INTRODUCCIÓN

América Central se ha convertido en la principal ruta de narcóticos ilegales enviados por

productores sudamericanos hacia consumidores en Estados Unidos. Como el control más
eficaz dificulta el envío directo de drogas a Estados Unidos y México, los traficantes están
canalizando el contrabando por tierra a través de un istmo donde se encuentran algunos de los
países más pobres del hemisferio. En Centroamérica, las organizaciones internacionales de
narcotráfico han encontrado el entorno perfecto para sus actividades ilícitas: una impunidad
rampante, abundantes armas y una fuente constante de reclutas entre jóvenes que tienen
pocas esperanzas de mejorar sus vidas a través de la educación y el empleo estable.

Guatemala, el país que está en el extremo norte de Centroamérica, es la puerta de entrada

para los estupefacientes que viajan por tierra a México. A medida que más estupefacientes
pasan por su territorio, mueren más guatemaltecos a causa de delitos vinculados a la droga.
Durante la década pasada, el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El
Salvador) se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. De manera trágica,
estos países que sobrevivieron los conflictos armados y/o la represión militar durante la Guerra
Fría ahora padecen las vicisitudes de una batalla del siglo XXI contra el crimen organizado.

Guatemala enfrenta hoy una amenaza existencial creciente. Las rutas de contrabando
tradicionalmente controladas por los grupos locales están, ahora y más que nunca, bajo el
control de los cárteles mexicanos. Territorios y rutas que antes tenían un tráfico moderado de
bienes, seres humanos, y drogas; se han convertido en autopistas de productos de alto valor,
para productos químicos, armas y el dinero en efectivo que la industria ilícita de las drogas
requiere. Debido a su frontera con México y a un ambiente permisivo para el contrabando y el
crimen, Guatemala se ha convertido en un embudo para el 90 por ciento de la cocaína enviada
desde Sudamérica a los Estados Unidos, el mayor mercado mundial de drogas.
 NARCOTRAFÍCO EN GUATEMALA

ANTECEDENTES
La historia del tráfico de drogas, las rutas y las organizaciones en el continente americano está
bien documentada en otros sitios. En la historia reciente del tráfico de drogas en Guatemala y,
en particular, en las instituciones locales y figuras que han tenido funciones claves en dicho
tráfico.

Durante decenios, los guatemaltecos de las tierras altas han cultivado amapolas y han vendido
pasta de heroína a los mexicanos. Sin embargo, el tráfico de drogas y el tráfico de cocaína a
mayor escala llegaron a ser importantes en el país recién en la década de los ochenta. En
aquellos años, una combinación de circunstancias y políticas se combinaron para crear una
diversidad nacional perdurable de las rutas de tráfico, además de grupos criminales locales,
muchos de ellos vinculados a partidos políticos nacionales y locales, e instituciones sociales y
económicas legales.

Durante la década de los ochenta, especialmente después de 1983, la campaña del ejército
contra la insurrección redujo exitosamente las actividades de la guerrilla y las trasladó a áreas
remotas. Como resultado, el nivel de violencia disminuyó. Las zonas de Guatemala que habían
sido el centro de campañas turbulentas y sangrientas contra la insurrección, libradas por miles
de soldados y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), se apaciguaron.

Aproximadamente en la misma época, los traficantes colombianos se enfrentaron a los

crecientes esfuerzos de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA, por sus siglas en inglés) y el
Departamento de Defensa de EE. UU. para prohibir los cargamentos de drogas ilegales que
partían desde Colombia y pasaban por el Caribe hasta Florida o la costa del Golfo. Estos
carteles buscaron nuevas rutas y encontraron en Guatemala una red de zonas y rutas de tráfico
ya existentes, controlada conjuntamente por los líderes de las comunidades locales y los
oficiales militares que podían garantizar un tránsito fácil incluso en los pasos de frontera
formales.

Hacia 1980, la guerra civil llevaba 20 años y el país había estado bajo un régimen militar por 26
años, desde el golpe de estado respaldado por los Estados Unidos contra el presidente Arbenz
en 1954. Los militares estaban en prácticamente todo el país y debido a la violencia prolongada
que incluyó la destrucción total de cientos de pueblos, la presencia de otros organismos
estatales, como la policía, se había reducido prácticamente a nada.

