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UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
“MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD

CIVIL PARA FISCALIZAR LA ACTUALIZACIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. ”.
MELVIN GEOVANNY CERNA MÉNDEZ
GUATEMALA, ABRIL DE 2019

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
“MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD

CIVIL PARA FISCALIZAR LA ACTUALIZACIÓN
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. ”.
TRABAJO DE GRADUACIÓN
PRESENTADO POR:
MELVIN GEOVANNY CERNA MÉNDEZ
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE
ABOGADO Y NOTARIO
GUATEMALA, ABRIL DE 2019

AUTORIDADES DE LA FACULTAD, ASESOR Y REVISOR
DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN
DECANO DE LA FACULTAD: M.A. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO
SECRETARIO DE LA FACULTAD: LLM. OMAR ABEL MORALES LURSSEN
ASESOR: LIC. EDWIN ROLANDO WILLIAMS ESTRADA
REVISOR: LIC. EDGAR SAÚL VILLAGRÁN MAYEN
III
IV
V
VI
REGLAMENTO DE TESIS
Artículo 9°: RESPONSABILIDAD
Solamente el estudiante, asesor y revisor serán los responsables ante terceros, del
contenido y desarrollo de los trabajos de graduación, quienes deberán hacer del
conocimiento del Decanato cualquier anomalía que se diere en el proceso de su
elaboración.
VII
INDICE
Pág.
Introducción ............................................................................................................. 1
CAPÍTULO I
1. EL ESTADO ………………………………………………………………………….. 3
1.1 Aspectos Generales ................................................................................... 3
1.1.1. Definiciones Doctrinaria de Estado ……………………………… ...... 4
1.1.2. Características del Estado…………………………………………… ... 6
1.1.3. Elementos del Estado …...………………………………………… ...... 8
1.1.4. Clases de Estados…………………………………………………… .... 9
1.2. Antecedentes Históricos ......................................................................... 10
1.2.1. Evolución Histórica del Estado de derecho en Guatemala ............ 11
1.2.2. Factores determinantes para la existencia del Estado ................... 15
CAPÍTULO II
2. DERECHO A LA SEGURIDAD….………………………………………...………. 17
2.1 Concepto de Seguridad ………………………………………………………. 19
2.1.1. Evolución del Concepto de Seguridad………………………… .......... 20
2.2. La Seguridad Ciudadana ........................................................................... 22
2.3. La Seguridad Privada ................................................................................ 30
CAPÍTULO III
3. LA SEGURIDAD EN GUATEMALA........................................................... 33
3.1 Protección a la persona ………………………………………………………. 40
3.2 Libertad e igualdad ....................................................................................... 41
3.3. La Policía Nacional Civil……………………………………………………… .... 41
3.4. El Papel de las Fuerzas Armadas …………………………..…………… ........ 46
3.5. La libertad de acción de la ciudadanía guatemalteca…………………… ...... 47
VIII
3.6. La Detención Legal…………………………………………………………… ... 47
3.7. El Derecho de Defensa……………………………………………………… .... 49
3.8. Obligaciones del Estado …………………………………………………… ..... 50
CAPÍTULO IV
4. Sistema Nacional de Seguridad contra la violencia……………………….. 52

4.1. Debilidad del Estado ante el fenómeno de la violencia y la conducta
delictiva a la realidad guatemalteca. ..................................................................... 53
4.2. Carencia de la política de seguridad publica…………………………….. ...... 54
4.3. Construcción de un sistema nacional de seguridad……………………… .... 55

4.4. Generalidades………………………………………………………………… .... 57
4.5. Definición de seguridad……………………………………………………… .... 58
4.6. La seguridad nacional desde el punto de vista del sistema…………..… ..... 58
4.7. Definición de seguridad nacional…………………………………………… .... 59
4.8. Objetivo de la seguridad nacional...………………………………………… ... 59
4.9. Estrategia de seguridad……………………………………………………….... 60
4.10. El sistema nacional de seguridad..…………...…………………………… ... 60
4.11. Definición de Sistema Nacional de Seguridad..…………………………… . 61
4.12. Objeto de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad..………… .... 62
4.13. Política nacional de seguridad……………………………………………… .. 62
CAPÍTULO V
5 MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FISCALIZAR
LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL. ..................................................................... 64
5.1 Fiscalización, control, vigilancia y auditaje social. ....................................... 65
5.2. Métodos jurídicos constitucionales de fiscalización. ................................... 67
5.3. Fines de la fiscalización y el control ciudadano hacia el sistema nacional
de seguridad.......................................................................................................... 72
5.4. Tratados internacionales que fundamental la legalidad de la fiscalización
ciudadana. ............................................................................................................. 74
IX
5.5. Procesos y procedimientos del sistema de control y fiscalización ciudadanos
contribuyentes a la eficacia, eficacia y transparencia............................................ 77
5.5.1 Sistema disciplinario de la Policía Nacional Civil………………..…… .... 78
5.5.2. Sistema disciplinario del Organismo Judicial y del Ministerio Publico…… ..... 79
5.6. Fiscalización de la ciudadanía del sistema de justicia en el departamento de
Izabal……………………………………..…………………………………………… .... 82
5.7. Fiscalización desde medios de comunicación en el departamento de Izabal…… ..... 85
Conclusiones ......................................................................................................... 87
Recomendaciones............................................................................................... .. 88
Bibliografía…………………………………………………………………………… ..... 89
ANEXOS
Formato de Entrevista a Comisario de Policía Nacional Civil Comisaria 61
Puerto Barrios Izabal. ............................................................................................ 91
Formato de encuesta sobre la situación de violencia y seguridad ciudadana en
el departamento de Izabal. .................................................................................... 93
Graficas de los resultados obtenidos en la encuesta poblacional………… ....... 94
Top de delitos obtenidos a través del sistema informático de control de casos del
Ministerio Público…. .............................................................................................. 97
X
INTRODUCCION
La presente investigación se refiere al tema Métodos Jurídicos de la
sociedad civil para fiscalizar la actualización del sistema nacional de seguridad en
el departamento de Izabal, tratando dentro, como primer punto al Estado siendo el
ente fundamental de la vida en sociedad, el encargado de brindar seguridad y
garantizar la vida, la integridad de la persona y el desarrollo, además se define de
forma clara que es el derecho a la seguridad, se trata el tema de la seguridad en
Guatemala, concatenando al Estado desde su definición, sus elementos, hasta
definir como el Estado de Guatemala proporciona seguridad dentro de su territorio
y a toda su población en sentido general.
La característica principal del tema de investigación radica en el flagelo
constante que ha sufrido el Estado y el pueblo en general con el aumento de la
corrupción y la delincuencia, a través de las encuestas realizas se presentan los
resultados de cómo ha incrementado la violencia en el departamento, cuales son
los delitos con mayor índice de incidencia y las opiniones de la población sobre
qué métodos propone la sociedad civil para coadyuvar en la seguridad ciudadana.
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, siendo
una de ellas, la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones, siendo
la población quien más sufre los vejámenes ocasionados por el alza en la
violencia.
La investigación de esta problemática se realizó por el interés de aportar
métodos jurídicos de la sociedad civil para fiscalizar la actualización del sistema
nacional de seguridad en el departamento de Izabal. Por otra parte establecer los
indicadores de cuáles son los aportes que la sociedad civil puede realizar en
cuanto a seguridad ciudadana se refiere, específicamente en el departamento de
Izabal.
En el ámbito profesional como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,
es de suma importancia realizar un aporte orientado a coadyuvar en la solución a
1
2
los problemas con mayor incidencia social, en ese orden de ideas, proponer,
orientar y contribuir con la sociedad guatemalteca y en especial del departamento
de Izabal, garantizando un aporte encaminado en la realización del bien común, el
cual está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, como
el fin supremo del Estado.

CAPÍTULO I
EL ESTADO
1.1. Aspectos Generales
El Estado, como organización política dentro de la cual se desarrollan los procesos
democráticos y el ejercicio de la democracia (una vez que ésta se ha alcanzado, si
se diera el caso), ineludiblemente debe reunir ciertos elementos para que sea
considerado como tal. En la actualidad, es muy común referirse al Estado como
a aquella conjunción de determinados elementos que son necesarios e ineludibles
para que este sea considerado como tal, es decir, elementos sin los cuales el
Estado no tendría razón de ser y cuya existencia sería prácticamente imposible en
la práctica.
Sin embargo, es importante notar que el Estado es mucho más que eso.
Pero prudente es partir de lo más sencillo, con el afán de adentrarnos de forma
paulatina en la definición que aquí servirá de base en la descripción de esa
interrelación que tiene con la democracia y sus etapas previas.
De acuerdo a una considerable mayoría de autores, el Estado debe
estar constituido con, (por lo menos), cuatro elementos básicos; a saber: 1)
territorio, 2) población, 3) gobierno, y 4) finalidad. En muchos casos, tanto el
gobierno como la finalidad pueden adquirir otras denominaciones, que al final,
vienen a dar la misma significación a términos distintos con un mismo fin. Otros
autores aseguran que no sólo son necesarios esos elementos sino que
además, se deben agregar: a) soberanía y b) orden jurídico.
Otros, incluso, le agregan aspectos de centralización y descentralización,
que no son más que aquellos aspectos ligados a su condición de ente jurídico y
3
4
que en un momento dado pueden constituirse en problemas de articulación
del mismo orden jurídico que dicho ente representa.
No obstante, algunos autores como Kelsen, consideran al Estado un
ente jurídico que no toma en consideración el aspecto puramente sociológico.
Kelsen, llega incluso a denominar al Estado como personificación del orden
jurídico, hablar de Estado a nivel teórico, es algo mucho más complejo que
simplemente enumerar esos elementos constitutivos básicos o considerarle
un ente cuya existencia obedezca con exclusividad a una disciplina social
determinada (el Derecho por ejemplo).
El Estado constituye, hoy en día, una estructura compleja que abarca no
sólo aquello que puede verse físicamente, sino que ciertamente conlleva, un
entramado que indudablemente incluye un marco jurídico mediante el cual ese
Estado cobra vida y que parte de una ley primaria o suprema
(Constitución), sea ésta escrita o no (como pudo ser el caso del Estado
primitivo).
1.1.1. Definición doctrinaria del Estado
Etimológicamente, la palabra “Estado” se deriva de la voz “status”, que era la
palabra otrora empleada en Roma para caracterizar la situación jurídica en que se
encontraba una persona. Era así el conjunto de sus derechos y obligaciones, sea
con respecto a la ciudad política (status civitatis), a la libertad (status libertatis), y a
su familia (status familiae). Sin embargo, fue hasta los albores de la Modernidad,
en Italia, donde empezó a utilizarse la palabra “stato" para sustituir todas las
denominaciones utilizadas para designar a los múltiples estados italianos
existentes entonces.
5
A través de la historia misma del Estado, no han sido pocos los estudiosos
y pensadores que han llevado a cabo innumerables intentos por definirlo, lo
cual, ciertamente, ha sido una tarea que, las más de las veces, ha resultado
complicada y difícil de llevar a cabo. Aquí, se ha considerado oportuno partir de
la realización de una breve separación entre el Estado como concepto, y el
Estado como una comunidad política, cuya existencia, composición y
funcionamiento, es necesario analizar desde la óptica de la Ciencia Política,
aún y cuando en reiteradas ocasiones se le haya querido ver solamente
como la personificación de un determinado orden jurídico previamente
establecido, lo cual, a estas alturas del desarrollo de las ciencias sociales, es
un error que no se puede obviar y que vale la pena evidenciar, ya que si ese
fuera el caso, el Estado sería más bien el objeto de estudio del derecho (o de la
teoría constitucional en su defecto), más que de la disciplina a la que por
antonomasia le corresponde su estudio en realidad.
Esmein define al Estado como la "personificación jurídica de la nación".
Biscaretti Di Ruffia define al Estado como "ente social que se forma cuando en un
territorio determinado se organiza jurídicamente en un pueblo que se somete a la
voluntad de un gobierno"
Según Adolfo Posada, el Estado, “es una organización social constituida en
un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él, un
poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento
social que en cada momento asume la mayor fuerza política”
Para Duguit: el Estado la “agrupación humana fijada sobre un territorio
determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles". Para
Marx, el Estado es la “organización política de la clase económicamente
dominante”, decía que es un "instrumento de dominación de clases”. (Antokoletz)

6
“Organización jurídica y política de una población en un territorio determinado”.
Para George Jellinek el Estado “es una corporación constituida por un pueblo y
dotada de un poder originario”.
Para Jean J. Rousseau el Estado es la "asociación política libremente
fundada por los partícipes del contrato social". Kelsen dice que el Estado es una
"ordenación de la conducta humana": Mortati define al Estado como un
"ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en
un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos
que pertenecen a él".
Pellet Lastra dice que: "el Estado es una sociedad conformada por un grupo
humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de
poder está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales.
Tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la
comunidad internacional".
De acuerdo al conjunto de conceptos proporcionados por los diversos
juristas se puede establecer que el Estado es una conformación de diversos
elementos, que si bien es cierto tienen una existencia independiente uno del otro,
la única forma de que su existencia trascienda es que los mismos se encuentren
unidos para formar al denominado Estado.
1.1.2. Características del Estado
Las características del Estado son aquellas que permiten que a un
determinado territorio se le reconozca como un Estado libre, soberano e
independiente. Las características formales y esenciales de todo Estado son las
de territorio, Población y Gobierno. Estas características también se les denomina
elementos del Estado, ya que como se ha venido mencionando se necesita la

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unión de estos tres caracteres o elementos para que el Estado pueda existir a
plenitud y existan en él todos los derechos, obligaciones y el reconocimiento
internacional necesario para pertenecer a diversas organizaciones internacionales
de Estados.
“Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con
los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al
mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos
humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones
internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.” 1
“El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con
aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de
Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas
comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las
naciones respectivas.”2
Por lo que los elementos o caracteres esenciales para la existencia de un
Estado son los siguientes:
-Población: Número de Habitantes de un hogar determinado. Se utiliza para
designar un conjunto o grupo humano en sentido aritmético. Ciudadanía: Nexo con
el Estado. Calidad que adquieren los Nacionales al cumplir con ciertos requisitos
que señalan las leyes.
-El territorio: El estudio debe ser reflexivo, metódico, sistemático. Concepto:
Es el soporte físico común de las comunidades políticas. Ámbito de validez
esencial de un sistema normativo. Hans Kensel.
1
Artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
2
8
Funciones del Territorio: Determinar en espacio territorial en donde se
desarrolla el grupo humano... El territorio significa para el Estado, una condición
para su independencia (Ámbito de Competencia).
Propiedades del territorio: El territorio constituye una limitación física de la
Soberanía Nacional. El territorio constituye un fundamento especial dentro del cual
se ejerce la soberanía.
Así mismo el poder o gobierno está conformado por la forma de administrar
el Estado, si se organiza de forma democrática o monárquica. En el caso de
Guatemala el poder radica en el pueblo quien lo delega en sus representantes
electos de forma democráticamente para que ellos tomen las decisiones que
conlleva la administración de una nación.
1.1.3. Elementos del Estado
Ya se trató el tema de las características del Estado, pero es de vital
importancia mencionar cuales son los elementos del mismo. De esa cuenta para
diferenciar los unos de los otros es ineludible definir qué es un elemento para
comprender de mejor manera el por qué, si bien es cierto ambos están
conformados por las mismas palabras, en dónde radica la diferencia y la
importancia de cada cual.
El diccionario de la Real Academia Española define la palabra elemento
como la parte que, junto con otras, constituye la base de una cosa o un conjunto
de cosas materiales o inmateriales. Mientras que la palabra característica se
define como la cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o
una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie.

