Violencia Politica Electoral Contra Las

Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato
Análisis del proceso 2017-2018
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

Este libro se publica bajo la más estricta libertad
científica. Lo expresado en la presente obra es
responsabilidad exclusiva de las personas autoras, la opinión
y/o punto de vista de las mismas no representan
necesariamente las del Instituto Electoral del Estado
de Guanajuato.
PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL.
Reservados todos los derechos conforme a la ley

D.R. © Vanessa Góngora Cervantes, 2020.
D.R. © Verónica Vázquez Piña, 2020.
D.R. © Dorismilda Flores Márquez, 2020.
D.R. © Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 2020.

Carretera Guanajuato Puentecillas Km. 2+767
Colonia Puentecillas
C.P. 36263, Guanajuato, Gto., México.
www.ieeg.org.mx
Primera edición: 2020
Producto editorial gratuito

Prohibida su venta
ISBN: 978-607-98684-6-8
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Mauricio Enrique Guzmán Yáñez
Consejero Presidente
Indira Rodríguez Ramírez
Consejera Electoral
Luis Miguel Rionda Ramírez
Consejero Electoral
Sandra Liliana Prieto de León
Consejera Electoral
Antonio Ortiz Hernández
Consejero Electoral
Beatriz Tovar Guerrero
Consejera Electoral
Santiago López Acosta
Consejero Electoral
Luis Gabriel Mota
Secretario Ejecutivo
Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

Sandra Liliana Prieto de León
Presidenta
Integrante
Luis Miguel Rionda Ramírez
Integrante
Coordinadoras de la investigación
Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato. Análisis del proceso 2017-2018
Vanessa Góngora Cervantes
Verónica Vázquez Piña
Dorismilda Flores Márquez
Carlos Ríos Llamas

Elaboración de mapas
Presentación
En tiempos donde pareciera que una lluvia de información ambigua inunda el sistema, resulta
sumamente importante la publicación de un libro que enriquece con un perspicaz análisis cuan-
titativo y cualitativo de elementos, factores, condiciones y acontecimientos que se suscitaron en
un tiempo y espacio geográfico determinante en la vida política y democrática de México.
Tras la internacionalización de los Derechos Humanos se generó una interdependencia de
México hacia el tópico, hacia la comunidad internacional. Ejemplo de ello son la adopción de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible, guiados por las Naciones Unidas y cuyo objetivo es poner fin
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para
el 2030. En este caso, nuestra atención se enfoca específicamente en el objetivo número 5, Igual-
dad de Género, dado que su objetivo es lograr la igualdad de los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en su compromiso de formación de
la ciudadanía y con respaldo de la Norma NMX-R-025-SFCI-2015 de Igualdad Laboral y No Dis-
criminación, se une a la causa, y tras la movilización internacional de la firma del Pacto por la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el 6 de marzo de 2018 se llevó a cabo
la firma de un Pronunciamiento por la No violencia política-electoral en razón de género en el
estado de Guanajuato.
En subsecuente, en el IEEG, el 18 de septiembre de 2018 se creó mediante decretos 329 y 330
de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato publicado en el
periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato, la Comisión contra la Violencia Política
Electoral a las Mujeres.
Por esto, el IEEG apoya en la publicación de obras editoriales que contribuyan a la igualdad de
hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos político-electorales, persiguiendo siempre la
igualdad sustantiva entre las personas.
Me resulta sumamente grato presentar esta obra, resultado de una basta conjugación de es-
fuerzos y conocimientos de académicas de alto prestigio que durante más de dos años trabaja-
ron en el tema, además, reconozco el esfuerzo institucional de la Unidad Técnica de Igualdad de
Género y No Discriminación, para analizar y proporcionar información necesaria y coordinar los
diversos conversatorios con las candidatas.
Así pues, esta obra comienza introduciendo a las y los lectores en la razón de ser de la igual-
dad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos, así como proyectándonos
la realidad exponencial sobre violencia política contra las mujeres en el estado de Guanajuato.
El proceso electoral local 2017-2018 fue trascendental en la vida democrática del país y del
estado, por primera vez la paridad se manifestó en las postulaciones de las candidaturas, sin
V
embargo, en los resultados electorales resultó evidente una subrepresentación de las mujeres,
principalmente en el ámbito municipal.
Derivado de estas circunstancias, la posibilidad de generar estudios científicos se tornó nece-
saria para la comprensión de la realidad que experimentaron las mujeres en su actuar político.
Por tanto, esta obra permite obtener las herramientas para la visualización del próximo proceso
electoral, con el objetivo de emprender medidas estratégicas que permitan el avance real de la
paridad sustantiva.
Esta obra muestra el incremento de los índices de violencia contra las mujeres en el estado
de Guanajuato, donde, con base en la investigación, el miedo, la represión y la impunidad deam-
bulan en espacios públicos y privados, la desmotivación e incredulidad se apoderan de mujeres
ciudadanas para que éstas puedan participar en la vida política y democrática de México, de
Guanajuato.
Es necesaria una revolución de ideas y pensamientos que, además, queden plasmados en
material académico que nos oriente objetivamente a la prevención y sanción de conductas de-
nigrantes, pero, sobre todo, crear conciencia. Si las personas somos conscientes, se propicia el
desarrollo humano. Si hay desarrollo humano, las mujeres seremos respetadas, seremos libres.
Estoy convencida que esta publicación, será un parteaguas en la materia, en el estado de
Guanajuato.
Hay que recordar siempre que no queremos que se haga nada de nosotras sin nosotras.
VI Presentación
Contenido
Introducción XI
Agradecimientos XVII
Marco teórico conceptual 1
La violencia simbólica como trasfondo 2
Backlash: la violencia política y electoral como reacción patriarcal 4
Condiciones de riesgo: entorno geográfico y de violencia generalizada 8
Factores de vulnerabilidad/contención de la violencia política electoral 13
Capital familiar 14
Capital político y económico 15
Tipos y manifestaciones de acoso y violencia electoral contra las mujeres 17
Acoso psicológico 18
Sexismo institucional 19
Confinamiento electoral discriminatorio 19
Desigualdad en el acceso y disposición de recursos económicos 20
Desigualdad en la presencia mediática de las mujeres políticas 22
Violencia sociopsicológica 23
Violencia física y sexual 24
Recapitulación 25
Marco contextual y proceso electoral 2017-2018 31

Verónica Vázquez Piña y César Vladimir Martínez Arango
Marco Geográfico y Social 32
Datos sociodemográficos 33
Población 33
Urbanización 35
Pobreza en Guanajuato 36
Contexto Delictivo 36
Situación de Violencia de las Mujeres en Guanajuato 37
VII
Marco legal de la paridad de género electoral y violencia política 39
Disposiciones normativas federales sobre la paridad de género 39
Disposiciones normativas locales sobre la paridad de género 40
Disposiciones normativas por parte del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato 40
Disposiciones particulares en materia de violencia política 41
Antecedentes y resultados electorales 44
Elecciones 2009 46
Elecciones 2012 48
Elecciones 2015 50
Elecciones diputaciones 2009-2018 53
Gubernatura 54
Análisis topológico político de resultados de los comicios del 2018 54
Análisis de los resultados electorales: Confinamiento electoral
discriminatorio de las mujeres en los comicios 2018 57
Candidaturas a presidencias municipales 57
Partido Acción Nacional 67
Partido Revolucionario Institucional 68
Partido Verde Ecologista de México 68
Partido de la Revolución Democrática 68
Coalición Juntos Haremos Historia 69
Nueva Alianza 69
Movimiento Ciudadano 69
Movimiento de Regeneración Nacional 70
Candidaturas a diputaciones de mayoría relativa 70
Recapitulación 74
Perfil y experiencias de las candidatas 77

Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña
Perfil sociodemográfico de las candidatas 79
Capital familiar 80
Capital político 84
Manifestaciones de acoso y violencia política electoral 89
Acoso psicológico y discriminación partidista 89
Sexismo institucional 92
Confinamiento electoral discriminatorio 92
Desigualdad en el acceso y disposición de recursos económicos 96
VIII Contenido
Desigualdad en la presencia mediática de las mujeres para

el desarrollo de campañas políticas 98
Violencia sociopsicológica 100
Violencia sexual y física 103
Recapitulación 104
Sexismo institucional: Desigualdad de género en la distribución de recursos económicos 107

Verónica Patricia Castro Morales, Francisco Esquivel Hernández
Referencias teóricas sobre violencia política y económica contra las mujeres 109
Garantía de los derechos político- electorales de las mujeres 110
Normas electorales sobre financiamiento de los partidos políticos 112
Análisis de los estatutos de los partidos políticos 117
Análisis de la información contenida en la base de datos del INE 127
Ingresos Presidencias Municipales 128
Ingresos Diputaciones Mayoría Relativa 136
Recapitulación 139
La dimensión comunicacional: Desigualdad de género en la presencia 143

mediática de las candidaturas
Las campañas electorales desde la perspectiva de la comunicación pública 143
La publicidad electoral 145
La cobertura mediática informativa 145
La comunicación en redes sociodigitales 146
Metodología 146
La publicidad en las campañas electorales locales 2018 147
La cobertura mediática de las campañas electorales 2018 157
Las redes sociodigitales oficiales en las campañas electorales 2018 165
Recapitulación 185
Mapas de riesgo de la violencia electoral en razón de género 191

en el proceso electoral en Guanajuato 2017-2018
Aproximación teórica de los contextos de violencia y factores de riesgo
para las mujeres candidatas 192
Metodología para la construcción del Mapa de Riesgo 201
Contenido IX
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 201
Índice de Desigualdad de Género (IDG) 201
Índice de Competencia Política (ICP) 201
Indicador de Delitos de Alto Impacto Municipal (DAI) 201
Indicador de Delitos contra las Mujeres (DCM) 203
Bases de Datos 205
Análisis de la Fase 1 del mapa de riesgo 205
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 207
Índice de Desigualdad de Género (IDG) y Desarrollo Humano municipal
de Mujeres y Hombres 209
Índice de Competencia Política y riesgos en seguridad pública,
salud y conflicto político. 211
Indicadores de violencia contra las mujeres 213
Feminicidio 2015-2018 213
Violación 2015-2018 215
Acoso sexual 2015-2018 215
Análisis de la Fase 2: Análisis de resultados 216
Delitos de Alto Impacto, Delitos contra las Mujeres, Concentración Población
y sexo de la persona que encabeza el municipio 216
Índice de Competencia Política 225
Competencia Política Municipal y contienda entre candidatas 225
Competencia Política Distrital 2018 229
Análisis estadístico 233
Recapitulación 236
Conclusiones 241
Propuestas 244
Índice de Tablas y Gráficos 247
X Contenido
Introducción
La lucha por los derechos políticos y sociales de las mujeres para lograr la igualdad formal y
sustantiva con los hombres ha sido reconocida como la gran revolución pacífica contemporá-
nea. Aunque algunas voces se levantan para subestimar esta lucha de mujeres y feminista como
ocurrencia, tendencia o “moda”, en realidad una multiplicidad de colectivos, organizaciones y
movimientos en diferentes países y épocas han presenciado y participado en la búsqueda de la
libertad, igualdad y representación. Desde las posiciones ideológicas de izquierda y de derecha,
se ha configurado el sujeto político “mujeres” que trasciende las similitudes biológicas y pone de
manifiesto que las diferencias de género, esto es, las ideas y prácticas culturales que discriminan
y violentan a la mitad de la población, son el punto de partida para el establecimiento de lazos e
identidades políticas y conseguir el fin último: la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Los sistemas políticos democráticos no gozan de inmunidad a la desigualdad de género, de
hecho, esta desigualdad se encuentra en los fundamentos de la política como la entendieron los
primeros pensadores y como la entienden aún una gran mayoría de contemporáneos. La división
en esferas pública y privada, que limita el largo brazo del Estado hasta un ámbito individual y
social pero no político, está fincado en el “contrato sexual” (Pateman [1988] 1995) que clama una
participación total de los hombres en ambas esferas y exclusividad de desarrollo de las mujeres
en el ámbito privado (mas no necesariamente su preeminencia). De esta manera, la violencia
política contra las mujeres es inherente a la forma en que se ha desarrollado la política misma,
no coyuntural ni aislada. Así como los sistemas autoritarios y totalitarios se caracterizan por
la limitación o eliminación de la libre participación política de su ciudadanía, las democracias
contemporáneas no podrán considerarse como tales si no logran eliminar las causas y revertir
los efectos de la discriminación y violencia que impide a las mujeres el ejercicio de sus derechos
políticos en igualdad con los hombres. Y cuando nos referimos a los derechos políticos, hacemos
especial énfasis a la posibilidad de acceder a posiciones de poder (dentro de los partidos políti-
cos y cargos públicos por elección o designación) y no sólo al derecho de ejercer el voto.
Los países democráticos tampoco están exentos de la violencia política, aunque el propósito
fundante de la “política” y, específicamente, de los mecanismos democráticos sea la eliminación
del ejercicio de la violencia por parte de los individuos o colectivos con intereses particula-
res. La amplitud del término implica, desde la represión a las manifestaciones civiles pacíficas,
la desaparición forzada, el conflicto armado (todo esto cuando se trata de un enfrentamiento
Estado-grupos sociales) hasta la “guerra sucia” interpartidista en medios de comunicación, la
infiltración de los grupos criminales en las elecciones o incluso riñas entre actores políticos y
sociales (o sus simpatizantes). Aunque no es nuestro objetivo delimitar una definición de vio-
lencia política general, consideramos que ésta se ejerce con el fin de limitar, negar o eliminar la
posibilidad de que opositores políticos ejerzan sus derechos políticos. Generalmente las razones
tienen que ver con la polarización social, la existencia de conflictos políticos históricos entre
grupos y la formación de bloques ideológicos.
XI
En este sentido, la visualización de las mujeres como un grupo social “incapaz” de participar
en política e “ilegítimo” para “ocupar” puestos naturalmente destinados para hombres es la cau-
sa principal de la violencia política en razón de género. Aunque la agresión se dirija a una mujer
en particular, cuando se trata de violencia política en razón de género, el mensaje es claro para
el resto de ellas: las mujeres no pertenecen ni pueden desempeñarse en el ámbito político. El
carácter simbólico de la agresión, por considerarla como parte de un grupo sin legitimidad polí-
tica, es la distinción principal entre la violencia política general y la violencia en razón de género.
Presentamos este informe sobre el fenómeno de violencia política, específicamente violencia
electoral contra las mujeres en el Estado de Guanajuato en las elecciones del 2018, investigación
auspiciada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), a petición del entonces
Comité de Igualdad de Género, no discriminación y cultura laboral, ahora Comisión contra la
Violencia Política Electoral contra las Mujeres. Una de las motivaciones iniciales del estudio fue
la necesidad de caracterizar la violencia política electoral en la región del Bajío (por medio del
análisis de las elecciones en Guanajuato en primera instancia) que permita, en futuras investi-
gaciones, distinguirla de otras regiones del país, específicamente, la región sur indígena, que ha
cobrado protagonismo en la investigación académica del tema y, de esta manera, poder estable-
cer medidas acordes a nuestro contexto socio-espacial.
Nuestro propósito es visibilizar y distinguir los tipos de violencia, sus manifestaciones y grave-
dad en relación con quienes la perpetran, especialmente, se analiza la violencia ejercida dentro de
los partidos políticos como organizaciones “generizadas” resistentes a las medidas de paridad de
género y su distinción de aquella ejercida por sus opositores políticos y los medios de comunica-
ción. Decimos visibilizar porque se presume que la violencia electoral puede ser sutil, naturalizada,
o es justificada por los perpetradores y víctimas por diferentes razonamientos (por ejemplo la li-
bertad de expresión), o se presenta por medios relativamente novedosos como los medios digitales.
Como se explicará más adelante, la violencia política electoral contra las mujeres no puede
desvincularse del contexto social, político y de violencia e inseguridad de la zona. En este sen-
tido, pretendemos corroborar una posible relación entre la violencia política electoral en contra
de las mujeres y otras variables, como la concentración urbana o zona rural, índice de desarrollo
humano de las zonas, los índices delictivos (especialmente los que refieren violencia de género),
la presencia de grupos del crimen organizado, entre otras. La investigación permitirá delimitar
espacios geográficos por tipo de violencia o riesgo a la integridad física para las mujeres aspiran-
tes o candidatas y, de esta forma, proponer medidas específicas, desde acciones de prevención y
capacitación o bien, protocolos de protección.
En este sentido, el punto de inicio de la investigación fue preguntarnos si en el proceso elec-
toral 2017-2018 de Guanajuato se presentaron casos de violencia política electoral contra las
mujeres que participaron como candidatas (definición que presentamos en el marco teórico
conceptual) y, de esta forma, si se pueden identificar los casos, saber cuáles son las caracterís-
ticas (tipos, manifestaciones, perpetradores, nivel de riesgo) de dicha violencia. Para contestar
esta pregunta se realizó una exhaustiva búsqueda de la literatura respecto a la violencia política,
sobre todo en América Latina y en México, de tal manera que se plantearon los siguientes su-
puestos iniciales sobre el fenómeno en Guanajuato:
• La violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato se manifiesta en for-
mas sutiles o naturalizadas, específicamente de violencia psicológica.
XII Introducción
• La violencia electoral en razón de género en Guanajuato es mayormente intrapartidista

y se manifiesta tanto psicológica como económicamente. Es perpetrada por militantes y
dirigentes de los partidos políticos que albergan a las mujeres aspirantes o candidatas.
• Los oponentes políticos y detractores sociales utilizan principalmente los medios de
comunicación y el uso de las redes sociales como mecanismos de violencia electoral
contra las mujeres.
• La gravedad y riesgo de las mujeres aspirantes y candidatas está vinculada con zonas
caracterizadas por la presencia del crimen organizado, un alto índice delictivo en ge-
neral, delitos y crímenes contra las mujeres, así como por otras variables de población,
desarrollo humano y competencia política.
Nuestro objetivo general es caracterizar la violencia política electoral contra las mujeres en el
proceso estatal electoral 2017-2018 del estado de Guanajuato para establecer líneas de acción
concretas del órgano electoral en materia de prevención y atención de ésta. Los objetivos espe-
cíficos son:
• Identificar y describir las manifestaciones de violencia electoral en razón de género an-
tes y durante las campañas electorales a través de los testimonios de las protagonistas
(mujeres que contendieron por un cargo público en los comicios de 2018).
• Analizar los resultados electorales y las condiciones de competitividad financiera de
las candidatas para identificar discriminación y desigualdad de género dentro de los
partidos políticos.
• Analizar la dimensión comunicativa de las campañas electorales, mediante el abordaje
de la cobertura de los principales medios de comunicación y la publicidad política en
el periodo de campañas y jornada electorales, así como las tendencias de contenido e
interacciones en las redes sociodigitales de las candidatas.
• Identificar zonas de riesgo para las mujeres candidatas durante el proceso electoral
2017-2018 y después del mismo, a través de los índices de delitos de alto impacto, de-
litos contra las mujeres, de desarrollo humano y competencia electoral que permitan
pensar los procesos electorales desde los territorios en disputa por los partidos políti-
cos y el acceso de la participación política y los riesgos que esto conlleva para las can-
didatas.
La delimitación del objeto de estudio es el proceso estatal electoral 2017-2018 en el Estado de
Guanajuato, en el que concurren elecciones federales, centrándonos en las elecciones estatales
(Gobierno y Congreso del Estado) y locales (presidencias municipales, regidurías y sindicaturas).
Aunque lo explicaremos con mayor detalle en los siguientes apartados, esta delimitación del
objeto de estudio obedece a dos razones: 1) la competencia territorial del IEEG, organismo que
patrocina la investigación, y 2) la construcción teórica de la definición de “violencia política elec-
toral contra las mujeres” que excluye conscientemente algunas manifestaciones de violencia
política. De esta forma, la investigación se concentra en el proceso electoral que inicia con las
precampañas y/o la aspiración de las militantes por participar como candidatas y, en su caso, el
periodo para recabar apoyo ciudadano para candidaturas independientes; una vez registradas
las candidatas y los candidatos, continúa con el periodo de campañas y termina con la emisión
de las constancias de validez y mayoría (o no mayoría) de las elecciones. La violencia política
Introducción XIII
contra las mujeres que ocupan cargos públicos está fuera de los límites de esta investigación,
aunque reconocemos la necesidad de realizar investigación sobre ello.
Para cumplir con estos propósitos, se desarrollaron varios caminos metodológicos de investi-
gación correspondientes a cada uno de los objetivos específicos líneas arriba mencionados, los
cuales serán descritos en los subsecuentes apartados. Es importante aclarar que el diseño meto-
dológico inicial de la investigación incluía una aproximación cuantitativa por medio de la apli-
cación de cuestionarios para ser respondidos de forma digital, ello nos permitiría dimensionar,
correlacionar, poner a prueba hipótesis y otros elementos característicos de la metodología cuan-
titativa. Sin embargo, nos encontramos con un fenómeno de no participación que obstaculizó
contundentemente seguir este diseño original. Los problemas comenzaron con la gran dificultad
de acceder a los correos electrónicos de las aspirantes y candidatas de los diferentes partidos po-
líticos, aun cuando el IEEG tomó las medidas legales y necesarias de protección de datos persona-
les. A pesar de la manifestación explícita de apoyo de los partidos políticos para poder conseguir
estos datos y aplicar los cuestionarios (y así garantizar que fueran respondidos exclusivamente
por las participantes en el proceso electoral 2018), tuvimos una respuesta prácticamente nula.
Aún así, se enviaron los cuestionarios en tres momentos diferentes (dos recordatorios) y, para
sorpresa del equipo de investigación y del Comité de Igualdad de Género del IEEG, obtuvimos res-
puesta de seis candidatas. El bajísimo nivel de respuesta es también parte del análisis de la inves-
tigación: tenemos como supuesto que las candidatas vencedoras no quieren hablar del tema, ya
sea porque invisibilizan algunas manifestaciones de violencia o porque no quieren comprometer
su triunfo, y las candidatas que perdieron, más allá del desinterés derivado de la derrota, no brin-
dan su testimonio por temor de empeorar la experiencia de acoso o violencia vivida.
Derivado de la imposibilidad de continuar con un análisis cuantitativo que nos permitiera

conformar una base de datos estadísticamente válida, tomamos decisiones importantes para la
reestructuración del diseño metodológico: si bien desde el inicio se había considerado la inclu-
sión del análisis de entrevistas a profundidad tanto de candidatas como de otros actores clave,
esta técnica se convirtió en la principal estrategia para cumplir con el primer objetivo específico.
Enriquecemos la información obtenida en las entrevistas con aquella obtenida en dos ejercicios
de grupos focales, lo que nos permitió delinear con mayor detalle las dimensiones del análisis de
la experiencia de las candidatas. El primer conversatorio con candidatas se desarrolló después
de presentar el protocolo de investigación al IEEG, mientras que el segundo se realizó después de
la presentación del primer informe de avances. En diciembre del 2017, el Comité de Igualdad de
Género y el equipo de investigación realizaron una invitación a mujeres que habían sido candi-
datas en el proceso electoral anterior a participar en un conversatorio sobre violencia política en
razón de género; el 30 de noviembre del 2018 se volvió a extender la invitación a las candidatas
de los recientes comicios. Estos dos ejercicios nos proporcionaron valiosa información mediada
por el diálogo y reflexión colectiva con mujeres de diferentes partidos políticos. Aprovechamos
esta publicación para agradecerles por su valentía y valiosas aportaciones; se han convertido en
la fuente de inspiración del trabajo de este equipo.
La estructura de reporte final de investigación es la siguiente: En un primer apartado, las y
los lectores encontrarán la construcción del marco teórico conceptual que guía la integridad del
documento, aunque cada apartado retoma autorías que son necesarias para profundizar en la
complejidad de los temas específicos que se van abordando. El apartado teórico general esta-
blece una distinción entre acoso y violencia política electoral, de forma que el primero se ejerce
XIV Introducción
contras las mujeres por el hecho de ser mujeres, principalmente, dentro de los partidos políticos
y se manifiesta con ataques psicológicos y con condiciones de discriminación y desigualdad de
género para competir por un cargo; la violencia política electoral no necesariamente tiene mo-
tivaciones de género, pero los perpetradores (dentro y fuera de los partidos políticos) generizan
sus ataques cibernéticos relacionados con la sexualidad, apariencia o vida privada familiar de
las candidatas, o ejercen violencia física y/o sexualmente. En el segundo capítulo hacemos una
breve pero necesaria descripción del contexto geográfico, social y político del Estado de Guana-
juato, analizando sus condiciones sociodemográficas, indicadores delictivos y de competencia
electoral. En este capítulo también realizamos el análisis con perspectiva de género de los re-
sultados de los comicios del 2018, en el cual adelantamos una de las dimensiones del sexismo
institucional descritas en el marco teórico: el confinamiento electoral discriminatorio de las mu-
jeres, esto es, la estrategia partidista de enviar a candidatas a circunscripciones sin relevancia
electoral, política o económica.
En un tercer apartado nos concentramos en los testimonios de las candidatas del proceso
electoral 2017-2018 en Guanajuato, obtenidos en las entrevistas y en los conversatorios, iden-
tificando sus perfiles y las principales manifestaciones de acoso y violencia política electoral
que experimentaron antes y durante los comicios. La narrativa de las candidatas nos permitió
identificar las principales dimensiones de análisis del sexismo institucional. De esta forma, en
el cuarto apartado, se realiza un profundo análisis de la base de datos del Instituto Nacional
Electoral (INE) sobre la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos para el
financiamiento de las campañas, en el que comprobamos la hipótesis de la desigualdad en la
distribución de dicho financiamiento entre candidatas y candidatos. En el quinto capítulo, se
analiza la dimensión comunicativa del proceso electoral, esto es, la comunicación política de
los partidos mediante la publicidad electoral, la cobertura mediática y los mensajes emitidos en
las redes sociales; tal como lo enunciaron las candidatas en sus testimonios se logró identificar
claramente una preferencia por difundir la imagen de candidatos hombres de ciertas posiciones
y municipios, mientras que las candidatas tuvieron una mínima difusión y cobertura mediática.
Finalmente, el sexto capítulo titulado “Mapas de riesgo de la violencia política electoral con-
tra las mujeres” aborda una de las preocupaciones configuradas en el marco teórico inicial: las
condiciones de un entorno geográfico de violencia, inseguridad e impunidad pueden agravar las
manifestaciones de acoso y violencia política contra las mujeres. De igual manera, se conside-
ran como amenazas las condiciones de competitividad electoral y desarrollo humano, así como
vulnerabilidades la cultura machista preponderante. En este sentido, se desarrollan análisis de
topografía política y cuantitativos para identificar las zonas de riesgo que corren las mujeres
candidatas en su aspiración a contender por un cargo político.
Introducción XV
Agradecimientos
Este trabajo no podría haberse realizado sin el interés y preocupación de la consejera Indira Ro-
dríguez Ramírez y todo su equipo, empezando por Dulce María de Fátima Lara Morales, a quienes
agradezco sinceramente. En el proceso de construcción de esta propuesta metodológica estuvie-
ron presentes muchas personas aliadas para escucharme y aconsejarme, reconozco que todos los
errores son míos, pero sí quiero admitir que hubo personas que sin conocerme me brindaron sus
ideas y sugerencias; estoy profundamente agradecida con la Dra. Lucía Carmina Jasso López, quien
me brindó su tiempo para explicarme y ayudarme en las bases de datos que podrían brindar más
información y que se quedan como caminos a explorar. Al Dr. Juan Carlos García Palomares quién, a
pesar de su arduo trabajo y el cambio de horario, me brindó una asesoría y quien me ha acercado a
la geografía con una visión muy particular, no me queda más que reconocerle toda mi admiración.
Al Dr. Carlos Ríos Llamas, quien desde el principio aceptó trabajar conmigo y realizar toda la car-
tografía aportando no solo sus conocimientos si no también su empeño y visión en el intercambio
de experiencias y saberes. A Sandra Pérez Castrejón y Alberto Nathanael Ávila de la Rosa, quienes
trabajaron como becarios de marzo a diciembre 2018. Al equipo de coordinación, Vanessa y Doris
por su trabajo, escucha y acompañamiento en esta aventura. A mi Tonatiuh, Nayla e Ikal que son mi
sustento y motivación para soñar y trabajar por un mundo mejor.

Gracias a quienes participaron en el análisis de productos comunicativos: Elimar Gómez Her-
nández y Ana Karina Cueto Murillo, quienes fueron becarias de enero a diciembre de 2018; Gre-
cia Saavedra Rangel y Elizabeth de Jesús Torres Pérez, quienes participaron como voluntarias en
el mismo período y muy especialmente a Astrid Estefanía López Sánchez, quien participó como
becaria de enero de 2018 a septiembre de 2019.
Gracias también a Vanessa Góngora Cervantes por invitarme a colaborar en este proyecto y a
Verónica Vázquez Piña por el diálogo constante.
Por supuesto, gracias a Indira Rodríguez Ramírez y Dulce María de Fátima Lara Morales por el
interés en esta investigación y por el apoyo constante que nos brindaron.

Una mañana de noviembre del 2017 se gestó este proyecto. La consejera Indira Rodríguez y la
titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEG, Dulce María de Fátima
Lara, me hablaban de la pertinencia y necesidad de hacer una investigación sobre la violencia
política que viven las mujeres en Guanajuato por su aspiración a contender por un cargo público.
Su entusiasmo fue tal, que me convenció ese mismo día y me acompañó durante estos dos años
de investigación. Sus gestiones reflejaron la pasión que tienen en esta lucha, misma que nos
XVII
ayudó a superar los obstáculos que encontramos en el camino. La disciplina y profesionalismo
de Dulce Fátima fueron invaluables para la consecución misma de la investigación. A ambas, mi
total agradecimiento por la invitación a encabezar este proyecto, espero que haya cumplido con
sus expectativas.
Aquella mañana sabía que me enfrentaba a una tarea muy difícil, por demás compleja. Para
asumir esta responsabilidad necesitaba conformar un equipo de personas especialistas en temas
específicos, pero sobre todo, comprometidas con la lucha por la igualdad de género en el espacio
político. Gracias a Vero Vázquez y Doris Flores por entregar su conocimiento, experiencia y tiempo
a este proyecto; aunque fue difícil en la recta final y lleno de sacrificios, tenemos un producto co-
lectivo que nos va a llenar de orgullo. También agradezco sobremanera a Carlos Llamas, Verónica
Castro y Francisco Esquivel por su participación que, sin duda, deja huella en los hallazgos de esta
investigación. También quiero agradecer profundamente el apoyo incondicional de Grecia Abigail
Chavira, becaria de este proyecto, amiga y camarada feminista.
Vladimir, ya lo sabes… fuiste, eres y serás el pilar que sostiene los sueños de esta feminista.
XVIII Agradecimientos
Agradecemos a todas las mujeres aspirantes y candidatas que nos confia-
ron sus vivencias. Esperemos que este documento no sea uno más que se
guarda en un olvidado librero, sino que constituya una herramienta eficaz
para promover trayectorias políticas libres de discriminación, desigualdad
y violencia de género, dentro y fuera de los partidos políticos.
Si tocan a una, nos tocan a todas.
XIX
Marco teórico conceptual
La presente investigación tiene como objetivo visibilizar, describir e identificar las características
del fenómeno de violencia política electoral contra las mujeres en el Estado de Guanajuato en el
proceso electoral 2017-2018, tomando como base los testimonios de candidatas, la información
electoral y financiera de bases oficiales, realizando un análisis de la comunicación política y un
análisis georreferenciado, para aportar algunas líneas de acción concretas coordinadas por el Ins-
tituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en materia de prevención y atención de la violencia
electoral contra las mujeres.
En este apartado se presenta el marco teórico conceptual, construido a partir de la revisión de
la literatura de violencia política electoral contra las mujeres y que permitió la generación de las
estrategias metodológicas que siguió la investigación (las cuales serán explicadas a detalle en
cada capítulo). La configuración teórica tiene como base el reconocimiento de un sistema de do-
minación patriarcal –o sistema sexo-género como algunas organizaciones gubernamentales han
matizado– y que encuentra precisa explicación con el concepto de violencia simbólica de Pierre
Bourdieu (2000), pues permite entender que el fenómeno de violencia política contra las mujeres
se inserta en una envolvente cosmovisión simbólica que establece “un orden de las cosas” basa-
do en la división de los sexos y la dominación de unos sobre otras, que trasciende a cada aspecto
de la vida de los individuos, desde que nombramos a algo como vida privada y la separamos de
la discusión pública y política, de forma que reconocemos y aceptamos los roles y los límites de
participación que dicha cosmovisión establece para las personas en cada uno de estos espacios.
La violencia política electoral es un conjunto de dispositivos de vigilancia y sanción a las muje-
res que han transgredido su “natural” espacio privado hacia el mundo de lo político.
Aunque la etiqueta “violencia de las mujeres en política” es reciente en la discusión académi-
ca, no quiere decir que no se presentara antes o que no hubiera sido visibilizada por académicas
interesadas en la participación política de las mujeres (loable ejemplo la producción académica
de Dalia Barrera, Irma Aguirre y Alejandra Massolo en nuestro país, por nombrar sólo algunas que
analizaron los problemas y obstáculos en las trayectorias políticas de las mujeres). Sin embargo,
el acto de nombrar y caracterizar el fenómeno bajo el nombre de “violencia política contra las
mujeres” o “violencia política en razón de género” ha permitido desarrollar investigaciones a nivel
internacional con un impacto importante en la movilización de la sociedad civil y en el quehacer
gubernamental y electoral. El activismo de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la for-
ma en que trasciende hasta llegar a una propuesta de “ley modelo” contra el acoso y la violencia
política, coincide con un análisis pionero de 2004 en América Latina de Ximena Machicao Barbery
quien propone los conceptos de “acoso y violencia política” que después serán adoptados, enri-
quecidos o puestos a revisión por otros diagnósticos nacionales sobre el fenómeno (en Costa Rica,
Perú, El Salvador, Honduras, Ecuador, etcétera).
1
A lo largo de este capítulo presentaremos la evolución del análisis académico que ha tenido el
fenómeno de violencia política contra las mujeres, acentuando dos corrientes teóricas principa-
les que debaten el fenómeno de la violencia política y electoral contra las mujeres: 1) aquella que
considera que el fenómeno es un backlash (reacción o contragolpe) del sistema patriarcal y que se
sintetiza con la relación “a mayor participación política de las mujeres, mayor violencia política”,
y considerada el mainstream o corriente teórica dominante y 2) la que pone en entredicho que to-
das las agresiones se generan “sólo por el hecho de ser mujeres” y que deben analizarse conside-
rando el contexto socioeconómico, político, de crisis, inseguridad e impunidad en el que se pre-
sentan estos actos de violencia política contra las mujeres.1 Sin embargo, en esta investigación
exponemos las bondades y límites de una y otra y establecemos un “puente teórico conceptual”
tomado de otras aportaciones académicas que permiten, por lo menos para nuestra delimitación
del objeto de estudio, comprender mejor el fenómeno de la violencia política electoral que fue
descrito por los testimonios de las candidatas entrevistadas y que, en definitiva, se logró cons-
tatar con fuentes de información oficial y procedimientos metodológicos más específicos. Este
puente teórico destaca los conceptos “sexismo institucional” de los partidos políticos (expuesto
principalmente por Daniela Cerva, 2014) y “violencia electoral generizada” (Bardall, 2015).
La violencia simbólica como trasfondo

Todo análisis sobre la participación política de las mujeres debe tener presente que éstas, como
grupo identitario, han sido histórica y estructuralmente relegadas del espacio público de la polí-
tica. La Teoría Feminista se ha encargado de visibilizar cómo la filosofía, las grandes ideologías y
el desarrollo mismo de la Ciencia Política (caracterizada por una supuesta objetividad o neutrali-
dad), se han fincado en las bases del prejuicio hacia las mujeres, de los argumentos biológicos de
inferioridad, falta de racionalidad o desinterés que se cree que este grupo observa hacia los temas
políticos. Sin embargo, a la par de la descalificación, han surgido aportaciones que, utilizando los
propios conceptos universalistas de los teóricos políticos, han exigido la reconsideración de su
posición y la vindicación de sus derechos. De esta manera, la historia de las mujeres en la política
es una continua e inacabada lucha por su reconocimiento de ciudadanas de primer nivel en un
mundo configurado por y para los ciudadanos hombres. El análisis teórico de la existencia de un
conjunto de condiciones que violenta, inhibe u obstaculiza la participación política de las muje-
res forma parte de esta lucha histórica.
El concepto de violencia simbólica es el punto de partida de nuestro análisis. Este concepto,
propuesto por Pierre Bourdieu ([1998] 2000) es retomado constantemente en los estudios de vio-
lencia hacia las mujeres. Aunque algunas autoras, que abordaremos más adelante, han incluido
la violencia simbólica como una dimensión o subtipo de la violencia política (principalmente
Krook y Restrepo, 2016a, 2016b), nosotras consideramos que el concepto es envolvente y propor-
ciona mayores elementos para dimensionar los momentos en que puede presentarse, encontrar
sus manifestaciones y a quienes perpetran la violencia política contra las mujeres.
La violencia simbólica explica que la discriminación de las mujeres y la dominación masculina
no pueden entenderse como prácticas en las que los individuos tienen plena conciencia de la dis-
criminación o violencia (que ejercen o viven), sino que son parte de todo un sistema diseñado para
1 Como veremos más adelante, este debate se puede evidenciar en la discusión teórica y empírica de las autoras Mona Lena Krook y Juliana
Restrepo (2016a y 2016b) y de Jennifer Piscopo (2016) publicada en la Revista Política y Gobierno (editada por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas, CIDE, de México).
2 Marco teórico conceptual

asignar a las mujeres posiciones, actividades y juicios diferentes y generalmente inferiores a los
hombres, justificado en todo momento por el argumento biológico.
El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la
dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución
muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su
momento, sus instrumentos; es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de
reunión o el mercado, reservados a los hombres, y la casa, reservada a las mujeres, o, en
el interior de ésta, entre la parte masculina, como del hogar, y la parte femenina, como el
establo, el agua y los vegetales; es la estructura del tiempo, jornada, año agrario, o ciclo de
vida, con los momentos de ruptura, masculinos, y los largos períodos de gestación femeni-
nos (Bourdieu, [1998] 2000: 22).
Tal vez su principal característica sea la interiorización misma del mandato u opresión por parte
del grupo oprimido y la justificación generalizada de la desigualdad, discriminación y violencia
a dicho grupo. Ante la incursión de las mujeres en los espacios y roles que trasgreden el “orden
natural de las cosas”, el sistema se resiste para que perduren los valores y la concepción sexista
del mundo.
Joan Scott ([1986], 1990:44) explica que “las relaciones sociales basadas en las diferencias que
distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” y
que la omnipresencia de este sistema se puede desagregar en cuatro dimensiones interrela-
cionadas: 1) construcción de símbolos dualistas y dicotómicos que son referentes cotidianos
de la sociedad; 2) las interpretaciones normativas del simbolismo cultural: dogmas religiosos,
posicionamientos científicos, doctrinas legales e ideologías políticas “que afirman unívoca y ca-
tegóricamente el significado de hombre y mujer, masculino y femenino” así como el rechazo de
cualquier otra posibilidad que no encaje en esta división binaria de los sexos; 3) las instituciones
sociales que materializan la división de los sexos con sus respectivos dispositivos de vigilancia
y castigo, comenzando con la familia, el mercado de trabajo, la educación y la política; y 4) la
identidad individual subjetiva construida (influida) por “las actividades, organizaciones sociales
y representaciones culturales históricamente específicas” a las ideas prevalecientes de las rela-
ciones de género.
La separación de los espacios privado y público son un ejemplo de lo expuesto líneas arriba:
el simbolismo cultural contribuye a configurar las creencias sobre lo masculino y lo femenino y
cómo se contraponen en diversas dicotomías como racionalidad/emociones, cultura/naturaleza.
Estas dicotomías simbólicas se traducen en estructuras sociales –normativas, vigilantes y san-
cionadoras– que dividen sexualmente el trabajo y prácticamente todas las actividades y espa-
cios en los que se desarrollan los individuos. Desde el feminismo se ha cuestionado la forma en
que se han sentado las bases de la discriminación y violencia hacia las mujeres para excluirlas
“justificadamente” durante siglos de la posibilidad de participar y discernir sus problemas en las
instituciones y procesos políticos, además de que el mundo de lo privado también ha sido lidera-
do por los hombres. La diferencia sexual centrada en la posibilidad de las mujeres de tener hijos,
simbólicamente se ha asociado a la naturaleza, oponiéndola a la racionalidad de los hombres,
y esto las ha convertido en sus dependientes; las ha remitido al espacio de lo doméstico, y ex-
cluido de los asuntos de la polis: “Las feministas han hecho hincapié en cómo las circunstancias
personales están estructuradas por factores públicos, por leyes sobre la violación y el aborto, por
el estatus de “esposa”, por políticas relativas al cuidado de las criaturas y por la asignación de
Vanessa Góngora Cervantes 3

subsidios propios del estado de bienestar y por la división sexual del trabajo en el hogar y fuera
de él. Por tanto, los problemas “personales” sólo pueden resolverse a través de medios y de accio-
nes políticas” (Pateman, [1981] 1996: 47). Lo personal es político.
Carole Pateman ([1989], 2018) analiza a profundidad las teorías del contrato social y lanza una
crítica severa al confinamiento de las mujeres a la esfera privada:
Uno de los temas centrales que ocupan mis ensayos es que la mujer, su cuerpo y su con-
dición de ser mujer representan lo privado; simbolizan todo lo que se excluye de la esfera
pública. […] “El desorden de la mujer” hace referencia a que ésta constituye una amenaza
para el orden político y por eso debe ser excluida del mundo público. El hombre posee
las capacidades necesarias para la ciudadanía; en particular, puede hacer uso de la razón
para sublimar sus pasiones, desarrollar un sentido de justicia y así defender la ley civil y
universal. Según los textos clásicos de la teoría contractualista, la mujer no puede tras-
cender su naturaleza corporal ni sus pasiones sexuales; la mujer no puede desarrollar
esa moral política.
En este sentido, podemos comprender que en el fenómeno de la violencia política contra las
mujeres, las prácticas colectivas, acciones individuales y omisiones institucionales que gene-
ralmente se identifican como acoso o agresiones (sexuales y físicas, las más evidentes por su
gravedad) son producto de un contexto de resistencia a la inclusión de las mujeres en la esfera
política. Las familias, los partidos políticos, áreas gubernamentales, organismos electorales, en-
tre otros actores sociales y políticos siguen los preceptos de la división de los sexos, reproducen
prácticas discriminatorias e invisibilizan condiciones inequitativas. Existen claros obstáculos
con diferente nivel de gravedad que van inhabilitando a las mujeres en esta aspiración y en el
ejercicio mismo de la política:
El acoso político es ejercido por otros hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, como
represalia por transgredir las normas que dictan que las mujeres no pertenecen al espacio
público. La transgresión, la beligerancia, el ser activa políticamente, significa una ruptura
de una estructura, sistema e ideologías no democráticas, autoritarias, androcéntricas y
patriarcales (Escalante y Méndez, 2011: 6).
El aumento de la participación política de las mujeres es una amenaza a la “forma patriarcal de

pensar y hacer la política: el sistema político del patriarcado” (Arboleda, 2012:36). Si el sufragio
femenino se interpretó como un atentado a los valores tradicionales y a la familia misma, el in-
cremento de mujeres participando activamente en asuntos públicos y trabajando desde espacios
partidistas revitaliza las creencias y prácticas de la división sexual de los sexos. Algunas analis-
tas explican la violencia política contra las mujeres como una reacción del sistema patriarcal a
las medidas especiales o acciones afirmativas que han permitido reducir las brechas de género
en la política; las agresiones a las ciudadanas, candidatas y políticas en cargos públicos pueden
contener ese elemento de comunicar a la sociedad en general que las mujeres no deberían par-
ticipar y hasta dónde podrían participar (Piscopo, 2016).
Backlash: la violencia política y electoral como reacción patriarcal

La violencia (de forma general) implica el reconocimiento de un otro como enemigo al cual se
quiere controlar o incluso eliminar; cuando añadimos el adjetivo “política” hacemos referencia
directamente a los conflictos sociales en torno a la asignación de valores, recursos y mecanis-

mos coercitivos entre diversos grupos e individuos: “desde la perspectiva antropológica, puede
ser resultado de la competencia entre individuos o grupos por el uso de recursos que les parecen
significativos” (Salmerón, 2017:56). La disputa puede ser por el poder mismo y el control de recur-
sos materiales o simbólicos, pero también por el sólo reconocimiento de una de las partes como
actores sociopolíticos legítimos. La violencia política implica desde la represión de manifestacio-
nes civiles pacíficas, la desaparición forzada, el conflicto armado (todo esto cuando se trata de un
enfrentamiento Estado-grupos sociales) hasta la “guerra sucia” interpartidista en medios de co-
municación, la infiltración de los grupos criminales en las elecciones o incluso riñas entre actores
políticos y sociales o sus simpatizantes (Barbosa y Yébenes, 2009; Salmerón, 2017).
Las mujeres, como grupo con identidad política, constituyen al “otro” que va en contra del
orden simbólico de la división sexual y la infinidad de aristas que se derivan de ésta. Al querer
ser consideradas como ciudadanas de primera clase, el grupo que ostenta el poder percibe una
amenaza, en este caso, son los hombres quienes no pueden considerarlo como un ejercicio
democrático de inclusión o sufragio universal, sino como una invasión a su natural y legíti-
ma posición social. Aunque la agresión se dirija a una mujer en particular, cuando se trata de
violencia política en razón de género, el mensaje es claro para el resto de ellas: las mujeres no
pertenecen ni pueden desempeñarse en el ámbito político. El carácter simbólico de la agresión
(por considerarlas como parte de un grupo sin legitimidad política) es la distinción principal
entre la violencia política general y la violencia en razón de género.
Autores como Fernando Salmerón (2017:63) consideran que la violencia política hacia las mu-
jeres es una “reacción” frente a la desintegración de los esquemas tradicionales sexistas: “[e]s
cuando la sociedad no reconoce una base cultural y legítima de dominación, cuando la igualdad
se vuelve problemática y genera violencia”. En este sentido, la violencia política en razón de
género no puede considerarse un fenómeno “nuevo” considerando la exclusión histórica y siste-
mática de las mujeres del ámbito político; antes del reconocimiento de la ciudadanía de las mu-
jeres y de la garantía estatal de sus derechos políticos, las prácticas y agresiones (sutiles y graves)
hacia éstas, conformaban los mecanismos sociales y estatales justificados para sancionarles por
su transgresión. Sin embargo, el surgimiento del término a finales de la primera década del siglo
XXI y su cada vez más aceptada difusión en la academia y vida política, se deriva de la necesi-
dad de problematizar los obstáculos estructurales y agresiones hacia las mujeres que persisten
y parecen haber aumentado proporcionalmente con el número de mujeres en espacios de toma
de decisiones políticas. Las acciones afirmativas mejor conocidas como “cuotas de género” y
después, el principio de paridad de género, han permitido que cada vez más mujeres ocupen las
asambleas legislativas e incrementen su presencia en cargos ejecutivos y de gabinete. En este
sentido, se ha establecido una relación entre las cuotas de género y la violencia política contra
las mujeres que nombraremos hipótesis de “reacciones adversas” o backlash y que identificamos
como la corriente teórica dominante del tema:
Las iniciativas como las cuotas también pueden desencadenar resistencia y reacciones vio-
lentas (backlash) contra la integración política femenina. Estas reacciones van desde actos
explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo en los medios de comunicación y redes
sociales, que están dirigidas contra las mujeres por ser mujeres y tienen el propósito de for-
zarlas a retirarse de la vida política (Krook y Restrepo, 2016a).
De este modo, la violencia política contra las mujeres ha sido problematizada por las propias mu-
jeres políticas, la academia (principalmente las investigadoras feministas) y periodistas que fueron

identificando los casos específicos como agresiones contra las mujeres “por el hecho de ser muje-
res”. Cabe destacar la colaboración de las políticas y las académicas porque ello permitió la genera-
ción de los primeros diagnósticos nacionales de la problemática (Machicao, 2004; Quintanilla, 2012;
Arboleda, 2012; Albaine, 2014, entre otros) y que conforman el corpus teórico más importante hasta
el momento de aproximación a la realidad latinoamericana. La Asociación de Concejalas de Bolivia
(Acobol) fue pionera en el tratamiento y visibilización del tema y definió el acoso y la violencia po-
lítica después de prácticas concretas que experimentaron como varias concejalas (representantes
locales), la mayoría de ellas indígenas. Su experiencia fue registrada y analizada por Ximena Machi-
cao (2004:5) y sentó las bases de la distinción entre el acoso y violencia: el primero es un conjunto
de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, mientras que la violencia política es
el conjunto de acciones, conductas o agresiones que causan daño físico, psicológico y sexual que
tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su
cargo a una mujer política, o inducirla, en contra de su voluntad, a actuar de una manera particular
o dejar de hacerlo en relación con su mandato político.
Nuestra propuesta de investigación retoma la distinción, sin embargo, consideramos que las
primeras conductas y las agresiones forman parte de un continuum de violencia, y aunque la
gravedad es distinta, tienen como propósito eliminar a las mujeres del espacio político:
… todo acto-acción que se inicia como acoso (conflicto en un primer momento) y no se
soluciona en este estado, tiende a convertirse en violencia política en razón de género. […]
esta tipologización progresiva o de grado entre acoso político de género como la base de
un sistema de “alerta temprana” frente al cometimiento de actos más graves de agresión y
violencia (Arboleda, 2012: 46).
La violencia política contra las mujeres es un conjunto de acciones que se manifiestan de diver-
sas formas, en diferentes momentos y por perpetradores distintos (véase tabla 1 y 2). Si consi-
deramos que el propósito es limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos de las mujeres,
el concepto abarca los atentados contra el voto de las mujeres, su posibilidad de organización
política, la manifestación o expresión de sus demandas y, por supuesto, la aspiración de ocupar
un cargo público y de elección popular o ejercerlo en libertad. Considera las limitaciones que
tienen las mujeres como militantes de partidos políticos, aspirantes, precandidatas, candidatas
a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en
el propio ejercicio de un cargo público. Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres
que deciden integrar las autoridades administrativas o jurisdiccionales electorales, así como las
que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de
casilla (Elizondo, 2017: 94).
Además, si bien las prácticas consideradas como violencia política podrían limitar sólo uno
de los derechos políticos, también podrían violentar al conjunto de estos si consideramos que
los y las perpetradoras de la violencia pueden provenir de ámbitos como el familiar, el comuni-
tario, laboral o institucional: a una mujer que se le prohíbe salir de su casa para emitir su voto,
probablemente tampoco pueda participar en una organización política; quien no tiene posibili-
dad de representar a su partido político en la contienda de un cargo público, es probable que no
pueda expresar con libertad sus demandas.
Dada la hipótesis de contragolpe o backlash, el tema de violencia política ha adquirido im-
portancia en el antes, durante y después del proceso electoral, cuando las mujeres son prota-
gonistas en los medios de comunicación y son visibilizadas las manifestaciones de violencia en

su contra. Silvia García (2014) ha distinguido la violencia política de acuerdo con el momento o
etapa en que se presenta, considerando la intención de las mujeres de ejercer un cargo público:
como aspirantes y candidatas, legisladoras y autoridades municipales electas, legisladoras o
autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones. La autora explica que, en la primera
etapa, la electoral, algunas de las expresiones de violencia son “que las élites partidistas hacen
mal uso de los presupuestos tanto aquel dirigido a la capacitación y promoción de liderazgos
de las mujeres como al destinado a las campañas políticas, lo que incide en el escaso apoyo
de recursos materiales y humanos para las candidaturas de las mujeres, además de presiones
hacia éstas para ceder o no reclamar la candidatura”. Sin embargo, al considerar la segunda eta-
pa después de las campañas, cuando puede haber sustituciones arbitrarias o presiones para la
renuncia, omite el desarrollo de las campañas electorales, siendo que éstas podrían concentrar
una gran cantidad de esas manifestaciones de violencia, especialmente de sexismo institucional
y ataques sociopsicológicos mediáticos.
Krook y Restrepo (2016:137) recuperan una definición de Fischer de violencia política durante
elecciones como “cualquier acto o amenaza, fortuita o deliberada, para intimidar, hacer daño fí-
sico, chantajear, o abusar de un actor político con el propósito de determinar, retrasar o influir un
proceso electoral”. Pero son los estudios de Gabrielle Bardall (2015) los que se han concentrado en
la violencia electoral, entendida como “un medio para controlar y/u oprimir el derecho de un indi-
viduo o grupo a la libre participación en una elección” (2015: 6). La autora sostiene que la definición
tradicional de la violencia electoral es limitada pues no incluye la intimidación familiar y social
que se desarrolla en espacios privados, o por ejemplo el sexismo y el acoso sexual en espacios pú-
blicos, los cuales se realizan con el propósito de inhibir e intimidar a las candidatas y activistas. Si
la violencia electoral tiene como propósito incidir o dañar en el proceso electoral o su resultado, la
violencia de género pretende hacer un daño a la persona por razón de su sexo y género.
Ilustración 1. Delimitación conceptual de la violencia electoral contra las mujeres.
Establece que el orden “natural” de las co-

sas es la dominación masculina en todos
los ámbitos de desarrollo humano.
Se presenta en los ámbitos familiar, comu-

nitario, organizacional, institucional, entre
otros, cuando su objetivo es limitar, contro-
lar o eliminar los derechos políticos de las
mujeres.
Se presenta en ámbitos familiar, comuni-

tario, organizacional, institucional, entre
otros, cuando su objetivo es limitar, contro-
lar o eliminar la aspiración por contender
por un cargo de representación popular.

En este sentido, la violencia electoral también debe ser apreciada por las consecuencias que tiene
cuando se incluye la variable sexo. Es decir, Bardall no se detiene precisamente en la motivación
tal cual como lo expresa la hipótesis backlash, sino en la experiencia diferenciada de dicha vio-
lencia. Explica que las mujeres sufren tipos de violencia diferentes en diferentes frecuencias, mo-
mentos y lugares, que se explican su rol reproductivo y de cuidado y por la cosificación sexual de
las mujeres. La violencia electoral se ejerce con mecanismos “generizados”: la violación o agresión
sexual para desmoralizar a las mujeres; las amenazas a la integridad física de su pareja, familia,
conocidos y amigos, apelando a la ética de cuidado como valor de género inculcado en mayor
medida a las mujeres; la limitación o negación de dinero, sobre todo para aquellas que han sido
siempre dependientes económicas; las calumnias relacionadas con su orientación sexual, relacio-
nes de pareja o vida familiar, etcétera. Sin perspectiva de género, estas manifestaciones quedarían
invisibilizadas en el juego político violento y normalizado en la política.
La propuesta de Gabrielle Bardall es el “puente teórico” con la otra corriente de análisis de
la violencia política contra las mujeres. Aunque la autora reconoce que pueden darse actos de
violencia para debilitar la participación de las mujeres, enfatiza que “las víctimas (hombres y
mujeres) de la violencia electoral son objeto de ataques por múltiples razones, sólo una de ellas
es su sexo.
Condiciones de riesgo: entorno geográfico y de violencia generalizada

Gabrielle Bardall es una de las autoras que cuestiona la hipótesis de reacción adversa o backlash,
pues argumenta que no hay datos objetivos que demuestren el aumento de la violencia política y
su vinculación directa con una mayor presencia de las mujeres en cargos públicos, considerando
el efecto positivo de las cuotas de género: “Las mujeres políticas, expertas y académicas han sensi-
bilizado sobre el tema en la última década, pero esta conciencia en aumento no debe confundirse
con una mayor frecuencia o prevalencia” (iKnowPolitics, 2019). En esta investigación, una de las
preocupaciones iniciales era poder “medir” la incidencia de la violencia política para proporcio-
nar una lectura de las elecciones 2018 que pudiera ser retomada en comicios futuros y, entonces,
contar con información objetiva y sistematizada que diera cuenta de esta supuesta relación entre
mayor participación política de las mujeres y mayor número de incidentes de violencia política en
contra de ellas. Sin embargo, como lo narramos en el apartado introductorio, no fue posible vencer
la barrera de la no respuesta de las mujeres candidatas.

Tabla 1. Manifestaciones de violencia política, roles de las mujeres en el momento no electoral
Aspirantes a Políticas en
Simpatizantes/
Momento Ciudadanas candidatas funciones (incluyen-
Militantes
o precandidatas do suplentes)
No Impedir o prohibir Asignar actividades Proporcionar infor- Proporcionar infor-
electoral los derechos de orga- por roles o estereoti- mación incorrecta mación incorrecta
nización o afiliación pos de género. o falsa en su aspira- o falsa.
política. ción por una candi-
Restringir o negar Asignar actividades
datura.
el uso de la palabra. por roles o estereoti-
Restringir o negar pos de género.
Impedir su participa-
el uso de la palabra.
ción en actividades Restringir o negar
de partido y/o en Impedir su participa- el uso de la palabra.
comisiones o tareas. ción en actividades
Obstaculizar o prohi-
de partido y/o en
Divulgar o revelar bir asistencia a
comisiones o tareas.
información personal reuniones o partici-
para desprestigiarle. Divulgar o revelar pación en comisiones
información personal o actividades.
Desestimar o descali-
para desprestigiarle.
ficar su participación Desestimar o descali-
o propuestas. Desestimar o descalificar sus propuestas.
ficar sus propuestas.
Obligar a tomar deci-
siones en contra de
su voluntad.
Impedir el acceso
al cargo después de
licencias por mater-
nidad.
Imponer sanciones
injustificadas.
Presionar a renunciar
al cargo.
Divulgar o revelar
información personal
para desprestigiarle.
Limitar o negar
recursos humanos
y económicos.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Manifestaciones de violencia política, roles de las mujeres en el momento electoral
Simpatizantes/ Aspirantes a candidatas o Candidatas en Candidatas Candidatas no

Momento Ciudadanas
Militantes precandidatas campaña electas electas
Electoral Impedir u Restringir o Restringir o negar el uso Obstaculizar o Obstaculizar Proporcionar

obligar el negar el uso de la de la palabra, obstaculizar prohibir asistencia o prohibir información
sentido del palabra. o prohibir asistencia a a reuniones o asistencia a incorrecta o
voto. Desestimar o reuniones o participación en participación en reuniones o falsa para la
descalificar su actividades. actividades. participación presentación de
participación o Desestimar o descalificar su Impedir el acceso a la en comisiones o recursos legales
propuestas de participación o propuestas. candidatura después actividades. en caso de
mujeres. Impedir el acceso a de licencias por Impedir el acceso inconformidad.
Divulgar o revelar candidaturas después de maternidad. a la candidatura
información licencias por maternidad. Presionar a renunciar después de
Marco teórico conceptual

personal para Impedir el uso de recursos a la aspiración de licencias por
desprestigiarla. legales para proteger sus una candidatura. maternidad.
Impedir su derechos políticos. Divulgar o revelar Presionar o
participación Imponer sanciones información personal coaccionar para
en actividades injustificadas. para desprestigiarle. renunciar al
de partido o Presionar a renunciar Limitar o negar cargo.
apoyo a una a la aspiración de una recursos humanos y Divulgar o revelar
precandidatura candidatura. económicos. información
o candidatura Divulgar o revelar Desestimar o personal para
particular. información personal para descalificar sus desprestigiarla.
desprestigiarle. participación y
Limitar, negar o retrasar propuestas.
recursos humanos y
económicos.
10
Hay dos explicaciones de la percepción del aumento de los casos de violencia política contra
las mujeres: 1) que, a diferencia de otras generaciones cuando no había sido nombrado el pro-
blema, actualmente las mujeres políticas identifican y visibilizan el fenómeno y algunas llegan a
denunciarlo, y 2) la relación obvia entre un mayor número de mujeres que participan en política
y un mayor número que experimentan violencia: el aumento de las agresiones es directamente
proporcional al número de mujeres políticas.
Sin embargo, lo que refiere esta última explicación es que, aunque la presencia de las mujeres
es cada vez más común, no significa que se esté aceptando su participación, sino que persiste el
rechazo, acoso y violencia, aunque sea un grupo en aumento. No es un grupo minoritario, pero
sigue siendo un grupo en desventaja social, a pesar de los efectos de las cuotas de género, pues
esas “medidas transitan paralelamente con prácticas de violencia y discriminación que se re-
actualizan y reproducen un orden de género (masculino) imperante en los partidos, entendidos
como organizaciones generizadas” (Cerva, 2014: 135).
Pero la principal crítica a la propuesta del contragolpe patriarcal no son sólo estos dos argu-
mentos. Jennifer M. Piscopo (2016:438) juzgó que el esfuerzo de académicas y políticas por eti-
quetar la violencia política contra las mujeres como efecto de las reacciones adversas sexistas a
las cuotas de género, había pasado por alto “la conexión de dicho fenómeno con los deficientes
procesos de consolidación democrática de la región [latinoamericana] y los desafíos que plantea
para el Estado.” Pero específicamente:
… no han considerado el papel decisivo que juegan tres elementos fundamentales e inter-
conectados: a) el clima generalizado de inseguridad ciudadana en medio de contextos de
violencia, ejercida tanto por el Estado como por grupos criminales; b) deficientes sistemas
de justicia y aparatos policiales inefectivos que garantizan la impunidad de los agresores,
especialmente en los casos de violencia contra las mujeres; c) continuos esfuerzos de los
partidos políticos para impedir que las mujeres puedan acceder de manera efectiva al po-
der político, especialmente en el ámbito local (Piscopo, 2016: 439).
Por ejemplo, la investigación de Gabrielle Bardall que ya hemos mencionado, tomó como casos
de análisis seis Estados en transición o frágiles, con conflictos civiles de gran escala, paramili-
tares, de transición de autoritarismo o dictadura militar a competencia multipartidista, de cri-
sis políticas constitucionales, entre otros. Por medio del análisis cuantitativo de más de 2,000
incidentes de violencia en países como Bangladesh, Burundi, Guinea, Guyana, Nepal y Timor
Oriental, su propuesta rescata la importancia de relacionar los casos y sucesos de violencia con
el contexto sociopolítico en el que se desarrollan y la necesidad de analizar a las víctimas y per-
petradores desde sus diferentes roles en el proceso electoral.
Piscopo, por otra parte, pone sobre la mesa de análisis que los casos de violencia política
en los contextos latinoamericanos que aparentemente se dan por razón de género, de hecho,
podrían ser mejor explicados por la crisis política, inseguridad y violencia generalizada de la
región. La cultura de violencia, autoritarismo y sexismo promueve un ambiente de tolerancia e
impunidad de muchos comportamientos y prácticas que, en otros espacios donde la libertad y la
justicia se perciben como accesibles, se rechazaría tajantemente. Aunque las medidas especiales
como las cuotas de género han permitido acelerar el avance de la participación política de las
mujeres a pesar de la persistencia del predominio de la cultura patriarcal, la existencia de actos
de violencia política pone de manifiesto que la norma ha encontrado obstáculos para erradicar
prácticas sexistas afianzadas.

En sociedades patriarcales –con altos índices de violencia de género– la competencia elec-
toral en términos de género suele estar acompañada por acoso y violencia política en razón de
género, lo que constituye uno de los obstáculos más graves para la participación política de las
mujeres. […] Algunos factores que promueven el acoso y la violencia política en razón de género
se vinculan a ciertas reglas político-institucionales, rasgos de las cultura político-partidaria y
características étnico sociales que atraviesan el contexto de participación política tanto a nivel
nacional como local de gobierno (Albaine, 2015: 153).
Cuando se presentó el debate Krook-Restrepo vs. Piscopo, las primeras defendieron su defini-
ción de violencia política contra las mujeres como un “fenómeno independiente de la violencia
contra los políticos y la violencia en la sociedad en general” (2016b), dado que ésta tiene como mo-
tivación restringir la participación de las mujeres por ser mujeres. Sin embargo, reconocieron que
el backlash no es la única motivación de la violencia política, pero sí la más importante, refiriendo
prácticas de las élites partidistas para burlar las cuotas de género y demás acciones afirmativas.
Esto es, la hipótesis del contragolpe se entiende mejor con los perpetradores que son militantes
del mismo grupo político, pues la reacción implica la frustración de que les “quiten” los espacios
y recursos quienes no deberían siquiera participar, son intrusas en sus partidos. Este punto del
debate es muy relevante para nuestra investigación del fenómeno, pues permite observar deter-
minadas dimensiones de análisis derivadas de la propuesta de las dos autoras centradas en la re-
sistencia del sistema patriarcal a la participación de las mujeres, y ampliar la observación a otras
dimensiones relacionadas con el contexto sociopolítico como sugieren las otras autoras (Bardall
y Piscopo, principalmente) pero que se vinculan con otro tipo de perpetradores extrapartidistas.
De esta manera, las manifestaciones de acoso político contra las mujeres dentro de las orga-
nizaciones partidistas pueden entenderse mejor con la hipótesis de backlash, en tanto que tienen
como objetivo obstaculizar su desarrollo político, incluso considerando que son parte de una
misma organización partidista. El entorno inmediato de violencia es el “sexismo institucionali-
zado”, noción aportada y desarrollada principalmente por Daniela Cerva (2014).
Más mujeres en política se perciben como una amenaza debido a que la tradicional compe-
tencia que se daba sólo entre hombres es suprimida dando paso a que las militantes exijan
ser incluidas en los cargos dentro del partido, así como en las candidaturas a elecciones
populares. Antes de las cuotas, las mujeres tenían una presencia aislada, sin ningún tipo
de poder y en algunos casos –cuando figuraban– era fruto de la concesión que el partido
hacía por su relación familiar con la élite o los grupos de poder hoy. Hoy en día las mujeres
comienzan a “estorbar” porque quieren incidir en la política, con programas de trabajo y
propuestas independientes (Cerva, 2014: 130).
Desde este punto de vista, el acoso político con impacto psicológico (condescendencia, me-
nosprecio, burla, humillación, presión, etcétera) se entiende como “cotidiano” y se naturaliza
como el “costo de hacer política”; mientras que el confinamiento de mujeres a circunscripciones
perdedoras o carentes de importancia electoral para la proyección de trayectorias políticas, la
desigualdad de género en la distribución de recursos económicos y la baja o nula propaganda
electoral de candidaturas de mujeres pueden entenderse como estrategias de “protección” a los
liderazgos masculinos.
Entendiendo el fenómeno de violencia política como un continuum, el acoso político puede es-
calar y agravarse en agresiones que causan daño físico, psicológico y sexual a las mujeres por fac-
tores del entorno sociopolítico señalados por Piscopo: un contexto social de violencia e inseguridad

generalizada con un alto grado de impunidad e injusticia y escenarios de competencia política re-
crudecida, ya sea de dominio de un partido sin legitimidad política, o de fuerte presencia de dos o
varios partidos que se disputan el poder con mecanismos no necesariamente electorales. Aunque
Krook y Restrepo (2016b) reconocen que “los factores contextuales parecen influir en el contenido de
los actos violentos”, nuestro posicionamiento fue no subestimar esta relación y, al contrario, poner
especial atención al tercer factor de riesgo contextual, el de violencia de género grave, también im-
pune, en el que la agresión contra las mujeres en el ámbito doméstico, como en el laboral, docente
y público se ha elevado y no ha tenido respuesta contundente por el Estado y la sociedad misma.
Es importante enfatizar que, en un ambiente de sexismo institucionalizado, militantes y di-
rigentes de los partidos políticos, pueden empeorar su comportamiento de rechazo a la partici-
pación de las mujeres en manifestaciones de violencia psicológica, física o sexual en entornos
geográficos de violencia, inseguridad e impunidad prevaleciente. Incluso los partidos políticos
conscientes de ese clima de inseguridad y de las limitaciones para enfrentar al crimen organi-
zado sin tener un costo político alto, pueden desarrollar estrategias para cumplir y a la vez “sor-
tear” las medidas de paridad política, confinando las candidaturas de mujeres a aquellas zonas
“secuestradas” por la inseguridad y el crimen organizado más aquellas circunscripciones que no
son relevantes ni presupuestal ni electoralmente.
Por otro lado, la violencia ejercida por perpetradores extrapartidistas, si bien no tiene una mo-
tivación necesariamente de género - atacar a las mujeres por el hecho de ser mujeres - sí se deri-
va de su posición como contrincantes o enemigas políticas, pero la manera en que se ejercerá la
violencia será generizada (como explicaba Bardall) y se agravará por el contexto sociopolítico de
violencia social: violencia sociopsicológica a través de tecnologías de información atacando a las
mujeres desde su rol reproductivo (madres/esposas); violencia sexual que puede incluir ataques
y calumnias sobre su vida privada y sexual o padecer hasta el acoso sexual y la violación; y la
violencia física manifestada con pellizcos, golpes, secuestro y llegar al feminicidio.
El recordatorio de Jennifer Piscopo es por demás relevante en el caso de Guanajuato, entidad del
país que en los últimos años ha alcanzado niveles de criminalidad e inseguridad, incluso más altos
que su vecino Michoacán, o entidades del norte del país que se habían relacionado históricamente
con el crimen organizado, el narcotráfico especialmente. En este caso, Guanajuato ya es recono-
cido por ser una zona de disputa entre grupos pertenecientes al trasiego de drogas, pero también
de organizaciones de huachicoleros, esto es, la extracción ilegal y distribución de gasolina de los
ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Por ello, en las elecciones del 2018 se tenían los ojos pues-
tos en zonas que representaban focos rojos para la ciudadanía que saldría a votar, así como para
el desarrollo de campañas políticas de los y las candidatas. En esta investigación, consideramos
que la alerta de Piscopo obliga a la identificación de esas zonas que representan un riesgo en la
competencia política de las mujeres, de por sí violentas y desiguales por razón de género.
Factores de vulnerabilidad/contención de la violencia

política electoral
Si bien el reconocimiento de la violencia simbólica permite entender que todas las mujeres se
encuentran en una situación vulnerable por ser un grupo identitario en desventaja histórica y
social, no se debe caer en el error de invisibilizar condiciones sociales, económicas y políticas
que hacen más vulnerables a cierto perfil de políticas que a otras. En la sección anterior se iden-
tificaron condiciones de riesgo de las mujeres derivado de un contexto geográfico de violencia

e inseguridad general, pero también existen “factores de contención” o de vulnerabilidad del
entorno más cercano a las mujeres políticas. Daniela Cerva (2014: 132) considera que la violencia
política de las mujeres es aminorada ante la presencia de condiciones, que en esta investigación
entendemos como “escudo” ante los ataques del sexismo institucional partidista y de violencia
política-electoral ejercida por otros actores sociales y políticos inter y extrapartidistas.
Estos factores serán definidos como capital familiar y capital político y económico: su presen-
cia significa una barrera de contención tanto el acoso como la violencia política; su ausencia, deja
expuestas a las mujeres políticas al acoso y puede exacerbar los ataques dentro y fuera de los
partidos políticos, las hace más vulnerables ante el fenómeno.
Capital familiar
Se trata del primer entorno que puede obstaculizar o impulsar la trayectoria política de las mu-
jeres. Es el conjunto de creencias y prácticas de la pareja, la familia e incluso las amistades más
cercanas con relación a la carrera y aspiración política de las mujeres. En este entorno se enfren-
tan condiciones estructurales de desigualdad entre mujeres y hombres como la doble jornada
laboral y el cuidado exclusivo de hijos e hijas y hogar por las mujeres: frente al rol tradicional de
proveedor masculino, el de cuidadora doméstica. Las dinámicas familiares de género limitan o
posibilitan las trayectorias de las mujeres políticas.
La familia puede ser un entorno “inhabilitador” cuando considera impropio el “abandono” o
“descuido” del hogar y del cuidado de los hijos/as u otros dependientes por parte de la mujer in-
teresada en incursionar en la política o en ascender en ésta contendiendo por un cargo político.
Interesante por demás es la explicación de Alejandra Massolo (1994) sobre los problemas que
enfrentan las mujeres las creencias de su rol tradicional familiar: dependen económicamente
de sus parejas y pueden estar expuestas a su voluntad, amenazas y violencia; la imposición
tradicional de la feminidad como proveedoras de cuidados y afectos para los miembros de su
familia y, por lo tanto, se pueden presentar sentimientos de culpa por abandonarlos y realizar
actividades políticas; la obligación de hacerse cargo de los quehaceres domésticos, además de
cumplir con su jornada de trabajo remunerado y/o político. Por ejemplo, Antonieta Hidalgo (2000:
323) encontró en su investigación que la diferencia entre las mujeres que habían logrado un car-
go importante de representación y las que aún no lo habían hecho, es que las primeras asumen,
desde los inicios de su carrera política, que para alcanzar sus objetivos es necesario abandonar
y sacrificar las aspiraciones personales referentes a la familia tradicional; es un precio que hay
que pagar. Las segundas tuvieron que aceptar las limitaciones que les imponía la vida en familia
para luego tratar de resolverlas. Ellas tuvieron que enfrentarse a las exigencias que les imponía
su condición de madres y esposas.
En este espacio podrían presentarse las primeras manifestaciones de acoso político como
chantajes, celos, separación u abandono que puede tener serias repercusiones en su futuro polí-
tico, así como dar pie a violencia de género agravada como violencia física y sexual.
Por otro lado, el entorno familiar se considera “habilitador” cuando los antecedentes familia-
res son relevantes en la trayectoria política pues constituyen una red de apoyo y vinculación con
otros miembros del partido y grupos internos y externos de poder. Por ejemplo, Ximena Machi-
cao (2014: 49), en su estudio sobre la experiencia política las concejalas de Bolivia, explica que las
cuotas de género fueron percibidas como una “escalera” para que muchas mujeres con liderazgo
y reconocimiento comunitario pudieran acceder a posiciones de poder político, frente a aquellas

que tenían relaciones y redes familiares que les facilitaban acceder a estos espacios políticos.
Alrededor de las aspirantes y candidatas vinculadas con familias tradicionales identificadas con
partidos y/o con poderío económico, se construye una expectativa sobre la conformación de un
“capital familiar compartido” de información, redes y atajos para la incursión y ascenso de tra-
yectorias políticas. Esta relación que las posiciona como madres, esposas e hijas de militantes o
dirigentes prominentes, si bien les brinda cierta protección frente a manifestaciones de acoso y
violencia política, también menosprecia su participación al identificarlas como dependientes o
subordinadas de una figura masculina.
Muchas investigaciones que se acercaron a los perfiles de las mujeres mexicanas que han
desempeñado cargos políticos –diputadas, presidentas municipales, juezas, etcétera– tienen
como hallazgo común la importancia del capital familiar. En un estudio sobre las mujeres políti-
cas realizado en 1979 por Roderic A. Camp se encontró que éstas provenían de familias política-
mente activas y de regiones urbanas. Para el autor, los lazos familiares eran “un pasaporte, por
así decirlo, que permite un fácil acceso a los niveles políticos más altos” (1979: 430), mientras que
los espacios urbanizados son más relajados en relación con las normas tradicionales de género
y hay un mayor acceso a oportunidades de trabajo y alternativas de desarrollo político. Especí-
ficamente, Lourdes de Silva (1989) encontró como dato relevante la ocupación del padre, sobre
todo de las mujeres en cargos ejecutivos y judiciales. Inés Castro (2009: 133) explica que los obs-
táculos de la participación política de las mujeres se ven atenuados por su ascendencia familiar,
esto es, por “el hecho de ser parte de una familia política, dedicada a la política”, pero en general
por la pertenencia a una clase social determinada con mayores posibilidades de financiar una
campaña política costosa.
El perfil de mujeres políticas en el ámbito local que identificaron Dalia Barrera e Irma Aguirre
(2003) refuerza la importancia de los antecedentes familiares en la política, encontrando casos
en los que éstas suceden en el gobierno inmediatamente a su marido, generalmente se trata de
familias de las élites y clase alta del lugar, con poder político y económico. En el caso de que las
mujeres se posicionen en su cargo, defiendan sus posturas particulares y tomen decisiones por
sí mismas, pueden ser marginadas y catalogadas como “desleales” y traidoras tanto a la familia
como al partido político al transgredir la jerarquía de género establecida socialmente.
Sin embargo, las investigaciones refieren un perfil de mujeres políticas antes del impacto de
las cuotas de género y del principio de paridad, cuando los lazos familiares tenían un gran peso
para lograr una candidatura o cargo; después de las acciones afirmativas, las mujeres acceden
por otro tipo de razones, incluyendo la necesidad del partido por cumplir con la cuota misma.
Capital político y económico

