Síntesis de la Historia Argentina

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Argentina indígena
La población del actual territorio argentino a la llegada de los españoles a principios del
siglo XVI sumaba unas 330.000 personas agrupadas en una veintena de grupos étnicos.
Los habitantes del Noroeste, de las Sierras Centrales y de la Mesopotamia practicaban
la agricultura, mientras que el resto del territorio estaba ocupado por grupos de
cazadores-recolectores. Las culturas más extendidas fueron los diaguitas al Noroeste,
los guaraníes, los tupíes, los tobas y los guaycurúes en el Noreste, los pampas en el
centro y los tehuelches, mapuches y onas en el Sur.

Conquista y colonia (1492-1776)

En 1536 Don Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Ayres, la primera
ciudad argentina. La miseria y el hambre doblegaron a Mendoza y su gente y Buenos
Aires quedó despoblada hasta su segunda fundación por Juan de Garay en 1580. Las
ciudades argentinas fueron fundadas por conquistadores que provenían de distintas
zonas de América. La corriente pobladora del este, llegada desde España, tomó como
base de operaciones la ciudad de Asunción y fundó las ciudades litorales. La que vino
desde el Perú ocupó el Tucumán, como se llamaba entonces a todo el Noroeste
argentino. Las ciudades cuyanas fueron fundadas por la corriente proveniente de Chile.

Virreinato (1776-1810)
Lo que hoy es la Argentina perteneció al virreinato del Perú hasta que en 1776 el rey
Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de
Ceballos. La capital, Buenos Aires, se convirtió en un gran puerto comercial y se
incrementó notablemente la exportación de cueros, tasajo y de la plata proveniente de
las minas del Potosí. El sistema de monopolio impuesto por España prohibía comerciar
con otro país que no fuera la propia España. Esto encarecía notablemente los productos
y complicaba la exportación al tiempo que fomentaba el contrabando a gran escala. En
1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas, que fueron rechazadas por el
pueblo de Buenos Aires, alistado en milicias de criollos y españoles. En cada milicia, los
jefes y oficiales fueron elegidos democráticamente por sus integrantes. Las milicias se
transformaron en centros de discusión política.

Independencia (1810-1820)
Las invasiones inglesas demostraron que España estaba seriamente debilitada y que no
podía ni abastecer correctamente ni defender a sus colonias. La ocupación francesa de
España por Napoleón, la captura de del Rey Carlos IV y su hijo Fernando VII y la caída
de la Junta Central de Sevilla decidieron a los criollos a actuar. El 25 de mayo de 1810
se formó la Primera Junta de gobierno presidida por Cornelio Saavedra, que puso fin al
período virreinal. Mariano Moreno, secretario de la Junta, llevó adelante una política
revolucionaria tendiente a fomentar el libre comercio y a sentar las bases para una
futura independencia.

Entre 1810 y 1820 se vive un clima de gran inestabilidad política. Se suceden los
gobiernos (Primera Junta (1810), Junta Grande (1811), Triunviratos (1811-1814) y el
Directorio (1814-1820) que no pueden consolidar su poder y deben hacer frente a la
guerra contra España. En esta lucha se destacaron Manuel Belgrano, José de San
Martín, llegado al país en 1812, y Martín Miguel de Güemes. Las campañas
sanmartinianas terminaron, tras liberar a Chile, con el centro del poder español de
Lima. El 9 de julio de 1816 un congreso de diputados de las Provincias Unidas proclamó
la independencia y en 1819 dictó una constitución centralista que despertó el enojo de
las provincias, celosas de su autonomía.

Era de Rivadavia (1820-1829)

A partir de 1819 en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los
federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del
poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga
guerra civil cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda en febrero de 1820, cuando
los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco
Ramírez, derrocaron al directorio. A partir de entonces, cada provincia se gobernó por
su cuenta. La principal beneficiada por la situación fue Buenos Aires, la provincia más
rica, que retuvo para sí las rentas de la Aduana y los negocios del puerto.