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Por lo que los elementos del Estado nos sirven para conocer cuáles son
aquellas partes que lo componen, mientras que las características nos permiten
diferenciar las cualidades propias del mismo y las circunstancias que lo distinguen
de otros de su misma especie.
De esa cuenta hacemos la síntesis que los elementos del estado más
importantes son la población, territorio, gobierno y la soberanía. El Estado es una
forma de organización social dotada de soberanía, que es el poder supremo que
reside en los ciudadanos.
1.1.4. Clases de Estados
Se pueden mencionar las siguientes clases de Estados:
Estados Simples: Son aquellos que en las relaciones internacionales se
presentan en forma individualizada, como consecuencia de su estructura individual
interna de tipo unitario. Ejemplos. Perú, Uruguay, Guatemala.
Estados Compuestos: Cada Estado miembro tiene los poderes en relación
con su territorio (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y además de los poderes
locales, existen los Poderes Federales, con atribuciones propias, cuyo espacio
abarca la totalidad del Estado. Las principales figuras del Estado compuesto son la
unión real, la unión personal, la incorporación, la federación y la confederación.
Están comprometidas dos o más soberanías, pero desde el punto de vista de las
relaciones exteriores actúa como una sola. Ejemplos: México, Venezuela, Estados
Unidos de América.
10
Unión Personal: Es la unión de dos o más Estados a través de un vínculo
personal del soberano y se da el caso cuando las leyes sucesorias de dos países
elevan al trono una misma persona.
Unión Real: Se basa en un hecho querido o deseado, que puede estar
contenido en un Tratado o en un acto diplomático determinado y esta misma
voluntad la que es suficiente para ponerle fin a esa unión.
Estado Federal: Desde el punto de vista del Derecho Internacional los
Estados, que antes habían aparecido como Estados soberanos en la comunidad
internacional, se unen ahora bajo la forma de Estado Federal, contándose a partir
de esta fecha como un solo sujeto en las relaciones internacionales. Ejemplo: Los
Estados Unidos de América Central de 1921 que comprendía a los antiguos
Estados. Guatemala, Honduras, Salvador y Costa Rica.
Confederación de Estados: En realidad se trata de la unión de varios
Estados con el propósito de realizar en común algún objetivo predeterminado,
generalmente de carácter político. Cada Estado conserva su propia integridad
tanto desde el punto de vista de la soberanía interior como desde el de la
soberanía exterior, limitando a ésta en aquella parte que haya dado lugar a la
confederación, los cuales son conocidos con el nombre de "casus foederis", o sea,
casos contemplados en la alianza o confederación. Ejemplo: La Confederación de
las Repúblicas de Colombia (Colombia, Venezuela y Ecuador).
1.2. Antecedentes Históricos
Los primeros Estados, en Egipto, Mesopotamia, China, la India,
Mesoamérica, los Andes, etc., surgieron, por una parte, como una delegación del
poder social en una estructura política capaz de asegurar el derecho de propiedad

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frente a competidores internos (ladrones) o externos (invasores) y, por otra, como
una organización destinada a hacer posible la realización de los trabajos
colectivos (construcción de canales, presas, acequias, etc.) necesarios para el
conjunto de la comunidad.
Estos primeros Estados se caracterizaron por ejercer un poder absoluto y
teocrático, en el que los monarcas se identificaban con la divinidad. Por
consiguiente, el poder se justificaba por su naturaleza divina, y eran las creencias
religiosas de los súbditos las que lo sustentaban. La primera experiencia política
se realizó en Grecia hacia el siglo V a.C. La unidad política griega era la polis, o
ciudad - Estado, cuyo gobierno en ocasiones fue democrático; los habitantes que
conseguían la condición de ciudadanos de la que estaban excluidos los esclavos
participaban en las instituciones políticas. Esta democracia directa tuvo su más
genuina expresión en Atenas.
1.2.1. Evolución Histórica del Estado de Derecho en Guatemala
El desarrollo del Estado guatemalteco tiene una larga historia que
podríamos remontar, incluso, a mucho tiempo antes del arribo de los
españoles a América, sin embargo, en función de aplicabilidad de aquellos
elementos que le son inherentes a esta tesis, basaremos el desarrollo
histórico partiendo del año 1821, no sólo por ser un año crucial en
virtud de haberse firmado el Acta de Independencia, sino por los
cambios políticos que ese hecho significó y que a partir de allí pueden
contarse.
Sin lugar a dudas el hecho trascendental en este lapso fue la firma
del Acta de la Independencia. Sin embargo, es importante hacer notar que

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para el año 1800 (veintiún años antes de la fecha de independencia), lo
que entonces era la Capitanía General de Guatemala, se dividía
políticamente (se componía) de quince provincias que comprendían: 4
intendencias, 29 subdelegaciones, 4 distritos político militares, 3
corregimientos y 7 alcaldías.
Todo esto era gobernado por un capitán general, que por entonces era
don José Domas y Valle, que gobernó de 1794 a 1801 y cuyas facultades
eran las mismas que los virreyes del Perú y de Nueva España. Poco se
puede decir de su administración y de los próximos cuatro capitanes
generales que tuvo el país antes de la independencia, justamente por no
haberse firmado todavía la misma y porque Guatemala era aún (obviamente),
dependiente de España. En tal sentido, no se puede hablar de la existencia
de la democracia como tal o de la búsqueda de la misma. A Domas y Valle
le siguieron: Mollinedo y Saravia; José de Bustamante y Guerra; Carlos
Urrutia y Montoya; y don Gabino Gainza.
“Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y
soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y
de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y
representativo3.”
“Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su
ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación
entre los mismos, es prohibida.”4
A partir de 1812, la situación política en la región empezó a ser
complicada (con lapsos intermitentes de aparente tranquilidad),
coincidiendo con el juramento a la Constitución española promulgada
3
4
13
en la ciudad de Cádiz, a donde se habían trasladado las cortes el 18 de marzo
de ese año (1812). Dicha Constitución fue jurada en Guatemala el 24 de
septiembre de ese mismo año, frente a la Plaza de Armas de la ciudad, que desde
entonces pasó a llamarse ―Plaza de la Constitución‖. Años después, el 15 de
septiembre de 1821, se llevó a cabo una reunión en el Palacio de Gobierno, para
tratar el asunto de si Guatemala continuaba unida a España o si, después del
proceso que ya llevaba varios años debido a las inconformidades y
expectativas de los ciudadanos, se decidía proclamar la Independencia del
país, lo cual finalmente ocurrió ese mismo día.
Luego de declarada la Independencia, y según obra en documento oficial
de la época, asumió como Jefe Político, el brigadier Gabino Gainza, (quien
ya venía ocupando el cargo de Capitán General) y se convocó a elecciones
para el 1 de marzo de 1822. Pocos meses después de declarada la
Independencia de España, Gabino Gainza e Iturbide pactaron la anexión del
Reino de Guatemala a México, misma que duró aproximadamente dos años y
que se disolvió definitivamente el 1 de julio de 1823 al ser derrocado Iturbide por
el general Santana (en México). Por entonces, el jefe de gobierno guatemalteco
era Vicente Filísola.
De acuerdo al Decreto de Independencia Absoluta de las Provincias
de Centroamérica, a partir del 19 de julio de 1823, el nombre de
Guatemala (y el resto de países centroamericanos), fue Provincias Unidas
de Centro de América, nombre que le fue cambiado el 22 de noviembre de
1824 a República Federal de Centro América, según acto celebrado por la
Asamblea Nacional Constituyente. En 1835 se realizan reformas a la
Constitución que originalmente había sido adoptada, lo cual, de alguna manera,
propició que en 1838, en San Salvador, se publicara el Decreto.

14
Los detalles de los sucesos acaecidos con ocasión de la firma del
Acta de Independencia, incluyendo la participación histórica de personajes
como doña Dolores Bedoya de Molina o don Basilio Porras, no se tocarán
aquí, ya que lo que interesa es el acontecimiento político que significó aquella
fecha y sus resultados, más que el mismo proceso histórico en sí.
Hacia 1962, se dieron las hoy llamadas ―jornadas de marzo y abril
manifestaciones de descontento hacia el gobierno (gobernaba Ydigoras
Fuentes, quien fue derrocado el 31 de marzo de 1963) y surgimiento de
nuevos brotes subversivos.
En 1965 se promulga la nueva Constitución, la cual reiteraba el
carácter anticomunista del Estado y que, a decir de algunos expertos
en derecho constitucional, es la peor Carta Magna que ha tenido el país. Ya en
los años 70, merece especial mención el gobierno de Kjell Eugenio
Laugerud García, no sólo por el hecho de que debido a la ilegitimidad de
su mandato, fue un período caracterizado por la inestabilidad, lo cual
afectó seriamente los aspectos políticos y económicos del país, además de
tener que afrontar el embate del terremoto de 1976.
A partir de allí, y hasta 1985, se vivió una década en la que los
fraudes electorales y golpes de Estado no faltaron, década en la que
además se recrudeció la guerra interna, los asesinatos y las desapariciones
forzadas. Asimismo, no se puede obviar el inolvidable suceso de la toma de
la Embajada Española en Guatemala. En 1985, finalmente, después de la
convocatoria a elecciones, se elige al primer presidente civil (Marco Vinicio
Cerezo), con cuyo mandato se inicia el período de lo que luego se llamó
―transición hacia la democracia-.

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1.2.2. Factores determinantes para la existencia del Estado
El Estado tiene como elementos constitutivos esenciales el poder público, el
territorio y el pueblo.
a) El poder, consiste en la capacidad o autoridad de dominio, freno y
control a los seres humanos, con el objeto de limitar su libertad y reglamentar su
actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por
diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de
una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación
reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir sin un poder, absolutamente
necesario para alcanzar todos sus fines propuestos.
b) El territorio, es un elemento constitutivo del Estado. Es el elemento
físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, y la formación
estatal misma supone un territorio. Sin la existencia de éste no podrá haber
Estado. O como lo define Rodrigo Borja en la enciclopedia de la política “El
territorio es el espacio dentro del cual se ejerce el poder estatal o imperium. Como
esfera de competencia el Estado delimita espacialmente la independencia de éste
frente a otros Estados, es el suelo dentro del que los gobernantes ejercen sus
funciones”, y se cita con el ánimo de conocer la definición del personaje.
c) El pueblo, es un elemento importante en la conformación del Estado,
quizás más que el mismo territorio, algunos tratadistas del derecho admiten la
posibilidad de que pueda existir un Estado sin territorio, pero definitivamente nadie
admite que puede haber un Estado sin Población.
Carlos Larios Ochaita en su libro Derecho Internacional Público menciona
los elementos esenciales del Estado desde el punto de vista internacional. Y el
mismo indica: “Una nación organizada política y jurídicamente debe poseer
concurrentemente cuatro elementos: población, Nación, Territorio y gobierno.

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En dicho texto el autor hace mención que se entiende por nación una
comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbres y
tradiciones comunes con carácter permanente. En ocasiones se tiende a confundir
nación con población lo cual es completamente erróneo porque en un Estado
pueden convivir varias naciones por ejemplo Canadá, España, Bélgica, Rusia,
Estados unidos. A veces sucede que un Estado está formado por una sola nación,
así mismo puede darse el caso que una nación este dispersa en varios Estados,
que es el caso de la nación Kurda.
Cuando se habla del territorio se necesita que por lo menos un 80% de su
territorio se encuentre plenamente identificado.
Así mismo hay otros factores secundarios de menor importancia pero que
también son importantes al momento de tratar sobre la existencia de un Estado,
por ejemplo poseer una moneda propia, bandera, himno, sellos, flores nacionales,
escudo nacional, etc.

CAPITULO II
2. DERECHO A LA SEGURIDAD
La Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte
dogmática, específicamente del Artículo dos al cuarenta y seis, establece los
derechos individuales, del Artículo cuarenta y siete al ciento treinta y cuatro los
derechos sociales, y en el Artículo ciento treinta y cinco los derechos civiles y
políticos. Dentro de los derechos individuales están contenidos el derecho a la
vida, a la integridad física, a la seguridad y a la libertad. También reconoce el
derecho a la libre emisión del pensamiento, a la libertad de culto, a la asociación y
a la libre locomoción.
Los derechos civiles y políticos o derechos cívicos son los derechos que
protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal por parte del
poder. Dentro de los derechos sociales podemos mencionar derecho a un empleo,
derecho a la protección social, derecho a la vivienda, derecho a la educación,
derecho a la familia. Por otra parte los derechos políticos citamos el derecho a
elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del
proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas etc.
Luego la carta magna consigna algunas garantías procesales, tales como el
principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el derecho a un
proceso justo, el recurso de exhibición personal y el proceso de amparo; existen
otros derechos como el derecho de asilo, el derecho de petición, el derecho de
reunión y manifestación, y desde luego también la inviolabilidad de la
correspondencia y de la vivienda.
Dentro de los derechos sociales, nuestra Constitución, reconoce el derecho
a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la salud y el derecho al
17
18
trabajo., también se encuentra contenido el derecho a elegir y ser electo, como un
derecho político.
Las leyes constitucionales, son cuatro, siendo estas: la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos
Políticos, la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público, cada una
de ellas regula materia constitucional.
Las leyes ordinarias, son las que tienen más aplicación en la vida común
del ciudadano, son de carácter general y abstracto, creadas por el Organismo
Legislativo, dentro de las principales se encuentra la Ley del Organismo Judicial,
misma que armoniza las disposiciones fundamentales de organización y
funcionamiento del Organismo Judicial con el ordenamiento constitucional vigente,
dando mayor eficacia y funcionalidad a la administración de justicia.
El Código Penal, regula los delitos, las faltas, las penas que les
corresponden a los mismos y las medidas de seguridad. El Código Civil, regula lo
relativo a la persona y a la familia, a los bienes, al derecho de propiedad y demás
derechos reales, a la sucesión hereditaria, el Registro de la Propiedad, las
obligaciones en general y los contratos en particular. El Código de Comercio,
regula al comerciante y sus auxiliares, las obligaciones profesionales de los
comerciantes, las cosas mercantiles y las obligaciones y contratos mercantiles. El
Código de Trabajo regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores,
con ocasión del trabajo, y las instituciones para resolver sus conflictos. En materia
procesal, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con el Código Procesal Civil y
Mercantil y el Código Procesal Penal.
Juicios interpretativos, la Constitución Política de la República de
Guatemala, instituye que en toda sentencia los jueces observarán el principio de

19
que la Constitución prevalece sobre toda ley o disposición de rango inferior. Es
esta una coronación del valor normativo de la misma y debe ser entendido como
un principio regulador que obliga a los jueces a realizar una interpretación
teleológica de las normas constitucionales, para afirmar una interpretación acorde
a los principios y fines de un Estado social y democrático de derecho.
Conforme con la Ley del Organismo Judicial específicamente en el artículo
10, los procedimientos de interpretación son los subsiguientes: gramatical, que
atiende al sentido propio de sus palabras; sistemático, que hace crónica al
contexto; auténtica, cuando predominan las definiciones dadas por el legislador y
consigna al fin a la equidad y los principios generales del derecho.
2.1 Concepto de Seguridad
En el idioma de las ciencias sociales, seguridad es un concepto discutido,
ya que no existe un consentimiento generalizado sobre su significado. En
ocupación de las personas, sus ideas, cultura y precepciones de la realidad el
término seguridad obtiene un valor distinto.
Este hecho se ve asentido por el significativo número de definiciones de
seguridad que han aparecido, sobre todo a partir de la última etapa de la guerra
fría. Seguridad nacional, seguridad común, seguridad colectiva, seguridad
compartida, seguridad humana o seguridad cooperativa; confeccionan una
representación de lo que sus doctrinarios razonan que debe ser entendido por
seguridad y lo que es quizás más importante, cómo obtenerla.
En los postreros años, a los conocimientos ya citados se les han ido
acoplando los de seguridad sostenible, así como conceptos heterogéneos tales
como poder duro, poder blando o poder inteligente.

20
2.1.1. Evolución del Concepto de Seguridad
Habitualmente, el Estado ha establecido el objeto concerniente de la
seguridad. El Estado se apropia la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y
demanda su acatamiento. Así, la seguridad de los ciudadanos de un país está
garantizada cuando la propia seguridad del Estado también lo está. Este tipo
tradicional de seguridad queda manifestado en el vocablo seguridad nacional que
según el autor G. Kennan referido por el Instituto Español de Estudios, es: “La
capacidad continuada de un país para proseguir su desarrollo de su vida interna
sin interferencia seria, o amenaza de interferencia de potencia extranjera"5
La seguridad nacional se manifiesta alrededor del prototipo realista, en
virtud del cual la política mundial es reiteradamente una disputa entre Estados por
el poder, bajo un entorno de anarquía, contendiendo por sus exclusivos beneficios
nacionales. En esa circunstancia, los Estados descansan en el poder militar para
asegurar esos intereses, neutralizando las intimidaciones que surgen de la fuerza
armada de otros Estados. Así, soberanía nacional y ecuanimidad de poder,
concebido como la proporción del mismo entre los distintos Estados, se
encuentran indiscutiblemente incorporados a lo que se entiende por seguridad. Se
trata de proteger, desde un punto de vista interno, los beneficios nacionales.
Dentro de este mismo modelo y durante el siglo XX, las coaliciones
formaron el perfil predominante de seguridad regional, proporcionando de esta
manera la llamada defensa colectiva con el que un grupo de países de análoga
ideología oponían resistencia a una amenaza militar semejante.
Con el fracasado modelo de la sociedad de naciones, la fundación de las
Naciones Unidas llega a resaltar el fundamento de seguridad nacional al abarcar
5
Instituto Español de Estudios Estratégicos. La Evolución del concepto de seguridad. Pág. 1.
21
en su agenda aspectos no militares. El Artículo 55 de la Carta de las Naciones
Unidas, regula que: “Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones,
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a) Niveles de vida más
elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo
económico y social; …c) el respeto universal a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos…”
Consiguientemente, la ONU establece dependencias especializadas con el
objetivo de impulsar este pensamiento en el que el individuo parece erigirse en el
centro de interés.
Esta novel perspectiva exclusiva del movimiento político liberal, se plasma
en la concepción de seguridad colectiva, por el que se relega el recurso a la
violencia como forma de proteger los aspectos nacionales; salvo en caso de
autodefensa. Para el escritor Ballesteros, citado por el Instituto Español de
Estudios Estratégicos: “La seguridad colectiva es el fruto de una decisión conjunta
de determinados países y en la que se adquiere el compromiso de condicionar las
respectivas políticas de seguridad a las de los demás, equilibrando solidariamente
las diferencias de intereses, atenuando incertidumbres y desalentando
comportamientos agresivos. Sin embargo, influido por el enfrentamiento bipolar de
la segunda mitad del siglo XX, el sistema de seguridad colectiva de la ONU,
muestra sus limitaciones”6
Lo antepuesto se menciona a la seguridad a partir de una perspectiva
externa, es decir, de los países o la asociación de países para resguardar su
seguridad en general.
6
Ibid. Pág. 2.
22
2.2. La seguridad ciudadana
En los postreros tiempos ha venido teniendo relativa fuerza una nueva
teoría, derivada de los postulados de la teoría crítica: la seguridad humana.
Los principales representantes de esta escuela, la Comission on Human
Security, de acuerdo con el autor chileno Grez Aldana: “Sostienen que el
paradigma de seguridad imperante no está en sintonía con el debate actual, ni
tampoco es capaz de explicar los complejos fenómenos y amenazas que
aparecen en la realidad del siglo XXI. Sugieren que el concepto weberiano
tradicional de seguridad estatal, concebido como el monopolio legítimo del uso de
la fuerza para defender a los ciudadanos, debe trasladar radicalmente su eje
desde un punto de vista exclusivamente estado céntrico hacia uno que incorpore y
asuma el rol que las propias personas tienen respecto de la seguridad”. 7
El Estado, no obstante continua siendo el primordial provisor de seguridad,
no es capaz de cumplir a cabalidad con dicha profesión debido al levantamiento
de fenómenos nuevos y complejos tales como: el auge de las sociedades de
masas en centros urbanos, lo que conlleva muchas veces al aumento sistemático
de delincuencia, el crimen organizado internacional, el narcotráfico y el terrorismo;
hechos que incluso pueden causar el colapso de los sistemas policiales presentes
en los países. Se hace ineludible entonces, que los ciudadanos obtengan los
instrumentos necesarios para que ellos mismos puedan encontrar los niveles de
seguridad que estimen beneficiosos, de forma que sean estos accesorios y nunca
los que sustituyan la labor del Estado.
El Sistema Nacional de Seguridad, está integrado por:
7
Grez Aldana Juan Francisco, Industria de seguridad privada en perspectiva comparada, desempeño
económico y gobernabilidad como factores clave en el crecimiento del sector. Pág. 6.
23
a) Presidencia de la República: El Presidente de la República actúa siempre
en Consejo de Ministros o de manera individual con cada ministro de
Estado. El Presidente de la República es el Comandante General del
Ejército de Guatemala y Oficial Superior de la Policía Nacional Civil. Él
representa la unidad nacional y debe velar por los intereses de toda la
población de la República.
b) Ministerio de Relaciones Exteriores: Es la institución del Estado a quien
le corresponde, bajo la dirección del Presidente de la República, la
formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las
relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o
instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación
diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos
diplomáticos y consulares.
c) Ministerio de Gobernación: es el Ministerio del Gobierno de Guatemala
responsable de la seguridad del país, con lo cual le corresponde formular
las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al
mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y
de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y
resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos
de los Ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el cargo.
d) Ministerio de la Defensa Nacional: El Ministerio de la Defensa Nacional es
el ente rector y responsable de formular las políticas o lineamientos para
hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo a la defensa de la
soberanía nacional y la integridad del territorio. Es también a su vez el
órgano de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los demás