Jennifer Piscopo (2016) señala que se debe poner atención a los obstáculos de las mujeres políti-
cas en la conformación de un “capital político” dentro de los partidos, capital que les permitiría
acceder a redes de apoyo social, económico y político para catapultarse, posicionarse y reforzar
sus trayectorias políticas, a la vez que les da una situación de ventaja frente a otras mujeres
que no cuentan con ellos. La historia de la carrera de cada mujer política y las relaciones que
va construyendo en el camino son indicador de su capital político, esto es de los recursos de
los que puede echar mano para aspirar a una candidatura, para respaldar una campaña y para
mantenerse en su cargo y continuar su carrera política. Fabian Repetto, Dalia Barrera y Blanca
Suárez (2012) identifican cuatro tipos de “recursos de poder” presentes en los testimonios de

mujeres que entrevistaron en su estudio: recursos políticos (apoyo de la ciudadanía, de un grupo
de interés, de personajes políticos importantes, con el respaldo de una autoridad formal o un
líder informal), recursos económicos (contar con dinero o presupuesto para incidir en la agenda
partidista y gubernamental), recursos administrativos (estar en el cargo, experiencia, capacidad
de organización, información) y recursos ideológicos (ideas, valores, prestigio social).
Cuando las vías de acceso de las mujeres a la política son nexos familiares, padrinazgo po-
lítico, o de grupos internos, sindicatos, asociaciones campesinas o vínculos empresariales, és-
tas cuentan con capital político y económico que pueda posicionarlas en una situación de baja
vulnerabilidad. Las mujeres que van conformando su trayectoria política desde organizaciones
comunitarias, organizaciones de mujeres, la movilización territorial del voto, o las que fueron
llamadas “de relleno” para cumplir con las cuotas de género, pueden estar en una situación de
mayor vulnerabilidad sin recursos necesarios, sin conocimiento y experiencia y sin un grupo o
personaje con poder que la apoye. El acceso a recursos estratégicos necesarios para respaldar
la aspiración y/o candidatura, como una “bolsa de dinero familiar” disponible para impulsar
su carrera, aportaciones económicas de empresarios y simpatizantes, financiamiento público
determinado por grupos internos y dirigencia de los partidos, recursos humanos para la movili-
zación territorial y promoción del voto, definitivamente marcan una diferencia entre los perfiles
de mujeres políticas con amplia carrera partidista (de ellas o sus familias) frente a aquellas que
acaban de incursionar en la política gracias a las cuotas de género o principio de paridad política.
Si bien la antigüedad en el partido político podría ser un referente del grado de vulnerabilidad
de las mujeres, pues las “recién llegadas” están desprovistas de respaldo económico, social o
político, también depende de las actividades que éstas desarrollen dentro de las organizaciones
partidistas: no se puede considerar como capital político si las mujeres son relegadas a desarro-
llar sólo actividades que se entienden como “acordes a su sexo”, como asistencia administra-
tiva, organización de eventos comunitarios, movilización territorial del voto y soporte logístico
durante los comicios; al contrario, su capital político es fuerte si tiene una participación más
proactiva y forman parte de la toma de decisiones partidistas.
En este punto también se observan importantes diferencias del contexto regional: las mujeres
tienen un mayor capital político que las “protege” de ciertas manifestaciones de acoso y violen-
cia en ciudades medias y grandes, mientras que las mujeres que pertenecen a comunidades ru-
rales o pequeños municipios son más vulnerables al acoso y violencia política. Machicao (2004)
explica con claridad cómo el capital político se traduce en diferentes condiciones de vulnerabi-
lidad que diferencian la experiencia política de las concejalas de su país:
El insulto, el ultraje, el chantaje, el menosprecio y la humillación para discriminar a las
mujeres y excluirlas de los puestos de participación y representación política son carac-
terísticas que se presentan en el oriente, occidente y los valles del país, sobre todo en las
secciones municipales rurales. Sin embargo, las mujeres que han tenido mayores oportu-
nidades de formación y/o capacitación o han tenido actividades como maestras o expe-
riencia como promotoras, dirigentes comunales o sindicales, tienen mayores recursos para
defenderse, denunciar o iniciar procesos legales para defender sus derechos a diferencia
de las mujeres de escasa formación, de menos ingresos y sin experiencia alguna en el
mundo público-político […] Las mujeres concejalas de oriente y de ciudades capitales es-
tán más “empoderadas” y cuentan con redes de apoyo familiares y sociales que les permite
un mejor ejercicio de sus cargos y una mejor defensa si los mismos son vulnerados. En-

tonces, la pertenencia a una determinada clase social se vuelve determinante para saber
dónde se va a cometer el delito y quiénes serán sus principales víctimas: mujeres de áreas
rurales, de pollera, analfabetas, sin experiencia y vulnerables en sus relaciones familiares
y sociales” (Machicao, 2004: 75).
El capital político y económico puede ser tanto una vía de acceso como una barrera de conten-
ción a diversas manifestaciones de acoso y violencia política. La vivencia de las candidaturas y
trayectorias políticas de las mujeres depende principalmente del sentido de identidad y lealtad a
personajes y grupos de poder internos (familias y élites partidistas) y del acceso a redes sociales
y políticas que se traduzcan en recursos económicos. Por lo tanto, se debe analizar el grado de
exposición a los tipos y manifestaciones de acoso y violencia política electoral en función del
capital familiar y capital político económico con el que cuenten.
Tipos y manifestaciones de acoso y violencia electoral

contra las mujeres
Es importante aclarar que la siguiente propuesta de tipología de manifestaciones de acoso y vio-
lencia electoral se deriva del análisis teórico que hemos desarrollado a lo largo de este capítulo,
pero también muestra la perspectiva de la investigación tras el análisis de los testimonios de las
candidatas entrevistadas. En la tipología de las manifestaciones de violencia están presentes
tres argumentaciones teóricas que vinculan conceptos que hemos revisado hasta el momento.
En primer lugar, aunque tenue y un tanto flexible, marcamos una línea entre el acoso y la
violencia política electoral en función de la gravedad de las conductas o actos, pero entendiendo
que aquello que comienza con acoso de impacto psicológico puede ir ascendiendo (como espiral)
a acciones que atenten contra la integridad emocional y física de las candidatas y políticas. La
vulnerabilidad de las candidatas sin capital familiar y político y el contexto geográfico de riesgo
son dos factores que inciden en el aumento de la gravedad de las manifestaciones de violencia.
En segundo lugar, que las manifestaciones de acoso y violencia política electoral contra las
mujeres son generadas por diferentes tipos de perpetradores (véase tabla 3). Krook y Restrepo
(2016a: 142) señalaron que las agresiones pueden provenir de la sociedad, incluida la familia, los
amigos, miembros de su comunidad o líderes religiosos; así como de los medios de comunica-
ción, la política, incluidos colegas, opositores, o miembros del mismo partido, y extendiéndose
en algunos casos a servidores públicos, miembros de la rama ejecutiva, y otros actores como las
fuerzas de seguridad y política.
Pero la perspectiva analítica que adoptaremos en nuestro estudio es que el acoso, específica-
mente, es perpetrado en entornos cercanos a las mujeres políticas como la familia, el círculo de
amistades y la organización partidista en la que participan, por lo que se normaliza, se entien-
de como “sutil” y casi nunca se denuncia. Las actitudes individuales reiterativas (menosprecio,
condescendencia, humillación, presión, amenazas) y el sexismo institucional, que se manifiesta
en estrategias electorales discriminatorias (confinamiento distrital, desigualdad económica y
mediática) tienen como motivación principal la reacción adversa el abandono de los roles tradi-
cionales de las mujeres y su avance en los espacios de poder que se entienden como exclusivos
de los hombres.
Por otro lado, las manifestaciones de violencia electoral responden a una percepción de la can-
didata como “enemiga política” principalmente para militantes o simpatizantes de otros partidos,

grupos sociales o, incluso, organizaciones criminales. Pero en este caso, los mecanismos de vio-
lencia son generizados, es decir, son diferentes para hombres y para mujeres: los ataques psico-
lógicos se refieren a su rol de esposa/madre o a su vida sexual íntima, la violencia física es contra
ella, pero también contra su familia, la violencia física va a acompañada de violencia sexual.
Finalmente, los perpetradores inter, intra y extrapartidistas de manifestaciones graves de vio-
lencia electoral contra las mujeres (ciberacoso, violencia física y sexual) tienen mayores incen-
tivos en contextos geográficos de inseguridad, violencia social e impunidad e incluso pueden
realizar sus ataques motivados tanto por razones políticas como por un ambiente generalizado
de odio a las mujeres (violencia feminicida).
Tabla 3. Tipos, manifestaciones y perpetradores de violencia electoral contra las mujeres.
Tipo Manifestación Perpetrador

Violencia Acoso Psicológico Abandono, falta de apoyo e Familiar y círculo
política impedimentos para realizar de amistades
electoral actividades políticas Intrapartidista
Condescendencia, menosprecio,
ofensas, humillación, exclusión,
presión, difamación
Sexismo Confinamiento electoral

institucional discriminatorio, desigualdad
económica y mediática
Violencia Sociopsicológica Ofensas, burlas, humillación, Ciberespacio
difamación, amenazas, Intrapartidista
persecución mediática Interpartidista
Sexual Acoso, abuso, violación sexual Extrapartidista
Física Pellizcos, empujones, golpes,

privación de la libertad, asesinato
(feminicidio)
Acoso psicológico
Son ataques que tienen efectos a nivel emocional: causan incomodidad, malestar, miedo, enojo,
tristeza o depresión. Son palabras o mensajes, comportamientos y actitudes de las personas que
pretenden intimidar, presionar o amenazar a las mujeres en su aspiración por desarrollarse en
la vida política. El acoso psicológico es un recurrente y cotidiano dispositivo de sanción social
cuando las mujeres están rompiendo con los roles tradicionales de género ejercido por medios
informales, como la ridiculización sistémica, ostracismo, vergüenza, crítica, exclusión y discri-
minación, aunque también pueden utilizarse medios de control formal, como la aplicación de
reglamentaciones contra el comportamiento fuera de la norma (Bardall, 2015) o estrategias orga-
nizativas que perpetúan condiciones de desigualdad de género.
Un rasgo común del acoso psicológico es el “uso de estereotipos de género, enfocándose en
sus cuerpos y los roles tradicionales, principalmente como madres y esposas, lo cual niega o
socava su competencia en la esfera política” (Krook y Restrepo, 2016: 139). El acoso político como

dispositivo de sanción social a la transgresión de los roles de género, es perpetrado principal-

mente por familiares, militantes y dirigentes de sus organizaciones partidistas y la sociedad en
general por medio de agresiones verbales en espacios públicos y mediáticos.
Las manifestaciones del acoso psicológico generalmente se presentan como mensajes y con-
ductas individuales “sutiles”, pero no aisladas sino recurrentes y toleradas en ambientes sexis-
tas: trato condescendiente, mansplaining, burlas, menosprecio de sus propuestas y actividades,
humillación pública y discriminación. Pueden ser manifestaciones más graves como la margina-
ción y exclusión, ofensas, gritos y amenazas directas o, incluso, el hostigamiento y las propues-
tas de connotación sexual.
Sexismo institucional
En la investigación de Bardall (2015) se explica que, si bien las mujeres son blanco de todos los
tipos de perpetradores (que ella clasifica en políticos no estatales, actores estatales y actores
sociales), casi la mitad de los actos documentados en objeto de estudio son perpetrados por
partidarios de partidos políticos. Esto se debe a que los partidos son organizaciones generizadas
que tienen una reacción adversa al avance de las mujeres en el espacio político (hipótesis bac-
klash) que toleran y reproducen prácticas discriminatorias contra las mujeres que los integran:
“Las situaciones de discriminación y violencia de género resultan ser fenómenos inherentes a la
participación política de las mujeres que surgen como manifestación de un orden patriarcal que
establece que los espacios públicos y las organizaciones partidarias sean ámbitos de actuación
masculina por excelencia” (Cerva, 2014: 122).
El sexismo institucional tiene como propósito la reserva y defensa de espacios y privilegios
para los hombres, frente a las mujeres “intrusas” o “recién llegadas”, “las otras” que constitu-
yen un grupo identitario sin legitimidad política. A diferencia del acoso psicológico, el sexismo
institucional se manifiesta en estrategias y prácticas organizativas de abandono, restricción o
limitación de recursos a las mujeres para desarrollar sus actividades políticas. Por ejemplo, el
sexismo institucional puede manifestarse en la división sexual de las actividades del partido, de
forma que las mujeres realicen labores “adecuadas a su sexo” y que nos les permiten acceder a
espacios de relevancia para la conformación de su trayectoria política. También pueden ser cos-
tumbres organizativas bien arraigadas como realizar reuniones decisivas en lugares y horarios
en los que las mujeres, por su rol de cuidado y las restricciones a la moralidad femenina, no pue-
den participar. En esta investigación identificamos tres dimensiones del sexismo institucional
que se manifiestan durante el proceso electoral: el confinamiento electoral discriminatorio, la
desigualdad en el acceso y disposición de recursos económicos, y la desigualdad en la presencia
mediática de las mujeres. Las tres dimensiones están interrelacionadas.
Confinamiento electoral discriminatorio

En relación con el proceso electoral, Cerva (2014) hace hincapié en cómo hay una intervención
de los partidos políticos en la conformación de las candidaturas. Describe la forma en que las
mujeres son designadas como candidatas y que no necesariamente tienen trayectoria política
en el partido –y menos con “capital político asociado a una base ciudadana o comunitaria”–
sino aquellas que se entienden como “manipulables” por su inexperiencia o subordinación a la
autoridad de un hombre (sea dirigente, jefe directo o incluso esposo). Pero también el sexismo
institucional se manifiesta en estrategias partidistas de selección de candidaturas que permiten
“reservar” cargos y bastiones electorales para candidaturas de hombres, lo cual permite man-

tener los recursos políticos, sociales y económicos que se perciben de gran relevancia para este
grupo dominante. Cheng y Tavits (2011) han llamado gatekeepers a los grupos responsables de la
selección de candidaturas y que actúan como una especie de “porteros” o “cadeneros” para que
las mujeres puedan acceder a éstas. Los dirigentes locales tienden a ser menos favorables a la
inclusión que las dirigencias nacionales que responden a principios más progresistas debido a
su exposición pública (Vidal, 2013).
Archenti y Tula (2014: 50) explican que las dirigencias partidistas, claramente masculinas,
se “han resistido a la aplicación de la norma en forma reiterada y muchas veces han intentado
eludirla a través de insólitos dispositivos. Estas acciones exhibieron en los partidos políticos una
lectura de las cuotas de género en clave de amenaza”. Si los comités partidistas, especialmente
los locales, siguen siendo espacios predominantemente masculinos, donde las mujeres no han
logrado ser una masa crítica con peso político como grupo identitario, podemos deducir que en
el momento de seleccionar las candidaturas se prioriza el acomodo de la burocracia partidista y
las redes sociopolíticas mayoritariamente masculinas.
Cabe mencionar que este tipo de estrategias sexistas no pasa desapercibida por las mujeres,
pero la disciplina y “lealtad” al partido impide que muchas mujeres visibilicen dichas prácticas o
quieran iniciar alguna denuncia o procedimiento de sanción contra sus propios compañeros de
partido, incluidos los dirigentes, pues podría ser claramente contraproducente para el desarrollo
de sus trayectorias políticas (Cerva, 2014).
Desigualdad en el acceso y disposición de recursos económicos

La literatura revisada la nombra “violencia económica”. Ésta puede preceder los procesos elec-
torales y presentarse como una faceta de la violencia doméstica, cuando los hombres reducen
o niegan los recursos para alimentos o necesidades domésticas a las mujeres que participan en
política, o como faceta de la violencia laboral, cuando se les reduce el sueldo o se les despide por
motivos políticos y electorales. En los casos de estudio de Gabrielle Bardall, la violencia econó-
mica se manifiesta también en el robo de dinero, material o equipo necesario para la realización
de actividades políticas y electorales.
Definimos la desigualdad económica del sexismo institucional como aquella que se mani-
fiesta en el bloqueo o limitación de las mujeres a acceder a financiamiento para sus campañas
y/o poder ejercer un control real sobre dicho financiamiento y, en general, sobre el curso de sus
campañas políticas. Se trata de desigualdad de género, debido a la inequitativa distribución del
financiamiento para las campañas electorales entre mujeres y hombres, independientemente
del monto del recurso disponible de cada partido político.
La evidencia global sugiere que la falta de apoyo financiero crea barreras más grandes para
las mujeres que para los hombres, puesto que ellas con frecuencia no tienen acceso a las
mismas redes formales e informales que brindan apoyo económico para las campañas, o
no tienen los recursos personales necesarios para compensar los gastos políticos que les
son negados (Krook y Restrepo, 2016: 145).
Se desprenden dos importantes observaciones sobre la desigualdad económica generada por el

sexismo institucional. En primer lugar, que esta negativa de proporcionar condiciones equita-
tivas de financiamiento para el desarrollo de las campañas de las candidatas es “sistemática”,
es decir, no es un caso exclusivo o paradigmático (como podrían ser algunos casos de violencia

física y/o sexual), sino que las mujeres, como grupo, reciben menores ingresos en su campaña
que el resto de los hombres. En su investigación, Teresa Sacchet (2018) visibiliza las brechas de
desigualdad de género en el financiamiento para las campañas políticas de candidatas y candi-
datos de Brasil, tanto en el financiamiento público y especialmente en las donaciones individua-
les, en las que se encuentran las aportaciones de empresarios, por ejemplo.
En este artículo, comparamos el financiamiento de las mujeres con el financiamiento de los

hombres desde varios ángulos. Tanto en el análisis de datos agregados como en el análisis
individual, los resultados fueron reveladores. Las mujeres reciben menos recursos que sus
colegas, sea cual sea la situación. Además, la diferencia permanece a medida que los valores
se acercan a un nivel que permite el éxito de las campañas. Al unir los dos análisis, sobre la
importancia del dinero y la desventaja financiera de las mujeres, concluimos que el financia-
miento electoral es uno de los principales factores que explican el bajo desempeño electoral
de las mujeres.
La brecha de desigualdad en el acceso al financiamiento partidista puede ser mayor o menor

considerando la normatividad electoral y los estatutos de cada partido político, pero persistente.
Por ejemplo, en Colombia el financiamiento público para las campañas es menor que el privado,
por lo que es muy importante que los y las candidatas desarrollen estrategias para obtener el
apoyo de simpatizantes (Casas-Zamora y Falguera, 2017). Incluso, en países como México donde
el financiamiento público y la fiscalización estricta es lo más importante, las decisiones de cómo
hacer la distribución están pensadas desde la arbitrariedad de las dirigencias, desde estrategias
partidistas en función de quién puede o no ganar las elecciones y otras consideraciones como el
soporte a grupos internos y liderazgos bien identificados del partido, generalmente de hombres.
Sacchet (2018: 49) explícitamente menciona la resistencia partidista de los partidos de dis-
tribuir más equitativamente el financiamiento: “dadas las preferencias de muchos partidos
para candidatos masculinos, es poco probable que adopten voluntariamente una perspectiva
de igualdad en la distribución de sus recursos entre candidatos y candidatas, y mucho menos
implementar acciones afirmativas que destinen una mayor cantidad de fondos a campañas de
mujeres”. Entonces, aunque las cuotas de género y el principio de paridad han logrado posicio-
nar a muchas mujeres en candidaturas de partidos políticos, el hecho de que estas reformas
no trasciendan a las reglas para el financiamiento de las campañas las sigue dejando en una
posición de desventaja respecto a sus compañeros de partido: “La carencia absoluta de reglas
internas y explícitas sobre distribución de los recursos es, de hecho, un aspecto común en la vida
interna de los partidos políticos, tanto en relación a la financiación privada como a la pública
[…]” (Casas-Zamora y Falguera, 2017: 30). El fracaso de las mujeres en las elecciones tendría que
analizarse primero por esas condiciones de desventaja, y no sólo por un supuesto mérito de la
candidata o rechazo de la ciudadanía.
Una segunda observación es que el impacto de la desigualdad económica es mucho mayor
considerando la ausencia de redes dentro y fuera de los partidos de las mujeres políticas:
Quienes poseen medios económicos, redes adineradas, patrocinadores y apoyo de parti-

dos tienen una ventaja desproporcionada respecto a los que no, lo cual conlleva que los
primeros tengan más posibilidades de competir por cargos políticos y de ganarlos. Todo
esto queda muy claro cuando se consideran los efectos del financiamiento político en las
elecciones y las mujeres candidatas (Ballington y Kahane, 2015).

Si esto lo sumamos a la condición de muchas candidatas “nuevas” en la política (que fueron
incluidas para dar cumplimiento a las cuotas de género o paridad) nos encontramos frente a
un escenario en donde las mujeres deben desarrollar su carrera política, y en el caso específi-
co de una elección, su campaña con los limitados recursos que tienen en sus manos: ahorros
familiares, apoyo de amigos y familia para actividades proselitistas, etcétera. De esta forma se
marca una distancia entre aquellas candidatas de clase alta, vinculadas con grandes empresas,
provenientes de familias tradicionales regionales, de aquellas que provienen de la movilización
social y territorial de los partidos políticos y/o que acaban de incorporarse a las filas partidistas.
Desigualdad en la presencia mediática de las mujeres políticas

Las campañas electorales dependen del dinero para poder realizar las actividades mínimas ne-
cesarias para el posicionamiento de la imagen de un candidato o candidata y llevar el mensaje
que se ha diseñado para defender su propuesta. El dinero permite ampliar las posibilidades de
que la imagen y el mensaje lleguen a donde tengan que llegar para poder obtener la confianza
del voto. La desigualdad del financiamiento electoral es una de las principales razones que im-
piden que las candidatas y mujeres políticas puedan lograr un buen posicionamiento mediático
como sus pares candidatos. “La financiación de las campañas es un asunto fundamental. Afecta
el acceso a la publicidad electoral y afecta especialmente a los grupos marginados, incluidas las
mujeres. Pero no solo eso; el acceso al dinero afecta la cobertura mediática. Todo esto va de la
mano” (cita de López-Obregón en Casas-Zamora y Falguera, 2017: 26).
De manera general, la comunicación pública se enfoca en las condiciones y mecanismos de
surgimiento del debate en torno a los asuntos públicos, para ello contempla cuatro áreas clave:
el periodismo, la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación en redes (Demers, 2008).
En este trabajo se consideraron tres de las cuatro áreas para identificar estrategias partidistas
de sexismo institucional: la publicidad electoral, entendida como la difusión de información por
parte de los partidos para promover las candidaturas a puestos de elección popular; la cobertura
mediática informativa, entendida como el proceso mediante el cual los medios periodísticos
reportan el acontecer de las sociedades; y la comunicación en los canales oficiales de las candi-
daturas en redes sociodigitales, entendida como las estrategias comunicacionales por las cuales
los partidos políticos se vinculan con las y los electores, a través de medios digitales (Aceves
González, 2010a, 2010b; De León Vázquez, 2003, 2012; García Beaudoux, D’Adamo, & Gavensky,
2018; Meneses, 2015; Trejo Delarbre, 2015).
La desigualdad de género en la presencia mediática responde fundamentalmente al rechazo
de las mujeres en los espacios políticos, ya sea para privilegiar el posicionamiento de las can-
didaturas de hombres como estrategia electoral partidista, pero también se manifiesta en la
publicidad estereotipada de los partidos políticos, en los mensajes violentos contra las mujeres
por parte de sus contrincantes y en una cobertura mediática desigual y sexista: “se convierte en
violencia cuando atenta contra la dignidad humana, como cuando se publican imágenes despec-
tivas y altamente sexualizadas, se usan las redes para promover la violencia, o no se reconoce (o
se niega abiertamente la existencia de) una mujer política simplemente por el hecho de ser mu-
jer” (Krook y Restrepo, 2016: 148). El impacto de la invisibilización de las mujeres políticas por sus
propios partidos, la poca cobertura mediática a sus actividades y la difusión social de mensajes
estereotipados o sexistas va más allá de la experiencia de la candidata o política en cuestión, el
impacto es para las mujeres como sujeto político, en tanto prevalece la idea de que las mujeres
no tienen por qué participar en la esfera pública.

También Daniela Cerva (2014) señala que investigaciones han identificado que, aunque los
hombres también están expuestos a los contextos de violencia generalizada y política, la “gene-
rización de la violencia” se traduce en amenazas en su entorno familiar: “Su asociación con el
ámbito familiar, la maternidad y lo doméstico las expone a mayores riesgos” (Cerva, 2014: 134).
Violencia sociopsicológica
Es importante enfatizar que la distinción entre las manifestaciones de acoso y de violencia en
el plano emocional, psicológico, son muy tenues, no obstante, derivado del posicionamiento
que hemos adoptado en la construcción del marco teórico, llamaremos violencia sociopsicoló-
gica aquella que tiene tanto la motivación de reacción adversa a la participación política de las
mujeres, pero que se agrava cuando son percibidas como un contrincante o enemigo político. El
puente teórico que establecimos es que las mujeres candidatas y políticas son agredidas como
contrincantes, enemigas u opositoras, pero los ataques son “generizados”: son ataques “basados
en la moral”, como acusaciones de prostitución, homosexualidad y el fracaso en los deberes ma-
ternos, imágenes y videos degradantes editados para sexualizar a las mujeres. “Dichos ataques
conllevan mayores costos para las mujeres que para sus colegas masculinos debido a los dobles
estándares que prevalecen en torno a lo que constituye la moralidad para hombres y mujeres en
política. Este fenómeno puede desincentivar a otras mujeres a considerar entrar en la política”
(Bardall, 2015).
En este sentido, las manifestaciones de violencia sociopsicológica son perpetradas por los
militantes y simpatizantes de otros partidos políticos, con otros actores sociales como medios de
comunicación, sindicatos, organizaciones empresariales o sociales o, de manera general, por la
ciudadanía que no concuerda con el partido o con la candidata misma. De la misma forma que el
acoso psicológico descrito líneas arriba, la violencia se manifiesta en palabras y mensajes ofensi-
vos pero que han adquirido especial gravedad por la capacidad de ser difundidos masivamente.
Adoptamos la propuesta de Bardall (2015) cuando explica que “[l]a intimidación y la violencia
psicológica se perpetran cada vez más en línea, a través de mensajes de texto y en los medios.
Internet, redes sociales y las tecnologías de información y comunicación han demostrado ser
instrumentos muy peligrosos para perpetrar la elección”. La autora expone las principales mani-
festaciones de esta violencia sociopsicológica cibernética: envío abusivo de correos electrónicos
amenazantes u obscenos, con amenazas explícitas de violencia física y/o sexual, sabotaje elec-
trónico en forma de spam y virus dañinos, robo de identidad de la víctima en línea y enviando
correos electrónicos a su nombre, en publicaciones de blog, tweets y otras comunicaciones en
línea, etcétera (Bardall, 2013: 2).
Las características de la violencia sociopsicológica perpetrada por medio de las TIC’s son: 1)
se trata de mensajes cortos, genéricos, con un lenguaje sencillo y popular y humorístico; 2) men-
sajes e imágenes compartidas pueden ser degradantes, estereotipadas y tienen como propósito
sexualizar y trivializar la presencia de las mujeres en el espacio público; 3) los mensajes son
transmitidos con rapidez y su difusión es prácticamente “incontrolable”, el daño es inmediato y
por tanto la denuncia y sanción de la autoridad no logra resarcirlo; 4) gran parte de los mensajes
son “anónimos” por el uso de los nicknames, y además son compartidos por cientos o miles de
personas, por lo que es muy complejo atribuir una responsabilidad a una persona directamente,
por lo que suelen quedar impunes: “Las mujeres con frecuencia citan la amenaza de ataques
públicos rápidos y generalizados contra la dignidad personal como un factor que disuade a las
mujeres de ingresar a la política” (Bardall, 2015: 4).

Cabe mencionar cómo la violencia sociopsicológica se vincula con la desigualdad en el fi-
nanciamiento económico y en las estrategias partidistas de difusión de las candidatas. En una
discusión pública realizada por iKnowPolitics (2018) se exponía que, ante un bajo presupuesto
otorgado en campaña a las mujeres en cierto tipo de cargos y circunscripciones, algunas de éstas
consideran más accesible el uso de redes sociales para la difusión de su candidatura. Este hecho
hace que las mujeres candidatas, sin redes de apoyo partidista y extrapartidista, sean particular-
mente vulnerables a los ataques perpetrados desde el ciberespacio:
Las plataformas de redes sociales ofrecen características únicas que las hacen adecuadas
para que los perpetradores inflijan violencia psicológica a las mujeres en la política. Si bien
el acceso directo a los políticos y la velocidad a la que se comparte la información en las
redes sociales puede contribuir a democracias más fuertes y transparentes, son espadas
de doble filo que permiten que todo tipo de discurso de odio aparezca y se extienda sin
control, lo que aumenta la violencia. Además, la violencia perpetrada a través de las redes
sociales se beneficia de un grado significativo de impunidad legal y moral. La mensajería
privada y el anonimato en las redes sociales complican el procesamiento y anima a los
perpetradores (iKowPolitics, 2019).
Violencia física y sexual

Aunque pueden tratarse de actos individuales y aislados, una gran parte de las manifestaciones
de violencia física y sexual se inscriben a un contexto geográfico de violencia, inseguridad, im-
punidad, competencia política y violencia de género que tilda en feminicida. Como ya lo hemos
desarrollado líneas arriba, retomamos la opinión de Piscopo (2016: 447) sobre la importancia de
dimensionar la diferencia de las manifestaciones de violencia, entre prácticas de discriminación
sistemática y acciones claramente criminales como la agresión física y el asesinato:
Es un hecho que los responsables partidarios ofrecen pocos recursos económicos a las
mujeres; usan estereotipos de género en el trato: silencian y excluyen a las mujeres, con el
objetivo de limitar su poder político sólo por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, estas
prácticas de exclusión no se pueden poner en pie de igualdad con otras acciones como
hostigamiento, violación, golpes y asesinatos (Piscopo, 2016: 447).
La violencia física es una práctica para ejercer control y presión social sobre el cuerpo y la vida de
quienes son considerados como enemigos y contrincantes y se pretende anular su presencia en
el escenario político-electoral. La violencia física incluye empujones, pellizcos y golpes que, ini-
cialmente parecen aislados y motivados por circunstancias especiales o coyunturales, pero que
pueden entrar en una dinámica de espiral cuando el contacto con los perpetradores es constante
o cuando el clima político y electoral general se exacerba y, en ambos casos, no se sanciona ni
social ni judicialmente. La violencia física, además de generar terror psicológico en las víctimas,
genera lesiones o fracturas, puede llegar al secuestro o ser un ataque fatal (feminicidio).
Cuando las mujeres son el objeto de la violencia política, los ataques pueden adquirir un
matiz sexual: acoso y hostigamiento sexual, tocamientos no concertados, abuso sexual o viola-
ción. La violencia sexual es un síntoma y efecto de un entorno geográfico de violencia de género
agravada. Nos parece por demás adecuado el análisis de Rita Laura Segato (2013) que define la
violación como un acto de poder y de dominación, entendido en un sentido simbólico como un
castigo a las mujeres que trasgreden el orden natural de las cosas, pero también que el cuerpo de

las mujeres es un lienzo en el que se imprime un mensaje de control y dominación de hombres

hacia otros hombres, no sólo hacia ellas:
Como castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar, esto es, de su po-
sición subordinada y ostensiblemente tutelada en un sistema de estatus. Y ese abandono de
su lugar alude a mostrar los signos de una socialidad y una sexualidad gobernadas de mane-
ra autónoma o bien, simplemente, a encontrarse físicamente lejos de la protección activa de
otro hombre […] Como agresión o afrenta contra otro hombre también genérico, cuyo poder
es desafiado y su patrimonio usurpado mediante la apropiación de un cuerpo femenino o
en un movimiento de restauración de un poder perdido para él […] Como una demostración
de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares, con el objetivo de garantizar o preservar
un lugar entre ellos probándoles que uno tiene competencia sexual y fuerza física (Segato,
2003: 31-33).
Recapitulación
La construcción del marco teórico conceptual nos proporcionó las dimensiones de análisis que
guiaron las técnicas cualitativas de investigación exploratoria (entrevistas a profundidad y gru-
pos de enfoque) y que después serán constatadas en los análisis particulares de los resultados
electorales, la dimensión financiera de las campañas políticas, la dimensión de la comunicación
política y los escenarios de riesgo sociopolítico y de género de la entidad. En este sentido, la
construcción del marco teórico apuntala los siguientes elementos analíticos que estructuran y
permiten entender la integridad y coherencia de la investigación (véase ilustración 2):
1. Los factores sociopolíticos de vulnerabilidad a la violencia política electoral o que pue-
den actuar como contención o barrera frente a formas más exacerbadas de violencia o,
al contrario, dejar en situación de desventaja a las mujeres. En el entendido de que to-
das las mujeres son susceptibles a vivir violencia de género en un sistema de domina-
ción masculina, el nivel de vulnerabilidad está en función del capital familiar y político
del que disponen las mujeres para anular y enfrentar los obstáculos partidistas y/o las
agresiones de otros actores políticos y sociales. Esta diferencia hace que las experien-
cias de las mujeres sean muy diversas y que no se puedan generalizar las agresiones ni
el impacto que cada una de ellas vive.
2. Los tipos y las manifestaciones de violencia política electoral que viven las mujeres
en las distintas etapas del proceso electoral, ya sea en su rol de militante, aspirante
o candidata, y en consideración del tipo de perpetrador de la violencia. En este punto
rescatamos el análisis de la violencia de género como un continuum que inicia con la
violencia sociopsicológica como aislada, pero que escala a manifestaciones de violen-
cia económica, física y sexual (pero con la psicológica siempre presente).
3. Las condiciones de riesgo del contexto, considerando la trascendencia del topos, esto es,
el espacio geográfico con sus dinámicas económicas, sociales, políticas y de género y
que se traduce en “agravantes” de la violencia política-electoral, más que por el hecho
de ser mujeres, por el hecho de ser opositoras políticas. En la investigación dichas diná-
micas las analizamos a través de indicadores de inseguridad y violencia en la entidad,
indicadores de competencia política y delitos o violencia contra las mujeres.

Ilustración 2. Propuesta de marco teórico de violencia política electoral contra las mujeres

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Nuestra propuesta teórica se basa en la conformación de dos familias de conceptos derivadas de

los debates teóricos que fueron expuestas en este capítulo:
• La primera relaciona la noción de “acoso político” (como lo explicó originalmente Machi-
cao, 2004) con la hipótesis del contragolpe patriarcal y con el sexismo institucional. Explica
que los actos de acoso político, principalmente psicológico, se entienden a la luz de la re-
sistencia de aceptar que las mujeres se incorporen a los espacios políticos. Puede ser per-
petrado por la familia, por amistades, pero su principal manifestación en el momento es
con conductas individuales cotidianas dentro de militantes y dirigentes y con estrategias
partidistas de desigualdad electoral, económica y comunicativa (sexismo institucional).
• La otra familia de conceptos enlaza las manifestaciones de “violencia política” con el
contexto sociopolítico de inseguridad, crisis política y violencia de género y con la “ge-
nerización” de la violencia. Explica que algunas agresiones de tipo sociopsicológico
(mediáticas) pero, sobre todo, la violencia física y sexual tienen mayor sentido a la luz
de ciertos contextos de riesgo que, de hecho, existen para hombres y para mujeres por
ser considerados enemigos políticos (los perpetradores son principalmente militantes
de otros partidos políticos y actores sociales extrapartidistas), pero los ataques son “ge-
nerizados”, esto es, diferenciados si la víctima es mujer u hombre.

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Marco contextual y proceso electoral 2017-2018
Verónica Vázquez Piña y César Vladimir Martínez Arango2
En este capítulo se presentan, de manera sintética, las condiciones del estado de Guanajuato y
de sus municipios, distritos electorales, como las características sociodemográficas, políticas y
legales que nos permiten, en un primer momento, comprender las peculiaridades del contexto
geográfico y social, tanto desde una visión histórica a través de los antecedentes electorales
como desde la construcción política del territorio que se constituye por éstas. En un segundo
momento, se analizará el proceso electoral con la perspectiva de género y la topología política
para entender los municipios y distritos ganadores con respecto a la contienda entre hombres y
mujeres y el significado de estos territorios con respecto al confinamiento electoral de las muje-
res a través de la construcción de un Indicador de feminidad de competencia electoral.
La articulación entre la configuración de los territorios por sus variables sociodemográficas,
decisiones partidistas y los resultados electorales están mediados por las disposiciones norma-
tivas del proceso electoral que pueden favorecer u obstaculizar la participación política de las
mujeres, por lo que la revisión del marco normativo se vuelve indispensable.
En México el andamiaje institucional ha avanzado en la búsqueda de la paridad y en relación
con prevenir, atender y sancionar la violencia política en razón de género. La reforma Constitu-
cional de 2014 denomina la obligatoriedad de la paridad horizontal y vertical, por lo que tanto
el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales (OPLE), en nuestro caso el IEEG,
acuerdan las normas que obligan a los partidos políticos a postular de manera equitativa a las
mujeres, tanto en lugares de alta, moderada y baja competencia electoral, como principio afir-
mativo. También la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su
jurisprudencia 7/2015 la manifiesta en su contenido de la siguiente manera:
Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular
candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales
en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un enfoque horizontal deben asegu-
rar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que
forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un
efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera
efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger
y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
En 2016 surge un Protocolo para atender la Violencia Política a raíz del aumento de los delitos contra
las mujeres en la esfera política y para paliar los vacíos legales para su atención3.
2 Los mapas contenidos en esta sección fueron elaborados por Carlos Ríos Llamas.
3 Instituciones involucradas en su elaboración: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Instituto Nacional Electoral
(INE) Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres (CONAVIM) Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas (FEVIMTRA)
31
A partir de este nuevo contexto constitucional y local, surgen las siguientes interrogantes: ¿Es
posible que a pesar de estos principios de paridad los partidos busquen colocar las candidaturas
de las mujeres en territorios que no sean considerados de alta rentabilidad política? ¿cuáles son
los determinantes para la selección de candidaturas? ¿el género importa para la designación de
los municipios y distritos electorales por los que se contiende?
Existe evidencia de que las características sociodemográficas de los municipios tienen un efec-
to importante en el resultado de la elección. Es más común que las mujeres ganen en municipios
con menos población, no urbanos y con mayores niveles de educación según Schmidt y Saunder,
2014; Del Campo 2005; Gavan-Koop y Smith, 2008; Carbert 2009; Holman, 2017 (citadas en ONUMU-
JERES 2018, 10). Pero esto ¿es una decisión del electorado? o ¿una decisión del juego político entre
los partidos políticos? Son los partidos políticos quiénes conforman las listas de candidaturas de
mujeres con espacios que al tener menos población y no ser urbanos, obtienen menor visibilidad
y trascendencia para las carreras políticas. También es posible pensar que económicamente estos
espacios no son territorios en disputa o centrales de poder partidista. Un ejemplo de esta lógica
se expresa en que es mejor contender y perder en la Ciudad de México, que en Colima capital, el
juego político puede ir más allá del perder y ganar elecciones, pero siempre esta imbricado en un
espacio político.
En México, los datos desde 1995 confirman esta misma tendencia. Según Massollo (1995: 139)
“parece que a las mujeres les corresponde “naturalmente” lo marginal y menos importante, ya
que no se ha modificado la tendencia a abrirles oportunidad de candidatura y elección prefe-
rentemente en municipios de menos de 300,000 habitantes y pocas ciudades medias” (citado en
ONUMUJERES, 2018: 10).
De hecho, en el año 2002, de las 81 presidencias municipales gobernadas por mujeres el 74%
eran municipios con menos de 20 mil habitantes, y se observa una relación regresiva, es decir,
las mujeres gobiernan más municipios poco poblados y menos gobiernos conforme aumenta su
población como son los municipios de más de 300 mil habitantes y más de 500 mil y más habi-
tantes sólo había una mujer en cada uno encabezando el gobierno (Barrera, 2003: 7). Esta ten-
dencia se puede observar en el estado de Guanajuato (Véase el apartado de contexto electoral).
Para comprender el espacio del poder y su territorialización es necesario estudiar las varia-
bles políticas, sociales y económicas en juego entre los partidos y su relación con la violencia
electoral en razón de género. De igual manera, es indispensable conocer el marco legal que de-
termina las reglas de paridad y si este es un factor protector de la violencia o si, por el contrario,
los vacíos u omisiones en las normativas facilitan las brechas de género.
Marco Geográfico y Social

El Estado de Guanajuato se compone de 46 municipios y se localiza en el centro de la República
Mexicana, al norte esta San Luis Potosí, al este Querétaro, al sur Michoacán y al oeste Jalisco.
Tanto Michoacán como Jalisco son entidades que sufren una violencia extrema debido al crimen
organizado.
Guanajuato es rico en población y desarrollo económico ya que tiene una economía diversi-
ficada de los tres sectores. El sector secundario que abarca la minería, la industria manufactu-
rera, la construcción y la electricidad tienen una presencia importante. Según el censo econó-
mico 2014, Guanajuato ocupó el cuarto lugar en la producción bruta nacional y los municipios
32 Marco contextual y proceso electoral 2017-2018

que concentraron las mayores participaciones fueron Salamanca con 23.6%, León 21.6% y Silao
17.0%, seguidas de Irapuato, Celaya. Es decir, que la dinámica económica corresponde al corredor
industrial que comienza en los límites de Querétaro y cruza el Estado por la parte sur-oriente con
sus principales municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Guanajuato municipio, es
la capital política del Estado y colinda con municipios del corredor industrial.
Datos sociodemográficos
Población
México se encuentra dentro de las quince naciones más pobladas del mundo, ocupa el puesto
número 10 y con respecto a la población urbana a escala mundial está en el lugar número ocho.
De las treinta y dos entidades federales del país, Guanajuato es la sexta más poblada y está con-
formada por 46 municipios. Según la Encuesta intercensal de Población del INEGI 2015, la pobla-
ción total del Estado es de 5,853, 677 de habitantes. Los diez municipios más poblados son León
26.97%, seguido de Irapuato 9.81% y Celaya 8.44%, después Salamanca que tan solo concentra el
4.67%, Silao 3.24%, Guanajuato 3.15 %, San Miguel de Allende 2.94%, Dolores Hidalgo 2.60 %, Valle
de Santiago 2.44%, San Luis de la Paz 2.06%, San Francisco del Rincón 2.04% y San Felipe 1.93%.
A escala nacional, León es la cuarta ciudad más poblada del país solo por debajo de Iztapalapa,
Ecatepec y Tijuana (Unión Guanajuato, 2017).
Mientras que los municipios con menos población, expresada en porcentaje, son: Atarjea
0.087% seguido de Santa Catarina 0.089%, 0.11% Santiago Maravatío, Xichú 0.19%, seguido de
Pueblo Nuevo y Coroneo con 0.2%, Tarandacuao 0.21%, Tierra Blanca 0.32%, Victoria 0.34%,
Huanímaro 0.37%, Ocampo con 0.4%, Doctor Mora 0.41%, Cuerámaro 0.48% y Jaral del Progre-
so con 0.65%.
Los datos de la población nos permiten ubicar la distribución de los territorios donde se con-
centran más las personas. En México, un municipio promedio tiene una población de 48 649
habitantes, es decir, es relativamente pequeño. El municipio mediano tiene una población de 13
292 habitantes y sólo el 10% de los municipios tienen una población mayor a 80,000 habitantes,
son en esos lugares donde se concentra la mayor población del país. Mientras que en Guanajuato
veinte de sus cuarenta y seis municipios cuentan con una población mayor a 80,000 habitantes,
León manifiesta una relación muy dispar con respecto a los demás municipios de alta concen-
tración población, ya que aglomera casi el 27% de la población estatal. Para una mejor aprecia-
ción se presenta la siguiente tabla.
Verónica Vázquez Piña y César Vladimir Martínez Arango 33

Tabla 4. Concentración, porcentaje y población municipal
Municipio Alta Mpo. Mediana Mpo. Baja

Concentración poblacional Concentración Concentración
% % Poblacional %
Más de 100,001 De 38,500 Hasta 38,499
habitantes a 100,000 hab. habitantes
1. León 16. Cortázar 32. Jaral del Progreso
26.9 1.63 0.65
1,578,626 95,961 38412
2 .Irapuato 17. Apaseo el Grande 33. Tarimoro

9.8 1.58 0.58
574,344 92,605 34,263
3. Celaya 18. Abasolo 34. Cuerámaro

8.4 1.55 0.48
494,304 90,990 28,320
19. Sta. Cruz de
4. Salamanca 35. Doctor Mora
4.6 Juventino Rosas 1.41 0.41
273,271 24,219
83,060
5. Silao de la Victoria 20. Comonfort 36. Ocampo
3.2 1.41 0.40
189,567 82,572 23,528
6. Guanajuato 21. Purísima del Rincón 37. Huanímaro

3.1 1.36 0.369
184,239 79,798 21,638
7. San Miguel de Allende 22. San José Iturbide 38. Victoria

2.9 1.34 0.34
171,857 78,794 20,166
8. Dolores Hidalgo CIN 23. Yuridia 39. Tierra Blanca

2.59 1.19 0.32
152,113 69,763 18,960
9. Pénjamo 24. Apaseo el Alto 40. Tarandacuao

2.57 1.16 0.21
150,570 68,455 12,256
10. Valle de Santiago 25. Uriangato 41. Coroneo

2.43 1.07 0.20
142,672 62,761 12,068
11. San Luis de la Paz 26. Romita 42 Pueblo Nuevo

2.06 1.02 0.20
121,027 59,879 11,872
12. San Francisco del Rincón 27. Villagrán 43. Xichú

2.04 1.0 0.19
119,510 58,830 11,639
13. San Felipe 28. Moroléon 44. Santiago Maravatío

1.93 0.86 0.11
113,109 50,377 6,824
14. Acámbaro 29. Jerécuaro 45. Santa Catarina

1.91 0.83 0.089
112,125 49,053 5,261
30. San Diego de la
15. Salvatierra 46. Atarjea
1.71 Unión 0.67 0.087
100,391 5,128
39,668
31. Manuel Doblado
0.66
38,832
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI 2015.

El concepto metrópoli alude a la expansión urbana, al tamaño de población considerable con

una integración funcional y económica de diferentes demarcaciones municipales y en política a
la planeación para estas condiciones. La SADATU, CONAPO e INEGI, elaboraron la delimitación
de las Zonas Metropolitanas de México 2015, de las 74 Zonas Metropolitanas (ZM), en Guanajuato
contamos con 7 ZM: 1. La Piedad-Pénjamo, 2. Querétaro (Apaseo el Alto)-Guanajuato, 3. Celaya,
4. Moroleón-Uriangato, 5. San Francisco del Rincón, 6. León y 7. Guanajuato. Si bien los criterios
son poblacionales, estadísticos, económicos y políticos, esta primera aproximación nos permite
conocer la conformación de nuestro territorio y pensar en los municipios más allá de sus cifras
socioeconómicas, para entender las interrelaciones con características geográficas y de integra-
ción que ciertos territorios puedan contener.
Es importante mencionar que dentro de los cambios en el universo metropolitano, hubo uno
que resaltó de manera especial: la adición del municipio Apaseo el Alto a la ZM de Querétaro,
que se convirtió en una metrópoli interestatal, pues este municipio pertenece a Guanajuato, de
hecho, es también vecino de la ZM de Celaya (al oriente). No obstante, cumple la integración fun-
cional con Querétaro donde trabaja en municipios centrales el 28.2% de su población ocupada.
A la de Celaya se agregó también un municipio guanajuatense (Cortázar), ubicado al poniente
(SEDATU, CONAPO e INEGI, 2015:54).
Urbanización
Según el PNUD México considera la densidad de población y clasifica las unidades geográficas en
rural, semiurbana, urbana y mixta bajo los siguientes criterios:
Rural corresponde a los municipios con más del 50% de la población que reside en localida-
des menores a 2 mil 500 habitantes; semiurbano corresponde a los municipios con más del
50% de la población que reside en localidades entre 2 mil 500 y 14 mil 999 habitantes; ur-
bano se refiere a los municipios con más del 50% de la población que reside en localidades
de 15 mil habitantes y más; mixto corresponde a los municipios cuya población se reparte
en las categorías anteriores, sin que alguna tenga más del 50% (PNUD, 2014:14).
Esa publicación presenta un mapa del país por su condición de urbanización donde es posible obser-
var para Guanajuato los siguientes municipios del corredor industrial: empezando de la colindan-
cia de Jalisco hacia Querétaro, encontramos a León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón,
Guanajuato, Irapuato, Salamanca, y Celaya. Tres municipios no se encuentran en el corredor, pero
colindan son: Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortázar y Jaral del Progreso. Hacia el oeste Acámbaro,
Moroleón y Uriangato. La mayoría de estos municipios pertenecen a alguna de las siete ZM.
Los tres municipios semiurbanos se encuentran al este del estado: Cuerámaro, Juventino Ro-
sas y Tarandacuao. De los municipios Mixtos, cinco se encuentran en el eje central por el corre-
dor industrial, como son: Silao, Comonfort, Villagrán, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Mien-
tras que en un eje transversal al corredor industrial encontramos de este a oeste a tres más: San
Luis de la Paz y Valle de Santiago al este, y al oeste Salvatierra.
La parte rural del estado se encuentra principalmente al noreste del Estado con doce muni-
cipios: Ocampo, San Felipe, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San
José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, Tierra Blanca, Santa Catarina, Xichú y Atarjea. En el este se
encuentran: Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Pueblo Nuevo, Yuridia y Huanímaro, y
al sureste Tarimoro, Coroneo y Jerécuaro.

Pobreza en Guanajuato
La pobreza extrema es conceptualizada de una manera simple como las personas que en esta
situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición
de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
En Guanajuato, el desarrollo económico y la pobreza extrema son contrastantes ya que en 33
municipios de los 46 existe población en situación de pobreza y existen cuatro municipios donde
el 70 % de población la sufre, estos son: Atarjea, Jerécuaro, Santiago Maravatío, Xichú.
Los municipios con mayor concentración de personas en situación de pobreza extrema son:
Pénjamo (9%), Dolores Hidalgo C.I.N (6.9%), Irapuato (2.9%), Celaya (2.5%) y León (2.2%). Esto
muestra como dentro de los municipios urbanos también se encuentran personas en situaciones
de pobreza extrema y solo Pénjamo y Dolores Hidalgo están catalogados como rurales, aunque
Pénjamo está dentro de la ZM 1. La Piedad-Pénjamo que es interestatal y colinda con Michoacán
y aumenta la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia organizada.
Contexto Delictivo
En nuestro caso, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, 2018: 3) plantea la hipótesis de que el
incremento de los índices delictivos en Guanajuato es consecuencia de los operativos en contra
de los grupos de la delincuencia organizada en Jalisco y Michoacán y que al fragmentarse esas
organizaciones deben asegurar nuevos negocios y espacios en los estados colindantes como
Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí. Las pugnas territoriales entre Los Zetas, Familia Mi-
choacán, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que los medios
de comunicación ya identificaban desde 2015 en la entidad. El CJNG ganó terreno y se asentaron
para dedicarse al robo de trenes y al narcomenudeo; para después incursionar en el robo de
combustible al descubrir cómo es una actividad altamente lucrativa y de bajo riesgo. Lo que está
de manifiesto es la impunidad y falta de eficacia judicial que impera en el estado como en el país.
Mientras el CJNG se adentraba en el negocio, las bandas huachicoleras defendían sus rutas de
abasto a lo largo del corredor industrial y los enfrentamientos se pueden observar en los delitos
de alto impacto y su constante incremento, ya que el homicidio doloso y feminicidio, pasaron de
879 casos en 2015 a 961 2016 y 1096 para 2017. Por su parte, el narcomenudeo aumentó del 2015
de 3060 a 3684 en 2016 y casi duplicándose para el 2017 6567, el único delito que disminuyó fue
el secuestro de 8 casos en 2015 y 2016 paso a la mitad en 2017. La pugna entre el CJNG y el Cártel
de Santa Rosa de Lima sobre el control del robo de combustible ha cobrado víctimas como niños,
mujeres, jóvenes, policías y candidatos electos. Ante este panorama, la estrategia gubernamen-
tal ha puesto al ejército a cargo de la seguridad en municipios como Salamanca, Apaseo el Alto,
Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Atarjea, San Luis de la Paz y Apaseo el Grande. (ONC, 2018: 4)
En el primer trimestre de 2018, Guanajuato ya era la primera entidad con un incremento ma-
yor al 25% en sus homicidios, según el Semáforo Delictivo Nacional. Mientras que se evalúa que
en 2018 México supera un 77% el número de víctimas de 2017 (Guardiola, Excelsior, 2018).
El Gobierno de México dentro de su estrategia integral de prevención del delito y reducción
de la violencia y criminalidad para la Construcción de la Paz, priorizó diecisiete regiones según
la tasa de homicidios, y cuatro están en Guanajuato. Baja California, en la región de Tijuana tuvo
202 homicidios en el mes de diciembre 2018, representando un porcentaje nacional de 8.28% y
una tasa de 12.31%, mientras que Tamaulipas la región de Nuevo Laredo presento 6 homicidios
ese mes, con una tasa de homicidios de 1.38% en comparación a la tasa nacional de 2.04%.

Tabla 5. Regiones prioritarias de Guanajuato según la tasa

de homicidios y el porcentaje nacional
Número de
Regiones en Guanajuato Porcentaje Tasa de
Homicidios en el mes
4/17 Nacional Homicidios
de diciembre 2018
1. Irapuato: Irapuato, Pueblo Nuevo, Romita
54 2.21 6.46
y Silao
2. Salamanca: Jaral del Progreso, Salamanca,

Santa Cruz de Juventino Rosas, Valle de 46 1.89 7.71
Santiago y Villagrán
3.Uriangato: Cortázar, Moroleón, Salvatierra,

34 1.39 8.82
Santiago Maravatío, Uriangato y Yuridia
4. Celaya: San Miguel de Allende, Apaseo el

30 1.23 3.30
Alto, Apaseo el Grande, Celaya y Comonfort
Tasa Nacional: 2.04
Fuente: elaboración propia.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE)

tiene el objetivo de calcular la falta de denuncia en cada estado y ajustar las estadísticas oficiales
de violación, robo, asalto, extorsión y secuestro, con el propósito de reflejar mejor las tasas reales
de violencia. Se ha creado la noción de cifra negra que es número de delitos denunciados por
las víctimas en la ENVIPE divididos entre el número de delitos que las víctimas dijeron haber de-
nunciado. La cifra negra para Guanajuato en 2017 es del 92.4 %, ya que sólo se denunció el 13.2 %
de delitos de los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación o Averiguación
Previa que fue el 57.7% de los casos (ENVIPE 2018).
Según ENVIPE (2018), la percepción de inseguridad en Guanajuato ha ido aumentado, se tienen
mediciones desde 2013 donde un 58.8% de población percibía inseguridad, para 2017 un 75.2 % y
en 2018 un 83 % de la población. Bajo este panorama podemos comprender la situación de vio-
lencia y criminalidad que se vive en la entidad y dónde están ubicados los territorios con altos
índices de homicidios.
Situación de Violencia de las Mujeres en Guanajuato

En 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el estudio Panorama de violencia
contra las mujeres en Guanajuato que reveló el perfil de las mujeres víctimas de feminicidio: 1) son
mujeres jóvenes entre 15 y 29 años, 2) no se ha identificado alguna relación lineal entre el nivel
educativo y el riesgo de sufrir alguna forma de maltrato y 3) hay una relación entre las mujeres
que no son económicamente activas y sufren violencia, y aquellas que sí lo son. De las mujeres
violentadas, el 12.7% fue agredida sexualmente, el 34% físicamente, el 59% económicamente y
el 88% emocionalmente, estas cifras están por encima del porcentaje nacional (ONC, 2018: 5-6)
En el 2016, en Guanajuato se reportaron 121 feminicidios correspondiendo a una tasa (por
100,000 mujeres) de 4.0%, ubicándose por debajo del total nacional que fue de 4.4% y como la
decimosegunda entidad federativa con mayor tasa de feminicidios. (SEGOB, INMUJERES y ONU
Mujeres, 2017:22)

En el análisis de los diez principales municipios que presentan tasas de defunciones femeni-
nas con presunción de homicidio por 100,000 mujeres, de 2011 a 2013, no aparece ningún muni-
cipio de Guanajuato, en 2014 León se posiciona en el número 9 con 23 DFPH y una tasa de 2.96%.
En 2015 presenta 25 DFPH con una tasa de 3.19% y se ubica en el lugar 10. Para 2016 no figura en-
tre los 10 municipios con altas tasas de feminicidio (ídem.: 58). Si bien es un problema nacional,
y el gobierno ha buscado implementar estrategias que erradiquen la violencia contra las mujeres
es un hecho que se sigue presentando con una tasa elevada y sostenida.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de los primeros cien municipios con presuntos
feminicidios de enero a diciembre 2018, el lugar 58 es de Celaya y el 59 de León, con una tasa de
delitos por 100 mil mujeres de 1.13% y 0.37% respectivamente.
Para el 2018, Guanajuato se sitúa como la entidad con mayor número de homicidios dolosos de
mujeres, con 305 casos y 21 casos de feminicidios, lo que coloca a la entidad en la posición 16 a ni-
vel nacional (Martínez, 2019). A nivel estatal, es la entidad con más víctimas mujeres de homicidio
doloso, seguida del Estado de México con 290 y Baja California con 288. Mientras que se sitúa como
la cuarta entidad por cada 100 mil mujeres, donde Colima, Baja California y Guerrero la anteceden.
De los otros delitos, no existieron secuestros denunciados de mujeres, en cuanto a tráfico de
menores mujeres, Guanajuato vuelve a encabezar la lista con 3 víctimas, siendo 14 víctimas el
total nacional y en tasa por 100 mil mujeres, Guanajuato con 0.06% se posiciona en el cuarto
lugar, después de Aguascalientes, San Luis Potosí y Quintana Roo.
Las víctimas mujeres de corrupción de menores de Guanajuato son 125, es decir, el segundo
lugar después de Baja California con 198 mujeres, con una tasa de 4.0% de 100 mil mujeres, mien-
tras que la tasa nacional es 1.7%, y posicionándose en cuarta posición después de Baja California,
Zacatecas y Nuevo León. Con respecto a la trata de personas, Guanajuato tuvo 6 víctimas mujeres
de las 394 reportadas a nivel nacional, ubicándose en la posición 22 según su tasa por 100 mil
mujeres de 0.19%, mientras que la nacional fue 0.62%. Con respecto a la extorsión, solo tuvo 4
víctimas mujeres, posicionándose en el lugar 26, con una tasa de 100 mil mujeres de 0.1%.
Las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, deno-
ta un aumento ya que en 2016 hubo un total de llamadas nacionales de 92,604, en 2017 fueron
106,765 y en 2018 172,210, es decir, que casi se duplican. En Guanajuato, se encuentran por deba-
jo de la tasa con 269.3 llamadas por 100 mil mujeres con 184.3, en la posición 19.
Con respecto a las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual, la
tendencia nacional también demuestra un incremento, pero no tan acelerado como el de vio-
lencia contra la mujer, ya que en 2016 hubo 3925 casos, en 2017 bajo a 3797 y en 2018 aumento
a 5078.
En cuanto a la violencia política, Pérez y de Paz identificaron 178 homicidios contra alcaldes o exal-
caldes entre julio de 2004 y marzo de 2018 (citado en ONUMUJERES 2018: 10). Las agresiones a mujeres
ocurrieron 58% en el ámbito municipal, 30% del estatal y 12% federal. (Etellekt Consultores, 2018).
A continuación, se presenta el marco legal correspondiente al acceso de los derechos políticos
de las mujeres para establecer el puente entre las medidas de paridad, el análisis de los resultados
electorales desde sus antecedentes (tres procesos anteriores) hasta los resultados de la contienda
en 2018. Con el propósito de entender las lógicas históricas, territoriales y políticas en disputa, así
como el análisis partidista de posicionamientos de candidaturas por género a través del Indicador
de la feminidad de la competencia electoral para responder a nuestras interrogantes.

Marco legal de la paridad de género electoral y violencia política

La paridad de género en materia electoral se deriva de una serie de convenciones suscritas por
el Estado Mexicano en materia de derechos humanos. Este tipo de acciones corresponden a la
realización efectiva del derecho de igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas. En este
sentido existen diversas convenciones internacionales donde se plasmaron estos derechos. La
primera de ellas que podemos mencionar en la Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre, en el cual se reconoce el derecho de toda persona a participar en el gobierno
de su país. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en el
artículo 2 establece el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas
de su país. En esos mismos términos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 25, inciso C, señala el derecho de acceso a las funciones públicas de su país en condicio-
nes de igualdad y, por último, el Pacto de San José en el ámbito americano que establece dicha
disposición (artículo 23, inciso C).
En materia legislativa las cuotas de género sufrieron una evolución importante, iniciaron sólo
siendo indicativas, es decir en la legislación sólo se señalaba la obligación de los partidos po-
líticos de promover la participación de las mujeres en la vida política. Es en 1996, donde se es-
tablecen la existencia de una cuota de género de no más del 70% para un solo sexo. A partir de
2002, se mantiene la cuota, pero sólo para las candidaturas propietarias. Uno de los avances que
se pueden mencionar en esta etapa es el establecimiento de la negativa del registro, como con-
secuencia del incumplimiento de la cuota de género. A partir del año 2011, inicia una etapa de
control judicial de las cuotas de género, es decir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación emitió diversas resoluciones. En el procedimiento SUP-JDC-12624/2011,
dicho tribunal eliminó la excepción que se tenía de respetar las cuotas de género cuando se de-
rivara de un proceso democrático.
En el año 2014, se establece la reforma electoral donde se impone la obligación de paridad de
género en la vía tanto uninominal, como plurinominal. En ese mismo año, al resolver el recurso
SUP- REC- 936/2014, la sala superior determinó que el principio de paridad no sólo debe estar en
la integración de las listas de candidatos, sino en la integración misma de los poderes legisla-
tivos, por lo tanto era dable la recomposición de las listas de representación proporcional para
conseguir una composición de los poderes legislativos más cercanas a la paridad, armonizando
la equidad de género con el derecho de autodeterminación de los partidos políticos y aplicando
el principio de mínima afectación.
Disposiciones normativas federales sobre la paridad de género

La Constitución Política de los Estados Unidad Mexicanos, en sus artículos 1; 2; 4; 17 párrafo segundo;
35 fracciones I y II; 41 base I, segundo párrafo, y base VI; y 133, establece en primer término la
obligatoriedad y reconocimientos de los derechos humanos previstos en los instrumentos inter-
nacionales suscritos por el Estado Mexicano. Reconoce el derecho de las mujeres a no ser discri-
minadas para votar y ser votadas, en condiciones de igualdad con los hombres; así como para
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos
o designados. Por su parte se estable el derecho de la igualdad ante la ley y acceso a la justicia de
la que gozan toda la ciudadanía, así como a acceder y desempeñar los cargos públicos. De ma-
nera específica se contiene en su artículo 35 el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados,
además señala que los partidos políticos deberán hacer posible el acceso de los ciudadanos al

ejercicio del poder público, atendiendo las reglas de paridad de género y estableciendo a su vez
un sistema de medios de impugnación en materia electoral, que se ocupa de los principios de
constitucionalidad y legalidad.
Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 7 y 232) establece
el derecho de los ciudadanos a votar en las elecciones y la obligación de los partidos políticos de
garantizar la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a
cargos de elección popular, así como lograr la paridad de género en la postulación de candidatos a
los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Es-
tados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Dentro del proceso de registro de los candidatos
establece que los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán faculta-
des para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad.
En la actualidad, como resultado del proceso electoral federal 2017-2018, se logró un gran
acercamiento a la paridad de género en la integración del Congreso de la Unión. Lo anterior
en atención a que el Senado se encuentra integrada por 63 mujeres y 65 hombres, mientras la
Cámara de Diputados se encuentra conformada por 241 mujeres y 259 hombres, con lo que se
observa la cifra más alta en la historia mexicana de integración de las mujeres al parlamento
mexicano. Por su parte, el Congreso del Estado de Guanajuato actualmente se encuentra consti-
tuido por 18 mujeres y 18 hombres.
La Ley General de Partidos Políticos (artículos 3 numeral 4, 25 inciso r), 37 numeral 1, inciso e);
51 numeral 1, inciso a), fracción V, y 73 primer párrafo) estipula que los partidos políticos deter-
minarán y harán públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas
a legisladores federales y locales, los cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones de
igualdad entre géneros. Además, tienen la obligación de promover la participación política en
igualdad de oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. Dentro de los lineamientos del
financiamiento se prevé un porcentaje destinado a la capacitación, promoción y el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres.
En relación con otras entidades federativas, se puede señalar (cifras de 2016) en 11 de las 32
entidades federativas se incorporó el principio de paridad mucho antes de que fuera implemen-
tada en lo federal; una efectuó la paridad sin haber aprobado previamente ninguna disposición
sobre cuotas y Oaxaca adoptó dos cuotas de género, pero sigue sin aprobar la paridad de género.
Disposiciones normativas locales sobre la paridad de género

En la Constitución política para el Estado de Guanajuato (artículos 15, 17 apartado A), se prevé el dere-
cho de los guanajuatenses a participar en la vida política y la obligación de los partidos políticos
de establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en las candidaturas a dipu-
tados al Congreso del Estado, a Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores.
Disposiciones normativas por parte del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato

En atención a sus atribuciones, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, en sesión de 31 de
agosto de 2017, aprobó los Lineamientos en materia de paridad de género y elección consecutiva para la
selección y postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local 2017-2018. Estos lineamientos
constituyen, en principio, normas orientadoras de los criterios emitidos por cada uno de los par-
tidos políticos, pero en caso de omisión de dichas normas, será de aplicación supletoria.

Las disposiciones señalan la obligación de los partidos políticos de generar tres bloques (vo-
tación baja, votación media y votación alta) señalando en cada uno de los bloques los distritos
o municipios, con base en la votación válida de la última elección, a fin de evitar que las desig-
naciones para mujeres se hagan en candidaturas donde los partidos políticos tengan la votación
más baja. En este mismo sentido, en el caso de las coaliciones se hará por medio de la sumatoria
de los diferentes resultados de los partidos políticos coligados. Este principio de paridad también
es obligatorio en la conformación de las planillas de los ayuntamientos para las candidaturas
independientes.
Mediante el acuerdo con fecha del 7 de diciembre de 2017, el Consejo General del IEEG validó
las comunicaciones de los partidos políticos, en relación con los mecanismos de integración de
candidaturas, a fin de respetar el derecho a la elección consecutiva y el principio de paridad. Asi-
mismo, mediante el acuerdo con fecha del 2 de marzo de 2018, el IEEG aprobó los municipios y
distritos en los cuales se haría la postulación de candidatos o candidatas, según corresponda. En
aplicación del acuerdo con fecha 7 de diciembre de 2017, el 11 de abril de 2018, el Instituto Estatal
Electoral de Guanajuato, requirió a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, Convergen-
cia y PES) cumplir con el principio de paridad en sus candidaturas a ayuntamientos, pues en los
registros válidos no se cumplía con el mismo. Dicha resolución tuvo dos votos particulares no
concurrentes, uno del presidente, Mauricio Yáñez y del consejero Santiago López Acosta.
Disposiciones particulares en materia de violencia política

La discusión legislativa y sus productos ya sean normas especiales o reformas a las existentes, son
centrales en el reconocimiento político y social de la definición del problema: “establece[n] que el
comportamiento en cuestión es incorrecto, validando la violencia contra las mujeres en la política
como un “problema” y empoderando a las víctimas en sus esfuerzos por obtener alguna medida
de justicia, aunque ésta sea imperfecta” (Krook y Restrepo, 2016b: 464). El caso de Bolivia ha tras-
cendido porque nombró el fenómeno (etiquetó), recuperó los tipos de violencia físico, sexual pero
también psicológico y progresó a la propuesta legislativa de la Asociación de Concejalas de Bolivia
(Acobol), organización emanada de la constante violencia ejercida principalmente sobre mujeres
indígenas que contendían en espacios locales de este país. En el 2000 se convoca la primera reu-
nión sobre el tema en la Cámara de Diputados de Bolivia. Estuvieron trabajando desde el 2001 en
una legislación que reconociera y atendiera el problema, aprobada finalmente en el 2012 (Ley 242
contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres). La ley boliviana sienta las bases de las reformas
legales que se estarían desarrollando en otros países como el nuestro: quiénes cometen estas con-
ductas, sobre quién se ejerce (esto es, las propias mujeres políticas o miembros de su familia), qué
penas se incluyen, agravantes y quiénes son los encargados de hacer cumplir la ley.
En el 2007, en la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se
firmó el Consenso de Quito, el cual constituye uno de los primeros reconocimientos internaciona-
les de la problemática. Es importante recordar que dicho reconocimiento, muchas veces plasma-
do en instrumentos que signan los Estados parte ha sido uno de los principales promotores de
los avances legislativos en la materia, tal cual como sucedió con la violencia de género en la Con-
vención de Belém do Pará y la consecuente armonización normativa en los países involucrados.
En este sentido va la apuesta: el producto de la VI Conferencia de los Estados Parte de la Conven-
ción de Belém do Para fue una “ley modelo” creada en el 2015 por el Mecanismo de Seguimiento de
la Convención Belém do Pará (Mesecvi) para que el resto de los Estados parte tuvieran parámetros
claros para la implementación de estas medidas en sus respectivos territorios.

La influencia de estos antecedentes regionales latinoamericanos en México ha sido fuerte. En
el año 2012, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Lucero Saldaña, presentó
una iniciativa para incluir la noción de violencia de género en la Ley General de Acceso de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia. A partir del 2014 se sumarían más senadoras de otros partidos
políticos con iniciativas que incluyeron también la legislación electoral, de delitos electorales y
medios de impugnación, concretándose en una propuesta de decreto enviada a la Cámara de
Diputados en el 2017. Ésta avalaría las reformas en diciembre del mismo año con algunas modi-
ficaciones importantes, pero preservando elementos como la promoción, protección y garantía
de los derechos políticos de las mujeres, la propaganda electoral no sexista, el aumento de penas
de delitos electorales contra las mujeres políticas, entre otras. Quedó estipulado aplicar las refor-
mas después de los comicios del 2018.
A diferencia del Congreso de la Unión, la problematización en los congresos locales fue rela-
tivamente rápida y se aceleró en los últimos tres años. Al asociarse con el tema de violencia de
género que ya había sido posicionado con instrumentos internacionales y armonización legisla-
tiva, la violencia política de género se incorporó principalmente en la legislación local de acceso
a una vida libre de violencia (27 entidades), en las leyes o códigos electorales (17 entidades).
Sólo tres entidades federativas carecían de reformas relacionadas antes de los comicios 2018.
Destaca el Estado de Quintana Roo que lo elevó a rango constitucional local, además de haber
sido reformadas su ley de acceso a una vida libre de violencia, la ley electoral y tipificado en el
código penal. Chiapas, Chihuahua y Colima tienen menciones de la violencia política en la cons-
titución local y siete estados cuentan con reformas en el código penal. Estos dos elementos, el
nivel constitucional del tema y la aplicación de sanciones del ámbito penal, son indicadores de
la importancia del tema en las entidades, pero no es suficiente.
Específicamente en el caso de Guanajuato, la primera reforma sobre violencia política contra
las mujeres se presentó en diciembre de 2017 para adicionar en el Código Penal la violencia po-
lítica en razón de género como delito en materia electoral. En el artículo 289-a se establece que
se considera violencia política (se omite en razón de género o contra las mujeres en el subtítulo
del capítulo II) “[a] quien dolosamente anule o limite el ejercicio de los derechos políticos o de
las funciones públicas a una mujer por razones de género, se impondrá de dos a cuatro años de
prisión y de cien a cuatrocientos días multa”. Y establece dos razones para establecer que las
acciones tienen motivación de género, cuando: “I. Existan situaciones de poder que den cuenta
de un desequilibrio en perjuicio de la víctima; II. Existan situaciones de desventaja provocadas
por condiciones del género”. Además, se establecen como agravantes cuando el delito es de un
servidor público o dirigente partidista perpetra la violencia, o cuando se emplea violencia o en-
gaño o se aprovecha de la vulnerabilidad de la mujer en cuestión.
En mayo de 2018, se incluyó dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
la violencia política como un “tipo de violencia de género”, lo cual consideramos un error dado
que debería ser considerado como un ámbito en el que se pueden manifestar varios tipos de
violencia como la psicológica, sexual, física y económica. Se definió como:
la acción u omisión que, en el ámbito político, público o privado, tenga por objeto o resulta-
do limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de
una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función
del poder público y se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción,
vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género.

La definición anterior, no hace explícitos los roles específicos de las mujeres como ciudada-
nas, simpatizantes o militantes, candidatas (son implícitos cuando se habla de hacer efectivos
los derechos político-electorales), pero sí menciona el ejercicio de un cargo o función del poder
público. A diferencia de otras normatividades estatales, la definición de Guanajuato desarrolla
un listado en la definición de manifestaciones específicas de violencia política en razón de gé-
nero (artículo 5 bis):
I. Imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo
o función;
II. Restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su
cargo o función pública;
III. Proporcionar información o documentación incompleta o errónea con el objeto de im-
pedir el ejercicio pleno de los derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebi-
do de sus atribuciones o facultades;
IV. Ocultar información o documentación con el objeto de limitar o impedir el ejercicio de
sus derechos político-electorales o inducir al ejercicio indebido de sus atribuciones;
V. Proporcionar o difundir información con la finalidad de impedir o limitar el ejercicio de
los derechos político-electorales, o impedir el ejercicio de sus atribuciones o facultades.
VI. Impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función pú-
blica para el cual ha sido nombrada o elegida;
VII. Impedir o restringir su reincorporación al cargo o función pública posterior en los casos
de licencias, permisos o derechos conforme a las disposiciones aplicables; y
VIII. Impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos
por razón de género.
Después de las elecciones, en septiembre del 2018, se realizó otra reforma para adicionar la vio-
lencia política en razón de género en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
de Guanajuato, con una definición muy similar a la de la Ley de Acceso, así como las acciones u
omisiones (manifestaciones) que la constituyen. Además, se adicionó: la obligación de los parti-
dos políticos de abstenerse de realizar y difundir propaganda electoral que constituya violencia
política en razón de género; la responsabilidad del Instituto Electoral de impulsar y generar me-
canismos para prevenir y atender la violencia política electoral, sustanciar los procedimientos
correspondientes, realizar campañas en los medios de comunicación para prevenir y denunciar
el tema y capacitar a su personal. En la reforma se prohíbe explícitamente, a quienes aspiran
a un cargo o candidatura, a militantes, simpatizantes y dirigentes de partidos políticos y a la
ciudadanía en general, ejercer violencia política en razón de género. Esta reforma también esta-
bleció como permanente la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres en el Instituto
Electoral.
Estas definiciones legales, establecen alguna responsabilidad penal, sin embargo, dicha des-
cripción típica adolece de algunos vicios de dogmática que complican primero su entendimiento
y mucho más su aplicación. En el ámbito administrativo o electoral no existe una contundencia
relativo a las sanciones, a las cuales se podría llegar para la corrección de ese tipo de conductas,
aunque tienen algunas resoluciones donde los tribunales electorales se han atrevido a nulificar
elecciones por motivos de violencia política, pero las mismas han sido revocadas por la Sala Su-

perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máximo órgano de control
electoral en nuestro país.
El principio de igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público para cualquier
persona, sin distinción de sexo, es uno de los grandes pendientes para hacerse realidad en el
contexto de Guanajuato. Bajo la reforma constitucional que contempla el principio de paridad
se hace una serie de reformas que pretenden implementar en el mundo de los hechos ese prin-
cipio. Estas reglas de paridad son de muy diversa índole y pretenden abarcar no sólo a las candi-
daturas, sino que tratan de hacer realidad dicha paridad. Por ello, se ha construido un andamiaje
jurídico pertinente para ese efecto, sin embargo, en relación con las garantías de no repetición
de los actos o de responsabilidad por parte de quienes cometan dichas conductas es poco claro
y efectivo tal andamiaje. Se han intentado algunos ejercicios desde las resoluciones del Consejo
General y de los Tribunales Electorales, pero aún se sigue contando con una enorme resistencia
sobre el reconocimiento y sanción de conductas concretas. Como muestra de dichas resistencias
pueden ser los votos particulares no concurrentes de los consejeros electorales (hombres) en el
caso del requerimiento a la alianza Juntos Haremos Historia; como las revocaciones por parte de
la Sala Superior de aquellas resoluciones de nulidad a causa de la violencia política de género
contra las mujeres.
Se debe caminar no sólo en los derechos declarativos de la participación de las mujeres, sino
ser capaces de mejorar su ejercicio por medio de tipos penales claros, así como una legislación
administrativa y electoral que contribuya a prevenir y erradicar ese tipo de violencia contra las
mujeres.
Antecedentes y resultados electorales

Para comprender el contexto político-electoral de Guanajuato es necesario conocer la presencia
de las mujeres en la política desde la gubernatura como de presidencias municipales para enten-
der el nivel de acceso a la competencia política de las mujeres, e interpartidista, a través de las
alternancias y arraigos partidistas. Así como en los distritos electorales para conformar el poder
legislativo local.
Guanajuato se compone de 22 distritos electorales, por lo que se obtienen 22 diputaciones
de Mayoría Relativa (MR) y 14 de Representación Proporcional (RP) y están conformados de la
siguiente manera:
Tabla 6. Distritos electorales locales del Estado de Guanajuato

Distrito Municipios que comprende
I San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo
San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora, Victoria, Tierra Blanca, Santa Catarina,
II
Atarjea, Xichú
III León
IV León
V León
VI León
VII León

VIII Guanajuato, Dolores Hidalgo

IX San Miguel de Allende, Apaseo el Grande
X Manuel Doblado, Cuerámaro, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón
XI Irapuato
XII Irapuato
XIII Romita, Silao
XIV Salamanca
XV Celaya, Tarimoro
XVI Celaya
XVII Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán
XVIII Abasolo, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo
XIX Cortázar, Jaral del Progreso y Valle de Santiago
XX Moroleón, Salvatierra, Santiago Maravatío, Uriangato y Yuriria
XXI León
XXII Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Tarandacuao
Fuente: Elaboración con datos del IEEG.
La representación gráfica nos permite la comprensión territorial municipal, por lo que se realizó
el mapeo de las tres elecciones anteriores, 2009, 2012 y 2015 dónde se examinan los municipios
y se pueden observar los territorios de rentabilidad política, las alternancias políticas, y los go-
biernos que han encabezado las presidentas municipales.
En Guanajuato, la transición democrática pudo consolidarse a principio de la década de los
noventa y, hasta la actualidad, el PAN no ha perdido una gubernatura. Nunca ha habido una
gobernadora y, en contadas ocasiones, las mujeres han participado en contiendas electorales
de este nivel, como en 1995 Martha Lucía Mícher Camarena y en 2018 por Nueva Alianza María
Bertha Solórzano Lujano, siempre de partidos de oposición (véase Ilustración 3).
Ilustración 3. Línea de tiempo de la participación y triunfo de las mujeres

en las elecciones en Guanajuato

Con la reforma que obliga a la paridad, en el trienio 2018-2021 hay trece mujeres al frente de
las cuarenta y seis presidencias municipales. A nivel de Congreso Local, por fin se logra la pa-
ridad gracias a los lineamientos que permite al IEGG garantizar el principio Constitucional por
medio de la representación proporcional, que ya se expusieron a detalle anteriormente.
A continuación, se expone las elecciones de 2009-2018 para conocer el acceso de las mujeres
a puestos de poder, en qué territorio han gobernado y por parte de qué fuerzas partidistas y así
tener tanto el contexto electoral anterior al proceso de estudio, para que en el siguiente apartado
de resultados electorales se pueda comprender el proceso 2018 a la luz de la paridad normativa
y las estrategias de los partidos para posicionar a sus candidatas.
Elecciones 2009
En lo que respecta a las elecciones del 2009-2012, cinco mujeres ganaron las presidencias mu-
nicipales, dos del PAN Celaya y San Diego de la Unión, el PRI Salvatierra, el PRD San Miguel de
Allende y el PVEM Yuridia (véase Ilustración 4). Estos territorios denotan un Índice de Desarrollo
Humano (IDH) variado. Tres municipios son de IDH muy alto, y dos son de IDH bajo: Salvatierra y
San Diego de la Unión.
En cuanto a población, Celaya municipio del corredor industrial es la única ciudad con casi
500,00 habitantes, cumpliendo con la tendencia nacional de que las mujeres que llegan a go-
bernar lo hacen en lugares de menos de 200,000 habitantes. Si bien tanto San Miguel de Allende
como Salvatierra concentran más de 100,000 habitantes, con un 2.9% y 1.71% de población, res-
pectivamente. Yuridia (1.19%) y San Diego de la Unión (0.67%) tienen una concentración media
de población y Santiago Maravatío tan sólo agrupa el 0.11% de población del estado. Es decir, que
para ese periodo las mujeres gobernaron al 6.58% de la población de Guanajuato.
El pluripartidismo municipal se deja notar con tan sólo 26 municipios que gana el partido he-
gemónico, el PRI 15 gobiernos, el PRD 4, Convergencia y PT dos y el PVEM 1. Del corredor industrial
solo Guanajuato pasa a la oposición con PRI al frente del Gobierno.

