Entre los años 2013 y 2018 la delincuencia se mantuvo como uno de los principales

problemas del país percibidos por la ciudadanía (según el PLAN NACIONAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA 2019 –2023, establecido por el Mininter); en el año 2013
Ipsos Perú realizó una encuesta donde fueron entrevistados 1.210 hombres y mujeres de
18 años a más en 17 ciudades de la costa, sierra y selva del país. Siendo la
representatividad: 75,2% de la población electoral urbana del Perú.
Obteniendo como resultado. El 86% de los entrevistados se siente inseguro cuando sale
a la calle. Además, un 52% considera que también percibe inseguridad en su propia
casa. El delito en la última década se ha incrementado y especializado, poniendo así en
una situación vulnerable al ciudadano. Los criminales se han especializado y vuelto
cada vez más avezados, y sin importar los grandes esfuerzos de las fuerzas del orden,
estas ultimas han sido burladas en diversas ocasiones, tal vez porque la corrupción
estructural ha corrompido a algunas de las instituciones, el hampa valiéndose de
efectivos inescrupulosos y de poca moral, han logrado establecer lazos corruptos que
hacen ineficaces las valerosas acciones de efectivos leales a la institución y al estado.
Sin duda esta ultima es una de las causales más vergonzosas, pero ciertas del
incremento de la inseguridad ciudadana, en el país y en la región. Existen relatos
desagradables de ciudadanos que fueron victimas de robos a plena luz del día, incluso
cerca de inmediaciones policiales, la indignación en estos casos, no es lo
suficientemente grande, sin embargo, vemos que lo que antes eran hampones, algunos
golfillos malhechores, el problema ha incrementado de manera desmedida por la misma
organización criminal y existente. Ya no estamos hablando de un “raterillo” cualquiera,
si no que por lo general suelen pertenecer a una banda delincuencial grande que recluta
a jóvenes para sus filas, es por ello que lamentablemente vemos, que quienes por lo
general son detenidos son en muchos casos menores de edad; no es raro ver titulares de
noticias que informan que un menor ha sido detenido en flagrancia delictiva, en delitos
como robo, hurto, marcaje, cobro de cupos, y hasta sicariato.

Tal vez el problema de la inseguridad ciudadana radique en un nivel mucho más

estructural de lo que parece, en la célula base de la sociedad, que es la familia; pues
analizando el problema a un nivel más micro, en nuestra región La Libertad, la nueva
modalidad de las grandes bandas delincuenciales (asociaciones ilícitas para delinquir),
cuando existe un menor en situación de abandono, ya sea por orfandad o otros factores,
si el estado no ha sido capaz de tutelar a ese menor, las bandas que han ocupado un
sector en específico, comienzan a acechar a estos menores vulnerables, y a cambio de
algunos incentivos tan básicos como ropa, comida o tal vez celulares estos menores son
arrastrados a sus fauces. Tal es el caso conocido del sicario juvenil Alexander Manuel
Pérez Gutiérrez, apodado “Gringasho” quien inició su actividad criminal a los 12 años,
y finalmente fue recluido por una serie de delitos que implicaban varios asesinatos en la
modalidad de sicariato, entre ellos el de una joven mujer embarazada. Lamentablemente
el caso de este joven no es el único, sin embargo, si es el ejemplo más evidente de uno
de los delitos que más vulnera la seguridad ciudadana en nuestra región que es el
sicariato y delincuencia juvenil. Existen otros tipos de delincuencia frecuente, como el
robo en vehículos con amenaza de arma de fuego. También es frecuente el robo bajo la
modalidad de marcaje que ocurre cuando un ciudadano es asaltado después de hacer
retiros bancarios de grandes cantidades, en algunos casos los llamados marcas llegan a
realizar persecución a su víctima. En este tipo de delito vemos el avance de la
organización criminal, puesto que como se ha demostrado en varias investigaciones
policiales, existe un estudio previo del sujeto víctima, incluso hay coalición de algún
conocido que, de aviso del retiro, u otro delincuente parte de la banda es encargado de
vigilar a la víctima. Y como ultimo delito conocido y frecuente escogido como
determinante en nuestra región tenemos la modalidad de extorsión bajo cobro de cupos,
conocido es que el territorio ha sido repartido entre bandas criminales quienes se ocupan
de la protección de ciertos negocios, establecimientos, etc a cambio de una cantidad de
dinero; son muchos los casos de quienes no han querido pagar el llamado cupo y han
sido victimas de actos de amenaza como balazos en sus puertas, secuestro de seres
queridos, y hasta asesinato. De esta modalidad de delito también se desprende más
violencia puesto que las bandas criminales están en constante disputa de distintos
territorios de la ciudad, quienes se andan enfrentando constantemente, y termina en
asesinatos por ajuste de cuentas. Finalmente habiendo planteado los problemas de
seguridad ciudadana que tiene nuestra región La Libertad, analizaremos el Plan de
Acción de Seguridad Ciudadana 2021, elaborado por la gobernación de la región.