24
Organismos del Estado, con atribuciones operativas, administrativas y
político-estratégicas.
e) Procuraduría General de la Nación: También conocida como PGN– es la
institución que constitucionalmente tiene la representación del Estado de
Guatemala y las funciones de asesoría y consultoría de los órganos y
entidades estatales, según el artículo 252 de la Constitución Política de la
República de Guatemala y el Decreto 512 del Congreso de la República, y
sus reformas. Sus actos se rigen por los criterios de legalidad,
imparcialidad, objetividad y fidelidad a los fines del Estado.
f) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres: CONRED es el
órgano responsable de coordinar con las instituciones públicas, privadas,
organismos nacionales e internacionales, sociedad civil en los distintos
niveles territoriales y sectoriales, la gestión de riesgo a los desastres, como
estrategia integral que contribuye al desarrollo sostenible de Guatemala.
g) Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE): Es la
responsable de producir la inteligencia en los campos estratégicos,
respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del
sistema. Su naturaleza es civil y actúa bajo la responsabilidad directa
del Presidente de la República.
h) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República (SAAS): Es la entidad permanente, con
organización jerárquica y profesional, con especialidad en seguridad, y de
naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina su propia Ley Orgánica.
Tiene como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad
física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus

25
respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo
y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional
y en el extranjero.
La seguridad humana integra y enaltece la teoría de seguridad tradicional
en cuatro aspectos: “Primero, en que se enfoca principalmente en el individuo y no
tanto en el Estado; segundo, en que las amenazas a la seguridad de las personas
no necesariamente tienen un correlato con las amenazas a la seguridad del
Estado; tercero, que los actores de la seguridad van más allá del Estado y cuarto;
alcanzar la seguridad humana no sólo comprende proteger a la gente sino que
también empoderaría para que pueda defenderse por sí sola”8.
Sin embargo, se debe tener en consideración que para que concurran
ajustados valores de seguridad humana o personal, es necesario que las
instituciones estatales sean consistentes y puedan promover niveles aprobados de
gobernabilidad, es decir, la seguridad estatal sería el primer paso, la base para
poder acceder luego a una segunda fase, la que se puede llamar seguridad
privada, en la cual se cubren las necesidades de seguridad que no son
desempeñadas por el Estado.
Debe tomarse en cuenta también, que desde hace varios años, la
concepción de la seguridad ciudadana, predomina la discusión sobre la batalla
contra la violencia y la delincuencia en América Latina. La locución está ligada con
una perspectiva preventiva y hasta cierto grado tolerante a los problemas de
violencia y delincuencia. El vocablo profundiza en la protección de los ciudadanos
y difiere con la idea de la seguridad nacional que dominaba el concepto público en
décadas pasadas y que se orientaba más en la protección y la defensa del Estado.
8
Ibid. Pág. 7
26
Actualmente, el tema de la seguridad ciudadana ha cobrado fuerza porque
en la dinámica social han aparecido fenómenos que es necesario nombrar,
analizar e identificar.
De acuerdo con la autora Patricia González, “La expresión de la seguridad
como un bien, o una aspiración, una condición a alcanzar en el marco analítico
que ahora utilizamos, es producto del desarrollo de los Estados-nación que
surgieron con la era moderna. Su evolución trajo consigo la necesidad de crear las
instancias necesarias que asumieran la responsabilidad de la seguridad de los
principales componentes del Estado: territorio, población y gobierno. Minimizar o
tener bajo control los estados de incertidumbre, se convirtieron en uno de los
aspectos centrales, no sólo del desarrollo del Estado sino del propio sistema
político”9.
En el párrafo anterior se destacan dos ideas, las cuales son:
a) La de seguridad como condición, es decir, visualizarla como un estado o
situación, más que un fin en sí mismo; y
b) La idea de estar libre de incertidumbres, que remite a la notación común
de la prevención y control de amenazas y riesgos como función del Estado.
Si se revisa la literatura sobre el tema se aprecian de manera general dos
grandes esferas de conocimiento: la que se ocupa de los orígenes y
consecuencias del fenómeno delincuencial, entendida como amenaza a los
individuos, sus bienes y su estabilidad; y la relacionada con las fuerzas y
estructuras que son las responsables de enfrentar dichas amenazas, como los
sistemas policiacos, las fuerzas armadas y, más recientemente, modalidades
diversas de seguridad ciudadana como la comunitaria o privada.
9
González, Patricia. Seguridad ciudadana. Pág. 12.
27
En lo que se refiere al origen de la delincuencia, existen numerosos
estudios que identifican al menos tres variables: factores socioeconómicos,
sicosociales y de la historia política del país.
Existen múltiples conceptos y nociones del término seguridad ciudadana y
su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del autor o
actor quien lo utilice. Por ejemplo, no hay consenso si la seguridad ciudadana se
refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional, como los hechos de
tránsito, desastres naturales o de tipo económico y social. Un punto en que si
concuerdan la gran mayoría de autores es que el término hace referencia a dos
niveles de la realidad.
Primero, se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres
humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un
conjunto de individuos.
En ese sentido, el término tiene un significado normativo. “Describe una
situación ideal que probablemente es inexistente en cualquier lugar del mundo,
pero que funciona dentro de la idea del orden público: como un objetivo a
perseguir”. En ese sentido se ha dicho que la seguridad ciudadana es la condición
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o despojo
intencional por parte de otros.
Segundo, se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación
real a la situación ideal; es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la
eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población
ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales
totalmente existentes.
28
Es en ese sentido, que la normativa sobre seguridad en Guatemala no
precisamente define a la seguridad como tal sino que se enfoque en las políticas
del Estado para conseguirla.
El Decreto 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley marco
del Sistema Nacional de Seguridad en lo referente a definicionales, en el Articulo
2, establece: “Para efectos de la presente ley se entiende por:
a) Seguridad de la Nación. La seguridad de la nación incluye el conjunto de
principios, políticas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones
y responsabilidades de los componentes del Estado en materia de seguridad, que
garantizan su independencia, soberanía e integridad, y los derechos
fundamentales de la población establecidos en la Constitución Política de la
República de Guatemala, consolidando la paz, el desarrollo, la justicia y el respeto
de los derechos humanos.10
b) Seguridad democrática. La seguridad democrática es la acción de Estado
que garantiza el respeto, promoción y tutela de la seguridad, al mismo tiempo que
el pleno ejercicio de los derechos humanos, mediante la creación de condiciones
que le permitan a la persona democracia, conforme a lo establecido en el Tratado
Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.”
En cuanto a la política nacional de seguridad, la literal del citado artículo
establece: “La Política Nacional de Seguridad es el conjunto de lineamientos que
definen los cursos de acción diseñados para prevenir y contrarrestar los riesgos y
amenazas que se presentan sobre las condiciones de vulnerabilidad de la
sociedad y sus instituciones. Sera aprobada por el Consejo Nacional de
Seguridad. Tiene por objeto garantizar aquellas acciones de carácter preventivo o
reactivo que el Estado debe adoptar para garantizar la consecución de los
intereses nacionales frente a cualquier amenaza, agresión o situación que por su
10
Ibid. Pág. 17.
29
naturaleza represente un riesgo para la seguridad de los habitantes o del Estado
democrático.”
La idea de orden lleva implícita la de desorden, lo cual fortalece la noción
de un estado permanente de búsqueda de una tranquilidad o paz social, que en la
realidad no corresponde con la dinámica de los procesos sociales, sujetos siempre
a una evolución compleja y cambiante, de acuerdo con los contextos y periodos

11
históricos en que estos se encuentren. Por ello como dice la autora Patricia
12
González: “Es más realista pensar la idea de una sociedad en la cual
necesariamente sufren conflictos, los que favorecen la cultura de la solución
condensada de los mismos. Esto contribuye enormemente a fortalecer las
percepciones que acompañan a la seguridad ciudadana, en la cual, el énfasis
principal está en la concepción del ser humano con conciencia y voluntad que
puede y debe incidir en su entorno social y político”. Es decir que tenga y
promueva todo tipo de espacios de expresión y participación en torno a sus
necesidades compartidas y en este caso concreto; a la construcción de la
seguridad. Esta visión tiene un carácter profundamente humano, pues considera
que todos los individuos se encuentran en un estado permanente de
corresponsabilidad entre ellos y con el Estado.
Recapitulando lo expuesto, se tienen las siguientes precisiones:
“En un sentido más analítico, la seguridad ciudadana significa adicionar la
participación de la comunidad organizada a la manifestación cotidiana del ciclo de
la seguridad compuesto por la prevención, la sanción y la rehabilitación (rol y
función de policías, rol y estructura del sistema judicial, y características y
11
30
objetivos del sistema penitenciario). En un sentido amplio, entonces, la seguridad
ciudadana es el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas,
culturales e institucionales que garantizan el adecuado y normal funcionamiento
de la comunidad y la convivencia ciudadana. Se trata en síntesis, de garantizar
una vida digna a todo ciudadano”.
Finalmente es preciso anotar lo que dice el autor Joseph T. Delos, citado
por el maestro Pereira Orozco, sobre la seguridad, quien dice: “Es la garantía
dada al individuo, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto
de ataques violentos, o que si estos llegan a producirse le serán aseguradas por la
sociedad protección y reparación”.
2.3. La seguridad privada
La seguridad privada está compuesta por una gran cantidad de electores
individuales y organizacionales que brindan servicios de seguridad, vigilancia,
protección, investigaciones y otros conexos a particulares, empresas, instituciones
reparticiones gubernamentales y otros demandantes.
Se trata de un sector económico muy joven. Las empresas de más de 30
años de existencia en el sector son la excepción más que la regla, y la inmensa
mayoría de los actuales oferentes de servicios de seguridad privada en
Latinoamérica tienen menos de 10 años de existencia.
Según el autor Grez Aldana, la seguridad privada: “Tiene relación con
decisiones personales de defender ya sea la integridad física o el patrimonio
individual de las personas y organizaciones, acto que inevitablemente deriva en un
gasto y desvió de recursos”.

31
La seguridad privada es aquel conjunto de acciones y medidas preventivas,
y sea por medio de tecnología o recursos humanos, que tienen como objetivo el
evaluar amenazas, reducir riesgos y controlar daños. De esta forma, se busca
garantizar el normal desarrollo del quehacer cotidiano frente a cualquier amenaza
y evento critico potenciales que pueden alterarlo.
Cabe mencionar que la seguridad privada, a diferencia de la pública, tienen
un componente eminentemente preventivo y situacional: es decir, apunta a las
causas más próximas del delito, se preocupa de controlar eventos específicos y
busca disminuir los riesgos de sufrirlos, pero no goza de ninguna atribución penal.
Por lo tanto, la mantención de la seguridad en la sociedad no es bajo ninguna
circunstancia una responsabilidad de los privados, sino que le corresponde al
Ámbito público.13
La institución encargada de velar por la legalidad de las Empresas de
Seguridad Privada es: La Dirección General de Servicios de Seguridad
Privada.
Las personas jurídicas deberán cumplir para su autorización, con los requisitos
establecidos en los artículos 19 y 29 de la Ley y los requisitos siguientes:
1. Solicitud indicando la descripción del servicio de segundad privada, de
conformidad con la Ley.
2. Copia del comprobante de pago del trámite administrativo de solicitud de
autorización.
3. Proyecto de la escritura de modificación de sociedad, en el caso de las ya
constituidas.
9 Pereira Orozco, Alberto y Marcelo Pablo E. Ritcher. La constitución, su concepto y aspectos generales relacionados al tema. Pag.75.
10 Grez Aldana, Juan Francisco. Ob. Cit. Pag.9.

32
4. Fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de constitución
de la sociedad anónima con sus ampliaciones y modificaciones, en el caso
que ya estuviere constituida.
5. Fotocopia legalizada de las patentes de comercio de sociedad y de
comercio de empresa mercantil, en los casos en que ya estuviere inscrita.
6. Fotocopia legalizada del acta notarial de nombramiento del representante
legal o del testimonio de la escritura pública que contenga el mandato
general con representación del mandatario debidamente inscritos, según
sea el caso.
7. Constancia original de inscripción del Registro Tributario Unificado
extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria, si ya
estuviere inscrita.
8. Declaración jurada en la que el interesado se compromete a cumplir con lo
establecido en la Ley y sus reglamentos.
9. Nómina para accionistas, representantes legales y miembros del Consejo
Administrativo.
10. Nómina de personal operativo.
11. Nómina de personal administrativo.
12. Anteproyecto administrativo.
13. Organigrama que desarrolle la estructura jerárquica del personal
administrativo de la sociedad.14
14
Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo número 417-2013, Reglamento de la Ley que Regula los Servicios de
Seguridad Privada.
CAPITULO III
3. La seguridad en Guatemala
Durante los últimos años se ha observado en el país una constante
violación a los derechos fundamentales de los individuos, lo cual ha sido producto
de la inseguridad ciudadana existente, así como también es común la existencia
de actos de agresión, de intimidación y de hostigamiento patrocinados o bien
tolerados por diversas esferas del Estado o estructuras paralelas al mismo.
Actualmente la mayor parte de las armas decomisadas no se encuentran
registradas, y hasta el día de hoy no se han implementado ninguna medida para
contar con un adecuado control. La Dirección General de Control de Armas y
Municiones -también conocida como DIGECAM– es una institución del Gobierno
de Guatemala, dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional, que tiene como
misión autorizar, registrar y controlar la importación, fabricación, almacenaje,
compraventa, transporte, tenencia y portación de las armas de fuego y municiones
que ingresan, circulan y/o egresan del territorio nacional, a través de la
autorización de las licencias respectivas, registro físico e inspecciones, para
mantener el inventario nacional.
La creación y el funcionamiento de la DIGECAM se encuentra regulada en
la Ley de Armas y Municiones. El Director y Subdirector General de Control de
Armas y Municiones, será nombrado por el Ministro de la Defensa.
El Departamento de Control de Armas y Municiones -DECAM, como era
llamado anteriormente- se crea por medio del Decreto no. 39-89 del Congreso de
la República de Guatemala, el 29 de junio de 1989, y ratificando por el entonces
33
34
presidente constitucional de Guatemala, Vinicio Cerezo Arévalo, el 29 de julio del
mismo año (Dirección General de Control de Armas y Municiones, 2012).
Dentro de la Ley de armas y Municiones en el artículo 17, capítulo único,
título II, del mencionado decreto, se establece la Dirección General de Control de
Armas y Municiones como una dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional
y en el artículo 18 se señalan sus funciones (Dirección General de Control de
Armas y Municiones, 2012).
Desde su creación hasta la fecha, ha funcionado en cinco sedes distintas
(Dirección General de Control de Armas y Municiones, 2012):
– Primera sede: Utilizada de 1989 a 1991, en la sexta avenida y sexta calle
de la zona 1 de la ciudad de Guatemala –Palacio Nacional de la Cultura-. Inició
aquí sus actividades en un espacio concedido por el Estado Mayor de la Defensa
Nacional, hasta el 30 de mayo de 1991. El fundador del departamento fue el
coronel de infantería y licenciado en aquel momento, Hugo Edmundo Sing Arzua,
quien desempeñó el cargo hasta el 31 de diciembre de 1991.
– Segunda sede: Utilizada de 1991 a 1992 y situada en la once avenida B,
32-46 y zona 5 de la ciudad de Guatemala. En este año el DECAM ya estaba
considerado como una dependencia auxiliar del Ministerio de la Defensa Nacional,
por lo que su traslado fue obligatorio para dar un mejor servicio a la ciudadanía.
– Tercera sede: Utilizada de 1993 a 1996, en la sexta calle y 3-35 de la
zona 10 de la ciudad de Guatemala. En este lugar se encontraba el antiguo
Hospital Militar. Inició sus labores el 8 de agosto de 1992 y su traslado tuvo lugar
debido a que la sede anterior tenía extensiones de espacio pequeñas, por lo que
35
no había comodidad ni para los trabajadores ni para los usuarios. Además, las
armas eran depositadas en bodegas por la misma razón.
– Cuarta sede: Utilizada de 1997 a 2007 y situada en la segunda avenida y
11-02 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Inició sus funciones en esta sede
el 1 de enero de 1997. Se contrata personal civil para que labore en esta
dependencia.
– Quinta sede -actual-: Utilizada desde el año 2007 a la fecha. Se encuentra
en la doce avenida y 31-09 de la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Durante la
administración del coronel de artillería Gabriel Sigifrido Juárez Muñoz nace la
inquietud del traslado a otra institución, con el objetivo de mejorar el servicio de
atención a los usuarios.
Visión y misión:
La visión de la Dirección General de Control de Armas y Municiones es
coadyuvar a la seguridad del Estado de Guatemala a través del registro de control
de armas y municiones, en base a lo regulado en ley, con la firmeza necesaria
para generar confianza en la sociedad (Dirección General de Control de Armas y
Municiones, 2012).
Por otro lado, su misión es autorizar, registrar y controlar la importación,
fabricación, almacenaje, compraventa, transporte, tenencia y portación de las
armas de fuego y municiones que ingresan, circulan y/o egresan del territorio
nacional, a través de la autorización de las licencias respectivas, registro físico e
inspecciones, para mantener el inventario nacional (Dirección General de Control
de Armas y Municiones, 2012).

