuestiona la información de los monitoreos acerca de la calidad del agua
producida por los Estados y las empresas; de hecho, se considera que estos actores
son parte responsable de los efectos negativos sobre el ambiente (Sánchez Vázquez
y Leifsen 2019). Otra característica de dichos contextos es la diversidad de actores
en asimetría social. Según, Parker y Pérez Valdivia (2019), en las evaluaciones am-
bientales el conocimiento experto y el sociotécnico se sobrevaloran en relación con
los conocimientos locales, generando conflictos y asimetrías del conocimiento, que
responden a desigualdades sociales.
En esa misma línea, Hess (2009) plantea que, si bien los procesos participativos
de monitoreo pueden ofrecer beneficios al partir de los conocimientos locales y su
comprensión de los sistemas socioecológicos, los procesos institucionales continúan
consolidando la ciencia como lenguaje de discusión, y tienden a favorecer a los acto-
res que manejan el conocimiento científico, lo cual refuerza las desigualdades. Por lo
tanto, frente a la “racionalidad cientificista” y los procesos de unificación y estandari-
zación de las herramientas técnicas, los monitoreos comunitarios, en general, surgen
en contextos en los cuales las empresas y los gobiernos desvalorizan la producción de
conocimientos locales argumentando que no cumple con estándares técnicos, o que
surgen en contextos donde las poblaciones no han tenido acceso a la participación o

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información sobre cuestiones ambientales que amenazan sus modos de vida (Overdevest
y Mayer 2008; ENDA 2017).
Los MHC como acciones autónomas frente a las estatales y empresariales se han
transformado en estrategia de resistencia y lucha política de diversas comunidades
–indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas– que confrontan a Estados y
empresas a través del posicionamiento de sus conocimientos y de la generación de
información propia. En estas estrategias se despliegan diferentes recursos materiales
y simbólicos, así como diversas maneras de accionar y generar conocimiento sobre
el territorio. Los conocimientos locales, que responden a cosmovisiones, concepcio-
nes de la naturaleza, prácticas, manejos, experiencias cotidianas y relaciones con los
territorios y el agua, se posicionan como otras visiones sobre la problemática hídrica
en contextos mineros.
Sin embargo, los MHC no son desarrollados exclusivamente por las comunida-
des (Jalbert, Kinchy y Perry 2013; Merlinsky 2018). De hecho, constituyen nuevos
acuerdos entre comunidades locales, la academia, las ONG y las organizaciones de
base para la producción de los conocimientos que fundamentan sus demandas po-
líticas (ENDA 2017; GWW 2013; CENSAT Agua Viva s.f.). También los MHC
parten de la necesidad de vincular de forma integral los conocimientos locales, las ex-
82 periencias cotidianas y el conocimiento técnico acerca del agua. Están directamente
relacionados con redes y procesos de incidencia política y discusión con los Estados y
otros actores en el territorio (Jalbert, Kinchy y Perry 2013; GWW 2013).
Los procesos de los monitoreos –estándares, conceptos y métodos de recolección–
pueden estar validados y legitimados tanto social como técnicamente (Flores-Díaz
et al. 2013). Con lo anterior, se complejiza la manera de entender e implementar
la gobernanza hídrica, y se confronta las formas de implementar la gobernanza ins-
titucional en lo local. De igual manera, los MHC sustentados también en conoci-
mientos técnicos permiten una demanda de democratización y transparencia en la
producción del conocimiento como una estrategia de confrontación a los sesgos o la
manipulación de datos técnicos.
Merlinsky (2018) señala que la producción de conocimientos locales resulta fun-
damental para visibilizar un problema, legitimar un reclamo, influenciar en la opi-
nión pública o evidenciar que existe un derecho violentado. Es decir, con la genera-
ción de conocimientos locales se puede cuestionar la desigualdad de poder existente
entre Estados, empresas y comunidades en contextos de extracción minera.
Los MHC forman parte de las estrategias de resistencia comunitaria en entor-
nos marcados por la minería de gran escala (Sánchez Vázquez 2019). Asimismo, los
MHC tienen varios aspectos y dimensiones que buscan la defensa de la vida, el terri-
torio y el agua. El proceso se torna en un encuentro e interacción de conocimientos
y se busca el reconocimiento de las comunidades locales en la toma de decisiones
autónomas en lo ambiental.