Según la investigación realizada, existen diferentes documentos oficiales que reafirman

la tesis de que somos víctimas de inseguridad ciudadana, para delimitar el problema y
enfocarnos en la ciudad de Trujillo, las estadísticas afirman que es en la provincia de
Trujillo donde se da el 54% de delincuencia de toda la región La Libertad. Frente a esto,
tenemos que definir que una política pública tiene ciertas características específicas
como son, universal, integral, participativa e intersectorialmente gubernamental. Con
respecto a la seguridad ciudadana como política pública de estado, según el CONASEC
tiene 4 servicios esenciales que son: prevención de la violencia y el delito, control y
persecución del delito, la rehabilitación y reinserción social; y atención a las víctimas.
En el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021 de la región La Libertad, el cual
contiene 104, sin embargo, puede resumirse las primeras 35 páginas en definiciones de
terminología de políticas públicas, y un análisis del progreso del delito en la región que
finalmente nos lleva a concluir que es en Trujillo donde se comete la mayoría de la
actividad criminal, y que la modalidad de asesinato más frecuente es el llamado “ajuste
de cuentas”. Así como algunas estadísticas reveladoras de la población, pues el 10.5%
ha sido victima de robo de celular o cartera, y el 10.1% ha sido victima de más de un
delito y del total de hechos delictivos, se estima que solo el 18.8% llega a realizar una
denuncia policial del delito; lo que nos lleva a una conclusión lógica, de que el
ciudadano no se siente protegido por el estado, y no tiene confianza en sus instituciones,
incluso en el mismo estadístico realizado por el INEI, muchos de los ciudadanos
afirman desconocer el nombre o señas de su victimario, es por ello que la victimización
del ciudadano se ve acrecentada. Aun así, el INEI destaca la disminución del delito en
su informe sobre la delincuencia en la sección de la región La Libertad. Respecto a la
percepción de inseguridad del semestre comprendido entre agosto de 2019 y enero de
2020. En general el 82.3 % de la población cree que será víctima, la percepción de
inseguridad al caminar de noche por su zona o barrio es del 53.8%; cuando se refiere a
la población masculina y femenina, el 80,4% de las mujeres consideran que serán
víctimas de un hecho violento, mientras que el 84.4% de los hombres, piensa lo mismo,
una opinión que pone al descubierto que entre hombres y mujeres no hay mucha
diferencia en cuanto a la percepción de inseguridad. En la priorización de delitos en la
Región La Libertad y de acuerdo a la información oficial, el delito de mayor
connotación social son los homicidios, Extorsión, Hurtos y Robos, Violencia Familiar;
y Muertes por Accidente de Tránsito. Con respecto a la priorización de delitos podemos
observar según las cifras que el homicidio ha aumentado y la tendencia para finales de
2020 e inicios de 2021 era la de seguir aumentando. Sin embargo, al darse la situación
excepcional de la pandemia, y las primeras medidas restrictivas de cuarentena a finales
de marzo de 2020 el ahora expresidente Martin Vizcarra afirmó que la delincuencia
había disminuido exponencialmente en un 84%; pero, también es lógico deducir que
con el “retorno a la nueva normalidad” también han retornado la criminalidad y la
inseguridad ciudadana.

Al respecto de lo expuesto en los párrafos anteriores, como investigador he podido