Ilustración 4. Gobiernos encabezados por mujeres y partidos políticos 2009
47
Elecciones 2012
Para las elecciones de 2012-2015 solo hubo dos mujeres presidentas municipales. Por primera
vez en veinte años el PRI en coalición con el PVEM gana el Municipio de León con una mujer al
frente. Es un municipio con IDH Muy Alto y es parte del corredor Industrial. Mientras que Pueblo
Nuevo lo gana el PAN en alianza con NA y tiene un IDH Bajo. Con respecto a la población, León
concentra la mayor población estatal con el 26.9 % del estado, mientras que Pueblo Nuevo sólo
representa el 0.2 % de población estatal y ocupa la posición 42 de concentración poblacional.
Por lo que en este periodo la población gobernada por mujeres es muy alta, casi un 30%, aunque
en municipios represente una polaridad inmensa entre el municipio más poblado y uno de los
menos poblados.
El fenómeno de coyuntura federal puede también explicar el suceso además del hartazgo
de la sociedad, pues el PAN sólo retiene 15 municipios, el PRI obtiene cuatro municipios im-
portantes como son Romita, Silao, Guanajuato y Dolores Hidalgo, mientras que en alianza con
el PVEM obtiene otros trece municipios y nueve más con Nueva Alianza. Fue el trienio del PRI,
dejando tres municipios para el PRD y uno para Movimiento Ciudadano Apaseo el Alto. (Véase
Ilustración 5).

49
Elecciones 2015
A partir de la incorporación del principio de paridad en la Constitución, es posible observar
un avance al comparar los registros de planillas por partidos en el proceso electoral 2014-2015
para las contiendas municipales del Estado. Sin embargo, en esas elecciones no se contaron
con lineamientos para asegurar la paridad en las candidaturas. El PAN postuló a más del 60%
de sus candidatas en distritos de menor votación en varios estados. De hecho, Guanajuato fue
el segundo estado que colocó a las mujeres en distritos con porcentajes de votación menor a
la mediana con un 72%, el primero fue Yucatán con 75% (Ordoñez y Flores-Ivich, 2017: 146). Lo
que denota un confinamiento electoral discriminatorio muy claro por parte del partido hege-
mónico, pues nuevamente las únicas mujeres que encabezan gobiernos son de la oposición
por parte del PRI y son municipios chicos. En cuanto a la variable política, es posible observar
una en la que llega un candidato independiente a Comonfort, lo que muestra cómo el PAN re-
cupera su hegemonía. (Véase Ilustración 6)
La fuerza del panismo se renueva para estas elecciones con veinticinco municipios y el PRI
queda solo en siete estados y, en alianza con el PVEM y NA, gana otros tres. Mientras que el PVEM
obtiene 6, el PRD tiene 4 y en Comonfort gana el candidato independiente.

51
Con respecto a la posición de candidaturas de mujeres, contendieron cuarenta y una mujeres,
cuatro partidos (Morena, PVEM, PT y Nueva Alianza) postulan mujeres para Dolores Hidalgo y nin-
guna gana. El PES no propuso candidata mujer en comparación de los ocho hombres que sí con-
tendieron. El partido Humanista propuso una mujer para León, municipio de tradición panista y
donde la excepción de la alternancia para volver al PRI terminaba su mandato. (Véase Ilustración 7)
Ilustración 7. Contienda mujeres y hombres para presidencias municipales 2015
En cuanto a los IDH y donde contendieron las mujeres, es posible observar que la mayoría de los
partidos sí postularon mujeres en los municipios de IDH Bajo, mientras que en los municipios de
IDH Alto postulan partidos con una baja probabilidad de ganar (Véase Ilustración 8).
Ilustración 8. Contienda electoral municipal 2015 de mujeres

por partido político según el IDH municipal

Las únicas dos mujeres que ganaron en 2015 fueron del PRI, estos municipios son: Pueblo
Nuevo con un IDH bajo y cuenta con una población de 11,872 habitantes y Santiago Maravatío
con IDH alto, con una población 6,826 habitantes, ocupando la antepenúltima posición en la
tabla de concentración de población antes expuesta. Es decir, que en este trienio las mujeres
que encabezaron presidencias municipales lo hicieron en los municipios con menos población
y representaron un total de 0.31% de población estatal, gobernando menos de 20,000 personas.
Elecciones diputaciones 2009-2018

En lo que respecta a las diputaciones, en 2009 el PAN gana los 22 distritos locales de Mayoría Relati-
va, el PRI logra 8 diputaciones, el PVEM 3, y PRD, Convergencia y NA 1 cada uno.
En 2012 el PAN que pierde cuatro distritos: IV, V y VI de León así como el VIII de la capital del Es-
tado que el PRI gana, obteniendo así 18 diputaciones el PAN por MR, el PRI 4 MR y 8 por RP, 3 el PRD, 2
el PVEM y Movimiento Ciudadano y 1 NA.
El Congreso local 2015, el PAN recupera una diputación de MR, es decir cuenta con 19, el PRI solo
logra 3 de MR y 5 de RP, el PVEM y PRD 3 cada uno, y Movimiento Ciudadano y NA 1.
Uno de los aspectos a considerar son los salarios en las diputaciones. En Guanajuato en 2017 los
salarios eran los más onerosos de los 14 congresos que sí se disponía la información (IMCO, 2017: 76).
Mientras que para el 2018 el PAN mantiene los 19 curules, Morena adquiere 3 en MR y 3 RP,
también para el PRI, PRD y PVEM son 3 RP y 1 para MC y NA. Es el primer Congreso que se acerca a
la paridad. (Véase Ilustración 9.)
Ilustración 9. Diputaciones por partido político 2009-2018
25
20
15
10
0
PAN PRI PRD PVEM Movimiento NA Morena
Ciudadano
2009 2012 2015 2018

De estas tres elecciones anteriores, es posible constatar la relación que Massollo en 1995 ob-
servó y que para 2003 Barrera ya denomina tendencia, donde las mujeres son colocadas en los
territorios de poca importancia y marginales. Aunque existen sus excepciones como León en
2012 o San Miguel de Allende en 2009, esta debe analizarse como la búsqueda de la alternancia
en el contexto político local, es decir, no es el partido hegemónico quien gana.
La excepción es Celaya que en 2009 es encabezada por una mujer del partido mayoritario
y que representa una ciudad importante para el estado, tanto por su población, como por su
economía, sin embargo, la condición de la inseguridad y la violencia contra las mujeres es muy
alta. De estos municipios que han sido gobernados por mujeres, para el gobierno federal en 2019,
están catalogados dentro de las cuatro regiones prioritarias para combatir la inseguridad a ex-
cepción de León y San Diego de la Unión (Véase Tabla 5).
Gubernatura
Para analizar los antecedentes electorales de los procesos electorales del ejecutivo local, es nece-
sario remontarse al año 2006 para seguir la lógica de tres periodos anteriores al periodo 2017-2018.
Con respecto a la Gubernatura, si bien a partir del 2006 se puede observar un fenómeno de
desgaste del partido hegemónico en la entidad, ya que tanto en 2012 como en 2018 el porcentaje
de votación estuvo por debajo del 50%. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla 7. Porcentaje de votación para el PAN en gubernaturas de 2006 y 2018
Año de elección Partido Vencedor Porcentaje de Votos

2006 PAN 61%
2012 PAN 48%
2018 PAN 49.83%
Hasta este momento se puede puntualizar que Guanajuato guarda un predominio del PAN, aun-
que el pluralismo político está presente en número y permanencia de partidos con una fuerza
política disimétrica, el bipartidismo entre el PRI y el PAN parece entrar en crisis con las eleccio-
nes del 2018. Es necesario seguir el contexto federal como el fenómeno de MORENA, que gana el
Ejecutivo Federal en las elecciones 2012 con el PRI, para comprender cómo se efectuará el juego
político en la entidad para el siguiente proceso electoral.
Análisis topológico político de resultados de los comicios del 2018

De manera general, los resultados electorales fueron favorables para las mujeres en términos
de comparación con comicios anteriores: hubo nuevamente una candidata a la gubernatura del
Estado por el partido Nueva Alianza (aunque Morena había designado oficialmente a una mujer
como su candidata para este cargo, fue removida y sustituida por un hombre que había sido
militante panista); se obtuvieron 13 presidencias municipales para mujeres y en donde fueron
electos hombres, se tendrán síndicas.
Por primera vez en la historia el Congreso del Estado de Guanajuato tiene una composición
paritaria, 18 mujeres y 18 hombres electos por ambos principios –mayoría relativa y representa-
ción proporcional–. En este punto se puede afirmar que las medidas de paridad de género que
se vienen instaurando en el país y en la entidad desde la década de los noventa y los cambios
constitucionales de la reforma de 2014 han tenido ya un impacto muy positivo en el nuevo esce-
nario político de nuestro estado.

En el proceso electoral 2018, el predominio del PAN a nivel municipal sigue gobernando casi
la mitad de los municipios (22 de 46). Sin embargo, la pluralidad de partidos cada vez se hace
notar más, es decir, que del bipartidismo que se observó en 2012, cuando el PRI en alianzas con
otros partidos logró obtener un gran número de alcaldías, para esta elección el PRI logra nueve
municipios: Guanajuato, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Abasolo,
Pueblo Nuevo, Uriangato, Santiago Maravatío, Jerécuaro. Morena logra cinco municipios: San José
Iturbide, Comonfort, Salamanca, Apaseo el Alto y Acámbaro, por tanto, municipios que priori-
tariamente se encuentran en el corazón del conflicto del crimen organizado. El PVEM logra tres
triunfos en San Felipe, Huanímaro y Apaseo el Grande. El PRD gana Moroleón y Juventino Rosas,
mientras que Nueva Alianza logra Villagrán.
Con respecto a las presidentas municipales: diez son panistas, dos de Morena y una del PRI.
Los municipios más importantes en rentabilidad política y económica, es decir, del centro polí-
tico, son Salamanca y Celaya, mientras que la mayoría se encuentran en la región I noreste en
los municipios más pobres como Victoria, Xichú, Santa Catarina y Atarjea, donde ubicaron a más
mujeres a contender según el índice de feminidad que se presenta más adelante. En la Región II
norte esta Ocampo, mientras que en la región III Centro están Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto.
En la Región Sur IV están Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Salvatierra, Tarandacuao y Coroneo (Véase
Ilustración 10).
Esto muestra que, principalmente, las mujeres están gobernando territorios rurales en una
proporción siete de trece, dos mixtos, dos semiurbanos y dos urbanos, lo que representa en
población el 18% de la misma. Estos municipios tienen bajos índices de desarrollo, además, en-
cabezan municipios muy conflictivos como son Salvatierra, Salamanca, Celaya y Apaseo el Alto
(Véase Tabla 6 de Zonas Prioritarias del Gobierno de México).

56
Análisis de los resultados electorales: Confinamiento electoral

discriminatorio de las mujeres en los comicios 2018
En este apartado queremos establecer tres líneas de análisis de los resultados electorales que
profundizaremos en la segunda etapa de investigación (cuando podamos contrastar con la infor-
mación del resto de las dimensiones), para visibilizar los diferentes aspectos que incidieron en
la votación y que arrojaron estos resultados sobre las mujeres:
1. El indicador de “feminidad de la competencia electoral” por cada cargo, esto es la pro-
porción de mujeres respecto al total de las candidaturas de un municipio.
2. La conformación de los bloques de alta, media y baja competitividad electoral de cada
partido político para la designación paritaria de candidaturas de mujeres y hombres.
3. Los votos obtenidos en cada municipio y distrito en las elecciones del 2015 y el sistema
bipartidista local.
Candidaturas a presidencias municipales

Gracias a las medidas de paridad de género (establecidas en el marco nacional y local) en el
proceso electoral 2017-2018 se presentó un mayor número de mujeres compitiendo para ocupar
presidencias municipales, sin embargo, y a pesar de ser prácticamente el mismo número de
candidatas que de candidatos, su distribución no necesariamente fue equitativa entre los muni-
cipios como se argumentará en esta sección.
Con el objetivo de garantizar la paridad de género en las candidaturas, el IEEG implementó los
Lineamientos en materia de paridad de género y elección consecutiva para selección y postulación de can-
didaturas para el proceso electoral local 2017-2018 (CIEEG/039/2017) que conforman bloques de baja,
media y alta competencia electoral en los que se estableció lo siguiente:
SEXTO. Con la finalidad de evitar que a algún género [sic] le sean asignadas las candidatu-
ras a las presidencias municipales en las que algún partido político haya obtenido los por-
centajes de votación más bajos en el proceso electoral local anterior, los partidos políticos
se sujetarán al siguiente procedimiento:
I. Cada partido político enlistará los municipios en los que postuló candidaturas a las
presidencias municipales en el proceso electoral inmediato anterior, ordenados de
forma creciente conforme al porcentaje de votación que en cada municipio haya
obtenido;
II. Los municipios se dividirán en tres bloques conformados de manera proporcional
de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido en los resultados precisados en
la fracción I, a fin de obtener un bloque con los municipios con el más bajo porcen-
taje de votación, un bloque con los municipios con el porcentaje de votación media
y un bloque con los municipios con el más alto porcentaje de votación.
Entonces, de acuerdo con los lineamientos, la conformación de los bloques por partido político
o coalición se basa en el porcentaje de votación que éstos obtuvieron en las elecciones del 2015
dentro de cada municipio. La idea detrás de esta medida es contar con un parámetro de compa-
ración para identificar una posibilidad alta, media o baja de obtener la victoria para cada partido
(véase tabla 8). No obstante, la posibilidad de que un partido político –o coalición– gane la elec-

ción en un municipio está relacionada más al sistema bipartidista de los gobiernos locales y sus
ciclos de alternancia que con el hecho de que el municipio esté clasificado en un bloque de alta
competitividad para el partido –o coalición–. Luego, en el estado de Guanajuato, la mayoría de los
partidos tienen bajas probabilidades de ganar, aun cuando tengan clasificado a un municipio en
el bloque de competencia “alta”.
Como se puede ver en la tabla 8, la distribución de las candidaturas propuestas por los parti-
dos/coaliciones en cada bloque de competitividad se considera como paritaria. No obstante, la
tabla 9 muestra que dicha paridad no trascendió en los resultados electorales, solo un 28% de
las candidaturas electas corresponde a mujeres. Aún más, debido al preponderante bipartidismo
en la entidad, era de esperarse que pocos partidos diferentes al PAN y al PRI alcanzaran una pre-
sidencia municipal. Sin embargo, para aquellos que sí la obtuvieron, ninguna de éstas fue para
mujeres, salvo la coalición JHH que puede decirse que tiene paridad en sus candidaturas electas
(tres hombres y dos mujeres), inclusive, la disparidad más grande se observa en los partidos do-
minantes: PRI tiene 10 hombres y una mujer en las presidencias municipales y el PAN 15 hombres
y 10 mujeres.
Tabla 8. Distribución de candidaturas a alcaldías por bloque

de competitividad con indicadores de feminidad
Alto Medio Bajo Sin Bloque Totales
Partido
Coalición Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.
H M H M H M H M H M
Fem. Fem. Fem. Fem. Fem.
PAN 8 8 0.50 8 7 0.47 7 8 0.53 23 23 0.50
PRI 7 9 0.56 9 6 0.40 7 8 0.53 23 23 0.50
PRD 7 6 0.46 6 7 0.54 6 6 0.50 19 19 0.50
PVEM 7 7 0.50 7 6 0.46 6 6 0.50 3 3 0.50 23 22 0.49
Movimiento
4 3 0.43 3 4 0.57 3 4 0.57 12 11 0.48 22 22 0.50
Ciudadano
Nueva
7 7 0.50 7 7 0.50 6 5 0.45 2 1 0.33 22 20 0.48
Alianza
Morena 1 1.00 1 0.00 1 1 0.50
Morena-PT-
Encuentro 7 6 0.46 6 7 0.54 7 6 0.46 1 4 0.80 21 23 0.52
Social
Totales 47 46 0.49 46 45 0.49 42 43 0.51 19 19 0.50 154 153 0.50
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Distribución de candidaturas electas a alcaldías por bloque

Alto Medio Bajo Totales
Partido
Coalición H M Ind. H M Ind. H M Ind. H M Ind.
Fem. Fem. Fem. Fem.
PAN 8 6 0.43 1 4 0.80 6 0.00 15 10 0.40
PRI 4 1 0.20 6 0.00 10 1 0.09
PRD 2 0.00 2 0 0.00
PVEM 1 0.00 1 0.00 2 0 0.00
Nueva Alianza 1 0.00 1 0 0.00
Morena-PT- 1 1.00 2 0.00 1 1 0.50 3 2 0.40
Encuentro
Social
Totales 16 8 0.33 9 4 0.31 8 1 0.11 33 13 0.28
Otro aspecto que hay que hacer notar es que, sin considerar las candidaturas independientes,
hubo casos en los que sólo compitieron hombres (Apaseo el Grande y Valle de Santiago) o solo
mujeres (Xichú, Atarjea y Celaya). Se construyó un indicador de “feminidad de la competencia
electoral” con un cálculo sencillo, éste resulta de la división del número de candidatas entre el
total de candidaturas que tuvo un municipio, de esta forma resulta un número entre 0 y 1 en el
que 0 significa que no participaron candidatas, 0.50 significa parida en candidaturas y 1 que sólo
hubo mujeres en las candidaturas. Un razonamiento sencillo nos llevaría a pensar que entre más
personas de un mismo sexo contendiendo por la alcaldía de un municipio implicaría una mayor
probabilidad de que alguien de este sexo mayoritario gane la elección.
Si observamos la tabla 10, esta hipótesis se cumple en el caso de un indicador de feminidad
por debajo del nivel de paridad (de 0.14 o incluso de 0.43, dato casi paritario), esto es, en todos los
municipios con mayor número de hombres contendiendo fue electo un candidato (a excepción
de Apaseo el Alto, donde originalmente el partido ganador, Morena, había postulado un hombre,
pero fue asesinado y sustituido por su esposa). Sin embargo, en los municipios con indicador de
feminidad superior al nivel de paridad (entre 0.57 y 0.86), es decir, donde había un mayor número
de mujeres compitiendo, no ocurrió así. 12 hombres fueron elegidos en veintiún de estos escena-
rios, por ejemplo, tanto en Victoria como en Romita se presentó solo una candidatura de hombre,
no obstante, en ambos casos el hombre resultó electo frente a seis competidoras.

Tabla 10. Indicador de feminidad por municipio y candidatura electa por sexo, 2018
Indicador Indicador
Candidato/a Candidato/a
Municipio H M Total de Municipio H M Total de
Electo/a Electo/a
Feminidad Feminidad
Apaseo El Purisíma Del
6 6 0.00 Hombre 3 3 6 0.50 Hombre
Grande Rincón
Valle De
7 7 0.00 Hombre Tarandacuao 3 3 6 0.50 Mujer
Santiago
León 6 1 7 0.14 Hombre Huanímaro 3 4 7 0.57 Hombre
Pénjamo 6 1 7 0.14 Hombre Irapuato 3 4 7 0.57 Hombre
S. Felipe 6 1 7 0.14 Hombre Ocampo 3 4 7 0.57 Mujer
Apaseo El
5 2 7 0.29 Mujer Salvatierra 3 4 7 0.57 Mujer
Alto
Doctor S. Diego De
5 2 7 0.29 Hombre 3 4 7 0.57 Hombre
Mora La Unión
Jerécuaro 5 2 7 0.29 Hombre Tierra Blanca 3 4 7 0.57 Hombre
S. Luis De Santiago
5 2 7 0.29 Hombre 2 3 5 0.60 Hombre
La Paz Maravatío
S. Miguel
5 2 7 0.29 Hombre Coroneo 2 4 6 0.67 Mujer
De Allende
Silao De La
5 2 7 0.29 Hombre Cuerámaro 2 5 7 0.71 Mujer
Victoria
Manuel
Uriangato 5 2 7 0.29 Hombre 2 5 7 0.71 Hombre
Doblado
Pueblo
Abasolo 4 3 7 0.43 Hombre 2 5 7 0.71 Mujer
Nuevo
Acámbaro 4 3 7 0.43 Hombre Salamanca 2 5 7 0.71 Mujer
Cortázar 4 3 7 0.43 Hombre Tarimoro 2 5 7 0.71 Hombre
Dolores
4 3 7 0.43 Hombre Victoria 2 5 7 0.71 Mujer
Hidalgo
Guanajuato 4 3 7 0.43 Hombre Yuriria 2 5 7 0.71 Hombre
Jaral Del
4 3 7 0.43 Hombre Sta. Catarina 1 3 4 0.75 Mujer
Progreso
Moroleón 4 3 7 0.43 Hombre Romita 1 6 7 0.86 Hombre
S. Fco Del
4 3 7 0.43 Hombre Villagrán 1 6 7 0.86 Hombre
Rincón
S. José
4 3 7 0.43 Hombre Atarjea 5 5 1.00 Mujer
Iturbide
Sta. C.
Juventino 4 3 7 0.43 Hombre Celaya 7 7 1.00 Mujer
Rosas
Comonfort 3 3 6 0.50 Hombre Xichú 4 4 1.00 Mujer
Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del IEEG.

*En Apaseo el Alto, correspondía un candidato hombre, sin embargo, durante la campaña electoral fue ase-
sinado y se sustituyó la candidatura con la que esposa del candidato asesinado.
*El color verde representa hombre y el morado mujer.

Hay que resaltar que el hallazgo del párrafo anterior no significa que los resultados electora-
les en favor de los hombres se deba exclusivamente a la preferencia de las y los votantes. Esto se
debe a una mezcla de factores entre los que se identifica uno en particular: la designación de la
postulación de las candidaturas y que se explica en los párrafos siguientes.
Si bien para entender desde la lógica geoespacial el significado de la contienda por sexo y
municipio, presentamos el mapa (Ilustración 11) donde, por una parte, se aprecia que a mayor
índice de feminidad como es la región I Noreste la obtención de triunfos fue casi en su totalidad
para mujeres con cuatro municipios. Sin embargo, Romita y Villagrán que tenían un alto índice
de feminidad las mujeres no lograron su triunfo.
De la Región II Norte solo Ocampo es gobernado por una mujer con una contienda más equi-
tativa. En la región III Centro, tanto Salamanca como Celaya cuentan con un alto índice de fe-
minidad, los triunfos los obtuvieron mujeres y son municipios del corredor industrial con alta
importancia económica. Mientras que Apaseo el Alto, como ya se mencionó es un caso con ca-
racterísticas muy particulares sin relación al género. De la región IV Sur, son cinco los munici-
pios tres con alto índice de feminidad: Cuerámaro, Coroneo y Pueblo Nuevo y dos con contienda
equitativa como son Salvatierra y Tarandacuao.

Ilustración 11. Índice de feminidad y presidentas municipales electas, 2018
62
La tabla 11 muestra, desde otro punto de vista, cómo se distribuyeron las candidaturas por
sexo y qué resultados se obtuvieron con ello. Para cada municipio se presenta el número de vo-
tos que los partidos políticos obtuvieron en las votaciones del 2015 y se contrapone, mediante
colores, con el sexo de las candidaturas que se postularon en el 2018 (verde es hombre y mora-
do es mujer), adicionalmente se pone cual partido ganó las elecciones 2018 y el lugar que éste
obtuvo en las elecciones anteriores. En la tabla se puede observar cómo sólo ocho municipios
tuvieron un candidato o candidata electa de un partido político que no tenía una votación com-
petitiva en el 2015 (aunque cinco corresponden a la coalición Juntos Haremos Historia), es decir,
que no había ocupado siquiera el segundo lugar en dichas votaciones (Acámbaro, Apaseo el Alto,
Apaseo el Grande, Comonfort, Jerécuaro, Salamanca, San Francisco del Rincón y San José Iturbi-
de). En el resto de los municipios las victorias recayeron en el primer o segundo lugar de los votos
obtenidos en las elecciones del 2015.
Tabla 11. Posición obtenida en las elecciones municipales

por partido y sexo de candidatura, 2015 y 2018
Ganador Lugar
Municipio PAN PRI PRD PVEM MC NA Morena JHH
2018 2015
Abasolo 12,421 8,168 573 8,086 167 497 2,554 PRI 2
Acámbaro 12,362 2,072 17,158 3,456 1,978 1,298 JHH N/A
Apaseo El Alto 9,090 3,536 1,464 3,389 6,149 448 156 JHH N/A
Apaseo El
10,569 8,060 1,194 636 4,229 258 2,846 PVEM 4
Grande
Atarjea 2,034 906 415 27 PAN 1
Celaya 62,708 33,455 3,203 8,675 10,631 5,546 18,192 PAN 1
Comonfort 6,827 5,029 3,525 1,868 855 240 JHH N/A
Coroneo 1,867 2,815 54 429 235 47 347 PAN 2
Cortázar 9,514 6,686 10,080 4,925 526 1,743 1,505 PAN 2
Cuerámaro 7,719 784 3,782 338 238 PAN 1
Doctor Mora 5,758 3,199 290 251 1,092 233 PAN 1
Dolores
17,377 14,878 2,258 5,530 981 2,259 4,279 PRI 2
Hidalgo
Guanajuato 12,907 17,563 11,673 2,375 1,416 2,413 PAN 2
Huanímaro 2,838 660 357 2,023 1,550 1,047 751 PAN 1
Irapuato 68,888 52,785 2,606 6,957 3,385 4,076 6,839 PAN 1
Jaral Del
4,991 7,156 809 3,571 802 207 PRI 1
Progreso
Jerécuaro 6,202 5,884 217 7,757 433 237 49 PRI 3
León 229,909 88,854 4,367 27,800 9,282 9,825 24,179 PAN 1
Manuel
6,326 5,771 3,318 287 240 102 PRI 2
Doblado
Moroleón 5,513 3,321 6,135 3,069 1,805 662 PRD 1
Ocampo 3,820 4,991 726 518 PAN 2
Pénjamo 24,181 10,273 12,640 930 648 1,525 PAN 1
Pueblo Nuevo 883 3,433 2,950 81 52 PRI 1

Purísima Del
12,339 8,898 166 1,241 257 PAN 1
Rincón
Romita 6,777 6,634 3,527 773 4,116 883 PRI 2
Salamanca 32,669 16,987 2,453 14,158 2,920 2,430 5,033 JHH N/A
Salvatierra 15,018 16,340 2,511 2,664 593 1,745 PAN 2
S. Diego De La
4,216 5,155 529 2,018 392 1,748 PAN 2
Unión
S. Felipe 10,889 6,991 998 11,505 1,548 1,103 PVEM 1
S. Fco. Del
12,433 10,891 343 11,259 545 1,108 PRI 3
Rincón
S. José Iturbide 5,677 4,171 1,487 12,072 817 1,854 1,217 JHH N/A
S. Luis De La
15,284 8,291 3,492 2,938 980 907 1,696 PRI 2
Paz
S. Miguel De
25,477 14,006 607 1,829 1,195 953 3,839 PAN 1
Allende
Sta. Catarina 1,516 1,387 20 0 PAN 1
Sta. C.
Juventino 10,059 4,436 10,267 5,546 1,092 261 PRD 1
Rosas
Santiago
2,045 2,349 53 PRI 1
Maravatío
Silao De La
19,911 11,283 6,012 6,916 433 879 4,029 PAN 1
Victoria
Tarandacuao 2,225 2,422 211 632 178 64 PAN 2
Tarimoro 6,655 4,810 686 1,600 1,477 425 166 PAN 1
Tierra Blanca 2,847 2,334 2,914 668 64 116 PAN 2
Uriangato 5,800 8,743 676 9,136 542 251 PRI 2
Valle De
20,794 10,688 6,777 2,918 2,528 PAN 1
Santiago
Victoria 4,505 3,792 1,168 214 21 PAN 1
Villagrán 8,741 1,495 2,044 992 1,006 6,337 1,040 NA 2
Xichú 3,325 2,136 236 PAN 1
Yuriria 7,111 4,941 313 10,438 890 971 PAN 2

* El número de votos del PRI, PVEM y Nueva Alianza considera la repartición, de forma equitativa, de los vo-
tos que estos tres partidos obtuvieron en la coalición de las elecciones en el 2015.
*Celdas sin dato significa que el partido no participó en los comicios del 2015 en el municipio, excepto Mo-
rena, cuyos votos se contabilizan, junto con los del PT y Encuentro Social en la coalición JHH.
*Un 4 en el lugar 2015 significa que el partido obtuvo más allá del tercer lugar.

Las situaciones hasta aquí expuestas hacen reflexionar sobre cómo los partidos políticos hi-
cieron la distribución de las candidaturas, ¿en dónde están postulando los partidos a las muje-
res y dónde a los hombres? Para hacer un análisis de las asignaciones de candidaturas que los
partidos políticos hicieron en la entidad y poder entender (aunque sea de manera genérica) las
estrategias que éstos siguieron en la designación de las postulaciones se toman en cuenta dos
principales factores: uno es el número de votos que un partido obtuvo en el 2015 por municipio
y la relevancia que éstos tienen respecto del total de votos que alcanzaron en la entidad; el otro
factor es un indicador de competitividad electoral que da una idea de la probabilidad que tiene
un partido/coalición de ganar las elecciones dentro de una circunscripción. Este indicador cla-
sifica, para cada partido político o coalición, a los municipios de la entidad en cuatro niveles de
competitividad: alta, media, baja y nula.
Para calcular el indicador se usaron los resultados de las votaciones de los comicios 2015. En
cada municipio y para cada partido político se dividió el número de votos que éste obtuvo entre
el número máximo de votos obtenidos por un partido, de esta forma resulta un indicador con un
rango de 0 a 1, donde 0 es el nivel más bajo de competencia (sin votos dentro del municipio) y 1
es el más alto (partido ganador en el municipio antes de contabilizar los votos de las coaliciones).
Una vez obtenido el indicador, para cada partido político se clasificaron los municipios con los si-
guientes criterios: un partido tiene competitividad nula en un municipio si su indicador es menor
igual a 0.70, competitividad baja si es mayor que 0.70 y menor o igual a 0.80, competitividad me-
dia si es mayor que 0.80 y menor o igual que 0.90 y, competitividad alta si es mayor o igual a 0.90.
De las tablas 12 a la 19 se muestra información que permite dilucidar las posibles considera-
ciones que los partidos políticos y la coalición tuvieron en cuenta para la postulación de sus can-
didaturas, sin que éstas faltaran a los lineamientos establecidos por el IEEG en materia de paridad
de género. Las ocho tablas (una por partido político y la coalición) presentan por nivel de compe-
titividad (descrito en el párrafo anterior) el número de candidatos/as, el número de personas elec-
tas, los votos obtenidos en el 2015 agrupando los municipios con mismo nivel de competitividad
y asociándolos al sexo de la candidatura postulada en el 2018, así como la representatividad que
estos votos tienen respecto del total que el partido obtuvo (relevancia de los votos).
La presentación del orden de los partidos obedece al número de votos totales que obtuvieron
en el 2015, de esta manera el PAN aparece en primer lugar con un total de 761,017 votos, mien-
tras que al final se encuentra Morena con 116 votos (cabe resaltar que este dato de votación 2015
corresponde únicamente a los dos municipios donde Morena contendió de manera individual
en el 2018, el resto de sus votos donde contendió en coalición se contabilizan en suma en JHH).
Tabla 12. Candidaturas del PAN por sexo y su relevancia

Candidaturas Relevancia de
Nivel de Candidaturas Votos 2015
Electas los votos
Competitividad
H M Total H M Total H M Total H M
PAN 23 23 46 15 10 25 568,852 192,165 761,017 74.7% 25.3%
Alta 20 13 33 12 8 20 544,618 143,005 687,623 71.6% 18.8%
Media 1 2 3 1 1 4,216 7,558 11,774 0.6% 1.0%
Baja 1 3 4 1 1 2 12,907 22,384 35,291 1.7% 2.9%
Nula 1 5 6 1 1 2 7,111 19,218 26,329 0.9% 2.5%

Tabla 13. Candidaturas del PRI por sexo y su relevancia
Nivel de Candidaturas Candidaturas Votos 2015 Relevancia de

Competitividad Electas los votos
PRI 23 23 46 10 1 11 256,294 193,165 449,459 57.0% 43.0%
Alta 8 5 13 5 1 6 54,799 29,960 84,759 12.2% 6.7%
Media 2 1 3 2 2 25,769 3,792 29,561 5.7% 0.8%
Baja 2 5 7 1 1 13,944 73,856 87,800 3.1% 16.4%
Nula 11 12 23 2 2 161,783 85,557 247,339 36.0% 19.0%
Tabla 14. Candidaturas del PVEM por sexo y su relevancia

Electas los votos
Competitividad
PVEM 23 22 45 2 2 110,373 76,746 187,119 59.0% 41.0%
Alta 5 1 6 1 1 51,729 10,438 62,167 27.6% 5.6%
Baja 1 1 2,023 2,023 0.0% 1.1%
Nula 18 20 38 1 1 58,644 64,285 122,929 31.3% 34.4%
Tabla 15. Candidaturas del PRD por sexo y su relevancia

Electas los votos
Competitividad
PRD 19 19 38 2 2 71,292 61,312 132,604 53.8% 46.2%
Alta 5 5 2 2 46,554 46,554 35.1% 0.0%
Media 1 1 2,950 2,950 0.0% 2.2%
Nula 14 18 32 24,738 58,362 83,100 18.7% 44.0%
Tabla 16. Candidaturas de la Coalición Juntos Haremos Historia por sexo y su relevancia
Electas los votos
Competitividad
JHH 21 23 44 3 2 5 50,608 45,357 95,965 52.7% 47.3%
Nula 21 23 44 3 2 5 50,608 45,357 95,965 52.7% 47.3%

Tabla 17. Candidaturas de Nueva Alianza por sexo y su relevancia
Electas los votos
Competitividad
Nueva Alianza 22 20 42 1 1 35,097 25,617 60,714 57.8% 42.2%
Baja 1 1 1 1 6,337 6,337 10.4% 0.0%
Nula 21 20 41 28,760 25,617 54,377 47.4% 42.2%
Tabla 18. Candidaturas de Movimiento Ciudadano por sexo y su relevancia

Electas los votos
Competitividad
MC 22 22 44 29,146 21,555 50,701 57.5% 42.5%
Nula 22 22 44 29,146 21,555 50,701 57.5% 42.5%
Tabla 19. Candidaturas de Morena por sexo y relevancia
Electas los votos
Competitividad
Morena 1 1 2 0 116 116 0.0% 100.0%
Nula 1 1 2 0 116 116 0.0% 100.0%
Partido Acción Nacional

Como se pudo observar en las tablas 8 y 9, el PAN cumplió con la postulación paritaria por blo-
ques de competitividad según los lineamientos establecidos, aunque no logró la paridad en las
presidencias municipales que ganaron.
Mientras que en la tabla 12, la estrategia del Partido Acción Nacional fue la de postular 20
hombres y 13 mujeres en municipios con alto nivel de competitividad, de los cuales resultaron
ganadores/as 15 hombres y 10 mujeres, además, en la tabla se puede ver que conforme baja el ni-
vel de competitividad, el número de mujeres postuladas en esos municipios crece mientras que
el número de hombres se mantiene con una postulación. Este comportamiento es señal de que
el partido tuvo preferencia de privilegiar las candidaturas de hombres en municipios con altas
probabilidades de ser ganados y de relegar las candidaturas de mujeres a municipios en los que
difícilmente resultarían ganadoras. Aún más, si observamos los votos 2015 y la relevancia que
estos tuvieron para el partido, las candidaturas de hombres están en municipios que, además
de ser altamente competitivos (en su mayoría son la primera fuerza electoral del municipio),
significaron un gran número de votos en aquellas elecciones. En el caso de los 20 hombres, la
relevancia de los votos fue del 71.6% del total de los votos obtenidos por el partido, mientras que
para las 13 mujeres apenas es el 18.8%.

Partido Revolucionario Institucional
En la tabla 8 se puede observar que, el PRI fue el único partido que, aun cumpliendo con la pa-
ridad horizontal (mismo número de postulaciones de hombres que de mujeres), no cumplió
cabalmente con la paridad transversal (en el bloque alto postuló siete hombres y nueve mujeres
y, en el bloque medio a nueve hombres y seis mujeres). Además, quedó muy lejos de conseguir
la paridad en las presidencias municipales ganadas (véase tabla 9).
Con base en los datos de la tabla 13, se puede decir que la estrategia general del PRI para la
designación de candidaturas fue similar a la del PAN, presentó un número mayor de candidatos
en los municipios de alta competitividad (ocho hombres y cinco mujeres) dejando los munici-
pios de mayor relevancia de votos para ellos (12.2%), donde resultaron 5 electos, mientras que
para las mujeres, los municipios asignados representaron el 6.7% del total de votos, y sólo una
resultó ganadora.
Además, nótese que al igual que el PAN, las postulaciones de hombres concentran más núme-
ro de votos 2015 que las de las mujeres (seguramente lo más que se pudo, siguiendo las reglas
para garantizar la paridad establecidas por el IEEG). La diferencia radica en que, mientras el PAN
tenía el grueso de sus votos en municipios de alta competitividad, el PRI lo tuvo en municipios
de nula competitividad, pero que aun así le significaban un porcentaje de los votos importante,
tanto que, a pesar de haber postulado un hombre menos que mujeres (11 contra 12) en munici-
pios con nula competitividad, los municipios asignados a los hombres representaban el 36% de
los votos que obtuvo el partido y los de las mujeres representaban el 19 %.
Partido Verde Ecologista de México
La tabla 8 muestra que el PVEM cumplió cabalmente con la paridad, tanto en su dimensión ho-
rizontal como en la transversal y, obtuvo dos presidencias municipales, ambas para hombres,
dificultando con ello alcanzar la paridad de los puestos en las presidencias municipales.
Los márgenes de maniobra del PVEM son considerablemente más reducidos que los de los
dos partidos anteriores (véase tabla 14), La estrategia del PVEM consistió en postular a cinco
hombres en municipios de alta competitividad electoral que representaban el 27.6% de los votos
obtenidos en el 2015 y donde uno resultó electo. Por otra parte, para este mismo nivel postuló
a una mujer en un municipio que significaba el 5.6% de los votos sin que resultara ganadora.
Este movimiento de reservar municipios altamente competitivos y con una gran relevancia de
votos para los hombres, les obligó a postular un número mayor de mujeres que de hombres en
municipios clasificados en los otros dos niveles de competitividad (21 y 18 respectivamente). La
relevancia de votos de estos municipios asignados a mujeres le significaban el 35.5% de los votos
totales mientras que el de los hombres era del 31.3% (donde uno candidato resultó electo). No
obstante, en total, los municipios asignados a los hombres alcanzaron una relevancia de votos
del 59%, mientras que los de las mujeres tuvo una relevancia del 41%.
Partido de la Revolución Democrática
En la tabla 8 se muestra que el PRD cumplió cabalmente con la paridad, tanto en su dimensión
horizontal como en la transversal. De sus candidaturas obtuvo dos presidencias municipales
para hombres y ninguna para mujeres, situación que abona con la disparidad de género en con-
tra de las mujeres para encabezar el mismo número de alcaldías que hombres.
En la tabla 15 se observa que el PRD postuló hombres en cinco municipios de alta competiti-
vidad, los cuales representaban el 35.1% de su votación en la entidad (resultando dos electos) y

ninguna mujer. Esta acción obligó a que el grueso de las candidaturas de mujeres estuviese en
municipios de competitividad menor (una en media y 18 en nula), pero cuya relevancia de votos
alcanzó el 46.2%, mientras que para los hombres fue de 18.7%. Sin embargo, aún con esto, la im-
portancia (en votos) de los municipios designados a los hombres supero al de la de las mujeres
en 7.6% (la relevancia de los municipios para hombres fue de 53.8% y 46.2% para las mujeres).
Coalición Juntos Haremos Historia
Como se pude observar en la tabla 8, la coalición JHH tuvo un total de 21 candidaturas para hombres
y 23 para mujeres por lo que no cumplió de manera estricta con la paridad horizontal. En cuanto
a la paridad transversal, está también falló para aquellas candidaturas que no tenían bloque (los
partidos en coalición no participaron en los comicios anteriores en esos municipios), postularon
4 mujeres y un hombre, pero los lineamientos marcan que debe haber paridad en los municipios
que no tienen bloque. A pesar de esta situación, la coalición JHH es la única que materializó la pa-
ridad de género en el número de municipios ganados (tres hombres electos y dos mujeres).
Para calcular el nivel de competitividad de la coalición JHH se utilizaron los votos que alcanza-
ron en conjunto los partidos PT, Morena y Encuentro Social en los comicios del 2015, pero debido
a la baja presencia electoral de estos partidos dentro del estado, todos los municipios donde con-
tendieron en el 2018 se clasificaron con un nivel de competitividad nula. Es por esto que al tratar
de seguir los lineamientos para garantizar la paridad de género implementados por el IEEG, la
coalición, bajo el presente análisis muestra una brecha muy reducida entre los indicadores de
candidaturas de hombres y las de mujeres (véase tabla 16). En realidad, desde esta perspectiva,
parece que la única estrategia seguida por la coalición fue la de alcanzar el mayor número de
presidencias municipales posibles.
Nueva Alianza
Como se pudo observar en la tabla 8, Nueva Alianza cumplió con la paridad transversal dentro de
cada bloque, no obstante, en total postuló 22 candidaturas de hombres (de los cuales uno resultó
ganador) y 20 de mujeres, por lo que no cumplió del todo con la paridad horizontal. Aunque, hay
que resaltar que no faltó a los lineamientos establecidos por el IEEG para la igualdad de género,
sino que éstos le permitieron proponer en total, dos hombres más que mujeres en las candida-
turas, ya que postuló un hombre de más en dos diferentes bloques.
En la tabla 17 se observa que todos los municipios para el partido se clasifican con un nivel
nulo de competitividad, exceptuando uno de nivel bajo. La estrategia de distribución de candida-
turas que se puede inferir a partir de la tabla es que, decidieron postular un hombre en el muni-
cipio con mejor nivel de competitividad (el cual ganó) y que le significaba un 10.4% de los votos
2015, para el resto de municipios, las postulaciones fueron paritarias (21 hombres y 20 mujeres)
aunque la relevancia de los votos sí es ligeramente superior para los municipios con candidatu-
ras de hombres que de mujeres (47.4% y 42.2% respectivamente).
Movimiento Ciudadano
Movimiento Ciudadano cumplió cabalmente con la paridad de género horizontal y transversal
en la postulación de sus candidaturas, sin embargo, no obtuvo ninguna presidencia municipal
(véanse tablas 8 y 9).
Dado que el partido sólo contó con municipios con nivel de competitividad nula (véase tabla
18) mediante el presente análisis solo podemos observar que, a pesar de la distribución paritaria,

municipios con mayor relevancia de votos fueron destinados a hombres; éstos representaban
el 57.5% de los votos obtenidos en los comicios anteriores, mientras que los municipios donde
hubo candidaturas de mujeres, les representaba el 42.5%.
Movimiento de Regeneración Nacional
Morena participó de manera individual en sólo 2 de los 46 municipios de Guanajuato y lo hizo
de manera paritaria, no obstante, el número de votos, en ambos casos, era irrelevante; donde
postuló un hombre no habían obtenido ningún voto y donde postuló mujer apenas figuraron con
116 votos. En realidad, lo más probable es que estos municipios que no fueron en coalición no
figuraban en la estrategia de Morena y todo se enfocó a Juntos Haremos Historia.
En resumen, la principal estrategia de postulación de candidaturas para cada uno de los par-
tidos políticos y coalición fue la de asignar el mayor número posible de candidaturas de hombres
en municipios de alta competitividad electoral que les significaban una gran relevancia de votos.
Esto, hasta donde los lineamientos establecido por el IEEG les permitió garantizar la paridad de
género, de forma que, aquellos municipios de alta competitividad que tuvieron que ser asigna-
dos a mujeres, resultaron tener una baja relevancia de votos (municipios ganadores, pero que
representaban menor número de votos del total que los partidos obtuvieron en el estado).
La otra estrategia que siguieron los partidos consistió en que, una vez agotadas las posibili-
dades de asignación de candidaturas de hombres en municipios altamente competitivos y con
gran relevancia de votos, cada partido reservó los municipios que más votos le representaba para
postular hombres en su candidatura aun a pesar de tener pocas posibilidades de ser ganado.
Todo ello en la medida que los lineamientos para garantizar la paridad de género se los permitió.
Mediante el análisis anterior se puede notar que existe renuencia por parte de los selectora-
dos de los partidos políticos de ceder los espacios de mayor relevancia (que históricamente han
ocupado los hombres), limitando, obstaculizado o impidiendo la participación de las mujeres
en candidaturas que les permitieran un mayor desarrollo político y les significaran una mayor
presencia y, por ende, una mejor proyección de su carrera política.
Candidaturas a diputaciones de mayoría relativa

Al igual que en las candidaturas para presidencias municipales, las candidaturas a diputacio-
nes de mayoría relativa en el estado estuvieron normadas por los Lineamientos en materia de
paridad de género y elección consecutiva para selección y postulación de candidaturas para el
proceso electoral local 2017-2018 (CIEEG/039/2017) implementados por el IEEG. Gracias a ello, el
número de mujeres que compitieron igualó al número de hombres (68 mujeres y 69 hombres.
Véase tabla 20), pero a diferencia de las elecciones de presidencias municipales, la paridad en las
candidaturas sí trascendió a los resultados de diputaciones de mayoría relativa y, por primera
vez en la historia de Guanajuato, se logró conformar un Congreso paritario (véase tabla 21).

Tabla 20. Distribución de candidaturas a diputaciones por bloque


Partido
H M H M H M H M H M
PAN-PRD 4 3 0.43 4 3 0.43 3 4 0.57 11 10 0.48
PRI 4 4 0.50 3 4 0.57 4 3 0.43 11 11 0.50
PVEM 4 4 0.50 3 4 0.57 4 3 0.43 11 11 0.50
Morena-PT-
3 4 0.57 4 3 0.43 3 3 0.50 10 10 0.50
Encuentro Social
Nueva Alianza 4 4 0.50 4 3 0.43 3 4 0.57 11 11 0.50
Movimiento
4 4 0.50 4 3 0.43 3 4 0.57 11 11 0.50
Ciudadano
PAN 1 1.00 0 1 1.00
Morena 1 1 0.50 1 1 0.50
Encuentro Social 1 1 0.50 1 1 0.50
PT 1 1 0.50 1 1 0.50
PRD 1 0.00 1 0 0.00
Totales 23 23 0.50 22 20 0.48 20 21 0.51 4 4 0.50 69 68 0.50
Tabla 21. Distribución de candidaturas electas a diputaciones

por bloque de competitividad con indicadores de feminidad

Partido
H M H M H M H M H M
PAN-PRD 4 3 0.43 4 3 0.43 3 3 0.50 11 9 0.45
Morena-PT-
1 1.00 0 1 1.00
Encuentro Social
PAN 1 1.00 0 1 1.00
Total general 4 4 0.50 4 3 0.43 3 3 0.50 1 1.00 11 11 0.50
Si los lineamientos en materia de paridad de género implementados por el IEEG fueron los mis-
mos en ambas elecciones (presidencias municipales y diputaciones de mayoría relativa), enton-
ces, ¿cuáles fueron las razones por las que se obtuvieron resultados diferentes en cuestión de
paridad?. La principal explicación es por el dominio casi absoluto de un partido político, el PAN,
que al ir en coalición en 21 de los 22 distritos, afianzaron los resultados ganadores en 20 de ellos,
de esta manera, la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas de la coalición pasó casi ín-
tegra a la ocupación de los curules y terminó de compensarse con las dos mujeres que ganaron
y que fueron postuladas, una por la coalición Morena-PT-Encuentro Social (distrito XIV) y la otra
por el PAN en solitario (distrito III).

Cabe mencionar que no tiene mucho sentido hacer un análisis como el que se hizo para
las candidaturas de presidencias municipales con el objetivo identificar un comportamiento de
asignaciones de candidaturas por parte de los selectorados de cada partido político y coalición,
el cual arrojó sesgos en la manera en que postulan candidaturas de hombres y mujeres en be-
neficio de los primeros. Esto se debe por una parte a que cada distrito tiene aproximadamente el
mismo número de personas en el padrón electoral dejando de lado la relevancia que cada distri-
to le significa a cada partido en número de votos respecto del total que obtienen en la entidad,
pero, principalmente se debe al dominio del Partido Acción Nacional en prácticamente todos los
distritos (primeros lugares en las elecciones 2015) y a su coalición con el Partido de la Revolución
Democrática para garantizar el triunfo.
Si se calcula el indicador de competitividad (de la misma manera que se mencionó en el
apartado de las presidencias municipales), éste supera el valor de 1 en 20 de los 22 distritos,
sobrepasando la clasificación de alta competitividad que se había considerado y generando una
nueva categoría que sería como un “nivel de competitividad superior”. El hecho de que casi todas
las postulaciones de esta coalición terminaron por ocupar los curules, impide analizar las estra-
tegias que los partidos políticos usaron para la designación de sus candidaturas con la misma
metodología que se había usado en las candidaturas de presidencias municipales.
Es interesante comparar los dos mapas de índices de feminidad entre municipios y diputaciones,
ya que para las diputaciones la territorialidad o la posición geoespacial parece no importar. Si bien
aquí se cumple mucho más la posibilidad de obtener un curul según el índice de feminidad, pero
aún en el distrito XIX y XXII con altos índices de feminidad, no resultaron ganadoras las mujeres.
Por ejemplo, el Distrito II que se ubica en la región I noreste que para las contiendas munici-
pales estaban ubicadas las candidaturas de mujeres, aquí se posicionaron hombres. Por ejemplo,
León cuenta con seis distritos de los cuales la contienda fue equitativa, así como los resultados,
es decir, tres mujeres ganaron los distritos III, V y VI. De los distritos que había poca presencia de
mujeres (bajo Índice de feminidad), como el I, XI y el XIV de todas maneras lo ganaron las mujeres
(Véase Ilustración 12).

Ilustración 12. Índice de feminidad distrital y mujeres electas
73
Recapitulación
Las variables sociodemográficas permiten comprender que los lugares donde contendieron las
mujeres son territorios con los siguientes determinantes: municipios que se encuentran lejos
del centro del poder, principalmente situadas en las regiones I y II, donde la falta de urbanización
y bajo desarrollo humano son preponderantes. Se observaron las tendencias de que las mujeres
gobiernan territorios rurales y con baja población principalmente. Es decir, de baja rentabilidad
política, si la entendemos como características de poder, población y desarrollo humano.
El corredor industrial es capitalizado para las disputas con respecto al centro del poder ma-
yoritariamente por los hombres, si no se puede hablar de un monopolio masculino si se puede
observar su preponderancia. Es decir, para las presidencias municipales solo Celaya y Salamanca
son gobiernos encabezados por mujeres y están en el centro del poder. Salamanca pasa a manos
de la oposición, al estar encabezada por Morena, sin embargo, la presidenta municipal formaba
parte del panismo desde los años noventa, por lo que cuenta con un capital político de recono-
cimiento social y legitimidad debido a su trayectoria en distintos ámbitos como en los ayunta-
mientos y legislaturas locales.
Al revisar los antecedentes electorales, es posible observar que si en Guanajuato a partir de
los años noventa se rompe la hegemonía priista y comienza la era del PAN; es posible compren-
der dos fenómenos, las alternancias en las cabeceras municipales son variadas y aunque la se-
gunda fuerza electoral en el Estado es el PRI, por lo que se habla de un bipartidismo. Se puede ob-
servar que el PRD, el PVEM, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza al menos logran un curul en
las legislaturas del siglo XXI y que en alianzas y hasta sin ellas, la mayoría de los partidos logran
algunos gobiernos municipales, aunque sean pequeños. También, han logrado la alternancia en
municipios grandes como Guanajuato, León, San Miguel de Allende, lo que hace posible observar
la tendencia de que los municipios que gobiernan las mujeres son con altas tasas de escolaridad.
Ante la pregunta de si el género importa en la designación de las candidaturas, podemos afir-
mar que sí, que en la dimensión municipal es mucho más evidente el confinamiento electoral
y en menor medida en el orden distrital. En Guanajuato existe un sexismo para la postulación
de las candidaturas de las mujeres identificado con el concepto de confinamiento electoral dis-
criminatorio, ya que desde las elecciones pasadas el PAN registró menos mujeres, y para estas
elecciones las reglas de paridad obligaron a la conformación y acceso de las mujeres de manera
equilibrada para la contienda electoral. Sin embargo, los criterios utilizados no pudieron blindar
los procesos de asignación a las presidencias municipales para que las mujeres tuvieran garan-
tizado el acceso equitativo a municipios con alta población y desarrollo humano.
Es indispensable contar con legislaciones y procedimientos administrativos que impidan el
confinamiento electoral discriminatoria contra las mujeres y, como se analizó en el apartado del
marco legal, avanzar para la erradicación de la violencia política en razón de género.

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-clave-de-la-poblacion-de-guanajuato

Perfil y experiencias de las candidatas
Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña
En este capítulo identificamos y describimos las manifestaciones de violencia electoral contra

las mujeres desde su aspiración por contender, la selección de candidaturas y las campañas. La
finalidad es visibilizar y distinguir las manifestaciones de violencia política contra las mujeres
que se presentaron en el proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato.
Como explicamos en el apartado introductorio, la experiencia de las candidatas fue obtenida
por medio de tres técnicas de investigación. La primera, un cuestionario en línea con la pretensión
de dimensionar el fenómeno, definir perfiles, identificar situaciones de vulnerabilidad y establecer
relaciones entre variables; sin embargo, el nivel de respuesta fue prácticamente nula, aunque res-
catamos algunas de las respuestas obtenidas. La segunda fuente de información fue la narrativa de
las candidatas en dos ejercicios de grupos de enfoque que denominamos “conversatorios”; en estos
participaron mujeres de todos los partidos políticos y realizaron una reflexión colectiva en torno a
su vivencia en las elecciones y sobre la violencia política electoral. La tercera y principal fuente de
información fue las entrevistas a profundidad realizadas a las candidatas, experiencias individuales
que nos apuntalaron áreas problemáticas que podrían considerarse acoso y violencia política. Se
realizaron 17 entrevistas a candidatas de todos los niveles a cargos de elección popular por mayoría
relativa y por representación plurinominal: gobierno del estado, diputaciones, alcaldías, sindicatu-
ras y regidurías; tres de ellas fueron aspirantes a una candidatura, siete fueron candidatas no elec-
tas y siete de las candidatas entrevistadas obtuvieron el cargo por el que contendieron. Obtuvimos
cinco entrevistas de candidatas de Morena, cinco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dos
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dos del Partido Acción Nacional (PAN) y una de Mo-
vimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respectivamente. En
los conversatorios contamos con la participación de militantes de Morena, Nueva Alianza, PAN, PRD,
PT, PRI, PVEM y cinco candidatas independientes. Las mujeres entrevistadas contendieron en cir-
cunscripciones de Irapuato, Celaya, Cuerámaro, Guanajuato, León, Salamanca y San Luis de la Paz.
Dado que el alcance geográfico de las entrevistas fue limitado, ampliamos la visión con las partici-
pantes de cuestionarios y de los conversatorios, las cuales pertenecían a los municipios de Abasolo,
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato,
León, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San José de Iturbide, Santa Catarina.
El análisis está estructurado de acuerdo con la operacionalización de categorías y subcate-
gorías derivadas del apartado teórico inicial de la investigación. No está de más recordar que
la información que recopilan las entrevistas y conversatorios, como técnicas de investigación,
no tiene como propósito medir o dimensionar el fenómeno, identificar relaciones o patrones
de comportamiento, o hacer generalizaciones de conductas; permiten identificar aspectos para
comprender y describir mejor el objeto de estudio que nos permitan profundizar en las causas y
los efectos que produce dicho fenómeno.
77
Tabla 22. Operacionalización del análisis de las entrevistas y conversatorios
Dimensión Categoría Indicadores
Demarcación territorial: Municipio, distrito
Rural/urbano
Perfil Edad
sociodemográfico
Escolaridad
Situación laboral
Estado civil
Proveeduría familiar
Dependientes (hijos/as, adultos mayores, personas con
discapacidad)
Capital familiar Soporte doméstico
Factores Actitud frente a la conciliación de la vida familiar-doméstica
socioeconómicos
Representaciones del rol tradicional femenino
de
vulnerabilidad/ Soporte de familia directa en actividades políticas
contención de la Familiares en política
violencia política
Antecedentes y actividad política no partidista
electoral
Trayectoria partidista: actividades y cargos partidistas
Experiencia política: cargos de representación popular y por
designación ejercidos
Red de apoyo no partidista: sindicatos, OSC, grupos
Capital político y empresariales, asociaciones de profesionistas, etc.
económico Red de apoyo partidista: padrinazgo, grupos internos, apoyo
de dirigencia nacional o estatal, apoyo corporativo, etc.
Disponibilidad y/o acceso a recursos económicos para
actividades políticas
Autopercepción de posicionamiento en el partido y
evaluación como aspirante al cargo
Manifestaciones
Acoso psicológico Perpetradores
Efectos o consecuencias
Acoso electoral Dinámica partidista y criterios de distribución de
contra las candidaturas por sexo
mujeres Procedimiento de selección de candidatas
Sexismo
institucional Criterios y distribución de financiamiento partidista a
candidaturas
Acceso a redes partidistas y extrapartidistas de patrocinio
Manifestaciones
Violencia Vía por la que se ejerce (comunitaria, cibernética)
sociopsicológica
Violencia política generizada Perpetradores
electoral contra Efectos y consecuencias
las mujeres Manifestaciones
Violencia física
Perpetradores
y sexual
Efectos y consecuencias
78 Perfil y experiencia de las candidatas

Establecimos como compromiso con las participantes en las técnicas de investigación el es-
tricto anonimato de sus respuestas, pero rescatamos sus testimonios para la comprensión del
fenómeno en la entidad, cuidando que no puedan ser asociados con una candidata en específico.
En este sentido, no utilizamos seudónimos que permitieran identificar los testimonios de una
sola persona, y quitamos los nombres de partidos políticos, de líderes, militantes, lugares y cual-
quier otro dato que permitiera identificar a las entrevistadas.
Perfil sociodemográfico de las candidatas

Como lo mencionamos en el apartado teórico, el análisis de las experiencias de las candidatas
no puede divorciarse de su contexto con las particulares relaciones de género. Por lo que la en-
trevista inicia con preguntas sobre sus datos generales (edad, estado civil, nivel de escolaridad,
profesión o trabajo, etcétera), incluso como una estrategia de comenzar a tomar confianza con la
informante. Como ya lo mencionamos, el equipo de investigación decidió omitir esta informa-
ción para garantizar el anonimato de las candidatas y sólo presentaremos el agregado de cada
rubro para permitir que el lector o lectora pueda observar la diversidad de posiciones desde las
que se hacen las narrativas.
El rango de edad de las mujeres entrevistadas varía entre 26 y 65 años, aunque hay una noto-
ria concentración en los treinta y cuarenta años. Cuatro de ellas son solteras, cinco están casa-
das y ocho dijeron estar divorciadas. En los conversatorios catorce candidatas dijeron ser solte-
ras y ocho casadas. Solo cinco de las mujeres que entrevistamos en los conversatorios no tienen
hijos; la gran mayoría tiene entre dos y tres hijos; nueve de las entrevistadas tienen hijos e hijas
menores de edad entre 3 y 16 años, los cuales se entienden como dependientes. Un número im-
portante de mujeres expresó ser la principal proveedora del hogar debido a que, o son solteras
y viven solas, o porque son divorciadas y sus hijos viven con ellas. De las candidatas casadas,
dos dijeron compartir los gastos de la casa de manera equitativa, y otras dos explicaron que su
esposo es el principal proveedor, aunque se percibe en uno de los testimonios la reproducción de
ideas estereotipadas sobre el ingreso de las mujeres como secundario, de apoyo, respecto al del
hombre que se entiende como principal, seguro o fijo.
Sí, mi marido, él es el proveedor principal, bueno prácticamente hemos compartido los gas-
tos sin ninguna dificultad, pero pues es él quien se preocupa el que atiende todos esos gas-
tos básicos de las casas: la colegiatura, pagos de luz, comida. Todo eso, pues es él práctica-
mente. Lo mío pues ya se adhiere a lo que él gana y nos permite vacacionar, comprar ya los
gustos o así incluso también invertir, creo que lo mío es más como inversión que proveer…
Prácticamente todas las candidatas entrevistadas son profesionistas (sólo una de ellas tiene es-
tudios de carrera técnica): abogadas, contadoras, psicólogas, ingenieras, médicas, diseñadoras,
politólogas, entre otras. Doce de ellas tienen o doble licenciatura, o cuentan con una maestría o
con un doctorado. Quince de las 22 candidatas que asistieron a los conversatorios tenía licencia-
tura o nivel de maestría. Esto es, un número mayoritario de las candidatas tienen un elevado ni-
vel académico y muchas de ellas en áreas profesionales vinculadas con el campo político. Todas,
sin excepción, trabajaban antes de obtener la candidatura en el proceso electoral 2017-2018 ma-
yoritariamente en el sector privado, pero también en el partidista y en la administración pública.
Cabe destacar que un número significativo de mujeres daba clases en preparatoria o universidad
o fungieron como asesoras de grupos parlamentarios de su partido. Por otro lado, el tiempo de
Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña 79

pertenencia al partido político oscila entre uno y cuatro años (sobre todo para las candidatas de
Morena por ser un partido con nuevo registro pero que fueron fundadoras desde que era una
asociación política) hasta quien tiene más de treinta años en el partido (tres candidatas). De las
personas entrevistadas, cuatro no militaban por el partido político que las postuló en las eleccio-
nes y tres de ellas pertenecían a otros partidos políticos poco antes del inicio de los comicios (y
en sus partidos políticos anteriores tenían más de 10 años de militancia).
Estos datos son importantes pues la mayor parte de los testimonios recogidos en esta investi-
gación, son de mujeres que se autoperciben como capacitadas con un alto nivel de estudios, con
experiencia suficiente en el ámbito público para competir por un cargo público y con el derecho
para contender debido al tiempo que tienen como militantes del partido.
Capital familiar
La primera parte de la entrevista indaga en el capital familiar de las candidatas, como mencio-
namos en el apartado teórico, se entiende como el primer entorno que puede obstaculizar o pro-
mover la participación política de las mujeres. Contiene tres elementos importantes de análisis:
primero, las relaciones de género intrafamiliares, esto es, las costumbres, prácticas o acuerdos
en relación al rol tradicional femenino de cuidado exclusivo del hogar y de los hijos; segundo, el
respaldo familiar a la aspiración de las mujeres por contender a un cargo político que puede ir
desde el apoyo emocional (aliento), la inmersión en las actividades de campaña, hasta aportacio-
nes económicas; y tercero, los antecedentes de familiares en la política que facilitan su incursión
partidista y su presencia en la boletas de votación.
El rol tradicional de género está presente en varios testimonios de las mujeres políticas. El
análisis de su narrativa nos refiere una necesidad de cumplir con la cualidad de ser “buenas
esposas” o “buenas madres” a la vez que se desarrollan en el campo político, esto es, la carga de
una doble o hasta triple jornada de trabajo: el político, laboral remunerado y lo doméstico. De
hecho, el cumplimiento de su rol de género puede tener relevancia en la imagen que reflejan
como candidatas “mujeres”.
Cuando se les cuestiona sobre la conciliación de su vida doméstica con la familiar, la mayoría
de las mujeres políticas entrevistadas explican cómo es un día cotidiano de campaña: se levan-
tan muy temprano (cinco o seis de la mañana) para alistar a sus hijos e hijas, algunas los llevan
a la escuela. Después de esto, el cuidado queda en responsabilidad de alguien más que tendrá
que pasar por ellos, sólo algunas pueden regresar a casa a comer, pero generalmente esta res-
ponsabilidad pasa a los familiares o amistades. Prácticamente todas explicaron que regresaban
tarde de sus actividades políticas para revisar algunas tareas, bañar a sus hijos y acostarlos. Se
manifestó un compromiso general de pasar los fines de semana, en la medida de lo posible, con
su familia para “compensar” el tiempo que no podían dedicar a la familia.
Me levanto temprano para prepararles, ósea, les preparo de desayunar y su lonche, a mis
hijos y a mi esposo. Él tiene un negocio propio y cuando va a salir pues también, cuando
no, pues nada más le dejo su licuado. De todo se los preparo y ya me vengo a trabajar… Les
preparo a ellos, me organizo yo y me vengo a trabajar.
En este sentido identificamos una actitud de resignación, más o menos generalizada, por la
doble jornada laboral. Se reconoce como una desventaja de las mujeres en la política frente a
la cotidianidad de sus contrapartes masculinos pero que ha tenido que ser sorteada para poder
continuar con su aspiración política. Dice una de las candidatas:

Sí veo una desventaja muy grande en torno a toda la responsabilidades sociales y fami-
liares con las que tenemos que cumplir las mujeres al contrario a los hombres, porque el
clóset de mis hijas está arreglado y ordenado, desde allí tengo muy organizado, mantuve
organizado lo que es la lavandería, la planchaduría todo eso. Y tiene que seguir tu vida así
durante la campaña…
Pero también hay quien manifestó aceptación, esto es, total convencimiento de que el desarrollo
de actividades políticas no debe significar el abandono de lo doméstico, al contrario, se percibe
como una concesión, como un permiso de la figura masculina del hogar.
La supervisión la tenemos las mujeres, eso no lo perdemos nunca y estar al pendiente de

mis hijos tampoco nunca lo he perdido. Mi esposo me ha apoyado mucho4; yo siempre le he
agradecido que me permita siempre poderme desenvolver, poderme realizar como profe-
sionista, como política y la realización como madre siempre ha sido muy grande y eso ha
sido gracias al apoyo de la familia. En una mujer es diferente porque nosotras no perdemos
ni dejamos de ser mamás, amas de casa, aunque no tengas hijos siempre estas relacionada
con la casa, con tus padres, con tus hermanos siempre estas allí, la mujer es como el centro
de un hogar.
Al contrario de esta última posición, otras candidatas expresaron su total malestar con la doble
jornada laboral. Por ejemplo, una de ellas nos explicó que la campaña era tan demandante que
“había veces que llegaba tan cansada a la casa que ni siquiera me podía bajar del vehículo tenía
que dormirme un rato para abrir la puerta y luego llegaba y me dormía otra vez en el baño”. Pero,
sobre todo, persiste un sentimiento de culpa por no poder dedicar tiempo suficiente a la convi-
vencia familiar y se abre una disyuntiva entre el deseo o aspiración de una carrera política y el
cumplimiento del rol femenino de cuidado:
Sí dices “bueno” ¿y qué hubiera pasado, a lo mejor, cuando reprobaba alguien, una de mis
hijas alguna materia? ¿Qué tal que no estuve atenta si se caía? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no
la cuide? Igual con mis padres, a veces enfermos. Los fines de semana yo mejor me iba a la
política. Después, una llamada, a ver ¿cómo estás? Y a veces existe el cargo de si hice o no
hice lo que debería [...] la mirada, en la frase de “no fuiste”, “no llegaste”, ¿por qué andamos
acá en lugar de estar jugando nosotros?, cuando yo me las llevaba a los espacios donde prac-
ticaba la política pues y sí, sí te duele…
Por lo anterior consideramos que el soporte o “apoyo” que los y las familiares brindan a la can-
didata para realizar las labores domésticas y de cuidado es un factor “habilitador”, un elemen-
to fundamental de su capital familiar. Dicho soporte lo realizan principalmente los familiares,
amistades cercanas o personal doméstico. En relación con las parejas o exparejas, prevalece
una idea de que ayudaron a desarrollar las labores femeninas de crianza y cuidado de los hijos
e hijas, en el entendido de que terminada la actividad política podría regresar una situación de
“normalidad” en la que las mujeres regresarían a sus actividades socialmente asignadas.
La verdad fue un acuerdo entre los dos, ósea, de que él se iba a encargar de absolutamente
todo lo que tenga que ver con la casa. Iba a ser mamá y papá en lo que yo estaba en esto,
4 Las cursivas en los extractos de las entrevistas se utilizan para enfatizar elementos del discurso de las mujeres que contienen repre-
sentaciones sociales trascendentes para el análisis.

porque mis hijas no podían ser descuidadas por esto. Entonces sí fue la solidaridad que yo
tuve con mi marido la clave y fue fundamental para que yo pudiera llevar adelante todo el
proyecto.
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El papá de mi hija estaba muy preocupado por mi candidatura le dijeron que era muy ago-
biante y claro que sí lo fue. Yo había ofrecido contratar a alguien para que se quedara al cui-
dado de la niña, pero su papá se vino a vivir a [municipio] para cuidar a la niña y que nunca
faltara a la escuela […] recogía a la niña a la hora de la comida y ella estaba conmigo todas
las tardes y él la recogía en la noche. Entonces se dio, digamos, esta crianza compartida…
Algunas otras candidatas tuvieron la solvencia económica de contratar a alguien o ya tenían a

alguien trabajando en las actividades domésticas y de cuidado de sus hijos antes de dedicarse
a la política.
… sí me fue muy difícil porque tenía que contratar personal que supliera mi presencia por-
que mi mamá ya era muy grande de edad y pues sí se necesitaba alguien que la cuidara,
que la acompañara, que la ayudara a bañarse, que la ayudara a… Lógicamente pues yo no
lo podía hacer, entonces debía tener una persona. Por fortuna, pues yo tenía la manera de
pagar, de tener una persona de confianza. Y de esa manera, tú tienes que solventar esas
obligaciones de familia, porque no las puedes dejar de lado ni puedes omitirlas ni evadirlas.
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Fíjate que es muy sencillo yo tengo una nana que desde que yo tenía 13 años está conmigo,
entonces ella se dedicaba a asistirme: mi uniforme, mi sándwich, mi… Porque mi madre
y mi padre siempre trabajaron. […] Entonces ya ella se dedica a cuidarlas [a sus hijas]. Al
día de hoy ella me asiste, me prepara mi lonche... pero la consideramos como parte de la
familia incluso ella ha administrado los gastos el dinero.
Cuando las mujeres no contaban con el apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, algunas
manifestaron la necesidad de llevarlos a las actividades partidistas y de campaña. Aunque no
todas mostraron comodidad con esta situación, una de las entrevistadas explicó que podría ser
una estrategia formativa para su hija, una especie de “entrenamiento sociológico muy potente
y porque es muy enriquecedor conocer el territorio, conocer a las personas involucrarse con
ellas y sus necesidades. Finalmente, yo me volví en un departamento de quejas y sugerencias
sobre la calidad de vida y las circunstancias del desarrollo de las comunidades, de los núcleos
poblacionales”.
Además del soporte en las actividades domésticas, la familia puede alentar la participación
política de las mujeres con la comprensión de la separación de éstas de su rol familiar y mos-
trando orgullo por su actividad política. Debido a la dicotomía público/privada, las mujeres no
son asociadas al desarrollo profesional en el ámbito político, por lo que resulta relevante saber si
fueron apoyadas por sus familias en dicha aspiración. El reclamo continuo, los celos y el chantaje
puede ser un factor que inhiba la aspiración de contender o de continuar en la política. En este
aspecto los testimonios son diversos: quienes muestran franca oposición a la participación de
las mujeres (“mi mamá me decía “¿pero, qué haces ahí? ¿por qué estás ahí? ¡Es mucho tiempo!
Y mira, que ya llegaste súper noche otra vez””); algunos refieren total escepticismo de la utilidad

de la participación política de la candidata (“se veía como una lucha en vano”, “nos veían como
ilusos”, “¿qué vas a hacer? ¿y de qué sirve? ¿tú qué ganas con esto?”, “Sí llega un momento en el
que te hace dudar […] y dices “¿valdrá la pena o no valdrá la pena?””); otros testimonios reflejaron
sólo desinterés o indiferencia (“nunca me preguntaron por la política”, “ningún día me han ha-
blado para ver cómo me ha ido en la campaña, cómo voy”, ““como la palmadita en la espalda de
‘échale ganas, vas muy bien, ¡qué bueno que lo hagas, eh! adiós’”); pero un número significativo
de mujeres entrevistadas fueron apoyadas incondicionalmente por su familia y ésta les refirió
un sentimiento de orgullo por la actividad que se encontraban realizando:
Mi marido cuando veía que estábamos allí, cómo nos teníamos que sacrificar los domin-
gos, los sábados. Pues sí me acompañaba, pero llegó un momento en que dije “ya voy a
dejar todo esto pues ni me interesa hacer política” y me dijo “anímate, anímate tú lo pue-
des lograr, lo vas a hacer”. Ahí fue cuando dije pues tengo el apoyo de mi marido que es…
él no es nada político, como que... no sé. Pues yo pienso que me dijo “pues tú que tienes la
capacidad ve, yo no” y eso fue lo que me convenció.
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Hablando de política, él [su pareja] está enamorado de lo que yo hago, está enamorado del
trabajo que yo he venido haciendo y eso me ayuda mucho en la política. Él es el principal
impulsor de que “adelante, tú puedes, yo cuido, yo atiendo” y él ocupa los espacios que dejo
vacíos cuando estoy en la política...
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La verdad que yo siento todo su apoyo, todo su respaldo. Mis hermanos, no se diga. Digo
cuando andas en campaña pues los que andan en campaña es toda la familia, todos se in-
volucran, es más hasta mis hijos pequeños andaban con su banderita, ellos muy contentos
acompañándome a los mítines acompañándome a todos lados. Entonces pues mi familia
se convierte en esa brigada de campaña que tú ocupas porque realmente los recursos, pues
los recursos son escasos, pero pues hay que hacer crecer reactivos. […] Entonces mi familia
se convirtió en esa parte fuerte, en ese brazo fuerte que yo ocupo, que muchas mujeres ocupamos.
Aunque en las entrevistas se reflejó ese optimismo familiar por el desarrollo de las actividades
políticas, también refirieron la preocupación de sus familiares por el tiempo requerido para de-
sarrollar dichas actividades y por la situación de inseguridad en el Estado de Guanajuato. Este
último elemento es muy importante pues, de acuerdo con el marco teórico propuesto, el contex-
to geográfico de inseguridad y violencia generalizada puede aumentar el riesgo y, en este caso, la
advertencia familiar del peligro que corren las mujeres en la política puede ser un factor inhabi-
litador de su participación política. En los siguientes testimonios observamos dicha advertencia
pero que finalmente fue sorteada por las candidatas que entrevistamos.
Mi mamá estaba muy nerviosa porque nosotros tenemos mucha familia fuera de la ciudad
y del país. Entonces mi familia extendida le llamaba a mi madre para compartirle su an-
gustia de que en México se asesinan a los candidatos, entonces una parte, la mayor parte
de la familia está muy angustiada y una parte estaba muy emocionada.
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Mira, mi mamá me dijo que estaba loca. Me dijo “por qué te haces esto” … Mi mamá es
muy dramática. Y a mí, tiene una historia muy diferente a la mía. ¿No? Mi mamá fue ama

de casa toda la vida, entonces lidiar con una hija que le salió loca, este… estudiosa, libre
[…] Y ahora que le sale con que es candidata y con el nivel de inseguridad que hay aquí y
con el número de candidatos que mataron a diestra y siniestra en la República. ¿Tú sabes
lo que significaba para ella? Pues claro que dijo no.
El tercer factor que comprende el capital político de las candidatas es la existencia de ante-
cedentes familiares en la política y, específicamente, en los partidos políticos en los que par-
ticipan. Antes de las cuotas de género, contar con un referente familiar era prácticamente un
requisito para contender por una candidatura; en este sentido, la participación de las mujeres
tenía una especie de “garantía” de grupo, y no necesariamente de representación identitaria
por género.
En la entrevista incluimos una pregunta directa sobre este aspecto (¿algún otro familiar se
dedica a la política o pertenece a tu partido?) y, de manera sorpresiva, diez de las diecisiete can-
didatas contestaron que eran las primeras en su familia en incursionar en el ámbito político.
Aunque no podemos asumir que las respuestas de nuestras entrevistas son representativas del
espectro de las candidatas en Guanajuato, sí podemos poner el acento en un posible cambio
en la forma en que las mujeres incursionan en la vida política. La hipótesis es que las cuotas
de género y el principio de paridad política han promovido, uno, la presencia cada vez mayor
de políticas en candidaturas y cargos que hace un llamado simbólico a la participación de las
mujeres, y dos, que los partidos políticos se ven obligados a reclutar a mujeres que no estaban
dentro de sus cuadros tradicionales (y familiares) para cumplir con los requisitos de la norma-
tividad electoral.
Aun así, también persisten representaciones sobre la importancia que tuvieron los antece-
dentes familiares políticos en el interés por participar de algunas de las candidatas:
Vengo de una familia muy política siempre, siempre me llamó la atención. Cuando yo es-
cuchaba a mi abuelo que llegaban sus amigos políticos a casa, era yo muy chiquita, pero
siempre me llamó, me llamó mucho la atención...
Capital político
Como se explicó en el apartado teórico, el capital político son las redes de apoyo partidista,
social y económico que permite a las mujeres políticas incursionar, posicionarse y reforzar su
experiencia. Está conformado por recursos políticos, administrativos, económicos e ideológicos
que hacen valer las candidatas para posicionarse y mantenerse en una candidatura (incluso,
también en el cargo). Se entiende que una candidata con mayores redes de apoyo tendrá una
situación de ventaja frente a otras mujeres que no cuentan con éstas, y además representa un
blindaje ante el acoso y la violencia política.
Durante su trayectoria política, se esperaría que fueran acumulando recursos políticos como
el padrinazgo o respaldo de líderes y personajes importantes del partido, el apoyo de grupos
internos, de sindicatos o asociaciones campesinas y obreras vinculados con el partido y/o de
grupos empresariales. En este sentido, una de las primeras preguntas realizadas durante la en-
trevista fue sobre sus antecedentes políticos o actividades fuera de los partidos: las que no co-
menzaron su vida política directamente en el partido, realizaban alguna actividad que de hecho
las identificó con un “perfil deseable” para una candidatura. Esto es importante porque permite
visibilizarlas como lideresas y las acerca de una posición instrumental para cumplir con los
lineamientos de la paridad de género. Por ejemplo, su experiencia legislativa o en la administra-

ción pública, su participación en organizaciones estudiantiles, juveniles y, muy importante, en

comités de barrio o colonia y de mujeres. Estas dos últimas experiencias vinculan a las candida-
tas con una reflexión en torno a la problemática de género y, por tanto, un desarrollo de temas
de este tipo durante su campaña y gestión.
Yo vi injusticias, muchas injusticias y dije, me voy a meter, pero si me meto, voy a hacer
algo, y empecé yo estando trabajando, fue una convocatoria para participar en la colonia
donde vivía. Pasaron anunciando que iban a formar el comité de participación ciudadana, y
faltaría como menos de una hora, cuando avisaron, en que se iba a votar, pensé en hablarle
a mi esposo para que él participara pero vi el reloj que ya no alcanzaba, y pensé yo voy a ir
a participar […] Yo obtuve nada más un voto, y era la única mujer que participaba y me dije-
ron que si quería ser la tesorera y nunca me ha gustado manejar dinero porque no me gusta
que hablen de mí, y le dije que este que no quería, que yo nada de dinero, que me dejaran
en el último lugar, y me dejaron de vocal, como yo era la única mujer, pues tú que entiendes
de las mujeres e inmediatamente empecé a trabajar, y a mirar resultados y ya hasta el final
empecé a trabajar con las mujeres en menos de tres meses yo ya tenía un grupo de mujeres
de más de 250 mujeres, haciendo ejercicio, diario, organizadas, y con ese grupo de muje-
res empecé yo a atenderlas, a checar la presión, a conseguirles uniformes, sí, a hacerlas
parte de mi grupo y fue un grupo muy fuerte…
Sin embargo, los vínculos con grupos y organizaciones extra partidistas no son tan comunes
en las candidatas. De hecho, son escasos. Por ejemplo, sólo dos de ellas mencionaron tener un
acercamiento y respaldo de grupos empresariales (ambos casos en municipios del corredor
industrial). En este sentido, la trayectoria de las mujeres en la política no les ha permitido de-
sarrollar vínculos con grupos que podrían, como veremos más adelante, patrocinar y realizar
donaciones a sus campañas (dentro y fuera de los márgenes de la norma electoral). El acceso
a recursos estratégicos necesarios para respaldar la aspiración y/o candidatura, aportaciones
económicas de empresarios y simpatizantes, definitivamente marcan una diferencia entre los
perfiles de mujeres políticas con amplia carrera partidista (de ellas o sus familias) frente a
aquellas que acaban de incursionar en la política gracias a las cuotas de género o principio de
paridad política.
… quienes quisieron ser candidatas estos últimos tres años se capacitaron, hicieron por el
partido, fueron mesuradas con los dirigentes para irlos haciendo sus aliados etc. Pero no
buscaron la alianza con empresarios, con quien te da el recurso, entonces a la hora que
algunas fueron candidatas […] no habían buscado los espacios con los empresarios o con
quien les pudiera apoyar económicamente. Se vieron muy vulneradas en ese aspecto por-
que como que no tenemos todavía un área, una capacitación en donde nos digan cómo le
llegas tú a un empresario, cómo le dices “oye yo quiero ser candidata”…
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Hubo, por ejemplo, eventos importantes con empresarios, en los que ellos mismos te dis-
criminan, la verdad. A ellos les interesa, y te lo digo así honestamente, a muchos empresa-
rios les interesa tener reuniones con candidatos que les garanticen cosas, ¿no? O que ellos
vean como posibles ganadores, entonces también te enfrentas a ese tipo de situaciones…
De manera general, observamos en la trayectoria política de las mujeres una intensa partici-
pación en las actividades electorales y administrativas del partido. Algunas de ellas explican

su participación en funciones muy elementales de la logística electoral (“tocar puertas”, “pegar
estampas”, “hacer las tortas para los representantes de casilla”), hasta llegar a ciertos niveles
importantes de las estructuras partidistas:
No sé, tendría yo unos 16 años, más o menos, cuando me integro a la red de jóvenes en
aquel entonces del partido y empezamos con actividades como con gente pequeña, ha-
ciendo festivales etcétera. […] De ahí seguía yo participando en el partido, mis familiares
fueron candidatos en varias ocasiones en donde yo apoyaba, fui representante para pro-
mover el voto para cuidar las elecciones el día de la votación. Pertenecía a la organización
de las redes de las mujeres. […] Representé a mi municipio en esas actividades de mujeres.
Después de pasado el tiempo fui secretaria general del comité municipal de mi partido. Fui
consejera municipal, consejera estatal, consejera nacional, de ahí brinqué a algunos cargos
de alguna [secretarías] en las mismas organizaciones en las que estuve y brinco ya a una
representación estatal de las mujeres lo cual después me hace pasar a la diputación local…
Uno de los principales reclamos de las mujeres dentro de los partidos políticos, es que no son
reconocidas estas largas trayectorias políticas como criterios para la postulación de candidatu-
ras. Al contrario, es notorio el contraste entre los testimonios de las mujeres que han dedicado la
vida al partido y las que fueron “importadas” para las candidaturas. En estos últimos casos, los
ataques muchas veces vienen precisamente de las mujeres que no fueron consideradas tenien-
do mayor trabajo partidista en su currículo.
Bueno es el primer cargo público que tengo, aunque he trabajado en muchas campañas,
mucha... mucha campaña. Te darás cuenta por la trayectoria política que tengo que he lo-
grado que muchos candidatos lleguen a sus puestos porque hemos trabajado muy arduo.
Pero nunca, nunca me había tocado un cargo político es la primera vez que tengo uno, des-
pués de tantos años [30 años] es la primera vez que me toca estar...
[en contraste…]
Yo la verdad te soy sincera, yo ningún partido ni nada, nada más me llegaron e invitaron
al despacho. Me invitó el presidente y el que es ahorita el secretario y primer regidor me
invitaron a formar parte de su planilla…
Debido a las medidas de paridad de género, prevalece una idea de “descrédito” o “poco mérito”
de las mujeres que ocuparon candidaturas en el proceso electoral, no obstante, debe conside-
rarse que muchas de ellas contaban con suficiente capital político, entendido como experiencia
acumulada en cargos de elección popular, cargos en la administración pública municipal y esta-
tal, por mencionar aquellos que les permiten tener permanencia en la vida política y presencia
en el partido político. Por lo menos siete de las mujeres que entrevistamos ya tenían experiencia
en candidaturas y ya habían tenido cargos políticos, principalmente de regidurías y diputaciones
estatales y federales.
La literatura había identificado, además de los nexos familiares, que la probabilidad de las
mujeres de incursionar en la política y obtener una candidatura dependía de la existencia de un
padrinazgo dentro del partido político. En esta investigación también encontramos cambios en
este tipo de patrones: sólo algunas cuentan con el respaldo de liderazgos nacionales fuertes e
icónicos o de dirigentes estatales. Una de ellas cuenta la importancia que tuvo esta vinculación
para la defensa de su candidatura en un enfrentamiento de dirigencia nacional y estatal.