36
Funciones y atribuciones
Las funciones y atribuciones del DIGECAM son (Ley de Armas y
Municiones, 2009):
– Registrar la tenencia de armas de fuego y extender la constancia
correspondiente.
– Autorizar, registrar y extender las respectivas licencias para la portación
de armas de fuego.
– Autorizar, registrar y controlar la fabricación, exportación, importación,
almacenaje, desalmacenaje, transporte y tránsito de armas de fuego y municiones.
– Registrar las armas del Ministerio de Gobernación y todas sus
dependencias, tal como lo establece la presente Ley.
– Registrar las armas de fuego de las instituciones y dependencias de la
administración pública que por razones de sus cargos o funciones utilicen armas
de fuego, a excepción del Ejército de Guatemala.
– Autorizar y controlar el funcionamiento de establecimientos que se
dediquen a la comercialización, importación y exportación de armas de fuego y
municiones.
– Autorizar y controlar el funcionamiento de polígonos de tiro con armas de
fuego, armerías y máquinas reacondicionadoras de municiones.
– Registrar las huellas balísticas de todas las armas de fuego.

37
– Registrar y autorizar libros y/o almacenamiento de datos electrónicos, de
los comercios y entidades deportivas que vendan armas y municiones.
– Revisar cuando lo considere necesario, en horario hábil, y por lo menos
una vez cada seis meses, el inventario físico de las armas de fuego y municiones
que se encuentren en los establecimientos comerciales y lugares de depósito.
Para tal efecto podrá inspeccionar todo el local que ocupe la entidad comercial o
depositaría.
– Inspeccionar los polígonos de tiro y armerías y sus libros de control, en el
momento que lo crea necesario.
– Autorizar y supervisar la tenencia y portación de armas de fuego de las
empresas privadas de seguridad, entidades bancadas y las policías municipales,
en apego a la presente Ley y el reglamento respectivo.
– Organizar administrativamente su funcionamiento y contratar al personal
que requiera para la realización de sus atribuciones y funciones.
– Aplicar las medidas administrativas contempladas en la ley y hacer las
denuncies ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de la
posible comisión de un delito.
– Realizar los exámenes técnicos y periciales a los solicitantes de licencia
de portación de arma de fuego, en su primera licencia.
– Llevar toda la información estadística relacionada con el registro de armas
y municiones.
38
– Colaborar con el Ministerio de Gobernación a diseñar y planificar
estrategias y mecidas para erradicar el tráfico y circulación ilícita de armas de
fuego en el país.
– Recibir, almacenar y custodiar las armas que sean depositadas ya sea
por particulares o por orden judicial.
– Emitir el documento que acredite la tenencia de las armas.
– Realizar el marcaje de las armas de conformidad con la Ley.
– Las demás que le asigne la Ley de Armas y Municiones.
Confidencialidad de la información
Toda la información recibida por la Dirección General de Control de Armas y
Municiones en relación a las armas de fuego y la que ésta deba remitir a la Policía
Nacional Civil, al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala -INACIF-, no tendrá carácter confidencial y podrá ser utilizada por
estas instituciones para procesos de investigación policial y penal.
Banco de datos
La Dirección General de Control de Armas y Municiones debe tomar la
huella balística de cada arma para su registro. Para el efecto, debe recoger y
retener las ojivas y vainas o cascabillos que arroje la prueba respectiva, para crear
el banco digital y físico de huellas balísticas.
El Gabinete de identificación de la Dirección General de la Policía Nacional
Civil, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de
Guatemala -INACIF-, tendrán acceso para realizar consultas al banco digital de

39
datos de huellas balísticas de la DIGECAM, únicamente para efectos de
investigación en los casos en los que se involucre armas de fuego.
En el caso de las armas que ya cuentan con registro en el DECAM, se
deberá solicitar nuevamente su registro en la DIGECAM, en un plazo no mayor de
tres años a partir de la vigencia de la ley antes mencionada. La DIGECAM
realizará el registro correspondiente, en tanto se cumpla con los requisitos
establecidos en la misma ley (Ley de Armas y Municiones, 2009).
Los elevados índices de violencia expuestos demuestran la grave situación
por la cual atraviesa Guatemala en lo relacionado a los elevados índices de
criminalidad.
Existe también un elevado incremento de actos de intimidación, de
amenazas, ataques a la integridad personal y violaciones de domicilio, los cuales
se encuentran dirigidos a líderes sociales y políticos y a defensores de los
derechos humanos; a operadores de justicia y periodistas.
El Articulo número 2 de la Constitución Política de la República de
Guatemala regula que: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la
Republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona”.
En la actualidad la situación de la seguridad ciudadana se encuentra
comprometida debido a la inexistencia de un cuerpo policial eficiente y por el
respeto a los derechos humanos. Es fundamental que el cuerpo policial se
dedique a otorgar la debida seguridad interna del país y además se tiene que
favorecer por parte del Estado guatemalteco al acercamiento de la policía y los
ciudadanos.
40
Lo anotado implica la disminución de la participación y de la influencia de
las fuerzas armadas en asuntos ajenos a su competencia específica, ello es, las
cuestiones de seguridad exterior.
El Articulo número 3 de la Constitución Política de la República de
Guatemala regula que: “El Estado garantiza y protege la vida humana desde su
concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”.
Es de importancia estudiar profundamente y presentar a la vez las
estrategias necesarias para dar respuesta a los riesgos prioritarios que enfrenta la
sociedad guatemalteca determinando las recomendaciones correspondientes al
Presidente de la Republica.
La sociedad guatemalteca y el Estado se encuentran bien distantes de
haber completado lo previsto en los Acuerdos de Paz. Lo anotado debido a que la
situación de seguridad pública y de las instituciones que se encuentran
encargadas de garantizarla, así como los persistentes excesos y la inexistencia de
transparencia en el gasto militar, el escaso progreso hacia la creación de la
inteligencia civil demuestran el débil avance existente, por lo que es indispensable
analizar todos los factores que han contribuido el aumento sostenido de la
violencia, así como las iniciativas del Estado que se destinen al mejoramiento de
la situación del país.
3.1. Protección a la persona
La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 1°.
Regula que: “El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a
la familia; su fin supremo es la realización del bien común”. Esta protección que
tiene obligación el Estado de prestarle a toda la población lo debe realizar a

41
través, de las instituciones que se han creado para darle seguridad en toda su
amplitud.
3.2. Libertad e igualdad
La Constitución Política de la República de Guatemala señala en el artículo
número 4 que: “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil,
tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser
sometida a servidumbre o a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres
humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”.
3.3. La Policía Nacional Civil
Durante el año 1997 fue creada la Policía Nacional Civil a través del decreto
11-97 del Congreso de la República, con la finalidad de darle cumplimiento a los
Acuerdos de Paz en el sentido de crear una policía civil encaminada a darle la
efectiva solución a los asuntos de seguridad interna.
El adecuado funcionamiento de las funciones asignadas a la Policía
Nacional Civil es fundamental para el aumento de la seguridad ciudadana y para el
mejoramiento de las relaciones entre los y las ciudadanas guatemaltecas y las
fuerzas policiales y además para la desmilitarización de la seguridad interna.
Las fuerzas civiles presentan debilidades en materia negativa a la
capacitación técnica, al presupuesto y al equipamiento, y el proceso de
transformación de la Policía Nacional Civil ha sufrido retrocesos en la sociedad
guatemalteca, de manera especial en los aspectos relacionados con la debida
profesionalización, con aspectos de presupuesto, con la carrera policial, con la

42
participación de agentes de corrupción, del crimen organizado; narcoactividad y
violación a los derechos humanos.
La debida capacitación y formación de los integrantes de la Policía Nacional
Civil es fundamental para contar con una fuerza policial moderna, eficiente y que
respete los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía guatemalteca. En
lo relacionado con la capacidad de la Policía Nacional Civil, la misma se ha
fortalecido de conformidad con las posibilidades del Estado y con la colaboración
de la comunidad internacional.
“Las fuerzas civiles muestran debilidades en materia de capacitación
técnica, equipamiento y presupuesto, y el proceso de transformación de la Policía
Nacional Civil ha sufrido retrocesos, especialmente en aspectos de presupuesto,
profesionalización, carrera policial, participación de agentes en corrupción, crimen
organizado, narcoactividad y violación de derechos humanos”.15
Son preocupantes las violaciones de los derechos humanos cometidas por
miembros de la Policía Nacional Civil. Dichas prácticas, que violan los distintos
derechos que se encuentran consagrados en la Convención Americana y puede
traer consigo la presencia de responsabilidad internacional del Estado,
incrementan la distancia y la desconfianza entre las fuerzas de la policía y los
ciudadanos y son contrapuestas a los principios democráticos de conformidad a
los cuales se sustituyó la antigua Policía Nacional Civil.
“La Academia de la Policía Nacional Civil, creada en el mismo decreto 11-
97 del Congreso de la República, además de tener problemas estructurales, de
medios y organización, ha sido debilitada por recortes consecutivos en su
15
Organización de las Naciones Unidas (ONU).Informe del seguimiento de las recomendaciones del relator
especial de Naciones Unidas, sobre independencia de jueces y abogados en Guatemala, pag.17
43
presupuesto, lo que influye decisivamente en la selección y formación del nuevo
personal policial, incidiendo eventualmente en problemas que debilitan aún mas a
la institución, como la corrupción y las violaciones a los derechos humanos”.16
“A partir del año dos mil, se visualiza una tendencia negativa para la Policía
Nacional Civil que se convierte en el principal responsable de las mas graves
violaciones a lo derechos humanos considerados prioritarios. De forma global, las
violaciones atribuidas a la Policía Nacional Civil se concentran en dos grandes
bloques.
El primero relacionado con los derechos humanos a la vida, a la integridad y
seguridad personales, y a la libertad personal; el segundo relacionado con el
derecho al debido proceso legal, en particular, el derecho a la justicia y el deber de
investigar y sancionar”.17
De conformidad con la constitución Política de la República de Guatemala,
el arresto de una persona por haber cometido un delito se tiene que llevar a cabo
de conformidad con la legislación interna y del derecho internacional, ello es, bajo
una orden y supervisión judicial y por tiempo limitado. Pero, en la práctica dichos
requisitos no se cumplen en la mayoría de los casos, inclusive en aquellos en los
cuales se ven involucrados los menores de edad, y los responsables en la mayoría
de arrestos arbitrarios e ilegales son miembros de la Policía Nacional Civil, esto se
comprobó a través de la entrevista realizada al Comisario Juan Alberto Álvarez,
Comisario de la Policía nacional Civil, de la Comisaria 61 del municipio de Puerto
Barrios departamento de Izabal.
16
Ibid.Pag.18
17
Ibid.Pag.19
44
En Guatemala no se cuenta con un registro centralizado de arresto y
detenciones, que permita la realización de un seguimiento efectivo de los
detenidos, y debido a que existen casos de obstrucción de la justicia mediante la
alteración de partes policiales.
“Conforme a las pautas internacionales que se han elaborado referente al
uso de la fuerza por parte de los agentes de seguridad pública para cumplir su
función, esa actividad debe ser necesaria y proporcional a las necesidades de la
situación y al objetivo que se trata de alcanzar”.18
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad se encuentran
debidamente representados en la Policía Nacional Civil, ya que es necesario que
se mantenga una fuerza policial multiétnica y pluricultural que fomente la
participación los miembros de los pueblos indígenas; así como también de las
mujeres en los organismos del Estado guatemalteco.
Entre las principales preocupaciones del Estado guatemalteco se encuentra
el de la seguridad ciudadana y de la participación de las Fuerzas Armadas en
actividades correspondientes a la Policía Nacional Civil. En dicho sentido, debido a
que las fuerzas anotadas no cuentan con el entrenamiento adecuado para
fiscalizar la seguridad interna, lo cual es correspondiente a una fuerza policial civil
respetuosa y eficiente de los derechos humanos que permita combatir la
delincuencia, inseguridad y violencia en el ámbito interno, tal y como lo determinan
los Acuerdos de Paz.
El Estado guatemalteco ha buscado otorgarle a las intervenciones de las
Fuerzas Armadas en tema de seguridad interna la legalidad que se requiere.
18
Ibid.
45
Durante los últimos años han existido varios militares dirigiendo el Ministerio de
Gobernación, el cual es encargado de dirigir el trabajo de la Policía Nacional Civil.
“El Ejército de Guatemala, consiente de su responsabilidad y su misión
constitucional es respetuoso del ordenamiento jurídico interno y tiene pleno
conocimiento de la existencia de leyes ordinarias que contemplan la competencia
de los diferentes entes del Estado”.19
En lo relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos
relacionados con seguridad ciudadana, el Ejército ha llevado operaciones de
manera independiente, e inclusive ha llegado a los jefes de la policía de los
distritos a que entreguen a los mandos militares locales, los informes escritos de
las actividades que llevan a cabo.
Actualmente se han minimizado los patrullajes conjuntos entre el Ministerio
de la Defensa y el Ministerio de Gobernación, realizándose los mismos solamente
en casos en que exista extrema necesidad.
Es un sistema democrático es necesaria la separación precisa y clara entre
la seguridad interior como función de la Policía Nacional Civil y la defensa nacional
como función de las Fuerzas Armadas.
La influencia sobre la seguridad ciudadana es solamente un aspecto del
amplio poder que ejercen las Fuerzas Armadas sobre el Gobierno y la sociedad
guatemalteca.
Es fundamental profundizar el proceso relativo a la desmilitarización
comenzando con la firma de los Acuerdos de Paz, fortaleciendo para el efecto el
19
MINUGUA. Informe ante la reunión del grupo consultivo para Guatemala.pag.24
46
control civil, tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. El
fortalecimiento del poder Civil tiene que ser una meta prioritaria para el Estado de
Guatemala.
3.4. El papel de las fuerzas armadas
“La militarización de la sociedad guatemalteca y la aplicación de un
particular doctrina de la seguridad nacional durante el conflicto armado,
enraizadas en la cultura guatemalteca, fueron evaluadas con el fin de repensar el
rol de las Fuerzas Armadas al firmarse los Acuerdos de Paz. Conforme a los
nuevos parámetros acordes a una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas
están a cargo de la defensa nacional, el cuidado de las fronteras y la protección de
la jurisdicción marítima, territorial y del espacio aéreo, sin participar del control
interno ni poblacional que ejercían anteriormente”.20
Es necesaria la subordinación del ejército al poder civil, así como la
adecuación de la normativa militar y del cumplimiento de su mandato
constitucional al respeto de los derechos humanos, el ejército de la disciplina
dentro de la ley, la posición apartidaría de la institución militar y la limitación de sus
deberes a la seguridad exterior.
“Por un lado, el Estado utiliza a la institución armada para cumplir con
funciones que deberían estar asignadas a dependencias civiles, bajo el pretexto
de la poca capacidad operativa de estas o su falta de presencia dentro del
territorio nacional, lo que ocasiona la persistencia de la debilidad de las estructuras
estatales y no permite su consolidación y fortalecimiento. Por el otro, el Ejercito se
ve beneficiado con esta coyuntura, pues todavía uno de sus objetivos es ejecutar
20
Ibid, Pag.25.
47
labores de acercamiento a la población, a fin de realizar tareas de inteligencia
social”.21
3.5. La libertad de acción de la ciudadanía guatemalteca
El Artículo 5°. de la Constitución Política de la República de Guatemala
regula lo relacionado a la libertad de acción, al señalar que: “Toda persona tiene
derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que
no estén basados en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser
perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción
a la misma”.
3.6. Detención legal
La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 6
regula que: “Ninguna persona puede ser detenido o presa, sino por causa de delito
o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial
competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos
deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo
que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra
autoridad.
El funcionario o cualquier otra autoridad que infrinja lo dispuesto en este
artículo será sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciaran el
proceso correspondiente”.
En concordancia con el artículo anterior el Artículo 13 del mismo cuerpo
legal regula que: No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información
21
Ibid.
48
de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes
para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él.
Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de
comunicación social, a ninguna persona que previamente no haya sido indagada
por tribunal competente.
El Artículo 7°. de la Constitución Política de la República de Guatemala
regula que “Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en
forma verbal y por escrito, de la casusa que motivó su detención, autoridad que la
ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por
el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será
responsable de la efectividad de la notificación. Los derechos del detenido se
encuentran regulados en el artículo 8 de la Constitución Política de la República
de Guatemala.
“Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en
forma que sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un
defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y
judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial
competente.”
También el Artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala
regula que: “Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar
a los detenidos o presos”. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo
que no exceda de veinticuatro horas. El interrogatorio extrajudicial carecerá de
valor probatorio: El Artículo 19 de la Constitución política de la República de
Guatemala regula que: “El sistema penitenciario debe tender a la readaptación

49
social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los
mismos, con los siguientes normas mínimas:
a) Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados
por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas,
morales, psiquiátricas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles
con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles
víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos;
b) Deben cumplir con las penas en los lugares destinados para el efecto.
Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y
c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares,
abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el
representante diplomático o consular de su nacionalidad.
La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da
derecho al detenido a reclamar al Estado la indemnización por los daños
ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenara su protección inmediata.
El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto
cumplimiento de lo preceptuado en este artículo”.
3.7. El derecho de defensa
La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 12
regula que “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos,
ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.”

