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ec

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador

Departamento de Estudios Políticos
Convocatoria 2013-2015

Tesis para obtener el título de maestría en Ciencias Políticas

¿Demócratas o correístas?: Características de la movilización ciudadana, marcos de

significación y emociones alrededor de la insubordinación policial del 30-S en Quito.

Francisco Esteban Montahuano Ortega

Asesor: Franklin Ramírez Gallegos

Lectores: Sofía Arguello y Felipe Burbano de Lara

Quito, julio de 2017

I
 Dedicatoria

A mi madre, mujer peregrina de coraje y amor.

A mi viejo, porque su recuerdo me traslada a estados

En los que se conjugan la integridad y felicidad.

A mi abuela Graciela, de quien heredé parte de mis vocaciones.

II
Tabla de Contenidos

Resumen………………………………….…………………………………………….....VI
Agradecimientos………………………………..………………………………………..VII
Introducción…………………………………………………………………………...…...1
Capítulo 1…………………………………………………………………………….…...11
El contexto político del 30-s a la luz de la estructura de oportunidades políticas…….…...11
1. Accesibilidad al sistema político..............................................................................12
2. La variación de las diferentes fuerzas política…......................................................18
3. Los aliados influyentes……………………………….…………….………………21
4. Modificaciones estructurales a la Policía y Fuerzas Armadas……..………………25
Capítulo 2…………………………………………………………………………..…..….29
Dinámica del 30-S: Espacios, actores, y repertorios de protesta…………..……...……….29
1. El Regimiento Quito No. 1 ……………………….………..……….……………..30
2. Sucesos en la Asamblea Nacional…………………………….......…………….....39
3. Irrupción al canal público ECTV…………………………………..................…...42
4. El bloqueo del aeropuerto y Base Aérea Ecuatoriana………………………..........43
5. Protestas en el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Tránsito…………..………44
6. Caos y desorden en otras provincias el país…………………………………..…..44
Capítulo 3…………………………………………………………………….…..…........50
Correístas, gobiernistas y demócratas. Análisis de los marcos de significación y…..……50
emociones resultantes del 30-S…………………………………………………..………..50
1. El ‘objeto’ motivador: marcos de agencia alrededor del 30-S……………..…......51
2. El policía es tu enemigo: marcos de injusticia alrededor del 30-S……….............59
3. El ‘nosotros’ ciudadano del 30-S: identidades colectivas acotadas……...…….....69
Conclusiones…………………………………………………………...……...…….…...74
Anexo 1……………………………………………………………………...…………...84
Glosario…………………………………………………………………...…..….……...86
Lista de referencias………………………………………………………..……...…….88

III
Lista de Tablas

Tabla 1.1………………………………………………………………………………….71
Tabla 2.1………………………………………………………………………………….73

IV
Resumen

La aprobación de la Constitución en el año 2008 trajo consigo el denominado ‘Régimen de

Transición’ que estipulaba la sanción de dieciséis cuerpos de ley que buscarían reposicionar
al Estado como ente regulador tanto el sector económico como el social. Entre ellas, la Ley de
Servicio Público (LOSEP) que intentó equiparar las remuneraciones de varios servidores
públicos para propender la justicia y equidad en la administración pública, avivó el malestar
en filas de las instituciones del orden del país quienes manifestaron su resistencia a ciertos
articulados por considerarlos como atentatorios a ciertos beneficios.

En ese contexto, el 30 de septiembre de 2010 se dio la insubordinación de varios policías y

miembros de las Fuerzas Armadas quienes deliberadamente procedieron a abandonar sus
funciones, bloquear las calles y paralizar sus actividades en casi todo el país (30-S). Uno de
los recintos policiales que se convirtió en foco de la protesta fue el Regimiento Quito No.1, al
cual el presidente Correa se dirigió con la intención de brindar explicaciones y calmar
tensiones. Su arribo derivó en una serie de agresiones y en el impedimento de su salida del
lugar. Tras un llamado de apoyo realizado por un Ministro de Gobierno varios ciudadanos se
volcaron a las calles en señal de respaldo y rechazo a la actitud deliberante de los
uniformados, aun cuando los niveles de agresión y peligro resultaron evidentes.

Este hecho registra una notable diferencia con anteriores sucesos de la historia política del
país en los que la ciudadanía se movilizó –en su mayoría- en signo de rechazo hacia el
mandatario de turno. Pese a que la protesta de los uniformados generó focos de violencia en
algunos puntos de la ciudad y un ambiente hostil, la voluntad ciudadana de salir a las calles,
ya sea a favor del mandatario o en contra de la actitud policial, responde a una serie de
motivaciones. Más aún si fue libre y espontánea.

La inesperada muestra de apoyo que se registró durante el 30-S da cuenta de un marco de

significación compuesto por elementos que permitieron que se imponga el deseo de actuar de
la ciudadanía frente a la posibilidad de optar por un estado pasivo. El indagar en torno a
dichas motivaciones es uno de los retos y tareas propuestas en la presente investigación.

VI
Agradecimientos

La travesía por FLACSO-Ecuador me permite constatar que un adecuado proceso de

aprendizaje parte del compromiso y rigurosidad de su cuerpo docente. Extiendo mi
agradecimiento a Franklin Ramírez, por su incansable apoyo y colaboración intelectual como
asesor de esta investigación. Cada una de sus clases y conferencias impartidas se convierten
en un reto, y a la vez aliciente, para explorar el mundo académico.

Mis agradecimientos a Felipe Burbano de Lara por sus consejos y sugerencias, a Simón
Pachano por sus charlas en las que la política no sólo compone sino que contrasta a la
cotidianidad, y a Carolina Curvale por su dedicación y profesionalismo. A Fernando Carrión,
por todo el aprendizaje personal y profesional adquirido durante el período de becaría con el
equipo investigativo. A María Fernanda, el personal de biblioteca y administrativo de
FLACSO, quienes facilitan varios de nuestros procesos como estudiantes.

Gracias a todos aquellos ciudadanos entrevistados, quienes por su predisposición me

compartieron la experiencia vivida aquel día. Sus testimonios son una parte medular tanto del
trabajo investigativo como de nuestra memoria política.

Mi gratitud a Daniel Torres, con quien pude intercambiar reflexiones, charlas, y risas donde la
ciencia política se convirtió en la mejor excusa para el diálogo crítico. Fuiste un amigo
especial.

Mis sentimientos de gratitud y cariño a mis hermanos Paúl y Paola, quienes confían en mí, y
en mi proyecto de vida.

VII
Introducción

Tras la aprobación de la nueva Constitución en el 2008, el sistema político y las funciones del
Estado en el Ecuador entran en un proceso de transición institucional. Apenas iniciado el
segundo mandato del presidente Correa (2009-2013), y acompañado del procesamiento de un
conjunto de leyes que entraron a debate, se inicia un repunte de la conflictividad social
(Ramírez Gallegos y Le Quang 2011). La Ley de Aguas, Ley Orgánica de Servicio Público
(LOSEP), y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(COOTAD) entraron a trámite en el órgano legislativo. En este marco, el 30 de septiembre de
2010 (30-S) se registró en Ecuador una sublevación protagonizada por miembros de la Policía
Nacional y un determinado sector de las Fuerzas Armadas, quienes pasando por alto sus
deberes constitucionales, se amotinaron en Quito y otras ciudades, en una protesta frontal
contra las reformas a la LOSEP.

El 30-S la ausencia de la Fuerza Pública, poco a poco, desembocó en un escenario de

violencia y caos. En Quito, el Regimiento N°1 fue el centro donde los policías se
concentraron en mayor número. A ello se sumó la desobediencia de la Escolta Legislativa en
la Asamblea Nacional, además de la protesta de un grupo de militares en el Ministerio de
Defensa y miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que se concentraron en el
aeropuerto de la ciudad. Con un país sin un resguardo del orden y una expansión de la
movilización que se contagiaba a otros lugares, el 30-S representó un momento donde se puso
en riesgo la continuidad democrática en el Ecuador (Paz y Miño 2011, Ramírez Gallegos
2012).

Durante la jornada se suscitaron plantones conformados por militantes de Alianza País y

ciudadanos no organizados en la Plaza Grande, demostrando su rechazo a la insubordinación
policial. Los mismos se realizaron desde horas de la mañana hasta la noche. En los exteriores
del hospital de policía también se generaron algunas movilizaciones ciudadanas, las mismas
que fueron recibidas violentamente por miembros policiales que utilizaron armamento como
bombas lacrimógenas y balas de goma.

La protesta del 30-S contó con la movilización de un amplio sector de la ciudadanía,

conformado tanto por militantes y simpatizantes de Alianza País como por grupos de
estudiantes, amas de casa y profesionales, quienes salieron voluntariamente a las calles. Dado

1
que su acción colectiva se convirtió en una destacable fuerza de apoyo para el gobierno, la
pregunta central de nuestra investigación es, ¿Cómo se configuró la movilización ciudadana
el 30-S? En vista de que la ausencia policial generó un ambiente de desorden y peligro, donde
incluso miembros de la institución utilizaron su armamento en contra de los ciudadanos que
arribaban al hospital de la policía, nos preguntamos, ¿Por qué diversos sectores sociales y
ciudadanos salieron a las calles a pesar de la violencia? Las interrogantes se encuentran
planteadas con el propósito de realizar un estudio que se centra en y desde la ciudadanía, lo
que nos traslada a preguntarnos, ¿qué lugar ocupó la movilización ciudadana en los sucesos
del 30-s?

Varias han sido las definiciones que ha recibido el 30-S. Desde horas de la mañana, el
oficialismo lo calificó como un intento de golpe de estado mientras que la oposición lo
abordaba como una insubordinación o motín policial. En análisis posteriores, el 30-S fue
calificado como un putch, que significa un golpe de estado fallido o abortado (Quintero y
Silva 2010). A pesar de este extenso debate no existen investigaciones que indaguen en las
motivaciones que tuvo la ciudadanía para movilizarse ese día. En ese marco, un análisis de los
marcos de significación de quienes se movilizaron aquel día puede colaborar con la
comprensión de los sentidos y razones que llevaron a varias personas a las calles en medio del
motín policial.

Estado del arte

La asonada de octubre produjo una serie de libros, artículos, ensayos y opiniones, que se
clasifican en tres enfoques teórico-analíticos. El primero de ellos, agrupa a los textos que
problematizan la reestructuración estatal1, donde se aborda el proceso en el que entraron a
debate varias leyes fundacionales, resultado del régimen de transición establecido en la
constituyente. El segundo enfoque se refiere al conflicto Ejecutivo y Legislativo2, que se
produce por el conjunto de leyes que pasan a darse trámite en el Parlamento, sin el debido
debate. El último enfoque comprende a los textos que describen la reestructuración de las
Fuerzas Armadas (FF.AA)3, donde el 30-S pasa a ser analizado como una consecuencia de
esta. En lo que respecta a la reestructuración estatal, los textos de este grupo en su mayoría
abordan la serie de modificaciones producto de una nueva política estatal impulsada por una

1
Se encuentra conformado por los trabajos de Stoessel (2013); Paz y Miño (2011); Quintero y Silva (2010);
Páez y Ramos (2010); Falconí y Oleas (2010); y, finalmente, Ayala y Aurazo (2011).
2
Incluye los textos de Ospina (2011) y Ortiz (2010).
3
Los trabajos corresponden a Rivera (2011) y Hernández (2011).

2
nueva carga magna, generándose cambios a nivel de instituciones y estructuras del estado.
Los artículos que conforman al segundo grupo se centran sobre todo en la pugna generada en
el poder Ejecutivo y Legislativo germinada por el régimen de transición estipulado en la
nueva constitución. Y el último enfoque corresponde a una serie de análisis en el que se toma
como punto de partida a las instituciones de orden del país y los cambios en sus respectivas
reglas de juego.

Esta literatura no profundiza el rol que jugó la ciudadanía durante la insubordinación policial.
Aunque los autores Quintero y Silva (2010), y Páez y Ramos (2010) coinciden en que el
protagonismo de la ciudadanía fue decisiva para el respaldo del presidente el día de protesta,
no se realiza una detallada investigación al respecto. Pese a que es Paz y Miño (2011) quien
mayor espacio dedica al tema, e incluso menciona como una evidencia pública la reacción
ciudadana en defensa de la democracia y a favor del presidente Rafael Correa, no se adentró a
investigar los motivos por los cuales la ciudadanía procede a movilizarse en respaldo a un
gobierno que enfrentaba una insubordinación de los cuerpos del orden.

El inicio del primer período de gobierno de Rafael Correa coincide con una crisis de
legitimidad de los partidos políticos, la misma que ya se manifestó durante las movilizaciones
de abril de 2005, y culminó con el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. Desde su primera
candidatura presidencial, Correa construyó un discurso que, por un lado, proponía la lucha por
una ‘revolución ciudadana’, que consistía en un cambio radical y profundo del sistema
político que posicionaba a los ciudadanos como sus mandantes, y por otro, se distanciaba de
cualquier construcción partidaria (Ramírez Gallegos 2007).

Durante la insubordinación policial del 30-S, la activación de la participación de la ciudadanía

–que difiere de la que puede encabezar un partido político, organización o movimiento social-
influye en un proceso donde el orden constitucional estaba en riesgo. Esta inusitada
participación permite reflexionar el tipo de vínculo que existe entre el gobierno y los
ciudadanos movilizados.

Los objetivos de la presente investigación son: a) describir las formas de la movilización

ciudadana durante el 30-S; b) reconstruir los marcos de significación que incentivaron la
movilización ciudadana; y c) leer el 30-s a la luz de esa movilización.

3
Herramientas conceptuales
Las categorías y dimensiones que contribuirán a responder a las preguntas planteadas en la
investigación son: a) un análisis de las reformas que se produjeron a partir de ciertos ejes
propuestos en la teoría de la “estructura de oportunidades políticas”, que contribuye a la
comprensión del contexto en el cual emerge el 30-S; b) las “formas de protesta”, que permite
caracterizar a la movilización ciudadana de aquel día, y, c) los “marcos de significación” que
permiten indagar en las motivaciones de la ciudadanía que impulsaron su acción colectiva.

En relación a la aplicación de parte del análisis propuesto por la Estructura de Oportunidades

Políticas (EOP) propuesta por Sydney Tarrow, esta contribuirá a comprender el contexto en el
que estalla la sublevación policial. En específico, los motivos por los cuales la fuerzas
políticas que se distanciaron del proyecto de la Revolución Ciudadana identificaron a la
sublevación policial como un espacio oportuno para oponerse al gobierno. Para el autor, las
oportunidades políticas hacen referencia a “señales continuas –aunque no necesariamente
permanentes, formales o a nivel nacional- percibidas por los agentes sociales o políticos que
les animan o desaniman a utilizar los recursos con los que cuentan para crear movimientos
sociales” (1999, 89). Siguiendo al autor, la EOP cuenta con cuatro indicadores: 1) el acceso
político pleno, que hace alusión al grado de apertura o cierre del sistema político; 2) las
alineaciones inestables, refiriéndose a la formación de coaliciones, dentro de la política
convencional o sus márgenes; 3) presencia o disponibilidad de aliados influyentes), y 4)
presencia de élites divididas, que varían los rangos de influencia política. (1999, 90-93; 2012)

El análisis del 30-S utilizará la primera, segunda y tercera dimensión del análisis, que
permitirá realizar una lectura del nuevo campo político a partir de las modificaciones que se
desarrollaron en las fuerzas políticas del país antes del 30-S.

La forma en que se llevan a cabo varios de los modos de protesta parten desde un antecedente
cultural ya que “se centra en los hábitos de beligerancia adoptados por los distintos actores, en
las formas que toma la acción colectiva como resultado de expectativas compartidas e
improvisaciones aprendidas” (Auyero 2002). Es por ello que el repertorio de protesta,
categoría desarrollada por Charles Tilly, se refiere a un conjunto limitado de rutinas que son
aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente
deliberado (1992). Estos lineamientos teóricos cobrarán sentido al momento de analizar el
repertorio de protesta de la ciudadanía llevado a cabo durante el 30-S.

4
Para Schuster (2006), los “formatos de protesta” hacen alusión al modo en que esta aparece en
la escena pública, y la importancia de ellos radica en que permiten entender la identidad de la
protesta, su forma de organización y sus divisiones internas. El Grupo de Estudio sobre
Protesta y Acción Colectiva de la Universidad de Buenos Aires, que investiga los ciclos de
protesta en Argentina, clasifica a los formatos de protesta en dos grupos. Por un lado, señala a
los convencionales, donde se encuentran: la marcha, manifestación, paro, huelga de hambre,
corte de carretera y ocupación. El otro se encuentra conformado por: el motín, sentada, cadena
humana, muestra artística, cacerolazo, lockout, y escrache. Todos ellos, que vendrían a
considerarse como los no convencionales, tienden a presentar un rasgo distintivo de los
anteriores. De igual forma, cada uno de los formatos expuestos, puede obedecer a varios tipos
de demandas como de carácter económico, judicial, laboral, social o territorial. Y una
variación en la estrategia de los actores puede producir una transformación en el formato, ya
que incorpora nuevos repertorios con el propósito de lograr diferentes y variados objetivos
(Herrera 2003). Estos elementos permitirán leer las formas de la movilización social en el
curso del 30-S.

El ‘análisis de marcos’ se ha convertido en un recurso metodológico para abordar el estudio

de los movimientos sociales y la acción colectiva. A partir del concepto de frame desarrollado
por el sociólogo Ervin Goffman, la investigación del proceso de construcción de la realidad
por parte de los actores sociales evidencia nuevos aportes conceptuales. Este frame o marco
es aquel que designa los elementos de base para la construcción de la realidad sobre un
fenómeno específico, mientras que el análisis de marcos se refiere al estudio de la
organización de dicha experiencia (Rivas 1998). Si bien la construcción de marcos o
enmarcamiento se genera en relación a determinados acontecimientos, Goffman abre la
posibilidad para un proceso de reenmarcamiento en el cual los actores también realizan una
acción de negociación en relaciones interpersonales y un alineamiento como resultado de esos
acontecimientos.

Otro de los sociólogos que realizó aportaciones a la teoría de los marcos fue William Gamson.
Él proporciona elementos conceptuales para definir las etapas del enmarcamiento en la acción
colectiva. Para Gamson, el marco es una “idea central que produce una comprensión
particular de los eventos relacionados con el asunto político en cuestión” (Chihu, López 2004,
437), y pasa a conformar el núcleo de lo que denomina como paquete cultural, conjunto de

5
dispositivos simbólicos que permiten la interpretación de un asunto político específico,
expresado y articulado a través del discurso. Tanto marco como paquete cultural forman parte
del enmarcado, comprendido este como el modo en que el suceso político en cuestión es
interpretado por los actores políticos quienes usan un paquete específico.

Aunque los estudios realizados con el análisis de marcos se ha enfocado principalmente en

movimientos sociales que ya se han encontrado constituidos y presentan elementos que dan
cuenta de su historicidad, la movilización de varias personas el 30-S al sector de la Plaza
Grande y el Regimiento Quito No.1 deja abierta la opción para pensar en la existencia de
determinados marcos en la ciudadanía. Estos pueden ser marcos compartidos o específicos
que se encuentran conformados durante la revuelta por diferentes grupos sociales. Siguiendo a
Gamson, los motivos que provocan una acción colectiva forman parte de un paquete cultural
compartido por los participantes, los mismos que se encuentran mediados por los marcos de
dicho paquete –como significados, representaciones, valores- y el suceso en una relación
causal.

Estrategia de investigación
Para los propósitos de esta investigación, se realizará un análisis de marcos tomando en
cuenta las tres dimensiones que propone Gamson: agencia, injusticia e identidad. El criterio
de selección se debe a que dichas dimensiones son aplicadas para la acción colectiva, sin
delimitarse a la necesidad de analizar los marcos en un movimiento social ya constituido. La
dimensión de agencia parte de la posibilidad que tienen los actores de modificar las
situaciones sociales a través de la acción colectiva y convertirse en sujeto activo de su propia
historia. Esta dimensión en el 30-S se observa en la decisión de los ciudadanos sin una
determinada afiliación política, quienes salen a manifestar su descontento al sector de la
Mariana de Jesús y centro histórico frente a la protesta de la fuerza pública.

La dimensión de injusticia corresponde al conjunto de representaciones en las que se

identifican un problema y un antagonista –que puede ser una persona, grupo o institución- al
cual se le exige una demanda o petición. El componente emocional se hace presente en forma
de un juicio moral que alberga ideas en las cuales existen actos y condiciones que generan
una situación de sufrimiento a los actores. El reciente estudio de las emociones en la
investigación de los movimientos sociales tiene como objetivo incorporar elementos de la
cultura, en oposición al predominio de modelos explicativos de carácter estructural. Una de

6
las contribuciones de James Jasper (2013) es reflexionar en la importancia que tienen las
emociones al nivel de conjunto y en las motivaciones individuales. El autor afirma que las
emociones son socialmente construidas en similitud a los proceso cognitivos o valores
morales, por lo que se encuentran conformadas por significados sociales también
compartidos. Al ser parte integral de los comportamientos humanos y colaborar con la
articulación del sentido de la realidad, su estudio otorga una nueva perspectiva a la
investigación de los movimientos sociales (Latorre 2005).

La tercera dimensión del análisis de marcos es la de identidad y hace referencia al proceso en

el cual se conforma el agente colectivo que lucha por una transformación social. Se destaca la
dinámica de construcción de los dos actores, un ‘nosotros’ que alude al agente colectivo que
persigue un cambio determinado en la situación, y un ‘ellos’ que representa al adversario o
antagonista que acumula aquellos adjetivos y símbolos que lo descalifican y ubican como un
contrario. Según Gamson, la identidad colectiva y la misma acción colectiva demandan la
presencia de un adversario con características reconocibles, y a su vez comparables con las
propias. A mayor posibilidad de identificar un adversario como blanco, mayor probabilidad
de articulación de una acción colectiva. Durante la misma creación del marco de injusticia en
la cual se elabora una interpretación de la realidad acompañada de un actor, grupo o
institución como causante, se inicia la construcción de las identidades colectivas. Existe una
interrelación entre las dos dimensiones.

A partir de los años 90, las transformaciones que se presentan en el estudio de los
movimientos sociales, al no limitarse únicamente a un análisis estructural, producirá
modificaciones a la forma en que se percibe a la identidad colectiva de los actores sociales. La
identidad colectiva, para Alberto Melucci, se convirtió en el factor que distingue entre los
movimientos sociales tradicionales y los nuevos movimientos sociales, pues estos son los que
tienen la cualidad de desarrollar dicha dimensión. Esta se encuentra asociada a un conjunto de
creencias, símbolos, valores y significados relacionados con el sentido de pertenencia a un
grupo social diferenciado, tomándose en cuenta de nuevo elementos culturales (Chihu y
López 2007). En su libro Challenging Codes, Melucci considera a las emociones como un
elemento constitutivo de la identidad colectiva. Afirma que la identidad colectiva no puede
ser limitada a una visión costo-beneficio, menos aún si movilizan también emociones que

7
interactúan a su vez con otros elementos (1996).4 Por ello afirma que la identidad colectiva se
convierte en algo no negociable. En relación con Jasper, la dimensión emocional de los
movimientos sociales y la identidad colectiva juegan un rol activo al conformarse a partir de
significados sociales compartidos a tal punto de poder explicar la formación de un
movimiento o acción colectiva y la vigencia de estos.

Para Melucci, durante un conflicto los sujetos implicados realizan una acción de negación de
la identidad del otro, negándose a conceder a su adversario lo que exigen para sí mismos. Los
actores sociales entran en un conflicto a afirmar la identidad que su oponente les ha negado,
buscan reapropiarse de algo que les pertenece a ellos, y son capaces de reconocerlo como
propio. La solidaridad interna del grupo se presenta como un elemento que refuerza la
identidad y la garantiza, además de permitir afirmarse a los sujetos de acción durante el
conflicto. El vínculo generado entre ellos emerge no por el hecho de compartir los mismos
intereses sino más bien por la necesidad de éste para dar sentido a la acción que se lleva a
cabo (Melucci 1996).

En suma, la estrategia metodológica de la presente investigación, al analizar las diferentes

representaciones, sentidos y emociones que conforman los marcos de significación a partir de
las entrevistas a los ciudadanos, privilegia las herramientas cualitativas. Es por ello que se
procedió a aplicar una entrevista semiestructurada (ver anexos) compuesta y estratificada por
los 3 ejes de análisis propuestos por Gamson, 1) agencia, 2) injusticia e 3) identidad.
Alrededor de ello, los las respuestas diferenciadas en estas dimensiones hicieron posible la
construcción de los marcos de significación.

La primera estrategia fue consultar a través de Facebook, una popular red social, si podían
referirnos a personas que habían salido a las calles el 30-S. La respuesta fue inmediata.
Posterior a ello y con los primeros diálogos establecidos, se aplicó la técnica ‘bola de nieve’
en la cual se solicitaba a los entrevistados que refieran a otras personas que hayan asistido a
la protesta. Se procuró conformar un grupo heterogéneo en edad y condición socioeconómica,

4
Melucci expresa: “A certain degree of emotional investment is required in the definition of a collective identity,
wich enables individuals to fell themselves part of a common unity. Collective identity is never entirely
negotiable because participation in collective action is endowed with meaning which cannot be reduced to cost-
benefit calculation and always mobilizes emotions as well. Passion and feelings, love and hate, faith and fear are
all part of a body acting collectively, particularly in those areas of social life that are less institutionalized, such
as the social movements” (Melucci 1996, 71).

8
lo que permite recolectar una diversidad de criterios con el propósito de enriquecer a la
investigación. De igual forma, se escogieron a 5 personas entrevistadas que no hayan salido a
las calles durante el 30-S, conformándose el grupo de control. 5 El grupo estuvo conformado
por jóvenes –entre 26 y 30 años de edad- y adultos –entre 42 y 77 años. Se procuró estratificar
de manera adecuada al grupo objetivo, por lo que los ciudadanos provenían del centro, norte y
sur de la ciudad.