Época de Rosas (1829-1852)

En 1829 uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas,
asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el
país. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, retuvo el poder en forma
autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque
contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas.
Durante el rosismo creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las
exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la Ley de
Aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución,
porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la
pérdida de la hegemonía porteña.

Buenos Aires y la Confederación (1852-1862)

Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de
ganado como Buenos Aires que se veía seriamente perjudicada por la política de Rosas,
que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y el desarrollo
provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó, con ayuda brasileña,
el Ejercito Grande con el que derrotó definitivamente a Rosas en Caseros el 3 de febrero
de 1852. Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe que en mayo de
1853 sancionó la Constitución Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses
de la clase alta porteña seguían siendo los mismos y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina
dieron un golpe de estado, conocido como la «Revolución del 11 de Septiembre de
1852». A partir de entonces, el país quedó por casi diez años dividido en dos: el Estado
de Buenos Aires y la Confederación (el resto de las provincias con capital en Paraná). La
separación duró casi diez años, hasta que en septiembre de 1861, el líder porteño
Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó al país bajo la tutela porteña.

Organización nacional (1862-1880)

Luego de la batalla de Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre (1862-68),
Domingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolás Avellaneda (1874-1880), quienes
concretaron la derrota de las oposiciones del interior, la ocupación del todo el territorio
nacional y la organización institucional del país fomentando la educación, la agricultura,
las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al
mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas.

República liberal (1880-1916)

En 1880 llegó al poder el general Julio A. Roca, quien consolidó el modelo económico
agroexportador y el modelo político conservador basado en el fraude electoral y la
exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron
notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles y creció
nuestra deuda externa. En 1890 se produjo una grave crisis financiera en la que se
cristalizaron distintas oposiciones al régimen gobernante. Por el lado político, la Unión
Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por
el lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores desde
los gremios socialistas y anarquistas.

La lucha radical, expresada en las revoluciones de 1893 y 1905, y el creciente

descontento social, expresado por innumerables huelgas, llevaron a un sector de la
clase dominante a impulsar una reforma electoral para calmar los ánimos y trasladar la
discusión política de las calles al parlamento. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña
logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que estableció el voto secreto y
obligatorio.

Primeros gobiernos radicales (1916-1930)

La aplicación de la Ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno.
Los radicales gobernaron el país entre 1916 y 1930 bajo las presidencias de Hipólito
Yrigoyen (1916-1922) (1928-1930) y Marcelo T. de Alvear (1922-1928), e impulsaron
importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la
democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la
enseñanza universitaria. El período no estuvo exento de conflictos sociales derivados de
las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la
de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas con miles de
trabajadores detenidos y centenares de muertos.

Década infame (1930-1943)

El 6 de septiembre de 1930 los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo
encabezaron un golpe de estado, apoyado por grupos políticos conservadores, y
expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un período en el que volvió el fraude
electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el Pacto Roca-
Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia Argentina con ese
país. Se sucedieron los gobiernos conservadores (el general Uriburu, entre 1930 y
1932; el general Justo, entre 1932 y 38; Roberto Ortiz, entre 1938 y 1942, y Ramón
Castillo, entre 1942 y 1943), que se desentendieron de los padecimientos de los
sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más
poderosas del país.
Ascenso y auge del peronismo (1943-1955)
En 1943 un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de estado y derrocó al
presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón,
quien, desde la secretaría de Trabajo y Previsión, llevó adelante una política tendiente a
mejorar la legislación laboral y social (vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de
trabajo). El apoyo popular a Perón lo condujo al gobierno en las elecciones de 1946.
Durante sus dos presidencias (1946-1952 y 1952-1955) Perón, que ejerció el poder
limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, impulsó una política que
combinaba el impulso de la industria, el empleo, las comunicaciones y los transportes,
con la acción social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de
hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos, y ayuda económica para los más
pobres.