50
La Constitución Política de la República de Guatemala en el Articulo 14
regula que “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el
ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los
interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente,
todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en
forma inmediata”
3.8. Obligaciones del Estado
“Según el artículo 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala
son obligaciones fundamentales del Estado:
a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa
en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra
naturaleza;
b) Promover en forma sistemática la descentralización económica
administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país;
c) Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación,
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma
eficiente;
d) Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país
procurando el bienestar de la familia;
e) Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas
proporcionándole la ayuda técnica y financiera necesaria.
f) Otorgar incentivos, de conformidad con la ley, a las empresas
industriales que se establezcan en el interior de la República y
contribuyan a la descentralización;
51
g) Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares,
mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor
número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad. Cuando
se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, el sistema de
tenencia podrá ser diferente.
h) Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la
concentración de bienes y medios de producción en detrimento de la
colectividad.
i) La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de
la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para
garantizarles su salud, seguridad y legítimos intereses económicos.
j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a
incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio
de la propiedad privada y de la ´protección al patrimonio familiar. Debe
darse al campesino y al artesano ayuda técnicas y económica;
k) Proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión;
l) Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y
exterior del país, fomentando mercados para los productos nacionales;
m) Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre
el gasto público y la producción nacional; y
n) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de
capitales nacionales y extranjeros”.
De acuerdo a lo anteriormente escrito se establece que, es obligación del
Estado de asegurarle a la población el bienestar general entre otras cosas.

CAPÍTULO IV
4. Sistema Nacional de Seguridad contra la violencia
El sistema Nacional de Seguridad, pertenece al Consejo Nacional de
Seguridad, el cual es presidido por el Presidente de la República, quien toma las
decisiones y además lo integran el Vicepresidente de la República; el Ministro de
Relaciones Exteriores; el Ministro de Gobernación; el Ministro de la Defensa
Nacional; el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado; y, el Procurador
General de la Nación.22
La violencia social, la delincuencia y su impacto actual en Guatemala
responden fundamentalmente a la falta de previsión histórica de un abordaje serio
y responsable del fenómeno. La violencia como total es imposible abordarla desde
una sola perspectiva ya que los factores que la producen corresponden a
diferentes situaciones tanto objetivas como subjetivas, tanto materiales como
psicológicas. Para la explicación de estos fenómenos es indispensable la
confluencia de interpretaciones que relacionen tanto la posición y situación social y
familiar de las personas, con dimensiones sociales, económicas y culturales así
como factores de carácter contextual e institucional.
Durante los últimos años el fenómeno de la violencia en el país ha venido
en un constante incremento a partir del año 2003 hasta la fecha, de estos hechos
de violencia cobra principal relevancia aquellos ocurridos en contra de mujeres,
niñez y juventud, fundamentalmente por el impacto social que provocan.23
La perpetración de hechos de violencia no solamente se constituye en un
fenómeno creciente sino también sus modalidades han variado, teniendo estas
una manifestación más lacerante contra la dignidad humana.
22
Articulo 9 Ley Marco de Sistema Nacional de Seguridad
23
Ver anexo 1 de resultados de la encuesta realizada a la población del departamento de Izabal
52
53
Factores como la desigualdad social y pobreza, la impunidad prevaleciente,
la rearticulación y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado
así como las secuelas del conflicto armado interno se constituyen en alguno de los
factores principales que dan origen y mantienen la violencia en niveles altos.
El Estado y sus aparatos de control, represión y prevención de la violencia y
la actividad delictual, prácticamente han sido rebasados en su accionar por los
perpetradores de estos hechos. La falta de una política de seguridad ciudadana
que parta de visión adecuada de abordaje del fenómeno, la inexistencia planes
estratégicos, la infiltración del crimen organizado en las diferentes esferas del
sistema de justicia, así como la falta de voluntad política de las autoridades, se
constituyen en agravantes de la situación.
El derecho humano a una seguridad ciudadana prácticamente es
inexistente en Guatemala, el gobierno actual no ha sabido orientar su accionar a
combatir eficazmente la violencia tanto en aquellos factores de origen como sus
manifestaciones concretas.
4.1. Debilidad del Estado ante el fenómeno de la violencia y la conducta
delictiva a la realidad guatemalteca.
El Estado de Guatemala carece de una visión adecuada de interpretación
del fenómeno de la violencia. Una de las mayores dificultades encontradas,
consiste en la inadecuada forma de percibirlo, abordarlo y conceptualizarlo por el
Estado y sus instituciones. Es evidente la falta de una visión consistente y de un
planteamiento multidimensional que dé cuenta de los orígenes, causas, factores
de relacionamiento, manifestaciones y consecuencias del fenómeno.
La falta de esta definición conceptual y explicativa repercute directamente
en el diseño de los programas de combate de la criminalidad, que para el caso
guatemalteco su énfasis se encuentra en el control y represión del delito. Dejando

54
por un lado tanto factores estructurales como subjetivos que podrían generar un
mayor impacto y mejores resultados.
En el estudio del fenómeno de la violencia existen dos grandes corrientes
que predominan, la primera es la que asocia la violencia y la conducta delictiva a
los factores estructurales y sociales del contexto en el que se desarrolla el
fenómeno y la segunda la que coloca el énfasis en los aspectos de orden
subjetivo y psicológico como las formas de interrelación personal, formas
asociativas y organizativas y los aspectos culturales. Lamentablemente para el
caso guatemalteco, no existe una política de erradicación y combate de la
violencia de carácter integral que pueda asumir aspectos de estas dos escuelas
de estudio.
El que no se cuente con un marco conceptual y una visión multidimensional
en el enfoque limita los alcances de las políticas de combate al crimen que se
impulsen. Otro efecto negativo de esta situación es la no diferenciación de
tratamiento a las diferentes manifestaciones del fenómeno. Es decir que se le da
el mismo trato a un delito X que a un delito Y o Z.
No se hace una diferenciación de las acciones dirigidas a contrarrestar la
violencia con fines específicos como la violencia política, el secuestro, el
narcotráfico, de aquella violencia motivada y cuya meta final no persigue otro fin
que el causar daño.
Esta situación limita la capacidad y la atención a la víctima del delito ya que
no se hace una clara diferenciación entre los efectos físicos de la violencia y los
psicológicos así mismo no hay un tratamiento específico a partir de las
características que la víctima como el sexo, la edad o según el móvil de violación.
4.2. Carencia de la política de seguridad publica
Si se parte que la seguridad pública ha sido definida como el conjunto de
políticas y acciones coherentes y articuladas, que tienden a garantizar la paz

55
pública por medio de la prevención y represión de los delitos y faltas contra el
orden público, mediante el sistema de control penal y el de la policía
administrativa. Y principalmente a partir de los datos de criminalidad, se puede
afirmar que Guatemala no cuenta con una política que garantice la seguridad
pública de los guatemaltecos.
Los programas que se implementan actualmente para enfrentar la violencia
y la delincuencia, privilegian las acciones punitivas a través de la policía y los
juzgados. Esto significa que el problema de la inseguridad ciudadana en el país
tenga un abordaje tradicional del problema replicando el modelo policía-justicia-
prisión. Este modelo pondera la actividad represiva del delito por las acciones
preventivas relegando estas a acciones meramente publicitarias y aisladas.
Los resultados de la aplicación de este modelo de acción no han sido
positivos. Siguen altos niveles de criminalidad la percepción del ciudadano es de
inseguridad, existe escepticismo y pérdida de confianza en el sistema de justicia.
En el imaginario social a los juzgados se les asocia con la impunidad, la
corrupción y la lentitud. Al Ministerio Público con la ineficiencia, la obstrucción de
procesos, la corrupción y la captación por poderes ocultos. Mientras tanto la
Policía Nacional Civil no goza de la confianza de la población, menos aun cuando
se ha hecho público el involucramiento de agentes de esa institución en actos
ilícitos incluso en algunos casos se percibe a estos últimos como amenaza para la
comunidad. A nivel penitenciario, se han denunciado los agudos problemas que
enfrentan las cárceles, como la precariedad material de los recintos, y de manera
más significativa, las serias deficiencias de los sistemas judiciales, como la
ineficiencia y lentitud del sistema y la sobre penalización de ciertos delitos.
4.3. Construcción de un sistema nacional de seguridad
Es de importancia llevar a cabo todos los esfuerzos posible para la
construcción de un sistema nacional de seguridad que se encargue de cumplir con

56
los objetivos de la nación guatemalteca que se encuentran establecidos en la
Constitución Política de la República de Guatemala y resumidos en la potestad del
Estado guatemalteco, al ser el mismo el único responsable de promocionar el bien
común, de consolidar el régimen de legalidad, de seguridad, igualdad, justicia,
libertad y paz. Lo anotado históricamente no se ha alcanzado, ni tampoco se
implementación y concreción, surgiendo para el efecto un conjunto de normas que
se encuentran dispersas, una institucionalidad ausente y dispersa de profesionales
del Estado en materia relacionada con la debida seguridad que debe existir en la
sociedad guatemalteca.
Debido a la grave crisis de seguridad por la cual atraviesa la sociedad
guatemalteca, la cual se refleja claramente en la falta de una adecuada
estructuración de un sistema nacional de seguridad frente a amenazas potenciales
y reales; en un crecimiento de las acciones del crimen organizado y de
delincuencia común, en un ambiente grave de la seguridad interna, en una
conflictividad social permanente, en el incumplimiento de los compromisos tanto
nacionales como internacionales que se relacionan con el crimen organizado y en
el colapso de carácter institucional en materia relacionada con la prevención frente
a desastres naturales y provocados.
Debido a lo anteriormente anotado, y tomando la responsabilidad del papel
de incidencia que en consenso se puede impulsar desde el Foro Permanente de
Partidos Políticos para un adecuado diseño, desarrollo, construcción y
fortalecimiento de políticas de Estado relativo a que la Asamblea de Secretarios
Generales le otorgo mandato a una comisión específica en relación a los
principales contenidos y lineamientos para que dentro de un proceso
multipartidario se puedan transformar en políticas de Estado independientes de
quien se encuentre encargado de asumir el poder político a largo plazo.

57
4.4. Generalidades
Los esfuerzos y el carácter multipartidario que se tiene que construir tiene
que ser altamente propositivo, intenso y corporativo, además tiene que inspirarse
en lineamientos de la Agencia Nacional Compartida relativa a la construcción del
consenso político y social que se necesita para formular políticas de seguridad
democrática de manera global e integral, como condición que implica la
disminución o la ausencia de amenazas y riesgos.
El diseño de un proyecto multipartidario incorpora sustantividad relativa a la
riqueza de documentos y de propuestas que diversos actores de la sociedad
guatemalteca, así como también distintas instituciones para la construcción de
políticas de Estado de conformidad con el derecho vigente en el país.
También otro de los factores de importancia de los partidos políticos son los
Acuerdos de Paz los cuales otorgan la oportunidad histórica de la renovación de
instituciones para que de manera articulada se pueda efectivamente garantizar a
los habitantes de la república guatemalteca en relación a su vida, justicia, libertad,
seguridad, paz y desarrollo integral. En dicha perspectiva y de la manera en que lo
establecen los Acuerdos de Paz es necesaria la modernización, mejora y
fortalecimiento del Estado, así como también de su sistema de gobierno
democrático, republicano y representativo.
Tanto la seguridad como la seguridad ciudadana son inseparables del
ejercicio por los ciudadanos de sus deberes y derechos políticos, culturales,
sociales y económicos. Los desequilibrios económicos y sociales, la pobreza y la
pobreza extrema, la discriminación política y social y la corrupción son
constitutivos de factores de amenazas y de riesgos directos para la convivencia
democrática y para la paz social y consecuentemente para el orden constitucional
democrático.
58
4.5. Definición de seguridad
“La seguridad es la capacidad del Estado de dar respuesta efectiva a
riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y estar preparados para prevenirlos,
contenerlos y enfrentarlos”.24
“La seguridad es la condición de carácter aspiracional que identifica una
situación de ausencia o disminución de riesgos para un determinado entorno
social y natural”.25
4.6. La seguridad nacional desde el punto de vista del sistema
Desde el punto de vista del sistema, la seguridad implica examinar las
políticas, instituciones, normativas y los controles democráticos de la seguridad
dentro del marco del Estado de derecho.
La seguridad democrática señala la condición de bienestar que se genera
debido a la acción de desarrollo que se encarga de la promoción del Estado
guatemalteco y de las políticas de desarrollo cuyas medidas específicas se
encuentran destinadas a procurar la condición de bienestar de los y las
ciudadanas guatemaltecas.
Es fundamental la existencia de una seguridad global e integral que se
encuentre inspirada en la Constitución Política y que se resuma en la realización
de acciones de carácter reactivo y preventivo que el Estado guatemalteco adopte
para alcanzar los objetivos y los intereses nacionales frente a la existencia de
cualquier amenaza, agresión o situación que debido a su naturaleza lesione o
ponga en peligro al Estado de derecho, al sistema democrático, al crecimiento
socio-económico, a la vigencia de los derechos humanos, al normal
funcionamiento de las instituciones democráticas, a la conservación del medio
24
Procuraduría General de los Derechos Humanos, Realidad de Guatemala. Informe sobre la situación de
seguridad, Pag.6.
25
Ibid, Pag.7
59
ambiente, a la seguridad pública y a la cultura nacional y paz de la sociedad
guatemalteca.
4.7. Definición de seguridad nacional
“La seguridad nacional es la situación en la cual el Estado garantiza
su independencia, soberanía, integridad y los derechos humanos fundamentales
de la población establecidos en la Constitución Política de la República”.26
Porque de ello deviene que es deber del Estado garantizar la seguridad por
medio de una política de seguridad nacional y así cumplir con lo establecido en los
Artículos 1, 2, 141 y 142 de la Constitución Política de la República.
4.8. Objetivo de la seguridad nacional
El objetivo general de la seguridad nacional consiste en garantizar de
manera permanente la continuidad de la Nación, del Estado en el cual se organiza
y del territorio en el cual se asienta, dentro de un marco de paz, de bienestar y de
desarrollo.
Las políticas esenciales son las siguientes:
- Preservación de la soberanía, independencia e integridad del territorio y
de los intereses nacionales;
- Maximización de los recursos del Estado guatemalteco para mantener a
Guatemala libre de amenazas.
Esto lo realiza por medio de un sistema de seguridad nacional operante en
cumplimiento de su función.
26
Ibid, pág. 12.
60
4.9. Estrategia de seguridad.
La estrategia de seguridad es de carácter preventivo. La acción militar
mediante el Ejército de Guatemala consiste en el último recurso que utiliza el
Estado guatemalteco para actuar en su defensa.
Las fuerzas de seguridad especializadas, se encargan de hacer frente a las
amenazas internas, comunes y a las que toman características especiales como lo
son el crimen organizado y la narcoactividad.
Guatemala es signataria de Convenios, Tratados y de Conferencias
relacionadas con el tema de seguridad, los cuales obligan al país a que tenga que
adecuar sus normas a las modernas concepciones y a los alcances de seguridad
existentes en el Hemisferio y en el mundo. El tratado Marco de Seguridad
Democrática es constitutivo de los fundamentos jurídicos necesarios para la
actualización de la temática abordada, de la agenda y de la institucionalidad de
seguridad vita desde una perspectiva democrática en el país.
La condición democrática del orden político se encarga de la determinación
de que las instituciones se construyen en función de los intereses de la
colectividad de la sociedad y en su defensa, debido a que el Estado guatemalteco
existe para la sociedad. Las políticas de seguridad se limitan a proporcionar las
medidas destinadas a contrarrestar las amenazas y los riesgos que presenten
relativos a las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y de sus instituciones.
4.10. El sistema nacional de seguridad.
El Sistema Nacional de Seguridad, órgano que pertenece al Consejo
Nacional de Seguridad, se encuentra vinculado con el concepto y con la agenda
de seguridad. Se encarga de definir la política de seguridad de carácter general,
de la cual se derivan políticas específicas.