A fuerza de su posición privilegiada en el poder ejecutivo y del control impuesto por los
comandantes del ejército desde las bases y las unidades movilizadas en todo el país, los
militares controlaban o supervisaban prácticamente toda la actividad política y económica del
país. A lo largo de los años, a medida que los oficiales militares se jubilaban, muchos de ellos
emprendieron negocios en el país y formaron una clase empresarial y hacendada selecta, con
una estrecha relación personal con los políticos y oficiales que todavía estaban en el poder.

Uno de los instrumentos que los militares utilizaron para recabar información para los servicios
de inteligencia y controlar las actividades de las comunidades de todo el país fue la figura del
Comisionado Militar civil. Los comandantes del ejército de las zonas militares locales eran
quienes nombraban a los comisionados militares, una posición que data de 1938,
principalmente con el objetivo de recabar información sobre potenciales actividades insurgentes
locales y reclutar jóvenes locales para el servicio militar. En términos más generales, en la
práctica los comisionados militares eran el nexo entre el ejército y la población local.

Las pruebas provenientes de diferentes fuentes, incluso de los informes de la DEA, indican que,
a principios de década de los ochenta, los traficantes colombianos lograron ingresar a las redes
de tráfico a través de rutas clave en el sur y el oeste de Guatemala. Estas redes estaban
compuestas por oficiales de inteligencia militar, sus subordinados y ex colegas, así como
informantes y asociados, incluidos los Comisionados Militares. Con esta colaboración, los
grupos colombianos enviaban cada vez más cantidad de cocaína del país a México.

En varios casos, ex comisionados militares, quienes durante más de una década habían podido
utilizar sus relaciones con los militares como un medio para imponer sus intereses en las
comunidades locales, estaban en el centro de estas estructuras informales. A lo largo de
muchas rutas de tráfico y comercio clave, estos individuos tenían total conocimiento y control
sobre el tráfico local, así como impunidad judicial y libertad de acción en el uso de la violencia.
Muchos de los individuos que controlan las rutas de tráfico de Guatemala actualmente, y que
era los objetivos de la policía de Guatemala y las acciones de la DEA de EE.UU., eran ex
comisionados militares, entre los que se incluían a Juancho León, Waldemar Lorenzana y en
San Marcos: Juan “Chamalé” Ortiz.
La primera gran organización colombiana que se estableció en Guatemala fue el Cartel de
Medellín, que cooperó con el Cartel de Cali y luego se fusionó con el mismo. A principios y
mediados de la década de los noventa, los grupos colombianos fueron los clientes y socios
dominantes de las redes de contrabando de Guatemala. Con poco miedo a la interferencia
policial o gubernamental, y con estructuras informales, vinculadas a los funcionarios
gubernamentales y los oficiales militares, que supervisaban las operaciones, el sistema no era
precisamente violento.

Esta actividad, y particularmente las operaciones de los carteles más importantes, se realizaba,
casi con certeza, con el acuerdo de los rangos militares más altos. La participación de
Guatemala en esta actividad se limitaba a brindar servicios asociados únicamente al tránsito de
drogas, como el transporte; a la contratación de pescadores y hacendados para el uso de
embarcaciones, espacios de carga o territorio; y cuando fuera necesario, al almacenamiento.
En general, esto sigue siendo así en la actualidad.

Las organizaciones criminales de Guatemala suelen involucrarse principalmente en el

transporte, la prestación de servicios relacionados con el transporte y la venta al por menor de
drogas (especialmente las pandillas o maras de las áreas urbanas), pero generalmente no en la
compra de la materia prima, su producción o refinamiento.

A principios de 1998, los carteles mexicanos comenzaron a ocupar el lugar que había quedado
vacío por la retirada de los colombianos. Los grupos mexicanos que ingresaron antes a
Guatemala, a fines de la década de los noventa, fueron el grupo Sinaloa y el cartel del Golfo. A
principios de la década del 2000, estos dos grupos habían creado importantes redes de
suministro en todo el país. Del mismo modo que los colombianos, estos carteles pagaban a los
traficantes locales de Guatemala para manejar el transporte y los servicios relacionados. Las
rutas o las zonas, y los traficantes que las manejaban, eran utilizados por diferentes carteles sin
mucho conflicto o violencia.

