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El término «jueces sin rostro» se refiere al hecho de que en Perú todos los juicios
relacionados con el terrorismo, tanto si pertenecen a la jurisdicción militar como a la
civil, son dirigidos por jueces cuya identidad se oculta mediante pantallas colocadas
entre ellos y los acusados, y mediante el uso de números en lugar del propio nombre del
juez en todos los documentos judiciales. Además, todos los procedimientos judiciales y
posteriores vistas de apelación o de revisión se llevan a cabo en salas a las que no se permite el
acceso del público.
Entre 1980 y 2000, más de 5.000 mujeres fueron víctimas de violación
sexual en Perú. Las violaciones fueron llevadas a cabo por agentes de la
policía y por militares destinados a la «lucha contra el terrorismo»
El perú vivió un traumático proceso de violencia que tuvo en vilo a toda la
población. El Estado y las guerrillas se enfrentaron dejando un terrible
saldo de muertes y vejaciones. A la violencia iniciada por el grupo
terrorista Sendero Luminoso, el Estado respondió con una política de
contrasubversión. La misma comenzó en diciembre de 1982, cuando el
entonces presidente Fernando Belaúnde encargó a las Fuerzas Armadas
liquidar a la guerrilla. Pero para los militares y la policía, miles de indígenas
y estudiantes de universidades públicas eran sospechosos de terrorismo.
Los detenían, torturaban e interrogaban para encontrar senderistas. Hubo
vejaciones de todo tipo. En 2003, la llamada Comisión de la Verdad que
indagó la violencia de esos 20 años reportó 538 testimonios de violación
sexual de los cuales el 83% fueron cometidos por las Fuerzas Armadas. El
padrón oficial de víctimas de la violencia, a diciembre de 2017, registra
5.040 mujeres víctimas de dicho delito, pero solo nueve casos han llegado
al Poder Judicial.
Comisión de la verdad
Por otro parte, el Sendero Luminoso realizó atentados aislados contra la propiedad pública y
privada y acciones de propaganda armada. La gravedad de sus actos fue aumentando
progresivamente, llegando al asesinato sistemático y a los ataques contra las fuerzas policiales,
buscando provocar una mayor dureza en las respuestas estatales en su contra, hasta lograr
que se definiese una situación de conflicto armado interno. El conflicto armado interno fue
percibido inicialmente como un hecho marginal, enfocado con una combinación de
subestimación y desconcierto que permitió el crecimiento de la presencia senderista, en
ciertas áreas del departamento de Ayacucho y Huancavelica
En los dos años y medio que duró la fase inicial del conflicto estudiado por la CVR, Sendero
Luminoso tuvo un terreno inmejorable para desarrollar sus planes y corregir sus errores. El
tratamiento exclusivamente policial que dio el presidente Belaunde a las primeras acciones
senderistas correspondía, en buena medida, a la respuesta de un gobierno civil que no podía
delegar inmediatamente el problema a las fuerzas armadas sin dar una imagen de debilidad y
sin ceder prerrogativas constitucionales propias de un régimen democrático.
--entierro multitudinario de la
senderista Edith Lagos (1982).
El 3 de septiembre, Edith Lagos falleció en Ocobamba cuando tenía apenas 19 años de
edad, en un confuso tiroteo con la policía peruana, cuando se disponía a tender una
emboscada a una patrulla Sus restos fueron trasladados a Ayacucho, donde fueron
enterrados con una gran asistencia de público.56 Más tarde, el Comando Rodrigo
Franco bombardeó su tumba7