61
El concepto de seguridad es constitutivo de la herramienta teórica desde la
cual se determina la temática de la seguridad, la cual cuenta con derivaciones
posteriores relativas a la forma de poder afrontar cualquier problema.
La Agencia de Seguridad se constituye en Guatemala por la lista de los
temas y de los problemas, amenazas y riesgos al bienestar de la sociedad, de las
personas y de sus instituciones políticas; cuyos efectos es obligatorio controlar y
que no se encuentran previstos en las políticas de desarrollo del país.
Solamente la justicia puede plenamente reconstruir las instituciones y la
sociedad guatemalteca. Es vital la reconstrucción de la sociedad, la eliminación de
la delincuencia común y del crimen organizado. La seguridad es el marco
necesario para lograr la reconstrucción de la sociedad guatemalteca. La verdad y
la justicia son elementos que no tienen que faltar dentro de todo proceso.
Solamente si se cuenta con los elementos anotados, se puede comenzar con
solidez y certeza el proceso de reconciliación de la nación.
A pesar de que los partidos políticos de Guatemala le otorgan
reconocimiento a la existencia de temas de preocupación general como lo son la
delincuencia y el deterioro del ambiente, la elaboración de la Agenda de Seguridad
del país es una labor correspondiente a los actores nacionales. Guatemala tiene
una participación activa en las acciones multilaterales en beneficio de la paz en el
mundo, pero también se tiene que abstener a las instancias unilaterales del
exclusivo interés de las potencias.
4.11. Definición de Sistema Nacional de Seguridad.
El Sistema de Seguridad es el marco instrumental, institucional y funcional a
través del cual el Estado de Guatemala enfrente los desafíos que en materia de
seguridad se plantean.
El Artículo 3 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad establece
que: “Sistema Nacional de Seguridad. Se crea el Sistema Nacional de Seguridad

62
que consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el
Estado para hacer frente a los desafíos que se le presenten en materia de
seguridad, mediante acciones de coordinación interinstitucional al más alto nivel y
sujeta a controles democráticos. Comprende los ámbitos de seguridad interior y
exterior”.
El Sistema Nacional de Seguridad constituye el conjunto de instrumentos,
normativas, políticas, programas, planes, doctrinas, patrones de actuación propios
de la administración pública; a los que se acompaña una serie de controles
democráticos.
4.12. Objeto de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
El Artículo 1°. de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad regula el
objeto de la misma al señalar lo siguiente: “La Ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad tiene por objeto garantizar jurídica, orgánica y funcionalmente la
coordinación y gestión de los Órganos del Estado y de sus instituciones para que,
en forma integrada, sistematizada, eficiente y eficaz estén en capacidad de dar
respuesta efectiva a amenazas, vulnerabilidades y riesgos, estar preparados para
prevenirlos, enfrentarlos y contenerlos y así mantener al país libre de amenazas y
cumplir con los objetivos nacionales en observancia de la Constitución Política de
la República de Guatemala, la plena vigencia de los Derechos Humanos y los
tratados internacionales ratificados por Guatemala en materia de seguridad”.
4.13. Política nacional de seguridad.
“La Política Nacional de Seguridad es entendida como el conjunto de
lineamientos que definen los cursos de acción para prevenir y contrarrestar
amenazas y vulnerabilidades de la sociedad y sus instituciones”. 27 La Política
General de Seguridad de Seguridad es aprobada por el Consejo Nacional de
27
Carbadillo Gómez, Armando. Seguridad pública y privada en Guatemala. Secretaria de Seguridad
Multidimensional. Departamento de Seguridad Pública. Pág. 15
63
Seguridad. La Agenda Estratégica de Seguridad es el mecanismo en que el
Estado utiliza para definir las temáticas a incluir para garantizar la seguridad
nacional. La Agenda de Riesgos y Amenazas es una lista de temas producto de
análisis permanente que identifica amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la
seguridad del Estado, al bienestar de las personas, al desarrollo de la sociedad y
la estabilidad de las instituciones.
La política de seguridad de un Estado se formula en base a tres distintas
consideraciones, siendo las mismas las que a continuación se dan a conocer:
- Concreción de intereses nacionales y de la visión de nación que se
pretende construir;
- Prioridad y percepción de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas que se
tienen que enfrentar para la consecución de los intereses anotados;
- Condiciones tanto subjetivas como objetivas a partir de las que se pueden
hacer funcionales los mecanismos encargados del control, prevención y resolución
de las amenazas.
CAPITULO V
MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FISCALIZAR LA
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL
DEPARTAMENTO DE IZABAL.
Proponer métodos jurídicos de la sociedad civil para la fiscalización
de la actualización del sistema nacional de seguridad en Guatemala,
específicamente en el departamento de Izabal, para la población que reside
en ese departamento. Es de suma importancia llevar a cabo todos los esfuerzos
posibles para la construcción de un Sistema Nacional de Seguridad,
específicamente en el departamento de Izabal, que se encargue de cumplir con
los objetivos de la nación guatemalteca que se encuentran establecidos en la
Constitución Política de la República de Guatemala, y resumidos en la potestad
del Estado guatemalteco, al ser el mismo el único responsable de promocionar el
bien común, de consolidar el régimen de legalidad, seguridad, igualdad, justicia,
libertad y paz.
Históricamente, los índices de criminalidad, tomando en consideración los
datos estadísticos proporcionados por las instituciones públicas a las que les
corresponde por mandato constitucional garantizar la seguridad, se han
incrementado considerablemente, esto derivado a la carencia de métodos
jurídicos actualizados, especializados y propuestos por la sociedad civil, siendo
ellos quienes sufren los vejámenes causados por los delincuentes, la carencia de
oportunidades laborales, es por ello que la sociedad civil es la idónea para
proponer los métodos jurídicos para fiscalizar y actualizar el sistema nacional de
seguridad, con vivencias claras y propuestas directas por parte de las personas
que se ven afectadas por los fenómenos sociales ya mencionados.
Por estas razones se hace necesario que el Estado de Guatemala, a través
del Ministerio de Gobernación, delegando en los Gobernadores departamentales,
64
65
para proteger la integridad de las personas por medio del sistema nacional de
seguridad, atendiendo a las necesidades propias de cada departamento.
La fiscalización, como una acción observadora y verificadora de
cumplimientos, acciones y actuaciones se encuentra normada y reglamentada en
diversos instrumentos legales. Lo anterior en manera alguna garantiza que se
conozcan y se apliquen adecuadamente como parte de los ejercicios ciudadanos y
de las prácticas disciplinarias de las instituciones.
5.1. Fiscalización, control, vigilancia y auditaje social.
El concepto de control aparece en el diccionario de la lengua española
como sinónimo de fiscalización y vigilancia, alude específicamente a la
observación, verificación, comprobación, intervención e inspección de algo. La
Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y que su fin
supremo es la realización del bien común y se definen como deberes del mismo
garantizar a los habitantes de la República: la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Pero si bien es cierto estos son los deberes del Estado, se debe recordar
que el Estado no es solamente el ente encargado de la administración del país,
sino más bien debemos concebir al Estado como un todo del que somos parte
integrante, como una compleja estructura en donde cada pieza juega un papel
importante y determinante para la adecuada marcha del mismo. Desde ese punto
de vista, surge la participación ciudadana en la fiscalización, control y vigilancia
para la adecuada convivencia social, para garantizar el desarrollo integral de las
personas, para la armonía social y para elevar la calidad de un Estado en
decadencia, un Estado catastrófico, un Estado que ha perdido por completo la
confianza de los ciudadanos.

66
La fiscalización y auditaje social permite a los ciudadanos la participación
activa en la ejecución de los presupuestos estatales, la verificación del correcto
manejo de las políticas de compras, adjudicaciones y demás negocios en los que
se vea inmerso el Estado, entiéndase desde el punto de vista nacional,
departamental o municipal.
Como practica permanente, el control y fiscalización hacia las instituciones
del Estado forma parte de la historia misma de estos, en consonancia con ello se
han institucionalizado algunas formas de control y fiscalización hacia el
funcionamiento de la administración pública, ejemplo de ello, para el caso de
Guatemala existe la Contraloría General de Cuentas es un institución técnica
descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos en general
de todo interés hacendario.
El tema de la fiscalización y control ciudadanos es amplio y admite diversos
enfoques, en este caso el enfoque de la investigación radica desde dos puntos de
vista: como primer punto mencionados la fiscalización y control de la ejecución del
presupuesto que el Congreso de la Republica autoriza para la ejecución de
proyectos en el departamento de Izabal y por otro parte la vigilancia y el aporte
social para la modificación del sistema de seguridad ciudadana, adecuando los
métodos jurídicos a las necesidades del departamento, una minuciosa labor de las
entidades encargadas del sector justicia para la efectiva erradicación de la
violencia, desde el punto de vista, desde las opiniones propias de la sociedad civil,
cuales son los delitos que con mayor frecuencia surgen en el municipio,
propuestas de protección ciudadana, creación de fiscalías y estaciones de policía
especializadas en determinados delitos para la efectiva protección ciudadana.
El control se orienta, básicamente hacía la fiscalización del adecuado
funcionamiento del sector y forma parte de un engranaje articulador de la
seguridad ciudadana.
67
Es importante anotar que las organizaciones de la sociedad civil, sí
reconocen de manera explícita que realizan tareas o funciones de fiscalización.
Quienes lo hacen de manera más sistemática y permanente son: madres
angustiadas, familiares y amigos contra la delincuencia, sin embargo no se
incluyen ya que básicamente realizan actividades que no corresponden de manera
directa a la línea de fiscalización aceptada por el Estado de Guatemala.
5.2. Métodos jurídicos constitucionales de fiscalización.
Esto se refiera de forma concreta a los procedimientos técnicos que
permiten planificar acciones estratégicas de fiscalización, es de reciente uso en el
país, por lo menos la que se refiere a controlar el funcionamiento de las
instituciones del Estrado, debido a que por años ha imperado en el país la
impunidad, la corrupción por parte de los gobiernos nacionales y departamentales,
el saqueo de las arcas del estado y la completa exclusión de la sociedad civil,
quienes han debido callar los abusos y arbitrariedades de quienes tienen el turno
en el poder.
En el país únicamente se conoce la Contraloría General de Cuentas y el
Ministerio Publico, de acuerdo a lo que refiere el doctor Ricardo Rivero Ortega,
autor del libro derecho administrativo; estor órganos actúan como entes
encargados de control y fiscalización del Estado, siendo la primera una institución
casi fantasma, una institución inoperante, cooptada por los que manejan los hilos
del gobierno estatal. Los resultados de la Contraloría General de cuentas son casi
nulos, debido a que la misma se encuentra sesgada por los gobernantes, por los
funcionarios incompetentes que se encuentran a cargo de la misma y quien es la
única que cuenta con voz para dar a conocer los desfalcos, los manejos indebidos
de fondos públicos y el enriquecimiento indebido de funcionarios y empleados
públicos.
Los medios de control del Estado se dan en dos instancias la primera se
trata del control político el cual es ejercido por el Tribunal Supremo Electoral y la
68
Procuraduría de los Derechos Humanos. Y el control jurídico que es ejercido por la
Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría
General de cuentas y el Registro General de la propiedad. Así mismo el Congreso
de la República ejerce un control sobre el Ejecutivo cuando cita o interpela a los
Ministros de Estado.
La interpelación es un juicio político por medio del cual los diputados del
Congreso de la República pueden hacer cuestionamientos a los ministros de
Estado, esto con el objeto de verificar su actuación y que esta sea acorde al
interés del Estado, su fundamento legal se encuentra regulado del articulo 166 al
168 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del articulo 139 al
145 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Importante resaltar que los
ministros de estado no pueden delegar en los viceministros la responsabilidad de
comparecer a la interpelación.
La Contraloría General de Cuentas es una institución administrativa,
descentralizada de control y fiscalización, que tiene por objeto velar por la
transparencia de la gestión pública y la promoción de la responsabilidad de
quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos. Cuando de cuentas se
trata es indispensable citar el Tribunal de cuentas, siendo este quien ejerce las
funciones judiciales en materia de cunetas, el cual se integra por tres jueces
propietarios y tres suplentes electos por el Congreso de la Republica.
La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción
privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucional, se integra por
cinco magistrados titulares y cinco suplentes los cuales duran en sus funciones
cinco años y son designados de la siguiente manera: uno por el pleno del
Congreso de la República. Uno por el Presidente en consejo de Ministros, uno por
el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, uno por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno por la
Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

69
Aun cuando el tema específico se refiera a la fiscalización hacia el sistema
nacional de seguridad, es importante mencionar que también se producen otros
tipos o formas de fiscalización efectiva que garantizan la transparencia en los
procesos y la erradicación de la corrupción en el Estado, estos otros procesos son
la participación ciudadana a través de la sociedad civil organizada, la publicidad de
los actos realizados por el gobierno central y el portal de Guatecompras.
Una idea de efectividad del sistema de control y fiscalización ciudadano, a
través de los resultados producidos, se pudo evidenciar en la campaña de
transparencia a elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia en el año
2015, en el que se señala que la fiscalización que pudo ejercerse desde esta
experiencia dio como resultado un proceso novedoso de incidencia de la sociedad
civil hacia una actuación pública, no realizada anteriormente.
Al aludir a los resultados en los procesos y procedimientos, básicamente los
disciplinarios que forman parte de los sistemas de fiscalización y control de las
instituciones, estos han ayudado a frenar la corrupción de las instituciones
públicas, sanciones que van desde una suspensión temporal hasta la separación
definitiva del cargo público o en distintos casos la reingeniería de las instituciones ,
con el afán de garantizar transparencia, probidad y de esa cuenta recuperar la
credibilidad en el Estado, por parte de la sociedad civil. Es aquí donde debemos
resaltar y evidenciar la importancia para que las instituciones del Estado apliquen
a todo elemento perteneciente a la misma que se encuentre implicado en faltas, el
irrespeto a los derechos humanos y el incumplimiento de sus funciones o la
comisión de hechos delictivos, obtengan una sanción efectiva y adecuada a la
infracción cometida y que esto no se quede únicamente en la denuncia, esto
acompañado siempre de una actitud de transparencia, desde el principio hasta el
fenecimiento del procedimiento.
En ese orden de ideas la institución debe dar muestras de un compromiso
verdadero de erradicar los focos de corrupción internos contenidos en la misma y

70
que han sido denunciados por fuentes alternativas, no institucionales que en este
caso no es más que la sociedad civil.
Con relación a lo expresado se tiene efectivamente comprobado que uno de
los objetivos del sistema de control, fiscalización y control ciudadano hacia el
sistema nacional de seguridad, debe ser una clara intención de contribuir a que el
Estado cumpla con la función de proporcionarle seguridad a toda la población y
así minimizar la violencia.
Entonces surge la interrogante ¿de qué forma se puede contribuir con el
Estado, específicamente la sociedad civil? Es una respuesta muy sencilla siendo
la sociedad civil quien sufre las consecuencias del desvió de los fondos estatales
para el mejoramiento del departamento, quien sufre las consecuencia de la
actividad inoperante de la Policía Nacional civil y la organización muchas veces
obsoleta del Ministerio Publico y los tribunales de Justicia al momento de aplicar la
mal llamada “Justicia pronta y cumplida”.
La legislación vigente que le permite a la población cumplir con un papel de
fiscalización hacia el sistema nacional de seguridad es muy limitada y en ningún
caso menciona explícitamente esa función. Se puede utilizar determinados
artículos en las leyes para que la sociedad civil pueda ejercer la fiscalización,
teniendo en cuenta que es importante una amplia flexibilidad en la implementación
de las mismas y las limitaciones que contiene.
Por ejemplo, en la Constitución Política de la República de Guatemala, se
puede recurrir al artículo 28 que establece el derecho de petición para los
habitantes de la república de Guatemala, entendiendo que se refiere a dirigir,
individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a
tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.
En artículo anterior se encuentra relacionado con el artículo 30 del mismo
cuerpo legal, el cual obliga a la publicidad de los actos administrativos, al

71
establecer que todos los actos de la administración son públicos, por lo que todos
los interesados tienen derecho a obtener en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes
que deseen consultar. Como se puede establecer son contados los casos en
donde el principio de publicidad no se aplica.
En el artículo 221, se establece el Tribunal de lo contencioso administrativo,
el cual tiene como función contralor de la juridicidad de la administración pública y
tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de
la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado.
Esto significa que debidamente comprendida en su función y posibilidades,
este tribunal puede contribuir a que la sociedad civil cuente con una importante
herramienta cuando algún funcionario se negara a proporcionar información sobre
los actos de la administración pública, para la cual existe una ley que define el
proceso a seguir para hacer que impere el principio constitucional de ´publicidad
de los actos administrativos.
Como complemento del artículo citado y la ley que lo desarrollo, se
encuentra el artículo 265 de la Constitución, que establece el Recurso de Amparo
con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere
ocurrido.
Los mencionados artículos son los instrumentos más adecuados que tiene
la población para promover la transparencia en la administración pública, que si
bien es cierto al utilizarlos dan resultados, estos se enfocan únicamente en un
aspecto en particular que es el actuar de las instituciones del Estado, dejando por
fuera la opción de proponer estrategias publicas desde el sentir ciudadano que
como se reitera son las personas de la sociedad civil quienes sufren de forma
directa los problemas sociales que existen y los únicos que pueden proponer
métodos jurídicos para la efectiva actualización del sistema nacional de seguridad