colegir que si bien el estado se ha preocupado por instaurar políticas publicas de estado
para garantizar la seguridad ciudadana, incluso políticas descentralizadas aplicables
delimitadas solo para la región La Libertad, si bien han servido para reducir las cifras en
los estadísticos de crímenes, también se debería tomar en cuenta que muchos de las
victimas no denuncian, y que en algunos casos los cómplices son los propios efectivos
policiales, entonces vemos que las raíces del problema de seguridad ciudadana, es
mucho mas profundo que el índice de criminalidad en la región. Con respecto al
postulado del CONASEC sobre prevención de la violencia y el delito, parece ser un
éxito viendo los resultados estadísticos, sin embargo, también podría decirse que es una
de las falencias más grandes del sistema en la realidad misma, puesto que a pesar de que
se logra hacer una consecuente persecución del delito en el marco de la ley, el delito ya
ha sido cometido, y en muchos casos este delito puede ser prevenido, y evitar la
victimización del ciudadano y posiblemente truncar una vida criminal. Otro factor
importante es el tema del sistema penitenciario, que tiene como fin la rehabilitación y
reinserción social del reo, sin embargo es evidente para muchos que el sistema
penitenciario en Latinoamérica ha fallado estrepitosamente, y las cárceles se han
convertido en centros de especialización del hampa, es lamentable, pero un delincuente
común que entra en cárcel, al cumplir su condena no está rehabilitado, por el contrario,
lo más probable es que haya aprendido más artimañas, y en algunos caso se debe al fallo
del estado en el punto especifico de la reinserción social, nadie quiere contratar a un ex
carcelario, entonces la desesperación del sujeto lo lleva nuevamente a delinquir, y a
veces el tema va un poco más centrado a lo judicial pues con el concurso real de delitos
y penas, muchas veces para un violador “sale más a cuenta” asesinar a su victima puesto
que, finalmente pagará solamente por el delito de mayor pena, que en este caso seria el
homicidio. En el Código Penal, en el artículo IX del Título Preliminar, se especifica que
“la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora”, así que podemos
afirmar que el sistema de ejecución penal en el Perú ha fracasado. Lo que sin duda trae
consecuencias directas de alta incidencia en la política publica sobre la seguridad
ciudadana.
Durante el inicio de la cuarentena restrictiva por la pandemia, el año pasado se observó
una certera disminución del delito, sin embargo, a partir de ello es que se ha destapado
otro tipo de delitos que implicaban la violencia familiar, violencia contra la mujer y/o
abuso infantil. Sin embargo, durante este periodo hemos visto las múltiples campañas
del estado, como es el caso de la línea 100, lo que quiere decir que no dejaron de lado a
las víctimas que quedaron en cuarentena con sus agresores. Otro ejemplo conveniente es
el de las campañas de prevención del delito informático, puesto que durante la pandemia
la vida de los ciudadanos se vio afectada y el comprar por internet se volvió algo más
usual de lo que ya era. También se elaboraron muchas campañas acerca de los
ciberdelitos de connotación sexual, y como actuar al respecto. Por ello, podemos colegir
que el estado ha cumplido su rol proteccionista al adaptarse a las nuevas necesidades de
la ciudadanía, sin embargo la eficiencia en sí misma es lo que no se puede medir
determinadamente, ya que, la desigualdad social en la que se encuentra dividido nuestro
país es un factor fundamental, para algunos de nosotros la cuarentena era cómoda, sin
embargo muchos sectores de la población se vieron directamente perjudicados, puesto
que algunos de ellos viven “al día” y al pasar estas situaciones penosas, eran
catalogados como infractores del llamado toque de queda, en la misma necesidad de
obtener sustento para su familia. Sin embargo, a finales del año pasado, la ciudadanía
retomo sus actividades de forma casi normal, los delitos comunes volvieron a subir su
incidencia, aunque aun o existan fuentes estadísticas al respecto, se puede afirmas esto a
partir de las noticias o denuncias publicas realizadas por los ciudadanos.