En miras de lograr representatividad en el trabajo de campo, el conjunto de entrevistas además

cuenta con los testimonios de dos asambleístas que ejercieron una participación activa en
lugares de tensión durante el 30-S. Es por ello que se pudo recoger la versión de la
asambleísta de la bancada Alianza País Marisol Peñafiel, quien fue agredida por la escolta
legislativa por intentar ingresar a la sede parlamentaria y de Gabriel Rivera, asambleísta que
ingresó a la habitación del presidente en la que se impidió su salida dentro del Hospital de
Policía. De igual forma se pudo acceder al testimonio de Mateo Bolaños, hermano del
estudiante Juan Pablo Bolaños que perdió la vida en el 30-S en la avenida Mariana de Jesús.

Dado que en algunos testimonios se relacionó la actitud policial con los abusos policiales que
se efectuaron en el gobierno de León Febres Cordero, se recolectó el testimonio de la activista
María Fernanda Restrepo, ciudadana que también acudió a las calles durante el 30-S y es
hermana de Carlos y Andrés, jóvenes que desaparecieron por actos de abuso policial.

A la vez, a fines de junio de 2015 se logró desarrollar una entrevista grupal al ‘Colectivo 30-
S, Nunca Más’ conformado por ciudadanos que salieron en respaldo del presidente Correa.
Como también fue posible localizar y entrevistar a una familia en el sector de Carapungo
donde todos sus miembros se pusieron de acuerdo para encontrarse en la avenida Mariana de
Jesús –cercana al Regimiento Quito- para respaldar al presidente y gobierno aquel día. A
partir de ello, se elabora la reconstrucción de los diferentes marcos de significación.

A nivel de las fuentes documentales se revisaron las noticias publicadas en los Diarios El
Comercio, El Universo y el Telégrafo, este último con una línea periodística cercana al
gobierno. El período de tiempo de la documentación revisada fue de septiembre a noviembre

5
La utilidad del grupo de control radica en que se puede eliminar o neutralizar sus efectos en la variable
dependiente, ya que no todas las variables pueden ser estudiadas. En el caso específico de la investigación, la
variable de control permitió analizar las motivaciones que evitaron que ciertos ciudadanos registraron para no
salir a las calles aquel día.

9
de 2010. En dicho período se revisaron en su gran mayoría noticias publicadas en relación a la
protesta, con el propósito de registrar actores y sucesos que pudiesen otorgar información
relevante para la conformación de los marcos de significación de la ciudadanía alrededor de la
protesta.

El presente trabajo inicia con un sucinto análisis del contexto político del 30-S en el que se
describen las condiciones del acceso político, las alianzas políticas inestables y los aliados
influyentes para realizar la acción colectiva. En sus capítulos posteriores procura centrarse en
el rol que jugó la ciudadanía durante la jornada de protesta. Y posteriormente se enfoca en los
marcos de significación que motivaron su respaldo en un escenario con un nivel de agresión y
violencia álgido. A raíz de los testimonios recogidos, se considera a la emocionalidad de las
personas como un elemento gravitante para posicionarse en contra de la sublevación policial.

10
Capítulo 1
El contexto político del 30-S a la luz de la Estructura de Oportunidades Políticas

El presente capítulo contextualiza los sucesos del 30-S a partir del modelo de Estructura de
Oportunidades Políticas (EOP) que Sidney Tarrow (2012) propone para analizar las
condiciones en las que el entorno político puede registrar transformaciones donde se generan
incentivos para que los actores políticos se involucren o no en acciones colectivas. Las tres
dimensiones que se abordan son: la variabilidad del acceso político, la presencia de
alineaciones inestables y la existencia de aliados influyentes.

Es así que la primera parte corresponde a una parcial o ambigua apertura de acceso al sistema
político a partir de la propuesta de reforma a la LOSEP, la inclusión de diversos actores
políticos y organizaciones dentro de los respectivos debates y una exclusión de la demanda de
los mismos debido a la objeción parcial proveniente del Ejecutivo.

El segundo punto aborda la serie de variaciones que se produjeron en el escenario político

resultado de las elecciones que se desarrollaron en abril de 2009, en las que se procedieron a
elegir todos los cargos de elección popular en el país. En ella, el partido oficialista no logró
una mayoría en el bloque legislativo, acrecentándose la necesidad de elaborar nuevas alianzas
políticas.

Siguiendo con otra de las dimensiones de la EOP, el tercer apartado hace referencia a los
aliados influyentes que se presentaron en el contexto del 30-S y permitieron elevar ciertas
demandas e intereses en el órgano legislativo a través de los legisladores de un determinado
partido político que mantenía una cercanía con ciertos oficiales militares.

Finalmente, un siguiente punto que se distancia de los ejes de análisis de la EOP corresponde
a la serie de modificaciones que se realizaron a la estructura tanto de las Fuerzas Armadas
como de la Policía Nacional, cada una de ellas con sus cualidades diferentes. Esto también
comprendió una reestructuración a los aparatos de inteligencia del estado ecuatoriano,
posterior al caso de Angostura.

11
1. Accesibilidad al sistema político
La primera dimensión que aborda Tarrow (2012) en la Estructura de Oportunidades Políticas
(EOP) corresponde al incremento o apertura del acceso político percibidas por los agentes
sociales. Esto implica que tanto los movimientos sociales, ciudadanos o inclusive miembros
de instituciones como la Policía y Fuerzas Armadas, perciban una posibilidad de incrementar
su capacidad de presión para negociar o defender sus demandas o intereses en el órgano
estatal. Es así que desde que se propone la modificación a la Ley de Servidores Públicos, la
serie de debates para la reforma de la ley provee un parcial acceso de participación a los
mismos.

La aprobación de la nueva carta magna en el 2008 traería al país un peculiar ciclo de

conflictividad política por la necesidad contemplada de aprobar dieciséis distintas leyes en el
período de un año. El Régimen de Transición estipulado en la nueva constitución provocó un
campo de tensiones sobre todo entre el Legislativo, el Ejecutivo y diversos actores políticos
que se vieron en la necesidad de entrar a diálogo. Dentro del período, una de las leyes
contempladas a modificarse era la denominada Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP),
cuerpo legal que reformaría a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (LOSCCA). Los
motivos presentados por el Ejecutivo sobre todo especifican la necesidad de iniciar un proceso
de transformación en la Administración Pública. Entre los problemas que se identifican, se
detalla una proliferación de regímenes de personal, la necesidad de mejorar los procesos de
profesionalización del servidor público mediante un sistema integrado de recursos humanos, y
una transformación del sistema remunerativo del país calificado como anárquico, ya que
subyacen beneficios complementarios calificados como excesivos y dispersos (Proyecto de
Ley Orgánica del Servicio Público, 2009).

Entre los propósitos de la ley, también se considera proponer nuevas políticas salariales que
puedan ser aplicadas de manera justa y equitativa dentro de la elaboración del presupuesto del
Estado. Esto se asemeja con la implementación de una agenda que se encuentre orientada al
bien común en detrimento de los intereses particulares, es decir la representación sectorial y
gremial de diferentes grupos, ya sean movimientos sociales, empresarios, banqueros,
sindicatos y organizaciones sociales (Ramírez Gallegos y Stoessel, 2015).

12
El proyecto fue presentado a la Asamblea Nacional el 2 de julio de 2009. En principio, el
Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó y remitió el 7 del mismo mes el
documento a la Comisión Especializada de lo Laboral y Seguridad Social para proceder al
trámite correspondiente. Tras no haberse presentado el informe para el Primer Debate, la
Comisión reasignó el 11 de agosto el cuerpo de ley a la Comisión Especializada de los
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, presidida por la asambleísta Nivea Vélez,
del partido opositor Alianza Municipalista.

El primer debate del proyecto de ley se lo realizó el 6 de noviembre de 2009. Por la magnitud
del mismo, al involucrar a una serie de trabajadores que laboraban en diferentes sectores, su
primer informe detalla la intervención de diferentes sectores como organizaciones sindicales,
organizaciones de profesionales, organizaciones sociales y de la sociedad civil. Entre ellos se
menciona a la Universidad Central del Ecuador (UCE) y su asociación de empleados y
trabajadores, representantes de las Orquestas Sinfónicas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja,
Federación Ecuatoriana de Enfermeras, representantes del Consejo de la Judicatura y el
Ministerio de Educación, representantes de la Comisión de Tránsito del Guayas y
representantes de la Autoridad Portuaria. En relación a los gremios de trabajadores,
participaron el Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, la Federación Nacional
de Servidores Públicos (FEDESEP) y la Confederación Ecuatoriana de Empleados
Municipales. Se detalla que antes de realizar el segundo debate, la Comisión asignada realizó
dieciséis sesiones para discutir las observaciones provenientes de los diferentes sectores. De
igual forma, se expone que el proyecto de Ley fue socializado en ciudades como Guaranda,
Manta, Loja, Cuenca, Santo Domingo, San Cristóbal y Santa Cruz, según detalla el primer
debate de la LOSEP.

La instalación del segundo y último debate al proyecto de ley inició el 10 de junio de 2010.
Prosiguió el 16 de junio y finalizó con su votación el 11 de agosto de 2010. De igual forma,
en la lectura del correspondiente informe, se incluyó a los diferentes actores que participaron
en el debate. En el mismo se indicó que:

Se recibieron observaciones de varias organizaciones e instituciones entre las principales:

Consorcio Nacional de Consejos Provinciales del Ecuador (CONCOPE), Asociación de
Municipalidades del Ecuador (AME), Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

13
 Confederación Nacional de Servidores Públicos (CONASEP), Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN), Unión Nacional de Educadores (UNE), entre los principales. 6

Es posible observar que el procesamiento de la ley involucró a diversos actores. En este

segundo debate participaron desde representantes de las Fuerzas Armadas hasta funcionarios
de los diferentes municipios, ya que la ley contenía cierto articulado que pretendía
transformar las competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Entre
las organizaciones históricamente relacionadas a la defensa de los derechos de los obreros es
posible hallar al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones
Clasistas Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), la Unión General de Trabajadores del
Ecuador (UGTE). En relación a las organizaciones de servidores públicos, participaron la
Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales del Ecuador (FENACOPE),
la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos
(FENASEP), y el Consejo Nacional de Servidores Públicos (CONASEP).

El proyecto de ley ya en el segundo y último debate –y que sería enviado posteriormente al

Ejecutivo- descartó dos artículos que formaban parte del inicial propuesto por el Ejecutivo. El
primero de ellos se refería a la Disposición Transitoria Décima que estipulaba la compra de
renuncias con indemnización. En este se facultaba a las instituciones públicas a establecer
procesos de compra de renuncias obligatorias, en donde incluso constaba la posibilidad de
pagar con bonos del Estado. El segundo artículo –que también fue modificado del proyecto
originariamente enviado por el Ejecutivo- dentro de las Derogatorias, manifestaba que:

Con excepción de las normas que regulan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se
derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, acuerdos o cualquier tipo de disposición
que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos económicos por el cumplimiento de años
de servicio, por aniversarios institucionales, por efectos de ejecución de funciones propias de
cada institución o por cualquier otro mecanismo, modo o circunstancia. También se derogan

6
El texto se refiere al Segundo Debate/2010, de 10 de junio, del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público,
Acta 45.

14
 aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, anillos, canastas navideñas y otros
beneficios materiales que se contemplaban para las y los servidores públicos.7

Este articulado aún permitía conservar el sistema de reconocimiento, escalafón y

bonificaciones que se encontraba vigente en los organismos competentes a las Fuerzas
Armadas. El mismo era el resultado de una serie diálogos y conversaciones desarrolladas
entre asambleístas y los representantes de los diferentes sectores laborales mencionados. A
grosso modo, la ley aprobada por el Legislativo reflejaba la postura de la mayoría de actores
que participaron del proceso de socialización y debate de la misma. El proyecto de ley se
aprobó con 106 votos afirmativos, dos negativos, dos blancos y nueve abstenciones.

El régimen de transición estipulado en la nueva carta magna originó un escenario político en

el cual varias leyes fueron propuestas al Legislativo para su trámite y aprobación. Es así que
mientras el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de la LOSEP, en el Parlamento se
aprobaban las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. El tratamiento y demora del
procesamiento de la ley en el Legislativo generó la molestia del presidente Correa, quien
expresó que si la oposición insiste en obstruir la aprobación de leyes fundamentales para el
país llamaría a ‘muerte cruzada’8, disolvería el Parlamento y convocaría a elecciones (El
Diario, 27 de julio de 2010).

Posterior a ello, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD) pasó a primer debate el 29 de julio de 2009, dentro de la
Comisión Legislativa y Fiscalización. Varias agrupaciones como la AME, la Confederación
de Barrios del Ecuador (CONBADE), el Consorcio de Consejos Provinciales, el Consorcio
Nacional de Juntas Parroquiales Rurales (CONAJUPARE) y Presidentes de las Juntas
Parroquiales participaron de la socialización de la ley y realizaron observaciones a la misma.

7
El texto se refiere al Segundo Debate/2010, de 11 de agosto, del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio
Público, Acta 45-B.
8
El artículo 148 de la Constitución del Ecuador manifiesta que: La Presidenta o Presidente de la República
podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan
constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada
obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Esta
facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato. En un plazo máximo de
siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una
misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos. Hasta la
instalación de la Asamblea Nacional, la Presidenta o Presidente de la República podrá, previo dictamen
favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o
derogados por el órgano legislativo. (2008).

15
Otra de las leyes relevantes que ingresó al Legislativo fue la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES), propuesta por el Ejecutivo para su reforma. Su primer debate se lo
desarrolló el 12 y 17 de noviembre del 2009 y también incluyó la participación de
representantes de las diferentes instituciones de educación superior del país como también de
las organizaciones de estudiantes. Tras casi un año de debate, la LOES fue aprobada en la
Asamblea Nacional el 4 de agosto de 2010 seguida por el COOTAD, el 11 de agosto.

Los próximos días traerían consigo una agitación peculiar. Tal como lo había anticipado el
presidente, se enviaron las objeciones parciales o vetos presidenciales a las tres leyes
mencionadas. En el caso específico de la LOSEP, su veto fue enviado el 3 de septiembre de
2010. En él se mantenía la disposición de la compra de renuncias obligatoria que incluso
contemplaba el pago con bonos del Estado, y la Disposición Derogatoria que suprimía los
beneficios y condecoraciones correspondientes a las Fuerzas Armadas. El articulado rezaba:

En todas las leyes vigentes, deróguense las disposiciones relacionadas a remuneraciones de las
servidoras y servidores que trabajen en el sector público y en el servicio público, los que se
sujetarán a esta Ley, su reglamento y la Norma Técnica que para el efecto expida el Ministerio
de Relaciones Laborales. Se derogan las leyes, reglamentos, normas, resoluciones acuerdos o
cualquier tipo de disposición que reconozca bonificaciones, comisiones o estímulos
económicos por el cumplimiento de años de servicio, por aniversarios institucionales, por
efectos de ejecución de funciones propias de cada institución o por cualquier otro mecanismo,
modo o circunstancia.9

Este articulado, al no incluir las sugerencias y observaciones realizadas durante el proceso de

debate y socialización de la ley donde se involucró a los diferentes grupos y a los
legisladores, desconoció lo consensuado. En la sesión para debatir el veto se recibieron las
intervenciones de representantes como Héctor Terán de la FENACOPE, Eduardo Valdés por
parte del FUT, Miguel García de la FENASEP y Noemí Marcillo del CONASEP. En sus
intervenciones apelaron porque el cuerpo legal previamente aprobado por la Asamblea
Nacional se mantenga.

9
El texto se refiere a la Objeción Parcial/2010, de 29 de septiembre, de la presentada por el Presidente de la
República al Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público. Acta 62.

16
El 13 de septiembre de 2010, los asambleístas de AP se dieron cita en el Palacio de
Carondelet para coordinar y apoyar a los vetos presentados de las tres leyes en trámite y
coyuntura en aquel momento. Tres días después, la bancada oficialista concurrió nuevamente
a la Presidencia para acordar el allanamiento al veto de la LOSEP.

A diez días de estallar la insubordinación policial del 30-S, la Federación Nacional de

Trabajadores Públicos anunciaba que iniciará su jornada de protestas por el veto. El propósito
de su protesta era claro, se solicitaba que los legisladores acepten el informe que presentó la
Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Función Legislativa. En la Comisión se
decidieron rechazar 32 artículos y seis disposiciones generales y transitorias, que se
incluyeron en la objeción parcial (El Comercio, 20 de septiembre de 2010). Durante ese
período, el presidente Correa no recibió a las comisiones de trabajadores pese a las
solicitudes presentadas. A una semana de que ocurra el 30-S, las organizaciones sindicales se
organizaban para marchar y exigir al Legislativo que mantengan el cuerpo legal aprobado por
ellos mientras los funcionarios del Ministerios de Relaciones Exteriores exponían su
desacuerdo ya desde las calles. Para el 21 de septiembre, el veto del Ejecutivo del COOTAD
fue aprobado en la Asamblea con 86 de las 98 objeciones presentadas. Para el 28 de aquel
mes –dos días antes del conflicto policial- el veto a la LOES fue aprobado sin cambio alguno
en el órgano parlamentario. Por rechazo a las decisiones del presidente Fernando Cordero, la
bancada opositora decidió retirarse del pleno.

En relación a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se ha conocido la difusión de

documentos informativos como pasquines y rumores informales (Informe Comisión de
Investigación 30-S, s/f) que circularon entre los medios y altos mandos a más de la tropa
policial, en los que se mencionaban las posibles afectaciones por la ley. Dentro de las
instituciones se vivía un clima de tensión y zozobra. De hecho, aquel día los familiares de
uniformados activos y militares en servicio pasivo protestaron contra un Decreto Ejecutivo
del año 2008 donde se disponía la homologación salarial para miembros de tres ramas de las
Fuerzas Armadas.

Pese a que durante la presentación del proyecto de Ley de la LOSEP la Asamblea Nacional
incorporó al debate a varios actores políticos y organizaciones sindicales como parte del
proceso de socialización de la Ley -lo que daría cuenta de un parcial acceso político y
participación de los mismos- el veto presentado por el Ejecutivo fue aceptado en plenitud.

17
Esto implicó que varios de los acuerdos y negociaciones que se llevaron a cabo, y se
plasmaron en los artículos mencionados en el cuerpo legal, hayan sido suprimidos,
anteponiéndose la voluntad del Ejecutivo.

La serie de leyes que estaban estipuladas para reformarse debido al Régimen de Transición
propuesto en la Constitución da cuenta de un acceso político que otorga posibilidades
convencionales de participación a diferentes movimientos, grupos, organizaciones y actores
políticos y sociales. En el caso específico de la ciudadanía, tal proceso amplía la posibilidad
para que la acción política pueda ser llevada a cabo por diversos actores.

2. La variación de las diferentes fuerzas políticas

La segunda dimensión que aborda Tarrow (2012) en la EOP corresponde a la inestabilidad
que atraviesan las alineaciones políticas en determinados períodos. Es así que los partidos de
gobierno y oposición transforman sus alianzas y se pueden producir nuevas coaliciones en el
ámbito político.

Luego de aprobarse la carta magna y por mandato constitucional se desarrollaron las

elecciones el 26 de abril de 2009, en las cuales se eligieron todos los cargos de elección
popular. Los resultados en el Poder Legislativo dieron como resultado a una Alianza País
(AP), el movimiento gobiernista, la adjudicación de 54 de los 124 puestos (43,6% del total)
del Parlamento, lo que impidió la conformación de una mayoría simple. Este cuadro de
fuerzas políticas en la Asamblea Nacional tendió a complicar el escenario en el cual –también
por mandato constitucional- se debían aprobar un conjunto de leyes en diversas áreas y en un
tiempo limitado, a más de convertirse en esenciales para el impulso de la RC (Pachano 2012).
Es así que el proceso post-constitucional trajo consigo contradicciones que se agudizaron por
la ausencia de una mayoría parlamentaria oficialista que además se encontraba condicionada
por aquellos agentes que se resistían a perder los beneficios corporativistas que han registrado
desde hace algunos años.

Si el período en 2008 en el que se llevó a cabo el referéndum constituyente el gobierno contó

con el apoyo de algunas fuerzas políticas como AP, el Partido Socialista del Ecuador (PSE),
Pachakutik (PK) y el Movimiento Popular Democrático (MPD) a más de la Izquierda
Democrática (ID), lo que permitió denominar a esta correlación de fuerzas como “mega-
bloque” (Acosta, 2010) el escenario político referente a la etapa post-constitucional

18
presentaría significativas variaciones. Es así como para las elecciones de 2009, el gobierno
únicamente lograría conservar la alianza con el PSE. El tablero político presentaría tres
fuerzas:

1) La Revolución Ciudadana, el Partido Socialista (PSE) y sus aliados políticos y sociales; 2)

las fuerzas de derechas y de centro-derecha sumados a una serie de gremios empresariales y
bancarios, sectores de la iglesia católica ultraconservadora, grandes medios, etc; y 3) un
conjunto de organizaciones sociales, gremiales, sindicales y pequeños partidos y movimientos
políticos, situados en la izquierda, en el que irían cobrando particular protagonismo diversas
organizaciones indígenas nucleadas por la CONAIE (Ramírez Gallegos, ed. 2013, 54).

En lo que respecta a las fuerzas de derecha, estas se habría compuesto por el Partido Sociedad
Patriótica (PSP) fundado por el derrocado presidente Lucio Gutiérrez, el Partido Social
Cristiano (PSC) acompañado del nuevo movimiento Madera de Guerrero (MG), todas ellas
organizaciones que se han caracterizado por su fuerza política en la derecha costeña.
Dicha reconfiguración de fuerzas políticas se constataría en la postura y respuesta que cada
grupo político desplegaría en relación a las leyes que debían entrar en trámite por demanda de
las Disposiciones Transitorias de la nueva constitución.

En septiembre de 2009, el debate en torno a la Ley de Recursos Hídricos provocó el rechazo y

posterior movilización de la CONAIE, la misma que contaba con la capacidad de movilizar a
otras organizaciones indígenas como la Federación Nacional de Trabajadores
Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE) y el Consejo de
Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE). Los cuatro escaños
con los que contaba la organización indígena mediante PK también le permitieron intentar el
bloqueo legislativo de proyectos como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Orgánica de
Educación Intercultural Bilingüe y las reformas a la Ley de Hidrocarburos. El 30 de
septiembre de 2009 -justamente un año antes de la insubordinación policial- el asambleísta
José Acacho, miembro de PK, formó parte de la protesta que se realizó en los alrededores del
Río Upano en la que falleció el integrante de la comunidad shuar, Bosco Wisuma (Informe
Comisión de Investigación 30-S, s/f). Este hecho agravó el escenario político e intensificó el
carácter opositor del movimiento indígena. La CONAIE también fue protagonista de una
reunión inesperada con una organización categóricamente distante a su ideología, en medio
del remezón del tablero político. Para marzo de 2010, dirigentes de la organización indígena

19
se reunieron con la Junta Cívica de Guayaquil para solicitar apoyo financiero en miras de la
organización de un levantamiento. La Junta Cívica se ha proyectado históricamente como un
actor conservador de la oligarquía ecuatoriana (Ramírez Gallegos 2010) dejando entrever su
contradicción.

Otro de los partidos que erigió una postura opositora a varios cuerpos de ley fue el MPD. Este
ha mantenido desde sus orígenes una cercanía con el Magisterio y varios gremios de
profesores y estudiantes tanto colegiales como universitarios en el país. Durante la transición,
el partido presenta un acercamiento con el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
(PCMLE) y el gremio de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que da como resultado
que desemboca en la articulación de un discurso distinto de oposición conformado por estos
actores (Quintero y Silva 2010). Las transformaciones que realizó el gobierno desde el 2008
que consistieron en la modificación de los procesos de contratación y evaluación de los
docentes que se encontraban a cargo del gremio de educadores (UNE) limitó su injerencia
política en sus pacerlas de poder y se convirtió en un factor de distanciamiento con el
gobierno. La organización partidista se opuso continuamente a la Ley de Educación Superior
(LOES), Ley de Educación Intercultural Bilingüe, LOSEP y el Código Orgánico de
Organización Territorial (COOTAD). Históricamente el MPD ha protagonizado varias
protestas como paros y huelgas, resultado de su cercanía con organizaciones del estudiantado
ecuatoriano. Entre los brazos políticos que lo convertían en una agrupación con capacidad de
organización y convocatoria se puede mencionar a la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE), la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
(FESE), el Frente Revolucionario de Izquierda Universitario (FRIU), la Juventud
Revolucionaria del Ecuador (JRE) y el Grupo de Combatientes Populares (GCP).

La segunda fuerza política en la Asamblea Nacional -que correspondía al PSP con 19

asambleístas- se opuso a algunas leyes como la LOES, ley de Comunicación, la ley
reformatoria al sector de los hidrocarburos y la misma LOSEP. Por la proveniencia de sus
fundadores y miembros, esta organización ha tejido vínculos cercanos con algunos oficiales
de servicio activo y pasivo de las fuerzas públicas. Las acciones efectuadas por los
legisladores de PSP durante la transición post-constitucional se alinearon a los demás partidos
opositores con el objetivo de evitar reformas a las nuevas leyes. Otra de las agrupaciones que
componen al eje de derecha corresponde al PSC y el nuevo movimiento MG, los “que

20
aparecen como las fuerzas que en más ocasiones han votado contra los proyectos de AP”
(Ramírez Gallego, ed. 2013, 40).