Generalmente se satisfacía a los grupos, familias o redes de Guatemala (a veces denominados

simplemente, transportistas) con la ganancia modesta de su parte y no intentaban involucrarse
en otros aspectos más lucrativos del comercio. En la mayoría de las regiones, este tráfico de
drogas tenía lugar junto con otros tipos de contrabando, especialmente de personas y artículos
esenciales (por ejemplo, arroz, gasolina), y estaban involucradas las mismas redes de tráfico
(por ejemplo, de conductores, reacondicionadores de vehículos, directores de la policía, etc.) y
los mismos capos.

Continuó la penetración de los traficantes de drogas en el gobierno y la policía. En 2002,

Estados Unidos revocó los visados de varios funcionarios de Guatemala por su presunta
participación en el contrabando, y al año siguiente el gobierno de Guatemala disolvió la unidad
especial antinarcóticos después de que dieciséis miembros fueran condenados por
participar en asesinatos extrajudiciales. Este problema continúa acosando al gobierno de
Guatemala y a sus socios en la lucha antinarcóticos, especialmente la Agencia Federal
Antinarcóticos y el Departamento de Estado de EE. UU. Existen muchas pruebas que muestran
que los grupos de traficantes se han infiltrado en alguna medida y hasta los niveles más altos
en el ejército de Guatemala y particularmente la policía.

PRINCIPALES RUTAS DEL NARCOTRÁFICO EN GUATEMALA

El acontecimiento reciente más importante en relación con el tráfico y sus efectos en Guatemala
ha sido la ruptura de los modelos tradicionales en los que los grupos transnacionales
(colombianos, mexicanos) le pagan a las redes de transportistas locales de Guatemala por el
simple pasaje de productos. Desde 2008, ese sistema relativamente estable de relaciones de
tipo comercial, que había generado niveles insignificantes de violencia, se desmoronó y los
grupos mexicanos se metieron en Guatemala de una manera más agresiva. Uno de estos
grupos, los Zetas, ha introducido un nuevo paradigma de operaciones y participación en las
comunidades locales, que ha tenido un impacto potencialmente devastador.

Antes de 2008, el tráfico local de drogas, personas, armas y otro tipo de contrabando estaba
controlado principalmente por capos locales, personas y familias con una larga tradición de
propiedad e influencia dentro de sus comunidades. Además de delincuentes, eran
terratenientes y empresarios, empleadores de la comunidad, benefactores y líderes de algún
modo, cuyas operaciones se veían beneficiadas por la legitimidad de las que estas disfrutaban
ante los ojos de los residentes locales. Construyeron caminos, clínicas, canchas de fútbol;
dieron dinero a los ciudadanos locales para las fiestas de sus hijos y emergencias médicas; y
como se demuestra en los casos prácticos, garantizaron el orden y la seguridad en las calles,
de manera que los residentes se sintieran seguros para llevar a cabo sus actividades diarias.

Podían realizar todas estas actividades, lícitas e ilícitas, bajo la protección proporcionada por
sus conexiones con los oficiales militares, el servicio de inteligencia y los funcionarios
gubernamentales.

A continuación, se describen de tres puntos de mayor influencia en el tema de narcotráfico;

detallando las diferencias significativas en sus características políticas, económicas, y sociales.
Estas diferencias dan lugar a variaciones entre los sistemas e instituciones políticas, sus
relaciones con el gobierno nacional y las fuerzas de seguridad, y las interacciones entre las
organizaciones criminales y la comunidad:

Sayaxché
Sayaxché presenta el caso de una comunidad de rápido cambio demográfico y pobreza de
capital social. Hay pocas iglesias y organizaciones no gubernamentales que tengan capacidad
de proveer oportunidades de acciones colectivas locales. El gobierno local que estuvo a cargo
del municipio hasta el 2011, era impopular y percibido en gran medida como corrupto. Los
grupos traficantes de drogas, especialmente los Zetas, son cada vez más activo en el tráfico
local (en colaboración con el grupo guatemalteco de los Lorenzana) y su presencia se
superpone a las actividades tradicionales que siempre han sido parte de la vida de la
comunidad. La debilidad de las instituciones locales permite a estos grupos funcionar en la
región sin tener que acomodarse o cooptar a los actores locales u organizaciones. Funcionan
con relativa libertad, sin los obstáculos o los impedimentos que implica la interacción con la
comunidad local.