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3. Emergencia de monitoreos hídricos comunitarios

en Argentina, Perú y Colombia

En las comunidades ha ocurrido un proceso de “profesionalización”. Las personas

aprenden un lenguaje “experto” que les permite fortalecer sus argumentos en el pro-
ceso de confrontación con el Estado y las empresas. A su vez, la generación de cono-
cimientos locales se torna vital para detectar de manera sistemática los cambios en el
agua y sus efectos socioambientales. Al integrar formas de conocer y comprender la
calidad del agua, no solo se pone en discusión la racionalidad tecnocientífica sosteni-
da por el Estado y las empresas, sino que también se posiciona otras concepciones y
conocimientos en torno al agua. A continuación, se analiza las experiencias y emer-
gencias de los MHC liderados por las comunidades locales, a partir de tres casos.

a. Monitoreos hídricos comunitarios en Jáchal, Argentina

En Argentina la administración de los recursos naturales corresponde por Consti-

tución Nacional (1994) al dominio provincial. En San Juan, el control ambiental
minero, incluida la evaluación del aspecto hídrico, está a cargo del Ministerio de 83
Minería de la provincia. A pesar de la creciente institucionalización, el control
ambiental minero en San Juan ha estado en el centro de los cuestionamientos
sociales.
Analizamos la emergencia de los MHC en la provincia de San Juan, Argentina,
una de las principales zonas de extracción de oro del país. En el departamento de
Iglesia, se ubica la mina de oro y plata “Veladero”, de las empresas Barrick Gold y
Shandong Gold. La zona de extracción de la mina está situada en los afluentes de la
cuenca Jáchal, principal fuente hídrica del departamento de Jáchal (adyacente a la
ubicación de “Veladero”).
Desde que se comenzó a explotar la mina en 2005, los vecinos de Jáchal cuestionan
la utilización de la cuenca por parte de la mina Veladero y existe gran preocupación
entre los habitantes por los potenciales efectos negativos sobre las fuentes hídricas.
La primera experiencia de MHC se produjo en 2010 cuando un grupo de vecinos de
Jáchal estableció una red junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y
la Fundación Cambio Democrático, para presentar un proyecto1 a la Unión Europea
que les permitiera realizar un monitoreo participativo del río Jáchal. En sus propias
palabras “nos animamos a presentar un proyecto que nos diera herramientas para
dejar de ser tan solo habitantes y pasar a ser un poco más ciudadanos, con deberes,
pero también con derechos” (Zeballos 2016, 208).

1 El proyecto se denominó “Fortalecimiento de los actores de la sociedad civil para el ejercicio del derecho al agua y el control social de
la actividad minera en la región de Cuyo y NOA”.

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Los vecinos eligieron los puntos donde realizar las tres campañas de recolección de
muestras de agua (Zeballos 2016) y la institución donde se analizaría la información.
Las muestras se examinaron en el laboratorio de la Universidad Nacional de Cuyo
(UNCUYO), de la provincia de Mendoza, que fue seleccionado por la comunidad
pues consideraban a la universidad una institución autónoma de los intereses mine-
ros. La elección del laboratorio fue un punto clave, puesto que los vecinos consideran
que las instituciones de la provincia de San Juan están vinculadas de un modo u
otro la actividad minera y querían garantizar la independencia de la institución que
hiciera los análisis.
Los resultados obtenidos en 2010 les permitieron generar información propia
sobre la calidad del agua en distintos puntos del río Jáchal. Sin embargo, no gene-
raron una repercusión significativa, ni para la comunidad ni para el gobierno de la
provincia.
En el 2015, en Veladero ocurrió un derrame de alrededor de un millón de litros
de sustancia cianurada al río Potrerillos, afluente del río Jáchal (UNOPS 2016). La
empresa demoró en informar el hecho y los habitantes se enteraron a través de un
poblador que trabajaba en la mina (Zeballos 2016). Más de 8000 personas en Jáchal,
una localidad de 20 000 personas, se movilizaron para solicitar información y exigir
84 su cierre. Durante 2016 y 2017, en Veladero sucedieron dos nuevos accidentes am-
bientales, en los cuales se le desacoplaron cañerías que transportaban material mine-
ralizado (Parrilla 2016, 2017).
En ese mismo año, a raíz de los accidentes (y de un proyecto de minería de uranio
que querían instalar en la localidad), los vecinos que estaban organizados desde el
2010 más otros preocupados por la afectación de la calidad del agua del río confor-
maron la Asamblea Jáchal No Se Toca (AJNST). Por su parte, los funcionarios del
Estado de la provincia de San Juan negaron en distintas oportunidades que hubiese
existido contaminación de la cuenca Jáchal (Los Andes 2016). Los vecinos desconfia-
ban del control hídrico realizado por el Estado pues consideran que las instituciones
están “cooptadas” por el interés minero.
Para visibilizar sus cuestionamientos adoptaron un amplio repertorio de acciones
colectivas de confrontación, por ejemplo, movilizaciones, la instalación de una carpa
de manera permanente frente a la sede municipal, performance, grafitis o bloqueos de
ruta. Asimismo, llevaron adelante acciones más institucionales tales como denuncias
judiciales a funcionarios y a la empresa, presentación de proyectos de ordenanzas,
pedido de consultas populares, etc., para la concreción de estas estrategias reforzaron
sus alianzas con ONG, fundaciones y redes de abogados ambientales.
En el marco del despliegue de diversas estrategias de confrontación con el Estado
y la empresa, la comunidad de Jáchal le exigió a través de movilizaciones pacíficas al
Concejo Deliberante de Jáchal que aprobará el proyecto denominado “Agua Segura”
(aprobado mediante la Ordenanza 2694/2015). En este se estipula que el municipio