Desde el referéndum de 2007, en el que más del 80% de ecuatorianos aprobó la instalación de
una Constituyente, varias agrupaciones alineadas con los derechos humanos, el ecologismo y
lo que se menciona como bloque de izquierda se alinearon con los lineamientos de AP. Es así
que “las listas del oficialismo incluyeron, en cualquier caso, a algunos segmentos del
movimiento popular y a nuevas organizaciones portadoras de un discurso ético-democrático
sobre la política y el estado de derecho” (Ramírez Gallegos 2010, 93). Como ya se mencionó,
en las elecciones realizadas el 2009 por petición de la Constitución aprobada, los resultados
de AP no le favorecieron para posicionarse con un liderazgo en el Parlamento. Y la apertura
que tenía el gobierno, con Alberto Acosta como líder, poco a poco se restringía. En este
proceso, varias organizaciones y movimientos sociales tendieron a alejarse del partido de
gobierno que había encabezado la reforma constitucional. El tablero político registró cambios
que se deben señalar, como aquellos movimientos y organizaciones que se encontraban
cercanas a AP y se distanciaron paulatinamente.

3. Los aliados influyentes

Otra de las dimensiones de la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) corresponde a la
existencia de aliados influyentes. En ella se evidencian a los posibles actores que podrían
intervenir o colaborar “como amigos en los tribunales, como garantes contra la represión o
como negociadores aceptables” (Tarrow 2012, 159). Dichos aliados son también considerados
como un recurso externo que colabora y otorga ciertos beneficios al momento de una acción
colectiva, ya que pueden brindar apoyo en tribunales o agencias estatales donde se delibere y
tomen decisiones.

En el caso específico del 30-S, la institución que protagonizó la insubordinación fue la Policía
Nacional acompañada de algunos miembros militares. Sin embargo es necesario mencionar
que durante el procesamiento de la ley, se generó un canal de comunicación peculiar entre
miembros de la oficialidad militar y los uniformados policiales debido a la tensión y
complejidad existente al interior del organismo policial (Stoessel 2013). Es en dicha
oficialidad militar donde el PSP ejerce un rol considerable. Si bien es cierto el PSP entabló
algunas alianzas para oponerse a otros cuerpos legales, en el caso específico de la LOSEP se
posicionó como líder de las futuras protestas al incitar a diferentes sectores como servidores

21
públicos, jóvenes, campesinos y amas de casa a protestar, en contra de la propuesta de ley
(Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f).

La relación entre las fuerzas castrenses y el partido político parecería que datan desde hace ya
algunos años. Es así que durante los debates del cuerpo de ley, uno de los asambleístas que
tuvo una participación activa fue Paco Fierro, Coronel retirado por haber participado en el
derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad el 21 de enero de 2000, conjuntamente
con Lucio Gutiérrez. El hecho de mantener al asambleísta como aliado influyente en el
espacio legislativo permite generar cierto nivel de influencia o injerencia del mencionado
partido en el sistema político y considerar la colaboración de dichos legisladores en lo que se
puede considerar como posiciones privilegiadas en el aparato del Estado. Y con su
colaboración puede originarse la posibilidad de articular una representación de los intereses
de la organización o colectivo con el que se vincula en una instancia de decisión. En el caso
de las institución militar, es posible notar esta correspondencia en una de las intervenciones
del asambleísta Fierro durante segundo debate de la LOSEP,

Debo manifestarles con preocupación y hacer un llamado al Ministro de Defensa, que desde el
año dos mil uno a empleados civiles, como nosotros les llamamos cariñosamente a los
servidores públicos en el Ejército ecuatoriano, no les han cancelado sus derechos, hemos
enviado ya el oficio respectivo para que se solucione el problema de varias enfermeras que
están trabajando y laborando en el Hospital Militar, no se les reconoce después de que existen
dictámenes, existen pactos con el Ministerio de Defensa y con el Defensor del Pueblo para que
sean cancelados esos haberes. Hago un llamado y un pedido para que el Ministro de Defensa,
sensible a esa pobre gente que está sin tener esos recursos, logre ubicar los dineros respectivos
para que puedan ser cancelados y solucionar ese problema, porque también son empleados y
son trabajadores, servidores públicos y tienen todo el derecho de reclamar sus haberes.10

La intervención del legislador expresa su malestar por el adeudamiento que existe por parte
del estado a un grupo de servidores públicos específico, perteneciente al Ejército ecuatoriano.
El reclamo deja entrever que el asambleísta conoce del caso y los detalles del mismo, lo que
evidencia su cercanía con los afectados. Además posibilita la transmisión de demandas de un
grupo en particular en un órgano estatal de relevancia como lo es el Parlamento. En otra de

10
El texto se refiere al Segundo Debate/2010, de 10 de junio, del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público,
Acta 45.

22
las intervenciones, durante el debate de la LOSEP, Luis Almeida, también asambleísta de
PSP, defiende determinados beneficios –que en el caso mencionado son referidos como
conquistas- ante el pleno:

Intentan por ahí al presidente Lucio Gutiérrez decirle que tiene doble pensión, una porque es
coronel, lógico, cuántos años estuvo de coronel el presidente Lucio Gutiérrez, que cuando era
coronel o era teniente coronel no pensaba ser Presidente de la República, hoy quieren cometer
esa bajeza dirigida solo contra él, para quitarle esa pensión, trabajó más de veinte y pico de
años en las Fuerzas Armadas, es una cuestión de conquista (…) Señor presidente, se está
cometiendo una gravísima injusticia aquí, el artículo ciento treinta, les ruego lo lean y lo
escuchen: Beneficio por jubilación. Es verdad que hubo un mandato número dos, dejaron a las
Fuerzas Armadas y a la Policía fuera de esto, y ahora están poniendo beneficio por jubilación y
dejan fuera también a las Fuerzas Armadas y a la Policía, (…) porque nuestra policía se
sacrifica diariamente, son asesinados y muertos (…). Nuestras Fuerzas Armadas diariamente
trabajan por el desarrollo del país y son conquistas ya adquiridas, que no podemos cometer la
injusticia de dejarlos fuera, por lo que felicito también, señor Presidente del Parlamento que
estén aquí los delegados de nuestras Fuerzas Armadas, de la Marina, del Ejército, de la
Aviación y de la Policía Nacional como de todos los trabajadores en representación de ellos. 11

La intervención manifiesta una insatisfacción ya que pretende la eliminación de lo que

denomina ‘conquistas adquiridas’ que de ejecutarse se convierten en actos injustos, más allá
de la pretensión de defender al ex presidente y fundador del partido, Lucio Gutiérrez. En ella
se menciona tanto a las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional como posibles
instituciones a las que se les puede afectar en sus derechos, lo que evidencia que esta bancada
a través de sus legisladores se convierte y es vista como un negociador aceptable o legitimado
para expresar los intereses de determinado grupo en una instancia de decisión del Estado
como lo es el Parlamento. El vínculo existente entre algunos oficiales de las Fuerzas Armadas
y los asambleístas de Sociedad Patriótica otorga a los mencionados miembros de la
institución el beneficio de elevar y canalizar sus demandas en ese nivel, convirtiéndose en un
ejercicio funcional y beneficioso para sus objetivos e intereses.

11
El texto se refiere al Segundo Debate/2010, de 16 de junio, del Proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público,
Acta 45-A.

23
Para las organizaciones o colectivos el hecho de contar con aliados influyentes que se
encuentren en determinadas instancias del Estado y ejerzan un cargo público de relevancia les
atribuye ciertos beneficios, entre los que se puede mencionar el manejo de información de
primera mano y una mayor accesibilidad a los medios de comunicación, lo que permite
posicionar la postura política de los mismos durante una tensión política. En escenarios de
conflicto político, los movimientos u organizaciones tienden a incrementar las interacciones
con sus aliados influyentes con el propósito de aumentar su presencia tanto en los medios de
comunicación como en la opinión pública.

A su vez, esto genera la posibilidad de coordinar acciones o estrategias políticas planificadas

que vayan acorde a las modificaciones que se realizan, y divergen de un escenario en el que
tome por sorpresa a los actores políticos involucrados. El grado de incertidumbre en el
escenario político disminuye, lo que se puede considerar como una ventaja dentro de pugnas
políticas o espacios de tramitación de una ley. Además de ello, el contar con aliados
influyentes como en este caso los asambleístas permite generar declaraciones a la sociedad
que cuenten con un nivel de impacto mayor en la opinión pública. En el caso específico de la
LOSEP, el 29 de septiembre durante el debate del veto presidencial el asambleísta de la
bancada, Fausto Cobo, llamó “a que la Policía y otros sectores sociales se rebelen frente a
una acción que consideraban atentatoria a los derechos adquiridos de policías y militares”
(Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f: 60).

De igual forma, el nivel de accesibilidad a los medios de comunicación aumenta para

aquellos que cuentan con el líder político. El día del conflicto el asambleísta de similar
partido, Galo Lara, en una entrevista televisiva se refirió a la eliminación de los privilegios de
las Fuerzas Armadas a pesar de que no se tomó decisión alguna en el pleno. El liderazgo
político que llevaba PSP con otros partidos políticos que componían el bloque opositor
también favoreció a que la mañana del 30-S, varios asambleístas hayan efectuado una
declaración pública solicitando la amnistía a los policías sublevados. Contar con un aliado
influyente como un partido político trastoca el escenario de las diferentes fuerzas políticas.

El nivel de acceso político –una vez planteada la constituyente- presentó un espacio de

apertura en el que se otorgaron posibilidades de participación convencional a diferentes
organizaciones sociales, colectivos y movimientos políticos con el propósito de incorporar
sus diferentes intereses y demandas en la nueva carta magna que estaba presta a aprobarse.

24
Este mismo nivel de apertura tiende a disminuirse, debido a la necesidad de cumplir con las
disposiciones transitorias que establece la nueva Constitución, al definir que el órgano
legislativo, en un plazo máximo de ciento veinte días, debía aprobar cuatro leyes y en
trescientos sesenta días once leyes restantes. Por la premura del tiempo, la participación
social se vio condicionada a ello y, por tanto, mermada. Es así que varias propuestas de
organizaciones sociales realizaron sugerencias, observaciones y propuestas para los
diferentes cuerpos de ley sin alcanzar los resultados esperados.

En relación a las alineaciones inestables, luego de Montecristi varias organizaciones sociales

procuran conservar sus lineamientos pero esto no limita la posibilidad de generar nuevas
coaliciones políticas que les permita obtener determinados beneficios para su organización.
Durante el proceso de debate de la LOSEP, se observa la inclusión de una serie de
organizaciones que velan por los derechos de los trabajadores y servidores públicos desde un
campo que se diferencia de un corporativismo plasmado en argumentaciones de los diferentes
miembros policiales y de Fuerzas Armadas.

Pese al distanciamiento que ciertas organizaciones y movimientos sociales experimentaron

con el régimen, y la no aceptación a varios proyectos de ley aprobados en el Parlamento, en el
caso de la LOSEP la ciudadanía ha manifestado su postura política al rechazar la
insubordinación policial en la que el presidente Correa y todo el aparataje político tiende a ser
visto como un aliado influyente que motiva a protestar. Tras el presidente no se encuentra
únicamente su figura de líder sino un aparataje conformado por un movimiento político y un
importante sector de la burocracia del país que provoca cierto nivel de certeza durante el
accionar de los hechos.

4. Modificaciones estructurales a la Policía y Fuerzas Armadas

Desde el inicio de gobierno de la Revolución Ciudadana se realizaron algunas modificaciones
al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo orientados a reformular el papel que estas
cumplían para debilitar su influencia al interior de las estructuras decisionales del Estado
(Ramírez Gallegos y Stoessel 2015). Entre las primeras acciones que se llevó a cabo en el
órgano militar, fue la designación de una civil –por primera vez en la historia- como Ministra
de Defensa. Es así como Guadalupe Larriva en enero de 2007 se posesionó en su cargo. El
ejecutivo también dispuso mediante decreto en enero de 2008 la homologación salarial de los
uniformados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, acción que reitera la intencionalidad

25
de establecer políticas de igualdad en un organismo que presentaba anormalidades por
remuneraciones privilegiadas en ciertos rangos. Y a fines del 2009 se anunció que los
establecimientos educativos como escuelas, colegios y liceos militares pasarían a tener un
carácter y jurisdicción pública mediante un acuerdo que se desarrollaría entre el Ministerio de
Defensa, de Gobierno y Educación. Estas acciones también se vieron acompañadas por las
prohibiciones que se encontraban determinadas en la constitución donde se establece que las
Fuerzas Armadas sólo podrán participar en actividades económicas que tengan exclusiva
relación con la defensa nacional, lo que provocó que la red empresarial que pertenecía al
sector militar paulatinamente deba ponerse en venta. Entre los diferentes bienes que eran
propiedad de los militares se encontraban haciendas, bananeras, camaroneras, hoteles e
incluso una ensambladora de vehículos. Los nuevos lineamientos constitucionales tendieron a
disminuir el poder político y económico de las fuerzas de seguridad.

En lo que se refiere a las transformaciones efectuadas a nivel estructural de las Fuerzas

Armadas, el campo de los organismos de inteligencia en el país también presentó
modificaciones. Posterior al ataque del 1 de marzo de 2008 en donde las Fuerzas Armadas de
Colombia bombardearon la población denominada Angostura en la provincia de Sucumbíos y
abatieron al miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis
Edgar Devia Silva -alias Raúl Reyes- se evidenciaron una serie de inconvenientes en el
trabajo de los sistemas de inteligencia que provocaron la creación de una comisión que evalúe
los servicios de inteligencia tanto militares como policiales. Entre los resultados de la
investigación de dicha comisión se encuentra la inoperancia de los organismos de inteligencia
del estado ecuatoriano en los procesos de comunicación entre distintas instancias
gubernativas; la inexistencia de una ley de inteligencia que establezca una normativa entre
mecanismos de control, supervisión y coordinación entre instituciones involucradas que vaya
acorde a un marco legal que respete los diferentes derechos, y la carencia de una red de
enlace que permita compartir información de manera oportuna entre los sistemas de
inteligencia militar (Rivera 2011). Uno de los puntos críticos de la investigación de la
comisión consistió en constatar la injerencia de instituciones del gobierno de Estados Unidos
a ciertos subsistemas de inteligencia, quienes mediante la dotación de aparatos tecnológicos e
informáticos condicionaban la autonomía de estos. Esto conllevaba a un debilitamiento en la
autonomía de decisiones estratégicas para la seguridad del estado e incluso una afectación a la
soberanía.

26
Con el propósito de modificar las inconsistencias halladas por la comisión, el Ejecutivo
presentó un proyecto de ley denominado Ley de Seguridad Pública y del Estado, el mismo
que fue aprobado el 28 de septiembre de 2009 y dio paso a una serie de transformaciones
como la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia a cargo de una dirección militar,
que pasó a ser reemplazada por la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) que con un
reglamento de funcionamiento posteriormente aprobado tendría una conducción civil. La
modificación también permite constatar la separación de las actividades de inteligencia que se
encontraban relacionadas a las Fuerzas Armadas, al establecerse en la ley de Seguridad que el
titular de la SENAIN no podrá ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o de la Policía
Nacional (Rivera 2011). A pocos meses de haberse instalado la SENAIN, la insubordinación
policial del 30-S reveló la problemática de una organización que al no contar con el adecuado
tiempo de funcionamiento presentó inconvenientes en los flujos comunicativos que
entorpecieron brindar una precisa alerta del descontento de los miembros de la Policía
Nacional como para poder canalizarlo por una vía institucional oportuna.

En otro ámbito de reformas se aludía a que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas como
los de la Policía Nacional sean juzgados por órganos de la función judicial. Esto conllevó a
que las cortes nacionales, distritales, tribunales y juzgados de la administración de justicia
militar y policial prescindan de aquellos procesos judiciales particulares, pasando la
atribución de procesamiento a la justicia ordinaria. Dicha acción se la realizó conforme al
mandato constitucional que apela al principio de unidad jurisdiccional, provocando el
desmantelamiento del aparataje judicial que proveía privilegios a los organismos del orden.
De igual forma, se expresaron las intenciones por parte del ejecutivo de iniciar con
modificaciones a los programa de seguridad social que también son especiales para policías y
militares, con la propuesta de integrarlos al sistema de seguridad público del país.

Otro de los motivos que también incomodó a las Fuerzas Armadas fue la creación de la
Comisión de la Verdad. Mediante decreto presidencial en mayo de 2007, se procedió a crearla
con el propósito de investigar violaciones cometidas a los derechos humanos durante el
período de 1984 –en la que era presidente León Febres Cordero- y 2008. Esta se centró en la
investigación de seis acciones violatorias como la privación ilegal de la libertad, tortura,
violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución
extrajudicial. Tras la desclasificación de varios archivos confidenciales de la institución
policial y el análisis de la Comisión, se llegó a determinar que la unidad de operación policial

27
denominada Grupo de Apoyo Operacional (GAO) operó de facto como una estructura
autónoma que participó en actividades extrajudiciales, desaparición forzada, imputaciones de
delitos no cometidos y alteración de partes (Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f).12
Esto culminó con la apertura de procesos penales a algunos integrantes de esta unidad de
policía y su posterior desarticulación en octubre de 2009. La apertura y acceso a la
información que tuvo la Comisión de la Verdad permitió judicializar varios casos en los
cuales agentes policiales formaron parte de hechos en los que se violentaron derechos
humanos. A decir de Ramírez Gallegos, las políticas gubernamentales tomadas en la
institución policial tuvieron una tendencia a:

Reducir el margen de autonomía y discrecionalidad de las fuerzas del orden: la Comisión de la

Verdad puesta en marcha por el Gobierno develó el uso irregular de los fueros policiales y los
altos niveles de impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes y ex
agentes de las fuerzas del orden; a la vez se procuró desmantelar varias agencias de inteligencia
policiales y militares acusadas de tener “línea directa” con sus pares de Estados Unidos
(Ramírez Gallegos 2012, 129).

El proceso de reestructuración policial dejó entrever una dependencia existente entre unidades
policiales especializadas y el gobierno estadounidense. Según el presidente Correa, estas
recibían sueldo incluso para gastos reservados y vulneraba la autonomía de las mismas (Paz y
Miño 2011). Esto daría cuenta de una influencia del gobierno estadounidense tanto en
organizaciones de la Policía Nacional como de los aparatos de inteligencia que se encontraban
vigentes en el país.

12
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) también realizó denuncias de vulneración de
derechos humanos por parte de miembros de esta unidad policial.

28
Capítulo 2
Dinámica del 30-S: Espacios, actores y repertorios de protesta

El capítulo describe los diferentes lugares en los que se registraron enfrentamientos entre los
miembros policiales insubordinados y la ciudadanía. En cada uno de ellos se detallan los
sucesos, actores políticos y sociales que se vieron involucrados.
En Quito, el relato se centra en el Regimiento Quito No.1 (RQ1) por ser el lugar en el que se
desenvuelve con mayor agudeza y temporalidad el conflicto del 30-S. Es ahí donde el arribo
del presidente Correa al sitio provocará de inmediato una respuesta violenta por parte de los
policías, quienes demostraban desinterés de llegar a algún acuerdo mediante el diálogo.
Durante la jornada de protesta, la presencia del mandatario se convertirá en una especie de eje
por el que temporalidad y niveles de conflicto varían en torno a él. Es justamente en esta
unidad policial donde se encontraban la mayor cantidad de policías insubordinados, y
coincide con el hecho de ser el lugar donde se registraron más muertos y heridos.

Además, se incluyen los enfrentamientos que se produjeron en edificios públicos como la

Asamblea Nacional, el Ministerio de Defensa y el Aeropuerto Mariscal Sucre, donde la
participación de ciertos actores políticos revela su postura política frente a la insubordinación.
La irrupción de actores políticos identificados, conjuntamente con otros manifestantes de
oposición que se dieron cita a las intermediaciones de Ecuador Tv –canal público- es incluida,
y se realiza una breve descripción de los procesos judiciales llevados a cabo.
En vista de que la ausencia de la institución policial tuvo secuelas a nivel nacional, el texto
incorpora los sucesos ocurridos en provincias como Guayas, Manabí, Cotopaxi, Bolívar,
Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Los Ríos. Como se detalla a continuación,
únicamente en la región insular no se registraron altercados.

El propósito del capítulo radica en abordar los enfrentamientos suscitados el 30-S desde la
perspectiva de los ciudadanos que tomaron la decisión de salir a las calles y otros sitios. Es
por ello que a lo largo del relato se incorporan testimonios de personas que dan referencia no
sólo a los lugares del conflicto sino también a los hechos ocurridos, los actores implicados, y
el nivel de conflictividad suscitado. Dada la multiplicidad de hechos violentos, a través de las
versiones de los manifestantes se pueden apreciar distintos momentos durante la jornada de
protesta como el fallecimiento de Juan Pablo Bolaños, estudiante quiteño herido a causa de
una bala perdida durante la agresión policial. Dichas narraciones procuran proponer un

29
enfoque a partir de los sucesos de la ciudadanía, y mediante ello acercarse a un esbozo del
repertorio de protesta de aquel día.

1. El Regimiento Quito No. 1

La insubordinación policial del 30-S inició a tempranas horas de la mañana. Uno de los
lugares en el que se registraron mayores sucesos fue el RQ1 en el cual alrededor de 1.000
policías, según la Comisión de Investigación del 30-S, se tomaron las instalaciones desde las
08h00. Desde la mañana, las camionetas de la institución que son utilizadas como patrulleros
trasladaban llantas viejas para que, con ayuda de los sublevados, sean descargadas y
colocadas en los ingresos del sitio para rociarlas con gasolina y quemarlas.

Los primeros hechos violentos se producen por la agresión de los uniformados contra
periodistas y fotógrafos que ya se encontraban en el lugar cubriendo los sucesos. A quienes se
encontraban en los patios internos, los obligaron a salir arrojándoles objetos como piedras y
conos, a más de propiciarles empujones e insultos mientras que a los que aguardaban en los
exteriores recibieron lanzamientos de piedras para forzar su distanciamiento. Algunos
fotógrafos tuvieron que correr hacia el Hospital Metropolitano para resguardarse, ya que
varios policías intentaron despojarlos de sus equipos -con éxito- para destruir cualquier tipo
de evidencia. Paralelamente a los hechos, el Ministro del Interior Gustavo Jalkh, había
recibido el reporte de la sublevación de los miembros policiales por parte de Freddy Martínez,
quien era el Comandante General de la Policía (Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f).

A eso de las 09h00, el Comandante Martínez arriba al RQ1 con el propósito de calmar los
ánimos de la tropa sublevada. Al intentar esbozar una explicación de las conversaciones
mantenidas con los compañeros policías sobre las reformas de la LOSEP, el general es
acusado por la multitud de policías sublevados de estar aliado al gobierno. Las intenciones de
apaciguamiento a los insubordinados resultó infructuosa.

Quince minutos más tarde, el presidente Rafael Correa acompañado de su escolta se da cita en
el regimiento. Según las declaraciones del presidente, su agenda arrancó con una sesión de
fisioterapia en su rodilla derecha en el Palacio de Carondelet, necesaria por la intervención
quirúrgica a la que fue sometido el 20 de septiembre, exactamente diez días antes de la
insubordinación. Apenas desciende del vehículo, Correa y su guardia son recibidos con el
lanzamiento de piedras produciéndose ipso facto su molestia e indignación. Bombas de gas

30
lacrimógeno y gas pimienta también fueron explotadas en el lugar. La tropa policial que ya en
ese momento conformaba un gran tumulto, se aprestó a gritarle ¡mentiroso, mentiroso! El
humo de las llantas quemadas era visible. El ministro Jalkh que también se encontraba en el
lugar trataba de calmar los ánimos infructuosamente. Las reacciones policiales provocaron
que el presidente tenga que salir del lugar. La cantidad de gas lacrimógeno que se expulsó y la
actitud beligerante de los policías amotinados registra una atropellada llegada del presidente.

Uno de los actores políticos que fue identificado por sus declaraciones a un medio televisivo
fue el Mayor en servicio pasivo Fidel Araujo, quien además pertenecía al PSP. En sus
declaraciones brindadas a un canal televisivo manifestó que “ha venido un test de recordación
a mi mente, y en mi consciencia está lentamente lo que ocurrió el 21 de enero” (Informe
Comisión de Investigación 30-S, s/f) refiriéndose a los hechos que culminaron en golpe de
estado efectuado a Jamil Mahuad. 13 Posteriormente, el presidente Correa, su escolta y el
ministro Jalkh se dirigieron a un edificio dentro del RQ1 para expresar unas palabras a los
gendarmes sublevados. Durante el traslado, los periodistas que intentaban seguir el hecho
recibían ofensas y empujones de policías que se cubrían su rostro con máscaras anti-gas. La
comitiva del gobierno recibió varios reclamos: los policías consideraban que la reforma a la
LOSEP contemplaba la eliminación de varias prebendas y privilegios que los amparaban.
Entre los miembros policiales y varias personas que vestían de civiles, circularon algunos
panfletos. Uno de ellos contenía el mensaje:

La inconformidad del personal policial es: Este gobierno nos quitó los juguetes de nuestros
niños. Nos quitaron el bono por el día de la Policía. Nos quitaron el fuero policial, el único
respaldo que teníamos. Lo último, nos están quitando el poco reconocimiento que teníamos
después de muchos años de servicios, las condecoraciones y ascensos, tomándonos en cuenta
como un servidor público para unos casos, desconociendo nuestras labores sin horario y los
riesgos de nuestro trabajo. No tenemos horas extras. Los pases no se respetan. (Paz y Miño
2011, 15).