Sin embargo, esta actividad delictiva tiene importantes efectos positivos: crecimiento económico
que se manifiesta, sobre todo, en las zonas más próximas a la frontera con México. Por
ejemplo, hay evidencia de una pequeña clase media, pero creciente, que envía a los niños a las
escuelas privadas en tasas sin precedentes. Se sabe también que Los Lorenzanas y sus socios
también proporcionan cierto grado de seguridad contra la delincuencia común. A pesar de estos
“positivos” efectos, la comunidad percibe con profunda preocupación la creciente presencia de
traficantes de drogas, y el aumento de los residentes locales dispuestos a prestarle servicios a
estos grupos.

Gualán
El caso Gualán -cerca la frontera con Honduras, en una región de Guatemala reconocida por su
violenta forma de vida fronteriza- ilustra tanto los beneficios como los costos del incremento del
tráfico de drogas. Gualán está creciendo económicamente, sobre todo debido a la producción
de tomates para la exportación, pero es evidente que mucho de ese dinero está ligado al tráfico
de drogas. No obstante la existencia de instituciones locales, el capital social en términos de
una capacidad de articulación y movilización social en apoyo de los intereses colectivos, es
baja. El alcalde, reelecto en las elecciones del 2011, según mucho de los residentes, es
percibido menos como un proveedor efectivo de servicios o un líder, y más como un defensor
de los intereses locales en contra de un gobierno depredador federal.

Gualán durante décadas ha sido excepcionalmente violento, pero aún así ha experimentado un
empeoramiento de su situación de seguridad debido al tráfico de drogas. los señores, una red
de terratenientes y empresarios locales vinculados con el tráfico y los grupos criminales, han
proporcionado tradicionalmente seguridad contra los delincuentes y la delincuencia común, en
lugar de la policía. Para muchos en la comunidad, ellos siguen representando la mejor defensa
local contra una posible asunción de los carteles mexicanos, o mucho peor, de los Zetas.

Malacatán
Malacatán es una comunidad relativamente grande y próspera ubicada junto a una importante
carretera cerca de la frontera con México. Durante décadas los “Malacateños” han prosperado
por el cultivo del café, otros productos agrícolas y la oferta típica de las ciudades fronterizas,
donde el comercio y el contrabando son constantes. Malacatán goza de un nivel relativamente
alto de capital social, reflejado en numerosos grupos de interés que se organizan en las iglesias
locales y una diversidad de asociaciones, muchas de las cuales están relacionadas con la
industria. La oficina del alcalde también tiene una fuerte presencia, y es reconocido dentro de la
comunidad por su capacidad para negociar con éxito entre los diversos grupos de intereses en
la región, incluyendo a los narcotraficantes. La red creada y dirigida por Juan "Chamalé" Ortiz
tipifica una organización criminal bien articulada en la sociedad y la economía local. Ortiz en
parte es considerado un peligroso criminal, pero también se le ve como un benefactor de las
iglesias locales y las familias de la zona. Para muchos es un "chico local que hizo el bien" Su
detención en mayo del 2011 ha creado incertidumbre y cierto temor en toda la comunidad.

NARCOACTIVIDAD EN GUATEMALA
Las sustancias psicoactivas clasificadas como ilícitas -como la marihuana, la cocaína y la
heroína- están sujetas a controles estrictos en las legislaciones nacionales de los países y en
las tres convenciones internacionales vigentes, debido a que bajo un modelo prohibicionista son
consideradas como peligrosas, altamente adictivas y porque su abuso genera un grave impacto
a nivel social, familiar e individual.

A diferencia del tabaco y el alcohol, que son drogas legales bajo modelos regulatorios, las
sustancias ilícitas depresoras, estimulantes o alucinógenas, sus precursores y equipos de
producción están controlados por los Estados, y están prohibidas también en general la
importación, manufactura, distribución e incluso -como en Guatemala- la posesión de tales
sustancias para consumo personal con fines recreativos.

La narcoactividad describe todos aquellos comportamientos que están relacionados con el

cultivo, manufactura, distribución, venta, posesión y consumo de drogas ilícitas.