Sin embargo, la figura del padrino está relacionada con parte de la cultura política de nuestro
país que se deriva de las prácticas del partido hegemónico vinculadas con la lealtad partidista
extrema para garantizar la continuidad de tu carrera, con el dedazo, el compadrazgo, etcétera.
Este tipo de figuras invalidan el reconocimiento de una historia de lucha dentro o fuera del parti-
do, el mérito de estar preparada para un cargo o los ejercicios democráticos de postulación de la
persona más indicada. Por ello, ya se manifiestan testimonios de negación o rechazo a este tipo
de acompañamiento o padrinazgo político:
Sí debo agradecer a quien, en su momento, [me apoyó] para que yo fuera diputada, me
impulsó y me promovió sin la dirigencia estatal de ese momento. Pero yo debo decir que
siempre es el trabajo que una realizó. Nunca tuve un padrino en específico, no tuve… Nun-
ca estuve vendida, y vendida no en el sentido de que te paguen, sino por tu ideología. A mí
me gustan los ideales, me gusta los estatutos y el código de mi partido y eso es lo que yo
sigo en lo más que puedo…
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[Explica su cambio de partido antes de las elecciones]. Entendí que yo no tenía que hacer
más en el [partido político], porque yo no tenía padrinos aquí, yo no tenía quién me im-
pulsara, yo no tenía quien viera por mí, tenía todo en contra y yo no podía, ni me dejaban
trabajar […] yo era una exhibicionista, una acelerada, un esto y que si los demás no tra-
bajaban, o sea, el que yo trabajara a ellos les molestaba y yo siempre seguía participando
aunque ellos no quisieran, pero yo siempre estaba triste o enojada porque nunca era apo-
yada…
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No accedí que me apadrinaran. Tuve el beneficio de que la gente dijo que les gustó mi per-
fil… Quería hacer una campaña de una mujer fuerte… Pero ellos mismos me empezaron
a poner el pie: “Gracias a mí, tú estás aquí [le comentaban los de una corporación del par-
tido]”. “Quiero la primera regiduría y pongo a mi hermana”. Le decía yo, “quiero escoger”.
¿Qué hicieron? Se fueron a apoyar a otro partido.”
Por otro lado, destacamos la existencia, ahora, de “madrinazgos” de mujeres líderes dentro de
los partidos políticos que respaldan pero, sobre todo, inspiran al resto de las militantes en su
aspiración por contender:
Creo que el hecho de que [nombre de mujer] esté allí posicionada como líder pues abre
mucho el espacio para las mujeres. Como que no te enfrentas, o por lo menos ya es algo
que es natural para los hombres, a ver a mujeres sentadas en el consejo y tomando deci-
siones y hablando y participando de la misma forma en la que participan ellos. A diferen-
cia de lo que yo he visto en otros partidos, mi partido sí es distinto y yo reconozco que mi
realidad pues no es la de la mayor parte de las mujeres que se dedican a la política por
esto, porque te digo que [líder] creo que ha hecho un gran papel en el estatal para que las
mujeres seamos incluidas y nos vean como algo natural.
Entre los factores del capital político que favorecen la probabilidad de posicionamiento electoral
de las mujeres, parece ser determinante para la obtención de la candidatura y para el éxito en
la elección el respaldo de un grupo interno del partido. Por ejemplo, una de las candidatas que
identificamos como parte de la élite estatal de su partido (con amplia trayectoria y presencia en

la toma de decisiones), describe la relevancia que tuvo en su carrera política haberse decantado
por un grupo interno que, entiende, es el más incluyente de las mujeres:
Siempre he sido muy leal a mi equipo. En esa parte no he recibido el apoyo de una persona
como tal, pero sí de un equipo, de un grupo dentro del partido […]
En el grupo en el que yo me he movido, sí ha prevalecido el liderazgo masculino, sin em-
bargo, hay mucha participación y apertura con las mujeres, en la toma de decisiones. Sí
las consensamos, sí se toman en cuenta las opiniones de las mujeres. Por eso me he sen-
tido cómoda en ese grupo. Porque hay oportunidad incluso de disentir. Y en el otro grupo,
lo que me platican mis compañeros con quienes tengo una buena relación, pues sí hay
una línea más marcada de mis compañeras de obediencia a lo que diga el líder de grupo.
Yo creo que ahí me distingo porque no se da esa obediencia ciega. Sí me siento más libre,
más cómoda.
La última subcategoría del capital político es la autopercepción, que se vuelve una reflexión,
producto de la evaluación de las anteriores: cómo se ve la candidata como contendiente, esto es,
su preparación o liderazgo requerido para ejercer el cargo y los principales obstáculos/defectos
(personales) que generan una percepción de inseguridad frente al reto electoral. En este sentido,
resaltamos las narrativas de las candidatas que reflejan empoderamiento. Esa voluntad de decir
“yo puedo” y manifestar el deseo de aspirar a un cargo público, con una autoevaluación positiva
de su formación y experiencia política.
Yo manifesté la aspiración. Era como algo natural como “atrévete a hacerlo porque si no lo
haces tú lo va a hacer alguien más y cree en ti, porque ahí están todas las posibles opciones
que quieren participar para la misma postulación”. Y yo simple y sencillamente dije “no
son mejores que yo, así que participo”.
Esta subcategoría de análisis no había sido incluida originalmente en la operacionalización deriva-

da del marco teórico. Sin embargo, dada la relevancia de los testimonios vertidos, creemos que es
importante resaltar los procesos de empoderamiento de las candidatas como mujeres, esos proce-
sos que refieren una toma de conciencia de género y que nos hablan de cómo algunas de ellas con-
sideran imprescindible el tratamiento de la agenda de mujeres dentro de sus propuestas políticas.
“Mujer”, me decía, “no puede ser lo que estamos viviendo después de ser una profesionista
y tener tantas cosas y aun así te pasen estas situaciones y las vivas o las permites o las
dejes pasar”. Y eso me dio como más entereza para seguir luchando desde el área política
por algunos aspectos que tienen que ver con la mujer y ahí te vas definiendo, vas marcan-
do una línea y eso es lo que te hace seguir, sobresalir y marcar una diferencia tal vez entre
algunas otras mujeres que también ha trabajado mucho pero que a veces no enfocamos de
manera directa sobre un tema.
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Yo califico que mi posición en [cargo del que fue electa] es un privilegio para muchos que
queremos tener algo, se debe al trabajo de todas esas mujeres en sus municipios. Desper-
tamos, nos capacitamos, nos dijeron a qué teníamos derecho, nos hicimos rebeldes, nos
hicimos alegonas. Mi partido dijo: “oye es momento de las mujeres y quién mejor que
quien las representa.
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Hay que agradecer que por la cuestión de género estamos aquí, porque de otra manera no
hubiéramos llegado. Pero no nos gustaba eso, ¿sabes? Porque es, independientemente de
que soy hombre o soy mujer, tengo las habilidades, yo estoy en contra de eso de equidad de
género, de la cuota de género. Yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué? Porque no es que las mu-
jeres necesitemos que nos den la mitad, ¿cómo por qué? Es como, ¡ay pobrecita!, nos vuelven
a dejar en segundo lugar. ¿Por qué, necesitan ser también? Ándale pues, te doy el espacio. No.
Que el lugar lo gane quien deba ganarlo, sea hombre o mujer Ahora, sí es necesario llegar a
equilibrar, porque en el momento que se equilibre, en automático las mujeres vamos a pedir
nuestro lugar en la mesa. Y no es porque me lo quieras dar. Es porque yo ya me lo gané.
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Del 2000 para acá, más o menos, fue una revelación de que las necesitamos para los cargos
por esta situación de la igualdad a nivel mundial. Eso nos hace despertar y empezamos
nosotras como grupo del que yo te hablo a exigir y a tomar el mando a nivel municipal.
Yo, en lo personal, siendo secretaria del comité municipal tomé el mando como si fuera la
presidenta y empecé a tomar decisiones, eso me acarreó un gran número de enemigos po-
líticos principalmente hombres y me acarreó en algunas ocasiones el repudio y la molestia
de algunas mujeres que decían: “bueno porque se toma esas atribuciones si no es”, algunas
otras me apoyaron […] En muchos estados del país empezó esto y hubo hombres tal vez
con la visión de “pos vamos a darles algo”, qué nos daban. El organismo que representa las
mujeres empezó a tomar un gran auge y movimiento.
Aunque es importante la actitud positiva, de perseverancia y resiliencia que tienen las mujeres
puedan enfrentar los obstáculos estructurales, el acoso y la violencia política electoral, no es
suficiente si no se identifican y atacan dichos problemas desde un punto de vista sistemático,
no sólo individual.
Manifestaciones de acoso y violencia política electoral

Acoso psicológico y discriminación partidista
En el apartado teórico se estableció la distinción entre acoso y violencia política electoral. Acoso
político electoral implica ciertas prácticas y actitudes de menosprecio, condescendencia, discri-
minatorias y condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres cuya causa es la creencia so-
cial arraigada de que éstas no pertenecen al ámbito de lo político y, por tanto, no son aptas o son
intrusas en los espacios partidistas. Mencionamos también, que quienes perpetran el acoso polí-
tico electoral pueden ser integrantes de la familia, amistades cercanas pero que principalmente
se desarrolla al interior de sus propios partidos políticos, en tanto organizaciones generizadas.
En primer lugar, el acoso psicológico puede ser desde un mensaje “sutil” hacia las mujeres
que participan en política y que se manifiesta en condescendencia, menosprecio, discrimina-
ción, hasta un nivel de agresión de humillación pública, insultos, gritos y amenazas. Como su
nombre lo indica el impacto es en la salud mental de la mujer política, de manera que le provo-
ca intranquilidad, malestar, desánimo, depresión y miedo; todo lo anterior, inhibe el deseo de
contender o de seguir participando en la política. Impacta en la autopercepción de su capacidad
como candidata o como funcionaria, lo cual puede desembocar en el abandono de su vocación e
interés político. Cuando el acoso proviene y se tolera dentro de los partidos, este mensaje se dis-

fraza de reclamo social legítimo de la incursión de las mujeres a un lugar al que no pertenecen,
naturalizando y justificando las prácticas que vulneran los derechos políticos de este grupo. En
las entrevistas identificamos:
1) Actitudes de condescendencia y menosprecio a la actividad política de las mujeres y su incursión
como candidatas: Se expresan utilizando calificativos como “niña”, “esta mujer”, “vieja”,
entre otros: “ahora resulta que la niña coordina el distrito”, “esta niña qué va a hacer
allá”, “¿por qué una mujer?”, “una no puede defenderse porque nos convierte en una
vieja histérica y loca, nosotras somos locas ante la defensa de nuestros derechos, ellos
están bien, es normal… entonces siempre está en el fondo esa cuestión”. Algunas can-
didatas explicaron cómo se carga continuamente con una duda sobre su capacidad y
mérito, les dicen “¿cómo le vamos a dar la oportunidad a una persona que no ha ocu-
pado puestos públicos? ¿Cómo le vamos a dar la oportunidad a una persona que le falta
esa capacitación, esa experiencia en tema políticos?”, a pesar de ser profesionistas o
que comprueben una amplia participación en las actividades del partido. Una de las
seis personas que contestaron el cuestionario en línea marcó vivir actitudes de condes-
cendencia por militantes de su partido y tres marcaron que sus dirigentes y militantes
ignoraron o subestimaron sus propuestas.
2) Prácticas de exclusión y discriminación hacia las mujeres en actividades cotidianas partidis-
tas: En los testimonios de las mujeres que entrevistamos rescatamos que algunas
veces no las invitaban a eventos, que no les compartían la agenda de actividades, que
no les permitían subir al presídium y que en los actos protocolarios sólo invitaban
a hombres candidatos (prevalencia de visibilizar sólo los perfiles de candidaturas de
hombres); y si las invitaban, algunas veces no les permitían emitir mensajes o leer
sus discursos; hay quien dijo que la llegaron a correr de algún evento. Como ejemplo
de lo sutil que pueden ser estas prácticas de exclusión, el siguiente testimonio de una
candidata a presidenta municipal: “Me habían invitado, como a todos los candidatos
al debate público, entonces me acuerdo de que estábamos en una mesa con la gente
del partido, eran siete hombres y yo… y ahí estaban tratando de convencerme, de
una manera dulce y diplomática, de no ir…”. De las seis candidatas que contestaron
el cuestionario en línea, cuatro respondieron que sus dirigentes y militantes habían
establecido restricciones para su participación en ciertas actividades y eventos; tres
de ellas también se sintieron excluidas de la posibilidad de establecer vínculos con
redes de apoyo externos como sindicatos, grupos empresariales, etcétera; y dos con-
sideraron que los horarios y lugares de reuniones partidistas les impedían participar
en condiciones de igualdad.
3) Imposición de roles de género en la realización de actividades partidistas: Aunque parece
que va cambiando poco a poco, la división sexual del trabajo dentro del partido ha
existido desde las primeras mujeres participando en estos. No son pocos los estudios
que han visibilizado cómo a las mujeres se les asignan las actividades que tienen que
ver con hacer la comida, con la organización de reuniones vecinales, con la compra de
juguetes y otras prebendas políticas, etcétera. Una de las candidatas dijo que cuando
ella comenzó su carrera política “a las mujeres era a las que les tocaba hacer todos los
alimentos, las tortas que los representantes iban a llevar a las personas que estaban
en las casillas” y otra calificó como tareas de “chachas” las que son asignadas a las
mujeres de su partido. Incluso cuando se refiere a labores políticas y administrativas,

hay también una distinción. En el cuestionario que aplicamos, las seis mujeres que
respondieron dijeron que sólo se sienten incluidas en el desarrollo operativo de los
eventos y de la organización electoral, pero que no forman parte de la toma de deci-
siones que marcan las estrategias partidistas, posición que confirman algunos de los
testimonios en las entrevistas. Así mismo, también se hacen distinciones entre los
asuntos que son propios de los hombres y, casualmente, más visibles, de los asuntos
que llevan a cabo las mujeres:
Hay como micromachismos que están allí y que son práctica cotidiana y que son pues
aceptados [...] ¿No se les hace raro que, para el tema jurídico, para el tema legal para el
tema de transparencia, para lo de finanzas van mujeres? En el tema de comunicación, para
los temas en donde están visibles y tomando decisiones allí están los hombres, pero para
lo de “vamos a arrastrar el lápiz y vamos a hacer la talacha”, son las mujeres. ¿No se les
hace raro que haya esta orientación “natural”? De “tú eres mujer y entonces tú eres buena
para cuidar las finanzas porque eres buena para cuidar las finanzas del hogar y eso [...] “A
ver fulanita, yo creo que te pongo aquí porque debes ser muy buena para hacer lo del ar-
chivo”. Como que sí es algo en donde todavía se nota que falta trabajar…
4) Reproche por el abandono de roles tradicionales de cuidado: Hay quien mencionó que cierto
dirigente partidista le negaba la posibilidad de una candidatura utilizando frases como
“primero tu familia”, “cómo le vas a hacer para cuidar a tus hijos” entre otras que le
recordaban claramente el papel “natural” de las mujeres en la sociedad. Otra relató que
ya estando en cargo público, la mandaron “al tejido y a la cocina” o le decían que se
fuera a cuidar a sus hijos.
5) Humillación, insultos, gritos y amenazas que tienden a normalizarse como prácticas comunes
al interior de los partidos (“así es el juego político”). Estas prácticas y actitudes ya no pue-
den considerarse como sutiles sino como agresiones directas. Una de las entrevistadas
describió la reacción de su dirigente cuando le manifestó su aspiración a contender
por una candidatura: “Yo sí recibí insultos de la dirigencia estatal, gritos e insultos
para no registrarme, amenazas para no registrarme […] no fui la única a la que le gritó,
que maltrató verbalmente, porque a pesar de que las mujeres buscamos la igualdad,
no buscamos ser tratadas ni que se nos hable como acostumbran en el en el grupo
masculino…”. Otra, por ejemplo, relató cómo fue humillada públicamente por parte del
líder de la campaña cuando llegó tarde para salir a una actividad comunitaria: “me pone
a lavar los baños y me sentí... con todo el respeto... ¡humillada! o sea, a lo mejor estoy
mal porque crees que eres tú una candidata y que a lo mejor necesitas un trato diferente,
pero me molesté mucho”. Una de las candidatas que respondió el cuestionario dijo que
había experimentado ridiculización o humillación pública por parte de los militantes de
su partido, además de chantajes y prohibición expresa de postularse/permanecer en un
cargo político; dos candidatas marcaron haber vivido gritos e insultos durante su expe-
riencia en campaña por parte de dirigentes y militantes de su partido político.
Aunque hicimos una distinción entre las diferentes manifestaciones de acoso psicológico que
vivieron las candidatas, es importante mencionar, que la vivencia es cotidiana, reiterada y que
pueden experimentar más de una manifestación. Cuando se acusa a las mujeres de “exagerar”
porque se molestan ante la burla, porque se hizo un chiste misógino cuando estaban presentes
(por lo menos hay dos candidatas que marcaron en el cuestionario haber escuchado esto en su

partido), porque se refirieron a ellas utilizando diminutivos de su nombre, etcétera, debe enten-
derse que la respuesta no es sólo frente a ese mensaje, contra un actitud particular o individuo
específico, sino que refleja el malestar cotidiano acumulado de ella y el resto de las mujeres en
organizaciones que han sido permisivas del acoso y la violencia de género. La siguiente narrativa
de una de las entrevistadas da cuenta de ello:
La verdad sí seguimos siendo pocas mujeres en el partido, porque vas a una reunión y vas
a ver veinte hombres y sólo una o dos mujeres, entonces, pues me parece que sigue ha-
biendo ese problema, ¿no? Al interior del partido no ves esa participación, ese sesgo entre
hombres y mujeres sigue siendo dominante, los roles importantes dentro del partido los
siguen teniendo los hombres […] Me parece que se sigue escatimando en ese aspecto y
pues bueno, si ellas se sienten excluidas y si las mujeres nos sentimos menospreciadas, si
las mujeres nos sentimos discriminadas pues no te quedan muchas ganas de estar allí. Y
creo que el partido todavía tiene esa deuda con sus mujeres militantes. Creo que es más
que evidente que algo no estamos haciendo nosotras, y algo nos están haciendo ellos para
que no estemos ahí…
Sexismo institucional
Definimos anteriormente el sexismo institucional como las estrategias y prácticas organizativas
de abandono, restricción o limitación de recursos partidistas a las mujeres para desarrollar sus
actividades políticas, en tanto “intrusas” en espacios que cultural e históricamente son conside-
rados exclusivos para los hombres. Las tres dimensiones interrelacionadas del sexismo institu-
cional que identificamos en los testimonios de las candidatas son: 1) el confinamiento electoral
discriminatorio; 2) la desigualdad en el acceso y disposición de recursos económicos, y 3) la des-
igualdad en la presencia mediática de las mujeres para el desarrollo de sus campañas políticas.
Las narrativas de las mujeres políticas nos marcaron el camino para realizar una investigación
más específica de cada una de las dimensiones del sexismo institucional, pesquisas que se ex-
ponen a detalle en los siguientes tres capítulos de este libro.
Confinamiento electoral discriminatorio

Aunque las cuotas de género y la paridad política han logrado posicionar a muchas mujeres en
candidaturas, la nueva interrogante es ¿Cuáles son las estrategias partidistas para determinar
en qué circunscripciones electorales colocarán una candidatura de hombre y en cuáles otros
las de mujer? Se identificaron prácticas discriminatorias en las narrativas de las candidatas
entrevistadas cuando describen el proceso “simulado” de distribución paritaria de candidaturas
por sexo de acuerdo con los lineamientos electorales establecidos y los criterios de selección de
candidatas mujeres.
Los testimonios nos permitieron identificar cómo se interrelacionan los procedimientos for-
males e informales de los partidos políticos para la distribución de las candidaturas por sexo.
Una de las entrevistadas detalla la estrategia consciente de la dirigencia partidista en las que
las mujeres son excluidas de aquellas circunscripciones electorales (principalmente alcaldías de
municipios) que se consideran relevantes o importantes en términos electorales:
En el partido existe algo que se llama distritación electoral, entonces, nosotros medimos de
acuerdo a la aceptación y los votos que tuvimos por cada municipio, los que más estaban por
debajo de la línea o que en los últimos tres años no se había tenido como que ganado o así. Esos sí

van para las mujeres, todos tenían que firmar y todos firmaban de verdad. “Sí, que lo compita
una mujer, no pasa nada si perdemos, que lo compita ella”. La verdad es que todo se hizo por
cuestión de debilidad del partido, ese fue el proceso que […] se hace como un diagrama en el
cual se ve cómo ha sido el porcentaje, partiendo de ahí está la mujer y estos van hombres,
por eso es por lo que, de verdad, no hablamos de cuota. En realidad, el proceso interno es un
asco por dónde lo veas. No tenemos probabilidad porque para empezar te estamos dando
algo que no lo ha ganado un hombre históricamente y tienes que competirlo…
Otro de los testimonios evidenció que, dada la normatividad electoral referente a la dimensión
vertical de las planillas para ayuntamientos (mandato de posición alternado), aquellos partidos
políticos sin posibilidades de ganar la alcaldía hacen un cálculo simple de cómo colocar las can-
didaturas por sexo en la planilla para que la primera regiduría –prácticamente asegurada por
el historial del porcentaje de votos obtenido– esté en manos de un hombre, generalmente un
dirigente municipal o cercano al mismo.
Ahí es cuando yo veo que la paridad casi siempre se nos voltea porque entonces todos
los partidos que no tenían posibilidades metieron a puras candidatas mujeres para que
sus regidores que entraran fueran hombres. Yo decía ¿por qué hay candidatas mujeres? Y
muchas de ellas ni siquiera eran militantes del partido, ni nada [...] Y el que ponían era un
hombre, con un poco más de trayectoria, o con familia con trayectoria o con dinero. Enton-
ces esos partidos que no tenían muchas posibilidades mandaron a “caras”, utilizaron a las
mujeres para posicionar a los hombres en las regidurías...
Por ejemplo, los municipios de Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León y Salamanca con-
forman la fórmula que encabeza la planilla con una presidencia municipal y dos sindicaturas;
de esta manera, si posicionan a una mujer como candidata a presidenta municipal, seguirá un
hombre como primer síndico, después una mujer como segunda síndica y, de esta forma, el pri-
mer regidor será un hombre, en una posición privilegiada.
La decisión de cómo hacer la distribución horizontal y vertical de las candidaturas está in-
terrelacionada con quiénes ocuparán efectivamente dichas candidaturas, es decir, los criterios
para definir los perfiles de las mujeres que serán candidatas para las diputaciones, las alcaldías,
las regidurías y las sindicaturas. De manera general, hay un reclamo a los partidos políticos
por no designar a militantes con trabajo y trayectoria partidista; las narrativas muestran su
malestar porque se tuvo que recurrir a perfiles “importados” de candidatas de otros partidos,
funcionarias de la administración pública o de la sociedad civil o, incluso, tuvieron que sucumbir
a ofertas económicas por las candidaturas (una de las candidatas en un conversatorio confesó
que había tenido que “soltar dinero” para ser candidata y en una de las entrevistas nos contaron
que los candidatos hombres para las presidencias municipales pedían dinero por las primeras
regidurías a las mujeres, especialmente a las que no eran de su partido) u ofrecer prebendas o
apoyos para poder llenar las planillas. Los testimonios abordan la tendencia de colocar mujeres
en ciertas candidaturas, sin capital político o antecedentes en los partidos políticos o con una
figura masculina detrás de ella, muchas veces en escenarios de complicada victoria electoral;
los anteriores elementos las colocan en una situación de vulnerabilidad en la que experimentan
otras manifestaciones de sexismo institucional en su partido, con el común denominador de la
pérdida de control de su propia campaña o abandono del partido político durante ésta. Una de
las consecuencias es que reduce sus expectativas para continuar su carrera política.

Las mujeres que entrevistamos, que tienen experiencia y trayectoria en su partido político,
manifestaron su malestar por esta distribución de candidaturas por sexo que no responde a su
mérito partidista, a la experiencia o al tiempo de militancia, sino que tienen que ver con la re-
lación familiar, de pareja o de autoridad con un hombre posicionado dentro del partido político.
Por ejemplo, una de las candidatas platicó el caso de un hombre interesado en una regiduría,
pero que después de que la distribución de candidaturas por paridad de género estableciera que
esa posición era para una mujer, “envío” a su pareja como candidata, ésta ganó y, a partir de en-
tonces, la acompaña a todas las actividades propias de su cargo. De esta forma, la normatividad
de paridad de género queda limitada frente a las prácticas al interior de los partidos políticos
que sigue evadiendo el espíritu de la norma: promover condiciones de igualdad para la libre par-
ticipación y representación política de las mujeres.
¿Cómo determina un partido en cada municipio y en cada distrito si va hombre o va mujer?
Yo creo que los partidos con poquita inteligencia de los líderes, de los representantes, dicen:
“a ver en este distrito esta mujer tiene la de ganar, tiene trabajo, tiene consenso ha tenido
una actividad social muy importante, es quien nos debe representar y tú dices aquí va una
mujer y acá tenemos un hombre… […] Pero se pusieron a decidir porque había que hacer un
registro ante el IEEG dónde iban hombres y dónde iban mujeres. Y luego, quiero que sepas,
que había un municipio que decidieron que iba mujer dos minutos antes que terminara el
registro, y no había una sola mujer que hubiera aceptado la candidatura a la presencia muni-
cipal. Ósea, ¿cómo es posible que decidas en dónde van mujeres cuando no hay mujeres que
tengan esa ambición o esas características o las condiciones para ser candidata?
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Las mujeres todavía no representamos para los partidos un material político interesante,
una propuesta factible. Representamos algo que la ley los obligó a hacer. “Y vamos buscando a
quién ponemos, ¿con qué hombre quedamos bien si ponemos a esta mujer? A ver, pues dile
a su hija, dile a su esposa”. Hubo ocasiones que, por la ley de la igualdad, tenía que ser una
mujer, pero los hombres estaban muy bien posicionados: “pues pon a tu esposa”. Y la prueba
está en que en muchos partidos hay esposas de expresidentes o presidentes municipales
que, en su momento, los quisieron registrar, pero ellos no podían ir a la reelección. “¡Ah pos
pon a tu esposa!
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Se realizó un sorteo y eligieron en qué municipios tocaría mujer y en cuáles hombre, las
cúpulas del poder proponen “juanitas”, pero las mujeres no aceptan. No sabían a quién po-
ner, no se ponían de acuerdo. Tenían hombres y decían: “yo fui presidente municipal, que
vaya mi esposa”… Las cúpulas mandaban a sus esposas, títeres. Comenzaron a colocar a
las allegadas y entonces me llamaron para estar en la […]. Me decían: “vas a competir con
las esposas de los candidatos. Eran tres mujeres: la esposa del expresidente, la allegada y
yo. A mí me dicen que soy un producto “vendible”. El gremio de […] me apoya y como co-
nocían a mi abuelo, partidista de toda su vida, me dicen “te vamos a poner de candidata”.
Nótese en el anterior testimonio cómo tener un familiar con presencia fuerte en el partido y el
apoyo de una agrupación gremial, le permite posicionarse como candidata frente a una tenden-
cia partidista a colocar mujeres con una posición de subordinación a un hombre del partido. Es
por ello, que en esta investigación hemos llamado “factores de contención” del acoso y violencia
política al capital familiar y al capital político.

Por otro lado, las entrevistas nos permiten observar que algunas de las candidatas no necesa-
riamente militantes de los partidos, pero con presencia mediática o posicionamiento social por
ser de otro partido o por su liderazgo social, permitieron elevar el número de votos y garantizar
o conseguir un mayor número de regidurías, aunque ellas no obtuvieran el cargo.
Muchos de los municipios que aceptaron que no tenían probabilidad de ganar necesitaban a
la mujer, no importaba si ganaba o perdía, no tenía una mujer. Entonces se habló con muje-
res que tenían simpatía o militancia el partido y hubo una negociación “sabes qué tú tienes
que poner tus requisitos, pon tu registro, te toca esto y detrás de ti va a haber alguien que va
a tomar las decisiones tú no te preocupes sólo necesitamos que seas la imagen”. Y esa era
la frase que nos marcaron a todas, “ser la imagen para poder hacer algo por Guanajuato”, porque
todavía tiene el descaro de decirlo.
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Mira, hay casos en donde algunos partidos que tuvieron que hacerse de personas ciudada-
nas, o de otro partido, traerlas como síndicas o como regidoras “dizque” para sumar a la cau-
sa del partido, de nuestro partido, dejando a un lado a mujeres con una trayectoria política
en su partido y qué bueno que, en algunos casos, se ganó y digo “¡qué bueno para el candida-
to! para el partido, no, porque ganarse también se hubiera ganado con la mujer que tenía que
llevar y sabes ¿cuál es la pena?, que no hay una sola denuncia de ninguna mujer integrante
de ningún partido peleando o denunciando el que no le hayan dado el espacio que merecía
por su trabajo y que se lo hayan dado una mujer sin afiliación, sin trabajo en el partido.
En este mismo sentido, es interesante contrastar los posicionamientos de las candidatas que de-
jaron sus partidos por no sentirse respaldadas y que encuentran esperanza en otras alternativas,
pero que son conscientes de cómo se desplazan a las militantes de esos partidos con trayectoria
y trabajo político:
Aquí nadie me recibió [la dirigencia local de su anterior partido político] allá me recibieron
la cúpula de [partido político] para ofrecerme la candidatura. Le dije que yo no la quería,
pero me dijeron: “es que tú eres para la [...] porque vas a generar muchos votos y tú tienes
mucho contacto con la gente, hemos seguido tu trabajo y con tu trabajo que tú tienes que-
remos que tú seas”. Y con eso me ganaron porque yo dije: “ellos sí han visto y valorado mi
trabajo”. Dije ¡va, sí voy!
Además de estas narrativas que refieren que algunas de las candidaturas eran una fachada para
cumplir con el principio de paridad o que si ganaban habría alguien detrás de ellas para tomar
las decisiones, alguien mencionó que se les ofrecían otra clase de apoyos a cambio de su nombre
en los registros:
Lamentablemente muchas de las mujeres aceptaron porque te ofrecen una mejor calidad
de vida...” [Pregunta: Pero ¿Qué le daban a cambio?] No sé bien porque en mi caso no fue,
pero sí me di cuenta de varias, de qué era económicamente y otros en que si no ganaba se
les daba un trabajo estatal o becas para sus hijos, les aseguraban algo para que pudieran
competir, eso en donde no teníamos militancia.
De acuerdo a lo expuesto en este subapartado, las mujeres dentro de los partidos son conscien-
tes de las prácticas de discriminación, de simulación de la paridad de género, pero desgraciada-

mente no realizan una denuncia formal o pública por el hecho de que no hay un mayor número
de mujeres en los espacios de decisión, porque se encuentren en constante chantaje y amenaza
de quitarles más oportunidades de crecimiento si no están de acuerdo con lo establecido, ade-
más de la lealtad que le muestran a un personaje, grupo interno o al partido en general. Los
testimonios nos permiten entender que, si bien la normatividad de paridad ha sido importante,
aún falta un largo camino para lograr que la perspectiva de igualdad de género logre institucio-
nalizarse en los partidos políticos.
Lo que pasa es que ellos siguen metidos en sus rollos machistas. Te soy honesta, ellos siguen
pensando que nosotras somos de tránsito. Siguen en ese rollo. Pero alguna mujer que reconoz-
can, que le aplaudan de verdad, te soy honesta, yo no lo visualizo. Sienten que el pago de cuo-
tas es algo obligado y necesario y lo siguen viendo como “métanlas porque nos vamos a meter
en broncas”, pero no “métanlas porque ellas nos pueden salvar políticamente hablando”.
Ósea, de verdad, no nos ven como de mucha utilidad, no nos visualizan más que como un
instrumento para lograr objetivos…
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Pues mira, violencia política desde el momento que las candidatas no fueron las mujeres
que merecían serlo por el trabajo político. Porque, a lo mejor, dices tú, bueno, ¿quién lo
merece? Lo merece quien trabajó, quien fue abriendo el espacio que políticamente fue
sumando en cada seccional, en cada colonia, juntando, haciendo una precampaña, un es-
pacio. No lo fueron. Desde ahí hay violencia política, desde ahí.
Desigualdad en asignación y acceso a recursos económicos

Llamamos soporte partidista al papel que juega el partido político como organización que
“acompaña” a la candidata en el desarrollo de su campaña electoral pero también después de la
emisión de resultados (por ejemplo, cuando se requieren los mecanismos de protección de los
derechos políticos frente a un resultado adverso). Esta subcategoría analiza la reflexión de las
candidatas sobre el presupuesto otorgado para el desarrollo de su campaña, el equipo de trabajo
para la logística y la labor de vinculación con grupos internos o externos de apoyo.
Como podemos inducir de los anteriores testimonios, el soporte partidista ya habiendo elegi-
do las candidatas es mínimo. Sabemos que se requiere de un acompañamiento partidista para
desarrollar una estrategia política o de comunicación política en las campañas de las candidatas,
así como de recursos económicos y humanos para desarrollarla. En este sentido, lo que resume
la narrativa de las mujeres es un sentimiento casi total de abandono, incluso de aquellas que
fueron invitadas por otros partidos después de que renunciaron al suyo. Afirman no haber re-
cibido dinero para desarrollar sus campañas o fue insuficiente y reconocen la desigualdad de
distribución de fondos con los hombres: “[…] sin duda nos llega menos [dinero] que a los hom-
bres. Nada. Tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas”. Es casi general la sensación de
soledad y la necesidad de solventar con recursos propios la ausencia del partido:
En esas dos semanas en lugar de yo hacer campaña, me la pasé haciendo cruceros, repar-
tiendo volantes, diciendo: “para que tu voto valga, tacha un solo partido”, ya ni siquiera era
por el [partido], era para que no me anularan votos. Eso me la pasé haciendo hasta las 12:00
de la noche, todos los días, con mi familia.
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Entonces, créeme que me enfrenté a un proceso desigual totalmente. Me enfrenté a un

proceso con cero apoyo. Al interior de los partidos el argumento es “tú no tienes posibili-
dades de ganar, te vamos a dar poquito porque tenemos en otro municipio un candidato
que ese sí va a ganar, entonces, tenemos que meterle más lana a este candidato, tú no vas
a ganar”. Entonces ¿pues qué haces? Ellos tienen el sartén por el mango…
La violencia económica, entendida como condiciones inequitativas para la competencia política

es una constante entre las candidatas vencedoras y no electas, incluso es la percepción de algu-
nas con importante capital político:
Te mandan literalmente al ruedo y tú sabrás cómo le haces para ganar, inclusive los recur-
sos que otorga el partido se supone que están. No es cierto, ¡no! El partido te da de acuerdo
a si vas a ganar o no, en nuestro caso nos dieron trescientos pesos ¡¿Qué haces con tres-
cientos?! Porque el comité local no tenía dinero y el estatal no le daba y no le daba porque
era un municipio que iba a perder…
Además de la limitada situación económica con la cual tienen que sobrellevar sus campañas, un
número importante de candidatas en las entrevistas manifestaron que no tenían control sobre
el proceder de sus campañas, sobre la integración de sus planillas (en el caso de las candidatas
a presidencia municipal), incluso sobre su propia agenda de actividades:
... y el día que te proponen pues el partido no gastó, tú no gastaste, ningún particular te
dio, porque la misma estructura política se encargó de llevarte y las mujeres no sabemos
todavía cómo mover… qué pasa, es muy probable que en las investigaciones te vayas a dar
cuenta: las mujeres que fueron candidatas, la persona encargada de sus finanzas fue un
hombre ...”
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… a mí nunca me dieron dinero, es decir, si habláramos de control de los recursos yo nunca
tuve control de recursos, porque todo lo hicieron los hombres del partido, la persona que
me invitó tiene esta característica de tratarme con mucha delicadeza y suavidad como si
yo fuera una pequeña niña...
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Si es él, el candidato, sigue mandando. Si es el primer regidor, sigue mandando. Cuando el
primer regidor es hombre [la candidata a presidenta mujer], él si pone es porque quiere, y
él en su mayoría es el coordinador de la campaña. Él decide lo que se va a hacer. Y al revés,
cuando la primera regidora es mujer, y el candidato es hombre, él es quien decide, el que
dirige la campaña y el que le dice cuánto le va a dar.
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Me molestaba mucho la confrontación con el partido porque nunca tuve posibilidad de ma-
niobra en la agenda, es decir, nunca tuve control de mi agenda y pues de alguna manera el
partido ofrecía ciertos medios que eran necesarios para la candidatura. Entonces, era muy
molesto para mí que me enviaran a las comunidades más apartadas y extremas para visi-
tarlas en el mismo día, eso no tenía sentido porque perdíamos mucho tiempo en el traslado
y digamos que protesté varias veces por eso [...] hubo muchas imposiciones y yo no sé si
hubieran existido con un hombre [...]

Desigualdad en la presencia mediática de las mujeres para el desarrollo de campañas políticas
Las mujeres desarrollaron estrategias individuales y familiares para sortear la desigualdad de la
distribución de recursos en sus partidos políticos y el escaso margen de maniobra sobre sus pro-
pias campañas políticas: movilizaron a sus familias y amistades para promover el voto y pusie-
ron dinero de sus bolsillos para pagar propaganda, muchas veces se endeudaron (“en el aspecto
económico y prosperidad estaba muy equilibrada antes de la candidatura, post candidatura en
ceros, completamente en ceros, porque indirectamente inviertes en todo lo que quieres que te
den”). Por eso es muy importante el capital familiar para sacar adelante una campaña electoral.
También utilizan herramientas gratuitas para difundir sus propuestas, por ejemplo, sus cuentas
personales de redes sociales para divulgar mensajes, fotos y videos que ellas mismas hacen
desde sus celulares:
… toda mi publicidad y la propaganda pues fue en redes, con mi teléfono y he sufrido todas
las consecuencias de hacerlo desde ahí en campaña porque fueron videos en vivo, era todo
lo que hice en campaña, y salir y tocar casa por casa e invitar a la ciudadanía a que saliera
a participar.
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[…] sí, sí por supuesto, todos y todas estuvieron pues haciendo su lucha hasta donde pu-
dieron. Hay quienes no tuvieron dinero y entonces metieron de manera creativa con ayuda
de gente cercana, otros que pudieron invertir un poquito… pues a darle, porque, además,
aunque también ellos pudieran meter dinero había topes que no podían rebasar […]
El desarrollo de este tipo de estrategias individuales se deriva también de que no tienen acceso a
la difusión de sus campañas por medios de comunicación tradicionales. Algunas de las candida-
tas explican la complejidad de poder posicionar sus propuestas o promover sus eventos en radio,
televisión o periódicos. Mencionan que los medios siguen teniendo preferencia por los perfiles de
candidatos hombres o de las candidaturas de mayor nivel o municipios importantes, que como
hemos mencionado, son ocupadas generalmente por hombres. Incluso relacionan la capacidad
económica de algunos candidatos y candidatas con la posibilidad de que cubran su campaña:
A los que no les pagan una lana, que son más críticos que son personas con un poco más de
investigación, pues no llegan a los niveles de preguntar o ver con todas las mujeres […] En
todo nuestro estado creo que las únicas áreas donde realmente se leen los periódicos y las
notas pues son los dos municipios más grandes, los municipios pequeños ven la nota roja,
ven el chismecito de la nota de las fiestas, pero no leen las notas políticas. Entonces en eso y
en cuestiones de medios, se dejan llevar por lo económico.
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Y que también me gustaría que quedara asentada el tema de los medios, sabes, y yo creo que
me van a odiar: te dicen que cubren las notas, pero sabemos perfectamente que si no hay
algo [gesto manual que implica dinero] también por allí por debajo de la mesa no te cubren.
Ósea eso también es un tema que no se vale ¿no? porque dices tú “si yo tuviera la misma
proyección en medios que [candidato hombre]” porque mis propuestas eran excelentes, algo
que necesitaba [nombre de ciudad], pero si no las publicitas, si la gente no las conoce pues
la gente no va a votar por ti.
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La verdad es que mi experiencia con medios no es muy buena, no vi que existiera mucha
publicidad con relación a las mujeres políticas, que si lo quisieras revisar todo era enfo-
cado a los hombres, principalmente porque, bueno, los cargos que realmente importaban
eran las gubernaturas y tuvimos una sola presencia de una mujer a la que no le favoreció
la crítica, ósea, no fue como muy publicitado todo lo que ella hacía, porque los principales
competidores pues eran hombres y todo era hacia ellos ...
Las manifestaciones de acoso psicológico y del sexismo institucional fueron las más sentidas
por las candidatas que participaron en las entrevistas y en los conversatorios. Al iniciar la in-
vestigación, el equipo había propuesto como hipótesis que la violencia política electoral en el
proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato se había manifestado con mecanismos “sutiles”, sin
embargo, la constante degradación del papel de las mujeres al interior de los partidos políticos,
así como la discriminación para posicionarlas en candidaturas con posibilidades de ganar, la ne-
gativa de que ellas dirijan sus propias campañas o la desigualdad en la distribución de recursos
económicos y en el acceso a medios, definitivamente, no puede definirse como sutil.
En el apartado teórico establecimos que “aquello que comienza con acoso con impacto psicoló-
gico puede ir ascendiendo (como espiral) a acciones que atenten contra la integridad emocional y
física de las candidatas y políticas”. También identificamos la vulnerabilidad de las candidatas sin
capital familiar y político en contextos geográficos de riesgo, como factores que inciden en el au-
mento de la gravedad de las manifestaciones de violencia. Las prácticas de sexismo institucional ex-
ponen a las mujeres a la discriminación y desigualdad al interior de estas organizaciones políticas.
Un caso devastador que ejemplifica estas condiciones fue el de una de las participantes en los
conversatorios. Mujer joven, madre soltera de un menor y a cargo del cuidado una persona adulta
mayor. Proveedora única de su hogar y sin empleo estable con un ingreso menor a cinco mil pesos.
Ella fue candidata por un partido y por un cargo sin posibilidad de ganar, en un municipio con
alto índice de criminalidad y violencia. No era militante del partido y tenía menos de un año de
participar en algunas de sus actividades. No tenía ningún familiar en ese u otro partido político,
de hecho, su familia fue más bien indiferente a su postulación. El principal problema que observó
en su experiencia como candidata fue el nulo financiamiento del partido, de hecho, explicó que
se encontró en bancarrota después del proceso electoral. No recibió ningún tipo de capacitación
cuando fue designada candidata, no se sentía acompañada por su partido durante la campaña y
describió esto como “abandono”. El proselitismo político lo hizo prácticamente sola. Explicó haber
vivido diversas manifestaciones de acoso psicológico y violencia política electoral: ignoraron y
subestimaron sus propuestas, no la invitaban a ciertos foros y eventos, la excluían de las reunio-
nes con posibles patrocinadores y redes sociales de apoyo, agendaban reuniones en horarios y
lugares a los que no podía asistir, sufrió humillación pública, le gritaron e insultaron y le pidieron
que abandonara la candidatura, además utilizaron a su familia para amenazarla y hacerla desistir:
Fue una experiencia de miedo, llegué a sentir ganas de irme de la ciudad, pero también
agarré coraje para seguir de frente y cumplir sin que me sometieran a sus decisiones los
integrantes de mi partido, porque no tuve otros enemigos que mis propios compañeros…
Como podemos observar en el caso anterior, el acoso psicológico y el sexismo institucional for-
man parte de un continuum de violencia de género, y pueden agravarse hasta convertirse en
agresiones físicas y sexuales hacia las candidatas, sus familias o allegados, cultivadas e impunes
en un contexto de inseguridad y violencia generalizada.

Violencia sociopsicológica
Sobre violencia política, la mayoría de las participantes refieren que los perpetradores están tan-
to dentro de sus partidos como en los otros partidos, y en menor medida provienen del público
en general y los servidores públicos. En el proceso electoral también sufren eventos violentos por
sus oponentes, sin embargo, donde se encuentra la constante es en las redes sociales, de forma
anónima, en algunas ocasiones sexualizándolas, pero en muchas ocasiones agrediéndolas como
opositoras políticas. Son múltiples los momentos durante las entrevistas que las candidatas ha-
cen referencia a manifestaciones de violencia de género. Como ya lo habíamos explicado en el
marco teórico conceptual, muchas veces esa violencia se naturaliza o se explica como parte del
juego político, “es el costo…”:
Sí, dentro del partido. Pero no es de todos […] son contadísimos. Entonces yo dije, “¡ay!”. Es
que te digo que yo soy como de otro rollo, mira sabes que, no me voy a estresar, cada quien
[…] Ni tampoco ir a poner como denuncias, ni nada por el estilo, porque o sea […] cuánta
energía le inviertes en andar haciendo esos chismes, ¿no?
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Yo sentí que sufrí violencia política y aun teniendo todos los conocimientos y sabiendo,
dije “¡Carajo! y entonces ¿luego qué? ¿Qué nos falta?”. Nos falta valor, nos falta solidaridad
de las mujeres, ¡nos falta…! El día que pongas una denuncia por una cuestión de género
o de mujeres no voltees y sientas que está viendo el que está recibiendo la denuncia o la
mujer que te acompaña diga “¡no manches! …
Definimos en el apartado teórico a la violencia sociopsicológica como aquella que es perpetrada
tanto por los militantes y simpatizantes de otros partidos políticos, como otros actores sociales,
medios de comunicación, sindicatos, organizaciones empresariales o sociales o, de manera ge-
neral, por la ciudadanía que no concuerda con el partido o con la candidata misma. Este tipo de
violencia se manifiesta en palabras y mensajes ofensivos difundidos generalmente en las redes
sociales de forma anónima y que se entienden como graves por ser difundidos masivamente.
Las redes sociales son un medio accesible y novedoso para realizar las campañas políticas,
pero que ha repercutido duramente en la experiencia de las candidatas; simplemente, once de
las veintidós participantes en los conversatorios manifestaron que había recibido mensajes vio-
lentos y amenazas por medio de las redes sociales. Como explicamos en el marco teórico, la vio-
lencia sociopsicológica en el ciberespacio se manifiesta en ataques generizados, esto es, se agrede
a las mujeres no necesariamente por el hecho de ser mujer, sino por ser opositoras políticas,
pero con alusiones relacionadas con su apariencia, con su vida sexual o atacando a su familia.
Yo recibí agresiones directas de las cuentas de [organizaciones], no necesariamente por ser
mujer, así abierto, sí de muchos troles que cuando te metías a ver quiénes eran, eran afines al
[partido] diciéndome gorda, buchona, que me vaya a comer tamales, a quien sabe qué, ósea
ese tipo de cosas...
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Mira [candidata muestra su celular a la entrevistadora], acaban de subir un comentario en
las redes “pinche [cargo que ocupa actualmente] fea, greñuda debería de peinarse y debe-
ría de arreglarse mejor”. Cosas como ésas que te dan risa ¿no? El día que pongan algo como
que no estoy haciendo bien mi trabajo, o que traté mal a una persona y salga en los medios,
ese día me voy a retirar de la política. Pero el que esté despeinada o no despeinada, o si me

arreglo que sí bueno o malo, creo que eso es muy personal y son cosas que te entran por
un oído y te salen por el otro.
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¡Ah! Y luego había muchas solicitudes de amistad en Facebook, por ejemplo, y yo no sabía qué
hacer y a veces enviaban contenidos sexuales. Entonces para mí era excesivamente molesto
y obviamente se trataba de hombres y digo, sólo se presentó en ese periodo de la candidatura
no antes y no ahora.
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¿Sabes qué se estila mucho? Te agreden diciéndote que lograste posiciones acostándote
con medio mundo, ósea que yo llegué a la candidatura o que he llegado a espacios públicos
porque me he acostado con los líderes, con los dirigentes y con no sé cuanta gente, eso la
verdad te daña mucho, la verdad, psicológicamente, daña a tu familia y si tiene una afec-
tación directa, eso lo viví mucho…
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Hacia mi familia porque, en mi caso, no podían sacarme nada y la buscaban por todos la-
dos, pero empezaron a buscar con mi familia. Por ejemplo, mi papá tiene un problema de
alcoholismo muy fuerte y hubo violencia intrafamiliar. Todos los comentarios que salían
eran de “¿en serio? ¿quieren una candidata con un papá alcohólico y maltratador? Y ella
tiene el cinismo de defender a las mujeres”. Y así la cosa, era un golpeteo muy fuerte y
mucho mandado por los partidos de oposición.
Debido a la dinámica general de estos medios, anónima y violenta, no todas las candidatas
abundaron en este tipo de agresiones pues las naturalizan y tratan de sobrellevarlas. Por ejem-
plo, a una candidata la identificaron como una actriz porno y los comentarios en las redes se
desbordaron de mensajes sexistas, bromas y memes. Pero ella explicó:
“Sí, bueno hay una mujer que es actriz porno. Una estrella porno. Que se llama [nombre].
¿Sí? Es una actriz. No sé, tiene rasgos hindúes y a mí mucho tiempo me han dicho que ten-
go mis rasgos hindúes. Ahorita te voy a enseñar el meme y hubo memes. Y no me molestó,
porque a fin es publicidad, y si esto se tiene que hacer para llegarle a la gente que hagan lo
que quieran. Pero sí. Muchísima.
Otra contó su experiencia con mensajes de difamación y también trataron de ignorarlos y mini-
mizan su impacto:
… más bien eran publicaciones inventadas, por ejemplo, dijeron que tenía una […] y ya que-
ría reclamar, “¿dónde está? Ese tipo de cosas ¿no? Infamia sí, como decir que yo tenía a toda
mi familia trabajando en el gobierno, que yo los había metido yo dije “no pues imagínate que
poder tengo”. Así, ese tipo de cosas. Me echaban la culpa de la inseguridad de aquí ¿cómo
por qué? Y esos videítos que hicieron, que hubo en las redes como para desprestigiarte, pero
ninguno tuvo impacto, ninguno porque me conoce la gente entonces saben cómo soy, cómo
pienso cómo he actuado…
Un testimonio en particular sobre violencia sociopsicológica nos llamó la atención. Debemos

mencionar que esta candidata, contó con el soporte de su partido, contendió por un cargo en
una circunscripción con altas posibilidades de ganar, y ganó. De acuerdo con los elementos re-

visados en el marco teórico, contaba con factores de contención del acoso y la violencia política.
Sin embargo, manifestó claramente haber sufrido el impacto de la violencia por vía cibernética.
La candidata explica que la violencia la ejerció un medio de comunicación digital. Aun cuando
era aspirante al cargo, este medio dedicó gran tiempo del programa que trasmitía en el cibe-
respacio a atacarla en asuntos relacionados con su actividad política pasada, pero sobre todo
con su aspecto físico, su familia, con “comentarios lascivos y degradantes”. Estos comentarios
se dirigieron a sus hijos, mencionaron que con su divorcio había destruido a su familia, dijeron
“quién sabe con quién andará” insinuando que llevaba una vida sexual promiscua. Comentó que
es un modus operandi de este medio de comunicación o grupo de personas, de extorsión, porque
le mandaron decir que con cierta cantidad de dinero los ataques terminarían; ella cree que lo
hacen con personas dedicadas a la política.
Después de ser designada como candidata, los ataques continuaron y aumentaron, se suma-
ron “memes”. También relaciona estos ataques con el partido político opositor y relata un evento
específico: en una actividad realizada por el organismo electoral, se le acercaron e hicieron co-
mentarios “lascivos y repulsivos” que después aparecerían también en redes sociales, por ejem-
plo, “miren la candidata, trae una faja”, que no tiene nada que ver con su actividad política. Su
familia comenzó a padecer los insultos y provocaciones en redes sociales:
El punto de quiebre fue cuando yo iba con mi hija, y le veo su cara desencajada y me dice,
“Mamá, ve lo que están haciendo”. Y agarraron a todos sus amigos de la página de Facebook
y les mandaron una fotografía invitándolos de amigos [muestra una fotografía con elemen-
tos de ataque sexual] y ahí fue donde fue mi punto de quiebre y dije “no puedo seguir, o sea,
tengo que denunciar porque se metieron con mi hijo, se metieron con mi hija, se metieron
con mis papás”.
A diferencia de otras candidatas que trataron de subestimar los ataques de las redes sociales, este
testimonio nos permite entender el impacto de violencia sociopsicológica en sus actividades coti-
dianas, de tal forma que tienen el propósito de hacerles dudar de continuar en su aspiración, de
continuar su campaña, no sólo por el impacto que ellas reciben, sino por el que reciben sus familias.
Con justa razón, la candidata nos increpaba en la entrevista: “¡¿Qué esto no es violencia política de
género?! Considerando que buscan inhibir mi participación. ¡Querían hacerme desistir!”
Yo estaba al 100, llegaba bien contenta, salíamos a la campaña, todos bien felices y de
repente se veía la cara de los chicos que me ayudan y así “sabe que están sacando esto,
publicaron esto” y eso fue un desgaste para mí, para mis hijos, para mi familia fue un des-
gaste terrible.
-----
De repente, en la política se juega sucio […] Me he enfrentado a publicaciones nada agrada-
bles y me ha tocado ver llorar a mi hija en algún momento cuando hay alguna publicación,
pues, que es lastimosa o alguna agresión hacia mi persona. Me ha tocado que se frustra y
llora y me dice “es que no te conocen realmente mamá, no conocen realmente a la política
como yo la conozco, como mucha gente cercana la conocemos”. Entonces para ella ha sido
difícil y ella es su momento me ha manifestado “no me gusta la política porque se juega
sucio, se juega rudo…”

Violencia sexual y física

Cabe destacar que sólo tuvimos una mención de golpes y de pellizcos jugando contra las can-
didatas, y pocos testimonios refirieron violencia sexual. En el cuestionario que se aplicó en uno
de los conversatorios, cinco de 22 candidatas marcaron haber sufrido acoso sexual por parte de
militantes y/o dirigentes de su partido. Creemos que este tipo de agresiones fueron omitidas en
los conversatorios o negadas en las entrevistas, pero es sólo una suposición. En algunas entre-
vistas, se hicieron menciones indirectas (no en primera persona) que rescatamos pues sugieren
la existencia de un mayor número de casos, aunque estén encubiertos:
Muchas otras candidatas que sí les pasaron cosas muy tristes, sí lo reconozco. O sea, llega-
ron a robarles carros, les llegaban a las colonias y las apedreaban, este… sí, cosas feas, que
dices… les desaparecieron gente de sus familias. Sí, de que existe, sí.
-----
Fuimos testigos de muchas mujeres que fue de “tú vas a quedar, nosotros te apoyamos, pero
tienes que salir con tal dirigente o tienes que tener algo con tal dirigente”. O los mismos
dirigentes era de “a ver vamos a platicar”. Y no podemos decir que no existe porque, desgra-
ciadamente lo vimos y, aunque no lo viví personalmente, existieron ese tipo de cosas.
Otros testimonios refirieron algunos episodios de acoso sexual, si bien no necesariamente en

este proceso electoral, sí durante su carrera política.
No me había imaginado que a una mujer la utilizaran sexualmente. [La candidata men-
cionó que habían insinuado que si quería la candidatura debería tener relaciones sexuales
con alguna persona del partido].
-----
Pues mira, luego de repente se te acercan con propuestas medio indecorosas y la verdad…
sí me hicieron algunas propuestas indecorosas, pues como que no eran así tan agresivas,
pero tú lo notas, pero sí, como light pero sí, también lo viví…
-----
Las mujeres seguimos totalmente en algo, sumamente en desventaja ante los hombres,
aún sigue esta parte de invitaciones sexuales o todo este tipo de cosas. Yo te lo puedo decir,
yo no lo viví en campaña, pero por supuesto que lo viví en el comité [nivel], si era de “si
quieres llegar más alto tienes que hacer esto” obviamente dije pues no. No acepté al punto
que por eso regresé, pero sí existe.
Finalmente, dos testimonios nos recuerdan la aclaración que hacíamos en el marco teórico sobre la
importancia del contexto geográfico de las candidatas. Decíamos que la violencia política electoral
hacia las mujeres encontraba un caldo de cultivo en lugares con violencia generalizada, inseguridad
y niveles preocupantes de impunidad. También enfatizamos que debe ponerse especial atención
a las zonas con cifras alarmantes de violencia de género familiar, violaciones o feminicidios. Estos
testimonios dan cuenta del riesgo que corren muchas de las candidatas durante sus actividades
políticas, en esos lugares inseguros y con violencia de género identificada. Una de las candidatas
entrevistadas relató un incidente de riesgo en una comunidad durante su campaña política:
Yo estaba con un señor diciéndole que nos apoyara, que se uniera al partido y todo esto,
cuando unos chavos en la esquina me gritan: “véngase, señora, véngase”, y yo no entendía

qué era lo que sucedía. Total, que como iba con algunos compañeros, a ellos les dijeron:
“dile que se venga porque ese señor ahorita la jala y la mete a su casa”. Entonces me gritan
“¡qué te vengas! Que ya dejes ahí”. Y yo dije “algo está pasando”. Me acerco a donde me
gritan, cuando el señor cierra la puerta enojadísimo. Comentan en la comunidad que [ese
señor] mete a las muchachas a golpes y no había modo de que nadie lo sacara. Y dije “¿y
por qué no han hecho al respecto a algo?”
Otra candidata narra una experiencia con lo que pareciera ser una organización de crimen or-
ganizado:
Resulta que me encontré con una camioneta muy extraña con varios sujetos arriba y así
textual me dijeron “¿qué chingados está haciendo usted aquí? ¡Se me sale de aquí!” Enton-
ces ya no te queda más que retirarte, ósea ¿qué haces frente a eso? Y la verdad esa fue una
experiencia que dije “no, no vale la pena estarse arriesgando” […] La verdad salí corriendo
de esa comunidad, salí despavorida y me tocó ver que tenían a gente concentrada en casas
y las sacaba en filita a votar, entonces, ¿qué haces frente a eso? Pues ya ni modo dices hay
que retirarse, aquí se corren muchos riesgos…
Recapitulación
Las mujeres políticas que participaron en las entrevistas y conversatorios y que fueron candi-
datas en el proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato, son mujeres con un perfil educativo alto,
con familia, muchas de ellas solteras y divorciadas y con la responsabilidad de la proveeduría de
su hogar. En este sentido, la doble o tiple jornada laboral está presente en sus testimonios como
una desventaja de las candidatas frente a los candidatos hombres, lo cual las obliga a pedir apo-
yo para solventar las responsabilidades tradicionales de género, generalmente, de sus parejas,
padres o amistades, y las que tienen posibilidad económica, de trabajadoras domésticas, lo cual
no las exime de sentir en algunos casos culpabilidad de evadir lo que consideran responsabili-
dades de su género. Encontramos una situación de apoyo o respaldo más o menos generalizado
a las candidatas a su aspiración política, pasiva o activamente durante la campaña, pero con la
advertencia del peligro o riesgo que tienen las personas que se dedican a la política.
A diferencia de otras generaciones de mujeres, la incursión de estas candidatas en la políti-
ca y la obtención de su candidatura no está directamente vinculada con familiares dentro del
partido o con padrinazgos políticos, pero sí se destaca la relevancia de pertenecer a grupos in-
ternos del partido y tener presencia mediática social, sobre todo de aquellas que no tienen una
trayectoria en el partido, experiencia o que fueron llamadas para cubrir las cuotas de género
electorales. De hecho, contar con trabajo partidista no las distingue de otras que se identifican
como “recién llegadas”; el capital político es mínimo pues no logran desarrollar vínculos con
grupos empresariales, gremios u otros grupos sociales que les respalden o apoyen económica-
mente. Esta vinculación sigue siendo en momentos y espacios reservados para los hombres. Sin
embargo, muchas candidatas han desarrollado una actitud de “empoderamiento” a pesar de las
desventajas padecidas.
Específicamente, en lo que refiere a las manifestaciones de acoso y violencia política, los
testimonios de las mujeres refieren mayoritariamente acoso psicológico, sexismo institucional
y violencia sociopsicológica en redes sociales; en menor medida se reportan casos de violencia

sexual y violencia física. El acoso psicológico se manifestó dentro de los partidos políticos como
actitudes de condescendencia y menosprecio a la actividad de las mujeres, prácticas de exclu-
sión y discriminación en actividades partidistas cotidianas, imposición de roles de género en
dichas actividades, reproche por el abandono de roles tradicionales de cuidado y humillación
pública, gritos y amenazas que tienden a normalizarse. El sexismo institucional, como estrate-
gias partidistas discriminatorias, estuvo presente cuando a las candidatas se les confinó a cier-
tas posiciones electorales sin posibilidad de triunfo, cuando se hizo una distribución desigual de
los recursos y cuando sintieron “abandono” de sus partidos políticos durante las campañas po-
líticas, valiéndose de recursos propios y familiares para sacar adelante el compromiso político.
Finalmente, la violencia política electoral, se vivió principalmente en el ciberespacio con ataques
sexualizados, sobre su apariencia física y en contra de su familia. Mientras que la violencia se-
xual y física se reconoció como “algo que pasa, pero no me ha pasado a mí”; algunos testimonios
dieron cuenta del riesgo que corren las candidatas en contexto geográficos de violencia e inse-
guridad generalizada.

Sexismo institucional: Desigualdad de género
en la distribución de recursos económicos
Verónica Patricia Castro Morales y Francisco Esquivel Hernández
Las leyes de cuotas o de paridad de género fortalecieron el marco de protección de los dere-
chos políticos de las mujeres latinoamericanas (Alanís, 2017) y tuvieron efectos positivos en
su representación descriptiva, con la finalidad de disminuir la brecha de género. No obstante
el avance en materia legislativa, las modalidades tradicionales de muchos partidos políticos
y estructuras gubernamentales siguen siendo un obstáculo para la participación de la mujer
debido al ambiente de exclusión en la toma de decisiones al interior de éstos. A este respecto
Caminotti y Freidenberg (2018: 7) señalan que el “examen de las reformas institucionales” con-
siste en una revisión de fondo “para analizar cómo éstas interactúan con y se condicionan por
las prácticas de selección de candidaturas y las formas de organización interna en los partidos
políticos así como su financiamiento” ya que detrás de la retórica de equidad e igualdad polí-
tica subyace una realidad excluyente al filtrarse ciertas dinámicas partidarias que determinan
el otorgamiento en mayor o menor cantidad de recursos a candidatas y candidatos, siendo
estos últimos los que resultan favorecidos con apoyos en mayor cuantía. Entendiendo que las
cantidades son determinadas por los órganos de dirección de los partidos con base en acuer-
dos y normas internas –sus estatutos u otro instrumento normativo partidistas– es importante
revisar cómo se distribuyen los recursos de campaña, para identificar posibles brechas de des-
igualdad de género.
Esta demanda, a la cual se suman muchas voces más, se debe en gran parte a que las normas
que regulan el financiamiento de los partidos en las contiendas electorales otorgan libertad a
los partidos políticos para que a través de sus órganos de dirección se decida la distribución del
financiamiento de las campañas. En este sentido, podemos decir que los criterios partidistas
son los que determinan la forma en que será distribuido el financiamiento a candidatas y can-
didatos en las campañas electorales, lo cual resta eficacia a la norma electoral y, por ende, al
imperativo constitucional de observar los principios de igualdad y/o equidad de género en las
campañas electorales.
Entonces, la independencia y libertad en toma de decisiones que por ley son reconocidas a
los partidos políticos, resulta ser el impedimento al cual se enfrentan las candidatas mujeres
para lograr una efectiva participación política, así como la forma legal para evadir el compromiso
político toda vez que “han encontrado las formas de cumplir con sus estatutos y con la propia
legislación electoral y, al mismo tiempo, eludir una distribución más equitativa de postulaciones
para las mujeres militantes” (Melchor apud Cárdenas, 2011: 13) presentándose al interior de los
partidos “pautas culturales y prácticas informales que limitan la igualdad y refuerzan el lugar
subordinado de las mujeres”. Estas dinámicas de discriminación tienen que ver con el dinero y la
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equidad en la distribución del financiamiento público y privado otorgado a los partidos políticos,
y el predominio de los intereses partidarios sobre los de género.
Por otra parte, existen voces que claman por un régimen jurídico de los partidos políticos
ideal, el cual debe reunir, entre otros requisitos, el libre juego democrático entre los diversos par-
tidos y candidatos, más allá de su ideología, fuerza económica y/o electoral y evitar la formación
de monopolios de poder político, considerado esto en un sentido real y no adverso en nuestra
legislación. Partiendo de lo anterior, el no desarrollar mecanismos de distribución paritaria al
interior de los partidos, permite que las élites o grupos de poder sean quienes tomen las deci-
siones, las cuales por norma estatutaria deben ser acatadas, entre ellas, la del otorgamiento de
recursos a candidatas y candidatos.
Si bien la ley electoral contempla el control jurídico y administrativo de los organismos electo-
rales para realizar los procesos de fiscalización y transparencia del uso de recursos públicos y pri-
vados que le son transferidos a los partidos políticos, omite regular la distribución de recursos pú-
blicos y privados entre candidatas y candidatos durante la contienda electoral. Una vez entregado
el financiamiento a las instituciones partidarias, la distribución interna de cara a la competencia
electoral se rige por criterios de los órganos de dirección, siendo ésta una condición de desigualdad
que enfrentan las mujeres para lograr el triunfo en la contienda electoral. Es decir, las asimetrías,
obstáculos o flexibilidad de las leyes electorales permiten que interpretaciones discrecionales fa-
vorezcan económicamente a los hombres lo cual se traduce en violencia económica ejercida con-
tra las mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas electas en los procesos electorales. En esta
investigación la violencia económica la tratamos como desigualdad de género en la distribución
de recursos económicos y es una dimensión del sexismo partidista (véase marco teórico).
El objetivo de este apartado es, en primer término, identificar y dimensionar la brecha de des-
igualdad de género en la distribución de los recursos económicos de los partidos políticos para el
proceso electoral 2017-2018 en el Estado de Guanajuato, y establecer un vínculo con el impacto
en el ejercicio de los derechos político-electorales de las candidatas.
Para tal efecto, se presentan algunas consideraciones teóricas obtenidas de estudios o investi-
gaciones relacionados con la violencia política económica en razón de género, así como reflexio-
nes sobre la facultad del Estado garante de los derechos político-electorales. Y, posteriormente,
se llevará a cabo una revisión y análisis de las normas electorales federales y locales sobre el
alcance de las reglas de paridad y/o igualdad en razón de género, y cómo éstas interactúan con
los criterios o prácticas definitorias sobre la distribución del financiamiento político a candidatas
y candidatos en la contienda electoral, a fin de constatar en el análisis normativo la existencia
normas que permitan visibilizar la brecha de desigualdad económica en razón de género.
En un segundo momento, se realiza un análisis pormenorizado de las bases de datos de ingre-
sos y gastos del proceso electoral 2017-2018 publicada por el INE5, esto es, las correspondientes a
las candidaturas a presidencias municipales y diputaciones por el principio de mayoría relativa
en Guanajuato, para indagar si existe o no paridad en la distribución de los recursos para este
propósito.
La metodología de análisis de este apartado se divide en dos estrategias. En la primera parte
se realizó una revisión de las disposiciones constitucionales así como de la Ley General de Parti-
5 Reporte de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el ámbito estatal, en el sitio web de Rendición de uentas y resultados de fisca-
lización, www.fiscalizacion.ine.mx
108 Sexismo institucional: Desigualdad de género en la distribución de recursos económicos

dos Políticos y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, a efecto de indagar si dichos
ordenamientos regulan la distribución del financiamiento político, bajo la premisa de paridad
distributiva de recursos a candidatas durante los procesos electorales y, en un sentido particu-
lar, si en la ley sustantiva (Ley General de Partidos Políticos), existen restricciones legales sobre la
prohibición de un trato desigual en materia de distribución del financiamiento. Además, indagar
si en dicha ley existen normas que directa o indirectamente permitan a los partidos políticos
la libre determinación en su distribución y, por ende, conocer si de tales normas se desprenden
los efectos adversos para las candidatas en cuanto a la distribución del financiamiento político.
Para tal efecto se estimó conveniente, revisar los estatutos de los partidos políticos que figuraron
en la contienda electoral sujeta a estudio, ya que en tal documento –determinado como básico
por la ley electoral–, es donde se contienen los principios y reglas bajo los cuales los partidos
políticos “guían su actuar” y constatan si los principios de equidad y paridad de género. Se debe
verificar si en dichos documentos se cumple con este cometido o son simples manifestaciones
enunciativas, y no son el punto de partida para el desarrollo de políticas de inclusión en lo in-
terno y para la introducción de este tipo de demandas en la agenda política (Vergé, 2007), sobre
todo, la regulación de la distribución paritaria del financiamiento político, controles y sanciones,
vigilados por órganos directivos conformados de igual forma con paridad de género.
El otro camino metodológico fue el análisis de frecuencias e interpretación de la información
contenida en la base de datos respecto a los ingresos y gastos en sus distintos rubros corres-
pondiente al proceso electoral 2017-2018, para determinar con base en los hallazgos, si existió
inequidad en la distribución de recursos en las candidaturas a presidencias municipales y di-
putaciones por el principio de mayoría relativa y gubernatura en el Estado de Guanajuato y por
ende violencia económica en razón de género.
Referencias teóricas sobre violencia política y económica

contra las mujeres
La violencia política contra las mujeres es uno de los temas más estudiados a través de diversas
disciplinas y partiendo de diferentes marcos teóricos. Se sabe que la lucha de la mujer se remonta
a muchos años atrás, incluso siglos, y que ésta se gestó desde diferentes frentes como el camino
labrado por mujeres que ya participaban en la vida política, la parte del activismo social, la irrup-
ción en el tema por medio de las organizaciones trasnacionales e incluso el trabajo colaborativo
de redes sociales trasnacionales. Dentro de las demandas las mujeres solicitaban la posibilidad
de incidir en la vida pública ocupando niveles directivos en la administración pública, así como
cargos decisivos dentro de los partidos políticos y no en la base piramidal (Llanos y Roza, 2018:
69), o acceder a la competencia demostrando la también sesgada “creencia respecto a la limitada
capacidad de las mujeres para desempeñarse en los puestos de elección popular” (Estrada, 2018:
99), que a la fecha había sido impedida por la “discriminación en las oportunidades que tienen las
mujeres para participar en política” (Krook & Restrepo, 2016: 462).
La justificación sobre el complicado acceso a los puestos de toma de decisiones dentro de la
política y las instituciones que actúan dentro de ella, como los partidos políticos, se ha explicado
“por barreras institucionales, culturales y socioeconómicas” (Llanos y Roza, 2018: 70), lo cual a
todas luces resulta simplista y atemporal en un mundo donde debe predominar la norma y el
consenso bajo la lupa de los derechos humanos.
Verónica Patricia Castro Morales y Francisco Esquivel Hernández 109

Esta posición de desventaja de las mujeres se ha dado aún en las democracias occidentales y
en los países denominados como desarrollados, encontrando dentro de dichas limitantes el nú-
mero de espacios de representaciones políticas, mismas que requirieron ser legisladas a efecto
de evitar, a través de las cuotas de género, conseguir una mayor representación política de las
mujeres y, posteriormente, imponer la paridad de género en las elecciones. El recorrido histórico
de las posiciones de elección política identifica una mayor representatividad sin necesidad de
reglamentación en los países escandinavos, posteriormente se fueron exigiendo cuotas de géne-
ro expresados en porcentaje para otorgar una posibilidad a las mujeres en posiciones políticas.
Las cuotas fueron aumentando gradualmente, y en Francia se legalizó el 50/50 o paridad de
género. Para inicios de este siglo se adoptó en algunos países latinoamericanos y, en el caso
mexicano, se estableció en la reforma electoral de 2014. Sin embargo, contar con el 50% de can-
didaturas no refleja una condición de igualdad sustantiva, por ejemplo, en la repartición de los
recursos para el desarrollo de las campañas. En este sentido, algunas autoras, muy atinadamen-
te, han señalado que otorgar aportaciones económicas es algo extra a las cuotas y normas de pa-
ridad, mencionando que funciona como un incentivo extra para que las mujeres participen por
puestos de elección popular (Estrada, 2018: 99). En consecuencia, estos hábitos o modalidades
respecto a la distribución de los recursos públicos y privados y la forma en que se gastan, es una
clara manifestación de violencia política contra mujeres candidatas y electas por el hecho de ser
mujeres (Freidenberg, 2017). Esto a su vez, “dificulta la labor política, llegan a renunciar o dismi-
nuye posibilidades para realizar su trabajo de manera efectiva afectando sus futuras carreras
políticas”, lo cual se traduce en otros tipos de violencia como lo señala Bardall (2017: 10). Para ONU
Mujeres (2018: 13) la violencia económica busca prevenir o influenciar las decisiones políticas
de la mujer, así como su participación mediante controles coercitivos, engañosos e irrazonables
sobre sus recursos económicos sin su consentimiento y en una forma en la que se le niega auto-
nomía económica o financiera, en la cual inciden una combinación de factores individuales, de
relaciones, de comunidad y estructurales.
Garantía de los derechos político-electorales de las mujeres