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financie la realización de monitoreos de calidad de agua y, asimismo, establece que,

mediante audiencia pública, se debe convocar a ONG, grupos ambientales, coo-
perativas y público en general para que decidan qué institución los realizará. Con
la aprobación de este programa fue posible iniciar una nueva etapa de MHC en la
cuenca Jáchal.
Los monitoreos realizados bajo el marco de este programa pueden ser definidos
como experiencias de MHC por varias razones. La primera es que los vecinos organi-
zados en asamblea pudieron decidir los puntos de muestreo para recolectar las mues-
tras y la institución que querían que realizara los análisis; además, propusieron que los
monitoreos de agua se realicen nuevamente por el laboratorio de la UNCUYO. Como
segunda razón, a diferencia de los análisis realizados por el Estado, los del programa
Agua Segura se entregan a la comunidad. En tercer lugar, la población local desem-
peña un rol clave en la lectura, comparación y difusión de los resultados. Por último,
en contraste con los análisis hídricos emitidos por las instituciones estatales o corpo-
rativas, los resultados de estos análisis cuentan con legitimación comunitaria.
La experiencia de las dos etapas de MHC se conecta en tanto los resultados pro-
ducidos durante el 2010 se tornaron centrales, ya que les permitieron a los vecinos la
comparación de datos con los del 2015 (Zeballos 2016). En particular, al comparar
los datos los vecinos detectaron un aumento de aluminio y de manganeso en el río La 85
Palca (afluente del Jáchal) en 2015 con respecto al 2010 (Zeballos 2016).
Uno de los objetivos que buscan las comunidades en los monitoreos es la posibi-
lidad de obtener información que les permita constatar aquello que perciben como
daño o efecto medioambiental negativo. Asimismo, los resultados sirven para el pro-
ceso de “contraargumentación” (Li 2009) con las autoridades del gobierno provin-
cial quienes señalaban que no se había producido contaminación de ningún tipo y
aseguraban que la Universidad de Mendoza estaba publicando datos falsos por tener
animosidad política con la provincia de San Juan.
La población local desempeña un rol central en la lectura y difusión de los análisis.
Una de las estrategias de la AJNST fue comparar los resultados de los monitoreos y
exhibir aquellos casos en la que los valores de elementos como mercurio excedieron
el límite de lo permitido por el Código Alimentario Argentino (AJNST 2019). Para
la difusión de los resultados utilizan diferentes recursos como la emisión de panfle-
tos, informes, pintadas, realización de gráficos, programas radiales, etc. Así, el uso de
nombres técnicos, valores o parámetros relativos a la cuestión hídrica resulta común
entre los miembros de la AJNST.
La adopción de tecnicismos es parte de la estrategia discursiva adoptada localmen-
te para disputar conocimiento y poder con los representantes del Estado y las auto-
ridades del gobierno provincial. Dichas autoridades asumen la posición de “quienes
conocen bien del tema”, a la vez que recurrentemente desvalorizan los conocimientos
locales, con expresiones tales como: “Quienes conocen bien el tema dicen que ha sido

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un accidente de trabajo, como le puede pasar a cualquier empresa. Fue un accidente

grave, pero sin consecuencias” (Diario Huarpe 2015).
Es clave señalar que la adopción de un lenguaje experto por parte de la organiza-
ción social en Jáchal no fue en detrimento de una politización de la cuestión ambien-
tal. Por el contrario, los comunicados de la asamblea generalmente apuntan a poner
de relieve la dimensión política del problema.