El tráfico, la distribución y la venta de sustancias ilegales son actividades que amenazan la

institucionalidad pública, debido a que, al igual que para la comisión de otros delitos, se
necesitan crear estructuras paralelas que permean las entidades públicas y privadas para
facilitar tales acciones y además legitimar los fondos obtenidos con ellas (lavado de dinero).
Guatemala, por su posición geo-gráfica, es una vía utilizada para el tráfico ilícito de drogas,
sobre todo de cocaína hacia Estados Unidos.
 Se estima que el 80 por ciento de la cocaína producida en Sudamérica pasa por el istmo
centroamericano. El Gobierno de Guatemala prácticamente no destina recursos públicos para
conocer a mayor profundidad la realidad sobre el consumo de drogas, reguladas o prohibidas.

En el marco que regula la narcoactividad en el país, (Ley contra la Narcoactividad, Decreto 48-
92 del Congreso de la República) que-da establecido que el Estado prohíbe y penaliza, parcial
o totalmente, la producción, el tráfico, promoción, así como la posesión para el consumo de
drogas.
Se asume que el daño producido por la narcoactividad amerita una amplia y fuerte intervención
del Estado para controlar, criminalizar y penalizar su producción, distribución y venta.

Delitos relacionados con la narcoactividad

Delito Pena
Prisión de 12 a 20 años. Multa de Q50,000.- a
Tránsito internacional (Art 35) Q1,000,000.-

Prisión de 8 a 20 años. Multa de Q50,000.- a

Comercio, tráfico y almacenamiento ilícito (Art 38) Q1,000,000.-

Prisión de 4 meses a 2 años. Multa de Q 200.- a Q

Posesión para el consumo (Art 39) 10,000.-

Prisión de 2 a 5 años. Multa de Q 5,000.- a Q

Promoción o estímulo a la drogadicción (Art 49) 100,000.-

Dos aspectos clave destacan de esta Ley:

I. La tipificación de la posesión para el consumo, comparado con otros países

latinoamericanos en donde hay una tendencia despenalizadora o bien una reducción de las
penas;
II. La discrecionalidad que otorga a los jueces para aplicar las sanciones mínimas o máximas, a
los cómplices y autores, en virtud de que no existen criterios expresos y predeter-minados al
respecto.

Dimensión de la narcoactividad en Guatemala

Guatemala si bien no es un gran productor de drogas, ha representado una vía significativa
para el tráfico ilícito de cocaína, desde los países productores de Sur América a los principales
mercados de América del Norte.

No se sabe con certeza cuánta droga pasa anualmente por el país, sin embargo, las
incautaciones de cocaína se triplicaron entre 2015 y 2019, pasando de 6,175 a 18,908 kilos
incautados por las fuerzas de seguridad (ver Gráfica 1). En el año 2020, debido a la pandemia
de
COVID-19, hubo pausas en las actividades ilícitas y la cifra de kilos de cocaína incautados en el
año bajó a 13,633 (28% menos respecto a 2019 y cifra similar a lo incautado en 2017). Cuando
se observan los datos de las incautaciones por trimestre, se encuentra que conforme se
reanudaban actividades públicas y privadas, se activaba el movimiento de drogas en la región:
el
38% de todas las incautaciones se hicieron en el último trimestre del año (ver Gráfica 2). En
todo
2020 fueron detectadas 39 aeronaves realizando vuelos ilegales y destruidas 16 pistas
clandestinas de aterrizaje. En 2019 se detectaron 54 aeronaves y se destruyeron 26 pistas.

Kilos de cocaína incautados, 2015 a 2020.

El decomiso de cocaína en 2020, durante el primer año de Gobierno de Alejandro Giammattei,

también fue menor a las incautaciones que se registraron en 2019.
    
Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron -durante el año 2021- 19,20 % menos de
cocaína con relación al 2020, según estadísticas divulgadas este sábado (01.01.2022) por la
Policía Nacional Civil (PNC).

La Subdirección General de Análisis e información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC detalló que

en 2021 se decomisaron 11.011 kilos de cocaína, 2.617 kilos menos (19,2%) a los 13.628 que
se incautaron en el país centroamericano durante el 2020. El decomiso de cocaína en 2020,
durante el primer año de gestión del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, también fue
menor en 28,28 % a las incautaciones que se registraron en 2019.