El Estado es la entidad responsable de garantizar los derechos político electorales de toda la
ciudadanía; entre ellos, el de la participación política de las mujeres a través de normas que
regulan la postulación igualitaria de candidaturas y la observancia del principio de paridad de
género, sin dejar de lado la prohibición expresa de prácticas discriminatorias o desiguales den-
tro de los procesos electorales que pudiesen provenir de un ambiente de cultura, decisiones o
criterios que imperen al interior de los partidos políticos; cuyos efectos trasgreden los derechos
que constitucionalmente le son reconocidos. Desafortunadamente un buen diseño legal y un
sistema electoral favorable a la elección de mujeres no impiden las tácticas evasivas de las élites
de los partidos (Piscopo, 2016), siendo ésta una desventaja para las candidatas ante el sistema de
paridad y alternancia, tal y como se está aplicando, no garantiza eficientemente la participación
y la incorporación de la mujer a cargos públicos en condiciones de igualdad, como debe serlo
por mandato en los instrumentos de derechos humanos y las reglas por sí solas no alcanzan y
necesitan ser acompañadas por otras reformas institucionales, económicas, culturales y educa-
tivas (Caminotti y Freidenberg, 2017) que impidan la desigualdad económica en la distribución
del financiamiento político hacia las mujeres dentro de los procesos electorales.
En este sentido, a fin de analizar la raíz del problema se estima necesario analizar de inicio el
marco jurídico general de violencia hacia la mujer, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a

una Vida Libre de Violencia. Tal normativa contempla dos tipos de violencia a la cual se enfrentan las
mujeres en la esfera política: la violencia institucional –al interior de sus propios partidos–, pasan-
do por la violencia económica al desviar y limitar los recursos para su capacitación y campañas,
hasta el hostigamiento y el acoso sexual, o la violencia comunitaria, e incluso el feminicidio.
La violencia (sexismo) institucional es ejercida al interior de los partidos políticos, dentro de
los cuales se toleran y reproducen prácticas discriminatorias contra las mujeres que los integran,
reservando ciertos privilegios y espacios para los hombres frente a las mujeres, restándoles por
ende legitimidad política dentro de la contienda electoral. Por ejemplo, en lo relativo a los criterios
de distribución u otorgamiento de recursos económicos para sus campañas y precampañas; dicha
desigualdad económica tiene una clara manifestación en la limitación o bloqueo hacia las mujeres
para acceder al financiamiento de sus campañas y poder ejercer un control real en sus actividades
políticas; control que queda en manos de los órganos directivos de los propios partidos, quienes
determinan los montos a distribuir del financiamiento político a candidatos y candidatas. Es impor-
tante señalar que la desigualdad de género en el financiamiento para las campañas electorales en-
tre mujeres y hombres es independiente del monto del recurso disponible de cada partido político.
La evidencia global sugiere que la falta de apoyo financiero crea barreras más grandes para
las mujeres que para los hombres, puesto que ellas con frecuencia no tienen acceso a las
mismas redes formales e informales que brindan apoyo económico para las campañas, o
no tienen los recursos personales necesarios para compensar los gastos políticos que les
son negados (Krook y Restrepo, 2016: 145).
Ahora bien, dentro de la clasificación de los tipos de violencia ejercida contra las mujeres que
refiere la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tenemos a la violencia
económica entendida como, en su faceta doméstica, aquella en la que los hombres reducen o
niegan los recursos para alimentos o necesidades domésticas a las mujeres que participan en
política, o como faceta de la violencia laboral, cuando se les reduce el sueldo o se les despide por
motivos políticos y electorales. En la faceta político electoral, la violencia económica se manifies-
ta como desigualdad financiera hacia las mujeres, acudiendo a una norma de carácter general y
que omite una competencia igualitaria en materia de financiamiento político en razón de género
(Hinojosa, 2018). Es parte de la violencia política electoral porque, para obtener el mismo número
de escaños en la plataforma electoral, contar un con mayor o menor financiamiento se convierte
en una ventaja o desventaja en una contienda política. Como lo indica la guía publicada por el
PNUD, Financiamiento electoral para fomentar la participación política de las mujeres: “el dinero es un
prerrequisito para competir en la mayoría de los sistemas políticos hoy, pero los patrones de
discriminación de género obligan mujeres para conformarse con más limitado recursos que los
hombres” (Luchsinger y Mena, 2017).
Pensar que la institucionalización de la paridad en el sistema electoral mexicano es suficiente
para una democracia paritaria resulta un error, pues, incluso ya habiendo legislado la paridad,
se siguen encontrando desventajas para la competencia política de las mujeres. Por ejemplo, en
cómo los partidos asignan a las mujeres candidaturas en municipios o distritos con baja posibi-
lidad de triunfo, siempre y cuando cumplieran a “la letra” con la paridad (estar en regla).
No obstante, las reglas paritarias no tienen el alcance que nuestra constitución y los princi-
pios democráticos mandatan como es la igualdad jurídica y política de las mujeres, eliminando
toda clase de diferencias aún en contra de intereses específicos o ideologías que demeriten el

imperio de la ley, toda vez que la igualdad democrática no se opone a las diferencias sociales
y culturales; entonces, lo único que se excluye taxativamente es la pretensión de convertir las
diferencias en privilegios y las desigualdades que justifiquen una presunta superioridad política
o un pretendido derecho exclusivo de autoridad sobre los demás. En este sentido, la igualdad
democrática implica una ética de la equidad en el trato social, es decir, un reconocimiento y
respeto estricto de los derechos civiles y políticos de todos y cada uno de los ciudadanos, inde-
pendientemente de su edad, sexo, fe religiosa, ocupaciones o rango socioeconómico (Salazar y
Woldenberg, 2012).
Por lo anterior, la desigualdad en la distribución de financiamiento político entre candidatas
y candidatos favorece el surgimiento de poderes de hecho, económicos o ideológicos, que can-
celan en la práctica la vigencia de esa igualdad política, pervirtiendo gravemente los propios
procedimientos y principios democráticos.
Normas electorales sobre financiamiento de los partidos políticos

Con la creciente presencia de los partidos en la vida pública se dio un proceso de control de la ac-
tividad partidista cada vez mayor, en orden a la importancia del proceso político y a la necesidad
de controlar su comportamiento. La regulación de los partidos políticos establece su formación,
organización y financiamiento, sus facultades y límites, sus derechos y deberes, lo mismo que
su estructura y sus principios de organización (Zovatto, 2008). Actualmente el tema del financia-
miento a partidos políticos ha sido analizado más por los altos costos de campañas políticas y
la fiscalización de los mismos, en aras de la transparencia y rendición de cuentas al Estado, pero
dejando de lado cómo los sistemas de financiamiento de la política reproducen lógicas de ex-
clusión histórica de ciertos sectores o grupos (Muñoz-Pogossian y Freidenberg, 2018) como hasta
hoy en día continúa siendo el caso de las mujeres.
El análisis de la regulación jurídica de los partidos políticos se ha concentrado en la intensi-
dad de la legislación, el tipo de control ejercido sobre los partidos y la adecuación entre la teoría
jurídica y la realidad (De Andrea, 2002). No obstante, sobre el tema de la regulación jurídica no
todo está escrito, toda vez que existen vacíos legales y acciones por tomar en cuenta para que la
competencia sea también igualitaria entre candidatas y candidatos, en cuanto a la distribución
igualitaria en materia de financiamiento. Esos vacíos legales dentro de los partidos políticos se
han denominado “hoyo negro” de los sistemas políticos democráticos, de ahí que se proponga
que las autoridades atiendan “el financiamiento de la política y los mecanismos para monitorear
y controlar cómo entran y salen los recursos de las campañas” (Muñoz-Pogossian y Freidenberg,
2018). Durante los procesos electorales se ha observado que “las modalidades más habituales [de
financiamiento] excluyen a la mujer de la toma de decisiones financieras, controlar sus gastos,
no darle suficiente dinero, ocultarle información acerca de sus ingresos” (Corsi, 1998). Además, en
esos momentos se pueden filtrar prácticas informales de los partidos políticos, debido a que la
disposición legal confiere a los partidos políticos como derecho reservar su información relativa a
los procesos deliberativos de sus órganos internos, como es el caso de los mecanismos de distri-
bución de recursos económicos a candidatas y candidatos al interior de los partidos.
En el mismo sentido es obligado tener en mente que la problemática de la inclusión de la
mujer en política no se circunscribe al momento electoral que es, en general, el que está contem-
plado por las normas sobre financiamiento. La necesidad, el peso y la influencia de los recursos
varían notablemente en diversos momentos de la carrera política. Mucho antes de la elección,

es necesario construir una imagen y capacitarse para la gestión y el liderazgo, lo cual requiere
inversión de recursos (Ferreira, 2015: 138).
Con tales antecedentes y tras la revisión de la normatividad encontramos que en México
existen dos tipos de financiamiento a los partidos políticos: uno público y uno privado. En el
primero, se registra un avance democrático al proporcionar un piso mínimo de equidad, por
medio del establecimiento de métodos de cálculo y otros criterios, para la distribución de recur-
sos públicos a los partidos, que tendrán como destino las actividades ordinarias permanentes,
gastos de procesos electorales y actividades específicas. Así mismo se establecen los tiempos de
entrega de los fondos, la prohibición en el uso de recursos financieros que dejen en desventaja a
sus competidores, estableciendo en todo momento la garantía de equidad en la contienda elec-
toral entre partidos. Es necesario enfatizar que la normatividad responde al propósito de evitar
inequidades entre partidos, pero no entre candidatos o precandidatos del mismo partido y en
razón de género, esto es, las disposiciones legales de la administración de los recursos públicos
pretender igualar la contienda para todos los partidos políticos, más no necesariamente al inte-
rior de los mismos, dejando en manos de los órganos internos –élites de poder– la distribución
de los recursos entre sus militantes.
Otro tipo de financiamiento es el privado, siendo éste el que de manera directa es aplicado
a los gastos de campaña y precampaña de los partidos políticos, y cuyas modalidades son las
provenientes de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de ren-
dimientos financieros, fondos y fideicomisos. Dicho financiamiento debe ajustarse a los topes o
límites anuales fijados en la ley electoral: las aportaciones de militantes equivalen a un 10% del
tope de gastos para la elección inmediata anterior. La ley establece ciertas prohibiciones en el
uso que debe darse y que pudiesen afectar de forma diferente a mujeres y hombres. Estos límites
o prohibiciones impiden a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular, recibir aportaciones o donativos –en dinero o en especie– por sí o por inter-
pósita persona, aportaciones anónimas, financiamiento proveniente del extranjero, organismos
internacionales y personas morales o entidades legales.
Si bien la ley impone de igual forma topes o candados para evitar una contienda legal inequi-
tativa, dichos límites, restricciones o prohibiciones han sido establecidas a efecto de fiscalizar las
operaciones financieras de los partidos políticos, ante presunción del origen ilícito de los recur-
sos aportados. Es aquí donde las mujeres tienen una desventaja competitiva importante, ya que
no cuentan con el capital político y económico (vínculos empresariales, con sectores sociales,
gremiales o incluso la propia militancia, como lo mencionamos en el apartado teórico inicial)
que se traduzca en apoyo privado; además, al igual que el financiamiento público, su distribu-
ción, y muchas veces ejercicio, se deja en manos del propio partido político.
Si bien existen una serie de normas que garantizan la participación política de las mujeres
–criterios de paridad de género–, éstas hayan contradicción con aquellas disposiciones que alu-
den al derecho de los partidos políticos de regular su vida interna y determinar su organización
interior y los procedimientos correspondientes, a la interpretación de las resoluciones en caso
de conflicto y a la regulación de actividades a través de sus estatutos y programas de acción,
entendiendo como única obligación garantizar la paridad entre los sexos en la postulación de
candidaturas.
En este trabajo sostenemos que es incorrecto creer que el establecimiento del principio de
paridad de género en la postulación de candidaturas es suficiente para alcanzar la igualdad

sustantiva o para hablar de una democracia paritaria. Así como también es incorrecto impedir
el establecimiento de disposiciones legales para obligar a que exista una paritaria distribución
de recursos públicos y privados entre candidatas y candidatos, tras la consigna de no invadir su
democracia interna. Como diría el reconocido jurista, filósofo y político austriaco Hans Kelsen,
la norma suprema o norma hipotética fundamental se ubica en el grado más alto (hoy de igual
jerarquía los tratados internacionales con el llamado control difuso), por lo que un documento
de carácter interno de organizaciones políticas no puede contradecir su mandato o el de los ins-
trumentos internacionales ratificados por los países, por lo que:
En materia de partidos políticos, el tema de la supremacía adquiere relieve porque se dis-
cute si el Estado puede o no controlar “cualitativamente” la ideología y el programa de los
partidos políticos para verificar si son o no compatibles con la Constitución. Doctrinaria-
mente sería una abdicación de la doctrina de la supremacía el postular que los partidos
pueden adoptar y practicar ideologías que, en su acción, transgreden la Constitución (Bi-
dart apud Zovatto, 2008: 168).
La democracia es considerada como un sistema de vida, más que una estructura jurídica y un
régimen político, se trata de una democracia participativa, vinculante, orientada al constante
mejoramiento de sus participantes –hombres y mujeres– . Por lo tanto, la independencia y auto-
nomía de los partidos políticos no debe verse como superior al principio constitucional de pari-
dad de género. En este caso, dichas prerrogativas conferidas a los partidos políticos no eliminan
la posibilidad de establecer controles en la toma de decisiones para una equitativa distribución
del financiamiento político, respondiendo a las barreras institucionales, culturales y socioeconó-
micas de este grupo identitario.
En la tabla 23 se rescatan las disposiciones legales de la Ley General de Partidos Políticos que tra-
tan los derechos y deberes de los partidos políticos, entre ellas, las normas paritarias, igualdad/
equidad, así como aquellas que refieren a las facultades de los órganos de decisión y adminis-
tración del financiamiento político. Lo anterior con el objeto de observar, cómo se manifiesta la
relación jurídica entre el deber y el haber político; esto es, en el cumplimiento de principios jurí-
dicos derivados de la ley suprema en la que se concretan una serie de derechos fundamentales,
principios y valores que deben vincularse teleológicamente con la esencia de sus mandatos, y no
únicamente ser regulados por las normas ordinarias como son las leyes electorales y de partidos
políticos mediante una simple programabilidad de reglas obscuras o vagas en las cuales encuen-
tren un refugio seguro para la inequidad de sus decisiones, debido a la pluralidad desordenada
de sistemas y discursos (Habermas, 1998).

Tabla 23. Disposiciones de igualdad de género, financiamiento, órganos de decisión y administración y en materia
de transparencia contenidas en la Ley General de Partidos Políticos en las elecciones 2018 en Guanajuato
Normas sobre igualdad/ Normas sobre financiamiento Normas sobre Constitución, Registro y facultades de los órganos Normas en materia de transparencia
equidad de género público y privado de decisión y admón.
La Ley electoral hace refe- El texto normativo electoral, con- Las normas relativas a la Constitución y Registro de los Partidos Po- Las obligaciones y derechos con relación a la
rencia a la búsqueda de la templa, entre otros conceptos que: líticos contenidas en ley refieren, entre otros, los derechos y deberes información que los partidos políticos pro-
participación efectiva de 1. Los partidos políticos tienen de- de los partidos políticos, dentro de los cuales se encuentran: porcionen al Instituto y Organismos Públi-
ambos géneros, tanto en la recho a recibir recursos económicos 1. El deber de presentar una declaración de principios y, en con- cos Locales, o que éste genere respecto a los
integración de sus órganos para el desarrollo de sus actividades, gruencia con éstos, su programa de acción y los estatutos que nor- mismos, por regla general es que ésta deberá
y postulación de candida- como es el financiamiento público, marán sus actividades; los cuales deberán satisfacer los requisitos ser pública y sólo se podrá reservar por ex-
tos, así como a la deter- obligando que su distribución sea de mínimos establecidos en esta Ley; cepción, en los términos que disponga la ley
minación y publicación de manera equitativa. de la materia, y deberá estar a disposición de

criterios que garanticen la 2. El derecho de gozar de facultades para regular su vida interna y toda persona a través de la página electrónica
paridad de género en las 2. El deber de que el financiamiento determinar su organización interior y sus procedimientos corres- del Instituto y Organismos Públicos Locales
candidaturas; establecien- (público) prevalezca sobre otros pondientes; respectivamente
tipos de financiamiento; de aplicarlo
do la consigna o deber de 3. La obligación abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier La Ley considera información pública de los
ser objetivos y asegurar las al destino que, establecido en la Ley, acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, per-
así como la forma en que será entre- partidos políticos:
condiciones de igualdad turbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular
entre ellos. gado a los partidos. de los órganos de gobierno; así como garantizar la paridad entre los 1. Sus documentos básicos;
Contiene asimismo la obli- 3. En cuanto a la distribución de re- géneros en candidaturas a legisladores federales y locales; 2. Las facultades de sus órganos de dirección;
gación por parte de los cursos económicos al interior de los La Ley General de Partidos Políticos refiere en uno de sus capítulos 3. Los reglamentos, acuerdos y demás dis-
partidos políticos de esta- partidos, la ley faculta a estos para a los asuntos internos de los Partidos Políticos; en el cual se es- posiciones de carácter general, aprobados
blecer principios cuyo con- que sean ellos los que determinen tablece que éstos deberán observar lo dispuesto en el penúltimo por sus órganos de dirección, que regulen su
tenido mínimo debe ser el su distribución. párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución, éste refiere vida interna, las obligaciones y derechos de
observar la Constitución y 3. Se regula lo relativo a financia- al conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización sus militantes, la elección de sus dirigentes y
de respetar las leyes e ins- miento de campaña, el cual será y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la la postulación de sus candidatos a cargos de
tituciones que de ella ema- administrado en su totalidad por los Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y elección popular;
nen; así como de conducir partidos políticos; estableciendo el reglamentos que aprueben sus órganos de dirección; a los proce- La ley dispone por otra parte que se conside-
sus actividades por medios prorrateo conforme lo previsto en dimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y rará reservada la información relativa a:
pacíficos y por la vía de- esta Ley; y la obligación de infor- candidatos a cargos de elección popular; a los procesos delibera-
mar a la Comisión de Fiscalización; tivos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, 1. los procesos deliberativos de los órganos
mocrática, y promover la
quien lo hará del conocimiento del en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y internos de los partidos políticos,
participación política en
igualdad de oportunidades Consejo General del Instituto. de los organismos que agrupen a sus militantes, 2. La correspondiente a sus estrategias polí-
y equidad entre mujeres y En cuanto al Financiamiento Priva- Por lo que respecta al contenido de los Documentos Básicos de los ticas, la contenida en todo tipo de encuestas
hombres. do, establece normas y modalidades Partidos Políticos, se determina la obligación por parte de los par- por ellos ordenadas, así como la referida a las
para su recepción entre ellas: tidos políticos de cumplir con la presentación para su registro y actividades de naturaleza privada, personal
constitución de la declaración de principios; el programa de acción, o familiar, de sus militantes, dirigentes, pre-
a) Financiamiento por la militancia; candidatos y candidatos a cargos de elección
y los estatutos, siendo en éstos últimos en los que se deben estable-
b) Financiamiento de simpatizantes; cer, normas y procedimientos democráticos para la postulación de popular, en términos de la ley de la materia;
c) Autofinanciamiento, y sus candidatos; la obligación de presentar una plataforma electoral, Alude asimismo de que No se podrá reservar
d) Financiamiento por rendimientos para cada elección en que participe, sustentada en su declaración la información relativa a
financieros, fondos y fideicomisos de principios y programa de acción; y los tipos y las reglas de finan- 3. La asignación y ejercicio de los gastos de
ciamiento privado a los que recurrirán los partidos políticos. campañas, precampañas y gastos en general
Indica los límites anuales a los cua-
les debe ajustarse; así como porcen- En cuanto a los órganos internos de los partidos políticos, La del partido político con cuenta al presupues-
tajes y limitantes sobre cierto tipo de asamblea es la máxima autoridad del partido y tendrá facultades to público, ni las aportaciones de cualquier
recursos que puedan ingresar a cada deliberativas; asimismo el comité nacional o local u órgano equi- tipo o especie que realicen los particulares
partido político. valente, será el representante del partido, con facultades ejecuti- sin importar el destino de los recursos apor-
vas, de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones tados.
de las demás instancias partidistas; un órgano responsable de la
administración de su patrimonio y recursos.
115
De lo anterior podemos observar, que la norma electoral contiene disposiciones que esta-
blecen la obligación de los partidos políticos de normar a través de sus documentos básicos,
lo relativo a los principios igualdad/equidad; principios que se plasman en las normas esta-
tutarias como propuestas o invitaciones a una participación igualitaria referida únicamente
a la integración de sus órganos y la postulación de candidaturas, así como el establecimiento
de criterios –a discrecionalidad– que garanticen la igualdad de género, específicamente para
el cumplimiento de la cuota paritaria. Por su parte, las normas regulatorias del financiamien-
to político se establecen en el sentido de control y fiscalización de los recursos públicos y
privados a fin de garantizar la legalidad en su uso y medios de los cuales son obtenidos para
evitar el desvío de recursos públicos o que las instituciones partidarias reciban recursos de
procedencia ilícita.
Por otra parte, observamos que la ley electoral contiene ciertas normas que detallan las fa-
cultades de los principales órganos que integran las referidas instituciones políticas, destacando
aquellas que refieren a la toma de decisiones o criterios emitidos al interior de éstas, como es
el caso de la administración y distribución del financiamiento político; de las cuales a su vez se
observa que dichas facultades son reservadas a los órganos de más alta jerarquía –órganos de
poder–, en las que, muchas veces, predominan los intereses ideológicos sobre los principios de
igualdad y equidad en razón de género. En este sentido, el imperativo constitucional de respeto
a los derechos fundamentales, entre ellos el de igualdad de género en el proceso electoral, es
desatendido por los partidos políticos, quienes terminan ejerciendo el control de los órganos
estatales mediante el juego político de la democracia interna que anteponen a la democracia
representativa. Lo anterior, termina siendo un tema pendiente de regular en virtud de que no se
prevé obligación y sanción alguna por no acatar los principios de igualdad de género en aquellos
tópicos que, por su peso e importancia, determinan el resultado eficaz de la participación y re-
presentación política de la mujer en los procesos electorales, como es el caso de la distribución
del financiamiento político en razón de género, lo cual conlleva uno de los tipos de violencia
contemplado en la ley: violencia económica.
Finalmente, las normas en materia de transparencia obligan a la información pública relativa
a la asignación y ejercicio de los gastos de campañas, precampañas y gastos en general del par-
tido político con cuenta al presupuesto público, así como de las aportaciones de cualquier tipo o
especie que realicen los particulares sin importar el destino de los recursos aportados. Tal norma
establece que se deben transparentar los recursos públicos y privados para evitar desvíos de los
recursos citados en primer orden, o bien, evitar asimismo la obtención de otros de procedencia
desconocida o ilícita. Ahora bien, la ley electoral faculta a los partidos reservar la información
referente a los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos; entre las
cuales se encuentran los procesos de distribución del financiamiento político, mismo que refiere
las estrategias políticas y cálculos electorales al interior de estos. Dicha facultad impide transpa-
rentar los criterios de determinación de recursos entre candidatos y candidatas al interior de los
partidos, que entendemos como una violación al principio de igualdad de género, pues dichos
criterios y decisiones tomadas al interior de los partidos políticos podrían estar provocando
brechas de desigualdad de género en el financiamiento y, por ende, provocando barreras en la
participación política de las mujeres.

Análisis de los estatutos de los partidos políticos

Los estatutos de los partidos políticos son los documentos básicos que, por disposición cons-
titucional y legal, están obligados a presentar para su registro (artículo 35 de la Ley General de
Partidos Políticos). Dicho documento debe contener, entre otros puntos, los principios y reglas
que guiarán su actuación, entre ellos la igualdad y equidad entre mujeres y hombres. La inclu-
sión estatutaria de un compromiso con los principios de la igualdad de género puede ser un
primer indicador de la relevancia otorgada a la participación de las mujeres en la vida partidaria,
aunque, por supuesto, haya que contrastarlo con otros indicadores que muestren este compro-
miso en los hechos. En todo caso, lo retórico puede ser el punto de partida para el desarrollo de
políticas de inclusión en lo interno y para la introducción de este tipo de demandas en la agenda
política (Vergé, 2007).
Desde esta perspectiva, dichas políticas de inclusión deben contener una real participación
de las mujeres en la toma de decisiones internas dentro de los partidos políticos, como es el caso
de la distribución de recursos públicos, y que deben ser otorgados de manera igualitaria entre
candidatas y candidatos. Lamentablemente el tema, aunque ha sido puesto en la mesa, sigue
quedando sin resolver, ya que a la fecha y tras la revisión efectuada a los documentos estatu-
tarios de todos y cada uno de los partidos políticos, se observó que en el referido documento,
si bien hacen mención de los principios igualdad/equidad, ninguno incluye el procedimiento o
mecanismo de distribución paritaria del financiamiento político en los procesos electorales y,
siendo los recursos económicos los que deciden en gran parte la oportunidad de figurar como
candidatas o candidatos electos, los resultados de los procesos electorales podrían estar sujetos
a las preferencias y criterios de los líderes partidarios, lo cual sería un sesgo a la “oferta política”
que probablemente limitaría la participación igualitaria de las mujeres. Una posición favorable a
las mujeres debe atender a los principios que subyacen a esas reglas, sobre todo al principio de
igualdad (del que se desprenden otros como el de equidad de género o igualdad de oportunida-
des) y obliga a presentar elementos que revelen, en lugar de ocultar, relaciones de dominación,
subordinación o discriminación de las mujeres (Cárdenas, 2011).
Como hemos indicado, la base de dicha afirmación es el resultado de la revisión y análisis del
contenido de las normas estatutarias de todos y cada uno de los partidos políticos, lo que nos
muestra en efecto que tales documentos introducen de manera general la asunción de los prin-
cipios de igualdad y equidad de género que consignan las normas constitucionales y reglamen-
tarias, sin señalar en sus contenidos los mecanismos de distribución de recursos a candidatas y
candidatos, percatándonos que en la mayoría de dichos documentos, solo se menciona el órgano
que tendrá a su cargo la administración de los recursos y patrimonio de la institución. Por ejem-
plo, en un estudio sobre los estatutos de los partidos políticos, Llanos y Rosa (2018) encontraron
que en promedio el 55% de los partidos analizados (38/69) no tiene un compromiso retórico con
la igualdad de género o la no discriminación por sexo, al no mencionar estos temas en sus esta-
tutos, el 33% (23/69) incluye los temas de igualdad/equidad de género en dichos documentos y
el 11% (8/69) sólo alude al principio de no discriminación por sexo, muchas veces junto con refe-
rencias sobre la no discriminación de otros colectivos. En este entendido, es importante rescatar
la advertencia de Daniela Cerva:
las prácticas organizacionales y las dinámicas internas de ejercicio del poder en los parti-
dos se han desarrollado en función de reproducir y naturalizar ciertos patrones discrimi-
natorios que cobran relevancia tanto en los procesos de reclutamiento, la asignación de

determinados puestos, las representaciones sobre lo femenino y masculino en la política y,
más recientemente, el impacto de los mandatos institucionales sobre legislación electoral
en su organización interna (2014: 129).
Por ende, resulta necesaria la exigencia hacia los partidos políticos de garantizar, a través de
mecanismos o procedimientos, la igualdad en la distribución de recursos a candidatas y can-
didatos en aras de los principios que en los mismos se contienen, así como el órgano que será
encargado de vigilar el cumplimiento real de ello. Por obvias razones, se considera que el órga-
no garante de los principios de igualdad/equidad al interior de los partidos, cuya función sería
la de vigilar y sancionar el incumplimiento de estos, esté conformado por el mismo número
de hombres y mujeres. Serán muchas y diversas las opiniones al respecto, pero lo cierto es,
que los derechos fundamentales no pueden ser sujetos a condición o criterios para su eficaz
cumplimiento.
En las tablas 24 a 31 se presenta la información rescatada de los estatutos de los partidos po-
líticos, especialmente en lo que refiere a los principios, funciones, facultades y obligaciones de
los órganos de decisión, administración y vigilancia del financiamiento político, así como tipos
y reglas de este. Cabe señalar que la revisión se centra en aquellas disposiciones que, de manera
especial, y de acuerdo con el tema que nos ocupa enuncien los principios de igualdad/equidad
de género. Las normas que se presentan no muestran la totalidad de normas estatutarias que
refieren a principios de igualdad dada la extensión en el contenido de cada uno de ellos, no obs-
tante, dichas normas al igual que otras contenidas en los estatutos y no incluidas en el cuadro
informativo redundan el sentido de las que ahí se muestran. También se incluyen las normas
que determinan directa o indirectamente las facultades de decisión de los órganos de poder y
aquellas de las cuales regulan lo relativo al financiamiento político electoral.
De la información presentada se observa, a grandes rasgos, que los partidos políticos asumen
el deber de incluir en sus normas estatutarias, los principios que constitucional y legalmente de-
ben contener en dicho documento básico, pero omiten en ellos establecer los criterios a través de
los cuales dichas instituciones garantizarán la distribución del financiamiento público al interior
de estos. De igual manera, se observa que se incluyen normas relativas a las funciones y/o facul-
tades de los órganos de poder, entre otros, el de las asambleas, consejos y comités, identificando
a quiénes se confiere facultades de decisión en los asuntos o actividades de sus miembros, son
órganos de más alta jerarquía y a quienes sustentan sus decisiones en la ideología del partido y
en cumplimiento a sus estrategias políticas, mismas que deberán ser acatadas por la totalidad
de sus miembros. Por último, vemos que la facultad de los tesoreros u órganos encargados de la
administración y fiscalización de los recursos públicos y privados, de igual forma deben cumplir
los criterios de distribución en las candidaturas o precandidaturas a hombres y mujeres los cua-
les no están señalados de manera expresa en tales instrumentos.

Tabla 24. Normas sobre paridad de género y financiamiento contenidas en los Estatutos
de Morena en las elecciones 2018 en Guanajuato
Normas paritarias,
Financiamiento
objetivos y/o principios
Objetivos Órgano (s) de decisión vs órgano de Financiamiento Público y Pri-
1. Combate a toda forma de opre- Administración de financiamiento vado.
sión, injusticia, desigualdad… político. Mecanismos de Distribución
2. Integración democrática de los paritaria
órganos de dirección Secretario/a de Finanzas. Se encar- Accederá a las prerrogativas
3. erradicación de la corrupción y ga de procurar, recibir y adminis- y financiamiento público en
los privilegios a que se han asocia- trar las aportaciones de las y los los términos del artículo 41 de
do de manera dominante los car- Protagonistas del cambio verdade- la Constitución y de las leyes
gos públicos y la representación ro informando su cabal adminis- generales, federales y locales
política… tración ante el Consejo Estatal, la aplicables; adicional a lo an-
Secretaría de Finanzas del Comité terior, podrá recibir financia-
Principios:
Ejecutivo Nacional y, en su caso, miento que no provenga del
Garantizar la equidad de la repre- ante la autoridad electoral compe- erario público, con las moda-
sentación, tanto en términos, con- tente; Secretaria de Finanzas del lidades siguientes:
diciones económicas, sociales y de Comité Ejecutivo Nacional, además a) Financiamiento por la mi-
procedencia (regional, estatal, mu- será responsable de la administra- litancia;
nicipal, comunitaria) ción del patrimonio y de la presen-
b) Financiamiento de simpa-
En los procesos internos y consti- tación de los informes de ingresos
tizantes;
tucionales de elección de precan- y egresos, de precampaña y cam-
didaturas y candidaturas orientar paña a que se refiere la legislación c) Autofinanciamiento, y
su actuación electoral y política electoral. Éste será el órgano res- d) Financiamiento por rendi-
por el respeto y garantía efectiva ponsable que establece el artículo mientos financieros, fondos y
de los derechos fundamentales y 43, numeral 1, inciso c) de la Ley fideicomisos.
de los principios democráticos General de Partidos Políticos. En todo momento, el finan-
En los procesos electorales, bus- Cada Congreso Estatal será respon- ciamiento público y privado
carán garantizar la equidad de la sable de cumplir con las resolucio- deberá ser aplicado para el
representación, en términos de nes del Congreso Nacional. cumplimiento de sus fines de
género. conformidad con los princi-
pios del programa y lo señala-
do en la legislación electoral.

Tabla 25. Normas de paridad de género financiamiento contenidas en los estatutos
de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2018 en Guanajuato
Normas paritarias, objetivos y/o principios Financiamiento
Principios y demás normas relativas a Derechos y obli- Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración de financiamiento político. Financiamiento Público y Privado.
gaciones Mecanismos de Distribución paritaria
1. Igualdad de derechos, trato y acceso equitativo entre
Convención Nacional Democrática tiene a su cargo Recursos financieros están constituidos por:
mujeres y hombres.
Sexismo institucional: Desigualdad de género en la distribución de recursos económicos

9La conducción general ideológica, política, económica y social. Sus resolu- 1. Las cuotas ordinarias y extraordinarias.
2. Paridad de género en candidaturas a cargos de legislaciones serán de observancia general para todas las instancias y órganos,
dores federales y locales. mecanismos y estructuras, así como para los ciudadanos integrados a 2. Suscripciones y ventas del periódico, revistas,
nuestra organización libros y publicaciones de Movimiento Ciudadano.
3. Representación igualitaria en hombres y mujeres re-
gistrados en candidaturas a cargos de elección popular Convención Nacional Democrática: 3. Donativos voluntarios de miembros adherentes,
en los ámbitos estatal o municipal. 9Define los principios ideológicos y los lineamientos políticos, económicos y simpatizantes y ciudadanos conforme a la ley.
4. Reconocimiento de principio de igualdad y equidad de sociales generales y estratégicos de Movimiento Ciudadano. 4. Rendimientos financieros autorizados que no
mujeres militantes y simpatizantes. 9Conoce, analiza y, de ser procedente, aprueba el informe de la Tesorería Na- contravengan la ley.
Participación sin Distinción de Género. cional sobre el estado que guardan las finanzas de Movimiento Ciudadano 5. Ingresos provenientes de fiestas, ferias, actos
9Aprueba Puntos de Acuerdo y/o líneas de acción sobre temas específicos culturales, deportivos, rifas, sorteos y de otras
Participación numérica paritaria de mujeres y hombres
iniciativas.
en los órganos de dirección nacional y estatales y de Consejo Ciudadano Nacional
control nacional: Secretarías, administración, asesora- 9Definir las directrices particulares para la conducción económico-financie- 6. Financiamiento público.
miento, comisiones y demás instancias de Movimiento ra; aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de Movimiento Toma de decisiones.
Ciudadano. Ciudadano… Los órganos de dirección y control de Movimiento
Cumplir las determinaciones de los órganos de dirección Tesorero Nacional. Ciudadano en su toma de decisiones se sujetarán
en el nivel de que se trate y acatar las resoluciones de los Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de Movi- a las siguientes normas o reglas:
órganos nacionales de control de Movimiento Ciudadano miento Ciudadano, y de la presentación de los informes de ingresos y egre- 1. La Constitución Política de los Estados Unidos
Mujeres en Movimiento. sos trimestrales y anuales, así como de precampaña y de campaña a que Mexicanos y a las constituciones locales.
obliga la legislación en la materia.
Es la organización de Movimiento Ciudadano que impul- 2. Las legislaciones electorales federales y locales.
sa la participación política activa de las mujeres y pro- Funciones:
3. Las resoluciones emitidas por las autoridades
mueve el pleno ejercicio de sus derechos; y se constituye 9Desarrolla y aplicar la normatividad administrativa y financiera de Movi-
electorales federales.
en los niveles nacional, estatal y municipal, de acuerdo miento Ciudadano.
con el reglamento elaborado y aprobado por su asamblea 4. La Declaración de Principios.
Consejo Ciudadano Estatal:
nacional y ratificado por el Consejo Ciudadano Nacional; 9Define las directrices para la conducción económica y financiera de la 5. El Programa de Acción.
recibirá el 4% de las prerrogativas económicas asignadas Coordinadora Ciudadana Estatal, así como aprobar los presupuestos ordi- 6. Los Estatutos.
a Movimiento Ciudadano para sus actividades de capa- narios y extraordinarios.
citación, promoción y difusión; el 25% de estos recursos 7. Los reglamentos.
Comisión Operativa Estatal
serán utilizados para actividades de Mujeres Jóvenes. 8. Los acuerdos y resoluciones que emita la Con-
9Dirige la gestión administrativa y financiera, de manera que el ejercicio de
Obligaciones de afiliadas y afiliados vención Nacional Democrática.
los recursos se apegue a los Estatutos, a los requerimientos de la normati-
Respetar, cumplir y difundir la Declaración de Princi-
9 vidad electoral y a los criterios contables, administrativos y financieros de Procesos de elección.
pios, el Programa de Acción, los Estatutos y los regla- la Tesorería Nacional de Movimiento Ciudadano El Reglamento de Convenciones y Procesos Inter-
mentos de Movimiento Ciudadano, así como acatar las Tesoreros/as estatales: nos regulará la forma en que se hará la selección
resoluciones que sean aprobadas por los órganos de 9Colaborar con el Tesorero Nacional a efecto de que el ejercicio de los recur- de los precandidatos/as a cargos de elección popu-
dirección y control. sos originados por el financiamiento privado se sujete a la normatividad lar de nivel federal, estatal, distrital y municipal.
Cumplir las determinaciones de los órganos de direc-
9 financiera electoral Asimismo, incorporará formas de elección indi-
ción en el nivel de que se trate y acatar las resolucio- recta que garanticen la mayor igualdad de oportu-
Comisión Operativa Municipal en la cabecera distrital federal o local, así
nes de los órganos nacionales de control de Movimien- nidades de los precandidatos/as, preservando los
como a los Comisionados Municipales:
to Ciudadano. criterios de actitud y aptitud, congruentes con los
9Cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Programa de Ac-
postulados de Movimiento Ciudadano. Se podrá
Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las ción, los Estatutos y reglamentos, así como los resolutivos de los órganos
contar con los mecanismos necesarios para califi-
normas que rigen a Movimiento Ciudadano. de dirección de Movimiento Ciudadano
car las precandidaturas internas y externas.
Dirigir y operar a nivel municipal, conforme a las directrices nacional y estatal, la
acción política y electoral de Movimiento Ciudadano y vigilar su cumplimiento.
120
Tabla 26. Normas de paridad de género y financiamiento contenidas en los Estatutos
del Partido Nueva Alianza en las elecciones 2018 en Guanajuato

Basa las relaciones entre sus afiliados y afiliadas, Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración Financiamiento Público y Privado.
aliados y aliadas y su organización interna, en de financiamiento político. Mecanismos de Distribución paritaria
principios democráticos, garantizando la libertad
de opinión, el libre ejercicio del derecho a la pro- Coordinador o Coordinadora Ejecutivo (a) Estatal de No existe capítulo sobre financiamiento público y
puesta y a la crítica, la igualdad de oportunidades Finanzas. privado, dicho tema es desarrollado dentro de las
y el respeto a la paridad de género para ocupar Es el responsable de administrar y supervisar la apli- facultades de los órganos que integran Comité de
cargos sin discriminación alguna …. cación de los recursos que, por concepto de financia- Dirección Estatal, dentro de los cuales encuentra El
miento público, donativos, aportaciones privadas u Coordinador o Coordinadora Ejecutivo (a) Estatal de
El Consejo Estatal tendrá obligación entre otras:
otros motivos lícitos, ingresen a las cuentas de Nueva Finanzas, quien será responsable de administrar y
9Aprobar, o modificar para su aprobación, las supervisar la aplicación de los recursos que por con-
Alianza Guanajuato.
propuestas de Convocatorias a Procesos de cepto de financiamiento público, donativos, aporta-
Elección Interna y los Criterios de Paridad de El Coordinador o Coordinadora Ejecutivo (a) Estatal
ciones privadas u otros motivos lícitos, ingresen a las
Género que proponga la Comisión Estatal de de Finanzas tiene entre otras las siguientes faculta-
cuentas de Nueva Alianza Guanajuato.
Elecciones Internas, la que deberá apegarse des y obligaciones:
a las disposiciones legales aplicables y a los 9Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los recur-
acuerdos de la autoridad electoral sos recibidos del financiamiento público;
XII. Conocer y en su caso aprobar el informe de 9Presentar los informes de ingresos y egresos de
actividades que rindan los integrantes del Comité precampaña y de campaña de conformidad con lo
de Dirección Estatal por conducto del presidente; establecido por la legislación electoral;
XVI. Aprobar o modificar en su caso para su apro- 9Establecer las normas y Acuerdos de operación
bación, las medidas que proponga el Comité de necesarios con los Comités de Dirección Munici-
Dirección Estatal en materia de paridad de géne- pal, para la salvaguarda del patrimonio de Nueva
ro en las candidaturas a los distintos cargos de Alianza Guanajuato y su adecuada administra-
elección popular, debiendo apegarse en sus reso- ción;
luciones en todo momento, a los términos de la El Coordinador o Coordinadora Ejecutivo Municipal
legislación aplicable y los acuerdos de la autori- de Finanzas tiene entre otras las siguientes faculta-
dad electoral; des y obligaciones:
De los procesos electorales constitucionales y 9Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los re-
partidistas. cursos recibidos del financiamiento público local;
Respetará y garantizará la participación de la provenientes del Comité de Dirección Estatal;
mujer en la postulación de candidaturas tanto a En materia de financiamiento privado, su desempeño
puestos de elección popular, como a cargos parti- se sujetará a los tipos y reglas establecidas en la legis-
distas, en cumplimiento irrestricto a las disposi- lación electoral aplicable.
ciones legales y estatutarias que rijan en materia
de paridad de género.
121
Tabla 27. Normas sobre paridad de género y de financiamiento contenidas en los Estatutos
del Partido Acción Nacional en las elecciones 2018 en Guanajuato
Normas paritarias, objetivos
Financiamiento
y/o principios
Objetivos: Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración de financiamiento político. Financiamiento Público y Privado.
La garantía en todos los ór- Mecanismos de Distribución paritaria
denes de la igualdad de opor- Dentro de la Competencia de la Asamblea Nacional Ordinaria, establece entras otras: No existe capítulo sobre financia-

tunidades entre hombres y 9La toma de decisiones relativas al patrimonio de Acción Nacional que no sean competencia miento público y privado, dicho tema
mujeres; de otros órganos del Partido; es desarrollado dentro de las compe-
Incluye dentro de las faculta- Facultad del Consejo Nacional tencias o facultades de los órganos
des y deberes de la Comisión 9Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del financiamiento federal, así como (Asamblea Nacional, Consejo Gene-
Permanente Estatal: de las aportaciones privadas ral, Tesorería Nacional, Tesorerías
e) Impulsar permanente- Estatales) responsables de la toma de
9Informe sobre la distribución general y aplicación del financiamiento público federal que le
mente acciones afirmativas decisiones sobre patrimonio, aproba-
presente el Tesorero Nacional;
para garantizar la equidad de ción de presupuestos, o responsables
género en todos los ámbitos Tesorería Nacional de los recibir, distribuir, fiscalizar y
de su competencia; 9La Tesorería Nacional es el órgano responsable de todos los recursos que, por concepto de fi- comprobar, sin que sea enunciativa
nanciamiento público federal, donativos, aportaciones privadas y otros ingresen a las cuen- la forma o procedimiento a candida-
tas nacionales del Partido. tas y candidatos.
Entre otras atribuciones tiene la de:
9Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los recursos recibidos tanto del financiamiento pú-
blico federal, como del privado que reciba el Partido; así como presentar los informes trimes-
trales, anuales, de precampaña y campaña, correspondientes.
9Fiscalizar el cumplimiento del gasto por rubros, del financiamiento estatal;
9Emitir manuales, lineamientos o normas, en relación con el cumplimiento de los dos incisos
anteriores
9Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional, para su discusión y apro-
bación, en su caso, el informe sobre la distribución general y aplicación del financiamiento
público federal.
Las Tesorerías Estatales son los responsables de todos los recursos que reciban por concepto de
financiamiento público federal, local, donativos, aportaciones privadas y otros que ingresen a
las cuentas estatales del Partido.
Tendrán las siguientes atribuciones:
9Recibir, distribuir, fiscalizar y comprobar los recursos a los que referencia el párrafo anterior;
9Fiscalizar el cumplimiento del gasto por rubros, a nivel estatal y municipal;
9Proponer adecuaciones a los manuales, lineamientos o normas, en relación con el cumpli-
miento de los dos incisos anteriores;
9Presentar ante el Comité Directivo Estatal y el Consejo Estatal para su discusión y aproba-
ción, en su caso, el informe sobre la distribución general y aplicación del financiamiento
público federal y local que corresponda a los Comités Directivos Municipales;
9Artículo 31. Facultades del Consejo Nacional:
Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del financiamiento federal así como
de las aportaciones privadas, las deudas a un plazo mayor de un año, que no superen una can-
tidad del 25% del monto de financiamiento público federal previsto para ese año; y revisar y
aprobar, en su caso, los informes y dictámenes que sobre la cuenta general de administración
122
rinda la Comisión de Vigilancia del Consejo Nacional, así como el informe sobre la distribución
general y aplicación del financiamiento público federal que le presente el Tesorero Nacional.
del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones 2018 en Guanajuato
Principios Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración de Financiamiento Público y Privado.
La igualdad sustantiva, garantiza la paridad de género en las financiamiento político. Mecanismos de Distribución paritaria
postulaciones a cargos de elección popular
Artículo 70. Asamblea Nacional tiene entre otras obliga- No existe capítulo sobre financia-
Promueve la integración de sus órganos directivos y la participaciones: miento público y privado, dicho tema
ción política con criterios de paridad. es desarrollado dentro de las faculta-
9Formular los lineamientos políticos, económicos y so-
El Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Contempla como Fi- ciales para la mejor aplicación de los principios y pro- des de sus órganos como son:
nes, el cumplimiento, promoción, implementación y/o fomento gramas del Partido Asamblea Nacional, Secretaría de Fi-
relativo a; nanzas y Administración, y Contralo-
Secretaría de Finanzas y Administración tiene entre otras
9La Paridad de género en la postulación a cargos de dirigencias facultades y obligaciones: ría General.
partidistas y de elección popular;
9Desarrolla acciones conducentes para el financia-
9Los derechos políticos y electorales de las mujeres, y adoptar miento del Partido;
y proponer medidas para fomentar su ejercicio;
9Administrar, controlar y resguardar los recursos loca-
9El empoderamiento de las mujeres priistas; les y federales, así como el patrimonio del Partido; ex-
9Acciones para prevenir la violencia política por razones de cepcionalmente, y podrá delegar dicha función en los
género, haciéndose énfasis en la violencia política; Comités Directivos de las entidades federativas, previo
acuerdo de la persona titular de la Presidencia del Co-
9La participación política, el desarrollo profesional y político
mité Ejecutivo Nacional;
de las mujeres e implementar programas de capacitación di-
rigidos en forma especial a mujeres jóvenes, indígenas, adul- 9Las demás que le señalan estos Estatutos, el regla-
tas mayores o con discapacidad; mento y las que la persona titular de la Presidencia
del Comité Ejecutivo Nacional le confiera.
9La formación y capacitación política para el liderazgo de las
mujeres; Contraloría General tiene entre otras las atribuciones si-
guientes:
9Reformas necesarias al interior del Partido para asegurar la
participación paritaria de las mujeres en todos los órganos de 9Vigilar que la administración y aplicación de los recur-
dirección del mismo; sos provenientes del financiamiento público por acti-
vidades específicas y para la capacitación,
9Políticas públicas que atiendan las necesidades y demandas
de las mujeres; 9Establecer y operar los sistemas que permitan verifi-
car el origen y destino de los recursos del Partido, ape-
El Partido se compromete con las mujeres entre otros a:
gándose a la normatividad aplicable;
9Prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violen-
9Vigilar la debida aplicación de las normas que dicte
cia política por razones de género;
el Instituto Nacional Electoral en materia de financia-
9Garantizar el acceso igualitario a prerrogativas durante las miento, así como las correspondientes a los Órganos
campañas electorales, como en el caso de los medios de co- Electorales en las entidades federativas; * Restriccio-
municación y demás medios de promoción; y nes.
9Garantizar su participación al interior del partido, libre de 9Vigilar que la obtención y aplicación de recursos de las
cualquier tipo de violencia en su contra, en especial la violen- precampañas y campañas electorales federales y loca-
cia en el ámbito político por razones de género. les, se apeguen a las disposiciones establecidas y no
El Partido Revolucionario Institucional se rige por los principios rebasen los topes que para cada elección se autoricen;
y normas contenidos en su Declaración de Principios, Programa Coadyuvar con la Secretaría de Administración y Fi-
de Acción, Estatutos, Código de Ética Partidaria y en las resolu- nanzas en la emisión de manuales y procedimientos,
ciones de la Asamblea Nacional y del Consejo Político Nacional. normas y guías específicas relacionadas con la materia
Los principios y normas a que se refiere el artículo anterior administrativa, contable y electoral.
123
serán de observancia obligatoria para todos sus miembros,

organizaciones y sectores.
del Partido del Trabajo en las elecciones 2018 en Guanajuato
Normas paritarias, objetivos
Financiamiento
y/o principios
Promoverá y garantizará la Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración de financiamiento político. Financiamiento Público y Pri-
paridad entre los géneros, en vado.
la postulación de candida-

Mecanismos de Distribución
tos a los cargos de elección paritaria
popular para la integración
del Congreso de la Unión, los Congreso Nacional ordinario y extraordinario: Sobre las finanzas y patrimo-
Congresos de los Estados y Analizar y en su caso, aprobar el informe de actividades del Partido del Trabajo nio estatal o del distrito fede-
la Asamblea Legislativa del que presente la Comisión Ejecutiva Nacional y la Comisión Nacional de Finanzas ral del partido del trabajo.
Distrito Federal. y Patrimonio; el informe sobre los Dictámenes de la Comisión Nacional de Contra- Comisión de Finanzas y Pa-
loría y Fiscalización y fijar la política financiera del Partido del Trabajo. trimonio Estatal o del Distri-
to Federal tiene entre otras la
COMISION EJECUTIVA NACIONAL. función de:
Conjuntamente con la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Nacional 9Administrar y ejercer a
de Finanzas y Patrimonio, a través de dos tesoreros nombrados para tal efecto través de dos tesoreros to-
por la Comisión Ejecutiva Nacional, recaudarán y administrarán las finanzas y dos los recursos financie-
el patrimonio del Partido del Trabajo y establecerá las normas de organización y ros que por cualquiera de
funcionamiento administrativo de nuestro Instituto Político. los rubros legalmente es-
Los tesoreros conjuntamente recibirán el financiamiento público y privado que tablecidos reciba el Parti-
por derecho le corresponda al Partido del Trabajo, y lo administrarán, ejercerán y do del Trabajo, con base en
operarán con firmas mancomunadas, conforme los mandatos de las instancias los lineamientos fijados
nacionales correspondientes por el Congreso Nacional;
Comisión Nacional de Finanzas y Patrimonio. Entre otras funciones tiene: en conjunto con la Comi-
sión Coordinadora Estatal
9Conjuntamente con la Comisión Coordinadora Nacional administrar y ejercer
o del Distrito Federal,
a través de dos tesoreros, todos los recursos financieros que por cualquiera de
los rubros legalmente establecidos reciba el Partido del Trabajo, con base en los Coordinar, junto con la direc-
lineamientos fijados por el Congreso Nacional. ción Estatal o del Distrito Fe-
deral y la dirección Municipal
9Controlar el patrimonio del Partido del Trabajo en conjunto con la Comisión
o Delegacional, la elaboración
Ejecutiva Nacional y/o la Comisión Coordinadora Nacional
de los informes de ingresos
9Elaborar un proyecto anual de ingresos y egresos del Partido del Trabajo con y egresos, de las campañas
base en partidas presupuestales, mismo que será aprobado por la Comisión electorales ordinarias y ex-
Ejecutiva Nacional. traordinarias y presentarlos
9Recibir los recursos del financiamiento público y privado para las actividades a las autoridades electorales
propias del Partido del Trabajo a través de los tesoreros nombrados por la Co- locales, en los términos de la
misión Ejecutiva Nacional, legislación electoral vigente.
Los tipos y reglas de financiamiento privado del Partido del Trabajo serán los pre-
vistos en el artículo 53, 54 y demás relativos y aplicables de la Ley General de
Partidos Políticos.
124
Tabla 30. Normas de paridad de género y financiamiento el Partido de la Revolución Democrática
en las elecciones 2018 en Guanajuato
De la democracia y garantías al interior del Partido Órgano (s) de decisión vs órgano de Admi- Financiamiento Público y Privado.
Las reglas democráticas que rigen la vida interna del nistración de financiamiento político. Mecanismos de Distribución paritaria
Partido se sujetarán a los siguientes principios básicos:
Consejo Estatal, tiene entre otras funciones: Patrimonio del Partido de la Revolución Democrática se integra con los recursos públi-
9Mismos derechos y obligaciones; cos que le correspondan en los ámbitos federal, estatal y municipal, de conformidad
9Formular, desarrollar y dirigir la labor
9Las Decisiones que adopten los órganos de direc- política y de organización del Partido en con las leyes y los presupuestos de egresos, los dividendos, intereses y ganancias pro-
ción, de representación y autónomos establecidos el Estado para el cumplimiento de los venientes de sus propios recursos y de los eventos que realice.
en este Estatuto, aprobadas mediante votación, documentos básicos y las resoluciones Además, el Partido podrá recibir financiamiento que no provenga del erario público,
por mayoría calificada o simple, en todas sus ins- de los órganos de dirección superiores. con las modalidades siguientes:
tancias y cuyo carácter será siempre colegiado,
El Comité Ejecutivo Estatal se encargará de a) Financiamiento por parte de la militancia;

cumpliendo con las reglas y modalidades estable-
desarrollar y dirigir la labor política, de or- b) Financiamiento de simpatizantes;
cidas en el presente ordenamiento.
ganización y administrativa del Partido en
9Garantizar la paridad de género vertical y horizon- el Estado. c) Autofinanciamiento; y
tal, tanto en los órganos de dirección en todos sus d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos
El Comité Ejecutivo Nacional en estas enti-
niveles, así como en sus Comisiones dependientes
dades podrá enviar un delegado financiero 2. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes moda-
del Comité Ejecutivo Nacional, órganos autónomos
que evaluará las finanzas del Comité Ejecu- lidades:
y en todas las candidaturas de elección popular,
tivo Estatal y coadyuvará con éste para el a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y extraordinarias,
garantizando en todos los casos la citada paridad.
debido ejercicio financiero en la entidad. en dinero o en especie, que realicen las personas afiliadas al Partido;
9Garantizar la rendición de cuentas, así como la
Comité Ejecutivo Estatal tiene entre otras b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los precan-
transparencia en el manejo debido y eficaz de las
funciones: didatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas; y
finanzas
9Aplicar las resoluciones del Consejo Na- El Comité Ejecutivo Nacional, por medio de su Secretaría de Finanzas, será el órgano
9Garantizar la no discriminación en todo sentido,
cional, del Consejo Estatal y del Comité responsable de la administración del patrimonio y recursos financieros del Partido y
que atenten contra la dignidad humana y tenga
Ejecutivo Nacional; de la presentación de los informes de ingresos y egresos trimestrales y anuales, así
por objeto anular o menoscabar los derechos hu-
manos y políticos de las personas. 9Administrar los recursos del Partido a como los relativos a los gastos de precampaña y campaña a las autoridades federales
nivel estatal y difundir de manera pe- electorales a los cuales por ley se encuentren obligados. Dichas funciones deberán
9Los órganos de dirección y representación, tanto
riódica y pública el estado que guardan ajustarse siempre a lo dispuesto por las leyes en la materia, el presente ordenamiento
en sus ámbitos Estatal y Municipal, tendrán plena
dichos recursos, de acuerdo con lo dis- y los Reglamentos que de él emanen.
libertad para tomar las determinaciones que esti-
puesto en el Reglamento de Transparen- Secretaría de Finanzas de los Comités Ejecutivos Nacionales Estatales y Locales estará
men pertinentes debido a la situación imperante
cia del Partido; encargada de la actividad financiera, siempre subordinada a las decisiones de carácter
en su comunidad, siempre y cuando dichas de-
terminaciones sean emitidas respetando en todo 9Proponer al Consejo Estatal el plan de tra- colegiado de los Comités Ejecutivos correspondientes.
momento los Principios, Línea Política y ordena- bajo anual del Partido en el estado y pre- De la Distribución del Financiamiento.
mientos legales que rigen la vida interna del Parti- sentar a éste el proyecto de presupuesto y
Los recursos que el Partido obtenga por concepto de financiamiento público en el ám-
do, persiguiendo el fin común del mismo. el informe de gastos;
bito federal y estatal, así como por concepto de cuotas ordinarias y extraordinarias de
Son obligaciones de las y los afiliados del Partido: 9Manejar, en coadyuvancia con el titular sus afiliados, será asignado a programas determinados y se suministrará por resulta-
de la Secretaría General, las finanzas del dos, estableciendo porcentajes para las campañas electorales y actividades políticas
9Conocer, respetar y difundir la Declaración de
Comité Ejecutivo Estatal en coordinación y de desarrollo partidarias; a las instancias partidarias en las entidades federativas; a
Principios, el Programa, la Línea Política, el presen-
con el titular de la Secretaría de Finanzas; las instancias del Partido en el ámbito municipal; financiamiento público obtenido por
te Estatuto, los Reglamentos que de él emanen y
los acuerdos tomados por los órganos del Partido, Secretaría General del Comité Ejecutivo Es- actividades de investigación, educación y relacionadas corresponderá a las instancias
debiendo velar siempre por la democracia interna tatal tendrá entre otras funciones y atribu- del Partido que las hayan comprobado; para el sostenimiento de las actividades de las
y el cumplimiento de las normas partidarias; ciones actividades de la Organización Nacional de Jóvenes. El manejo y la recaudación de los
9Manejar, en coadyuvancia con el titular recursos corresponderán a cada ámbito de dirección del Partido.
9No ejercer algún tipo de discriminación ni violen-
cia de género; de la Presidencia, las finanzas del Comité La Secretaría Finanzas de los Comités Ejecutivos en sus ámbitos Nacional, Estatal y
Ejecutivo Estatal en coordinación con el Municipal establecerá el proceso administrativo necesario con grupos parlamentarios
9Cumplir con las resoluciones internas que hayan
titular de la Secretaría de Finanzas. y gobiernos para garantizar las aportaciones extraordinarias.
sido dictadas por los órganos facultados para ello
y con base en las normas partidarias. Artículo 205. El Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo jerárquicamente superior
descontará de las ministraciones que les correspondan a los Comités Ejecutivos Estata-
125
les y Municipales, la cantidad o porcentaje que establecerá el Consejo correspondiente.

del Partido Verde Ecologista de México en las elecciones 2018 en Guanajuato
El Partido Verde Ecologista de México, establece Órgano (s) de decisión vs órgano de Administración Financiamiento Público y Privado.
la garantía de participación efectiva de ambos de financiamiento político. Mecanismos de Distribución paritaria

géneros en la integración de sus órganos, así
como en la postulación de candidatos, tanto fe- La Asamblea Estatal es el órgano deliberativo de las El órgano de administración es el en-
derales como locales. políticas del Partido en cada una de sus Entidades cargado de elaborar y presentar infor-
Federativas y el Distrito Federal; mes anuales para aprobación del Con-
El Partido establece en los derechos y obliga-
ciones de sus militantes, consignados en las si- Los Comités Ejecutivos Estatales son los órganos sejo Político Nacional, y es facultado
guientes bases: ejecutores de las políticas del Partido en cada una para definir el uso y destino, de las pre-
de sus entidades federativas y el Distrito Federal. rrogativas federales, instruyendo a la
IV.- Participar en la toma de decisiones del Par- secretaría de finanzas en la forma de su
tido, incorporándose a los organismos corres- El órgano de administración es el órgano respon-
aplicación.
pondientes por sí o representado por delegados, sable de la administración, patrimonio, recursos fi-
de conformidad a lo dispuesto en los presentes nancieros del Partido y de la presentación de los in- Financiamiento Privado
Estatutos; formes de ingresos y egresos trimestrales, anuales,
a) Financiamiento por la militancia;
de precampaña y de campaña del Partido de con-
Refiere dicho estatuto como obligaciones y de- formidad a la normativa aplicable ante el Instituto
beres de los militantes: b) Financiamiento de simpatizantes;
Nacional Electoral.
9Conocer, cumplir, acatar y promover los Do- Dicho órgano es el encargado de elaborar y presen- c) Autofinanciamiento, y
cumentos Básicos del Partido; tar informes anuales para aprobación del Consejo
9Respetar la estructura estatutaria del Partido, Político Nacional, y es facultado para definir el uso y d) Financiamiento por rendimientos fi-
sus decisiones y resoluciones; nancieros, fondos y fideicomisos.
destino, de las prerrogativas federales, instruyendo
9Abstenerse de realizar cualquier acto que a la secretaría de finanzas en la forma de su apli- Los términos y condiciones del Finan-
vaya en detrimento del Partido Verde Ecolo- cación ciamiento Privado estarán regulados
gista de México, de los presentes Estatutos, El Órgano de Administración conocerá y dictami- por el Reglamento que para tal efecto
Declaración de Principios y Programa de Ac- nará sobre los informes mensuales que le rinda las emita el Consejo Político Nacional.
ción, de sus órganos estatutarios, militantes, secretarías de finanzas nacional, y la de los Comités
adherentes o simpatizantes; Ejecutivos Estatales.
9Cumplir con las resoluciones internas que Los Comités Ejecutivos Estatales serán coordinados
hayan sido dictadas por los órganos faculta- por el Secretario General del Comité Ejecutivo Esta-
dos para ello y con base en las normas parti- tal y estarán integrados por las siguientes secreta-
darias; rías:
XIII.- Cumplir las disposiciones legales en ma- IV.- Secretaría de Finanzas;
teria electoral: Los Secretarios Generales de los Comités Ejecu-
Y como obligaciones y deberes de los adherentes: tivos Estatales y del Distrito Federal con apoyo de
I.- Conocer, cumplir, acatar y promover los Do- la secretaría de finanzas de su Comité tendrán que
cumentos Básicos del Partido; entregar un informe mensual al Órgano de Admi-
nistración, informándole sobre todos los ingresos y
V.- Respetar la estructura estatutaria del Partido,
egresos del Comité Ejecutivo Estatal.
sus decisiones y resoluciones
126
Análisis de la información contenida en la base de datos del INE

El presente apartado refiere al análisis e interpretación de la información contenida en la base
de datos sobre los ingresos y gastos de campañas en sus distintos rubros correspondiente al
proceso electoral 2017-2018, publicada por el INE, respecto de las candidaturas a presidencias
municipales y diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de Guanajuato;
con el objeto de determinar con base en los hallazgos, si existe inequidad en la distribución del
financiamiento político.
Aunque hay importantes avances en materia de paridad de género en las candidaturas, es ne-
cesario contar con evidencias que muestran que la realidad supera los esfuerzos, y que el apoyo
económico que las candidatas reciben de cara a una elección se encuentra muy por debajo de lo
que reciben los hombres, debido a que al interior de los partidos imperan decisiones no demo-
cráticas que propician la inequidad en el financiamiento y, que a su vez, se hace presentes en
prácticas de particulares con una notable tendencia a favor de los hombres.
En las elecciones anteriores a las del 2018, las cuotas de género y el principio de paridad de
género habían obligado a partidos y coaliciones a presentar el mismo número de candidatos
hombres que mujeres, sin embargo se observó, que aún con dicha consigna, a las mujeres se les
asignaban candidaturas intencionalmente en municipios o distritos electorales con bajas posi-
bilidades de triunfo, de manera que se prohibió postular de manera desproporcionada a alguno
de los sexos en dichas circunscripciones.
Para atender lo anterior, las autoridades electorales en los comicios del 2018 diseñaron un
esquema llamado bloques electorales de votación. La lógica tras los bloques es que los partidos
saben en dónde tienen mayor votación que les permita obtener el triunfo y, para evitar que se
continuara con la distribución desproporcionada, se estableció que se debía realizar una clasi-
ficación, por lo menos, en tres bloques de competitividad (alta, media y baja) garantizando que
dentro de cada bloque hubiera paridad de género. Cabe mencionar que la selección de bloques
ha sido cuestionada en el sentido de si la clasificación es realmente objetiva, como se evidenció
en el apartado de resultados electorales y confinamiento discriminatorio, y se verá más adelante
con respecto a los ingresos para campañas de las candidaturas.
Por ejemplo, la región noreste del Estado de Guanajuato, catalogada así por el Instituto de
Planeación del Estado de Guanajuato está comprendida por los municipios de: Victoria, Xichú,
Doctor Mora, Atarjea, Tierra Blanca, Santa Catarina y San Luis de la Paz. Ocupa el 18.56% de la
superficie estatal y solo concentra 2.9% de la actividad económica estatal (Iplaneg, 2017: 13). En
esta región los partidos presentaron mayoría de candidatas mujeres y en específico en Xichú,
donde los partidos y coalición que presentaron candidaturas todas fueron mujeres. Es decir que
también existe una correlación entre circunscripciones electorales asignadas a mujeres con te-
rritorios con un Índice de Desarrollo Humano bajo, lo cual se analiza con mayor profundidad en
el capítulo sobre factores de riesgo de las candidatas.
Cabe mencionar que el estudio de la base de datos se hace partiendo del principio de que, de
cara a los comicios, los recursos económicos son una pauta que marca la diferencia en el momento
de la competencia electoral, por lo que tener más o menos dinero hace que la balanza se incline a
favor o en contra de los candidatos o candidatas, y de los cuales las mujeres llevan mucha desven-
taja: “diferencias significativas en los ingresos de campaña de los candidatos (que) producen des-
equilibrios en la lucha por los votos que son difíciles de superar para las mujeres” (Sacchet, 2018: 25)

Otros trabajos de investigación, partiendo del mismo hecho de repartición tendenciosa, han
estudiado el caso relacionando al presupuesto; encontrando que se les ha asignado a las muje-
res además de distritos, municipios perdedores y candidaturas, donde el partido suele tener sus
peores resultados o los menores niveles de competitividad” (Freidenberg y Alva-Huitrón, 2017:
6), así como, en municipios con un presupuesto limitado. Por lo que, en dado caso de resultar
electas y su margen de acción en el gobierno es a su vez restringido. Estos hechos refieren lo que
fue señalado en la parte conceptual como “sexismo institucional”.
En la siguiente sección nos enfocamos en analizar los ingresos de campañas que el INE hizo
públicos para darle una mayor transparencia al apartado de fiscalización de las elecciones. La
finalidad es demostrar que existe inequidad en la distribución de los recursos para financiar
campañas de hombres y de mujeres. El total de ingresos destinado a las campañas políticas está
desglosado en los siguientes rubros: aportaciones de militantes, aportaciones de simpatizan-
tes, aportaciones de candidatos independientes, autofinanciamiento, financiamiento público,
ingresos por transferencias en especie, otros ingresos, rendimientos bancarios, rendimientos
financieros, fondos y fideicomisos, transferencia de recursos federales, transferencia de recursos
locales, transferencias de candidatos de representación proporcional federales y, transferencias
de candidatos de representación proporcional locales.
Cabe mencionar que no todos los rubros cuentan con información completa, lo cual dependió
evidentemente de que los candidatos, o bien sus partidos, hicieran o dejaran de hacer labor para
adquirir ingresos por una vía u otra.
Ingresos Presidencias Municipales

La tabla 32 muestra los ingresos medios per cápita totales (ingresos medios por persona) para
cada partido político, coalición o candidaturas independientes por sexo y de manera global, ade-
más, se calcula el cociente del monto per cápita de los hombres entre el de las mujeres para
mostrar el número de veces que es mayor el presupuesto de campaña de los hombres que el de
las mujeres.
Tabla 32. Ingresos medios per cápita por partido político y sexo
registrados para las elecciones 2018 en Guanajuato
Ingresos medios per cápita Ingresos medios
Partido o Coalición
Hombres Mujeres H/M per cápita totales
PAN 377,574.98 174,475.82 2.2 276,025.40

PRI 215,810.42 149,653.02 1.4 182,731.72
PRD 248,575.07 146,721.15 1.7 197,648.11
PVEM 317,014.37 153,733.27 2.1 237,188.05
PANAL 88,646.85 46,692.19 1.9 67,669.52
MC 87,506.82 29,367.70 3 58,437.26
Morena 8,123.37 4,418.61 1.8 6,270.99
JHH 154,722.57 52,044.19 1.4 101,049.78
Independientes 206,247.85 151,913.37 3 203,983.92
Total 212,783.26 107,127.55 2.0 163,307.02
Fuente: Elaboración propia con datos del reporte de operaciones de ingresos y gastos de campaña en el
ámbito local del INE.

Como se puede observar, en términos generales existe una tendencia de otorgar dos veces más
financiamiento en favor de los hombres que de las mujeres, aunque, dependiendo del partido o
coalición esta incrementa o disminuye, sin embargo, en ningún caso se otorgó mayor presupuesto
para campañas de mujeres. Destacan las candidaturas independientes, y los partidos MC y PAN
que destinaron más recursos a campañas de hombres que de mujeres a razón de 3, 3 y 2.2 veces
respectivamente.
Otro aspecto sobresaliente es que, en todas las asociaciones políticas que contendieron en las
elecciones, el ingreso medio per cápita de los hombres es considerablemente superior al ingreso
medio per cápita de la asociación, mientras que, caso contrario, el ingreso medio per cápita de las
mujeres es considerablemente inferior al ingreso medio per cápita de la asociación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se analiza ahora la información por bloque de competitividad
para todas las candidaturas y se separan aquellas candidaturas de personas que resultaron elec-
tas tras las elecciones (véase tabla 33).
Tabla 33. Presupuesto asignado a candidaturas por bloque de competitividad
Número de Personas
Bloque Sexo Ingresos totales Ingresos electos/as
candidaturas electas
H 47 13,331,193 16 6,793,970
ALTO
M 46 6,803,732 8 1,830,998
H 46 10,881,586 9 1,895,136
MEDIO
M 45 5,065,546 4 446,636
H 41 7,246,324 8 1,816,551
BAJO
M 44 4,049,403 1 98,539
H 19 1,247,050
SIN BLOQUE
M 19 534,177
Se puede observar que el presupuesto asignado para campañas decrece acorde a la importan-
cia de los bloques, es decir, hay una relación entre el monto de ingreso obtenido con el tipo de
bloque, dejando ver que los partidos asignaron más dinero al bloque alto, menos al medio, una
cantidad menor al bloque de baja competitividad y, por último, menos dinero a las candidaturas
que no tuvieron bloque (dado que no presentaron candidaturas en las elecciones pasadas).
La tabla 33 también muestra que el presupuesto asignado a los hombres electos, en compa-
ración con el de las mujeres que ganaron, fue muy superior; se tiene una relación de 3.7 veces
más de presupuesto para los hombres electos que para las mujeres electas en el bloque de alta
competitividad, 4.2 veces más en el bloque de media y, 18.4 veces más en el bloque de baja com-
petitividad. Esta desigualdad no se logra explicar por el número de personas ganadoras de cada
sexo pues hay apenas el doble de hombres que, de mujeres en el bloque alto, más del doble de
hombres en el de competitividad media y, ocho hombres a una en el bloque bajo.
En la tabla 34 se compara el ingreso total por campaña de candidatura electa contra los in-
gresos máximos de campaña dentro de cada municipio, especificando el sexo del candidato o
candidata ganadora, con la finalidad de ver la influencia del dinero recibido para la campaña
con el triunfo en los comicios y, por ende, sostener la tesis de que el dinero es requisito para la
competencia electoral.

Tabla 34. Comparativa de ingresos totales de la candidatura ganadora de presidencia municipal
y de la candidatura de mayor ingreso en el municipio en las elecciones 2018 en Guanajuato
Ingresos totales del ga- Ingresos totales máxi-

Municipio Sexo
nador de la elección mos en el municipio
Abasolo 86,769.90 256,879.09 Hombre
Acámbaro 218,278.37 802,299.04 Hombre
Apaseo el Alto 98,539.42 283,909.98 Mujer
Apaseo el Grande 214,557.88 214,557.88 Hombre
Atarjea 43,651.73 70,275.98 Mujer
Celaya 1,028,221.09 1,028,221.09 Mujer
Comonfort 477,642.96 477,642.96 Hombre
Coroneo 94,440.83 120,898.88 Mujer
Cortázar 186,538.38 477,474.64 Hombre
Cuerámaro 189,518.67 189,518.67 Mujer
Doctor Mora 114,702.90 114,702.90 Hombre
Dolores Hidalgo CIN 248,903.95 354,859.21 Hombre
Guanajuato 361,502.83 459,881.00 Hombre
Huanímaro 156,274.64 156,274.64 Hombre
Irapuato 841,608.55 989,344.91 Hombre
Jaral del Progreso 84,449.46 132,678.29 Hombre
Jerécuaro 136,838.26 148,633.80 Hombre
León 2,225,294.23 3,451,145.53 Hombre
Manuel Doblado 80,473.00 117,866.74 Hombre
Moroleón 541,439.48 541,439.48 Hombre
Ocampo 98,319.52 140,255.29 Mujer
Pénjamo 313,266.07 313,266.07 Hombre
Pueblo Nuevo 28,322.46 157,422.78 Mujer
Purísima del Rincón 174,454.87 174,454.87 Hombre
Romita 103,629.83 167,941.61 Hombre
Salamanca 181,040.28 994,363.00 Mujer
Salvatierra 179,169.58 212,137.92 Mujer
San Diego de Unión 128,177.46 156,950.74 Hombre
San Felipe 262,829.28 698,712.71 Hombre
San Fco. Rincón 228,647.88 375,795.39 Hombre
San José Iturbide 30,839.37 323,775.65 Hombre
San Luis de la Paz 111,017.28 228,487.92 Hombre
San Miguel Allende 461,870.31 461,870.31 Hombre
Santa Catarina 150,252.00 150,252.00 Mujer
Santa Cruz de Juventino Rosas 312,918.75 312,918.75 Hombre
Santiago Maravatío 62,446.07 89,007.52 Hombre
Silao de la Victoria 730,211.38 730,211.38 Hombre
Tarandacuao 74,706.49 103,522.24 Mujer
Tarimoro 125,875.42 268,630.26 Hombre

Tierra Blanca 82,655.59 172,573.42 Hombre

Uriangato 382,190.82 523,652.49 Hombre
Valle de Santiago 267,850.49 591,945.22 Hombre
Victoria 143,539.59 217,698.06 Mujer
Villagrán 542,300.67 542,300.67 Hombre
Xichú 66,452.18 78,934.65 Mujer
Yuriria 209,200.83 296,253.14 Hombre
En la tabla anterior se encuentra resaltado con color gris el sexo de aquellas candidaturas electas a
las que se les asignó el monto máximo de campaña dentro del municipio. En 14 casos, casi un tercio
de los municipios, los partidos “apostaron de manera correcta” la asignación de recursos de campa-
ña pues los montos máximos coinciden con los de los ingresos de la candidatura electa. Se observa
además que de esos 14 casos sólo tres fueron para mujeres, lo que muestra que las candidaturas
de hombres estuvieron en municipios con mayor probabilidad de ser ganados, es decir, municipios
donde los partidos políticos o coaliciones sabían que tenían mejor competencia electoral.
Otra muestra de inequidad de los recursos de campaña entre candidaturas de personas electas se
presenta la tabla 35. Para cada partido político o coalición, con una candidatura ganadora, se muestra
por sexo el número de personas electas, los ingresos para campaña y, los ingresos medios per cápita.
Tabla 35. Comparativo de ingresos por sexo para campañas de candidaturas

electas en presidencias municipales en las elecciones 2018 en Guanajuato
Ingresos para Ingresos per

Asociación Número
campaña cápita
JHH 5 1,006,340.40 201,268.08
Hombre 3 726,760.70 242,253.57
Mujer 2 279,579.70 139,789.85
PANAL 1 542,300.67 542,300.67
Hombre 1 542,300.67 542,300.67
PAN 25 8,447,755.63 337,910.23
Hombre 15 6,379,483.95 425,298.93
Mujer 10 2,068,271.68 206,827.17
PRD 2 854,358.23 427,179.12
Hombre 2 854,358.23 427,179.12
PRI 11 1,553,688.91 141,244.45
Hombre 10 1,525,366.45 152,536.65
Mujer 1 28,322.46 28,322.46
PVEM 2 477,387.16 238,693.58
Hombre 2 477,387.16 238,693.58
Total 46 12,881,831.00 280,039.80

Como se puede observar, para las elecciones de presidencias municipales en el estado de Gua-
najuato, el número de candidatas ganadoras fue únicamente de 13 contra 33 de los hombres, esto
pone en evidencia que las configuraciones de candidaturas presentadas por los partidos favore-
cieron más a los hombres que a las mujeres; sólo el 28% de los municipios fueron ganados por
mujeres. La tabla también pone de manifiesto la diferencia entre los ingresos recibidos para can-
didaturas ganadoras entre ambos sexos, estando muy por encima los otorgados a los hombres.
En todos los casos, el ingreso medio per cápita de los hombres electos está considerablemente por
encima del ingreso medio per cápita que el partido o coalición otorgó a las personas que ganaron,
mientras que, el ingreso medio per cápita de las mujeres ganadoras está considerablemente por
debajo. Esto reafirma lo citado anteriormente; las candidaturas de hombres estuvieron donde los
partidos políticos o coaliciones sabían que tenían mejor competencia electoral.
La entrega de fondos públicos para las campañas no es garantía de que haya equidad en los presu-
puestos de campaña entre hombres y mujeres, esto se debe principalmente a dos razones: por un lado
se tiene la diferente capacidad de recaudación privada de los candidatos; se sabe que los hombres tie-
nen acceso a muchas más redes sociales y económicas a la que les permiten financiar campañas; en
otros trabajos se encuentra expresado cómo “las mujeres cuentan con un acceso limitado a fondos y
relaciones que les permitan contar con capital económico y redes para poder financiar una campaña
electoral” (Estrada, 2018). En el mismo sentido la Guía de Naciones Unidas menciona que en general
las redes formales e informales a las que tienen acceso las mujeres son menores. Por otro lado, cuando
el presupuesto público se entrega a los partidos, su repartición se deja a discreción de estos.
Los partidos políticos tienen dos formas de financiarse en campañas; la manera pública que se
hace conforme a la ley multiplicando el 65% del valor de Unidad de Medida Actual (UMA) por el núme-
ro de ciudadanos del Padrón Electoral. Del total se aparta un 30% y se divide entre el número de parti-
dos para asignar ese primer porcentaje, el 70% restante se hace conforme a la elección federal anterior
por lo que los partidos con mayor votación reciben mayor prerrogativa. Por otra parte, el artículo 53
de la Ley de Partidos Políticos estipula los tipos de financiamiento privado. Ahora bien, todo financia-
miento privado está sujeto a límites; durante los procesos electorales los militantes pueden colaborar
con el 2% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el soste-
nimiento de sus actividades ordinarias y precampañas, mientras que las aportaciones de militantes
equivalen al 10% del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior. En el Acuerdo INE/
CG21/2018, el Consejo General del INE estableció en $85,926,664.92 como límite de las aportaciones de
militantes en dinero o especie, y $33,611.208.00 como límite de las aportaciones de los simpatizantes.
A continuación, se presenta de forma concentrada tres tipos de ingresos: militantes, simpa-
tizantes y otros ingresos privados. Dentro de cada uno de estos se utilizó el ingreso per cápita en
cada caso de sujeto obligado, es decir; partidos, coalición o candidatos bajo la figura de indepen-
dientes y al final se hace un cociente entre el monto de hombres y el de mujeres para mostrar
el número de veces de más que recibió los primeros sobre las segundas. El apartado de otros
ingresos privados equivale a la suma de las aportaciones de las/los candidatas/os, de la persona
candidata independiente, del autofinanciamiento, de los ingresos por transferencia en especie y,
los rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
En la tabla 36 se puede observar, en primer lugar, la misma tendencia de que los hombres
tienen mayor financiamiento que las mujeres (salvo otros ingresos privados para los partidos
PRD y MORENA). Esa misma tendencia en detrimento de la mujer, se salta desde los partidos y se
extiende a las coaliciones, permaneciendo las diferencias desfavorables para la mujer. De forma
tal que en las coaliciones se tiene 1.6 veces más dinero para los hombres.