Con la ayuda de un micrófono que permitió amplificar sus palabras, el presidente, desde el
segundo piso, se dirigió a los policías. Destacó los avances y transformaciones que se han

13
Fidel Araujo fue acusado de haber incitado a la rebelión el 30-S. El 29 de septiembre de 2015 recibió la
sentencia de la Corte Nacional de Justica (CNJ) en la que se ratifican 3 años de prisión. Uno de los reclamos de
sus abogados consiste en que el delito de incitación a la rebelión no existe en el nuevo Código Penal por lo que
la pena debía extinguirse. La CNJ lo acusó por incitación a la discordia entre ciudadanos, según el nuevo marco
legal.

31
dado con la elevación de salarios a los policías y manifestó que la estrategia era maximizar los
sueldos dentro de la implementación de una política nacional direccionada a la institución
policial. Frente a ello los insubordinados gritaron: “¡eso hizo Lucio, eso hizo Lucio!14

Al descender los miembros de la seguridad presidencial intentaron acceder a una salida del
establecimiento, acción que es impedida por un conjunto de policías que impiden su paso. El
bando policial se refuerza gracias a la llegada de camionetas y policías en motocicleta que,
además de bloquear las posibles salidas del mandatario, motivaban la arenga policial con
sirenas y el pito de los vehículos. En ese momento los miembros de la fuerza policial lanzaron
más gas lacrimógeno mientras se movilizaba el presidente, por lo que miembros que
respaldaban su seguridad proporcionaron una máscara anti-gas a él y a Edgar Andrade, jefe de
la Escolta Presidencial. Mientras el presidente se trasladaba con dificultad -apoyado por una
muleta y su asesor Francisco Latorre- un policía intentó despojar la máscara anti-gas colocada
al presidente. La salida del RQ1, que colinda con la calle Arteta, también fue bloqueada por lo
que se intentó realizar la evacuación del presidente Correa mediante un helicóptero. El
objetivo no pudo llevarse a cabo puesto que “el helipuerto fue bloqueado por el personal
policial motorizado y por los alzados” (Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f: 83).

Con la salud del primer mandatario afectada, a eso de las 10H40 se logró el rompimiento del
candado de un acceso que permitía ingresar al Hospital de la Policía, por lo que el presidente
que en esos momentos perdió la capacidad de movilizarse por su propia voluntad. Cargado de
pies y hombros por parte de su seguridad y colaboradores logró ingresar a la casa de salud.
Tras su estabilización y con un importante grupo policial que buscaba ingresar por todos los
medios al Hospital de la Policía, el presidente logra realizar un enlace con la radio y televisión
pública donde expresa que en esos momentos se encontraba en una habitación y que los
policías insubordinados intentan ingresar a ella. Culminó responsabilizándolos a ellos de su
integridad física.

En otros sitios de la ciudad como parques y avenidas, los ciudadanos eran agredidos por
grupos de policías que circulaban rumbo al RQ1. En un recinto cercano a la Policía Judicial
(PJ), “una volqueta lanzó tierra en la esquina de Amazonas y Roca para que los carros dejen

14
Este hecho permite observar una determinada preferencia del grupo policial por el ex presidente Lucio
Gutiérrez, fundador del Partido Sociedad Patriótica. El mismo se ha manifestado como opositor al gobierno tanto
en su discurso como en acciones en concreto. En el 30-S, al partido político se lo involucró como responsable de
la desinformación a los miembros policiales.

32
de circular. Desde ese momento la avenida Amazonas ya no circuló”15. En sectores ubicados
al extremo-norte de la ciudad como Carapungo también se registraron enfrentamientos entre
ciudadanos y policías. Así lo narra una de las moradoras del lugar que posteriormente se
trasladaría a la casa de salud:

Prendí la televisión a las 11 o 12 del día y escuché que Correa se despide de sus hijos. Para mí
fue algo porque él pensaba que lo iban a matar. Apagué la cocina y tal como estaba vestida salí.
Me dije, a mí nadie me quita lo que yo gané en las urnas, nadie me quita eso. En la calle yo le
gritaba a la gente, ¡qué hacen aquí parados!, porque veían los hechos por televisión. Les decía,
¡vayan y defiendan porque esto es nuestro, porque vamos a dejar que cuatro pelagatos nos
quiten lo que hemos conseguido! Cuando llegué a la (avenida) Simón Bolívar era un despelote
tremendo. Los chapas tuvieron que correr. Ellos amenazaban con pistola, no les importaba
ponerla en la cara a las personas. Llegó una volqueta y la gente se fue en ella. Luego vino una
furgoneta, y nos llevó hasta el (centro comercial) Bosque. Ahí vimos que había otras chapas,
los comenzamos a seguir, y estos huyeron. Se fueron corriendo. Luego llegué a la Mañosca y
Occidental, me quedé ahí hasta las 5 o 6 de la tarde. 16

En los testimonios de varios de los ciudadanos que acudieron al sector de la Mariana de Jesús,
se evidencia la colaboración de personas que apoyaron con la movilización de personas hacia
el RQ1 en sus propios vehículos. Esto facilitó la movilización de varias de ellas. En su relato
se puede constatar que los enfrentamientos se produjeron entre el bando de policías y
ciudadanos, lo que agudizó el clima caótico de la ciudad.

En el Palacio de Carondelet, mientras tanto, miembros del gabinete como Ricardo Patiño, los
asambleístas de AP Ximena Ponce y Gabriel Rivera, el colaborador Galo Mora y el alcalde de
Quito Augusto Barrera se encontraban en el balcón de la Plaza Grande frente a militantes del
partido que comenzaron a llegar. También se trasladaron la Ministra Coordinadora de la
Política, Doris Solíz, quien se encontraba en una reunión con los gobernadores provinciales en
un hotel privado. Apenas se enteró de los sucesos, suspendió la reunión y ordenó que los
gobernadores se movilicen a sus provincias para respaldar al gobierno desde sus localidades.
Miguel Carvajal, quien era Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa y Alexis
Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia, también acudió al Palacio.

15
David Ochoa (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 19 de junio de 2015.
16
Anabelle Jaime (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.

33
En la Plaza Grande incluso era posible visibilizar a esas horas a varios ciudadanos con
corbata, lo que podría dar cuenta de la convocatoria a algunos servidores públicos. Muchos de
ellos llevaban consigo posters con la fotografía del presidente Correa, banderas de Ecuador,
camisetas del Movimiento País, y letreros con lemas como ‘Viva el presidente Correa, abajo
la policía’ y ‘La revolución ciudadana está en marcha’. El canciller Patiño se dirigió a quienes
se encontraban en el lugar y expresó:

Unos pocos grupos golpistas están usando como pretexto un problema salarial o una Ley que se
ha discutido en la Asamblea (…) para un claro intento de golpe de Estado. (…) Quiero invitar a
nuestro pueblo en todos los rincones del país que salgan pacífica, democrática, patriótica y
valientemente a las calles de cada una de las 97 ciudades a expresar el apoyo a su Gobierno, y a
la democracia y rechazar el golpe de Estado. El Presidente Correa ha hecho declaraciones en
este momento, él está en el Hospital de la Policía y nos ha dicho a través de un comunicado que
hizo público que hay gente que está intentando meterse por los techos para afectar su integridad
personal (…) Todos los grupos sociales que están en este momento viniendo al Palacio de
Gobierno que se queden aquí custodiando esto. Pero quiero invitar a los valientes que están
aquí abajo a que ¡vayamos juntos a rescatar al Presidente que está en el Hospital de la Policía!
(…) Y que los demás grupos que están viniendo también protejan el Palacio. 17

El discurso del Canciller Patiño en la Plaza Grande se convirtió en uno de los principales
llamados que motivaron a la ciudadanía a acudir a las inmediaciones del RQ1 y Hospital de la
Policía, por la cantidad de personas que arribaron al lugar tras ello. Varios de los ciudadanos
que se encontraban en la Plaza de la Independencia caminaron al sector de la Mariana de
Jesús con proclamas como “¡vamos a rescatar a nuestro presidente!”, ¡”Correa, amigo, el
pueblo está contigo!”, “¡viva la revolución!”, “¡esto no es pagado, Correa se ha ganado!”. De
igual forma, la transmisión de las imágenes del amotinamiento policial por parte de diferentes
canales de televisión -antes de que se publique el estado de excepción- permitió observar la
agresión al presidente Correa y motivó a que los simpatizantes del gobierno salgan a las calles
a apoyarlo. Este es el caso de Mateo y Juan Pablo Bolaños, quienes salieron en respaldo al
presidente Correa y, en horas de la noche, este último perdió la vida por el impacto de dos
balas en su cráneo y muslo. 18 Según las declaraciones de Mateo:

17
Las declaraciones públicas las emitió Ricardo Patiño desde el Palacio de Carondelet, el 30 de septiembre de
2010.
18
Al siguiente día de los sucesos, Diario El Universo informó que “el estudiante universitario caído en la capital
era Juan Pablo Bolaños; cursaba el cuarto año de Economía. Según su amigo Carlos Torres, Bolaños cayó al

34
 Cuando Juan Pablo ve (en la transmisión televisiva) que los policías le quitan la máscara al
presidente porque le botaron gas se enoja, y me dice que debemos salir a defenderlo. Iban a orar
con mi mami porque ella es creyente. Ella fue a orar a cada esquina del Palacio de Gobierno.
Cuando yo llego, Juan Pablo decide salir conmigo al rescate del presidente a la Mariana de
Jesús.19

Entre los primeros grupos de ciudadanos que llegaron al sector inició su ascenso por la
avenida Mariana de Jesús. Por su parte, el cordón policial se encontraba ubicado a pocos
metros del semáforo aledaño al Hospital Metropolitano con varios de los elementos policiales
que ocultaban su rostro. Con el propósito de no causar desmanes, el grupo ciudadano se
acercaba al cordón policial gritando “¡estamos desarmados!” con las palmas de sus manos
hacia el cielo. La confrontación inició con el lanzamiento de una bomba lacrimógena que
demostró la negativa de los policiales a que los ciudadanos asciendan por la avenida. Estos
portaban su uniforme policial completo, casco, chaleco antibalas, botas e incluso toletes y
escudos. A esta respuesta, los ciudadanos respondieron con el grito, ¡hijos de Lucio, hijos de
Lucio!

Desde ese momento, el objetivo de la acción colectiva de los ciudadanos que se daban cita en
el lugar consistiría en avanzar algunos metros para poder acercarse al Hospital de Policía
donde se encontraba el presidente. Su forma de hacerlo consistía en amedrentar a los policías
con el lanzamiento de piedras e intentar avanzar algunos metros para acercarse al Hospital.

A esas horas de la tarde, varios ciudadanos inclusive se comunicaron mediante su celular y la

red social twitter se convirtió en un importante canal de transmisión de mensajes. Uno de los
ciudadanos simpatizantes del gobierno después del mediodía, organizó a sus amigos y vecinos del
barrio para trasladarlos.

Almorcé a las 12 y luego organicé a mis amigos. Cogí mi furgoneta, la llené y dije, ¡vamos
compañeros a la Mariana de Jesús! Fui con 12 personas. Llegamos por la América y no nos
dejaron subir (los policías), ya estaban las motos. Según avanzábamos, subía una multitud de
gente a respaldar a nuestro presidente. La avenida se llenó totalmente. La gente gritaba,

recibir una bala en una pierna y otra a la altura del cuello.” (El Universo, 1 de octubre de 2010) Esta información
fue confirmada por su hermano Mateo Bolaños durante la entrevista realizada en la presente investigación.
19
Mateo Bolaños (hermano de Juan Pablo), entrevistado por el autor, Quito, 12 de junio de 2015.

35
 ¡devuelvan al presidente! Un periodista me preguntó, a qué viene señor, y le dije a respaldar al
presidente. Y todo Quito vendrá a respaldarle. 20

Los ciudadanos comenzaron a acudir en mayores cantidades, muchos llegaron en familia, con
amigos o solos. Estudiantes con sus respectivas mochilas, hombres y mujeres con documentos
en brazos se congregaron. De igual forma, varias organizaciones en defensa de los derechos
humanos como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) o el Colectivo
Pro Derechos Humanos (PRODH) así como activistas políticos como María Fernanda
Restrepo acudieron al lugar según los testimonios recolectados de personas que acudieron al
lugar.

La presión que ejercían los ciudadanos al lanzar piedras para acercarse unos metros al
Hospital de la Policía produjo el lanzamiento de otras bombas lacrimógenas, una de las cuales
impactó en el rostro del ciudadano José Luis Caicedo quien tuvo que ser evacuado por una
ambulancia de la Cruz Roja. Esta intentó llevarlo a la casa de salud más cercana que era el
Hospital Metropolitano pero tuvo que cambiar de dirección por el bloqueo policial existente.
Aquellas ambulancias que debían ingresar o salir de la casa de salud policial pasaban por una
revisión exhaustiva de los uniformados que presumían que el presidente podría salir
escondido en alguna de ellas.

Durante el amotinamiento policial no sólo que las acciones de los policías causaban
conmoción en la población sino que su comportamiento se diferenciaba de su común
proceder. Aquel día abandonaron sus funciones y pasaron de ser vigilantes del orden público a
promotores del desorden y agresores. En el conjunto de las entrevistas, llama la atención la
descripción que realiza un ciudadano que acudió a las inmediaciones del sector:

A eso de las 4 pm, aún con luz, los policías hacían como que iban a disparar. Amenazaban.
Mucha de esa policía estaba en estado de ebriedad. Se notaba en su forma de hablar, de
caminar, de actuar que estaban en estado etílico. Yo creo que sí hubo un manejo irresponsable
de las cadenas más bajas de la policía. Fue como echarles a ellos a una lucha callejera. También
había grupos que estaban agrupados arriba y estaban ingiriendo alcohol y tabaco. 21

20
Aurelio Olalla (miembro del colectivo 30-S), entrevistado por el autor, Quito, 30 de junio de 2015.
21
Gabriel Buitrón (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 25 de junio de 2015.

36
Su relato en el cual se manifiesta el consumo de alcohol por parte de los miembros policiales
aquel día, con uniforme y a plena luz del día, es avalado por el General Ernesto González,
quien se encontraba como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En su libro,
expresa que recibió un informe de inteligencia en el que se indicaba que “algunos miembros
de la institución policial estaban libando.” (González 2014, 196)
Uno de las asambleístas de AP que en horas de la tarde logró ingresar a la habitación donde se
encontraba el presidente Correa fue Gabriel Rivera. En su descripción al arribar, menciona
que el mandatario estaba acostado en una camilla y con su pierna bastante hinchada. Si bien
todos los pisos estaban controlados por los policías sublevados, en un determinado momento
se dio efecto a un relevo que estaba imprevisto.

Todos entran bruscamente, con chalecos, vestidos de negro, con pasamontañas, y los policías
relevados no querían abandonar la función. Veo a uno de estos policías que le pega con la
culata al otro tan duro que lo empujó contra la pared. Y entonces el que venía delante de ellos
se cuadró de frente y le dijo, controlamos el piso. Se hicieron pasar como que venían a dar
relevo, pero en realidad era gente leal a nosotros.22

Si bien no se determina el grupo o unidad policial específica a la que pertenecieron este grupo
de policías, su ocupación disminuía en cierta medida la vulnerabilidad en la que se encontraba
el presidente. Para horas de la noche, aún existían varios ciudadanos que se encontraban en
los sitios aledaños al hospital de la Policía. Muchos de ellos decidieron esperar en el redondel
de la Mariana de Jesús y Avenida América mientras la petición de que las fuerzas militares se
hagan presentas para lo que se definiría como el rescate del presidente se suscite.

El transcurso de la tarde se desarrolló con varios rumores de tregua a los enfrentamientos

entre policías y ciudadanos. El momento en que estos se encontraban en el exterior del
Hospital de Policía y con el rumor del establecimiento de una tregua pudieron observar al
presidente Correa desde la ventana de la habitación en la que se encontraba. El grito
inmediato fue “¡no nos vamos sin el presidente!”. Una supuesta tregua no fue respetada y la
fuerza policial atestó la avenida Mariana de Jesús con las bombas lacrimógenas. Tal fue la
magnitud del gas que este nubló el lugar y la gente tuvo que descender varias cuadras para
evitar la asfixia.

22
Gabriel Rivera (asambleísta por AP), entrevistado por el autor, Quito, 17 de junio de 2015.

37
A las 20h45 los militares comenzaron a arribar al sector con vehículos y camionetas. En el
operativo participaron alrededor de 850 militares de la Brigada de Fuerzas Especiales del
Ejército conjuntamente con otras unidades de Quito. La estrategia estableció la división del
área en conflicto en un anillo externo donde las agrupaciones como el Batallón de
Comunicaciones Rumiñahui (AgruComg) Brigada de Infantería 13 Pichincha (13.BI), Escuela
de Soldados de Servicios (ESE), Batallón de Ingenieros 69 (BE-69) y la I División de Ejército
usaron únicamente un equipamiento antimotines. El anillo interno –donde participó el grupo
que tenía la orden específica de trasladar al presidente del Hospital del Policía- fue cubierto
por el Grupo de Paracaidistas 25, el Grupo Especial de Comandos (GIK-9) y 50 hombres del
Grupo Especial de Operaciones Ecuador (GEO) (El Comercio, 10 de octubre de 2010). El
recibimiento de los ciudadanos al grupo militar estuvo compuesto por gritos de apoyo y
aprobación como “¡Ecuador, Ecuador!” y “¡Viva la democracia!”. Conforme los grupos de
militares ascendieron la avenida Mariana de Jesús rumbo al Hospital, varios ciudadanos los
acompañaron cantando el himno nacional.

El presidente Correa fue rescatado por el GEO, grupo que ocupó la posición de vanguardia
durante el rescate. Miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) colaboraron en la
función de cubrir al presidente mientras se lo trasladó por las instalaciones internas del
Hospital. Según el Informe del Comandante del Grupo de Tarea 4.2, Brigada Fueras
Especiales, donde se detalla el denominado rescate del presidente, el momento en que se logra
ingresarlo al vehículo:

Se produjeron varios disparos, lo cual motivó el repliegue y confusión en el personal de

seguridad presidencial que se encontraba rodeando al primer mandatario, inmediatamente se
produce un apagón de las luces exteriores del sector del parqueadero de emergencia y se
procedió a embarcar al Sr. Presidente de la República en un vehículo Nissan Patrol color
plomo, el cual no era blindado y que pertenecía a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional,
Irina Cabezas (González 2014, 202).

Desde que el presidente fue trasladado a una de las puertas de salida del hospital y el
momento en que el vehículo que lo transporta sale de la casa de salud, se logró escuchar una
gran cantidad de disparos desde distintos puntos. Uno de los oficiales del GIR, Froilán
Jiménez, que se encontró como escudo humano al auto del presidente cayó abatido. Su salida
conformó uno de los momentos de mayor violencia registrada.

38
De igual forma el estruendoso ruido que se escuchó produjo que varios de los ciudadanos se
dirijan al redondel de la Avenida América y sus inmediaciones. Tras un operativo que logró
trasladar al presidente Correa hacia el Palacio de Carondelet, muchos de los que acudieron a
las inmediaciones del RQ1 se trasladaron a la Plaza Grande. Según el testimonio de una de las
personas que se encontró en el lugar: “comenzaron a llegar buses vacíos, de varias líneas, era
gente que no había sido convocada, y fuimos en ellos a la Plaza Grande”. 23 Hasta el final de la
jornada, la solidaridad de las personas que se dieron cita al sector de la Mariana de Jesús
permitió que varios de ellos se trasladen al Palacio Presidencial.

2. Sucesos en la Asamblea Nacional

A tempranas horas del 30-S, el recinto legislativo ya presentaba irregularidades en el
comportamiento de los policías encargados de brindar seguridad. A las 09H30 se producen los
primeros incidentes con los asambleístas de AP y aliados, quienes eran impedidos de ingresar
al lugar. Las puertas de la Asamblea se encontraban cerradas pese a que los miembros de la
escolta legislativa se encontraban en el lugar. Los únicos que ingresaban eran los policías que
tenían la función de custodiar el lugar. En declaraciones brindadas a la prensa, el Sargento
Mario Flores Navarrete expresa que se solicitó al Jefe de la Escolta Legislativa, Coronel
Edwin Tapia, que se unan en protesta por la vulneración de derechos que se produjo tras la
modificación a la LOSEP.

Uno de los primeros asambleístas que tomó la decisión de atravesar por la cerca que
bloqueaba su ingreso fue Pedro de la Cruz. Tras ser impedido su ingreso, expresó que
únicamente se dejaba ingresar a miembros de la derecha y conspiradores como Gilmar
Gutiérrez (PSP) y a ellos no. Las imágenes captadas por los periodistas y camarógrafos que se
encontraban en el lugar dan cuenta que el asambleísta de PSP antes mencionado gozaba de
libre acceso al recinto y se movilizaba sin impedimento. Por su parte, De la Cruz pasó por
encima de la cerca de la Asamblea y una vez en los estacionamientos varios policías se le
acercan amenazantes, a lo que él les responde: “¡es la casa de la democracia!”. En relación a
estos sucesos, el informe investigativo del 30-S determina que:

23
Juan Pablo Andrade (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 16 de junio de 2015.

39
 Mientras los representantes de Alianza País debieron subir las rejas del complejo legislativo
para poder ingresar a los predios –y en el camino fueron salvajemente heridos-, otros
asambleístas de oposición, en especial miembros de Sociedad Patriótica ingresaban sin ninguna
restricción y en completo control de sus actos con el beneplácito de los policías de la Escolta
(Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f).

Alrededor de las 10h40 otros miembros de la bancada de AP como Rosana Alvarado y Paco
Velasco también lograron ingresar a los estacionamientos de la Asamblea. Los asambleístas
César Rodríguez y Mary Verduga también se encontraban ya en el lugar (El Universo, 1 de
Octubre de 2010). Una vez dentro del recinto gritaban a los policías: “¡conspiradores,
conspiración!”. Además de dar declaraciones a los periodistas que se encontraban en el lugar.
La asambleísta Alvarado manifestaba que no cederán a un ambiente de presión o chantajes, y
responsabilizaba al gutierrismo como el grupo que se encontraba detrás de los sucesos. Por su
parte, Paco Velasco denunciaba a los medios de comunicación que el partido Pachakutik (PK)
pedía en esos momentos la renuncia del presidente Correa y llamaba a conformar un frente
único de oposición.

Los policías, por su parte reunían bombas lacrimógenas en un determinado sector para
preparar un ataque. Otro de los actos de agresión por parte de los elementos de la policía que
se encontraban en el recinto fue perpetrado a la asambleísta Marisol Peñafiel quien al
momento de lograr subir la cerca exterior de la Asamblea es víctima del rociamiento de gas
lacrimógeno a su rostro. En su relato lo describe:

Recuerdo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado estaba convocada para sesionar
sobre algún punto y debimos acudir a la Asamblea. Su presidenta Ma. Paula Romo nos convocó
ese día. Apenas empezaron los hechos, varios compañeros asambleístas nos iban informando.
Decidimos venir antes de la hora convocada, como a las 11H00. Cuando llegamos, la Asamblea
ya estaba tomada por la Escolta Legislativa y hubo órdenes para que ingresen ciertas personas y
otras no. Existió la intención de instalar la Asamblea sin miembros del Movimiento AP.
Nosotros no éramos mayoría en ese período. Hubo algunos desertores, y por lo tanto estas
fuerzas intentaban instalar la sesión. El objetivo era declarar en acefalía a la Presidencia de la
República y la Asamblea, porque el presidente Cordero no se encontraba en el país. Intentamos
ingresar a la Asamblea Nacional y había órdenes claras, la consigna de que nadie de AP
ingrese. Cuando llegué los ánimos se caldearon. Ya había casi el número completo de la
bancada. Llegaron Pedro de la Cruz, Silvia Salgado y se dieron enfrentamientos. Las tomas son

40
 tan claras que la policía desató toda su furia, y el objetivo era no dejarnos entrar hasta que el
presidente Correa sea asesinado.24

Posterior a ello, la asambleísta Peñafiel tuvo que ser trasladada de emergencia a la enfermería
del Legislativo para que pueda ser atendida y brindarle los primeros auxilios. El hecho
provocó de inmediato la indignación de su compañero Paco Velasco, el cual coreó la consigna
“¡asesinos, asesinos!”, en contra de los policías.

Además de ello, es posible observar que en el recinto legislativo no eran únicamente los
policías de bajo rango quienes consentían la insubordinación general. A las 12H00, el
“personal de la Policía Nacional ingresó al Centro de Control, desde donde se operan las
cámaras de vigilancia de la Asamblea Nacional y desalojó al personal civil operativo, tomó el
control del mismo y destruyó la información registrada por las cámaras de circuito cerrado de
vigilancia” (Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f). Este hecho evidencia el grado de
coordinación que tuvo el grupo policial durante los hechos en el órgano legislativo y,
posteriormente, dificultó las investigaciones al haber sido eliminadas las grabaciones del
circuito cerrado como evidencia.

Alrededor de las 13H00 el asambleísta Gilmar Gutiérrez abandonó las instalaciones

parlamentarias y se dirigió al Hotel Le Parc donde se reunió con otros asambleístas de la
oposición con el propósito de preparar la solicitud de amnistía para los policías que se
encontraban insubordinados y aquellas personas que habrían participado en los hechos de
aquel día. Esto se materializó en una rueda de prensa dada a las 16H50 desde las mismas
instalaciones de la Asamblea, donde los legisladores pudieron ingresar sin inconvenientes y
con el consentimiento de la Escolta Legislativa. Se anunció la petición de otorgar la amnistía.
Entre quienes formaron parte de esta petición es posible mencionar a Fausto Cobo y Klever
García (PSP), Enrique Herrería y Andrés Roche (Madera de Guerrero/Partido Social
Cristiano), Leonardo Viteri (PSC), Tito Mendoza y Vladimir Vargas (PRIAN), Rafael Dávila
Egüez (Conciencia Ciudadana), y César Montúfar (Concertación Nacional) (Informe
Comisión de Investigación 30-S, s/f).