Ocultaron otro derrame de mercurio […] sí, otra vez, solo que la maquinaria de
ocultamiento del gobierno y las mineras parece funcionar mejor (AJNST 2019).

El gobierno y la Barrick MIENTEN, porque la cuenca del río Jáchal está siendo gravemente
afectada por la actividad megaminera (AJNST 2017a, mayúsculas del original).

Repudiamos el ninguneo y la discriminación que sufre el pueblo de Jáchal porque le

niegan información; porque le niegan el derecho a decidir en una consulta popular si
quiere o no megaminería metalífera en la cuenca del río Jáchal (AJNST 2017b).

Los monitoreos realizados en el 2010 y luego a partir del 2015, conjugados con la
acción política de la AJNST, han permitido el surgimiento de un espacio ciudadano
86 de generación y difusión de información fuera de la reportada por el Estado y las em-
presas. En ese sentido, para las comunidades el aporte de esos monitoreos no solo se
centra en la generación de nueva información, sino también en la estrategia política
desplegada a partir de tales resultados, que cuestiona el rol del Estado en su control
ambiental y político.

b. Monitoreos hídricos comunitarios en Espinar-Antapaccay, Perú

La realización de monitoreos ambientales en la provincia peruana de Espinar, re-

gión Cusco, donde se desarrolla el proyecto minero cuprífero Antapaccay-Expansión
Tintaya, de la empresa Glencore, surgió porque la población campesina espinarense
desconfía del monitoreo y la fiscalización ambiental dirigidos por el Estado.
En primer lugar, consideran que ellos experimentan una serie de afectaciones que
no se reflejan en estos monitoreos. En segundo lugar, denuncian las contradicciones
entre los resultados de monitoreos de diversas instituciones, que llevan a la población
a señalar que las instituciones estatales son aliadas de la empresa minera desde el nivel
central de gobierno. En tercer lugar, cuestionan la incapacidad de poner en evidencia
la causalidad entre minería y contaminación.
La desatención de las demandas por parte del Estado ha traído como consecuen-
cia una creciente movilización social. En este contexto, en las comunidades surge la
necesidad de contar con un MHC.

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Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental

En el 2012 el Estado impulsó una Mesa de Diálogo y conformó una comisión téc-
nica sobre la temática ambiental2 que excluyó a las comunidades campesinas de Espi-
nar de la discusión sobre los impactos ambientales en el río Cañipía y los efectos en la
salud de los pobladores. En este contexto, la ONG Derechos Humanos sin Fronteras
(DHSF) en alianza con la ONG Suma Marka iniciaron un proyecto para la forma-
ción de un comité de monitoreo comunitario en el río Cañipía. En la ONG Suma
Marka de Puno, se brinda asistencia técnica en el desarrollo de las metodologías de
monitoreo en campo del Programa Internacional Global Water Watch (GWW). Es
importante señalar que en el marco de este programa los datos de calidad de agua de-
ben ser suministrados a la Universidad de Alabama (EAU). Por ello, la participación
en este programa plantea una alianza global, pero también un flujo de información
hídrica local hacia un nodo central.
El monitoreo formó parte de una iniciativa para promover una gestión hídrica
integral en las regiones de Ancash y Cusco, con el apoyo de CAFOD de Inglaterra
y Gales (Catholic Agency for Overseas Development). El proyecto se inició a finales
del 2013 con la formación en el uso de kits para monitoreos de la calidad física y quí-
mica de las aguas, la elaboración de un plan de monitoreo y la capacitación para la in-
terpretación y difusión de los resultados. Los kits empleados (de las marcas LaMotte
Alabama, Water Quality Monitoring) permitieron medir pH, temperatura, turbidez, 87
oxígeno disuelto, alcalinidad y dureza totales de las aguas (CEAS 2013).
Para noviembre del 2018, el comité de monitoreo estaba integrado por miem-
bros de las comunidades locales y de la ciudad de Yauri. El grupo de trabajo se reúne
una vez al mes y toman muestras en ocho puntos claves de la cuenca del río Cañipía.
Luego realizan los procedimientos técnicos en campo para analizar los parámetros
señalados. Un miembro del equipo de Derechos Humanos Sin Fronteras guía y
vigila el monitoreo, en esta ONG, se reciben los datos proporcionados por los mo-
nitores para sistematizarlos.
El monitoreo tiene un componente de capacitación, dado que los comuneros son
entrenados por los expertos técnicos. Si bien los comuneros miembros del equipo no
conocían las fórmulas químicas utilizadas para el muestreo, ellos hacían un esfuerzo
para comprender el lenguaje técnico desde sus propias prácticas y conocimientos. Por
ejemplo, ellos memorizaban pasos, procedimientos y parámetros (pH, temperatura,
dureza, alcalinidad, turbidez), para luego evaluar la evolución y posibles efectos y
causas de los resultados, de esta manera, cambios hacia un pH ácido significaban la
posible afectación a la calidad del agua.
El objetivo del monitoreo hídrico comunitario es que las comunidades posean una
herramienta técnica que pueda ser utilizada en sus demandas y procesos de diálogo con
las empresas mineras y el Estado. Se busca que los resultados sean reconocidos como una
fuente válida de información ambiental por los distintos sectores del Estado y la socie-
2 Además, se establecieron otras mesas sobre desarrollo, responsabilidad social y de producción.