Tabla 36. Ingresos privados per cápita para campañas en las elecciones 2018 en Guanajuato
Partido o Militantes Simpatizantes Otros ingresos privados
Coalición H M H/M H M H/M H M H/M
PAN 75,766.74 33,600.10 2.3 8,971.87 3,630.10 2.5 24,001.48 17,157.65 1.4
PRI 55,257.98 37,027.25 1.5 8,850.75 7,180.69 1.2 10,120.15 5,646.76 1.8
PRD 58,738.41 2,965.26 19.8 52,781.81 30,107.17 1.8 1.01 264.05 0.0
PVEM 20,419.75 7,935.39 2.6 33,564.35 32,354.95 1.0 13,783.77 13,388.08 1.0
PANAL 38,823.25 15,001.09 2.6 2,276.67 333.33 6.8
MC 8,778.14 135.32 64.9 27,081.50 2,630.42 10.3 3,045.17 1,687.30 1.8
MORENA 1,488.66 3,200.00 0.5 6,628.90 5.81 1,218.61 0.0
JHH 10,673.91 2,574.93 4.1 43,674.66 9,106.92 4.8 4,316.54 2,586.07 1.7
Independientes 114,317.74 69,562.00 1.6 25,725.68
Total 28,511.43 12,391.92 2.3 40,618.98 14,092.95 2.9 10,789.72 5,992.74 1.8
Nota: Los espacios vacíos se deben a que ahí no se presentó información. Cuando alguno de los dos sexos
no tiene información no tiene sentido calcular la razón H/M.
Hay que precisar que en la tabla anterior los cálculos de los ingresos privados per cápita se hicie-
ron considerando todas las candidaturas de cada partido político o coalición para cada uno de
los rubros, no obstante, la tabla 37 muestra el número de candidaturas que sí tuvieron aporta-
ciones en dichos rubros.
Tabla 37. Candidaturas con aportaciones privadas por rubros en las elecciones 2018 en Guanajuato
Otros Ingresos
Partido político Militantes Simpatizantes Ingresos Privados
Privados
o coalición
H M H M H M H M
PAN 22 23 8 5 23 23 23 23
PRI 18 15 16 9 9 6 22 16
PRD 9 5 11 8 19 19 19 19
PVEM 14 8 23 22 17 15 23 22
PANAL 11 9 2 1 12 10
MC 10 3 15 9 12 6 20 12
MORENA 1 1 1 1 1 1 1
JHH 14 6 20 17 21 23 21 23
Independientes 18 1 18 20 1
Total 88 61 123 80 122 94 161 127
En relación con la militancia, se deben hacer dos observaciones: la primera es la discordante
relación entre el número de mujeres militantes que tienen los partidos con el monto de ingresos
que recibieron las candidatas por esta vía y, la segunda tiene que ver con que en la última década
se ha otorgado recurso público específico para el fortalecimiento del liderazgo político de las mu-
jeres, el cual tampoco se traduce en un apoyo para las mujeres candidatas. Cabe mencionar que

las aportaciones hechas por militantes son libres de acuerdo con el artículo 56 de la Ley General
de Partidos Político (LPP).
Dentro del contexto partidista los números muestran que para 2017 las militantes mujeres
ocupaban el 58 % de los padrones de los diferentes partidos en México (INE, 2017), cifra que se
encuentra incluso por encima de la media latinoamericana.
Freidenberg (2017: 169) explica que “la mayoría de los militantes suelen ser mujeres y son
ellas las que hacen el trabajo político para movilizar el voto”. Es decir, en los partidos predomi-
nan las mujeres y resultan ser más eficientes para los fines electorales, pero cuando se trata de
financiar económicamente una candidatura ni la eficiencia ni las mayorías se manifiestan y sus
candidatas mujeres se enfrentan a las elecciones con desventaja económica.
Los esfuerzos para romper con visiones limitantes han sido muchos desde la parte institucio-
nal, en específico la realizada por las instituciones que trabajan en la organización y evaluación de
elecciones, así también desde el poder legislativo. Como muestra se tienen los señalamientos en la
Ley de Partidos Políticos la cual menciona que estos deben contar con un mínimo de órganos internos
entre los que debe estar el encargado de proporcionar la educación y capacitación cívica de los mi-
litantes. La misma ley menciona que dentro del programa de acción –documento básico que deben
tener todos los partidos en México– los partidos están obligados a formar políticamente a sus mi-
litantes. Por ende, la instrucción y capacitación de militantes es una obligación por mandato legal.
Otra razón de la entrada diferenciada de ingresos por la vía de la militancia se puede explicar
con el uso real de los recursos asignados para atender desde los partidos las brechas entre mu-
jeres y hombres. Con este fin, el Instituto Nacional Electoral ha obligado a los partidos a utilizar,
primero el 2% y después el 3% de su financiamiento público ordinario para la Capacitación, Pro-
moción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Para 2018 el mismo instituto diseñó el
Protocolo para la implementación de Buenas Prácticas en el Ejercicio del Gasto Programado: Capacitación,
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres “dado la necesidad de erradicar la simu-
lación respecto al destino de los recursos públicos entregados a los partidos políticos para el
fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres […] ya que se ha utilizado para cubrir otros
gastos” (Ravel, 2018).
Es decir que, con respecto a la militancia, una razón importante del reducido financiamiento
compete a las colegas del partido y otra que se considera más preocupante es que los partidos
no están haciendo la parte que les corresponde, al grado de comprobárseles no utilizar recursos
suficientes para el fortalecimiento de la carrera política de las mujeres.
Por último, pensar que las mujeres van a apoyar a su género porque padecen los mismos
abusos suena lógico e incluso solidario, sin embargo, en ese sentido previamente ya se ha con-
cluido que no hay que caer en “la suposición política de que las mujeres en la política siempre
representan los intereses específicos de las mujeres” (Barrow-Giles, 2012:247), por lo que habrá
que tener en mente esto a lo largo del presente.
Ahora bien, como siempre existen datos interesantes y/o excepciones, en este mismo apar-
tado de militantes se encuentra el caso de la candidata de Irapuato por el PRI, quien fuera la
candidatura que más ingreso recaudó por esta vía y, sin lugar a duda, eso causó que el cálculo
per cápita para las mujeres fuera más alto, haciendo que se viera tan desigual la tendencia como
sí lo fue para el resto de las candidatas de otros partidos políticos.
Si en principio pueden considerarse hechos aislados, estos en realidad obedecen a otros facto-
res que tienen que ver con el capital político o bien si la persona es parte de la élite partidista como
sucede con este caso, quién ya ha ocupado puestos de elección por vía de listas para diputaciones.

La parte de los simpatizantes resulta de manera similar a la de militantes y, a reserva del PRI
y el PVEM, los demás partidos continúan inclinando la balanza en favor de los hombres. Estas
aportaciones privadas, también libres, deben considerarse “ajenas” al interior de los partidos.
Entonces, una posible explicación del comportamiento de las aportaciones por esta vía es que
trasciende a cuestiones culturales, prácticas comunes y posibles vicios de éstas.
Resulta complicado explicar probables razones discriminativas en los simpatizantes sin caer
en la limitada explicación cultural, algunas otras razones más se pueden mencionar para expli-
car la diferencia en el financiamiento electoral otorgado por militantes: lo cual es posible pues
afortunadamente el tema de género se ha estudiado ampliamente en los últimos años permi-
tiendo conocer más. En 2014 se publicó un trabajo de investigación “Violencia contra las mujeres:
conceptos y causas” (Yugueros, 2014: 152) explicando que la violencia de género parte de mitos y
estereotipos transmitidos generacionalmente.
Por otro lado, la guía de Naciones Unidas menciona que el “financiamiento electoral para
avanzar en la participación política de las mujeres” es una de las barreras más comunes que las
mujeres enfrentan para la participación. Citan la falta de voluntad política, la carencia de redes
de contactos, la fragilidad democrática, la seguridad, los patrones de discriminación y la barrera
psicológica. Esta última coincide con los mitos y estereotipos de las sociedades que al parecer se
han extendido a los votantes y simpatizantes, a los que habrá entonces que enseñar desde las
distintas arenas a romper con los mitos y estereotipos.
En cuanto al financiamiento de las campañas de candidaturas independientes, se presenta la
tabla 38, la cual muestra aquellas candidaturas independientes cuyo ingreso total para campaña
alcanza al menos el tercer lugar dentro del municipio. En siete municipios se presentó esta situa-
ción y en todos la candidatura la ocupó un hombre. Si bien es cierto que las candidaturas inde-
pendientes reciben presupuesto público, hay que mencionar que la mayor parte de sus ingresos
para campaña provienen de aportaciones privadas, por lo que se puede deducir que, un factor
importante para decidir participar en una candidatura independiente, depende de la confianza
que sientan las personas para lograr hacerse de recursos que financien sus campañas electora-
les, lo cual nos remite al capital familiar, político y económico con el que cuenta.
Tabla 38. Candidaturas independientes que tienen al menos el tercer lugar de presupuesto
para campaña dentro de un municipio en las elecciones 2018 en Guanajuato
Lugar que ocupa el financiamiento

Número de candidatos con menor
Municipio del candidato independiente en
monto de financiamiento
relación con los demás
Uriangato Primero Siete
Celaya Segundo Seis
Comonfort Segundo Cinco
Irapuato Tercero Cinco
San Miguel de
Tercero Seis
Allende
Atarjea Tercero Tres
Valle de Santiago Tercero Cinco

En cuanto a otros ingresos públicos, se tienen los tres siguientes apartados: transferencia de
recursos federales, locales y otros ingresos públicos, que es la suma de financiamiento público,
las transferencias de candidaturas de representación proporcional federales y las transferencias
de candidaturas de representación proporcional locales (véase tabla 39).
De manera general, se puede ver que las transferencias de recursos federales aparentemente
se distribuyeron de una forma equitativa, pues la razón de ingresos per cápita de hombre y mu-
jeres es de uno. Sin embargo, al ver el desglose por partido político o coalición, se revela que este
valor del indicador se debe a una compensación entre las razones de el PAN y el PRI, donde el PAN
otorgó 10.6 veces más a los hombres mientras que el PRI solamente les dio la mitad; eso, aunado
a que los montos totales del PRI en este rubro son más del doble que los del PAN.
En cuanto a las transferencias de recursos locales, éstas son muy superiores a las federales
y la inequidad se hace notar, tanto de manera general –los partidos políticos y coaliciones otor-
garon 1.8 veces más recursos de este rubro para los hombres–, como por partido político o coali-
ción, donde destaca el partido PVEM –que otorgó 4.6 veces más presupuesto por este rubro a los
hombres que a las mujeres–.
Tabla 39. Ingresos públicos per cápita para campañas en las elecciones 2018 en Guanajuato
Partido o Transferencia de recursos Transferencia de recursos Otros ingresos públicos

Coalición federales locales
H M H/M H M H/M H M H/M
PAN 20,513.69 1,943.09 10.6 248,320.57 117,943.05 2.1 201.74
PRI 16,120.77 33,654.57 0.5 125,085.13 66,143.74 1.9
PRD 137,053.84 113,384.67 1.2
PVEM 76,027.74 62,486.89 1.2 173,218.77 37,567.95 4.6
PANAL 46,746.22 31,078.79 1.5
MC 6.93 5.25 1.3 48,576.79 24,895.59 2.0 18.29 13.84 1.3
MORENA 0.00
JHH 96,057.46 37,776.27 2.5
Indepen- 65,375.16
dientes
Total 14,819.31 14,189.88 1.0 109,340.64 59,896.85 1.8 8,545.63 563.20 15.2
ámbito local del INE
Nota: Los espacios vacíos se deben a que ahí no se presentó información. Cuando alguno de los dos sexos
no tiene información no tiene sentido calcular la razón H/M.
En otros ingresos públicos sólo el partido Movimiento Ciudadano ingresó movimientos en can-
didatos y candidatas, por lo que solamente para este partido es posible calcular cuántas veces
más le asignaron mayor recurso a los hombres que a las mujeres y esto fue a razón de 1.3 veces.
Ingresos Diputaciones Mayoría Relativa

El análisis de las tablas de diputaciones resulta, por su parte, muy revelador y ahí disminuye lo
que hasta el momento en el caso de presidencias municipales se había mostrado. La tabla 40
se eligió presentar así porque trae más datos que las anteriores y puede resultar más visible o
también más significativa.

La tabla expresa el número de candidatas y candidatos por partido o tipo de asociación y sexo.
Dejando el dato de la sumatoria de ingresos totales y el monto máximo y mínimo que recibieron
los candidatos. El valor per cápita lo calculamos con el fin de estimar cuánto sería el monto que
debería recibir cada candidato en caso de tener normatividad en la paridad en el financiamien-
to. A su vez esto sirve para dividir el número de ingresos recibidos por los candidatos hombres
versus el recibido por las mujeres y poder así contrastar.
Para manifestar el contraste entre los ingresos de diputaciones de MR con las alcaldías, la
repartición de dinero en las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa se
puede decir es un poco más democrático en términos generales. Hay excepciones, en el caso
del PAN no se tiene más que una candidata mujer para la diputación por lo que no hay con qué
contrastar. De igual forma sucede con los independientes que cuentan exclusivamente con can-
didatos hombres para la diputación.
Tabla 40. Ingresos por diputación de mayoría relativa en las elecciones 2018 en Guanajuato
Veces
Ingresos Totales Número Sumatorias Máximo Mínimo Per cápita
de más
PAN 1 $404,842.30 $404,842.30 $404,842.30 $404,842.30
Mujeres 1 $404,842.30 $404,842.30 $404,842.30 $404,842.30
PRI 22 $2,906,651.05 $274,646.53 $0.00 $132,120.50 1.42
Hombres 11 $1,704,334.42 $274,646.53 $0.00 $154,939.49
Mujeres 11 $1,202,316.63 $168,078.84 $0.00 $109,301.51
PRD 1 $1,921.18 $1,921.18 $1,921.18 $1,921.18 0.02
Hombres 1 $1,921.18 $1,921.18 $1,921.18 $1,921.18
Encuentro Social 2 $236,269.34 $124,846.48 $111,422.86 $118,134.67 0.89
Hombres 1 $111,422.86 $111,422.86 $111,422.86 $111,422.86
Mujeres 1 $124,846.48 $124,846.48 $124,846.48 $124,846.48
Independiente 2 $1,921,138.83 $1,165,896.28 $755,242.55 $960,569.42
Hombres 2 $1,921,138.83 $1,165,896.28 $755,242.55 $960,569.42
Morena 2 $46,129.28 $44,358.32 $1,770.96 $23,064.64 25.05
Hombres 1 $44,358.32 $44,358.32 $44,358.32 $44,358.32
Mujeres 1 $1,770.96 $1,770.96 $1,770.96 $1,770.96
Morena-PT-
20 $852,169.94 $88,696.45 $3,282.25 $42,608.50 1.5
Encuentro Social
Hombres 10 $511,252.41 $88,696.45 $41,856.70 $51,125.24
Mujeres 10 $340,917.53 $58,510.19 $3,282.25 $34,091.75
Movimiento
22 $1,298,788.60 $112,931.94 $32,992.97 $59,035.85 0.98
Ciudadano
Hombres 11 $643,741.28 $106,876.87 $32,992.97 $58,521.93
Mujeres 11 $655,047.32 $112,931.94 $38,492.82 $59,549.76
Nueva Alianza 22 $1,073,302.42 $89,599.24 $32,660.29 $48,786.47 0.87
Hombres 11 $498,192.73 $62,406.45 $32,660.29 $45,290.25
Mujeres 11 $575,109.69 $89,599.24 $36,547.65 $52,282.70
PAN-PRD 21 $6,188,791.04 $346,262.15 $249,250.54 $294,704.34 1.02
Hombres 11 $3,267,245.75 $341,927.43 $252,342.37 $297,022.34

Mujeres 10 $2,921,545.29 $346,262.15 $249,250.54 $292,154.53
PT 2 $91,000.00 $45,500.00 $45,500.00 $45,500.00 1
Hombres 1 $45,500.00 $45,500.00 $45,500.00 $45,500.00
Mujeres 1 $45,500.00 $45,500.00 $45,500.00 $45,500.00
PVEM 22 $3,810,644.65 $397,912.75 $116,882.06 $173,211.12 0.89
Hombres 11 $1,797,415.29 $216,625.70 $120,167.46 $163,401.39
Mujeres 11 $2,013,229.36 $397,912.75 $116,882.06 $183,020.85
Total general 139 $18,831,648.63 $1,165,896.28 $0.00 $135,479.49
Tabla 41. Análisis comparativo de la razón de hombres entre mujeres,

Ingresos totales en presidencia
Ingresos totales en diputación
municipal
PAN 2.2 NA
PRI 1.4 1.42
PRD 1.7 0.02
PVEM 2.1 0.89
NA 1.9 0.87
MC 3 0.98
MORENA 1.8 25.05
Juntos Haremos Historia 3 1.5
Por Guanajuato al Frente NA 1.02
Independientes 1.4 NA
Dejando atrás las excepciones, podemos observar en el resto la diferencia entre los ingresos reci-
bidos para contender por un tipo de elección contra el otro. En la parte de diputaciones todos los
partidos, menos Morena, tienen saldos a favor de la mujer. Y el caso de Morena es difícil de gene-
ralizar puesto que son solo dos candidatos, uno hombre y una mujer por lo que se puede comparar
más no hablar de una tendencia. Y la coalición Juntos Haremos Historia disminuye a la mitad.
La diferencia se puede encontrar en diversas iniciativas que se dieron, incluso, previas a la
reforma electoral. Las sitúa en propuestas ciudadanas y académicas de reforma e iniciativas de
reforma que incluían el tema electoral comenzadas desde 2009, retomadas en 2010 y después por
el pacto por México de 2012 que se materializaba en ley hasta 2014.
Algunas iniciativas de partidos –PAN y PRD– en las diferentes cámaras en años previos al 2012,
proponían en razón de género aumentar el porcentaje de cuotas, pero la paridad como tal la
propone en la segunda tanda del punto denominado Reforma política y participación ciudadana
de la asociación de asociaciones de la sociedad civil titulada: Primera Cumbre Ciudadana. Justo
en el último punto redactado así: “impulsar la participación paritaria de hombres y mujeres en
todos los órdenes de gobierno” (Azuela, 2013: 35) .
Cuando finalmente se materializa la Reforma de 2014 se estipulaba en el artículo 41, base I.
que los partidos políticos tenían como fin
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así

como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores
federales y locales.
Por ende, “que los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la paridad de género, es
decir, que se integren las listas con 50% de hombres y 50% de mujeres en la postulación de candi-
daturas a legisladores federales y locales” (Castellanos, 2016:51) sin especificar nunca la paridad
en otros órdenes como lo había solicitado la sociedad civil organizada.
La misma base del artículo fue reformada el 10/02/2014 sin modificar el texto referente a los
legisladores federales y locales, no es sino hasta el decreto de reforma publicado por el Diario
Oficial de la Federación el 06/06/2019 que se observa el texto modificado, quedando de la manera
siguiente:
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, prin-
cipios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así
como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en
las candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
Recapitulación
La implementación del sistema de cuotas no ha sido un parte aguas de la “discriminación en las
oportunidades que tienen las mujeres para participar en política” (Krook y Restrepo, 2016: 462), pues
pese a la paridad en la representación política, continúan enfrentándose a barreras institucionales,
culturales y socioeconómicas por parte de los partidos políticos. Quienes ven en la insuficiencia ju-
rídica –vacíos jurídicos respecto a la regulación de los métodos de distribución del financiamiento
político– una oportunidad para realizar sus propios manejos financieros y, con ello, una forma de
eludir la equidad en la distribución de los recursos, ya que no ha que no ha sido posible confeccio-
nar esquemas jurídicos que regulen eficaz y equitativamente el fenómeno (Andrea, 2002).
En este sentido, las prácticas de discriminación tienen que ver con la falta de normas eficaces
respecto al tema del dinero y la equidad en la distribución del financiamiento público y privado
otorgado a los partidos políticos, y el predominio de los intereses partidistas sobre los de género.
Las cuales no han sido debidamente reguladas por las leyes electorales y normas estatutarias
al interior de los partidos, quedando sujeta la distribución a criterio y acuerdos de los propios
partidos políticos. Bajo este esquema, la competencia de candidatas y candidatos al interior de
los partidos se muestra diferenciada por una serie de factores que inciden negativamente en
las oportunidades de las mujeres dentro de los procesos electorales. Factores que no han logra-
do ser eliminados con el reconocimiento de un derecho paritario –ley de cuotas– o principios
de equidad/igualdad, debido a que siguen predominando pautas culturales, sociales, políticas
y económicas que afectan seriamente su participación, traduciéndose esta última en violencia
económica, la cual ha sido objeto de estudio del presente trabajo. A esto se suman gran cantidad
de trabajos en aras de un reconocimiento no retórico sino eficaz y total de los derechos político
electorales de las mujeres, que hasta hoy en día no han logrado erradicarse.
Esto es así debido a los recursos financieros que el gobierno entrega al INE, y éste a su vez a los
partidos políticos, si bien está sujeto a fiscalización por parte del Instituto, el objeto y fin de dicha
fiscalización es enfocada y justificada con motivo de la transparencia de los recursos públicos
otorgados por el presupuesto a los partidos. Y la protección de ingreso de recursos de origen

malicioso que pudiera poner en riesgo la contienda electoral, dejando de lado una regulación
y fiscalización en aras de los principios democráticos –igualdad/equidad– de los mecanismos o
procedimientos de distribución a candidatas y candidatos al interior de los partidos políticos.
Tratándose del financiamiento privado opera la misma lógica de inequidad, y esto se debe a
que parte de los recursos que se obtienen con este tipo de financiamiento proviene entre otros
de los militantes o simpatizantes, lo cual se encuentra muy relacionado con las relaciones de
poder que tengan las candidatas o candidatos con los líderes de cada partido.
Además, la afirmación de “que el dinero es un prerrequisito para competir en la mayoría de los
sistemas políticos hoy, pero los patrones de discriminación de género obligan mujeres para con-
formarse con más limitado recursos que los hombres” (Luchsinger y Meena, 2017), continua siendo
una realidad hasta nuestros días. Ello encuentra su sustento en las reglas de juego al interior de los
partidos políticos, debido a las prácticas ideologías que, en su acción, transgreden la Constitución.
Ante tal escenario, resulta necesario una revisión minuciosa del alcance de la legislación elec-
toral y normativa interna de los partidos políticos para determinar si contienen los principios
paridad/equidad, respecto a la distribución del financiamiento político, la vigilancia y control de
éste, así como las sanciones en caso de incumplimiento. No debemos pasar por alto que dichas
adecuaciones en el ámbito legal procedimental, por consecuencia traerán consigo una adecuación
a la Ley sustantiva para contar con instituciones políticamente fortalecidas, justas y democráticas.
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https://igualdad.ine.mx/

La dimensión comunicacional:
Desigualdad de género en la presencia
mediática de las candidaturas
La comunicación ocupa un lugar central en la vida social, especialmente en las prácticas políti-
cas. En los sistemas democráticos esta centralidad se vuelve más evidente durante los periodos
de campañas electorales, en tanto que la búsqueda de convencer al electorado de votar por
tal o cual partido se juega principalmente en los medios de comunicación. Los contenidos que
en ellos circulan bajo la forma de spots, noticias y otros, son productos simbólicos que llevan
implícitas determinadas intencionalidades, visiones del mundo y relaciones. De ahí que estos
elementos sean tan relevantes en el presente estudio sobre violencia política de género en el
proceso 2018 en Guanajuato.
En este capítulo se exponen los resultados de la investigación en el eje de la comunicación.
El objetivo específico fue analizar la dimensión comunicativa de las campañas electorales, me-
diante el abordaje de la publicidad electoral, la cobertura mediática y la comunicación en redes
sociodigitales, durante el periodo de las campañas y la jornada electorales. Esto permitió com-
prender las lógicas de representación simbólica de las candidaturas de mujeres.
El capítulo consta de tres partes: en primer lugar, se presenta la propuesta teórica, que arti-
cula elementos de la comunicación pública (Demers, 2008; Demers & Rueff, 2018) y de la línea de
género y comunicación (Padovani, 2018; Vega Montiel, 2008, 2017), para comprender la relación
entre actores, prácticas y escenarios de la vida política. En segundo lugar, se detalla la estrategia
metodológica, que consiste a su vez en tres fases de estudio: la primera es un comparativo ge-
neral, la segunda se enfoca en las representaciones de las mujeres en un corpus intermedio de
materiales, mientras que la tercera aborda las representaciones de las mujeres en un corpus más
reducido, para las tres áreas –publicidad política, cobertura mediática y comunicación en redes
sociodigitales–. Finalmente, se despliegan los resultados, en los cuales es posible identificar una
disparidad en la presencia de las mujeres en los productos comunicativos de los partidos en las
campañas electorales.
Las campañas electorales desde la perspectiva

de la comunicación pública
La comunicación se define como proceso de producción social de sentido y se sitúa como una
práctica de carácter simbólico (Carey, 1989; Grimson, 2014; Luna Cortés y Fuentes Navarro, 1984).
Si bien se trata de un proceso transversal a todas las esferas de la acción humana, la comuni-
143
cación cobra especial relevancia en los sistemas políticos democráticos, por varias razones. En
primer lugar, el derecho a la comunicación se considera un pre-requisito para la participación
política de la ciudadanía, lo que refiere al marco de derechos tanto de acceso a la información
como de libertad de expresión. En segundo lugar, los medios de comunicación tienen un peso
importante en las sociedades contemporáneas, su presencia y operación han producido trans-
formaciones en el espacio público. En tercer lugar, estos cambios han sido particularmente visi-
bles en el desarrollo de los procesos políticos, sobre todo por la mediatización de las campañas
políticas y sus implicaciones en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre los problemas
sociales y los gobiernos (Aceves González, 2010a; Bennett & Entman, 2005; Demers, 2008; Vega
Montiel, 2008).
La comunicación pública, en la propuesta de Demers (2008), se interesa por las condiciones y
mecanismos de surgimiento del debate en torno a los asuntos públicos. En nuestros tiempos, los
medios de comunicación son uno de estos mecanismos, quizás el más importante. Esta perspec-
tiva considera cuatro áreas clave, que se articulan en la discusión de lo público: el periodismo, la
publicidad, las relaciones públicas y la comunicación en redes (Demers, 2008; Demers & Rueff,
2018). En el presente estudio se toman en cuenta tres de esas cuatro áreas: la publicidad, el pe-
riodismo y la comunicación en redes. En el marco del proceso electoral local 2017-2018, se aborda
la especificidad de estas áreas en torno a las campañas electorales: la publicidad electoral, la
cobertura mediática local y la comunicación en los canales oficiales de las candidaturas en redes
sociodigitales. En estos espacios es posible identificar las representaciones de las candidaturas
de mujeres en el contexto de la política mediada.
La propuesta de la comunicación pública se articula, en este trabajo, con los estudios de co-
municación y género. En esta línea se sostiene la comprensión de la comunicación como un
derecho humano y como pre-requisito para el cumplimiento de otros derechos, principalmente
aquellos que garantizan la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos. En
cuanto a las mujeres, implica reconocer las representaciones –muchas veces inequitativas– que
se producen y difunden en los medios, así como la presencia –a veces escasa, sobre todo en
puestos directivos– de mujeres como trabajadoras de tales industrias (Vega Montiel, 2010, 2014).
En esta investigación nos enfocamos específicamente en el vínculo entre las lógicas de la comu-
nicación que se dan durante las campañas electorales y que afectan de manera diferenciada en
función de género. De acuerdo con Aimée Vega Montiel (2008: 72):
Un foco rojo que urge nuestros análisis y acciones, son las condiciones de inequidad a las
que se enfrentan las mujeres que se incorporan a la política, lo cual se refleja en el trata-
miento que los medios de comunicación realizan –no sólo como vías de difusión, sino tam-
bién de información– de su desempeño y de las acciones dirigidas por ellas para realizar la
agenda de las mujeres en nuestro país.
Esta autora señala que los medios abordan de manera inequitativa a las mujeres y reproducen las
representaciones de las mujeres en términos de subordinación. En ese sentido plantea que la co-
municación política androcéntrica asocia a las mujeres con el espacio doméstico y a los hombres con
el espacio público, además, en la cobertura de las campañas se suele aludir a la situación marital
de las candidatas y a su aspecto físico, entre otras expresiones de inequidad (Vega Montiel, 2008).
La búsqueda de la equidad de género requiere considerar los medios y las tecnologías de
información y comunicación como dimensión clave. Por un lado, estos tienen el potencial de
144 La dimensión comunicacional: Desigualdad de género en la presencia mediática de las candidatura

promover la equidad de género. Por otro lado, se trata de espacios clave, que se vinculan a otros,
como la educación, la salud, el trabajo, la participación política y económica (Vega Montiel, 2017;
Padovani, 2018).
En las siguientes secciones se abordan brevemente la publicidad electoral, la cobertura mediá-
tica de las campañas y la comunicación en las redes sociodigitales oficiales de las candidaturas.
La publicidad electoral
Entendemos por publicidad electoral a la difusión de información por parte de los partidos
políticos, para promover las candidaturas a puestos de elección popular, durante los periodos
establecidos por los institutos electorales correspondientes. Estos materiales se difunden prin-
cipalmente bajo la forma de spots de televisión, spots de radio y publicidad exterior. Se dirigen al
electorado, con el propósito de dar a conocer información sobre las campañas –propuestas, perfil
de quienes participan en las candidaturas, perfil del partido político, entre otros– e incidir en la
decisión de voto. Lo habitual es que la publicidad electoral destaque los elementos positivos de
las candidaturas, aunque en las décadas recientes se ha visto una tendencia a la utilización de
“campañas negativas”, donde se busca desprestigiar o atacar a quienes son considerados adver-
sarios políticos (Aceves González, 2010a; Freidenberg & González, 2009).
La publicidad política en general busca incidir en la percepción que tiene la ciudadanía sobre los
actores políticos. De acuerdo con Aceves González (2010a), la publicidad política televisiva se orien-
ta a las emociones de las audiencias. La misma lógica se ha visto en la publicidad política en radio.
En los años recientes, la publicidad política se ha expandido también hacia las redes sociodi-
gitales. Si bien éstas fueron fundamentales en la campaña de Barack Obama en 2008 y se planteó
ese momento como un parteaguas en la comunicación política, en términos prácticos, en mu-
chos partidos y/o campañas no desarrollan estrategias electorales específicas para las redes y se
limitan a difundir en éstas los mismos spots que han producido para radio y televisión.
La cobertura mediática informativa

En los sistemas democráticos, los medios de comunicación son una arena clave para el desa-
rrollo del debate en los procesos políticos, particularmente en los procesos electorales. En ellos
se posicionan temas clave que “constituyen la materia prima en la conformación de la agenda
electoral” (Aceves González, 2010a: 67). Esto es particularmente relevante, porque los medios se
sostienen como una de las principales fuentes de información política para la ciudadanía (Gar-
cía-Beaudoux, D’Adamo, y Gavensky, 2018).
Entendemos por cobertura mediática informativa al proceso mediante el cual los medios pe-
riodísticos reportan el acontecer de las sociedades. Es imposible dar cuenta de todo lo que acon-
tece en cada contexto, de manera que la cobertura mediática implica un recorte de la realidad,
que se da en distintos niveles, desde la perspectiva de los periodistas, las líneas editoriales de los
medios, los acuerdos políticos y económicos, las dinámicas socioculturales, entre otros. Se trata
de procesos muy complejos que tienen como resultado la publicación de noticias que hacen vi-
sibles a determinados actores y perspectivas (De León, 2003, 2012).
De acuerdo con Francisco Aceves González (2010b), hay una triple inequidad en la cobertura
informativa de las campañas electorales: desigualdad, desequilibrio y ausencia de pluralidad. La
desigualdad se refiere a la diferencia en la cobertura informativa que dan los medios a diferen-
Dorismilda Flores Márquez 145

tes tipos de cargos de representación, específicamente se tiende a poner mayor atención en los
cargos considerados más altos, tales como gubernaturas y presidencias municipales, y menor
atención en los cargos legislativos. El desequilibrio se refiere a las diferencias en la cobertura in-
formativa que se dan por regiones, de manera que las desigualdades se agravan, concretamente,
en elecciones locales se tiende a cubrir a algunos municipios más que a otros. La ausencia de
pluralidad se refiere a la cobertura que se hace de distintas fuerzas y actores políticos, ya que los
medios tienden a cubrir más a determinados partidos políticos. Estas inequidades en la cobertu-
ra informativa son obstáculos para el desarrollo de la democracia.
La comunicación en redes sociodigitales

En las décadas recientes, los medios digitales se han vuelto sumamente relevantes, desde los
ámbitos de la vida cotidiana hasta los flujos globales de información. La comunicación en redes
sociodigitales refiere a los procesos de producción social de sentido, que se producen en entor-
nos digitales cuya lógica es reticular. El término “sociodigital” busca articular lo social y lo digital,
para reconocer tanto aquellos elementos sociales que hacen posibles las relaciones, como los
elementos tecnológicos sobre los cuales se dan estos procesos de producción, circulación, inter-
cambio y consumo de información (Winocur-Iparraguirre y Sánchez-Martínez, 2015).
La presencia de internet se suma al entramado de medios “masivos” de comunicación. Entre
ellos se producen dinámicas complejas: por un lado, los medios digitales han expandido las
posibilidades de acceso a la expresión pública para distintos sectores sociales, que no solían ser
considerados en los medios tradicionales; por otro lado, estos últimos se han expandido hacia lo
digital, de modo que los medios tienen presencia constante en las redes y sostienen su legitimi-
dad en ellos (Couldry, 2012; Dahlgren, 2005; Flores-Márquez, 2016; Meneses, 2015).
En las democracias contemporáneas, las prácticas políticas se han extendido también hacia
las redes sociodigitales (Meneses, 2015; Padilla y Flores-Márquez, 2011; Trejo Delarbre, 2015). En
este contexto, la utilización de internet y las redes sociodigitales en la política y, particularmen-
te, en las campañas electorales cobró fuerza porque constituye un nuevo tipo de medio alta-
mente segmentado (Bennett y Entman, 2005). Cada uno de estos elementos tiene sus propias
lógicas, pero éstas se articulan en el marco de las campañas electorales. En la siguiente sección
se presenta la estrategia metodológica.
Metodología
La complejidad de la dimensión comunicacional en las campañas electorales exige un abordaje
que contemple las tres áreas –publicidad electoral, cobertura mediática de las campañas y redes
sociodigitales de las candidaturas– en distintas fases (ver tabla 42). El propósito es contar con un
panorama de los productos de comunicación en las campañas, sobre el cual se pueda profundi-
zar en acercamientos sucesivos.

Tabla 42. Fases metodológicas
Fases Fase 1: Revisión Fase 2: Representaciones Fase 3: Violencia

Áreas general de las mujeres en razón de género
Publicidad electoral Análisis de contenido Análisis de contenido Análisis de discurso
Cobertura mediática
Análisis de contenido Análisis de contenido Análisis de discurso
de las campañas
Redes sociodigitales
Análisis de contenido Análisis de contenido Análisis de discurso
de las candidaturas
En todas las áreas, la primera fase consiste en la revisión general de productos mediante análisis
de contenido, esto contempla la revisión de todos los spots de radio y televisión correspondientes
a las candidaturas locales, así como una selección de notas informativas y de publicaciones en
redes, para identificar el panorama general de las campañas en el estado de Guanajuato. La se-
gunda fase se enfoca en las representaciones de las mujeres, también mediante análisis de con-
tenido; para ello se reduce el corpus de análisis y se contemplan solamente aquellos productos
explícitamente relacionados con las candidaturas femeninas. La tercera fase aborda un corpus
más reducido de materiales para realizar con ellos un análisis de discurso (Fairclough y Fairclou-
gh, 2012; Krippendorff, 2004; Lozano-Rendón, 1994). En las siguientes secciones se presentan los
resultados del análisis por área.
La publicidad en las campañas electorales locales 2018

Como fue señalado previamente, en esta investigación abordamos los spots de radio y televisión
correspondientes a las candidaturas locales, en tres fases. En la primera se integra un corpus de
análisis con todos los spots de televisión y radio, que han sido registrados ante el Instituto Na-
cional Electoral por partidos políticos, coaliciones y/o candidaturas independientes, en el estado
de Guanajuato, para el periodo de campaña que va del 30 de marzo al 27 de junio de 2018. Estos
materiales se recuperaron digitalmente del Portal de Promocionales de Radio y Televisión del INE6.
Con ellos se realizó un primer análisis de contenido (Krippendorff, 2004) que permitió identificar
las lógicas generales de las campañas electorales locales en el contexto particular del estado de
Guanajuato. Esta primera fase de análisis contempló los siguientes elementos en cada spot:
• Partido o coalición
• Candidato(a)
• Sexo
• Duración del spot
• Tipo de spot
• Personajes que aparecen en el spot
• Acciones que se desarrollan en el spot
• Escenarios
6 Portal de Promocionales de Radio y Televisión, del Instituto Nacional Electoral, disponible en: https://pautas.ine.mx/transparencia/index.
html

• Lema
• Temas
• Locutores
• Uso de lenguaje inclusivo
En la segunda fase, correspondiente a la representación de las mujeres en los spots, se delimitó
un segundo corpus de análisis enfocado en las formas en que las mujeres son representadas en
los spots de campañas electorales, por parte de partidos políticos, coaliciones y/o candidaturas
independientes. Esto se divide en dos líneas:
1. Los spots electorales donde aparecen mujeres, independientemente del género de
quien se postula.
2. Los spots electorales correspondientes a candidaturas de mujeres.
Con este corpus se realizó nuevamente análisis de contenido, centrado en la identificación de
perfiles de las mujeres que aparecen en los spots. En esta fase se trabajó solamente con spots
de televisión por dos razones: en primer lugar, se trata de materiales donde el uso de la imagen
permite identificar perfiles en diferentes planos; en segundo lugar, los spots de radio correspon-
dientes a las campañas electorales abordadas son los mismos que se emplearon en televisión,
sólo prescindiendo de la imagen. En esta fase de análisis, la codificación no fue preestablecida,
sino que a partir de los materiales se fueron identificando perfiles y se contabilizaron frecuen-
cias. En la tercera fase se realizó análisis de discurso (Fairclough y Fairclough, 2012) de un corpus
integrado por spots significativos en las campañas electorales.
En la primera fase se analizó un total de 82 spots, de los cuales 53 son spots de radio y 29 son
spots de televisión. De estos, corresponden a las campañas por la gubernatura 25 spots de radio y
24 de televisión respectivamente. En las campañas por las presidencias municipales se registra-
ron 22 spots de radio y 5 de televisión. Finalmente, en las campañas por las diputaciones, hubo
sólo 6 spots de radio y ninguno de televisión.
En las campañas electorales por la gubernatura de Guanajuato, se contó con spots de radio y
televisión en todas las candidaturas, como puede observarse en la tabla 43.
Tabla 43. Spots de radio y televisión por la gobernatura
Número de Número de spots

Partido o coalición Candidatura
spots en radio en televisión
Diego Sinhue
Guanajuato al Frente (PAN, PRD, MC) 3 2
Rodríguez Vallejo
Francisco Ricardo
Juntos haremos historia (Morena, PT, PES) 6 4
Sheffield Padilla
María Bertha
Nueva Alianza 2 1
Solórzano Lujano
Gerardo
Partido Revolucionario Institucional 9 12
Sánchez García
Felipe Arturo
Partido Verde 5 5
Camarena García
Fuente: Elaboración propia, con información del Portal de Promocionales de Radio y Televisión, del Instituto
Nacional Electoral.

La mayor cantidad de spots tanto de radio como de televisión se registró en el caso del candi-
dato Gerardo Sánchez García, del Partido Revolucionario Institucional. La menor cantidad se dio
en el caso de la candidata María Bertha Solórzano Lujano, del Partido Nueva Alianza. La diferen-
cia entre ambos en la cantidad de materiales producidos puede ser atribuida al presupuesto con
el que cuentan los partidos para actividades electorales, el cual es superior en el caso del PRI. El
candidato ganador en esta elección, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de la Coalición Guanajuato al
Frente, tuvo también una producción de publicidad electoral baja en cantidad respecto a sus com-
petidores, pese a contar con recursos. Sin embargo, esto no equivale a la exposición, es decir, a la
cantidad de veces que los spots fueron transmitidos durante el periodo de campaña. Puede darse el
caso de que haya mucha exposición de pocos materiales. Sirva esto como puntualización, aunque
el foco de interés de este trabajo se encuentra en los contenidos, más que en las repeticiones.
En la escala municipal, los spots de radio y televisión en las campañas por las presidencias
municipales evidencian otras desigualdades. De los 46 municipios que hay en el estado de Gua-
najuato, sólo se registraron spots en ocho: Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León,
Pénjamo, Purísima del Rincón y San Miguel de Allende. En la mayoría de los casos, hay una o dos
candidaturas que recurrieron a este tipo de publicidad, mientras que las otras no contaron con
ella, como puede observarse en la tabla número 44.
Tabla 44. Spots de radio y televisión para las presidencias municipales, por municipio
Número de Número de
Municipio Candidatura
spots en radio spots en TV
Abasolo 0 0
Acámbaro 0 0
Apaseo el Alto 0 0
Apaseo el Grande 0 0
Atarjea 0 0
Celaya Candidaturas independientes: Javier Mendoza 1 0
Comonfort 0 0
Coroneo 0 0
Cortazar 0 0
Cuerámaro 0 0
Doctor Mora 0 0
Dolores Hidalgo Candidaturas independientes: Julio González 1 1
Partido de Acción Nacional: Alejandro Navarro 1 0
Guanajuato
Partido Revolucionario Institucional: Ruth Lugo 3 1
Huanímaro 0 0
Irapuato Partido de Acción Nacional: Ricardo Ortiz 2 0
Jaral del Progreso 0 0
Jerécuaro 0 0
Partido de Acción Nacional:
1 1
Héctor López Santillana
León
Partido Revolucionario Institucional:
1 0
Clemente Villalpando

Manuel Doblado 0 0
Moroleón 0 0
Ocampo 0 0
Pénjamo Candidaturas independientes: Regina Muñoz 1 0
Pueblo Nuevo 0 0
Partido Revolucionario Institucional:
Purísima del Rincón 7 1
Guadalupe Velázquez
Romita 0 0
Salamanca 0 0
Salvatierra 0 0
San Diego de la Unión 0 0
San Felipe 0 0
San Francisco del
0 0
Rincón
San José Iturbide 0 0
San Luis de la Paz 0 0
2 0
San Miguel Luis Alberto Villarreal
de Allende Candidaturas independientes: Ángel Arriaga 1 1
Candidaturas independientes: Mario Hernández 1 0
Santa Catarina 0 0
Juventino Rosas 0 0
Santiago Maravatío 0 0
Silao 0 0
Tarandacuao 0 0
Tarímoro 0 0
Tierra Blanca 0 0
Uriangato 0 0
Valle de Santiago 0 0
Victoria 0 0
Villagrán 0 0
Xichú 0 0
Yuriria 0 0
Nacional Electoral.
Se observa que algunos partidos políticos y/o coaliciones no contaron con publicidad electoral
bajo la forma de spots de radio y televisión enfocada al nivel municipal. Tal es el caso de las coa-
liciones Guanajuato al Frente y Juntos haremos Historia, así como de los partidos Nueva Alianza
y Partido Verde, como se aprecia en la tabla 45.
El PAN registró spots en cuatro municipios: Guanajuato, Irapuato, León y San Miguel de Allen-
de. El PRI lo hizo en tres municipios: Guanajuato, León y Purísima del Rincón. Destaca el caso de

las candidaturas independientes, de las cuales se registraron spots en cuatro municipios: Celaya,
Dolores Hidalgo, Pénjamo y San Miguel de Allende. En este último, dos candidatos independien-
tes registraron publicidad audiovisual.
Tabla 45. Spots de radio y televisión para las presidencias municipales, por partido o coalición
Número Número
Partido o coalición
Municipio y candidatura de spots de spots
en radio en televisión
Guanajuato al Frente
(PAN, PRD, MC)
Juntos haremos historia
(MORENA, PT, PES)
Nueva Alianza
Guanajuato: Alejandro Navarro 1 0
Partido de Acción Irapuato: Ricardo Ortiz 2 0

Nacional León: Héctor López Santillana 1 1
San Miguel de Allende: Luis Alberto Villarreal 2 0
Guanajuato: Ruth Lugo 3 1
Partido Revolucionario
León: Clemente Villalpando 1 0
Institucional
Purísima del Rincón: Guadalupe Velázquez 7 1
Partido Verde
Celaya: Javier Mendoza 1 0
Dolores Hidalgo: Julio González 1 1
Candidaturas
Pénjamo: Regina Muñoz 1 0
independientes
San Miguel de Allende: Ángel Arriaga 1 1
San Miguel de Allende: Mario Hernández 1 0
Nacional Electoral.
En términos de género, se registraron spots por parte de tres candidatas y nueve candidatos,
como se observa en la tabla 46.
Tabla 46. Spots de radio y televisión para las presidencias municipales, por género
Candidatas con Candidatos con

Partido o coalición
publicidad electoral publicidad electoral
Partido de Acción Nacional 0 4
Candidaturas independientes 1 4
Total 3 9
Nacional Electoral.
Los datos anteriores permiten ver una serie de desequilibrios. En primer lugar, se observa un des-
equilibrio en términos de nivel de las candidaturas: mientras todas las candidaturas a la guber-

natura contaron con publicidad audiovisual, sólo algunas de las candidaturas a las presidencias
municipales tuvieron acceso a ella. En segundo lugar, se evidencia un desequilibrio por región: de
los pocos municipios en los cuales se concentra la publicidad electoral audiovisual, la mayoría de
ellos se encuentran en zonas con un nivel de desarrollo alto y con acceso a medios de comunica-
ción. En tercer lugar, hay un desequilibrio en términos de partidos: la publicidad electoral audiovi-
sual a nivel municipal se concentra en dos partidos políticos, el PAN y el PRI, que son también los
partidos más antiguos, que tienen mayor presencia en el estado y que cuentan con mayor presu-
puesto. En cuarto lugar, se registra un desequilibrio de género: la cantidad de hombres con publi-
cidad electoral audiovisual es muy superior a la de mujeres, nueve frente a tres si se consideran
todas las candidaturas y cinco frente a dos si se consideran las candidaturas de partidos.
El panorama se agudiza en las campañas electorales correspondientes a las diputaciones
locales. En Guanajuato hay 22 distritos electorales locales. De ellos, sólo se registraron spots de
radio y televisión en seis, como puede verse en la tabla 47. De estos distritos, cinco se encuentran
ubicados en el municipio de León y uno en Guanajuato.
Tabla 47. Spots de radio y televisión para las diputaciones, por distrito
Número Número
Distrito Candidatura de spots de spots
en radio en TV
I. Dolores Hidalgo (parte), Ocampo, San
0 0
Diego de la Unión, San Felipe
II. San Luis de la Paz, Atarjea, Doctor Mora,
San José Iturbide, Santa Catarina, Tierra 0 0
Blanca, Victoria, Xichú
III. León (parte) 1 0
Institucional: Paty Romo
IV. León (parte) 1 0
Institucional: Bernardo Rodríguez
V. León (parte) 1 0
Institucional: Salvador Ramírez
VI. León (parte) 1 0
Institucional: María Fuentes
VII. León (parte) 1 0
Institucional: Gabriela Fuentes
VIII. Guanajuato, Dolores Hidalgo (parte) 1 0
Martha Delgado
IX. San Miguel de Allende, Apaseo el Grande 0 0
X. San Francisco del Rincón, Cuerámaro,
0 0
Manuel Doblado, Purísima del Rincón
XI. Irapuato (parte) 0 0
XII. Irapuato (parte) 0 0
XIII. Silao, Romita 0 0
XIV. Salamanca 0 0
XV. Celaya (parte), Tarimoro 0 0
XVI. Celaya (parte) 0 0

XVII. Santa Cruz de Juventino Rosas,

0 0
Comonfort, Villagrán
XVIII. Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Pueblo
0 0
Nuevo
XIX. Valle de Santiago, Cortazar, Jaral del
0 0
Progreso
XX. Yuriria, Moroleón, Salvatierra, Santiago
0 0
Maravatío, Uriangato
XXI. León (parte) 0 0
XXII. Acámbaro, Apaseo el Alto, Coroneo,
0 0
Jerécuaro, Tarandacuao
Nacional Electoral.
Al revisar los datos por partido político o coalición, la mayor concentración de spots de radio se
da en el PRI concentra la mayor cantidad de spots de radio, con cinco materiales; mientras que el
PAN sólo tiene uno y los demás partidos y coaliciones, ninguno, como se ve en la tabla 48.
Tabla 48. Spots de radio y televisión para las diputaciones, por partido o coalición
Número Número
Partido o coalición Distrito y candidatura de spots de spots
en radio en televisión
Guanajuato al Frente (PAN, PRD, MC) 0 0
Juntos haremos historia (MORENA, PT, PES) 0 0
Nueva Alianza 0 0
Partido de Acción Nacional VIII. Martha Delgado 1 0
III. Paty Romo 1 0
IV. Bernardo Rodríguez 1 0
Partido Revolucionario Institucional V. Salvador Ramírez 1 0
VI. María Fuentes 1 0
VII. Gabriela Fuentes 1 0
Partido Verde 0 0
Candidaturas independientes 0 0
Nacional Electoral.
Al hacer la revisión por género, se observa que contaron con spots de radio y televisión cuatro
candidatas –tres del PRI y una del PAN– frente a dos candidatos –ambos del PRI– (ver tabla 49).
Tabla 49. Spots de radio y televisión para las diputaciones, por género
Partido o coalición Candidatas con Candidatos con
publicidad electoral publicidad electoral
Partido de Acción Nacional 1 0
Total 4 2
Nacional Electoral.

Estos datos permiten ver la agudización de los desequilibrios que se señalaban respecto a
las candidaturas por la gubernatura y las presidencias municipales. Sólo se contó con publici-
dad electoral audiovisual en seis distritos de un total de 22. Tales distritos corresponden prin-
cipalmente al municipio de León y, en segundo lugar, al de Guanajuato, es decir, se agudiza la
concentración en zonas de mayor nivel de desarrollo y acceso a medios de comunicación. Esta
publicidad se concentra sólo en dos partidos –el PRI y el PAN–, que son los que reciben mayor
presupuesto. Llama la atención que, en estos casos, se revierte el desequilibrio de género que
se observa en las campañas municipales, puesto que en las campañas para las diputaciones el
número de mujeres con acceso a publicidad electoral audiovisual duplica al de hombres. Sin
embargo, esto puede ser atribuido más a la competencia política en determinadas zonas que a
una condición de equidad de género.
En términos de contenido, la mayor parte de los spots son promocionales no comparativos,
algunos son del tipo promocional comparativo directo y sólo uno corresponde a un mensaje de
ataque comparativo directo.
En cuanto a los temas, los spots se concentraron en el binomio seguridad-inseguridad, la co-
rrupción, la identidad guanajuatense, así como las alternativas de cambio. No se aprecian los
asuntos de género en la agenda temática de la publicidad electoral en las candidaturas.
La aparición de personajes femeninos en los spots no es permanente y se tiende a representar
a las mujeres en roles tradicionales de ama de casa –sea ésta un ama de casa genérica, o bien
la esposa de algún candidato–. Son escasas otras representaciones de las mujeres: campesina,
comerciante, profesionista y estudiante, como se aprecia en las tablas 50 y 51.
Tabla 50. Perfiles femeninos en la publicidad electoral televisiva por la gubernatura

Partido o coalición Candidatura Perfiles
Guanajuato al Frente Diego Sinhue Comerciante
(PAN, PRD, MC) Rodríguez Vallejo No identificado
Juntos haremos historia Francisco Ricardo No hay perfiles femeninos
(MORENA, PT, PES) Sheffield Padilla Estudiantes
No identificado
Nueva Alianza María Bertha No identificado
Solórzano Lujano
Partido Revolucionario Gerardo Ama de casa
Institucional Sánchez García Profesionista
No identificado
Estudiante
Comerciante
Empleada
Campesina
Escaramuza
Partido Verde Felipe Arturo No hay perfiles femeninos
Camarena García Estudiantes
Profesionistas
Niñas
Trabajadoras
Candidatas
Empleadas
Nacional Electoral.

Tabla 51. Perfiles femeninos en la publicidad electoral televisiva

por las presidencias municipales
Partido o coalición Candidatura Perfiles

Dolores Hidalgo
Julio González No hay
Candidaturas independientes
Guanajuato
Ruth Lugo No hay
León Ama de casa
Héctor López Santillana
Partido de Acción Nacional Comerciante
Purísima del Rincón
Guadalupe Velázquez Ama de casa
San Miguel de Allende Campesina
Ángel Arriaga
Candidaturas independientes Ama de casa
Nacional Electoral.
Para la última fase, que consistió en el análisis de discurso de un corpus integrado por spots sig-
nificativos, se seleccionaron los únicos tres spots de televisión correspondientes a candidaturas
femeninas, así como un spot más en el cual se hace referencia explícita a mujeres desde la can-
didatura de un hombre. En otras palabras, se eligieron spots donde las mujeres son protagonistas,
o bien donde aparecen explícitamente.
Tabla 52. Spots de televisión seleccionados para el análisis de discurso
Partido o coalición Candidatura Nombre
María Bertha
Nueva Alianza Gubernatura de Guanajuato
Solórzano Lujano
Partido Revolucionario Presidencia municipal
Ruth Lugo
Institucional de Guanajuato
Partido Revolucionario Presidencia municipal
Guadalupe Velázquez
Institucional de Purísima del Rincón
Partido Revolucionario Gerardo Sánchez García
Gubernatura de Guanajuato
Institucional (1/11 spots)
Nacional Electoral.
Isabela Fairclough y Norman Fairclough (2012) proponen un esquema de análisis del discurso
político enfocado en el razonamiento práctico, es decir, el que se refiere a la acción. En esta pro-
puesta, se entiende por argumento a las declaraciones implícitas o explícitas, donde una es la
conclusión o el llamado a la acción y las otras son premisas. En este sentido, el esquema de estos
autores incluye los siguientes elementos: valores, metas, circunstancias y llamado a la acción.
Los valores se refieren a aquello que preocupa o debería preocupar a los agentes, las metas son
futuros estados de cosas que dan cuenta de determinados valores, las circunstancias se refieren
al contexto de los agentes, el llamado a la acción indica aquello que el agente debe hacer.
Para identificar estos elementos, se realizó en primer lugar una descripción de cada spot. En
ella se distinguieron elementos como la imagen –que incluye las imágenes en movimiento, las

animaciones, logotipos y textos– y la voz –que considera tanto a la voz de quienes participan
como a la voz en off–. A partir de esta descripción, se realizó el análisis de cada producto, para
identificar los valores y preocupaciones, las metas, las circunstancias, los medios-meta y el lla-
mado a la acción. En los siguientes párrafos se presentan síntesis de las descripciones de cada
spot, así como de los elementos identificados.
El spot de María Bertha Solórzano Lujano, candidata a la gubernatura de Guanajuato por el
Partido Nueva Alianza, está centrado en la idea de renovación. En él se presenta la candidata con
sus seguidores, en actividades de campaña, en el centro de Guanajuato Capital. La voz de la pro-
pia Solórzano se escucha en todo el spot para invitar a renovarse7. El análisis permite identificar
un argumento en torno a la búsqueda de renovación. Así, la preocupación se expresa en torno a
la necesidad de cambio. Ésta nutre las metas de alcanzar “un cambio seguro y responsable, una
renovación de verdad”, que se sitúa en circunstancias de apoyo y armonía. El llamado a la acción
se refiere al voto por Bertha Solórzano para la gubernatura de Guanajuato, que es el medio para
lograr la renovación a la que se refiere el spot. Sin embargo, aunque el producto se centra en la
idea de renovación y/o cambio, no presenta explícitamente un estado de cosas previo, del que se
debiera salir; tampoco uno posible, al cual se podría llegar.
El spot de Ruth Lugo, candidata a la presidencia municipal de Guanajuato por el Partido Re-
volucionario Institucional, sigue la lógica de preguntas y respuestas. Las preguntas aparecen
en texto y en voz en off, mientras que la candidata aparece en primer plano para responder8.
Se identifican en este producto valores como el servicio, la experiencia, la honestidad, la de-
terminación y el amor por Guanajuato, frente a preocupaciones por la corrupción y la pereza.
Se plantea como meta un gobierno ciudadano y, como medio para lograrlo, a Ruth Lugo, que se
presenta como una mujer fuerte, “más fuerte que nunca”. Finalmente, el llamado a la acción es
directo, se invita explícitamente a votar: “Vota Ruth PRI”. El producto está centrado en la imagen
de la candidata, el partido se menciona dos veces: en las preguntas, como un cuestionamiento
al que ella responde que fue “el partido que abrió las puertas a la ciudadanía”; y al final, en el
llamado al voto. En suma, hay cierta claridad en términos de los valores y preocupaciones que
sirven como antecedente para proponer la candidatura, pero no hay claridad respecto al estado
de cosas hacia el que se puede avanzar.
El spot de Guadalupe Velázquez, candidata a la presidencia municipal de Purísima del Rincón
por el Partido Revolucionario Institucional, refiere a la trayectoria y al proyecto. En las imáge-
nes, se muestra a la candidata con gente, en actividades de campaña, mientras el mensaje se
escucha con su voz en off 9. En este caso, se enfatizan los valores del trabajo y la experiencia.
7 El mensaje completo dice: “Hoy los guanajuatenses merecemos un cambio seguro y responsable, una renovación de verdad. Por eso me
siento muy afortunada de encabezar este cambio que tanto necesitamos. En Nueva Alianza daremos la lucha. Soy la maestra Bertha
Solórzano. ¡Ven y renuévate!”
8 Voz en off: ¿Una mujer presidenta? Voz Ruth Lugo: Llegó la hora. Voz en off: ¿Qué es lo tuyo? Voz Ruth Lugo: Yo nací para servir. Voz en
off: ¿PRI? Voz Ruth Lugo: El partido que abrió las puertas a la ciudadanía. Voz en off: ¿Cuál es tu mejor propuesta? Voz Ruth Lugo: Un
gobierno ciudadano. Voz en off: ¿Tu mayor fortaleza? Voz Ruth Lugo: Experiencia, honestidad y determinación. Voz en off: Si compa-
ramos, ¿ganas? Voz Ruth Lugo: Sin duda alguna, estoy más fuerte que nunca. Voz en off: ¿Lo mejor de Guanajuato? Voz Ruth Lugo: Su
gente, su historia y sus posibilidades. Voz en off: ¿Tu peor enemigo? Voz Ruth Lugo: La corrupción y la pereza. Voz en off: Guanajuato.
Voz Ruth Lugo: El amor de mi vida. Voz en off: Vota Ruth PRI.
9 La voz en off de la propia candidata dice: “Desde muy joven, he trabajado por nuestro municipio. Tengo 12 años de experiencia en el
servicio público y ahí he aprendido que, cuando hacemos las cosas con rumbo, podemos lograr grandes transformaciones. Te invito a
que conozcas nuestro proyecto y juntos le regresemos la paz a nuestro municipio y construyamos un futuro lleno de esperanza para
nuestras familias. Yo soy Lupita Velázquez y te invito a que juntos, este 1º. de julio, vayamos con rumbo claro”.

Se plantea como meta regresarle la paz al municipio y recuperar la esperanza. La candidata se

presenta como el medio para lograr la meta, al invitar a que conozcan el proyecto y se unan a
él. De hecho, en una de las imágenes aparece ella de espaldas, su blusa tiene una frase bordada:
“yo soy tu próxima alcaldesa”. El llamado se concentra en conocer el proyecto y contribuir a las
transformaciones, no se hace una invitación explícita a votar. Se aprecian referencias no explí-
citas a la violencia y la desesperanza, planteados como problemática, así como a la trayectoria y
el proyecto, planteados como alternativa.
Gerardo Sánchez García, candidato a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Revolucio-
nario Institucional, tuvo 11 spots de televisión en su campaña. Aunque en varios de ellos apare-
cen mujeres como personajes, en el spot 9 hay una mención de la discriminación de género. Este
video comienza con la imagen de una mujer joven que exclama “¡no es justo que gane menos
que ellos sólo por ser mujer!”, después aparece un joven que no consiguió trabajo por falta de
experiencia y un hombre de 50 años que tampoco lo obtuvo por la edad. Los tres casos sirven
al candidato priísta para señalar que “en 27 años del gobierno del PAN, jamás se preocuparon
por empleos bien pagados” y mencionar la generación de empleos como uno de los ejes de su
proyecto. Así, en el spot se sostiene la preocupación por las problemáticas del empleo. Se plantea
como meta la creación de nuevos empleos y, como medio para alcanzar esa meta, se presenta el
propio candidato con un plan ambicioso en materia de empleo y salarios. Se trata, en suma, de
un spot enfocado en un problema específico en torno al empleo, donde se abordan tres casos de
discriminación laboral: uno por género y dos más por edad.
Se aprecia en este análisis que sólo tres candidatas contaron con spots de televisión, se trató
de una candidata a gobernadora y dos candidatas a presidentas municipales. En los tres casos,
se contó con un solo spot para toda la campaña. De igual manera, los tres spots plantearon una
idea muy general de la campaña, sin posibilidad de ampliar información. En contraparte, el spot
del candidato priísta a la gubernatura fue uno entre 11, de tal manera que cada uno se enfocó en
temas y/o problemáticas específicas. El caso retomado ilustra cómo el material abordó un tema
específico –el empleo– y, dentro de él, coloca al género como uno de los ejes.
La cobertura mediática de las campañas electorales 2018

El corpus de análisis se integró por noticias de prensa10, en las cuales se abordó el proceso electo-
ral local en el estado de Guanajuato. Se revisaron los siguientes medios: AM Celaya, AM Irapuato,
AM León, Contra Punto, Correo, El Heraldo de León, El Sol de Irapuato, El Sol de León, El Sol de Salamanca,
El Sol del Bajío, Milenio, Página Central, Zona Franca. Se realizó un muestreo no probabilístico de dos
semanas compuestas, es decir, la revisión de un día de cada semana que, integrados, permiten
identificar patrones en la cobertura mediática (Krippendorff, 2004; Lozano, 1994). Los días que
resultaron en la selección fueron los siguientes:
• Abril: domingo 1, sábado 7, viernes 13, jueves 19, miércoles 25.
• Mayo: martes 1, lunes 7, domingo 20, sábado 26.
• Junio: viernes 1, jueves 7, miércoles 13, martes 19, lunes 25.
• Julio: sábado 8.
10 Se recuperaron también noticias en radio y televisión. Sin embargo, por la ausencia de algunos datos que permitieran comparar, este
registro fue eliminado.

A estos días se agregaron los siguientes: sábado 31 de marzo (un día después de que iniciaron
las campañas para la gubernatura), viernes 18 de mayo (un día después de que iniciaron las cam-
pañas para las presidencias municipales y diputaciones locales), domingo 1 y lunes 2 de julio (los
días que corresponden a la jornada electoral y al día siguiente, respectivamente).
Tabla 53. Semana compuesta para análisis de cobertura mediática y redes sociodigitales
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Marzo NA NA NA NA 30 31 1
Abril 2 3 4 5 6 7 8
Abril 9 10 11 12 13 14 15
Abril 16 17 18 19 20 21 22
Abril 23 24 25 26 27 28 29
Abril 30 1 2 3 4 5 6
Mayo 7 8 9 10 11 12 13
Mayo 14 15 16 17 18 19 20
Mayo 21 22 23 24 25 26 27
Mayo 28 29 30 31 1 2 3
Junio 4 5 6 7 8 9 10
Junio 11 12 13 14 15 16 17
Junio 18 19 20 21 22 23 24
Junio 25 26 27 28 29 30 1
Julio 2 3 4 5 6 7 8
En la primera fase, el análisis de contenido contempló los siguientes elementos:

• Fecha
• Medio
• Sección
• Encabezado
• Nota completa
• Apoyo visual
• Tema
• Periodista
• Fuente
• Tipo de información
• Presencia de mujeres en la información
A partir de la muestra seleccionada, se analizó el contenido de un total de 785 notas informa-
tivas referentes al proceso electoral local en los diarios AM Celaya, AM Irapuato, AM León, Contra
Punto, Correo, El Heraldo de León, El Sol de Irapuato, El Sol de León, El Sol de Salamanca, El Sol del Bajío,
Milenio, Página Central y Zona Franca.

Tabla 54. Notas informativas por diario
Porcentaje respecto
Número de notas Número de notas donde
Medio a las notas sobre elecciones
informativas aparecen mujeres
del medio
AM Celaya 6 2 33.3
AM Irapuato 22 11 50.0
AM León 93 19 20.4
Contra Punto 1 0 0.0
Correo 138 45 32.6
El Heraldo de León 110 31 28.2
El Sol de Irapuato 46 12 26.1
El Sol de León 72 13 18.1
EL Sol de Salamanca 20 4 20.0
El Sol del Bajío 21 6 28.6
Milenio 69 17 24.6
Página Central 1 0 0.0
Zona Franca 134 31 23.1
Total 733 191 26.1
Se observa que, incluso cuando hubo paridad en las candidaturas, las mujeres están subrepre-
sentadas en la cobertura mediática informativa, ya que aparecen en menos de la tercera parte de
las notas. Este no es un dato menor, sobre todo si consideramos que en el análisis se tomaron en
cuenta todas aquellas notas donde aparecían mujeres, bajo distintas figuras: como fuente, como
protagonista, o bien sólo con mención.
Tomando en cuenta las 191 notas donde aparecen mujeres11, los temas predominantes fueron
los siguientes:
Tabla 55. Temas predominantes en notas informativas donde aparecen mujeres

Porcentaje respecto Porcentaje respecto
Tema Número de notas
a notas de mujeres al total de notas
Irregularidades 25 11.7 3.2
Campaña 20 9.4 2.5
Pacto de civilidad 18 8.5 2.3
Planilla 15 7.0 1.9
Propuestas 14 6.6 1.8
Registro 14 6.6 1.8
Seguridad 12 5.6 1.5
Debate 10 4.7 1.3
Total 128 60.1 16.3
11 Aquí se consideran las 128 notas que corresponden a las ocho categorías con mayor cantidad de menciones, otras categorías tuvieron
menor cantidad de menciones.

Se observa que la cobertura mediática informativa se centró en temas referentes a las activi-
dades de campaña –tales como las propias campañas, las propuestas o los debates–, así como en
temas clave en la agenda pública de la región –como la seguridad–. Es claro que en estas notas
informativas donde aparecen mujeres no se abordan temas clave de la agenda de género. De
hecho, las notas informativas que abordan problemáticas como el feminicidio, la violencia de
género y la violencia política resultaron marginales en la cobertura.
La presencia de mujeres en las notas informativas no es uniforme, sino que la narración pe-
riodística le atribuye alguna posición. Para efectos de este análisis, distinguimos tres posibilida-
des: protagonista, cuando la nota en su totalidad está enfocada en la mujer; participante, cuando
la mujer tiene algún tipo de presencia en las acciones que presenta la nota, incluso si aparece
como personaje secundario; mención, cuando la mujer es nombrada por terceros en la nota.
Tabla 56. Posición de las mujeres en notas informativas
Porcentaje respecto Porcentaje respecto

Posición Número de notas
a notas de mujeres al total de notas
Protagonista 79 41.4 10.8
Presencia 32 16.8 4.4
Mención 80 41.9 10.9
Total 191 100.0 26.1
Se aprecia en estas notas que la mayor parte de las notas corresponden a dos posiciones: el
41.9% de las notas simplemente mencionan mujeres y el 41.4% de las notas están enfocadas en
mujeres como protagonistas.
Un ejemplo de mención se da en la nota “Sanciona INE anomalías en las precampañas”, pu-
blicada en Periódico Correo el 13 de abril de 2018, en la que se lee: “CASTIGAN A MORENA Según la
resolución INE/CG250/2018, Morena es el más castigado en la precampaña a gobernador, periodo
en el que Antares Vázquez era precandidata”. En este caso, el protagonismo de la nota lo tiene el
INE y la política en cuestión sólo aparece mencionada.
Por otro lado, un ejemplo de protagonista se da en la nota “Ratifica intención de renunciar”,

publicada en El Heraldo de León el 7 de junio de 2018, en la que se lee: “La candidata a la presiden-
cia municipal por Movimiento Ciudadano (MC), Anastasia Durán Chávez, confirmó sus intencio-
nes de abandonar la contienda ante lo que consideró como “falta de respaldo” de su Partido a
la campaña”. En este caso, la nota está centrada en la candidata y su posicionamiento frente al
partido.

Ilustración 13. Nota informativa “Ratifica intención de renunciar”
La tercera fase del estudio consistió en el análisis de contenido cualitativo (Schreirer, 2014) de un
corpus más reducido de notas informativas. Para integrarlo se tomaron en cuenta los temas pre-
dominantes –irregularidades, pacto de civilidad, campaña, registro, planilla, propuestas, seguri-
dad, debate– y se agregaron otros, por su vínculo con la violencia electoral en razón de género
–violencia de género, sustituciones, amenaza, igualdad, renuncia, violencia política–. El corpus se
integró por una nota de cada tema. La selección fue aleatoria en los casos en que se contaba con
dos o más notas. En aquellos donde solamente se registró una nota, ésa misma fue seleccionada
(ver tabla 46). En esta fase no se buscó sostener la representatividad en términos estadísticos,
sino temáticos.

Tabla 57. Selección de notas informativas donde aparecen mujeres, por temas
Número de notas Número de notas
Tema Encabezado
disponibles seleccionadas
“Sanciona INE anomalías en las
Irregularidades 24 1
precampañas12”
Pacto de civilidad 18 1 Firman pacto de civilidad
“Apoya Saraí proyectos de desarrollo
Campaña 14 1
para Celaya”
“Exregidora del PAN, Karen Burstein
Registro 14 1 es candidata de Morena a la primera
regiduría en la capital”
“Siguen sin candidato de Morena en
Planilla 13 1 Apaseo el Alto, a un mes del asesinato
de José Remedios”
“Katya Soto legislará a favor de las
Propuestas 12 1
personas con discapacidad”
“Obligación de gobernantes cuidar a los
Seguridad 12 1
policías: Yulma”
“Crónica del primer debate a la
Debate 10 1
gubernatura”
“Las mujeres le valen madre al PAN:
Violencia de género 4 1
Gerardo Sánchez”
Sustituciones 2 1 “Llegan regidoras suplentes al Cabildo”
“Denuncian violencia política ante el
Amenaza 1 1
IEEG”
“Igualdad plena entre mujeres y
Igualdad 1 1
hombres, propone Sergio Contreras”
Renuncia 1 1 “Ratifican intención de renunciar”
“Consejera electoral Beatriz Tovar
Violencia política 1 1 agrede a funcionaria; la denuncian por
violencia política”
En este análisis se identificaron los siguientes elementos: encabezado, enfoque del encabezado,
enunciados referidos a mujeres, sustantivos referidos a mujeres, adjetivos referidos a mujeres,
verbos referidos a mujeres, roles de mujeres. El análisis permitió identificar los sustantivos con
los cuales las mujeres son nombradas, para clasificarlos en categorías abarcadoras: nombres
propios, roles y/o cargos en campaña, roles y/o cargos fuera de la campaña, categorías genéricas.
12 Si bien el encabezado menciona al INE, las precampañas a las que hace referencia son las locales, en las cuales los partidos estaban
en proceso de definir sus candidaturas a la gubernatura.

Tabla 58. Sustantivos referidos a mujeres

Categoría Ejemplos
Adriana Audelo
Alma Alcaraz
Anastasia Durán Chávez
Antares Vázquez
Beatriz Tovar Guerrero
Bertha Solórzano
Estefanía García Navar
Karen Burstein
Katya Soto Escamilla
Nombres propios Liliana Catalina Arreola Sánchez
Lupita Torres Rea
María del Carmen Ortiz Terrazas
María Eugenia Mosqueda Nieto
María Pulchería Solís Ojeda
Monserrat Vázquez
Rosalinda Figueroa Torres
Sarahí Núñez Cerón
Yulma Rocha Aguilar
Zohe Berenice Alba
Aspirante
Candidata
Roles y/o cargos en campaña
Precandidata
Suplente
Directora de OSC
Esposa (de un candidato asesinado)
Exdirectora de dependencia
Integrante de organismo electoral
Roles y/o cargos fuera de la campaña
Líder del partido
Regidora
Representante de partido
Restaurantera
Adultas mayores
Ciudadana
Jefas de familia
Categorías genéricas
Madres solteras
Mujeres
Niñas
Los nombres propios casi siempre van ligados a los roles. Los roles, como se puede observar en
la tabla, casi siempre son de liderazgo en distintos ámbitos. Las categorías genéricas refieren a
sectores sociales amplios, que permiten generalizar.
El análisis permitió también observar que prácticamente no se utilizan adjetivos. Si bien se
trata de notas informativas y, en ellas, la norma es no incluir adjetivos, algunos estudios previos
señalan la estigmatización de las mujeres por medio de estos.

Los verbos identificados se agruparon en tres categorías: acciones de campaña, planes y pro-
puestas, así como declaraciones.

Categoría Ejemplos
Acudió
Acciones de campaña Fue registrada
Tomaron protesta
Fomentará
Planes y propuestas
Integrará
Afirmó
Aseguró
Compartió
Confirmó
Consideró
Denunció
Explicó
Expuso
Declaraciones
Fueron amenazadas
Mencionó
Narró
Negó
Pidió
Reconoció
Refirió
Respondió
Como se puede observar en la tabla, la mayor parte de los verbos se concentran en las decla-
raciones. Esto refleja la lógica de trabajo periodístico en los medios de la región, que se enfoca
precisamente en las declaraciones y no en el periodismo de investigación.
Finalmente, los roles de las mujeres que dejan ver las notas de prensa se agruparon en cuatro
categorías: roles políticos en campaña, roles políticos institucionales –que abarcan otros cargos
ocupados por mujeres en partidos políticos y dependencias–, roles familiares y roles genéricos.

Categoría Ejemplos
Roles políticos en campaña Pre-candidata

Candidata
Suplente
Integrante de planilla
Roles políticos institucionales Directiva
Representante
Roles familiares Esposa
Viuda
Roles genéricos Mujeres
Víctimas

En esta parte, el rol predominante fue candidata y se refiere explícitamente a la campaña

electoral. Sin embargo, se aprecia que, cuando las mujeres son mencionadas por su rol familiar
se desdibujan otros atributos suyos, como la trayectoria. Esto se puede observar en la imagen,
donde el nombre de la mujer no aparece en el encabezado, sino que se enfatiza su rol como viu-
da de un candidato asesinado.
En suma, la cobertura mediática de las campañas es desequilibrada en términos de género. La
muestra analizada permitió ver que las notas donde aparecen mujeres no alcanzan siquiera el
30% del total de notas. Asimismo, se sostienen otros desequilibrios en cuanto a la región –si bien
aparecen en estas notas informativas candidatas de regiones precarias, hay mayor cobertura en
las zonas de mayor desarrollo– y de partido.
Ilustración 14. Nota informativa, periódico Correo, 18 de mayo de 2018
Las redes sociodigitales oficiales en las campañas electorales 2018

La revisión de redes sociodigitales contempló en primera instancia la identificación de las candi-
daturas que emplearon estos recursos en sus campañas para, posteriormente, delimitar el corpus
de análisis.
En todas las candidaturas a la gubernatura se registró presencia en las cuatro redes revisadas,
es decir, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube (ver tabla 61).