24
Marisol Peñafiel (asambleísta de AP), entrevistada por el autor, Quito, 16 de junio de 2015.

41
A las 17H30 la Vicepresidenta encargada de la Asamblea Nacional Irina Cabezas (AP) –
debido a que el presidente Fernando Cordero se encontraba en España- procede a suspender la
sesión del Pleno ya que “la seguridad del presidente no está garantizada”. Mientras
abandonaba la sala, los legisladores opositores reaccionar con gritos como “¡sinvergüenzas,
farsantes, dictadores, traidores!”.

Ya en horas de la tarde asambleístas del oficialismo como Rosana Alvarado acompañada de

Ramiro González quien formaba parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), y Marisol Peñafiel arriban al Hospital de la Policía también con el propósito de
apoyar al presidente Correa.

3. Irrupción al canal público ECTV

Mientras en los alrededores de la Mariana de Jesús un significativo número de ciudadanos se
enfrentaba a los policías que no les permitían acercarse al Hospital de la Policía, en la Tribuna
de la Shyris un grupo de personas apoyaba la desobediencia policial y con carteles en mano
gritaba “¡Fuera Correa, fuera!.” Alrededor de las 18H30 dicho grupo se dirigió hacia el
Edificio de Medios Públicos donde se encontraban los periodistas transmitiendo los sucesos
del Hospital y RQ1. A esa hora, y por orden del estado de excepción emitido, era la única
señal que se transmitía en el país.

A sus exteriores llegaron alrededor de 60 personas quienes forzaron las rejas de seguridad y se
aprestaron a ingresar a una de las puertas de vidrio que permitía el paso al set de transmisión.
Al mantenerse únicamente dos guardias de seguridad privada, el grupo logró ingresar
causando destrozos de rejas y puerta. Posterior a ello y de manera improvisada María
Alejandra Cevallos -quien en ese momento manifestó ser una ciudadana que no representaba a
ninguna organización política o social- se refirió a los hechos en el canal público Ecuador TV
y manifestó que sus intenciones eran construir un diálogo entre los ciudadanos y el presidente
en donde se tome en cuenta a otro sector de la ciudadanía para realizar las leyes.

Posteriormente se pudo revelar que Cevallos era asambleísta alterna del Partido Social
Cristiano (PSC). Otro de los miembros del grupo que realizó declaraciones a la prensa fue el
abogado Pablo Guerrero donde afirmó que la sociedad quiteña respalda a la Policía Nacional,
institución que se ha rebelado frente a un gobierno que atenta contra los derechos humanos.

42
Una de las cadenas emitidas por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) menciona
a Paúl Camacho como responsable de la destrucción de la puerta, y la presencia de Francisco
Endara, Víctor Hugo Erazo, Max Marín y Galo Monteverde (El Telégrafo, 12 de octubre de
2010).25

4. El bloqueo del aeropuerto y Base Aérea Ecuatoriana

Otro de los sitios estratégicos que fueron tomados desde tempranas horas por miembros de la
Dirección de Aviación Civil y Fuerzas Armadas corresponde a la Base Aérea Ecuatoriana.
Varios militares se encontraban bloqueando la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre. Uno de
los líderes de la revuelta se dirigió a los medios de comunicación y manifestó que tomaron
como medida organizar una toma pacífica en el lugar en solidaridad con los policías tanto de
Quito como del país que se habían tomado las diferentes unidades y destacamentos. En este
lugar llama la atención los carteles con los que los oficiales de tropa protestaban ya que era
evidente que habían sido diseñados, redactados e impresos con anticipación. Las frases que
estos contenían eran ‘En las Fuerzas Armadas, la patria no es de todos. Es solo de los
oficiales’, ‘Nuestros derechos los adquirimos con sangre y no permitiremos más atropellos a
la dignidad militar’, ‘No a la eliminación de condecoraciones al tiempo de servicio’.

A eso de las 09H30, alrededor de 5 patrulleros se aprestaron al ingreso de la Base Aérea

donde capitanes de la Policía Nacional dialogaron con la tropa militar insubordinada. Al
Ministro de Defensa Javier Ponce le informaron que la Base Aérea se encontraba tomada, por
lo que dicho suceso afectó a que el vicepresidente Lenin Moreno pueda aterrizar en Quito en
un vuelo proveniente desde Nueva York. Este tuvo que ser desviado a la ciudad de Guayaquil.

El bloqueo de la pista también impidió que el General González, Comandante de las FF.AA,
pueda arribar. Proveniente de Cuenca, su avión tuvo que aterrizar en el aeropuerto Atahualpa
de Ibarra, donde luego de mantener una reunión con el encargado de seguridad de la frontera
con Colombia, “18 minutos después, el jefe militar y su comitiva abordaron un helicóptero
MI-1 y salieron” (El Comercio, 17 de octubre de 2010) con rumbo a la capital.

25
La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció el 21 de octubre de 2015 a 18 meses de prisión
a Francisco Endara, Víctor Hugo Erazo, Patricio Fajardo, Max Marín y Galo Monteverde acusados de sabotaje
por la irrupción al Edificio de Medios Públicos. (La Hora, 21 de octubre de 2015). El proceso judicial inició con
13 acusados de los cuales 4 fueron declarados inocentes. El 9 de julio de 2015 el presidente Rafael Correa
aludiendo la visita papal indultó a Paúl Camacho y María Alejandra Cevallos. Los hermanos Pablo y José Luis
Guerrero se encuentran con condición de asilo en República Checa, por lo que los cinco involucrados restantes
aún tienen pendiente una demanda penal.

43
A las 18h00 el suboficial primero de las Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Humberto
Chichamdi, anuncia a la prensa una propuesta de acuerdo con el ministro de Defensa y el
Comandante General con un conjunto de peticiones para gestionar con diferentes ministerios
e incluso en la Asamblea Nacional. Lo realiza acompañado de varios soldados de tropa. Pese
a ello, el cierre del aeropuerto se mantuvo hasta las 20H00 (Paz y Miño 2011).

5. Protestas en el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Tránsito

Las instalaciones del Ministerio de Defensa ubicadas en el sector de La Recoleta, al sur de
Quito, también fueron un sitio donde los militares uniformados salieron a la calle a gritar
consignas a favor de la insubordinación que se producía en el país. Acompañados de su traje
de campaña, miembros tanto de la Aviación Civil, el Ejército y la Marina se dispusieron a
expresar sus quejas. Entre ellas “Correa, escucha, la tropa está en la lucha” fue coreada por los
uniformados (El Comercio, 17 de octubre de 2010). Esto fue acompañado de la quema de
llantas y el rociamiento de combustible en las aceras del lugar.

Los sucesos que se llevaron a cabo en esta institución pública por parte de los soldados
provocaron que el ministro Ponce, a las 10H00, intente apaciguar los ánimos mediante la
conformación de una reunión improvisada. La misma no derivó en que el personal militar
detenga del todo sus acciones.

En tanto, la Jefatura de Tránsito en horas de la mañana se convirtió en un sitio en el cual

varias unidades como vehículos, motos y policías se desplegaron hacia algunos puntos de la
ciudad debido a que alberga varios elementos logísticos de la policía. A eso de las 08H30,
varios uniformados se movilizaron hacia la avenida Occidental con el objetivo de quemar
llantas y obstaculizar el tránsito vehicular. Al ser un eje de movilidad donde circulan varios
automotores, poco a poco se produjeron inconvenientes en el tránsito.

6. Caos en otras ciudades del país

Las acciones de sublevación de la Policía Nacional iniciaron en la ciudad de Guayaquil a las
09H30. Como ocurrió en Quito, los dispositivos de comunicación con los que cuentan les
permitieron organizarse y trasladar la información a varios miembros de manera efectiva.
Además de ello, los policías utilizaron la Central de Auxilios y Emergencias con el objetivo
de transmitir mensajes que provoquen la desobediencia institucional y apoyar a sus
compañeros de Quito. (Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f). Durante las

44
comunicaciones se estableció que el sitio de concentración sea el Comando Provincial de
Guayas No.2, es decir el Cuartel Modelo. Esto generó que alrededor de 2.000 policías que
laboraban en el lugar se reúnan y procedan a acciones en las que, “los uniformados
bloquearon un tramo de la Av. De las Américas como muestra de exigencia para que se
derogue el cuerpo legal” (El Telégrafo, 1 de octubre de 2010).

La oposición a la reforma de la LOSEP en el puerto principal tomó fuerza ya que los

uniformados policiales recibieron el apoyo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) ya
que se unieron a la sublevación como acto de rechazo al Código de Organización Territorial
(COOTAD) aprobada por la Asamblea en agosto de 2010. Su temor se debió a que
consideraban que la ley afectaría a las competencias instituciones y esta podría desaparecer.
Miembros de la CTG colaboraron con el cierre de uno de los ejes estratégicos de movilidad en
Guayaquil como el denominado Puente de la Unidad Nacional. A eso de las 13H30, alrededor
de 50 partidarios de AP acudieron al lugar con el objetivo de despejar la vía pero la
circulación del lugar no se regularizó hasta horas de la noche. Vehículos policiales fueron
utilizados para cerrar avenidas como la 25 de Julio, Pedro Menéndez Gilbert y la intersección
entre las calles Yaguachi y Portete. Varias de las paradas de la metrovía fueron
inmediatamente cerradas y protegidas con candados (El Comercio, 1 de octubre de 2010).

En el cantón Daule, la organización de los gendarmes al paralizar sus funciones llegó a tal
punto de quemar llantas frente a su cuartel y luego trasladarse ‘a trote’ para obstaculizar la vía
que une a Guayaquil con El Empalme. Las vías de los cantones de Naranjal y Milagro
también se cerraron (El Universo, 1 de octubre de 2010). En el cantón Durán se procedió a
utilizar siete camionetas para bloquear el ingreso al cantón.

La ausencia de vigilancia policial trajo sus consecuencias en el orden y seguridad de la urbe

guayaquileña. Varios locales y negocios fueron saqueados por los mismos ciudadanos que
transitaban por las calles. Uno de los locales de Tía ubicado en la vía Perimetral fue vaciado
por hombres y mujeres que rompieron las puertas de seguridad y lograron ingresar. Las
perchas quedaron sin los productos frente a la impotencia de un guardia privado que no podía
obstaculizar los hechos.

Alrededor de las 14h30, las personas acudían a diferentes locales comerciales en vehículos,
motos e inclusive bicicletas. El atraco llegó a tal nivel que incluso en grupos de cuatro y cinco

45
personas se robaron las refrigeradoras, congeladores y vitrinas de los locales. Su vaciamiento
fue total (El Comercio, 1 de octubre de 2010). Casi treinta minutos después, llegó el primer
patrullero con 3 policías que intentaban detener a los grupos que robaban los artefactos más
grandes. Este mismo patrullero, posteriormente, se movilizó a una de las farmacias del sector
que también fue saqueada. Con la ayuda de otro patrullero y 8 efectivos policiales
motorizados, lograron detener el robo de los artículos electrónicos de la farmacia como
refrigeradores debido a que la ciudadanía extrajo las medicinas en fundas y cartones. Similar
situación se vivió en otros almacenes como Artefacta, Jaher, La Ganga, y farmacias Sana
Sana.

Los saqueos y asaltos que se produjeron en los diferentes locales guayaquileños no fueron
provocados específicamente por pandillas o bandas criminales. Fue posible constatar por los
videos y fotografías de los diferentes medios de comunicación que fueron los mismos
ciudadanos quienes se organizaron para –entre vecinos, amigos e incluso familiares- extraer la
mayor cantidad de productos que les fue posible (El Universo, 1 de octubre de 2010).

La desobediencia policial guayaquileña también contó con el apoyo de un sector colegial.

Alrededor de las 10H50 estudiantes del Colegio Aguirre Abad acudieron a los alrededores del
Cuartel Modelo para apoyar la gresca policial donde se observó la presencia de Mery Zamora,
quien se encontraba con el cargo de presidenta de la UNE.26 Otras agrupaciones de la
sociedad civil como representantes de la FEUE, FESE y la misma UNE quemaron llantas y
bloquearon vías alrededor de la Universidad Estatal de Guayaquil.

En otras provincias de la Costa como la de Manabí también se suscitaron desmanes. En la

ciudad de Manta se registraron saqueos y asaltos mientras los policías quemaban llantas en las
calles. En Chone, a eso de las 11H00, un menor de edad fue asesinado con varios disparos. En
Los Ríos, específicamente en las ciudades de Quevedo y Babahoyo “unos 200 policías
participaron en una marcha por las calles de Babahoyo, como inicio de la protesta. Luego los
uniformados cerraron el puente San Pablo” (El Universo, 2010, 1 de octubre) En Quevedo, los
policías ubicaron un carro antimotines frente a la Jefatura de Tránsito.

26
Por los hechos del 30-S, Mery Zamora tuvo que afrontar juicios penales que la acusaron por arengar a los
colegiales para salir a protestar y paralizar los servicios públicos que la entidad educativa ofrecía. En mayo del
2014 la Corte Nacional de Justica (CNJ) reconoció un recurso de casación por inconsistencias de la sentencia, lo
que provocó la finalización del proceso legal.

46
En la Sierra se produjeron movilizaciones encabezadas por otras organizaciones que
respaldaron a las acciones de los uniformados. En la provincia de Cotopaxi, a las 09H30 un
conjunto de personas conformado por estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi
(UTC), miembros de la FEUE y el MPD se tomaron el edificio de la Gobernación de
Cotopaxi en respaldo a la institución policial. Los gritos de estos fueron “¡muerte cruzada,
gobierno popular!”. Estas acciones también tuvieron el respaldo del FRIU que también se
encuentra alineado con el MPD.

En Bolívar los policías sublevados iniciaron la protesta con la toma de las instalaciones del
Comando de la provincia para posteriormente dirigirse alrededor de 100 policías a la
Gobernación donde lograron ingresar al salón principal rompiendo puertas y obligando al
personal que se encontraba laborando al interior a abandonar sus oficinas. En la provincia de
Tungurahua, pese a que el Gobernador fue agredido por la tropa policial sectores campesinos,
jefes y tenientes políticos, prefectos y algunos alcaldes acudieron a la Gobernación para
resguardarla. En Chimborazo, los policías que quemaron llantas frente al Comando de Policía
recibieron el respaldo de profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional de
Chimborazo (UNACH), y de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
quienes salieron a las calles en muestra de apoyo. Además se realizó una marcha hacia la
Gobernación donde se declaró públicamente el respaldo a las medidas tomadas con una
irrupción que provocó el rompimiento de puertas y ventanas. En Cañar, los policías y
opositores que intentaron tomarse la Gobernación no tuvieron éxito ya que autoridades
provinciales lo impidieron. Las zonas fronterizas también sufrieron secuelas por la
paralización de la labor policial. En Huaquillas los policías cerraron el paso vehicular en el
puente internacional mientras que en Tulcán, en la frontera norte, el control policial del
puente Rumichacha fue abandonado (El Universo, 2010, 1 de octubre).

Por su parte, otros actores políticos como gobernadores y dirigentes de AP organizaron

marchas de respaldo al gobierno frente a las acciones policiales. En Cuenca, el gobernador de
Azuay Leonardo Berrezueta convocó a militantes oficialistas al Parque Calderón y Plaza La
Merced en el centro histórico de la ciudad. Pese a la desobediencia de la institución policial en
Manabí, el prefecto Mariano Zambrano y doce alcaldes firmaron una resolución que
respaldaba al presidente Correa. En Zamora, Loja y Tulcán servidores públicos salieron a las
calles también en muestra de respaldo.

47
En un balance realizado por la Comisión de Investigación del 30-S se establece que en 19 de
las 24 provincias del país se produjo la subordinación de miembros de la Policía Nacional.
Estos comprendieron no sólo la paralización del servicio público de seguridad sino también la
quema de llantas y cierre de diferentes vías. A su vez, en 10 provincias las organizaciones
políticas como el MPD, el PSP, la UNE y la FESE apoyaron las acciones de los policías.

Como se ha mencionado en Bolívar, Chimborazo y Los Ríos se produjeron acciones violentas

que desembocaron en la toma violenta de las Gobernaciones con la participación de
profesores universitarios y empleados gubernamentales. Mientras que en 23 de las 24
provincias del país se pudo registrar el respaldo de la ciudadanía y rechazo a la actitud
policial. Galápagos fue la única provincia donde no se registraron anomalías de algún tipo
(Informe Comisión de Investigación 30-S, s/f).

Las acciones protagonizadas por los miembros policiales permiten entrever una postura que se
inclina sobre todo a la intención de protestar frente a la posibilidad de resolver el conflicto
mediante la vía del diálogo. Incluso es posible observar desde tempranas horas a varios
gendarmes que procedieron a agredir a equipos periodísticos que se prestaban a realizar una
cobertura de los hechos precautelando el registro de fotografías y videos con los cuales sea
posible identificarlos. Pese a ello, fue posible recaudar material audiovisual que además sirvió
como prueba para los procesos judiciales donde los agresores fueron acusados por el Estado
y fracasó el deseo de anonimato.

A partir de las entrevistas realizadas a los ciudadanos y la documentación revisada, es posible

señalar que durante el 30-S las acciones de miembros policiales violentaron diferentes
derechos humanos como el respeto a la vida y a la integridad física, moral y psíquica. Al
recordar la función de la Policía Nacional de precautelar el orden y seguridad interna del país,
el abandono de su función desembocó en una serie de evasivas. El hecho de que los policías
impidan una adecuada evacuación de personas heridas violenta sobre todo los artículos 16 y
17 del Código de Ginebra en el que se estipula la protección y traslado adecuado de heridos y
enfermos, 27 el mismo que se encuentra vigente en el país.

27
Según el Código de Ginebra, el artículo 16 manifiesta que “Los heridos y los enfermos, así como los inválidos
y las mujeres encintas, serán objeto de protección y de respeto particulares. Si las exigencias militares lo
permiten, cada una de las Partes en conflicto favorecerá las medidas tomadas para la búsqueda de los muertos y
de los heridos, para acudir en ayuda de los náufragos y de otras personas expuestas a un peligro grave y para
protegerlas contra el pillaje y los malos tratos.” Mientras que el artículo 17 se refiere a que “Las Partes en

48
La insubordinación, al contemplar el abandono de funciones constitucionales y comprender
una ilegalidad, agudizó las consecuencias. Todo aquello que implica ser policía como su
capacitación y conocimiento para actuar en casos específicos, armamento y equipo logístico
como autos, motos, máscaras anti-gas y sistemas de comunicación se dispuso en contra de los
ciudadanos.

conflicto harán lo posible por concertar acuerdos locales para la evacuación, desde una zona sitiada o cercada, de
los heridos, de los enfermos, de los inválidos, de los ancianos, de los niños y de las parturientas, así como para el
paso de ministros de todas las religiones, del personal y del material sanitarios con destino a esa zona.”

49
Capítulo 3
Correístas, gobiernistas y demócratas. Análisis de los marcos de significación y
emociones del 30-S

El presente capítulo se centra en los marcos de significación que dan sentido a la movilización
de los ciudadanos quiteños que se dirigieron al sector del Regimiento Quito No. 1 durante la
insubordinación policial del 30-S. Estos se encuentran compuestos por un conjunto de
creencias, ideas, representaciones y sentidos que influyen en la conformación de una acción
colectiva. Los marcos son esquemas interpretativos o formas de comprensión específicos de
uno o varios sucesos políticos en los cuales los actores tienden a seleccionar y resaltar
situaciones, eventos y experiencias específicas.

Si bien los marcos de significación han sido estudiados como un proceso estrictamente
cognoscitivo, a la descripción de estos se incorpora las emociones como otro elemento de
análisis. La presencia del componente emocional en los procesos de enmarcamiento permite
comprender los procesos de vinculación entre los diferentes actores políticos de una protesta.
Diferentes estudios en el área de los movimientos sociales y la acción colectiva reivindica a
las emociones como un elemento cultural que es aprendido, compartido y controlado en la
interacción social. Tras el surgimiento de un suceso o evento político, la aparición de
emociones se genera como una respuesta transitoria que puede provocar afectos positivos o
negativos como lealtad o miedo. Y en el caso específico del 30-S, las emociones son un
elemento que se encuentra presente recurrentemente en los testimonios y proveen mayor
información de los comportamientos al estar relacionadas específicamente con los objetivos o
propósitos que se esperan lograr en una acción colectiva (Jasper 1998).

El análisis de las entrevistas realizadas a los ciudadanos que salieron durante la

insubordinación el 30-S permitió segmentar en tres diferentes grupos, los mismos que
divergen en la motivación que los convocó a las calles. Esto responde a las ideas y emociones
que se destacan y fueron segmentadas. En base al proceso de identificación de ciertos
elementos del enmarcamiento es posible distinguir un motivo específico que se convierte en el
leitmotiv de la acción colectiva. Siguiendo a Jasper, este genera una emoción en específico a
tal punto que posibilita la apreciación o evaluación por parte de los diferentes actores políticos
que participan en una acción colectiva. En consecuencia, es posible distinguir: 1) el grupo al
que se definirá como los ‘correístas’ en donde la motivación principal u ‘objeto’ –en el caso

50
de las emociones- gira en relación al presidente Rafael Correa; 2) los ‘gobiernistas’, quienes
se alinean con el proyecto político, ‘objeto’ que les incentiva a la acción colectiva; y,
finalmente, 3) los ‘demócratas’ compuesto por quienes a pesar de no presentar una aprobación
tácita o lazo afectivo por el presidente Correa o el denominado proyecto, registran una clara
inclinación para hacer prevalecer la democracia.

De igual forma, las declaraciones de los entrevistados permiten determinar a este suceso
político como un ‘shock moral’, definido por Jasper como “un evento inesperado o pieza
informativa que genera tal sentido de indignación en una persona que esta se ve impulsada a
la acción política, independiente de sus vínculos con el movimiento” (Jasper 1998, 409)
Además el autor menciona que dicho evento provoca que la persona reflexione sobre sus
valores básicos y la diferencia de su idea del mundo con la real, por lo que “su malestar
visceral los conduce a veces a la acción política en busca de una reparación” (Jasper 2012,
55). El ‘shock moral’ depende de patrones preexistentes de afecto que se relacionan a
sensibilidades morales que podrían producir sentimientos como indignación o miedo.

Mediante el enmarcamiento y las emociones, la percepción de amenaza es uno de los

primeros momentos que antecede a la identificación de culpables, acompañado de un
significativo grado de ansiedad e incertidumbre. Pese a que a los tres grupos califican a la
insubordinación policial como un ‘shock moral’, las representaciones, sentidos y emociones
varían según el ‘objeto’ o causa emocional del que estos dependen.

La estructura del capítulo está conformada por las tres dimensiones de marcos que propone
William Gamson: agencia, injusticia e identidad. En cada una de ellas se describe de manera
general las creencias, sentidos, representaciones o emociones que comparten los tres grupos,
para finalizar con una descripción detallada de los elementos que difieren dentro de cada uno
de ellos.

1. El ‘objeto’ motivador: marcos de agencia alrededor del 30-S

Esta dimensión de análisis hace referencia al esquema interpretativo que provoca a los actores
que comprendan a una determinada situación social como modificable mediante su propia
agencia colectiva. A partir de dicho esquema, los actores se reconocen a sí mismos como
agentes de su propia historia, como sujetos capaces de transformarla. Bajo estas

51
circunstancias, la acción colectiva pasa a ser vista como una necesidad o deber con el
propósito de modificar la realidad.

Los marcos de agencia de los ciudadanos que salieron a las calles el 30-S presentan ciertos
criterios en común que se los enunciará de manera general. Uno de ellos corresponde a un
antecedente histórico que se encuentra presente y es común entre ellos. Tienden a evocar la
“memoria corta” al hacer referencia a los resultados alcanzados en anteriores movilizaciones
sociales en las que la participación de los quiteños en las calles logró el propósito: el
abandono de los presidentes del poder. Es así que varios de los entrevistados que se dieron
cita en la zona del Regimiento Quito No. 1 aquel jueves, recuerdan y mencionan que
acudieron en anteriores años a protestas como aquellas que provocaron la destitución del
presidente Lucio Gutiérrez por parte del Congreso Nacional el 20 de abril de 2005 o las que se
efectuaron en 1997 y 2000 y dieron como resultado la destitución de Abdalá Bucaram y Jamil
Mahuad, respectivamente.

Estos hechos, más allá de que formen parte de la memoria colectiva y tengan vigencia en
momentos donde emerge un conflicto político, ratifican la aseveración que realizan los
entrevistados sobre sí mismos, al asumirse como agentes capaces de lograr un cambio, y
visibilizan a la conciencia política como un factor que provoca que su participación en la
acción colectiva, en un determinado momento, cobre el sentido de un deber. Por ello, los
entrevistados expresaron una analogía: si en un tiempo pasado acudieron a las calles como
forma de protesta contra los presidentes, en esta ocasión se vieron en una especie de laberinto
moral de manifestar su respaldo y conformidad con el gobierno. Además, es necesario
mencionar que la serie de manifestaciones que se han dado en el país ha provisto de un tipo de
significación al espacio de la ‘calle’. Esta pasa a ser vista como: a) un medio que permite la
interlocución con los gobernantes, b) un lugar de desfogue y expresión emocional permitido,
y c) un espacio de confrontación y pugna política que pudiese registrar un grado de
efectividad, en caso que las peticiones o demandas pasen a ser expresadas y escuchadas.