En la actualidad hemos vivido cambios culturales y sociológicos, la pandemia del

COVID 19 fue sin duda un inesperado vuelco a nuestras vidas, las primeras políticas
publicas instauradas para evitar la propagación del virus fueron rápidas, e incluso
aplaudidas las políticas y planes económicos instaurados por la ex ministra Alva,
supuestamente el plan de reactivación económica Alva era el mejor de Latinoamérica,
sin embargo, el estado de emergencia desataría los escaparates y podríamos observar las
grandes falencias de las políticas estatales del Perú y de la mayoría de América latina, el
sistema de salud se declaro colapsado, definitivamente no estábamos preparados para
una situación de esta magnitud, decir que nuestras autoridades lo hicieron lo mejor que
pudieron no es suficiente, puesto que se destapó todo un complot donde los allegados al
gobierno fueron vacunados priorizándose a si mismos sobre la vida del personal de
salud quienes estuvieron en primera fila desde el inicio de la pandemia. Seguido de toda
la tragedia y devastación que dejó los primeros meses de pandemia, el Perú entró en una
grave crisis política, de la que lamentablemente aun no se ha podido salir, el presidente
fue vacado, finalmente se destapo un complot del ex congresista Manuel Merino para
llegar a la presidencia, después de que el pueblo se levantara en marchas y tomara las
calles en defensa de la democracia, y en contra del congreso golpista, marchas que
fueron duramente reprimidas policialmente, dejando como saldo dos jóvenes
universitarios presuntamente victimas de la dura represión policial, finalmente, por la
presión ciudadana el expresidente Merino renunció y se instauraron acuerdos en el
congreso, donde Francisco Sagasti fue elegido en el hemiciclo como presidente de
transición. Los comicios electorales dejaron en segunda vuelta a dos corrientes
totalmente opuestas, por un lado, la ultraderecha representada por Keiko Fujimori, y la
izquierda radical representada por Pedro Castillo, quien finalmente a pesar del
obstruccionismo de su contrincante y aliados alcanzó la presidencia. Durante la
campaña electoral Castillo sobre la seguridad indico que fortalecería las rondas
campesinas, y esta posición es lógica, puesto que el mismo Castillo ha sido rondero, y si
hablamos de eficacia, durante el confinamiento la eficacia de las rondas campesinas fue
aplaudida a nivel nacional, puesto que mientras en las ciudades veíamos a infractores
del toque de queda, en flagrancia de fiestas covid, en los pueblo o comunidades andinas
donde existe la ronda, el índice de infracción de las cuarentena era casi nulo, puesto que
la ronda tiene su propia aplicación del derecho dentro de su jurisdicción, y se podían ver
imágenes donde en Chota, algunos jóvenes revoltosos eran castigados a chicotazos. En
el ideario de Perú Libre, en su capitulo XIII dedica algunos párrafos a la política de
estado sobre seguridad ciudadana. Donde asegura que la inseguridad ciudadana es un
gran negocio para los grandes representantes del libre mercado, y destaca como
problema principal a la tenencia ilegal de armas, también propone que se debe proceder
al cierre de las tiendas y bazares donde se venden armamentos y municiones a
personal civil bajo justificaciones pactadas y que, al declararse la ilegalidad de la
tenencia de armas de fuego a la par debe amnistiarse a los que en el plazo fijado por el
Estado entreguen las armas. También propone la especialización de la PNP en nuevos
delitos, para que sean capaces de prevenirlos; y que los efectivos deben portar solo su
arma de reglamento y no armas particulares puesto que esto también genera que
delincuentes usen estas armas para cometer delitos. Comparto el punto del ideario, en la
parte de que el estado es responsable de analizar el origen de la delincuencia “La
inseguridad ciudadana no se puede derrotar si no atendemos sus causas o factores
predisponentes relacionados a la delincuencia como el analfabetismo, pobreza,
migración, desempleo, trata, salarios bajos, derechos laborales restringidos,
explotación, corrupción institucional, etc.”; también hay una idea rescatable y rentable
sobre el sistema de ejecución penal en el Perú; “Muchos reos que purgan penitenciaría
no tienen economía al salir de la cárcel y vuelven a delinquir, porque el Estado
no tiene un plan al respecto. Los reos deben producir para el sector público o
privado, el juez debe fijarlo en la sentencia, de lo producido el 50% debe destinarse a
su familia, 30% para gastos personales y 20% debe depositarse en una cuenta
personal, pero además debe promover su empleo en el sector público o privado previa
calificación y aceptación de las partes.” que de instaurarse adecuadamente podría
disminuir el índice de reincidencia del delincuente. Los planes establecidos previamente
son los que se siguen ejecutando, aun en estos primos días de gobierno, no hemos
observado la posición del nuevo gobierno con respecto a la política de seguridad
ciudadana.

Por último, con la investigación realizada y la información antes expuesta podemos

concluir, que el estado sí ejecuta las políticas publicas en seguridad ciudadana, que
existe el organismo llamado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el
encargado de la formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y
actividades en materia de seguridad ciudadana a nivel nacional, y lo preside la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la secretaría técnica está a cargo del
Ministerio del Interior (Mininter) a través de la dirección general de Seguridad
Ciudadana. Asimismo, vemos que constantemente el estado se hace presente con
campañas informando sobre los nuevos tipos de delitos existentes, que hacen un trabajo
de inteligencia organizado para la prevención del delito. Y que han tratado de adaptarse
a las circunstancias pandémicas. Sin embargo, creo firmemente de que podría mejorarse
la eficacia de las políticas publicas si se trabajara conjuntamente con otros ministerios,
por ejemplo con el MIMP, creando programas basados en los de otros países, como por
ejemplo en Estados Unidos el cuerpo policial como parte de su responsabilidad social
elaboran programas donde en las áreas mas problemáticas se hacen cargo de menores en
riesgo, y con apoyo estatal algunos de ellos se convierten en efectivos policiales o se les
facilita conseguir empleos simples. Si es que este tipo de políticas se instauraran en
nuestro país seria realmente un gran avance sociológico, puesto que estaríamos salvando
el futuro de nuestra juventud. Algunas ONG extranjeras ya realizan trabajos similares,
ubicando a las llamadas zonas rojas, e invitando a los estudiantes a asistir contra horario
escolar a cursos, talleres o capacitaciones, para evitar que sean captados por las bandas
criminales. Finalmente concluyo esta investigación esperando que en algún momento el
estado pueda mostrarse más eficiente e inclusivo en este tipo de políticas públicas.

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