Tabla 61. Presencia en redes sociodigitales, en candidaturas a la gubernatura
Total
Partido o coalición Candidatura Fb Tw Ig YT
redes
Guanajuato al Frente (PAN, PRD, MC) Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Sí Sí Sí Sí 4
Juntos Haremos Historia (MORENA, Francisco Ricardo Sheffield
Sí Sí Sí Sí 4
PT, PES) Padilla
Nueva Alianza María Bertha Solórzano Lujano Sí Sí Sí Sí 4
Partido Revolucionario Institucional Gerardo Sánchez García Sí Sí Sí Sí 4
Partido Verde Felipe Arturo Camarena García Sí Sí Sí Sí 4
Sin embargo, esta lógica cambia al ir al nivel municipal, donde sólo 137 de 324 candidaturas
contaron con presencia en redes sociodigitales. En la tabla 62 se observa la distribución por par-
tido o coalición y por municipio. Cada número indica el número de redes que fueron empleadas
durante las campañas.
Tabla 62. Presencia en redes sociodigitales, en candidaturas a presidencias municipales

JHH MC PANAL PAN PRD PRI PV Ind Total
Abasolo 3 0 0 0 0 0 1 4
Acámbaro 0 0 0 1 1 3 0 5
Apaseo el Alto 1 2 0 1 0 1 2 7
Apaseo el Grande 1 0 0 0 2 0 2 5
Atarjea 0 0 0 0 0 0 0
Celaya 3 2 1 4 0 2 1 4 17
Comonfort 1 1 1 1 1 0 0 5
Coroneo 0 0 0 0 1 0 1
Cortázar 0 0 1 1 2 1 0 5
Cuerámaro 0 1 1 1 0 3 1 7
Doctor Mora 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolores Hidalgo 0 0 0 3 0 3 2 0 8
Guanajuato 3 0 1 1 2 2 0 9
Huanímaro 0 0 0 0 1 1 1 0 3
Irapuato 1 0 1 3 0 3 2 3 13
Jaral del Progreso 0 0 0 1 0 0 0 1
Jerécuaro 1 0 0 1 1 2 0 5
León 3 3 0 4 4 4 3 21
Manuel Doblado 0 0 0 1 1 0 0 2
Moroleón 1 0 0 1 1 0 1 4
Ocampo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pénjamo 0 0 0 2 0 0 1 3 6
Pueblo Nuevo 1 0 0 0 1 0 0 2
Purísima del Rincón 1 0 0 0 1 1 3
Romita 0 0 0 0 0 2 1 3
Salamanca 1 1 1 1 0 1 0 0 5

Salvatierra 0 0 0 1 1 0 0 2
San Diego de la Unión 0 1 0 0 0 1 0 2
San Felipe 0 1 0 1 0 1 1 0 4
San Francisco del
1 1 1 3 0 1 3 10
Rincón
San José Iturbide 1 1 0 0 1 0 1 0 4
San Luis de la Paz 1 0 0 1 1 1 0 4
San Miguel de
2 0 1 2 1 3 0 0 9
Allende
Santa Catarina 1 0 0 0 1
Santa Cruz de
1 0 0 0 1 0 0 0 2
Juventino Rosas
Santiago Maravatío 0 0 0 1 1 2
Silao 1 0 1 0 1 1 0 4
Tarandacuao 0 1 0 0 0 0 1
Tarimoro 0 0 0 0 0 1 0 1
Tierra Blanca 0 0 0 0 0 0 0 0
Uriangato 1 0 0 1 0 0 1 1 4
Valle de Santiago 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Victoria 0 0 0 1 0 1 0 2
Villagrán 1 0 1 0 0 0 0 2 4
Xichú 0 0 0 0 0
Yuriria 1 1 0 1 1 2 0 6
32 16 11 39 21 46 24 15 204
Facebook fue la red más recurrente, al ser utilizada en 137 campañas; en segundo lugar, se ubi-
ca Instagram, que fue empleada en 36 campañas; le sigue Twitter, con 25 campañas; finalmente
aparece YouTube, que fue usada en apenas 6 campañas. Resalta que en cinco municipios ningu-
na candidatura utilizó redes sociodigitales para las campañas, se trata de Atarjea, Doctor Mora,
Ocampo, Tierra Blanca y Xichú. Frente a eso, los municipios donde más candidaturas emplearon
redes fueron Celaya –con 7 de 8 candidaturas–, Irapuato –con 6 de 8–, León –con 6 de 7– y San
Francisco del Rincón –con 6 de 7–.
En términos de género, 80 de los 172 candidatos y 57 de las 152 candidatas emplearon redes
sociodigitales en sus campañas por las presidencias municipales, es decir, el 46.5% de los candi-
datos tuvo presencia en redes, frente a la 37.5% de las candidatas. En ese sentido, en algunos mu-
nicipios sí hubo uso de redes en las campañas, pero no en las candidaturas de mujeres. Son los
casos de Apaseo el Alto, Coroneo, Cortazar, Dolores Hidalgo, San Felipe, San José Iturbide, Santa
Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas y Santiago Maravatío. Además, en un par de municipios
–Apaseo el Grande y Valle de Santiago– sí se registró uso de redes, pero no hubo candidaturas de
mujeres.
Por otro lado, en las campañas de las diputaciones, se emplearon redes sociodigitales en 69 de
138 candidaturas. En la tabla 63 se observa la distribución por partido o coalición y por distrito.
Cada número indica el número de redes que fueron empleadas durante las campañas.

Tabla 63. Presencia en redes sociodigitales, en candidaturas a diputaciones
Distrito JHH PGF MC Morena PANAL PAN PES PRD PRI PV PT Ind Total
I 0 1 0 0 0 1 2
II 0 2 0 0 2 0 4
III 0 1 0 1 1 1 0 4
IV 1 1 0 0 0 1 3
V 0 1 1 0 3 0 5
VI 1 2 0 0 0 2 1 0 6
VII 0 1 1 0 1 0 3
VIII 0 1 0 1 2 0 4
IX 0 1 0 1 1 0 3
X 0 3 2 0 1 0 6
XI 0 2 0 0 2 2 6
XII 1 2 0 1 0 1 5
XIII 0 2 0 0 2 1 5
XIV 0 1 0 0 0 1 2
XV 1 3 0 1 0 0 5
XVI 0 3 0 1 1 0 0 5
XVII 4 0 1 0 0 1 1 0 7
XVIII 0 1 0 1 1 1 4
XIX 2 1 0 0 1 1 5
XX 1 2 0 1 1 1 6
XXI 0 1 0 0 1 0 2
XXII 0 1 0 0 1 1 3
6 35 7 1 7 1 0 1 24 13 0 0 95
Se observa que en todos los distritos se emplearon redes sociodigitales en las campañas por las
diputaciones, pero no necesariamente en todos los partidos y/o coaliciones por igual. Facebook
fue la red más recurrente, fue empleada en 60 de 138 candidaturas; le siguen Twitter con 17, Ins-
tagram con 11 y YouTube con 6.
Los distritos en los cuales hubo más candidaturas que emplearon redes son el III y el VI, que
corresponden a zonas de León; el XII, que corresponde a una parte de Irapuato; el XVII, que com-
prende Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y Villagrán; el XVIII, que incluye Pénjamo, Aba-
solo, Huanímaro y Pueblo Nuevo; así como el XIX, que contempla a Valle de Santiago, Cortázar y
Jaral del Progreso.
Al revisar el uso por partido o coalición, se observa que Por Guanajuato al Frente fue la única
que empleó redes sociodigitales en todas sus candidaturas para diputaciones, que fueron 21. Los
partidos que la integran, el PAN y el PRD, emplearon redes también en el distrito III en el que com-
pitieron por separado. Después están los casos del PRI, que las utilizó en 17 de 22 candidaturas;
y el Partido Verde, en 12 de 22 candidaturas. Las condiciones son distintas en otros casos, como
el Partido Nueva Alianza, donde usaron redes en 7 de 22 candidaturas; Movimiento Ciudadano,
en 5 de 22; la coalición Juntos Haremos Historia, en 5 de 20; Morena, en 1 de 2. No se registró uso

de redes en las dos candidaturas del Partido Encuentro Social, dos del Partido del Trabajo y una
de candidato independiente.
Al ir al nivel de candidaturas, el único candidato que tuvo presencia en las cuatro redes ana-
lizadas –Facebook, Twitter, Instagram y YouTube– fue Juan Antonio Acosta Cano, que representó a la
coalición Por Guanajuato al Frente en el distrito XVII. En el extremo contrario, no se emplearon
redes sociodigitales en 17 candidaturas de Movimiento Ciudadano –9 mujeres y 8 hombres–, 15
candidaturas de la coalición Juntos Haremos Historia–8 mujeres y 7 hombres–, 15 candidaturas
de Nueva Alianza –8 mujeres y 7 hombres–, 10 candidaturas del Partido Verde –6 hombres y 4
mujeres–, 5 candidaturas del PRI –4 hombres y una mujer–. Como ya se había mencionado, no se
registró uso de redes en las dos candidaturas en que el Partido del Trabajo iba solo –una mujer
y un hombre–, tampoco en las dos en que el Partido Encuentro Social iba solo –una mujer y un
hombre–, ni en la candidatura independiente.
En términos de género, 36 de las 68 candidatas y 35 de los 70 candidatos emplearon redes so-
ciodigitales en sus campañas por las presidencias municipales, es decir, 52.9% de las candidatas
y 50.0% de los candidatos tuvieron presencia en redes.
La integración del corpus de análisis de la comunicación en redes sociodigitales siguió la mis-
ma lógica de semana compuesta que el de la cobertura mediática informativa, es decir, se tra-
bajó con un muestreo probabilístico de dos semanas compuestas para identificar patrones (Kri-
ppendorff, 2004; Lozano, 1994). De esta manera, el corpus contempló las publicaciones realizadas
en los canales oficiales de las candidaturas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en los días
que se señalan a continuación.
• Marzo: sábado 31.
• Abril: domingo 1, sábado 7, viernes 13, jueves 19, miércoles 25.
• Mayo: martes 1, lunes 7, viernes 18, domingo 20, sábado 26.
• Junio: viernes 1, jueves 7, miércoles 13, martes 19, lunes 25.
• Julio: domingo 1, lunes 2, sábado 8.
La primera fase de análisis de contenido contempló los siguientes datos: partido o coalición,
candidatura, red13, tema, tratamiento14 y perfil de mujeres. Tanto el tema como el perfil de muje-
res fueron codificados a partir de la observación. En las publicaciones se identificaron 23 temas:
seguridad, educación, empleo, familia, campaña, salud, infraestructura, cambio, economía, cul-
tura, mujeres, igualdad, violencia, corrupción, inclusión, jóvenes, desarrollo, deporte, ecología y
medio ambiente, turismo, drogas, campo y migrantes. Asimismo, se identificaron 11 perfiles de
mujeres: esposa, mamá, trabajadora, mujer sumisa, víctima, emprendedora, mujer empoderada,
compañera, mujer en condiciones de igualdad, sociedad, hija. Las tablas 64, 65 y 66 señalan la
cantidad de publicaciones seleccionadas por candidatura y distinguen aquellas en las cuales hay
presencia de mujeres.
13 Para ello se registraron las publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram. Algunas campañas contaron también con canales en YouTube.
Si bien estos se revisaron en la primera fase del trabajo, se descartaron posteriormente, ya que la lógica es distinta a las de Facebook,
Twitter e Instagram, que se caracterizan por un mayor dinamismo y frecuencia de publicación.
14 En el tratamiento se distinguió entre: 1) promoción del voto y/o las campañas, 2) notificaciones automáticas de cambios en las plata-
formas, ej. cuando cambian de foto de portada, 3) difusión de información.

Tabla 64. Publicaciones seleccionadas en redes, en candidaturas a la gobernatura
Publicaciones
Total de
Partido o coalición Candidatura Red con presencia
publicaciones
mujeres
Facebook 39 25
Guanajuato al Frente Diego Sinhue
Twitter 56 25
(PAN, PRD, MC) Rodríguez Vallejo
Instagram 5 5
Facebook 68 42
Juntos haremos historia Francisco Ricardo
Twitter 50 2
(MORENA, PT, PES) Sheffield Padilla
Instagram 9 3
Facebook 14 8
María Bertha
Nueva Alianza Twitter 9 4
Solórzano Lujano
Instagram 1 1
Facebook 94 58
Partido Revolucionario Gerardo
Twitter 98 49
Institucional Sánchez García
Instagram 19 10
Facebook 38 20
Felipe Arturo
Partido Verde Twitter 54 17
Camarena García
Instagram 14 6
568 275
En las 568 publicaciones analizadas, correspondientes a las candidaturas a la gubernatura, se

identificó como tema principal a las propias campañas. Éstas aglutinaron la mayor parte de las
publicaciones. En 275 de las 568 publicaciones se observó presencia de mujeres. En las publica-
ciones de las candidaturas de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Francisco Ricardo Sheffield Padilla,
Gerardo Sánchez García y Felipe Arturo Camarena García, el perfil de mujer que se identifica es
muy amplio, es la mujer como parte de la sociedad. Frente a ellos, en las publicaciones de la can-
didata María Bertha Solórzano Lujano predominan otros perfiles femeninos, como trabajadora
y como compañera.
De las candidaturas a presidencias municipales, se analizaron 1821 publicaciones. El tema
que aglutina la mayor parte de las publicaciones es la propia campaña electoral. En 726 publica-
ciones se identifica presencia de mujeres. En ellas, la mujer es representada predominantemen-
te como parte de la sociedad. Se replican, entonces, las tendencias observadas en las campañas
por la gubernatura.

Tabla 65. Publicaciones seleccionadas en redes, en candidaturas a presidencias municipales
Publicaciones
Total de
Municipio Partido Candidatura Red con presencia
publicaciones
de mujeres
Abasolo JHH Joel Negrete Facebook 12 3
Acámbaro PAN Esther Mandujano Facebook 13 12

Facebook 7 4
Acámbaro PRI Ramiro Guzmán Twitter 3 1
Instagram 2 0
Facebook 7 3
Apaseo el Alto MC Iván Ortiz
Instagram 3 1
Apaseo el Alto MORENA José Remedios* Facebook 13 8
Apaseo el Alto PAN Miguel Angel Sánchez Facebook 25 11
Apaseo el Alto PRI Santos Jacobo Facebook 12 0
Apaseo el Grande PRI Octavio Licea Facebook 5 0
Apaseo el Grande MORENA Benito Juárez Arvizu Facebook 0 0
Celaya PV Ana Laura Facebook 24 16
Facebook 13 10
Celaya PAN Elvira Paniagua
Instagram 3 3
Celaya MC Isaura Cano Facebook 9 4
Celaya PRI Monsterrat Vázquez Facebook 52 42
Comonfort JHH José Carlos Facebook 19 6
Comonfort PRI Liliana García Facebook 15 9
Comonfort MC Claudia Galindo Facebook 2 0
Coroneo PRI Israel Morales Facebook 17 14
Cortazar PAN Ariel Enrique Corona Facebook 25 16
Cortazar PRD Hugo Estefanía Facebook 1 0
Cortazar PANAL Javier Martínez Facebook 12 10

Facebook 32 17
Cuéramaro PRI Milagros Soto
Twitter 17 1
Cuéramaro PAN Ana Bueno Facebook 21 3
Dolores Hidalgo PAN Juan Rendón Facebook 38 0
Dolores Hidalgo PRI Miguel Angel Facebook 27 0
Guanajuato PANAL Gloria Gutiérrez Facebook 9 7

Publicaciones
Total de
publicaciones
de mujeres
Facebook 28 18
Guanajuato MORENA Juan Roberto Loya
Instagram 1 1
Facebook 21 19
Guanajuato PRD Paloma Robles
Twitter 3 2
Huanímaro PRI Ana Karla Martínez Facebook 13 6
Irapuato PANAL Arturo Contreras Facebook 2 2
Irapuato MORENA Irma Leticia Facebook 57 44
Facebook 30 12
Irapuato PAN José Ricardo
Instagram 33 13
Facebook 61 39
Irapuato PRI Yulma Rocha Twitter 56 35
Instagram 18 7
Irapuato PV Loreto Jacobo Facebook 17 2
Irapuato Ind Richo Castro Facebook 48 0
Jaral del progreso PAN Verónica Orozco Facebook 17 13
Jerécuaro PRD Remedios Vite Basilio Facebook 1 0
Jerécuaro PRI Luis Alberto Mondragón Facebook 3 3
Facebook 21 9
León JHH Ernesto Oviedo Oviedo Twitter 37 16
Instagram 1 0
Daniel Malacara
León MC Facebook 8 0
Doblado
Facebook 28 20
León PAN Héctor López Santillana
Instagram 23 18
León PRD Lupita Torres Rea Facebook 2 0
Clemente Villalpando Facebook 48 34
León PRI
Padilla Instagram 32 13
Sergio Contreras
León PV Facebook 46 3
Guerrero
Manuel Doblado PAN Blanca Preciado Facebook 16 0
Manuel Doblado PRD Hydania Ornelas Facebook 7 0
Moroleón PRD Jorge Ortiz Facebook 37 0
Pénjamo PAN Juan José García Instagram 11 7
Pénjamo Ind Regina Muñoz Facebook 38 16
Pénjamo PV Juan Carlos Medina Facebook 20 1
Pueblo Nuevo PRD Cindy Alcántar Facebook 10 6
Purísima PRD Lupita Velázquez Facebook 46 22
Romita PV Diana Alicia Facebook 1 0
Salamanca PAN Antonio Arredondo Facebook 32 20
Salamanca PRI Coral Valencia Facebook 46 32

Publicaciones
Total de
publicaciones
de mujeres
Salvatierra PAN Alejandrina Lanuza Facebook 18 7
Salvatierra PRD Isabel Contreras Facebook 4 2
San Felipe PAN Oscar Gamboa Facebook 1 0
San Felipe PRI David Jiménez Facebook 28 0
San Felipe MC Eduardo Ramón Castillo Facebook 27 3
San Francisco del
JHH Miguel Angel Morales Facebook 7 0
Rincón
Facebook 32 20
San Francisco del
PV Juan Carlos Sainz Twitter 4 2
Rincón
Instagram 4 4
San Francisco del
MC Abril del Moral Facebook 40 2
Rincón
San Luis de la Paz PRD Imelda Hernández Facebook 25 6
San José de
PV Juan Carlos González Facebook 40 0
Iturbide
San José de
PRD Jose Juan Gallegos Facebook 3 0
Iturbide
San José de
MORENA Genaro Zuñiga Facebook 6 0
Iturbide
Santa Cruz de
PRD Serafín Prieto Facebook 65 0
Juventino Rosas
Santa Cruz de
MORENA Jonás Cervantes Facebook 2 0
Juventino Rosas
Silao PANAL Loreto Belén Facebook 17 1
Silao JHH Carlos García Facebook 33 0
Tarimoro Ind Alfredo Saavedra Facebook 10 7
Tarimoro PRI Bárbara Martínez Facebook 12 6
Uriangato PV Carlos Guzmán Facebook 9 0
Uriangato PAN Cecilia Pérez Facebook 13 8
Uriangato MORENA Manuel Álvarez Facebook 18 8
Victoria PAN Berenice Montes Facebook 24 6
Villagrán Ind Hugo Macías Facebook 9 6
Yuriria PANAL Juan Lara Facebook 1 1
Yuriria PAN Salomón Carmona Facebook 12 3
1821 726
Al revisar las tendencias por municipio, es posible identificar que, si bien todos siguen las lógicas
predominantes, en algunos de ellos emergen temas clave y otros perfiles, con algunas publica-
ciones registradas en el periodo de observación. En la tabla 66 se enuncian los temas y perfiles,
tanto los sobresalientes como aquellos que aparecen en segundo lugar, incluso si la diferencia
es amplia.

Publicaciones
Total de
Municipio Temas con presencia Perfil mujeres
publicaciones
de mujeres
campaña, seguridad
Abasolo 12 3 sociedad
y violencia
sociedad,
Acámbaro 25 campaña, cultura 17
compañera
campaña, seguridad sociedad,
Apaseo el Alto 60 23
y violencia, familia, salud compañera
Apaseo el Grande 5 campaña 0 NA
sociedad,
Celaya 100 campaña, cambio, jóvenes 73
trabajadora
sociedad,
Comonfort 36 campaña, salud 15 esposa,
trabajadora
Coroneo 17 campaña 14 sociedad
sociedad,
Cortazar 38 campaña, educación 26
trabajadora
sociedad,
Cuerámaro 70 campaña, deporte 21
compañera
Dolores Hidalgo 65 campaña, educación 0 NA
sociedad,
Guanajuato 62 campaña, cultura 47
compañera
campaña, desarrollo, sociedad, mujer
Huanímaro 13 6
deporte empoderada
sociedad,
Irapuato 323 campaña, empleo 154 compañera,
trabajadora
sociedad,
Jaral del Progreso 17 familia 13 trabajadora,
compañera
sociedad,
Jerécuaro 4 campaña 3
trabajadora
sociedad,
León 248 campaña, seguridad 113 trabajadora,
compañera
Manuel Doblado 23 campaña 0 NA
Moroleón 37 campaña 0 NA
sociedad,
campaña, educación,
Pénjamo 69 24 esposa,
campo
trabajadora

Pueblo Nuevo 10 campaña 6 sociedad
sociedad,
Purísima 46 campaña, seguridad 22
compañera
Romita 1 campaña 0 NA
sociedad,
Salamanca 78 campaña, seguridad 52 trabajadora,
compañera
trabajadora,
Salvatierra 22 campaña, empleo 9 sociedad,
esposa
San Felipe 56 campaña, jóvenes 3 compañera
San Francisco del sociedad,

87 campaña, educación 28
Rincón trabajadora
sociedad,
San Luis de la Paz 25 campaña 6
compañera
campaña, ecología /
San José de Iturbide 49 0 NA
medio ambiente
Santa Cruz de sociedad,
67 campaña, campo 0
Juventino Rosas compañera
Silao 50 campaña 1 compañera
campaña, seguridad y sociedad,

Tarimoro 22 13
violencia compañera
sociedad,
esposa,
Uriangato 40 campaña, familia 16
compañera,
igualdad
sociedad,
Victoria 24 campaña 6
compañera
Villagrán 9 campaña 6 sociedad
sociedad,
Yuriria 13 campaña, cambio 4
trabajadora
Como ya se dijo antes, la mayor parte de las publicaciones refieren a las propias campañas, pero se
aprecia que emergen distintos temas, principalmente seguridad, educación y familia. En cuanto a los
perfiles, emergen tres principalmente: la mujer como compañera, la mujer trabajadora y la esposa.
Al revisar estas publicaciones por partido, se observa que la campaña fue el tema principal en
todos ellos. En segundo lugar, emergieron seguridad y familia. Por otro lado, las mujeres fueron
nombradas, en la mayoría de los partidos, de modo general, como parte de la sociedad. Sólo en
un caso, el Movimiento Ciudadano, la categoría sobresaliente fue compañera. Entre los perfiles
que emergen están los de compañera, trabajadora y emprendedora.

Publicaciones
Total de
Coalición o partido Temas con presencia Perfil mujeres
publicaciones
de mujeres
campaña, violencia,
Juntos Haremos Historia 71 9 sociedad
otros
campaña,
sociedad,
infraestructura,
Morena 146 87 compañera,
ecología / medio
emprendedora
ambiente
compañera,
campaña, seguridad,
Movimiento Ciudadano 93 12 sociedad,
cultura
emprendedora
sociedad,
Nueva Alianza 41 campaña 21
compañera
sociedad,
Partido de Acción Nacional 363 campaña, familia 169
trabajadora
Partido de la Revolución campaña, seguridad, sociedad,
225 57
Democrática mujeres compañera
Partido Revolucionario sociedad,
395 campaña, jóvenes 205
Institucional trabajadora
sociedad,
Partido Verde 190 campaña, familia 42
trabajadora
Independientes 105 campaña, seguridad 29 sociedad
Se hizo también una revisión por género. Específicamente, se separaron las publicaciones de
las candidatas a presidencias municipales, cuyas publicaciones formaron parte del corpus de
análisis. Se identificaron 696 publicaciones en total. En ellas, el tema predominante fue la propia
campaña, el segundo tema abordado fue la seguridad. En 355 de las publicaciones aparecen mu-
jeres también. El perfil predominante es, igual que en las publicaciones de candidatos, la mujer
como parte de la sociedad. En segundo lugar, se coloca la mujer como compañera; mientras que
en tercero queda la mujer trabajadora.
En el caso de las candidaturas a diputaciones locales, se analizaron 734 publicaciones. El tema
predominante en ellos fueron las propias campañas, lo cual coincide con la lógica observada
en las candidaturas por la gubernatura y las presidencias municipales. Se registró presencia de
mujeres en 36 de las 734 publicaciones revisadas. La representación predominante fue, como en
otros casos, la mujer como parte de la sociedad.

Tabla 68. Publicaciones seleccionadas en redes, en candidaturas a diputaciones locales
Distrito Partido Candidatura Red Total de Publicaciones con

publicaciones presencia de mujeres
I PGF Paola Yáñez Facebook 8 1
I PV Mauro Javier Facebook 18 0
III MC Raúl Ricardo Díaz Contreras Facebook 13 0
III PAN Alejandra Gutierrez Facebook 10 1
IV JHH Martha Alicia Rocha Facebook 22 0
IV PV Judith González Facebook 14 0
IX PANAL Agustina Morales Pérez Facebook 6 2
IX PGF Katya Soto Facebook 20 2
IX PRI Ma. Guadalupe Serrato Monzón Facebook 26 2
V MC Adrián Chávez Facebook 7 1
VI PGF Cristina Márquez Facebook 22 3
VII PGF Rolando Alcantar Facebook 12 0
VIII PANAL Ricardo Castro Facebook 17 2
VIII PGF Martha Delgado Facebook 20 1
X PGF Noemi Márquez Facebook 14 0
X PRI Lupita Guerrero Moreno Facebook 23 3
XI PGF Lorena Alfaro Facebook 33 0
XI PV Eric Bolívar Facebook 64 1
XII JHH Mary Carmen Vaca Facebook 20 0
XII PANAL Yausin Viridiana Delgado Facebook 47 6
XII PGF Víctor Zanella Huerta Facebook 23 0
XII PV Elken Beatriz Orozco Facebook 6 0
XIX PGF Jesús Oviedo Herrera Facebook 12 0
XIX PRI Fuensanta Martínez Lerma Facebook 25 0
XV JHH Saúl García Cornejo Facebook 2 0
XV PANAL Diego Lara Hernández Facebook 12 2
XV PGF Paulo Bañuelos Rosales Facebook 14 0
XVI PANAL Karla Betancourt Valenzuela Facebook 7 1
XVI PGF Emma Tovar Tapia Facebook 19 0
XVI PRI Marianne Chaurand Yúdico Facebook 18 0
XVII Morena Beatriz Landeros Guerrero Facebook 7 0
XVII PGF Juan Antonio Acosta Facebook 29 1
XVIII PGF Jessi Cabal Facebook 15 1
XVIII PV Elizabeth Delgado Facebook 21 1
XX JHH Marco Antonio Araujo Facebook 30 1
XX PANAL Javier Serrato Facebook 4 0
XX PGF German Cervantes Facebook 9 0
XX PRI David Mercado Ruiz Facebook 15 0
XX PV Martha Ortega Roque Facebook 7 0
XXI PGF Miguel Salim Facebook 22 3
XXII PGF Luis Magdaleno Facebook 15 1
XXII PRI Julio Cesar Escalante Facebook 6 0
734 36
La revisión de tendencias por distrito, partido o coalición y género permite identificar ciertas
lógicas, como se observa en las siguientes tablas.
Tabla 69. Publicaciones seleccionadas en redes, en candidaturas a diputaciones locales

Publicaciones
Total de
Distrito Temas con presencia Perfil mujeres
publicaciones
de mujeres
I 26 campaña, mujeres, campo 1 hija
II 0 NA 0 NA
III 23 campaña, jóvenes 1 sociedad
IV 36 campaña, adultos mayores 0 NA
V 7 campaña, seguridad, jóvenes 1 esposa
sociedad,
VI 22 campaña 3
empoderada
VII 12 campaña 0 NA
sociedad,
VIII 37 campaña, seguridad, educación 3
compañera
compañera,
IX 52 campaña, adultos mayores 6
sociedad
X 37 campaña, economía, deporte 3 compañera
XI 97 campaña, seguridad 1 compañera
XII 96 campaña, seguridad 6 compañera
XIII 36 campaña, migración 2 trabajadora
XIV 0 NA 0 NA
compañera,
XV 28 campaña, campo 2
sociedad
XVI 44 campaña 1 compañera
XVII 36 campaña 1 sociedad
XVIII 0 NA 0 NA
XIX 37 campaña, seguridad, corrupción 0 NA
XX 65 campaña, igualdad 1 esposa
compañera,
XXI 22 campaña, desarrollo 3
sociedad
XXII 21 campaña, educación 1 sociedad
La mayor parte de las publicaciones analizadas refieren a las campañas. El tema que emerge es
la seguridad, específicamente en los distritos V, VIII, XI, XII y XIX. Si bien en estas publicaciones la
figura de la mujer aparece como parte de la sociedad, esta categoría se encuentra empatada con
la mujer como compañera.
A nivel de partidos, se aprecia que, junto a las campañas, emergen temas como los jóvenes,
la seguridad y la educación. En cuanto a la representación de las mujeres, la más frecuente fue
la mujer como compañera.

Publicaciones
Total de
Coalición o partido Temas con presencia Perfil mujeres
publicaciones
de mujeres
Juntos Haremos Historia 74 campaña 1 esposa
sociedad,
Por Guanajuato al Frente 287 campaña, educación 13
compañera
Morena 7 campaña 0 NA
campaña, seguridad,
Movimiento Ciudadano 20 1 compañera
jóvenes
Nueva Alianza 93 campaña, seguridad 13 compañera
Partido de Acción Nacional 10 campaña, jóvenes 1 sociedad
113 campaña, jóvenes 5 compañera
Institucional
trabajadora,
Partido Verde 130 campaña, seguridad 2
compañera
Finalmente, por género, se aprecia que, en las 410 publicaciones de candidatas, el tema predo-
minante fue la campaña, seguido de la juventud, mientras que el perfil predominante fue el de
la mujer como compañera. En las 324 publicaciones de candidatos, el tema predominante fue
también la campaña, seguido de la seguridad y el campo, mientras que las mujeres fueron repre-
sentadas como compañeras y como parte de la sociedad.
Total de Publicaciones con

Género Temas Perfil mujeres
publicaciones presencia de mujeres
Candidatas 410 campaña, jóvenes 24 compañera
campaña, seguridad, compañera,

Candidatos 324 12
campo sociedad
En la última fase del estudio se seleccionaron algunas publicaciones de las y los candidatos
en redes sociodigitales. Estas publicaciones correspondieron a los temas y perfiles femeninos
predominantes, así como a algunos emergentes. La selección fue aleatoria. De las publicaciones
correspondientes a las candidaturas por la gubernatura, se seleccionó una de Diego Sinhue Ro-
dríguez Vallejo –candidato ganador, actual gobernador del estado de Guanajuato– y una de María
Bertha Solórzano Lujano –candidata del Partido Nueva Alianza, única mujer en la contienda por
la gubernatura–.

Ilustración 15. Publicación del candidato Diego Sinhue en Facebook, 7 de abril de 2018
El post del entonces candidato Diego Sinhue refiere a la familia como motor para su búsqueda de
“un mejor Guanajuato”. El mensaje escrito se complementa con una serie de fotografías del can-
didato en campaña, junto con su familia y algunos simpatizantes. Se observa así la articulación
entre el tema –la campaña– y los perfiles femeninos –en este caso, esposa e hijas–.

Ilustración 16. Publicación de la candidata Bertha Solórzano en Facebook, 26 de mayo de 2018
La publicación de la candidata del Partido Nueva Alianza refiere, de igual manera, a las actividades
de campaña, al encuentro con la gente. En el mensaje escrito se emplea una forma de lenguaje
incluyente: “Conocimos de Ciudadanx a Ciudadanx”. El texto se compaña por una serie de foto-
grafías donde se observa a la gente, el encuentro con la candidata y la presencia de simpatizantes.
En segundo lugar, de las correspondientes a las candidaturas por las presidencias munici-
pales, fueron seleccionadas dos publicaciones del 25 de junio, del municipio de Salamanca, de
las candidaturas de Antonio Arredondo –del Partido de Acción Nacional– y Coral Valencia –del
Partido Revolucionario Institucional–.

Ilustración 17. Publicación del candidato Antonio Arredondo en Facebook, 25 de junio de 2018
La publicación corresponde al tema predominante, que fueron las actividades de campaña. En

este caso se trató de la visita del candidato a algunas comunidades. Se emplea lenguaje inclu-
yente en la expresión “los candidatos y las candidatas”. El texto se acompaña por fotografías de
los recorridos.

Ilustración 18. Publicación de la candidata Coral Valencia en Facebook, 25 de junio de 2018
Esta publicación corresponde también a las actividades de campaña. El perfil femenino que apa-
rece es el de ama de casa: “apoyos a estudiantes, amas de casa y adultos mayores”. El texto es
acompañado por fotografías de los encuentros con simpatizantes.
En tercer lugar, de las candidaturas por las diputaciones, fueron seleccionadas dos publicacio-
nes que corresponden al 19 de junio, el distrito XVIII y las candidatas Jessi Cabal –de la coalición
Por Guanajuato al Frente– y Bety Delgado –del Partido Verde–.

Ilustración 19. Publicación de la candidata Jessi Cabal en Facebook, 19 de junio de 2018
En ambos casos las publicaciones corresponden a la campaña. Sin embargo, no hay un reporte
de actividades, como en los casos anteriores, sino que se presentan ejecuciones publicitarias en
las cuales se invita a votar. En el caso de Jessi Cabal, la imagen muestra las curules del Congreso
del Estado de Guanajuato vacías, junto a la oración “déjame ser tu voz en el Congreso del Esta-
do”. Se plantea la promesa de buscar recursos y apoyos.
En el caso de Bety Delgado, es ella quien aparece en la imagen, junto a la invitación a votar por
ella. En esta búsqueda, la candidata asume el rol de amiga: “este 1 de julio vota por tu amiga”.

Ilustración 20. Publicación de la candidata Bety Delgado en Facebook, 19 de junio de 2018
En suma, la exploración del uso de redes sociodigitales de manera oficial en las campañas elec-
torales permitió identificar constantes en términos de temas predominantes y perfiles feme-
ninos, así como diferencias en la frecuencia de publicación. Si bien no se revisó la calidad y el
cuidado de las producciones, fue posible ver también algunas disparidades. Estas diferencias
pueden ser atribuidas al presupuesto con el que se contó en las campañas, ya que, mientras en
algunas se advirtió la presencia de profesionales en comunicación digital para el manejo de las
redes, en otras la operación fue más limitada.
Recapitulación
Este capítulo tuvo como objetivo analizar la dimensión comunicativa de las campañas electo-
rales, mediante el abordaje de tres áreas clave: la publicidad electoral, la cobertura mediática
y la comunicación en redes sociodigitales. La exploración permitió comprender las lógicas de

representación simbólica de las candidaturas de mujeres. En primer lugar, se identificó una se-
rie de inequidades en las tres áreas, en el sentido planteado por Aceves González (2010b) para
la cobertura informativa: por nivel de cargo, por regiones y por partidos. A estas inequidades se
suma una cuarta por género.
La inequidad en cuanto al nivel de cargo se refiere a que los esfuerzos de publicidad, cobertu-
ra mediática y estrategia en redes se concentran en los cargos más altos. En este caso, todas las
candidaturas a la gubernatura contaron con publicidad en radio y televisión, fueron cubiertas por
los medios en mayor o menor medida, además de que tuvieron presencia en redes. Al ir a otros
niveles, se observa que sólo contaron con publicidad 8 de 324 candidaturas por las presidencias
municipales, así como 6 de 138 por las diputaciones. De igual manera, la cobertura mediática se
concentró en las candidaturas por la gubernatura y por las presidencias municipales de munici-
pios del corredor industrial. El uso de redes sociodigitales se dio en menos de la mitad de las can-
didaturas por las presidencias municipales y en la mitad de las candidaturas por las diputaciones.
La inequidad por regiones se refiere a la concentración de los esfuerzos en las zonas urbanas
más grandes. En este nivel vale la pena contrastar los datos de candidaturas por las presidencias
municipales y diputaciones. En las primeras, la publicidad se concentró en los municipios de
Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Pénjamo, Purísima del Rincón y San Miguel
de Allende. La cobertura mediática, de igual manera, abordó a los municipios que están dentro
del corredor industrial. El uso de redes fue mayor en estos mismos municipios y nulo en algunos
otros, como Atarjea, Doctor Mora, Ocampo, Tierra Blanca y Xichú. Respecto a las diputaciones, la
publicidad se concentró en los distritos III, IV, V, VI, VII y VIII, que corresponden al municipio de
León, Guanajuato y Dolores Hidalgo. Las candidaturas a diputaciones prácticamente no contaron
con cobertura mediática, al menos en la muestra analizada. Sin embargo, estos datos contrastan
con la presencia en internet, hubo al menos una candidatura por distrito que hizo uso de redes.
La inequidad por partidos se refiere a la concentración de los esfuerzos en los partidos más
grandes. Si bien todos los partidos y coaliciones tuvieron publicidad, cobertura mediática y es-
trategia en redes para el nivel de gubernatura, el escenario fue distinto en otros niveles. En ese
sentido, la publicidad audiovisual registrada, para presidencias municipales y diputaciones, co-
rrespondió a dos partidos, el PAN y el PRI, así como a algunos candidatos independientes.
Finalmente, la inequidad por género refiere a la desproporción que se observa en el acceso de
hombres y mujeres a los recursos comunicativos. En las candidaturas por las presidencias mu-
nicipales, la disparidad benefició en un caso –las presidencias municipales– a los hombres y en
otro –las diputaciones– a las mujeres. La cobertura mediática, como se había mencionado antes,
fue escasa en ambos casos. El uso de redes en las candidaturas por las presidencias municipales
fue un tanto dispar, en tanto que las mujeres registraron un menor uso de redes. En contraparte,
en las candidaturas por las diputaciones, el uso de redes fue más equilibrado.
Se aprecia así que las mayores disparidades se concentran en la publicidad electoral y la co-
bertura mediática. No es un dato menor, ya que son elementos que requieren inversión y, como
se plantea en el capítulo anterior, en esta elección los candidatos contaron con mayor presu-
puesto que las candidatas para producción de mensajes de radio y televisión, propaganda en
medios impresos, propaganda en la vía pública y propaganda en salas de cine. El uso oficial de
redes sociodigitales en las campañas contribuyó a democratizar el acceso a espacios de comu-
nicación, en términos de nivel de cargo, región, partido y género. Es posible inferir que el costo
relativamente bajo influyó en estos resultados.

Además, se identifican diferencias en términos de género entre las lógicas de la cobertura

mediática y aquellas de la publicidad y el uso de redes. El análisis de la cobertura mediática dejó
ver que la paridad en las candidaturas no tuvo su correlato en los medios, ya que las mujeres
quedaron subrepresentadas en las notas, tanto en número –aparecieron en menos de la terce-
ra parte de las notas sobre las campañas– como de representación –las mujeres aparecieron
relativamente poco como protagonistas de las notas, no se abordó una agenda de género en
la cobertura y, en algunos casos, las mujeres simplemente fueron mencionadas a partir de un
rol familiar–. En los materiales publicitarios y las publicaciones en redes socio-digitales de las
candidaturas femeninas no se registraron diferencias significativas en las temáticas abordadas
y la representación de las mujeres, respecto a las candidaturas de hombres. Ni la presencia de
candidatas ni la serie de problemáticas de violencia contra las mujeres que sufre Guanajuato se
tradujeron en el abordaje de estos asuntos en la agenda pública.
Es importante reflexionar sobre el peso simbólico de los espacios de comunicación y sus im-
plicaciones en los procesos electorales. Además, es necesario reconocer los desequilibrios en el
acceso y uso de los espacios de comunicación y comprender que estas asimetrías obstaculizan
el desarrollo de la democracia.
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Mapas de riesgo de la violencia electoral
en razón de género en el proceso
electoral en Guanajuato 2017-2018
Verónica Vázquez Piña15
La violencia política puede presentarse en espacios habituales de la vida de las candidatas, como
en sus casas de campañas, hogares o lugares que acostumbren a frecuentar, pero ¿qué factores
estarían mediando la aparición de la violencia contra las mujeres en los procesos electorales?
¿existen territorios donde las candidatas corren más riesgo que otros? ¿qué características tie-
nen esos lugares? La violencia política en razón de género es un campo de estudio en plena
creación, en Guanajuato existen pocos estudios y en ninguno hemos encontrado indicadores
que nos permitan identificar los espacios públicos donde esta violencia puede ser más proclive
a presentarse por lo que desarrollamos una propuesta de variables indicativas para analizar los
territorios y sus riesgos.
En este capítulo nos abocaremos a la realización del siguiente objetivo: Identificar zonas de
riesgo para las mujeres candidatas durante el proceso electoral 2017-2018 y después del mismo,
a través de los índices de delitos de alto impacto y de delitos contra las mujeres; variables de
desarrollo humano y de competencia electoral que permitan pensar los procesos electorales
desde los territorios en disputa por los partidos políticos, el acceso de la participación política y
los riesgos que esto conlleva para las candidatas.
Los mapas de riesgo pretenden identificar y ubicar zonas que representan amenazas y vul-
nerabilidades para sus habitantes. Por la naturaleza y duración de la investigación, este mapa se
estructuró en dos tiempos de estudio. En un primer momento se presenta la construcción analí-
tica para la creación de un sistema de información que nos permita la concepción de un mapa de
riesgo de violencia electoral en razón de género durante la contienda electoral con la información
del proceso electoral inmediato anterior 2014-2015. Así como las listas de candidatas a las presi-
dencias municipales e indicadores que asociamos a la posibilidad de ocurrencia de la violencia
contra las mujeres candidatas y que permita brindar esa información durante el proceso de cam-
paña electoral para que el IEEG pudiese implementar acciones pertinentes en esta materia.
En un segundo momento, pasada la jornada electoral y con los resultados electorales, exami-
namos los factores de riesgo con indicadores del año 2018 para lograr una mejor comprensión
del territorio en relación al fenómeno de la violencia y en particular con la violencia política en
razón de género en el Estado de Guanajuato que nos proporcione insumos para las propuestas
de acción en las próximas elecciones.
15 Los mapas contenidos en esta sección fueron elaborados por Carlos Ríos Llamas.
191
Por último, se logra identificar la lógica territorial y política donde a las mujeres se les per-
mite y se les limita su participación en las elecciones municipales. Esta lógica obedece al centro
político del estado que se encuentra distribuido en lo que se conoce como corredor industrial
(la región centro III) y la periferia está compuesta por las regiones: noreste (I), norte (II) y sur (IV).
Como se revisó en el capítulo dos, en el apartado de resultados electorales, las grandes ciuda-
des de la región centro están disputadas y ganadas principalmente por hombres, mientras que
las dos excepciones son Salamanca que obedece a un contexto local de oposición más que a un
avance de género en la ciudad. Y el caso atípico de Celaya en el que la contienda era principal-
mente de mujeres y por segunda vez el gobierno es encabezado por una mujer. La región noreste,
la más pobre y con menor población, solamente contiene el 5 %, es la región donde se permite la
participación de las mujeres en la mayoría de los partidos.
Estos hallazgos, por una parte, en cuanto a la limitada participación de las mujeres en con-
tiendas electorales aunque numérica, nos permite concluir que no es por falta de capacidad que
los partidos políticos anulen a las mujeres para la participación política ya que, el que accedan
que las mujeres contiendan en Celaya –uno de los municipios más violentos y problemáticos del
estado–, permite inferir que no es un problema de capacidad/incapacidad de la visión de los to-
madores de decisiones para la selección de candidaturas, sino la misoginia presente en todos los
partidos políticos tanto a la hora de la selección de las candidaturas como al lograr la simulación
de cumplimiento con la paridad.
La paridad ha obligado a la apertura de espacios políticos para las mujeres, principalmente
estos espacios son de bajo riesgo de violencia política para las candidatas, pues se les permite
participar en municipios donde el ingreso económico, el desarrollo humano, los delitos y la po-
blación, son bajos, es decir, sin rentabilidad política. Sin embargo, este análisis identificó como
riesgo para sufrir violencia contra las mujeres el índice de escolaridad municipal, y se observó
que Celaya tiene los más altos aunque ahí el gobierno lo ganó una mujer. El otro gobierno es Sa-
lamanca donde existe el riesgo para la presidenta. Mientras que Guanajuato, León, Irapuato, que
también presentan índices de escolaridad altos, pero están encabezados por hombres.
Por último, concluimos, que si bien la violencia política en razón de género en el espacio
público no estuvo presente en el proceso electoral de 2018, la latencia de la ocurrencia puede
incrementarse en caso de que el acceso de las mujeres a las contiendas electorales cambie su
lógica dentro de los partidos políticos y permita que las mujeres participen en la lucha por los
municipios catalogados como centros políticos con rentabilidad y competitividad electoral, ya
que ahora les dejan los espacios menos codiciados.
Aproximación teórica de los contextos de violencia

y factores de riesgo para las mujeres candidatas
La violencia política de género es conceptualizada por algunas autoras como la reacción en con-
tra del incremento de la representación política y poder de las mujeres. Está sustentada por los
patrones culturales que los estudios de género han visibilizado ampliamente sobre los roles y
estereotipos de género, así como la comprensión de la esfera pública como lugar privilegiado del
poder de los hombres y la esfera privada como el ámbito de sumisión de las mujeres.
Siguiendo el examen de Colom (2015: 85) sobre la territorialidad como una condición ontoló-
gica o pre-constitutiva de la vida política, es decir, que el sustrato geográfico de una comunidad
192 Mapas de riesgo de la violencia electoral en razón de género en el proceso electoral en Guanajuato 2017-201
humana condiciona las características internas de la misma y a su vez es transformado por las
prácticas de sus habitantes: “La territorialidad es por ello una producción social en la que se
representa el vínculo entre espacio, historia y poder: constituye, en última estancia, la materia-
lización del espacio político”.
Estos contextos socioculturales se pueden expresar con el Índice de Desigualdad de Género
al buscar aproximarnos al acceso desigual que tienen los hombres y las mujeres no sólo en re-
lación al acceso a la salud, a la educación y a la economía, sino también al empoderamiento de
las mujeres por medio del acceso a cargos de representación legislativa.
Para comprender los territorios de riesgo que no sean los habituales donde las candidatas
realizan sus actividades personales y políticas (domicilios, trayectos cotidianos, casas de campa-
ña, y sedes de partidos políticos) es necesario poder distinguir la violencia que se ejerce contra
las mujeres en razón de género, que es propia del juego político, para ubicar en qué espacios
geográficos pueden presentarse situaciones de conflicto y violencia.
En la perspectiva de Salamanca (2006: 18) “la violencia, pues, además de ocurrir, consta de
un lugar y no puede ser sin él, en una relación de determinación mutua: así como la violencia
requiere un topos para poder ser leída, el hecho violento determina de manera definitiva al lugar
en el que ocurre”. Para tratar de localizar el topos como relación de determinación mutua, com-
prendemos que el contexto sociocultural más proclive a hechos violentos puede estar determi-
nando la caracterización y las manifestaciones de la violencia. “Si bien la violencia no es sólo un
hecho medible, sino que además es un fenómeno de posibilidad. Que la violencia pueda ser, que
sea una amenaza, por ejemplo, es en sí una manera de ocurrencia de la violencia, que se debate
entre su latencia y su evidencia”. Aceptamos, como Salamanca, que la violencia es un hecho
probable pero fundamentalmente impredecible y caótico que se da en un lugar preciso y que tal
vez haya condiciones que la faciliten por el contexto para realizar un mapa de riesgo.
La determinación de la geografía política y competitividad electoral, así como los contextos
socioculturales particulares nos ayudan a la comprensión de esos lugares y posiciones políticas
frente a las relaciones de poder y prácticas de dominación naturalizadas en el ejercicio de la
política, es por esto, que los mapas nos permiten una primera aproximación de análisis del fe-
nómeno de la violencia política electoral de género.
Para Segato
El sistema de status se basa en la usurpación o extracción del poder femenino por parte
de los hombres. Esa exacción garantiza el tributo de sumisión, domesticidad, moralidad
y honor que reproduce el orden de status, en el cual el hombre debe ejercer su dominio y
lucir su prestigio ante sus pares… Es en la capacidad de dominar y de exhibir prestigio que
se asienta la subjetividad de los hombres y es en esa posición jerárquica, que llamamos
“masculinidad”, que su sentido de identidad y humanidad se encuentran entramados. La
estructura de los rituales de iniciación masculina y los mitos de creación hablan universal-
mente de esta economía de poder basada en la conquista del status masculino mediante
el expurgo de la mujer, su contención en el nicho restricto de la posición que la moral
tradicional le destina y el exorcismo de lo femenino en la vida política del grupo y dentro
mismo de la psique de los hombres (2014: 14-15).
A partir de la construcción de las relaciones sociales de género donde se establece un orden je-
rarquizado de lo masculino sobre lo femenino es que también se asientan las estructuras de la
Verónica Vázquez Piña 193

violencia que permean todos los ámbitos de la vida. Para nuestro estudio es la contienda electo-
ral, localizada en el punto nodal de la vida política y del poder, esfera secularmente protegida y
habitada por los hombres y su masculinidad.
Como se planteó desde el principio de la investigación, toda violencia ejercida contra las mu-
jeres tiene “herramientas para disciplinar a las mujeres” y aunque existen diferentes tipos de
violencias como la sexual, física, psicológica y económica, todas y cada una de ellas, actúan en
la esfera de la política contra las candidatas.
Para ONU Mujeres (2018: 14), la violencia sexual (abuso, acoso y violación) actúa como disuasi-
vo para la participación de mujeres en mítines o para expresar sus ideas, puede ser oportunista,
relacionada con la debilidad general de la ley, el orden y el aumento de criminalidad durante pe-
riodos electorales con el objetivo de debilitar al oponente. Mientras que la violencia psicológica
tiene por objetivo intimidar y perseguir, se manifiesta como amenazas, abandono, abuso, confi-
namiento en el hogar, vigilancia amenazas sobre la custodia de los hijos, destrucción de objetos,
aislamiento, agresión verbal y constante humillación. Por lo que entender los tipos de violencia
y los perpetuadores en el espacio público permite la comprensión y magnitud del problema en
su configuración territorial.
Alanís (2017: 235) al tomar como referencia los estándares de la CIDH y del Comité de la CEDAW
en su Recomendación General 19 y la Convención de Estambul de 2011, indica que, para consi-
derar que un acto de violencia se basa en el género, es cuando la violencia se dirige a una mujer
por ser mujer y cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta
desproporcionadamente. Si bien estos dos elementos son básicos fundamentales, además, se
deben considerar mínimamente tres elementos: el contexto, la intersección y los estereotipos.
Por contexto se entiende las situaciones en las que resulta la evidente presencia de condicio-
nes particulares que ponen en riesgo a las mujeres, como la pobreza, la inseguridad, el desem-
pleo, un conflicto armado, el analfabetismo, condiciones relacionadas con el medio ambiente, e
incluso la violencia que son los elementos que se estudian en este capítulo.
De una manera similar, Bardall (2015) “explica que las mujeres tienen vulnerabilidades par-
ticulares en contextos políticos y electorales, ya caracterizados por la inseguridad. Están más
expuestas y son más vulnerables que los hombres políticos a experimentar situaciones discri-
minatorias” (Freidenberg, 2017:17). Por lo que comprender estos contextos que ubican a las can-
didatas en situaciones de discriminación y riesgo es de suma importancia.
El trabajo de Otalora Malassis establece un marco conceptual para discutir la violencia políti-
ca de género como un fenómeno particular, aunque relacionado con los contextos sociopolíticos
más amplios, y explica cómo esta violencia es un hecho político producido por las relaciones de
fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se
trata de una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras,
desde un determinado lugar y una posición política, frente a las relaciones de poder y las prác-
ticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo considerado
legítimo por los sujetos que lo ejercen (Otalora, 2017:146, 148).
De igual manera, Piscopo (2017: 76) expone una crítica a la conceptualización, que hacen
Krook y Restrepo Sanín, como “una nueva forma de violencia vinculada al ámbito político y par-
tidario (y, en consecuencia, como un delito electoral)”, pero en su examinación pasa por alto el
contexto sociopolítico más amplio y corre el riesgo de empeorar la incapacidad del Estado para
abordar la naturaleza de la violencia en América Latina.
Para esta autora, este tipo de violencia se asienta sobre tres problemas sociopolíticos inte-
rrelacionados: 1) La inscripción de diversas formas de violencia en la vida cotidiana; 2) Los de-
ficientes sistemas de justicia e ineficaces aparatos policiales que garantizan la impunidad de
los agresores, especialmente en los casos de violencia contra las mujeres y 3) Los continuos
esfuerzos de las dirigencias partidarias para impedir que las mujeres accedan al poder político
de manera efectiva, especialmente en el nivel local. Estas problemáticas revelan el lento proceso
de resquebrajamiento del orden patriarcal donde al centrarse en el ámbito político, las activistas
y académicas (Acobol, 2010 y 2013; Krook y Restrepo Sanín, 2016) de este fenómeno ignoran el
escenario más amplio de violencia e impunidad.
Para no ignorar el escenario más amplio de violencia es que se estudian tanto los delitos de
alto impacto, que se denominan así por el daño psicológico y físico que causan en la ciudadanía,
como los delitos contra las mujeres, caracterizados principalmente en la vejación a los derechos
de libertad y seguridad sexual de las mujeres.
Para Alvarado (2019: 72) la violencia electoral se agudiza cuando la polarización y la fragmen-
tación partidaria están presenten, sobre todo cuando la disputa por los votos es muy cerrada,
competitiva y los candidatos son de oposición y, además, cambian de afiliación partidaria.
Para Méndez, la competitividad electoral revela qué tan fuertes son los partidos comparativa-
mente según la distribución del voto y el número de asientos a adquirir. Al ser la competitividad
una variable de riesgo para la violencia electoral, es necesario definirla como Sartori lo hizo
desde la década de los años ochenta para distinguirla de la competencia como estructura o regla
del juego y competitividad como un estado concreto del juego. Es decir que el concepto de com-
petitividad puede mostrar en qué medida es competitivo un sistema y la manera de medirlo es
por medio de tres criterios: a) cuando los partidos principales se aproximan a una distribución
casi nivelada de fuerza electoral; b) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y
ganan con escaso margen, y c) por la frecuencia con la cual los partidos se alternan el poder (en
Méndez, 2002: 143-144).
Con la finalidad de estudiar este escenario de violencia que se vive en Guanajuato para ob-
tener información que permita la comprensión geoespacial y política que estructuró el juego
político durante el proceso electoral 2018, y tomar medidas de prevención, se elaboró la meto-
dología del Mapa de Riesgo de Violencia Política en Razón de Género. Es necesario puntualizar que es
un esfuerzo el obtener evidencia empírica para la hipótesis de Psicopo, donde la diferencia entre
la violencia y la violencia política en razón de género existe, es decir, que no todas las agresio-
nes contra las mujeres son agresiones debidas a su hecho de ser mujer, si no que obedecen a
contextos más amplios de violencia e impunidad que permiten que estas manifestaciones se
presenten, sin tener elementos de género a priori.
Alvarado (2019) apunta a una creciente situación criminal en México que acompaña tanto a
las elecciones locales como nacionales, con una mayor evidencia desde el 2006, ya que la violen-
cia es un instrumento que pueden utilizar tanto las personas que ostentan el poder (ganadores),
como quienes los retan, los perdedores y otros actores externos al juego político formal con la
capacidad y recursos para influir en el resultado electoral, en truncar ciertas candidaturas o
fuerzas partidarias.
Si estos contextos de violencia multidimensional política y social, que se presentan tanto en
los contextos públicos como privados, son la raíz del problema y tan sólo se traslada al ámbito
político, entonces estas manifestaciones estarán presentes en ciertos territorios y podríamos

pensar que son un riesgo para las mujeres políticas, y en nuestro caso, aspirantes y candidatas,
y que existen contextos sociales, económicos y políticos de mayor riesgo para las mujeres.
La literatura especializada insiste que el comportamiento criminal está asociado a factores de
riesgo que son de naturaleza compleja y adoptan distintas dimensiones e interactúan diversos
tipos de violencia: política, de pandillas, económica, de género, interpersonal y doméstica. Los
niveles de violencia son más altos en barrios pobres urbanos y en zonas periféricas de la ciudad
(Alvarado y Muggah, 2018: 7). Es decir, que el grado de concentración del crimen y de la violencia
se relaciona por una parte con la concentración geográfica, esto se refiere a que los homicidios
se concentran en algunos municipios, así como la inseguridad es particularmente aguda en las
ciudades de la región de América Latina y el Caribe.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América Latina y el Caribe es la región más
violenta del planeta con una tasa de homicidios de 22 por 100,000 habitantes en el 2017, es decir,
cuatro veces el promedio mundial a pesar de que en esta región sólo habita el 9 % de la población
global (Alvarado y Muggah, 2018: 6).
En lo que respecta a la violencia contra las mujeres, el estudio de La Violencia Feminicida en Mé-
xico aproximaciones y tendencias 1985-2016 realizado por la SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres (2017),
muestra una divergencia entre las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio
para hombres y para mujeres (DFPH). La persistencia de la violencia contra las mujeres y su ma-
yor resistencia al descenso, puesto que se observa que en los periodos donde se ha dado una dis-
minución en el número de defunciones totales –como entre 1985 y 1990, 1994 y 2007 y después
de 2010–. Mientras que se observa un aumento en el porcentaje de defunciones femeninas con
presunción de homicidio, lo que sugiere un comportamiento específico de la violencia contra las
mujeres con sus propios factores explicativos (SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres, 2017: 20).
Al analizar los datos de los asesinatos de mujeres se corrobora que tienen un comportamiento
distinto a los hombres, justo porque una parte importante de ellos obedece al acto discriminatorio
de género que precede a la agresión letal, por lo que es necesario considerarlos estadísticamente
como fenómenos independientes. En el sentido de que las muertes violentas relacionadas con la
violencia denominada social, particularmente con las muertes vinculadas con el crimen organiza-
do se han agravado en el país a partir de 2007 (SEGOB, INMUJERES y ONU Mujeres, 2017: 21).
En el estudio de georreferenciación de los homicidios de mujeres a nivel municipal de 2001-
2010 que realizó Valdivia (2012: 3) muestra dos efectos: el efecto contaminación es una proporción
relevante de homicidios de mujeres y empieza a observarse sobre los municipios colindantes. De
igual manera, concluye que las tasas de crecimiento de los homicidios de mujeres siguen un pa-
trón regional preocupante donde el crecimiento de homicidios en un municipio dado determina
una aceleración en el crecimiento de homicidios en los municipios colindantes; y el efecto de
convergencia que consiste en que los municipios con menores tasas de homicidios de mujeres
están viendo crecer dichas tasas a ritmos mayores que las de los municipios con mayores tasas,
lo que significa que con el tiempo aquellos municipios tendrán tasas tan elevadas como éstos.
Las cifras actuales de feminicidio en Guanajuato denotan un crecimiento exponencial, por lo
que su estudio para comprender en qué municipios se están suscitando estos delitos y si pudie-
se estarse presentando un efecto de convergencia es de suma importancia para la investigación,
por ello nos daremos a la tarea de explorar a profundidad este fenómeno.
Segato (2003: 9), al estudiar el crimen de violación en el discurso de los violadores en Brasil
emerge como un acto disciplinador y vengador contra la mujer, genéricamente aborda este acto
y se ampara en el mandato de punir y retirarle su vitalidad a una mujer percibida como desaca-
tando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema de status de la moral tradicional.
Es a lo que llama economía simbólica de la violación como crimen moralizador, aunque ilegal, y
suscribe la contradicción entre moralidad y legalidad.
Siguiendo con la conceptualización de esta autora comprendemos que:
Las estructuras elementales de la violencia residen en la tensión constitutiva e irreductible
entre el sistema de status y el sistema de contrato […] La falta de correspondencia entre las
posiciones y subjetividades dentro de ese sistema articulado pero no enteramente consis-
tente producen y reproducen un mundo violento. Ese efecto violento resulta del mandato
moral y moralizador de reducir y aprisionar la mujer en su posición subordinada, por todos
los medios posibles, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo
la violencia estructural del orden social y económico (Segato, 2003: 15).
Segato (2006: 4) explica que
La noción de feminicidio caracteriza estos crímenes como crímenes de odio, como lo son
los racistas y homofóbicos. Dentro de la teoría del feminicidio, el impulso de odio con re-
lación a la mujer se explicó como consecuencia de la infracción femenina a las dos leyes
del patriarcado: la norma del control o posesión sobre el cuerpo femenino y la norma de la
superioridad masculina. …la reacción de odio se desata cuando la mujer ejerce autonomía
en el uso de su cuerpo desacatando reglas de fidelidad o de celibato –la célebre categoría de
“crímenes contra la honra” masculina– o cuando la mujer accede a posiciones de autoridad
o poder económico o político tradicionalmente ocupadas por hombres, desafiando el deli-
cado equilibrio asimétrico. En estos casos, los análisis indican que la respuesta puede ser la
agresión y su resultado la muerte. La intencionalidad de matar o simplemente herir o hacer
sufrir no define diferencias: en esta perspectiva, a veces el feminicidio es un resultado no
deliberadamente buscado por el agresor.
En este sentido, los crímenes del patriarcado o feminicidios son, claramente crímenes de poder,
es decir, crímenes cuya dupla función es, en este modelo, simultáneamente, la retención o ma-
nutención y la reproducción del poder.
A partir de estos estudios es posible constatar que un método de control y de disciplinamien-
to de las mujeres se ejerce tanto en la presencia de delitos sexuales como de feminicidios, y más
aún cuando en contextos conservadores las mujeres acceden, contienden y ocupan posiciones
de autoridad y/o poder político que tradicionalmente han sido dispuestas para los hombres. Es
decir, habría que esperar que la respuesta a estos desafíos pueda presentarse como agresión,
incluso el feminicidio en el ámbito político, como se presenta en la vida social y económica.
Bajo esta lógica, el estudio de la presencia de los delitos sexuales y el feminicidio como luga-
res proclives al contagio hacia la esfera política, se nos presenta como factores de riesgo que pu-
dieran alterar la contienda electoral en caso de que las candidatas estuvieran más expuestas en
los territorios con altos índices de estos delitos, más que en los territorios que no lo presentan.
Estos matices teóricos indican que hay que observar los contextos que ponen en riesgo a las
mujeres, teniendo en cuenta el modelo de desarrollo propuesto por el PNUD donde se insiste que
el nivel local es el espacio más adecuado para promover procesos de beneficio social e incremen-
to de capacidades y oportunidades para las personas.
Para comprender los factores de riesgo partimos del supuesto que la gravedad y riesgo de las
mujeres aspirantes y candidatas están vinculadas con zonas caracterizadas por la presencia del

crimen organizado, de un alto índice delictivo y crímenes contra las mujeres, así como los con-
textos socioculturales de desarrollo y desigualdad de género.
Siguiendo la lógica que utiliza Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia para la concep-
tualización de Mapas y Factores de Riesgo Electoral (2018), adaptamos a nuestro enfoque teórico y
conceptual sus definiciones, ya que ellos no toman en cuenta la perspectiva de género. El Riesgo
es entendido como amenazas y vulnerabilidades que se presentan contra las mujeres que hacen
política en el proceso electoral. Las amenazas son los factores que, por su naturaleza, confluyen
para alterar la normalidad del proceso electoral, estos pueden ser sociales, económicos y/o polí-
ticos. Las vulnerabilidades son comprendidas como la capacidad que tienen las instituciones y
actores del sistema político para resistir las amenazas y contribuir a su equilibrio democrático;
Cultura machista16 y Cultura de participación política (electoral y no de ciudadanía activa).
Desde el enfoque del MOE, las variables de riesgo de violencia se conceptualizan a través de
las manifestaciones de amenazas, secuestros, desapariciones, atentados y asesinatos. En Méxi-
co, Salazar Vázquez (2018) de Etellekt Consultores, presenta un Indicador de Violencia Política con
ocho variables: asesinatos, amenazas e intimidaciones, heridas con armas de fuego, agresiones
con armas de fuego con tentativa de homicidio que resultaron ilesos, atentados en contra de
familiares, secuestros, asaltos con y sin violencia.
Para la construcción de Indicador de Violencia Política en razón de género también se cons-
tituye a partir de esas ocho variables pero con los elementos de género que explica el Protocolo
para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres (2017), creado por la Secretaría de Gober-
nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la
Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Indicador de Violencia Política en razón de género:
1 Feminicidios
2 Amenazas e intimidaciones
3 Heridas con armas de fuego
4 Agresiones con armas de fuego
5 Tentativa de feminicidio que resultaron ilesas
6 Atentados en contra de familiares
7 Secuestros
8 Asaltos con y sin violencia más una variable que serían las
9 Agresiones sexuales.
Los mapas de riesgo son instrumentos informativos y dinámicos que mediante informaciones
descriptivas e indicadores permiten el análisis de una determinada zona y a su vez la progra-
mación de planes de intervención preventiva y la verificación de su eficacia, una vez realizados
(citado en García, 1994: 443).
16 Algunos ejemplos, el Gobernador del Estado Diego Sinhué declaró lo siguiente: “la mujer es el pilar de una familia y en ese sentido,
desde el gobierno del estado, continuarán los apoyos con programas para la mujer que respalden su labor familiar” Miranda (2019).
En relación al día de la familia, con esta visión podemos comprender que el gobernador sigue concibiendo a las mujeres como úni-
ca función la del hogar y cuidados, esa es su visión de estado, no la de la promoción de derechos que les permitan acceso a buenos
trabajos, y tiempo libre de recreación. Otro ejemplo, en el proceso electoral de 2012, Bárbara Botello contendió y ganó la presidencia
municipal de León, y el PAN lanzó una campaña con anuncios espectaculares con mensajes que decían: “Las Barbies son para jugar,
no para gobernar” y “Si no ha podido unir a su familia no podría unir a los leoneses”, haciendo alusión a su decisión de divorciarse en
pleno proceso electoral, hasta ella misma tiene una perspectiva cegada al género, pues cree que lo que falta es la comprensión de que
hombres y mujeres son complementarios. (Alcaldes de México, 2013)
La realización del mapa de riesgos se compone de cuatro fases:

1 Fase cognoscitiva: conocer profundamente los factores de riesgos para programar in-
tervenciones preventivas ajenas a cualquier improvisación.
2 Fase analítica: análisis de los conocimientos adquiridos en el paso anterior para fijar
las prioridades de intervención.
3 Fase de intervención: aplicación sobre el terreno práctico de los planes de intervención
programados.
4 Fase de evaluación: verificación de los resultados de la intervención respecto a los ob-
jetivos programados (García: 445).
La fase de intervención se podrá y deberá implementar cuando el IEEG dentro de sus facultades
pueda considerar los hallazgos de esta investigación y en particular de este capítulo, sin olvidar
la importancia de una fase de evaluación que permita analizar las amenazas y cómo se cons-
truyeron las categorías de análisis, si son suficientes o se deben de incluir otras o mejorar las
propuestas.
Por el momento, nos encontramos en la fase analítica y a partir de la comprensión del fenó-
meno nos atrevemos a conceptualizar este modelo de la siguiente manera:
Ilustración 21. Construcción teórica-analítica del Mapa

de Riesgo Electoral en razón de género
Con la finalidad de consolidar las aproximaciones teóricas y disciplinarias del trabajo, es nece-
sario considerar la topografía política y con perspectiva de género que nos permita comprender
el lenguaje de los mapas a través de las cinco coordenadas topográficas de Cardoso (2015: 21-24):
1. La coordenada centro-periferia: el poder político tiende a concebirse como centro que
se relaciona con periferias políticas, sociales y también territoriales. El poder está en el

centro, nunca en los márgenes. El poder puede desplazarse a la periferia, pero si esto
acontece es para hacerse notar y para afirmar su potencia.
2. Próximo-lejano: se refiere a la importancia de las cosas políticas y de otras, se mide por
la proximidad al centro o a quien está en el centro político. Quien está próximo está
investido de un poder especial, aunque menor que el del propio centro, pero quien está
apartado de él pierde ese poder y lo que le pueda dar en términos de reconocimiento,
influencia o prosperidad. Cuanto más próximo mejor; cuanto más apartado; peor.
3. Dentro-fuera: el alejamiento con relación al centro conduce a la división del espacio
entre lo que está dentro y lo que está fuera, es decir, más allá de cierto límite se está en
la periferia que todavía nos es inteligible, pero que pertenece a una dimensión diferen-
te que se nos escapa y queremos evitar.
4. Alto-bajo: el centro proyecta una coordenada vertical en el espacio simbólico entre lo
alto y lo bajo. Así el centro de poder tiende también a mostrarse en un lugar más alto
con relación a aquéllos que están subordinados.
5. Derecha-izquierda: el poder se estructura a una coordenada horizontal derecha-iz-
quierda. Hertz conceptualiza la superioridad simbólica de la derecha sobre la izquier-
da. Mientras que la política democrática modificó parcialmente, a lo largo de los dos
últimos siglos esta relación de superioridad, pero aún persisten en la lengua las conno-
taciones positivas hacia la derecha, como right, droite, destra.
La perspectiva de género en las coordenadas espaciales, nos permite observar las brechas topo-
gráficamente; si las mujeres forman parte de este centro simbólico de poder, si están próximas
al menos o son parte de la periferia, si existe una relación de igualdad o de inferioridad con res-
pecto a los espacios de poder de los hombres y con respecto a las coordenadas horizontales del
poder. Aquí, más que a las territoriales, nos abocaremos a las del espectro ideológico político, si
existe una relación positiva entre las mujeres que se encuentran en la derecha para obtener más
espacios de poder o, por el contrario, son los espacios de la izquierda los de la negatividad más
proclives a la participación de las mujeres.
A partir de las características sociodemográficas, electorales y delictivas que se presentaron
en el capítulo dos, es posible comprender el territorio de estudio para el análisis de la informa-
ción y la delimitación de las zonas de mayor riesgo y de disparidades para la autonomía de las
contiendas electorales.
El conocimiento de un territorio, nos indica Colom (2015: 85), presupone el reconocimiento de
sus límites, que definen los ámbitos de inclusión y exclusión que no necesariamente coinciden
con las fronteras, pues los confines territoriales se modulan a través de las prácticas de sociali-
zación espacial que se ejercen desde dentro y desde fuera de las propias fronteras. Es por esto
que considerar una visión más allá de los municipios puede ser de utilidad para la comprensión
del fenómeno estudiado.
En el capítulo 2, en el marco contextual, se revisan no sólo la población de los municipios, sino
también la visión de regiones que utiliza el Estado para su planeación de políticas públicas, así
como las zonas metropolitanas que designó el gobierno federal para ese mismo fin.
Es importante mantener la visión política electoral del municipio para las elecciones, pero tam-
bién estos otros factores que se presentan como amenazas y vulnerabilidades para la compren-
sión del juego político y las variables que intervienen en la violencia política en razón de género.
Metodología para la construcción del Mapa de Riesgo

Para la construcción del mapa de riesgos es necesario determinar los factores de amenazas a tra-
vés de Indicadores que permitan conformar el Índice de Violencia Electoral en razón de género
para el Estado de Guanajuato.
Como se manifestó en el marco teórico, las amenazas que constituyen los riesgos de violencia
política en razón de género tienen relación con el desarrollo humano, inseguridad, delitos contra
las mujeres, brechas de género y competencia electoral que se revisaran a continuación.
Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Este índice tiene como objetivo medir capacidades y libertades que tienen las personas para ele-
gir entre formas de vida alternativas y está compuesto por tres dimensiones: 1) la posibilidad de
gozar una vida larga y saludable; 2) las capacidades de adquirir conocimientos, 3) la oportunidad
de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. (UNPD, 2014).
Índice de Desigualdad de Género (IDG)

El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja que pueden experimentar las mu-
jeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mer-
cado laboral. El indicador muestra la pérdida de desarrollo humano debido a la desigualdad entre
logros de mujeres y hombres en dichas dimensiones (PNUD 2010). El IDG tiene una lógica inversa a
la del IDH, es decir, cuando hay un valor cercano a cero, el panorama de desarrollo es igualitario;
cuando se aproxima a uno, las desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias. Con
el IDG puede determinarse en cuánto y en qué dimensiones las mujeres presentan desventajas
respecto de los hombres en términos de desarrollo igualitario. Lo anterior permite hacer sugeren-
cias de política pública enfocada a cada uno de los tres aspectos que considera el IDG.
Índice de Competencia Política (ICP)

Silvia Gómez Tagle (2006) utiliza el Índice de competencia ponderado para la elaboración de la
geografía electoral. Este Índice se calcula al ponderar la diferencia entre los votos recibidos por
el partido en primer lugar y el partido en el segundo:
1-((P1-P2)/P1)
Esto se realizó casilla por casilla para tener la unidad de medida más pequeña que podamos
georreferenciar para la determinación de territorios con alta competitividad electoral.
Para determinar un alto índice de competitividad se procedió a establecer los cuartiles y se
tomó la medida del cuartil superior 0.829 que lo cerramos a los puntajes mayores de 0.830.
Indicador de Delitos de Alto Impacto Municipal (DAI)

Se utiliza la clasificación de delitos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, a
excepción de los delitos referentes al patrimonio. La nueva metodología ofrece datos desagrega-
dos y la identificación de los bienes jurídicos afectados (Véase la tabla 72).
Siguiendo la conceptualización del Observatorio Ciudadano Estatal de Seguridad Pública Gua-
najuato, comprendemos los Delitos de Alto Impacto como “aquellos que por la gravedad de sus
efectos y sus altos niveles de violencia son los que más lastiman a las personas y contribuyen a
formar una percepción de inseguridad y vulnerabilidad en la ciudadanía”.

La tasa de Delitos de Alto Impacto (DAI) Municipal responde a la fórmula de sumatoria de los
DAI entre el total de Población del municipio y el resultado se multiplica por 100,000 habitantes
para poder realizar comparaciones con los municipios más poblados.

Tabla 72. Bien jurídico afectado y Delitos de Alto Impacto
Bien Jurídico
Delito
Afectado
Homicidio doloso
Privación de la vida de una persona causada por otra u otras personas con
Delitos contra la premeditación, alevosía o ventaja
vida y la integridad
de las personas Lesiones dolosas
Acción que ponen en peligro inminente la vida de una persona, las que infieren
cualquier daño a la integridad corporal.
Robo a casa habitación

Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente
puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuarto
que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no sólo los que
estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que
estén construidos
Robo de vehículo
Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado o circulando en la vía pública,
del lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio y sin
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo
Robo a transeúnte
Apoderarse de una cosa ajena con ánimo de dominio y sin consentimiento de
quien legítimamente pueda otorgarlo, siempre y cuando la persona se encuentre
en la vía pública.
Robo a negocio
Delitos contra
Apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien legítimamente
el patrimonio
pueda otorgarlo, en establecimiento o local comercial o de servicios.
económico
Robo de ganado
Apoderamiento de una o más cabezas de ganado ajeno, sin consentimiento de
quien legalmente pueda disponer de ellas.
Robo a transportista
Apoderarse de un transporte de carga, incluidos los vehículos de tracción diseñados
para el remolque como tráileres, auto-tanque, panel cabinas, pipas, redilas, van,
volteo y grúas, y/o los bienes muebles que transporte, con el ánimo de dominio y
sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo
Robo a banco
Apoderarse sin derecho ni consentimiento de dinero, valores, documentos o
instrumentos de débito, crédito o contenedores de obligaciones, liberaciones
endosos o transmisión de derechos de cualquier naturaleza que se encuentren en
el interior de una institución financiera, de banca, de crédito o comercializadora
de divisas y otros valores, o que tengan funciones recaudatorias, o contra las
personas que las custodien o transporten.
Secuestro
Privación de la libertad a una persona, sin importar el tiempo que esto dure, con
la pretensión de obtener un beneficio de un rescate, conseguir un beneficio de
cualquier naturaleza, obligar a la autoridad o a un particular a que realice o deje
La libertad personal de realizar una función o acto o causar un daño o perjuicio a cualquier persona.
Extorsión
Aprovechamiento indebido obligando a otra persona por medio de la violencia a
dar, hacer o dejar de hacer algo en su perjuicio o en el de tercero
Violación
Se considera violación, cuando por medio de la violencia se imponga copula a
otra persona, o cuando se tenga cópula con menor de catorce años de edad o
La libertad y la
con persona que por cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse
seguridad sexual
voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, o
si se introduce por vía vaginal o anal cualquier objeto o cualquier parte del cuerpo
humano que no sea el miembro viril, por medio de la violencia.
Indicador de Delitos contra las Mujeres (DCM)

En nuestro estudio, en particular, es necesario focalizarnos en los delitos contra las mujeres
como son el feminicidio, el abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como las violaciones. Estos
delitos son la expresión de la cultura machista y misógina que comprende a las mujeres como
objetos al servicio de los hombres. El fenómeno de la violencia feminicida nos aboca a los tipos
de violencia tanto física como simbólica que buscan disciplinar a las mujeres.
Para comprender la manera en que se conceptualizan y clasifican los delitos según sus bienes
jurídicos afectados y la relación posible para la alteración de la vida de las mujeres, y en los dife-
rentes ámbitos como sería la familia, y la sociedad de afectación se presenta la tabla 73.
Para la fase 1. de la investigación, con carácter de exploración, se realizó una ponderación de
los delitos, para tratar de resaltar aquellas zonas donde se afectan más la vida de las mujeres.
Por ello, se le proporcionó un valor a cada delito según el bien afectado y subrayando la afec-
tación diferenciada entre hombres y mujeres. Es decir, no quiere denotar que la muerte de una
mujer sea de diferente valía que la de un hombre, si no que para fines de la investigación se optó
de la siguiente manera:

Tabla 73. Ponderación de los delitos relacionados con los riesgos
para las mujeres candidatas y bienes jurídicos afectados
Bienes jurídicos
Delito Ponderación
afectados
Feminicidio 100
Homicidio 92
La vida y la
Lesiones dolosas 88
integridad corporal
Lesiones culposas 80
Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad 90
Secuestro 90
Secuestro exprés 89
La libertad personal Tráfico de menores 96
Rapto 91
Otros delitos que atentan contra la libertad personal 93
Abuso sexual 97
Acoso sexual 95
La libertad y la Hostigamiento sexual 93
seguridad sexual Violación simple/ Violación equiparada 99
Incesto 99
Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 93
Violencia familiar 94
Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la
98
La familia violencia familiar
Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 80
Otros delitos contra la familia 80
Corrupción de menores 95
La sociedad Trata de personas 98
Otros delitos contra la sociedad 90
Narcomenudeo 79
Amenazas 85
Otros
Allanamiento de morada 82
Electorales 60
Otros delitos del Fuero Común 59
Fuente: Elaboración propia a partir del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y
las Víctimas CNSP/SP/38/15 de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2018 que elabora la Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para la construcción de este Indicador de DCM, se utiliza la clasificación de delitos del Secretaria-
do Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. La nueva metodología ofrece datos desagregados y
la identificación de los bienes jurídicos afectados. Existe la tipificación de Violencia de género en
todas sus modalidades distinta a la familiar por lo que se incluye en la medición, sin embargo,
en ningún municipio hubo algún reporte de esta tipificación.
Para la construcción de la Tasa de Delitos contra las Mujeres (DCM), se realiza la sumatoria
de los siguientes delitos: Feminicidio, Violación, Acoso, Abuso y Hostigamiento Sexual por ser
prioritariamente delitos que atentan contra las mujeres. De igual manera, se incluye la Violencia
familiar y Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la familiar, el resultado se
divide por la población del municipio y el resultante se multiplica por 100.000 habitantes.
También se puede expresar así la Tasa de DCM:

Bases de Datos
Para la construcción del mapa de riesgo se consultaron las siguientes bases de datos y estudios:
1 Parámetro Poblacional municipal intercensal 2015.
2 Listado de las secciones de estrategia diferenciadas para el proceso electoral 2017-2018
con las problemáticas ligadas a Salud, conflictos políticos.
3 El Índice delictivo municipal 2015-2018 .
4 Índice de competitividad electoral (ICE) 2015 y el ICE 2018 tanto diputaciones como pre-
sidencias municipales.
5 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2010 Nueva Metodología, publicado en 2015.
6 Índice de Desarrollo Humano de hombres y mujeres por entidad federativa (nueva me-
todología) 2012 del PNUND en México.
7 Índice de Desigualdad de Género (IDG) por entidad federativa (nueva metodología) 2012
del PNUD en México.
8 Base de datos de VPRG a partir de las encuestas, conversatorios y entrevistas realizadas
para tipificar los datos.
Análisis de la Fase 1 del mapa de riesgo

En la primera fase de la investigación se partió de las siguientes preguntas de investigación: ¿En
qué municipios postularon a mujeres para encabezar las presidencias municipales? ¿Estos mu-
nicipios obedecen a algún patrón económico, social, o político? ¿Cuáles son los probables mu-
nicipios que van a gobernar las mujeres? ¿Éstos son lugares que tienen más riesgos que otros?
Lo primero que se realizó fue mapear las listas electorales encabezadas por mujeres para
contender en el ámbito municipal, y por partido, ya que se sabe que la paridad está comprendida
desde el nivel Constitucional hasta los lineamientos del INE y del IEEG a fin de garantizar este
principio y estudiar los municipios con respecto a su IDH, IDG y los factores de riesgo.
El primer mapa que obtuvimos para estudiar los riesgos que podrían sufrir las candidatas
fue comprender por partido político y municipios dónde iban a contender mujeres. Si bien en el
capítulo 2, se explica el análisis de la paridad, aquí es posible apreciar territorialmente los mu-
nicipios donde estarían trabajando en campaña para poderlos examinar (véase Ilustración 22).