Otra de las representaciones sociales que se encuentra presente en los marcos de agencia y
que actúa como elemento orientador de la acción colectiva consiste en lo que los ciudadanos
entienden como la transformación del tiempo político. Es así que el presidente Rafael Correa
y su gabinete pasan a ser asumidos como un dispositivo de cambio responsable de transformar
un pasado político relacionado con lo que la ciudadanía señala como los vicios de la política,

52
y un ‘nuevo tiempo’ antagónico a este. Los elementos discursivos que conforman la idea del
‘viejo tiempo político’ de la ciudadanía se relacionan con aquellos que el presidente alude
para justificar la necesidad de ‘refundar una nueva patria’, como la existencia de una vieja
partidocracia que es clientelar y corrupta, un estado obsoleto y dependiente de organismos
internacionales, y una débil o nula representatividad de los políticos. Esto se diferencia del
‘tiempo actual’ donde ellos resaltan una figura presidencial que demuestra ser consecuente
con su discurso, donde la otrora ausencia de un estado es transformada por la ejecución de
políticas públicas que lo vuelven activo e incluyente, liderado además por un mandatario que
representa a sus ciudadanos.

Ya en lo que respecta específicamente al marco de agencia correspondiente al grupo que

hemos denominado como ‘correístas’, este gira en relación exclusiva a la figura de Rafael
Correa. Durante el amotinamiento policial, los ciudadanos de este grupo registran un
fortalecido vínculo emocional hacia el presidente, evidenciado en frases como ‘yo quiero
verle a mi presidente’ o ‘necesito verle a mi presidente’, las mismas que albergan un sentido
de identificación y pertenencia por parte de los ciudadanos hacia el mandatario. El proceso
electoral que se había llevado a cabo en el país a fines de abril de 2009, donde Correa necesitó
únicamente de la primera vuelta para vencer, no sólo era un signo de su popularidad sino que
tendió a reforzar el vínculo existente entre la ciudadanía y el mismo presidente. La mayoría
alcanzada en el país evitó una segunda vuelta y ratificó el apoyo de los gobernantes. Los
triunfos electorales –logrados por Alianza País- convertían al voto popular en lo que se señala
como la afirmación del principio de la voluntad ciudadana (Cheresky 2006). De igual forma,
los ciudadanos durante el período conocido como la ‘revolución ciudadana’ registran señales
de identificación con los procedimientos de la democracia representativa. Tal como expresa
una entrevistada que acudió aquel jueves 30 de septiembre de 2010 en defensa del presidente:
“A mí nadie me quita lo que yo gané en las urnas. Nadie me quita eso” 28.

Otra de las representaciones más significativas alrededor del presidente Correa se genera en
torno a su figura de líder. Los ciudadanos que comparten este marco lo perciben como un
político que además de dirigir un proceso de transformación, se diferencia de otros por
distanciarse de una cualidad criticada en lo que se conoce como ‘partidocracia’ 29: la

28
Anabelle Jaime (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.
29
Este término suele estar presente en el discurso tanto del presidente Correa como en sus diferentes campañas
publicitarias. Su relevancia radica en su utilidad de connotar al grupo de políticos que se encuentran en el pasado
político del país, y reúnen vicios como corrupción, clientelismo y falta de compromiso.

53
demagogia. Al reconocer su liderazgo, en relación a la implementación de nuevos programas
de políticas económicas y sociales, estos ciudadanos destacan la congruencia entre el discurso
y sus acciones. A más de ello, el hecho de haber ejecutado obras y demandas que en el pasado
no fueron satisfechas es otro elemento que suma. El siguiente testimonio refleja ello:

Se han dado varias luchas sociales a lo largo de los años. Son luchas sociales y ciudadanas que
se han mantenido dispersas. Este presidente las acumuló. Hizo una articulación de esos sueños,
de todas esas necesidades y aspiraciones de cada grupo. Lo que la ciudadanía ha esperado que
se priorice en la educación, la salud, la vialidad. Incluso la soberanía, porque hemos estado
afectados por esas transnacionales que siempre se llevaban en peso nuestro país, y no había
recursos para reinvertir en obra social.30

Las decisiones como la no firma del Tratado de Libre Comercio o la finalización del acuerdo
que permitía la utilización de la Base de Manta al gobierno estadounidense, así como las
agudas críticas que el presidente Correa emitió contra organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) agradaron a la ciudadanía en general e incluso
fueron relacionadas con el fortalecimiento de la soberanía nacional.

En otra representación que destaca el liderazgo del presidente Rafael Correa se hace alusión a
la capacidad de conformar y encabezar lo que ellos mencionan como el ‘proyecto de la
revolución ciudadana’. En vista que al frente del proyecto mencionado, el único líder
identificado es Correa, éste pasa a adquirir cierta singularidad y exclusividad en el campo
político. Es la única figura que tiende a ser destacada en la arena política. Dicha
representación también jugó un rol motivador y se convirtió en un factor que impulsó a varias
personas en su acción. Como expresa una de ellas, uno de los propósitos de salir a las calles
consistía en que “había que defender al líder, fundamentalmente. El líder estaba secuestrado y
debíamos ir a rescatarlo. Le van a secuestrar a mi líder. ¿Quiénes, los chapas 31?, había que ir a
rescatarlo. Ese era el mandato máximo”.32

Para los entrevistados si bien el ‘proyecto de la revolución ciudadana’ en un primer momento

identifica al presidente como el creador de este, posteriormente aclaran que ahora dicho

30
Nancy Fiallo (coordinadora Colectivo 30-S), entrevistada por el autor, Quito, 30 de junio de 2015.
31
‘Chapa’ es una expresión que también hace referencia a policía de cierta manera crítica. Coloquialmente, se
denomina chapa a la cerradura de las puertas, por lo que se lo asocia con seguridad. denigrante.
32
Guillermo Bustos (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.

54
proyecto les pertenece. Este grupo reconoce dos momentos de pertenencia del proyecto de la
‘revolución ciudadana’. El primero en el que es concebido por el presidente Correa y lo
convierte en su creador, seguido de un segundo momento donde el proyecto pasa a
pertenecerle a ellos. En consecuencia, el grupo denominado ‘correístas’ evidencia un doble
sentido de pertenencia. En primera instancia, al ‘líder’ responsable de generar el proyecto y, a
su vez, al proceso que este engendró. El vínculo de pertenencia se traslada de uno hacia otro.
Esta doble vinculación también influyó como incentivo de la movilización el 30-S para los
miembros de este grupo:

Rafael Correa es el creador del proyecto. Llegó a tal punto, que todos nos sentimos parte del
proyecto. Ya no es él, somos nosotros. Él está dando tantos años de su vida por este proyecto,
este proyecto ya no es de él. Es de todos nosotros. Horrible que le hagan algo, que exista
violencia. Fue tal la cosa que salimos a darnos por enteros.33

De igual forma, el sentido de pertenencia que se genera por parte de la ciudadanía hacia el
presidente también se refleja en la expresión “mi líder”, en la que además se asevera que el
presidente se encontraba secuestrado, y la ciudadanía –en un sentido de heroísmo- debe acudir
para rescatarlo.

Dentro del proceso de representación de la figura Rafael Correa, los ciudadanos correístas
incluso manifiestan la voluntad de arriesgar su vida por el “proyecto”. El presidente Correa
era considerado como un mandatario que con el cumplimiento de sus promesas de campaña
devolvía ‘el sueño y la esperanza’ a los ecuatorianos. Según el enmarcamiento de este grupo,
el 30-S es claramente identificado como un intento de golpe de estado en el cual el
mandatario resultó detenido a la fuerza y en contra de su voluntad, elementos que contribuyen
al argumento que lo ubica como víctima de un secuestro. Además, la consideración del
secuestro del presidente Correa efectuado por miembros policiales cobra el sentido de un
hurto o robo. Los policías robaban o hurtaban a la ciudadanía la representación que generaba
su presidente. Al secuestrar al ‘líder’, el amotinamiento policial pretendía acabar con el sueño
y la esperanza que este gobierno ofrecía. Era un forzado despojamiento de una oportunidad
que se otorgaba a estos ciudadanos, por lo que se encontraron dispuestos a entregar su propia
vida conforme señalan los testimonios. En este aspecto, Guillermo Bustos, manifiesta que “el
objetivo era defender al líder. Le secuestraron al líder de un movimiento político que ayudó a

33
Mónica Bernal (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.

55
conformar en sus inicios. Si es parte de un liderazgo, se debe defender su vida. La mía valía
nada con tal de conseguir el objetivo”.34

Sobre los marcos de agencia correspondientes al segundo grupo denominado como los
‘gobiernistas’, estos se ven incentivados a acudir al sector de la Mariana de Jesús en defensa
específica de lo que ellos nombran como ‘proyecto político’. Durante la conformación de los
sentidos y las significaciones, este pasa a ser comprendido como una especie de programa de
gobierno o plan político donde se encuentran los lineamientos que son resultado de una
planificación que difiere de los planteados en gobiernos pasados. En este grupo, el conjunto
de decisiones tomadas por el gobierno y el partido político en el campo de las políticas
públicas dan como resultado a un nuevo modelo estatal que se vincula con los ciudadanos. Y
dicha vinculación provoca además una identificación, como expresa uno de los ciudadanos:

Me sentí identificado con un proyecto político que demostraba cambios sustanciales. En el ideal
del socialista o socialismo estaban contemplados. Quise evitar que desde algún interés político
o económico se trate de botar a la basura todo, este proyecto que se estaba construyendo y que
se veía que funcionaba fue la motivación más grande. 35

El proyecto o plan político al que se refieren los ‘gobiernistas’ resalta las acciones estatales
donde se refuerzan los mecanismos de inclusión e integración social que están estipulados y
refuerzan a los derechos humanos, donde se ven contemplados grupos de atención prioritaria
como las diferentes comunidades, pueblos y nacionalidades del país. Las áreas con mayor
mención en dicho proyecto son la educación, salud, vivienda e infraestructura estatal, todas
ellas comprendidas dentro de una lógica que se comprende como inversión pública y no como
gasto público. De igual forma, la alusión al ‘plan político’ significa “mayor justicia para las
personas. Es la reivindicación de toda una historia de pobreza, marginalidad e injusticia hacia
los más necesitados, hacia aquel niño indígena que antes no tenía ni posibilidades de ir al
colegio”. 36

El proyecto político, objeto que este grupo defiende, representa también un programa de
coordinación estatal donde las políticas públicas se consideran efectivas. Además, es visto

34
Guillermo Bustos (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.
35
Luis Napo (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 23 de junio de 2015.
36
María Elisa Acosta (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 16 de junio de 2015.

56
como un instrumento donde la gestión pública cobra sentido, ya que provee de una estructura
al estado, tiene un orden lógico y se convierte en un eje de desarrollo. Aunque no es posible
identificar en los marcos de significación de este grupo una profunda relación entre ‘el
proyecto político’ y el proceso constituyente, de manera difusa se menciona a la Constitución
como una especie de hito político en el cual se da vida al proyecto en alusión.

En relación a los sucesos específicos de aquel día, este grupo tiende a interpretar al 30-S como
un intento de golpe de estado en el que fue necesario salir a las calles no sólo para defender al
proyecto sino para demostrar que “había gente respaldando al gobierno y era necesario que se
vea gente”37. Es así que las motivaciones que presenta este grupo aluden a un malestar
relacionado no únicamente a emociones como la insatisfacción con la posible interrupción del
proyecto por el 30-S sino también racionales como el hecho de pretender evitar que un plan
político de un nuevo país pueda perderse.

Los marcos de agencia correspondientes al último grupo denominado como ‘demócratas’

inician con un significativo componente emocional que los impulsó a salir a las calles el 30-S.
Dicho componente está presente en la decisión que los impulsa a salir a las calles y se refiere
al estado de ansiedad, el mismo que según la teoría de las emociones tiende a generarse en un
contexto específico donde se violan y transgreden las normas.

En un escenario como el que se produjo aquel día, los ‘demócratas’ acuden al escenario del
conflicto, en principio, con el propósito de recolectar mayor información por su propia cuenta,
por una necesidad de supervisar por sí mismos lo ocurrido debido a una desconfianza en los
medios de comunicación que se encontraban trasmitiendo los hechos. Dicha decisión parte de
un componente emocional que se sobrepuso. Como expresa una ciudadana, su intranquilidad
se presentó al “no saber qué está pasando. De un momento a otro todo se volvió un caos.
Necesitaba ver con mis propios ojos qué es lo que estaba pasando, y así mismo, ir y decir, yo
no quiero que pase esto."38

Luego de haber constatado la existencia de una verdadera insubordinación policial, el motivo

que los impulsó a mantenerse en los alrededores del hospital fue lo que ellos denominan como
la defensa de la democracia. En lo que respecta al enmarcado de este grupo, es posible

37
David Ochoa (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 19 de junio de 2015.
38
Gabriela Díaz (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 16 de junio de 2015.

57
registrar un hito significativo que complementa su representación de los hechos. El mismo
rememora la serie de casos de violación de derechos humanos que se produjeron en el
gobierno de León Febres Cordero, perpetrados en su período de gobierno 1984-1988.39 Varios
de los entrevistados que pertenecen a este grupo son hijos de personas que fueron víctimas del
abuso de poder por parte de miembros de la Policía Nacional. Como recuerda una de ellas:

Yo no podía permitir que esta fuerza, la policía, tome el poder del país. Cuando fue la dictadura
de Febres Cordero, era muy niña. La memoria histórica me recuerda a los policías, y la manera
como ellos actuaron en ese tiempo. Yo no podía creer que se repita otro ciclo en este tiempo.
Para mí no era defender a Correa, era defender la democracia. No podía permitir que una fuerza
pública se haga cargo de este país. Era como revivir una historia que yo no viví, que mis papás
vivieron, cuando la policía hacía lo que le daba la gana. Obviamente mandados por alguien. 40

A partir de ello, es posible observar que un grupo de jóvenes entre 25 y 35 años tomó la
decisión de salir a las calles con el propósito de enfrentar a los miembros policiales. En el
caso de la entrevistada, sus padres a través de la memoria oral le transmitieron una serie de
abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno de León Febres Cordero
que le generaron una emoción de indignación para salir.

Para los ‘demócratas’, la sublevación policial es percibida como una arbitrariedad en virtud
del irrespeto hacia el orden constituido del país. Entre las ideas predominantes del enmarcado,
se reitera la presencia de un mandatario que, más allá de aprobaciones o rechazos, se
encuentra legitimado por su elección popular. Como expresa una ciudadana, “si todos
escogimos un mandatario, de alguna manera que nos guste o no, teníamos que respetar. Pero
no teníamos por qué atacarlo o que los policías se vayan en contra de ese poder”. 41 A partir de
ello, también se evidencia un reconocimiento y respeto a la democracia como resultado de un
debido proceso electoral, a más de un respeto al orden constitucional. En ese sentido, la
movilización de este grupo se efectúa en contra de una acción de la institución policial que
pasa a afectarla y ponerla en riesgo.

39
Dentro del enmarcamiento de los ‘demócratas’, el hito encuentra su explicación ya que en el gobierno de León
Febres Cordero, según la Comisión de la Verdad, se registraron 310 víctimas por diferentes casos de violación de
derechos humanos. Esto representa al 68% de casos de estudio de la Comisión, entidad que fue creada por decreto
presidencial en el 2007 con el propósito de investigar casos de violación de derechos humanos ocurridos en
períodos presidenciales desde 1984 (Informe de la Comisión de la Verdad, Resumen Ejecutivo, 2010).
40
Paulina Pazmiño (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 24 de junio de 2015.
41
Fátima Castillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 22 de junio de 2015.

58
En relación a la figura del presidente Correa, si bien los ‘demócratas’ enfatizan que su
motivación no es generada por un afán de su aprobación o rechazo, reconocen que este
conlleva un sentido de cambio y transformación para el país. En consecuencia, la
insubordinación policial fue vista como un elemento que podía impedir esto. Pese a que no es
consensuado entre todos los miembros clasificados en este grupo, existe una inclinación en
ciertos testimonios a definirlo como un intento de golpe de estado.

Los diferentes marcos de agencia de los tres grupos mencionados, presentan determinados
niveles de identificación y pertenencia con sus ‘objetos’ motivadores –el presidente, el
proyecto político y la defensa de la democracia- a tal punto que se convierten en factores
determinantes para encaminarlos a ejecutar una acción en concreto. Cada uno de los ‘objetos’
motivadores ha generado transformaciones o representa causas que merecen tomar una acción
en concreto. Esto se refuerza por medio de una memoria corta en la que la participación de la
ciudadanía en otras protestas políticas reivindica la imagen de sujetos convencidos de ser
agentes de su propia historia.

2. El policía es tu enemigo: marcos de injusticia alrededor del 30-S.

Es posible constatar que los sucesos ocurridos el 30-S son asimilados como una injusticia por
la afectación que se generó a varias de las personas movilizadas en algunos niveles. Por un
lado, la Constitución vigente fue transgredida en los artículos referentes al rol que ejerce la
Policía Nacional. En ellos se estipula que, entre las funciones de dichas instituciones, está la
protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. La insubordinación de aquel
día generó el abandono de las acciones a ellos encomendadas, produciéndose la vulneración
de un régimen constitucional legitimado por un gobierno que fue democráticamente electo,
resultado de un proceso electoral que reflejó las preferencias de los mandantes. Por otro, en el
ámbito individual la Constitución también contempla artículos donde se reconoce y garantiza
el derecho a la integridad personal, que implica una integridad física, psíquica, moral y
sexual. Además de “una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.”42 Esta parte
del articulado también resulta afectado. La serie de agresiones protagonizadas en su gran
mayoría por miembros policiales contra la integridad de varios ciudadanos se convirtieron en
el causante de la imposibilidad de garantizar en aquel momento las libertades y derechos

42
El texto hace alusión a la Constitución 2008, artículo 66, inciso b.

59
básicos de los ecuatorianos. Era un estado de inseguridad en el que las fuerzas del orden
procedieron a abandonar sus funciones.

Siguiendo a Honneth, las condiciones de injusticia que se suscitaron aquel jueves también
permiten explicar la relación existente entre moral y reconocimiento. Es así que la serie de
agresiones físicas que se produjeron contra los ciudadanos pasan a considerarse como un
agravio moral, al constatarse un desprecio a la integridad personal de cada uno de los
ciudadanos afectados, materializado en una acción o expresión específica que afecta al
semejante. El componente de reconocimiento al otro y su respectiva integridad pasa a ser
retenido o denegado, y por ello la alteridad pasa a ser afectada. Se desprecia de manera
intencional un aspecto esencial del bienestar de una persona (Honneth 2009) y en esa
perspectiva, es posible constatar un agravio o incluso una ‘injusticia’ moral.

Tanto el grupo de correístas como de gobiernistas comparte el mismo marco de injusticia.

Una de las primeras impresiones que se destacan es el agravio moral contra los ciudadanos.
Como narra una de ellas:

La policía estaba muy agresiva contra el pueblo. No fue como las manifestaciones que se están
dando, que van con palos, con piedras, toda la gente que estuvimos en la Mariana de Jesús era
con nuestras voces, nuestros gritos, que pedíamos que le suelten al presidente. Pero ellos con
bombas, nos estaban agrediendo. La manifestación nuestra era pacífica, y pedíamos que por
favor dejen salir al presidente. La policía fue a la traición, nos quisieron hacer subir más y en
ese momento nos atracaron porque empezaron a disparar y lanzar bombas lacrimógenas. Esa
policía estaba fuera de sí, lo único que quería era agredirle al pueblo.43

En el relato se manifiesta la acción intencional que llevó a cabo la Policía Nacional al utilizar
armamento antimotines contra ciudadanos que transitaban o acudieron a los alrededores del
RQ1 sin alguna clase de armamento especializado. Al evidenciar esta diferencia entre los
grupos confrontados es posible observar el estado de indefensión en el que se ubica a la
ciudadanía que salió a las calles. En primera instancia, el ataque sufrido por los disparos de
bombas lacrimógenas produce daños corporales y dolor físico dentro de una escena de
agresión y violencia. Además, se observa el agravio moral que relata Honneth al señalar que
el afectado –en este caso aquellos ciudadanos- es violentado con acciones que lo desprecian

43
Ximena Espinosa (miembro del colectivo 30-S), entrevistada por el autor, Quito, 30 de junio de 2015.

60
“de manera intencional en su aspecto esencial de su bienestar; no el mero dolor físico como
tal sino sólo la conciencia acompañante de no ser reconocido en su propia autocomprensión
constituye en este caso la condición de la herida moral (Honneth 2009, 318).” Al contrastar
los testimonios obtenidos se constata tanto la vulneración moral a los ciudadanos como el
reconocimiento violentado que menciona el autor hacia su propia integridad física.

Lo que se identifica como un hecho injusto es la afectación hacia el régimen democrático

legitimado en urnas. Al desestabilizar el orden constituyente con la insubordinación policial,
Carlos Bustos, ciudadano que acudió a las inmediaciones del RQ1 manifiesta que:

Lo justo es que la voluntad del pueblo se exprese a través de lo que perfecta o imperfectamente
tenemos como sociedad, es la democracia participativa. Tú tienes el derecho al voto, y a través
de él decides tus representantes en los diferentes poderes del Estado, en este caso en el
Ejecutivo. La gente por dos ocasiones, o por una, había apoyado las iniciativas electorales que
tuvo el presidente desde su elección en el 2006. Dado que uno de los hechos políticos más
importantes es el sufragio, es necesario que se respete el resultado de las acciones, es la
voluntad. Y se tiene que respetar. La persona que diga lo contrario está a favor de los golpes de
estado, a favor de las fuerzas coercitivas espontáneas. 44

Es así que el carácter de injusto se otorga a la interrupción sorpresiva del régimen

democrático como efecto de la insubordinación policial, lo cual es percibido y rechazado por
los ciudadanos de ambos grupos. La elección y presencia del presidente Correa en el poder
permite representar las diferentes demandas y necesidades que no habían sido canalizadas en
el pasado por otros gobernantes. En ese sentido, existe una relación de reconocimiento entre
ellos y el presidente en relación a las demandas históricas y sociales que fueron canalizadas
por el gobierno y posteriormente cubiertas. Al respecto, Nancy Fiallos expresa:

A nosotros no nos quitan estos derechos después de tantas luchas sociales. Son luchas
ciudadanas y sociales de años. Siempre dispersas. Este presidente acumuló todo eso, hizo una
articulación de esos sueños, de todas esas necesidades, aspiraciones de cada grupo. Lo que la
ciudadanía ha esperado que se priorice: la educación, la salud, la vialidad, incluso la soberanía,
porque hemos estado afectados por esas transnacionales que siempre se llevaban en peso
nuestro país, y no había recursos para reinvertir en obra social. 45

44
Carlos Bustos (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.
45
Nancy Fiallo (coordinadora colectivo 30-S), entrevistada por el autor, Quito, 30 de junio de 2015.

61
El hecho de haber efectuado varios de los planteamientos que ciudadanos y colectivos de
izquierda demandaban a gobiernos pasados permitió que los ciudadanos se vean reconocidos
en el mandatario. Asimismo, las políticas públicas que se han llevado a cabo con el propósito
de lograr una redistribución adecuada contemplan uno de los paradigmas cercanos al tema de
la justicia social (Fraser 2008) y son destacadas por este grupo de ciudadanos. Un presidente
que ejecutó acciones y normativas para disminuir lo que se denomina como injusticias
socioeconómicas al considerar la modificación de la estructura económica de la sociedad lo
convierte en un gobernante que trabajó por lograr una mejora en la redistribución económica
del país.

La construcción analítica del marco de injusticia del grupo denominado como correísta, al
igual que el gobiernista, permite observar una relación con el vínculo emocional mantenido
entre el presidente Correa y los entrevistados que corresponden a ambos grupos. Dicho
vínculo se encuentra compuesto por un tipo de emociones que Jasper (2013) las define como
recíprocas y se agrupan a otras emociones como el respeto, confianza y gratitud. En efecto,
“la confianza y el respeto son ejemplos de emociones con un enorme impacto en la acción
política” (Jasper 1998, 402) El símil que propone el autor consiste en que la gente confía en lo
que está de acuerdo, y viceversa.

Por otro lado, el presidente Correa representa para los ciudadanos un mandatario que es
consecuente con su discurso debido a la serie de obras y decisiones que hasta el momento no
se habían realizado. Los entrevistados encuentran en ello el sustento racional para confiar en
el presidente y respetarlo.

En el marco de injusticia de los dos grupos se responsabiliza a otro actor político como
colaborador de la interrupción del régimen democrático: la ‘oposición’ o los ‘politiqueros
tradicionales’. A estos se los imputa por haberse convertido en una fuerza política que
colaboró –a manera de alianza con miembros de tropa y oficiales policiales- con el plan
orquestado de desinformación sobre la presunta pérdida de beneficios policiales tras la
aprobación de la LOSEP recién aprobada. Para Carlos Bustos:

Existía un doble discurso. Por un lado, estaban los cambios de la ley de Servicio Público donde
supuestamente se afectaban los intereses para los policías y las FF.AA, pero atrás se notaba que

62
 era un acuerdo entre fuerzas políticas donde se pronosticaban los fines del correísmo. Al medio
día eso ya se sabía y faltaba conocer cómo iba a concluir eso.46

La indignación hacia lo que denominan como ‘partidocracia’ o ‘clase politiquera’ se produce

por un reclamo que encuentra sus orígenes en una inexistente representación política de los
intereses ciudadanos, que a su vez se complementa con una imagen sobre la demagogia y
corrupción en sus actos. En este sentido, Correa se convierte en el sujeto político antagónico
que cumple con el anhelo político esperado por la gente: lograr una relación de representación
política efectiva. Incluso este marco se ve reforzado por la serie de elecciones y consultas
populares que se han llevado a cabo durante el gobierno de Rafael Correa, lo que ha otorgado
a los ciudadanos una sensación de fortalecimiento de la democracia participativa.