“Revolución libertadora” (1955-1958)

En 1955 un golpe militar con amplio apoyo político y social derrocó a Perón, quien
marchó al exilio. Tras el breve interregno de Lonardi, militar de corte nacionalista y
católico, un nuevo golpe de comando puso al Ejército, representado por Pedro Eugenio
Aramburu, y a la Marina, representada por Isaac Rojas, a la cabeza de un gobierno,
cuyo objetivo medular era eliminar al peronismo de la vida nacional, apuntando
fundamentalmente al movimiento obrero. El decreto 4161 y los fusilamientos de junio
de 1956, máxima expresión de la reacción, se combinaron con la reforma de la
constitución (1957) y la implementación de un proyecto económico liberal ideado por
Raúl Prebisch, que buscaba desmontar el modelo peronista y lograr la “estabilización”
económica con el respaldo del FMI. En este marco de violenta persecución, comenzó la
denominada “resistencia peronista”, que se extendió también a numerosos sectores
populares no peronistas. No sin oposición interna, el régimen militar concedió una
apertura electoral que creyó controlar y que dio paso al período de las democracias
condicionadas encabezadas por gobiernos radicales.

Frondizi e Illia (1958-1966)

En 1958 el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al
gobierno tras sellar una alianza con Perón. Sin embargo, su política desarrollista,
llevada a cabo mediante la contratación de empresas extranjeras para la extracción de
petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación de
medidas liberales, no tardaron en granjearle la hostilidad del peronismo. Para hacer
frente a las manifestaciones de descontento, el gobierno puso en marcha el “plan
Conintes”, que otorgó al Ejército la facultad de arrestar, detener e interrogar a
gremialistas y opositores. Su política exterior y el triunfo del peronismo en las
elecciones de 1962 precipitaron un nuevo golpe de estado. Procurando salvar la
institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María Guido, cuyo
gobierno estuvo tutelado desde las filas castrenses. Las elecciones presidenciales de
1963, con proscripción del peronismo, llevaron a la presidencia a Arturo Illia, de la
Unión Cívica Radical del Pueblo. La anulación de los contratos petroleros, la Ley de
Medicamentos y un aumento en la inversión en salud y educación cosecharon hostilidad
en el empresariado. El peronismo, especialmente su base sindical, y la prensa llevaron
adelante una fuerte campaña contra el líder radical, dejando el terreno libre para que,
una vez más las Fuerzas Armadas, asestaran un nuevo golpe a la democracia. El 28 de
junio de 1966, Juan Carlos Onganía asumió de facto el mando del país. Contaba, una
vez más, con amplio apoyo político y social.

La “Revolución argentina” (1966-1973)

El general Juan Carlos Onganía aplicó, con apoyo del FMI, un fuerte programa liberal
orientado a satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos, al tiempo que,
bajo los auspicios de la Doctrina de la Seguridad Nacional impulsada por Estados
Unidos, convirtió la persecución del peronismo en la del comunismo y de las guerrillas.
Implantó una rígida censura, que alcanzó a toda la prensa y a todas las manifestaciones
culturales, incluyendo la intervención de las universidades y la expulsión de profesores
opositores, que derivó en lo que se conoce como la “fuga de cerebros”. Sin embargo,
las movilizaciones estudiantiles, las insurrecciones populares (como el Cordobazo) y la
organización guerrillera debilitaron al gobierno provocando un golpe interno. En junio
de 1970 asumiría Roberto Levingston, de corte nacionalista, que no lograría contener
las protestas populares y la actividad guerrillera. Una segunda manifestación popular en
Córdoba, conocida como el “Viborazo”, dio por tierra con este nuevo gobierno. En
marzo de 1971, asumió Alejandro Agustín Lanusse, quien propugnó una política
conciliatoria, a través del GAN (Gran Acuerdo Nacional), permitiendo el regreso de Juan
Domingo Perón y convocando a elecciones nacionales sin proscripciones para el
peronismo. En marzo de 1973, el triunfo sería para los candidatos de esa fuerza, Héctor
Cámpora y Vicente Solano Lima.