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dad. Con este fin, en 2018, los comuneros se han constituido legalmente como Asocia-
ción de Vigilantes y Monitores Ambientales de Espinar (AVMAE). Esta asociación ha
establecido alianzas con universidades, institutos y ONG, y a futuro se propone articular
estas experiencias comunitarias con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental3 para
alcanzar la autosostenibilidad económica y organizacional del monitoreo (DHSF 2014).
El principal desafío al que se enfrenta esta iniciativa es la falta de reconocimiento
por parte del Estado. Para el Estado peruano los Comités de Monitoreo Comunitario
y los Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos (CMVAP) son or-
ganizaciones que complementan la vigilancia ambiental estatal, pero que no reempla-
zan al Estado en sus competencias. En este sentido, los resultados de las evaluaciones
ambientales no se reconocen como oficiales si el Estado no dirige el monitoreo.
Sin embargo, la iniciativa ha buscado el reconocimiento oficial por otras vías, en
un primer momento, a través de una alianza con la Municipalidad Provincial en el
período de alcaldía de Oscar Mollohuanca (2011-2014), cuando se generó el Plan
de Monitoreo reconocido y financiado por el gobierno municipal. Sin embargo, el
cambio de la gestión municipal implicó la suspensión del monitoreo.
Los funcionarios de la empresa y del Estado desestiman el monitoreo comuni-
tario porque consideran que no cumple con los estándares técnicos. En particular,
88 se menciona la falta de personal técnicamente capacitado, equipos suficientemente
sofisticados y procedimientos certificados por la autoridad competente.
La asociación respondió a estos señalamientos incorporando especialistas y equi-
pamiento. Así busca erigirse como un representante experto de las comunidades con
capacidad de producir resultados validados técnicamente y evitar su manipulación
por parte de la empresa o Estado. En este sentido, la población de Espinar no rechaza
el conocimiento científico o el lenguaje técnico como tal, sino que repudian los re-
portes oficiales por considerarlos cooptados por el interés minero.
Es importante señalar el valor que la especialización técnica tiene para todos los
actores involucrados. La población de Espinar en Perú, al igual que la de Jáchal en
Argentina, ha recurrido a la “profesionalización” ciudadana para fortalecer sus argu-
mentos en la controversia sociotécnica con el Estado y las empresas.

c. Monitoreos hídricos comunitarios en el sur de La Guajira, Colombia

En Colombia el proceso de MHC en el departamento de La Guajira (municipios de

Albania, Hatonuevo y Barrancas), se realiza en las inmediaciones del yacimiento mi-
nero de carbón térmico explotado por Carbones de Cerrejón Limited, que pertenece

3 En agenda se encuentra el proyecto de la “Ley de articulación de la vigilancia y el monitoreo ambiental y social, ciudadano e indígena
en el sistema Nacional de Gestión Ambiental”, que busca articular a los Comités de Vigilancia y Monitoreo Ambiental Comunitario
(CVMAC), dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

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a un consorcio conformado por Glencore, BHP y Anglo American. La mina, que