Entre los actores y movimientos políticos a quienes se los atribuye la culpabilidad y se los
relaciona con la ‘partidocracia’, se destaca la participación de miembros del Partido Sociedad
Patriótica (PSP) fundado por el destituido presidente Lucio Gutiérrez Borbúa. Nombres como
el de Gilmar Gutiérrez –hermano y para aquel entonces Asambleísta Nacional- y Fidel Araujo
quien acudió en la mañana a las inmediaciones del hospital son mencionados. Finalmente, los
medios de comunicación son criticados y se los percibe como responsables de la
desinformación. Además se considera que los medios de comunicación tienen una cercana
relación con los políticos opositores. El testimonio de la coordinadora del ‘Colectivo 30-S,
Nunca Más’ engloba lo expuesto:

Hay varios actores que se vieron afectados porque les quitaron poder político y económico.
Usted ahora ve las consecuencias. Para mi fueron actores como Lucio Gutiérrez, se evidenció
días anteriores porque tenía reuniones en Miami. Incluso la banca y los medios que se hacen
llamar independientes. Son el poder que fue tocado por este gobierno. Ellos generaron ese
malestar, esa desinformación para que la policía se subleve, no fue una casualidad. Creo que
uno se necesita ser un miserable para negar tanto avance o transformación que se ha creado
durante este gobierno, durante estos años de la revolución. Estos grupos de poder económico se
vieron afectados.47

Aquellos grupos como los partidos políticos y los medios de comunicación, que se los
relaciona como ‘poderes fácticos’ por su capacidad de influencia para lograr sus intereses

46
Carlos Bustos (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 20 de junio de 2015.
47
Nancy Fiallo (coordinadora colectivo 30-S), entrevistada por el autor, Quito, 30 de junio de 2015.

63
particulares, son reconocidos y mencionados por los ciudadanos que salieron con el propósito
de respaldar al presidente Correa. En este punto, se debe mencionar que la identificación de
ciertos actores políticos puede generarse por reconstrucciones ex –post, en el sentido que el
relato oficialista expuesto en diferentes medios de comunicación, y posterior al 30-S, pudo
influir en el mismo.

Partiendo de otro testimonio, el marco de injusticia compartido se relaciona con la posibilidad

de obstruir la continuación de un proyecto político por el quebrantamiento del orden
constitucional. Como se puede notar en el siguiente testimonio,

Era necesario demostrar que como quiteño, como ente político y ciudadano, tanto como tuve la
entereza y la decisión de salir para tumbar un gobierno, podía con esa misma fuerza defender
un proyecto que estaba en el poder ese momento. Era como una reivindicación personal. 48

En este escenario, se tiende a reivindicar la figura del ciudadano que es activo políticamente y
se posiciona frente a determinada situación como la del 30-S. La acción de salir a las calles a
‘defender’ el proyecto cobra el sentido de un deber moral. De igual forma, la insubordinación
policial efectuada por los gendarmes también es concebida como un hecho de injusticia o
agravio moral por la interrupción de lo que para ellos representa un proyecto político o de
gobierno. Otro de los ciudadanos que acudió a las calles manifiesta:

Antes no se veía ningún orden en el país. Se veía que las cosas se salían de las manos, entonces
este nuevo gobierno significaba retomar un orden en ese sentido. Quizás en otro momento la
mejor idea era que salga este gobierno y que de alguna manera se ponga orden al asunto, pero
en este caso no. Era un gobierno con gran respaldo popular en esas épocas, creo que sigue
teniendo ese gran respaldo. Era un gobierno que sin ese levantamiento policial no habría tenido
ese tipo de problemas. 49

Al considerarlo como un gobierno que establece un determinado orden estatal resultado de

una reestructuración y planificación del accionar público, ven como inaceptable una actitud
policial que buscaba paralizar dicho desenvolvimiento.

48
Luis Napo (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 23 de junio de 2015.
49
Eduardo Pichilingue (activista), entrevistado por el autor, Quito, 18 de junio de 2015.

64
Sobre la identificación de los culpables de cometer el acto de injustica al interrumpir un
proyecto político, también se identifica a la Policía Nacional pero se presenta variaciones al
momento de identificar a los responsables. Se reconoce una insubordinación policial que, en
primera instancia, requirió una anticipada planificación y posterior articulación de acciones
desarrolladas por varios actores. Al hacer referencia a los miembros de la Policía Nacional, se
tiende a diferenciar claramente a la tropa policial de los oficiales y suboficiales, quienes con
la participación de miembros activos y pasivos colaboraron para la realización del motín. A
más de ello se observa una articulada participación entre miembros policiales y militares, lo
que permitió el cierre de determinados recintos como la Base Aérea Mariscal Sucre y el
posterior bloqueo de la pista del aeropuerto de Quito. De igual forma, la participación de los
adeptos de Sociedad Patriótica es evaluada en base a los vínculos que mantenían, ya que
“tuvo que ver mucho en esto. Porque son militares en retiro, porque tienen forma de
relacionarse con policías en servicio activo y pasivo”.50

Entre los actores políticos que se destacan se encuentran los asambleístas de oposición. A
ellos se les atribuye la función de construir sistemáticamente una campaña de desinformación
de las serie de enmiendas que tuvo la LOSEP a lo largo de su debate y futura aprobación. Esta
era dirigida hacia varios miembros policiales los cuales recibieron información tergiversada
para producir su sublevación. En esta campaña desinformativa, también están presentes los
medios de comunicación como actores que, al estar al tanto del procedimiento legal que
requirió la reforma de la LOSEP colaboró con la emisión de información irreal. De forma
breve, en este grupo ciudadano se menciona al presidente. Eloy Alfaro, uno de los ciudadanos
movilizados, ubica entre los “responsables, al presidente. Porque el libreto que la policía
pudo haber tenido lo desarmó él. Cualquier libreto que pudo haber, lo detonó él. Lo extrapoló.
La policía conocía sus capacidades y debilidades.”51 El argumento se menciona únicamente
una vez más y con cortas expresiones.

En relación al grupo denominado como ‘demócratas’, el marco de injusticia es percibido a

partir de la propia acción de los policías en la que la interrupción abrupta consistió en una
afectación al orden democrático. Como manifiesta Paulina Pazmiño, “No podía permitir que
una fuerza pública se haga cargo de este país.”52 Los ciudadanos a los que se les ha ubicado

50
David Ochoa (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 16 de junio de 2015.
51
Eloy Alfaro (ciudadano), entrevistado por el autor, Quito, 26 de junio de 2015.
52
Paulina Pazmiño (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 24 de junio de 2015.

65
en este grupo consideran como un hecho injusto la posibilidad de que la Policía Nacional,
como institución, pueda tener el poder y tenga la posibilidad de gobernar, como expresa en su
inicio el testimonio. Según los testimonios de este grupo, “Era una arbitrariedad que la policía
coja a la fuerza el poder.”53 Aun cuando no se inclinen políticamente a favor del presidente
Correa, este grupo de ciudadanos ratifica que su poder en la constitución corresponde a un
adecuado orden democrático en el país que está legitimado por un debido proceso de
elecciones. Además, se lo considera como injusto al abandono de la Policía Nacional del
deber institucional, por la serie de consecuencias que se dieron a nivel nacional. Como
expresa una de las activistas de derechos humanos que asistió al RQ1, María Fernanda
Restrepo:

Éramos huérfanos de un supuesto poder policial o una institución que está destinada a
salvaguardar la seguridad o el bien común de la ciudadanía, y no se diga de sus mandantes o del
gobierno como tal. Y vemos una institución absolutamente unida en contra de la ciudadanía,
que desde primeras horas de la mañana decidió abandonar al país a su suerte, dejar a una ciudad
y ciudades indefensas, donde hubo saqueos, donde hubo violencia, donde los bancos no tenían
protección, y se sentía inseguridad obviamente en el ambiente, y luego todo lo demás que
sucedió de cara a secuestrar, encerrar a un presidente, a un gobernante de estado en un hospital
policial bajo amenazas, no bajo el diálogo, tomados absolutamente con las armas.54

Dicho testimonio evidencia un malestar generado por una institución que más bien genera
agudizó su injusticia al actuar contra la ciudadanía, la dejó desprotegida, la ofendió y propició
un clima de inseguridad.

En el grupo de los ‘demócratas’, el hecho de que la Policía Nacional protagonice actos

violentos y agreda a los ciudadanos reprime e interrumpe la expectativa que considera a la
institución como aquella que está llamada a brindar seguridad. De igual forma e
implícitamente, la injusticia moral cobra forma al verse los ciudadanos inmersos en un
escenario que surge por un desigual enfrentamiento con miembros que portan armamento.
“Que esté un montón de gente armada, enfrentándose contra la gente en una condición
totalmente desigual, incentiva a estar ahí. No por el presidente.”55 Conforme las acciones

53
Fátima Castillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 22 de junio de 2015.
54
María Fernanda Restrepo (defensora de Derechos Humanos), entrevistada por el autor, Quito, 22 de junio de
2015.
55
Ivana Carrillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 9 de julio de 2015.

66
violentas entre la policía y los ciudadanos se agudizaron, la vulneración moral y el agravio
personal aumentaron.

Para el grupo de los demócratas, la insubordinación policial también se convierte, en un

primer momento, en una amenaza tanto por la percepción de riesgo que se presenta por la
ausencia policial como por la referencia histórica concerniente a los crímenes y abusos de
poder ejecutados por efectivos policiales. Sin embargo, la desobediencia al mandato
constitucional, la insubordinación de sus miembros y la afectación democrática, transforma el
componente emocional de indignación en un sentimiento de traición e indignación. Esto es
posible contrastarlo en la siguiente declaración:

Para mí era la indignación de que rompan la democracia, que no haya democracia. Que de
repente vayas y ataques un medio público como es el canal del estado. No podían hacerlo. La
gente iba encima de todo eso. Claro, a algunos que no les convenía, pero en cambio a mí no,
siempre he tenido una fobia contra los policías porque ellos tenían nuestras armas, todo. Con el
tolete que me estaban pegando, era que yo pagaba. Era una estupidez.56

El testimonio evidencia una transformación del componente emocional. Si en un inicio es la

indignación el sentimiento que se destaca hacia los miembros policiales, esta pasa a
convertirse en ira. Y conlleva a analizar que ambos grupos, tanto correístas como demócratas,
comparten el mismo marco de injusticia, Además, en este mismo marco es posible identificar,
en base a la teoría emocional de Jasper, la indignación que llega a experimentar la ciudadanía
–y que es mayor en el marco de este grupo- hacia la conducta policial deliberante y violenta
de aquel día. Aquella toma la forma de una emoción moral basada en sentimientos de
aprobación o rechazo que reposan en intuiciones o principios morales (Jasper 2013).

El grupo ‘demócrata’ concibe a la Policía Nacional como una institución que se ha

caracterizado por legitimar a quienes tienen poder, defenderlos y ubicarse cercanos a este. Y a
partir de ello tienden a incrementar un mayor poder para sí mismos. Las manifestaciones que
se alinean con este marco rechazan los hechos de violencia que se perpetraron debido al uso
de armamento proveniente de la dotación por parte del estado a los uniformados. Y más aún,
se profundiza al haberse ejecutado en contra de la misma ciudadanía. Dicha inconformidad es
recurrente en estos testimonios. Para los miembros de este grupo, la insubordinación policial

56
Fátima Castillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 22 de junio de 2015.

67
toma la siguiente caracterización. Tras el cometimiento de un hecho por parte de los
miembros policiales, se puede identificar: a) la ausencia de diálogo por parte de la institución;
b) la violación de una normativa o derecho legalmente constituido por abuso de poder y uso
de violencia; y, c) la posterior negación del hecho con el propósito de exculpación, es un
modus operandi común que se encuentra arraigado en el procedimiento policial. Dicho esto,
el miedo experimentado por la ciudadanía parece surgir como respuesta a ello.

En este sentido, incluso lo relacionan al rol que cumplieron las fuerzas militares en la época
de las dictaduras en el continente:

Siempre los que han estado a lado de los poderosos, legitimando su poder, han sido los policías
y militares. No sólo en Ecuador sino en todas las dictaduras. De hecho eran gobiernos militares.
No creo en esa manera de proteger o salvaguardar un país. Les tengo miedo, y ahora más.57

Este sentimiento de miedo en los testimonios de los entrevistados tiende a relacionarse con la
época en la que la misma institución policial en la década de los 80 cometió abusos, y pese a
ello motivó a los ciudadanos a enfrentarse a ellos en las calles. Una de las ciudadanas que
hace alusión a estos hechos históricos manifiesta que la decisión de la ciudadanía de salir a las
calles “marcó el hecho de no tener miedo a los policías, y de poder enfrentarlos. En lo que
respecta a la representación del policía como individuo, este resulta frecuentemente
relacionado con casos de abuso de poder y corrupción. Esto da cuenta de una percepción
negativa de la Policía Nacional tanto en un nivel global como institución como en el aspecto
personal de sus uniformados, que llega a tal punto de otorgársele un modo de comportamiento
específico que se le atribuye a lo largo de su historia. En referencia al nivel de violencia aquel
día, María Fernanda Restrepo una vez más es crítica de la institución policial y, por su historia
familiar 58, expresa:

Por las armas nada, por la fuerza nada. Ese es el estilo de ellos, así mataron a muchos. No
dialogar, torturar y no preguntar. Matar y desaparecer. Mentir y negar hasta el final. Y hasta
ahora siguen negándolo todo, por supuesto, como chapas que son. Es ahí que aparece el: Yo no

57
Ivana Carrillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 9 de julio de 2015.
58
María Fernanda Restrepo Arismendi es hermana de Carlos y Andrés Restrepo, quienes desaparecieron el 8 de
enero de 1988. Según el informe de la Comisión de la Verdad, la responsabilidad recae en policías que
integraron el escuadrón SIC-10, conformado en el gobierno de León Febres Cordero. Gran parte de su vida la
dedicó a investigar y esclarecer los hechos, lo que la llevó incluso a filmar un prestigioso documental.

68
 estuve, yo no fui, yo no era, que es la típica respuesta. Hasta culturalmente somos así los
ecuatorianos.59

En consecuencia, el conjunto de elementos negativos que conforman la representación que

tiene la ciudadanía afecta a su imagen y condiciona los miembros de la misma. Un ejemplo de
ello, es tender a pensar que todos los policías son ‘tercos’ e ‘ignorantes’.

3. El ‘nosotros’ ciudadano del 30-S: identidades colectivas acotadas

El conjunto de ciudadanos que se conformó para salir a protestar a las calles durante el 30-S
fue, sobre todo, el resultado de una acción espontánea frente al suceso. A partir de ello, es
necesario puntualizar que el grupo de personas al que se hace referencia se distancia de las
características que reúne un colectivo, tanto por su nivel organizativo como por toda aquella
dinámica que se genera como resultado de su temporalidad. En relación a ello, se toma en
cuenta ciertos postulados de la teoría de la identidad que se centra fundamentalmente en el rol
de los actores sociales y su repercusión en el ámbito de la agencia (Gutiérrez 1997). Esto
implica una evaluación que tiende a centrarse en la identidad que se compone a través de las
acciones y motivaciones que presentan los individuos, estableciéndose una similitud con los
marcos de significación anteriormente mencionados.

Dichos postulados permiten que se tome en cuenta, como primer punto, el rol que ejercen las
representaciones sociales como marcos de percepción e interpretación de la realidad. En
segundo lugar, se determina la particularidad que tienen las identidades, al ser “producidas en
ámbitos históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas
discursivas específicas, mediante estrategias enunciativas específicas” (Hall 2003, 18). Por
último –y colocando al actor social como centro- se establece que “la identidad de un actor
social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras identidades en el proceso de
interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y
contradicciones” (Giménez 1997, 12).

En ese sentido, la temporalidad con la que se suscitan los hechos el 30-S no permite la
conformación de una identidad que contenga una unidad distinguible, como establece
Giménez (1997). Sin embargo, es posible apreciar que el grupo de ciudadanos que acuden a

59
María Fernanda Restrepo (defensora de los Derechos Humanos), entrevistada por el autor, Quito, 10 de julio
de 2015.

69
las mediaciones del Hospital de la Policía como resultado de la insubordinación policial
registran una posición que se la puede definir como reactiva, al considerarse que la acción
colectiva es impulsada por una amenaza que proviene no sólo externamente sino como parte
de miembros de una institución que tiene como deber el velar por el orden y la seguridad del
Estado. La acción colectiva reactiva, como exponen Cohen y Arato (2000) se producen por
grupos externos que pueden tener una relación con el Estado.

En el aspecto discursivo, los ciudadanos entrevistados resaltan el hecho de encontrarse en una

posición defensiva. Esto también les provee un rol de diferenciación con respecto al grupo de
los policías subordinados. La palabra ‘defender’, etimológicamente, connota por su prefijo
‘de’ a un objeto que se encuentra afuera, en el exterior, del cual es necesario rechazar o
protegerse. Es así que la utilización de la palabra no resulta casual, ya que manifiesta la idea
de ubicarse en un espacio para también defenderse de algo externo. En este caso, aquellos que
se encuentran fuera y de los que se deben proteger, son los policías.

Otro de los aspectos que se relacionan con la identidad social se refiere a la pertenencia social
de los ciudadanos que acudieron a las calles durante la insubordinación policial. Para
Giménez, esta es definida como la “inclusión de la personalidad individual en una
colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad” (Giménez 1997, 13). A
través de la misma actitud de defensa que los ciudadanos manifestaron el 30-S, también se
generó un sentimiento de lealtad y solidaridad entre ellos. Dentro de las características del
conflicto del 30-S, cada acto de agresión y violencia que cometió la policía en contra de los
grupos de ciudadanos que se encontraban en la calle permitió que tanto la pertenencia social
como las formas de solidaridad colectiva se activen. Como narra una de las ciudadanas que se
encontraba en el sector, “lanzaron una bomba lacrimógena y los demás nos dijeron que
busquemos periódicos, tabacos, y empezamos a ayudar a la gente. Hicimos fuego, y eso
ayudaba a la gente.”60 El sentimiento de inclusión es experimentado a partir de un rol
asignado (Giménez 1997). Los ciudadanos agredidos procedieron a cuidarse entre sí y ayudar
a quien presentaba ciertas afectaciones, y a raíz de ello unirse al grupo. Compartir la misma
sensación de peligrosidad y riesgo por el lanzamiento de piedras, bombas de gas, perdigones y
posteriormente balas, los grupos de personas presentan rasgos de empatía al tener la
capacidad de experimentar lo que una persona cercana siente en un ambiente donde las

60
Paulina Pazmiño (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 24 de junio de 2015.

70
emociones de un individuo llegan a transferirse entre sí. En un contexto adverso, la empatía
también colabora con la generación de un vínculo entre personas que no se han conocido
previamente entre sí y se reconocen en el momento de lucha (Poma y Gravante 2014). Este
sentimiento es generador de la solidaridad que se manifiesta con las personas que resultan
golpeadas o heridas, reforzándose a su vez el sentimiento de pertenencia colectiva. Como
expresa el testimonio:

Lo que más sirve, y tú te das cuenta en las protestas, es la solidaridad. Hasta qué punto la gente
no ha perdido la sensibilidad en cuanto a lo humano, cómo le ayudas a alguien cuando está
caído. Uno no pierde eso y la mayoría de gente que estábamos ahí era por democracia, porque
no era justo que lo encierren. No le podemos acallar de esa manera. Si queremos pelear,
hagámoslo de una manera inteligente. Es una unión que puede estar el serrano, el mono, la
gomelita, el gamín. Estás ahí peleando, y la gente te trata de levantar. Y esa parte humana
también es como que te da gusto como país. Saber que si te unes puedes, porque si estás solo no
superas nada. Si estás con mucha gente logras todo. Y más que nada la humanidad ante otro ser,
porque estás luchando por una misma causa.61

Tal como expresa Jasper (2013), para que una protesta sea sostenible debe proveer algunas
satisfacciones que en este caso se encuentran en mecanismos emocionales que emergen como
resultado de la solidaridad entre personas afectadas por las agresiones. En los ciudadanos del
30-S, la acción de ayudar o ayudarse entre sí produce sentimientos que grupalmente los
fortalecían, e individualmente generaron satisfacción.

El presente cuadro sintetiza las representaciones obtenidas según los tres diferentes grupos
seleccionados. En el mismo, se pueden apreciar las divergencias en cada uno de los marcos de
significación detectados: agencia, injustica e identidad.

Tabla N° 1. Marcos de significación y emociones alrededor del 30-S

Grupo Correístas Gobiernistas Demócratas

Objeto a defender Presidente Rafael Régimen

Proyecto Político
(Jasper, 1998) Correa. democrático.

61
Fátima Castillo (ciudadana), entrevistada por el autor, Quito, 22 de junio de 2015.

71
Marco de Agencia

Ciudadanos que tienden a valorar una memoria colectiva de protestas y se atribuyen la

posibilidad de transformar mediante sus acciones la realidad.
Abusos de poder
Anteriores protestas
Otros gobiernos cometidos por la
contra presidentes
Antecedente incapaces de Policía Nacional
Bucaram (1997),
histórico ordenar y planificar durante el gobierno
Mahuad (2000) y
la estructura estatal. de Febres Cordero
Gutiérrez (2005).
(1988).
Identificación y Indignación por
Miedo a la represión
pertenencia con riesgo de
policial y a la
Emociones figura presidencial. interrupción del
posibilidad que estén
Respeto, confianza y plan / proyecto de
frente al poder.
gratitud hacia él. gobierno.
Identificación con un
Insubordinación
perfil de presidente
afecta el orden
Representaciones, líder donde se exalta El orden estructural
constituido del país.
sentidos, su hombría y del país merece un
Presidente es legítimo
atribuciones valentía. Correa apoyo y defensa.
por ser resultado de
representa un jefe
una elección popular.
altruista,
Marco de Injusticia

Policías atribuidos como agente que causaron el conflicto. Indignación y rabia por
represión hacia la ciudadanía. Comportamiento policial asimilado como traición.
Partidos políticos y medios de comunicación son cómplices.
30-S vulnera la
30-S fue
democracia y abre
planificado y
30-S se convierte en oportunidad para que
articulado por
un policías tomen el
diversos actores
Representaciones, robo/hurto/secuestro poder. Policía
políticos con
sentidos, del presidente hacia acostumbrada a
conocimiento de la
atribuciones ellos. Correa es violentar normativas,
LOSEP. Forzosa
futuro y esperanza. abusar del poder y
paralización del
(Emocional). protagonizar actos
proyecto político
violentos (emocional-
(racional).
racional).

Marco de Identidad

Conformación de un ‘nosotros’ difuso de la ciudadanía. Más identificación que

identidad. Sentido de pertenencia y solidaridad con los movilizados conjunta.
Ciudadanía se comprende como agente de su misma historia. Formas de solidaridad ante
represión policial se destacan y generan satisfacción.
Fuente: Entrevistas de la investigación.

72
Finalmente, este cuadro expone la evolución de los sentimientos que experimentaron los
ciudadanos entrevistadas al enfrentarse a la insubordinación de los miembros policiales.
Según Jasper (2013), dichas emociones tienden a ser presentes en diferentes episodios de
protesta y no difieren del caso del 30-S.

Tabla N° 2. Significaciones y emociones experimentadas alrededor de la Policía Nacional

Emoción Motivo

Al protagonizar actos violentos y

Indignación
represivos contra la ciudadanía
Policía Nacional: Surge debido/conforme al incremento
Rabia
Agente causal del ‘shock progresivo de la represión.
moral. Por el abandono de sus funciones.
Catalogado como una Miedo Ausencia de protección a la integridad
amenaza identificable. física y propiedad privada
Relacionada a los antecedentes
Desconfianza históricos como institución. Abuso de
poder.
Fuente: Entrevistas de la investigación.

73
Conclusiones

El régimen de transición en Ecuador trajo consigo un ciclo de tensión entre diferentes

organizaciones y actores políticos, al contemplarse por mandato constituyente el deber de
aprobar dieciséis leyes dentro de un año. Las mismas no sólo que contemplaron una serie de
modificaciones en el área de las políticas públicas sino que también ubicaban al Estado como
el principal agente de intervención en miras de implementar una agenda que se encuentre
orientada al bien común a diferencia de intereses particulares que se habían incrustado,
históricamente, en el seno del Estado (Ramírez y Stoessel 2015).

Dentro de los propósitos de transformación de la estructura estatal, el contexto de reforma a la

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) se llevó a cabo paralelamente con las reformas a
la Ley de Educación Superior (LOES) y el Código Orgánico de Organización Territorial
(COOTAD), lo que propició a que desde el 2009 se susciten algunas movilizaciones por parte
de los diferentes sectores que sintieron de una u otra forma que sus derechos e intereses eran
mermados. Todo ello ocurría en un escenario en el que la correlación de fuerzas políticas era
inestable y fluctuante dado que el partido oficialista no logró obtener la mayoría en el
Legislativo, por lo que se vio forzado a tejer alianzas con otras fuerzas políticas.

La propuesta de reforma de la LOSEP –según el Ejecutivo- consistía en recomponer el

sistema remunerativo del país que contenía un sistema de pagos con beneficios
complementarios exclusivos para ciertas instituciones, lo que iba en contra de la nueva
política estatal que pretendía regular y transformar equitativamente los salarios de la
administración pública. Entre las principales modificaciones del articulado se encontraba la
posibilidad de compra de renuncias obligatorias y la derogación a cualquier ley, reglamento,
norma o resolución que tienda a reconocer estímulos económicos o beneficios extraordinarios
a todos los servidores públicos. Esta reforma derogatoria buscaba eliminar ciertas conquistas
corporativistas que se encontraban enquistadas al interior de ciertos estamentos estatales y no
permitían el bien común al representar intereses de grupos, organizaciones, gremios,
movimientos que se encuentran en la sociedad civil, tal es el caso de los estímulos
económicos y reconocimiento simbólico de los que militares y policías eran beneficiados hace
décadas (Stoessel 2013). En este trabajo se considera a la definición de corporativismo que
desarrolla Schmitter (2011) como un sistema de representación de intereses de una
organización de la sociedad civil dentro de una instancia de decisión del Estado.