Vuelta de Perón (1973-1976)

Entre 1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con cuatro presidentes
(Cámpora, 1973; Lastiri, 1973; Perón, 1973-1974; e Isabel Perón 1974-1976), quienes
intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el
impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de
precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a
la crisis económica mundial de 1973, complicaron la situación, que se agravó aún más
con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora, Isabel Perón, de
conducir el país. Esta crisis fue aprovechada para terminar con el gobierno democrático
y dar un nuevo golpe militar, que contó una vez más con un amplio respaldo civil.

Dictadura (1976-1983)
La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo
respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente
de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito,
como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y
desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del Ejército argentino en
Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por cinco, la destrucción de gran parte
del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las
empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos y de la implementación de
una política económica que beneficiaba a los grupos económicos locales y extranjeros.

Raúl Alfonsín (1983-1989)

El 10 de diciembre de 1983, después de casi veinte años, el radicalismo volvía al
gobierno tras el triunfo de Raúl Alfonsín. Empujado por la fuerza de los organismos de
derechos humanos que nacían tras la feroz represión militar, el líder radical abrió las
puertas a las denuncias y a una primera investigación sobre los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura, que se reflejó en el informe de la CONADEP
y que permitió que fueran juzgadas las cúpulas militares en el Juicio a las Juntas.
Aunque insuficiente para algunos organismos, la política de derechos humanos de
Alfonsín fue severamente atacada por amplios sectores militares, que produjeron el
movimiento carapintada, los retrocesos hacia las Leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, y el último intento guerrillero que culminó en la masacre de La Tablada. Pero lo
que había cambiado sustancialmente eran las bases económicas. Con el creciente
poderío de los grupos financieros y un mecanismo de endeudamiento externo
incontrolable, Alfonsín cedió ante las recetas liberales y no logró reencauzar una
economía desindustrializada y anémica. Con escaso apoyo social, frente a un peronismo
conspirativo y con los grupos económicos en contra, la hiperinflación obligó a Alfonsín a
renunciar antes de tiempo. Vendría el tiempo del “menemato”.
Carlos Menem (1989-1999)
La caída del Muro de Berlín y el fin de la era del mundo bipolar se combinaron con el
avance de Estados Unidos hacia la región latinoamericana, cuya formulación más
emblemática en materia económica fue el Consenso de Washington, una serie de
medidas que establecían la aplicación en América Latina de un proyecto de corte
neoliberal. Carlos Menem, el candidato peronista que accedió a la presidencia en 1989,
procedió paradójicamente a implementar este programa, que se encontraba en las
antípodas de su prédica electoral y de los postulados históricos del peronismo. La
privatización de empresas estatales, como YPF, Aerolíneas Argentinas, Entel, Gas del
Estado, entre otras, fue acompañada por una apertura indiscriminada del mercado a los
productos y capitales extranjeros y por una política de “relaciones carnales” con los
Estados Unidos. El proyecto se completó con el Plan de Convertibilidad monetaria
impulsado por Domingo Cavallo y las renegociaciones de la deuda externa, que
provocaron una mayor dependencia y endeudamiento. El modelo suscitó el apoyo de los
sectores medios, que inicialmente se vieron beneficiados por la política monetaria y de
importación. Pero pronto comenzaron a hacerse visibles los efectos devastadores en
términos sociales y culturales, con una explosión de la desocupación y de la pobreza, y
con la visibilidad e impunidad de la corrupción a gran escala. A ello se sumaba una
política de “reconciliación” plasmada con los indultos a las cúpulas militares que
implementaron el Terrorismo de Estado y también a las guerrilleras. El descontento
social no se hizo esperar y algunos estallidos populares (Santiagueñazo y piqueteros en
CutralCó y General Mosconi) fueron acompañados por la convergencia política de
amplios sectores en lo que terminaría conformando el crítico y progresista espacio del
FREPASO y la posterior moderada Alianza en 1997, que con Fernando de la Rúa a la
cabeza, pondría fin al gobierno menemista en 1999, pero no al modelo neoliberal
implementado.