opera desde 1983, se explota a cielo abierto.
En los últimos años, el Estado colombiano promovió la expansión minera, lo cual
ha producido múltiples conflictos entre el Estado, las empresas y la población local.
En este escenario, los pueblos wayuu y afroguajiro, y las comunidades campesinas
vienen denunciando un acceso desigual al agua y al territorio. Una de las estrategias
comunitarias para defender su derecho al agua y al territorio ha sido la realización de
monitoreos ambientales propios producidos en las redes de conocimiento y acción
política. Estas iniciativas están enmarcadas en procesos de lucha más amplios relacio-
nados con el reconocimiento de los conocimientos y las relaciones con el agua de las
comunidades.
Uno de los problemas es que los informes estatales son rechazados por las co-
munidades por considerarlos influenciados por el interés empresarial. Por ejemplo,
un habitante del Arroyo Bruno menciona: “no es Corpoguajira, es CorpoCerrejón”
(entrevista a líder de la comunidad indígena wayuu, 20 de septiembre de 2019);
otro líder del municipio de Albania agrega: “es CorpoMentira” (entrevista a líder de
Fuerza de Mujeres Wayuu, 20 de febrero de 2019). Asimismo, distintas comunida-
des han presentado demandas jurídicas –“de nulidad simple”–4 para exigir al Con-
sejo de Estado que evalúe el cumplimiento riguroso de los requisitos ambientales 89
por parte de las compañías. Al respecto, en un estudio del Centro de Investigación
y Educación Popular (CINEP) se señala:

A la fecha el Cerrejón no cuenta con el estudio de impacto ambiental que cumpla

con lo estipulado por Ley y mediante el cual se hayan valorado las nuevas condiciones
ambientales en La Guajira. […] Los pueblos wayuu y afro de La Guajira también
tienen derecho a que la empresa cumpla con los estándares para su operación, y a que
las autoridades ambientales ANLA, Ministerio del Medio Ambiente y Corpoguajira
velen por estos derechos. La demanda se dirige también a establecer las obligaciones de
las autoridades que han “dejado pasar” esos impactos ambientales y sociales (CINEP
et al. 2019, 1).

Otra de las demandas expresada por las organizaciones de base se refiere al acceso a
información fidedigna y actualizada sobre las afectaciones medioambientales (salud,
agua y aire) producidas por la mina. Los problemas en la producción de conocimien-
to técnico válido por parte de las entidades de control ambiental se han visto refor-
zados por el hecho de que un organismo como la Contraloría General de Colombia
ha señalado que la capacidad administrativa de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales no es suficiente en
materia de control ambiental (Contraloría General de la República 2017).
4 Una demanda de nulidad simple es un recurso judicial que pueden utilizar personas naturales para defender sus derechos cuando
consideran que han sido violentados por una autoridad administrativa. Más información en: https://bit.ly/3nprm2r

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Las comunidades desconfían también de la información publicada por la compa-

ñía y señalan que padecen enfermedades en la piel y dolencias estomacales debido al
manejo hídrico que hace Cerrejón. Al respecto del funcionamiento de la mina en la
zona, uno de los líderes indígenas señala:

[Ellos] acaparan el agua del río Ranchería y de todos los arroyos. No conforme con eso,
tienen 19 pozos profundos. El agua que sale de esos pozos está siendo contaminada,
ya no la están usando para el consumo. El ferrocarril pasa contaminando a todos los
arroyos, cuerpos de agua que están ahí […]. Anteriormente, uno cogía el jagüey y lo
cerraba para el consumo humano; hoy no se puede hacer eso porque hasta los animales
están saliendo con malformaciones por esa agua contaminada por el carbón (entrevista
a líder de la Fuerza de Mujeres Wayuu, 25 de febrero de 2019).

Desde el 2008, las comunidades del sur de La Guajira para generar información y
conocimiento propio sobre la mina y sus impactos ambientales se han articulado en
red con las ONG, los centros de investigación y la academia, entre ellos están: Fuerza
de Mujeres Wayuu, Centro de Investigación de Educación Popular (CINEP); Centro
Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (CENSAT Agua Viva); Colectivo de Abogados
“José Alvear Restrepo” (CAJAR); Corporación Geoambiental Terrae e Instituto de
90 Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La red de organizaciones trabaja en
procesos cotidianos de formación política y en la producción y el seguimiento de los
impactos ambientales de la mina.
Estas instancias les han permitido a las organizaciones locales discutir sobre los
procesos de reasentamiento poblacional o presentar denuncias por violaciones de
derechos humanos (CINEP et al. 2019). Una de las estrategias de las comunidades
para participar de estos espacios ha sido producir información propia y así fortalecer
los argumentos a la hora de las negociaciones.
En ese sentido, las organizaciones de la red han realizado monitoreos hídricos,
ambientales y sociales. Entre estos cabe mencionar el trabajo de monitoreo social del
CINEP acerca de las violaciones a los derechos humanos y su relación con proyectos
extractivos (CINEP et al. 2019). CENSAT Agua Viva, durante las movilizaciones loca-
les en contra de la desviación del río Ranchería, propuesta por Cerrejón en 2011, tomó
muestras en zonas afectadas. También Ana María Llorente y Julio Fierro (2019), de la
Corporación Geoambiental TERRAE, realizaron estudios que presentan evaluaciones
generales con base en los datos producidos por el Estado y las tomas de muestras loca-
les; en su análisis evidencian las afectaciones en el agua y en otros componentes bióticos
del ecosistema. Del mismo modo, está la experiencia de los monitoreos realizados por
Indepaz que desde el 2008 han apoyado a las comunidades étnicas de La Guajira en los
seguimientos relativos a los reasentamientos en el municipio de Barrancas.
En todos los procesos, los pueblos indígenas, afroguajiros y las comunidades
campesinas participan directamente en la toma de decisiones. Estos procesos, si