72
ciudadana, específicamente en el departamento de Izabal, el cual se ha visto
inmerso en una nube de corrupción por parte de sus gobernantes y así mismo son
las víctimas directas de la violencia que afecta al departamento, situándolo en los
primeros lugares con mayor incidencia de criminalidad.
5.3. Fines de la fiscalización y el control ciudadano hacia el sistema nacional
de seguridad.
La Fiscalización por parte del Estado de Guatemala se lleva a cabo a través
de la Contraloría General de Cuentas, El Tribunal de Cuentas, el Procurador de
los derechos humanos y la Procuraduría General de la nación, el Congreso de la
República, de acuerdo a los procedimientos que anteriormente se especificaron.
Las acciones fiscalizadoras por parte de las organizaciones de la sociedad
civil, son en algunos caos esfuerzos de mayor aliento, es decir, están planteadas
como actuaciones estratégicas que permiten posteriormente la incidencia, es
decir, que a través de la fiscalización se hace acopio de insumos para la
formulación de propuestas de incidencia, apegadas a la realidad objetiva desde el
punto de vista social, desde la vivencia propia de la población, para coadyuvar al
Estado a realizar su fin supremo de proporcionarle a todos los habitantes el bien
común.
Recordando que la acepción de Estado que se concibió en el presente
informe es aquella en la cual el Estado son todos y todas aquellas personas que
forman parte del mismo y los cuales deben tener una mayor participación que no
sea solo poder elegir a los gobernantes, desde esa opinión los fines de la
fiscalización y el control ciudadano en el sistema nacional de seguridad se basan
precisamente en el aporte social, en la oportunidad de presentar propuestas
apegadas a una realidad concientizadora y objetiva, desde una opinión
pusilánime, con vistas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

73
La debilidad más grande de los esfuerzos ciudadanos por brindar apoyo
radica principalmente, en que aún existen grandes resistencia de los organismos
del Estado y burócratas a que se les fiscalice desde la sociedad civil organizada y
la no organizada. Esta no es asumida como un ejercicio ciudadano saludable,
democrático y positivo para el fortalecimiento institucional, sino más bien como
acciones pesquisidoras que pretenden obstruir y destruir a las instituciones, según
los encargados del manejo de las instituciones se niegan a permitir una función
fiscalizadora y coadyuvante puesto que la participación ciudadana permite que se
eliminen los vendajes que tiene la población y se descubra el manejo en
ocasiones equivoco de los fondos del Estado.
Las diversas organizaciones de la sociedad civil que ejercen fiscalización
hacia las instituciones del sector justicia, reconocen tales debilidades. Sin
embargo éstas no podrán ser superadas a corto plazo. Las organizaciones no
están en la posibilidad de ampliarse y desplegar su trabajo hacia el interior de la
república por ejemplo. Por otro lado la fiscalización también debe ser un ejercicio
ciudadano abordado y ejecutado desde los particulares, como parte de los
derechos ciudadanos. Esto último es un tema que debe ser más trabajado,
básicamente porque los guatemaltecos en general conocen muy poco sobre el
mismo.
Es muy poca o nula la instrucción que tienen los guatemaltecos sobre sus
derechos, es de conocimiento nacional los impuestos a los que están obligados
los guatemaltecos, tanto trabajadores como comerciantes, aun así casi nadie sabe
qué derechos le asisten para la fiscalización de esos fondos, de qué forma puede
tomar participación en la administración del Estado.

74
5.4. Tratados internacionales que fundamental la legalidad de la fiscalización
ciudadana.
Es importante resonar que la Constitución instaura que los tratados sobre
derechos humanos ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno,
por lo cual es necesario conocer los tratados relacionados con el tema de la
seguridad ciudadana y los instrumentos para hacer que las autoridades tomen en
cuenta al querellante y a las organizaciones sociales que lo respaldan en su lucha
por la justicia.
En el tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, aunque
no se aborda el tema de la participación ciudadana en la fiscalización de las
instituciones estatales, al plantear la propuesta de Seguridad Democrática hace
énfasis en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil y que el Modelo
Centroamericano de Seguridad Democrática se regirá por principios entre los
cuales se encuentra el establecido en la literal a) del artículo 2 que define al
Estado de Derecho como la supremacía del imperio de la ley, la existencia de la
seguridad jurídica y el efectivo ejercicio de las libertades ciudadanas.
El principio anterior sirve de fortaleza para las organizaciones sociales que
comprenden la importancia que en el presente tiene el derecho internacional en la
definición de las políticas estatales. Si se analiza el contexto general en donde se
enmarca el Tratado Marco, se comprenderá que el fortalecimiento del poder civil
pasa por las propuestas modernas de promover la participación ciudadana en ese
proceso, lo cual debe ser canalizado debidamente hacia el control ciudadano del
sistema de justicia y otras instituciones.
La Resolución 40/34 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativa a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso del poder, contiene un apartado que interesa al
tema del control ciudadano; es lo relativo al acceso a la justicia y al trato justo en
donde se establece lo siguiente:

75
4. Las victimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad.
Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta
reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación
nacional.
5. Se facilitara la adecuación de los procedimientos judiciales y
administrativos a las necesidades de las víctimas.
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo
cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus
causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan
solicitado esa información…
En la resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo más
importante está estipulado en su artículo uno en donde se señala que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los
deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas la
personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de
responsabilidad exigido por su profesión.
Como se puede apreciar, esta norma fue creada para superar los abusos
de poder que han tenido los funcionarios, los cuales muchas veces amparados en
la posición de poder que tienen, utilizan la ley de acuerdo con sus intereses. La
conciencia internacional sobre la necesidad de subordinar al funcionario a la ley es
una tendencia que se está fortaleciendo a nivel mundial.
Por aparte el anexo 6 de la mencionada resolución, que define los principios
básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más
amplia posible y dotaran a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de
armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y

76
de las armas de fuego. Pero también se plantea que los gobiernos que deben
garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con
equipo auto protector a prueba de balas y medios de transporte a fin de disminuir
la necesidad de armas de cualquier tipo.
En estos principios se ha tratado de dejar plasmada la responsabilidad que
tiene los gobiernos de dotar de las condiciones necesarias al personal de
seguridad que se encarga de proteger a los ciudadanos, su familia y sus bienes.
Estos principios son importantes porque en la información de prensa
encontrada en los medios de comunicación el año pasado y el presente año ha
existido una constante queja de parte de los miembros de la Policía Nacional Civil
y de los guardias de presidios que no cuentan con el equipo y las armas
adecuadas para cumplir con sus funciones.
Independientemente de la validez de los argumentos, estos principios
permiten contar con otro instrumento para que la ciudadanía organizada promueva
que el gobierno dote de los recursos necesarios a los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley.
Es importante anotar que el Estado en su conjunto provee mecanismos de
fiscalización y control, los que deben contribuir a la idoneidad, transparencia y
efectividad del desempeño de los empleados, funcionarios e instituciones que
administran la justicia. Por su parte la legitimidad moral de la democracia depende,
en buena medida, de la transparencia eficacia y la eficiencia en los procesos y
procedimiento a través de los cuales se administra y ejerce la justicia.
La normativa constitucional, legal y reglamentaria precisa y delimita
competencias, funciones y administración de los controles internos en las propias
instituciones. Lo extra institucional se refiere a otras instancias o instituciones, las
que desde una visión externa a las instituciones fiscalizan y controlan. Se trata de
instituciones de Estado y de la sociedad civil organizada, tal los casos de la

77
Procuraduría de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil
que abordan la temática en cuestión.
5.5. Procesos y procedimientos del sistema de control y fiscalización
ciudadanos que contribuyen a la eficacia, eficiencia y transparencia de la
Seguridad.
Bajo este título se ha incorporado el análisis de los procesos y
procedimientos establecidos en normativas internas a las instituciones del sistema
nacional de seguridad, pero igualmente aquellos que utilizan las organizaciones de
la sociedad civil y los medios de comunicación para efectuar acciones de
fiscalización. En el caso de estos últimos muchos mecanismos son empíricos y se
basan en la experiencia que tienen las organizaciones de realizar acciones
fiscalizadoras y de control hacia las instituciones del sector de justicia.
En este apartado se desarrolla inicialmente lo correspondiente a la norma,
para ello se identificó los regímenes disciplinarios del Organismo Judicial,
Ministerio Público y Policía Nacional Civil, posteriormente se analiza, los procesos
y procedimientos que utilizan las organizaciones de la sociedad civil y los medios
de comunicación para realizar funciones de fiscalización hacia las instancias del
sector judicial.
Así mismo también debe hacerse alusión a los recursos administrativos y el
proceso administrativo por el cual los administrados pueden oponerse a las
resoluciones y actos de la administración pública.
Los recursos administrativos con los que cuenta el administrado para
controlar la juridicidad de los actos administrativos son los Recursos de
Revocatoria y Reposición contenidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo,
aun así en la Ley de Libre acceso a la información pública se encuentra regulado
el recurso administrativo de revisión y en la Ley de Bancos y Grupos Financieros

78
se encuentra regulado el recurso de apelación administrativa. De acuerdo a la Ley
de lo Contencioso administrativo es necesario agotar la vía gubernativa para luego
proceder a la vía judicial y por último la Constitucional.
El recurso de Revocatoria es un medio de impugnación, el cual se interpone
contra lo resuelto por un órgano subordinado y será el superior jerárquico del
órgano administrativo el que conozca y resuelva el recurso. El recurso de plantea
por escrito y ante el mismo órgano administrativo que emitió la resolución y como
se trata de un órgano subordinado el expediente deberá ser elevado al superior
jerárquico para su resolución.
El recurso de reposición se plantea contra lo resuelto por un órgano
superior jerárquico y el propio órgano administrativo es que debe revisar su propia
actuación y resolver el recurso planteado, contra la resolución dictada se da por
agotada la vía administrativa.
El proceso contencioso administrativo es de única instancia, lo que significa
que no es apelable, su planteamiento carece de efectos suspensivos, salvo para
casos concretos, excepcionales en que el tribunal decida lo contrario. El proceso
contencioso administrativo es un proceso judicial con el cual cuentan los
administrados una vez agotada la vía administrativa, para pedir la revisión de las
resoluciones o actos de la administración pública que son contrarios a sus
intereses, por considerar que los mismos no han sido dictados conforme al
Principio de Juridicidad.
5.5.1 Sistema disciplinario de la Policía Nacional Civil.
Para el caso del régimen disciplinario de la Policía Nacional Civil, que
norma y garantiza la observancia y aplicación de la Constitución, la ley de la
Policía Nacional Civil y otras leyes de la República, así como el cumplimiento de
las ordenes y normas que rigen la institución de acuerdo a su naturaleza, se

79
desarrolló el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil que se
encuentra inmerso en el decreto número 11-97.
El régimen en su conjunto es la instancia de fiscalización interna del
cumplimiento de las funciones policiales para la institución policial. El reglamento
al que se alude corresponde al Acuerdo Gubernativo Número 584-97, del 1 de
agosto de 1997. Este no aplica para los alumnos de la Academia de la Policía
Nacional Civil, en su caso se rigen por un Reglamento de Régimen Disciplinario
específico.
Como parte de las acciones de autodepuración de la institución, se tienen
resultados interesantes, por ejemplo que la institución asumió en fechas recientes
la responsabilidad de algunos agentes en casos delictivos (secuestro, robo y
otros). Esta información fue proporcionada por el Jefe de la Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales ORIS, de la Policía Nacional Civil, y es producto de
resultados de investigación llevados a cabo por esta oficina. De cara a la
ciudadanía y a la propia policía, esta actitud denota esfuerzos en la línea de
transparentar las actuaciones ilegales o ilícitas que realizan algunos de sus
miembros.
El cuestionamiento de fondo es si acciones de esta naturaleza van a ser
emprendidas de manera generalizada a cualquier miembro de la institución que
infrinja ley o bien que cometa faltas disciplinarias, a los derechos humanos u otras.
5.5.2. Sistema disciplinario del Organismo Judicial y del Ministerio Publico
En el caso del sistema disciplinario judicial, se tienen las Juntas de
Disciplina Judicial, estás se norman en la ley de la carrera judicial y Ley de
Servicio Civil del Organismo Judicial, en sus artículos siete y ocho.
Estas juntas se integran por dos magistrados de la Corte de Apelaciones
sus respectivos suplentes y un Juez de Primera Instancia y su respectivo suplente.
Su designación es por el período de un año.

80
Ocupan el cargo por sorteo llevado a cabo por el Consejo de la Carrera
Judicial. La integración de estas juntas depende de criterios como la geografía de
la región, la materia u otros. Dentro de sus funciones está conocer y ejercer las
acciones disciplinarias y correctivas que se tipifiquen en la ley y en los
reglamentos correspondientes. Los integrantes de las juntas conforman el
expediente del inculpado y emiten dictamen con recomendaciones que consideren
´pertinentes. Siempre en la línea de la fiscalización interna, el Organismo Judicial
cuenta con un régimen disciplinario normado en el título V, Capítulo I en Faltas y
Sanciones esta alude a la disciplina y observancia de jueces y magistrados.
Por su parte el Ministerio Público cuenta con un sistema disciplinario,
novedoso, moderno, garantista de derechos pero también cuenta con nuevas
sanciones las cuales se gradúan de acuerdo a la falta cometida, la reincidencia, el
comportamiento anterior del empleado.
Las reformas a la ley Orgánica del Ministerio Publico se dieron a través del
decreto 18-2016 del Congreso de la República, reformas que se hicieron bajo las
siguientes consideraciones legislativas: 1) Que la ley orgánica del Ministerio
Publico vigente resulta insuficiente en lo relativo a la regulación del sistema de
carrera fiscal, técnica y administrativa, dejando vacíos importantes de las mismas,
así como en otros temas necesarios para un buen desempeño institucional, tales
como el sistema de evaluación de desempeño y lo referente al régimen
disciplinario. 2) Que la función del Ministerio Publico es un servicio público
esencial para la población y que para asegurar la objetividad de los funcionarios y
la excelencia profesional en el servicio, se hace necesario reformar su ley orgánica
para que regule e institucionalice de manera integral el servicio civil y la carrera
fiscal del Ministerio Público a nivel fiscal, técnico y administrativo y el régimen
disciplinario y sus órganos respectivos.
Es así como en el título V se encuentra lo relativo al régimen disciplinario
de la institución. El cual se rige por los principios procesales de legalidad, non bis
81
in ídem, independencia del procedimiento disciplinario, derecho de defensa,
proporcionalidad. Así mismo se regulan los plazos para la prescripción y extinción
de la responsabilidad administrativa.
En su artículo 62 se regulan las faltas, las cuales se clasifican en faltas
leves, faltas graves y faltas muy graves. Así mismo en el artículo 63 se regulan las
sanciones las cuales se regulan de acuerdo a la falta cometida. Las cuales van de
la siguiente manera: faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal o
escrita, faltas graves serán sancionadas con suspensión del desempeño del
cargo sin goce de salario hasta por veinte días. Y por último las sanciones para
faltas muy graves serán sancionadas con suspensión del desempeño del cargo sin
goce de salario desde veintiún, hasta noventa días sin goce de salario.
Un aspecto de mucha relevancia en las modificaciones a la ley del
Ministerio Público, se encuentra contenido en el citado artículo 33 del mismo
cuerpo legal, en el que se regula que la imposición de un sanción por falta grave o
tres faltas leves impide el ascenso en la carrera e impone la limitación de obtener
becas dentro y fuera del país y optar a otros cargos dentro de la institución
mientras no se haya cancelado la anotación en el expediente del sancionado.
El procedimiento se realiza a través de juntas disciplinarias, las que tienen a
su cargo conocer y en su caso imponer las sanciones por faltas leves, graves y
muy graves. Las juntas disciplinarias son de carácter permanente y se integran por
tres miembros titulares y tres suplentes, quienes son designados por el Fiscal
General, mediante concurso público de oposición.
Son atribuciones de las juntas disciplinarias: conocer, tramitar y resolver los
procedimientos disciplinarios imponiendo las sanciones correspondientes, así
mismo remitir a la unidad de evaluación de desempeño la información relativa a
sanciones firmes a efecto que las mismas sean consideradas como parte de la
evaluación del desempeño.

82
Se creó la supervisión general la que tiene a su cargo las funciones de
investigar la comisión de hechos constitutivos de faltas administrativas y en su
caso formular la imputación que corresponda, orgánicamente depende del Fiscal
General, la supervisión general tiene la facultad de desarrollar supervisiones
generales y específicas para revisar el trabajo que se está realizando en la
institución.
El procedimiento disciplinario puede iniciarse por denuncia escrita o verbal
presentada por cualquier persona sea funcionario o particular, así mismo por
comunicación de los superiores jerárquicos y también por hallazgos de las
supervisiones realizadas por la supervisión general. Al recibirse la denuncia la
supervisión general debe tomar la decisión de desestimarla, remitir la denuncia a
la junta disciplinaria o iniciar la investigación cuando existan indicios de la
comisión de una falta grave o muy grave.
Luego de concluida la investigación la junta disciplinara convoca a una
audiencia de carácter oral, en la cual el imputado puede asesorarse por un
abogado de su confianza o defenderse por sí mismo, en la audiencia deberá
presentar las pruebas de descargo que tenga en su favor, los medios de
convicción pueden ser de forma documental o también testimonial, en dicha
audiencia se dará por finalizado el procedimiento con la imposición de una sanción
al haberse confirmado la ejecución de una falta o en su caso la absolución de la
imputación.
5.6. Fiscalización de la ciudadanía del sistema de justicia en el departamento
de Izabal.
En su mayoría de organizaciones de la sociedad civil que trabajan
temáticas de seguridad y justicia, ejecutan acciones de fiscalización con plena
conciencia de que efectivamente se han constituido en instancias que fiscalizan,

83
controlan y/o vigilan el funcionamiento de las instituciones de dicho sector. Las
formas de ejercer dicha fiscalización, tienen alguna diferencia entre las
organizaciones, pero esencialmente sus resultados son similares.
De forma general la forma de realizarlo es la siguiente: recabar toda la
información relativa al tema en cuestión, estudiarlo, analizarlo, discutirlo en
diversas ocasiones y desde distintos puntos de vista, luego de ello procede la
formulación de propuestas las cuales traen aparejada la presión social,
principalmente valiéndose de los medios de comunicación, redes sociales y
presencia física como marchas, afiches, para tener presencia física en los
procesos que tienen que ver con la aplicación y administración de la ley.
Algunas de las organizaciones se encuentran de forma constante y
permanente en los medios de comunicación, principalmente en las redes sociales,
las cuales son de vital importancia para la reunión de la sociedad civil, en donde
se forman grupos o páginas con diversas temáticas o ideas de como ejercer
presión y coadyuvar a las autoridades para que escuchen el clamor popular y
creen políticas de seguridad ciudadana enfocadas en el sentir social.
La sociedad civil, presenta denuncias y a su vez decide aportar propuestas
de soluciones a las mismas. Así mismo se buscan acercamientos hacia las
instituciones estatales como la Policía Nacional civil, Gobernación departamental,
Fiscalía Distrital de Izabal.
Esto se hace realmente difícil por las actitudes que en ocasiones asumen
algunos funcionarios del Estado, quienes reconocen que para hacer gobierno es
indispensable conocer las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.
La ´participación ciudadana es algo de reciente aparición en el país, derivado de
ello aún existen complejos ya que no todas las partes tiene una comprensión real
de la existente necesidad de fortalecer la participación ciudadana en ese sentido.