Según el informe de la SGAIA, además de la cocaína en 2021 se erradicaron más de 21,52

millones de matas de amapola de cuyo bulbo se extrae el opio crudo; unos 3,33 millones de
plantas de cannabis y se destruyeron 1,76 millones de arbustos de coca. También, se
decomisaron 14 kilos de metanfetaminas; 9 de crack; 2.238 de cannabis procesado, así como
23 toneles y 3 recipientes plásticos con droga sintética.

En el 2021, Guatemala rompió récord al capturar a 57 personas reclamadas en extradición por

delitos de narcotráfico por la Justicia de Estados Unidos. De acuerdo con las estadísticas
oficiales, en 2020 el país centroamericano capturó a 15 personas en condiciones similares; en
2019 fueron 21; mientras que en 2018 arrestaron 8 personas, en 2017 fueron 21 y en 2016 la
cifra ascendió a 14.

En el 2019, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 19.000 kilos de cocaína, la mayor
cantidad de la historia por encima de los 16.829 de 2018 y los 13.600 de 2017, de acuerdo con
datos oficiales del Ministerio de Interior.

Informe del mes de septiembre de 2022

Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (PLADEIC).

Ciudad de Guatemala, 13 oct (AGN).- El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que del 1

de enero al 10 de octubre de 2022 se han incautado al narcotráfico 3 mil 550 millones 839 mil
188 quetzales en concepto de drogas, bienes y dinero.

El Gobierno de Guatemala reitera las acciones para combatir el narcotráfico y el crimen

organizado transnacional en el territorio.

En ese sentido, la estrategia del combate al narcotráfico la ha realizado el Quinto

Viceministerio del Mingob y el trabajo operativo, los agentes de la Subdirección General de
Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC).

Drogas decomisadas

Las estadísticas de la cartera señalan que a la fecha se tienen las siguientes incautaciones de
droga:

 mil 564 kilos de cocaína, 160 millones

757 mil 242 quetzales
 40 kilos de anfetaminas, 300 mil
quetzales
  51 kilos de metanfetaminas, 37 mil 680
 7 kilos de crack, 931 mil 709 quetzales
 un kilo de efedrina, 100 mil quetzales
 9 millones 127 mil 172 matas de amapola, 228 millones 179 mil 300 quetzales
 30 libras de semillas de amapola, 240 mil quetzales
 5 millones 87 mil 246 matas de marihuana, mil 907 millones 797 mil 250 quetzales
 4 mil 438 libras de marihuana procesada, un millón 664 mil 509 quetzales
 mil 21 onzas de semillas de marihuana, 86 mil 797 quetzales
 12 toneles de precursores químicos, un millón 872 mil quetzales
 14 canecas de precursores químicos
 2 millones 818 mil 99 arbustos de coca, 28 millones 990 mil quetzales
 398 pastillas de éxtasis, 20 mil 357 quetzales.

CONCLUSIÓN
En Guatemala, la actividad del narcotráfico ha presentado variaciones durante la pandemia del
COVID-19, en el año 2020 y en el año 2021, mostrando una reducción en la incautación de
aeronaves vinculadas a la narcoactividad.

En el 2021 se reporta una significativa reducción de las incautaciones de cocaína en el país,

comparado al periodo de 2020 y la mayoría de estas han sido por la vía marítima.

Los grupos de narcotraficantes han adoptado la modalidad de utilizar a personas en las

comunidades para entorpecer la labor de las autoridades, lo que indica que la ausencia de
instituciones del Estado, permite que miembros del crimen organizado, aprovechen la
necesidad de los pobladores para coaccionarlos a cometer hechos ilícitos.

RECOMENDACIONES
Como parte de una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico, se recomienda estructurar
una “Política para Contrarrestar la Narcoactividad” que contemple las siguientes acciones:
  Integrar los componentes y contenidos vigentes en las acciones de reducción y control
de la narcoactividad en Guatemala.
 Lograr la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio
de la Defensa Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia
de Bancos y otras instituciones de desarrollo, dirigidas al más alto nivel por el
vicepresidente de la República.
 Armonizar con la cooperación internacional, regional y con las agencias
norteamericanas (DEA, INL), como una complementaria y significativa fuente alternativa
de recursos.
 Destinar los recursos financieros necesarios para la implementación de la política
(equipo, personal y otros), con base en un plan multianual.

BIBLIOGRAFÍA
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