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bien parten de una financiación lograda por ONG y otras instituciones intere-
sadas, atienden a las necesidades locales. Estos apoyos no se limitan a un proceso
asistencial, por el contrario, son concertados localmente y es allí donde radica la
importancia de estos procesos en las formas de abordar las herramientas técnicas de
formas situadas y contextualizadas.
El estudio realizado por Indepaz consistió, por un lado, en una serie de muestreos
de agua realizados en el río Ranchería y sus afluentes, y en las aguas de los pozos con
que se abastecen comunidades reasentadas. Asimismo, se analizaron tejidos de los
animales en la zona. Las comunidades participaron en distintas fases del proceso de
monitoreo, por ejemplo, en la toma de muestras y el ejercicio general de planeación
del proceso. Por otro lado, la información obtenida se contrastó con la producida por
el Estado. El informe fue publicado en el 2019 y se tituló “Si el río suena, piedras
lleva. Sobre los derechos al agua y a un ambiente sano en la zona minera de La Gua-
jira”. Recibió el apoyo de los institutos de química ambiental de la Universidad de
Cartagena (Colombia) y de la Universidad Koblenz-Landau (Alemania). Los autores
del informe señalan

que existe un riesgo de daño ambiental en el sur de La Guajira relacionado con la

actividad minera de carbón, que incide además en el derecho al medio ambiente sano. 91
Que varias comunidades étnicas del sur de La Guajira experimentan una vulneración
de su derecho al agua en el componente de calidad de agua, que no está garantizado,
lo que puede representar un potencial riesgo en la garantía del derecho a la salud
(Fuentes et al. 2018, 123).

Los resultados de este proceso, y de los otros mencionados, han sido integrados en
las estrategias de lucha jurídica contra Cerrejón. Los MHC constituyen argumen-
tos fundamentales en los espacios de discusión con la empresa y el Estado, y han
sido muestras claras de las resistencias locales, por ejemplo, en giras internacionales,
demandas nacionales o en protesta locales. La generación de información propia
también ha permitido determinar las causas de lo que se percibe como afectación
ambiental (Caro 2018).
Con los MHC, las comunidades pueden cuestionar la minería de carbón como
imagen del progreso y desarrollo en La Guajira al poner de relieve las desigualdades
territoriales y ambientales que produce. Estos monitoreos surgen de la necesidad im-
perante de evidenciar, técnica y socialmente, problemas y vivencias con aguas conta-
minadas, salobres o no aptas para el consumo. A su vez, estos han puesto de relieve las
desigualdades en la disponibilidad y acceso al agua que generó Cerrejón, así como los
efectos que la contaminación y pérdida de calidad del agua producen en la población
local. De igual manera, demandan que se reconozcan sus conocimientos y modos
de entender lo ambiental no solo centrado en el agua, sino incluyendo también las
dimensiones territoriales y culturales.

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4. Conclusiones: formas diversas de concebir,