Ilustración 22. Sexo de las candidaturas por partido
político o coalición en el proceso electoral 2018
Índice de Desarrollo Humano (IDH)

En cuanto al IDH se observa que la capital política, Guanajuato y Celaya son los municipios con
mejores puntajes seguidos de aquellos municipios del corredor industrial como León, Irapuato,
Salamanca y como fenómeno de vecindad podemos observar a Villagrán y hay que destacar a
Moroleón, San José Iturbide, Uriangato, Cortázar. Mientras que los municipios con puntajes me-
nores están localizados al sureste y son Xichú y Atarjea y más hacia el noreste encontramos a
San Diego de la Unión.
Para comprender la distribución del IDH en Guanajuato, lo dividimos por cuartiles (Bajo, Me-
dio, Alto y Muy Alto) encontramos que el primer cuartil de IDH Bajo está compuesto por 14 muni-
cipios: Atarjea, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita,
Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú.
El IDH Medio lo constituyen once municipios: Abasolo, Apaseo el Alto y el Grande, Coroneo,
Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Huanímaro, San Luis de la Paz, Santa Cruz y Tarimoro.
El IDH Alto se encuentran ocho municipios: Acámbaro, San Miguel de Allende, Comonfort, San
Francisco del Rincón, Santiago Maravatío, Silao, Tarandacuao y Valle de Santiago. Mientras que
el Muy Alto son trece municipios: Celaya, Cortázar, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Jeré-
cuaro, León, Moroleón, Salamanca San José Iturbide, Uriangato, Villagrán y Yuridia.
En el mapa del Índice de Desarrollo Humano se puede apreciar al corredor industrial con
mejores puntuaciones en azul obscuro y Moroleón. En otro eje transversal puede observarse un
desarrollo que va de San Luis de la Paz y baja por San Miguel de Allende hasta casi todo el sur
este. Es evidente que donde menos existe desarrollo es la región norteña (Ver ilustración 23).
Realizamos diferentes correlaciones, la primera entre la población y el IDH (0.527) para com-
prender que existe una relación positiva, es decir, entre más población habite en un municipio
más desarrollo humano, al desagregar los datos entre los índices de educación, ingreso y salud
con relación a la población, se puede observar que sólo el índice de Salud no cuenta con una
relación fuerte (0.112), mientras que la relación más fuerte es población ingreso (0.591) seguida
de la de educación (0.534). Esto podría ayudarnos a entender la relación entre rentabilidad po-
lítica, que sería explicada por territorios con más votos, pero estos irían asociados a territorios
de mayor desarrollo humano, y el factor más destacado es el ingreso, donde tanto en política
económica como beneficios políticos abonan mucho las inversiones.
Con respecto a las trece Presidencias Municipales que ganaron mujeres y el IDH podemos
evidenciar que sólo dos municipios tienen IDH Muy Alto: Celaya por el PAN y Salamanca por MO-
RENA, mientras que sólo Tarandacuao del PRI es el municipio de IDH Alto. El IDH Medio tres mu-
jeres ganaron Apaseo el Alto (MORENA), Coroneo (PRI) y Cuerámaro (PAN) mientras que son siete
municipios con IDH Bajo: Atarjea, Ocampo, Salvatierra, Santa Catarina, Pueblo Nuevo, Victoria,
Xichú (revisar la Ilustración 10. Mujeres que encabezan gobiernos y partidos políticos 2018).

Ilustración 23. Índice de Desarrollo Humano por municipio
208
Índice de Desigualdad de Género (IDG) y Desarrollo Humano

municipal de Mujeres y Hombres
Si bien entre 2008 y 2012 se ve un avance en la disminución del valor de IDG de 6.2% ya que pasó
de 0.394 a 0.369 y que a nivel nacional para el 2012 se ubicaba en la octava posición. La salud re-
productiva mostraba características superiores a las del país, pero la medida de empoderamien-
to se encuentra por debajo del promedio nacional y en donde se observa el mayor logro es en la
participación en el mercado laboral (PNUD, 2014: 93).
En los municipios donde el IDH es más bajo la desigualdad no es tan amplia, es decir, la afec-
tación entre hombres y mujeres disminuye la brecha, son afectados por igual en el acceso a la
educación, a la salud y a la economía. En sociedades democráticas estaríamos esperando buenos
IDH con bajos IDG aspecto que parece estar lejos de la realidad de Guanajuato.
Para apreciar esto podemos observar el mapa de Desigualdad de Género (ilustración 24), los
colores verdes denotan mayor desarrollo y conforme se van tornando al rojo existe menor desa-
rrollo para las mujeres. Como se evidencia en el mapa, la lógica de desarrollo para las mujeres se
mantiene alrededor del centro del poder, es decir, la región III centro, muestra el mayor avance,
teniendo el mayor nivel para las mujeres en Guanajuato, Celaya y León y el peor en Xichú, Atar-
jea y San Diego de la Unión. Las regiones norte I y II son las que tienen menor desarrollo y en la
región sur IV resaltan Jerécuaro y Cuerámaro. Mientras que Uriangato y Moroleón denotan un
buen índice en esta región.

Ilustración 24. Índice de Desarrollo Humano Relativo al Género
210
Índice de Competencia Política y riesgos en seguridad pública,

salud y conflicto político
La escala de este mapa es la más pequeña ya que en la contienda electoral los votos están con-
tabilizados por casillas, por lo que la competencia electoral se realiza por casilla, así como los
riesgos que representan instalar una casilla en esos lugares.
En la ilustración 25 es posible apreciar los territorios que son clasificados como conflictos
políticos por el órgano electoral. A diferencia de la incidencia delictiva, es posible observar que
los municipios orientados al noreste del Estado son los que denotan esta problemática, princi-
palmente San Luis de la Paz, Xichú, Tierra Blanca, que son municipios con bajos IDH. Pero, igual-
mente, denotan algunos puntos distribuidos por el Estado, en Apaseo el Grande, Moroleón, León,
Guanajuato, Comonfort, entre otros (ver gráfico de Competitividad y problemáticas seguridad,
salud y conflicto político).

Ilustración 25. Competencia Política y riesgos en seguridad, salud y conflicto político
212
Indicadores de violencia contra las mujeres

En la fase 1 de la investigación se sumaron todos los delitos correspondientes al feminicidio, vio-
lación, abuso sexual y acoso sexual desde 2015 hasta marzo de 2018, para obtener los puntajes
por delitos y comprender cómo se encuentran los municipios con respectos a los delitos contra
las mujeres a lo largo del trienio. Si bien se realizaron mapas por delito, para este trabajo no se
muestran ya que presentaremos la compilación y actualización en la fase 2. Solo se agrega el
mapa de feminicidio que logra denotar la incidencia de este delito por año antes del proceso elec-
toral y en 2018 se tasan los delitos para su comprensión con respecto a la población municipal.
Feminicidio 2015-2018
León (+100) presenta el mayor número de feminicidios, seguido por Irapuato (81-90), Guanajuato
y Celaya (61-70). En el siguiente rango está Salamanca (41-50), Dolores Hidalgo y San Miguel de
Allende. Por el contrario, el Sureste del Estado región en situación de pobreza y con los IDH más
bajos muestran cero feminicidios al igual que Tarimoro y Coroneo.
En la ilustración 26 se identifican los territorios donde las mujeres han sido asesinadas por
razón de género e indican la mayor peligrosidad para la vida de cualquier mujer, porque, como
se revisó en el marco teórico, este fenómeno busca mandar un mensaje a todas las mujeres, y
bajo esta forma de disciplinamiento controlar a las mujeres y dejarles muy claro su dominio y la
sumisión con la que deben vivir.
Como se puede observar, los territorios en 2015 denotan la zona de conflicto principalmente
en la zona sur con Pénjamo, Cuerámaro, Valle de Santiago, Salvatierra, mientras que en la zona
centro estarían los municipios del corredor industrial León, Irapuato y Celaya y sus colindantes
conflictivos por el crimen organizado de Salvatierra, Villagrán y Apaseo el Alto. En el norte sólo
esta San Felipe.
Para 2016, sólo permanece Cuerámaro de la zona sur, y ahora es prioritariamente la zona
centro quien denota este delito, con León, Guanajuato, Irapuato y Celaya que son del corredor
industrial y continua Villagrán y ahora aparece Santa Cruz de Juventino Rosas. En el norte solo
aparece Ocampo.
En el 2017, los delitos se manifiestan tan sólo en la zona centro, con San Francisco del Rincón,
León, Irapuato, Celaya, Villagrán y Apaseo el Alto. Mientras que, en 2018, el único municipio que no
es de la zona centro es Moroleón, prevalecen León y Celaya, y vuelven a aparecer Guanajuato, Co-
monfort y Cortázar. Y San Miguel de Allende también presentó incidencias (Véase Ilustración 26).

Ilustración 26. Feminicidios 2015-2018
Violación 2015-2018
Se observa que los municipios con mayor número de denuncias son León, Guanajuato, Irapuato,
Celaya, San Miguel de Allende, Salamanca, Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz.
Hay una marcada diferencia entre el mapa de violaciones al de abuso, mientras en el mapa de
violaciones había muchos municipios sin incidencias, en el de abuso solo Atarjea aparece sin in-
cidencias. La distribución indica que los municipios del corredor industrial como León e Irapuato
son los que más presentan este delito seguido de Celaya, en el siguiente rango están Guanajuato
y Salamanca, después Silao para seguirse con Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis
de la Paz, Salvatierra y Valle de Santiago.
Acoso Sexual 2015-2018

En este delito, encontramos la parte noreste sin incidencias, así como Coroneo y Tarimoro. Sigue
encabezando la lista León, Irapuato, seguidos de Guanajuato y Celaya, después Salamanca. En el
siguiente rango están Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende.
Para lograr ubicar el topos de municipios con mayor riesgo de violencia social y contra las mu-
jeres, ponderamos los delitos (ver tabla 73) que dan sentido a la afectación tanto del tejido social
como de la vida de las mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. Después, dividimos
por cuartiles los municipios para tener al igual que el IDH, municipios con Índice Delictivo contra
las mujeres IDcm Muy Alto, Alto, Medio y Bajo ordenados de la siguiente manera:
1 IDcm Muy Alto: Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Silao de la Victo-
ria, Salamanca, León, Salvatierra, Cuerámaro y Apaseo el Grande.
2 IDcm Alto: San Francisco del Rincón, Villagrán, Purísima del Rincón, Cortázar, Tarimoro,
Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío, Abasolo, Pénjamo, Jaral del Progreso, Valle de Santia-
go y Comonfort.
3 IDcm Medio: Moroléon, Santa Catarina, Romita, Yuridia, San Luis de la Paz, San José
Iturbide, Santa Cruz, Uriangato, Apaseo el Alto, Ocampo y San Felipe.
4 IDcm Bajo: Acámbaro, Huarímaro, Manuel Doblado, Tarandacuao, San Diego de la Unión,
Doctor Mora, Coroneo, Jerécuaro, Tierra Blanca, Víctoria, Atarjea, Xichú y Dolores Hidalgo.
Es necesario, comprender el tipo de violencias que han sufrido las candidatas y sí estas cam-
bian con relación a la comunidad, ciudad o territorio en el que les toca contender como mujeres
políticas, esto se logrará por medio de la obtención de la información ya sea de primera fuente
a través de entrevistas o las respuestas a los cuestionarios en línea que se han puesto a dispo-
sición de las candidatas de todos los partidos. Lo que nos permitirá confirmar o rechazar estos
municipios y la construcción del ID con perspectiva de género.
Los resultados nos permiten, por un lado, comprender tanto las lógicas políticas de la competen-
cia electoral y sus conflictos territoriales, así como los principales problemas sociales como inse-
guridad, problemas relacionados con la salud como los delitos sexuales que afectan a las mujeres.

Análisis de la Fase 2: Análisis de resultados
En cuanto a la relación que guarda el Índice de Desarrollo Humano 2015 y la tasa de Delitos de
Alto Impacto, es posible observar una correlación positiva (r=.727; p=.000). Es decir, que en los
municipios que demuestran que su población goza de mejor salud, existe menos mortalidad y
una mayor esperanza de vida, tienen acceso a la educación y un mejor ingreso per cápita y son
los territorios donde la población sufre más delitos de alto impacto. Esta misma relación positiva
puede observarse entre el Desarrollo Humano y los Delitos Contra las Mujeres (r=.697; p=.000).
Delitos de Alto Impacto, Delitos contra las Mujeres, Concentración Población

y sexo de la persona que encabeza el municipio
Si bien existe una correlación entre la Población de un municipio y el Índice de Desarrollo Hu-
mano (r=.527; p=.000), también se vuelve imperante estudiar a los municipios según la concen-
tración población y la tasa de Delitos de Alto Impacto.
La ilustración 27 nos permite ver que a pesar de que León es la ciudad más poblada de la
entidad, Celaya es donde los DAI predominan, mientras Guanajuato tiene más delitos y menos
población que Salamanca, después le sigue San Miguel de Allende e Irapuato con alta concentra-
ción población más que los municipios anteriores y se encuentra en el mismo rango que Apaseo
el Grande.
Ilustración 27. Concentración Población y Delitos de Alto Impacto
217
También es pertinente entender a los territorios en base a las variables estudiadas, es decir, a
la Tasa de Delitos de Alto Impacto, la Tasa de Delitos Contra las Mujeres y el sexo de la persona
ganadora de la contienda electoral 2018 (véase tabla 74).
Tabla 74. Municipios con Tasa Baja de Delitos de Alto Impacto (DAI) y Delitos Contra
las Mujeres (DCM), IDH 2015 y Sexo de la persona ganadora de elecciones
Población DAI IDH Sexo

Municipio DCM Gpo (1)
2015 Bajo 2015 Ganador/a
Atarjea 5,128 58.50234 0 0.587 (Bajo) M
Xichú 11,639 85.91803 34.367 0.581 (Bajo) M
Victoria 20,166 128.9299 34.711 0.613 (Medio Bajo) M
Tierra Blanca 18,960 152.9536 68.565 0.632 (Medio Bajo) H
Manuel Doblado 38,832 177.6885 64.380 0.620 (Medio Bajo) H
Jerécuaro 49,053 185.5136 48.927 0.621 (Medio Bajo) H
Coroneo 12,068 207.1594 24.859 0.641 (Medio Bajo) M
Doctor Mora 24,219 231.2234 37.1609 0.639 (Medio Bajo) H
Romita 59,879 248.8352 126.923 (2) 0.632 (Medio Bajo) H
Acámbaro 112,125 253.2887 57.971 0.689 (Moderado) H
Tarandacuao 12,256 269.2559 32.637 0.668 (Moderado) M
San Luis de la Paz 121,027 275.1452 79.321 (2) 0.650 (Moderado) H
Santa Cruz de
83,060 287.7438 75.849 (2) 0.640 (Medio Bajo) H
Juventino Rosas
Uriangato 62,761 297.9557 57.360 0.696 (Moderado) H
Apaseo el Alto 68,455 303.8492 55.511 0.660 (Moderado) M
Santa Catarina 5,261 304.1247 133.055 (3) 0.621 (Medio Bajo) M
De los dieciséis municipios con menos tasa de delitos de alto impacto, es posible observar que
siete mujeres los gobiernan y nueve hombres, es decir, casi una distribución equitativa. Sin em-
bargo, con respecto al Índice de Desarrollo Humano, los dos municipios con puntajes más bajos
son gobernados por mujeres, mientras que, de los nueve municipios catalogados como desarro-
llo Medio bajo, tres los encabezan las mujeres y cinco tienen IDH Moderado, sólo dos son presi-
dentas municipales. Con respecto a la población, las mujeres gobiernan los municipios de 5,000
habitantes y el más grande es Apaseo el Alto con 68,455 gobernando una población total de este
bloque de 134,973 en comparación con una población de 569,916, es decir, cuatro veces mayor.
La paridad aparece por cantidad de municipios con características de bajos DAI, pero en tér-
minos poblacionales dista mucho de ser una distribución paritaria (véase ilustración 28).
Ilustración 28. Distribución de DAI Bajos y DCM 2018
Atarjea es el municipio con menos DAI y sin ningún delito contra las mujeres y Coroneo muestra
una relación baja de DCM en comparación con los DAI, ya que con respecto a los DAI es el séptimo
municipio con menos presencia y el segundo en DCM. Tanto San Luis de la Paz, Santa Cruz de
Juventino Rosas y Romita, muestran una tasa mayor de DCM en proporción a las tendencias del
grupo y con los DAI, es decir, estos municipios tienen DCM moderada, mientras que Santa Cata-
rina se ubica en el grupo 3 de Alta incidencia de DCM.

Tabla 75. Municipios con Tasa Moderada de Delitos de Alto Impacto (DAI)
y Delitos Contra las Mujeres (DCM)
DAI Sexo del

Municipio Población DCM gpo. (2) IDH (2015)
Moderada Ganador/a
Moroleón 50,377 319.5903 156.818 (3) 0.721 (Alto) H
Cuerámaro 28,320 321.3277 105.932 0.655 (Moderado) M
Huanímaro 21,638 332.7479 27.729 (1) 0.653 (Moderado) H
Abasolo 90,990 335.2017 112.100 0.629 (Medio Bajo) H
San Diego de la Unión 39,668 335.2828 63.023 (1) 0.596 (Bajo) H
Jaral del Progreso 38,412 341.0393 104.134 0.697 (Moderado) H
Villagrán 58,830 348.4617 125.786 0.706 (Alto) H
San Felipe 113,109 350.9889 91.063 0.609 (Medio Bajo) H
Yuriria 69,763 352.6225 124.708 0.669(Moderado) H
Pénjamo 150,570 364.6145 82.354 0.651 (Moderado) H
Pueblo Nuevo 11,872 379.0431 126.348 0.656 (Moderado) M
Ocampo 23,528 382.523 46.753 (1) 0.606 (Medio Bajo) M
Comonfort 82,572 415.395 88.408 0.669 (Moderado) H
Valle de Santiago 142,672 415.6387 69.390 0.661 (Moderado) H
Purísima del Rincón 79,798 439.8606 149.127 (3) 0.656 (Moderado) H
En este bloque de municipios con tasa moderada de DAI, sólo tres mujeres encabezan los gobier-
nos en comparación de doce hombres que gobiernan dos municipios con Alto IDH, siete con Mo-
derado IDH, dos Medio Bajo y uno Bajo. Mientras que las mujeres no obtienen ningún municipio
con Alto IDH, sólo dos con IDH Moderados y uno Medio Bajo, en municipios de menos de 30, 000
habitantes y gobernando a 63,720 personas. Los hombres encabezan poblaciones de más de 20,
000 habitantes hasta un poco más de 150,000, gobernando un total de población de 938,399. Es
decir, una relación de género de 3/12 y de población de 1.4, disminuyendo la brecha con respecto
al bloque anterior (véase ilustración 29).
Ilustración 29. Distribución de DAI Moderados y DCM
En este gráfico se puede observar cómo Huarímaro, Ocampo y San Diego de la Unión presentan
bajas tasas de delitos contra las mujeres, estos tres municipios deberían estar en el grupo 1 de
DCM, de bajos. Aunque la prevalencia de los DAI es de más del doble con respecto a los DCM, en
Moroleón los DCM se presentan casi a la mitad que los DAI y por encima Purísima del Rincón, que
por su alta incidencia son clasificadas como Alta en DCM, grupo 3.
Tabla 76. Municipios con Tasa Alta de Delitos de Alto Impacto (DAI)
y Delitos Contra las Mujeres (DCM)
Sexo del
Municipio Población DAI Alta DCM gpo. (3) IDH
Ganador/a
Dolores Hidalgo C.I.N. 152,113 441.1194 141.342 0.638 (Medio Bajo) H
San Francisco
119,510 441.804 130.533 (2) 0.686 (Moderado) H
del Rincón
San José Iturbide 78,794 455.6184 118.029 (2) 0.698 (Moderado) H
Salvatierra 100,391 457.2123 204.202 0.670 (Moderado) M
León 1,578,626 487.1325 189.279 0.748 (Alto) H
Tarimoro 34,263 510.755 116.744 (2) 0.644 (Medio Bajo) H
Cortázar 95,961 584.6125 140.682 0.697 (Moderado) H
Santiago Maravatío 6,824 586.1665 146.542 0.664 (Moderado) H
Silao de la Victoria 189,567 587.655 330.754 0.667 (Moderado) H
Apaseo el Grande 92,605 613.3578 197.614 0.681 (Moderado) H
Irapuato 574,344 652.2224 383.394 0.743 (Alto) H
San Miguel de Allende 171,857 740.7321 383.394 0.668 (Moderado) H
Salamanca 273,271 800.6704 203.827 0.740 (Alto) M
Guanajuato 184,239 848.3546 459.729 0.773 (Muy Alto) H
Celaya 494,304 1042.678 380.737 0.764 (Muy Alto) M

De estos quince municipios con Alta tasa de DAI solo tres municipios estarán encabezados por
mujeres y doce por hombres. Las mujeres encabezan los municipios de Celaya, Salamanca y Sal-
vatierra que cuentan con un total de población de 867,972, mientras que los hombres gobiernan
4,046,278 de habitantes, es 4.6 veces más. Las características con respecto al IDH para las mujeres
es un municipio con IDH Muy Alto, Celaya, otro con Alto Salamanca y el último Salvatierra con
Moderado. Para los hombres es un municipio con Muy Alto desarrollo humano, Guanajuato, dos
con Alto, siete con Moderado y dos con Medio Bajo.
Celaya es el municipio con mayor tasa de DAI, pero Guanajuato es quien encabeza los DCM,
seguida de Celaya, San Miguel de Allende, Irapuato y Silao. Salamanca es el tercer municipio con
más DAI, en cuanto a los DCM cae hasta el octavo de este bloque. En cambio, Salvatierra ocupa el
doceavo lugar de DAI, pero denota una tasa alta de casi la mitad de DCM, ya que en DAI le antecede
León que tiene una tasa un poco más baja de DCM, como se puede observar en la ilustración 30.
Ilustración 30. Distribución de DAI Altos y DCM
El panorama general del estado con respecto a estas variables nos muestra que donde existe
mayor Desarrollo Humano, existen más Delitos de Alto Impacto. Los Delitos Contra las Mujeres
es una relación para estudiar y entender a profundidad, ya que existen municipios específicos
donde los DAI son muy altos y la brecha con los DCM es amplia, por ejemplo, Salamanca o un
caso más es Uriangato. Esto se puede apreciar en las tablas 74, 75 y 76.
Con respecto al IDCM bajo y las medidas de posición que se encuentran en el cuartil 1 porque
obtienen una tasa menor de 57.81838, se sitúan los siguientes municipios: Apaseo el Alto, Atarjea,
Coroneo, Doctor Mora, Huanímaro, Jerécuaro, Ocampo, Tarandacuao, Uriangato, Victoria y Xichú.
Para el IDCM Moderado, corresponden los municipios donde sus tasas delictivas van de 57.814
hasta 109.0162: Acámbaro, Manuel Doblado, Comonfort, Cuerámaro, Jaral del Progreso, Pénjamo,
San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tierra Blan-
ca y Valle de Santiago.
Para el IDCM Alto, se encuentran los municipios que presentan tasas de 109.02 a 147.187 y son
los siguientes: Abasolo, Cortázar, Dolores Hidalgo, Pueblo Nuevo, Romita, San Francisco del Rin-
cón, San José Iturbide, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarimoro, Villagrán y Yuridia.
El IDCM Muy Alto, son las tasas de más de 147.2 y se encuentran: San Miguel de Allende, Apa-
seo el Grande, Celaya, Guanajuato, Irapuato, León, Moroléon, Purísima del Rincón, Salamanca,
Salvatierra, Silao.
Los municipios más violentos contra las mujeres son Guanajuato como número uno, seguido
de Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y Silao. Es decir, estos municipios también presentan
altas cifras de DAI. Mientras que los municipios que menos carpetas de investigación presenta-
ron contra la vida de las mujeres, es Atarjea con cero, Coroneo, Huarímaro, Tarandacuao, Victoria,
Ocampo, Doctor Mora como se puede apreciar en la ilustración 31.

Ilustración 31. Delitos contra las Mujeres 2018
224
Índice de Competencia Política

Para contabilizar los votos de los partidos (véase tabla 77), utilizamos únicamente los votos tan-
to por partido solo y coaligado, no cuando el partido no aparecía aunque el candidato fuera el
mismo. Para la contabilidad de los votos del candidato Diego Sinhué Rodríguez Vallejo del PAN a
Gubernatura se utilizaron también los votos de Por Guanajuato al Frente, en las opciones del PAN
con PRD y con MC, en caso de que el PAN no apareciera no se contabilizaron. Este mismo criterio
se utiliza por la coalición de Juntos Haremos Historia, el candidato fue Ricardo Sheffield Padilla,
se contabilizan los votos de Morena cuando aparecen con el PT y el PES.
Tabla 77. Votos para la gubernatura del PAN y Morena
Sumatoria
PAN PAN-PRD-MC PAN-PRD PAN-MC
Votos =P1
1015629 11776 3921 2787 1,034,113
Sumatoria
MORENA MORENA-PT-PS MORENA -PT MORENA-PES
Votos =P2
451118 10268 4181 1838 467,405
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Cómputo de Gubernatura del IEEG. Base de datos des-
cargada el 3 de julio 2019.
ICP= 1-(1034113-467405) /1034113= 0.451986
El ICP para Gobernador es de 0.451 lo que puede verse que no denota una gran competencia ya
que los votos entre el primer y segundo contendiente distan mucho. Lo que si hay que remarcar
es que durante la historia de Guanajuato las fuerzas políticas históricas son el PAN y el PRI. Al
ser elecciones concurrentes y el fenómeno de Morena que, por primera vez después de tres elec-
ciones consecutivas de su candidato Andrés Manuel López Obrador, nos permiten pensar que
ayudó a que el segundo contendiente fuera, en esta ocasión, esta fuerza política.
Competencia Política Municipal y contienda entre candidatas

A continuación, se estudia el ICP municipal para comprender si las mujeres candidatas están
logrando competir en los espacios que se postulan y cómo es esta competencia. En el mapa de
ICP (Ilustración 32) se muestran los municipios, los partidos que quedaron en primer y segundo
lugar, la competencia política y el sexo de los competidores que se presenta a continuación.
El Índice de Competencia Política, se construye con las votaciones del primer y segundo lugar,
con respecto al sexo pueden quedar cuatro opciones que sean Hombre/Hombre, Mujer/Hombre,
Hombre/Mujer y Mujer/Mujer.

Ilustración 32. Índice de Competencia Política 2018, contienda final por sexos y partidos políticos
226
Para Guanajuato, de los cuarenta y seis municipios, sólo once mostraron resultados electora-
les competitivos. En cuanto al sexo de la persona que encabeza los gobiernos podemos ver que
sólo tres mujeres en Coroneo, Ocampo y Salamanca tuvieron competencia y triunfaron, mien-
tras que quedaron en segunda posición en cinco municipios, por tanto, sólo ocho mujeres.
En cuanto a las fuerzas políticas, es posible observar que la tendencia histórica del estado de
finales de los años noventa se mantiene, ya que el PAN y el PRI se siguen disputando las cabeceras
municipales y el PAN es el primer y segundo competidor más fuerte en cuanto a la alta competen-
cia, con 10 municipios, el PRI con seis, seguido de Morena con tres, PVEM con dos y el PRD con 1.
Tabla 78. Fuerzas partidistas según su alta competencia política
Partido Político Ganador(a) Segundo lugar Totales

PAN 5 5 10
PRI 4 2 6
PRD 0 1 1
PVEM 1 1 2
Morena 1 2 3
Tomando en cuenta el ICP y utilizando las medidas de posición tomamos el cuartil superior (Q4)
para establecer cuando hay competencia y su ausencia. Un dato muy sobresaliente, es que no
existió Alta competencia entre mujeres. Mientras que entre hombres con y sin competencia se
disputaron diecisiete municipios en total, contra seis de sólo mujeres (ver Tabla 79).
Tabla 79. Competencia política y sexos de la contienda, primer y segundo contrincante
Competencia Hombre/Hombre Mujer/Hombre Hombre/Mujer Mujer/Mujer
1.Abasolo 1.Coroneo 1. Manuel Doblado

0.919 0.850 0.82979
2.Apaseo el Grande 2.Ocampo 2. Huanímaro
0.868 0.956 0.935
3. Jaral del Progreso
0.961
4. Pénjamo
Alta (Q4)
0.912 Cero
>0.829633
3.Cortázar 3.Salamanca
0.920 0.887
5. San Luis de la Paz
0.887

Tabla 79 (continuación). Competencia política y sexos de la contienda,
primer y segundo contrincante
1.Acámbaro 1. Apaseo el Alto 1.Comonfort 1. Celaya

2.San Miguel de Allende 2. Atarjea 2.Irapuato 2.Salvatierra
3.Doctor Mora 3.Cueramaro 3.Jerécuaro 3. Santa Catarina
4. Dolores Hidalgo 4.Moroleón 4.Tarandacuao
5.Purísima del
5.Guanajuato 5.Victoria
Rincón
6.León 6.Romita
7.San Diego de la
7.San Felipe Unión
Ausencia
8. San José Iturbide
<0.829633
8.San Francisco del 9.Santiago
4. Pueblo Nuevo
Rincón Maravatío
9. Santa Cruz de 6. Xichú
10.Tarimoro
Juventino Rosas
10.Silao
11.Tierra Blanca
12.Uriangato 11. Villagrán
13.Valle de Santiago
14.Yuridia
Municipios
17 7 16 6
Totales
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Cómputo municipales del IEEG. Base de datos descar-
gada el 3 de julio 2019.
Con relación al ICP podemos otra vez constatar que no existe paridad en la contienda electoral.
De las trece mujeres vencedoras, sólo dos municipios tienen concentración de población y se
encuentran en el corredor industrial: Salamanca donde si hubo competencia política y Celaya
no. Estos casos son opuestos ya que Salamanca pasa a la oposición encabezada por una ex-pa-
nista de trayectoria desde los años noventa y se postula por la coalición Juntos Haremos Historia,
mientras que en Celaya ya se había presentado un gobierno encabezado por una mujer, y logra
continuar el PAN, además, el Índice de feminidad de la contienda fue muy alto (como se analizó
en el capítulo 2 del presente documento).
Competencia Política Distrital 2018

En el caso de los XXII distritos electorales, se realizó el mismo procedimiento para obtener el
índice de Competencia Política y según las medidas de posición, si existe o no alta competencia
(ver tabla 80).
Tabla 80. Competencia política distrital, sexo de la contienda, primer y segundo contrincante

I. Dolores XVII. Juventino Rosas
Alta (Q4) 0.719 0.658 XVI. Celaya
Ningún distrito
>0.658 XIV. Salamanca XXII. Acámbaro 0.715
1.0 0.944
VII. León VI. León II. San Luis de la Paz III. León
0.267 0.267 0.564 0.213
XIII. Silao VIII. Guanajuato IV. León V. León
0.590 0.657 0.321 0.279
XVIII. Pénjamo
0.645
XV: Celaya
IX. San Miguel
Ausencia 0.602
de Allende
<0.658
0.583
X. San Francisco
XIX. Valle de XII. Irapuato
del Rincón
Santiago 0.655
0.371
0.510
XI. Irapuato
XX: Yuridia
0.430
0.555
XXI. León
0.336
Totales de
6 7 5 4
Distritos
Nuevamente, se puede aprecia la falta de competencia política que existe, ya que tan solo cinco
de los veintidós distritos sus elecciones fueron competitivas, (XIV.Salamanca, XXII.Acámbaro, I.
Dolores y XVI.Celaya) ya que por el método utilizado nos marca un límite muy bajo, como es un
ICP de 0.658 y entra el distrito XVII Juventino Rosas con una apariencia de competitividad (Véase
Ilustración 33 los que están en verde y mostaza):
Sin embargo, para el distrito XIV Salamanca la contienda estuvo muy cerrada, predominando
una mujer sobre un hombre, así como Acámbaro hubo competencia, pero gana el candidato y no
la candidata. Esto se puede apreciar mejor en la Ilustración 33.

Ilustración 33. Índice de competencia política distrital 2018 y contienda final por sexos
230
Para comprender las fuerzas partidistas a nivel distrital presentamos el mapa que permite
representar la supremacía de un partido que aunque haya contendido en coalición, demuestra
la capacidad de llegar a acuerdos interpartidistas y lograr el fin último del proceso electoral, la
obtención de la mayoría de los curules.
La Ilustración 34 permite observar que sólo cuatro distritos fueron disputados entre mujeres,
es decir, que la primera ganadora y el segundo lugar fueron mujeres, estos fueron: III, V, X y XVI.
Seis distritos se disputaron entre hombres: VII, XIII, XV, XIX, XX y XXI. Mientras que cinco distritos
la victoria fue de un candidato sobre una candidata: II, IV, XII, XVII y XXII. Siete mujeres ganaron
a hombres en los distritos: I, VI, VIII, IX, XI, XIV y XVIII.
Es decir, a nivel distrital, por los lineamientos y la lógica misma de las fuerzas políticas per-
mite en escenarios de una fuerte hegemonía partidista que la paridad a nivel de mayoría relativa
sea posible a diferencia de las contiendas municipales, como se observa los acuerdos interparti-
distas no favorecían las candidaturas de coalición al partido de mayor fuerza en el estado.
A continuación y, por último, presentaremos un análisis estadístico que nos permite analizar
los factores estudiados y cuáles predicen la aparición de la violencia contra las mujeres consi-
derando, como se expuso en el marco teórico y en la construcción del modelo analítico, que la
violencia social puede enmarcar más fácilmente a la violencia política y con nuestro interés en
sus expresiones contra las mujeres.

Ilustración 34. Competencia política distrital 2018 en la contienda final por sexo y partidos políticos
232
Análisis estadístico
Para entender las variables y predecir el riesgo que tienen las mujeres en los diferentes municipios
se realizó una regresión lineal con el método paso por paso. Nuestra variable dependiente es la Tasa
de Delitos contra las Mujeres, que es explicada en un 76% por la Tasa de Delitos de Alto Impacto y el
Índice de Educación. Su relación es positiva, por lo que en los municipios con altas tasas de Delitos
de Alto Impacto e Índices de Educación mayores predice mayor tasa de delitos contra las mujeres.
Resumen del modelo de Regresión lineal entre DCM y IDE

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación
1 .855 a
.731 .725 53.203526000016566
2 .872 b
.761 .750 50.704376431261515
a. Predictores: (Constante), Tasa delictiva
Coeficientesa
Coeficientes no Coeficientes
Modelo
estandarizados estandarizados T Sig.
B Error estándar Beta
(Constante) -43.620 17.497 -2.493 .017
1
Tasa delictiva .433 .040 .855 10.935 .000
(Constante) -217.563 76.390 -2.848 .007
Tasa delictiva .346 .053 .684 6.531 .000
2
Índice de
382.295 163.843 .244 2.333 .024
educación
a Variable dependiente: Tasa DCM.

b Predictores: (Constante), Tasa delictiva, Índice de educación.
Si desagregamos más los datos por el IDH 2015 con la nueva metodología y desagregado por sexo,
para predecir la tasa de Delitos contra las Mujeres, encontramos que la tasa delictiva y los años
promedio de escolaridad de las mujeres predice un 76% estos delitos, es decir, que en los lugares
donde las mujeres tienen más años de escolaridad la violencia contra ellas se presenta más.
Para poder comprender esto a nivel municipal se presenta el siguiente mapa que representa
los municipios con mejor Índice de Educación de Mujeres y qué significa que en esos municipios
las mujeres corren más riesgo que en otros de sufrir violencia y atenten a su libertad y seguridad
sexual (ver Ilustración 35).
Al observar el mapa, nuevamente el municipio de Guanajuato es el que tiene mayor tasa de
educación –será porque es una ciudad universitaria– aunque es un municipio mixto. Después
viene Celaya, León, Irapuato y Salamanca, es decir, las grandes ciudades del corredor industrial.

Ilustración 35. Mapa de IDH desagregado de la educación para las mujeres
234
Extrapolando los resultados, la presencia de delitos contra las mujeres le resta agencia a las
mujeres, y la violencia estará más presente donde las mujeres estudian más. Por tanto, si aso-
ciamos, según el modelo de desarrollo humano, que a mayor educación mayores oportunidades
–es decir, empoderamiento de las mujeres–, entonces la violencia contra ellas buscará cumplir
su función disciplinante para que todas las mujeres entiendan el sistema de estatus que habla
Segato y se utilice la violencia para la extracción del poder de las mujeres.
Resumen del modelo

1 .855 a
.731 .725 53.203526000016566
2 .873 b
.763 .751 50.566600343908696
a. Predictores: (Constante), Tasa delictiva
b. Predictores: (Constante), Tasa delictiva, Años promedio escolaridad M
Coeficientesa
Modelo estandarizados estandarizados
t Sig.
B Error
Beta
estándar
(Constante) -43.620 17.497 -2.493 .017
1
Tasa delictiva .433 .040 .855 10.935 .000
(Constante) -150.645 47.781 -3.153 .003
Tasa delictiva .336 .055 .663 6.065 .000
2
Años promedio
24.881 10.414 .261 2.389 .021
escolaridad M
a. Variable dependiente: Tasa DCM
En lo que respecta a la tasa de Delitos de Alto Impacto

Resumen del modelo
1 .758 a
.574 .564 132.056989271503770
a. Predictores (Constante), Ingreso per capita anual M.
Coeficientesa
Modelo estandarizados estandarizados
t Sig.
B Error
Beta
estándar
(Constante) -60.907 62.264 -.978 .333
1 Ingreso per cápita
.044 .006 .758 7.702 .000
anual M

a. Variable dependiente: Tasa delictiva.

Otro hallazgo es que en un 57% se puede explicar la presencia de los Delitos de Alto Impacto
por los ingresos per cápita que tienen las mujeres en un año. Desde el inicio de la investigación,
lo primero que postulamos fue la correlación entre desarrollo humano y presencia de delitos,
con este modelo de regresión lineal, es posible observar que otro predictor de la violencia es el
ingreso de las mujeres.
En resumen, una mujer con agencia, debido tanto a sus estudios como a su ingreso, tiene más
riesgos de padecer violencia. Por lo que, para la identificación de zonas de riesgo para las candi-
datas, volveríamos a estos territorios donde sus índices de escolaridad y de ingreso son mejores:
a los municipios del corredor industrial que se encuentran en la región III Centro del Estado.
Recapitulación
El proceso electoral 2017-2018 ha sido el más grande de la historia mexicana y el más violento ya
que se organizaron elecciones concurrentes en 30 entidades federativas. Según Etellekt en su Sép-
timo Informe de Violencia Política en México hubo un total de asesinados de 523 entre políticos y
funcionarios, de los cuales 371 eran funcionarios y 152 políticos, 20 durante las precampañas y 28
estaban en campañas electorales. De esos 152 asesinados, 133 eran hombres y 19 mujeres (Telesur,
2018). En Guanajuato hubo cuatro asesinatos a candidatos políticos, pero ninguno fue contra mu-
jeres, la violencia contra servidores públicos continua después de la jornada electoral.
Para el proceso electoral municipal 2017-2018, los actores de la violencia fueron: 4% cometida
por mujeres, 20% mujeres y hombres en conjunto y pueden ser perpetradores políticos, sociales
o estatales (ONU Mujeres, 2018: 14). Esto denota que los perpetradores en su mayoría son hom-
bres y al ser los hombres los principales agentes de la violencia, las soluciones tendrían que
estar encaminadas hacia ellos como centro del problema y el acento de la vulnerabilidad que
presenta la cultura machista.
Al comprender la violencia electoral contra las mujeres y en razón de género de manera
multicausal y multidimensional, este estudio logró georreferenciar los territorios que podemos
catalogar como violentos contra las mujeres y a raíz de esto pensar que pudieran utilizarse para
atentar contra las mujeres políticas según las amenazas.
Sin embargo, en el proceso electoral estudiado, no se tienen reportes de ataques contra las
mujeres en ocho de los nueve indicadores de Violencia Política en Razón de Género. Lo que se
logró obtener de información sobre violencia puede ser catalogado en el indicador de amenazas
e intimidaciones que se trabajó en el capítulo tres de entrevistas para entender las dimensiones,
tipos y ámbitos de la violencia política en razón de género.
De los hallazgos que encontramos es que todos los partidos políticos prefieren posicionar a
las mujeres a contender en las presidencias municipales de la zona noreste y principalmente en
el sureste del Estado, donde los desafíos son grandes debido a las características de pobreza y
exclusión que vive la población. Mientras el corredor industrial es priorizado por el partido hege-
mónico de la región para ser encabezado por hombres y en los otros partidos políticos competiti-
vos varía, denota que el PRI apuesta en esos territorios posicionar a mujeres. El único municipio
de este corredor en donde contendieron mayoritariamente mujeres fue Celaya y un candidato
independiente y es dónde los delitos de alto impacto y la violencia social son muy altos. El 6 de
julio en conferencia de prensa todas las candidatas y el candidato denunciaron un mega fraude
ya que en el 70% de casillas existen irregularidades según el periódico Correo. Este aspecto puede
catalogarse como una vulnerabilidad para considerarse en el siguiente mapa de riesgo político y
reflexionar la pertinencia de introducir variables contextuales particulares como esta.
De las trece presidencias municipales ganadas por mujeres siete son municipios de IDH bajo,
tres de medio, uno de alto y dos de muy alto, que forman parte del corredor industrial. Si bien las
medidas normativas y afirmativas permiten el acceso a las mujeres a la representación política,
sin embargo, no es aún paritario y menos podríamos decir que se encuentran en igualdad de
circunstancias para gobernar los municipios con mayores ingresos, población, y desarrollo. Por
el contrario, las mujeres ganaron, como era de esperarse, por su asignación al noreste del estado
que, como sabemos, son los que tienen más bajo IDH, los únicos municipios del corredor indus-
trial –mayor IDH son Salamanca y Celaya–.
Es necesario comentar el caso de Apaseo el Alto en el que ganó una mujer, quien asumió la
candidatura de su esposo, candidato de Morena asesinado con arma de fuego en mayo cuando
realizaba actividades de campaña. De hecho, esta localidad está ubicada en el llamado Trián-
gulo Dorado de los huachicoleros, entre Celaya, Salamanca e Irapuato (Ureste, 2018), nos ejem-
plifica el mayor grado de violencia política electoral que se vivió en Guanajuato en el proceso
electoral.
Estos primeros indicios sobre las dificultades para que las mujeres puedan acceder a puestos
de elección y las violencias que sufren en sus aspiraciones por ejercer sus derechos políticos
denotan que los contextos sociales son violentos. Y, en el ámbito de la política, aún existen mu-
chas discriminaciones en cuanto a recursos económicos, capital social, aunque esta violencia es
diferencial para las mujeres, pues se les ataca en su prestigio y se les sexualiza (como se describe
en los capítulos anteriores).
Es posible observar que el principio de paridad aumenta el acceso de las mujeres a las presi-
dencias municipales notablemente de dos a once. También a nivel legislativo desde las pasadas
elecciones se garantiza este principio gracias a las acciones afirmativas, pero al no ser obligato-
rio para las gubernaturas de los Estados ni en los gabinetes de estos, se puede afirmar que donde
no existe obligatoriedad de acceso de las mujeres a puestos de decisión política se les limita su
participación.
En cuanto a los delitos sexuales, es necesario continuar su estudio minucioso pues en las
regiones de más pobreza y menor población encontramos menor incidencia, sin saber si es por
falta de denuncia o por inexistencia de delitos. Creemos que las bases de datos que a partir de
enero de 2018 ya vienen desagregadas por sexo y edad, y con los delitos de feminicidios en todas
las entidades serán de gran ayuda para estudios como este. Sin embargo, aún se percibe que la
nueva metodología que implican las reformas en derechos humanos y con perspectiva de género
están en vías de institucionalización, por lo que consideramos que este sistema de información
tiene inconsistencias que a medida de su implementación se podrán disminuir, como el caso de
la gran diferencia entre los homicidios dolosos de mujeres y el feminicidio.
Este mapa de riesgo de Violencia Electoral en Razón de Género de Guanajuato pudo identificar
el topos de la violencia social donde las candidatas a puestos de elección podían corren más ries-
gos, entre los municipios que ponderamos en la fase 1, y el Indicador de DCM, para 2018 se puede
corroborar casi la totalidad de los municipios. Por ende, a manera de evaluación consideramos
mejor utilizar la segunda metodología, es decir, la no ponderación de delitos, si no el tratamiento
de los mismos en su incidencia y tasa para investigaciones futuras.

El resultado más importante para esta sección corresponde a poder localizar estos municipios
donde existan los Delitos de Alto Impacto y el mayor número de escolaridad de las mujeres, ya
que la relación de variables es causal y puede predecir la violencia contra las mujeres.
Si bien en el estudio de 2011 sobre el Panorama de la Violencia mencionado anteriormente,
no encontraban una relación lineal entre el nivel de estudios y la violencia, en este trabajo se
encuentra que sí existe una probabilidad que se presenten delitos contra las mujeres en aquellos
municipios que tienen altos delitos de alto impacto y, además, que las mujeres tengan más años
de escolaridad y más ingresos.
En el ámbito de la política y con respecto al Indicador de Competencia Política, lo que pode-
mos observar es que las mujeres no están contendiendo en territorios que impliquen una alta
competencia política, son territorios que no tienen mucha inversión económica, ni población, al
parecer tampoco en el ámbito político se vuelve importante la disputa para representar un ries-
go y que se genere violencia política en razón de género.
La participación política de las mujeres en Guanajuato sí aumentó, de tener entre dos o cinco
presidentas municipales, ahora hay trece, pero estos espacios no son los más codiciados dentro
de la lucha política de los partidos políticos. Tal vez por esto no se presentan fenómenos de con-
tragolpe como los entienden Kroop y Restrepo y no hubo actos de violencia política en los otros
indicadores. Debido a lo anterior, es necesario seguir estudiando este fenómeno, y con mayor
ahínco cuando las mujeres puedan acceder a municipios más competitivos. Y, lo más impor-
tante, crear mecanismos para que la paridad pueda ser real y no una paridad parcial, pero con
enfoques preventivos y no sólo de atención de la violencia política en razón de género que pueda
paliar las reacciones adversas.
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Conclusiones
En este apartado final haremos énfasis en los que consideramos los principales hallazgos que re-
tomamos de las recapitulaciones de cada capítulo para entrelazarlos y contestar la pregunta de in-
vestigación, así como verificar las respuestas tentativas del planteamiento inicial de investigación.
Esta investigación partió de las siguientes interrogantes: ¿Se presentaron casos de violencia
política electoral en el proceso electoral 2017-2018 en Guanajuato? En caso de presentarse, ¿cuáles
fueron sus manifestaciones y quiénes fueron los perpetradores? ¿Existen territorios preponderan-
tes para la violencia política contra las mujeres? Para poder contestar, hicimos una pormenorizada
revisión del estado del arte que nos llevó a la construcción de un concepto de violencia política
electoral contra las mujeres, como aquella que se ejerce por diversos perpetradores (incluidos los
militantes de sus propios partidos políticos) con el propósito de limitar, menoscabar o impedir el
ejercicio de sus derechos políticos relacionados con la posibilidad de acceder a una candidatura
para un cargo de elección popular en igualdad de condiciones que los hombres. Asimismo, hici-
mos nuestra la distinción de la Asociación de Concejalas de Bolivia entre manifestaciones de aco-
so político y violencia propiamente, cuando el primero lo vinculamos a actitudes, prácticas y estra-
tegias en los partidos políticos principalmente motivadas por el desprecio al arribo de las mujeres
como grupo identitario cada vez más participativo, mientras que la violencia política la asociamos
a manifestaciones más graves como los ataques generizados vía ciberespacio que se propagan con
rapidez y bajo un velo de anonimato, además de las agresiones sexuales y físicas que se vinculan
a contextos sociales de violencia generalizada, inseguridad e impunidad.
Para identificar la violencia política sufrida en el espacio público durante la contienda electo-
ral se construyó un Indicador de Violencia Política en razón de Género con nueve componentes:
1. Feminicidios
2. Amenazas e intimidaciones
3. Heridas con armas de fuego
4. Agresiones con armas de fuego
5. Tentativa de feminicidio que resultaron ilesas
6. Atentados en contra de familiares
7. Secuestros
8. Asaltos con y sin violencia
9. Agresiones sexuales.
El estudio nos permitió confirmar que se presentaron casos de violencia política electoral contra
las mujeres en Guanajuato en el periodo estudiado. La candidatas que participaron en nuestras
técnicas de investigación manifestaron vivir acoso psicológico entendido como las actitudes co-
tidianas individuales o colectivas de menosprecio, condescendencia y humillación, las prácticas
241
normalizadas de exclusión y discriminación de actividades partidistas necesarias para fortale-
cer su capital político, la imposición y recriminación de adopción de roles de género, así como los
gritos, amenazas y otras injurias contra las mujeres, dentro de sus propios partidos.
Una de las hipótesis iniciales entendía como sutiles este tipo de acciones, sin embargo, después
del análisis, no consideramos que este adjetivo sea correcto para describir el acoso experimenta-
do. Las prácticas de sexismo institucional agravan sobremanera el escenario intrapartidista de las
candidatas, de hecho, consideramos que son las principales manifestaciones de violencia política
electoral que vivieron las candidatas en este proceso electoral (y suponemos que en los anteriores
comicios). Es grave porque las prácticas son estrategias partidistas derivadas de cálculos políticos
y electorales, pero discriminan y dejan en condiciones de desventaja a las mujeres que aspiran a
una candidatura o que se encuentran contendiendo por el cargo. La hipótesis dos de este estudio
propuso que el tipo de violencia predominante era el económico, además del psicológico. No sólo
corroboramos la hipótesis, ampliamos el entendimiento de su lógica y mecanismo.
Frente a los lineamientos de paridad de género establecidos por el órgano electoral que pedía
la distribución igualitaria entre mujeres y hombres en tres bloques de competitividad electoral,
los partidos respondieron identificando aquellas circunscripciones que les representaban un
número importante de votos, que se caracterizan por el desarrollo económico y administrativo y,
en general, que permiten tener una candidatura con mejor proyección para la trayectoria políti-
ca. Estas circunscripciones son preferentemente adjudicadas a los candidatos hombres, aunque
las medidas de paridad no permiten hacer una total discriminación, pero las mujeres ocupan
candidaturas de circunscripciones que pueden ganar pero que muchas veces no representan “un
botín electoral” para su partido.
Las candidatas reportaron o que controlaban su agenda de actividades políticas, que no te-
nían posibilidad de tomar decisiones sobre éstas o que prácticamente las había abandonado su
partido político, teniendo que salir ellas con su familia a realizar el proselitismo. Esta sensación
se deriva de las serias limitaciones económicas que vivieron en sus campañas. Corroboramos
que la normatividad electoral protege a la autodeterminación de los partidos políticos en rela-
ción a cómo distribuir internamente el financiamiento público y lo obtenido del privado (dentro
de lo establecido en la norma) y, por ello, que los estatutos de los partidos políticos no han con-
siderado establecer la paritaria distribución de los recursos de campaña entre mujeres y hom-
bres. Además, gracias al análisis de la base de datos de fiscalización de los recursos destinados
a las campañas del 2018 del Instituto Nacional Electoral, se identificó una enorme brecha de
género en la distribución (oficial) de los recursos económicos en cada partido político. Logramos
constatar que las candidaturas de hombres de todos los partidos tuvieron más ingresos por
financiamiento tanto público como privado, duplicando o incluso triplicando el ingreso de las
candidatas mujeres destinado a sus campañas políticas. Estas son cifras oficiales, pero creemos
que el manejo real e informal del financiamiento podría ser parecido o peor.
Aunado a lo anterior, la publicidad electoral, la cobertura mediática y la comunicación en
redes sociodigitales confirman el limitado acceso de las mujeres candidatas a mecanismos de
difusión de su mensaje político por tres razones: hay una preocupación preponderante por fi-
nanciar publicidad electoral para conseguir los principales cargos políticos como la gubernatura
y ciertas alcaldías (León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Guanajuato, Purísima del
Rincón y San Miguel de Allende) de las cuales muchas candidaturas estuvieron en manos de
hombres; la segunda razón, porque la cobertura mediática de las mujeres representa apenas el
242 Conclusiones
26% del total de notas consideradas en el estudio; y tercera, relacionado con lo anterior, las can-
didatas utilizan cada vez más las herramientas sociodigitales para subsanar su desventaja en los
medios de comunicación tradicionales.
Estas tres dimensiones del sexismo institucional nos permiten afirmar que la violencia políti-
ca electoral que identificamos en la investigación es principalmente intrapartidista. No obstante,
además de las agresiones de militantes de sus propios partidos, los testimonios evidenciaron per-
petradores de violencia sociopsicológica de otros partidos políticos y de cibernautas en general por
medio de ataques vía internet, tal cual lo establecimos en la hipótesis 3 del planteamiento inicial.
Aunque algunas candidatas tratan de minimizar las agresiones en las redes sociales, otras nos
hablaron de cuánto les afectó a ellas y a sus familias. Dichos ataques se generizaron, esto es, las
humillaron por su aspecto físico, complexión física, hicieron comentarios sobre su vida privada o
acosaron a su familia y a sus hijos. En congruencia con el marco teórico, el acoso sociopsicológico
por medio de las redes sociales no necesariamente responde a una agresión por el hecho de ser
mujer, sino que se ancla en una discusión pública entre simpatizantes de ofertas políticas distintas,
pero que generizan sus ataques y, por tanto, tiene un impacto diferente y mayor en las mujeres.
Por otro lado, cuando planteamos que la violencia política electoral podría ser sutil, fue por-
que no había demasiadas evidencias de manifestaciones de tipo sexual y físico. Confirmamos
esta hipótesis, pero con tres consideraciones importantes: sobre el acoso sexual y la petición de
favores sexuales a cambio de candidaturas, varias participantes del estudio dijeron tener conoci-
miento de estos casos, aunque pocas reconocieron ser alguno de ellos; la segunda consideración
es que, si bien sólo tuvimos un testimonio de violencia física, creemos que pueden haber más
casos pero que no se expresan por temor a las represalias; y la última consideración es que se
manifestó miedo a la situación generalizada de violencia en el estado, en consecuencia, las mu-
jeres dudan en participar políticamente por el riesgo que corren en ciertas zonas. Teóricamente
hay suficientes razones para creer que la actual situación de inseguridad puede ser un caldo de
cultivo de expresiones de violencia agravadas, como sucede en otros estados de la República.
Además, si consideramos el abandono de los partidos políticos a muchas de sus candidatas que
no les representan un interés electoral, éstas corren mayor riesgo si enfrentan las campañas
solas o con sus familias.
En Guanajuato, la cultura patriarcal está presente, permea todas las esferas de la vida y su ex-
presión en la violencia contra las mujeres es normalizada con el fin de disciplinar la sumisión de
las mujeres como se conceptualiza teóricamente según la mirada de Rita Segato. El hecho de que
la violencia social sigue en aumento, así como la violencia contra las mujeres, y que éstas son tole-
radas y no sancionadas al existir impunidad, permiten que puedan manifestarse en las contiendas
electorales y se configuran como riesgos para cualquier persona y, en particular, para las mujeres
que en la política como esfera de lucha por el poder conlleva sus propias expresiones generizadas.
La presencia de diferentes organizaciones del crimen organizado, así como los problemas
puntuales como el robo de combustible y las implicaciones que estos tienen en sus diferentes
órdenes de gobierno, junto con condiciones de rentabilidad electoral (territorios con alta pobla-
ción y desarrollo humano) y de competencia electoral, configuran desde nuestra propuesta un
análisis topográfico del riesgo político electoral para las mujeres. De hecho, por su construcción,
este análisis puede desglosarse para entender el riesgo político electoral y el riesgo político elec-
toral para las mujeres, ya que las condiciones de violencia social, de desarrollo y competitividad
política son compartidas entre hombres y mujeres.
Conclusiones 243
Sin embargo, los mecanismos de paridad que aseguren la participación de mujeres en terri-
torios en disputa y que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, puede generar un
aumento de la violencia política contra las mujeres que podrá manifestarse con otros acentos
de violencia sexual y física hasta llegar al feminicidio. Se encontró una relación causal entre vio-
lencia contra las mujeres y escolaridad de las mujeres, lo que sugiere comprender que a mayor
empoderamiento y agencia de las mujeres mayor violencia contra ellas, es decir, que extrapola-
do a la esfera electoral corrobora nuestras hipótesis. Es por esto, que continuar y perfeccionar el
análisis topológico de riesgo se vuelve una herramienta de prevención y atención de la violencia
política que permite, por una parte, que el acceso de las mujeres en territorios riesgosos se pue-
da diseñar y tomar medidas de protección para el pleno ejercicio de sus derechos.
Propuestas
1. El sexismo institucional requiere de estrategias inmediatas: modificar la normatividad
electoral y/o los lineamientos de paridad de género para evitar el confinamiento elec-
toral discriminatorio. La sugerencia específica es que el orden descendiente de la lista
que permite la conformación de los bloques de competitividad se realice con el porcen-
taje que obtuvo el partido político en cada municipio, pero respecto al total obtenido
por dicho partido en todo el estado. Por otro lado, que la normatividad electoral y los
estatutos de los partidos políticos establezcan que debe haber una correspondencia
entre la paridad en las candidaturas y la distribución de los recursos para campaña.
2. Desde los lineamientos de paridad de género, otorgarse la facultad de modificar el or-
den de prelación en el que fueron registradas las fórmulas con la finalidad de lograr
una integración equilibrada de los órganos de representación popular; y en caso en
que un partido no tenga candidaturas mujeres, en el RP se seguirá con el partido que si
cuente con mujeres formadas e interesadas en tener un curul.
3. Establecer criterios interseccionales para la postulación paritaria de candidaturas por
partidos, donde las variables a considerar sean de población y desarrollo humano en
las candidaturas municipales, además del bloque ganador, moderado y bajo.
4. Con el recurso del 3% de financiamiento público para la promoción y desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, generar acciones concretas para reducir el impacto
de la doble jornada laboral de las militantes, como establecer horarios accesibles a las
mujeres madres de familia, implementar ludotecas u otro tipo de espacio en las insta-
laciones partidistas para que el resguardo de niños y niñas.
5. El primer mecanismo de prevención es centrar el problema de la violencia en los victi-
marios, es decir, en los hombres por lo que son inminentes los talleres de nuevas mas-
culinidades para los hombres de partidos políticos como los cursos de capacitación del
personal del IEEG. Una acción de este tipo necesita recurso etiquetado y que no merme
los recursos para las mujeres.
6. Solicitar, acompañar y evaluar las acciones partidistas que realizan en favor de las mu-
jeres políticas como mecanismo para prevenir la violencia contra las mujeres políticas.
7. Impartir talleres de perspectiva de género que permitan, por una parte, la creación
de redes de sororidad intrapartidista e interpartidista entre las mujeres políticas, así
como para el personal del IEEG de forma continua ya que para adquirir y transformar
244 Conclusiones
prácticas sexistas no basta con la sensibilización o el conocimiento del tema sino con
experiencias que permitan estar deconstruyendo sistema patriarcal.
8. Desarrollar planeación estratégica (corto, mediano y largo plazo) de reclutamiento y
formación de cuadros de mujeres, enfocado a fortalecer su formación y experiencia
en temas legislativos o de políticas públicas, lejos de las actividades estereotipadas
femeninas. Las organizaciones partidistas de mujeres deben hacer un seguimiento real
e integral de las trayectorias de las militantes, y formar parte de la toma de decisiones
de la distribución de candidaturas por sexo, de forma que se garantice priorice el mé-
rito y trabajo partidista en dichas asignaciones. Asimismo, se deben colocar perfiles de
responsables de las organizaciones de mujeres que garanticen una mayor igualdad en
la distribución de las candidaturas por bloques de competitividad e impedir que las
mujeres sean confinadas exclusivamente a circunscripciones electorales perdedoras o
con poco valor electoral y político.
9. En cuanto a la difusión de las candidaturas de mujeres, continuar con las labores de
sensibilización y capacitación de los medios de comunicación para que cubran las cam-
pañas de las candidatas desde una perspectiva de género. Dada la desventaja económica
de las candidatas que las obliga a usar sus recursos y mecanismos como las redes socia-
les, se propone capacitar a las candidatas para desarrollar campañas de bajo costo, así
como para el uso de las redes sociodigitales de forma segura y sin riesgos. Además, cada
partido político podría diseñar plataformas digitales con la totalidad de las candidaturas
de mujeres de los procesos electorales con sus perfiles y principales propuestas. El IEEG y
el Observatorio de Participación Política de las Mujeres deben desarrollar campañas que
describan las manifestaciones de acoso y violencia política electoral alertando el peligro
de la “espiral de la violencia” que, en la mayoría de las veces, comienza en los partidos
políticos, así como sobre los factores de vulnerabilidad y riesgo.
10. Además del protocolo y la Guía para la Atención de la Violencia Política contra las mu-
jeres en razón de género, es necesario adquirir un enfoque de prevención de la violen-
cia. Una de las acciones primarias en el momento que los partidos políticos presentan
y son aceptadas sus listas de candidaturas, se puede realizar el análisis topológico polí-
tico que permita conocer el juego político en el contexto electoral bajo las variables de
rentabilidad política y riesgos socioculturales de violencia con énfasis en las seguridad
de las mujeres para identificar las zonas de riesgo para las candidatas y en caso de ha-
ber riesgo inminente ya sea de grupos del crimen organizado o por las variables políti-
cas conocidas que aumentan el riesgo (cambiar de un partido a otro, que la candidatura
sea de un partido opositor con un nivel alto de competencia política), disponer bajo
petición expresa de las candidatas de medidas precautorias que permitan salvaguardar
sus derechos políticos (pueden ser escoltadas por la fuerza pública). De igual manera,
este análisis topográfico político electoral, puede ponerse a disposición de las personas
en contienda electoral, así como del público a menos que por razones de seguridad sea
necesario restringir su acceso durante el proceso electoral.
Por último, sería de máximo interés recomendar al Poder Legislativo Federal la implementación
de medidas afirmativas para crear fondos para la igualdad de género, así como medidas de con-
trol y sanción en la repartición de fondos para las campañas de candidatas en términos equita-
tivos o con acciones afirmativas para las candidatas.
Conclusiones 245
Índice de tablas y gráficos
TABLA 1. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA, ROLES DE LAS MUJERES
EN EL MOMENTO NO ELECTORAL 9
TABLA 2. MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA, ROLES DE LAS MUJERES

EN EL MOMENTO ELECTORAL 10
TABLA 3. TIPOS, MANIFESTACIONES Y PERPETRADORES DE VIOLENCIA ELECTORAL

CONTRA LAS MUJERES. 18
TABLA 4. CONCENTRACIÓN, PORCENTAJE Y POBLACIÓN MUNICIPAL 34
TABLA 5. REGIONES PRIORITARIAS DE GUANAJUATO SEGÚN LA TASA DE HOMICIDIOS

Y EL PORCENTAJE NACIONAL 37
TABLA 6. DISTRITOS ELECTORALES LOCALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO 44
TABLA 7. PORCENTAJE DE VOTACIÓN PARA EL PAN EN GUBERNATURAS DE 2006 Y 2018 54
TABLA 8. DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS A ALCALDÍAS POR BLOQUE

DE COMPETITIVIDAD CON INDICADORES DE FEMINIDAD 58
TABLA 9. DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS ELECTAS A ALCALDÍAS POR BLOQUE

TABLA 10. INDICADOR DE FEMINIDAD POR MUNICIPIO Y CANDIDATURA ELECTA POR SEXO, 2018 60
TABLA 11. POSICIÓN OBTENIDA EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES POR PARTIDO

Y SEXO DE CANDIDATURA, 2015 Y 2018 63
TABLA 12. CANDIDATURAS DEL PAN POR SEXO Y SU RELEVANCIA 65
TABLA 13. CANDIDATURAS DEL PRI POR SEXO Y SU RELEVANCIA 66
TABLA 14. CANDIDATURAS DEL PVEM POR SEXO Y SU RELEVANCIA 66
TABLA 15. CANDIDATURAS DEL PRD POR SEXO Y SU RELEVANCIA 66
TABLA 16. CANDIDATURAS DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA

POR SEXO Y SU RELEVANCIA 66
TABLA 17. CANDIDATURAS DE NUEVA ALIANZA POR SEXO Y SU RELEVANCIA 67
TABLA 18. CANDIDATURAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO POR SEXO Y SU RELEVANCIA 67
TABLA 19. CANDIDATURAS DE MORENA POR SEXO Y RELEVANCIA 67
TABLA 20. DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR BLOQUE

TABLA 21. DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATURAS ELECTAS A DIPUTACIONES POR BLOQUE

247
TABLA 22. OPERACIONALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS Y CONVERSATORIOS 78
TABLA 23. DISPOSICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO, FINANCIAMIENTO,

ÓRGANOS DE DECISIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 115
TABLA 24. NORMAS SOBRE PARIDAD DE GÉNERO Y FINANCIAMIENTO CONTENIDAS

EN LOS ESTATUTOS DE MORENA 119
TABLA 25. NORMAS DE PARIDAD DE GÉNERO FINANCIAMIENTO CONTENIDAS

EN LOS ESTATUTOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO 120
TABLA 26. NORMAS DE PARIDAD DE GÉNERO Y FINANCIAMIENTO CONTENIDAS

EN LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 121
TABLA 27. NORMAS SOBRE PARIDAD DE GÉNERO Y DE FINANCIAMIENTO CONTENIDAS

EN LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 122

EN LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 123

EN LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO 124
TABLA 30. NORMAS DE PARIDAD DE GÉNERO Y FINANCIAMIENTO DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 125

EN LOS ESTATUTOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 126
TABLA 32. INGRESOS MEDIOS PER CÁPITA POR PARTIDO POLÍTICO Y SEXO 128
TABLA 33. PRESUPUESTO ASIGNADO A CANDIDATURAS POR BLOQUE DE COMPETITIVIDAD 129
TABLA 34. COMPARATIVA DE INGRESOS TOTALES DE LA CANDIDATURA GANADORA DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LA CANDIDATURA DE MAYOR INGRESO EN EL MUNICIPIO, 2018 130
TABLA 35. COMPARATIVO DE INGRESOS POR SEXO PARA CAMPAÑAS DE CANDIDATURAS

ELECTAS EN PRESIDENCIAS MUNICIPALES 2018 131
TABLA 36. INGRESOS PRIVADOS PER CÁPITA PARA CAMPAÑAS 133
TABLA 37. CANDIDATURAS CON APORTACIONES PRIVADAS POR RUBROS 133
TABLA 38. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES QUE TIENEN AL MENOS EL TERCER LUGAR

DE PRESUPUESTO PARA CAMPAÑA DENTRO DE UN MUNICIPIO 135
TABLA 39. INGRESOS PÚBLICOS PER CÁPITA PARA CAMPAÑAS 136
TABLA 40. INGRESOS POR DIPUTACIÓN DE MAYORÍA RELATIVA 137
TABLA 41. ANÁLISIS COMPARATIVO 138
TABLA 42. FASES METODOLÓGICAS 147
TABLA 43. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN POR LA GOBERNATURA 148
TABLA 44. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, POR MUNICIPIO 149
TABLA 45. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES,

POR PARTIDO O COALICIÓN 151
TABLA 46. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, POR GÉNERO 151
248 Índice de tablas y gráficos

TABLA 47. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS DIPUTACIONES, POR DISTRITO 152
TABLA 48. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS DIPUTACIONES, POR PARTIDO O COALICIÓN 153
TABLA 49. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN PARA LAS DIPUTACIONES, POR GÉNERO 153
TABLA 50. PERFILES FEMENINOS EN LA PUBLICIDAD ELECTORAL TELEVISIVA POR LA GOBERNATURA 154
TABLA 51. PERFILES FEMENINOS EN LA PUBLICIDAD ELECTORAL TELEVISIVA

POR LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES 155
TABLA 52. SPOTS DE TELEVISIÓN SELECCIONADOS PARA EL ANÁLISIS DE DISCURSO 155
TABLA 53. SEMANA COMPUESTA PARA ANÁLISIS DE COBERTURA MEDIÁTICA

Y REDES SOCIODIGITALES 158
TABLA 54. NOTAS INFORMATIVAS POR DIARIO 159
TABLA 55. TEMAS PREDOMINANTES EN NOTAS INFORMATIVAS DONDE APARECEN MUJERES 159
TABLA 56. POSICIÓN DE LAS MUJERES EN NOTAS INFORMATIVAS 160
TABLA 57. SELECCIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS DONDE APARECEN MUJERES, POR TEMAS 162
TABLA 58. SUSTANTIVOS REFERIDOS A MUJERES 163
TABLA 61. PRESENCIA EN REDES SOCIODIGITALES, EN CANDIDATURAS A LA GUBERNATURA 166
TABLA 62. PRESENCIA EN REDES SOCIODIGITALES, EN CANDIDATURAS

A PRESIDENCIAS MUNICIPALES 166
TABLA 63. PRESENCIA EN REDES SOCIODIGITALES, EN CANDIDATURAS A DIPUTACIONES 168
TABLA 64. PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN REDES, EN CANDIDATURAS A LA GOBERNATURA 170
TABLA 65. PUBLICACIONES SELECCIONADAS EN REDES, EN CANDIDATURAS




A DIPUTACIONES LOCALES 177

A DIPUTACIONES LOCALES 178


TABLA 72. BIEN JURÍDICO AFECTADO Y DELITOS DE ALTO IMPACTO 202
TABLA 73. PONDERACIÓN DE LOS DELITOS RELACIONADOS CON LOS RIESGOS

PARA LAS MUJERES CANDIDATAS Y BIENES JURÍDICOS AFECTADOS 204
Índice de tablas y gráficos 249

TABLA 74. MUNICIPIOS CON TASA BAJA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO (DAI) Y DELITOS
CONTRA LAS MUJERES (DCM), IDH 2015 Y SEXO DE LA PERSONA GANADORA DE ELECCIONES 218
TABLA 75. MUNICIPIOS CON TASA MODERADA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO (DAI)
Y DELITOS CONTRA LAS MUJERES (DCM) 220
TABLA 76. MUNICIPIOS CON TASA ALTA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO (DAI)
Y DELITOS CONTRA LAS MUJERES (DCM) 221
TABLA 77. VOTOS PARA LA GUBERNATURA DEL PAN Y MORENA 225
TABLA 78. FUERZAS PARTIDISTAS SEGÚN SU ALTA COMPETENCIA POLÍTICA 227
TABLA 79. COMPETENCIA POLÍTICA Y SEXOS DE LA CONTIENDA, PRIMER Y SEGUNDO

CONTRINCANTE. 227
TABLA 80. COMPETENCIA POLÍTICA DISTRITAL, SEXO DE LA CONTIENDA, PRIMER Y SEGUNDO

CONTRINCANTE 228
ILUSTRACIÓN 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA VIOLENCIA ELECTORAL CONTRA LAS MUJERES 7
ILUSTRACIÓN 2. PROPUESTA DE MARCO TEÓRICO DE VIOLENCIA POLÍTICA ELECTORAL

CONTRA LAS MUJERES 26
ILUSTRACIÓN 3. LÍNEA DE TIEMPO DE LA PARTICIPACIÓN Y TRIUNFO DE LAS MUJERES E

N LAS ELECCIONES EN GUANAJUATO 45
ILUSTRACIÓN 4. GOBIERNOS ENCABEZADOS POR MUJERES Y PARTIDOS POLÍTICOS 2009 47
ILUSTRACIÓN 7. CONTIENDA MUJERES Y HOMBRES PARA PRESIDENCIAS MUNICIPALES 2015 52
ILUSTRACIÓN 8. CONTIENDA ELECTORAL MUNICIPAL 2015 DE MUJERES POR PARTIDO

POLÍTICO SEGÚN EL IDH MUNICIPAL 52
ILUSTRACIÓN 9. DIPUTACIONES POR PARTIDO POLÍTICO 2009-2018 53
ILUSTRACIÓN 11. ÍNDICE DE FEMINIDAD Y PRESIDENTAS MUNICIPALES ELECTAS, 2018 62
ILUSTRACIÓN 12. ÍNDICE DE FEMINIDAD DISTRITAL Y MUJERES ELECTAS 73
ILUSTRACIÓN 13. NOTA INFORMATIVA “RATIFICA INTENCIÓN DE RENUNCIAR” 161
ILUSTRACIÓN 14. NOTA INFORMATIVA, PERIÓDICO CORREO, 18 DE MAYO DE 2018 165
ILUSTRACIÓN 15. PUBLICACIÓN DEL CANDIDATO DIEGO SINHUE EN FACEBOOK, 7 DE ABRIL DE 2018 180
ILUSTRACIÓN 16. PUBLICACIÓN DE LA CANDIDATA BERTHA SOLÓRZANO EN FACEBOOK,

26 DE MAYO DE 2018 181
ILUSTRACIÓN 17. PUBLICACIÓN DEL CANDIDATO ANTONIO ARREDONDO EN FACEBOOK,

25 DE JUNIO DE 2018 182
ILUSTRACIÓN 18. PUBLICACIÓN DE LA CANDIDATA CORAL VALENCIA EN FACEBOOK,

25 DE JUNIO DE 2018 183
ILUSTRACIÓN 19. PUBLICACIÓN DE LA CANDIDATA JESSI CABAL EN FACEBOOK, 19 DE JUNIO DE 2018 184
250 Índice de tablas y gráficos

ILUSTRACIÓN 20. PUBLICACIÓN DE LA CANDIDATA BETY DELGADO EN FACEBOOK,

19 DE JUNIO DE 2018 185
ILUSTRACIÓN 21. CONSTRUCCIÓN TEÓRICA-ANALÍTICA DEL MAPA DE RIESGO ELECTORAL

EN RAZÓN DE GÉNERO 199
ILUSTRACIÓN 22. SEXO DE LAS CANDIDATURAS POR PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN

EN EL PROCESO ELECTORAL 2018 206
ILUSTRACIÓN 23. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR MUNICIPIO 208
ILUSTRACIÓN 24. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO RELATIVO AL GÉNERO 210
ILUSTRACIÓN 25. COMPETENCIA POLÍTICA Y RIESGOS EN SEGURIDAD, SALUD Y CONFLICTO

POLÍTICO 212
ILUSTRACIÓN 26. FEMINICIDIOS 2015-2018 214
ILUSTRACIÓN 27. CONCENTRACIÓN POBLACIÓN Y DELITOS DE ALTO IMPACTO 217
ILUSTRACIÓN 28. DISTRIBUCIÓN DE DAI BAJOS Y DCM 2018 219
ILUSTRACIÓN 29. DISTRIBUCIÓN DE DAI MODERADOS Y DCM 221
ILUSTRACIÓN 30. DISTRIBUCIÓN DE DAI ALTOS Y DCM 222
ILUSTRACIÓN 31. DELITOS CONTRA LAS MUJERES 2018 224
ILUSTRACIÓN 32. ÍNDICE DE COMPETENCIA POLÍTICA 2018, CONTIENDA FINAL POR SEXOS
Y PARTIDOS POLÍTICOS 226
ILUSTRACIÓN 33. ÍNDICE DE COMPETENCIA POLÍTICA DISTRITAL 2018 Y CONTIENDA FINAL

POR SEXOS 230
ILUSTRACIÓN 34. COMPETENCIA POLÍTICA DISTRITAL 2018 EN LA CONTIENDA FINAL POR

SEXO Y PARTIDOS POLÍTICOS 232
ILUSTRACIÓN 35. MAPA DE IDH DESAGREGADO DE LA EDUCACIÓN PARA LAS MUJERES 234
Índice de tablas y gráficos 251

Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato.
Análisis del proceso 2017-2018
se terminó de imprimir en julio de 2020 en los talleres
de Comercializadora MGS S.A. de C.V., Av. San Luis, Condominios 35,
casa A, Col. Misiones 1, C.P. 54870, Cuautitlán, Estado de México,
el tiraje consta de 1,000 ejemplares, más sobrantes para reposición.
En su composición se usaron los tipos Caecilia Std
de 10/14, 12/15 y 14/17.

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Violencia política electoral contra las mujeres en Guanajuato

Análisis del proceso 2017-2018

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

PRODUCTO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL.

Reservados todos los derechos conforme a la ley

D.R. © Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 2020.

Primera edición: 2020

Producto editorial gratuito

Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres

Carlos Ríos Llamas

Indira Rodríguez Ramírez

Marco contextual y proceso electoral 2017-2018 31

Perfil y experiencias de las candidatas 77

Desigualdad en la presencia mediática de las mujeres para

Sexismo institucional: Desigualdad de género en la distribución de recursos económicos 107

La dimensión comunicacional: Desigualdad de género en la presencia 143

Mapas de riesgo de la violencia electoral en razón de género 191

Índice de Tablas y Gráficos 247

• La violencia electoral en razón de género en Guanajuato es mayormente intrapartidista

Derivado de la imposibilidad de continuar con un análisis cuantitativo que nos permitiera

Dorismilda Flores Márquez

Vanessa Góngora Cervantes

Si tocan a una, nos tocan a todas.

La violencia simbólica como trasfondo

2 Marco teórico conceptual

Vanessa Góngora Cervantes 3

El aumento de la participación política de las mujeres es una amenaza a la “forma patriarcal de

Backlash: la violencia política y electoral como reacción patriarcal

4 Marco teórico conceptual

Vanessa Góngora Cervantes 5

6 Marco teórico conceptual

Ilustración 1. Delimitación conceptual de la violencia electoral contra las mujeres.

Establece que el orden “natural” de las co-

Se presenta en los ámbitos familiar, comu-

Se presenta en ámbitos familiar, comuni-

Vanessa Góngora Cervantes 7

Condiciones de riesgo: entorno geográfico y de violencia generalizada

8 Marco teórico conceptual

Tabla 1. Manifestaciones de violencia política, roles de las mujeres en el momento no electoral

Fuente: Elaboración propia

Vanessa Góngora Cervantes 9

Simpatizantes/ Aspirantes a candidatas o Candidatas en Candidatas Candidatas no

Electoral Impedir u Restringir o Restringir o negar el uso Obstaculizar o Obstaculizar Proporcionar

Marco teórico conceptual

Fuente: Elaboración propia

Vanessa Góngora Cervantes 11

12 Marco teórico conceptual

Factores de vulnerabilidad/contención de la violencia

Vanessa Góngora Cervantes 13

14 Marco teórico conceptual

Capital político y económico

Vanessa Góngora Cervantes 15

16 Marco teórico conceptual

Tipos y manifestaciones de acoso y violencia electoral

Vanessa Góngora Cervantes 17

Tabla 3. Tipos, manifestaciones y perpetradores de violencia electoral contra las mujeres.

Tipo Manifestación Perpetrador

Sexismo Confinamiento electoral

Física Pellizcos, empujones, golpes,

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