74
El procesamiento de la LOSEP dentro del órgano legislativo tendió a incorporar a varios
actores políticos y organizaciones durante su socialización y respectivos debates en el Pleno.
En cada una de las instancias se recibieron observaciones y sugerencias, por lo que la Ley
aprobada por el Legislativo reflejaba la representación de varios de los actores involucrados.
En este cuerpo de ley, la derogación de los beneficios o estímulos económicos a las Fuerzas
Armadas y Policía Nacional no fue tomada en cuenta. La universalización de derechos y
deberes que buscaba orientar la reforma a la LOSEP irritó a la institución policial y militar
que había gozado de un tratamiento privilegiado por varios gobiernos (Quintero y Silva
2010).

Con la potestad legal de presentar su objeción parcial o veto, el presidente Correa envió al
Legislativo sus observaciones a la aprobada ley. Dicha acción no resultaba del todo
sorpresiva, ya que para las anteriores leyes que se encontraban en debate la tónica fue la
misma, de hecho el mismo presidente anticipaba al país su voluntad de presentar los vetos. A
esto se suma la posibilidad de llamar a ‘muerte cruzada’ a la Asamblea en el caso que la
tramitación de las leyes no cumpla los tiempos estipulados y los resultados no sean los
esperados. Esto da cuenta de un escenario político en el cual el rol de la Asamblea Nacional
se inclinaba a ser condicionado, y en el caso de los vetos, revocado. El conjunto de diálogos y
debates en los cuales los actores políticos participaban del procesamiento del cuerpo de ley
lográndose su participación era opacado por la acción del Ejecutivo. Es así que se imponía el
criterio del presidente, a la vez que se anunciaba al país simbólicamente quién tenía el poder.

Esto da cuenta de una aparente apertura del sistema político al momento de debatir las leyes
en el Legislativo, y su posterior cierre con una demostración de la supremacía del presidente
con la posibilidad de la objeción parcial. Durante el procesamiento de las leyes mencionadas,
el nivel de acceso a diálogo por parte del presidente Correa a varios actores políticos y
organizaciones que solicitaron audiencia fue nulo, generándose un escenario donde el sistema
político cada vez presentó mayores inconvenientes en canalizar dichas demandas. De hecho,
durante la discusión de estos vetos presidenciales se registró un aumento de la movilización
social propia del contexto socio-político que generó una específica conflictividad alrededor de
la transición post-constitucional y, por el peso que cobraron las decisiones del ejecutivo en la
dinamización e intensidad de los conflictos (Ramírez y Stoessel 2015).

75
Pese a que los miembros de la Policía Nacional mantenían un canal informativo con oficiales
militares, que a su vez recibían información de asambleístas del PSP, su imposibilidad de
influir o tener un campo de acción en el sistema político tendió a desembocar en una protesta
violenta que superó los canales establecidos, lo que manifestaba su clara resistencia al cuerpo
de ley por fuera de las normativas del sistema político-institucional.

La eliminación de la serie de reconocimientos y beneficios que gozaba la institución policial

vulneraba una tradición y estructura identitaria, la misma que no bastaba con transformarla en
una remuneración económica mayor. Es así que el sistema de condecoración de la institución
policial que consiste en medallas y reconocimientos formaba parte de una figura simbólica de
representación que además era considerada como una conquista lograda (Stoessel 2013). Es
por ello que el valor simbólico de la misma contemplaba una significación mayor a la que
otorgaba el veto presidencial.

Una vez que la insubordinación policial era un hecho, varios actores políticos sobre todo de
oposición se organizaron y juntaron para ofrecer declaraciones públicas donde se solicitaba la
amnistía para los sublevados mientras en otras ciudades del país como Guayaquil o Latacunga
miembros de partidos opositores como el MPD o Pachakutik apoyaron la protesta policial.
Estos también procedieron a cerrar calles, quemar llantas y tomarse algunos edificios
públicos. Es así que la insubordinación policial puede considerarse como un momento de
apertura parcial del sistema político que incita a la protesta (Tarrow 2012) contrastándose con
la participación de los miembros de los partidos opositores.

El análisis de los marcos de significación que se configuraron alrededor del 30-S permite
evidenciar las diferentes motivaciones tanto cognoscitivas como afectivas que generaron el
respaldo de sectores ciudadanos frente al convulso motín policial. Dichos marcos son el
resultado de atribuciones, dispositivos simbólicos, representaciones e interpretaciones
diversas que se organizan y dan como resultado una perspectiva de la realidad. Luego de un
análisis de los testimonios recolectados en el trabajo de campo, fue posible hallar –a partir de
las características de sus marcos- tres distintivos grupos de aquellas personas que acudieron a
las inmediaciones del Hospital de la Policía.

El proceso de enmarcamiento correspondiente al primer grupo de segmentación denominado

como ‘correístas’ evidencia que el presidente Rafael Correa tiende a ser asimilado y destacado

76
a partir del rol que ejerce como agente de cambio. Es así que el mandatario no sólo que forma
parte de una época de transformación sino que también la lidera y ese encarna en ella. Correa
pasa a ser visto –en este grupo de ciudadanos- como la transformación. El momento en el cual
este grupo de análisis lo concibe como un agente de cambio, su ‘acción’ o ‘ejercicio y
capacidad de hacer’ toma forma de un dispositivo que le permite: 1) diferenciarse de los
distintos actores políticos identificados en el marco, 2) marcar un nivel de congruencia y
cercanía entre su discurso y praxis que tiende a ser valorado por la sociedad, y 3) visibilizar
las necesidades y demandas de ciertos sectores sociales, trastocando su identidad social. Estos
tres elementos le permiten tener una ventaja en el escenario político, al visibilizarlo como
superior a sus ‘pares’ derrocados en otros períodos de mandato.

La capacidad de acción de Correa refuerza los dispositivos de enmarcado (Gamson 1992)

como por ejemplo la metáfora, al compararlo con presidentes –como Abdalá, Mahuad y
Gutiérrez- que no lograron acciones plausibles a nivel. Y el dispositivo de ejemplar, en donde
se resalta únicamente a Correa como el presidente excelso en la historia de ejecución de obras
del país. Dentro del marco de significación correísta, es únicamente la cualidad de capacidad
de acción que tiene el presidente la que permite conformar la idea del pasado, y el nuevo
presente toma vigencia.

Durante el análisis de los marcos de significación de este grupo, hay una recurrente
inclinación a etiquetar a los gobiernos pasados como demagogos e ineficientes, es decir,
elaboraban propuestas y no cumplían. A razón de ello, el presidente Correa es mencionado
como un mandatario que cumple lo que dice, favoreciendo una vez más con otro factor a su
cualidad superior frente a otros políticos. De igual forma, al analizar el material obtenido de
las entrevistas realizadas, resulta innegable la relevancia que cobra el campo discursivo del
presidente. Su estilo y contenido han permitido que las demandas de ciertos sectores sociales
salgan por primera vez al debate público, provocándose una reivindicación de sus identidades
sociales al haberse elevado sus necesidades y requerimientos. Al estar inmersos en un espacio
en el que se disputan representaciones simbólicas, el ejercicio de confrontación tras exigir sus
deberes y derechos es reconocido como favorable. Y en este aspecto, no sólo que genera un
vínculo de cercanía y apropiación con las personas que conforman esta segmentación al
referirse como ‘mi presidente’, sino que también nos traslada al campo emocional. A través
del discurso confrontativo y reivindicativo del presidente que evidencia y traslada los
requerimientos de ciertos sectores sociales a la opinión pública, se generan sentimientos o

77
emociones como el de gratitud y admiración. Por medio de una retórica específica se genera
una valoración que tiende a centrarse en las cualidades excepcionales como ser humano,
como expone Weber (1974) en la dominación carismática.

En base a las emociones relevantes que aparecen en una protesta según Jasper (1997) es
posible relacionar los testimonios expresados por los ciudadanos de este grupo con el
entusiasmo que genera un líder que agrupa cualidades de liderazgo asumidas como necesarias
para aquel momento político. Dichas cualidades son las que provocan una admiración que
desembocará, posteriormente, en el deseo de respaldarlo durante la convulsa del 30-S.
Inmersos en la misma secuencia afectiva, es posible identificar un deber o exigencia moral
que surge como resultado de las acciones y gestión enmarcadas en el presidente, estamos
hablando de una situación en la que se debe defender lo hecho hasta el momento. Este deber o
exigencia moral no solo que denota el acercamiento y vínculo fortalecido entre el presidente y
sus mandatarios sino que también refleja la lealtad, atribución que se convierte en causa y fin
de su pronunciamiento en las calles.

El análisis de información relacionada con el proceso de enmarcamiento de este grupo arroja

ciertas interrogantes investigativas. Por un lado, la presencia recurrente de presidentes como
Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez –todos ellos removidos de su cargo por
movilizaciones de distinta índole- conlleva a reflexionar en los frames que tiene la sociedad
alrededor de la protesta, movilización y derrocamiento. Varios de los entrevistados habían
salido a las calles en aquellos momentos políticos, lo que propende a su mención. Por otro, la
presencia de elementos discursivos -como ‘se paró frente a otros políticos’ o ‘él tuvo los
pantalones para pararse ante la historia’- que evidencian una necesidad de reafirmación de lo
viril presenta una vinculación con los marcos de significación relacionados con la política.
Inclusive permiten notar una valoración positiva frente a la forma de hacer política en el país.

En lo que respecta al siguiente grupo de la segmentación denominado como ‘gobiernista’, las

personas que comparten los elementos de dicho marco de significación otorgan a la idea del
proyecto político de una serie de características. Siguiendo a Gamson, es necesario acotar que
el núcleo que corresponde a este marco de significación gira en torno al orden y
reestructuración, cualidades que una vez aplicadas al marco estatal conllevaron a una serie de
transformaciones positivamente valoradas. Alrededor del concepto de ‘proyecto político’, las
personas que se ubican en este marco lo representan como una propuesta que: 1) tiene una

78
temporalidad en el presente pero con vigencia en el futuro, por lo que le competen a otras
generaciones; 2) refleja un sentido abarcador, en la intencionalidad de reunir a varios estratos
socioeconómicos implicados en el mismo; y 3) es el resultado de una configuración
multidimensional, es decir fraguado desde las instituciones del estado hacia el ciudadano, y
viceversa.

Con la implementación del modelo neoliberal, el papel gestor del estado fue debilitado, y se
generó un desbalance en la esfera pública y privada con la desregularización del mercado y la
privatización de varias empresas públicas. Uno de los primeros giros con la llegada del
presidente Correa permitió visibilizar la nueva voluntad política de fortalecerlo. Con ello, una
nueva perspectiva por plantear políticas socioeconómicas más incluyentes se plasmó en varios
documentos de índole institucional, como el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. En él se
procuró realizar un nuevo rediseño del estado que le permitiese recuperar sus diferentes
competencias y funciones como el de planificación, gestión y regulación, considerando
acciones estratégicas en el área de educación salud, vivienda y producción, como principios
de universalidad y garantía de derechos en los distintos lineamientos establecidos por el nuevo
institucionalismo del estado. En tal sentido, se evidencia una reiteración en los marcos de
significación de este grupo con respecto a dichos avances, ya que los mencionan como
campos en los que se evidencia una transformación.

Sobre el grupo final de segmentación denominado como ‘demócrata’, a través de los

testimonios recolectados es posible evidenciar que el enmarcamiento está compuesto por un
conjunto de afirmaciones que se interrelacionan con su núcleo: el rechazo a la fractura del
régimen político. Es por ello que varios de los testimonios del grupo se refieren a: 1) la
descalificación del motín policial al considerarlo como una vía violenta e inadecuada para
procesar un conflicto; 2) la vulneración del estado de derecho por intereses policiales; y 3) la
necesidad de velar por la democracia y al mandatario, considerado como funcionario que se
encuentra legítimamente electo para ocupar ese poder. A diferencia de los anteriores grupos
de segmentación, los ‘demócratas’ ubican como un elemento de enmarcamiento la
responsabilidad de dos actores políticos en la escena de conflicto. La institución policial es
catalogada como actor protagónico y responsable de los sucesos del 30-S como también la
figura del presidente Correa, al acudir a la escena de los hechos y agudizarlos. De igual forma,
otro elemento que se destaca en el grupo corresponde al reconocimiento de los medios de

79
comunicación públicos y privados, y su respectiva diferenciación en el procesamiento e
información de los hechos.

El campo de sentidos y emociones del grupo ‘demócrata’ parte, en un inicio, de un sentido de

pertenencia al proyecto político. Los ciudadanos forman parte de él y su nuevo gobierno.
Posterior a ello, las transmisiones radiales y televisivas en torno al 30-S a horas de la mañana
les provocó incertidumbre, desconfianza y finalmente miedo. La insubordinación policial
pasó a convertirse en el elemento amenazante que pudiese obstaculizar el proyecto político. Y
la posibilidad de que el mandato del presidente sea interrumpido por cualquiera de sus formas,
era comparada con el desorden y el pasado. Es en este último punto donde se diferencia con el
anterior.

Es necesario mencionar que el orden y estructuración, cualidades que se destacan en el

proyecto político dentro del marco, le genera un atributo de identidad a su ‘objeto’ de defensa,
al tener claridad de sus componentes en políticas públicas, contar con una planificación que
representa un camino a seguir, y en ese marco procurar defenderlo.

Sobre el campo de las emociones, sentimientos y afectos, la institución policial se convierte

en el principal factor que los suscita. Es así que los testimonios expresan de manera explícita
que la policía provoca rabia, indignación y resentimiento. A partir del cuadro de emociones
potencialmente relevantes desarrollado por Jasper (1997) es posible determinar que estos
surgen a partir de acciones en específico dentro de una protesta, en este caso, el
amotinamiento policial que desembocó en una serie de agresiones.

Una de las emociones positivas que se destacan en el grupo corresponde a la compasión y

solidaridad. Mediante una movilización que es concebida como espontánea es posible
reivindicar una de las cualidades de la sociedad civil, su posibilidad de organización. Y es a
través de ella que durante la protesta los ciudadanos protagonizaron muestras de apoyo y
ayuda entre sí. En correspondencia con ello, este marco de significación considera a la
movilización ciudadana del 30-S como un elemento que repercutió en la toma de decisiones
de distintos agentes, como la fuerza militar, al argumentarse que se consideró el respaldo
ciudadano para su intervención y rescate. Además de influir en los medios de comunicación y
opinión pública como un condicionante para el tipo de cobertura e información durante el
desenlace.

80
Es necesario advertir que la serie de atribuciones, representaciones simbólicas, emociones y
sentimientos que se recogen en las declaraciones de los ciudadanos, no tienen una relación de
referencia exclusivamente relacionada a los hechos del 30-S. Al contrario, revelan elementos
que corresponden a una memoria histórica que al haberse compartido por generaciones
convierten a la narración y relato en los medios oportunos para su análisis. El reconstruir los
marcos de significación que tienen los ciudadanos alrededor de la institución policial, por
ejemplo, se configuran como un reto investigativo pendiente. Otro inciso pendiente de
investigación compete a la contradicción que se genera en el aparataje y dinamia policial, en
el sentido de ser una institución que se encuentra llamada a hacer respetar el orden y normas
de un estado. Al contrario de ello, es posible hallar ciertas etapas de nuestra historia en las que
el incumplimiento y violación de reglas, conductas y leyes dio paso a la vulneración de
derechos humanos. La incompatibilidad de la institución policial con el ideal de
funcionamiento de un ‘estado moderno’ en el que se cumpla con la normatividad puede
considerarse como motivo de análisis, al evidenciar procesos históricos anómalos que otorgan
una posibilidad de estudio y comprensión a su alrededor.

Sobre la discusión teórico-analítica alrededor del análisis de marcos, uno de los aportes
académicos corresponde a la obra de Ervin Goffman. En ella, la definición de ‘marco’ hace
alusión a la forma de construcción de la realidad, a más de considerar a la experiencia como
un elemento configurador de la misma. Los primeros esbozos teóricos realizados presentan un
énfasis en el aspecto cognoscitivo de ellos, al dividirlos en dos grupos: los marcos naturales
que hacen referencia a aquellos fenómenos externos en los que no existe injerencia humana, y
los sociales que son producto de la praxis humana. Estas definiciones previas alrededor de la
construcción de los marcos de significación aún carecían de conceptos con los que se pueda
interrelacionar al amplio conjunto de elementos que se evidencian en el campo de la cultura,
pese a proponer conceptos como ‘modo’, en los cuales se procura registrar la variabilidad de
signos y representaciones en el campo cultural descrito. Entre las debilidades del enfoque se
menciona una excesiva atención al proceso de enmarcamiento a nivel de individuos, sin
considerar la influencia de rasgos exteriores en este (Rivas 1998).

Posterior a ello, los avances que se desarrollarán en el campo de los marcos de significación
se bifurcan en el estudio de a) la estructura de conformación y movilización de un
movimiento social al proponer un esquema de marcos a partir de la agencia, injusticia e

81
identidad; b) los procesos de enmarcamiento en los cuales se examinan los intereses, valores y
creencias que permiten una interpretación obre la realidad; y, c) el análisis a partir de la
repercusión de las oportunidades y limitaciones políticas de los movimientos a través de los
marcos de diagnóstico, pronóstico y movilización. Dicho fenómeno es también resultado del
‘giro cultural’ que modifica las áreas investigativas de los movimientos sociales, en el que los
elementos que conforman a la cultura influyen en su conformación.

Esta investigación se centra en el modelo propuesto por William Gamson (1992) en el cual la
definición de marco relaciona al asunto político desde un nivel cultural, por lo que este
contiene una estructura –con ciertos elementos- y núcleo específicos. Si bien no me detendré
en realizar una descripción de los marcos de agencia, injusticia e identidad propuestos en el
enfoque, es necesario puntualizar dos temas en relación a ello. En primer punto, la propuesta
de análisis del nivel de injusticia da apertura a la oportunidad de realizar un giro en el análisis
de los marcos de significación, al proponer un elemento de análisis relacionado al área de las
emociones. Y es que en el proceso de construcción del marco de injusticia es posible
evidenciar la presencia de sentimientos y emociones que pueden emerger en un determinado
escenario y por algún desacuerdo o conflicto en específico. El marco de injusticia cobra
importancia y se relaciona de forma intrínseca con el problema percibido (Chihu Amparán y
López 2004). Además de ello, el análisis del marco de injusticia de un movimiento social es el
que permite comprender el nivel de insatisfacción o rechazo que se experimente hacia un
suceso puntual – y a partir de ello- articular una estrategia específica a manera de respuesta.
En consecuencia, esa articulación es la que compone a los marcos de agencia e identidad.

La incorporación del elemento emocional en el marco de injusticia propuesto por Gamson trae
a colación el debate por el cual los estudios alrededor de los marcos de significación y la
acción colectiva se han visto influenciados hacia dos perspectivas distintas: el estructuralismo
y el culturalismo. Es así que la confrontación de las perspectivas de análisis en relación a la
teoría de movilización de recursos y la estructura de oportunidades políticas se inclinaba por
tener un énfasis más bien estructural, por lo que se veía poco a poco condicionado por la
emoción, factor que apareció relegado por la serie de cientistas sociales. A razón de ello,
Jasper (1997) puntualiza que las emociones no son tan solo parte de una acción racional sino
que también se relacionan con la estructura y la moral de una sociedad. En esa misma línea,
manifiesta su crítica a la diferenciación entre razón y sentimiento ya que la razón es la

82
causante de que existan sentimientos: “We trust those we agree with, and agree with those we
trust” (Jasper 1997, 112).

Si bien Jasper en sus trabajos expone una tabla de emociones denominada como ‘Algunas
emociones potencialmente relevantes a la protesta’ en la cual detalla algunas de ellas, y su
relación con momentos específicos de la protesta y sentimientos afines, aún no es posible
contar con investigaciones que nos permitan generar una esquematización de la conformación
de emociones. Aunque Jasper relaciona emociones entre sí, no provee una explicación ardua
de ellas. Sería de utilidad para el área de la sociología de las emociones y la sociología
política, establecer esquemas de sentimientos y emociones que –con un trabajo empírico
comprobado- tiendan a repetirse en determinados conflictos en común. Esto se convertiría en
una valiosa herramienta para futuras indagaciones alrededor de las emociones durante la
protesta. Más aún si ya se tiene un registro previo de ciertas emociones que se agudizan
durante la conformación, apogeo y ocaso de los movimientos sociales. El campo de las
emociones, al estar estrechamente relacionado con los afectos, juega un rol primordial en la
conformación tanto de la ideología –si me gusta, confío- como de la identidad social de un
colectivo.

83
Anexo 1

Esquema de entrevista semi-estructurada aplicado a los entrevistados

Agencia ¿Dónde y cómo se informó de lo que ocurría el 30-S?

Agencia ¿Alguna persona le motivó a movilizarse el 30-S?
(Formas de Si es afirmativo, ¿Quién? ¿Qué ideas tenían en común que lo
solidaridad) motivó a asistir?
¿Qué sucedió el 30-S?
¿Existió algún responsable de lo que ocurría?
individuo/grupo/institución Si es afirmativo, ¿por qué?
Razonamiento Marco de
(antagonismo)
/ Justificación diagnóstico
¿Qué acciones realizaba/n?
¿Esas acciones generaban algún tipo de daño o prejuicio?

¿Tenía alguna solución los sucesos provocados?

Con su decisión de movilizarse, ¿considera que usted estaba
defendiendo a (X) o algo?
Razonamiento Marco de
Si es afirmativo, ¿Por qué?
/ Justificación pronóstico
Implicaciones de la movilización. Indagar
Identificar estrategias, tácticas, objetivos.

¿Qué razones fueron las que impulsaron a salir a la

movilización?
Motivos que alientan a la participación. Lo que compromete
Razonamiento a los actores a participar. Marco de
/ Justificación movilización
Aquel día, ¿qué consideraba usted que estaba en juego el 30-
S?
¿Había algo en riesgo?
Agencia ¿Alguna persona le motivó a movilizarse el 30-S?
(Formas de Si es afirmativo, ¿Quién? ¿Qué ideas tenían en común que lo
solidaridad) motivó a asistir?
¿Le acompañaron otras personas durante la protesta?
Si es afirmativo, ¿quiénes?
Antes del 30-S ¿era militante de algún grupo o miembro de
alguna organización?
Si es afirmativo, ¿cuál, desde qué tiempo?
¿El 30-S fue su primera participación en algún tipo de
protesta?,
Si es negativo, ¿Cuál fue, con qué motivo, qué tipo fue, era
militante?
¿Considera que su decisión de salir a la calle el 30-S logró
alguna solución?
Si es afirmativo, ¿a qué? ¿De qué forma?
Para usted, ¿En el 30-S existió un intento golpista?
Si es afirmativo, ¿de quién y por qué?
Luego del 30-S, ¿formó parte de algún grupo/colectivo que
Identidad
tenga relación a aquel día?

84
Si es afirmativo, ¿continúa asistiendo?, ¿qué actividades
realizan?
¿Llevó algunos objetos para la movilización?
Si es afirmativo, ¿cuáles y qué significado tienen?
¿Considera que la movilización de parte de la ciudadanía fue
importante para el 30-S?
Si es afirmativo, ¿por qué?

85
Glosario

13.BI Brigada de Infantería 13 Pichincha

30-S 30 de Septiembre de 2010
AGRUCOMG Batallón de Comunicaciones Rumiñahui
AME Asociación de Municipalidades del Ecuador
AP Movimiento Alianza País – Patria Altiva i Soberana
APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
BE-69 Batallón de Ingenieros 69
CAL Comisión de Administración Legislativa
CEDHU Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEDOCUT Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de
Trabajadores
CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CNJ Corte Nacional de Justicia
CONAJUPARE Consorcio Nacional de Juntas Parroquiales Rurales
CONASEP Consejo Nacional de Servidores Públicos
CONBADE Confederación de Barrios del Ecuador
CONCOPE Consorcio Nacional de Consejos Provinciales del Ecuador
COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
CTG Comisión de Tránsito del Guayas
EOP Estructura de Oportunidades Políticas
ESE Escuela de Soldados de Servicios
ESPOCH Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
FAE Fuerza Aérea Ecuatoriana
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias del Colombia
FEDESEP Federación Nacional de Servidores Públicos
FEINE Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del
Ecuador
FENACLE Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e
Indígenas Libres del Ecuador
FENACOPE Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales del
Ecuador

86
FENASEP Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados
Públicos
FESE Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FRIU Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria
FUT Frente Unitario de trabajadores
GAO Grupo de Apoyo Operacional
GCP Gripo de Combatientes Populares
GEO Grupo Especial de Operaciones Ecuador
GIK-9 Grupo Especial de Comandos
GIR Grupo de Intervención y Rescate
GOE Grupo de Operaciones Especiales
IAEN Instituto de Altos Estudios Nacionales
JRE Juventud Revolucionaria del Ecuador
LOSCCA Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de
Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público
LOSEP Ley Orgánica de Servidores Públicos
MG Madera de Guerrero – Partido político
MPD Movimiento Popular Democrático – Partido político
PCMLE Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador
PJ Policía Judicial
PK Pachakutik Movimiento de Unidad Plurinacional – Partido político
PRIAN Partido Renovador Institucional Acción Nacional – Partido político
PRODH Colectivo Pro Derechos Humanos
PSE Partido Socialista del Ecuador – Partido político
PSP Partido Sociedad Patriótica – Partido político
RQ1 Regimiento Quito No. 1
SECOM Secretaría de Comunicación
SENAIN Secretaría Nacional de Inteligencia
UCE Universidad Central del Ecuador
UGTE Unión General de Trabajadores del Ecuador
UNACH Universidad Nacional de Chimborazo
UNE Unión Nacional de Educadores
UTC Universidad Técnica de Cotopaxi

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