conocer y relacionarse con el agua

Los tres casos de MHC evidencian cómo las instituciones basadas en conocimientos
expertos desconocen los conocimientos locales y sus resultados no son incluidos en
los análisis para las licencias ambientales, lo cual genera conflictos y asimetrías del
conocimiento. Por tanto, la estrategia de las comunidades ha sido impulsar monito-
reos autónomos, independientes de los del Estado y las empresas, pues consideran a
dichas instituciones cooptadas por el interés minero.
Para ello, las comunidades se han organizado en procesos comunitarios (organiza-
ciones de base, comités, asambleas o asociaciones) y han establecido redes con la aca-
demia, las ONG y las organizaciones sociales para “apropiarse” de conocimientos téc-
nicos, sistematizar información o acceder a recursos económicos que les permitan la
realización de monitoreos locales. Asimismo, se observa que esta “profesionalización”
ha sido acompañada por un proceso de politización de la problemática socioambien-
tal. Las comunidades cuestionan no solo los informes “oficiales” producidos por los
Estados, sino también el modo en que se toman decisiones sobre la minería y sus
efectos socioambientales, sin considerar a quienes habitan en los territorios.
92 Los MHC articulan los conocimientos locales con conocimientos técnicos, y para
ello emplean kits y protocolos validados por entidades científicas (universidades o
laboratorios). La apropiación del “conocimiento técnico” por parte de las comuni-
dades locales, vía los MHC en torno a calidad y contaminación del agua y de sus
implicaciones, para la salud, por ejemplo, visibilizan los conflictos y las desigualdades
socioambientales y las asimetrías de conocimientos, que de otra manera no se pueden
problematizar. De esta manera, a nivel local se puede generar nueva información
que confronte la disponible y contribuya así a elaborar un debate más amplio sobre
las políticas ambientales, en general, y sobre el agua, en particular (Paneque-Gálvez
2019; Corburn 2005; ENDA 2017).
Los resultados de los MHC muchas veces no son reconocidos como oficiales si
el Estado no dirige el monitoreo. Sin embargo, se trata de procesos en construcción
que necesitarían institucionalizarse para no perder legitimidad social y eficacia po-
lítica. Por ello es necesario buscar mecanismos de fortalecimiento institucional que
le den mayor legitimidad social y política a los MHC. De ahí, surge la necesidad
de discutir sobre el tipo de institucionalidad que se requiere desarrollar para que
reconozca dichos monitoreos. Por ejemplo, los soportes técnicos actuales como el
GWW en el caso de Espinar suponen también connotaciones éticas vinculadas a la
apropiación del conocimiento local, mientras el reconocimiento estatal se constituye
en un elemento clave. En síntesis, es necesario buscar mecanismos que reconozcan,
complementen y legitimen los MHC, ya que por sí mismos sueles ser procesos débi-
les e ineficaces.

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Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental

Con los MHC no se logra confrontar las acciones y procesos irreversibles de la

minería; se tornan “testigos silenciosos” de las problemáticas y de los efectos de esta
actividad. No obstante, los MHC cumplen un rol fundamental para las comunida-
des, en tanto se transforman en una herramienta política para confrontar o establecer
interlocución con los Estados y las empresas, y posicionan otras maneras de producir
conocimientos en la defensa territorial.
Con base en los MHC, se propone un diálogo entre diversas maneras de producir
conocimientos como un proceso político, que busca interactuar con el conocimiento
técnico (como herramienta política) y articularlo a los conocimientos locales. Asi-
mismo, ponen en interacción diversas concepciones sobre lo ambiental, lo territorial
y sobre el agua misma. Dada la relevancia actual de los conocimientos locales, los
MHC se tornan en la posibilidad de posicionar los conocimientos en igualdad de
condiciones políticas.
Los conocimientos locales interpelan la gobernanza hídrica hegemónica y replantean
su conceptualización, dando cabida a gobernanzas plurales del agua, que responden a
diversas maneras de concebir, conocer, relacionarse y manejar el agua y a propuestas
locales frente a la minería (Ulloa et al. 2020). Asimismo, los MHC permiten posicionar
la necesidad de reconocer distintos mecanismos de control, deliberación y participación
ciudadana que consideren la dimensión política del agua. De este modo, los MHC 93
forman parte de otro tipo de acciones de resistencia emprendidas por las comunidades
en su estrategia de visibilización política y defensa del territorio ante la problemática
hídrica y frente la expansión minera. Finalmente, con los MHC se abren nuevas pers-
pectivas de investigación en torno a los conocimientos locales y las interacciones con las
diversas formas de gobernanzas del agua. De igual manera, los MHC permiten abordar
otras cuestiones hídricas relacionadas con la minería, por ejemplo, el consumo excesivo
del agua en contextos de escasez, o frente al cambio climático.

Apoyos

Este artículo es un producto del proyecto de investigación “¿Cómo mejorar la

disponibilidad y equidad en el acceso de agua? Recomendaciones para mejorar la
gobernanza hídrica en territorios andinos con extracción minera a gran escala, 2018-
2020”, desarrollado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) y la Uni-
versidad Nacional de Colombia, y financiado por la Fundación Ford.

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Cómo citar este artículo:

Ulloa, Astrid, Julieta Godfrid, Gerardo Damonte, Catalina Quiroga y Ana Paula López.
2021. “Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial
y ambiental en Argentina, Perú y Colombia”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales 69: 77-97.
https://doi.org/10.17141/iconos.69.2021.4489

ISSN: 1390-1249 • e-ISSN: 1390-8065 Páginas 77-97