84
Las organizaciones de la sociedad civil que ejercen vigilancia en el Estado
democrático de derecho, ven de vital importancia la creación y fomento de mesas
de dialogo entra las instituciones del Estado ya mencionadas y las propuestas del
ciudadanía en general, en el sentido de seguridad de ciudadana.
Por lo que a través del análisis que se aplicó a la información recopilada
puede deducirse que el fortalecimiento institucional, que se percibe, está
directamente ligado a la evolución de la identidad de las organizaciones civiles. Se
sugiere, al momento en que estas organizaciones se definen, no específicamente
en función de terceros o al servicio de otros, sino que optan más bien, por la
construcción de una identidad propia y se asumen de manera más insigne como
acotas sociales, con vocación e intencionalidad propias.
Esto genera y estimula una nueva actitud y posicionamiento de las
organizaciones que les permite pensarse a sí mismas como portadoras de un
proyecto legítimo, que responde a necesidades sociales de carácter urgente, con
una realidad social objetiva y directa, defendiendo intereses eminentemente
particulares, orientados a resolver los problemas sociales que más perjuicio le
ocasionan a la sociedad, fortaleciendo así la seguridad ciudadana.
Es eminentemente necesario desarrollar una visión global y a largo plazo
sobre lo que significa asumir el lugar que se proponen como instituciones de la
sociedad civil para el reconocimiento de sus organismos como instituciones de
interés público que tienen como fin primordial aportar a la construcción del estado
de derecho, exigiendo el desarrollo de métodos jurídicos que han posible su
participación social y su vinculación con otros actores sociales.
Estos bríos pueden plantearse como aquellos que tiendan a la
democratización de los procesos de inserción y de propuestas y en consecuencia,
que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho en la República de
Guatemala. Para que de esa cuenta pueda existir de manera expresa la

85
aceptación por parte de estas organizaciones de que sus obras y fortalecimiento
institucional pasa por la intencionalidad política.
5.7. Fiscalización desde medios de comunicación en el departamento de
Izabal.
Cuando se habla de fiscalización de carácter externo, existen
trascendentales arrestos, especialmente en cuanto a medios de comunicación y
redes sociales se refiere. Especialmente en los últimos cinco años se ha
observado una propensión más clara en cuanto a fiscalización y control se refiere,
específicamente en el departamento de Izabal, situación que ha presentado
resultados importantes y una tendencia hacia la profesionalización de los
reporteros que cubren fuentes de noticias relativas al sector justicia. Como prueba
de ello se puede mencionar el seguimiento que los medios de comunicación le han
dado a los casos de depredación de la flora y fauna del departamento, ya que a
través de la presión social que ha surgido en los medios de comunicación escrita,
televisiva y radiofónica se ha obligado a los Jueces a hacer efectivos los apremios
legales y evitar así la impunidad para aquellas personas que depredan el
patrimonio natural del departamento de Izabal.
Otro caso importante se da en la vigilancia, control y fiscalización de la
sociedad civil organizada en el manejo de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomas de Castilla, ubicada en el departamento de Izabal, en donde a través de
mesas de dialogo, la sociedad civilmente organizada ha frenado abusos y malos
manejos de los recursos de la empresa.
Todo esto ha obligado a los reporteros y corresponsales que cubren estas
informaciones en general a especializarse en las temáticas en cuestión, con el
afán de conocer y tener una opinión sobre el tema en específico.

86
La consulta permanente y sistemática de los medios de comunicación y las
redes sociales hacia las organizaciones de la sociedad civil es la constante en los
últimos años.
Todo esto permite denotar una mayor tendencia a profesionalizar las
fuentes de información, en consecuencia a dar más credibilidad a los intentos de
fiscalización desde los medios de comunicación y las redes sociales, lo que ha
tenido resultados positivos.
Por lo que podemos concluir que los avances en materia de fiscalización
desde los medios de comunicación en el departamento de Izabal, en una gran
medida han respondido a las posibilidades de tener un mayor acceso a la
información, ventajas que se evidencian durante el proceso de construcción de la
democracia, el cual debemos recordar es la forma de gobierno que se establece
en la Constitución Política de la República de Guatemala.

CONCLUSIONES
La seguridad ciudadana es un tema de vital importancia para el país, puesto
que Guatemala de acuerdo a las estadísticas publicadas por la Organización de
las Naciones Unidas ocupa el tercer lugar de américa latina, en la lista de países
con mayor índice de criminalidad, es por ello que se deben implementar Métodos
jurídicos de la sociedad civil para fiscalizar la actualización del Sistema Nacional
de Seguridad en el departamento de Izabal.
Se determinó que el Estado es el encargado de proveer de Seguridad a la
ciudadanía, aun así los actores de la seguridad van más allá del propio Estado,
alcanzar la seguridad humana no solo comprende proteger a las personas sino
que también empoderarla para que pueda defenderse por sí sola, para esto las
instituciones deben de contar con los Recursos Financieros y Humanos.
De acuerdo a las encuestas realizadas y cotejadas con los datos
estadísticos proporcionados por las instituciones públicas a las que les
corresponde por mandato constitucional garantizar la seguridad, se han
incrementado los índices de criminalidad en el departamento de Izabal, por la
carencia de métodos jurídicos actualizados, especializados y propuestos por la
sociedad civil, ya que es la misma sociedad la que sufre los vejámenes causados
por los actos delincuenciales.
El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación, delegando
en Gobernación departamental, para proteger la integridad de las personas por
medio del sistema nacional de seguridad, debe adecuar los procedimientos de
acuerdo a las necesidades propias del departamento de Izabal, orientando los
esfuerzos a especializar a las instituciones del sector justicia en la lucha contra los
delitos que más aquejan al departamento de Izabal.
87
RECOMENDACIONES
Es necesario e importante que la Sociedad Civil tome participación en la
actualización del Sistema Nacional de seguridad, de acuerdo a las necesidades
propias de cada departamento del país.
Los estudiantes de las Universidades públicas y privadas del país deben
hacer conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la toma de
decisiones y en la proposición de proyectos que tengan como finalidad combatir la
inseguridad que se vive en el departamento de Izabal.
Es importante que Ministerio de Educación en sus programas de estudio de
nivel primario y subsiguientes se instruya a los niños sobre los derechos que
como ciudadanos les asisten, para que al llegar a cumplir la mayoría de edad,
sean jóvenes con conciencia social, que no tengan temor de aportar ideas y
postularse para participar directa o indirectamente en la toma de decisiones para
mejorar las condiciones de seguridad en el departamento.
Es necesario que el Ministerio de Gobernación conjuntamente con las
instituciones de la sociedad civil realicen la socialización de los métodos y
estrategias de Seguridad Ciudadana implementados en el departamento de Izabal.
88
BIBLIOGRAFIA
LIBROS
1. CARBALLO GÓMEZ, Armando, “Seguridad pública y privada de
Guatemala”. Secretaría de Seguridad Multidimensional. Departamento
de Seguridad Pública. Organización de Estados Americanos.
Washington DC, Estados Unidos de América, 2001.
2. GREZ ALDANA, Juan Francisco. “Industria de seguridad privada en
perspectiva comparada, desempeño económico y gobernabilidad
como factores clave en el crecimiento del sector.” Santiago. Chile.
Ed. Fundación Paz Ciudadana, 2010.
3. GONZÁLEZ, Patricia. “Seguridad ciudadana.” Guatemala: Ed.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2003.
4. Instituto Sobre la Situación de Seguridad. Realidad de Guatemala.
Guatemala. Ed. PDH, 2004.
5. Instituto Español de Estudios Estratégicos. La evolución del concepto
de seguridad. Madrid, España: (s.e.), 2011.
6. MINUGUA, Informe ante la reunión del grupo consultivo para
Guatemala, Guatemala: Ed. PDH, 2003.
7. ONU. Informe del seguimiento de las recomendaciones del relator
especial de Naciones Unidas, sobre independencia de jueces y
abogados en Guatemala. Guatemala: Ed. Mirna Mack, 1999.
8. PEREIRA-OROZCO, Alberto y Marcelo Pablo E. Richter. La
Constitución, su concepto y aspectos generales relacionados al
tema. Guatemala: Ed. Pereira, 2012.
89
90
LEGISLACIÓN:
Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional
Constituyente. 1986.
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Del congreso de la
República de Guatemala.
Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Decreto número 52-2005 del
Congreso de la República de Guatemala. 2005.
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. Decreto número 54-86
del Congreso de la República de Guatemala. 1986.
Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada. Decreto número 52-
2010 del Congreso de la República de Guatemala.
Ley de la Policía Nacional Civil. Decreto 11-97 del Congreso de la
República de Guatemala. 1997.
Ley de la Carrera Judicial. Decreto número 41-99. Congreso de la
República de Guatemala. 1999.
Ley de Servicio Civil Organismo Judicial. Decreto 48-89 del Congreso de
la República de Guatemala. 1989.

ANEXOS
Formato de entrevista a Comisario de Policía Nacional Civil Comisaria
61 del Municipio de Puerto Barrios departamento de Izabal
1. ¿Cuántos años tiene usted de laborar para la Policía Nacional Civil?
15 años
2. ¿Dentro de sus años de ejercicio profesional dentro de la institución ha
tenido conocimiento de casos de detenciones arbitrarias por parte del
personal de la institución?
Si
3. ¿Existe capacitación para el personal de la institución en relación al
procedimiento para detener a una persona?
Sí, pero es muy poco
4. ¿Existe una sanción disciplinaria por parte de la institución cuando el
personal actúa de forma arbitral?
Sí, son faltas administrativas
5. ¿Dentro de la institución se cuenta con un registro centralizado de arrestos
y detenciones?
No, no hay
91
92
6. ¿Considera usted que un Registro Centralizado de arrestos y detenciones
permitiría un seguimiento efectivo de los detenidos?
Si, seria efectivo para tener un control de las detenciones que se han
realizado y las que aún están pendientes de ejecutar
7. ¿Considera usted que la obstrucción de la justicia se puede dar mediante la
alteración de partes policiales?
Sí, hay compañeros policías que se encargan de dar aviso a
delincuentes cuando hay órdenes de aprehensión o allanamientos.

93
FORMATO DE ENCUESTA SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL
1. ¿Ha sido víctima de algún hecho de violencia en los últimos dos años?
Sí______________ No______________________
2. ¿Ha sufrido algún hecho de violencia alguno de sus familiares en los últimos dos
años?
Sí______________ No______________________
3. ¿Cuál considera usted que es la principal causa de violencia e inseguridad en el

departamento de Izabal?
Pobreza______ Falta de empleo_________ Uso excesivo de
Drogas_____________
4. ¿Considera usted que se está brindando una efectiva seguridad ciudadana en el

departamento de Izabal por parte del Estado?
Sí______________ No__________________
5. ¿Considera usted que existen estructuras de crimen organizado en el

Sí______________ No___________________
6. ¿Considera usted que la Policía Nacional Civil tiene suficientes elementos

para brindar seguridad ciudadana al departamento de Izabal?
Sí_____________ No_________________
7. Considera usted que la Sociedad Civil puede coadyuvar en la ciudad

ciudadana
Sí____________ No_________________
8. Que propuestas de participación de la sociedad civil considera usted que

pueden aportarse para la actualización del sistema nacional de seguridad
ciudadana
Mesas Técnicas________ Consulta Popular______ Equipos
multidisciplinarios____________
94
Graficas de los resultados obtenidos en la encuesta poblacional
1. ¿Ha sido víctima de algún hecho de violencia en los últimos dos
años?
si
no
2. ¿Ha sufrido algún hecho de violencia alguno de sus familiares en los
últimos dos años?
SI
NO
3. ¿Cuál considera usted que es la principal causa de violencia e
inseguridad en el departamento de Izabal?
POBREZA
FALTA DE EMPLEO
DROGAS
95
4. ¿Considera usted que se está brindando una efectiva seguridad
ciudadana en el departamento de Izabal por parte del Estado?
SI
NO
5. ¿Considera usted que existen estructuras de crimen organizado en el
SI
NO
6. ¿Considera usted que la Policía Nacional Civil tiene suficientes
elementos para brindar seguridad ciudadana al departamento de Izabal?
SI
NO
7. Considera usted que la Sociedad Civil puede coadyuvar en la
seguridad ciudadana
SI
NO
96
8. Que propuestas de participación de la sociedad civil considera usted
que pueden aportarse para la actualización del sistema nacional de
seguridad ciudadana
Mesas Técnicas
Consulta Popular
equipos
Multidisciplinari
os.
97
TOP DE DELITOS OBTENIDOS A TRAVES DEL SISTEMA INFORMATICO DE

CONTROL DE CASOS DEL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2016- 2017 Y DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018
98
99

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UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

“MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD

MELVIN GEOVANNY CERNA MÉNDEZ

GUATEMALA, ABRIL DE 2019

“MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD

MELVIN GEOVANNY CERNA MÉNDEZ

PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE

GUATEMALA, ABRIL DE 2019

DECANO DE LA FACULTAD: M.A. LUIS ANTONIO RUANO CASTILLO

SECRETARIO DE LA FACULTAD: LLM. OMAR ABEL MORALES LURSSEN

ASESOR: LIC. EDWIN ROLANDO WILLIAMS ESTRADA

REVISOR: LIC. EDGAR SAÚL VILLAGRÁN MAYEN

Artículo 9°: RESPONSABILIDAD

1.1 Aspectos Generales ................................................................................... 3

1.1.1. Definiciones Doctrinaria de Estado ……………………………… ...... 4

1.1.2. Características del Estado…………………………………………… ... 6

1.1.3. Elementos del Estado …...………………………………………… ...... 8

1.1.4. Clases de Estados…………………………………………………… .... 9

1.2. Antecedentes Históricos ......................................................................... 10

1.2.1. Evolución Histórica del Estado de derecho en Guatemala ............ 11

1.2.2. Factores determinantes para la existencia del Estado ................... 15

2.1 Concepto de Seguridad ………………………………………………………. 19

2.1.1. Evolución del Concepto de Seguridad………………………… .......... 20

2.2. La Seguridad Ciudadana ........................................................................... 22

2.3. La Seguridad Privada ................................................................................ 30

3.1 Protección a la persona ………………………………………………………. 40

3.2 Libertad e igualdad ....................................................................................... 41

3.3. La Policía Nacional Civil……………………………………………………… .... 41

3.4. El Papel de las Fuerzas Armadas …………………………..…………… ........ 46

3.5. La libertad de acción de la ciudadanía guatemalteca…………………… ...... 47

3.7. El Derecho de Defensa……………………………………………………… .... 49

3.8. Obligaciones del Estado …………………………………………………… ..... 50

4. Sistema Nacional de Seguridad contra la violencia……………………….. 52

delictiva a la realidad guatemalteca. ..................................................................... 53

4.2. Carencia de la política de seguridad publica…………………………….. ...... 54

4.3. Construcción de un sistema nacional de seguridad……………………… .... 55

5 MÉTODOS JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA FISCALIZAR

LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL

DEPARTAMENTO DE IZABAL. ..................................................................... 64

5.1 Fiscalización, control, vigilancia y auditaje social. ....................................... 65

5.2. Métodos jurídicos constitucionales de fiscalización. ................................... 67

5.3. Fines de la fiscalización y el control ciudadano hacia el sistema nacional

5.4. Tratados internacionales que fundamental la legalidad de la fiscalización

contribuyentes a la eficacia, eficacia y transparencia............................................ 77

5.5.1 Sistema disciplinario de la Policía Nacional Civil………………..…… .... 78

5.6. Fiscalización de la ciudadanía del sistema de justicia en el departamento de

5.7. Fiscalización desde medios de comunicación en el departamento de Izabal…… ..... 85

Formato de Entrevista a Comisario de Policía Nacional Civil Comisaria 61

Puerto Barrios Izabal. ............................................................................................ 91

Formato de encuesta sobre la situación de violencia y seguridad ciudadana en

el departamento de Izabal. .................................................................................... 93

Graficas de los resultados obtenidos en la encuesta poblacional………… ....... 94

Ministerio Público…. .............................................................................................. 97

La presente investigación se refiere al tema Métodos Jurídicos de la

sociedad civil para fiscalizar la actualización del sistema nacional de seguridad en

el departamento de Izabal, tratando dentro, como primer punto al Estado siendo el